El cuaderno amarillo de Mañalich: Consejo para la Transparencia debe decidir si los datos que contiene son públicos o privados

Scanner de transparencia a los 109 nuevos senadores y diputados que se integran al Congreso

Este domingo 11 de marzo 155 diputados y 43 senadores serán los protagonistas de la inauguración de un nuevo período del Poder Legislativo. La novedad es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, todos ellos fueron elegidos sin sistema binominal. CIPER revisó en detalle las sociedades de los 92 parlamentarios que debutan en el Congreso y de los 17 que, luego de uno o más periodos de ausencia, retomarán su función legislativa.

Son más de 200 las sociedades vinculadas a esos 109 parlamentarios, las que operan principalmente en los rubros de comercio e inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías y consultorías, transporte, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles con las que se cruzará directamente la agenda legislativa y que les abrirá a varios congresistas flancos por potenciales conflictos de interés.

Para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), todos ellos tuvieron que cumplir con la normativa legal que los obliga a entregar una declaración de patrimonio e intereses. CIPER chequeó esos documentos e identificó a 20 parlamentarios que por distintos motivos no incluyeron en su declaración jurada sociedades en las que figuran como controladores o accionistas, vulnerando la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (promulgada en abril de 2016).

La revisión de CIPER detectó además 14 sociedades vinculadas a siete parlamentarios, que registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas básicas, como no pagar remuneraciones, exceder jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Allí destacan dos casos paradigmáticos: el senador Rodrigo Galilea Vial (IND-RN) propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

Desalojan a estudiantes de la Camara de DiputadosLa normativa exige además a diputados y senadores desprenderse de todos sus negocios –como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado. Ello, en un plazo de 120 días luego de asumir en el cargo.

Son cinco los parlamentarios que deberán acogerse a esta disposición, poniéndole término a una fuente de ingresos que en algunos casos asciende a varios millones de pesos. Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH),quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

En la nómina de los 109 parlamentarios revisada por CIPER, aparece también un puñado de diputados y senadores que han sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría General de la República o que aparecen involucrados en investigaciones del Ministerio Público. En esa última situación se encuentran los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes han sido investigados por la Fiscalía por los contratos y pagos que recibieron de empresas pesqueras que se beneficiaron con la cuestionada Ley de Pesca.

SOCIEDADES OMITIDAS

La revisión de CIPER arrojó que al menos 20 de los legisladores que se sumarán al Congreso no cumplieron con la obligación de incorporar todas las sociedades comerciales que integran y que cuentan con iniciación de actividades ante el SII.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La revisión de CIPER, detectando omisiones o imprecisiones en 20 casos de parlamentarios electos, demuestra que el control descrito en la ley no es más que letra muerta.

Inicialmente, esta investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones. CIPER tomó contacto con casi todos –solo cuatro no respondieron– y 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas.

GALILEA VIAL
Rodrigo Galilea

Entre los parlamentarios que no respondieron a CIPER se cuenta el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, quien tiene la mayor cantidad de sociedades entre los nuevos legisladores. Galilea incluyó 19 sociedades en su declaración de patrimonio, 15 de ellas en Chile y cuatro en el exterior (tres en Perú y una en Ecuador). El arco de actividades que desarrollan es amplio, lo que puede significar futuros conflictos de interés cuando legisle sobre materias que afectan sus negocios: construcción, actividad inmobiliaria, cultivo de frutales, tratamiento y distribución de aguas, inversiones y asesorías.

Galilea es también el parlamentario debutante que más sociedades ha constituido y que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio (nueve): Inversiones Futuro, Inversiones Alto Las Cruces, Diseños Mcgráfica, Agroservicios, Servicios de Comunicación Médica, Salmones Plata, Galilea Dos, Marketing ARM Internacional Chile y Servicios Comunicacionales. Como no respondió las consultas de CIPER, no se pudo establecer por qué no las consignó.

Galilea debuta en el Congreso pero no en la política. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró intendente del Maule, con la misión de liderar la reconstrucción de una región devastada por el terremoto del 27/F. Recibió duras críticas debido a que varias de las villas residenciales que sufrieron más daños fueron edificadas por su constructora Galilea S.A. (vea ese reportaje CIPER).

El nuevo senador aterriza en Valparaíso con el apoyo de importantes empresarios: Wolf Von Appen, controlador de Ultramar, y Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (supermercados Líder), figuran entre los que le aportaron dinero a su campaña. Galilea llega a la Cámara Alta precedido por su rol como director de la Zona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción y consejero nacional de la misma entidad.

OLVIDO Y CONFUSIÓN

Los parlamentarios que omitieron sociedades en sus declaraciones de patrimonio van desde el PC hasta la UDI.

BORIS BARRERA
Boris Barrera

En el flanco izquierdo figura el diputado Boris Barrera (PC, distrito de Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia). Barrera no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo. “A lo mejor me traspapelé”, dijo a CIPER, agregando que hizo su declaración el último día. Barrera ingresó a esa sociedad en diciembre de 2016, por lo que estaba obligado a declararla.

En la nómina también aparece el diputado Tomás Hirsch (PH, distrito de Peñalolén, La Reina, las Condes, Vitacura). La sociedad que omitió es FIC Digital, dedicada a la confección de material para campañas, como gigantografías y pendones. Hirsch explicó a CIPER que la empresa quebró y dejó de operar. Pero reconoció que no ha hecho el término de giro. Y mientras no haga ese trámite, debe declararla.

Karim Bianchi asumirá como diputado por Magallanes. Llega a la Cámara como independiente apoyado por el PRSD. La sociedad que no declaró es Karim Antonio Bianchi Retamales Servicios Comunicacionales EIRL. Su explicación es simple: “Se me olvidó”. Según dijo, está inactiva y nunca ha hecho una boleta.

El diputado Daniel Verdessi (DC, Los Andes, Quillota, La Ligua) participa en la sociedad Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres, pero la omitió. Explicó que está esperando aclarar si puede mantenerse dentro de la sociedad después de asumir como diputado. Si es incompatible, dijo, se retirará. Pero la norma es clara: al momento de rubricar la declaración debió incorporarla.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Jaime Mulet (Copiapó, Chañaral, Vallenar) y Pedro Velásquez (Coquimbo, La Serena, Ovalle), también omitieron sociedades. Mulet no incluyó a Atacama Innova (producción y venta de publicidad) ni a TSC Atacama (transportes). El diputado explicó a CIPER que como persona natural solo participa en tres sociedades, las que sí incorporó en su declaración. Sin embargo, las dos sociedades que omitió son controladas por las sociedades que sí declaró, por lo que debió consignarlas.

Pedro Velásquez no registró tres sociedades: Comercial e Inversiones Uriel, Servicios y Representaciones AMP Chile e Inmobiliaria e Inversiones del Rocío. “Me he dejado estar”, reconoció el diputado a CIPER. Y agregó que, aunque no tienen movimiento, no las ha cerrado y ahora lo hará.

CRUZ COKE
Luciano Cruz-Coke

El ex ministro de Cultura y diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli, Santiago, Providencia, Ñuñoa), no declaró Santa Javiera SpA (elaboración de estudios para medios sobre arte y cultura). “Está en proceso de disolución”, dijo a CIPER.

El diputado Frank Sauerbaum (RN, Chillán, San Carlos, Yumbel), quien retorna a la Cámara tras un periodo fuera del Congreso, no declaró Bío Masa Ñuble SpA (desarrollo y explotación de energía renovable). Se confundió, señaló a CIPER, porque pensó que era lo mismo que su sociedad Planta Bio-E Ñuble, ya que ambas participan en el mismo proyecto de generación de energía. Pero las dos tienen RUT diferente y están activas, por lo que estaba obligado a transparentarla.

Otros cinco diputados de RN integran la lista de los nuevos parlamentarios que omitieron sociedades: Eduardo Durán (San Miguel, El Bosque, San Ramón); Carlos Kuschel (Puerto Montt, Castro, Chaitén); José Miguel Castro (Antofagasta, Calama, Tocopilla) y Jorge Durán (Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia).

Eduardo Durán, hijo del obispo evangélico del mismo nombre, no declaró la Compañía Minera Alfa Omega. La sociedad, explicó Durán, funcionó un año y medio, hasta 2007. Ahora, dijo, está inactiva y tiene que hacer el trámite para cerrarla. Durán tampoco transparentó su participación en la Catedral Evangélica de Chile Jotabeche Cuarenta Metodista Pentecostal, la que administra el principal templo protestante del país, lo que sí debió incluir en su Declaración de Intereses.

Carlos Kuschel reconoció a CIPER que omitió declarar la Comunidad Kuschel Silva (sucesión que heredó bienes de su padre), Monte Verde (cuyo patrimonio es un predio de 111 hectáreas) y Servicios Tenglo (administra el arriendo de cabañas).

José Miguel Castrono consignó la Sociedad Transportes y Arriendo de Maquinarias José Miguel Castro Bascuñán EIRL: “No ha tenido movimiento hace años, debería estar cerrada”, dijo a CIPER.

El diputado Jorge Durán no incluyó Lavaya SpA (limpieza de vehículos y venta de artículos de aseo). Durán indicó que se pudo haber confundido porque la sociedad se creó en la misma época en que hizo la declaración. Pero la fecha de su declaración es 17 de agosto de 2017 y la sociedad se constituyó el 6 de abril de 2017, por lo que debió incorporarla. En todo caso –dijo- que se está retirando.

Jorge Alessandri
Jorge Alessandri

Los nuevos diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo (Coquimbo, La Serena, Ovalle), Jorge Alesandri Vergara (Santiago, Providencia, Ñuñoa) y Gastón Von Muhlenbrock (Valdivia, La Unión, Panguipulli), también dejaron sociedades sin declarar. A ellos se une Sandra Amar Mancilla (Magallanes), quien conquistó un escaño en la Cámara como independiente con apoyo de la UDI.

Fuenzalida dijo que no declaró Rentas Juan Manuel Fuenzalida Cobo EIRL, porque está sin movimiento comercial y no mantiene activos.

Alessandri omitió las sociedades Recreo Entretenimientos y Producciones After Office. Sobre la primera, señaló que él no es dueño director, porque la constituyó a través de otra sociedad: “No sabía que había que declararla, voy a preguntar para hacerlo bien”. Sin embargo, los registros indican que la constituyó como persona natural y que tiene su control, por lo que debió declararla. Respecto de Producciones After Office, participa en ella a través de otra sociedad: Zintex Producciones, la que sí está declarada.

En los registros revisados por CIPER Gastón Von Muhlenbrock figura con participación en Agrícola San Alberto, pero no la declaró. Von Muhlenbrock no respondió los mensajes de CIPER, por lo que no se pudo establecer por qué la omitió.

La situación de Sandra Amar es bastante menos grave que la del resto: se confundió y no declaró su empresa Sandra Haydee Amar Mancilla, Estudios, Asesorías Profesionales, Capacitación y Eventos EIRL, pero sí la consignó en su declaración de intereses, como una de las actividades económicas que realiza.

SENADORES QUE OMITIERON

Cuatro de los nuevos integrantes de la Cámara Alta también omitieron sociedades. Al ya mencionado Rodrigo Galilea, se agregan Rafael Prohens (RN, Atacama), José Durana (UDI, Arica y Parinacota) y David Sandoval (UDI, Aysén).

Rafael Prohens
Rafael Prohens

El futuro senador por Atacama reconoció a CIPER que fue un error no incluir Prohens Servicios (asesorías contables, financieras y computacionales). Formó esa sociedad con sus hermanos, dijo, y ya no trabaja con ellos: “Tengo oficina aparte”. Pero su participación societaria está vigente, por lo que corregirá su declaración.

José Durana no declaró tres sociedades: Editorial del Sur, F&S Consultores y Durana, Mc Conell Cía Limitada. La información proporcionada por su encargada de prensa indica que respecto de las dos primeras sociedades el senador cometió el error de declararlas solo como actividades económicas. Sobre la omisión de la tercera sociedad –Durana, Mc Conell Cía Limitada–, no respondió la consulta de CIPER.

David Sandoval admitió a CIPER que se equivocó al no incluir la Sociedad Comercial, Agrícola, Ganadera y Forestal Ventisquero en su declaración. Se confundió, dijo, porque al llenar el formulario del Servel el sistema le arrojaba que la sociedad llevaba muchos años inactiva, por lo que pensó que no debía incluirla. Consultando a otros parlamentarios supo que varios enfrentaron la misma situación y le explicaron que de todas maneras debía registrar la sociedad. A través de su asesora de prensa informó su intención de subsanar el error.

INFRACCIONES LABORALES

Los ajustes a la Reforma Laboral del gobierno de Michelle Bachelet están entre las prioridades de la administración de Sebastián Piñera. El nuevo equipo económico quiere introducir cambios en dos hebras sensibles: los servicios mínimos, en los que se buscará morigerar los efectos de la prohibición del reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva.

Varios parlamentarios con sociedades en rubros que requieren un fuerte contingente de mano de obra (como el agrícola y la construcción), deberán legislar sobre esas materias. Lo grave es que en el desarrollo de sus negocios personales, un puñado de ellos no se ha caracterizado por cumplir con la normativa laboral. CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas.

