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Maitencillo: cuando las autoridades anteponen el lucro inmobiliario al bien común

El proyecto inmobiliario Costa Esmeralda, ubicado en la playa sur de Maitencillo y propiedad de Laderas Ladomar S.A., ha depositado miles de metros cúbicos de tierra en una zona de protección, transgrediendo las normas de planificación, el permiso de edificación y la Declaración de Calificación Ambiental. También ha ignorado una resolución del contralor General de la República y un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ratificado por la Corte Suprema. Las autoridades de la Municipalidad de Puchuncaví y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo han ido contra lo ordenado por estas instituciones, favoreciendo el lucro inmobiliario sobre el bien común.

Este texto busca dar a conocer los esfuerzos desplegados por un grupo de vecinos de Maitencillo, del que el autor forma parte, y que durante casi 10 años han intentado en distintas instancias públicas que la normativa vigente se cumpla. Ese esfuerzo, sin embargo, ha chocado una y otra vez con la indiferencia de autoridades cuya primera tarea debiera ser el hacer cumplir la ley.

ZONA DE PROTECCION NO PROTEGIDA

El proyecto Costa Esmeralda se ubica sobre la ladera del acantilado de la playa sur de Maitencillo, comuna de Puchuncaví. Un sector de la propiedad en que se desarrolla el proyecto forma parte del Sitio Prioritario de Biodiversidad N° 55 “Acantilados al Norte de la Quebrada Quirilluca hasta Horcón” (ver documento), cuyo objetivo es “conservar la diversidad biológica de la región, promoviendo su gestión sustentable” pensando en el bienestar de las generaciones futuras.

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y ordenó a la inmobiliaria despejar inmediatamente la zona afectada. El dictamen fue ratificado por unanimidad por la Suprema. Han pasado más de cuatro años y el fallo no se ha cumplido.

Este sitio está normado desde 1996 en el Plan Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte, que lo designa como ZRI-2 (ver documento) y se lo describe como “Zona de Protección por Valor Natural y Paisajístico”.

De acuerdo a este Plan, el límite de ZRI-2 va desde las fajas ribereñas hasta lo que denomina “la curva de nivel más 9 metros sobre el nivel del mar”, una línea que pasa por la cima del acantilado. El Plan Intercomunal protege sin ambages esta zona: “Será mantenida en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio de calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico. En esta Zona no se permitirá ningún tipo de edificaciones” (ver documento).

La zona protegida siempre ha estado clara, al punto que durante el proceso de evaluación ambiental de Costa Esmeralda, se solicitó a su dueño que elaborara planos en los que se ilustrara las normas de planificación que afectaban al proyecto. Los planos que hizo la empresa registran inequívocamente la zona de protección (ver lámina N° 1 y lamina N°3).

El permiso de edificación que recibió la empresa también fue claro sobre la materia, al establecer que la autorización municipal para construir “no habilita para intervenir la zona ZRI-2” (ver permiso de edificación).

Esta norma se respetó históricamente y el espacio comprendido por la zona ZRI-2 se mantuvo siempre en estado natural hasta el año 2007, tal como se puede ver en las imágenes de Googlearth (ver imágenes).

1 declaración ambiental
Imagen que presentó la inmobiliaria en su declaración ambiental.

Todo cambió con el inició de la construcción del proyecto Costa Esmeralda, en enero 2008, cuando la tierra de descarte que se sacó del cerro fue depositada en la zona de protección (ver imágenes tomadas el 26 marzo 2008).

Los vecinos reaccionamos ante esta trasgresión. Luego de las denuncias correspondientes, la Comisión del Medio Ambiente de Valparaíso realizó una visita inspectiva (ver acta de la visita) en la que constató “movimiento de tierra con la depositación de material de excavación en el sector de los acantilados cercana a la Quebrada Las Vacas”, lo que corresponde a la Zona de Protección por Valor Natural y Paisajístico.

El informe concluye solicitando al dueño del proyecto “presentar un Plan de Manejo Ambiental con las medidas de recuperación del área del depósito de material de excavación, el cual incluya volumen depositado, plano de planta, etc.” Para enviar este Plan de Manejo, el inspector de Conama dio 30 días.

Pero esto no ocurrió. Por el contrario, como se aprecia en las imágenes capturadas el 3 de abril de 2008 y el 5 de mayo de 2008 (ver imágenes), se puede apreciar que el proyecto Costa Esmeralda siguió depositando tierra en la zona de protección ambiental.

En vez de cumplir con lo solicitado, la inmobiliaria presentó un plano en que acomodaba la zona de protección a sus necesidades, mediante redefinir la trayectoria de la cota 9 metros sobre el nivel del mar, reduciendo al mínimo el espacio de la zona de protección. Con este nuevo trazado pretendió legitimar el depósito ilegal de tierra acumulado hasta ese momento (ver plano)[1].

MUNICIPALIDAD RESPALDA LUCRO

Sin autoridad que pusiera coto a la empresa, esta siguió acumulando tierra en la zona de protección, hasta el punto que sus depósitos llegaron a la playa, provocando la intervención de la Armada (ver imágenes de 23 junio y 01 julio de 2012).

2 Cuando empezó el proyecto
Cuando empezó el proyecto.

Esta institución actuó con diligencia y energía lo que empujó a que la municipalidad ordenara en múltiples ocasiones la paralización parcial de la obra mientras no se hubiera retirado la tierra depositada ilegalmente en el área de protección y se la hubiera restituido a su estado natural.

Pero las advertencias municiaples fueron sólo amenazas: las paralizaciones duraron poco y no lograron la remoción de la tierra. En cada ocación se ordenó la continuación de las obras argumentando que “existe un consenso dirigido a remediar los daños producidos y además evitar pérdidas económicas innecesarias producto de la paralización de faenas” (ver resolución  de la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví).

Como la empresa no cumplió, en noviembre de 2012 se decretó una nueva paralización, la que se levantó dos meses después por orden de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví, argumentando que “resulta atendible la solicitud de evitar mayores perjuicios económicos a la empresa inmobiliaria” (ver documento).

Aún es tiempo para que las autoridades municipales y de gobierno paralicen la obra y la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví no otorgue la recepción municipal de las edificaciones mientras no se haya retirado todo el material depositado ilegalmente en la zona de protección”.

El 22 de agosto 2013, luego de reiteradas amenazas incumplidas, la misma Dirección de Obras  (DOM) emitió un oficio ordinario en el que fija un plazo último y fatal de 30 días para el retiro del material depositado en la zona ZRI-2, situación que de no ser cumplida generaría una nueva orden de paralización de obras (ver documento). La paralización se decretó en noviembre de 2013 por instrucción de Matías Avsolomovich, seremide Vivienda y Urbanismo de la V Región (ver documento).

Esta paralización, sin embargo, duró muy poco porque la Municipalidad y la seremi de Vivienda decidieron muy pronto que el tema estaba resuelto, legitimando el depósito de muchos miles de metros cúbicos de tierra en el área de protección.

CONTRALORIA CONFIRMA TRASGRESIÓN

Ante la indolencia municipal, el 23 de julio de 2008 un grupo de vecinos de Maitencillo decidió recurrir a la Contraloría Regional V Región denunciando, entre otras materias, el depósito de tierra en la zona protegida (ver documento).

Dos años demoró la Contraloría Regional en responder (ver oficio de 2010). En esencia, el organismo sostuvo que la inmobiliaria no había incumplido nada, pues la tierra se había depositado “fuera de la cota 9 metros y, por lo tanto, fuera de la Zona ZRI-2”. Con ello, la Contraloría Regional hizo suyo el plano de la inmobiliaria que redujo la zona de protección en unas tres cuartas partes.

Los vecinos repusieron el reclamo y cuestionaron los argumentos, solicitando un nuevo pronunciamiento a ese organismo el que se tomo un año y medio más para responder.

3 Cuando intervino la Armada
Cuando intervino la Armada la tierra había llegado a la playa.

El 21 de diciembre 2011 (ver oficio) la Contraloría Regional insistió en que lo obrado por Costa Esmeralda se ajustaba a la normativa vigente, es decir, que no ha habido una transgresión a la norma de uso de suelo establecida en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte.

Esos dictámenes significaban aceptar que esos cerros de tierra de descarte echados allí para abaratar los costos de la inmobiliaria, no causaban ni un impacto al medio ambiente ni un daño a la belleza del paisaje ni afectaban en nada el cumplimiento de las leyes.

En marzo de 2012 los vecinos recurrieron a la Contraloría (ver documento) la cual respondió siete meses después, revirtiendo sus pronunciamientos a nivel regional y acogiendo la reclamación de los vecinos.

El organismo sostuvo que “el depósito de material de excavación a que se ha hecho mención se habría efectuado en un lugar en que ello no era posible de realizar dada su condición de zona protegida, lo que configuraría una infracción a la Resolución de Calificación Ambiental”.

También dejó claramente establecido que “la interpretación de los instrumentos de planificación territorial corresponde a las respectivas Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo”, punto que cobrará relevancia en lo que sigue (ver documento).

Sin autoridad que pusiera coto a la empresa, esta siguió acumulando tierra en la zona de protección, hasta el punto que sus depósitos llegaron a la playa. Intervino entonces la Armada, institución que actuó con diligencia y energía, lo que empujó a que la municipalidad ordenara en múltiples ocasiones la paralización parcial de la obra.”

Entre todas las irregularidades y cosas graves que se pueden mencionar en esta historia destaca el hecho de que hasta hoy, la Municipalidad de Puchuncaví, encargada de velar por el cumplimiento de los permisos de edificación y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la V Región, encargada de velar por el cumplimiento de las normas del Plan Regulador Intercomunal, parecen no haberse enterado de esta resolución del Contralor General de la República que desde 2012 los obliga a hacer que la inmobiliaria repare el daño causado a la zona protegida.

Con la misma actitud actuó el municipio ante las instrucciones emanadas del intendente Raúl Celis sobre la misma materia. Ante una solicitud de los vecinos en noviembre de 2013, el intendente ordeno (ver documento) al alcalde de Puchuncaví y al Concejo Comunal hacer cumplir las normas para salvaguardar el área de protección vulnerada ilegalmente por la empresa inmobiliaria y paralizar la obra (ver documento).

Esta orden se acató, pero por un plazo muy breve, para volver a insistir que la zona de protección había sido restituida a su estado natural.

CORTE ORDENA RESTITUIR ÁREA PROTEGIDA

Las respuestas de la Contraloría Regional, la indiferencia municipal y de la Seremi y la insistencia de la empresa Laderas Ladomar en seguir acumulando ilegalmente material de descarte en la zona de protección, llevaron a seguir otro camino: en noviembre de 2012 presentamos un recurso de protección ambiental ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La Corte acogió el recurso de protección y ordenó a la inmobiliaria despejar inmediatamente la zona afectada, encargando la supervisión de esta tarea a la Municipalidad de Puchuncaví y a la Seremi MINVU V Región de Valparaíso (ver fallo).

El dictamen fue ratificado por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia (ver fallo), la cual ordenó que la inmobiliaria “…procederá a retirar de inmediato todos aquellos residuos sólidos que provengan de los excedentes de las excavaciones y los excedentes de trabajos de urbanización, depositándolos en botaderos autorizados,…”. Además, la Corte ordenó que la Dirección de Obras de Puchuncaví y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de esta Región, fiscalizaran “rigurosamente el debido cumplimiento de lo resuelto.

