Juicio por delito tributario y platas políticas: SII beneficia a Penta con rebaja de impuestos por su millonario gasto en abogados

SII descartó querella contra Carlos Heller por operación del Grupo Bethia para obtener devolución de $2.744 millones que no correspondía

Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos

CIPER accedió a una lista inédita con 47 empresas que intentaron eludir impuestos por más de $1 billón y que el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras una década de trabajo, logró neutralizar solo en parte. En ella aparecen, además de Sebastián Piñera y los dueños del Grupo Penta, sociedades  vinculadas a Andrónico Luksic, los hermanos Abumohor, los hermanos Calderón, los Gálmez, Andrés Navarro, José Said y varios de los controladores de Falabella (los Cúneo Solari, Cortes Solari, Solari Falablella), entre otros.

Entre 1990 y 2004 todos estos dueños de empresas prósperas buscaron hacerle creer al SII que no tenían utilidades y, por lo tanto, que no tenían que pagar impuestos. Incluso, en algunos casos, pedían devolución de impuestos pagados en años anteriores. Para concretar ese engaño, compraron pérdidas por $6 billones 845 mil millones (casi 10 billones de hoy con el IPC ajustado), que provenían de empresas quebradas en los años 80, conocidas hoy como empresas zombis.

Así por ejemplo, en 2001, la zombi del Grupo Luksic declaró una descomunal pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo al menos $241 mil millones para tomar el control del Banco de Chile, comprando acciones del Grupo Penta y de los controladores de Falabella.

Los vendedores de estas acciones, a su vez, pese a la gran suma que recibieron de parte de los Luksic por estas operaciones ($139 mil millones en el caso de Penta y $103 mil millones las familias controladoras del retail), también registraron grandes pérdidas tributarias en 2001, gracias a sus respectivas zombis. Empresas  Penta declaró $54 mil millones en pérdidas (como mostró una investigación de Jorge Rojas en The Clinic), gracias a su zombi Río Teno; Juan Cúneo, por entonces presidente de Falabella, declaró $57 mil millones en pérdidas producto de su zombi Inversiones Hispana (como se detallará más abajo). En tanto, la familia Cortés Solari (actual Grupo Corso) declaró pérdidas por $27 mil millones gracias a su zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue; y María Luisa Solari Falabella declaró  $941 mil millones en pérdida usando la zombi Inversiones San Patricio.

Ganar mucho, inventarse pérdidas y pagar el mínimo impuesto posible. Esa fue la lógica seguida por importantes firmas en los años 90, época de oro de la economía chilena en la que, sin embargo, el Fisco necesitaba muchos recursos para bajar el alto nivel de pobreza de Chile. Esta lista de 47 grandes empresas muestra la masividad que tuvo el ataque zombi y hace pensar que es una de las mayores ofensivas, sino la mayor, que las grandes empresas lanzaron en contra de las arcas públicas.

En 2001 la zombi del Grupo Luksic declaró una pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo recursos para tomar el control del Banco de Chile”

En Estados Unidos, que tiene una desigualdad tan grande como la chilena, ese problema ha sido atribuido en gran parte a la dificultad del Estado de cobrar impuestos a los más ricos. En ese contexto, el cientista político Jeffrey Winters ha descrito la existencia de una industria de la defensa de la riqueza, cuya tarea central es generar argumentos y diseños tributarios que defiendan a las grandes fortunas de la amenaza redistributiva del Estado.

El ataque zombi que se describe en esta serie permite construir un primer mapa de la versión chilena de esa industria. En muchas operaciones se repiten los mismos tributaristas (desde los bufetes de Fernando Barros y Alfredo Alcaíno hasta Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou). Pero el denominador común más importante es más difícil de asir. Es una forma de entender la ley especialmente útil para la concentración de la riqueza: si la ley no impide expresamente (en este caso, usar las pérdidas que tuvieron algunas empresas en los ‘80), ¿por qué debo privarme de eso?

Ese camino conduce a una puerta que custodian los tributaristas: la de los mecanismos de elusión. Abriendo esa puerta se encuentra una variada gama de prácticas tributarias que se pueden resumir en estrategias que no contradicen lo que explícitamente dice la ley, pero que van contra del sentido de la norma y de la idea misma de justicia. Dicho de otro modo: puede ser que al usar zombis el Grupo Luksic no haya hecho nada ilegal, pero la pérdida que le permitió eludir millonarios impuestos es un invento. El grupo nunca perdió nada y, por lo tanto, usó una trampa para no tributar.

Pero si tantos grandes empresarios recurrieron a zombis -y a otras prácticas de elusión- que los situaron en el confuso margen entre lo legal e ilegal, se debe también a que el SII tuvo una actitud zigzagueante durante las tres administraciones que vieron crecer y expandirse el ataque zombi. Este tema se abordará en detalle en el último capítulo de esta serie, pero es importante destacar algunas características generales de cómo el SII lidió con este problema.

Con Javier Etcheberry, a la cabeza del SII entre 1990 y 2001, la entidad no puso atención a las primeras zombis que emergieron en 1990 y que permitieron eludir impuestos a Sebastián Piñera y a los controladores de Empresas Penta, entre otros. Etcheberry dijo a CIPER que estimó que la ley no prohibía estas operaciones. Sin embargo, al tiempo que las zombis se fueron masificando, fue imposible para la autoridad tributaria ignorar su impacto en las arcas fiscales. La solución fue la Ley Antievasión aprobada en 2001, que puso una serie de limitaciones y condiciones al uso de las pérdidas.

Juan Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. En su gestión neutralizó 25 zombis.

Esta norma no detuvo a las zombis. Porque las prácticas elusivas no se acaban con leyes más precisas. Como dijo un destacado tributarista a CIPER: “Antes de que la autoridad termine de hacer una ley, los bufetes ya saben cómo eludir sus consecuencias”. En efecto, las limitaciones que impuso la Ley Antievasión a las zombis fueron sorteadas con facilidad por los grandes contribuyentes bien asesorados.

Por ello, cuando asumió Juan Toro (2002-2006) la ola zombi estaba en su peak. Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. El SII rechazó pérdidas, recalculó impuestos y cobró; inició investigaciones administrativas en contra de los que se negaron a pagar y se querelló contra tres empresas: la más grande, Vital, controlada por Coca Cola Company y José Said Saffie.

En esa querella, el SII trató de dar una señal al mercado. No solo buscó recuperar los $3.118 millones en impuestos evadidos por Vital (según decía la querella), sino condenas de cárcel para sus principales ejecutivos. Se buscaba “ver sangre”, para usar la expresión con la que el actual director de SII, Fernando Barraza, rechaza el uso de querellas por los ilícitos del financiamiento ilegal de la política.

En la época de Toro, blandir el garrote tuvo un efecto que la Ley Antievasión no consiguió: terminó con la amenaza tributaria que representaban 25 de las 73 empresas investigadas, obligándolas a pagar impuestos adeudados cuando la ley lo permitía (como en el caso de Piñera, Empresas Penta y Ripley) o a renunciar al uso de las pérdidas que habían comprado.

Ricardo Escobar (2006-2010) imprimó un énfasis distinto cuando se hizo cargo del SII: llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. En ese contexto, la querella contra Vital quedó literalmente abandonada. Desde su llegada no se volvió a presentar un solo escrito hasta que la causa fue sobreseída definitivamente en diciembre de 2007, como lo constató CIPER al revisar el expediente. Si hoy no se puede decir que el uso de las zombis haya sido declarado ilegal, en parte se debe a que el SII perdió esa causa emblemática por walk over.

Ricardo Escobar buscó llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. La emblemática querella contra Vital quedó literalmente abandonada.

Escobar cerró 22 casos, los que sumados a los 25 que se concluyeron bajo Toro, estructuran la tabla inédita que se da a conocer en este reportaje. Ella incluye los nombres de los compradores de las 47 zombis neutralizadas por el SII, el monto de las pérdidas que cada empresa declaró, los impuestos que intentaron eludir sus dueños, el monto de la pérdida que rechazó el SII y cuántos impuestos les hizo pagar la autoridad al final del proceso.

Sobre las 26 empresas restantes (de las 73 que se investigaron en la época de Toro), los datos son inciertos. Algunas, como la zombi ligada a Julio Ponce Lerou, Inversiones SQ Holding, siguieron la larga vía judicial (tribunal tributario, Corte de Apelaciones y Corte Suprema) y comenzaron a morir definitivamente luego de 10 años de litigio. En el juicio tributario de SQ Holding, la Corte Suprema falló en 2014 en contra de la empresa, lo que muestra cómo esta historia que se inició en los ‘90 ha seguido vigente, aunque no haya sido objeto de ni un solo debate en la agenda pública. Otras zombis, como la vinculada a Leonidas Vial, Inversiones Saint Thomas, tienen un decurso más difuso, aunque esta investigación, como se verá en la segunda parte, logró determinar sus movimientos más importantes.

ANDRÓNICO LUKSIC

El Grupo Luksic estaba ya entre los más ricos de Chile cuando se ahorró una gran cantidad de impuestos gracias a su zombi. A través de Inversiones Hidrosur (representada por Andrónico Luksic Craig, ver documento), debería haber pagado $9.932 millones en tributos entre 2000 y 2004, según un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII, al que accedió CIPER (vea ese informe). Pero, de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación, el grupo solo pagó $163 millones en impuestos de primera categoría, apenas un 1,6% de lo que debió haber pagado.

Los principales datos obtenidos por esta investigación se reseñan en esta tabla. zombi 2

La zombi que compró el Grupo Luksic, (descrita por primera vez en una investigación de The Clinic) fue la Sociedad de Inversiones San Francisco, empresa que había pertenecido al grupo de Javier Vial. En 1983 quebró y fue sometida a un convenio judicial preventivo. En agosto de 2000 Vial la vendió a los Luksic, quienes pagaron por ella $2.606 millones. Un monto considerable para su único activo: una deuda de arrastre de $75.702 millones.

Según se lee en la investigación del SII, el que contactó a Vial con Luksic fue Rafael Silva Merino, actual director del Factoring Liquidez, quien por su intermediación recibió de Luksic $60 millones y $5 millones de Javier Vial. En la compra de la zombi fue importante la asesoría de Edmundo Eluchans Urenda (ex diputado UDI) y la auditora PriceWaterhouse. Francisco Pérez Mackenna, gerente del Holding Quiñenco, deslindó responsabilidades sobre la operación cuando declaró bajo juramento ante la autoridad tributaria (ver documento).

En 2001 la zombi San Francisco volvió a la vida cuando, en un solo acto, el Grupo Luksic presentó ante el SII los $75.702 millones en pérdidas que San Francisco había acumulado desde el momento de su quiebra en 1983. Lo primero que la investigación del SII determinó fue que esas planillas contables “fueron confeccionadas extemporáneamente el 2000 o 2001”. Lo segundo, es que la mayor parte de esa abultada pérdida de arrastre eran intereses y reajustes de una deuda que ya no existía.

Esa investigación del SII describe cómo el Grupo Luksic usó las cuantiosas pérdidas para reducir las utilidades de Inversiones Hidrosur, una empresa con actividad comercial real y con grandes ganancias anuales. La zombi absorbió Inversiones Hidrosur, quedándose con sus ingresos y su nombre. Gracias a esa fusión, en que se unieron en la misma contabilidad las pérdidas de Vial y la bonanza de los Luksic, el grupo hizo desaparecer $39.682 millones en utilidades en 2002.

Al año siguiente, la zombi le permitió borrar $20.551 millones en utilidades. Finalmente, en 2004, descontó otros $4.192 millones en utilidades. Fue solo respecto de este último año que el SII presentó reparos. Mientras que a Piñera el SII le cuestionó el uso de la zombi durante tres años consecutivos (de 2002 a 2004), al Grupo Luksic solo le formuló reparos por un año. Respecto del resto de los impuestos, la investigación de CIPER indica que probablemente su pago quedó prescrito, aunque no hay rastro en la documentación oficial.

CIPER tomó contacto con el Grupo Luksic para saber cómo consiguió su zombi pagar tan solo un 1,6% de los impuestos que debió haber cancelado; y por qué usaron pérdidas de una sociedad de Javier Vial, empresa quebrada, con la que el holding  no tenía ninguna relación. No obtuvimos respuesta.

Ricardo Escobar, director del SII en el momento en que Inversiones Hidrosur acordó el pago de solo un año de impuestos adeudados, dijo a CIPER que los directores del SII no ven casos específicos por lo que no recordaba la forma en que se solucionó ese tema.

Como se verá en la última parte de esta serie, a diferencia de lo hecho por Juan Toro, Escobar se concentró en llegar a acuerdos con las empresas y para ello generó un equipo de negociación con funcionarios de distintas áreas del SII. Escobar dijo a CIPER que no impartió instrucciones específicas a ese equipo sobre rangos de impuestos a cobrar, condonaciones o multas.

-Eso lo vio cada uno. Era un tema operativo; uno impartía las instrucciones para abajo y lo hacía el que tenía que hacerlo -explicó.

