Grave falla en la red del Minsal dejó expuesta información confidencial de pacientes

El 28 de abril de 2014, una joven de 19 años acudió a un centro médico del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Había sido abusada sexualmente el día anterior y solicitó Levonorgestrel, comúnmente conocida como la pastilla del día después. Le entregaron dos dosis de 0,75mg cada una. La primera se la tomó en el lugar y la segunda tenía que ingerirla 12 horas después. El registro de esa consulta quedó alojado en la red informática del Ministerio de Salud (Minsal),  junto a los nombres y datos personales de todas las mujeres que solicitaron la misma píldora desde 2012 a 2015 en ese establecimiento y en otros a lo largo del país.

El registro lleva el nombre de la paciente, su RUT, domicilio, descripción del caso y el medicamento entregado. Son todos antecedentes personales de máxima privacidad, que debieran haber estado encriptados o disponibles solo y rigurosamente para los funcionarios autorizados para consultar esa sensible información.

No fue así. Porque la red informática interna del Minsal estuvo a disposición de los funcionarios que quisieran ingresar a esos archivos hasta la noche del viernes 4 de marzo. El universo de quienes podían acceder a las llamadas  “carpetas compartidas” de la red computacional de Salud, incluye a cerca de 100 mil personas, más los empleados de los consultorios desde Arica a Magallanes.

Ministra de Salud, Carmen Castillo
Ministra de Salud, Carmen Castillo

CIPER descubrió esta grave situación y en la tarde del viernes 4 de marzo concurrió al despacho de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y le informó de la falla de seguridad que presentaba la red informática de su cartera. Una vulnerabilidad que, tal como lo constató CIPER haciendo pruebas desde tres puntos distintos, incluye que se podía ingresar a esas “carpetas compartidas” desde fuera de los establecimientos de Salud, ya que hay computadores del ministerio y centros de atención que tienen instalados un programa de acceso remoto.

En efecto, algunos computadores de la red de Salud tienen instalados programas, como Teamviewer, que permiten ingresar al ordenador –y así a la red del Minsal- desde fuera de los establecimientos hospitalarios y desde cualquier lugar de Chile o el mundo.

En el mismo despacho de la ministra, CIPER hizo las pruebas que demostraron que la red era vulnerable. La ministra Carmen Castillo se mostró consternada por la situación y ordenó de inmediato a los equipos técnicos del Minsal bloquear los archivos, al tiempo que afirmó que adoptará “todas las medidas técnicas, administrativas y legales” para proteger la información privada de los pacientes.

CIPER se comprometió a esperar que el Minsal pudiera al menos bloquear el acceso a las “carpetas compartidas” antes de publicar lo ocurrido, para así evitar una entrada masiva a esa información privada y altamente sensible. Lo que sí se nos aseguró fue que al menos las fichas electrónicas de los usuarios –que contienen la información completa de los pacientes- no están comprometidas en esta brecha de seguridad, porque requieren claves para acceder.

CIPER cumplió su compromiso y las medidas adoptadas por la ministra Carmen Castillo ya están en ejecución (ver minuta).

TRES MILLONES DE ARCHIVOS

En la indagación realizada por CIPER a los accesos que estaban disponibles para los funcionarios del Minsal que quisieran ingresar, pudimos constatar que los datos de las mujeres que pidieron la pastilla del día después no eran los únicos que estaban sin resguardo. Había al menos tres millones de archivos contenidos en las “carpetas compartidas”, con todo tipo de información sobre personas, funcionarios, exámenes de laboratorio, biopsias, proyectos, programas, sumarios, etc.

Durante la investigación, CIPER presenció cómo un funcionario ingresaba a distintos computadores y servidores de la red sin ninguna restricción, llegando a tener acceso a carpetas que se supone son de alta privacidad. Porque entre los archivos a los que el funcionario pudo acceder sin problemas estaban los registros de pacientes con VIH, cáncer, problemas de salud mental y procedimientos de abortos a nivel nacional. La falla en la seguridad de la red informática había dejado toda esa información expuesta a posibles filtraciones o usos indebidos.

Para dilucidar la magnitud y la extensión de la falla de seguridad, CIPER ingresó a la red de salud desde tres puntos distintos en la Región Metropolitana. Y en cada ocasión pudimos confirmar que en todos ellos se podía acceder a las “carpetas compartidas”.

entel nuevo logo.jpgEl proveedor del servicio de internet de salud es ENTEL, empresa que fue contratada a través de trato directo –sin licitación pública- en 2013 por el Minsal para construir la red y realizar su mantención durante ocho años. Todo por un costo anual de 605.472 UF (valor UF actual), unos $15.576 millones (ver documento).

De acuerdo a las bases utilizadas para la licitación que originalmente fue declarada desierta, ENTEL tiene la obligación de velar por la “Prevención de Fuga de Información”, “ofreciendo la opción para definir reglas que permitan analizar los distintos archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial”, especificando tipo de archivo y protocolo a seguir en caso de la detección de una posible fuga (ver documento).

La brecha de seguridad detectada por CIPER indica que los compromisos contraídos a partir de las bases de la licitación no se cumplieron. Porque la falla vulneró completamente el llamado Sistema de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud y violó las 44 Resoluciones Exentas dictadas con normas específicas para proteger los antecedentes de los pacientes.

Lo más inquietante es que la información contenida en esos tres millones de archivos alojados en las “carpetas compartidas” estaba accesible y despojada de todo circuito de seguridad desde hacía por lo menos un año. Lo grave es que la investigación de CIPER corroboró que el riesgo había sido puesto en conocimiento de algunas jefaturas de seguridad informática del ministerio hace meses. Y a pesar de ello, no se adoptó ninguna medida.

Por esa razón, el Ministerio de Salud abrirá una investigación sumaria a nivel central y en los servicios descentralizados para establecer responsabilidades.

CÓMO SE VULNERÓ LA RED

El Ministerio de Salud tiene entre sus planes estratégicos la llamada “e-salud”, que busca fortalecer la atención “garantizando el intercambio de información entre los diferentes establecimientos, instituciones y proveedores”. Para ello, se desarrolló la red informática con ENTEL que abarca más de 1.500 establecimientos de salud en todo el país. Como la seguridad es el gran problema de estos sistemas, porque se ingresa allí información altamente sensible de los ciudadanos, uno de los puntos revelantes que se incluyó en el contrato con ENTEL fue el resguardo de estos registros.

La investigación del Minsal deberá dilucidar cómo fue que la decisión de compartir la información alojada en las llamadas “carpetas compartidas” quedó librada a cualquier usuario de la red, sin restringir el acceso a través de una clave secreta u otro filtro. Porque fue así como esos archivos fueron quedando a disposición de quien ingresara a la plataforma, pudiendo copiar, modificar y hasta borrar el documento.

La vulnerabilidad detectada, y ahora corregida, se refiere a las llamadas “carpetas compartidas”, cuyo manejo está regulado en la Resolución 1.157 del 29 de diciembre de 2014. Allí se estableció la Política de control de acceso “a los medios compartidos de información del Minsal” y se aplica a toda la información que se encuentre en carpetas compartidas, bases de datos, sistemas computacionales, servidores y otros medios del ministerio.

Esa resolución ordena que “todos los funcionarios del Minsal, incluso terceros, deberán tener acceso solo a la información que necesiten para el desarrollo legítimo de sus funciones. Las necesidades de acceso para cada persona las determina cada jefatura. También se establece que los derechos de acceso que recibe cada funcionario deben ser revisados al menos cada seis meses y que cualquier intento de acceso no autorizado a los “equipos, carpetas compartidas, sistemas de información, será considerado un incidente grave, por lo que debe reportarse de inmediato”.

Nada de ello se cumplió. Porque lo que CIPER constató es que no se necesitaba ser un experto en computación para ingresar a esa documentación. Cualquier funcionario integrado a la red del Minsal podía acceder a esas carpetas desde el llamado “explorador de archivos” en Windows, Finder en Mac o Nautilus en Linux. La única restricción que existía era la obtención de la IP de un computador, algo así como la dirección de la casa de cada PC. Pero para eso existen programas gratuitos y aplicaciones de celulares que permiten escanear todas las direcciones IP de la red, que en la del Minsal incluye a más de 200 mil dispositivos conectados.

Con las IP identificadas, la persona podía ver en pantalla cuáles computadores están encendidos, seleccionar uno, digitar la IP en la barra del explorador de archivos, y ya tenía ingreso a ese PC y a las carpetas que mantenía compartidas.

Así como CIPER ingresó desde tres lugares distintos de la Región Metropolitana, ese mismo ejercicio se podía realizar desde cualquier punto del país conectado a la red del Minsal. Incluso, había servidores con respaldo de toda la información que contienen computadores de las jefaturas de servicios, mientras que otros tenían compartidos archivos de canciones (MP3), películas (MOV y AVI) y fotografías personales de funcionarios. Y todos ellos sin restricción alguna de acceso.

MILLONARIO CONTRATO CON ENTEL

En diciembre de 2013, y a través de un trato directo, ENTEL firmó el contrato con el Ministerio de Salud. La idea fue implementar una conexión interna completa: desde las oficinas administrativas, pasando por hospitales y urgencias, hasta los Centros de Salud Familiar (Cesfam) en todo el país. Actualmente hay unos 200 mil dispositivos conectados, ya sean computadores, impresoras, routers y servidores. El contrato incluyó la instalación de 120 mil puntos de voz (teléfonos), 30 mil casillas de correo electrónico, 200 salas de videoconferencias y seguridad de la red. Pero el proceso no fue tan fácil.

En abril de 2012 comenzó la licitación de red del ministerio, que incluía tres áreas por separado: 1) Grupo de servicios de red de comunicaciones y complementarios; 2) Servicio unidad de gestión y control central (UGC); 3) el servicio de instalación y mantenimiento de cableado.

El 3 de agosto de ese año, el Minsal declaró desierta la primera área, porque las dos empresas que postularon –ENTEL y Movistar (ex Telefónica)- ofrecieron propuestas económicas que excedieron el monto máximo de la licitación: $12 mil millones. Las otras dos etapas de la licitación –a las que postularon Claro, Powersoft y Cyberplus- se declararon como “ofertas inadmisibles”.

pc_accesoComo el contrato vigente con Movistar estaba a punto de expirar, el Ministerio de Salud de la época decidió optar por un trato directo con uno de los oferentes. Esta decisión fue fundamentada así por el Departamento de Gestión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Minsal: “Considerando que existe un tiempo estimado por licitación de 18 meses y una implementación de seis meses, como mínimo para entrar en operación, y 12 meses más para que la red quede 100% operativa, es necesario el trato directo con uno de los oferentes”. De lo contrario, decía el informe, el riesgo de quedar sin sistema informático en los servicios de salud nacional era inminente, algo que “no se puede tolerar”.

Fue entonces que se inició una negociación con ENTEL y Movistar, las dos grandes empresas con la capacidad técnica de realizar este servicio. Para la revisión técnica del proceso, el Minsal contrató a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Un oficio del Minsal a la Cámara de Diputados dice que en ese proceso se utilizaron las mismas bases de la licitación declarada desierta. Sin embargo, en el mismo documento se cita la conclusión de los profesionales de la Universidad de Chile, los que aseguran que hubo “cambios en las condiciones de contratación que ofreció el Minsal”.

Consultadas las actuales autoridades del Ministerio de Salud sobre esta contradicción, informaron a CIPER que, respecto del sistema de seguridad que debía resguardar la red informática, no hubo cambios en las bases originales de la licitación.

Si así fue, ENTEL sería responsable de la seguridad de la red. Así lo establece el punto 56.2.4.2 de las bases de la licitación, donde se señalan los protocolos y estándares que deberán mantener la red protegida. Entre ellos, se menciona la Protección contra Intrusos (IPS, por sus siglas en inglés) y la Prevención de Fuga de Información (DPL, por sus siglas en inglés).

Con más precisión, las bases de la licitación establecieron que es al proveedor del servicio al que le corresponde revisar que nadie pueda tener acceso a la red desde fuera y, al mismo tiempo, analizar todos los archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial. Algo que como se comprobó, no ocurrió con las “carpetas compartidas”.

Actualmente ENTEL presta servicios de red interna e Internet a varias instituciones del Estado, como la Superintendencia de Educación, la Dirección General de Movilización Nacional, Carabineros y el Comando de Salud del Ejército, entre otros.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MINSAL

La desprotección de los archivos del Minsal vulneró todas las normas de seguridad de la red que el propio ministerio ha dictado y que están contenidas en resoluciones firmadas por ministros y subsecretarios de la cartera desde 2013 en adelante.

El control de su cumplimiento está entregado al Departamento de Gestión Sectorial TIC -dependiente del gabinete de la ministra(o)-, a los Encargados de Seguridad de la Información de los diversos servicios y al Comité de Seguridad Ministerial, integrado por 10 jefaturas.

En el sitio web del Minsal están detalladas las 44 Resoluciones Exentas (RE) y las circulares que contienen las normas de acceso, uso y seguridad de todos los computadores, dispositivos, programas (software) y documentación que está contenida en la red. Las conexiones van desde las oficinas centrales del ministerio, en Santiago, hasta los consultorios en regiones, pasando por los hospitales públicos, postas y sedes del ministerio en todo el país.

Entre esas resoluciones está la Política de protección de los datos y privacidad de la información personal (RE 1.082, del 17 de diciembre de 2014), firmada por el actual subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y la entonces subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo. Allí se ordena que todos los funcionarios usen los archivos solo para sus tareas y no difundan esa información a ninguna persona o entidad, para lo cual deben firmar una cláusula de confidencialidad y resguardo.

sala de esperaOtra norma es la Política General de Seguridad de la Información (RE 781, del 14 de octubre de 2014) que establece que “la información sólo puede ser conocida por el personal que la requiera para el desarrollo de sus funciones. Este principio fundamental de seguridad busca garantizar que toda la información de los ciudadanos, funcionarios y proveedores, y sus medios de procesamiento y conservación estén protegidos del uso no autorizado o divulgación accidental, sabotaje, espionaje industrial, violación de la privacidad y otras acciones que pudieran poner en riesgo dicha información”. Esta resolución, también firmada por Burrows y Verdugo, encarga al Departamento de Gestión TIC “velar por su estricto cumplimiento”.

Los 44 documentos conforman el “Sistema de Seguridad de la Información”, que “da la posibilidad de disminuir en forma significativa el impacto de los riesgos a los que están sometidos los activos de información”.

Ello resultó completamente vulnerado con la existencia de al menos tres millones de archivos compartidos al alcance de cualquier funcionario del Minsal. Lo grave es que este enorme agujero de datos no fue detectado por la empresa que aseguraba el servicio –ENTEL- y tampoco por el Comité de Seguridad de la Información Sectorial del ministerio. Y ello a pesar de que fueron advertidos de la falla, como lo constató CIPER, al menos desde hacía diez meses.

La resolución 782, del 14 octubre de 2014, establece que ese comité lo preside el jefe del Departamento Gestión TIC (Rodrigo Castro), y participan el encargado del Área de Operaciones (Gestión TIC), el encargado de Infraestructura, Telecomunicaciones y Seguridad (Gestión TIC); el encargado de Seguridad de la Información, el jefe de Recursos Humanos, el jefe de Control de Gestión Ministerial, el encargado de Calidad, un asesor jurídico, y dos encargados de Programas de Mejoramiento de Gestión.

Entre las funciones del comité están velar por la implementación de los controles de seguridad en la plataforma tecnológica, revisar y monitorear el estado del Sistema de Seguridad de la Información, y revisar y monitorear los incidentes de seguridad de la información. Al menos una vez al año el comité debe evaluar el cumplimiento de la Política General de Seguridad de la Información y proponer los cambios necesarios, considerando entre otros factores las “alertas ante amenazas y vulnerabilidades”.

Todo indica que las 10 jefaturas y los miembros del Comité de Seguridad de la Información Sectorial del Minsal no cumplieron su tarea. A partir de la medianoche del viernes 4 de marzo, la brecha de seguridad fue subsanada. Esa fue la información enviada por el Ministerio de Salud. Y si bien la ministra Carmen Castillo dijo a CIPER que se iban a tomar “todas las medidas técnicas, administrativas y legales”, estas negligencias podrían tener repercusiones judiciales, porque se vulneraron las leyes de Deberes y Derechos del Paciente y de Protección de la Vida Privada. Y será muy difícil dilucidar quiénes tuvieron acceso a la información más sensible.

Seguridad privada: el negocio de los dueños del fútbol que explotó en Valparaíso

Cinco días después del brutal enfrentamiento entre barristas de Wanderers y Colo Colo que pusieron en riesgo a cerca de 17 mil personas que el domingo pasado asistieron al Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, el gobernador de Valparaíso, Omar Jara, declaró ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Lo que dijo Jara este viernes 11 ante los parlamentarios es que Wanderers, equipo local y responsable de la organización del espectáculo, había cumplido todas las exigencias de seguridad. Lo que no se dijo en esa sesión es que el encargado de supervisar que esas exigencias se materializaran -el jefe de seguridad de Wanderers- es al mismo tiempo el dueño de la empresa contratada por el club para proveer los guardias que debían controlar al público: Juan Frez Navarro.

El propietario de JF Seguridad señaló a CIPER que no veía conflicto de interés alguno en desempeñar en paralelo los roles de supervisor y proveedor del servicio de seguridad. A su vez, Juan Frez y los directivos de Wanderers se negaron a informar cuánto es lo que el club le paga mensualmente por su labor como jefe de seguridad y qué cantidad se le cancela a su empresa por cada partido.

barritasCIPER revisó una muestra de 14 clubes de fútbol profesional y detectó que al menos en dos de ellos -el ya mencionado Wanderers y O’Higgins de Rancagua- los jefes de seguridad están relacionados con las empresas que les proveen guardias para los partidos que juegan de local. Así se desprende de la revisión de información pública de estos clubes y de las escrituras de constitución de las sociedades propietarias de las empresas de guardias.

Es probable que en otros clubes existan vínculos similares -de parentesco, amistad o relaciones comerciales-, pero que estos nexos se encuentren disimulados por testaferros.

Este podría ser el caso de Mauricio Etcheverry, ex presidente de Deportes La Serena y mano derecha del defenestrado presidente de la ANFP, Sergio Jadue, a quien incluso representó en las reuniones de la Confederación Sudamericana (Conmebol), donde Jadue recibió coimas por US$2,2 millones.  Y ello, porque en su rastreo, CIPER descubrió que Etcheverry está relacionado con dos empresas de seguridad: Prouvay & Sandoval y Security Link.

En la primera de estas compañías, Etcheverry fue socio hasta 2005. Ese año, en su reemplazo ingresó a la sociedad Rubén Sandoval Fariña. En 2011 esta empresa tramitó su término de giro, pero Sandoval aún figura como socio de la madre de Etcheverry, Ana María Álvarez Daire, en la segunda de las empresas mencionadas: Security Link. En Deportes La Serena informaron que ese club no tiene ninguna relación con estas compañías y CIPER no encontró documentos que acrediten relaciones comerciales entre estas empresas y clubes de fútbol profesional.