 

4. Cuando el topografo dijo ok
Esta era la situación cuando el informe topográfico contratado por la Municipalidad dijo que la inmobiliaria cumplía las normas.

Han pasado más de cuatro años desde ese fallo. No se ha cumplido.

El motivo por el que la municipalidad no obedeció a la Corte se fundamenta en la resolución del 7 de enero de 2014, que dice así: “Que efectuadas mediciones con instrumentos topográficos, avalado por el informe del profesional Pablo Velásquez, se aprecia el retiro del material acumulado en el sector bajo la cota 9 metros definida en el material gráfico presentado a evaluación ambiental, e incluida en la Resolución de Calificación Ambiental” (ver documento).

Pero bastaba caminar por la playa de Maitencillo para apreciar que el informe tenía un error de unos 30 mil metros cúbicos de tierra que seguían allí. Y todavía están.

Las imágenes que se presentan a continuación son de la misma fecha en que el topógrafo emitió su informe y la municipalidad decretó que el proyecto Costa Esmeralda había restituido la zona de restricción a su estado natural (ver imágenes de enero 2014). Sin duda muestran algo muy distinto a lo que era ese lugar antes de que el proyecto Costa Esmeralda comenzara a construirse. La imagen de lo que alguna vez fue ese lugar está en la portada de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la inmobiliaria dueña de este proyecto (ver imagen).

En vista de la discordancia entre la realidad y lo sostenido por el DOM de Puchuncaví, el 28 de marzo de 2014 se hizo una visita a terreno en la que participaron cinco funcionarios municipales, incluyendo el alcalde subrogante, el director de Obras y el director municipal de Medio Ambiente. También asistieron, por la Seremi MINVU de la V Región, el director de Desarrollo Urbano (DDU), Manuel Pedreros, una funcionaria de la DDU, Lugarda Ponce; y una abogada de esa Seremi, Francisca González.

Parados frente a los 30 mil metros cúbicos de tierra en la zona de protección, ninguno de los funcionarios logró ver la transgresión a la norma.

¿Cómo explicar que los funcionarios municipales y del MINVU se nieguen a ver lo que está delante de sus ojos? ¿Ignorancia? ¿Ineficiencia? ¿Incompetencia? ¿Irresponsabilidad? ¿Exceso de burocracia? ¿Compadrazgos políticos? ¿Corrupción?

Lo concreto es que, a raíz de la gestión de la autoridad municipal y de la Seremi, o más bien, a raíz de la falta de gestión, la inmobiliaria sigue lucrando en desmedro del bien común. Los miles de metros cúbicos de tierra depositados ilegalmente en el área de protección, siguen donde mismo desde enero de 2008, permitiéndole a la empresa ahorrarse el costo de trasladarlos a un botadero autorizado y afectando adversamente el área de protección.

SEREMI DESCONOCE DICTAMENES

Hasta la peor burocracia tiene sus límites. Y aunque puede ignorar un cerro de tierra de unos 30 mil metros cúbicos, no puede ignorar con el mismo desdén las resoluciones de la Contraloría o los fallos del Poder Judicial.

Para eludir sus responsabilidades, han interpretado a su pinta las normas y el ordenaminto jurídico.

Parados frente a los 30 mil metros cúbicos de tierra en la zona de protección, ninguno de los funcionarios logró ver la transgresión a la norma. ¿Ignorancia? ¿Ineficiencia? ¿Incompetencia? ¿Irresponsabilidad? ¿Exceso de burocracia? ¿Compadrazgos políticos? ¿Corrupción?”

Eso es lo que hizo en abril de 2014 el seremi MINVU, Mauricio Candia, sucesor de Matías Avsolomovich. Luego de la visita a terreno del 28 de marzo de 2014, envió el oficio 1055 (ver documento), en el que, refiriéndose a sus responsabilidades institucionales y a los fallos judiciales, precisó que era a la Superintendencia de Medio Ambiente a la que le correspondía fiscalizar la gestión ambiental. Acto seguido, el oficio corrigió el dictamen de la Corte:

“El artículo 63 de la Ley 19.300 Sobre Bases del Medio Ambiente, señala que la fiscalización del permanente cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, entre los que se encuentra las resoluciones de calificación ambiental, corresponde a la superintendencia de Medio Ambiente (…) En este contexto, el hecho que en sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso(…) se indicara que correspondía a esta Seremi y a la Dirección de Obras velar por el retiro de material en la zona, no puede implicar en ningún caso un traspaso de competencias desde un organismo público a otro que no las posee. Lo anterior acorde al principio máximo que rige en el ámbito del derecho público consignado en el artículo 7 de la Carta Fundamental en virtud del cual ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente les haya conferido la Constitución o las leyes, cuestión que nos remite al principio de legalidad”.

En síntesis, la Seremi regional dictaminó por sí y ante sí que la Corte está equivocada en sus fallos y que el organismo que tiene que hacerse cargo de esto es la Superintendencia de Medio Ambiente.

Es definitivamente insólito que una autoridad de la jerarquía de un seremi se arrogue la facultad de desconocer un fallo de la Corte Suprema. Pero el oficio hace más que eso: destaca “el retiro total del material”, citando al topógrafo Pablo Velásquez Lobos, retiro que evidentemente no se ha realizado, cosa que puede ver cualquiera que camine por la costa.

Escribió el seremi: “En virtud de lo señalado, la orden de velar por el retiro del material depositado en la zona de no intervención debe necesariamente ser encausada dentro de nuestras competencias, cuestión que como es de su conocimiento hemos ejercido de manera estricta y continua. Es así que con fecha 3 de enero de 2014, el profesional competente topógrafo Pablo Velásquez Lobos, Reg. N° 895-20516, emitió un informe en base a levantamiento topográfico que certificó el retiro total del material depositado en la zona comprometida de no intervención por parte de la Inmobiliaria Laderas Ladomar, titular del proyecto Costa Esmeralda”.

¿A quién defendía la oficina de la Seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la V Región? ¿A quién buscaba justificar con estas argumentaciones? ¿Cómo entiende esta actuación de la Seremi, que debe resguardar y proteger el bien común y los intereses de la comunidad? Estas preguntas se extienden al actual seremi Andrés Uribe quien, pese a tener  todos los antecedentes a su disposición, no ha hecho nada en este tema.

En su oficio el seremi Candia desconoció que es obligación de las autoridades del MINVU hacer cumplir las normas de planificación a escala comunal cuando los municipios no las hacen cumplir, pero particularmente cuando se trata de normas de planificación de alcance intercomunal. Lo mismo respecto de los permisos de edificación que no se cumplen.

El hecho de que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dejara explícitamente establecido que el proyecto Costa Esmeralda debía respetar la norma del Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte de Valparaíso, no significa que deja de ser de responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Vivienda el hacer cumplir esa normativa.

El Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte de Valparaíso existía desde 1996, es decir, antes del permiso de edificación y antes de la RCA que aprobara el proyecto Costa Esmeralda. Es de responsabilidad de esa Seremi  hacer cumplir las normas de planificación, independientemente de que sean parte de una RCA. Esa Seremi, independientemente de quien la haya dirigido, ha eludido sistemáticamente la responsabilidad de hacer cumplir la norma del Plan Regulador Intercomunal argumentando que eso sería de responsabilidad de las autoridades ambientales y de la municipalidad.

La insólita actitud del titular de la Seremi de traspasar sus responsabilidades a la Superintendencia del Medio Ambiente, llevó a la junta de vecinos a consultarle al director Nacional de Desarrollo Urbano del MINVU, Pablo Contrucci, cuáles eran las atribuciones de su organismo. Se le preguntó:

Mientras la ministra de Vivienda y la municipalidad declaran que no hay tierra en la zona de protección, opinión que sólo beneficia el lucro inmobiliario y perjudica el bien común, la superintendencia sanciona a la inmobiliaria por esta razón.”

Cuando una empresa inmobiliaria no cumple con las normas del Plan Regulador Comunal o del Plan Regulador Intercomunal y la municipalidad correspondiente no hace cumplir la norma, ¿tiene la Seremi de Vivienda la facultad y la responsabilidad de hacer que la inmobiliaria cumpla con la norma y de instruir a la autoridad municipal para que haga cumplir esa norma? Si aun dando esa instrucción, la municipalidad no cumple con su responsabilidad de hacer cumplir la norma, tiene la Seremi MINVU facultades para hacerla cumplir?

La respuesta de Contrucci, a través del oficio ordinario N° 279, sostiene en lo medular, luego de citar muchas normas que: “la Seremi podrá, fundadamente y con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, ordenar la paralización total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planos reguladores o sin haber obtenido el permiso municipal”.

O sea, la Seremi sí puede hacerse cargo. Y lo enfatiza en otros párrafos de su respuesta:

En consecuencia, este ministerio, principalmente a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, está dotada de una serie de facultades y atribuciones destinadas a resguardar el cumplimiento de todas las normas de planificación urbana, incluidas aquellas que establecidas en un determinado IPT para una zona específica, en relación al valor natural y paisajístico que se pretende proteger”.

Pero las cosas no son tan sencillas, ¡por supuesto que no! Primero, porque esas palabras no fueron más allá  de la carta y las atribuciones que se reconocen, no se transformaron en hechos. Fueron letra muerta.

Segundo, porque han eludido su responsabilidad insistiendo alternativamente que el problema lo debe resolver las autoridades ambientales, o, que el problema no existe, pues ese cerro de tierra que todos podemos ver, en realidad ya no está debido a que hay un topógrafo que así lo acredita.

Por último y más grave, porque Pablo Contrucci, director Nacional de Desarrollo Urbano del MINVU, hace una interpretación que redunda en un respaldo inequívoco al lucro inmobiliario en desmedro del bien común. La interpretación que hace es que la protección que garantiza el plan regulador para la zona ZRI-2 se limita a que haya edificaciones. Escribe Contrucci: “Una de las vulneraciones a la zona residiría en que existieran edificaciones, en efecto, es lo que la disposición prohíbe y, en la práctica, esto no se presentaría” (ver documento).

Curiosa manera de interpretar la norma, porque si bien no hay edificaciones, hay muchos miles de metros cúbicos de tierra que sí vulneran el primer párrafo de la norma, donde dice “esta zona será mantenida en su estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio de calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico”.

Se aprecia muchos miles de metros cúbicos de tierra depositados en la Zona de Protección por valor natural y paisajístico (ZRI-2), cantidad similar a la que ya se había constatado en esa Zona de Protección en el año 2012”, consigna el informe del funcionario de la Seremi de Medio Ambiente.

Con esta interpretación, la autoridad legítima la tierra depositada ilegalmente por la inmobiliaria y le ahorra el traslado a un botadero autorizado, fomentando el lucro inmobiliario en desmedro del bien común.

El  27 de noviembre de 2014, por insistencia de la junta de vecinos, se realizó una nueva visita a terreno con la participación de Miguel Villa de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la V Región y el seremi Mauricio Candia y Manuel Pedreros de la misma Seremi. En esa visita se pudo verificar que seguían habiendo miles de metros cúbicos de tierra depositados ilegalmente en la zona de protección ZRI-2, tal como se puede apreciar en las imágenes de esa misma fecha (ver imágenes). Esta visita del seremi Candia no redundó en ningún informe. En cambio, el funcionario de la Seremi de Medio Ambiente fue claro: “se aprecia muchos miles de metros cúbicos de tierra depositados en la Zona de Protección por valor natural y paisajístico (ZRI-2), cantidad similar a la que ya se había constatado en esa Zona de Protección en el año 2012”, escribió Villa en su informe (ver documento).