El caso más grave es el de Rodrigo Galilea: siete de sus sociedades acumulan 130 multas entre 2013 y 2018. Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas); Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

Info Multas OKEntre las sanciones figuran: no pago de remuneraciones, no otorgar descanso semanal compensatorio, no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo, no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, no disponer de duchas con agua fría y caliente, exceder jornada ordinaria máxima de 10 horas e implementar un sistema ilegal de distribución de la jornada laboral.

CIPER intentó comunicarse con Rodrigo Galilea, por teléfono y a través del equipo de comunicaciones de su partido. No hubo respuesta.

El diputado Boris Barrera es socio de dos empresas de mantenimiento industrial que suman en total 15 sanciones: Tecmaqin SpA y Sami Limitada. Tecmaqin acumula ocho multas de la DT, todas cursadas en 2017, por no declarar cotizaciones previsionales y no registrar contrato de trabajo de menores de 18 años, entre otras. Sami ha sido sancionada en siete oportunidades (2014 y 2015) por no otorgar finiquito de trabajo, incumplir el plazo de pago al trabajador y no presentar documentación completa.

La empresa de seguridad Zintex Eventos, cuyo controlador es el diputado Jorge Alessandri Vergara, registra tres multas entre mayo y septiembre del 2017. Alessandri señaló a CIPER: “Es una empresa de seguridad con 300 trabajadores y todo el tiempo nos están cursando multas, pero por temas menores (…) Soy uno más de los pymes de Chile que tiene que sufrir y cumplir con toda la normativa con poco personal. Encuentro súper bueno que los parlamentarios tengan experiencia emprendiendo, contratando, desvinculando, así uno puede legislar desde la experiencia”.

La sociedad RPE Maquinarias, propiedad del senador Rafael Prohens, registra tres multas en marzo de 2017 por extensión de horas de trabajo y no pago de horas extraordinarias.

-Entramos a una faena minera con un régimen 4X4, jornada que debe ser aprobada por la Inspección del Trabajo. En esa inspección nos pidieron que hiciéramos un depósito y nos dieron un número de cuenta en el BCI. Hicimos el depósito pero ellos se equivocaron y la cuenta correcta era del Banco del Estado. Por ese error la jornada no quedó aprobada y nos pasaron las tres multas. Aunque el error no fue nuestro, tuvimos que pagarlas y hacer el trámite de nuevo –explicó Prohens.

Medios y Cultura SpA, sociedad del diputado Luciano Cruz-Coke, y de la que también es socio el nuevo subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva Aldunate, ha sido infraccionada tres veces (por no entregar el trabajo convenido y no comparecer a citación). Cruz-Coke declinó abordar el problema y solo dijo que esas multas ya estaban pagadas y resueltas.

Ximena Ossandón
Ximena Ossandón

En mayo de 2014, la Dirección del Trabajo aplicó tres sanciones a la sociedad Agrícola Santa Ximena, de la que es socia la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy diputada por el Distrito 12 (Región Metropolitana) Ximena Ossandón Irarrázabal (RN). Los motivos: no informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, entre otras.

-En Agrícola Santa Ximena tengo un 0,2%, no participo ni he participado de su administración, por lo que no tengo nada que ver con esas multas -explicó a CIPER.

A la lista de sociedades de parlamentarios con infracciones de la DT se suma una empresa en la que participa la diputada por el Distrito 11 Catalina del Real (RN). La sociedad Comercial e Inmobiliaria El Coigüe registra dos multas (una por distribuir la jornada laboral en más de cinco días y otra por exceder las 12 horas diarias de permanencia en el trabajo). Del Real respondió a CIPER que esa sociedad “operaba el restorán de mi hermano, el Miraolas, entonces por eso deben ser las multas y debe estar solucionado. Yo me retiré del restorán cuando salí concejal de Vitacura”.

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Son al menos cinco los nuevos parlamentarios que figuran con sociedades que tienen (o han tenido) como clientes a organismos del Estado: Tomás Hirsch, José Durana, Jaime Mulet, Karim Bianchi y Miguel Mellado. Los contratos, en algunos casos, son millonarios.

La nueva ley de probidad y prevención de conflictos de interés obliga a que en los próximos días todos ellos se retiren de esas empresas o que estas se abstengan de hacer negocios con el Estado. La norma también incluye aquellas sociedades que exploten concesiones públicas, como las de radiodifusión.

Uno de los parlamentarios afectado es el diputado Tomás Hirsch. Desde 2006, su sociedad Matrix Limitada se ha adjudicado cerca de 200 licitaciones con municipios, universidades estatales, las Fuerzas Armadas y hasta la propia Cámara de Diputados. El monto total de las órdenes de compra cursadas a esta sociedad de comercialización de equipos e insumos para la industria gráfica, alcanza los $192 millones.

Infografía Negocios Estado OKUna segunda empresa de Hirsch, Decosolar SpA, ha obtenido $109 millones en adjudicaciones de las municipalidades de Antofagasta, Calbuco y del Parque Metropolitano, a los que les prestó servicios de iluminación. La última orden de compra data del 28 de febrero de este año.

Hirsch indicó a CIPER que para evitar conflictos de interés está vendiendo sus acciones en Decosolar. Respecto de Matrix, afirmó que permanecerá como accionista, pero que se restará de hacer negocios con el Estado.

El ex intendente de Arica y Parinacota y senador por esa misma región, José Durana, es socio de Anticípate F&S Consultores Limitada, la que registra seis órdenes de compra en 2014 y 2015 ($6,7 millones en total) por servicios de consultoría y capacitación a los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.

En F&S es socio de Durana el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esa consultora asesoró al Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Vertebral), mientras se discutía la reforma educacional. Siglos SpA, sucursal de F&S, registra otras cuatro órdenes ($1,6 millón en total).

A través de Inversiones Mallorca EIRL, el diputado por Atacama Jaime Mulet participa de la sociedad Rodríguez y Compañía, propietaria de la Radio 100.1 de Vallenar. La emisora tiene concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y entre 2015 y 2018 registra once órdenes de compra por un total de $3,1 millones con la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huasco y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. El 2 de febrero pasado Rodríguez y Compañía se adjudicó una licitación del Servicio de Salud de Atacama ($750 mil) por la compra de ocho cápsulas radiales.

Mulet señaló a CIPER que había cedido la administración y dirección de la radio a un tercero y que al asumir como diputado dará “estricto cumplimiento” a sus “obligaciones legales y constitucionales”.

Quien también participa en el rubro de la radiodifusión es el diputado electo Karim Bianchi, socio de Radio Soberanía y de Voz Austral. A través de ambas le ha prestado servicios de publicidad a municipios, Sernam, SAG y varias seremis.

Entre 2012 y 2015, Voz Austral registra 83 órdenes de compra por un total de $39 millones. Radio Soberanía, en tanto, tiene 51 órdenes de compra por $20,1 millones. Ambas sociedades también recibieron recursos públicos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales en 2017.

Bianchi señaló a CIPER que se está desprendiendo de sus negocios radiales: “Radio Soberanía se está vendiendo y toma tiempo porque depende de los plazos de la Subtel”.

Miguel Mellado
Miguel Mellado

Las comunicaciones es un rubro en el que otros nuevos parlamentarios mantienen negocios con el Estado. El diputado Miguel Mellado Suazo constituyó en 1992 –junto a los controladores de la Universidad Autónoma– la Sociedad de Televisión y Radiodifusión.De 2006 a la fecha la empresa se ha adjudicado más de 60 licitaciones por cerca de $280 millones con distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi. La sociedad también registra adjudicaciones de la Gobernación de Cautín en 2010 y 2011, justo en el periodo en que Mellado Suazo asumió como máxima autoridad de esa entidad pública.

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella, también de su administración, antes de asumir como gobernador en marzo de ese año. Mellado envió copia de los documentos legales que registran su retiro de la sociedad (ver reportaje de CIPER).

LA LUPA DE LA CONTRALORÍA

Rolando Rentería Möller (UDI), diputado electo por el Distrito 18 (El Maule), estuvo 16 años en el municipio de Linares, primero como concejal (2000-2008) y luego como alcalde (2008-2016).

En los ocho años de Rentería como alcalde, la Contraloría acumuló una larga lista de acusaciones en su contra. Entre las que más lo comprometían figuran un proceso de licitación para la mantención de las cuentas corrientes del municipio con el Banco BCI y un viaje de funcionarios y dirigentes deportivos al Mundial de Brasil en 2014.

En un informe de noviembre de 2014, el organismo contralor determinó que la contratación del Banco BCI favoreció la gestión de Rentería con diversos “aportes” monetarios a cambio de publicidad. Uno de esos aportes (mayo de 2014) sirvió para costear gran parte de la gira de 105 dirigentes deportivos, seis funcionarios municipales y dos concejales al Mundial de Fútbol. Contraloría desestimó que fuera un beneficio para la comunidad y reprochó que nunca se aclarara cómo fueron seleccionados los participantes y en qué consistieron las supuestas capacitaciones que recibieron en Brasil.

Rolando Rentería
Rolando Rentería

En 2016, el cúmulo de irregularidades detectadas por Contraloría puso a Rentería contra las cuerdas: el organismo le solicitó al Concejo Municipal evaluar una acusación contra el ex alcalde por abandono de deberes y sugirió aplicarle una sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Rentería ya había dejado el sillón municipal para asumir su candidatura al Congreso y esa sanción le habría puesto fin a su carrera política. Pero el Concejo Municipal nunca llevó adelante esa acusación. La concejala de Linares desde 2012, Myriam Alarcón (PPD), explicó a CIPER que el actual alcalde Mario Meza (RN) no puso el tema en tabla con la celeridad necesaria y que las veces en que se programó, no hubo quórum para sesionar. Finalmente, las faltas prescribieron y Rentería no pudo ser acusado.

Rentería atribuye todo a una persecución política: “Tenían claro que yo tengo la primera mayoría histórica en Linares”, dijo a CIPER. Respecto del viaje a Brasil, responsabilizó a una abogada contratada por el municipio, quien habría acreditado que todo estaba en regla. Argumentó, además, que la decisión del viaje no fue solo suya, sino del Concejo Municipal.

Quien también estuvo en la mira de la Contraloría es la diputada Andrea Parra (PPD). En 2016 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la contrató a honorarios para realizar labores de seguimiento y articulación en mesas territoriales del programa Chile Indígena.

La Contraloría descubrió numerosas irregularidades en esa contratación. La más grave: de las 16 mesas que Parra incluyó en sus reportes mensuales, nueve ya contaban con consultoras contratadas por licitación pública para las mismas labores. Además, se investigó la veracidad de las reuniones que Parra detalló en sus informes. Varios organismos negaron su existencia y una fue completamente descartada, pues la funcionaria municipal que figuraba como contraparte ya no prestaba servicios cuando Parra fechó el encuentro.

Andrea Parra
Andrea Parra

El órgano fiscalizador ordenó a Conadi restituir los $9,9 millones que le pagó a Parra entre noviembre de 2016 y abril de 2017 (ver informe). La diputada aclaró a CIPER que la sanción está en proceso, tras una apelación de la Conadi: “Solo hay un par de reuniones que no se realizaron, pero eso no implica que tengas que devolver meses de trabajo”.

La Contraloría también investigó los pagos que recibió de la Municipalidad de Linares el ahora diputado por el Distrito 17 (Maule) Hugo Rey (RN). En enero de 2017 fue contratado como “asesor técnico educativo” por más de $1 millón mensual, a pesar de que en mayo y junio debía trabajar por contrato solo ocho horas semanales. La Contraloría ni siquiera pudo comprobar si cumplió con esa jornada mínima. La investigación determinó que no se pudo acreditar la ejecución del trabajo y que Rey nunca visitó los establecimientos educacionales (ver informe).

-Yo hice las solicitudes de información a la municipalidad y me entregaron gran parte de los planes que hice, con letra manuscrita mía, y los más de 30 correos que intercambié con la Dirección de Educación. En unos días la Contraloría resolverá la apelación del municipio y no me cabe duda de que finalizará de manera favorable para mí –afirmó Hugo Rey a CIPER.

Esa no fue la primera vez que Contraloría cuestionó al ahora diputado. En 2010, cuando Rey era alcalde de Curicó, el organismo lo acusó de pagar a funcionarios por trabajos que no estaban debidamente respaldados (ver informe).

Sergio Bobadilla y Frank Sauerbaum volverán a pisar el Congreso este 11 de marzo. Ambos perdieron sus escaños en 2013, pero apenas dejaron la Cámara prestaron servicios a empresas pesqueras. Bobadilla y Sauerbaum habían integrado la Comisión de Pesca de la Cámara, instancia donde el lobby de las pesqueras se hizo sentir con fuerza para proteger sus intereses en la discusión de la cuestionada Ley de Pesca. Ambos aparecen en las pesquisas del Ministerio Público por sus nexos con Asipes.

Varios correos electrónicos publicados por CIPER dejaron en evidencia la estrecha relación entre Sauerbaum y el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. El rol de Sauerbaum consistía en enlazar a otros parlamentarios de RN con Moncada, recibir minutas y coordinar pagos por sus servicios a través de boletas presuntamente falsas de la empresa de su hermano. Por sus trabajos para Asipes, Sauerbaum recibió $6 millones en 2016.

