“Hoy en el retail lo que está en juego no es sólo la degradación del trabajo sino el riesgo de su desaparición”

Carta de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley: “El Abuso de Ripley con la Ley de Protección del Empleo”

Asesores de la ministra del Trabajo explican por qué “grandes empresas” pueden acogerse a la suspensión de remuneraciones

Políticas laborales en tiempos de pandemia: por qué hay que garantizar el 75% del ingreso de los trabajadores y cómo hacerlo

Las malas condiciones laborales que perpetúa el Estado como empleador

Año a año los medios de comunicación social visibilizan diversas paralizaciones de servicios públicos, siendo la más relevante la que se genera a propósito del reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público. Sin embargo, poco o nada se habla de cuáles son las verdaderas condiciones en que los trabajadores públicos ejecutan sus funciones.

En el imaginario colectivo reina la idea de que los trabajadores públicos se encuentran en una situación privilegiada, especialmente porque gozan de la garantía de estabilidad en el empleo, tienen buenos sueldos, jornadas laborales más reducidas, etc. Pero la realidad dista mucho de ese escenario paradisiaco, ya que el Estado ha validado un modelo de empleo público precario.

Ello, por varias razones. Primero, porque en su interior conviven distintas categorías de trabajadores, y por ende, hay algunos que gozan de más derechos y garantías que otros, situación contraria al principio de igualdad y no discriminación, que por mandato constitucional el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos.

Segundo, porque la gran mayoría de los trabajadores públicos tiene vínculos labores inestables, y están sujetos a que año a año, cada 31 de diciembre, la autoridad de turno renueve su contrato para el período siguiente.

Tercero, porque hay un porcentaje invisible de trabajadores que presta sus servicios en total desprotección y sin derecho a seguridad social: los trabajadores a honorarios, los que no obstante prestar servicios inherentes para el cumplimiento de los fines de la institución, de forma continua en el tiempo y bajo las órdenes de una jefatura, mantienen un vínculo precario e informal con el Estado que desconoce su calidad de trabajadores dependientes.

Cuarto, porque el acceso, carrera funcionaria y estabilidad en el empleo, muchas veces no está vinculado con las cualidades técnicas y humanas de los trabajadores públicos, sino que por factores políticos y amiguismos, degradando con ello el empleo público.

Quinto, porque no se les reconocen derechos colectivos esenciales para la defensa de sus intereses: la negociación colectiva y la huelga, olvidando con ello que al interior de la relación laboral pública hay una desigual distribución de poder, y por ende, que los trabajadores, para los efectos de evitar y frenar abusos de poder, así como para defender eficazmente sus intereses, deben ser titulares de la única herramienta de auto tutela capaz de ser una contrapeso al poder empresarial: la huelga.

Y bueno, un sinfín de otros factores que permiten calificar al Estado como un pésimo empleador: recurso a la subcontratación de labores esenciales o principales del servicio público (casas de acogida de Sename; ejecución de los programas PRODESAL; PDTI; PADIS, etc.); bajos sueldos; extensas jornadas laborales que no son remuneradas (como las horas de trabajo no lectivas de los docentes, donde muchos preparan clases hasta altas horas de la noche en sus hogares, o los operativos o actividades en terreno que son realizados los fines de semana o fuera de la jornada laboral).

Las condiciones descritas vulneran tratados internacionales que el propio Estado chileno ha ratificado y el estándar de Trabajo Decente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo.

Ha llegado la hora entonces, de sincerar estos incumplimientos y poner freno a la precariedad laboral al interior del Estado, derribando los mitos que se han construido en su interior, ya que el nivel de remuneraciones de quienes materializan los cometidos esenciales de los diversos servicios públicos se alejan considerablemente de los escandalosos sueldos de autoridades públicas que en los últimos años han estado en tela de juicio.

Las situaciones de precariedad laboral que se han descrito se ponen de manifiesto en el Capítulo Laboral del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales 2016.

La judicialización que definirá el futuro de la Reforma Laboral

El futuro de la reforma laboral ha quedado en manos de la Corte Suprema. Específicamente de su Cuarta Sala, que tramita las contiendas laborales. Y esa no es una buena noticia para los círculos empresariales. Desde hace dos años, esa sala viene mostrando una ostensible inclinación a acoger los argumentos de los sindicatos. Eso permite suponer que todo lo que ha quedado pendiente o indefinido en la reforma será zanjado por una magistratura más proclive a reconocer y profundizar los derechos laborales. En síntesis, los parlamentarios de derecha que presentaron la reforma al Tribunal Constitucional (TC) para convertirla en un león sin dientes, podrían haberse dado un tiro en el pie. Algo que sólo podrá comprobarse analizando los fallos que de ahora en adelante caigan en manos de los ministros supremos.

CIPER revisó el texto de la reforma laboral, analizó los fallos más relevantes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema y consultó con académicos y especialistas en derecho laboral. La conclusión es que la única certeza que existe tras el paso de la reforma por el TC es que serán los tribunales los encargados de llenar los vacíos normativos inéditos en materia de derecho laboral.

rincon-diaz-valdesEl requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de oposición si bien tuvo éxito en poner fin a la titularidad sindical, dejó como daño colateral la desregulación de los grupos negociadores. Para salvar el vacío, el gobierno intentó convencer a la derecha de aprobar una reforma constitucional que le diera preeminencia a los sindicatos por sobre los grupos negociadores, para luego normar el funcionamiento de estos últimos.

“El TC dejó a los sindicatos y los grupos en igualdad y eso es la cueca en pelotas”, confidenciaba un alto funcionario de gobierno, advirtiendo que la incertidumbre era tal que los grupos negociadores incluso podrían convertirse en un arma contra las empresas. Pero pese al mensaje enviado al empresariado y a la oposición, el Ejecutivo no logró el apoyo político para el quorum que exigía aprobar esa reforma.

La tarde del viernes 17 de junio, en los patios de La Moneda, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, junto a los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, anunciaban que sólo se tramitaría el veto. Es decir, no habrá regulación para los grupos negociadores. 

GRUPOS SIN LEY

La composición actual del Tribunal Constitucional no auguraba un buen desenlace para el gobierno, pero no estaba en los cálculos la forma radical con que el organismo cercenaría la titularidad sindical, una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet. Este concepto buscaba garantizar que los sindicatos fueran los principales actores de la negociación colectiva, relegando a un segundo plano a los grupos negociadores, que sólo podrían pactar colectivamente cuando no existieran sindicatos.