Luego del cambio del titular de la Seremi MINVU en la V Región, el 20 de julio de 2016, a solicitud de la Junta de Vecinos, se hizo otra vista a terreno con el nuevo seremi Rodrigo Uribe, en la que también participó el alcalde de Puchuncaví Hugo Rojas y el director de Obras Municipales, Eduardo Ortiz. Otra vez todos pudieron apreciar los miles de metros cúbicos depositados en el área de protección (ver imágenes). Pero el director de Obras insistió que tenía un levantamiento topográfico que establecía que no había una invasión del área de protección.

El nuevo seremi, siguiendo la línea de sus antecesores, no emitió opinión ni tampoco tomó ninguna medida luego de la visita. Lo mismo que el alcalde.

MINISTERIO DE VIVIENDA SE LAVA LAS MANOS

El 9 de junio de 2015 se envió a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, una detallada exposición de las transgresiones al permiso de edificación y las normas de planificación por parte del proyecto Costa Esmeralda. Y se le solicitó la paralización de las obras de edificación mientras no se retiren los miles de metros cúbicos depositados en la zona de protección y se la restituya a su estado natural (ver documento).

En su respuesta, la ministra sostuvo que su repartición no tenía responsabilidad en este problema pues “…el ordenamiento jurídico vigente dispone que corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente coordinar, organizar y ejecutar el seguimiento y fiscalización de las medidas de la Resoluciones de Calificación Ambiental, correspondiendo exclusivamente a dicho organismo público el ejercicio de la facultad sancionadora respecto a las condiciones, normas y medidas establecidas en dichas autorizaciones. Lo indicado se encuentra regulado en la Ley 20.417 Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente” (ver documento ).

Sobre la solicitud de paralizar las obras hasta que las toneladas de tierra fueran retiradas, la ministra sostiene que de acuerdo a los antecedentes disponibles, en la situación en comento, no consta que se verifique alguna de las hipótesis que justifiquen la aplicación de la preceptiva señalada…”.

El proceso sancionatorio llevado adelante por la Superintendencia de Medio Ambiente ha sido eficaz solo para demostrar el error de las autoridades municipales y del MINVU, pero no para que la inmobiliaria enmiende la invasión ilegal del área de protección”.

Al hacer esta afirmación también opta por ignorar el permiso de edificación, en el que se establece: “no habilita para intervenir la zona ZRI-2”, cuyo cumplimiento también es, en último término, de responsabilidad de del MINVU, pero lo más grave es que niega que haya tierra depositada ilegalmente en la zona de protección.

Es difícil entender cómo una ministra hace una afirmación de esta naturaleza, considerando que en septiembre de 2015, solo dos meses después de esta respuesta, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos y sometió a proceso sancionatorio al proyecto Costa Esmeralda, entre otras razones, por el depósito ilegal de miles de metros cúbicos de tierra en la zona ZRI-2 (ver documento). Ante la sanción de esta superintendencia, la empresa inmobiliaria se comprometió en el Plan de Cumplimiento a que retiraría 8.000 metros cúbicos de tierra que se han depositados ilegalmente (ver documento). Mientras la ministra y la municipalidad declaran que no hay tierra en la zona de protección, opinión que sólo beneficia el lucro inmobiliario y perjudica el bien común, la superintendencia sanciona a la inmobiliaria por esta razón.

En la respuesta de la ministra Saball hay otra afirmación grave: “… de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República… las Direcciones de Obra no pueden condicionar la recepción definitiva de una obra al cumplimiento de las obligaciones de la resolución de calificación ambiental”.

Justamente es por ese motivo que los vecinos de Maitencillo recurrimos a ese ministerio: porque, además de la municipalidad (cuyos directores de Obra no ha conseguido ver el cerro de tierra), es el MINVU la única instancia dentro del aparato público que puede paralizar la obra hasta que se cumpla con la normativa vigente. Dicho de otro modo: una vez finalizada la obra, incluso habiendo muchos miles de metros cúbicos de tierra en la zona de protección, si la municipalidad recibiera las edificaciones, entonces se venderían los departamentos y sería mucho más difícil conseguir que la inmobiliaria restituyera la zona de protección a su estado natural. Será mucho más difícil aún, considerando que la empresa Laderas Ladomar, que construye el proyecto Costa Esmeralda se ha declarado en quiebra.

Es notable también que la ministra de Vivienda no haga ninguna mención al fallo de la Corte Suprema. La ministra tiene autoridad directa sobre la Seremi de Vivienda, a quien la Corte de Apelaciones le ordenó supervisar el cumplimiento del fallo que ordena a la inmobiliaria retirar inmediatamente la tierra depositada ilegalmente en la zona de protección. ¿Es que la ministra está por sobre la Corte Suprema?

Los vecinos de Maitencillo hemos dado una pelea de casi 10 años para que se cumplan las normas. Nos alegra que cada vez más chilenos puedan tener una vivienda en Maitencillo. Pero la gestión pública respecto del proyecto Costa Esmeralda sienta un muy mal precedente, porque significa que las empresas inmobiliarias pueden transgredir la ley impunemente”.

Es notable también que derive toda la responsabilidad de la fiscalización del cumplimiento de las normas de planificación urbana y el cumplimiento del permiso de edificación, a las autoridades ambientales, indicando que en todo momento se ha comunicado a la Superintendencia del Medio Ambiente toda la información relevante sobre el caso que se haya constatado.

En vista que el Ministerio de Vivienda no actuaba, con fecha 12 de febrero de 2016 se obtuvo una reunión con el intendente de la V Región de Valparaíso. Luego de presentar los antecedentes del caso se le solicitó instruyera a la Seremi MINVU V Región para que actuara haciendo cumplir las normas y los fallos.

La respuesta del intendente fue que en esas materias no tenía potestad sobre la seremi MINVU. La respuesta resulta insólita, porque los intendentes sí tienen autoridad de mando sobre las seremi de sus respectivas regiones, como lo muestra la citada intervención del intendente Raúl Célis, la cual sin embargo no prosperó, pues la Municipalidad de Puchuncaví contrató un levantamiento topográfico que establecía, erróneamente, que todo el material depositado ilegalmente había sido retirado.

Respecto del proceso sancionatorio llevado adelante por la Superintendencia de Medio Ambiente, es necesario remarcar algo: ha sido eficaz solo para demostrar el error de las autoridades municipales y del MINVU en cuanto a la vulneración del área de protección, pero no para que la inmobiliaria enmiende la invasión ilegal del área de protección. Habiendo transcurrido más de un año desde que se venciera el plazo para el retiro de tierra y la restitución del área de protección a su estado natural, según el Programa de Cumplimiento sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente (ver documento), las imágenes demuestran elocuentemente el contraste entre lo que la empresa inmobiliaria prometió en la portada de su Declaración Ambiental y la realidad al día martes 7 de agosto de 2017 (ver imágenes).

NO PERDEMOS LA ESPERANZA

Aún es tiempo para que las autoridades municipales y de gobierno paralicen la obra y la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví no otorgue la recepción municipal de las edificaciones mientras no se haya retirado todo el material depositado ilegalmente en la zona de protección y se haya restituido este espacio a su estado natural.

Los vecinos de Maitencillo hemos dado una larga pelea de casi 10 años para que se cumplan las normas. Queremos dejar en claro que nos alegra que cada vez más chilenos puedan tener una vivienda en Maitencillo. Pero la gestión pública respecto del proyecto Costa Esmeralda sienta un muy mal precedente, porque significa que las empresas inmobiliarias pueden transgredir la ley impunemente, incluso, como en este caso, tras una resolución del contralor y un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificado por la Corte Suprema.

Puchuncaví es una comuna en que hay una gran dinámica de edificación y estos hechos son de sobra conocidos en el mundo inmobiliario que opera en la comuna.

También es muy grave, porque se pierde la fe pública en las instituciones del Estado, en la validez de las normas de planificación urbana y en la efectividad del gobierno.

No hemos perdido la esperanza en que, una vez divulgados estos antecedentes a la ciudadanía, las autoridades atinen a asumir sus obligaciones y responsabilidades de gobierno, haciendo cumplir las normas que rigen al proyecto inmobiliario Costa Esmeralda en defensa del bien común por sobre el lucro inmobiliario.

[1] Este plano se presenta en un gráfico en el anexo Nº7 de la carta del Sr. Silva anexa a la comunicación Nº 754 del 23 septiembre 2008 de Sra. Karina Francis, entonces secretaria de la Comisión Regional de Medio Ambiente, Región de Valparaíso, que es demasiado larga para reproducir.

Porqué el mall del muelle Barón es inviable

Desde este domingo 15 y hasta al miércoles 26 de junio se está llevando a cabo en Doha, Qatar, la 38ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, ocasión en donde se revisará, entre otros, el estado de conservación de los sitios de patrimonio mundial, como son Valparaíso y Chiloé. Por ello, en esta instancia se revisarán dos polémicas construcciones de alto impacto, correspondientes a edificios comerciales del tipo mall, aprobadas por las direcciones de Obras de las municipalidades de Valparaíso y Castro.

En esta columna diremos algunas cosas sobre el Mall Plaza Barón, de Valparaíso.

I.  ANTECEDENTES PRELIMINARES

Los terrenos donde se proyecta construir el Mall Plaza Barón, se ubican en el borde costero del sector Muelle Barón, entre la línea férrea de propiedad de EFE y el Océano Pacífico, sin enfrentar por lo tanto una vía pública. Se comunica con la ciudad a través de una servidumbre en un paso bajo nivel y otra proyectada, que se ubicada en el sector de calle Simón Bolívar. Estos terrenos fueron licitados por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y adjudicados a Plaza S.A., empresa de un importante grupo económico. La licitación se hizo con un plan de exigencias mínimas que en la práctica era proyectar el damero de calles de la ciudad hasta el borde costero, construir tres marinas, un acuario, un teatro municipal y otros pocos equipamientos.

No enfrentar una vía pública clasificada como “expresa” o “troncal” es el impedimento real y físico para este equipamiento mayor, materia que fue dilucida oportunamente por la Contraloría General de la República (CGR). En el año 2005 se aprobó el “necesario” cambio de uso de suelo para este sector mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 23 de la Corema regional, vigente a la fecha.

II. CAMBIO AL PLAN REGULADOR, SECTOR BARON.

1. RCA Nº 23 para cambio de uso de suelo en 2005

Esta RCA estableció, entre otras, cuatro condiciones muy importantes:

1.1. Declaratoria de utilidad pública:
En la RCA se establece una declaratoria de utilidad pública para la proyectada calle interior Avenida Bicentenario, las plazas, el Paseo Costanera (peatonal) las calles transversales, etcétera, a objeto de que pudiesen ser clasificadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y Asesoría Urbana (AU) como calles “troncales” y, de esta forma, cumplir las condiciones urbanísticas de carácter nacional exigidas para los equipamientos mayores. Pero, sin proponérselo, la modificación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) hizo que este ardid no operara.

Por efecto de la mencionada reforma a la LGUC, la declaratoria de utilidad pública para las vialidades señaladas en el párrafo anterior caducó el año 2010, antes de la aprobación del anteproyecto. Es decir, el alcalde de Valparaíso no fue lo suficientemente “avispado” para renovar las declaratorias de las calles en comento. Ese olvido generó dos transcendentales consecuencias:

a) El proyecto no tiene lineal oficial, ni enfrenta bien nacional de uso público alguno.

b) Los terrenos vuelven a tener el uso de suelo previo (portuarios) y se debieron establecer las nuevas normas urbanísticas de las áreas caducadas en un plazo no mayor a seis meses, según el mismo artículo 59º. Por lo tanto, y aunque el lector se muestre incrédulo, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su DOM, aprobó un proyecto de edificación sobre territorios sin normas urbanísticas.