Sergio Bobadilla
Sergio Bobadilla

Bobadilla y Asipes formalizaron su relación a través de un contrato con la consultora Bobadilla & Crovetto (de su propiedad) para la entrega de resúmenes noticiosos mensuales. Según un artículo de La Tercera, la consultora del diputado estaría siendo investigada por el Ministerio Público por asesorías a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y que fueron pagadas por Asipes.

Jorge Soria Quiroga (IND-PPD), nuevo senador por Tarapacá, fue alcalde de Iquique durante siete periodos. En 2006 Soria fue destituido como alcalde. Se le acusó de pagos irregulares por más de $100 millones hechos por el municipio a una empresa contratista cuyo dueño era cercano a Soria. En 2009 la justicia lo condenó por fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho. En 2012 la Corte Suprema revocó de manera unánime la condena y ese mismo año volvió a ser electo alcalde de Iquique.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Suprema cierra la puerta a transparentar cifras de “perdonazo” tributario de 2015

Esta es una de las grandes sombras que rodean a la elite chilena: cuánto dinero ha sacado fuera del país refugiándose en paraísos tributarios y sin pagar los impuestos correspondientes; cuándo sacó esos fondos y quiénes, dentro de la elite criolla, se han beneficiado más con esas prácticas.

Para poner luz sobre esos temas, en enero de 2016 CIPER hizo una solicitud de transparencia ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), buscando conocer antecedentes de las fortunas off shore que, aprovechando una suerte de “perdonazo” establecido en 2015, fueron transparentadas y en algunos casos repatriadas por su dueños.

En concreto, CIPER solicitó información sobre los montos de dinero que regresaron, precisando el país de origen; los 50 mayores montos retornados (sin individualización del contribuyente); y fechas en las que esos montos salieron de Chile o fueron generados en el exterior, entre otros aspectos (ver solicitud y respuesta del SII)

La solicitud fue acogida en parte por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2016, pero un año más tarde (la semana pasada) fue rechazada por la Corte Suprema (vea el fallo del máximo tribunal).

Los ministros del máximo tribunal del país votaron en contra de la posición argumentada por CIPER: en el citado “perdonazo” de 2015 había información que -sin vulnerar el secreto tributario individual-, era relevante para el debate público. Y se impuso la opinión de que cualquier antecedente, más allá de las cifras globales entregadas por el SII, vulneraban la privacidad de los contribuyentes y podía, además, poner en riesgo otros bienes jurídicos, “como los secretos empresariales y la eficacia e integridad del sistema de gestión tributaria”, según se lee en el fallo.

EL ORIGEN DE LA ANMISTÍA

Puede ser paradójico pero en un sistema de economía de mercado, donde la propiedad es un aspecto clave y casi sagrado, es extremadamente difícil saber quién tiene qué y en qué cantidad.

La propiedad escasamente está ligada a su propietario en forma directa. Lo normal es que la propiedad se ejerza a través de hilos muy sutiles, que se enredan a través de telarañas societarias y se internan en zonas oscuras, como paraísos tributarios o bancos con altos niveles de secreto.

Por ello, durante décadas la autoridad tributaria chilena sólo “intuyó” que la elite chilena había sacado del país una gran cantidad de recursos. Cuando se promovió el “perdonazo” de 2015, se hablaba de US$50 mil millones, aunque ninguno de los que repetía esa cifra tenía claro su origen y su exactitud.

La falta de normas para forzar el regreso de esos montos, llevó en 2014 al gobierno de Michelle Bachelet a aprobar -en el marco de la reforma tributaria- una suerte de amnistía, llamada formalmente “sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el exterior”.

Esta política pública permitió que aquellos millonarios que informaron al SII sobre sus fortunas fuera de nuestras fronteras, pagaran sólo una tasa del 8% de impuestos.

Mirada desde la perspectiva del vaso medio lleno -y con un criterio meramente práctico-, la disyuntiva era: tener un 8% (respecto de los recursos que se transparentaran) o no tener nada. Mirado desde la justicia y la ética, la disyuntiva era que el Fisco recibiera solo el 8% en vez de 32% o 48% que, dependiendo del caso, pudo haber afectado a los bienes o rentas no declarados.

Esta última perspectiva, la del vaso medio vacío, se volvió más real cuando en 2015 la filtración de información de cuentas del Banco HSBC (investigación de la que participó CIPER y que se conoció como Swiss Leaks), mostró un centenar de contribuyentes de alto patrimonio en cuentas que se ligaban a paraísos tributarios y que, de acuerdo a datos recabados por CIPER, no habrían sido informados al SII.

Según reveló el SII en 2016, al cabo de un año de ofrecer el  beneficio, 7.832  contribuyentes transparentaron sus patrimonios (o parte de ellos) en el exterior, lo que le permitió al SII recaudar un total de US$1.502 millones. Un simple cálculo matemático indica que el total de los dineros declarados asciende a US$18,7 mil millones. Eso significa un promedio de US$2,4 millones por contribuyente.

Este cálculo, sin embargo, puede ser engañoso. Primero, porque los promedios suelen esconder las declaraciones individuales que se disparan, lo que en este caso implica esconder a las grandes fortunas que salieron irregularmente al exterior. Por otra parte, hay una cantidad desconocida de contribuyentes que puede haber decidido permanecer en las sombras.

De hecho, la abogada tributarista Soledad Recabarren dijo a La Tercera que no recomendaba declarar los fondos en el exterior, porque si el SII considera que no se certifica la trazabilidad de los fondos hasta sus orígenes, se les podía cobrar una tasa de hasta 48%.

FIN AL DEBATE

¿Quiénes son estos 7.800 contribuyentes que aprovecharon la amnistía? Los datos son vagos. De acuerdo a antecedentes del SII (ver tabla 1 del estudio La parte del León) el 0,3% de los contribuyentes más ricos lo componen 21.200 personas. Es esperable entonces que los 7.800 formen parte de ese selecto grupo.

Para obtener más detalles de esta operación, CIPER hizo esa solicitud de transparencia. El SII se opuso y cuando CIPER acudió a la Corte de Apelaciones, esta le dio la razón por cuanto se solicitaba “divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto”, la cual no incurre en infracción, porque “no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente”.

El fallo de la Suprema, firmado por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, Jorge Dahm y el abogado Integrante Jorge Lagos, revirtió lo resuelto por la Corte de Apelaciones. En la práctica, ha mantenido las operaciones del 0,1% más rico en secreto, impidiendo cualquier evaluación pública informada que se pueda hacer sobre el accionar de ese grupo.

En su fallo, la Suprema sostuvo que los artículos que protegen el secreto tributario conforman “una estricta ordenación normativa que sistematiza el deber de reserva tributaria a favor de los contribuyentes con un tratamiento de datos de carácter personal por la vía de establecer un determinado régimen de confidencialidad y de protección y seguridad de los datos de carácter personal”.

Este dominio del secreto tributario sobre el interés público choca con lo que se observa en muchos países desarrollados, en los cuales la medición de la creciente concentración de la riqueza (y el debate público consecuente) se han alimentado del acceso a la información tributaria que, sin identificar a los individuos, entrega una señal del comportamiento de los más ricos como clase social.

El influyente trabajo de Piketty, Atkinson y Saez no habría sido posible si la autoridad judicial y/o política considerara que la información que tiene la autoridad tributaria, por provenir de las declaraciones de los contribuyentes, es esencialmente privada y debe permanecer secreta.

Eduardo Engel: “Con las redes sociales el costo de las campañas cayó notablemente”

Entre las grandes novedades de esta última elección –la primera después del cambio al sistema binominal- no solo está la sorprendente votación obtenida por el Frente Amplio, José Antonio Kast y Evópoli. También lo fue la ausencia de gigantografías y de “palomas” que inundaban las calles. Hubo menos gasto. El origen de ese cambio en las reglas fue la comisión que asumió el desafío de enfrentar la creciente demanda de transparencia después del estallido en 2014 del escándalo por el financiamiento ilegal de la política. Al frente de ella estuvo Eduardo Engel (ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en Estadísticas de la Universidad de Stanford y doctor en Economía del MIT), quien ha marcado la agenda anticorrupción de los últimos años desde el centro de estudios Espacio Público.

El Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, propuso una batería de medidas que incluyó limitar el gasto electoral, prohibir las donaciones de empresas y transparentar las donaciones privadas. Después de la primera elección con la nueva normativa aprobada por el Congreso en funcionamiento, Engel hace su balance:

“Este es un paso muy importante en la dirección correcta, pero no es el momento de celebrar, hay que seguir trabajando para llenar los vacíos que recién están emergiendo, para complementar con medidas que no se aprobaron en su momento, como una franja de publicidad radial, especialmente para las elecciones más locales, donde se presenten más contenidos”.

Eduardo Engel dice que la ciudadanía valoró enormemente que las calles no estuvieran tapizadas de carteles y que hubiera mayor transparencia respecto del financiamiento de las campañas:

-Los privados que aportaron salieron en los diarios, se hicieron rankings; esa misma gente antes donaba diez veces más y no sabíamos quiénes eran. Ahora sabemos quiénes son y en buena hora que estén donando de cara a todo el país. Antes donaban de forma anónima, a través de la empresa y además con un subsidio de todos los chilenos porque lo descontaban de sus utilidades. Ahora donan directamente de su bolsillo, sabemos quiénes donan, los montos son más bajos y no hay subsidio. Incipientemente, uno ve elementos que sugieren campañas con más contenido.

EL EFECTO DE LAS REDES SOCIALES

-Termina la campaña electoral y en lo referido al financiamiento de ella, la comisión que usted presidió y propuso nuevas normas, quiso que tuviesen el efecto de emparejar la cancha, dejando en igualdad de condiciones a los desafiantes. ¿Cree que se cumplió ese objetivo?

En lo relacionado con el financiamiento de la política, lo que hizo la comisión que presidí tuvo dos objetivos principales: emparejar la cancha y transparentar cómo se financia la política. El segundo, evidentemente, se cumplió: antes no sabíamos quiénes hacían la inmensa mayoría de los aportes privados y además los hacían empresas. Hoy, las empresas ya no financian la política y todos los aportes privados significativos son públicos. Un cambio radical.

-También el transparentar el financiamiento es una forma de equilibrar la cancha, de evitar que alguien entre al juego con una ventaja indebida.

Son muchas las dimensiones en que se puede emparejar la cancha. Una de ellas es mitigar la ventaja de los candidatos incumbentes frente a los desafiantes, un aspecto enfatizado especialmente por analistas  de derecha. El 19 de noviembre el número de incumbentes elegido fue el más bajo desde 1990: la mitad de los diputados hoy en ejercicio deja la Cámara en 2018. Históricamente, solo el 40% no se repetía el plato, ahora fue el 50%. Claramente hubo más rotación. Otro objetivo, tanto o más importante, es que aquellos candidatos que tienen posiciones políticas cercanas a personas de alto patrimonio no cuenten con la enorme ventaja que tenían en el pasado y, por lo tanto, se puso límites mas estrictos al gasto y con un Servel con mayores capacidades de fiscalización. Esto vino acompañado de un segundo elemento que fue muy democratizador y que no se ha analizado lo suficiente: con las redes sociales el costo de las campañas cayó notablemente.

-¿Qué efecto concreto cree usted que tuvieron las redes sociales en esta elección?

Eduardo_Engel
Eduardo Engel

Mi conjetura, porque no tengo datos duros, aunque espero que alguien lo investigue, es que parte importante del éxito del Frente Amplio (FA) fue haber entendido mucho mejor que las otras coaliciones cómo usar las nuevas redes sociales para hacer una buena campaña. Hoy, con sumas bajas de dinero, a través de Facebook, puedes llegar de manera  muy focalizada a tus eventuales electores y con mensajes bien específicos para cada uno de ellos: uno para hombres de entre 20 y 25 años, otro para mujeres de entre 55 y 60, puedes distinguir por nivel socioeconómico, etc. Todo a costos muy bajos. El desafío ya no está en tener mucho dinero, sino en tener propuestas interesantes y ser creativo para comunicarlas usando las redes sociales. Y varias anécdotas –ojalá se hagan estudios– sugieren que el FA lo hizo mucho mejor que la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

-¿Cuáles son los datos o hechos, aunque sean anecdóticos, que observó durante la campaña que le hacen pensar de esa manera?

Expertos en el uso de nuevas tecnologías, en conversaciones personales, han hecho un análisis en linea con lo que acabo de afirmar. El FA tiene gente joven, inteligente, que entiende de esto. Cuando en Espacio Público promocionamos nuestra Lupa Electoral, averiguamos algo de esto y en Facebook por $100 mil llegas a 200 mil personas con un mensaje focalizado al público al que quieres llegar, puedes segmentar. Ese es el futuro de las campañas. La antiguas gigantografías no solo no informaban nada, porque eran solo la cara del candidato, sino que además eran costosas, ya que tenías que tener a alguien que las cuidara.

-En ese sentido, pareciera que esta campaña fue menos marketera. Estábamos acostumbrados a un nombre y un eslogan; y ahora, al parecer, junto con el despliegue en redes sociales, hubo más tarea territorial para presentarle ideas al elector. ¿Será que en este nuevo rayado de cancha, el FA hizo un mejor trabajo para llegar al elector con algún discurso y no solo un folleto?  