Los grupos negociadores fueron por años la bestia negra de los sindicatos. Institucionalizados en 1979 en el Plan Laboral de José Piñera, estaban destinados a ser organizaciones que coexistieran con los sindicados en las empresas. “Se reconocía por ley que los grupos podían negociar, pero no se decía cómo podían negociar ni su quorum, de manera que se entendía que había más facilidad negociadora en los grupos que en los sindicatos”, explica Diego López, abogado del estudio Rojas García y López. Eso se prestaba para manipulaciones: “El empleador sacaba un contrato y hacía que los trabajadores se pusieran en filita a firmar. Esa era la negociación, sin ninguna formalidad”, describe Joaquín Silva, abogado de Consultora Laboral.

Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol, explica por qué estos grupos resultan tan funcionales al sector patronal: “La característica de los grupos negociadores es que son no confrontacionales, entonces pueden recibir lo que les ofrece la empresa, pero no tienen capacidad de exigir”.

SANTIAGO 29 DE MAYO DE 2013TRABAJOS VIALES EN POBLACIÓN LA LEGLos grupos negociadores solían ser promovidos por los empleadores como una forma de competir deslealmente con el sindicato, quitándole fuerza y socios. Si bien no desaparecieron con la reforma laboral de 2001, se les puso reglas que restringieron su marco de acción: se les exigía quorum, elegir una comisión negociadora, presentar un proyecto, votarlo, ministros de fe, etc. Es lo que se llamó una negociación semi-reglada. Además, se hizo más fácil identificar y perseguir cuando eran utilizados por los empleadores como una herramienta antisindical.

Así sucedió por ejemplo en 2011, luego de que la Red Salud UC fomentara la creación de un grupo negociador de unas 150 personas en paralelo al sindicato, que tenía 1.500 socios. El grupo recibió apoyo y financiamiento de la empresa, además de beneficios especiales. Por eso, la Red Salud UC fue condenada en primera instancia por prácticas antisindicales, aunque antes de que la Corte de Apelaciones se pronunciara llegó a un acuerdo extrajudicial con el sindicato.

El sindicato del Banco Bice tuvo menos suerte, pues el grupo negociador apoyado por la empresa terminó convirtiéndose en otro sindicato, lo que le quitó socios a la organización original.

“La empresa primero promueve la existencia de grupos negociadores, derechamente les dice ‘ustedes formen este grupo y yo les doy todas las facilidades, les doy pasajes para que recorran el país y llegamos a un acuerdo´. Se forma, negocia y muere. Lo que les interesa a los patrones es mantenerlos, porque con eso hacen el paralelo con las organizaciones sindicales. Así, se transforman en una organización sindical de hecho, sin tener ninguna obligación, sin directiva sindical, nada”, explica Joaquín Silva, quien fue abogado en los casos de Red Salud UC y Banco Bice.

El abogado y académico de la UDP José Luis Ugarte le baja el perfil al problema y recalca que, tras la reforma laboral del 2001, los grupos negociadores dejaron de ser tan importantes como sí lo fueron en los ´90. Esta pérdida de relevancia es reconocida por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Sin embargo, ella explica que de todas maneras son un riesgo para las organizaciones sindicales, pues, en general, los grupos negociadores se organizan en empresas donde ya hay un sindicato.

Según la última Encuesta Laboral (Encla 2014, elaborada por la Dirección del Trabajo), más del 80% de los instrumentos colectivos son negociados por sindicatos, por lo que menos del 20% corresponde a grupos negociadores. Pero, tal como apunta Bárbara Figueroa, la Encla concluye que “los grupos negociadores proceden mayoritariamente no ya de empresas sin sindicato, como sería razonable suponer, sino, por el contrario, de empresas con sindicato”.

Al establecer la titularidad sindical, la reforma laboral reducía el reconocimiento de los grupos negociadores exclusivamente a aquellas empresas en que no había sindicato. Era una forma de fortalecer la organización sindical –en línea con los convenios de la OIT– que fue rechazada por el Tribunal Constitucional (TC), el que interpretó literalmente el artículo 19 N° 16 de la Constitución (“la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”). La entidad estimó que el derecho a negociar no es privativo de un tipo de organización específica, como el sindicato, sino que es de cada uno de los trabajadores y, por lo tanto, no se puede prohibir a los empleados negociar a través de grupos.

El mayor problema para dar continuidad a la reforma después del recorte que le hizo el TC se debe a que, al rechazar la titularidad sindical, el tribunal también declaró inconstitucionales una serie de artículos del proyecto, entre ellos el que regulaba cómo deben operar los grupos negociadores (artículo 315). Así, desaparecieron de la ley las normas que fijaban el quórum de los grupos negociadores, la existencia de una comisión negociadora elegida ante un inspector del Trabajo y que les permitían hacer exigencias al empleador.

trabajadoresEl mismo fallo, en el voto disidente de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo, muestra la contradicción de la resolución de mayoría que eliminó el artículo 315 y otros que se referían a los grupos negociadores: “La sentencia apoya paradójicamente una organización inexistente: los grupos negociadores ya desaparecieron”.

Los primeros en destacar públicamente esta contradicción fueron los abogados José Luis Ugarte y Daniela Marzi, quienes en una columna publicada por The Clinic hicieron ver que tras el fallo del TC el gobierno tenía la solución en sus manos: los grupos negociadores quedaron fuera de la legalidad al no tener regulación y, por lo tanto, habría titularidad sindical de hecho.

Esta interpretación tomó fuerza con el correr de los días, sobre todo luego de que el gobierno renunciara a su idea de presentar una reforma constitucional y anunciara que sólo tramitaría el veto. Pero nadie espera que los grupos negociadores desaparezcan por arte de magia. Lo que viene ahora es un largo camino en los tribunales de justicia, para el que los abogados laboralistas ya preparan estrategias.

ESCENARIOS JUDICIALES

Habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no hacer”, adelantó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, cuando anunció que se seguiría el camino del veto presidencial. Lo cierto, retruca el abogado Diego López, es que lo que habrá es una profundización de la judicialización, porque aún antes del fallo del TC se sabía que la reforma laboral tiene varios temas que “en el fondo invitan a que sean los jueces los que definan el sentido y alcance de las normas”.

Estos puntos poco definidos y que quedarán entregados a la interpretación de los jueces son precisamente algunos de los que más se disputaron en el Congreso, pues podrían ser utilizados por los empleadores para burlar la prohibición del reemplazo en huelga. Entre estos puntos se cuentan las adecuaciones necesarias que puede hacer una empresa para mover a sus trabajadores a otros puestos de trabajo en caso de huelga o los servicios mínimos que puede mantener en funcionamiento. En el fondo, se dejó el campo abierto para que la justicia resuelva aquellos asuntos que los políticos no fueron capaces de definir con precisión. Según precisa López, “el costo no es de judicialización, porque la judicialización ya estaba, sino que es una incertidumbre que genera menos claridad sobre lo que va a pasar”.