1.2. Declaratoria de Edificio de Interés Histórico para la bodega Simón Bolívar
Se declaró edificio de interés histórico (ICH) a la bodega Simón Bolívar, edificación representativa de la arquitectura industrial portuaria de la ciudad y estableció distanciamientos por todo su perímetro para que se destaque la presencia de este tradicional inmueble.

1.3. Declaratoria como monumento nacional de los restos arqueológicos del subsuelo.
El Consejo de Monumentos Nacionales, conforme a la Ley Nº 17.288, declaró como tales los restos arqueológicos catastrados y enterrados de 16 naufragios, restos del antiguo muelle del carbón, baterías costeras, etc. Asimismo, ordenó incorporar en la Ordenanza Local la obligación de la DOM de entregar a cualquier interesado, con el Certificado de Informes Previos (CIP), el mencionado catastro de los restos arqueológicos del sector. Curiosamente, en la práctica el alcalde Jorge Castro contestó, vía Ley de Trasparencia, que el catastro no existe y que tampoco la DOM lo adjuntó en los CIP.

1.4. Declaratoria de zona de riesgo para el sector
El sector, según la carta actualizada del SHOA de la Armada, señala que el área concesionada está afecta a inundación entre seis y nueve metros de altura de ola. El estudio adjunto al permiso de edificación, realizado por el geógrafo Marcelo Lagos, dice que no hay obras suficientes para mitigar el riesgo y que no hay seguridad para la vida humana.

En este punto cabe hacer presente que, si bien es cierto que el Plan Regulador Comunal (PRC) no ha incorporado expresamente las zonas de riesgo, no es menos cierto que la Municipalidad de Valparaíso, al momento de aceptar la RCA Nº 23 antes señalada, incorporó el riesgo de tsunami a su Ordenanza Local.

2. Nueva modificación al Plan Seccional Barón en 2009

En 2009 el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó, por una “enmienda“, una gravitante modificación al Plan Seccional Barón. En rigor, tales cambios no se pueden hacer mediante una simple enmienda.

Los cambios que son de consideración, se tienen que hacer mediante modificaciones al Plan Seccional y al respecto existen dictámenes de la CGR sobre esta materia. Este cambio en las reglas del juego se debió someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que no se hizo. En la práctica, el concejo municipal le dio luz verde al operador Plaza S.A. para borrar de un plumazo el plan de exigencias mínimas de la licitación, modificar las alturas de la edificación, las protecciones de la bodega, para permitir que el Edificio ICH sea demolido en una gran extensión y se eliminen los distanciamientos y así el edificio patrimonial se iba a transformar en el pasillo central del Mall, en donde se iban a instalar las grandes cajas de las empresas comerciales del grupo Falabella Home Center, Tottus, etc. Todo este proceso no respetó la RCA Nº 23 vigente.

3. Tramitación del anteproyecto y su aprobación

Es importante referirse al anteproyecto, ya que el Revisor Independiente, arquitecto Mario Inostroza, en el informe para el otorgamiento de este permiso preliminar señala en su solicitud que las condiciones urbanísticas están cumplidas, lo cual, como lo manifestamos, no es así.

El Certificado de Informes Previos del 11 de febrero del 2011 tiene las siguientes irregularidades:

•             Para referirse al predio se emite con el ROL 1-126, a pesar de que éste corresponde a la vía férrea Freire-Barón de  propiedad de EFE (Reg. Propiedad, Fs. 200 vta., N° 359, año 1992) y no a los terrenos concesionados por la EPV al Mall Plaza Barón.

•             No da cuenta del catastro de arqueología patrimonial del anexo 1 de la Memoria Explicativa, tal como lo exige el artículo 23 de la Ordenanza Local Refundida vigente en esa fecha, ni entrega el catastro de arqueología a los interesados, como lo ordena la RCA Nº 23.

•             A la fecha del otorgamiento del CIP utilizado en el anteproyecto mal aprobado, las líneas oficiales estaban caducadas porque ya se encontraba vencida la declaratoria de utilidad pública, no renovada ni dictadas las normas urbanísticas adyacentes. Esta omisión podría entenderse como una forma para beneficiar al megaproyecto.

•             Se insiste en darle una dirección por Avenida Errázuriz al señalar “dirección Avenida Errázurriz N° 2291”. En el fondo se le asigna un número residencial a la vía férrea, lo cual es sumamente grotesco.

Mediante la Resolución N° 33, del 29 de septiembre de 2011, se aprueba el anteproyecto con categoría de equipamiento mayor en terrenos sin vialidad (porque la declaratoria de bien de uso público había caducado), sin línea oficial, sin enfrentar ninguna vía pública y menos una vía “troncal” y/o  “expresa”, con un rol de avalúo que corresponde a la línea férrea que sí enfrenta la Avenida Errázuriz.

4. Tramitación de permiso de obra nueva.

Con fecha 23 de enero de 2012 se ingresa la solicitud de permiso de edificación, nuevamente con el rol de avalúo 1-126 (Faja Vía de propiedad de EFE) y con fecha 14 de febrero del 2013 la DOM de Valparaíso otorgó el Permiso de Edificación N° 79 para el proyecto Mall Barón, siendo que el anteproyecto había caducado el 29 de septiembre del 2012, porque el plazo máximo para este tipo de proyectos es de un año, de acuerdo al artículo 1.4.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

El revisor independiente, Mario Inostroza, cometió un garrafal error al señalar en su informe para la aprobación del permiso de edificación, acto administrativo terminal, que “el presente proyecto, se inscribe dentro del anteproyecto aprobado N° 33 de 29 de septiembre de 2011”.

El Anteproyecto tenía un solo CIP para el rol 1-126 y ahora el permiso definitivo se otorga para 15 roles distintos y con 15 CIP, excluyendo el rol 1-126 (faja vía), a pesar de que en la solicitud y actas de observaciones, se nombraba sólo el rol 1-126.

En estos nuevos 15 roles los creativos actores privados, en connivencia con dóciles funcionarios municipales, imaginan direcciones por la calle Errázuriz, estando físicamente las propiedades al otro lado de la línea del tren, salvo dos involucradas en el acceso al proyecto (no colindantes), que están al otro lado de la vía férrea, en la calle Errázuriz.

Con los 17 roles, todos no contiguos y de los cuales 15 no enfrentan bien nacional de uso público alguno, se hace un uso indebido del concepto de “conjunto armónico”, toda vez que los 15 roles ubicados al norte de la línea del tren no tienen vialidad.  Los otros dos roles ubicados al sur de la línea férrea enfrentan una calle, sin embargo no son contiguos a los otros 15 roles, debido a que se encuentran separados por el predio de otro propietario (EFE). Además, dentro de los 15 roles al norte de la línea férrea existía, a la fecha de obtención del permiso, un edificio con recepción municipal: el terminal de pasajeros de trasatlánticos (VTP). Por lo tanto, el ardid de “conjunto armónico” fue utilizado para simular que el terreno tiene calles, obviando la obligación de fusionar los lotes y la existencia de un permiso con recepción definitiva dentro del permiso (rol 1-24).

En la práctica, terrenos no contiguos ni vecinos, con otros roles de avalúo, fueron amparados bajo el mismo permiso de edificación.

Otra artimaña: para suponer que los terrenos del proyecto enfrentan vías públicas se incluyen en el permiso roles de propiedades ubicados a más de 1.500 metros del proyecto, ubicados en calle Antonio Varas y concesionados a la empresa TPS.  Además, no cuenta con un informe favorable de revisor de cálculo estructural con inscripción vigente en el Instituto de la Construcción, como tampoco con  las patentes al día del ingeniero de cálculo ni del revisor de cálculo estructural.

El permiso incluye un estudio por riesgo de Tsunami, según lo exigido por el Art. 53º del Plan Intercomunal de Valparaíso. Sin embargo, desatiende irresponsablemente las conclusiones de éste, las cuales señalan que el proyecto no entrega seguridad para la vida humana. Este estudio no está aprobado por ninguna institución, como señala la OGUC.

El permiso de edificación N° 79 vulnera completamente la RCA N° 23/2005 mediante la cual se Modificó el Plan Regulador de la Comuna de Valparaíso, sector Barón en los siguientes términos:

•             Incumple los distanciamientos que debían tener todas las construcciones que enfrentaran a la Bodega Simón Bolívar de manera de proporcionarle protección visual.

•             No considera el catastro de naufragios y arqueología patrimonial del sector, el cual debía estar incluido en el anexo 1 de la memoria explicativa de la modificación del plan regulador aprobado el año 2005. Este catastro se debía incluir en el CIP de manera de proteger el patrimonio arqueológico histórico de la ciudad patrimonial. Plaza S.A. maximizó el tamaño de dos mega estacionamientos subterráneos, arrasando en su diseño todo el patrimonio enterrado bajo suelo. Además, se debía entregar el catastro a los interesados.

•        No elabora el Plan de Prevención de Riesgos y Medidas de contingencia para una zona declarada en riesgo de Tsunami, sino una simplista solución de escape vertical hacia los techos, aproximadamente de 10 m de altura, siendo la altura de seguridad determinada por la ONEMI de 30 m. sobre el nivel del mar para el sector.

Esta solución supone que el edificio ubicado en el sector con peor calidad de suelo de Valparaíso después de un mega terremoto quedará intacto y, lo más grave, supone que no habría ninguna persona en los estacionamientos subterráneos con capacidad para más de 2.000 autos cuando se produzca la inundación. ¿Qué chileno después de un terremoto se sube al techo? Hay que considerar el agravante de que los atraviesos de la línea férrea, peatonales y vehiculares, son subterráneos, lo que significa que de ejecutarse el proyecto y ante la ocurrencia de un maremoto, los visitantes del mall quedarían atrapados entre el mar y la vía férrea electrificada con 3.000 voltios.

•             Aumenta arbitrariamente la altura del área V9, siendo que para lo anterior era necesario contar con la aprobación del Concejo Municipal, derogar el art. 7 de la O.G.C, y  solo para los casos de construcciones de equipamiento público de interés general, tales como: embarcadero, acuarios, teatros, museos.

El resumen, ya que está vigente desde hace unos meses la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento que entrega lineamientos para que las cosas en el ámbito de las ciudades se hagan correctamente, estamos seguros de que esta intervención en el borde costero de Valparaíso no será posible, más aún si ya conocemos el lapidario informe de la UNESCO al respecto.

En otro orden, será indispensable que el Servicio de Empresas Públicas (SEP) investigue porqué la EPV ha procedido con tanta benevolencia en sus tratos comerciales con el retail de Falabella, titular del mall en cuestión.

Los chilenos deben saber que este lindo negocio  tiene un pago de un subsidio de mantención de áreas verdes de US$ 21 millones, esto equivale a lo que gasta la municipalidad de Valparaíso en mantener todas sus plazas y parques durante 40 años.

Finalmente, se ha informado que entre este miércoles 18 y jueves 19 de junio en las sesiones que se llevan a cabo en Doha, Qatar, la Unesco después de escuchar a Álvaro Jara, Jefe de la Misión de Chile en ese organismo internacional, resolverá la materia en conciencia y a la luz del desarrollo de los hechos.