Respecto del cobro de solo un 1,6% del monto total de impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado entre 2000 y 2004, Ricardo Escobar insistió: “No vi caso por caso. Pero se hace lo que se puede”.

PANORAMA INCOMPLETO

La diferencia entre el monto de los impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado y los que efectivamente canceló gracias a su zombi, muestran que la tabla de 47 empresas que se entrega en esta investigación, está incompleta. Es necesario explicar por qué.

Sus datos provienen de la investigación que hizo el SII a partir de 2004 para cobrar impuestos. En términos generales, lo que hizo ese organismo fue identificar empresas exitosas que aparecían sorpresivamente con grandes pérdidas, y examinar el origen de éstas. En una primera instancia entonces, el SII reconstruyó la historia contable de las zombis, desde su muerte en la crisis del ‘80 hasta su regreso a la vida en los ’90 y su posterior fusión con empresas sanas.

Por ejemplo, en el caso de la zombi de Sebastián Piñera, Compañía de Industrias y Desarrollo (que arrastraba $39 mil millones de pérdida), se acreditó que permaneció inactiva 10 años desde su quiebra hasta 1994, cuando la compró el ex presidente y la fusionó con varias de sus empresas prósperas. Entonces, la rebautizó como Inversiones Bancard Limitada (esta operación fue descrita detalladamente en la parte 1 de esta serie).

A partir de 1996, Piñera empezó a usar la pérdida de la zombi Compañía de Industrias y Desarrollo para disminuir las utilidades de sus empresas sanas. Borró $3 mil millones en 1996; luego, $2 mil millones en 1997; $17 mil millones en 1998; $15 mil millones en el año 2000 y así sucesivamente hasta agotar toda la pérdida de la zombi que compró en $817 millones.

Todo esto lo reconstruyó el equipo del SII en 2004 y concluyó que era un abuso de la ley. Pero al momento de cobrarle a Sebastián Piñera, el SII no pudo considerar toda la operación (los $39 mil millones), porque la mayor parte estaba prescrita.

Solo cobró desde 2001 en adelante. Por eso, en la tabla que consigna a las 47 empresas neutralizadas por el SII, Inversiones Bancard aparece declarando pérdidas por $1.527 millones, que es sólo una pequeña parte de las pérdidas que Piñera usó desde 1996.

Así, al consignar solo lo que el SII pudo cobrar, la tabla registra $102 millones que son los impuestos de primera categoría que la empresa de Sebastián Piñera debió pagar. Y deja fuera los $2.862 millones que el ex presidente eludió y que la prescripción le permitió no pagar (los detalles están explicados en el recuadro de la parte 2 de esta serie: “Los 2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).

La prescripción de las operaciones zombis permitió a Sebastián Piñera pagar solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. El Grupo Luksic tuvo más suerte: pagó un 1,6% de los tributos que la investigación del SII reclamaba

La misma diferencia podría ocurrir con varias de las 47 empresas de la tabla. Como los montos provienen de los cobros que efectivamente hizo el SII en 2004, omiten las utilidades y los impuestos que estaban prescritos. En el caso de Piñera, de hecho, los datos obtenidos por esta investigación permiten precisar que terminó pagando solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. Lo que ocurrió con el Grupo Luksic es peor: lo cancelado no llegaría ni al 2% de lo que debió haber pagado, según la investigación del Departamento de Delitos Tributarios del SII.

Pero esto no ocurre en todos los casos. Por ejemplo, respecto de los impuestos que pagaron el Grupo Penta, las empresas de los hermanos Calderón o Vital, los montos que aparecen en la  tabla sí reflejan toda la operación, según la investigación que hizo CIPER.

Dicho en breve, esta tabla que refleja los cálculos hecho por el SII para cobrar impuestos en 2004 es, en el mejor de los casos, la punta del iceberg que implicó el ataque de las zombis cuya real dimensión permanece en la nebulosa.

(En el próximo capítulo: las zombis de Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Andrés Navarro y los hermanos Abumohor, Gálmez y Calderón)

LA ZOMBI DE JUAN CÚNEO

Inversiones Hidrosur, la zombi del Grupo Luksic, aparece mencionada en varios documentos relacionados con la compra de acciones que le permitió a ese grupo tomar el control del Banco de Chile en el año 2000. Lo interesante es que entre los vendedores de acciones también había zombis. Los dueños del Grupo Penta, que le vendieron el 16% de las acciones del Banco de Chile, usaron en esta operación la zombi Río Teno. Otro de los vendedores, Juan Bautista Cúneo Solari, ex presidente de Fallabella, participó en esta operación con su zombi Inversiones Hispana (ver documento).   zombi 1 Creada en 1979, Inversiones Hispana era propiedad de Pablo Plá Parés, uno de los socios del Banco Español-Chile, el que quebró en la crisis de los ‘80. Cúneo la compró en 2001 junto a su esposa y sus hijas, y al año siguiente la usó para absorber una de sus sociedades clave: Juan Cúneo y Cía. Ltda. Con esa fusión, la zombi que sólo tenía pérdidas, recibió una inyección de capital de $18.350 millones. En los documentos a los que CIPER accedió se constata que Inversiones Hispana declaró ante el SII una pérdida de arrastre de $57.344 millones y ya en manos de Cúneo, éste solicitó una devolución de $1.839 millones de impuestos pagados con anterioridad. El SII rechazó esta operación completa e hizo pagar a la empresa $277 millones.

La trama oculta del mayor contrabando de oro detectado en Chile

El lunes 22 de agosto, Harold Elías Vilches Pizarro será formalizado por la Fiscalía Regional de Arica por contrabando impropio, comercio irregular, comercio clandestino y facilitación de documentos tributarios falsos. No es la única investigación judicial que enfrenta. Existen tres causas abiertas en contra de Vilches y su banda –entre los que se cuentan a su esposa y su suegro– y que forman parte de la misma trama. Se le sindica como el líder de un cartel dedicado al contrabando transfronterizo de altos volúmenes de oro.

La indagación de CIPER da cuenta de una sofisticada operativa de tráfico de oro a través de rutas que conectan deforestadas zonas del sudeste del Perú –uno de los epicentros de la extracción ilegal del metal en Sudamérica– con Santiago, y de redes comerciales que se extienden hasta Miami y Medio Oriente.

Aunque los delitos de los que se le acusa están en etapa probatoria, la biografía judicial de Vilches Pizarro sugiere la imagen de un experimentado miembro del crimen organizado. Pero Vilches, que proviene de una familia de joyeros íntimamente ligada al mundo evangélico (es sobrino del conocido pastor Enrique Vilches, dueño de Joyas Barón), acaba de cumplir solo 23 años y aún no termina sus estudios de administración en la Universidad Mayor, según sus registros en redes sociales.

Harold Vilches Pizarro
Harold Vilches Pizarro

No hay certeza sobre si la audiencia del 22 de agosto en Arica será presencial o por videoconferencia. La vía remota es una opción probable: desde el 12 de agosto Vilches está con arresto domiciliario total en Santiago, luego de ser formalizado en una segunda causa por la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, por asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosamente falsa y lavado de activos. La tercera causa que pesa sobre Harold Vilches data del 30 de mayo: la Fiscalía Oriente le notificó que había iniciado una investigación en su contra por estafa y quedó con arraigo nacional.

En el entramado montado por el joven comerciante de oro aparece un actor clave: Luis Patricio Mella Pino, propietario de la corredora de bolsa Essex, quien también fue formalizado por el Ministerio Público por lavado de activos. Mella habría blanqueado el dinero proveniente de la venta de parte del oro de contrabando a través de su corredora, para luego entregárselo a Vilches en billetes de US$100. Esos dineros correspondían a una venta hecha por Vilches a la empresa estadounidense NTR Metals (Northern Texas Refinery).

NTR Metals, con oficinas en Texas y Florida (Estados Unidos), forma parte de un grupo comercial vinculado al London Bullion Market, entidad que fija el precio del oro a nivel internacional. Es una de las receptoras del metal extraído en Bolivia, Ecuador y en el Departamento de Madre de Dios en Perú, la misma zona de la que provendría el oro comercializado por Vilches.

Es el mismo estado de Florida, plaza financiera conocida por albergar dineros cuyo origen es difícil de rastrear y por la baja tributación que ofrece a empresas de fachada, donde Luis Mella Pino y Harold Vilches Pizarro también cuentan con sociedades a su nombre.

En Miami, Mella ha creado tres sociedades, una de las cuales –Essex Corredores de Bolsa LLC, registrada en diciembre de 2015, aún se mantiene activa. Vilches en tanto, creó en noviembre de 2014 Aurum Metals LLC, sociedad que luego de estar más de un año sin movimiento, fue reactivada en enero de 2016, mes en el que se registran los últimos envíos de oro a NTR Metals.

De los dineros recaudados por Harold Vilches en sus operaciones transnacionales, no hay rastro. En Chile al menos no registra ni propiedades ni cuentas bancarias a su nombre. En el allanamiento que realizó la policía en su domicilio solo se encontraron $116 millones en billetes de veinte mil. En la vivienda había estacionado un vehículo BMW color gris de 2012, avaluado en $31 millones. Versiones recogidas por CIPER indican que el auto está registrado a nombre del abogado Ramón Ossa.Otras versiones indican que Vilches le habría comprado en 2014 al mismo abogado un terreno en Tunquén (Quinta Región) en $110 millones.Antes de su detención, Vilches se desprendió de una casa en Chicureo, en el condominio Las Vendimias, la que había adquirido en 2013 por UF 25 mil (cerca de $580 millones) y también de un Audi A5 negro de 2011.

De lo que sí hay rastro es de las contundentes transacciones del hábil comerciante de oro. En 2014 una de las sociedades de Vilches –Inversiones Aurum Metals– se ubicó en el cuarto lugar del ranking de empresas protagonistas del comercio bilateral entre Chile y Emiratos Árabes Unidos con envíos de oro por más de US$10,1 millones.

LA RUTA DEL ORO SUCIO

Lingotes de oro incautados
Lingotes de oro incautados

A horas de que el vuelo 124 de la aerolínea Sky despegara de la losa del aeropuerto de Chacalluta (Arica), los chilenos Carlos Rivas Araya –suegro de Harold Vilches– y Javier Concha Montes fueron registrados por personal de Aduanas. Era el 14 de agosto de 2014 y la dupla transportaba en un bolso deportivo negro 15 lingotes de oro (48 kilos)  avaluados en $1.454 millones.

Al ser requeridos sobre el origen del metal, dijeron que el oro provenía de compras realizadas a pirquineros de la región y mostraron una factura emitida un día antes. En el documento aparece como vendedor la sociedad Comercializadora e Inversiones Alfa y Omega SpA y como comprador Inversiones Los Cipreses SpA. El problema es que ambas sociedades pertenecen a Vilches: Alfa y Omega fue constituida el 14 de mayo de 2013 con un capital de $3 millones e Inversiones Los Cipreses justo un año después con un capital de $10 millones. La factura exhibida por Rivas y Concha tampoco estaba timbrada por Impuestos Internos (SII), por lo que no pudieron acreditar la operación. El oro fue incautado.

Análisis posteriores encargados por la Fiscalía de Arica al DICTUC de la Universidad Católica, arrojaron que el oro contenido en el bolso que portaban Carlos Rivas y Javier Concha tenía un 98,9% de pureza. Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a Aduanas, ningún pirquinero de la zona es capaz de producir esa cantidad de oro (48 kilos), menos con semejante nivel de pureza. Rivas y Concha registraban además ingresos al país desde Tacna por el paso Concordia (Complejo Fronterizo Chacalluta) el 2, el 8 y el 13 de agosto, en un vehículo conducido por el propio Javier Concha.

Las sospechas de los agentes de Aduanas se dirigieron hacia Perú, específicamente al Departamento de Madre de Dios, centro neurálgico de la extracción ilegal de oro, ubicado en plena Amazonía.

No era la primera vez que Vilches, Rivas y Concha utilizaban la ruta de Chacalluta. Solo días antes, el 24 de julio, habían logrado embarcar 19 kilos de oro avaluados en $300 millones, en un vuelo de LAN. En la querella que presentó Aduanas en contra de los tres involucrados se señala: “Se les indicó (a Rivas y Concha) que no podían embarcarla (la mercancía) dado que carecían de documentación para acreditar el origen del oro (…)  aprovechándose de la hora de la madrugada y del gran número de pasajeros, hicieron caso omiso de la advertencia y le pasaron a un tercero (Vilches) dicha mercancía, el cual la embarcó”.

Los controles no habrían fallado solo en el aeropuerto. Vilches, Rivas y Concha registran otros dos ingresos desde Tacna a Arica, el 15 y 19 de julio de 2016, por la avanzada Chacalluta. El oro habría ingresado vía terrestre sin problemas.

La incautación de los 48 kilos de oro del 14 de agosto de 2014 –y por el cual sus tres protagonistas serán formalizados el próximo lunes– le valió a Vilches, Rivas y Concha una querella de Aduanas y otra del SII por delitos tributarios. Impuestos Internos estimó en más de $670 millones el perjuicio fiscal por la internación ilegal del metal a Chile.