La total incertidumbre es respecto a la forma en que leerán los tribunales la falta de normas que regulen las negociaciones fuera del sindicato. En palabras de un ministro de corte con experiencia en temas laborales, lo que puede esperarse es una gran dispersión de casos, en que se sucedan fallos contradictorios. La doctrina tardará años en asentarse, advierte.

Es probable que la primera señal la dé la Inspección del Trabajo, pues debería visar los instrumentos colectivos suscritos por los grupos negociadores. El abogado José Ugarte es de la tesis de que la Inspección del Trabajo no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos que no están en la legislación vigente. Diego López, en cambio, cree que el organismo podría emitir un dictamen que advierta cuál será su postura en estos casos y considera posible que determine que no puede pronunciarse sobre algo que no existe. Como sea, ese será, probablemente, el primer paso que los grupos negociadores darán antes de recurrir a la justicia.

José Luis Ugarte plantea que en tribunales se abrirán dos grandes escenarios y que “hay que ver qué tesis interpretativa domina”. Una alternativa es que por no estar en el Código del Trabajo, se asuma que los grupos negociadores simplemente dejaron de existir. “No es disparatado sostener eso jurídicamente”, asegura. Pero agrega que una segunda posibilidad es que requieran ser reconocidos caso a caso por los tribunales. “En mi opinión ambas alternativas son un poco el inicio de la muerte de los grupos negociadores, porque ir caso a caso es un camino incierto”, dice Ugarte. Un camino que pocos tomarían.

direccion-del-trabajoDesde la vereda de los asesores empresariales, los abogados se han mostrado optimistas de que lo que imperará es la continuación de lo que señala la normativa vigente hasta ahora en materia de negociación semi-reglada. Según El Mercurio, el ex director del Trabajo y abogado de empresas Marcelo Albornoz (DC) dijo, en un análisis para la bancada de su partido, que “subsiste la norma actual que reconoce a los grupos negociadores como parte de un contrato colectivo”. Aún más allá fue el asesor de la Sofofa, Luis Lizama, quien sostuvo en La Tercera que si se aplica de buena fe el criterio del Tribunal Constitucional, la DT y los jueces “debieran entender que el grupo negociador es un actor que podría negociar colectivamente y en condiciones idénticas a las que tiene un sindicato”. Eso implica no sólo el derecho a huelga, sino también al fuero, un privilegio hasta hoy reservado a los sindicatos.

En opinión de Diego López, la judicialización supone que las empresas serán los principales actores en recurrir a la justicia en busca de reconocimiento de los grupos negociadores. Por su naturaleza, estos grupos no existen más que para negociar en un momento y no cuentan con el presupuesto y la organización necesaria para contratar abogados e iniciar acciones legales. Además, cree poco probable que espontáneamente trabajadores no organizados busquen recurrir a una figura que ni siquiera estará en la ley. Si se dieran casos en que las empresas busquen validar los grupos, José Luis Ugarte cree que los jueces deberían rechazarlos: “Si el interés en el grupo es del empleador, que de alguna manera armó el grupo, yo si fuera juez diría que eso no es un espacio de representación de los trabajadores”.

En una segunda fase, es esperable que sean los sindicatos los que recurran a la justicia para impugnar la validez de los grupos. “Si le va bien a la primera ola de judicialización de los grupos, que será presentada por las empresas, inmediatamente va a venir una segunda ola de los  sindicatos a cuestionar: ‘¿De dónde sacó usted que los grupos pueden negociar o que ese es el quorum? Usted inventó la ley, esa regla no está en la ley’”, prevé López.

Otra motivación para que un sindicato lleve el tema de los grupos a tribunales podría ser el intentar incorporar a una negociación a un trabajador que tiene un instrumento colectivo vigente. La actual legislación establece que si alguien es parte de un grupo negociador y el contrato aún es válido, no puede ser parte de otra negociación. Pero después del fallo del TC esa norma desaparece. “Se puede alegar que el instrumento colectivo suscrito no es válido o, que siendo válido, no puede producir el efecto de impedir negociar colectivamente al trabajador por el sindicato”, dice Juan Vergara, asesor sindical que es parte de ProSindical.cl, quien agrega que “lo que va a haber es un cuestionamiento a la validez o a la eficacia de los instrumentos suscritos por grupos negociadores”.

-Creo que vamos a volver a lo que había antes del 2001 y la judicialización va a ser excesiva, incluso los sindicatos lo van a judicializar todo -resume el abogado Joaquín Silva.

Ugarte no descarta que haya situaciones en que sea razonable que los tribunales reconozcan a los grupos negociadores como entes válidos para representar los derechos de los trabajadores, lo que ratifica la tesis del “caso a caso”.

Un ejemplo de lo anterior podría producirse debido a un cambio introducido en el Senado que aumentó el quorum que deben tener los sindicatos de las pequeñas y medianas empresas. Si bien ese sector tiene un bajo nivel de sindicalización, según cálculos de la Fundación Sol serán 1,4 millones los trabajadores que hoy tienen derecho a formar un sindicato y no podrán hacerlo con la nueva normativa. En esos casos, los grupos negociadores, que ya no tienen quorum, podrían ser una alternativa para negociar colectivamente.

LAS VELITAS A LA CUARTA SALA

Cuando se habla de judicialización las esperanzas de quienes confían en que se ratifique el derecho a la libertad sindical están puestas en la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Hasta mediados de 2014, esa sala, que resuelve los asuntos laborales, era considerada como “pro empresa”, pero desde la salida de su ex presidente, el ministro Patricio Valdés –ex gerente general de la Sofofa–, sus fallos han sido consistentemente “pro trabajador”. El problema de dejar en manos de la justicia algo tan relevante es que en un par de años la conformación de la sala podría cambiar y con ello darse un nuevo giro en materia laboral.

En lo inmediato, se estima que la que verá las primeras causas relativas a la reforma laboral será una sala integrada por los ministros Carlos Cerda, Sergio Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, entre otros, quienes han dictado fallos relevantes en materia de libertad sindical.

Carlos Cerda
Carlos Cerda

Además de hablar por sus fallos, en julio del año pasado los ministros Muñoz y Cerda expresaron fuertes críticas a la realidad laboral del país durante un seminario de la Corte Suprema. Muñoz, entonces presidente del máximo tribunal, dijo que “a pesar de ser la huelga un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva reglado; permite, además, el reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de estos”.