 

Corrupción en Valparaíso: Contraloría revela la entrega de $3.333 millones de manera irregular

Vea además: “El historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso”

En medio de las labores de asistencia a los damnificados y reconstrucción de viviendas luego del feroz incendio que devoró a Valparaíso a partir de la tarde del sábado 12 de abril pasado, la Contraloría General de la República aportó nuevos antecedentes respecto de la millonaria malversación de caudales públicos en la intendencia regional con los dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrados por el Gobierno Regional de Valparaíso (GORE). El informe del organismo contralor abre nuevas aristas sobre el mal uso de otros $3.333 millones asignados y utilizados de forma irregular.

Los  graves desórdenes administrativos en el GORE de Valparaíso, develados por la Contraloría, incluyen poco más de $1.100 millones entregados a distintas organizaciones comunitarias para proyectos que no contaron con ningún análisis previo tanto de su calidad como de su factibilidad técnica y fuera de las normas de transparencia que exige el reglamento del fondo respectivo. Otros $2.233 millones no han sido rendidos por las instituciones adjudicatarias y de su realización y cumplimiento nadie sabe nada.

Christian Urízar, diputado socialista por Quillota y Petorca.

Aparte de las irregularidades sobre la adjudicación de esos $3.333 millones por el GORE regional, la Contraloría consigna también la existencia de otro monto que concierne a fondos que fueron rendidos de manera insatisfactoria o incompleta por los particulares beneficiados. En este acápite figuran los ex tenistas Jaime y Álvaro Fillol y el ex futbolista Elías Figueroa.

El organismo contralor, además, señala expresamente que algunos de los proyectos asignados a organismos comunitarios fueron utilizados como plataforma para campañas políticas de cara a las elecciones municipales de 2012 y parlamentarias de 2013. Este punto se suma al desvío de fondos públicos regionales a campañas políticas, delito que ya investiga el Ministerio Público y que fuera informado por CIPER en un reportaje del 16 de abril (ver reportaje).

En ese juicio por fraude al Fisco ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la Intendencia de Valparaíso, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del ex intendente Raúl Celis.

Otro protagonista de este fraude al Fisco que sacudió a Valparaíso es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le investiga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Urízar también aparece mencionado en este informe de la Contraloría, aprovechándose en su calidad de CORE de las actividades financiadas por el FNDR con fines electorales cuando era candidato a diputado.

Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.

El informe de Contraloría agrava la situación de corrupción al interior del Gobierno Regional de Valparaíso, que en menos de tres años ha tenido dos veces a esa intendencia bajo la lupa de tribunales. Al capítulo donde el diputado Urizar es uno de los protagonistas, se suma el que estalló en 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, cuando el intendente de Valparaíso, Raúl Celis, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).

Según reveló CIPER en su reportaje anterior, sólo $400 millones se necesitaban para efectuar las urgentes labores de remoción de basura y desechos de los cerros de Valparaíso que podrían haber prevenido el feroz incendio. Pero la tarea no se realizó porque la autoridad regional no contó con los fondos. Los $400 millones que se necesitaban para las labores preventivas contra incendios en el Puerto, representan una cifra ínfima comparada a la suma de todos los fraudes fiscales que desde hace años se vienen cometiendo en la región.

MÁS DE MIL MILLONES ENTREGADOS A CIEGAS

La fiscalización de Contraloría, tuvo como objetivo revisar las cuotas y montos destinados por el Gobierno Regional (GORE) entre 2011 y 2013 al financiamiento de proyectos para la ejecución de iniciativas en el ámbito de la Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana (ver informe).

Según el informe, entre 2011 y 2013 el GORE adjudicó fondos para 1.092 proyectos en esos tres ítemes, por un total de $3.982 millones, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Las conclusiones del informe final de Contraloría revelan graves desórdenes administrativos y el uso de fondos para apuntalar numerosas campañas políticas en el marco de las elecciones municipales (2012) y parlamentarias (2013).

Respecto de los graves desordenes administrativos, el informe señala que no existe ninguna prueba de que los fondos destinados en el 2012 para iniciativas  de Seguridad Ciudadana hayan sido adjudicados con el debido análisis previo de los equipos técnicos de evaluación del gobierno regional. Son casi $1.100 millones (un cuarto del monto total fiscalizado por Contraloría) que fueron entregados a ciegas y sin ningún tipo de control preventivo. “No ha sido posible verificar que la asignación de los aludidos recursos se haya efectuada en forma transparente y competitiva”, señala el informe.

Lo mismo sucede con los fondos destinados a dos iniciativas de carácter deportivo y que fueron entregados en 2012 por un total de $23.314.000. No hay prueba de los méritos de ambos proyectos que justifiquen el traspaso de dinero.

Respecto de la ejecución e impacto de los proyectos adjudicatarios de fondos en el periodo auditado, la Contraloría señala que el GORE “no implementó de manera oportuna, continua y sistemática, medios de diagnóstico, decisión y control que le permitieran velar por la eficiente y correcta ejecución y rendición de las iniciativas financiadas con el objeto de velar por la correcta aplicación de los recursos entregados exclusivamente para los propósitos que fueron previstos”.

El Gobierno Regional de Valparaíso no sólo fue incapaz de vigilar la correcta asignación de esos fondos, según se desprende del informe de Contraloría, sino que además, aún tiene pendiente la rendición de gastos de 384 proyectos por un monto total de $2.234 millones. Respecto de estas iniciativas, al 21 de abril de este año, fecha en la que fue evacuado este informe, no se tenía información de si los fondos habían sido utilizados correctamente, menos si se habían cumplido los objetivos pactados.

HERMANOS FILLOL Y ELÍAS FIGUEROA

Entre los proyectos que sí fueron rendidos, existen algunos cuyos montos de rendición son inferiores al fondo asignado. Uno de los casos emblemáticos en este frente es el de la entidad “Fundación Fillol Basabe”, de propiedad de los hermanos Jaime, Álvaro y Esteban Fillol Durán. El primero y el segundo reconocidos tenistas chilenos.

Su proyecto “Clínicas Deportivas de Tenis Callejero” se adjudicó dos fondos por un total de $68 millones. Sin embargo, su rendición incluye facturas por un monto total de sólo $51.523.402. Cerca de $17.5 millones quedaron sin respaldo.

Jaime Fillol

Asimismo, según la descripción del proyecto, la clínica se haría en ocho comunas de la Quinta Región. Sin embargo, en Santo Domingo (una de las comunas incluidas en el circuito), la actividad nunca se realizó. Ni el GORE solicitó la devolución de los fondos para esta actividad inexistente, ni la fundación de los Fillol manifestó su intención de reintegrar la proporción de recursos recibidos.

Y hay más. Según el reglamento de postulación para proyectos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, en la ejecución de los proyectos adjudicados está prohibido adquirir bienes o contratar servicios de personas jurídicas o naturales que tengan vínculos de hasta tercer grado de consanguinidad con las directivas de las organizaciones beneficiarias. Ello, sin embargo, no fue respetado por algunas entidades.

Esa es exactamente la situación de la “Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado”, dirigida por el ex futbolista Elías Figueroa, su cónyuge y la hija de ambos en calidad de presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente. La fundación presentó boletas de honorarios y facturas por un total de $19.830.670 a nombre de Ricardo Figueroa (hijo), Juan Carlos Figueroa (sobrino) y Jorge Ramírez (esposo de la nieta de Figueroa). Además, se constató la existencia de una factura de la empresa ECCOS limitada, en la cual Jorge Ramírez tiene un 50% de la propiedad.

“DOÑA ANITA”: LA FAVORITA DE LOS CANDIDATOS

El “Centro de Eventos Doña Anita”, ubicado en la comuna de Olmué, fue el lugar donde al menos cinco organizaciones comunales ejecutaron sus proyectos con los fondos entregados por el Programa Nacional de Desarrollo Regional.

Cuando Contraloría revisó la nómina de los participantes beneficiados por las actividades realizadas en el 2012 por estas entidades, se encontró con que había algunos asistentes que concurrieron a las actividades de más de una fundación. Al cotejar las firmas que acreditaban asistencia con los supuestos participantes, 45 personas señalaron que la “rúbrica no era de su autoría”. Las nóminas de participantes fueron adulteradas con el fin de justificar un gasto que nunca se realizó.

René Lues (DC)

Fue en ese mismo centro de eventos en el que varios participantes acreditaron la presencia de algunos candidatos a cargos de elección popular haciendo campaña. Entre ellos, el mismo diputado Christian Urízar (PS) que aparece involucrado en los desvíos de fondos públicos de la intendencia. En ese momento, Urízar se desempeñaba como consejero regional y era candidato a diputado por Quillota y Petorca. La lista de candidatos continúa con Héctor Lautaro Correa (PS), en ese entonces candidato a alcalde por La Calera; René Lues (DC), secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; y las candidatas a concejal por Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, Roxana Saavedra (PS), Filomena Navia (PS) y Paola Catalán (PS), respectivamente.

Según la investigación, 60 de los asistentes a las actividades realizadas en el “Centro de Eventos Doña Anita” reconocieron la participación del secretario ejecutivo del CORE, René Lues, en varias de ellas, y señalaron haber recibido de sus propias manos calendarios y afiches relacionados con su campaña para ganar la alcaldía de la Ciudad Jardín. La entrega del material, según reconocieron, fue acompañada de una solicitud para que votaran por él en las municipales de octubre de ese año.

Todos los políticos involucrados contravinieron la normativa del FNDR que señala: “los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas”.

 

El incendio en Valparaíso y la “salud mental”: qué se quema cuando se quema todo

El incendio que hace pocos días afectó alrededor de 2.900 viviendas en Valparaíso, y dejó a más de 12.000 personas damnificadas, ha suscitado una amplia gama de reacciones en los medios de comunicación. Las pautas informativas se han visto saturadas de notas, entrevistas e imágenes de los lugares afectados y sus protagonistas directos, en un afán muchas veces morboso por mostrar “el lado humano” de la tragedia.

Como contraparte informativa de las notas “in situ”, vemos intercalarse las opiniones de los expertos en salud mental, psicólogos y psiquiatras, que nos hablan del “impacto psicológico” de la tragedia, echando mano de diagnósticos como “estrés post-traumático”, “trastornos adaptativos”, “depresión”, entre otros. Este tipo de análisis reduce el impacto subjetivo de la catástrofe a un número circuscrito de expresiones individuales, expresables a través de categorías psiquiátricas que se aplican al constatar la presencia de un número determinado de síntomas. ¿Será este el único modo de comprender los “impactos subjetivos” de una catástrofe?

Una lectura más compleja del problema debiese comenzar por interrogar qué es lo que se afecta cuando acontece una catástrofe. En lo inmediato, lo devastado es obviamente el espacio físico. Pero al tratarse de un espacio habitado por sujetos y comunidades, esto es más que el puro lugar geográfico. Habitar un espacio no implica sólo su ocupación funcional: vivir en un lugar es llenarlo de recuerdos, relaciones y prácticas, actividades que son la vida misma de los sujetos y que resultan inseparables de la superficie sobre la cual ocurren. Habitar un espacio es también crearlo en su dimensión humana, desde lo más íntimo (la habitación, las pertenencias personales) hasta lo común (el barrio, la calle). Los lugares son las personas que los viven.