EL ORIGEN DEL CONTRABANDO

Perú figura oficialmente como el quinto productor de oro del mundo con 171 toneladas en 2014, después de China, Australia, Rusia y Estados Unidos. Pero las dimensiones que ha adquirido la extracción ilegal en el Amazonas lo sitúan en el segundo lugar si se suman las 150  toneladas que se calcula provienen del crimen organizado, según ha publicado el medio peruano de investigación Ojo Público. El negocio de la minería en Perú es uno de los más rentables. La investigación hecha por Convoca, otro de los medios de investigación de Perú, indica que solo doce empresas de la gran minería lograron generar cerca de US$57 mil millones de utilidades netas entre 2008 y 2014.

Meses antes de la incautación de los 48 kilos de oro en el aeropuerto de Chacalluta, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú alertó a su símil chileno sobre la posibilidad de que parte de un enorme contrabando de oro descubierto en el puerto de Callao pudiese ser internado a Chile.

Foto: Ojo-Público
Foto: Ojo-Público

En diciembre de 2013 la SUNAT había incautado 508 kilos de oro en las bodegas de la compañía Talma de Callao, los que se sospecha provienen de la extracción ilegal. El metal, en barras de alta pureza y valorado en US$ 18 millones, estaba listo para ser exportado a Estados Unidos e Italia. Desde entonces están siendo investigadas una serie de empresas que formarían parte de un multimillonario circuito de lavado de dinero que comienza en el Amazonas peruano, continúa en refinerías de EE.UU., Suiza, Italia y el Medio Oriente, y se cierra en el mercado internacional de metales preciosos convertido en monedas y lingotes.

Las pistas que están siendo investigadas apuntan a que sociedades de Harold Vilches estarían conectadas con ese circuito transnacional de comercio ilícito. Personal de Aduanas señaló a CIPER que por la pureza del metal incautado a Vilches y a sus socios en agosto de 2014 en Arica, lo más probable es que el oro haya sido extraído precisamente en Madre de Dios o en zonas aledañas de Perú.

Los antecedentes recogidos por CIPER indican que la operación liderada por Vilches sería la cola de una trama mucho mayor de crimen organizado con ramificaciones internacionales. En ella se mezcla la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Hasta hoy Vilches y sus socios no han revelado dónde obtuvieron el oro y cuáles eran sus contactos e intermediarios en Perú.

DE SANTIAGO A DUBAI

El decomiso de agosto de 2014 en Chacalluta obligó a Harold Vilches Pizarro a buscar nuevas rutas de tráfico para sustentar su millonario negocio. Había premura. El joven comerciante de oro debía responder a compromisos comerciales adquiridos en junio de 2014 con una empresa en Dubai: Fujairah Gold FZC. Con esa compañía había firmado -a través de su sociedad Aurum Metals- un jugoso contrato para la venta de 2.930 kilos de oro, el que sería entregado por parcialidades.

Para sustentar el respaldo de la operación, Vilches habría falseado documentos que mostraban a Aurum Metals como una empresa sólida capaz de proveer con las cantidades de oro demandadas por la empresa del Medio Oriente.

Vilches fue convincente. Los primeros envíos se realizaron en julio de 2014. El 15 y el 19 de ese mismo mes Vilches, Rivas y Concha registran ingresos desde Perú a Chile.

logoaurumPero a poco andar la situación cambió. En agosto de 2014, el decomiso en el aeropuerto de Arica de los 48 kilos de oro de alta pureza (y con valor cercano a los $1.500 millones) retrasó los envíos a Dubai. Vilches se habría excusado ante la compañía internacional señalando que a causa de un millonario robo ocurrido en el aeropuerto de Santiago ese mismo mes –caratulado por la prensa como el “Robo del Siglo”–, había quedado imposibilitado de enviar la mercancía. También hizo referencia a que había tenido problemas administrativos con Aduanas en Arica.

Vilches logró ganar un poco de tiempo, pero no cumplió con el contrato. En total, realizó siete embarques de oro a Dubai, completando menos de la mitad del volumen comprometido. Eso no fue todo. Al propietario de Aurum Metals se le acusa además de apropiarse de US$5,2 millones, a través del cobro fraudulento de garantías de respaldo emitidas por Fujairah Gold. Fue ese cobro ilícito el que originó en enero de 2015 una querella criminal en su contra por el delito consumado de estafa.

El 31 de mayo Harold Vilches fue formalizado por el Ministerio Público. El tribunal decretó arraigo nacional para el imputado y un plazo de 150 días de investigación. Según antecedentes recogidos por CIPER, los abogados de Vilches renunciaron hace unos días a su defensa.

NORTHERN TEXAS REFINERY

A fines de 2014, y con la relación comercial con Fujairah Gold prácticamente rota, Vilches puso sus fichas en Estados Unidos. En noviembre de 2014, constituyó en Miami la sociedad Aurum Metals LLC, con la intención aparente de utilizarla como base de operaciones para la venta de oro en ese país.

La estrategia dio resultados. Vilches cerró millonarios negocios con la gigante Northern Texas Refinery (NTR Metals), sociedad a la que durante los últimos meses de 2014 comenzó a hacerle envíos de oro que se habrían extendido hasta enero de 2016.

La gestión de NTR Metals en Sudamérica no ha estado exenta de polémica. En 2014 las autoridades peruanas incautaron cinco cargamentos de oro cuyo origen no se pudo confirmar, uno de cuyos destinatarios era esa compañía estadounidense.

NTR Metals es uno de los mayores conglomerados estadounidenses dedicado a la compra, venta, refinación y almacenamiento de oro, plata y otros minerales preciosos. Con sede en Texas y oficinas en Florida, en 2015 cambió su nombre a Elemetal, reuniendo bajo una misma razón social a siete subsidiarias: Elemetal Direct (comercializadora), Elemetal Refining (refinación de metales), Elemetal Capital (trader internacional), Elemetal Diamond (comercio de diamantes), Elemetal Vault (inversiones), Elemetal Mint (producción de monedas y medallas), Elemetal Recycling (recicladora de metales de la industria electrónica) y Elemetal On Line. La división de Elemetal que negocia la compra de oro en Latinoamérica, con sede en Miami, mantuvo su nombre original (NTR).

La compañía tiene operaciones en Estados Unidos, Colombia, Perú, Hong Kong, Mongolia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, y entre sus productos destacan monedas de oro y balas de plata.

Elemetal es dirigida por Alan Stockmeister (presidente) y Bill LeRoy (gerente general). Los negocios en Latinoamérica están a cargo de Samer Barrage. Stockmeister recibió en 2015 el premio al “Republicano del Año”, que le fue entregado por Phil Bowman, integrante del Comité Central Estatal del Partido Republicano de Ohio.

NUEVA RUTA DESDE ARGENTINA

lingotsdeoroComplicada la ruta transfronteriza chileno-peruana por la incautación de 2014, una de las nuevas vías que encontró Vilches para internar el metal fue el Paso Los Libertadores. A través de esa ruta dos “muleros” argentinos habrían internado oro suficiente para que Vilches materializara en el transcurso de un año y medio al menos diez despachos a NTR Metals en Estados Unidos.
La cuantía de los envíos realizados por Vilches haciendo uso de documentos tributarios falsos, se mantiene bajo reserva. Lo concreto es que el inusitado volumen de oro exportado desde Chile durante 2015, y que tiene como protagonista principal a Harold Vilches, encendió las alertas en Aduanas, entidad que entregó los antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.

El 12 de agosto pasado, Harold Vilches Pizarro, su esposa Scarlett Rivas Cifuentes, su suegro Carlos Rivas Araya, Javier Concha Montes y Dagoberto Muñoz Paredes fueron formalizados por asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosamente falsa y lavado de activos.

Según la acusación de Aduanas, el perjuicio fiscal ocasionado por las diez exportaciones de oro del clan liderado por Vilches ascendería a US$1,5 millones. Según informó El Mercurio, Impuestos Internos también se querelló contra el empresario Dagoberto Muñoz Paredes, representante legal de Inversiones Kilates SpA, por proveer a Vilches de facturas ideológicamente falsas con el fin de acreditar la supuesta legitimidad del oro exportado. A fines de febrero de este año y ya con la investigación de la Fiscalía en curso, Inversiones Kilates cambió de nombre y se transformó en V y V Investment.

LA CORREDORA ESSEX

Otro de los imputados en la causa por lavado de activos es el propietario de la corredora de bolsa Essex, Luis Patricio Mella Pino (47 años). Mella habría sido pieza fundamental en la compleja operativa financiera montada por Vilches al poner a disposición su negocio como plataforma a través de la que se habría lavado el dinero obtenido por las millonarias ventas de oro a NTR Metals.

Mella Pino tiene empresas en Chile y en el exterior. La primera sociedad que constituyó en nuestro país es de 2002, Inversiones J C Tour Limitada, de la que también forma parte su esposa, Úrsula Acosta Reyes. Entre 2004 y 2014 Mella registró nueve empresas más que participan de diferentes rubros: servicios automotrices, juegos electrónicos, inversiones familiares, una constructora y hasta una comercializadora de miel de abeja. Una de esas sociedades es Inmobiliaria e Inversiones G&G, creada en 2004, la que entre sus actividades incluye “importar y exportar todo tipo de metales preciosos”.

El 18 de marzo de 2008 Mella expandió los horizontes de su negocio y creó dos sociedades en Florida (Estados Unidos), echando mano a nombres que ya había registrado en Chile: Inversiones JC Tour Ltda Inc. e Inmoviliaria G&G Inc. Ambas están hoy inactivas.

EssexfacebookEn la corredora de bolsa Essex S.A., constituida en 2008 en Chile, Mella posee el 89% de las acciones. El porcentaje restante se reparte entre su hermano, Juan  José Mella (1%) y su socio en este y otros negocios, Eugenio Garay Rivera (10%). Según los informes enviados por Essex a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el patrimonio de la firma a diciembre de 2015 era de $235,5 millones.

A fines de 2015 Mella creó en Estados Unidos Essex Corredores de Bolsa LLC, de la que actualmente es gerente. Según la web de la corredora chilena, su modelo de negocios consiste en “acompañar a empresas importadoras y exportadoras (…) principalmente en órdenes de pago al exterior, liquidación de retornos de exportación e inversión en un activo refugio como son las monedas de oro del Banco Central de Chile”.

LA ESCUELA DE HAROLD VILCHES

Cuando Harold Vilches tenía solo un año, el negocio de joyas de su familia -que nació a fines de los ’80 con el nombre de Joyerías Barón en el centro de Santiago- se expandió. Luego de una exitosa década, el tío del hoy comerciante de oro, Enrique Vilches Millar, ejecutó dos operaciones societarias. La empresa original quedó en manos de su hermano Mario Vilches Millar, padre de Harold; y en paralelo creó la sociedad anónima Joyas Barón, a la que incorporó a su esposa y a sus dos hijos (Pamela y Enrique).

Aprovechando el boom de los grandes centros comerciales, la cadena liderada por Enrique Vilches creció explosivamente. Hoy cuenta con 19 locales, repartidos entre Santiago, La Serena, Viña del Mar y Concepción.

Enrique Vilches Millar también ha tenido gran figuración pública como pastor de la comunidad evangélica en Chile y también por sus problemas con la justicia. En 1997, el diario El Mercurio informó que Vilches Millar abandonó la Iglesia Metodista Pentecostal tras acusar al obispo Javier Vásquez de enriquecimiento ilícito. Tras el quiebre, Vilches fundó la Iglesia Metodista Pentecostal Universal.

Su hermano Mario no se quedó atrás. En 2002 el padre de Harold Vilches crearía la Iglesia Pentecostal de Nueva Vida en Cristo junto a su esposa y uno de sus hijos, Mario Vilches Pizarro. El hermano del hoy comerciante de oro siguió en el negocio familiar e instaló una joyería: Comercial MV Joyas Ltda.

La familia Vilches ha dejado su huella en el negocio de las joyas y también en tribunales. En 1998 la prensa informó que Enrique Vilches, el tío de Harold, fue detenido por detectives que rastreaban al financista de un contrabando de 17 barras de oro avaluadas entonces en $50 millones.

Enrique Vilches Millar, dueño de Joyas Baròn.
Enrique Vilches Millar, dueño de Joyas Baròn.

En 2002, el fundador de la Joyería Barón cayó a la cárcel de Capuchinos acusado de evadir impuestos de manera reiterada entre 1996 y 1999. En esa ocasión, su hermano Mario Vilches declaró a La Cuarta: “Habiendo tantos chilenos que tienen problemas con el pago de sus impuestos no se explica por qué la prensa se preocupa solo de Enrique”. El perjuicio fiscal no era menor: más de $608 millones de la época, según informó Emol en marzo de 2015, cuando la Corte Suprema ratificó la sentencia y lo condenó a devolver la mitad de lo defraudado y a cumplir cinco años de libertad vigilada.

Este año los problemas judiciales de la familia Vilches se acrecentaron. En enero, Impuestos Internos volvió a querellarse contra Enrique Vilches por presuntos delitos tributarios cometidos entre 2007 y 2012. La Tercera informó que el SII calculó el perjuicio al Fisco en $9.846 millones. Joyas Barón se situó en el epicentro del fraude ya que el SII identificó 296 facturas falsas por operaciones que jamás se realizaron y que fueron utilizadas para aumentar sus costos y disminuir su base imponible.