El ministro Cerda no se quedó atrás y respecto a la tramitación de la Reforma Laboral señaló que “los capitalistas están agrupados por actividad, pesca, minería, construcción, agricultura, a través de cúpulas empresariales de alcance nacional, que les permiten tener una voz para que la consecuencia pueda ser mucho más eficaz que lo que ocurre con el trabajador en una reforma que pretende reivindicarle parte de su poder. Dicen que la reforma va destinada a darles poder a unos dirigentes sindicales, que en el fondo lo que van a hacer es entorpecer la productividad y el crecimiento económico”. Y agregó: “yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral, porque el derecho laboral es tutelar de la parte más débil, es un derecho de fuero y eso no lo callo” (ver nota de El Mostrador).

A juicio de José Luis Ugarte, la defensa de esos derechos es la tarea de los tribunales de justicia y por lo tanto la interpretación que se ha hecho del giro de la Cuarta Sala es una caricatura. “En mi opinión lo que hace es aplicar los principios del derecho del trabajo, que son los principio de protección del trabajador. No es que sea una sala ideológica, sino que aplica los principios de la disciplina, lo que pasa es que antes hubo durante seis años una sala laboral que era un absurdo y negaba los principios que son de los libros. A cualquiera que estudia Derecho le enseñan eso”, dice Ugarte.

Para Diego López, lo que ocurre en la Cuarta Sala no es un “veranito de San Juan”, porque se han dictado sentencias sólidas y bien argumentadas, que han creado una jurisprudencia consistente: “Son fallos ambiciosos. Lo que pretenden es sentar las bases doctrinarias para tomar decisiones. La mayoría de ellos se refieren a principios que estaban como olvidados: el principio del acceso eficaz a la protección, el principio pro operario, el reconocimiento de que la libertad sindical es un derecho cardinal de nuestro ordenamiento jurídico. Declaraciones que se echaban en falta hace cinco o 10 años. No es sólo que cambie la doctrina, sino que se está haciendo de una manera vigorosa”.

Para Juan Vergara, el comportamiento de la Cuarta Sala “permite abrigar esperanza de que se traduzca en un mayor reconocimiento de los instrumentos colectivos suscritos por sindicatos que los que suscriben eventualmente los grupos negociadores. Ha tenido un desarrollo constante de todo lo que implica libertad sindical, incluyendo el derecho a huelga como derecho fundamental que es de especial cuidado y protección”.

Y aunque en el ordenamiento jurídico chileno los fallos no sientan precedentes que obliguen a otros tribunales, varios de los abogados consultados coinciden en que los dictámenes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema han ido permeando a las cortes de apelaciones y a los tribunales de primera instancia. No es solo por doctrina, dice Joaquín Silva, sino que se trata de un sistema jerárquico en que los jueces de instancias inferiores tienen el incentivo de fallar alineados con los superiores que van a evaluar su desempeño.

Uno de los primeros cambios que hizo notar la nueva conformación de la Cuarta Sala tiene que ver con un asunto de amplio efecto para los trabajadores. Mientras la presidió Patricio Valdés, la sala sentenció reiteradamente que el cálculo de las indemnizaciones por término de contrato debe realizarse con el monto de la última remuneración, excluyendo las asignaciones de colación y movilización. Según un estudio de la Corte Suprema, sólo entre 2011 y 2012 se acogieron 24 recursos adoptando esa doctrina (16 de ellos con el voto de Valdés). A partir de 2014 eso empezó a cambiar y hoy está asentado que para calcular la indemnización deben sumarse los bonos de transporte y movilización.

Otras sentencias se han replicado en menos oportunidades, pero han significado un cambio radical de doctrina hacia el respeto de la libertad sindical. En diciembre de 2014 un fallo redactado por el ministro Carlos Cerda ratificó una sentencia de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que durante una huelga las empresas no pueden reemplazar a los trabajadores con personal interno (esto es lo que en la reforma se denominó adecuación interna). El caso específico estaba referido a la empresa Promolinks –subcontratista de Movistar–, la que fue multada por prácticas antisindicales.

El fallo reconoció la “plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral”. Se adelantó a lo que entonces era reconocido por la normativa vigente. De hecho, tres semanas más tarde, cuando se envió el proyecto de Reforma Laboral, en su mensaje especificaba que la eliminación del reemplazo de trabajadores era “consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema”. Hay quienes sostienen que el fallo reconoce mayores derechos a los trabajadores en huelga que el texto que fue despachado finalmente por el Congreso.

Esta doctrina se ha mantenido hasta hoy. El 1 de junio recién pasado, la Cuarta Sala rechazó un recurso interpuesto por la empresa de transportes de valores Brinks, dictaminando que el reemplazo interno de trabajadores “constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes interpretaciones”.

Sergio Muñoz
Sergio Muñoz

Cinco días más tarde, la sala dictó otra sentencia, redactada por el juez Sergio Muñoz, que determinó que si una persona es objeto de vulneración de sus derechos fundamentales –por ejemplo, acoso– puede demandar a su empleador y al mismo tiempo autodespedirse. Eso evita que para recibir una indemnización la persona tenga que optar entre seguir viendo vulnerados sus derechos o alejarse de quien los vulnera. Este caso se refería a Empresa de Servicios Educacionales Aurora Irene Villablanca Gómez E.I.R.L., una escuela de lenguaje.

Pero sin duda uno de los fallos más relevantes de la Cuarta Sala se dio a conocer en marzo pasado, cuando ratificó una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que el derecho a huelga no solo puede ejercerse durante la negociación colectiva, sino también fuera de esta. El tribunal de alzada había sentenciado que “ha sido superada la tesis que sustentaba que la huelga era una ‘etapa indeseable’ de la negociación colectiva; por lo mismo, tampoco puede sostenerse que cualquier huelga que se realice fuera de la negociación colectiva sea ilícita o contraria al derecho”. La sentencia es referida a la empresa ActionLine –subcontratista de Claro–, cuyos empleados realizaron una huelga de brazos caídos para reclamar por bonos y horas extras impagos.

Los fallos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema también han cambiado la doctrina respecto a las relaciones laborales en el sector público. En abril de 2015, dictaminó que una funcionaria que trabajó durante cuatro años a honorarios en la Municipalidad de Santiago tenía derecho a indemnización pues existía una relación laboral.