La destrucción inesperada de todos esos niveles de la vida cotidiana sin lugar a dudas tiene efectos traumáticos, pero es necesario comprender que dicho impacto no se reduce a la pura conmoción psicológica de la pérdida material. En efecto, lo que se pierde en la catástrofe es mucho más que los miles de hogares siniestrados; es la devastación de los soportes concretos que dan (o daban) lugar a formas de vida singulares, construidas por años sobre la base de múltiples lazos que dieron forma tanto a la intimidad como a la cooperación comunitaria. Por tanto, las alrededor de 12.000 viviendas, ahora hechas cenizas, nos hablan de una pérdida que no se recupera simplemente con una reconstrucción habitacional ni con las puras buenas intenciones de la caridad asistencialista.

Asimismo, el incendio de Valparaíso nos revela que en este “Chile, país de catástrofes” (como algunos medios han comenzado a difundir) no todas las catástrofes operan en la subjetividad de la misma manera. Es decir, si bien podemos homogenizar los “impactos psicológicos” a través de los diagnósticos anteriormente señalados ante terremotos, tsunamis, e incendios; lo cierto es que, particularmente en tragedias como la de Valparaíso, se observa una devastación de la subjetividad en sus componentes más primordiales. Componentes que por cierto quedan velados en el mero uso de etiquetas psiquiátricas.

Por estos días se ha hecho visible un Valparaíso que está lejos de esa imagen postal del puerto Patrimonio de la Humanidad. La catástrofe dejó al descubierto una historia escrita por años de pobreza y exclusión social.  Las “tomas” y campamentos afectados por la catástrofe nos hablan de la resistencia ejercida por familias completas por pertenecer y permanecer dentro de los límites de la ciudad. Hoy, esas familias resguardan aquellos terrenos ajenos a toda planificación y regulación como bienes preciados. Bienes que no se reducen a un régimen de propiedad, sino que revelan que en dicho espacio se ha articulado una subjetividad que resiste a la exclusión. Los efectos de la catástrofe pueden verse redoblados en este sentido, si es que llegan a concretarse las voces de alarma que ya han advertido respecto de las posibles expropiaciones (o sea, privatización) de los terrenos y la puesta en marcha de planes de reconstrucción centralmente planificados, donde los mismos sujetos afectados tendrían poco y nada que decir.

Catástrofes como la de Valparaíso no sólo expresan de modo dramático la precariedad inherente a un sistema económico basado en la desigualdad económica y la desprotección social, condiciones veladas tras la ideología de la “iniciativa individual”. Exponen, al mismo tiempo, la miopía de los enfoques individualizantes desde los cuales las catástrofes son pensadas en términos de “impacto psicológico”. Es necesario que en esta discusión los aspectos políticos y socioeconómicos vinculados con la posibilidad misma de lo catastrófico no sean eludidos en nombre de la supuesta comprensión de lo que cada individuo siente o expresa. Por el contrario, hay que entender dichas “expresiones individuales” como parte de un entramado social, en donde los individuos afectados no son meros receptáculos aislados de su propio padecer, sino sujetos cuyo malestar debe ser escuchado también en su dimensión política.

 

Incendio en Valparaíso: el “Estado mínimo” frente al patrimonio cultural

Escarbando en la gran cantidad de informaciones que circulan en estos días, encontramos otras noticias y datos que, desde los márgenes del incendio, aportan y fortalecen esta hipótesis. No tienen que ver con historias de familias y pobladores de los cerros afectados y ni siquiera con las labores de trabajadores y voluntarios comprometidos con la ayuda en la emergencia, pero sí dejan en evidencia un Estado chileno ausente a la hora de pensar y actuar para el bien común. Una ausencia que durante estos días hemos experimentando de forma evidente al constatar cómo las autoridades han delegado las responsabilidades de la reconstrucción en voluntarios y empresas del retail.

Esta ausencia se arrastra desde largo tiempo y ha tomado cuerpo en la falta de compromiso del Estado con la condición de “patrimonio mundial de la humanidad” que ostenta Valparaíso desde 2003.  Una de las expresiones de ese abandono es, precisamente, la fragilidad de la “ciudad patrimonio” frente a acontecimientos catastróficos, como el reciente incendio.

Patrizio Tonelli

Más allá de las pérdidas humanas y materiales inmediatas, esta tragedia también ha puesto en cuestión la forma en que el Estado piensa y gestiona su propio patrimonio cultural. A través de una sistemática externalización y precarización de funciones y cargos se ha “adelgazado” la estructura y el peso de la entidad pública responsable de la protección de ese patrimonio: el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). El trágico resultado de todo esto ha sido la limitación del alcance y eficacia de sus políticas y la subvaloración del trabajo de su equipo humano, abandonando a sus propios funcionarios al azar y al “sálvese quién pueda”.

Nos referimos aquí específicamente a las precarias condiciones laborales de los trabajadores encargados de estudiar y contribuir al cuidado de nuestro patrimonio cultural. A lo largo del país son sólo 115 personas las que trabajan en el CMN. Un número a todas luces insuficiente para llevar a cabo todas las tareas que tienen sobre sus espaldas: identificar, estudiar, proteger, difundir, conservar, promover y gestionar nada menos que 1.177 Monumentos Históricos, 1.380 Monumentos Públicos, 116 Zonas Típicas o Pintorescas, 42 Santuarios de la Naturaleza y todo el patrimonio paleontológico y arqueológico presente en el país.

La desproporción entre la orgánica y las tareas comprometidas muestra desde una primera mirada que la actual institucionalidad no es suficiente para hacerse cargo de la protección del patrimonio nacional. Sin embargo, el cuadro asume un tinte aún más oscuro si profundizamos en las condiciones laborales.

El patrimonio de Chile está en riesgo” afirman los trabajadores del CMN, agregando “¿y al Estado le importa?” (*). La respuesta parece ser obvia, considerando que desde sus cimientos la actividad del CMN parece flotar en una dimensión kafkiana de paradoja y surrealismo. El CMN se compone de 21 consejeros y un secretario ejecutivo que sesionan una vez al mes para discutir y decidir sobre el patrimonio del país. La ley, sin embargo, no contempla una estructura de funcionarios para ejecutar los acuerdos tomados por el CMN, el cual, tradicionalmente, ha funcionado sin el respaldo de una institucionalidad y de una orgánica adecuada. Los 115 trabajadores del CMN representan así una extraña “planta inorgánica”, compuesta por profesionales contratados de forma atípica y que sufren fuertes condiciones de precariedad.

A febrero de 2014, sólo dos personas en el CMN eran funcionarios de planta, mientras que el resto navegaba en condiciones de incertidumbre y chantaje, dividiéndose entre personal “a contrata” (27 personas), “a honorarios” (51) y contratado como “bienes y servicios” (35). Esto significa que, exceptuando a las personas “a contrata” –que son consideradas como empleados públicos, aunque sus condiciones laborales no son estables ni permanentes–, el 74% de los funcionarios del CMN (86 personas) son consultores externos.

En este contexto, los derechos sociales y laborales se reducen a una pura ilusión para la mayoría que no puede gozar de vacaciones, de cotizaciones sociales, de días administrativos, de licencias médicas y de derechos maternales. El caso más extremo es el de las personas que han sido contratadas como “bienes y servicios” a través del sistema de compras públicas, muchas de las cuales son mujeres en edad fértil, las cuales, bajo esa forma contractual, no pueden acceder a los beneficios del pre y postnatal.

El marco legal vigente, además, dificulta la posibilidad de organizarse en sindicatos para negociar colectivamente sus propias condiciones laborales. Los trabajadores del CMN no tienen entonces derecho a asociarse colectivamente, a descansar, a enfermarse, a tener previsión social y protección de la maternidad: en pleno siglo XXI nos encontramos con la imagen actualizada del siglo XIX, donde reinaba el unilateralismo y la arbitrariedad.

La construcción de un “Estado mínimo”, la gran batalla ganada entre los años 1970 y 1980 por los neoliberales, encuentra en el ámbito patrimonial una de sus expresiones más exacerbadas. Sin embargo, no constituye una excepción sino que la regla: una mirada a los datos de empleo liberados mensualmente por el INE nos muestran un Estado que, en vez de velar por el bien común en tanto servicio público, difunde y replica la desprotección y la falta de interés hacia sus trabajadores. Según datos del trimestre diciembre 2013- febrero 2014, casi un 10% de los trabajadores del Estado es un “falso asalariado”, es decir, está sujeto a órdenes y disposiciones de un jefe, pero no cuenta con un contrato laboral escrito, de forma tal que no goza de las tutelas previstas por la legislación.

Además, el 30,6% de los trabajadores públicos es externo o tercerizado, condición que, como ya se ha destacado para el sector privado, crea una segmentación de la fuerza de trabajo por la cual algunos trabajadores viven y trabajan en condiciones peores y más inestables.

El caso de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales nos dice, entonces, que un rol distinto del Estado, activo y en condición de hacerse cargo de las grandes decisiones en materia de bienes comunes, pasa necesariamente por la instauración de relaciones laborales de calidad. ¿O acaso es responsable delegar una política estatal en materia patrimonial a una gran mayoría de consultores externos y precarizados?

El trabajo y su calidad, a pesar de la infravaloración que sufren hoy en el país, son un punto esencial a la hora de pensar en el bien común, como lo es, en este caso, el patrimonio cultural. El incendio de Valparaíso, de esta manera, abre brechas enormes y muy interesantes para repensar y rediscutir nuestro modelo de desarrollo, recordándonos que relaciones laborales individuales y colectivas de calidad deberán ser uno de los fundamentos sobre los cuales basarse.

(*) Mayores informaciones sobre la lucha de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales pueden ser vistas en: http://www.dignidadtotal.cl/peticiones/aquienleimporta/

Chile Ltda.

Digo que vivimos en Chile Ltda. y no en Chile S.A., porque si fuese una sociedad anónima conoceríamos efectivamente quién es dueño de qué y de cuánto. Además, como accionistas (minoritarios o no) tendríamos acceso a esa información y a controlar –más o menos– el curso de la administración de la sociedad. Pero no. Éste es un país privatizado: están privatizados los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. Hasta la solidaridad está privatizada.

¿Por qué muchos chilenos y chilenas, al ser testigos de algún desastre, atinamos inmediatamente, nos contactamos con familiares, amigos, colegas, conocidos, ex vecinos o antiguos compañeros de colegio para saber a quién ayudar, quién necesita una mano y cómo, concretamente? Porque sabemos, por experiencia, que ésa es la única forma de apoyo y la única vía de canalizarlo: Privadamente.

Los chilenos y chilenas dirigen, además, su ayuda a través de organizaciones como el Hogar de Cristo y una serie de entidades ligadas o dependientes de la Iglesia Católica; a través de Un Techo para Chile; de grupos de guías y scouts… Todos, organismos privados. Como los bomberos. Como la mayoría de los brigadistas que combaten los incendios forestales. Por suerte estas instituciones funcionan y tienen en su ADN la capacidad de reacción y la dispersión territorial para acopiar y distribuir la ayuda allí donde se necesita. Pero es caridad. Caridad 2.0. Caridad del siglo XXI. Pero caridad, al fin y al cabo. Tal como la de las señoras bien del siglo XIX o principios del siglo XX.

El optimista diría que es nuestra capacidad de emprendimiento y autogestión. Yo diría, más bien, que estamos inmersos en la cultura del sálvese quien pueda. Y cómo pueda. ¿Qué han dicho varios damnificados del incendio en Valparaíso? “Hay que volver a empezar, no más”. “Tenemos que empezar otra vez de nuevo, no más”. “Habrá que tirar p’arriba”.