EL NUEVO NEGOCIO DE LA SEGURIDAD EN EL FÚTBOL

La Ley de Violencia en los Estadios, aprobada en 2012, provocó que a comienzos de 2013 los carabineros dejaran de operar al interior de los recintos deportivos, servicio que tenía un costo de unos $70 millones semanales para el presupuesto público (ver recuadro). La policía quedó a cargo solo de los anillos de seguridad exteriores.

Bajo el argumento de que se trata de un espectáculo organizado por particulares (las sociedades anónimas deportivas) que lucran con esta actividad, se estimó que los costos de la seguridad debían ser absorbidos por los mismos empresarios que perciben millonarias utilidades por la venta de tickets y de los derechos de TV. Así nació una nueva veta de negocios asociada al fútbol: la seguridad en los partidos.

En la pirámide de los negocios orquestados por los dirigentes del fútbol profesional, la seguridad está más cerca de la base que de la cima. En la punta de ese ranking siguen reinando de manera indiscutida los derechos de TV (explotados a través del Canal del Fútbol, CDF), seguidos de los contratos publicitarios asociados al merchandising, como las áreas que reportan más dividendos. Con todo, en estos tres años desde que se puso en marcha el Plan Estadio Seguro, la contratación de empresas de seguridad se convirtió en una nueva tajada a repartir.

Ejecutivos de empresas de seguridad consultados por CIPER, que pidieron la reserva de sus nombres, indicaron que los clubes fijan una tarifa de pago dependiendo del número de guardias que se requiere. El precio, dijeron, oscila entre $17 mil y $25 mil por guardia, según la categoría de riesgo del partido (A, B o C). En condiciones normales, el partido entre Wanderers y Colo Colo debía calificarse como B (porque se esperaban menos de 30 mil personas), pero como en este caso estaba en juego el título del torneo, el riesgo creció, por lo que se trató de un cotejo tipo A.

Para los partidos clase B (entre 29 mil y 5 mil espectadores) y C (menos de 5 mil) se pide un promedio de un guardia cada 150 a 200 asistentes, cifra que además del aforo permitido va a depender de otros factores asociados a la infraestructura del estadio, la importancia del partido y la agresividad de las barras de los clubes que se enfrentan. Si el encuentro se clasifica como A, la relación guardias/espectadores se estrecha. En general, para los partidos más complejos no habrá menos de un guardia cada 100 espectadores.

José Roa (a la izquierda) y Omar Jara (al centro)
José Roa (a la izquierda) y Omar Jara (al centro)

Son los clubes los que deben entregar a la autoridad una primera propuesta de plan de seguridad, la que es evaluada por Carabineros y funcionarios del Plan Estadio Seguro, quienes sugieren cambios si lo estiman pertinente. El plan ya visado por la policía y Estadio Seguro debe ser aprobado por las intendencias regionales o gobernaciones provinciales.

En el cotejo que se suspendió el domingo pasado, el aforo permitido por las autoridades fue de 17 mil personas, por lo que -considerando todos los factores de riesgo- la gobernación requirió al interior del recinto un total de 185 guardias. Juan Frez, encargado de seguridad de Wanderers y dueño de la empresa que proporcionó los guardias, dijo a CIPER que dispuso 192 personas para cautelar la seguridad de ese duelo.

Frez rehusó informar cuánto le pagó Wanderers a su empresa por el servicio del domingo 6 de diciembre, amparado en que, a su juicio, es el club el que debe entregar esos datos. CIPER le pidió a Wanderers que informara cuánto le paga a Frez y a su empresa por sus servicios, pero el club solo informó que gasta un total de $68,6 millones al año en todo el ítem de seguridad..

De acuerdo con las tarifas que mencionan los ejecutivos de empresas de seguridad, por 192 guardias la empresa de Frez debió recibir del club entre $3,2 millones y $4,8 millones. Considerando que en cada temporada -compuesta por dos torneos- los clubes juegan 15 partidos de local, y asumiendo que un 25% de esos encuentros pueden ser clasificados como B o A, se estima que los clubes destinan cerca de $50 millones anuales a pagar guardias.

Pero hay casos en que las cifras en juego son muy superiores, como ocurre con Colo Colo, cuyo estadio tiene capacidad para 47 mil personas, o con la U. de Chile, que alquila el Estadio Nacional, recinto que puede recibir a 48 mil espectadores. Estos equipos movilizan a más personas que otros clubes y tienen barristas con un amplio historial de agresividad. Eso hace que tengan que invertir más en guardias y medidas de seguridad, a diferencia de los gastos de un club más pequeño.

Hasta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hizo su propio negocio con el tema de los guardias en los estadios. Una nota publicada en la web de la ANFP en septiembre del año pasado informó que entre el 13 y el 17 de ese mes el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) impartiría un curso de formación para “guardias de seguridad en estadios” con un costo de $20 mil por alumno. La publicación enfatizaba que el curso sería dictado por “profesionales de una empresa acreditada”, sin especificar de cuál se trataba.

SARGENTO EN RETIRO

Juan Frez Navarro es sargento (r) de Carabineros y los guardias que emplea su empresa son certificados por el OS-10 de la misma policía uniformada. Como jefe de seguridad de Wanderers, Frez le propuso el plan para enfrentar el partido a la gobernación de Valparaíso, la que encabeza Omar Jara. El plan debía ser visado por sus ex colegas de Carabineros. Pero las previsiones de Frez, como quedó dramáticamente en evidencia, resultaron insuficientes.

Además, funcionarios de Estadio Seguro acusan que, de manera irregular, Frez llegó a un acuerdo con la gobernación sin cumplir con el protocolo que establece que el plan de seguridad debe ser analizado previamente por Carabineros y Estadio Seguro. De hecho, el informe de factibilidad de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso para el partido Wanderers-Colo Colo fue enviado a la gobernación provincial que dirige Jara recién el 3 de diciembre, apenas cuatro días antes del match en que probablemente se definía el título del torneo (ver documento). Lo grave es que las entradas para el partido comenzaron a venderse al menos tres días antes de que Carabineros emitiera su informe, lo que según los protocolos del Plan Estadio Seguro nunca debió ocurrir.

FUTBOL, COLO COLO VS LA SERENAUna semana antes del partido, los barristas más violentos de Colo Colo y Wanderers dejaron en claro, a través de las redes sociales, que la jornada sería agitada. Ya antes de la hora fijada para el partido, hubo enfrentamientos graves en la Plaza Sotomayor, donde se registraron heridos con arma blanca. Y a las cinco de la tarde, cuando los equipos ya estaban en la cancha, el terreno fue invadido por barristas que destruyeron todo a su paso.

Frez defendió ante CIPER el plan que acordó con la gobernación y explicó que no ve ningún conflicto de interés entre su trabajo como Jefe de Seguridad del conjunto porteño y la prestación de su empresa al mismo club: “Se está haciendo todo como corresponde. Son contratos paralelos, no hay nada turbio. Si lo hubiera, yo daría un paso al costado”.

Mario Muñoz Cerda tampoco ve un conflicto de interés entre su rol de jefe de seguridad de O’Higgins y su trabajo, en paralelo, como jefe de operaciones de la empresa MMC Seguridad, perteneciente a su familia. Su padre, Mario Muñoz Catalán, y su madre, Mónica Cerda Olivares, son los socios de la empresa. Y él es el responsable del área de Seguridad de O’Higgins desde enero de 2013, cuando se puso en vigencia la norma que sacó a los carabineros de los estadios.

Muñoz Cerda explicó a CIPER que no fue él quien llevó a la empresa de sus padres a trabajar al club, porque MMC Seguridad opera para O’Higgins desde hace siete u ocho años y él, según afirmó, fue contratado por el club hace tres años. “Yo separo muy bien los dos trabajos y si se trata de partidos de O’Higgins, me preocupo de que otra persona de MMC sea la encargada de esas operaciones”, señaló Muñoz Cerda.

El gerente general de la sociedad anónima que controla el club O’Higgins, Pablo Hoffmann, confirmó que la empresa de seguridad presta servicios al equipo desde antes de que Muñoz Cerda fuera contratado como responsable de seguridad: “MMC Seguridad nos presta Servicios desde mediados de 2008, con mucha anterioridad a la modificación de la ley que exige (contar con) la posición de Jefe de Seguridad y su contratación se efectuó previo estudio de los antecedentes que presentaron distintos postulantes. La última renovación del contrato ocurrió en enero de 2014, la que se asignó previa licitación privada y que tiene un periodo de vigencia de dos años”.

CIPER solicitó a Hoffmann y a Muñoz Cerda las sumas que paga el club por los servicios de seguridad. Ambos respondieron que se trata de un negocio entre privados, por lo que se excusaron de transparentar los montos.

CARABINEROS VUELVE AL BORDE DE LA CANCHA

Enero de 2013 marcó la despedida de Carabineros de los estadios. Después de 83 años resguardando los partidos de fútbol, la Ley 19.327 obligó a los clubes deportivos a hacerse cargo de la seguridad en estos eventos, quitándole esta responsabilidad a la institución policial. Según una nota publicada por El Mercurio en noviembre de 2012, cada fin de semana Carabineros utilizaba en promedio dos mil efectivos, quienes  resguardaban la seguridad de recintos de Primera División, Primera B y Segunda División, con un costo aproximado de $70 millones semanales.

En esa misma nota, Mario Barraza, entonces jefe del Plan Estadio Seguro dijo: “El fútbol es una actividad privada y como toda actividad privada debe asumir los costos de seguridad. Como lo hacen las productoras de recitales que ocupan guardias privados. Que haya carabineros dentro de los estadios sólo ocurre en el fútbol, que por lo demás es una actividad rentable”.

Tras el violento enfrentamiento ocurrido en el estadio de Valparaíso hace una semana, el gobierno y Carabineros determinaron que la policía uniformada, al menos temporalmente, vuelva al interior de los recintos deportivos. José Roa, jefe del Plan Estadio Seguro, informó que los Carabineros retomarán el control de la seguridad interna en los partidos de las categorías A y B.

“Soy de aquellos que cree que el fútbol es un lugar para entretenerse, para que lo pasemos bien, pero el fútbol profesional se ha convertido en una pesadilla”, dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, después de conocido el acuerdo que volverá a instalar a la policía al borde de la cancha.

DGAC abre sumario por credenciales fraudulentas de guardias de seguridad en el aeropuerto de Santiago

Una mujer de 35 años llegó el pasado martes 10 de febrero a pedir trabajo a las oficinas de Segaer, una de las cuatro empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a distintas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB). Quería desempeñarse como guardia de seguridad. Con apenas dos semanas como empleada en Global Airport Security, una compañía de la competencia, ella no tenía mucha experiencia, pero sí algo que la mayoría de las personas que llegan en busca de trabajo a este tipo de empresas no tiene: todas sus acreditaciones al día.

Para la empresa era una gran noticia. Con las acreditaciones vigentes de la mujer, no sólo se ahorraban tiempo, sino que además la inversión que significa capacitar al guardia para el trabajo en el sector aeronáutico y hacer los trámites que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Le preguntaron dónde había hecho el curso de capacitación, obligatorio para cualquier persona que se quiera desempeñar en el área de la seguridad en un recinto aeroportuario. Si ella ya estaba trabajando en el rubro, debía haberlo cursado sí o sí. Pero no supo de qué le estaban hablando. Le pidieron entonces sus credenciales. Ella se las mostró. Fue entonces que se descubrió el fraude.

Todo quedó plasmado en una carta que envió al día siguiente el gerente general de Segaer, Sergio Sierra, a la DGAC y al Ministerio de Defensa. CIPER obtuvo copia de ese texto, que tiene el sello de recepción de la DGAC.

aeropuerto-seguridadLo que dice la carta es que la Tarjeta de Identificación de Seguridad Privada Aeroportuaria (TISPA) de la mujer tenía su foto, su nombre y su rut, pero no era legítima. Al parecer, ella no lo sabía. Dijo que se la dio personalmente el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, tres días después de su primera entrevista de trabajo, sin curso de capacitación, sin documentación ni nada. Consultado por CIPER, Llancaqueo asegura que no fueron tres días, sino que hacía al menos 20 que había enviado toda su documentación, a través de un asesor –a quien responsabiliza de las irregularidades–, para obtener la TISPA correspondiente. Lo que sí es un hecho es que en dos partes de la credencial dice “Zebra Card Studio Demo Version”, lo que demuestra que fue hecha con una versión de muestra del software original. Lo grave es que todo indica que el documento no es falso, sino que fue emitido por personal de la misma DGAC sin que se cumplieran los requisitos legales. Gracias a ello, la mujer pudo acceder a una segunda credencial emitida por la DGAC, esta vez original, que le permite la libre circulación por áreas de acceso restringido en el principal terminal aéreo del país. La denuncia insinúa que habría más casos como este.

De esa forma, la mujer, y probablemente otros empleados, habrían tenido acceso liberado a áreas restringidas del aeropuerto –desde las zonas de revisión de equipaje hasta los mismos aviones– sin contar con la capacitación necesaria y sin que se hayan verificado sus antecedentes. Lo anterior resulta grave por dos motivos. Primero, porque viola todas las normas de seguridad aeroportuarias vigentes en el país. Esto ocurre tan sólo meses después del millonario asalto a un camión de transporte de valores en plena plataforma, lo que ya había significado una completa reestructuración de los protocolos de seguridad (ver reportaje de CIPER). Y segundo, porque también implica una infracción a las normas internacionales de aviación.

CIPER solicitó formalmente una entrevista con el director general de la DGAC, el general Maximiliano Larraechea, pero declinó emitir comentarios ya que, el mismo día que ingresó la carta firmada por Sierra, se instruyó la apertura de un sumario administrativo, el segundo en menos de un año por serias fallas de seguridad en el aeropuerto. Al ser materia de investigación, la DGAC no emitirá comentarios.

Por otro lado, CIPER conversó con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, quien corroboró que la primera noticia sobre la irregularidad fue recibida el martes 10 de febrero, cuando Sierra denunció vía telefónica a la DGAC la existencia de un documento fraudulento y vigente. Según Gaspar, Global Airport Security –que opera con Air Canada y Aerolíneas Argentinas– no habría tenido más de una docena de empleados trabajando en el aeropuerto, y que a todo su personal se le habría revisado la documentación. A una semana de iniciada la investigación, ya se detectó otro caso. El proceso sigue abierto y se extenderá a las demás empresas de seguridad.

Aún no se sabe con certeza si la entrega por parte de funcionarios de la DGAC de documentación obtenida irregularmente para ingresar y trabajar al aeropuerto es una práctica nueva o si se viene realizando desde hace tiempo. Si se comprueba que es una práctica antigua, los nuevos antecedentes podrían servir a los fiscales Emiliano Arias y Eduardo Baeza, quienes investigan el robo de los $6.000 millones de un camión de la empresa Brink’s en la losa del aeropuerto internacional de Santiago en agosto de 2014. Entre las autoridades que han manejado el tema, siempre ha existido la sospecha de que quienes idearon el asalto recibieron información desde alguien que conoce por dentro el funcionamiento del aeropuerto. La posible presencia de personal que no pasó los filtros de seguridad acrecienta las dudas. Sobre todo, porque los asaltantes habrían tenido credenciales falsas y uniformes de guardias de seguridad (ver reportaje de La Tercera).

LA TARJETA QUE NO SE REQUISÓ

El subsecretario Gabriel Gaspar aseguró a CIPER que a partir del 11 de febrero “se efectuó una auditoría de todos los procesos de estos documentos y se le retiraron todas las credenciales de la empresa Global Airport Security”. Pero eso no habría sucedido con la tarjeta de la mujer que gatilló la investigación

La carta de denuncia de Segaer dice que el mismo martes 10 de febrero, luego de que los encargados de selección detectaran la anomalía en la credencial de la mujer, se notificó por teléfono a la DGAC. Quien respondió fue Joel Belmar, un asesor en seguridad de la autoridad aeronáutica con contrato de planta desde 2002, que se desempeña en el servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC). Lo primero que habría hecho Belmar fue revisar la base de datos y corroborar si la TISPA de la mujer estaba en los registros. No figuraba en la nómina. 15 minutos después, ya estaba junto a Loreto Contreras, una colega de la Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA) –la unidad a cargo de la entrega de las credenciales–, en las oficinas de Segaer, en Providencia.

Los funcionarios de la DGAC entrevistaron a la mujer, quien les volvió a decir que no tenía idea siquiera de que existía el curso DAN 1702, requisito obligatorio para trabajar como guardia de seguridad aeroportuario, y que varios de sus compañeros en Global Airport Security tampoco lo habrían cursado.

Belmar y Contreras habrían verificado que su Tarjeta de Ingreso Controlado en Aeródromo –más conocida por sus siglas: TICA– sí era original. Esa credencial es de uso obligatorio para todo el personal del aeropuerto. Ella tenía una de nivel 5, con lo cual tenía acceso libre a casi todos los sectores del área. El problema es que la única forma de conseguir esa credencial es con la TISPA, que la certifica como personal de seguridad calificado. Esa última credencial, según corroboraron los funcionarios de la DGAC, es la que había obtenido saltándose todos los procesos exigidos por la autoridad. Aun así, no se la requisaron. Aunque se verificó que la mujer contaba con credenciales fraudulentas, al día siguiente podría haber ingresado nuevamente y sin problemas a zonas restringidas del aeropuerto, vulnerando todas las medidas de seguridad.

Según dice la carta con la denuncia, Belmar habría dicho ese mismo día (10 de febrero) al gerente general de Segaer que la credencial de la mujer “no es falsa, y que fue emitida por un funcionario de esa repartición, que ya no trabaja en esa oficina, y que están en proceso de investigación”. CIPER intentó conversar con Joel Belmar, pero éste rechazó dar su versión, ya que la información es parte del sumario interno de la DGAC.

EL ASESOR BAJO SOSPECHA

Distintas fuentes consultadas por CIPER indicaron que las pistas preliminares apuntan a un antiguo funcionario de la DGAC, hoy instructor externo de guardias de seguridad aeroportuarios, quien gestionaba los permisos para la empresa Global Airport Security. Su nombre: René Schwarzenberg González. Su especialidad: el manejo de mercancías peligrosas y la operación de máquinas de Rayos X e interpretación de las imágenes (ver cursos OTEC que ofrecía). Junto a él, en la entrega irregular de las acreditaciones también habrían participado al menos dos funcionarios activos de la DGAC que habrían tenido acceso a la máquina para emitir credenciales.

Consultado por CIPER, el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, se desliga de cualquier participación en las irregularidades y apunta a Schwarzenberg:

Tematicas del aeropuerto de Santiago.-René Schwarzenberg era mi asesor y capacitador. Los certificados los emitía mal, a nombre de mi empresa, sin ninguna firma de él. Por eso quedaron inválidos. Trabajé cuatro años con estas certificaciones y recién ahora, con la auditoría de esta semana, me doy cuenta de estas falencias. Él tenía todo los contactos en la DASA (la unidad a cargo de la entrega de las credenciales). Hacía y deshacía, y manejaba información, y así me conseguía las credenciales.

No fue posible ubicar a Schwarzenberg para conocer su versión. Llancaqueo asegura que no sabe cuántos otros casos similares podría haber, ya que comenzó a trabajar con él hace cuatro años, y que posiblemente durante todo ese tiempo se hayan cometido las mismas irregularidades. Agrega que Global Airport Security tiene a ocho personas trabajando en el aeropuerto, pero que Schwarzenberg además trabajó con otras empresas que cuentan con mucho más personal operativo en el aeropuerto.