Meses más tarde, en diciembre, la misma sala hizo noticia al reconocer que los funcionarios públicos tienen el derecho de presentar recursos de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, algo hasta entonces reservado para trabajadores del sector privado.

VUELTA AL TC

El miércoles 22 el Congreso despachó el veto enviado por la Presidenta Bachelet. En él se eliminan tres pactos de adaptabilidad (que flexibilizan las jornadas y turnos), pues en la redacción original de la reforma éstos pactos sólo podían ser negociados por el sindicato, lo que quedó descartado con el fin de la titularidad. También se saca del proyecto la exigencia de que haya un quorum para negociar, con lo cual la ley queda como está actualmente, en que sólo se pide quorum para formar el sindicato.

Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional

El texto fue enviado al TC para control de constitucionalidad y la oposición, particularmente el senador Andrés Allamand (RN), advirtió que recurrirá “a todas las instancias administrativas y jurisdiccionales” para reclamar. A su juicio, el resultado de la reforma es “una aberración jurídica” y el gobierno incurre en desacato por no obedecer lo dictaminado por el TC al no legislar tras el fallo.

Más allá del destino que puedan tener los reclamos de la oposición, no es descartable que una vez que la ley sea promulgada haya quienes vuelvan al TC para intentar que en casos particulares se reconozcan a los grupos negociadores los mismos derechos que a los sindicatos. El problema, explica un abogado constitucionalista, es que hoy no hay normas que regulen a los grupos negociadores, por lo que es difícil de prever qué artículo el TC podría declarar inaplicable.

Dirección del Trabajo abandona juicio clave y beneficia a dueños del retail

Con las manos vacías y desilusionadas de la Dirección del Trabajo, la mañana del 3 de agosto de 2015 volvieron a trabajar las últimas empleadas en huelga del Sindicato N°1 de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba. Habían resistido 76 días sin sueldo mientras el centro comercial seguía funcionando con personal de reemplazo.

A partir de ese momento, la única esperanza de las trabajadoras, encabezadas por Ester Jeldres, fue la demanda que la Inspección Cordillera de la Dirección del Trabajo (DT) inició en los tribunales laborales en contra de París Administradora (Grupo Cencosud), por “práctica antisindical”. Pero en marzo de 2016, el juicio concluyó abruptamente cuando esa inspección abandonó el caso. Y lo hizo justo en las puertas de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ya había fijado fecha para escuchar sus argumentos.

El sindicato envió una carta al director de la DT, Christian Melis, pidiendo explicaciones. No hubo respuesta. Melis dijo a CIPER que nunca recibió la carta, pero aseguró que le dará una explicación al sindicato sobre la razón del desistimiento: se hizo para corregir “un error jurídico” que había cometido la Inspección Cordillera.

El argumento de Melis es refutado por el primer vicepresidente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), Francisco Álvarez, quien señaló a CIPER que la Dirección del Trabajo no es un tribunal, que se debió dejar a la corte decidir si había o no un error, más aún si un director regional de la DT ya había dictaminado a favor de las huelguistas.

La importancia del juicio con París Administradora, según los sindicalistas, era clave: sus efectos iban mucho más allá de la denuncia por “práctica antisindical”. Perseguían que la justicia laboral admitiera que si los trabajadores dejan extinguir un contrato colectivo sin presentar uno nuevo, el sindicato tiene derecho a proponer un contrato en la fecha que estime e iniciar una nueva negociación colectiva.

La ley establece que cada establecimiento de una multitienda –en este caso París- es una unidad económica: puede tener uno o más sindicatos, pero estos no pueden negociar junto a los sindicatos de otros locales a pesar de tener una misma casa matriz como empleador. De allí que, si la corte acogía los argumentos de las trabajadoras del Mall Plaza Tobalaba, se abría paso una de las más preciadas demandas laborales: negociar colectivamente junto a otros sindicatos de la misma París, pero de otros locales.

Las huelguistas de Paris Tobalaba
Las huelguistas de París Tobalaba

El abrupto abandono que hizo la DT de ese importante juicio, a las puertas del pronunciamiento de la corte, abre una gran interrogante sobre su rol fiscalizador del cumplimiento de las leyes laborales. Una tarea clave y cuya importancia será mayor cuando comience a regir la nueva Reforma Laboral, aún entrampada tras el fallo del Tribunal Constitucional (ver recuadro).

Esta duda se acrecienta a la luz de dos recientes auditorías de la Contraloría. Ambas revelan graves irregularidades y fallas de la Dirección del Trabajo entre 2001 y 2013. Se constataron condonaciones excesivas en favor de los empleadores, pérdida de expedientes de fiscalización y la tardía emisión de informes sobre denuncias de trabajadores.

Además,  no se cobraron o se rebajaron más de 64.000 multas a empresas que han violado las normas laborales, lo que implicó un beneficio para las infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones. 

EL PODER DEL RETAIL

“La Dirección del Trabajo no quería ganar este juicio para evitar conflictos con la industria del retail”, señaló a CIPER el secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, Óscar Figueroa, quien afirma que el abogado de la DT a cargo del litigio, Pascal Merino, recibió la orden de desistirse.

Los dirigentes de esa federación –que reúne a trabajadores de París del Florida Center, Plaza Vespucio y Plaza Tobalaba- están convencidos de que la DT hace tiempo que dejó de ser “pro operario”. Y explican que, a pesar de que las actuales autoridades de ese servicio son de la DC y el PS, presionan a los sindicatos para que lleguen a acuerdo con los empleadores y no haya huelga.

-A la presidenta del Sindicato N°1 de París del Mall Plaza Tobalaba, Ester Jeldres, la llamó la directora de Relaciones Laborales de la DT Metropolitana Oriente, Benita Valdivia, y le dijo que hasta cuándo iba a tener a la gente en huelga afuera del mall -relató Óscar Figueroa.

Darle la razón al sindicato de París, habría significado eliminar la actual interpretación que establece que los trabajadores deben presentar su petitorio a la empresa entre 40 y 45 días antes de que venza el acuerdo vigente, o colgarse de la fecha de otro sindicato para negociar. De lo contrario, están impedidos de hacerlo durante los próximos dos años.

Lograr esa jurisprudencia fortalecía el poder de los sindicatos. Y ello, porque en vez de sentarse cada uno a negociar con la empresa en fechas distintas, como ocurre hoy en París y en todo el retail, podrían hacerlo de manera coordinada. De allí que no solo los dueños de París estuvieran preocupados del destino de esa denuncia en tribunales.

-Nunca imaginamos que la Dirección del Trabajo iba a darnos la espalda –afirman con enojo el secretario de la federación y la presidenta del sindicato.