Ahora el acusado es Harold Vilches Pizarro, el joven de 23 años que se crió entre prédicas y joyas.

La asesoría tributaria que le ahorró $41 mil millones en impuestos a la ANFP

“Este es un día sumamente importante para el fútbol y bastante esperado para gran parte del país”. Así presentó el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, el resumen ejecutivo de la auditoría forense realizada por Deloitte. Un informe destinado a transparentar las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Pero que, al mismo tiempo, abrió un flanco que la directiva del fútbol prefiere no ahondar: el perdonazo a la gigantesca deuda tributaria de la asociación que gestionó su defenestrado ex presidente, Sergio Jadue, y que benefició a los dirigentes de todos los clubes que hoy pretenden mostrar al calerano como único culpable de los turbios manejos del fútbol.

Cuando Jadue tomó el timón de la ANFP, el Servicio de Impuestos Internos (SII) le exigía pagos, por diversas contingencias tributarias, que sumaban $43.709 millones. Pero al final solo se cancelaron $2.455 millones, lo que representa poco más de un 5% del monto original. En la auditoría forense que Salah presentó a la prensa el miércoles 25 de mayo pasado no hay mención alguna a los $41.254 millones que la ANFP se ahorró en impuestos adeudados, más las multas e intereses, que le cobraba el SII.

Solo en las últimas páginas del dossier que Salah entregó a los periodistas aparecía, de manera tangencial, una pequeña hebra que podía relevar esta generosa rebaja que hizo el SII a los empresarios del fútbol. Esa pista era un gasto objetado de $218 millones que había sido pagado por la directiva de Jadue al bufete de abogados tributaristas Aste, Jaramillo y Celaya (AJC).

La objeción a este desembolso provocó un duro enfrentamiento público entre Deloitte, la consultora que hizo la auditoría forense, y AJC, dos firmas que disputan el mercado de asesorías tributarias para grandes contribuyentes (ver recuadro).

Reunion de Directorio de la Anfp para conocer Auditoria ForenseCIPER siguió el rastro de este pago objetado y constató que AJC trabajó para la ANFP desde 2011 hasta fines de 2015 (incluso cuando Jadue ya se había entregado a la justicia de Estados Unidos). En ese periodo el bufete resolvió diversos problemas que la asociación arrastraba con el SII, algunos desde fines del siglo pasado. CIPER tuvo a la vista documentos que confirman que AJC consiguió reliquidaciones y condonaciones que evitaron el ingreso a las arcas fiscales de más de $41 mil millones que debía cancelar la ANFP.

Esta mega-rebaja tributaria le permitió a Sergio Jadue levantar el embargo que en 2011 el SII impuso a los flujos del Canal del Fútbol (CDF) y, posteriormente, a los terrenos que la ANFP posee en Quilín. Además, gracias al perdonazo Jadue pudo contar con fondos para repartir más de $23 mil millones a las sociedades anónimas que administran los clubes, las que tampoco pagaron impuestos pues se acogieron a una franquicia tributaria que obliga a invertir estos recursos exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil. Una obligación cuyo cumplimiento sigue en duda (ver reportaje de CIPER).

Desde 1999 la ANFP mantenía un conflicto con el SII debido a que la asociación hacía uso de una antigua exención tributaria destinada a organizaciones que promueven el deporte sin fines de lucro. En opinión de Impuestos Internos, la ANFP ya no podía acceder a este beneficio porque dejó de estar compuesta por clubes sin fines de lucro y ahora sus integrantes son sociedades anónimas. Sólo por este motivo, la ANFP llegó a adeudar $38.987 millones en 2010. CIPER revisó la documentación que acredita que, mediante reliquidaciones y condonaciones, la asociación pagó sólo $1.712 millones, equivalentes a un 4% del monto que le cobraban inicialmente.

La asesoría tributaria objetada en la auditoría forense también resolvió una disputa por impuestos impagos que enfrentó a la ANFP con VTR, y que involucraba el pago de $4.722 millones. Además, regularizó otros problemas tributarios complejos, como los impuestos impagos por el contrato del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Jorge Sampaoli, que simulaba ser un contrato por derechos de imagen, pero que encubría el pago de remuneraciones (ver reportaje CIPER).

DEUDA ORIGINAL Y FLUJO DEL CDF

El principal problema de la ANFP con el Fisco no nació con la administración Jadue. La ANFP acumulaba impuestos impagos por un total de $38.987 millones, correspondientes a impagos por transacciones y utilidades, desde el período tributario de 1999 hasta 2010. La disputa se originó porque la asociación se consideraba amparada por la Ley 8.834 de 1947, que deja exenta de tributos a las entidades deportivas sin fines de lucro, derecho que no era reconocido por el SII. Para solucionar este entuerto se contrató al bufete AJC. La asesoría determinó que la ANFP dejó de ser beneficiada con esa exención en 2005, cuando la ley dio origen a las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). Los consultores sugirieron reconocer la deuda solo a contar de ese año, pero renegociar con el SII.

cdfEn el acuerdo logrado con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII se estableció que la ANFP no debe pagar impuestos por los dineros que le entrega el CDF (sobre $32 mil millones anuales). Esto, porque los profesionales de AJC convencieron al SII de que el CDF y los clubes son los que deben pagar tributos por esos dineros, ya que la ANFP actúa sólo como mandataria de ellos: recibe los fondos desde el CDF y se los traspasa a los equipos.

Tras un largo proceso de negociación con el SII, la ANFP concretó el acuerdo. Esto la benefició con una potente reliquidación de la deuda: de los $38.987 millones originales pasó a una deuda de $6.453 millones, pero además obtuvo una condonación del 90% de los intereses y multas. De esta manera llegó a cifra definitiva que terminó pagando: $1.440 millones.

Adicionalmente, los asesores de la ANFP lograron convencer al SII de que los dineros que recibe del CDF tienen que ser considerados como “gastos”, debido a que solo los recibe y luego traspasa a los clubes, por lo que no le corresponde tributar por esos flujos. Esta nueva lectura de los impuestos que deben pagar los dineros del CDF disminuyó en $600 millones la carga impositiva de la ANFP entre 2011 y 2014.

VTR Y DERECHOS TELEVISIVOS

Antes de la puesta en marcha del CDF la transmisión del fútbol chileno se comercializaba al mejor postor por cifras mucho menores a las que se manejan hoy. En diciembre de 1994 la ANFP, presidida por Ricardo Abumohor, le entregó a Cable Express los derechos del campeonato nacional. En la negociación se decidió no gravar con IVA los pagos, pero quedó estipulado en el contrato que si el SII exigía cancelar ese impuesto, Cable Express se haría cargo.

Y así sucedió. En noviembre de 1999 el SII contactó a la ANFP para exigir el pago del IVA por la venta de derechos televisivos. La ANFP se hizo la desentendida durante años, hasta noviembre de 2011, cuando la Tesorería General de la República embargó los flujos del CDF para saldar la deuda, más intereses y multas: $4.722 millones en total.

Para entonces los clubes de Primera A y Primera B se sustentaban principalmente gracias a los dineros del CDF, por lo que el embargo era un problema mayúsculo para la entonces naciente administración de Sergio Jadue. Frente a la emergencia, la ANFP puso en acción a sus asesores tributarios: consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín (ver reportaje CIPER).

SIIUna vez aceptada la propuesta de reemplazo de embargo, los abogados comenzaron las negociaciones con VTR (sucesora de Cable Express) para que pagara la deuda, pero la empresa lo fue aplazando. La demora se debía a que VTR esperaba conseguir una condonación de intereses y multas, pero esas tratativas se congelaron en 2012 tras conocerse la controversial “mega-condonación” concedida por el SII a Johnson’s.

Ante esta situación, los abogados de la ANFP iniciaron un juicio ejecutivo para que VTR reconociera la deuda. La situación se agravó cuando la Tesorería volvió a pedir el embargo de los flujos del CDF el 5 de octubre de 2012. Pero eso nunca se ejecutó. Y si bien VTR desconoció la deuda en el juicio ejecutivo, el 17 de octubre le pagó al Fisco $1.360 millones, correspondientes a la reliquidación de la deuda, más una condonación.

LA PELEA POR LA ANFP

El round entre Deloitte y AJC, debido a la auditoría encargada por la ANFP generó un fuerte remezón entre los asesores de grandes contribuyentes que planifican rebajas de impuestos. Deloitte sostuvo que la ANFP había hecho pagos por $418 millones al bufete AJC, pero que no había encontrado antecedentes que justificaran el pago de $218 millones de ese total.

En una carta a El Mercurio, Christian Aste, miembro del bufete AJC, ex socio de Deloitte y responsable de las regularizaciones tributarias de la ANFP en el periodo de Sergio Jadue, apuntó a que el informe de la auditoría buscó enlodar la seriedad de su nombre y una oportunidad para quedarse con el cliente: “Un principio básico de auditoría es confirmar con la contraparte. Yo fui socio de Deloitte y tengo un prestigio que a nadie le permitiré comprometer. Lo mínimo era pedirme información”, se lee en la publicación.

Consultado por CIPER, Aste dijo que el CEO de Deloitte, Jorge Rodríguez, le respondió su carta con un e-mail en el que le explicó que enfatizaron el caso de los pagos hechos por la ANFP a AJC por los problemas de control interno de la asociación, debido a que los acuerdos fueron concretados por correo electrónico y no por un contrato. Sobre este punto, Aste dijo que le parecía “curiosa” la objeción: “Cuando fui socio de Deloitte pactaba servicios bajo el mismo sistema: por correo electrónico. Y tengo los medios para probarlo”.

CIPER solicitó una entrevista con un responsable de Deloitte para abordar este tema, pero la respuesta de la encargada de comunicaciones fue negativa: “Tenemos como política no emitir comentarios sobre procesos realizados a clientes”.

En la ANFP señalaron que “el informe final desarrollado por la empresa auditora Deloitte recoge las observaciones e incorpora las inquietudes y antecedentes entregados por el señor Cristián Aste”. Dicho informe, cuyo contenido aún no es público, fue entregado por Deloitte después del resumen ejecutivo que se dio a conocer la prensa y en la ANFP no informaron si los antecedentes aportados por Aste fueron suficiente para subsanar los cuestionamientos iniciales.

 

(Esta nota fue actualizada el 16/6/2016)

La millonaria evasión tributaria de Banmédica llega a tribunales

La formalización del empresario Roberto Carrasco en el caso Penta, efectuada este miércoles 30, traía una sorpresa. Entre los ilícitos que le imputó el Ministerio Público se incluyó uno que desafía la estrategia de silencio que ha mantenido el Servicio de Impuestos Internos (SII) en gran parte de las investigaciones que involucran financiamiento político ilegal. La arista menos conocida por la que se acusa a Carrasco es la triangulación que hizo, a través de sus empresas, para pagar bonos a ejecutivos del holding Banmédica sin pagar impuestos. Aunque la Fiscalía ha acreditado que este es el fraude tributario más importante detectado en la investigación al Grupo Penta, el SII no se ha querellado contra los responsables. La ausencia de acciones legales del SII ha paralizado buena parte de las investigaciones relacionadas con aportes ilegales a la política. Pero en este caso, el Ministerio Público operó a pesar del silencio del SII.

Los antecedentes que acusan a Carrasco y al ex gerente general del holding Banmédica, Carlos Kubick, se hicieron públicos hace un año, cuando este último renunció a su cargo reconociendo su participación y responsabilidad en el fraude al Fisco.

Las cifras son contundentes, $2.500 millones pagados a través de esta fórmula ilegal a Kubick y a otros dos ejecutivos de Banmédica: Pedro Navarrete (gerente general de la Clínica Santa María) y Fernando Mathews (gerente general de isapre Vida Tres), entre 2008 y 2013. Para ello, utilizaban una de las empresas de Roberto Carrasco, Asesorías VSA, como puente para triangular los recursos y evitar el pago de impuestos.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía durante la formalización de Carrasco, se utilizaron 27 facturas falsas para cancelar los bonos. El mecanismo era el siguiente: Asesorías VSA emitía una factura a alguna de las dos sociedades del grupo Banmédica involucradas, Saden y Centro de Servicios Compartidos Banmédica. Estas pagaban las facturas a VSA, la que finalmente transfería los fondos a los ejecutivos comprometidos, registrándolo en su contabilidad como “cuentas por cobrar”.

Laurence Golborne
Laurence Golborne

Con este ardid las empresas involucradas rebajaron su carga tributaria y los ejecutivos beneficiados se ahorraron el pago al impuesto de segunda categoría. El perjuicio fiscal por esta práctica llegó a $817 millones, un monto muy superior al daño causado por las otras aristas por las que fue formalizado Carrasco: contratos forwards irregulares con el Grupo Penta, boletas falsas para reducir su propia carga tributaria y facturas falsas emitidas a diez grandes empresas para allegar recursos a las campañas políticas del ex ministro Laurence Golborne.