Lo anterior podría ser clave para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el llamado “Robo del Siglo”. De ser cierto lo que dice Llancaqueo, es posible que al momento del asalto haya habido en el aeropuerto personal de seguridad sin las capacitaciones necesarias y sin que hayan pasado por los filtros de idoneidad para el cargo.

A través de su departamento de Comunicaciones, la DGAC informó a CIPER que tras el atraco de agosto de 2014, “las 12 medidas que el gobierno le exigió a la DGAC, para mejorar la seguridad del terminal aéreo después del robo ocurrido el 12 de agosto, se cumplieron cabalmente”. La institución señaló además que se implementó un nuevo protocolo para el proceso de ingreso, traslado y embarque de remesas de dinero, entre los vehículos de transporte de valores y los aviones. También que desde inicios de febrero está operativo el grupo AVSEC (seguridad aeroportuaria), que fue instruido para el uso de armas –salvo aquellos que tienen contacto con público y pasajeros–, los que se encuentran realizando tareas de seguridad en el control de pórticos y rondas permanentes. Además la DGAC adquirió casi un centenar de cámaras termales de vigilancia de largo alcance, capaces de distinguir cualquier objeto en movimiento.

Los antecedentes recopilados en esta investigación dan cuenta de que todas esas medidas resultan inútiles si no hay un correcto control de quiénes ingresan y trabajan en la seguridad aeroportuaria.

 

Seguridad ciudadana: debate retórico para un problema que requiere soluciones de largo aliento

La seguridad ciudadana ha sido en las semanas recientes el foco de un arduo debate entre las autoridades de gobierno y algunos personeros de la administración pasada. En lo medular, ambos se han endosado mutuamente la mayor responsabilidad en el aumento en los índices de victimización, arrojados en la reciente encuesta Paz Ciudadana-Adimark. Un debate que está plagado de imágenes y retórica muy efectista que poco contribuye a resolver los problemas reales de seguridad ciudadana del país.

Así, por ejemplo, frases como “los delincuentes le han tomado la mano al gobierno”, emitidas por personeros de oposición, intentan mostrar que la causa de este aumento estaría en la “blandura” con que el actual gobierno enfrenta a la delincuencia. Mientras que las que emanan de las actuales autoridades, como “el gobierno anterior le puso un motor a la puerta giratoria”, pretenden señalar que las cifras en debate surgen como consecuencia de políticas erradas emprendidas en el gobierno anterior, como por ejemplo, la concesión de indultos el año 2012 a personas que habrían reincidido una vez en libertad.

Este tipo de debates no son para nada nuevos en nuestro país y tienden a repetirse con cierta periodicidad. Las frases y explicaciones que se utilizan constituyen eslóganes atractivos, pero al final del día generan una enorme preocupación ciudadana e instalan en la opinión pública una visión demasiado simplista sobre el problema de la delincuencia en nuestro país. Lo problemático de ello es que luego afectan la capacidad de sustentar políticas públicas más racionales y efectivas. Y ello, porque instalan imágenes algo distorsionadas acerca de la realidad que dificultan precisamente la ejecución de propuestas mejor focalizadas a la solución de problemas.

1.jpgPor ejemplo, es probable que en medio de toda la vorágine de información, el lector desconozca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el instrumento de medición más validado y ocupado por todos los gobiernos para medir delincuencia en Chile, se puede apreciar que desde el año 2005 hasta el 2013 se produjo una baja consistente en los índices de victimización de un 38,3% a un 24,8% de hogares victimizados. Si no consideramos este dato, es difícil pensar que acertemos en qué tipo de problemas específicos son los que podrían estar cambiando esta tendencia positiva.

Otro ejemplo se produce cuando se argumenta que el problema principal de la delincuencia en Chile es una cuestión de “mal comportamiento de los jueces” o de “pocas facultades de las policías”. En ambos casos se trata de propuestas que suelen no tener ningún sustento en la evidencia disponible en nuestro país y en el conocimiento acumulado a nivel internacional.

Por ello, lejos de resolver los problemas de fondo, ideas de este tipo generan la falsa ilusión de que si tuviéramos algunos jueces más duros u otros abandonaran el sistema, estaríamos bien; o que si dictáramos unas leyes que otorguen mayores facultades a la policía todos nuestros problemas desaparecerían de manera rápida. Por el contrario, discursos de este tipo producen efectos graves de largo plazo en la deslegitimación y pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, lo que finalmente debilita el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Mi intención no es afirmar que todo está bien o que no existen  problemas importantes en  materia de seguridad ciudadana en nuestro país, sino más bien centrarnos en que la importancia del tema nos impone la necesidad de alimentar un debate un poco más informado y con menos retórica, con más sustancia y evidencia.

El conocimiento y experiencia acumulados en materia de seguridad ciudadana a nivel local e internacional dan cuenta que se trata de un problema muy delicado y complejo, cuya solución requiere políticas de Estado de largo plazo en áreas tan distintas como la prevención (incluyendo acciones tan diversas como intervenciones tempranas en familias y niños de alto riesgo o en lugares en donde los delitos se cometen); la persecución (que incluye tanto el trabajo investigativo de policías como el rol de actores del sistema de justicia tales como los fiscales); y el trabajo de reinserción (penitenciaria y extra penitenciaria).

Este mismo conocimiento y experiencia muestran que no existe una solución mágica que por sí sola sea capaz de resolver el problema de la delincuencia. Esto nos habla de la necesidad de evitar la tentación de sustentar políticas en materia de seguridad ciudadana basadas exclusivamente en reformas de “agenda corta”, como periódicamente se prometen, o en soluciones simplistas, como las de los ejemplos mencionados previamente.

La buena noticia es que esta misma experiencia y conocimientos acumulados dan a esta altura varias pistas de cómo acercarse más efectivamente al problema. En esta dirección, por ejemplo, el reciente informe “Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, elaborado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y presentado en un foro organizado por Espacio Público hace un par de semanas, arroja interesantes luces. El documento destaca la necesidad de tener una aproximación compleja al fenómeno de la delincuencia que incluye variables como las señaladas en el párrafo anterior. El texto entrega también mucha información sobre el “estado del arte” en materia de políticas e implementación de programas efectivos que pueden contribuir a la disminución de la delincuencia. No es posible resumir en pocas líneas la enorme cantidad de información que allí se plantea, por lo que recomiendo al lector su revisión con más calma (http://publicaciones.caf.com/publicacion?id=1652).

Lo que sí me interesa destacar es que en el panel de discusión (moderado por la economista y directora de Espacio Público, Andrea Repetto, y en el que fuimos panelistas la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz; María Lucila Berniell, economista principal de CAF; Lucía Dammert, experta en el área y asesora de gobierno y yo) existió bastante acuerdo en que una base central para implementar políticas públicas más efectivas en el área pasa por mejorar la calidad de información que se dispone. En esa dirección, la puesta en marcha de una base unificada de datos -comprometida por el gobierno para fines de este mes- es una política que apunta en la línea correcta.

Es de esperar que las fiestas que se avecinan entreguen a los diversos actores una nueva perspectiva para debatir con altura de miras estos temas, y retomar los esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas que constituyan respuestas reales a los problemas que tanta preocupación generan en la ciudadanía. Esperemos que al año 2015 no nos desgastemos en debates de corto alcance y pongamos nuestra energía al servicio de un objetivo urgente: encarar soluciones reales para un problema que exige una mirada de largo aliento.

Asalto en el aeropuerto: DGAC tendrá vigilantes armados y podría desligarse de la FACh

El robo de $6 mil millones el 12 de agosto pasado desde la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez se convirtió en el más grande de la historia y también en el golpe capaz de remecer los cimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que ya tiene cinco altos funcionarios suspendidos. Hasta ahora la DGAC parecía intocable, pese a que en voz baja desde el mundo político siempre se le ha criticado que está “capturada” por ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), entidad de la que depende.

El primer efecto del robo es que la DGAC no contratará más empresas privadas de vigilancia para el aeropuerto de Santiago y las reemplazará por funcionarios propios que portarán armas. En lo estructural, el gobierno estudia la posibilidad de sacar a la DGAC del área de influencia de la FACh, eliminando el requisito de que sea liderada por un general activo, y transformarla en una entidad completamente civil.

Existe coincidencia de que la DGAC ha realizado un excelente trabajo en la vigilancia de la seguridad aérea, pero su labor ha dejado mucho que desear en lo referente a la seguridad terrestre. Por eso, en lo inmediato tomará en sus manos la responsabilidad de vigilar el perímetro, los accesos y los sectores estratégicos del aeropuerto de Santiago, con personal del servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), de su propia institución. Además, los van a capacitar para que puedan portar armas, un cambio radical respecto de la normativa actual, que impide a los guardias privados usen armamento dentro del recinto. La información fue confirmada oficialmente a CIPER por el organismo.

La primera señal de cambio se produjo este martes 2 de septiembre, cuando la DGAC revocó una licitación (ver documento) que estaba en curso para adjudicar el servicio de vigilancia privada en el aeropuerto internacional y en otras cinco dependencias del servicio. La repartición argumentó “la necesidad de estudiar la reformulación de exigencias técnicas” frente al asalto ocurrido en la losa del terminal aéreo internacional.

Al momento del robo, la seguridad estaba a cargo de Promociones Work Service Limitada, que presta servicios en Arturo Merino Benítez desde agosto de 2011. El 31 de agosto pasado vencía su contrato, pero la DGAC confirmó por escrito a CIPER que la empresa continúa prestando el servicio:

-En este momento se está formalizando un nuevo contrato con la misma empresa, temporal, por un año, con cláusula de término anticipado, mientras se define la nueva estructura del sistema de vigilancia en Arturo Merino Benítez.

La DGAC es un organismo poderoso que fiscaliza y controla el mundo de la aviación civil y comercial, con un presupuesto importante en la partida de Defensa y una planta de 3.700 funcionarios; un servicio estratégico que responde por la seguridad aeronáutica del país y que por lo mismo, parecía intocable en su estructura, hasta ahora.

CIPER investigó este enclave militar donde aterrizan muchos oficiales en retiro y que se ha convertido en una apetecible parcela de poder; indagó en las tensiones que genera su dominio absoluto en la seguridad aérea y terrestre y en las disputas soterradas que mantiene con los concesionarios privados por los negocios del aeropuerto de Santiago.

FACH REFUERZA SEGURIDAD

Desde que ocurrió el millonario robo, la plana mayor de la DGAC ha estado sumergida en reuniones con el ministerio de Defensa -de quien depende orgánicamente-, para buscar un modelo de gestión que garantice la seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), sin fisuras.

Según explicaron a CIPER, el nuevo sistema contempla una estrategia diferenciada para el aeropuerto AMB del resto de las unidades que están bajo la dependencia de la DGAC en la Región Metropolitana. Esos servicios serán licitados con empresas privadas de seguridad. En cambio, para el terminal internacional se contempla capacitar a los funcionarios de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), para que desempeñen esas funciones estratégicas de proteger el perímetro y las instalaciones del aeropuerto y la losa.

Se ha solicitado el apoyo a la Fuerza Aérea de Chile para reforzar la seguridad al interior de los recintos aeroportuarios, mientras se materializa el entrenamiento requerido para el uso de armamento por parte de profesionales de Seguridad Aeroportuaria, que van a cumplir esa labor-, dice textualmente la respuesta de la DGAC.

Agregaron que, en paralelo, se están haciendo gestiones legales para autorizar el empleo de armamento. Actualmente, la Dirección de Aeronáutica se rige por lo recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Desde el robo, se ha argumentado que dicha recomendación impide el ingreso de armas a la losa, pero los mismos protocolos de la DGAC lo permiten cuando se da aviso por anticipado y fuentes de gobierno aseguraron que los carabineros entran armados cuando Casa de Moneda exporta dinero.

Según dijeron a CIPER fuentes del ministerio de Defensa, los detalles de los cambios deberá dirimirlos el grupo de trabajo que se formó en el gobierno, a propósito de la emergencia del asalto. La comisión, encabezada por los subsecretarios para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, e Interior, Mahmud Aleuy, tiene la misión de buscar soluciones que deriven en una mejor coordinación al interior del aeropuerto entre todos los servicios que conviven: SAG, MOP, concesionario SCL y Aduanas, entre otros.

La nueva propuesta para garantizar la seguridad terrestre en el terminal internacional deberá contemplar además las nuevas exigencias que importa la construcción del nuevo terminal aéreo (en proceso de licitación). Eso debiera significar más recursos para controlar la circulación de unos siete mil nuevos trabajadores que van a sumarse a la actividad del aeropuerto.

INFRACCIONES A WORK SERVICE

La nueva licitación para servicios de guardias privados, que se abrirá en fecha no determinada aún, será solo para los otros cinco recintos de la Región Metropolitana de la DGAC. Aunque AMB finalmente se manejará en forma interna, el proceso que alcanzó a iniciarse en agosto pasado sirve para hacerse una idea del manejo de la seguridad en el aeropuerto.

Originalmente, el llamado contemplaba un monto global de $2.396.484.000, para los seis servicios. El contrato con la actual empresa que vigila el aeropuerto, Promociones Work Service Ltda, alcanzó una suma inferior ($1.866.377.160), porque el plazo del contrato era menor.

La empresa Segaer, que pertenece al fondo de inversión privada SL Group y trabaja en la seguridad privada de Lan, postuló inicialmente a esta licitación, pero tras leer las bases, se retiró, como explicó a CIPER su gerente general, Sergio Sierra:

-Los montos asignados por la DGAC eran totalmente insuficientes, lo que significa que no podíamos pagar el sueldo que un guardia requiere en estas circunstancias. Si quieren seguridad de verdad, tienen que considerar el precio de mercado. Y además, se necesita nuevos equipamientos como visores nocturnos, equipamiento de última tecnología, que con los montos que ofrece la DGAC no es posible de cumplir.

Otro empresario que no participó en la licitación dijo a CIPER que se necesitan como mínimo $83 millones mensuales para que se pueda contratar guardias  capacitados con buenos sueldos y se contemplaban sólo unos $55 millones (sin IVA) en las bases que fueron publicadas. Según su experiencia, un monto adecuado para un guardia que trabaja en zonas de seguridad estratégica, oscila entre $320 mil y $480 mil, dependiendo del grado de responsabilidad.

La actual empresa Promociones Work Service Limitada publicó avisos en portales de internet en marzo de este año, pidiendo guardias para puntos fijos y para conductores que hicieran las rondas vehiculares en el aeropuerto. El sueldo que ofrecían era desde $325 mil hasta los $345 mil.

Uno de los requisitos adicionales que contempla el actual contrato con Work Service es que los guardias estén certificados por el OS-10 de Carabineros. Consultamos a este organismo y nos señalaron que la empresa tiene vigente el permiso para “actuar en materia de seguridad privada como empresa de recursos humanos” hasta julio de 2015. Sin embargo, registran dos infracciones por prestar “servicios con guardias sin acreditación ni curso”, una en Santiago y otra en Temuco.

Las empresas del rubro coinciden en que en el aeropuerto AMB se produce alta rotación por los bajos sueldos y eso genera un ingrediente de inseguridad al sistema.

-El ambiente en cuanto a seguridad perimetral y espacios físicos es muy inseguro en el aeropuerto internacional. Quienes participaron de este robo deben ser personas que han trabajado o que aún trabajan en el aeropuerto. Es imposible haberlo hecho sólo con información externa-, cree el gerente general de Segaer, Sergio Sierra.

CIPER contactó reiteradamente a la empresa Promociones Work Service Ltda, pero no quisieron entregar declaraciones.

¿“CAPTURA” DE LA FACH?

“La DGAC está capturada por la FACh, es un lugar privilegiado donde aterrizan los oficiales en retiro, ocurre un trasvasije permanente y además, se maneja con total autonomía de la autoridad civil”. Así define un ex subsecretario de Aviación el rol que hoy cumple la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), en el área del control, fiscalización y seguridad aéreos.

General Rolando Mercado

Esta es una repartición pública con un modelo muy singular. Su director debe ser un general activo de la Fuerza Aérea (nombrado por el comandante en jefe, pero aprobado por el Presidente de la República y el ministro de Defensa), cargo que actualmente está en manos del general Rolando Mercado. El director de Planificación, el coronel Duncan Silva, también ocupa un puesto reservado para oficiales activos de la FACh. En esa línea, reportan directamente al comandante en jefe de la Fuerza Aérea como su superior jerárquico, porque en la práctica ellos están destinados en esta función. Sin embargo, en términos administrativos  y de manejo presupuestario, la DGAC depende del ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron a CIPER que, al menos desde el robo en el aeropuerto, los directivos del organismo han reportado debidamente al ministerio, han respetado los conductos regulares, sin pasar a llevar la autoridad política por sobre su dependencia jerárquica de la FACh. También, valoraron “la transparencia” con que han actuado después del asalto al aeropuerto, asumiendo su responsabilidad en los hechos y suspendiendo a cinco altos funcionarios que enfrentan un sumario.

CIPER revisó el organigrama de la DGAC y constató que, al menos en la primera línea directiva, en el corazón de la gestión, tres de los cuatro cargos más relevantes lo ocupan oficiales en retiro de la FACh. Ricardo Castelli Pauliac es coronel (R) y encabeza el Departamento de Auditoría Interna; Ricardo Gutiérrez Recabarren, general (R) es el Secretario General, cargo que se eligió a través de un concurso de Alta Dirección Pública; Alfonso Lefno Schaaf, coronel (R), dirige el departamento de Prevención de Accidentes, también elegido por Alta Dirección Pública. En esta línea de mando, sólo el Departamento Jurídico lo dirige una persona civil: la fiscal Paulina Radrigán Mendoza, elegida también por Alta Dirección Pública.

En la jefatura de servicios, tres de ocho cargos lo ocupan oficiales en retiro de la FACh: Lorenzo Sepúlveda Biget, coronel (R) a cargo del Departamento de Seguridad Operacional; Héctor Barrientos Parra, coronel (R) dirige el Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos; Guillermo Navarro Schlotterbeck, coronel (R), director del servicio de Meteorología. Sólo este último llegó por Alta Dirección Pública al cargo. Los cinco cargos restantes son civiles que encabezan los departamentos de Finanzas, Comercial, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Logística y Recursos Humanos.

El Sistema de Alta Dirección Pública se incorporó a la DGAC el 24 de enero de 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. De los 13 altos cargos, 12 son elegidos mediante este sistema, aunque hasta ahora sólo 9 han pasado por el proceso. El único que no se rige por esta normativa es el director del Departamento de Planificación.

De acuerdo al sistema de selección de cargos públicos, el director de la DGAC elige a los directores según una lista de nombres finalistas enviados por la Alta Dirección Pública. Como se trata de un proceso reservado, no se sabe quienes más postularon y cómo se decidió la asignación, en cada caso.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios, José Pérez, considera un avance este cambio:

-Le pedimos a la autoridad política de la época que pusiera un decreto, porque estábamos aburridos de la política dedocrática. Aparecía un general amigo que es amigo del que está activo y le cortaba la carrera al que venía. Hoy el espectro es más interesante. Al menos las postulaciones son más abiertas.