LAS MUJERES HASTA EL FINAL

El Sindicato N°1 de París Tobalaba (creado en 2007), tenía casi 100 socios -en su mayoría vendedoras y cajeras- al iniciar la huelga el 19 de mayo de 2015. A la semana del paro, los socios varones volvieron al trabajo luego de recibir presiones y ofertas de mejoras económicas, dijo Jeldres a CIPER. Quedaron solo mujeres en el movimiento.

Huelguistas afuera del Mall Tobalaba
Huelguistas en Mall Tobalaba

Hoy, la organización está reducida a las 34 socias que se mantuvieron firmes hasta el final en sus demandas, las que ahora deben esperar hasta 2017 para negociar con la empresa. También perdieron el bono de $50 mil después de que la Dirección del Trabajo abandonó abruptamente y sin aviso el juicio. El resto de los socios originales se cambió al Sindicato N° 2. “Pagamos un costo muy alto”, admite Ester Jeldres.

Aun cuando las trabajadoras sabían que había un riesgo al dejar extinguir el contrato colectivo vigente sin presentar el nuevo, se sintieron avaladas por una autoridad. “El abogado de la Inspección Cordillera, Pascal Merino, nos dijo que estábamos bien, que era un caso interesante y que si se lograba un fallo positivo, se podía replicar en el comercio”, cuenta Jeldres.

El Sindicato N°1 presentó su pliego a París el 27 de marzo de 2015. La petición más importante era mejorar los bonos de movilización y colación, ya que había trabajadores de los fines de semana que recibían solo $2 mil al mes para alimentarse y movilizarse. Tras aguardar 30 días -e incluso cinco más en señal de “buenos oficios”- sin que los representantes de París se sentaran a negociar un nuevo contrato, los trabajadores votaron la huelga. Apenas el paro se inició el 19 de mayo, la empresa dispuso personal de reemplazo, lo que fue denunciado a la DT por los huelguistas.

Fue entonces que vino el primer golpe a los trabajadores. París contrató para su defensa al estudio de abogados laborales Albornoz y Cía. Su socio principal es el ex subsecretario de Justicia del gobierno de la Nueva Mayoría, Marcelo Albornoz (DC), quien además fue director del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos y recientemente asesoró a senadores de su partido en la discusión de la Reforma Laboral.

El argumento que desplegaron los abogados de la Administradora París fue que, si no había derecho a negociación, entonces la huelga era ilegal y no se incurría en práctica antisindical al enrolar a personal de reemplazo. Al sindicato no le quedaba más que esperar hasta 2017 para proponer un nuevo contrato.

La fiscalizadora de la Inspección Cordillera Claudia Martínez concurrió a la tienda París el 20 de mayo. Allí dejó constancia de que la empresa “efectuó reemplazo de trabajadores en huelga legal, recurso que estaba impedida de utilizar, pues no había ofrecido a los trabajadores el llamado “bono de reemplazo”.

Así partió el 1 de julio de 2015 la demanda por “práctica antisindical” interpuesta por la Inspección del Trabajo Cordillera ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto. Por orden del director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, la demanda fue retirada para iniciar una mediación entre la empresa y el sindicato.

Óscar Figueroa, secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, cuenta que en ese momento, la empresa ofreció negociar un “convenio colectivo” sin garantía de despidos. Una vez que esa instancia fracasó, recién el 5 de agosto la Inspección Cordillera interpuso la demanda definitiva contra París por “práctica antisindical”.

Para entonces, las últimas trabajadoras habían vuelto a sus puestos después de 76 días de huelga y sin sueldo. De allí que la única herramienta que les quedaba era que la Dirección del Trabajo ganara el juicio a París y así tener la posibilidad de negociar. Su esperanza se vio reforzada cuando el director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, dictó una nueva resolución que declaró que la huelga “no es extemporánea”.

Por eso la frustración de las trabajadoras fue mayúscula cuando en marzo de este año se enteraron de que la DT se había desistido del juicio justo antes de alegar en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Lo primero que hizo la presidenta del sindicato, Ester Jeldres, fue ir donde el abogado Pascal Merino. “Lo único que me dijo es que había recibido órdenes superiores, pero no de quién”, recordó la sindicalista. El 14 de marzo, Jeldres entregó en la Oficina de Partes de la DT una carta dirigida al director Christian Melis, pidiendo explicaciones.

-La Dirección del Trabajo no quiso ganar el juicio: dejar extinguir el contrato aterró al retail y a los que fiscalizan al retail –dijo a CIPER el secretario de la federación, Óscar Figueroa.

FOTO-RETAIL-A-1698326Desde la Dirección del Trabajo confirmaron a CIPER que la orden al abogado Pascal Merino provino de las jefaturas de los departamentos de Relaciones Laborales y Jurídico de la Dirección Nacional. La indagación permitió establecer que la orden fue firmada por las abogadas Wendoling Silva y Marta Donaire.

-No es frecuente, pero nos pasa que en algunas oportunidades en que una Inspección resuelve algo, después, cuando el empleador o los trabajadores piden reposición, se revisa (en las instancias superiores) y se da la opinión contraria si se detectan errores jurídicos -explicó a CIPER el director de la DT, Christian Melis.

Para la DT el “error jurídico” de la Inspección Cordillera fue precisamente el nudo central que afectaba a todo el retail: interpretar que al extinguirse el contrato, el sindicato podía presentar una negociación en la fecha que quisiera. Sin embargo, la información recogida por CIPER indica que al menos el Departamento de Relaciones Laborales y la Dirección Regional Metropolitana Oriente de la DT conocieron desde el inicio la tesis jurídica de la Inspección Cordillera y no pusieron objeciones (ver minuta de la DT sobre el juicio laboral).

HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA

De lo obrado por la Dirección del Trabajo en el juicio por “prácticas antisindicales” de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba, solo quedó en pie la multa que la fiscalizadora Martínez aplicó el día de su inspección en terreno. La empresa debía pagar 60 UTM ($2,7 millones) por haber reemplazado a las huelguistas.

Establecer si realmente se cobran las multas cursadas por infracciones a la legislación laboral, fue el objetivo de la auditoría que la Contraloría realizó a la DT y que abarcó desde enero de 2001 al 30 de abril de 2013 (ver Informe N° 140/2013 del 5 de enero de 2015).