Exactamente. Aunque sea un mensaje en Facebook, ya no puede ser solo una cara. Se necesita una frase, una idea y después un link que te lleve a algo con más contenido. Hemos iniciado un cambio cultural que no será inmediato, va a tomar tiempo. Al prohibir las gigantografías y limitar los carteles en lugares públicos, sacaste un elemento muy importante en que la lógica de campaña se parecía mucho a la promoción de una pasta de dientes: tú llegas a la farmacia y compras aquella que más recuerdas por los avisos que has visto. Esa era la lógica que había, apuntando a que el elector recuerde el nombre del candidato o candidata. Un marketing que además escondía el partido y donde no había ni una idea. Hoy se invita a campañas más programáticas.  Ese era un objetivo que buscábamos con las propuestas que hicimos en la comisión.

-Esta modalidad con más discurso, más contenido, ¿favoreció a los candidatos menos conocidos? Porque la gente más o menos sabe lo que puede esperar de Sebastián Piñera, de Alejandro Guillier, de la UDI, PS o PPD, pero sabe mucho menos de partidos como Revolución Democrática o de candidatos independientes.

En el momento en que nos manifestamos a favor de limitar el gasto en campaña, el objetivo era crear una cancha más pareja para aquellos que tienen ideas nuevas. Si el desafiante va a decir lo mismo que ya dice el incumbente, no va a tener cómo posicionarse, porque al incumbente ya lo ubican. Pero si tienes ideas nuevas, el incumbente ya no puede inundar todo el espacio público con propaganda, te tiene que dejar un espacio que haga posible que las des a conocer. Y si tú tienes ideas nuevas en un ambiente en el que las puedes difundir a bajo costo, puedes salir adelante.

-Entonces, el emparejamiento no se da solo porque se limita el gasto y la propaganda callejera, sino por innovar en las herramientas de campaña, sacar mejor rendimiento a las redes.

Las nuevas tecnologías te llevan a un tipo de campaña más barata y con más contenido, lo que se está empezando a explorar y a notar. Creo que entre las coaliciones, el FA exploró mucho mejor, pero esto está abierto para que a futuro el resto también vaya aprendiendo.

-¿Significa esto que ahora se va a demandar un nuevo tipo de profesional para la campaña?

Los servicios de Google, de Facebook, etc., son el futuro de las campañas en Chile y en todo el mundo.

-¿También para las zonas rurales, más aisladas, las poblaciones más vulnerables, donde la penetración del mundo digital es menor?

26 10 2008ELECCIONES MUNICIPALES 2008 TEMATICAS ESTADIO NACIONALDéjame darte un número: siete millones de personas tienen cuenta de Facebook en Chile. No es todo Chile, es cierto, pero tampoco es solo ABC1 y C2. Una mitad de Chile tiene y ese número va creciendo a pasos agigantados. Entonces, efectivamente hay comunas muy rurales o muy pobres donde esto no es relevante, pero no estamos hablando de Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina. ¡Son siete millones! Claramente, al FA le fue muy bien en Maipú y lo que ocurrió en esa comuna es un elemento para pensar que esto no es un fenómeno de una pequeña elite.

-Estas nuevas vías para conectarse con los ciudadanos, ¿habrán generado que votara gente que no tenía historia electoral?

No hay datos para asegurar eso. Todo el mundo especula en Chile a partir de la anécdota. Puede ser, pero me gustaría ver datos para hacer una afirmación de ese tipo. Un dato duro y que no se ha aquilatado lo suficiente es que, por primera vez desde 1989, se detuvo la caída en la participación. Hubo una recuperación, aunque de niveles muy bajos. En la municipal de octubre de 2016, la participación fue bajísima, sólo 4,9 millones. Lo habitual es que en la presidencial que sigue a una municipal vote un 15% más, lo cual auguraba 5,7 millones. Sin embargo, el 19 de noviembre votaron 6,7 millones: una recuperación de un millón de votos. Es decir, hubo una recuperación importante en participación, la tendencia sistemática a la baja desde 1990 por primera vez se revirtió. Es una recuperación que probablemente refleje una combinación de varios factores, entre ellos el reemplazo del sistema binominal por uno mucho más competitivo. Antes, casi siempre se elegía un candidato de cada coalición, ahora hubo mucho más oferta, era menos obvio quién ganaba y, por lo tanto, el escenario era mucho más competitivo. Otro factor para la recuperación fue que al menos en Santiago, Valparaíso y Concepción, hubo transporte público gratuito: Metro, Merval y Biotren. Esa fue una de las propuestas que hicimos en la comisión y que no se aprobó, pero que ahora se está llevando a cabo de a poco: transporte público gratuito el día de elecciones.

-¿Habrán sorprendido las nuevas reglas a partidos que estaban desacostumbrados a la calle y a la discusión en las redes sociales? Para mucha gente que no vio las grandes movilizaciones electorales de los años 60, 70 y fines de los 80, fue una novedad ver voluntarios que no solo repartían papelitos, sino que conversaban, articulando un discurso.

He escuchado anécdotas que son alentadoras y me encantaría ver un trabajo sistemático documentándolo. Espero que profesionales de Ciencias Políticas estén haciendo un trabajo que lo formalice, más allá de la anécdota, para tener una medición de este fenómeno y, además, ver cómo campañas más propositivas se van ojalá reforzando y acentuando. Ya tuve algunos de estos relatos anecdóticos para la municipal anterior, gente que me decía: “Primera vez que se acerca un candidato a hablarme”. Historias interesantes e inspiradoras, pero se precisa un trabajo más sistemático para no dejarse llevar por cosas que uno quisiera que ocurran, pero no siempre suceden.

-¿Hasta qué punto la autopercepción que pueden tener ahora los desafiantes, de sentirse más competitivos, genera más interés del ciudadano? Porque al tiempo que se entusiasman los representantes del Frente Amplio, la derecha tiene que tratar de detenerlos. ¿No le parece que este es un cuadro electoral donde pareciera que vuelve a haber algo de fondo en juego?

La campaña se hace mucho más competitiva. Antes, en la elección parlamentaria, en casi todos los distritos tú sabías que uno de los candidatos electos iba a ser de la Concertación y el otro de la centroderecha. Acá hubo una campaña en que realmente hasta el último día no sabías quién salía electo, donde hubo senadores y diputados emblemáticos que perdieron, donde ganaron algunos que nadie esperaba. ¿Quién esperaba el senador que obtuvo en Valparaíso el FA y que era prácticamente desconocido hasta el día anterior? Hay gente nueva que emerge y otros que todo el mundo esperaba que siguieran y que no lo lograron.

VACÍOS EN LAS RENDICIONES DE GASTOS

-Durante el trabajo de la comisión que usted presidió un punto que se discutió fue que la fuerte limitación de los aportes privados podía terminar aumentando los aportes propios de los candidatos con alto patrimonio. ¿Se observó eso en la campaña?

Con la legislación antigua no había límites para el financiamiento de campaña en base al patrimonio del candidato. Con la legislación aprobada el 2016 este financiamiento no puede ser más del 20% del gasto total permitido. Donde hubo más críticas fue por los problemas que tuvieron algunos candidatos para obtener crédito, el que cancelan luego de la elección con el reembolso que obtienen del Estado por cada voto. Hubo quejas de las campañas de Guillier y de Goic, pero finalmente obtuvieron crédito. Es importante analizar lo que sucedió y sacar las lecciones pertinenes,  porque las campañas son periodos muy tensos, los candidatos están bajo mucha presión, y cuando algo no les funciona rápidamente buscan un culpable, y las reformas al financiamiento político pueden haber terminado siendo el chivo expiatorio. Lo que tenemos ahora son campañas con más financiamiento público y menos aporte privado y eso me parece bien. Por eso, las platas que obtienen los candidatos por cada voto aumentaron en un tercio (en UF), y un 25% adicional para las mujeres candidatas. Todo esto, a sabiendas de que el financiamiento privado iba a ser menor.

-¿En qué proporción ocurrió eso?, ¿cuánto pesaron realmente en esta campaña los aportes privados versus los públicos?

Las cifras que están disponibles en nuestra Lupa Electoral efectivamente sugieren -porque faltan los datos finales- que la importancia del financiamiento público es mayor que en el pasado, mientras que la del privado es menor. Y eso está bien, porque el financiamiento público es mucho más democrático al ser proporcional a los votos que obtienes. En cambio, el financiamiento privado premia a quienes tienen posiciones más cercanas a los que tienen alto patrimonio, entonces obviamente tiene un componente que no es representativo de las preferencias ciudadanas. Ese factor, que históricamente en Chile fomentaba una tremenda desigualdad, mantiene alguna presencia, pero es muchísimo menor que en elecciones anteriores.

También es bueno que ahora haya límites más estrictos a los aportes que puede hacer una persona determinada a una campaña, y además, se sabe quién está donando y eso ayuda a evitar la captura de la política. Si después un parlamentario apoya una legislación alejada de los intereses de quienes votaron por él o ella, puedes ver quién lo financió y llegar a las conclusiones que estimes.

-¿No se conoce algún estudio de causalidades con estas nuevas normas de límite y transparencia en otros países?

Hay un estudio reciente basado en una reforma que hubo en Brasil, que tiene la peculiaridad de que permite hacer la identificación causal de una manera clara: el cambio legal que se introdujo fue tal que hubo comunas muy parecidas donde algunas tuvieron un gasto máximo permitido mucho menor que otras, de modo que se pudo comparar las elecciones municipales en los dos tipos de comunas y determinar el impacto del límite al gasto. Esto es importante, porque el argumento que enarbolan típicamente en la derecha en Chile es que poner límite al gasto perjudica a los desafiantes. En el caso brasileño la evidencia es que no fue así, por el contrario, donde las limitaciones de gasto fueron más estrictas hubo más competencia y a los incumbentes les fue peor. Entre los autores de este trabajo hay líderes mundiales académicos en este tipo de estudios.

-También se dijo que la baja de los aportes privados podía ser un incentivo a los aportes ilegales. ¿Hay algo que haya observado en esta elección que permita concluir algo así?

Presidenta Bachelet, recibe informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Presidenta Bachelet y Eduardo Engel en la ceremonia de entrega del informe del Consejo Asesor.

Hacer eso hoy es mucho más riesgoso que antes de los cambios a la ley, porque antes los ilícitos en materia de financiamiento solo podían ser denunciados por los presidentes de partidos. Hoy, cualquier ciudadano puede hacerlo y el riesgo es mucho más alto. Sin embargo, subsiste una preocupación importante que con el tiempo se va a ir subsanando: no hay ningún indicio de que el Servel haya hecho estimaciones del gasto en campaña de una muestra de candidatos. Creo que en esta elección no es grave que no lo haya hecho, pero en el futuro, si queremos que este sistema funcione bien, es muy importante que el Servel tenga los recursos y las ganas de tener estimaciones independientes sobre cuánto fue el gasto electoral. Porque esa es la mejor forma de detectar cuando hay “maletín” de por medio. Si el Servel estima que una persona gastó 300 y rindió por 150, la pregunta obvia es por qué se produjo esa diferencia: o la explica o presumo “maletín”. Yo vengo mirando este problema desde hace años y siempre he insistido en que ese trabajo de cuantificar el gasto en campaña de los candidatos es clave. La ley le permite al Servel hacerlo, ojalá lo esté haciendo, pero no hay ningún indicio público de que lo haya hecho en esta elección.

-La ley se lo permite, ¿pero tiene el Servel la capacidad para hacerlo? ¿Puede hacer la fiscalización al punto que requiere el sistema como usted lo plantea? La experiencia indica que un guardián sin dientes no es un buen fiscalizador.

El Servel tiene las potestades legales. En cuanto a los recursos, cuando se vio el proyecto en el Congreso se dejaron algunas cosas como optativas, porque no había plata en ese momento. Es cosa de ponerlo en la discusión del presupuesto del año correspondiente y que la ciudadanía ponga presión y esos recursos pueden perfectamente estar. El Servel está en una transición con muchos desafíos nuevos, no puede hacer todo de una vez. Hay cosas en que claramente ha mejorado la gestión del Servel y lo hizo bien.

-¿Cuánta plata se movió en esta campaña, en comparación a las anteriores?

Hay un problema que dificulta responder esa pregunta. Tenemos en la Lupa Electoral las cifras que se conocen, pero hay un tema que el Servel debiera modificar: la ley dejó un vacío respecto a los aportes en especies que hacen los partidos a sus propios candidatos…

-Eso fue lo que distorsionó el cálculo del gasto real en la municipal pasada.   

Exacto. Los partidos rinden los gastos en especies solo después de la elección, de modo que conoceremos esas cifras de aquí a seis meses. Esto representa un riesgo para burlar los límites al gasto:  si un partido informa al Servel que en especies gastó 100 en cada candidato, pero en realidad gastó mil en uno que le importaba mucho y se excedió con ese candidato en el límite del gasto, eso el Servel no lo fiscaliza. Para evitar esto, el Servel debiera exigir que los partidos le informen durante la campaña del gasto en especies destinado a cada candidato.