Según el presupuesto 2014, la DGAC tiene una planta autorizada de 3.738 personas, a lo largo de todo el país. De esos funcionarios, hay un 12% que tiene vínculos con la FACh, lo que equivale a 400 oficiales en retiro y 20 oficiales activos (destinados en su mayor parte al Museo Aeronáutico).

Existe una barrera de entrada que maneja el propio organismo. Para postular a cualquier cargo, los civiles deben formarse en la Escuela Técnica Aeronáutica (ETA) dependiente de la DGAC, durante dos a tres años. Este organismo está a cargo de un general en retiro de la Fuerza Aérea, actualmente Fernando González Bruzzone (ex jefe de inteligencia de la FACH). La ETA funciona como un instituto de educación superior, que forma especialidad en control de tránsito aéreo, seguridad aeroportuaria, seguridad de aviación (AVSEC) y administración de aeropuertos, entre otras áreas.

Los vasos comunicantes no terminan aquí. El camino de relaciones continúa con la migración de ex directivos de la DGAC, oficiales en retiro, a las líneas aéreas privadas. El ejemplo más visible es el del general (R) Enrique Rosende Alva, ex director de la DGAC que hoy ocupa el cargo de Director Corporativo de Seguridad de Lan. Pasó de ser el jefe del organismo fiscalizador al jefe de seguridad de la principal empresa fiscalizada, con el agregado que la DGAC funciona con las lógicas de una institución jerarquizada y disciplinada.

También emigró a la empresa privada, en aerovías DAP, otro ex director de la DGAC, el general (R) José Huepe. A partir de esta situación, la asociación de funcionarios pidió un pronunciamiento de la Contraloría. En un dictamen de diciembre de 2012, determinó que en este caso se aplica la Ley de Bases para la Administración del Estado (ley N° 18.575): “Son incompatibles, hasta seis meses después de haber expirado en funciones, las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización del respectivo organismo”.

La Contraloría pidió instruir un sumario a la jefatura de la DGAC, que no podía tener efecto práctico porque Huepe ya estaba fuera del servicio. El problema que se genera en este punto es que una de las facultades de la DGAC es investigar los accidentes o incidentes aéreos, y la independencia de la investigación podría estar comprometida si la contraparte es un ex director nacional del organismo.

Pese a los fuertes y evidentes lazos que unen a la DGAC y la FACh, el secretario general de la Dirección de Aeronáutica, general (R) Ricardo Gutiérrez, se preocupó de separar aguas con la institución armada en una entrevista concedida a El Mercurio el sábado 30 de agosto pasado. “No tenemos nada que ver con la Fuerza Aérea…la amo con todo mi corazón pero no somos la Fuerza Aérea”, dijo.

UN BOTÍN EN DISPUTA

La DGAC, en su estructura singular de organismo público que reporta a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, se autofinancia con recursos que vienen de la aviación comercial, un modelo que es poco común en el mundo. Sus ingresos provienen casi en un 100% del monto que recaudan las líneas aéreas por concepto de tasas de embarque -30 dólares por pasajero-, y un impuesto por derecho aeronáutico, que pagan los aviones por el uso de la losa del aeropuerto. La suma total de ingresos, según el presupuesto 2014, asciende a $155.337 millones.

Este ha sido un punto de roce con los concesionarios privados que administran los aeropuertos nacionales, porque es un monto que ellos reclaman para su gestión. En otros aeropuertos del mundo, en general son los concesionarios quienes reciben el dinero recaudado por tasas de embarque. En el modelo de concesión chileno, es al revés. La DGAC traspasa una porción de ese monto recaudado a los privados, sólo cuando su gestión es deficitaria. No es el caso de Arturo Merino Benítez, pero sí de algunos aeropuertos regionales. Para el año 2014, se estima que habrá un traspaso de $1.000 millones a los concesionarios privados del país.

Además, hay una tercera fuente de ingresos, que es un beneficio exclusivo para la Dirección de Aeronáutica Civil, consagrado por la ley orgánica que rige el servicio desde 1968 (Ley N° 16.752). Esa normativa determinó que de cada factura que la DGAC paga, “se retiene un 2%, que pasa a constituir un fondo utilizado con fines de salud para los funcionarios de la institución”, según explicaron a CIPER en la Dirección de Presupuestos. En el 2014, ese monto asciende a $452.204 millones que solo se utiliza en casos muy graves y calificados por un comité.

La Dirección General de Aeronáutica debe regirse por las normas que rigen a la administración pública en materia de adquisiciones. Pero no siempre se han cumplido los procedimientos. Específicamente, la Contraloría ha objetado algunas licitaciones en el área de la vigilancia privada.

Antes de Promociones Work Service Ltda., la seguridad del aeropuerto estuvo en manos de la empresa Emflo y Compañía Limitada (Enrique Leiva Olmedo y Cía Ltda), entre agosto de 2007 y agosto de 2011. La empresa se adjudicó una licitación que no fue visada por la Contraloría, sin embargo se renovó por trato directo durante todo ese periodo, por un monto mensual de $44 millones aproximado y un total pagado de $1.692.823.167 hasta mayo de 2010, según consigna el informe que emitió la Contraloría en septiembre de ese año. El dictamen sostiene que estos contratos sucesivos “contravienen” la normativa sobre compras públicas y que extender la vigencia de un contrato por varios periodos, bajo esta modalidad, “pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia”. Por último, la Contraloría objeta el que no se haya publicado estas contrataciones en el portal de Chilecompra, como exige la ley (ver informe contraloría).

La DGAC renovó sucesivamente el contrato con Emflo justificando que durante ese periodo hubo tres procesos de licitación que el mismo organismo declaró desiertos. En su informe, la Contraloría objeta las razones para no adjudicar esos contratos. Llama la atención que la tercera licitación se adjudicó en un primer momento a la empresa FM Seguridad S.A., pero como otro de los postulantes objetó la adjudicación, “la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea decidió dejarla sin efecto”, en circunstancias que la decisión debiera ser resorte del director nacional, como máxima autoridad de la DGAC.

Emflo y Cía Ltda siguió con las mismas condiciones contractuales hasta el 8 de marzo de 2011. En el intertanto, en noviembre de 2010 se llamó a licitación pública y la misma empresa se adjudicó el contrato. Así, se suponía que Emflo prestaría servicios de vigilancia hasta el 14 de marzo de 2014. Pero nuevos problemas afloraron.

En un proceso de negociación colectiva de la empresa Emflo se generaron conflictos laborales que según la DGAC derivaron en “incumplimientos graves” en la prestación de servicios, específicamente por “no haber acreditado la capacitación y habilitación del personal”. Entonces, decidieron poner término anticipado al contrato en agosto de 2011. La empresa hoy está en proceso de quiebra.

El escenario –al igual que ahora– era delicado porque no podía quedar desprotegida la seguridad, sobre todo en el terminal aéreo internacional. La Dirección de Aeronáutica argumentó en ese momento que no se podía hacer una nueva licitación por los 30 meses que restaban del contrato dado que la premura “podría encarecer el servicio” dado que los postulantes se verían obligados a invertir fuertes sumas de dinero para cumplir con los requisitos de equipamiento de seguridad. De ese modo, recurrieron de nuevo al sistema de trato directo. Esta vez, sí lo visó la Contraloría.

La empresa elegida fue Promociones Work Service Limitada, quien había obtenido el segundo lugar en la licitación anterior. La sociedad se constituyó legalmente en julio de 1995, con los socios Paulina Lorca Beltrán y Rodrigo Andrés Venegas Lorca. Entre los servicios que ha prestado está un contrato de vigilancia por dos meses para las 40 oficinas del Registro Civil de Santiago, en 2012, y algunos municipios del país.

Originalmente, el contrato con Work Service expiró el 28 de febrero de 2014, pero la Dirección de Aeronáutica Civil resolvió extender el plazo por seis meses hasta septiembre, por la vía de trato directo. El argumento: no estaba lista la licitación.

En ese proceso se encontraba la relación contractual con la empresa privada de seguridad cuando se produjo el robo de $6 mil millones en la losa del aeropuerto internacional en momentos en que la empresa de transportes de valores Brinks se aprestaba a descargar el dinero para enviarlo a Copiapó, vía Lan.

PULPO CON MUCHOS TENTÁCULOS

Históricamente, la Dirección de Aeronáutica Civil operó, administró y controló todos los aeropuertos y aeródromos del país, sin participación de terceros. Con la entrada de concesionarios privados a este negocio, en 1997 la DGAC debió entregar parte de esa parcela y hoy conviven en la gestión de los terminales aéreos. El aeropuerto internacional es un punto muy sensible, dado los volúmenes de tráfico y los quince millones de pasajeros que circulan anualmente por el terminal.

Personas vinculadas a los concesionarios privados sostienen que la DGAG “es un vecino con el que tenemos que convivir, pero con el que no hay mayor coordinación cuando de se trata de seguridad”. Desde el momento que la persona cruza Policía Internacional hasta que aborda un avión, la seguridad es responsabilidad de la DGAC. También lo es la losa o plataforma del aeropuerto y todo el perímetro del recinto. El concesionario sólo responde por los espacios públicos comprendidos entre los estacionamientos y los counters de las líneas aéreas.

Representantes del mundo privado –contratistas y concesionarios– coinciden en que hoy no se justifica que la DGAC gestione y administre materias que no son del corazón de su negocio, como es la seguridad terrestre o la gestión comercial. Sí le reconocen experiencia y prestigio en la seguridad aeronáutica, a nivel internacional. Postulan que debiera separar aguas y marginarse de la seguridad terrestre, que es donde se presentaron las fallas por el asalto al camión de valores en la losa del recinto.

“Es como un pulpo con muchos tentáculos, que termina siendo ineficiente en labores que no le corresponden, pudiendo concentrar sus esfuerzos y recursos en las áreas donde sí tienen prestigio y conocimientos”, grafica un empresario que trabaja en el aeropuerto internacional.

La DGAC se defiende, señalando que Chile exhibe resultados de gestión reconocidos a nivel mundial por el máximo organismo de aviación comercial, OACI. Según la última auditoría efectuada a Chile en agosto del 2010, el resultado fue de un 82% de cumplimiento. “Esto significa estar dentro de los mejores registros a nivel mundial”, dijeron a CIPER. Según explicaron, lo que se audita es la seguridad aérea y aspectos de facilitación (tratamiento adecuado, seguro y rápido del pasajero).

–Es importante mencionar que con posterioridad al 11 de septiembre de 2001 (ataque a las Torres Gemelas), la DGAC ha dado énfasis y ha implementado una serie de normas de seguridad, no solo desde la perspectiva de la seguridad operacional, que es aquella relacionada con la operación segura de los operadores aéreos; sino también desde la perspectiva del embarque y traslado de pasajeros que se refiere a la seguridad aeroportuaria–, consigna la respuesta escrita de la DGAC.

En el gobierno esperan que haya conclusiones drásticas al término del sumario que realiza la DGAC por el robo. El informe preliminar que entregaron al ministro de Defensa, Jorge Burgos, reconoce que hubo medidas de seguridad que no se adoptaron tras el robo en otra zona del aeropuerto en 2012 y que podrían explicar las fallas en los procedimientos el 12 de agosto pasado.

CAMBIOS A LA LEY ORGÁNICA

Tres de los ministros de Defensa que han pasado por gobiernos de diferente color político reconocieron a CIPER que la única forma de reestructurar esta organización es modificando la ley orgánica respectiva, que data de 1968. Uno de los puntos centrales es que consagra la dependencia con la FACh, al establecer como condición que el director nacional sea un general activo de la Fuerza Aérea. Una fórmula posible es modificar su dependencia, reportando al ministerio de Transportes o Defensa, transformando la DGAC en un organismo civil. Pero admiten que nunca estuvo en la agenda de prioridades para nadie. Uno de ellos graficó la situación:

-La relación de los civiles con los militares se ha ido construyendo muy poco a poco y este es un tema muy sensible para la FACh. Si nos demoramos diez años en modificar el sistema distorsionado de pensiones para las viudas en las fuerzas armadas, no creo que este camino vaya a ser muy rápido.

Pero el robo ha tenido un fuerte impacto que ha hecho reconsiderar todo. Fuentes del Ministerio de Defensa admitieron a CIPER que se está iniciando una discusión para revisar en su totalidad la Ley Orgánica que regula a la DGAC. Subrayan que “hay que analizar el tema con calma, mirada abierta y cabeza fría” para que no se contamine la discusión con el millonario robo en el aeropuerto.

Según explicaron, el propósito es “revisar si los argumentos que en su minuto justificaron la estructura actual con un general activo en la dirección nacional se sigue justificando hoy; y también si se justifica que la DGAC controle todo el ámbito de la seguridad, tanto aéreo como terrestre”. En el gobierno reconocen que es posible que exista una “captura” de la DGAC por parte de la FACH, “pero es porque la Ley Orgánica tiende a eso”, enfatizan, lo que hace importante revisarla.

Plazos no existen. Pero el tema está en la agenda del Ministerio de Defensa y es posible que termine con la dependencia de la Fuerza Aérea.

SISTEMA DE “CASTAS”

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica reclaman que la estructura actual consagra la existencia de “dos castas”: el mundo civil y el mundo militar. Los funcionarios retirados perciben doble ingreso: su jubilación bajo el régimen previsional de las fuerzas armadas (Capredena) y el sueldo, que oscila en torno a los $3 millones para la plana directiva y las jefaturas de servicio. (ver cuadro de remuneraciones).

El paso por la DGAC resulta muy beneficioso para subir los montos de jubilación, explica el presidente del sindicato, José Pérez: “Después de estar tres años en el cargo, pueden reactualizar la pensión. Por ejemplo, un general que originalmente se retiraba con un sueldo de $1,2 millones, tras su paso por la DGAC mejora su renta y con ella, actualiza la pensión Capredena.  Hay una brecha sustancial con la gente que no tiene esa posibilidad”.

El resto de los trabajadores son contratados en calidad de empleados civiles de las Fuerzas Armadas, por lo tanto se rigen por el escalafón de remuneraciones militar. Lo que varía entre unos y otros es el régimen previsional. Quienes ingresaron a partir de 1985 fueron obligados a cotizar en AFP. Por lo tanto, conviven personas que en el mismo cargo y con iguales funciones, reciben menos remuneración, porque están obligados a imponer montos muy distintos de sus salarios, según explica José Pérez.

Los trabajadores perjudicados han golpeado puertas en el Ministerio de Defensa con todos los últimos gobiernos. El único intento que llegó más lejos fue un proyecto de ley que acordaron con el ex ministro Francisco Vidal, que reincorporaba a todo el personal de la DGAC al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, con efecto retroactivo. Ese acuerdo se produjo en septiembre de 2009, meses antes de la elección presidencial (ver documento). Sin embargo, el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cerró la opción de un portazo. No habría excepciones en el aparato público.

La estructura del organismo también es cuestionada por ex funcionarios del Ministerio de Defensa, pues hay demasiados altos cargos. Los mismos trabajadores se quejan de que el personal de la planta no es suficiente para los requerimientos de un terminal internacional como el chileno. “Aquí hay mucho cacique, en los cargos directivos, pero pocos indios para hacer la tarea”, sentencian. Al respecto, el dirigente José Pérez afirma que en temporada alta, hay 200 personas trabajando en el terminal aéreo, 40 trabajadores por turno, que se hacen insuficientes para los requerimientos del aeropuerto AMB. “La gente incluso va de apoyo, después de que sale del turno. ¡Eso no puede ser!”, sentencia.

 

EL CONTRATO CON ALDEASA

Un ex ministro de Defensa comentó a CIPER que “existe un problema endémico, porque es un organismo que se maneja con mentalidad y códigos militares, bastante hermético, que interactúa con el mundo aeronáutico civil y comercial, con reglas del juego y criterios muy diferentes, que no siempre coinciden. Es una parcela demasiado grande para los tiempos que corren”.

Por ejemplo, la DGAC maneja los contratos con las tiendas de venta libre de impuestos o duty free. ¿Qué relación tiene esto con su rol de fiscalizar la seguridad aeronáutica? Según explicaron a CIPER, es un área de negocios que les corresponde gestionar porque las tiendas se encuentran en la zona de su jurisdicción. En este caso, negocian en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas.

Los contratos con Aldeasa han generado ruido en el ambiente empresarial, porque con la última renovación, dicha empresa suma 27 años controlando un negocio que en el aeropuerto AMB factura, según quienes conocen del tema, unos US$ 80 millones.

El primer contrato se adjudicó por licitación pública a Aldeasa Chile S.A. (hoy Aldeasa Chile Ltda.) en 1995 por 10 años. El contrato se ha prorrogado y está vigente hasta 2022, con una inversión de por medio de 4 millones de dólares para que Aldeasa ampliara la superficie de las tiendas.

Uno de los argumentos de DGAC para extender el contrato con esta empresa es que el porcentaje de ventas pagado al organismo por la empresa de duty free “es considerablemente mayor al del mercado”, por lo que consideran que no sería rentable hacer un nuevo llamado a licitación pública. Ejecutivos que conocen el negocio cuestionan el que desde la primera licitación hace casi 20 años, dicho porcentaje no haya variado.

Según informó la Dirección de Presupuestos a CIPER, “los recursos por concepto del contrato con Aldeasa no ingresan al presupuesto de la DGAC. Por convenio complementario se estableció que estos van íntegramente al concesionario del aeropuerto”. Otras fuentes aseguraron que una parte de lo recaudado se entrega a Aduanas. Lo que es claro es que desde que el concesionario es privado, la DGAC negocia un contrato del que no obtiene ningún beneficio y por lo tanto no tiene incentivos para negociar.

La práctica que rige para los contratos y sub concesiones del aeropuerto es que terminen junto con el periodo del concesionario, para evitar situaciones “de amarre”. En este caso, la concesión con SCL termina en 2015. Aldeasa tiene contrato hasta 2022. Con el nuevo diseño de aeropuerto, el terminal donde se ubican sus instalaciones será exclusivo para vuelos nacionales. Por lo tanto, el nuevo concesionario del aeropuerto tendrá que negociar en pie forzado su reubicación, con una empresa que tiene asegurado su contrato.

Algunas personas consultadas por CIPER utilizaron el ejemplo de los puertos, como un modelo de gestión al que podría mutar la DGAC. Es decir, emular el rol de la Dirección de Territorio Marítimo, centrada en aspectos normativos y fiscalizadores, mientras la administración y gestión económica de los puertos recae en empresas concesionarias privadas.

 

La ilegal invasión de los drones en Chile

La escena ocurrió en la mañana del 11 de marzo en el Cerro Castillo. En el momento en que los ministros del gabinete que acaba de estrenar Michelle Bachelet posaban para la foto oficial, sus miradas confluyeron hacia el cielo: un extraño objeto volador sobrevolaba a baja altura la residencia de descanso presidencial en Viña del Mar. Al día siguiente, el propio gobierno subió a su página oficial las fotos aéreas tomadas por la cámara del aparato: una nave aérea no tripulada más conocida como “dron”. Las imágenes fueron cedidas por el periodista Ariel Marinkovic, dueño de la empresa X-cam, que realiza vuelos radiocontrolados para tomar imágenes desde la altura. Las fotos de Cerro Castillo son espectaculares, pero el dron que las registró infringió las normas de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que ha prohibido el uso de naves no tripuladas sobre zonas urbanas.