A pesar que la investigación logró acreditar el millonario fraude realizado por Banmédica, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no ha presentado denuncia o querella en contra de Carrasco por su participación en esta triangulación de dineros. En el SII manejan estos antecedentes, al menos, hace siete meses. El 24 de agosto de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, remitió a Impuestos Internos el oficio 629, donde adjuntó la declaración de Roberto Carrasco del 6 de agosto pasado (donde reconoce su participación) y el oficio que la propia Banmédica hizo llegar al Ministerio Público, en el que admite los mismos hechos. Hasta ahora, el SII ha guardado silencio respecto de estos antecedentes.

El cuánto sea capaz de avanzar la Fiscalía en esta arista de la investigación, sin denuncia o querella del SII, será un verdadero globo sonda respecto de la capacidad del Ministerio Público para formalizar otras indagatorias que están pendientes sin contar con el respaldo de Impuestos Internos.

En su declaración ante los fiscales del 6 de agosto de 2015, Carrasco fue explícito al reconocer la triangulación para evadir el pago de impuestos:

A partir del año 2007 o 2008 mi jefe Carlos Kubick Castro, que era el gerente general de Banmédica S.A., me pidió que investigara la posibilidad de disminuir la carga tributaria del pago de los bonos y yo hice algunas averiguaciones, consulté la opinión de algunos asesores, pero ninguna prosperó. Luego surgió hacer la facturación a través de un tercero y que el tercero depositara a los ejecutivos. Finalmente yo accedo a que utilicemos una compañía que yo administraba, de nombre VSA”.

Hasta 2009 Roberto Carrasco se desempeñó como contralor de Banmédica, cargo que ostentaba desde mediados de los ‘90. Esa carrera dentro del holding le permitió tejer una estrecha cercanía con Carlos Kubick, entonces gerente general. De hecho, un reportaje de la revista Qué Pasa de marzo de 2015 reveló que los hijos de Kubick habían sido socios de Carrasco en su empresa Siglo Outsourcing, a través de la sociedad Inversiones Palo Santo.

La cercanía de Carrasco y Kubick se refleja también en el directorio de Transacciones Electrónicas S.A., empresa reformulada en 2008 y que cuenta con un capital de $1.500 millones. Allí, Kubick aparece como uno de los cuatro directores titulares, mientras que Carrasco figura como su director suplente.

LA EVASIÓN, PASO A PASO

La declaración de Carrasco frente a la Fiscalía en agosto pasado fue clave. Entonces el ingeniero detalló la intrincada fórmula que involucró a sus sociedades personales en la evasión del pago de impuestos:

Carlos Kubick me daba el monto de los bonos que se iban a pagar. Yo le sumaba el impuesto a la renta que VSA iba a tener que pagar, que varió en esos períodos entre el 15% y el 20% de impuesto de primera categoría. Luego yo hacía una factura por ese valor a favor de Centro de Servicios Compartidos Banmédica (CSC Banmédica) con quienes teníamos otros servicios reales. Se recibía ese pago en la cuenta corriente de VSA mediante un cheque y luego yo pasaba ese dinero a una cuenta de otra sociedad mía llamada Inca de Oro I, en el Banco BCI. Y luego depositaba en las cuentas corrientes personales de los ejecutivos (…) en la contabilidad de Inca de Oro se registraba esta salida de dinero como un préstamo a favor de estas personas, lo que no era real”.

Las primeras facturas falsas utilizadas por Banmédica para el pago de bonos a sus ejecutivos se emitieron el 31 de marzo de 2008, cuando Asesorías VSA le entregó tres documentos a Saden, una de las sociedades del holding Banmédica. El primero era por $230 millones, el segundo por $20 millones y el tercero por $67 millones. En septiembre de ese año VSA emitió dos facturas más a Saden por otros $10 millones. En total, $327 millones en el estreno de la fórmula de defraudación.

Una cifra similar se registró en 2009, cuando VSA emitió una sola factura a Saden por $199 millones y otras cuatro a CSC Banmédica por $118 millones. En 2013 el ritmo de pagos llegó a su peak. Ese año se cancelaron desde el holding de salud $485 millones a la empresa de Carrasco para que esta los desviara a las cuentas corrientes de los tres ejecutivos. Durante los seis años que se mantuvo esa forma de operar, se cancelaron $2.499 millones. (Revise aquí el detalle de las facturas falsas utilizadas).

El perjuicio fiscal reconocido por la misma Banmédica ascendió a $817 millones. Esa cifra fue pagada en abril de 2015 por la empresa al SII, además del pago de reajustes, multas e intereses. En total, la empresa desembolsó $1.283 millones para reparar el daño.

Carlos Kubick
Carlos Kubick

Esos pagos al SII registrados en abril formaron parte de una serie de movimientos de Banmédica que en menos de dos meses buscaron sanear su situación tributaria y judicial. El 12 de marzo la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde ex empleados de Siglo, la empresa de outsourcing de Roberto Carrasco, denunciaron irregularidades en la relación de esa compañía con Banmédica.

Alertado, el comité de directores del holding se reunió el 16 de marzo de 2015 para tratar el asunto. A la cita llegaron Antonio Tuset, Alfredo Moreno, Cristián Arnolds y Carlos Kubick. El acta de esa reunión consigna que “los miembros del comité manifestaron que no se les había informado acerca del rol y actividades que desempeñan” las dos sociedades del holding involucradas: Saden y CSC Banmédica. Ese asunto iba a ser resuelto con una auditoría externa que acordaron solicitar. Ya avanzada la junta, Carlos Kubick entregó los antecedentes respecto de los pagos irregulares a él y a otros dos ejecutivos:

El Sr. Kubick pidió la palabra para informar al comité de directores que –en el marco de la auditoría acordada y para efectos de contar con todos los antecedentes del caso- debía informar en esta oportunidad de una situación inédita que él había mantenido en reserva y en total ignorancia del directorio y de sus miembros”, señala el acta de esa reunión. Luego se detalla el mecanismo irregular para el pago de bonos, el que Kubick reconoció haber ideado.

Dos semanas después, el 31 de marzo, se convocó a una sesión extraordinaria del directorio. Allí, Kubick aseguró que los otros dos ejecutivos beneficiados (Fernando Mathews y Pedro Navarrete) no estaban enterados del ilícito. Un día después, el 1 de abril, Kubick presentó su renuncia. Durante esa semana la empresa envió dos hechos esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dando a conocer la salida de su gerente general y alertando que se había encargado una auditoría externa para conocer el alcance de la irregularidad. El 7 de abril Banmédica decidió rectificar los pagos de sus empresas Saden y CSC Banmédica.

TODO EL PODER DE BANMÉDICA

Contrario a lo que la mayor parte de la gente cree, Banmédica no es solo una isapre. Se trata de un poderoso holding de negocios de la salud. Se constituyó en 1988 y actualmente es controlado por un pacto en el que participan el Grupo Penta (con un 28,74% de las acciones) y el Grupo Fernández León, a través de Inversiones Santa Valeria (también con el 28,74%).

El holding es dueño de las isapres Banmédica, Vida Tres y Vida Tres Internacional. Posee además varias clínicas: Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bio. También son suyos los centros de salud Vidaintegra y el servicio de traslado de pacientes y atención domiciliaria Help. En el exterior posee inversiones en Perú y Colombia: Colmédica Medicina Prepagada, Aliansalud, Clínica del Country, Empremédica, Laboratorios ROE y Clínica San Felipe. Su firma aparece también en inmobiliarias y en la Fundación Banmédica.

Empresas Banmédica registraba un patrimonio, al 2014, de $195 mil millones, mientras que sus utilidades entre los años 2008 y 2014 llegaron a $295 mil millones. A diciembre de 2014, las isapres del holding concentraron la mayor cantidad de cotizantes del sistema (24% de participación de mercado), mientras que según su memoria 2014 las clínicas del grupo poseían el 35% de las camas disponibles en el sector privado.

Isapre-BanmedicaDentro del extenso entramado societario del holding Banmédica, la investigación del Ministerio Público ha puesto su lupa sobre las dos sociedades que participaron del mecanismo ideado por Carlos Kubick para eludir el pago de impuestos: Saden y CSC Banmédica. Ambas tienen orígenes diferentes.

Saden fue creada por el dentista Jorge Oliva Te-Kloot y el contador Jorge Domingo Oliva Armijo el 8 de septiembre de 1992, con $30 millones de capital, para prestar servicios odontológicos y médicos en Santiago. En el año 2000 agregaron a su campo de acción la inversión inmobiliaria y financiera. Sus socios iniciales desaparecieron cuando Saden se incorporó al holding de Empresas Banmédica.

En octubre de 2006 ya eran Kubick y Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle quienes representaban a Saden cuando constituyeron otras tres sociedades: Servicios Médicos Vespucio (en sociedad con la Clínica Vespucio) y Servicios Médicos Ciudad del Mar (en sociedad con Clínica Ciudad del Mar, de Viña del Mar). La última creación de Saden, en octubre de 2006, fue Servicios Médicos del Bío Bío, con sede en Talcahuano.

A diferencia de lo ocurrido con Saden, CSC Banmédica fue parte desde un inicio del holding. La sociedad Centro de Estudios Compartidos Banmédica fue creada el 21 de enero de 2009 por Carlos Kubick Castro, en representación de Banmédica (999 acciones) y el ingeniero comercial Javier Eguiguren Tagle, representando a otra filial del holding: Inmobiliaria Magapoq (1 acción). Su objetivo fue prestar servicios gerenciales en finanzas, administración y otros rubros relacionados en forma exclusiva a las empresas del grupo.

CARRASCO Y LOS BONOS DE PENTA

El empresario Roberto Carrasco no solo es protagonista en la investigación por los bonos irregulares a ejecutivos de Banmédica. Su nombre aterrizó en la carpeta de los fiscales porque firmó contratos forwards irregulares con empresas Penta para eludir los impuestos por los bonos que se pagaban a los ejecutivos del holding.

El primero que mencionó ante el Ministerio Público que los millonarios bonos de altos ejecutivos del Grupo Penta se pagaban de manera irregular fue Hugo Bravo López, el ex hombre de confianza de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Pero sólo cuando Délano y Lavín renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon el 5 y 6 de enero de 2015, la Fiscalía obtuvo las primeras evidencias sólidas de la existencia de contratos forward fraudulentos firmados por Carrasco.

En esos primeros días de 2015, Délano y Lavín admitieron apenas una mínima parte del fraude con los forwards: sólo cuatro contratos de ese tipo firmados con la empresa VSA, filial de Grupo Siglo, controlado por Roberto Carrasco. Pero esa calculada confesión de los dueños de Penta  terminó tirando de una hebra que demostró que el monto y extensión del fraude tributario del holding era muchísimo más importante que su rol en el financiamiento político ilegal y que se extendía hasta Banmédica.

Dos semanas después, el 22 de enero de 2015, el ex gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro Sanguinetti, admitió que el holding había utilizado forwards para pagar bonos a sus ejecutivos sin cancelar los impuestos. Días más tarde, el 30 de enero, Hugo Bravo no sólo confirmó que se habían usado los forward para burlar el pago de impuestos, sino que situó el origen del ilícito en el área de salud del holding: el primero que se benefició con esta fórmula, declaró, fue el jefe de las empresas de salud de Penta, Héctor Concha, quien evitó el pago de impuestos por las utilidades que le rindieron sus acciones de Banmédica. Esa operación, dijo Bravo, la diseñó Roberto Carrasco, ex contralor de Banmédica y dueño del Grupo Siglo, dedicado a las asesorías tributarias.

En la misma declaración del 30 de enero de 2015, Bravo dijo que también se firmaron forwards con CB Consultorías y Proyectos, una empresa de Manuel Cruzat.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

A la semana siguiente, el 6 de febrero, la Fiscalía recibió los primeros documentos sobre el fraude con los forwards. Los aportó el abogado Jorge Bofill, representante de los ejecutivos de Penta Manuel Antonio Tocornal y Marcos Comparini. Eran 14 copias de contratos forward suscritos por sus clientes con empresas del Grupo Cruzat entre 2008 y 2012.

El 12 de febrero, el ex ejecutivo de CB Consultorías, Iván Rojas, entregó documentación que probaba que fueron 102 los forwards que su empresa hizo con el Grupo Penta. La mayoría para beneficiar a los ejecutivos de ese holding, pero uno de ellos también favoreció a Bancorp, la sociedad del ex Presidente Piñera.

Poco antes, el 11 de febrero, ya había declarado por primera vez Roberto Carrasco, quien aseguró que había hecho contratos forward fraudulentos sólo con empresas y ejecutivos de Penta.

Ocho meses después, en agosto de 2015, Carrasco se quebró y contó todo. Hasta ese minuto, su rol en el fraude se remitía a solo cinco contratos forward. Pero la Fiscalía había accedido a la contabilidad de su empresa VSA y ante la posibilidad cierta de enfrentar la prisión preventiva, prefirió colaborar: primero admitió que se prestó para triangular los pagos a los ejecutivos de Banmédica y luego reconoció que canalizó aportes ilegales a campañas de Laurence Golborne provenientes de múltiples empresas (vea los reportajes “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política” y “Los secretos de la ‘lista de Carrasco’: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI). Ahí se inició la cuenta regresiva para la formalización que ahora llevará al ex ministro y a los ex ejecutivos de Banmédica a los tribunales.