-Es decir, que al momento de la compra del servicio de campaña, el partido informe cómo se distribuye entre sus candidatos.

Que se informe al Servel cómo se prorratea entre los distintos candidatos. De modo que el día de la elección sepamos todos esos gastos y, por lo tanto, tengamos la respuesta a tu pregunta sobre cuánto se gastó en esta campaña. En este momento tenemos una estimación que va a subestimar la cifra total, porque nos faltan todos los aportes en especies de los partidos.

-¿Cómo distorsionó esa carencia la suma de los gastos en la última elección municipal?

Hubo partidos en los cuales el gasto en especies, carteles, etc., fue grande. En cuanto a monto absoluto, el de la UDI fue el más grande: con $50 millones en aportes conocidos antes de la elección municipal versus más de $800 millones conocidos seis meses después. La diferencia fue casi igual de grande para el PPD. La forma en que nos dimos cuenta de esto fue cuando ingresaron los datos al Servel, y al analizarlos en Espacio Público, aparecían distintos partidos dando plata y la UDI cero. A la semana siguiente, nuevamente la UDI aparecía con cero pesos. La UDI no estaba pasándoles plata a sus candidatos y no entendíamos qué estaba pasando. Me topé con un dirigente de la UDI en algún foro y le pregunté. “Nosotros gastamos bien la plata del Estado y lo que hacemos es que compramos todos los carteles centralizadamente y después los distribuimos”, me respondió. Y bueno, el día de la elección municipal la UDI apareció gastando $50 millones y los otros partidos $300 millones, $400 millones, $500 millones.

-Como muchas otras cosas, esa sub-declaración de gasto electoral no es un ilícito, pero es un vacío que se debe corregir.

Exacto. Y es el tipo de vacíos que si no se corrige, los partidos lo van a utilizar más y más. Y, por lo tanto, se va ir perdiendo parte del espíritu con el que se legisló.

-Así y todo, tuvimos una elección más transparente.

Es evidente, y los ciudadanos lo pudieron ver, que fue una elección en que se gastó mucho menos y donde conocimos los nombres y montos de los principales financistas privados. Recordemos que en las elecciones anteriores lo que conocíamos era la parte que se gastaba legalmente, pero después supimos que había un montón de plata ilegal encima de esa. Ahora, claramente, se ve que se gastó mucho menos y tuvimos una cancha mucho más pareja. La mejor evidencia es que irrumpe un nuevo sector político y ni ellos mismos esperaban la votación que obtuvieron. Más allá de todo lo que pasó con las encuestas, lo del Frente Amplio es espectacular, pero lo de Evópoli también es interesante.

-Y la votación de José Antonio Kast…

Menciono el Frente Amplio y Evopoli porque son fenómenos que van más allá de un candidato presidencial.

Tres candidatos presidenciales y 38 parlamentarios ya han transparentado sus impuestos

Vea mapa de transparencia tributaria de los diputados, distrito por distrito

Vea mapa de transparencia tributaria de los senadores, circunscripción por circunscripción

Vea los ingresos y los impuestos pagados por los parlamentarios en 2016-2017

Ya son 42 los parlamentarios, un cuarto del Congreso, los que han accedido a transparentar ante sus electores y la opinión pública las fuentes de los ingresos que obtienen y también los montos que tributan, sumándose a la campaña internacional que organiza la ONG Finance Uncoverd y en la que participa CIPER.

Hasta ahora CIPER ha recibido las declaraciones de impuestos de 22 diputados, 8 diputadas, 10 senadores y 2 senadoras, los que desde el punto de vista de su militancias se agrupan así: 11 socialistas, 6 independientes, 5 comunistas, 4 radicales, 3 democratacristianos, 3 de la UDI (entre estos últimos figura el recientemente desaforado senador Iván Moreira), 2 del PPD, 2 de RN y 6 parlamentarios que militan en otras colectividades.

En el grupo destacan tres candidatos presidenciales: los senadores Carolina Goic (PDC), Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016) y Alejandro Guillier (Independiente apoyado por el PR, el PS y el PPD). Solo dos de los parlamentarios que postulan a la Presidencia de la República no han respondido hasta ahora a la invitación que les formuló CIPER: los diputados José Antonio Kast (UDI) y Felipe Kast (Independiente ex Evópoli).

La semana pasada la candidata Carolina Goic anunció -como parte de su programa pro-transparencia– que si llega a La Moneda promoverá que en cargos de primer nivel jerárquico (parlamentarios y ministros, entre otros) “la declaración de patrimonio incluya la declaración anual de impuestos”.

En esa misma línea se pronunció el candidato Manuel José Ossandón, quien dijo a CIPER:

-Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos.

Los últimos 13 parlamentarios que han enviado a CIPER sus declaraciones tributarias son:

Isabel Allende Bussi, senadora del Partido Socialista, Circunscripción 3, Atacama.

Bernardo Berger Fett, diputado de Renovación Nacional, Distrito 53: Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia.

Daniella Cicardini Milla, diputada del Partido Socialista, Distrito 5: Chañaral, Copiapó, Diego De Almagro.

Marcos Espinosa Monardes, diputado del Partido Radical, Distrito 3: Calama, María Elena, Ollague, San Pedro De Atacama, Tocopilla.

Maya Fernández Allende, diputada del Partido Socialista, Distrito 21: Ñuñoa, Providencia.

Cristina Girardi Lavín, diputada del PPD, Distrito 18: Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal.

Carolina Goic Borevici, senadora de la Democracia Cristiana, Circunscripción 19, Magallanes.

Alejandro Guillier Álvarez, senador independiente, Circunscripción 2, Antofagasta.

Hernán Larraín Fernández, senador y ex presidente de la UDI, Circunscripción 11, Talca

Luis Lemus Aracena, diputado del Partido Socialista,  Distrito 9: Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca.

Fernando Meza Moncada diputado del Partido Radical, Distrito 52: Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica.

Alberto Robles Pantoja, diputado del Partido Radical, Distrito 6: Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.

René Saffirio Espinoza, diputado independiente (ex DC), Distrito 50: Padre Las Casas, Temuco.

Estos 13 congresistas se suman a los otros 28 parlamentarios que ya habían hecho públicas  sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER):

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana).

Pepe Auth Stewart (Independiente, ex PPD).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista).

Alfonso de Urresti Longton (Partido Socialista).

Fidel Espinoza Sandoval (Partido Socialista).

Hugo Gutiérrez Gálvez (Partido Comunista).

Marcela Hernando Pérez (Partido Radical).

Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática).

Tucapel Jiménez Fuentes, (Partido Por la Democracia, PPD).

Juan Pablo Letelier Morel (Partido Socialista).

Fernando Meza Moncada (Partido Radical).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal).

Carlos Montes Cisternas (Partido Socialista).

Juan Morano Cornejo, (Partido Demócrata Cristiano).

Iván Moreira Barros (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Alejandro Navarro Brain (País, en formación).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista).

Manuel José Ossandón Irarrazaval (ex Renovación Nacional).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC).

Rabindranath Quinteros Lara (Partido Socialista).

Jorge Rathgeb Schifferli, (Renovación Nacional).

Luis Rocafull López (Partido Socialista).

Fulvio Rossi Ciocca (ex Partido Socialista).

Karla Rubilar Barahona (Independiente).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente).

Guillermo Teillier (Partido Comunista).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista).

CASO A CASO

La senadora Isabel Allende envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año (2014, corresponde a los ingresos de 2013) informó una dieta anual parlamentaria de $82.854.593, destinó $13.982.333 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $11.568.619 por concepto de impuestos.

Al año siguiente, reportó una renta anual de $88.254.087, destinó $14.762.567 a su APV y pagó $8.443.301 por concepto de impuestos. En 2016, Allende informó rentas como senadora por $105.656.685, hizo donaciones para fines sociales por $306.500, un aporte a su APV de $15.366.945 y pagó impuestos por $17.480.482. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales por $106.878.505, destinó $15.799.382 a su APV y pagó en impuestos $17.991.677.

El senador Hernán Larraín  envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017. En 2015 acreditó ingresos (de 2014) como parlamentario por $92.167.140, además de ingresos por $10.566.425 originados en rentas de capital, según explicó a CIPER. También obtuvo $45.020.191 originados en ventas de acciones (que estaban libres de impuestos y que las había comprado en $40.400.441). Larraín destinó $8.708.881 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó en impuestos $21.447.856.

En 2016, Larraín informó una dieta anual parlamentaria de $97.266.302 y rentas de capital por $1.635.416, según explicó el senador a CIPER. Obtuvo también $29.856,682 originados en venta de acciones libres de impuesto (y que compró en $27.450.114). Destinó $10.455.131 a su APV y pagó $15.215.163 en impuestos. Finalmente, en abril pasado, Larraín declaró ingresos provenientes de su dieta parlamentaria por $96.087.082; recibió además $13.877.070 por venta de acciones libres de impuestos (que compró en $12.701.201). Destinó $10.331570 a su cuenta de APV y pagó en impuestos una suma de $13.159.602.

Bernardo Berger, Daniella Cicardini, Marcos Espinosa, Luis Lemus, Maya Fernández, Cristina Girardi y Alberto Robles transparentaron sus declaraciones tributarias de 2017 en las que se registra que solo reciben remuneraciones por su trabajo parlamentario.

Bernardo Berger informó una dieta anual de $99.762.016 y un pago de impuestos de $26.515.485. Daniella Cicardini envió a CIPER una declaración en la que informó que en 2016 solo recibió ingresos como parlamentaria por $106.626.759 y un pago de impuestos de $25.495.131.

El diputado Marcos Espinosa reportó una renta anual de $106.105.335 y pagó por concepto de impuestos $25.432.161. El diputado Luis Lemus envió a CIPER sus declaraciones desde 2014. En la que hizo en abril pasado reportó ingresos de su dieta parlamentaria por $106.095.936 y un pago de impuestos de $25.428.400. La diputada Cristina Girardi declaró una renta anual de $98.190189 y pagó en impuestos $22.001.548. Finalmente, el diputado Alberto Robles declaró ingresos anuales por $90.293.840 y pagó $18.966.741 en impuestos.

El diputado Fernando Meza hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2014, 2015 y 2016. El primer año declaró ingresos como parlamentario por $90.134.275 y también “rentas de capital” por $6.780.797. Destinó $1.165.478 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $26.302.242 en impuestos. En 2015 informó una dieta de $7.995.226 y pagó $23.119.539 por concepto de impuestos. En 2016, el diputado Meza solo informó una renta anual de $97.154.405 ($8.096.200 por mes como diputado), por la que pagó $22.876.925 en impuestos.

El diputado René Saffirio hizo públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, consignando que solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2015 su renta fue de $102.289.086 y pagó en impuestos $24.969.348. Al año siguiente, su dieta ascendió a  $104.326.006 y su pago de impuestos alcanzó a $29.440.374, monto que incluye $8.182.702 que debió pagar por retiros que hizo de su Ahorro Previsional Voluntario (APV). En 2017 declaró ingresos por su dieta de $106.145.282 y pagó $25.448.137 en impuestos.

LOS PRESIDENCIABLES

CIPER recurrió a un experto tributario para que examinara los Formularios 22 de los tres presidenciables que han decidido transparentar hasta  ahora. El análisis corresponde a las declaraciones de los tres últimos años tributarios: 2015, 2016 y 2017. A continuación su informe:

Manuel José Ossandón

Manuel José Ossandón

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016).

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.034.006

Otras rentas empresariales: $6.930.530

Venta de acciones (libres de impuesto): $92.879.864

Costo de adquisición de acciones: $96.985.000

Observaciones: Durante ese año vendió acciones que no pagan impuesto, pero en esa venta no obtuvo utilidad.

Alejandro Guillier

Alejandro Guillier

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Retiros de sociedades: $263.031

Ingresos por depósitos, u otros: $138.652

Pérdidas por depósitos u otros: ($101.877)

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Retiros de sociedades: $587.753

Ingresos por depósitos, u otros: $95.544

Pérdidas por depósitos u otros: ($95.544)

Impuesto por retiro de APV: $8.767.616

Observaciones: El retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) fue de aproximadamente $27 millones, y por anticipar ese rescate (antes de jubilar) se aplica una sobretasa.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente ((dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.770.360

Retiros de sociedades: $267.269

Ingresos por depósitos u otros: $53.690

Pérdidas por depósitos u otros: ($53.690)

Rebaja por ahorro APV: $1.477.478

Rebaja por intereses de crédito hipotecario: $414.647

Observaciones: Durante este año efectuó ahorros por APV lo que le significó una rebaja de impuestos.

Carolina Go

Carolina Goic

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $90.270.359

Honorarios:         $1.166.691

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $92.048.349

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de diputada y a partir de marzo como senadora): $ 88.273.471

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

INVITACIÓN A OTROS PARLAMENTARIOS

Si usted quiere que sus representantes hagan públicas sus declaraciones de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa.

Estimado Diputado / Senador:
Soy (nombre) y voto en el distrito que usted representa. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho algunos de sus colegas.