-Iniciaremos un proceso infraccional. Si existen antecedentes de que eventualmente se cometió un delito, se llevaría a los tribunales -anunció a CIPER Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC.

Pagina oficial de La Moneda, muestra fotos aéreas de Cerro Castillo

Si bien aún no existe una regulación especial para los cada vez más populares drones, la autoridad considera que se debe aplicar la normativa regular que rige los vuelos civiles y por lo tanto requieren autorización de la DGAC. La razón es simple: ¿Qué hubiera pasado si el aparato cae sobre la cabeza de alguno de los ministros o autoridades extranjeras?

-Si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil -explicó Sepúlveda (ver entrevista).

Cuándo el 17 de noviembre pasado Michelle Bachelet subió a un escenario instalado en la Alameda, frente a su comando del Hotel San Francisco, para agradecer a quienes votaron por ella en la primera vuelta presidencial, un canal de TV utilizó una pequeña nave a control remoto portando una cámara para realizar tomas aéreas sobre el público (ver nota de la prensa peruana sobre su funcionamiento). Este tipo de cobertura es parte de una tendencia que partió en los medios estadounidenses, a la que hoy le llaman “periodismo dron”, una forma más barata y flexible para hacer tomas en altura. Son útiles, por ejemplo, para grabar manifestaciones o zonas de difícil acceso. Pero de acuerdo a la DGAC, esos vuelos son peligrosos e ilegales.

El boom de los drones no se limita al periodismo. Su uso se ha ido expandiendo y hoy son utilizados en la realización de estudios de impacto ambiental y por empresas mineras y de publicidad, entre otras. También por empresas de seguridad privada e instituciones militares y policiales. Una polémica veta ya explorada en otros países al utilizarlos en el combate al terrorismo y a la delincuencia y acciones de espionaje, un área que abre el debate sobre los derechos que podrían ser vulnerados. CIPER constató que las Fuerzas Armadas de Chile ya cuenta con drones y que Carabineros está en camino de adquirirlos.

AEROVIGILANCIA

En muy poco tiempo los drones se han transformado en una de las nuevas herramientas de vigilancia favoritas para los uniformados. Son más baratos que los aviones y permiten el monitoreo a distancia sin que sean percibidos. Según el sitio FlightGlobal, el año pasado la empresa israelí BlueBird Aero System se adjudicó un contrato por US$ 3 millones con el Ejército chileno para proveerlo de naves no tripuladas.

La ONG Derechos Digitales quiso saber los detalles del proceso de esa licitación, así como el contrato de la adjudicación, utilizando la Ley de Transparencia el 30 de enero último. La respuesta, en que se rechaza la entrega de información por considerarla “secreta”, fue entregada por el vicealmirante José Romero Aguirre, jefe del Estado Mayor Conjunto, basándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar: “Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, entre otros” (ver respuesta). Y hace referencia explícita a la información sobre “pertrechos militares o policiales”.

Según las fuentes consultadas por CIPER, el Ejército de Chile contaría actualmente con 16 drones.

Además de ese contrato con la empresa israelí BlueBird Aero System, en el curso de la investigación para este reportaje dos instituciones del Estado iniciaron procesos de compra de drones para vigilancia, los que finalmente abortaron. El miércoles 12 de febrero se abrió en Mercado Público una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando un “Servicio de vigilancia aérea” para operar entre los kilómetros  570 y 692 de la Ruta 5 Sur en la región de La Araucanía (ver documento). El objetivo era claramente monitorear la zona del conflicto mapuche, pues el avión no tripulado era para uso exclusivo de Carabineros. Consultados por CIPER, en Carabineros se dijo que el gobierno saliente no les había comunicado nada acerca de esa licitación.

Blue Bird Spy Lite, uno de los drones probado en La Araucanía para vigilancia. (Fuente: flightglobal.com)

La compra que había decidido realizar la Subsecretaría de Prevención del Delito estaba generando ruido en las empresas del rubro: acusaron que la licitación estaba hecha de tal manera que sólo podía ganarla la misma empresa israelí que ya trabaja con el Ejército. Cuatro días antes del cierre del proceso de compra, CIPER solicitó una entrevista con el entonces subsecretario Cristóbal Lira, la que fue retrasada por problemas de agenda, hasta que el mismo día del vencimiento del plazo fijado, la licitación se declaró desierta.

Según Lira, la decisión de declararla desierta se adoptó “por respeto a las nuevas autoridades”. Una respuesta que no se entiende, ya que las bases y los plazos de la licitación se fijaron a sabiendas de la fecha inamovible del cambio de mando. “(Los drones) me parecen una extraordinaria herramienta. Afortunadamente, estamos ya contando con las cámaras en la Ruta 5 en La Araucanía”, dijo Lira para explicar la falta de urgencia.

Respecto al supuesto acuerdo para que la empresa israelí BlueBird Aero System ganara la licitación de este nuevo dron para vigilancia, el ex subsecretario afirmó:

-Sin duda que cumplía muy bien, era silencioso, simple, pero con poca autonomía y distancia, y sus cámaras no son tan buenas. Los otros tienen otros pros y contra, no está tan claro cuál conviene, habría que probarlos más. También depende de los precios y condiciones. En todo caso, los encuentro muy prácticos y pueden servir como prueba en los juicios. Espero que a mi sucesor le gusten, ya que pienso que ayudará mucho a las policías.

Al día siguiente de que el ex subsecretario Cristóbal Lira declarara desierta esa licitación, el GOPE de Carabineros hizo exactamente lo mismo con el proceso de compra de dos drones cuadricópteros a control remoto (ver documento). Altas fuentes de Carabineros confirmaron que la licitación se canceló luego de que CIPER solicitara información sobre ella, debido a que los antecedentes recogidos indicaban que era “poco prolija”.

El uso de drones ha abierto en Carabineros un frente no cubierto por lo que decidieron formar un equipo de oficiales con estudios de ingeniería y computación para investigar en profundidad los aviones no tripulados. La idea es que es que esa institución no se quede fuera del uso de las nuevas tecnologías.

RIESGO INMINENTE

Mientras el uso de los drones se expande en el mundo civil y militar, la regulación de sus vuelos exhibe otros ritmos. Si cada día es más común ver drones sobrevolar por encima de nuestras cabezas, en la DGAC sólo se han recibido 18 solicitudes de operaciones de esos vuelos entre 2012 y 2013. De éstas, 14 fueron autorizadas para realizar vuelos demostrativos y toma de fotografías, y cuatro rechazadas por tratarse de vuelos en zonas pobladas.

Estos aparatos pueden volar hasta a 500 metros de altura y varios actores de la industria reconocen que las caídas no son poco comunes. Eso explica la prohibición de la DGAC para que vuelen en zonas urbanas. En Estados Unidos se acaban de suspender los vuelos de 10 aviones no tripulados que custodian la frontera con México desde 2005. Uno de estos aviones no tripulados, el MQ-1 Predator, que cuenta con la tecnología más moderna en su categoría y cuesta US$ 12 millones, tuvo que ser estrellado en el Pacífico frente a la costa de San Diego al no responder a la señal de aterrizaje. Se buscó evitar así un accidente de proporciones. En junio del 2012, los tres principales drones de fabricación estadounidense, tuvieron la tasa más alta de accidentes aéreos, el triple del promedio de toda la flota aérea militar de los EE.UU., según datos de Bloomberg (ver estadística).

Drone cae durante presentación de Joan Jett en el Festival Lollapalooza.

En Chile no se conoce con exactitud la cantidad de accidentes que han tenido las naves aéreas no tripuladas. Al no existir un control ni registro en la DGAC, no se tiene una estadística oficial. De todos modos, se conocen algunos casos. La tarde del domingo 1 de abril de 2012, en medio de la presentación de la cantante de rock estadounidense Joan Jett en el Festival Lollapalooza, un octocóptero (nave aérea de ocho hélices y de un peso aproximado de nueve kilos) que realizaba tomas del concierto para una productora contratada por TVN, cayó sobre el escenario a centímetros de la vocalista y su tecladista Kenny Laguna. Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto para la artista y su grupo. Y se mantuvo en reserva hasta que El Dinamo publicó el video que da cuenta de lo ocurrido.

No ha sido ése el único accidente en Chile con naves no tripuladas. En abril del 2013, radio Biobio informó que un avión no tripulado del Ejército cayó sobre una casa en Hualpén, en la zona de Concepción. La aeronave de 14 kilos se estrelló a pocos minutos del despegue.

-Ya se han caído varios de estos avioncitos a tierra, pero aun así, si has tenido suerte con los proyectos que has ganado, igual te conviene. Es parte de los riesgos que asumes. Y evidentemente a nadie le interesa dar a conocer los que se te caen –comentó a CIPER el gerente de una de estas empresas.

 

Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC:

“Volar un dron sin autorización es una actividad ilegal”

Lorenzo Sepúlveda es ingeniero en Sistema Aeronáutico, magister en Planificación y Gestión Aeronáutica y piloto. Se desempeña como director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde hace diez años (2004), además de ser vicepresidente del Grupo Panamericano de Seguridad Operacional. En pocas palabras, la función de Lorenzo Sepúlveda es fiscalizar toda aeronave civil que vuela sobre el cielo de Chile, ya sea en el área de operaciones como en la de mantenimiento, así como también la fiscalización de las licencias de los que vuelan.

Lorenzo Sepúlveda

–Este trabajo –dice Sepúlveda– es estresante: llego aquí las 7:15 y me voy, en promedio, a las 21:00 a casa. No hay fin de semana que no me llamen por teléfono por situaciones que nos pasan aquí o en el extranjero. Porque el problema lo puede tener un avión que está en Frankfurt, y necesita una autorización especial o porque tiene un problema y necesita ir a Madrid. Todos los días del año, las 24 horas del día, tenemos que estar disponibles.

Su función incluye autorizar los cambios de diseños de las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional. Una tarea en la que también se presentan problemas. Como el que recuerda el mismo Sepúlveda: “Por ejemplo, Carabineros compró un avión y quiso hacerle un cambio: un hoyo para colocar unas maquinas. Nosotros no le aprobamos el proyecto y tuvieron que vender el avión. Porque el estudio de ingeniería que presentaron no permitía certificar la aeronave”.

Ahora, a todas esas áreas debe incorporar la fiscalización de quienes operan aparatos voladores no tripulados –drones– y hacen su mantenimiento. De partida deja en claro que su competencia se restringe a la aviación civil: “El uso de los drones desde el punto de vista militar o de operaciones aéreo policiales, no es competencia nuestra. No está dentro de nuestras facultades”.

Y agrega: “En el ámbito civil y a nivel mundial, el tema de los drones se nos vino encima. El mundo entero está relativamente atrasado con respecto a su regulación. En Latinoamérica, donde formamos un grupo que reúne a todos los países, estamos estudiando una normativa común y hay varias cosas que aun no las tenemos resueltas”.

-¿Cuáles son algunos de los problemas específicos que plantea el uso de drones en cada país?
Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de la aeronavegabilidad del aparato. Es decir, con qué lo vamos a contrastar para determinar qué es lo seguro y cuáles son las interferencias que pueden tener. Después está el tema de los requisitos que debe cumplir la persona que los va a hacer volar. Porque al igual que los pilotos, estas personas deberían ser sometidas a un exhaustivo examen psicofísico. Pensamos que los que tripulen drones tengan un examen tan riguroso como los pilotos, ya que hay drones de distintos tamaños, distintos pesos, y si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil.

-¿Y qué se hace con los drones que ya están circulando a espera de la nueva normativa?
Tenemos una normativa muy avanzada, y a nivel nacional tenemos normas en la DAN 91 y otros documentos que estamos revisando para regular los vuelos. Y para efectos prácticos, en este momento lo que estamos haciendo es ver, caso a caso, el proyecto que nos presentan y ahí vemos si se aprueba o no. Depende de varios factores, todos referentes a la seguridad. Les pasamos un formulario que indica ciertas exigencias. Por ejemplo, debe presentarse con al menos 10 días de anticipación, indicar el objetivo del vuelo, remitir el área de operación y la línea especifica de sobrevuelo: altura, punto de despegue y aterrizaje, etc. Y también se exige que se describan las características del dron: modelo, peso, largo, velocidad de crucero…

-Eso significa que si yo quiero hacer volar hoy un dron, ¿debo venir aquí a solicitar un permiso trayendo todo eso que usted menciona?
Así es, lo que sí no le vamos a permitir es que vuele en zonas pobladas. Todos esos drones que la gente ha visto volar por encima de las áreas pobladas, no están autorizados por la DGAC. Ahora, el control de los vuelos de los drones es una cuestión tremendamente compleja. Mire, nosotros los podemos ver volando, pero no sabemos dónde están ubicados los que los están operando. Puede que en algunos casos eso se pueda hacer.

-Pero entonces, hacer volar un dron sin autorización, ¿es hoy un delito?
Hoy volar un dron sin la autorización podría constituir delito. De acuerdo al Código Aeronáutico, y si bien éste no dice “el dron es una aeronave”, dada la definición de la ley, el dron es una aeronave, y para poder volar ésta requiere cumplir con determinados requisitos. Y esos drones que se ven volando por ahí, no las cumplen. Porque ninguno ha sido certificado por nosotros y tampoco hemos controlado su tripulación. Por todo aquello, yo diría que volar hoy un dron sin autorización, es una actividad ilegal.

-Pero hasta ahora ustedes en la DGAC han autorizado vuelos de drones en Chile.
Nosotros hemos autorizado algunos proyectos concretos. Si usted viene hoy y dice que quiere volar un dron, le vamos a pedir todos los datos que ya le mencioné y por escrito. Luego, vamos a estudiar la zona donde va a volar, si hay lugares poblados o no, a qué altura va a volar, si existe la posibilidad de que choque con un avión… Analizamos el riesgo, y en base al riesgo de la operación, se autoriza o no. Hemos autorizado drones para prospección de ríos, en donde el dron, un aparato chico, vuela por el río y no por lugares poblados. Caso a caso hemos autorizado algunos vuelos, calculando bien el riesgo.

-¿La DGAC ha dado pocas autorizaciones hasta ahora?
Ha salido por ahí que hay varias empresas autorizadas para hacer volar drones. Eso no es cierto: no hay ninguna empresa autorizada. Lo que hemos autorizado son vuelos concretos de algunos proyectos. No hay ninguna autorización a una empresa o a un particular para hacer lo que quiera en esta materia. Hemos autorizado, por ejemplo, a una empresa para un proyecto de prospección de peces, a otra para control de cables. También ahora la Conaf nos está consultando, porque entiendo que están comprando o ya compraron un dron para utilizarlo en el control de incendios. Hay empresas de marketing que nos han pedido autorización, pero no se la hemos dado porque era para vuelos en lugar poblado.

-Me han dicho que se han visto drones que sobrevuelan el Estadio Nacional para importantes partidos de fútbol, Chilevisión operó uno por ejemplo en la previa del último partido Chile-Ecuador, para registrar al público en el estadio.
Nosotros no los hemos autorizado.

-¿También requieren ellos autorización de la DGAC?
Todo aparato requiere autorización.

-¿Dónde está la diferencia entre los drones y el avión de aeromodelismo que yo salgo a volar a un descampado los fines de semana?

Sr. Jose Dolabella (ANAC-Brasil), Sr. Marco Ospina (Secretario-CLAC) y Sr. Lorenzo Sepulveda (DGAC-Chile)

Fundamentalmente en el tamaño y la altura que alcance, hasta 100 metros, que es lo que vuelan los aviones de aeromodelismo. Como ve, es diferente. Por eso, en el formulario que entregamos a quienes presentan los proyectos, les pedimos las características del dron, porque hay drones que en versiones militares se pueden operar a mucha distancia. Por ejemplo, los que operaban desde los EE.UU. en Medio Oriente. Y esto también se puede hacer en la operación civil: el operador puede estar en Santiago y lo está haciendo volar en la Cordillera de los Andes. Por eso, analizamos el tamaño y las características del vuelo que requiere para poder así autorizar o no, depende del riesgo, de dónde va a despegar. Porque uno puede pedir autorización para volar en la cordillera, pero necesitamos saber desde dónde despega para autorizar caso a caso.

-¿Se plantean entre los requisitos de autorización la protección de la privacidad de las personas? Porque, por ejemplo, podría solicitar autorización una empresa de seguridad privada.
No, y para que lo entienda, se lo explico con el caso de un helicóptero. Usted puede tener un helicóptero para seguir gente. Nosotros autorizamos el vuelo. Ahora, si se usa para algo ilegal, el piloto es el responsable. Nosotros no vamos autorizar vuelos para nada ilegal, pero eso no quita que se pueda utilizar para algo así. Y ahí el autorizado estaría cometiendo la falta, al utilizarlo para otros fines de los que afirmó cuando pidió la autorización.

-Si bien dice que la DGAC no regula los vuelos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, ¿ellos no necesitan ni siquiera avisar cuando están operando estos aparatos?
Lo que necesitan es comunicar, sin precisar la operación, respecto al espacio aéreo para la coordinación de nuestra parte. Lo mismo rige para las operaciones de aviones militares.  Si van hacer prácticas de vuelo en algún espacio aéreo del país, necesitan avisarnos para coordinar con los vuelos civiles. Ahí hacemos una NOTAN (Notificación para Todo Vuelo Aeronáutico), avisando que esa zona está limitada o es zona peligrosa. Siempre que para operaciones militares se vaya a volar en un espacio donde hay tránsito aéreo de civiles, deben avisarnos. De la misma manera que cuando el Ejército va a disparar al aire en sus pruebas, nos avisan y nosotros delimitamos el área para vuelos civiles. Nosotros sólo entramos exclusivamente para la seguridad del espacio aéreo, no tenemos idea por qué están volando. Eso no nos compete.

-Una vez que salga la nueva reglamentación para el uso de drones que aún está en borrador, ¿quién va a ser el encargado de su cumplimiento: el Ministerio de Defensa o Interior?
Desde el punto de vista de las anomalías, nosotros lo que hacemos es cursar las infracciones o hacer la denuncia a tribunales. Lo que pasa hoy por el desconocimiento que existe de este tema, es que hay gente que los está volando sin saber que deben pedir autorización. Nosotros hicimos varios llamados por la prensa a los que están operando estos aparatos, a que se acerquen a pedir la autorización respectiva. Y desde entonces, se han acercado más personas a preguntarnos. Hay que dejar claro que según la interpretación legal nuestra, los drones son aeronaves. Y en consecuencia, en la ley está claro todo lo que debe cumplir una aeronave para volar. Debe tener certificado de aeronavegabilidad, que ninguno de los que anda por ahí lo tiene; el que lo vuela debe tener licencia, que tampoco la tienen. Y hay delitos tipificados para quienes no cumplen: el que vuela un avión sin certificado vigente, comete un delito. En la norma que estamos estudiando se considerara una licencia autorizada por la DGAC. Ahora, insisto, este no es un problema que enfrentamos sólo en Chile, es un problema mundial, ya que si bien hace tiempo que existían, ahora se han disparado de manera más masiva. No hay ningún país en este momento que tenga una normativa clara, ni los EE. UU. ni los europeos, que son los que más tiempo llevan utilizándolos, aún tienen regulado el uso. Hay que estudiar bien las interferencias que pueden sufrir estos aparatos, porque el que está operándolo desde tierra, puede perder el control. Por eso aún hay mucho que estudiar.