LAS OTRAS FACTURAS FALSAS DE CARRASCO

Durante la formalización que se desarrolló este miércoles 30 de marzo, la Fiscalía le imputó a Roberto Carrasco la utilización de otras boletas y facturas falsas.

Por una parte detalló como en abril y mayo de 2013 su empresa Siglo Outsourcing emitió dos facturas falsas a Empresas Penta y a Inversiones Penta III por un total de $177 millones. Siglo no prestó ningún servicio a Penta, sino que ese dinero lo utilizó para pagar bonos a tres altos ejecutivos del grupo: Marcos Castro SanguinettiOscar Buzeta Undurraga y Héctor Concha Marambio. Una vez que Penta pagó las facturas, cercanos a los tres ejecutivos emitieron boletas falsas para Siglo Outsourcing.

El segundo caso mencionado por el Ministerio Público indica que, entre 2010 y 2015, Siglo Outsourcing incluyó en su contabilidad 105 boletas de honorarios falsas con el fin de rebajar indebidamente su propia base imponible. Esas boletas fueron emitidas por tres personas: Romina Salinas Ríos (53 boletas), Angela Lapierre Ávalos y Denisse Lapierre Ávalos. En total, esas 105 boletas suman más de $100 millones.

Los secretos de la “lista de Carrasco”: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI

Ver también: La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El testimonio de Roberto Carrasco fue contundente. El 4 de noviembre de 2015 el ingeniero comercial detalló los movimientos tributarios tramposos que protagonizó para recaudar dinero con el objeto de financiar la campaña presidencial de su amigo personal, Laurence Golborne. Según su relato, fue el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera quien hizo el contacto con diez empresas y su rol se limitó a emitir decenas de facturas falsas para recolectar la plata.

Esa declaración de noviembre resultó explosiva ya que incorporó a la indagatoria a empresas que no habían sido mencionadas entre las que utilizaron métodos ilegales para financiar la política. El listado de Carrasco fue el siguiente: Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el listado se incluyeron sociedades de inversión controladas por algunos de los grupos económicos más ricos del país, como el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

La revelación realizada por Roberto Carrasco, y las posteriores diligencias encargadas por el Ministerio Público, desafiaron el presagio murmurado por dirigentes políticos que aseguraba que no se investigarían más empresas luego de la crisis política generada por el financiamiento ilegal de Penta, Soquimich y Corpesca. Las rectificaciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por varias de las compañías incluidas en la lista de Carrasco, abrieron nuevas aristas en la investigación penal y volvieron a salpicar al sistema político. A esto se suma lo publicado el miércoles 10 de febrero por El Mercurio que indica que la Fiscalía Oriente pedirá al SII la totalidad de las rectificaciones hechas por las empresas que aparecen mencionadas en las 60 carpetas que acumula la indagatoria al Grupo Penta. Y ese es precisamente el expediente donde se ubica el testimonio de Roberto Carrasco.

Presidente Michelle Bachelet
Presidenta Michelle Bachelet

Todas las empresas mencionadas por Carrasco en su declaración ante la Fiscalía realizaron depósitos, a cambio de facturas falsas, a la empresa Asesorías VSA, la que se dedica a la asesoría tributaria y que es propiedad del ingeniero comercial. Pero la investigación que gatilló la declaración de Carrasco, reveló que no era solo Laurence Golborne el beneficiado con esos aportes.

El detalle de la rectificación realizada por el Banco BCI volvió a instalar la duda sobre dirigentes de la UDI como Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya. Fue el propio presidente del banco, Luis Enrique Yarur, quien declaró ante la Fiscalía que estos pagos se realizaron para apuntalar a candidatos que defenderían el libre mercado.

En el caso de Ripley los aportes aparecen más transversales. Destaca un pago rectificado a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El Mercurio reveló correos electrónicos internos de la multitienda donde se menciona al recaudador Giorgio Martelli como el gestor de estos aportes, los que totalizaron $50 millones. La rectificación de Ripley también incluyó aportes a empresas relacionadas con la fallida campaña presidencial de Andrés Velasco –líder de Ciudadanos, movimiento que apuesta a representar el centro liberal-, y otro pago a una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett.

Las dos sociedades del Grupo Said mencionadas por Carrasco (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, continuadora de Newport) también registran extensas rectificaciones, las que fueron reveladas por CIPER (Ver reportaje CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC“) en diciembre y que incluye a sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle (en 2009), además del lobista Enrique Correa y el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI), quien fue candidato a senador en 2009. En este reportaje se da cuenta de una nueva rectificación ingresada a Impuestos Internos por los Said Handal a través de sus sociedades Santa Virginia y Wilsim Corporation, quienes sumaron pagos por $389 millones a los $95 millones que ya habían rectificado en una primera instancia.

Lo que obstaculiza el avance de esta indagatoria es que no toda la información contable de las empresas incluidas en el listado de Roberto Carrasco está en manos de la Fiscalía. Esto porque, tal como informó CIPER (Ver reportaje CIPER “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política“) el SII informó a los fiscales el 7 de diciembre pasado que ni Watts ni CAP ni GT Advisors han presentado rectificaciones, mientras que no se han realizado auditorías ni se cuenta con la información respecto de las dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña involucradas: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-.

La situación judicial y tributaria de estas empresas podría complicarse, ya que existiendo evidencias en la indagatoria del Ministerio Público de pagos a políticos por fuera de la vía legal, y no habiendo rectificaciones ante el SII, estas compañías podrían estar adeudando impuestos más los intereses y multas correspondientes, los que sí fueron cancelados por otras empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

DEFENDER EL NEOLIBERALISMO

El 13 de enero pasado el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, declaró como imputado frente a los fiscales para aclarar los aportes realizados a diversos dirigentes políticos por esa institución financiera. Yarur justificó los pagos irregulares a sociedades relacionadas con Laurence Golborne indicando que el ex ministro de Sebastián Piñera le “pareció una buena carta política para defender el libre mercado”.

Laurence Golborne
Laurence Golborne

En total, el BCI aportó con $112,8 millones a la campaña de Golborne. Lo hizo mediante dos giros a la sociedad Asesorías VSA, de Roberto Carrasco, y otros seis a Vox Comunicación Estratégica, la misma empresa usada por Golborne para obtener apoyo económico desde Penta, grupo que le aportó $120 millones a través de seis pagos de $20 millones entre enero y junio de 2013. Por esas transacciones Impuestos Internos se querelló en contra de Laurence Golborne en octubre pasado, aunque esa acción legal no consideró los nuevos antecedentes surgidos en la indagatoria de la Fiscalía y que ligan a Golborne con pagos irregulares desde otras diez empresas.

Luis Enrique Yarur reconoció ante la Fiscalía que los aportes realizados a Golborne no tuvieron respaldo contable, ya que ningún trabajo que sirviera a la empresa para producir su renta fue aportado por el ex candidato de la UDI: “Hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Yarur afirmó también que fue el entonces candidato Golborne quien lo visitó “en un par de ocasiones” para solicitarle recursos, ofreciéndole la intermediación de VSA y Vox. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, resaltó el presidente del Banco BCI.

El banco de los Yarur presentó dos rectificaciones tributarias ante el SII. La primera, el 22 de junio de 2015, por pagos que totalizaron $237 millones y que incluyeron los años tributarios de 2010 a 2015; y una segunda, que ingresó al SII el 25 de junio. Esa segunda rectificación fue por $21,7 millones e incluyó pagos irregulares del año tributario 2009. En total, el banco reconoció haber transferido $259,5 millones a figuras jurídicas y personas naturales que no prestaron ningún servicio a la casa financiera.

La mayoría de los beneficiados con los traspasos de dinero del BCI están relacionados con la UDI. Destaca el ex alcalde y ex candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, con un sueldo de $700 mil que el banco le pagó, al menos entre enero de 2008 y diciembre de 2013. Esos dineros, $47,6 millones en total, fueron transferidos a las cuentas de dos sociedades utilizadas por Zalaquett en su campaña: Asesorías e Inversiones La Manada (la misma que aparece vinculada a rectificaciones realizadas por SQM y Copec) e Inversiones y Asesorías ZB. Aunque según Yarur en este caso los pagos corresponden a asesorías personales, de todos modos los rectificó ante el SII junto al resto de los aportes políticos.

Javier Macaya
Javier Macaya

Los pagos rectificados por el BCI también complican al diputado Javier Macaya (UDI), quien ha sido socio del estudio Ossa, Long & Macaya Abogados, el que el 15 de mayo de 2013 recibió $5 millones desde el BCI. Macaya no ha tenido un rol protagónico en el financiamiento irregular de la política a pesar de que ya acumula varios pagos cuestionados por empresas: SQM rectificó otros $5 millones girados a su cónyuge, Constanza Farías, en octubre de 2012, mientras que Inversiones Caburga, de la familia Said Somavía, rectificó otros $11 millones pagados en 2013 también a la esposa del diputado.

Sobre el pago del BCI al estudio de abogados Ossa, Long & Macaya, el diputado aseguró a CIPER que abandonó ese staff en 2010, por lo que no estaría involucrado en el pago recibido tres años después. Sin embargo, en la página web del estudio, Macaya aparece como socio y su apellido aún figura en el nombre de la firma. Sobre este punto, el legislador afirmó que se trata de un error y que solicitará a sus ex socios que modifiquen esa información. En el mismo staff figura como socio Felipe Alessandri, concejal UDI de la comuna de Santiago.

Según el Ministerio Público, Javier Macaya formaba parte de la estructura montada por Jovino Novoa para financiar campañas electorales de la UDI. Durante la formalización de Novoa, el fiscal Emiliano Arias leyó una serie de correos entre Novoa, Macaya y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños del Grupo Penta. “Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias”, le escribió Macaya al empresario en 2012, en un correo electrónico que incluyó un listado de candidatos a concejales y alcaldes de la UDI por la Región del Maule. Cabe recordar que Macaya es diputado por un distrito de esa misma región.

Quien también figura con un pago rectificado del BCI es Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer, Jorge Bussenius. $11 millones le pagó el BCI el 16 de abril de 2013, cuando recién partía la campaña parlamentaria de ese año. Bussenius aparece con un pago rectificado en la arista SQM, donde su sociedad Asesorías IMBC recibió $35 millones desde SQM Salar también en 2013.

Otros pagos ligados a la UDI incluidos en la rectificación del BCI son: $8,8 millones para Ana Carolina Palacios, cuñada de Carmen Luz Valdivielso, la asesora de mayor confianza de Pablo Longueira y quien aparece señalada por varios testigos como la persona que recaudaba aportes para el ex presidente de la UDI; $5,5 millones para Gustavo Alessandri, ex concejal del partido; $5,5 millones para Carmen Soza del Río, ex asesora de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera; $12,5 millones para el Centro de Investigaciones Sociales, controlado por la familia del analista Gonzalo Müller, esposo de la diputada María José Hoffmann; $5,5 millones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (quien renunció a la UDI hace pocos meses) el 16 de febrero de 2010; y $15 millones el 29 de abril de 2014 para Marne SpA, sociedad en la que participa el diputado de Evópoli, Felipe Kast, aunque este negó a La Tercera que se trate de pagos políticos (revise la rectificación completa del Banco BCI).

Luis Enrique Yarur
Luis Enrique Yarur

En su declaración judicial, el presidente del BCI separa en tres grupos los pagos rectificados. Primero identifica aportes que fueron a campañas de la UDI, en que no sabe quién solicitó el dinero, correspondiente a las boletas emitidas por Ximena Carbacho, Ana Palacios, Carmen Soza, Juan Masferrer, Jorge Brito, Gustavo Alessandri, Rodolfo Carter y al estudio jurídico Ossa, Long & Macaya. En un segundo grupo incluye los pagos para financiar la campaña de Golborne, a través de VSA y Vox, mientras que en una tercera categoría identifica empresas que, según dice, sí prestaron servicios al banco: Centro de Investigaciones Sociales, René Hormazábal y Marne SpA. Según el testimonio de Yarur, el criterio del BCI para rectificar pagos fue identificar a todas las sociedades o personas naturales que aparecieran vinculadas a financiamiento irregular de la política en la investigación del Ministerio Público o en los reportajes relativos al tema aparecidos en la prensa.

La declaración que el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, entregó a la Fiscalía el 13 de enero, deja claro por qué solo aparecen dirigentes políticos de derecha en los aportes a campañas de esa institución financiera: “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Y agregó: “En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”.

RIPLEY Y LA NUEVA VENTANA A LA CAMPAÑA DE BACHELET

La rectificación ingresada por la multitienda Ripley, a través de dos de sus sociedades controladoras, Ripley Corp y Comercial Eccsa, fue más acotada que la del Banco BCI. Se rectificaron pagos entre 2012 y 2014 por un total de $104 millones. Parte de ese monto son los $15 millones que Roberto Carrasco declaró haber facturado a la multitienda sin prestar ningún servicio y que fueron aportes para Laurence Golborne.

Entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se giraron tres pagos a Asesorías VSA, una de las empresas de Carrasco que participó en la triangulación de dineros irregulares para el ex candidato de la UDI. Antes, en mayo de 2013, Ripley ya había girado otros $5 millones a Vox Comunicaciones, la sociedad fundada por Golborne y que también sirvió de puente para financiar su apuesta electoral. En total, $20 millones giró Ripley en beneficio del ex ministro de Minería y Obras Públicas del gobierno de Piñera.

Pero la rectificación de Ripley ante Impuestos Internos contenía otros aportes sorpresa. La multitienda controlada por la familia Calderón rectificó también $50 millones pagados a Asesorías Credo, una sociedad que se vincula directamente con el comando presidencial que llevó de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda.

El documento oficial ingresado por la empresa al Departamento de Delitos Tributarios del SII el 27 de abril de 2015, detalla que los pagos se realizaron el 12 de diciembre de 2013 por $27,7 millones –tres días antes de la segunda vuelta que le otorgó a Bachelet más del 62% de los votos-,  y el 13 de enero de 2014 por $22,2 millones, un mes después de los comicios le dieron el triunfo a la actual Presidenta.

ripleyAsesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Diego Perry es hijo de Ximena Aldana, esposa de Juan Carvajal, el ex hombre fuerte de la Secretaría General de Comunicaciones de La Moneda durante el primer gobierno de Bachelet. Hoy es uno de los ejecutivos de Imaginacción, la empresa consultora y de lobby liderada por Enrique Correa. Por su parte, Aldana fue por 16 años secretaria del ex ministro Sergio Bitar, asesora de Andrés Velasco cuando este era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet y ha integrado la comisión política del PPD.

El Mercurio reveló un correo electrónico fechado el 9 de diciembre de 2013, entre el gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, Miguel Nuñez, y el gerente general corporativo, Lázaro Calderón, donde acuerdan pagarle a Asesorías Credo un informe de coyuntura política, económica y legislativa. El asunto de ese correo es “orden de compra a Giorgio Martelli”. Como ha quedado acreditado en la indagatoria del Ministerio Público, Martelli es uno de los principales recaudadores de dineros para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y está imputado por participar en la triangulación de dineros de SQM para financiar la campaña de Bachelet.

Giorgio Martelli ya fue interrogado por los fiscales sobre de los pagos irregulares que llegaron a la campaña de la Presidenta desde empresas del Grupo Angelini, pero no así sobre los pagos que otras empresas aportaron a esa misma campaña a través de las sociedades de uno de sus publicistas.

La rectificación ingresada por Ripley al SII se completa con $24 millones pagados a Ernesto Evans, ex yerno del senador Andrés Zaldivar (DC); $4,5 millones a Comunicaciones Paréntesis, sociedad constituida en 2003 por miembros del círculo político de Andrés Velasco, como Juan José Santa Cruz, Mariana Aylwin, Walter Oliva y el mismo Ernesto Evans. El Mercurio reveló un correo electrónico en que el actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman (quien integró el comando presidencial de Andrés Velasco), pregunta a uno de los gerentes de Ripley por los pagos a Comunicaciones Paréntesis. Finalmente, aparecen rectificados $3 millones pagados por Ripley a Reactor SpA, ya mencionada como vehículo del financiamiento irregular de la fracasada campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) (Revise aquí el listado completo de la rectificación de Ripley).

COMPAÑEROS DE DIRECTORIO

Daniel Mas Valdés
Daniel Mas Valdés

El detalle de la rectificación que hizo Inmobiliaria Ecomac Santiago ante Impuestos Internos provocó que funcionarios de la entidad fiscalizadora revisaran una donación de $50 millones a la Fundación María Educa, la que después fue aprobada por el SII. No ocurrió lo mismo con la duplicidad de ingresos que declaró esa empresa por ventas de inmuebles. Lo extraño es que en la información enviada por el SII al Ministerio Público no hay indicios de los pagos efectuados a VSA y que finalmente fueron a la campaña de Laurence Golborne. Según declaró Roberto Carrasco, la inmobiliaria donó $25 millones a través de dos facturas falsas pagadas el 9 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013.

La Inmobiliaria Ecomac es controlada por Daniel Mas Valdés (actual presidente de Inversiones Norte Sur, firma que controla junto a Aníbal Correa), empresario oriundo de la Región de Coquimbo, desde donde Ecomac creció como inmobiliaria de la mano de su padre, Daniel Mas Rocha. La empresa tiene proyectos millonarios en el norte del país, aunque en 2014 Mas Valdés declaró a El Mercurio que, debido al clima generado por las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, habían postergado proyectos por una suma cercana a los US$100 millones.

Laurence Golborne no era un desconocido para Daniel Mas Valdés, ya que ambos fueron miembros del directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas. Así quedó registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se establece que en 2009 Golborne se integró como director a la compañía presidida entonces por Daniel Mas Rocha y en cuyo directorio participaba su hijo, Daniel Mas Valdés. El ex candidato presidencial abandonó esa gestión el 10 de marzo de 2010, cuando ingresó al gabinete de Sebastián Piñera.

MÁS PLATA DE LOS SAID

En diciembre CIPER reveló las rectificaciones de impuestos ingresadas al SII por dos sociedades del Grupo Said: Inversiones Caburga (de los Said Somavía) y Newport (de los Said Handal). En total, sumaron casi $750 millones. No era lo único: porque en 2015 la rama familiar Said Handal había ingresado una nueva rectificación, esta vez correspondiente a pagos de otras dos sociedades bajo su control: Inversiones Santa Virginia (continuadora legal de Newport desde 2012) y Wilsim Corporation. En total, ambas rectificaron pagos por $389 millones, lo que eleva el total rectificado por los Said a más de mil millones entre 2009 y 2014.

A través de dos documentos ingresados el 15 de mayo y el 30 de junio de 2015 en Impuestos Internos, Santa Virginia reconoció nuevos pagos sin respaldo contable. Los nombres tras esos pagos rectificados llaman la atención: una de las personas que aparece en ese listado recibiendo la mayor cantidad de dinero es Francisco Said de Maria, hermano del patriarca del grupo, Juan Said de Maria, y tío de los seis hermanos Said Handal (Jaime, Sara, Ana, Javier, Gonzalo y Virginia) que hoy están a cargo de los negocios familiares. Francisco Said recibió $145 millones que no tendrían respaldo, según la rectificación hecha por Santa Virginia.

En su última declaración ante el SII, los Said Handal incluyeron los $20 millones que aportaron a la candidatura de Golborne el 31 de marzo de 2013, a través de Siglo Outsourcing, empresa de Roberto Carrasco y controladora de VSA. En esa declaración llaman también la atención otros pagos rectificados, cuyo receptor no se identifica y que se inscriben como “fondos por rendir”: $30 millones, el 12 de octubre de 2012; $10 millones, el 30 de enero de 2013; $20 millones, en abril de 2013; $30 millones, en mayo de 2013; $10 millones, el 27 de junio de 2013 y $17 millones, en diciembre de 2014 (ver detalle de las nuevas rectificaciones de Santa Virginia y Wilsim Corporation).

Santa Virginia es un fondo de inversión formado por los Said Handal en 1992, en cuya propiedad participan Wilsim Corporation (constituida en el paraíso fiscal de Panamá, antes representada por José Domingo Eluchans y actualmente por Felipe Larraín Tejeda, de Claro & Asociados) y Compañía de Leasing y Arriendo, formada por el matrimonio Said Handal.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con algún representante de esta rama familiar del Grupo Said, pero no fue posible. El Grupo Said participa en el Banco BBVA y Embotelladora Andina, además de estar presentes en el control de Parque Arauco, tener representación accionaria en Envases del Pacífico, en la Viña Principal y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

Nota de la Redacción: Este artículo fue actualizado el jueves 11 de febrero a las 17:20 horas.

La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El 4 de noviembre de 2015 a las 09:40 horas se inició la cuarta declaración judicial de Roberto Carrasco, ingeniero comercial, asesor tributario y gestor de proyectos inmobiliarios. Hasta ese día la participación de Carrasco en el fraude tributario asociado al Grupo Penta solo se remitía a cinco  de los contratos forwards que el grupo utilizó para pagar bonos a ejecutivos, financiar campañas electorales y retirar utilidades evadiendo el pago de tributos. Transcurridos nueve meses de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra, la situación había cambiado. Los fiscales habían accedido a la contabilidad de una de sus empresas –Asesorías VSA- la que escondía otros secretos. Consciente de que su marca en los forward hacía casi imposible evitar la prisión preventiva, ese día de noviembre Carrasco decidió colaborar. Fue así como se convirtió en la segunda “garganta profunda” del Caso Penta.

Carrasco inició su relato indicando que, a fines de 2012, cuando Laurence Golborne se preparaba para dejar su cargo de ministro de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, su amigo le pidió utilizar una de sus empresas para facturar ingresos con el fin de disfrazar aportes a su próxima campaña presidencial, la que se inició apenas abandonó el gabinete, el 5 de noviembre de 2012. “Yo accedí y le dije que bueno”, declaró Carrasco, quien pasó a enumerar las empresas que participaron de esa operación: Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, CAP, Watts, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.

En total, las diez empresas aportaron –según la versión de Carrasco- una suma cercana a los $160 millones a la campaña de Golborne, la que no alcanzó a llegar a las primarias presidenciales de su sector, en junio de 2013, luego de que se revelara que era el titular de una sociedad en un paraíso fiscal. Aún así, luego Golborne intentó llegar al Senado por Santiago, pero fue derrotado en las urnas.

Su decisión de ayudar al candidato de la UDI obedeció –dijo Carrasco- a la relación de amistad que los unía desde hacía más de 25 años: “Lo conocí cuando fui a vender mis servicios como Siglo a Chilgener y él era el gerente de administración y finanzas de esa empresa. Luego nos compramos un sitio vecino en el Santuario del Valle en La Dehesa. Y finalmente tuvimos a los hijos en el mismo colegio, el Mayflower”. La relación de amistad continuó profundizándose en medio de negocios inmobiliarios y viajes al extranjero: “Fuimos juntos al mundial de Sudáfrica”, confidenció a la Fiscalía. La complicidad entre ambos también dio pie para la solicitud de favores.

Servicio Impuestos Internos
Servicio Impuestos Internos

Esa declaración de Roberto Carrasco se convirtió así en la primera prueba que puso a las diez empresas que hicieron aportes a la campaña de Golborne en la lista de las compañías bajo sospecha de haber financiado la política de manera irregular. Las cinco primeras – Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia e Inmobiliaria Ecomac– presentaron rectificaciones ante el SII asumiendo que realizaron pagos que no contaban con respaldo contable, y que podrían ser aportes irregulares a campañas políticas. Con ese reconocimiento, y pagando los impuestos e intereses que se habían eludido, bastaría para dejarlas fuera de la investigación. Eso pensaron.

Pero no fue así. Porque la investigación ha continuado. A ello ha contribuido que de las cinco empresas restantes, el SII ha informado que tres de ellas no rectificaron: CAP, Watts y GT Advisors. Y de las otras dos –Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-, hasta el momento no hay información oficial del SII.

NOVEDADES EN LAS RECTIFICACIONES

Hace casi un año, el 12 de marzo de 2015, el SII realizó un llamado a las empresas para que acudieran a rectificar sus declaraciones de impuesto a la renta si es que detectaban pagos irregulares realizados entre 2009 y 2015. El  proceso incluía el pago de los impuestos adeudados más intereses y multas. Entre esos pagos sin respaldo contable se cuentan los aportes a la política, mediante el mecanismo de girar dinero a cambio de la presentación de boletas o facturas falsas.

El llamado se realizó en medio del conflicto político generado por los casos Penta y SQM, por lo que se entendió como un intento por darle una salida administrativa a los ilícitos tributarios cometidos por algunas empresas al financiar irregularmente a políticos. Se trató de un periodo acotado, ya que Impuestos Internos determinó como fecha límite para rectificar el 30 de junio del año pasado. Aunque el SII se ha negado a transparentar el listado de empresas que participaron del proceso, la investigación de la Fiscalía aporta datos nuevos sobre algunas de ellas.

El 16 de noviembre de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al SII solicitando las declaraciones rectificatorias de impuesto a la renta efectuadas por las empresas mencionadas por Roberto Carrasco en su declaración. Tres semanas después, el 7 de diciembre, el Departamento de Defensa Judicial del SII envió las rectificaciones presentadas por Banco BCI, Ripley, Inmobiliaria Ecomac e Inversiones Santa Virginia. La Fiscalía ya tenía la rectificación de Inversiones Caburga, pues formó parte de un paquete de antecedentes enviados por el SII a propósito del financiamiento de Soquimich a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el mismo oficio, Impuestos Internos informó que ni CAP ni Watts ni GT Advisors rectificaron, y que respecto de Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado “no se tienen antecedentes ni se han auditado por el año tributario 2015”.