Estimo que los ingresos que reciben los legisladores y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos de parte de quienes hemos elegido para legislar.
Muy atentamente
(Nombre)

INVITACIÓN A OTROS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Si usted quiere que su candidato presidencial haga pública públicas su declaración de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa.

Estimado (Nombre):

Soy (nombre) y pienso votar por usted en las próximas elecciones presidenciales. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho otros candidatos presidenciales.

Estimo que  los ingresos que reciben quienes buscan dirigir nuestro país y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos.

Muy atentamente

(Nombre)

Declaración de patrimonio del diputado Farcas devela debilidades de nueva Ley de Probidad

El 31 de marzo pasado venció el plazo para que las autoridades de todo el país presentaran sus declaraciones de patrimonio en el formato que establece la nueva Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (Nº 20.880). Esta nueva declaración debería permitirnos verificar que, por ejemplo, los parlamentarios que poseen un cuantioso patrimonio no legislen en temas en los que tienen intereses. Sin embargo, una revisión de la declaración hecha por el diputado Daniel Farcas Guendelman (PPD), es una alerta de las debilidades de esta flamante ley con un largo y rimbombante nombre.

La declaración del diputado Farcas llamó la atención desde el primer momento por la magnitud de su patrimonio –más de $10.800 millones– y fue objeto de diversas notas de prensa y entrevistas. Por esa misma razón, CIPER la revisó y constató que allí no se informan los datos indispensables que permitan evitar posibles conflictos de interés, ya que se omiten los rubros de las inversiones del diputado (ver declaración).

De la lectura del documento se desprende que, aparte de una empresa de transportes cuya participación valora en $250 mil, el resto del patrimonio de Farcas se concentra en dos sociedades de inversión cuyos activos serían administrados por un fideicomiso. El grueso de su fortuna corresponde a Inversiones Kava Ltda. ($10.766.467.465), sociedad de la que es dueño en un 99%. Siendo el diputado el controlador de Kavas, la nueva ley le exige que dé a conocer en qué sectores invierte. Pero en su declaración esa información permanece oculta.

CIPER inició entonces un rastreo en bases de datos disponibles para intentar dilucidar las zonas oscuras de sus inversiones. En base a esos datos (Diario Oficial, entre otros), es posible concluir que Kava tiene participación en múltiples sociedades. Y aunque no está claro el rubro de cada una, al menos debiera explicitarse su conflicto de intereses en temas farmacéuticos, acuícolas e inmobiliarios.

Al comienzo de su periodo, Daniel Farcas integró la Comisión de Vivienda de la Cámara, pese a que él mismo reconoció recientemente a La Segunda que tiene intereses en el rubro inmobiliario. Cuando se le consultó cómo se llamaba la constructora de su familia, afirmó no conocer el nombre: “sé que hacen algunas cosas, pero no sé dónde están construyendo”. A T13.cl le dijo que el origen de la fortuna familiar es la desaparecida cadena Guendelman, y aseguró que él no controla los $10,8 mil millones que declaró, sino que es parte del patrimonio de la familia Farcas.

Inversiones Kava Ltda. fue creada en marzo de 2005 por el diputado y su hermana Claudia Farcas, con un capital de $1 millón, monto que él aportó en un 99%. El objeto es amplio e incluye “toda clase de servicios, consultorías y asesorías” y la inversión en Chile y el extranjero en toda clase de bienes. La sociedad no ha tenido cambios en su composición, pero el 23 de abril de 2014, poco después de asumir como diputado, Daniel Farcas traspasó la “representación y administración de la sociedad y uso de su razón social” a su padre Adalberto y a su hermano Ariel.

Desde su creación hace 12 años, Kava ha invertido en millonarias participaciones en múltiples negocios de la familia Farcas, como Inmobiliaria Vertical (y a través de ésta en Agrícola Vertical), Tikún, Kineret, Tarbut, Teknol y Clarial, entre otras. Para hacerse una idea de los volúmenes de inversión: sólo entre 2014 y 2015, cuando su cartera ya estaba supuestamente en manos de un fideicomiso, Kava suscribió acciones por más de $9.900 millones en Tikún.

El árbol de sociedades de los Farcas tiene su corazón en el Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), empresa creada en 1979. En los años noventa, Adalberto Farcas le cedió a cada uno de sus cuatro hijos Farcas Guendelman (incluyendo el diputado) un 9% de participación y otro 9% bajo la fórmula de nuda propiedad, quedándose él con el usufructo vitalicio. Los derechos de sus hijos fueron transferidos a Clarial en 2005. Tras sucesivas modificaciones, Centrovet quedó controlada en 2012 por Farquímica y Holding Salud Animal. A su vez, Centrovet controla Inversiones HSA.

No es un negocio pequeño. En 2009, El Mercurio informaba que Centrovet ya facturaba US$30 millones al año. Adalberto Farcas y sus cuatro hijos controlaban el 80% de la compañía, mientras que el 20% restante había sido adquirido por Víctor Hugo Puchi, el mayor empresario salmonero nacional y controlador de AquaChile. El interés de Puchi en Centrovet no es difícil de adivinar: el producto estrella de la compañía son las vacunas para salmones.

Tres años más tarde, en 2012, vendría su internacionalización, cuando una de las mayores farmacéuticas veterinarias del mundo ingresó a la propiedad de Centrovet a través de un joint venture. Se trata de la francesa Virbac, que en ese momento facturaba más de 700 millones de euros al año, mientras que Centrovet ya vendía US$ 58 millones, según medios especializados.

Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía y el ministro de Agircultura cortan la cinta.
Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el ministro de Agricultura, Carlos Furche, cortan la cinta.

En noviembre de 2014, Centrovet inauguró con bombos y platillos un Centro de Investigación y Desarrollo en su sede de Cerrillos, con una inversión de US$12 millones. A la ceremonia asistieron representantes políticos de alto nivel. La cinta tricolor la cortaron el ministro de Agricultura, Carlos Furche; su par de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el senador Guido Girardi (PPD), muy cercano al diputado Farcas. No era la primera vez que el senador Girardi visitaba la planta: en 2008 estuvo en el lugar junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

El año pasado, sin embargo, Centrovet fue un lastre para Virbac. Según informó la cadena francesa BFM Business, Chile fue el único lugar donde sus ventas cayeron. “En ese país Virbac fue penalizada por la industria chilena del salmón, que después de haber recurrido masivamente a los antibióticos, decidió restringir esa práctica, lo que hizo caer las ventas del grupo francés en ese mercado”, publicó en enero BFM Business.

LAS OMISIONES DE FARCAS

¿Quién es Daniel Farcas? La pregunta se plantea en un antiguo blog creado por el actual diputado por Conchalí, Huechuraba y Renca. El texto parte describiendo su trayectoria política y enumera los múltiples cargos que ha ejercido en el sector público. Detalla también su gestión como pro-rector y vicepresidente de la Universidad UNIACC (para lo que no cuenta ahí, ver reportaje “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”) y menciona sus numerosos grados académicos, incluyendo “post grados en administración de empresas, finanzas y marketing, Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University” (aunque no especifica que es una universidad virtual).

Al final del texto, se refiere a sus actividades empresariales y dice que ha sido director ejecutivo, asesor comercial, gerente y socio de las siguientes empresas: Transportes Conferencia Ltda., Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), Inversiones Kava Ltda., Farquímica Ltda., Inmobiliaria Vertical S.A.

En su nueva declaración de patrimonio (entregada el 31 de marzo) y que actualiza una declaración similar hecha cuando asumió como diputado en 2014, Daniel Farcas sólo menciona a Transportes Conferencia y Kava. También señala que es dueño del 1% de Inversiones Cloni Limitada, con $82.257.112. Sin embargo, el registro del Diario Oficial indica que se retiró completamente de esa empresa familiar en julio de 2013.

En 2014, su declaración de intereses incluía también una participación en Productos Químicos Ehlinger, pese a que no la mencionaba en su declaración de patrimonio. La nueva norma contempla un solo formulario, que incluye intereses y patrimonio. Según el manual que preparó el gobierno, esto es así debido a que ahora “se reconoce la dimensión de fuente de conflictos de intereses que posee el patrimonio, por lo que la separación entre patrimonio e intereses carece de justificación”.

Aunque hay una casilla en que se pregunta por “otras fuentes de conflicto de intereses”, el reglamento señala que el llenado de la casilla es voluntario (Farcas la dejó en blanco). Si además el mero nombre de las sociedades en que una autoridad participa no permite deducir en qué áreas invierte y el giro es tan vago como “inversiones”, tampoco se puede saber dónde podría haber conflictos de intereses, como sucede en este caso. El área de potenciales conflictos aumenta si se toma en cuenta que sólo se obliga a explicitar las inversiones de sus sociedades cuando se es controlador o administrador de la misma.

Eduardo Engel, quien presidió la comisión anticorrupción conocida por su apellido, señala que este aspecto de la ley pudo ser más exigente:

–Hubiese sido mejor tener detalles sobre las inversiones de sociedades que no controla el funcionario público, en la medida que los montos en cuestión sean significativos, ya que en caso contrario será difícil detectar conflictos de interés. Por ejemplo, un alcalde puede tener una participación minoritaria pero significativa en la sociedad “Santo Alcalde”, dueña de la empresa recolectora de basura “Diabla Basura”. Si el alcalde favorece a “Diabla Basura” en la licitación comunal, su declaración de patrimonio e intereses no servirá para detectar este ilícito, pues solo menciona a “Santo Alcalde” y no a “Diabla Basura” –explica Engel.

El caso del diputado Farcas es un poco más complejo. Su declaración incluye un mandato entregado a Portafolio Capital S.A. para la administración de una cartera de valores por un total de $10.848 millones (la suma de los activos de las tres sociedades que él mismo declara). Según el formulario llenado por Farcas, el contrato de ese fideicomiso fue firmado el 24 de diciembre de 2013 en la notaría de René Benavente.

CIPER fue a dicha notaría a consultar los índices y también revisó los documentos del Archivo Judicial y no encontró ningún registro que acredite que el contrato se firmó la víspera de la Navidad de 2013, como consignó el diputado. Simplemente no hay huella de la escritura.

CIPER entonces consultó al diputado Farcas por el contrato del fideicomiso. Su respuesta fue que nuestra búsqueda había sido en vano ya que el contrato del fideicomiso se hizo a través de una escritura privada. Eso significa que solo las partes se quedan con un facsímil.

El diputado Daniel Farcas declinó dar a conocer la copia de dicho contrato. Dijo no entender por qué él iba a ser el foco de un reportaje y no confiar en este medio, por lo que mantendrá en secreto el contrato. Insistió, eso sí, en que el fideicomiso “es ciego”: “He sido súper transparente y de una sola línea. No he participado en nada. No tengo idea en qué está invertido”.

Cabe recordar que, al momento de supuestamente firmar el fideicomiso, la situación de Farcas era como la de Sebastián Piñera en 2009: meramente declarativa, pues no existía una ley que fiscalizara que fuera realmente ciego. Según ha dicho el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, más allá de lo que diga el contrato entre privados, la ley obliga al mandatario a entregar información de sus inversiones si el mandante así lo requiere.

De todos modos, si el fideicomiso de Farcas existiera y estuviera regulado para ser ciego, la nueva ley establece que la copia del mandato debiera estar publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados, con el inventario de los valores sobre los que se constituye el mandato. Además, la empresa escogida para administrar el patrimonio del diputado debiera estar inscrita en un registro especial de la SVS. Nada de eso sucede.

Es importante destacar que la nueva ley solo obliga a crear un fideicomiso o enajenar los activos a quienes tengan un patrimonio de 25.000 UF ($664 millones) invertidos en “acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda”. Esos requisitos no se aplicarían al patrimonio de Farcas, al menos de manera directa, pues el monto mayor está invertido en una sociedad anónima cerrada (Kava).

La norma que sí le corresponde cumplir es la que lo obliga a detallar sus inversiones. Y ello, porque en Inversiones Kava el diputado declara poseer el 99% del capital. El artículo 7, letra e) explicita que cuando un funcionario sea el controlador de una sociedad o pueda influir decisivamente en su administración, deberán incluirse en la declaración de patrimonio sus bienes inmuebles, derechos, concesiones, valores y acciones en comunidades, sociedades o empresas. Como se dijo, nada de eso cumplió el diputado Farcas.

Además de la letra de la ley, que en este caso es clara, existe un reciente pronunciamiento de la Contraloría referente al artículo que obliga a vender o delegar en un fideicomiso el patrimonio de una autoridad y cuya interpretación podría extenderse a otros acápites de la ley. El pronunciamiento responde a una consulta del gobierno respecto de si las autoridades se deben desprender solo de aquellos títulos en que tengan propiedad directa o también incluye a aquellos en los que se participa a través de otra sociedad. La respuesta del contralor Jorge Bermúdez es tajante: se refiere a la propiedad “por sí o a través de una sociedad u otra entidad en la cual tengan participación”. Interpretarlo de otra forma, dice el dictamen, “permitiría vulnerar las obligaciones en análisis con relativa facilidad, mediante la constitución o integración de sociedades y el correspondiente traspaso de los pertinentes títulos, restando eficacia a la preceptiva establecida al efecto”.