-¿Cuánto tiempo estima usted que demorará esa normativa en estar vigente?
Por las razones que le dado, no creo que salga antes de, cómo mínimo, seis meses. Ya llevamos dos años en esto. Estamos trabajando con otros países. El “Sistema Regional para la Vigilancia y la Seguridad Operacional” lo integran todos los países latinoamericanos, y ahí nosotros llevamos todos los grandes problemas que surgen en la aviación: desarrollo de normas, capacitación, se forman inspectores… Y en esto estamos trabajando. El proyecto de las reglas está en la fase de borrador para opinión (ver documento) de los usuarios. Antes de cualquier normativa, ésta se pone durante un periodo a disposición para que los usuarios puedan opinar, dar sugerencias, criticas, aportes y se estudian todas. Lo que tenemos hasta el momento ha sido elaborado con las opiniones de todos los países de Latinoamérica.

-¿Han recibido denuncias de drones volando en espacios urbanos?
Si, hemos recibido algunas, y creo que ya hemos llevado dos a tribunales. En algunos casos, no hemos podido llegar a resultado porque la información es muy vaga. No es fácil. Por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando es cómo identificarlos, porque así como los aviones tienen su matrícula en un lugar visible, al ser aparatos tan pequeños, tal vez tengamos que distinguirlos por marca o una matrícula. Y deberíamos ver cómo poder distinguirla. Ahora, estas normas se hacen para las personas que quieren cumplir con la ley, porque si alguien quiere operar un dron para cometer un delito, está claro que no le va a poner la matrícula. Nadie va a saber desde dónde lo está operando. La fiscalización no va a ser fácil. Y por eso se necesitará, como en todas estas cosas, la colaboración ciudadana. Estos aparatos pueden utilizarse para muchas cosas, pueden ser muy útiles y eficientes, como para detectar el fuego, para ver el cableado, para fotografías, publicidad. Para todas estas cosas es una buena herramienta, pero también puede ser usado para fines delictivos.

 

El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago


Haga click en la imagen para ver el mapa y las fichas de las 83 poblaciones dominadas por el narco en Santiago.

Vea además: Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago (2009)

El jardín infantil Raúl Silva Henríquez, en el sector San Luis de Quilicura, es como cualquier otro: sillas de colores, balancines y unos 60 niños que corretean y entran y salen de las salas. Hasta que suena el primer disparo. Entonces, Daniela Valenzuela, la directora del jardín, corre al patio donde cuelga una campana y enciende la alarma. La parvularia Ivonne Andrade tira de una cuerda de la que se afirma cada uno de los niños y los guía hacia la sala que está al fondo del recinto, al tiempo que otras les cantan para hacerles creer a los pequeños que no es más que un juego. Al llegar a la sala, Ivonne los hace tirarse al suelo. Algunos lo hacen entre risas. No saben que, si se quedaran de pie, una bala perdida podría volarles la cabeza.

-Lamentablemente es algo común y parte de lo que estamos viviendo aquí –dice Daniela Valenzuela.

Afuera del jardín, marcas de balas adornan rejas y muros de los blocks de las cuatro poblaciones que componen el sector: Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío. Al primer sonido de balacera, sus habitantes imitan el ritual del jardín infantil: corren al dormitorio más alejado de puertas y ventanas, ¡y al suelo! Para ellos, como cuenta Aurora, vecina de la Parinacota, no es ningún juego: “Después de tirarnos no nos queda otra que rezar”.

Los pistoleros que cada semana hacen estallar la violencia en estas cuatro poblaciones de Quilicura, pertenecen a alguna de las dos bandas rivales que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan una parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional en los últimos años –de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010–, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y que las detenciones de menores involucrados en delitos de drogas han crecido un 56%.

En el barrio casi todos conocen a los miembros de cada banda, pero nadie se atreve a denunciarlos. Los pocos que lo han hecho, han terminado peor. Como le ocurrió a Elena, que pidió a CIPER que le cambiaran el nombre –como la mayoría de los entrevistados durante esta investigación– por temor a represalias. Ella puso hace unos meses una denuncia en Carabineros contra uno de los jóvenes de las pandillas. Dos días después, bajo su puerta había una carta anónima con los nombres y direcciones de sus familiares. Decidió nunca más enfrentarlos.

Al otro extremo de Santiago, justo en el límite de La Pintana y La Granja, el miedo es el mismo. El 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, John Boles, párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol de La Pintana, se acercó al altar, se persignó y como si fuera parte de un ritual, abrió el sagrario y sacó las hostias y el cáliz para resguardarlos en la casa parroquial. Lo secundaban feligreses que cargaban equipos de sonido y todo aquello de valor. Temían que Los Guarenes y Los Phillips, las dos pandillas que disputan el control de la zona (supuestamente desbaratadas en 2007), saquearan nuevamente el lugar, tal como lo hicieron meses antes.

El 11 de septiembre de 2011, unas 100 personas con palos, piedras y armas de fuego, botaron la reja del templo y arrasaron con puertas y ventanas. Se llevaron todo: equipos de amplificación, muebles e incluso la comida destinada a los más pobres del barrio, incluyendo el refrigerador. A Boles y a los aterrados feligreses que lo acompañaban, no les quedó más que observar el saqueo desde el cuarto piso del edificio que alberga las oficinas parroquiales. Aunque cerca de 20 carabineros custodiaban el supermercado Santa Isabel, frente a la iglesia, ninguno se movió para ayudar al sacerdote y los vecinos atrapados.

-Llegaron cuando ya se habían robado todo. El jefe de la policía dijo que no podían hacer nada porque pertenecían a la comisaría de La Granja y la iglesia está en La Pintana –relató Boles a CIPER.

En 2009, CIPER descubrió que al igual que esos 60 niños de Quilicura y los feligreses de la Iglesia Santo Tomás, en la Región Metropolitana vivían más de 660 mil personas repartidas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al tráfico de drogas son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, choferes del Transantiago y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, y entre sitios eriazos y basurales, eran zonas abandonadas por el Estado donde la única ley era la de aquellos que las han ocupado: la del narco.

A tres años de esa investigación, CIPER volvió a esas zonas y constató que el escenario es aún peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy se han sumado otras tres a la lista (ver mapa). En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macro-zonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto. Juntas albergan a 76 villas que en total suman más de 220 mil residentes, casi el mismo número que el total de habitantes de la Región de Atacama. Allí hay cordones de cuatro y hasta 49 poblaciones donde las bandas de microtraficantes se han adueñado del territorio, arrasando con las débiles estructuras sociales.

CIPER se internó nuevamente en estos sectores para buscar la causa a los síntomas de abandono gubernamental y miedo. Para eso, geo-referenciamos más de 11 mil delitos investigados por la PDI en 2011, cifras que cruzamos con las de delincuencia de Carabineros. El resultado: al interior de estas poblaciones son muy pocas las denuncias. Los vecinos temen represalias y desconfían de las policías. ¿La causa? El narcotráfico y la espiral de violencia que las bandas han desatado para mantener su control.

DE BOLIVIA A LA POBLACIÓN

Los habitantes de la población Parinacota, donde según los datos de la PDI que procesó CIPER se cometió el 9,9% de los delitos registrados en la comuna de Quilicura en 2011, dicen que cada jueves por la madrugada despiertan con el ruido de una moto. Al sur de la capital, en la población San Gregorio de La Granja, cuentan que los sábados se pueden ver bengalas que lanzan en cuatro puntos (siempre diferentes) de la población. Distintas señales para un mismo acontecimiento: la llegada de un nuevo cargamento de droga.

Según estadísticas de la PDI, la incautación de pasta base, la droga que más se consume en las poblaciones, aumentó de 3.000 a 3.975 kilos entre 2009 y 2011. Y sólo en el norte, en lo que va de 2012, lo decomisado se ha quintuplicado respecto del año pasado: de 359 a 1.648 kilos. Ello se traduce en casi 14 millones de dosis más que en 2009. Si se considera que esas cifras no incluyen lo que sí llegó a las calles, la conclusión es clara: a Chile está llegando más droga. Y la ruta es por el norte.

-Ha empezado a entrar más droga boliviana que peruana al país. Ahora, los burreros por regla general son bolivianos. Lo que también se corrobora con el ingreso de droga que ahora se hace por Calama, por su cercanía con Bolivia, y no por Arica e Iquique como era antes –explica Héctor Barros, fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Sur de Santiago.

La PDI estima que de lo incautado, más del 60% de clorhidrato de cocaína y sobre el 75% de pasta base proviene de Bolivia. Lo que no se decomisa llega a poblaciones periféricas de las ciudades, como las 83 zonas ocupadas detectadas por CIPER en Santiago: el espacio ideal para acopiarla y distribuirla.

El diagnóstico en terreno de fiscales y policías fue ratificado por un informe que emitió a fines de julio la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos: Bolivia desplazó a Colombia en entre los mayores productores mundiales de cocaína y hoy ostenta el segundo lugar, sólo superado por Perú. Otro dato se agregó al nuevo análisis: Argentina lidera las estadísticas sudamericanas de consumo de cocaína y sus derivados de acuerdo al último Informe Mundial de Drogas de la ONU. En este escenario regional, no resulta extraño que en Chile el mercado de la droga vaya en aumento: si antes nuestro país era usado principalmente como ruta para llegar a Argentina y el Atlántico, hoy es visto también como un mercado en sí mismo.

EL ÚLTIMO ESLABÓN

Ni el hombre que llega en moto los jueves con droga a la Parinacota ni los sujetos que lanzan bengalas en la San Gregorio viven en esas poblaciones. Son intermediarios: el nexo entre el traficante que importa la droga (que a veces ni siquiera tiene contacto directo con su mercancía) y los microtraficantes: el último eslabón en la cadena del tráfico y los que han hecho de las poblaciones vulnerables su centro de operaciones.

Aunque no se trata de un cartel, la familia Tirado Huilcal maneja el mercado de la pasta base en La Chimba, una pequeña población en Recoleta que apenas concentra el 0,3% de las denuncias por delitos registradas por la PDI en 2011. Luis Alberto Tirado Acevedo, El Feo; su esposa Rosa Huilcal Marileo, La Fea; y sus hijos Juan Carlos, El Ñato; y Marcos Enrique, El Feo Chico, son los principales traficantes en La Chimba. Juntos acumulan ocho causas por tráfico ilícito de drogas y otra por amenazas a carabineros.

Los dos hijos cumplen condenas: El Ñato por conducción en estado de ebriedad y El Feo Chico por tráfico ilícito. Aun así, el negocio no amaina. Los vecinos dicen que cada vez son más los “soldados” (jóvenes que ofrecen protección armada a los traficantes y captan clientes) que se instalan en los juegos infantiles de la única plaza de La Chimba y su multicancha aledaña, donde los niños ya casi no juegan.

-Prefiero que mis hijos se queden en mi casa porque si salen les van a ofrecer droga –dice María, quien conoce bien cómo operan los Tirado Huilcal.

Su ex marido era adicto a la pasta base y varias veces recorrió la población buscándolo. La mayoría de las veces estaba en el nido que El Feo y La Fea habrían habilitado en su casa: un espacio donde los clientes más asiduos se encierran a fumar pasta base por horas y, a veces, por días enteros.

La importancia de los Tirado Huilcal al interior de La Chimba es gravitante. Ximena, otra vecina del sector, admite que ellos controlan la población a punta de favores y amenazas: “Una vez me pagaron la cuenta de la luz y a varios vecinos les han pasado plata. Estamos de brazos cruzados. Si los denunciamos, cuando salen libres nos van a amenazar a la casa y esperan a nuestros niños a la salida del colegio”.

En Bajos de Mena, el sector más vulnerable de Puente Alto, con cerca de 30.000 viviendas, más del triple de esa cifra en habitantes y un cuadrante que concentra el 14,1% de los delitos atendidos por Carabineros en 2011 en la comuna, ocurre algo similar. Viviana Fuentes fue una de las primeras en llegar a la villa Francisco Coloane, una de las 49 del sector. Hoy dirige una de las dos juntas de vecinos de la población y ha sido testigo de cómo el barrio fue siendo copado por traficantes.

-Vivimos con el miedo constante de que nuestros hijos salgan un día y no vuelvan. En todas nuestras villas lo hemos visto: los niños salen y de repente se escuchan disparos. Algunos han muerto por alguna bala loca. Puede pasar en cualquier momento –relata con voz entrecortada.

Cerca de allí está La Mamiña I, zona controlada por Los Vatos Locos, una pandilla que se enfrenta a balazos y cuchillos con sus rivales de La Mamiña II por el control del territorio. Lo mismo pasa en la villa San Francisco y las poblaciones Pedro Lira, Marta Brunet o El Volcán; todas en el mismo sector y con sus propias bandas narco. Los vecinos de Bajos de Mena están resignados: “Aquí mandan los narcos, no la junta de vecinos ni el alcalde”, cuenta Silvana, a quien hace sólo unos meses le pusieron una pistola en la cabeza y le intentaron reventar el departamento por haber denunciado a unos vecinos que venden drogas.

CALDO DE CULTIVO

En el sector San Luis de Quilicura, CIPER comprobó en terreno cómo los “soldados” de la banda de Los Chubis se pasean por plazas y pasajes mientras, a su paso, los vecinos deben refugiarse en sus departamentos, los que han debido reforzar con doble chapa y rejas metálicas en las puertas.

El fiscal Héctor Barros sabe que esta situación se repite en muchas poblaciones de Santiago y también dónde radica el origen del poder de los narcos: “Si ves que no hay control, que hay problemas de diseño urbano, pobreza, cesantía y tantos otros, tienes un caldo de cultivo para transformarte en buen traficante”, sentencia.

Otro fiscal consultado por CIPER explica: “Al principio, el microtraficante se expande con mayor rapidez porque se transforma en una autoridad que ayuda a los vecinos o incluso en una fuente laboral. Muchas de las personas que hemos detenido por tráfico en estas poblaciones nos cuentan que se metieron en el negocio porque en un día ganaban lo que antes obtenían en un mes”.

Los fiscales que conocen cómo operan cuentan que lo primero que hacen es comprar camas anti escaras y sillas de rueda a los ancianos, bolsas de mercadería a los que están cesantes, prestan dinero u organizan fiestas para los niños. “Así la gente los acepta rápidamente”, dice Barros.

En la población San Gregorio –que concentra el 26% de los delitos que la PDI investigó en La Granja en 2011–, René Dionisio Morales, El Lauchón, reinó hasta su muerte en 2009. En el pasaje donde residía hay animitas homenajeándolo e incluso le han escrito canciones: “Porque tú fuiste pa’ mí el rey de los choros / Lauchón era tu apodo siempre hacías las cosas a tu modo / tus armas favoritas las pistolas. Pero para todos siempre tú serás el Lauchón de la San Gregorio / Sangre, cuchillo y velorio”, reza el rap “Siempre estarás en mi corazón, Lauchón“, que uno de sus sobrinos cantó en su funeral.

También conocido como El Señor de la San Gregorio, para muchos Morales no era sólo un ex lanza internacional y experto en quitadas de droga; también era un héroe: nadie olvida las lujosas fiestas de año nuevo que organizaba en el barrio. “Los fuegos artificiales eran mejores que los de Valparaíso. Regalaba trago, comida y traía músicos para que la fiesta durara hasta la mañana siguiente”, cuentan los vecinos.

-Cuando estaba vivo a nadie le faltaba nada –afirma Marina, una pobladora de la San Gregorio, frente a un mural con el rostro de El Lauchón en el pasaje 8 Oriente.

Lo mismo hacían Manuel Fuentes Cancino, El Perilla, en La Legua (San Joaquín) o Los Care’ Jarro antes de caer presos en La Victoria (Pedro Aguirre Cerda). Su poder es el que se disputan las bandas locales, y su fama –aún sin relevo–, la que ha hecho que muchos niños no aspiren a otra cosa que ser traficantes.

La PDI emitió en septiembre un informe que señala que en sólo seis meses fueron detenidos 124 menores de 14 años por infracciones a la Ley de Drogas y otros 970 jóvenes de entre 15 y 18 años: un 56% más que en 2011. Marina sabe bien de eso: hasta hace poco, su hijo de 12 años soñaba con ser como un vecino que hoy vende drogas en Suecia: “Empezó a usar su misma ropa y me decía que para tener dinero y ser exitoso había que ser lanza o narco”.

Xiomara Navarrete, profesora de la Escuela María Luisa Sepúlveda en el sector San Luis de Quilicura, cuenta que en abril expulsaron a un alumno de sexto básico por vender pasta base en el patio del colegio. Semanas antes, el mismo menor llevó una pistola al colegio y amenazó a un compañero. Otro profesor explica que la escuela recibe a los niños que el resto de los colegios de Quilicura no quiere. Si en ésta los expulsan, el paso siguiente es desertar. Pero a veces no les queda más opción que cancelarles la matrícula.

En marzo, un menor de octavo básico amenazó con un cuchillo a un inspector que lo retó. Cuando hablaron con los padres, tres profesores fueron amedrentados. Hoy ese niño es soldado de Los Chubis.

FASE 2: LA DEFENSA ARMADA

“En todos lados hay sectores malos, pero Bajos de Mena es demasiado peligroso”, confiesa un chofer de Transportes Matta, que realiza despachos para Almacenes París en el sector sur de la capital. CIPER conversó con varios funcionarios de esa y otras compañías similares y todos coincidieron en que ese sector –al igual que otras 29 poblaciones de la lista– es zona vetada en su hoja de ruta. Lo mismo corre para los taxistas de Puente Alto: “Todos hemos sido asaltados más de una vez en Bajos de Mena o Santo Tomás. Es lo más peligroso de Santiago”, dice Abelardo Fredes.

Entre 2009 y 2011, el cuadrante de Carabineros que atiende a las 49 villas de Bajos de Mena aumentaron en 32,3% las denuncias atendidas. Los robos con fuerza pasaron de 477 a 587 y los con violencia de 432 a 473. Y en el cuadrante correspondiente al sector Santo Tomás, en el mismo período Carabineros registró un aumento de 9,8% en delitos denunciados. De los 637 casos registrados en 2011, el 52,4% fue por delitos violentos.

¿Por qué la violencia en estos sectores ha aumentado? En la Fiscalía Sur tienen respuesta: “El traficante en una primera fase trata de ganarse a la gente con favores, hasta que lo aceptan, pero cuando el negocio crece, tienen que contratar ‘soldados’ que expandan las ventas y protejan el sector de quienes quieran quitárselo. Ahí pasan a una segunda fase en que el traficante tiene que abrirse camino por la violencia”, explica el fiscal Barros.

La mayoría de las 83 poblaciones detectadas por CIPER se encuentran en esa segunda fase: la defensa armada de sus territorios.