Ya basta. ¿Es tan difícil de ver?

Miles de chilenos y chilenas deben resolver –privadamente– cómo cuidar a sus familiares cuya salud está deteriorada y ya se encuentran en la recta final de sus vidas. Estas ciudadanas y ciudadanos no tienen acceso a los medicamentos necesarios para tratar sus dolencias, la mayoría de éstas crónicas… no hay stock suficiente en los consultorios. No tienen acceso a los exámenes mínimos de laboratorio e imagenología. El sistema público debe pagárselos a recintos privados… con aranceles privados, obviamente. Estos ciudadanos y ciudadanas deben esperar semanas, meses, a veces años para una cirugía más o menos sencilla, ambulatoria, en el hospital que le corresponde a su domicilio. No hay especialistas. No hay anestesistas suficientes. Porque éstos se han privatizado.

Miles de chilenos y chilenas deben resolver –privadamente– el cuidado y la educación de sus familiares con necesidades especiales (físicas o intelectuales), a altísimos costos personales y económicos. Muchas madres de niños y adolescentes con estas características escuchan muchas veces la “sugerencia” de que retiren a sus niños del colegio, que lo eduquen en sus casas. En privado. Que no sea vean. Que no interrumpan las aulas con 40 estudiantes. Ni que perjudiquen los resultados del Simce.

Miles de chilenos y chilenas deben resolver –privadamente– cómo y con quién cuidar a sus hijos pequeños, frente a una red insuficiente de educación preescolar pública y una privada de costos elevadísimos.

Todos los chilenos y chilenas debemos resolver –privadamente– nuestra vejez. “Ahorre”. “Contrate un APV”. “Tenemos el mejor seguro”. “Prepárese para sus años dorados”.

Ya basta. No hay salud. No hay educación. No hay techo. No hay transporte ni previsión dignos.

¿Es tan difícil de ver?

Y, claro, es difícil de ver, también, porque nuestra plaza pública, los medios de comunicación masiva, no han ayudado a ver estos hoyos en nuestro país con pretensiones de OCDE. En los últimos días se han multiplicado distintas críticas, en diversos tonos, al rol de los periodistas, a los “rostros” y el afán de protagonismo de algunos, a los medios en general, y en particular a la televisión, en la cobertura a la emergencia. No abundaré en ellas. Porque eso daría para otra columna.

Parafraseando a mi colega Marcela Ramos, la solidaridad –yo diría, la caridad– le ha hecho pésimo a las políticas públicas. Debe haber mínimos sociales garantizados para todos y todas. Que de algo haya servido la revolución francesa y las revoluciones liberales del siglo XVIII. Que los trabajadores y trabajadoras del salitre de principios del siglo XX no hayan sido asesinados en vano en la Escuela Santa María de Iquique. Que la llamada cuestión social que transformó el rol del Estado chileno en la primera mitad del siglo XX no haya sido, tampoco, en vano. ¿Es tan difícil de ver? ¿Es mucho pedir?

 

El historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso

Eran las 16 horas del 12 de diciembre de 2012 cuando el nuevo Concejo Municipal de Valparaíso se reunió por primera vez luego de las elecciones comunales de octubre. Debido a la ausencia del reelecto alcalde Jorge Castro (UDI), producto de una operación ambulatoria a la que sería sometido esa misma tarde, la sesión fue presidida por el concejal Carlos Bannen (UDI).

A este concejo llegó el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés. Sólo tres días antes, el domingo 9 de diciembre, se había desatado un grave incendio en el Cerro Toro, parte del casco histórico de la ciudad. En cosa de minutos, el fuego que se inició en una vivienda ubicada en el Pasaje Benavente, se propagó hacia el inmueble contiguo. Ambas viviendas quedaron completamente destruidas. Cuatro personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y 25 resultaron damnificadas.

Cuando le tocó el turno de intervenir, el jefe de Emergencias de la municipalidad no se guardó nada:

-Nosotros tenemos un problema: la continua falta de recursos para enfrentar una emergencia, lo que para nosotros se traduce en un desastre (…) En este momento, todas las emergencias se traducen en desastre (…) Todo nos afecta: corre viento fuerte, se cae una muralla; nos caen unas gotas de agua, y se producen aluviones.

Ricardo Valdés, jefe de Emergencia del municipio de Valparaíso (Fuente: UCV)

Pero ese día, una de las mayores preocupaciones de Ricardo Valdés eran los incendios forestales. Y no solo por el incendio que se había desatado en el Cerro Toro tres días antes.  Faltaba muy poco para el inicio oficial de la temporada estival y, por esa razón, el jefe municipal se tomó casi todo el tiempo de su exposición para alertar a los miembros del Consejo Municipal de Valparaíso sobre el inminente riesgo de un siniestro de proporciones.

–Se está haciendo un desmalezado con mucho sacrificio y eso me consta porque hay 20 personas trabajando para toda la ciudad. Como mandato, este municipio tiene que hacer cortafuegos por una cantidad de 45 kilómetros de distancia. Debemos haber ejecutado un 5% o 6% de eso. El resto no ha se ha podido hacer por falta de recursos –afirmó.

La emergencia que describió Ricardo Valdés ese 12 de diciembre de 2012, exigía una reacción inmediata de las autoridades. No fue así. Lo dramático es que este escenario se mantuvo sin avances hasta la tarde del sábado 12 de abril de 2014, cuando el fuego se desató sin control arrasando con todo lo que encontró a su paso a los largo de 1.145 hectáreas.

Valdés le describió a los concejales la conveniencia de que el programa de desmalezamiento se realizara al menos una vez al año. Para que ello sucediera, advirtió, la municipalidad debía conseguir recursos extra con la intendencia regional o en instancias superiores, aludiendo al gobierno central.

–Como dato de la causa, por lo menos hace un par de años, el desmalezado de la ciudad le costaba al municipio $170 millones, dinero que en las arcas municipales no está –agregó Valdés.

Según sus cálculos, había un déficit de al menos 80 personas para los trabajos de desmalezamiento y una carencia evidente de herramientas, maquinarias y camiones. Ello explicaba el poco avance en ese frente, según lo recomendado por distintos organismos, entre ellos la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

La preocupación de Valdés era apremiante. En Valparaíso, entre las quebradas y las laderas de cerros, había vuelto a incubarse una bomba de tiempo. Y eran varios los estudios e informes que refrendaban la inquietud del jefe de Emergencias. En 2012 la Revista Territorium publicó un artículo del académico de la Universidad de Chile Miguel Castillo, en el que, entre otros problemas, alertaba de la alta carga combustible acumulada principalmente en lugares de muy difícil acceso de los cerros costeros de Valparaíso y Viña del Mar: La alta carga de material disponible para la combustión supera largamente las 8-10 toneladas por hectárea, cifra que podría provocar intensidades calóricas superiores a 500 Kcal/m/s”, señala el estudio.

Espero equivocarme, pero yo creo que este año vamos a tener serios problemas con respecto a los incendios forestales –fue la conclusión principal  que Ricardo Valdés le comunicó a los miembros del Concejo Municipal.

El diagnóstico del jefe de Emergencias de la municipalidad porteña se hizo realidad casi con precisión milimétrica. Sólo dos meses después, la bomba estalló. El 14 de febrero de 2013 casi 300 casas fueron arrasadas por las llamas en el sector de Rodelillos y el Cerro Placeres de Valparaíso, dejando a 1.200 personas damnificadas. Hasta hace poco, este siniestro era considerado el peor desastre ocurrido en Valparaíso desde el incendio de la noche de Año Nuevo de 1953.

Pero eso no fue todo. En abril del mismo año, un incendio originado en el sector El Vergel, en la quebrada que une los cerros La Cruz y Mariposas, consumió 40 hectáreas, destruyendo 35 casas y obligando a la evacuación de 150 personas.

Serían exactamente esos mismos sectores los que volverían a ser los principales focos del megaincendio que se desató este último fin de semana, y que está dejando un saldo de 2.500 viviendas destruidas, 11 mil damnificados y 15 víctimas fatales. La peor pesadilla de Valdés se hacía realidad.

Lo que revela el acta de la sesión del Concejo Municipal del 12 de diciembre de 2012, es que el municipio porteño estaba completamente al tanto del riesgo inminente de desastre en Valparaíso (ver acta municipal). La labor de remoción de la carga combustible –arbustos, maleza y desechos- más la construcción y mantención de cortafuegos, mostraba un mínimo progreso y no había presupuesto para completar la mayor parte de esa urgente tarea. La precaria situación de las arcas municipales quedaba una vez más al descubierto.

11 mil damnificados ha dejado el incendio en el Puerto.

La  carencia de dineros en la Municipalidad e Intendencia de Valparaíso es un problema de larga data. Y no sólo por falta de recursos. Por décadas los escándalos de corrupción han sido la tónica en las distintas administraciones de los gobiernos regionales y comunales. El más reciente se ventila aún en tribunales y en la Cámara de Diputados por un fraude que alcanza a los $1.000 millones de los fondos de la intendencia. Tres de los cuatro grandes escándalos de corrupción que han remecido a la Quinta Región en las últimas dos décadas, totalizan más de $2.389 millones en hechos dolosos.

La municipalidad no se ha quedado atrás en este terreno. Los desvíos de fondos públicos que se iniciaron con la nueva democracia en 1990, con el alcalde Hernán Pinto (DC), quien se mantuvo 14 años en el cargo, perduraron con sus dos sucesores. Así, la deuda de la Municipalidad de Valparaíso creció como una lengua de fuego: a fines de diciembre de 2002, el déficit era de $1.600 millones, la que aumentó en junio de 2003 a $4.100 millones. Actualmente la deuda alcanza a los $35 mil millones.

LOS MILLONES QUE NUNCA LLEGARON

En conversación con CIPER, el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso desde hace diez años, Ricardo Valdés, señaló que su crudo diagnóstico de 2012 dio pie a la elaboración de un oficio municipal enviado a la intendencia regional con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a las urgentes labores preventivas.

–En ese informe detallaba el número de personas, los materiales y las maquinarias que se requerían para ejecutar las recomendaciones de la CONAF respecto de la prevención de incendios. Eran como $238 millones los que necesitábamos para emprender esa tarea –dijo Valdés.

-¿Y qué se hizo con esa información?
–El alcalde (Jorge Castro) elaboró un oficio que fue enviado al Intendente (Raúl Celis) solicitándole los recursos para hacer lo que había que hacer.

-¿Fueron atendidas sus demandas?
–No, esos recursos nunca llegaron.

–Entiendo, entonces, que el desmalezamiento, construcción y mantención de cortafuegos; es decir, la escuálida contención frente a los incendios que presentaba Valparaíso en la tarde del 12 de abril, no era muy distinta a la de diciembre de 2012.
–Lo que estoy diciendo es que en el Concejo Municipal expuse las sugerencias de la CONAF respecto de los cortafuegos y el desmalezamiento para contener los incendios forestales, y que respecto de eso íbamos con un avance menor porque no teníamos los recursos. Esa alerta se transformó en un oficio para solicitar los recursos en la intendencia.

–Le insisto: si no hubo una inyección de dinero para las labores preventivas que usted mismo describió en diciembre de 2012, la situación no cambió desde entonces. ¿Me equivoco?
–Sí, claro, eso es verdad. Hice la mención, se transformó en una solicitud a la autoridad regional y nosotros no recibimos los recursos para abordar eso.

400 millones de pesos era el monto que pidió la municipalidad para limpiar los basurales.