DÉBIL FISCALIZACIÓN A PARLAMENTARIOS

Quizás el principal avance de esta nueva ley de probidad es que entrega a la Contraloría atribuciones para fiscalizar la veracidad de las declaraciones de patrimonio  y establece sanciones cuando no se cumpla con las normas. Hasta ahora, y tal como lo reportó CIPER en múltiples oportunidades, no era poco habitual encontrar declaraciones incompletas o con graves omisiones, sin que nadie se hiciera cargo de aquello.

Camara de DiputadosEn el caso de aquellas autoridades que están fuera del alcance fiscalizador de la Contraloría, el avance es más ambiguo. En lo que respecta al Congreso, la ley otorgó la supervigilancia a las respectivas comisiones de ética de cada cámara, las que están compuestas por los mismos parlamentarios.

A diferencia de la Contraloría, que recibió atribuciones para pedir información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la SVS, al Servicio de Impuestos Internos (SII), los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y a cualquier otro organismo público, no sucede lo mismo con el Congreso. Es decir, las comisiones de ética no tendrán facilidades especiales para poder chequear el contenido de las declaraciones de patrimonio y sólo accederán a información que es pública.

El prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, explicó a CIPER que la corporación firmó un acuerdo con el Registro Civil para facilitar el chequeo de los datos de las declaraciones. Si bien hay otro convenio con el SII, dicho organismo aún está evaluando qué información puede entregar, pues la ley no le permite dar a conocer datos amparados bajo el secreto tributario.

La ley señala que si un parlamentario no hace su declaración a tiempo o lo hace de manera incompleta o inexacta, “será apercibido” por la respectiva comisión y tendrá otros diez días hábiles para entregar el documento corregido. Si no lo hace, la multa es de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), descontables de su dieta, por cada mes en que no corrija la falta. Las comisiones pueden iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio o por denuncia de cualquier interesado, y si el parlamentario no está de acuerdo con la resolución puede presentar un recurso de reposición, que resuelve la misma comisión. A diferencia de los funcionarios de la administración del Estado, que pueden ser incluso removidos de sus cargos, para los parlamentarios no hay más que una multa.

Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados, dijo a CIPER que la Comisión de Ética decidió de oficio realizar un chequeo de los datos de todas las nuevas declaraciones de patrimonio. Para ello mandató a un equipo de cuatro personas de la Oficina de Informaciones para que en 45 días cruce la información con otras fuentes abiertas, plazo que vence a fines de mayo.

Además, actualmente en el Senado se tramita un proyecto de ley que crea una Dirección de Ética y Transparencia bicameral, iniciativa de los propios parlamentarios para enfrentar la crisis de confianza agudizada tras el escándalo de las platas políticas. La nueva dirección estaría compuesta por profesionales propuestos por Alta Dirección Pública y en el caso de las declaraciones de patrimonio su labor sería investigar su veracidad para luego entregar los resultados a las comisiones de cada cámara, que por ley son las que deben sancionar. Se espera que la nueva norma, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se despache en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso del diputado Farcas servirá para poner a prueba la nueva ley. A partir de la información que entregó, los chilenos no pueden saber de sus millonarios intereses en los cuestionados antibióticos de los salmones, ni que invierte dinero en negocios inmobiliarios, y tampoco fiscalizar que no vote en su beneficio. La Comisión de Ética tiene ahora la palabra y queda por verse si hubo mejoras reales en materia de probidad o es letra muerta para los parlamentarios.

Las sociedades en que se funde la fortuna de la familia Piñera Morel

“Mi madre siempre me dijo: si hay algo de mal gusto, es hablar de plata”, respondió el ex presidente Sebastián Piñera cuando en el matinal de Mega le preguntaron por el valor real de la fortuna de su familia. La Tercera había informado que en la declaración de patrimonio que entregó al Servel –como precandidato– incluyó activos por US$600 millones, lejos de los US$2.700 estimados por la revista Forbes. Piñera reconoció que la declaración subestima el valor real de su fortuna, pues considera avalúos fiscales y el “valor libro” de las empresas, pero invocó a su madre para no transparentar el verdadero volumen de sus activos.

“La revista Forbes estima un patrimonio familiar y lo que yo hice es declarar un patrimonio personal”, dijo en una entrevista posterior con Pedro Carcuro. Piñera y sus voceros se han esmerado en presentar las inversiones del candidato y las de sus hijos como dos carriles separados. Pero la división no es tan clara, tal como el propio Piñera lo describió en la misma entrevista de TVN: “Con mi mujer y mis hijos conformamos una sociedad hace más de 30 años y juntos hemos emprendido muchos proyectos y muchas empresas”.

BIDev SPMCIPER reconstruyó la trama societaria familiar de los Piñera Morel, la que cobra importancia en esta nueva carrera a La Moneda, porque no solo el candidato hará un fideicomiso, sino también su esposa e hijos, aunque la ley no lo exige. A diferencia de lo que hizo en la campaña de 2009, Piñera incluirá en su fideicomiso sus inversiones en el extranjero, pero sus herederos dejarán fuera sus negocios en el exterior. Así, pese a ir “más allá de la ley”, como suele insistir Sebastián Piñera, una parte importante de los negocios que ha creado y que poco a poco ha transferido a su familia, seguirá fuera del alcance del ojo público.

El año pasado Radio Biobío reveló la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y el diario Pulso dio a conocer una segunda en Luxemburgo, propiedad de los herederos de Piñera. Pese a las críticas que recibió en ese momento, Piñera no transparentó todas las sociedades en paraísos tributarios en las que participa su familia. Hay una tercera que omitió: Bancard International Development Inc., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y descubierta por CIPER durante la investigación para este reportaje.

FORTUNA FAMILIAR OFF SHORE

El ex presidente Piñera al anunciar que sus hijos van a poner parte de sus inversiones en un fideicomiso ciego voluntario, informó que él vendió su participación en las sociedades familiares. Lo cierto es que es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes del clan Piñera. Comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen –la fortuna de Sebastián Piñera Echenique– y lo que éste ha hecho es desligarse formalmente de su propiedad o bien entregarles una herencia en vida (sin pagar los onerosos impuestos a la herencia o a las donaciones).

Además, todas estas sociedades forman parte del llamado Grupo Bancard, que administra los negocios familiares. Es desde los cuarteles generales que Piñera tiene en Apoquindo 3000, que el equipo encabezado por el gerente general del Grupo Bancard, Nicolás Noguera, administra en conjunto el patrimonio de Piñera y el de su familia, que en la práctica es un family office.

Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre. En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas 13 años y su hermano Sebastián, 15. De enero de ese año data la primera publicación en el Diario Oficial que los sitúa como accionistas de Inversiones Bancard Limitada, junto a sus hermanas Cecilia y Magdalena. Cada uno de los Piñera Morel tenía entonces más de $520 millones de participación en esa sociedad.

Poder BII a SPESólo nueve meses más tarde, en septiembre de 1997, Sebastián Piñera creó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad Bancard International Investment Inc., la que sería representada por  Inversiones Bancard Limitada, la sociedad en que participan sus hijos. De acuerdo a un documento oficial de esa jurisdicción, la empresa tiene un capital autorizado de casi US$103 millones (ver documento). Su nombre salió a la luz cuando se descubrió que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior (ver el reportaje “Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal).

Las escrituras revisadas por CIPER dan cuenta de que Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en su nombre (ver documento de marzo de 2004). El ex presidente fue también director de esta sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián. Sería este último quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma sociedad, al menos hasta agosto de 2015.

No está claro en qué momento Bancard International Development Inc. se sumó al holding de empresas de la familia Piñera, pero las referencias más antiguas encontradas por CIPER en las escrituras revisadas para este reportaje son de 2004. Desde entonces se comportó en Chile casi como un espejo de la otra sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, primero con Sebastián Piñera Echenique como director, y luego con Sebastián Piñera Morel cumpliendo ese rol (ver documento de agosto de 2015).

Inversiones Bancard Ltda, la misma donde los hijos de Piñera debutaron en el mundo de los negocios, tiene su origen en una antigua empresa “zombie” y fue utilizada por su padre para eludir el pago de millones de pesos en impuestos (ver reportaje).

En 2015, CIPER reveló que dos sociedades del grupo habían sido denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas sin respaldo a SQM por un total de $344 millones. Se trata de Vox Populi y Administradora Bancorp, ambas sociedades en las que los cuatro hijos de Piñera tenían participación relevante.

La segunda fue, además, la que suscribió una operación ficticia de forward con el Grupo Penta, la que actualmente es investigada por el Ministerio Público. Sobre este episodio, el abogado de Piñera, Fernando Barros, dijo a El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”.

Administradora Bancorp era propiedad de Inversiones Bancorp Limitada (de Piñera, su mujer y sus hijos) y de Inversiones Santa Cecilia S.A., que a su vez está controlada por la anterior (ver reportaje).

LA SAGA GRIEGA

La Iliada, la Odisea y la Eneida, las tres grandes epopeyas grecolatinas, no sólo están unidas en sus argumentos por la Guerra de Troya, sino también por Sebastián Piñera. A partir de 2006, el ex mandatario creó una nueva línea de sociedades familiares para administrar su fortuna, a las que bautizó con el nombre de los tres relatos épicos.

Sebastián Piñera padre y Sebastián Piñera hijo
Sebastián Piñera Padre y Sebastián Piñera hijo

La primera en emerger fue Odisea. Su antecedente en la estructura societaria del empresario data en realidad de 2004, cuando junto a sus cuatro hijos constituyó Piñera Asociados como sociedad colectiva civil, una figura legal cuya característica principal es que no debe cumplir ninguna formalidad. Es decir, no debe publicarse su constitución en el Diario Oficial ni inscribirse en el Registro de Comercio, lo que la hace particularmente reservada para operar. Dos años más tarde, Sebastián Piñera la rebautizó como Inversiones Odisea Limitada.

En su constitución, la sociedad se caracterizó por el bajo aporte del padre –sólo $18 millones– mientras que cada uno de sus hijos figuraba invirtiendo $4.495 millones. A esa fecha, Cristóbal, el menor de los Piñera Morel, tenía 20 años y era estudiante de Sicología. Su hermano Sebastián probablemente estaba terminando su carrera de Ingeniería Comercial y Cecilia estaba recién titulada de pediatra. Magdalena, la mayor, es profesora de Historia y para entonces ya tenía varios años de experiencia laboral, pero nada que le permitiera invertir más de $4 mil millones.

Una cosa que resulta curiosa es el acceso que tenían los hijos de Piñera a la fortuna de la que en teoría ya eran dueños. Cuando en 2012 Cristóbal Piñera lanzó un emprendimiento en internet, señaló que pidió dinero a terceros y no al entonces presidente, y que como tuvo que renunciar a su trabajo debió volver a vivir a la casa de sus padres: “Viví seis meses de ahorros, me restringí de varias cosas que hacía antes”, dijo a La Tercera. Hablaba como un hijo de la clase media y no como el joven multimillonario que figuraba en las escrituras de las diversas sociedades familiares que integraba.

La participación de Sebastián Piñera Echenique representaba el 0,05% de Odisea cuando la vendió a sus hijos el 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República. Pero esa misma jornada, justo antes de desvincularse, Piñera ejerció un derecho sobredimensionado para su porcentaje de participación: podía elegir por sí solo a un miembro del directorio y dejó amarrado a su amigo y socio José Cox. Además, concurrió con su voto para elegir a Fernando Barros, su abogado de cabecera y creador de su red de sociedades.

Con Piñera formalmente fuera de Odisea, el nombre de ésta no hizo mayor ruido. Sin embargo, movía grandes volúmenes de dinero. Según La Tercera, en mayo de 2016 Odisea le prestó casi US$40 millones al grupo Cueto, al tiempo que invertía en numerosos fondos privados.

Odisea se hizo conocida cuando se supo de la compra de las acciones de Exalmar por parte de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado. En este fondo, Odisea tiene el 99,99999%, según informó al Ministerio Público el abogado de Mediterráneo, Juan Domingo Acosta, en la investigación por la compra de acciones en la pesquera peruana. El diario Pulso informó que Odisea es también la actual dueña de la sociedad afincada en Islas Vírgenes: Bancard International Investment.

Luego de que Piñera dejó La Moneda, Odisea sufrió dos cambios relevantes. En julio de 2014, los Piñera Morel, dueños cada uno de un 25%, volvieron a transformarla en una sociedad colectiva civil. Y en septiembre de ese año ingresó un nuevo socio mayoritario: Inversiones La Ilíada. Esta última se quedó con el 60,4%, tras aportar más de $345 mil millones (unos US$ 517 millones).

cristóbal piñera
Cristóbal Piñera

Durante la investigación por la compra de acciones en Exalmar, el Ministerio Público pidió documentos de varias de las empresas ligadas a la familia Piñera. El abogado Acosta se negó a entregar aquellos relacionados con La Ilíada, por haber sido creada fuera del “periodo relevante” (el periodo presidencial de Piñera, que terminó en marzo de 2014). Como también es una sociedad colectiva civil, no hay publicaciones que contengan la información. Pese a ello, CIPER encontró en el Archivo Judicial su escritura de constitución, fechada el 30 de julio de 2014. La creación de Inversiones La Ilíada marca el ingreso de la tercera generación Piñera en los negocios familiares: seis de los nietos del ex mandatario, todos niños pequeños, figuran como accionistas.