Desde hace tres años, dos bandas se enfrentan por controlar la venta de drogas en el sector San Luis de Quilicura. El oriente es de Los Chubis; el poniente, de Los del Cojo Juan. Las balaceras a veces duran días enteros y con los primeros nadie se mete: “Hacerlo es firmar tu propia sentencia”, dice un vecino. Varios cuentan que en la 49ª Comisaría de Quilicura los conocen bien pero que nunca los han sorprendido con grandes cantidades de droga. Su líder, Marco Antonio Meza Vílchez (El Cojo Marco), tiene 18 años y antecedentes por receptación, lesiones, amenazas y consumo o porte de drogas en lugar público. Sus hermanos –Hugo Orlando (24) y José Manuel (29)–, tampoco registran detenciones por droga.

La droga la esconden en cinco departamentos que se han tomado en los blocks del pasaje Coposa. Su madre tiene un local de máquinas de juego y sanguchería que no es más que una fachada donde se venden “chacareros”, “completos” y “barros luco”. No son sándwiches, sino que códigos: minutos después uno de Los Chubis entrega pasta base, cocaína o marihuana, respectivamente.

En el extremo poniente de la Parinacota, fuera del área de dominio de Los Chubis, Juan Manuel Torres Escobar (El Cojo Juan) defendió su nicho a balazos con su pandilla hasta diciembre de 2011, cuando cayó por tráfico menor. Pero la guerra en la Parinacota no se detuvo. Su único hijo, Diego Nicolás Torres, con 21 años y cinco detenciones por tráfico y otras tantas por robo con intimidación, amenazas y porte ilegal de arma de fuego, quedó como jefe del negocio y de la banda.

Tampoco a ellos los denuncian. “Con préstamos de dinero nos mantienen ciegos, sordos y mudos”, dice un vecino. Y si alguien se atreve, probablemente deba abandonar la población. Así ha ocurrido con algunos habitantes del sector Santo Tomás, en La Pintana: sus viviendas abandonadas son tomadas por las pandillas como nuevas sedes del negocio.

“SI DENUNCIO ME MATAN”

En julio de 2007, el ruido de helicópteros despertó a los habitantes de las 23 poblaciones del sector Santo Tomás, en La Pintana. En el operativo, la PDI allanó el pasaje Pablo VI en busca de miembros de Los Phillips y Los Guarenes, las dos pandillas rivales que durante años se han disputado a balazos el territorio. Con las posteriores condenas (2008), la violencia y el temor parecían abandonar el sector. En esa fecha, Christian Toledo, el fiscal a cargo del caso, indicaba a El Mercurio: “Se limpió un importante sector de la zona sur de Santiago”.

Pero no fue así. Los feligreses de la Parroquia Santo Tomás Apóstol conviven a diario con el miedo que han impuesto ambas bandas. Liderados por El Rucio Loco, las dos bandas rivales se unen cada 11 de septiembre y 29 de marzo para saquear el supermercado y las dos farmacias del sector. El resto de los días, se enfrentan en plazas y pasajes. En la cancha del club deportivo Inter de Jamaica, atrás de la iglesia, se puede ver a Los Guarenes drogándose o mostrando sus pistolas. Los fines de semana, sus fiestas suelen terminar en balaceras. Y para los campeonatos de fútbol, el Jamaica es el único equipo que estrena camisetas nuevas y celebra sus triunfos con champaña y fuegos artificiales. Varios vecinos consultados por CIPER dicen que el club es una fachada: “Si querís comprar vai a la sede del Jamaica y te ofrecen lo que querai”, dice uno de ellos.

Las estadísticas policiales grafican el temor a denunciar. Si bien en La Chimba los vecinos identificaron una gran cantidad de casas donde venden o guardan droga, durante 2011 la PDI no recibió allí ninguna denuncia por drogas. En el mismo año, en la Francisco Coloane sólo hubo una. En las 81 poblaciones restantes, el panorama es igual.

-Cuando iba a las casas de mis compañeros de colegio que tenían papás narcos, veía cómo los pacos llegaban. Un día, me topé con uno fumando marihuana arriba del furgón. Aquí todos sabemos que los carabineros están coludidos con los delincuentes. Si los denuncio me matan –contó a CIPER una joven pobladora de la San Gregorio.

Esa acusación se repitió en la mayoría de las 83 poblaciones investigadas por CIPER. Hace poco, a María, una vecina de la Francisco Coloane, le pusieron una pistola en la cabeza apenas volvió de poner una denuncia en Carabineros. “Me dijeron que los pacos les avisaron que los había sapeado”, dice. Algunos fiscales explican que parte del problema es que muchos de los policías destinados a comunas periféricas llegan ahí por castigo, lo que hace muy fácil que sucumban a coimas de los traficantes. La ex asesora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catalina Mertz (dejó el cargo en abril), reconoce que muchos vecinos desconfían de las policías. Por lo mismo, en 2010 esa cartera implementó el programa “Denuncia Seguro”, que recibe información anónima.

-Cuando llamas a Carabineros te piden todos tus datos personales. Un canal de denuncia anónima facilita la labor investigativa –cuenta Mertz.

A un año de su puesta en marcha, en octubre de 2011 el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, informó que el programa aumentó en más de 13 mil las denuncias telefónicas. Más del 40% de ellas fue información fidedigna traspasada a las policías.

El sacerdote inglés John Boles, de la Santo Tomás, conoce la pasividad policial. Los días previos a cada 11 de septiembre y Día del Joven Combatiente, va a la 41ª Comisaría de La Pintana a solicitar refuerzos para su parroquia. “Dicen que tienen pocos efectivos y que tratarán de hacer lo posible”, cuenta. Como alambres de púa, alarma, cámaras, rejas y puertas blindadas no le han bastado para evitar robos y saqueos en el templo, no descarta rodear el recinto religioso con un cerco eléctrico. Pero rendirse es lo único que no hará:

-Aquí los delincuentes y traficantes son una minoría. He conocido gente tremendamente valiosa que no tiene la culpa de las circunstancias que les tocó vivir y por ellos me quedo: este es el lugar que más necesita mi ayuda.

Una versión de este reportaje se publicó en revista Qué Pasa el 19 de octubre de 2012.

Duro cuestionamiento a la ACHS por maltrato a trabajadores

* Lea además: El hotel donde se maltrata a los trabajadores accidentados.

El miércoles 8 de junio CIPER difundió un reportaje de investigación con impactantes testimonios que daban cuenta de las denigrantes condiciones en que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) hospeda a los trabajadores accidentados de regiones. Un video con imágenes de personas discapacitadas debiendo literalmente trepar por escaleras sin barandas hasta el segundo y tercer piso del Hotel Victoria Simpson, donde se ubican dormitorios y comedor, fue obtenido por el periodista Gustavo Villarrubia, autor de la investigación.

El video y los testimonios de los trabajadores que deben seguir sus tratamientos en Santiago, fueron difundidos esa misma noche del 8 de junio por las pantallas de Canal Vía X, en el programa “Cadena Nacional”. Hasta los estudios del canal llegó un comunicado de la ACHS, sin firma pero con timbre, justificando la ausencia en el panel de debate que se instaló ante las cámaras de un representante de la entidad. Sobre las condiciones del cuestionado hotel, la ACHS afirmó que “efectuó las evaluaciones e informes técnicos que garantizaran su operatividad para los requerimientos pertinentes, verificándose que cumplía con los estándares solicitados”.

En el mismo comunicado se puntualiza que los trabajadores de regiones accidentados que allí son derivados son “autovalentes, y se trasladan por sí solos. Lo único que requieren es un lugar de hospedaje y alimentación mientras permanecen en Santiago para sus controles médicos, pues no requieren hospitalización”.

Lo anterior quedó claramente desmentido tanto por las imágenes del video exhibido como por los testimonios de trabajadores que en esos mismos minutos se hospedaban en el Hotel Victoria Simpson, ubicado en Almirante Simpson Nº 3, a pocos metros de Vicuña Mackenna

TRASLADO EN MENOS DE 24 HORAS

Cuando Cecilia Cerda y Orfilia Orellana, las dos trabajadoras que esa noche del miércoles 8 de junio entregaron su testimonio en Via X, regresaron al hotel, se encontraron sorpresivamente con el propietario del establecimiento, Carlos Moya León, quien en tono amenazador les informó que al día siguiente presentaría una querella en su contra.

La noche para las dos mujeres, ambas profesoras, se hizo larga. Muy larga. Al día siguiente todos los pacientes del Hospital del Trabajador que allí se hospedaban (más de 20), despertaron en un clima de tensión y temor. La incertidumbre se instaló entre sus paredes mientras escuchaban que todos los que habían reclamado debían hacer sus maletas.

De improviso, pasadas las 19 horas, ingresaron al Hotel Victoria Simpson Verónica Herrera, gerente de Salud de la Asociación Chilena de Seguridad, acompañada de dos personas. El temor se acrecentó cuando invitó a todos los huéspedes a reunirse. La sorpresa fue mayúscula. Con tono cálido Herrera leyó una breve declaración del gerente general de la ACHS, Cristián Prado, informando que serían trasladados al Hotel Principado de Asturias, ubicado a pocos metros, en Ramón Carnicer Nº 21. Y el traslado era inmediato.

Seis vehículos llegaron para movilizar a los trabajadores a su nuevo hotel. Un establecimiento de cuatro estrellas y que cuenta con habitaciones y baños para discapacitados, además de condiciones de primer nivel en ventilación, espacio y calefacción. De la comida, ni hablar. Antes de veinticuatro horas de difundido el reportaje, la situación de los trabajadores accidentados de regiones había cambiado radicalmente. La emoción estalló.

El Hotel Victoria Simpson quedó vacío.

EL COMUNICADO

El comunicado de Cristián Prado, gerente general de la ACHS, que los pacientes del Victoria Simpson conocieron al menos en parte, fue difundido una hora antes del traslado, a las 18:13 horas del 9 de junio, a la planta ejecutiva de la ACHS en todo el país. Allí se dice:

Estimados Colaboradores:
He estimado oportuno compartir con ustedes las medidas que hemos tomado en relación con las denuncias formuladas en el programa Cadena Nacional transmitido ayer 8 de junio de 2011 por el canal cable Vía X, basado en la investigación periodística realizada por el Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile.

En el mencionado programa, se han formulado críticas a las condiciones ofrecidas por el Hotel Victoria Simpson, en el cual nuestra organización tenía definido que se hospedaran nuestros pacientes de provincia que eran controlados en el HTS (Hospital del Trabajador de Santiago).

Efectivamente la Asociación Chilena de Seguridad mantenía un convenio con el Hotel Simpson, licitado en el año 2007, a raíz de su proximidad con el Hospital del Trabajador de Santiago (HTS), y porque habría contado con las condiciones necesarias para hospedar a los trabajadores en ese momento. Se trata de pacientes autovalentes, que se trasladan por sí mismos y que no requieren hospitalización, pero sí de un lugar adecuado de hospedaje y alimentación mientras permanecen en Santiago para sus
controles médicos.

Dadas las quejas recibidas de algunos pacientes, unido a las denuncias del programa antes mencionado, solicité conjuntamente con la Gerencia de Salud de la ACHS, trasladar inmediatamente a los pacientes a un nuevo Hotel (Principado de Asturias), de forma transitoria, hasta que se dé la solución más adecuada y definitiva para este tipo de pacientes.

Como es conocido por todos ustedes, la Asociación Chilena de Seguridad tiene máxima preocupación para que los trabajadores afiliados cuenten con la mejor atención y, por ello, se ha dado una solución adecuada a esta situación puntual que se presentó con uno de nuestros proveedores.

Adicionalmente, he solicitado que se analice con máxima profundidad la decisión que se tomó en su momento, el procedimiento que tiene la organización para administrar este proceso y las responsabilidades existentes, con la finalidad de fortalecer y mejorar nuestro control.

Atentamente,
Cristóbal Prado F.

NUEVAS REPLICAS

La reacción express de la plana ejecutiva de la ACHS tenía aroma y color de urgencia. Y se entiende. Porque el reportaje de CIPER también fue visto por el gabinete de la Primera Dama, Cecilia Morel, la que había sido requerida por los trabajadores accidentados que sufrían de los malos tratos en el Hotel Victoria Simpson. Y también por altos funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), entidad a la que el gabinete de Morel derivó los reclamos. Esa misma mañana, al tiempo que recibían otros reclamos sobre el mismo problema, la gerencia de la ACHS debió responder las llamadas de la superintendente de Seguridad Social, María José Zaldívar Larraín.

Sólo unas pocas horas tardó la SUSESO en reaccionar. Porque en la misma tarde del 9 de junio, su titular le envió un oficio al gerente general de la ACHS, Cristóbal Prado, el cual se inicia con la mención a la carta que una de las trabajadoras accidentadas que la ACHS derivó al Hotel Victoria Simpson, Arlethy Morales, le envió a la Primera Dama Cecilia Morel, denunciando las condiciones del hospedaje e instalaciones y las “represalias” de las que fueron objeto ella y otros trabajadores de regiones accidentados por la misma ACHS luego de sus reclamos.

En dicho oficio se cita textual el memorándum que la ACHS envió en noviembre de 2010 luego de una visita inspectiva efectuada el 2 de noviembre de 2010 al Hotel Victoria Simpson. Allí se indica que el Departamento de Higiene Ambiental del SNS ha realizado en más de una oportunidad “inspecciones” a dicho hotel “sin encontrar observaciones negativas al respecto”. El memorándum de la ACHS agrega: “El hotel dispone de servicios para ser proporcionados a pacientes en sillas de ruedas o bien con dificultad de movilidad, tiene un acceso a través de una rampla de pendiente adecuada y con baranda y antideslizante”. Y concluye: “El Hotel Simpson cuenta con condiciones para recibir a estos pacientes según su diagnóstico”.

El mismo documento de la ACHS a que se refiere el oficio de SUSESO, hace mención a los reclamos que han hecho llegar algunos pacientes, y afirma que “de acuerdo a la visita efectuada, ellos no corresponden a lo observado”. Luego de reseñar otras bondades del establecimiento, en el memorándum se señala: “El Hotel Victoria Simpson es un lugar que cuenta con espacio y servicios que son acorde a las necesidades que los pacientes de la ACHS en calidad de regionales puedan requerir a fin de permanecer y dar continuidad a sus tratamiento médico en el Hospital del Trabajador”.

A reglón seguido, el oficio de María José Zaldívar al gerente de la ACHS señala: “Sin embargo, usted me manifestó el 9 de junio (es decir, el mismo día en que se despachó el oficio) que el Hotel Victoria Simpson no reúne las condiciones para otorgar servicios de alojamiento, hospedaje y pensión a los pacientes ambulatorios provenientes de sus regionales que vienen a controles o bien a concluir su proceso de rehabilitación, por lo que dispuso el traslado de los mismos. Por ello, es menester que precise cómo se condice tal aseveración con lo informado en la citada carta y sus anexos, aclarando si desde noviembre de 2010 a la fecha cambiaron las condiciones de dicho hotel que expliquen tal contradicción”.

Zaldívar puntualiza en su misiva: “Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que a esta Superintendencia le corresponde fiscalizar a los Organismos Fiscalizadores de la Ley 16.744, careciendo de competencia para fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad del mencionado hotel, por lo que nuestra función se ve determinada por las información proporcionada por su fiscalizado, la que por ende debe ser confiable, fidedigna y actualizada”.

La carta de la Superintendente de Seguridad Social finaliza con la exigencia de que en un plazo de cinco días hábiles remita un documentado informe que explique “la contradicción referida en el párrafo anterior”. Al mismo tiempo la SUSESO pide que se le envíe en el mismo plazo las medidas que la ACHS adoptará para garantizar que sus pacientes de regiones serán hospedados en recintos que reúnan todas las condiciones que se requieren.

Otros dos puntos clave fueron incorporados en el informe que la superintendente de Seguridad Social envió al gerente general de la ACHS. El primero dice relación con los informes médicos que emitió la misma institución sobre los tres trabajadores de regiones accidentados que reclamaron por las condiciones del Hotel Victoria Simpson y a los que se les quitaron los controles y tratamientos en Santiago, además de un beneficio de pensión: Arlethy Morales, Iván Toro y Roberto Ortulla. Zaldívar pide que se le envíen todos los informes médicos que den cuenta de su situación actual para someterlos a revisión.

El segundo acápite es que la Superintendencia de Seguridad Social le pide a Cristóbal Prado, gerente general de la ACHS, que le remita los informes que menciona la ACHS en su memorándum, emitidos por la Secretaría Regional de Salud de la Región Metropolitana en su inspección de noviembre pasado al Hotel Victoria Simpson. Lo anterior da cuenta de la sospecha que se abriga en la entidad fiscalizadora sobre la autenticidad de dicho informe. Ello se origina en que, tal como lo indica Zaldívar en su oficio, en la carta que envió la ACHS en noviembre a la Superintendencia -aclarando que los reclamos no son efectivos-, se indica que esa inspección la habría realizado “el Departamento de Higiene Ambiental del SNS”, entidad que ya no existe.

El oficio de la SUSESO fue recepcionado en la Asociación Chilena de Seguridad el 13 de junio. El plazo para responder se cumple el próximo lunes 20 de junio. Hay movimiento y efervescencia en la ACHS. Un clima radicalmente distinto al que se vive entre los trabajadores accidentados de regiones que ahora se hospedan en el Hotel Principado de Asturias.

Un sistema laboral que desprotege al minero

Las minas tienen grandes fallas de seguridad, a pesar de las ganancias de las empresas. Si en los últimos cinco años las utilidades de las mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. El incremento no tuvo correlato en la seguridad laboral.

La cuenta regresiva más dramática que ha vivido Chile en los últimos años ya se inició. El pulso y la esperanza se instalaron en un pequeño punto de Atacama, donde se prepara el rescate de 33 trabajadores de la Mina San José, atrapados a 700 metros bajo tierra desde hace dos meses y cuatro días. La operación ha demandado millones de dólares que hasta ahora han salido del bolsillo de todos los chilenos. Un absurdo, porque los mineros fueron sepultados por las pésimas condiciones de seguridad laboral en las que funcionaba una mina que registraba millonarias ganancias.

De hecho, sus dos propietarios están bajo arraigo, pero no por los daños que han experimentado en su prolongado encierro 33 de los mineros que trabajan para ellos. El dictamen judicial obedeció a un derrumbe acaecido el pasado 3 de julio y que terminó con un minero seriamente herido y con una pierna amputada.

“La empresa aseguró la producción antes que la integridad física y síquica de sus trabajadores”, afirmó en el juicio el fiscal regional. Una acusación en la que la Mina San José no es la excepción. Ni en seguridad laboral ni en ganancias.

Si en los últimos cinco años las utilidades de las empresas mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. A modo de comparación con otro sector de alta rentabilidad, vale la pena anotar que hasta agosto de este año los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.

De allí el nerviosismo con que el sector empresarial minero ha seguido las vicisitudes de los 33 mineros atrapados. Desde las entrañas de la tierra los chilenos han recibido durante dos meses un mensaje lacerante que les señala que los beneficios que obtienen las empresas del rubro no se condicen con el aporte que hacen al país y menos con los que obtienen los trabajadores del sector.

Un efecto claro de esta simple operación matemática fue el acuerdo logrado el 6 de octubre pasado entre el gobierno y la oposición para aumentar la tributación de las mineras. Lo que se anunciaba como un debate duro e interminable, con un poderoso lobby opositor de las empresas, se finiquitó entre risas y abrazos.