El resultado fue lapidario: la Dirección del Trabajo dejó sin efecto 47.279 multas que sumaron $30.566 millones actualizadas al año 2013. Además, aplicó rebajas a otras 17.494 multas por un total de $9.020 millones. En definitiva, la DT disminuyó o dejó de aplicar sanciones en 64.773 casos, que implicaron un beneficio para las empresas infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones. De este monto, $3.947 millones son irrecuperables: las infracciones prescribieron. Tampoco se puede perseguir responsabilidades administrativas o civiles de los funcionarios de la DT, concluyó la Contraloría.

En su indagatoria, los auditores seleccionaron una muestra de 18 empresas que habían sido beneficiadas con mayores rebajas o condonaciones en el periodo investigado. Allí figura Cencosud -matriz de las tiendas París- con pérdida de documentación en varios expedientes de multas. Por ejemplo, una multa cursada a París en 2005 por $149,1 millones (valor 2013),no se cobró y está prescrita. La DT no encontró los documentos y respondió a la Contraloría que se desconocen las razones que tuvo el jefe del Departamento de Inspección de la época para no proseguir con el proceso de sanción a la empresa.

FOTO-CENCOSUDSimilar pérdida de documentación se detectó con dos multas cursadas a Taylor Asesorías por $69,7 millones en 2008. No hubo explicación en la DT de por qué se mantenían en “reconsideración” en el sistema informático. Más grave fue lo que se descubrió con la sanción no cobrada a la Minera El Abra por $78,5 millones: la carpeta estaba vacía.

Los auditores de la Contraloría también descubrieron ausencia de comprobantes del envío de las multas a la Tesorería General de la República, organismo encargado de los cobros. Así ocurrió con el envío de la multa cursada a Tur Bus en 2009, por $9,1 millones, cuya carpeta además estaba extraviada.

CONDONACIONES MILLONARIAS

Otra grave falla detectada por los auditores fueron las condonaciones excesivas de más del 80% de las multas cursadas. Una de ellas benefició a Inversiones Alsacia y Express Santiago Uno (operador del Transantiago). Debía pagar 210 UTM en 2006 (equivalentes hoy a $9,5 millones), pero se le aplicó 90% de rebaja. La propia DT reconoció que la condonación debió ser por un máximo del 70%.

En varios casos de altas condonaciones se detectó ausencia de documentos que respaldaran esa decisión. Así ocurrió con Buses Gran Santiago, con una multa de 60 UTM que bajó a 6 UTM; a Prosegur Regiones, con una multa de 180 UTM que se rebajó a 18 UTM; y a la empresa Alsacia (operador del Transantiago): su multa de 270 UTM quedó en 27 UTM sin explicación.

En el informe de Contraloría se incluyeron condonaciones excesivas que firmó el actual director de la Dirección del Trabajo, Christian Melis, cuando se desempeñaba en 2008 en la División de Inspección. La rebaja del 90% en seis multas benefició a la empresa Express Santiago Uno. Cuando los auditores de la Contraloría pidieron el expediente, lo encontraron incompleto y sin la documentación original. Las multas sumaban 3.476 UTM y disminuyeron a 347,6 UTM, lo que implicó que la empresa del Transantiago se ahorrara $125 millones. Y ello, a pesar del informe de un fiscalizador que recomendaba no rebajar las multas en cuatro de las seis infracciones.

Melis explicó a CIPER que firmó la rebaja debido a que “se había acreditado que tras la denuncias hubo acuerdos de la empresa con las organizaciones sindicales”, como la reincorporación de personas despedidas. Y agregó:

-En esa época teníamos como política la gestión del cumplimiento. Nosotros no somos el SII y no nos interesa andar por la vida cursando multas. Lo que nos interesa es que las normas laborales se cumplan y, en consecuencia, hemos entendido que la multa es un instrumento para lograr ese cumplimiento por parte de los empleadores.

Pese a los descargos de la DT, la Contraloría mantuvo la impugnación en las multas que firmó Melis, tanto por la falta de documentación de respaldo como por el incumplimiento de la normativa.

LAS CUENTAS NO CUADRAN

Las irregularidades que descubrió la Contraloría en la Dirección del Trabajo incluyeron el respaldo informático de las multas. Desde 2006, cuando la DT puso en marcha su nueva plataforma informática (DTPLUS), se suponía que allí debían quedar registradas todas las multas. Pues bien, la auditoría reveló que no era así y concluyó: “El sistema arroja resultados que no guardan relación alguna con los registros que al respecto lleva la Tesorería General”.

Duro fue el llamado de atención que le hizo el ente contralor a la DT, pues “pese a estar en conocimiento de tal hecho”, no hay constancia de que se haya indagado el origen de las divergencias con los registros de Tesorería.

La falta de concordancia entre los registros de ambas entidades tenía un efecto clave a la hora de cobrar las multas y evitar la impunidad de los infractores de las leyes laborales. La revisión exhaustiva de los auditores concluyó que 2.013 multas por 22.444 UTM ($1.021 millones actuales) no aparecían en los registros de la Tesorería.

contraloria-edificioLa Contraloría calculó que hasta 2013 hubo multas por $3.216 millones que ya no era posible cobrar. Las razones:porque no se habían cumplido por parte de la Dirección del Trabajo ni los plazos ni la normativa para el cobro. Entre las irregularidades que provocaron la impunidad de los infractores, está por ejemplo, el registrar en el sistema DTPLUS un RUT erróneo de la empresa multada. Precisamente lo que ocurrió con las 470 UTM que debió pagar Express Santiago Uno por una multa en 2006 que nunca fue cobrada.

DENUNCIAS CON AÑOS DE ESPERA

La respuesta y eficiencia de las fiscalizaciones de la DT a las denuncias de trabajadores en 2013, también fue revisada por la Contraloría. Fueron seleccionados 123 procesos (de un total de 18.816) iniciados por las inspecciones Santiago Norte, Providencia y Santiago Sur Oriente. A ello se agregó el análisis de 101 casos dados de baja por error en el ingreso de los datos (ver Informe 89/2014).

En los expedientes respectivos, los auditores descubrieron la ausencia de documentación que avalara las denuncias de los trabajadores. Y en 25 de los 123 expedientes faltaba el comprobante de ingreso de la fiscalización. Entre las empresas que se beneficiaron, figuran: Subus Chile, Optus Chile y Magochic Aseo Industrial. En otros 10 casos faltaban en las carpetas documentos básicos de la fiscalización, como contratos de trabajo, registros de asistencia y comprobantes de remuneraciones.

Al revisar los registros de las denuncias laborales ingresadas en 2013 a DTPLUS por las tres Inspecciones de la DT auditadas, se encontraron 239 casos en que la DT tardó hasta 14 meses (434 días) en asignar a un fiscalizador para indagar la infracción denunciada.