La Ilíada nació con un capital de sólo $1 millón, de los cuales Sebastián y Cristóbal Piñera Morel pusieron $250 mil cada uno. Los cuatro hijos de Magdalena Piñera y Pablo Rossel colocaron, en conjunto, otros $250 mil. El último cuarto del capital lo aportaron los dos hijos de Cecilia Piñera y Ricardo Levy.

Tal como ocurre con el Caballo de Troya en los relatos de Homero y Virgilio, la sociedad escondía una sorpresa. En solo dos meses, la modesta sociedad que originalmente tenía un capital de $1 millón fue capaz de invertir más de US$500 millones en Inversiones Odisea. ¿De dónde salió ese dinero? No hay registro público.

Con ese capital, Odisea estaba lista para ingresar a las ligas mayores. Así lo demuestran los documentos a los que tuvo acceso CIPER: el 17 de diciembre de 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida S.a.r.l, S.P.F. La primera sigla significa que es una sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la segunda señala que es una sociedad de gestión de patrimonio familiar, entes reservados exclusivamente para la gestión de activos financieros y que tienen beneficios tributarios, como la exención del pago de impuestos a las utilidades.

Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y ha logrado salir de las listas negras que lo consideraban un paraíso fiscal, pero sigue en un terreno gris. Es, al menos, una jurisdicción con bajas tasas impositivas (ver “Luxemburgo, el gran ducado de los pequeños impuestos”) y sus regulaciones favorables a las transacciones financieras la convirtieron en el país que ostenta el mayor PIB per cápita del mundo (ver “Cómo la elite política y financiera creó un paraíso fiscal”). Luxemburgo ha sido utilizado masivamente como una plataforma de evasión fiscal internacional, tal como lo demostró la investigación periodística Luxleaks (ver reportaje).

Inversiones Eneida nació con un capital de 12,5 millones de euros (ver documento de constitución), el que aumentó a 18 millones de euros apenas unos días después, en la víspera del año nuevo, el 31 de diciembre de 2014 (ver documento). Un año más tarde, en noviembre de 2015, la cifra aumentó a 30 millones de euros (unos US$ 32 millones). Todas las acciones fueron suscritas por Inversiones Odisea (ver documento).

La dirección en Luxemburgo de Eneida es la de Amicorp Group, empresa en que también trabajaban quienes fueron designados como sus gerentes: Fabio Mastrosimone y Marco Lagona, ambos domiciliados en Italia. Amicorp ofrece servicios de gestión de activos en jurisdicciones internacionales y se hizo conocida en Chile por abrir las sociedades que Sergio Jadue utilizó en paraísos fiscales para esconder su millonario fraude.

LOS HEREDEROS

El mayor de los hijos hombres de Sebastián Piñera Echenique, Sebastián Piñera Morel, se ha consolidado como su heredero en materia de negocios. Trabajó con su padre en Bancard y participó en el comité de directores que administró la porción de su patrimonio que quedó fuera de los fideicomisos ciegos que delegó cuando llegó a La Moneda.

En medio del gobierno de su padre, Piñera Morel viajó a hacer un MBA a la Universidad de Stanford y al regreso creó una empresa de inversiones, BP Capital, pero siguió participando de las decisiones estratégicas de Bancard.

Ricardo Levy
Ricardo Levy

Junto a su hermano Cristóbal, quien acaba de terminar un MBA en el MIT, es director de casi todas las sociedades de su padre: Vox Populi, Sociedad Agrícola y Ganadera Los Corrales, Parque Chiloé, Arenas Blancas, Inmobiliaria El Mañío, Inmobiliaria El Canelo, Inmobiliaria El Boldo, Inversora San Juan, Diptel, Inversiones y Asesorías Milenio, Hotelera Lago Ranco, Inversiones Santa Cecilia, Bancard Inversiones e Inversiones Bancorp, por nombrar algunas. Sebastián y Cristóbal Piñera Morel tienen además la representación de dos de las empresas familiares clave: La Ilíada y Odisea.

La presidencia de las sociedades de Piñera quedó delegada, cuando inició su carrera a La Moneda en 2009, en dos de sus hombres de mayor confianza: Fernando Barros y José Cox. Sin embargo, en agosto de 2015, Cox renunció al menos a ocho de esas sociedades. Ingresó entonces a escena un nuevo liderazgo: Ricardo Levy, el esposo de Cecilia Piñera Morel. Levy, quien es ingeniero civil de la UC y MBA de Stanford, asumió la presidencia de casi todas las sociedades de su suegro en reemplazo de Cox.

11 de 120 diputados chilenos hicieron pública su declaración de impuestos

A un mes de iniciada la campaña internacional de transparencia tributaria organizada por la ONG Finance Uncovered -en la cual participa CIPER-, 11 de los 120 diputadas y diputados chilenos de distintos partidos decidieron hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Todos ellos han adherido a la propuesta que se abre paso en el mundo de que los representantes electos deben responder al alto estándar de transparencia que hoy exigen sus electores. Los diputados son:

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Distrito 37 (Talca).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Distrito 30 (Buin, Calera De Tango, Paine, San Bernardo).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Distrito 19 (Independencia, Recoleta).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Distrito 8 (Coquimbo, Ovalle, Rio Hurtado).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Distrito 24 (La Reina y Peñalolén).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Distrito 34 (Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando, San Vicente).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista), Distrito 26 (La Florida).

A ellos se suman Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), representante del Distrito 22 (Santiago) y Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), electo diputado por el Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres Del Paine), quienes ya habían hecho públicas –a través de CIPER- sus declaraciones para los años tributarios 2015 y 2016.

FINANCE UNCOVEREDLos documentos de Aguiló, Belollio, Boric, Browne, Cariola, Jackson, Núñez y Vallejo, ya están disponibles para todos nuestros lectores (ver documentos). Las de los otros tres parlamentarios -que completan el grupo de 11 diputados- estarán accesibles dentro de las próximas semanas en el sitio habilitado por Finance Uncoverd.

Según la información parcialmente recogida por la organización con sede en Londres, se han recibido documentos tributarios detallados de 23 políticos de distintos países. A ellas se suman 35 declaraciones de otros políticos que si bien incluyen aspectos relevantes, no son completas. Entre las declaraciones detalladas figuran las de dos parlamentarios de Ucrania, cuatro de Bosnia & Herzegovina,  cinco de Hungría y uno del Reino Unido. De este país se recibieron también las declaraciones tributarias de dos ex parlamentarios laboristas.

La próxima semana Finance Uncovered enviará a los parlamentarios un nuevo correo con un último recordatorio de transparencia y difundirá quienes han transparentado y quiénes no. En ese momento, además, se invitará a los ciudadanos a escribir a sus congresistas para incentivarlos a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.

Se espera que el apoyo ciudadano sirva para remarcar lo importante que es para el fortalecimiento de la democracia tener claridad sobre las fuentes de financiamiento y las formas de tributar de quienes deciden leyes que involucran grandes inversiones y partidas de dinero; además de la cantidad de recursos públicos que reciben para legislar.

En el caso chileno se solicitó a los parlamentarios el Formulario 22 del último año tributario (2016), pero varios congresistas han informado sobre más periodos. Sergio Aguiló (diputado desde 1990) y Alejandra Sepúlveda (diputada desde 2002), por ejemplo, adjuntaron certificados de la Cámara de Diputados y del Servicio de Impuestos Internos (SII). En ellos, se consigna que desde 2013 Aguiló solo ha recibido su dieta parlamentaria como ingreso; lo mismo ocurre con Sepúlveda desde 2015.

El Formulario 22 solicitado incluye información sobre los tipos de ingresos recibidos (remuneraciones, honorarios o retiros y dividendos de sociedades); también indica el monto en impuestos que pagó o el que recibió como devolución y a qué beneficios se acogió.

El diputado Pedro Browne (Amplitud) dijo a CIPER que la iniciativa le parece importante pues los impuestos permiten aclarar las fuentes de financiamiento de los congresistas “que reciben un sueldo suficientemente alto como para dedicarse  exclusivamente a la tarea de legislar”.

La parlamentaria Karol Cariola (PC), valoró la iniciativa pues estima que solo la transparencia en los ingresos y en el patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos que son electos, puede restablecer la confianza que la ciudadanía ha perdido en los políticos.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) afirmó que lo que importa es “llevar la transparencia al límite”, a pesar de que, en su opinión, hacer público el Formulario 22 no debiera ser una obligación.

Si bien el Formulario 22 permite conocer una gran cantidad de información sobre las vías de ingresos de las autoridades, es necesario remarcar que el libre acceso a la declaración de impuestos de cada parlamentario no resuelve los requerimientos de transparencia de una sociedad democrática.

Lo anterior se desprende de los patrones de conducta que han sido evidenciados en las investigaciones judiciales sobre el financiamiento ilegal  de la política por parte de pesqueras (Corpesca, Asipes y Fipes), Penta y SQM, entre otras.  Allí se observa que solo ocasionalmente ese dinero ilícito llegó a las cuentas personales de los legisladores, siendo la mayor parte canalizada a través de redes de boleteros y asesores.

A pesar de ello, el conocimiento público de la declaración de impuestos es un complemento potente para la fiscalización del posible enriquecimiento personal por vías ilícitas o para prevenir conflictos de interés en que se vean involucradas autoridades en la toma de decisiones que les compete. Una fiscalización que cobraría mayor fuerza si los datos del Formulario 22 se pudieran cruzar con las declaraciones de intereses y de patrimonio que todos los funcionarios públicos están obligados a realizar (disponibles en la web infoprobidad.cl).

CASO A CASO

La información tributaria aportada por el diputado Sergio Aguiló incluye datos desde 2013 a la fecha, y muestran que durante todo el periodo solo ha recibido los ingresos de su dieta parlamentaria. En su declaración correspondiente a 2017, registra un ingreso anual de $90.333.787 (equivalentes a un sueldo de $7.527.000 mensuales), por los que se le descontaron automáticamente impuestos por $19 millones.

El diputado Jaime Bellolio facilitó el Formulario 22 de los años tributarios 2016 y 2017.  En la declaración de 2016 (registra los ingresos de 2015), el parlamentario declara haber recibido una renta de $100.916.076 ($8.409.673 mensuales). Además, tuvo un ingreso por reparto de dividendos de $3.902.600, los que corresponden –según explicó Bellolio a CIPER- a una empresa que cerró durante 2015 y que había estado sin movimiento. Ese año pagó en impuestos $25.382.237.

En la declaración de 2017 sus ingresos solo se originaron en su dieta parlamentaria: $104.514.788 y pagó $24.808.724 en impuestos. Bellolio explicó a CIPER que en la actualidad –y desde el 30 de marzo pasado- la única sociedad en la que participa es una empresa familiar que creó su padre, Jaime Bellolio Rodríguez: Inversiones Publix Limitada. El diputado afirmó que no recibe ingresos de esta empresa ni participa en su administración.

El diputado Pedro Browne facilitó el Formulario 22 de los años 2015 y 2016. En el primero (con los ingresos de 2014), el parlamentario consigna haber recibido una dieta anual de $102.289.086 ($8.524.000 mensuales), además de $15.375.000, que según explicó a CIPER, provienen de retiros de la sociedad Cerro la Cruz (de la cual es socio con su esposa). Ese retiro elevó su base imponible a $117.988.317, por lo que ese año pagó $37.314.686 en impuestos. Al año siguiente (2015), junto con la dieta anual de $103.429.046, recibió  nuevamente $22.133.173 por retiros de la misma sociedad. El Formulario 22 del 2016 registra que Browne pagó ese año $39.084.108 en impuestos.

La diputada Karol Cariola transparento el Formulario 22 correspondiente a 2017 (ingresos de 2016). Allí solo se registran sus ingresos por dieta parlamentaria ($103.100.460 anuales) y un pago de impuestos por $24.242.993.

Los mismos datos de Karol Cariola contienen los formularios del SII que entregaron para ese año los diputados Daniel Núñez (pagó $25.290.409 en impuestos), Camila Vallejo (pagó $26.546.122 en impuestos) y los parlamentarios Boric y Jackson, cuyos ingresos y pagos de impuestos ya fueron desarrollados en una nota anterior.

CIPER contactó a varios otros parlamentario, elegidos al azar, para invitarlos a transparentar sus impuestos. El diputado socialista Osvaldo Andrade, por ejemplo, se comprometió a enviarnos su declaración (Formulario 22), pero hasta el cierre de esta nota no había enviado la información. Pablo Lorenzini, diputado democratacristiano, dijo a CIPER que solo enviaría su Formulario 22 cuando el 25% de la Cámara de Diputados lo hiciera. En tanto, Joaquín Lavín (UDI), explicó que solo transparentaría sus impuestos si había un acuerdo de su bancada.

Y si bien el diputado Daniel Farcas (PPD), inicialmente aseguró que haría públicas sus declaraciones tributarias, nunca envió los documentos pese a nuestra insistencia. En la última comunicación telefónica que tuvimos con el diputado, éste dijo que lo iba a consultar con su bancada.

-¿No cree que a sus electores les interesa conocer sus ingresos y su pago de impuestos?

-No lo creo.