Juan Hurtado
Juan Hurtado Vicuña

Entre las empresas que no registran rectificaciones, según la información proporcionada por Impuestos Internos, destacan las dos controladas por el Grupo Hurtado Vicuña: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En conjunto son las que más dinero aportaron a la campaña de Golborne: $50 millones a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Sus dueños constituyen un grupo empresarial con presencia en diversos sectores de la economía: participan en el grupo controlador de Entel, Consorcio Financiero y la Universidad Santo Tomás, además de poseer la minera Pucobre, y la Inmobiliaria El Almendral, entre otros numerosos negocios.

El grupo es encabezado por los seis hermanos Hurtado Vicuña: Juan, Pedro, José, Nicolás, María Mercedes y María Victoria (esposa del ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín). El líder del clan es Juan Hurtado Vicuña, quien el 10 de septiembre de 1984 constituyó Inversiones Longovilo junto a Ricardo Rivadeneira Monreal (uno de los fundadores de RN, fallecido en 2011). Esa sociedad de inversión fue creciendo y ya en junio de 2007 poseía un capital de $6.200 millones y en su control estaban todos los hermanos Hurtado Vicuña.

Inversiones Paso Nevado es la continuadora de Minera Quellón (creada en 1984 por José Hurtado Vicuña y Ricardo Rivadeneira), la que en 1990 adoptó su nombre actual y que desde ese mismo año incorporó a los hermanos Hurtado Vicuña a su propiedad. En 2014 su capital llegaba a $53.285 millones. Paso Nevado es una de las sociedades de la familia que posee acciones en Almendral S.A., a través de la cual controlan Entel en asociación con Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, y los grupos Izquierdo, Matte y Gianolli (ver toma de control de Entel).

El Grupo Hurtado Vicuña es uno de los más ricos del país. Según el ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo correspondiente al tercer trimestre de 2015, se ubica en la sexta posición entre los 33 grupos evaluados.

La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) es otra de las grandes empresas que figuran en el listado de Roberto Carrasco y que no rectificaron pagos frente al SII. Según el testimonio del ingeniero, el 14 de noviembre de 2013 la empresa siderúrgica realizó un giro por $5 millones a Asesorías VSA, la empresa utilizada por Carrasco para recolectar dinero para la aventura electoral de Laurence Golborne.

Aunque el control accionario de CAP lo tiene el empresario Juan Rasshmuss (empresario peruano radicado en Chile, tiene cerca del 40% de las acciones a través de diversas sociedades), el poder histórico en la empresa es ejercido por Roberto de Andraca, presidente de los directorios de CAP y de Invercap, la sociedad que posee el 31,32% de las acciones de la compañía. En diciembre de 2014 un artículo de El Mostrador relató las diferencias entre Rassmuss y De Andraca y cómo opera el poder de ambos al interior de la empresa.

Además de las sociedades de los Hurtado Vicuña y de CAP, la empresa alimenticia Watts también aportó a la campaña de Golborne, a través de VSA, la empresa de asesorías tributarias de Carrasco. Las marcas Loncoleche, Calo, Wasil, Yogu Yogu, aceites Belmont y Chef, Regimel y la Viña Santa Carolina son parte de Watts. La empresa es controlada por Fernando Larraín Peña, quien es supernumerario del Opus Dei y uno de los dueños de Larraín Vial. Otro de los controladores de ese fondo de inversiones, Leonidas Vial, también participa en el directorio de Watts.

foto wattsSegún lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne.

Respecto de la quinta sociedad involucrada en los aportes a Golborne que no registra rectificaciones, Roberto Carrasco declaró tener dudas. Pero de todas formas señaló a la Fiscalía que el 15 de noviembre de 2013, GT Advisors Asesorías e Inversiones pagó $2 millones a VSA. GT es la continuadora legal de “Guillermo Tagle y Compañía Limitada”. Tagle acaba de abandonar la presidencia de Icare y preside IM Trust, además de ser profesor en la Universidad Católica. Fue también uno de los más leales seguidores del sacerdote Fernando Karadima al punto de haber administrado por años los dineros de la Parroquia El Bosque.

Mientras la investigación de la Fiscalía sigue su curso, la incógnita que resta por resolver es qué hará Impuestos Internos con la contundente declaración de Roberto Carrasco y las diez empresas que, según ha quedado acreditado, también entregaron aportes ilegales a la campaña de Golborne. De hecho, ya el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, reconoció el fin político de las donaciones, asegurando que con ello buscaba aportar a quienes defenderían el modelo de libre mercado.

LA RUTA DE UN EXPERTO ASESOR TRIBUTARIO

La historia de Carrasco se había desarrollado sin tropiezos hasta fines de 2014, cuando comenzó a revelarse la trama de los delitos tributarios del Grupo Penta, una historia en la que él juega un rol protagónico. Pero hasta entonces, quien se inició como un modesto contador de la Caja Bancaria de Pensiones (que luego se transformaría en Banmédica, cuyo control está en manos del Grupo Penta y Eduardo Fernández León) solo había sabido de éxitos y ascensos. Un reportaje de la revista Qué Pasa relató como el ingeniero comercial a mediados de los ‘90, llegó a ser el contralor de Banmédica, holding en el que participan las clínicas Santa María, Dávila y Américo Vespucio, además de la Isapre Vida Tres, clínicas regionales, Help y que además tiene inversiones en Perú y Colombia.

En paralelo a su trabajo en Banmédica, Carrasco levantó su primera inversión particular: Siglo XXI, la que luego evolucionó efn Siglo Outsourcing, la firma que controla a VSA. Desde 2005 las oficinas de Siglo se ubicaron frente a las de Banmédica, en calle Hendaya, en Las Condes. Testimonios recogidos por Qué Pasa dan cuenta de cómo Carrasco se asoció con otros ejecutivos de Banmédica y Penta, como Carlos Kubick y Héctor Concha, para hacer negocios. Los mismos testimonios relatan que muchas veces personal contratado por la empresa de salud debía cumplir funciones para la sociedad de Roberto Carrasco.

Los negocios del amigo de Golborne no se limitan a la asesoría tributaria que realiza a través de Siglo y de VSA. El Diario Oficial da cuenta de varios de sus emprendimientos inmobiliarios. Casi nunca está solo en ellos, y ha sido socio del mismo Golborne, de Héctor Concha y del ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Roberto Carrasco es un hombre que se mueve cómodo en el mundo de la derecha. En 1997 constituyó Trycom, empresa de asesorías, junto al ex subsecretario Julio Dittborn (UDI), a la ex ministra Magdalena Matte (cónyuge del actual presidente de la UDI, Hernán Larraín), Isabel Margarita Lanas y Juan Illanes. Aunque a poco andar él se hizo con la propiedad de la firma. A la vez, ha sido asesor tributario de Joaquín Lavín, Pablo Wagner (imputado en la arista SQM), y del mismo Golborne.

foto banmedicaLa declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

Pese al cúmulo de pruebas que se han acumulado en el expediente relacionadas con los pagos ilegales de las diez empresas mencionadas por Roberto Carrasco, hasta ahora Impuestos Internos no se ha pronunciado.

La única querella que pesa sobre el amigo de Laurence Golborne fue presentada por Impuestos Internos el  2 de marzo de 2015. Carrasco fue incluido en una acción legal contra 27 personas ligadas al Grupo Penta que participaron en la firma de contratos forward irregulares (Ver reportaje CIPER “Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta“). Se lo acusa de firmar cinco forward: tres con Penta S.A., uno con Inversiones Penta III y uno con Inmobiliaria Duero, sociedad familiar de Carlos Alberto Délano. A ello se agrega un contrato de asesorías de VSA  con Penta, que también resultó ficticio: el holding pagaba dineros a VSA para que esta a su vez pagara bonos a sus ejecutivos, utilizando boletas falsas.

Si se sigue la ruta de sus declaraciones, es posible constatar que Roberto Carrasco no tuvo en el inicio disposición a colaborar. En su segunda declaración ante los fiscales, el 19 de febrero de 2015, Carrasco mintió. En esa ocasión señaló: “No existen otros contratos de forward, ni de asesorías ni facturas irregulares con otras empresas, solo lo que he indicado”.

Debieron pasar nueve meses para que el dueño de VSA reconociera la existencia de facturas falsas como vehículo para recolectar dinero para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Fuentes cercanas a la defensa de Carrasco y Golborne, asumida por el abogado Juan Pablo Kinast, afirmaron a CIPER que están abiertos a lograr un acuerdo que posibilite un juicio abreviado, pero para ello es necesario que Impuestos Internos presente una nueva querella.

Roberto Carrasco tiene un blog en internet donde comparte noticias relacionadas con su labor de toda la vida: la asesoría tributaria. De hecho, la principal noticia que aparecía destacada el jueves 4 de febrero de 2016, era la condena al futbolista Javier Mascherano por fraude fiscal. No hay ninguna referencia a la investigación judicial en la que Carrasco es un importante protagonista por delitos tributarios reiterados. Y se entiende: de no mediar la colaboración que el dueño de VSA decidió prestar el 4 de noviembre pasado ante los fiscales, cuando reveló las diez empresas que aportaron fondos a la campaña de Golborne, al momento de su formalización en tribunales no habría podido evitar la prisión preventiva.

EL MISTERIO DEL USO POLÍTICO DE LOS FORWARD

Explicado en simple, un contrato forward consiste en la compra venta de un activo (en este caso, dólares) apostando al valor que este tendrá en el futuro. Como se trata de una apuesta, se puede ganar o perder. Pero en los cinco forward por los que el SII se querelló contra Roberto Carrasco, esa apuesta no existía ni para su empresa (VSA) ni para Penta, el otro firmante del contrato: hacían trampa.

El procedimiento era simple: falseaban la fecha de firma del contrato a sabiendas de que habría pérdidas para Penta, lo que les permitía evadir el pago de impuestos. Al tener pérdidas debido a estos contratos simulados, Penta reducía su carga tributaria pues el monto “perdido” era declarado como “gasto”. En la querella del SII se dice que luego, “una parte del dinero fue depositado (por VSA) en la cuenta personal del entonces gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo ($305 millones), y otra en la cuenta personal de Carlos Alberto Délano ($37 millones), para finalmente utilizar parte de esos dineros para pagar bonos a ejecutivos del Grupo Penta, y realizar otros desembolsos cuyo destino actualmente se desconoce”.

Por ejemplo, el forward  firmado supuestamente el 2 de enero de 2013 entre Penta y VSA estipuló la compra de dólares por US$5,6 millones, apostando a un dólar a $496 al 23 de abril de 2013. Lo cierto es que el contrato se firmó cuando ya se sabía que el precio del dólar a esa fecha era de $479, por lo que Penta perdió y debió girar la diferencia a VSA: $108 millones. Penta perdía y VSA ganaba, ese era el trato. Esta fórmula se repitió en los otros cuatro forward ilícitos detectados por Impuestos Internos.

foto delano lavin
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

El propio Carrasco reconoció ante la Fiscalía que después de finiquitado el forward fraudulento cobraba una pequeña comisión junto con girar su supuesta “ganancia” a las cuentas personales de Hugo Bravo y Délano.

El destino final que le dieron los controladores del Grupo Penta a estos dineros, no está claro. Cuando finalmente decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio, instalaron la duda sobre qué hicieron con las platas de los forward con VSA. El primero en declarar fue Carlos Alberto Délano. El 5 de enero de 2015 detalló: “Platas que  se usaron para pagar bonos, otras para pagos políticos y otros fondos cuyo destino se desconoce”.

Al día siguiente, el otro controlador del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, aportó otras hebras sobre el posible destino final de esas platas: “A la cuenta de Hugo Bravo fueron a parar $305 millones. Lo que detectamos es que se transfirieron fondos desde esa cuenta a ejecutivos de Penta por $68 millones. Los ejecutivos eran Óscar Buzeta, Marcos Castro, Francisco Astorga, Dora Pérez. Faltan $230 millones. De ese dinero, Hugo Bravo dice que entregó $100 millones a candidaturas de Longueira (Pablo), pero esto no nos consta y aunque así fuera, siguen faltando $137 millones”.

Marcos Castro, el alto ejecutivo de Penta señalado por Carlos Eugenio Lavín como uno de los beneficiados con los forward, también se pronunció sobre el destino final de esos dineros: los contratos con VSA correspondían a “simulaciones de unas supuestas asesorías que tenían por objeto generar recursos para pagar distintos ítems sin registro contable, como por ejemplo, bonos de ejecutivos y para pagos de políticos que no quedaron registrados en ninguna parte” (declaró el 22 de enero de 2015).

Son esos $100 millones que Hugo Bravo afirmó haber entregado en efectivo a Pablo Longueira los que hoy hacen ruido no solo en la Fiscalía, sino también en el SII. Porque ante las nuevas revelaciones de $730 millones –pagos asociados a Longueira- y que fueron rectificados por Soquimich por no tener respaldo contable, todo indica que ambos aportes bajo sospecha debieran acumularse en una nueva arista. A ella debieran agregarse otros pagos a sociedades y personas ligadas al ex senador y presidente de la UDI provenientes de empresas como BCI, Entel y Metalpar que hoy aparecen repartidas en distintas investigaciones.