La demora de la DT en reaccionar frente a una denuncia es una de las críticas habituales de los sindicatos. Los investigadores del Observatorio Laboral de CENDA (Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo) Militza Meneses y Manuel Núñez, relataron a CIPER que los temporeros “reclaman que cuando llaman a la DT para hacer una denuncia, se demoran tanto en enviar a un fiscalizador que, como ese trabajo agrícola dura poco, a veces, cuando llegan ya no hay faena que fiscalizar”. La respuesta de los funcionarios de la DT que han invitado a sus talleres y seminarios es que falta personal para ir a terreno.

Tardanza no solo en llegar a fiscalizar descubrió la Contraloría. Porque la auditoría también reveló 52 casos en donde un funcionario de la DT sí concurrió a fiscalizar, pero tardó 148 días en emitir su informe. Otras 18 denuncias estuvieron paralizadas hasta 483 días sin que las jefaturas revisaran los antecedentes para decidir si eran aceptadas o rechazadas, en circunstancia que el plazo es de tres días hábiles.

En este acápite, lo más grave es que solo en las tres Inspecciones de la DT que auditó la Contraloría se habían acumulado 1.249 denuncias laborales entre 2001 y 2012 que fueron informadas por los inspectores, pero las jefaturas nunca revisaron los informes, dejando sin respuesta a los afectados.

DESCARGOS DE LA DT

“Los dos informes de la Contraloría resultaron duros para la institución, pero también fueron una oportunidad para darse cuenta y corregir”, señaló a CIPER, el titular de la DT, Christian Melis. Los cambios, según Melis, partieron en marzo de 2015 con nuevas instrucciones a todos los funcionarios.

Christian Melis, Director del Trabajo.
Christian Melis, Director del Trabajo.

A ello se agrega que la Dirección del Trabajo se incorporó al programa de fortalecimiento de instituciones públicas del Ministerio de Hacienda y el BID, que está focalizado en mejorar la fiscalización y los sistemas tecnológicos, y fortalecer la conciliación laboral. Paralelamente se trabaja un proyecto de nueva ley orgánica para modernizar estructura y procedimientos, como incorporar la notificación electrónica a los fiscalizados.

Melis aseguró a CIPER que las fallas detectadas por la Contraloría, si bien evidenciaron debilidades estructurales de la DT, no gravitan en el resultado total: “Desde 2001 hasta 2016 hemos cursado más de $600 mil millones en multas y realizado más de un millón de fiscalizaciones. Pero no existía una unidad dedicada al control de las multas. En 2015 creamos una oficina que nos alerta si hay atrasos y ahora las multas pendientes no superan el 3% de las 124.572 fiscalizaciones de ese año. Hemos sido más estrictos”.

Las multas laborales cursadas por la DT en 2015 sumaron $73 mil millones, de las cuales la DT dejó sin efecto, rebajó o sustituyó el 21,9% ($16 mil millones). Parte de los infractores recurrió a tribunales por multas por un total de $11.736 millones, de los cuales la justicia rebajó o dejó sin efecto $3.060 millones. Al final, las multas llevadas a cobro totalizaron $54 mil millones. Un monto que Christian Melis asegura que fue cobrado, porque el sistema de traspaso de información a la Tesorería ahora es automático (ver cuadro estadístico de la DT).

-En mi administración hemos actuado en una lógica de protección a los trabajadores que quizá nos cuesta mostrar, pero los números están a la vista –concluye Christian Melis.

En la otra vereda, Francisco Álvarez, dirigente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), cuenta que hace tres semanas su organización pidió que se fiscalice el respeto a la ley que otorga siete domingos adicionales de descanso al año a cada trabajador por parte de cinco grandes tiendas (Falabella, Paris, Ripley, Sodimac e Hites). Recién el viernes 27 de mayo concurrieron inspectores de la DT al mall Plaza Vespucio.

LO QUE VIENE CON LA REFORMA LABORAL

Las fallas de la DT que desnudaron los dos informes de la Contraloría, plantean serias dudas sobre la capacidad de esa repartición para ejecutar no solo las tareas que hoy fija la ley, sino también las que se desprenderán de la Reforma Laboral.

El abogado José Luis Ugarte, experto en materias laborales y académico de la Universidad Diego Portales, considera que a estas alturas el proyecto presentado por el gobierno “es un Frankenstein, por los cambios que se le introdujeron, más el veto y la ley corta, cuyo contenido nadie conoce. Lo mejor que podría hacer el gobierno es retirar el proyecto e iniciar todo desde cero”. Y agrega:

-En vez de que la reforma facilite la negociación colectiva, la complejiza y aumenta las funciones e intervenciones de la DT. Ahora, antes de la negociación, habrá que ir a pelear los servicios mínimos”.

El gran temor del abogado Ugarte es que las regulaciones de la Reforma Laboral finalmente se transformen en “papel mojado”, pues la DT “tiene serios problemas porque no da abasto para cumplir las funciones que le asigna la ley”.

Christian Melis admitió a CIPER que la reforma “nos asigna a la DT más trabajo, pero no muchos funcionarios (actualmente tienen 2.300). Como servicio tenemos que apechugar no más”.

La DT ya tiene listo un nuevo Manual de Negociación Colectiva y dos dictámenes jurídicos para traducir en términos simples las nuevas normas. Con platas de la Reforma Laboral se financiará la contratación de 19 profesionales que darán asistencia técnica a las micro y pequeña empresa y también a quienes ejercerán de mediadores. En paralelo, se creó una sección con profesionales especializados en los futuros “servicios mínimos”, y además serán contratados una veintena de abogados y 25 nuevos fiscalizadores.

Para Militza Meneses y Manuel Núñez, del Observatorio Laboral de CENDA, el problema está en los fundamentos de la ley laboral:

-Lo que le ocurrió al sindicato de París del Mall Tobalaba le pasa a miles de trabajadores por la desprotección de sus derechos y la falta de libertad de los sindicatos, avalada en el Código del Trabajo, cuyos cimientos están en el Plan Laboral de 1978 y no han sido tocados. Por eso consideran que la reforma es insuficiente.

Las consecuencias, según ambos investigadores, se ven en la situación de los sindicatos que podían negociar colectivamente: si en 1992 era el 12% de los trabajadores, esa tasa bajó al 8,4% en 2013. Aun más, los pocos que pueden negociar consiguen reajustes muy bajos: 1% sobre IPC, según las cifras del recién terminado Informe Nacional de Trabajo Decente del Observatorio (ver informe).