El envío del oficio a la Intendencia de Valparaíso fue confirmado a CIPER por el alcalde Jorge Castro, quien aseguró que se despachó con antelación al incendio de febrero de 2013 en Rodelillos. Castro afirmó también que, a propósito de la alerta sanitaria decretada en noviembre del año pasado, luego del paro de los funcionarios encargados de la recolección de basura y aseo municipal, se volvió a insistir pidiendo los recursos.

–Nosotros tuvimos acá al ministro Jaime Mañalich (ex ministro de Salud), quien prometió que se sacaría toda la basura del fondo de las quebradas. Nos decretaron alerta sanitaria y al final no trajeron ni un peso, ni siquiera para esterilizar un perro. Mañalich pasó y prometió frente a la prensa y al final no sacó ni un kilo de basura. Nunca tuvimos respuesta de la intendencia frente a nuestras solicitudes –dijo Castro.

CIPER le solicitó al alcalde Castro copia de los dos oficios que dice haber enviado a la Intendencia de Valparaíso. Del primero, no hay rastro, aunque la concejal Paula Quintana (PS), afirmó a CIPER que “ese petitorio nunca se formuló”.  Sólo obtuvimos copia del segundo, fechado el 20 de noviembre del año pasado (ver Oficio Nº 468). En ese escrito se solicita que se gestione -ante el Ministerio del Interior- la entrega de $400 millones para paliar “la imposibilidad del retiro de los deshechos domiciliarios dispuestos en las quebradas de la ciudad, lo que conlleva un latente foco de infecciones… y probabilidades de incendio”. En uno de sus acápites se afirma: “la limpieza de quebradas es urgente de implementar”.

PRIORIDAD: MUSEO BABURIZZA

En septiembre de 2009, la CONAF y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) -dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional- firmaron un convenio para la ejecución de un plan de control de microbasurales en la parte alta de Valparaíso, a través de procesos de educación ambiental y participación ciudadana (ver documento).

Ese importante programa contó con un financiamiento inicial de  $1.779 millones.  Cuando se habían ejecutado obras por $780 millones, el gobierno decidió cortar el programa. Hasta entonces (septiembre 2009 – febrero 2011), con ese dinero fueron limpiados 102 microbasurales en toda la comuna, abarcando una superficie de 177.289 metros cuadrados, equivalentes a 25 veces la cancha de fútbol del Estadio de Playa Ancha.

El plan permitió por primera vez incorporar la educación ambiental en 33 colegios de Valparaíso (más del 50% de las escuelas municipales) y dio empleo a más de 200 personas. Pero su logro más importante fue que, con que esa intervención, se disminuyó el peligro que representan los vertederos clandestinos, el mismo foco de los incendios que se repiten todos los años en el Puerto.

Los mil millones de pesos que se le quitaron en 2011 al plan de limpieza de microbasurales, fueron destinados a acciones de “mayor visibilidad”, como aseguró a CIPER un ex encargado del programa. Entre las obras que se financiaron con esos dineros figura la remodelación del Museo Baburizza en el Cerro Alegre, y la reparación y compra de ascensores.

CORRUPCIÓN SIN CORTAFUEGO

Los casos de corrupción en la Quinta Región se arrastran desde comienzos de la década de los ‘90 y sus protagonistas atraviesan todo el arco político. Los miles de millones que se le han escamoteado a los fondos regionales y municipales y que salieron a la luz pública en los sucesivos escándalos de corrupción, fueron acrecentando las deudas de la ciudad al mismo tiempo que la pobreza de sus habitantes.

Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro, Iván de La Maza, Raúl Celis.

Según el último estudio de empleo de la Fundación Sol, que mide la Tasa de Desempleo Integral (calculado de las cifras de desempleo abierto u oficial; desempleo oculto y desempleo equivalente por subempleo), la Región de Valparaíso sobrepasa el 13%, compartiendo el primer lugar de la tabla con las regiones de Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

El historial de las denuncias por malversación de fondos públicos y fraude al Fisco comenzó en abril de 1993, cuando el entonces diputado Raúl Urrutia (RN) alertó sobre el pago de $389 millones por el desmalezado de 320 hectáreas de la Refinería de Petróleos de Concón. Seis personas fueron sometidas a proceso por los ilícitos descubiertos. La investigación judicial determinó que hubo desviación de dineros para financiar campañas políticas. Las redes alcanzaron al entonces senador Juan Hamilton (DC) y al que fuera diputado y luego alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC).

Una década más tarde, en 2005, el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció el uso de fondos públicos del Programa de Generación de Empleo (PGE) para pagar a 45 trabajadores de obras viales que nunca se realizaron. Los dineros se habían destinado a paliar la crisis económica que galopaba en Valparaíso, con un plan que buscó disminuir la cesantía, una de las más altas del país.

Fue así como estalló el llamado caso de los “empleos brujos”. El entonces fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubrió que esos fondos habían sido desviados a otras provincias para financiar campañas políticas de dirigentes socialistas. Los protagonistas de este nuevo hito en la corrupción que ha azotado la región fueron el seremi del Trabajo José Manuel Mancilla (PS) y el ex presidente del PS regional, Edgardo Lepe. El juicio se cerró en 2009, condenándose a seis de los nueve imputados.

En 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, el intendente de Valparaíso, Raúl Celís, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).

En la indagación se detectaron diversos sistemas para apropiarse de los recursos del gobierno regional, los que al igual que en los otros casos serían destinados para financiar campañas políticas. Los involucrados en la operación fueron, entre otros, Lorenzo Leiva, jefe de Finanzas del gobierno regional y Eugenio Aubele, empresario contratista de la zona y uno de los particulares que cobró cheques de la intendencia. Ambos fueron condenados por la justicia. El ex intendente Iván de la Maza (DC), quien no fue procesado, debió declarar ante la fiscalía y la comisión que constituyó la Cámara de Diputados para investigar los desvíos de fondos.

“Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda al gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró de La Maza.  Y eso fue todo pues el hilo se cortó por lo más delgado.

CÓMO SE DISTRIBUIAN LOS FONDOS REGIONALES

En medio de las secuelas que ha dejado el megaincendio en Valparaíso, una nueva comisión investigadora deberá constituirse en la Cámara de Diputados durante esta semana. El objetivo: determinar los montos y los responsables del último gran escándalo de corrupción en la Intendencia de Valparaíso y que ahora tiene en el banquillo de los acusados al ex intendente, Raúl Celis (RN).

Puede que la investigación de este nuevo escándalo regional y que nuevamente centra su atención en otros $1.000 millones que habrían sido desviados a campañas políticas, sea la que grafique con mayor crudeza las prácticas de corrupción enquistadas en el gobierno regional y de la cual no se escapa ni un solo partido.

Los comités parlamentarios de la Cámara se reunirán en los próximos días para elegir al presidente de esta instancia investigadora. Esta es la segunda comisión que investigará la misma operación de fraude al Fisco ya que en 2013 hubo una primera comisión que indagó los ilícitos sin llegar a ningún resultado.

Intendencia de Valparaíso.

En este juicio ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del intendente Raúl Celis. Otro protagonista de este nuevo fraude al Fisco es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le indaga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Hasta ahora, Urízar se había negado a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero “ahora se comprometió a hacerlo”, recalcó a CIPER el diputado Marcelo Schilling (PS).

Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones, ya que aparece como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.

La incautación de 10 computadores personales en la Intendencia de Valparaíso fue la diligencia clave que le permitió a la fiscalía empezar a desentrañar el modus operandi del nuevo fraude que sacudió a la Quinta Región. En el notebook del jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez, se encontró uno de los denominados “libros de cuotas”. Allí estaba el detalle de los proyectos que el gobierno regional tenía en carpeta con los respectivos montos asignados. Y junto a cada ítem los porcentajes que se repartirían entre los consejeros regionales.

En los hechos, el llamado “libro de cuotas” era la contabilidad paralela de la distribución que acordaron los miembros del CORE de Valparaíso, de los $1.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

“Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de cuoteo en el gobierno regional para la asignación de los proyectos. Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este sistema de distribución que sería de antigua data”, dijo el fiscal del caso, José Uribe.

El 13 de marzo de este año, la fiscalía pidió condenas de hasta 10 años de cárcel por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco con dineros destinados al financiamiento de 57 proyectos de interés social. En ellos, aparecen facturas por cerca de $150 millones por trabajos que nunca fueron ejecutados o no tuvieron un fin público. Entre los imputados se encuentran cuatro personas que habrían facilitado las facturas falsas para que en la intendencia se justificaran los millones de pesos que se desviaban hacia los consejeros regionales.

DE PINTO A CASTRO

La alcaldía de Valparaíso también ha sido epicentro de irregularidades financieras partiendo con el ex alcalde Hernán Pinto (DC), quien después de tres periodos debió retirarse temporalmente de la política luego de estallar en 2004 el Caso Spiniak, en el que fue un protagonista lateral.

El abogado Pinto fue designado en 1990 por Patricio Aylwin como alcalde de Valparaíso (aún no había elecciones municipales) y hasta el 2004 mantuvo el control total del municipio por elección popular.

Su historial político incluye un fuerte despliegue de trabajo en los cerros y también duras acusaciones de corrupción en el municipio. Una señal que grafica lo que ocurrió en su período es el aumento de la histórica deuda de la municipalidad porteña.  A fines de diciembre de 2002, el déficit del municipio era de $1.600 millones y cuando asumió  su sucesor Aldo Cornejo la deuda llegaba a $7.613 millones. Pese a que logró bajarla a $5.299, ello fue a punta de venta de recintos municipales, como el Estadio de Playa Ancha y el velódromo (a Chiledeportes) y la ex cárcel de Valparaíso (a Bienes Nacionales), entre otros. Actualmente la deuda de la Municipalidad de Valparaíso, bajo la administración de Jorge Castro, alcanza a los $35 mil millones, lo que incluye el déficit de la Corporación Municipal ($25.000 millones).

Palacio Baburizza fue remodelado con fondos destinados a limpieza de microbasurales.

En su tercer período como edil de Valparaíso (2000-2004), Pinto comenzó a gestionar un préstamo del BID de US$50 millones para “la remodelación de la Plaza Echaurren, el entorno de la Iglesia La Matriz (…) y convertir el edificio Luis Cousiño en un centro de convenciones, capaz de recibir visitas como los reyes de España”, según declaró a El Mercurio de Valparaíso el propio Pinto el 11 de marzo de 2004. Nada de eso se concretó mientras duró el programa.

Entre las irregularidades del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso que se han denunciado se cuenta la contratación de operadores pagados con dineros provenientes de ese programa otorgados por el BID  para levantar el área patrimonial de Valparaíso, que obtuvo la acreditación de la UNESCO en julio de 2003. La estrategia de intervención integral que se hizo entonces para realzar el valor del casco histórico, no logró materializarse completamente.

La corporación no se ha escapado a las prácticas de corrupción que se han convertido en una plaga en el Puerto. Según reveló una investigación de CIPER, la Contraloría detectó que cerca de $1.300 millones provenientes del fondo de Subvención Especial para Uso Educativo (SEP) fueron utilizados para fines distintos a la educación de los niños de sectores más vulnerables, como el arreglo de la sala municipal del Cine Condell.

En ese escenario era imposible que la basura y el material combustible acumulado en los cerros de Valparaíso, sumado a la carga combustible de corrupción que se enquistó en sus gobiernos regionales y municipales, no estallara. Y así fue.

Este artículo fue actualizado el jueves 17 de abril de 2014.