El aumento comenzará a regir por completo en 2018, con una tasa variable de entre 5% y 14%. Además, fija un periodo de transición con un gravamen de 4% a 9% entre 2010 y 2012. Otro absurdo. El 2011, cuando el tributo será menor, será un año en que todos los expertos prevén que el precio del cobre llegará a su mayor valor en cuatro décadas: entre US$ 3,5 y US$ 4 la libra (el precio promedio de este año llega a US$ 3,2).

Aún así, las empresas del rubro están disparando sus últimos misiles. Anuncian que esta alza de tributos afectará directamente la inversión extranjera en el sector, la que deberá buscar nuevos puertos. El mensaje llega directo a La Moneda y al Congreso, el que tendrá que legalizar el nuevo acuerdo tributario. Y se entiende. En carpeta para el período que va entre 2010 y 2015 se espera una inversión de US$ 50 mil millones en el sector minero.

El temor a una huída de la inversión extranjera, no es nuevo. Fue en 2002 cuando la agenda pública se inundó de la misma campaña. Entonces, el gobierno de Ricardo Lagos propicio por primera vez un aumento de los tributos a través de un royalty minero. El impuesto, cercenado, fue despachado en el Congreso. Y los resultados están a la vista. No sólo no hubo empresas que abandonaran Chile, sino que la inversión se duplicó al mismo ritmo que la multiplicación de sus ganancias.

No ocurrió lo mismo con la seguridad laboral. Un problema que hasta el 5 de agosto pasado, cuando el país entero se conmocionó con el derrumbe que sepultó a los 33 mineros en pleno desierto de Atacama, era invisible. Y ello, a pesar de que la minería es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, con un 15,5% del total en 2009.

Transcurridos 65 días, no hay escuela, oficina o comercio donde no se sepa que ello fue producto de la carencia absoluta de las mínimas condiciones de seguridad y la débil fiscalización del Estado a las faenas mineras para garantizar el derecho a la vida de quienes extraen el llamado “sueldo de Chile”.

(*)Este artículo fue publicado originalmente por el diario argentino Clarín, el domingo 10 de octubre.

Así viven los periodistas mexicanos bajo amenaza que se unen en masiva marcha

El reciente secuestro de cuatro reporteros que cubrían un motín en Durango, al norte de México, por narcotraficantes que amenazaron sus vidas para obligar a dos importantes cadenas de televisión (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video con sus mensajes, dejó al descubierto ante la opinión pública mundial la grave situación que vive la prensa mexicana. Censura, amenazas de muerte, torturas, secuestros y asesinatos forman parte del acoso permanente que enfrentan los periodistas ante el silencio cómplice de un gobierno que no acostumbra investigar los crímenes contra la prensa. Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Vea además:
La carta a los dueños y directivos de los medios de comunicación de los periodistas mexicanos
La carta abierta de los periodistas mexicanos a la sociedad civil
Comunicado de los periodistas mexicanos convocando a la Marcha “Los queremos vivos”
Periodistas que se encuentran desaparecidos (2000-2010)
La solidaridad del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) con los periodistas mexicanos bajo amenaza.

Tras atender la llamada nocturna el periodista se levantó de la cama, se vistió con rapidez -botas, jeans, camisa-, les dio un beso a sus hijos, se despidió de su esposa y se sentó en el living a esperar a que llegara el comando armado a buscarlo.

“Estaba listo para salir a la calle a entregarme en cuanto los escuchara llegar. Yo no iba a permitir que entraran a mi casa, que dejaran traumada a mi familia ni que me encontraran tirado en una zanja en chanclas y calzones”, explica el periodista en una tienda de autoservicio cercana a su casa, el sitio más seguro que encontró para platicar con esta reportera sin llamar la atención en su ciudad, una de muchas del norte del país donde los reporteros viven bajo la ley del “silencio o plomo”.

Pero esa noche, la más larga de su vida, los enviados de la muerte se estacionaron afuera de la casa de otro reportero que cubría como él los asuntos policiacos de la ciudad. Con violencia lo sacaron a la fuerza de su hogar ante el horror de sus niños y de su esposa. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un canal de riego.

El periodista sobreviviente no pudo siquiera acudir al velorio de su colega: él y varios reporteros de ese estado norteño fueron advertidos que ni se aparecieran. Los pocos valientes profesionales que llegaron al velorio lo hicieron con el miedo invadiendo sus huesos al imaginar que su osadía les costaría ser asesinados de un granadazo.

El gatillo asesino surtió efecto: activó el silencio. Los directivos de los medios de comunicación de toda la región decidieron no publicar los enfrentamientos que se libran en las calles que se disputan dos cárteles de la droga. Las balaceras que todo mundo escucha y que impactan en las casas. Y su balance: el reguero de muertos que cada tanto aparecen tirados como bolsas de basura.

De esa información que atemoriza a los ciudadanos no se habló más. Desde ese día los informativos comenzaron a reseñar una realidad paralela a la sufrida por todos, una en la que no tiene espacio la violencia cotidiana. Desde ese momento, la única asignación de trabajo que recibe este reportero es reseñar los eventos de la ‘Alta Sociedad’ de su ciudad. Nada de investigación, menos ‘nota roja’.

Meses después del crimen el reportero vagaba como alma en pena por la redacción de su empresa repitiéndose para sí: “Nos hundieron el barco, nos lo hundieron”.

Sus compañeros de trabajo lo miraban con conmiseración. “Me trataban como enfermo terminal. Cada noche que nos despedíamos me decían ‘cuídate’, como con lástima”, rumió triste durante la entrevista, siempre alerta a los movimientos de la calle.

-En la redacción me siento un fantasma –repitió una y otra vez.

Este periodista y padre treinteañero ya superó la etapa de las pesadillas nocturnas que en las “zonas de silencio” –aquellas controladas por la delincuencia organizada- comparten los periodistas mexicanos. Lo que aún no resuelve es la duda de por qué los narcos rompieron su costumbre de sólo “levantar” a los reporteros de la noticia policiaca para reclamarles o castigarlos físicamente por la noticia o la foto que les molestó. Cuando los castigos de los hombres armados no pasaban de los golpes.

Fue a partir de 2009 que en su tierra comenzaron a silenciar a los periodistas a balazos.

Lo que narra este periodista -que pidió el anonimato porque aún se siente en la mira de los criminales- es la experiencia que comparten a lo largo del país los reporteros, especialmente los que cubren asuntos policiacos o la corrupción de políticos.

Si sumamos los reportes de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Cepet, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cencos y Artículo 19, las zonas de alto riesgo para ejercer el periodismo hoy en México son: Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Durango, seguidas en menciones por Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal y Quintana Roo.

En cada región la amenaza de los grupos criminales opera de manera similar, aunque con algunas particularidades.

-Primero son las amenazas, telefónicas, por internet, o que llegan directamente a la redacción cuando aparecen y te dicen “esta foto o esta noticia no la publiques”. En lugares como Tamaulipas primero te advierten lo que no quieren que hagas, y si llevas la contraria, asignan a un reportero (a sueldo) para que te vigile siempre y que te sigue a todos lados. Si no cumples, a la tercera (falta) van por ti, te llevan y te dejan medio muerto. O te matan -dice Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En Tamaulipas también son conocidos “los tablazos”, otro método de castigo que los delincuentes usan contra sus enemigos, incluidos los periodistas: “Te amarran y te pegan con una tabla en la espalda hasta que casi te matan”, explica la misma corresponsal.

Los reporteros defeños no están a salvo: reciben la visita de los abogados de los narcotraficantes quienes transmiten sus mensajes o sus órdenes. Por ello, en los periódicos ha cundido la costumbre de publicar investigaciones sin la firma del periodista que la realizó, aunque algunas organizaciones han expresado dudas sobre si esa medida protege realmente al autor.

-Aunque no firmemos las notas los delincuentes, militares y demás nos tienen identificados. Para ellos los reporteros policiacos somos el rostro de nuestra empresa – explica un periodista de Coahuila.

En algunos casos los periodistas amenazados renuncian al trabajo o huyen de su estado o del país intentando empezar una nueva vida. En otras, los jefes dan vacaciones al amenazado hasta que la situación se calme. Y en la mayoría de los medios de comunicación, simplemente los cambian de frente noticioso unos días hasta que la situación se tranquilice. Sólo en contados casos las empresas han financiado su exilio temporal.

Lo grave es que, según RSF, la mayoría de los periodistas amenazados subestiman las amenazas. Hasta que ellas se concretan.

La cuenta en vidas ha sido dura: entre el año 2000 y 2010 han asesinado a 67 periodistas. Más de la mitad de ellos murió entre 2007 y 2010, en el periodo del Presidente Felipe Calderón. Sólo el año pasado fueron 13. Además, 11 periodistas están desaparecidos.

La SIP criticó el 16 de febrero pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ya que de 16 casos de asesinatos o desapariciones de reporteros ocurridos entre 2000 y 2009, ninguno “se considera resuelto y, por el contrario, están paralizados, porque no hay órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y no existen personas detenidas o sentenciadas”.

La mitad de los expedientes sobre las muertes de estos periodistas están empolvados: llevan entre 3 y 10 años arrumbados.

No sólo los periodistas o los editores son amenazados, también las instalaciones de los medios de comunicación. En el recuento de las agresiones se tiene registro de las dos hieleras con cabezas de cerdo dejadas en las sedes de los periódicos El Nuevo Día y El Diario de Sonora, en Nogales; el ataque con metralletas a El Siglo de Torreón; los granadazos que impactaron en El Mañana, de Tamaulipas, y a Televisa, Monterrey y la cortina metálica rota de la imprenta del semanario sinaloense RíoDoce, donde arrojaron una granada, entre muchas otras.

Estos atentados han provocado que varias regiones del país -algunas que resistían heroicas a los dictados del crimen organizado- se transformen en “zonas de silencio”. La corresponsal Balbina Flores ubica dentro de esta categoría a Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, y en cierto grado a Sinaloa y Chihuahua.

Y cuenta una anécdota: aunque el 11 de noviembre de 2009 fue secuestrada la reportera María Esther Aguilar Casimbe de , sólo ocho días después RSF pudo confirmar su desaparición. Sin embargo, cuando investigaba el caso, se percató que todos los colegas de María Esther lo sabían, pero no podían decirlo: un grupo del narcotráfico los tenía amordazados.

(María Esther tiene dos hijas y poco más de 30 años. Varios testimonios señalan que en una reunión convocada por narcos locales para dictar reglas a la prensa ella intentó salirse, pero fue obligada a quedarse. Antes de su desaparición publicó tres notas exclusivas referentes a la policía, a un capo de la droga y a un alcalde vinculado a la delincuencia).

ZONAS DE SILENCIO

El capítulo más crítico, en el que la prensa claudicó a su misión de informar aplicándose la autocensura, fue quizás el que se vivió en febrero pasado en Tamaulipas.

-Hubo especialmente una semana de violencia, prácticamente de Camargo a Matamoros, en la que por todos lados hubo enfrentamientos. Se calcula que en esas semanas hubo de 200 a 600 muertos. Y fue una etapa de silencio de los medios y de desinformación general. Los ciudadanos prácticamente quedaron abandonados aunque aprovecharon hasta el menor resquicio (a través de blogs,twitter, facebook o videos caseros) para testificar lo que las autoridades no quisieron reconocer y los periodistas no pudieron informar -señala el director del Mcallen Times, Jorge Luis Sierra.

En esos días los tamaulipecos se informaban por twiter o facebook por qué calles había balaceras; blogueros grababan los sonidos de los disparos y hasta una ama de casa subió a internet imágenes de cadáveres cercanos que captó con un video casero. Todo para dejar constancia.

El 8 de marzo, el Dallas Morning News informó que sólo en la ciudad de Reynosa ocho periodistas habían sido “levantados” en los 14 días anteriores: uno murió de coma diabético (aunque las organizaciones periodísticas tienen testimonios de que se lo ocasionó la golpiza previa que recibió), cinco estaban desaparecidos y dos enviados de Milenio Televisión fueron retenidos, golpeados y liberados después de horas con una advertencia: “¡Lárguense, dejen de calentar la plaza!”.

-Un grupo de poder fue capaz de silenciar a toda una región. No sólo a los medios mexicanos, también a las organizaciones periodísticas del otro lado de la frontera, porque hubo una semana que las televisoras (texanas) sólo transmitían información oficial y ningún reportero cruzó la frontera porque estaban amenazados. La condición de silencio se trasnacionalizó y la prensa se replegó por orden de la delincuencia organizada -dice Sierra, periodista experto en temas de seguridad.

Sierra considera que la operación de silenciamiento que activaron los narcotraficantes en Tamaulipas es la misma, aunque más concentrada, que la que se ejecuta en lugares como Michoacán, la Laguna o Guerrero.

Y recuerda la ocasión en que la sorpresa inicial fue superada por los reporteros de las grandes cadenas estadounidenses que lograron traspasar el “cerco del silencio” e informar sobre la situación:

-Las organizaciones periodísticas sólidas, con más planificación de sus coberturas, con buenos protocolos de seguridad, estaban en mejores condiciones para penetrar esas zonas de silencio. Los medios mexicanos tendrían que leer esa experiencia porque la situación sorprendió a sus periódicos prácticamente sin recursos para defenderse, con la guardia baja. Los que no fueron controlados, no tenían la forma de defenderse; algunos estaban penetrados y vivían el terror internamente.

ENEMIGO EN CASA

La violencia en Tamaulipas evidenció un secreto a voces: hay empresas periodísticas infiltradas por personas al servicio de los grupos criminales.

El 12 de marzo pasado la agencia Reuters publicó que los cárteles pagan 500 dólares al mes y obsequian licor y prostitutas a periodistas tamaulipecos para que intimiden y silencien a sus colegas.

Esa infiltración no es una novedad. Ya en 1993, el entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, informó que investigaba a periodistas (después se supo que eran 11, entre directores de revistas, reporteros de diarios capitalinos y un ex reportero de televisión) por brindar información a narcotraficantes. Pero nunca tuvo elementos para probarlo.

Hoy en día la situación es extendida.

El editor de un diario del occidente del país cuenta una anécdota escalofriante: entre sus subordinados había una reportera que le advertía de antemano a quién debía dejar de ver porque próximamente iba a ser asesinado. Al punto que llegó a tramitar viáticos a una comunidad rural días antes de que se perpetrara una matanza de la que ella ya había sido informada. Quería la exclusiva.

-¿Y por qué no la despidieron? –se le preguntó al editor.
-¿Quién iba a ser el valiente que se atreviera a decirle algo? –respondió.

Con el tiempo la periodista renunció. Y él suspiró aliviado.

-Antes podíamos dar la pelea y defender la libertad de expresión. Ahora la única medida de protección es no publicar. Y no podemos hacer nada desde que los periodistas dejaron de ser neutrales -justificó ante esta reportera el director de un diario norteño que estima que la autocensura es un recurso para cuidar a sus reporteros.

Un periodista de Sinaloa consultado por correo electrónico sobre este tema, comentó: “En la redacción hay compañeros que tratan de trabajar bien, pero también hay los otros, pero de esos prefiero que hablemos en corto, porque esa situación ha llegado a poner en riesgo a los otros colegas”.

-Es muy complejo resolver la infiltración en las salas de redacción porque ya en algunas no se puede hablar o escribir tranquilamente. En Coahuila me dijeron que tenían que salirse de la redacción para platicar; en otros estados hay fotógrafos que retratan a los reporteros que llegan a cubrir algún crimen para identificar a quién hizo la nota. Y sabemos que en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Michoacán existen los famosos “voceros”, periodistas que operan para la gente del narcotráfico y les advierten qué se publica. Estos controlan a los compañeros: los llaman, saben dónde viven, a veces les pagan, los vigilan y no dudamos que son los que llaman a las redacciones para exigir “léeme lo que vas a publicar mañana” y censuran –afirma Balbina Flores, la corresponsal de RSF.

Sierra, sin embargo, considera que los infiltrados en las redacciones no pueden llamarse periodistas: “Son publirrelacionistas de los narcotraficantes que en buena medida están tratando de impactar la mente y el corazón de la gente a través del terror y que usan a los medios como su herramienta”.

Ambos coinciden en que este es un debate pendiente y ha sido la excusa permanente de las autoridades para no investigar los homicidios de comunicadores.

ALMAS ROTAS

En una ciudad de Michoacán, los reporteros se disfrazan de mujer (con peluca y lentes de sol) para que los fotógrafos que trabajan para los cárteles no los identifiquen en la escena del crimen. Los juarenses, aunque trabajen para empresas distintas, están comunicados por radio para llegar juntos a cubrir los hechos sangrientos. Algunos periodistas defeños se rehúsan a recibir exclusivas si sus informantes los citan en lugares secretos y no quieren acudir a la sala de redacción.

Esas son algunas medidas de seguridad que los reporteros, generalmente por iniciativa propia, han improvisado para protegerse en los últimos tres años, desde que se desató la llamada “guerra contra las drogas”, cuando los violentos de este país se descararon y llevaron sus pleitos a las calles.

-Después que sufrimos los granadazos contra El Debate (en Culiacán) creamos un plan preventivo de trabajar en conjunto los operativos policiacos, de estar en contacto entre todos, de no acudir a ningún hecho hasta confirmarlo, reportar cualquier cosa sospechosa y acreditar siempre la información a la autoridad que corresponda -narró un reportero sinaloense.

“Nosotros tratamos de informar sin calificativos y sólo lo oficial para que no se enojen los grupos criminales antagónicos. Esos tipos ya nos dejaron claro que no les gusta que escribamos sus derrotas o malas actuaciones. Ellos se sienten redentores y hasta revolucionarios. Yo no puedo escribir siquiera el termino ‘sicario’ porque lo escuchan despectivo. Los cito como ‘sujetos’ o, peor aún, ‘civiles armados’. Además, ya sabemos que ellos nunca ‘huyen’ sólo se ‘retiran’ del lugar”, señaló un reportero del norte que considera que por más medidas de seguridad que se impongan no darán gusto a los delincuentes en sus exigencias.

Movidos por la violencia, los periodistas comienzan a incorporar como propio el lenguaje de los servicios de seguridad: discuten la utilización de “planes de acción” o “protocolos de seguridad”, usan lenguaje cifrado al igual que los empleados de las compañías petroleras en países extraños, e incluso algunas organizaciones les ofrecen chalecos blindados.

Así, algunos periodistas de medios nacionales enviados a zonas de riesgo comienzan e acostumbrarse a concertar previamente entrevistas para usar lo menos posible el teléfono sobre terreno, mantienen contacto con sus jefes a horas preestablecidas para confirmar que están bien, mandan mensajes en clave para no exponerse y elaboran un plan de acción previo al viaje con instrucciones para reaccionar rápido por si algo les llegara a ocurrir.

Pero, según Balbina Flores, la gran mayoría no toma en serio su seguridad o se rindió a la censura. Una situación que confirmaron a esta reportera otros colegas.
-Somos el jamón del sándwich y no podemos protegernos porque estamos atrapados en medio de fuerzas desconocidas. El narcotráfico acabó con el espíritu del periodista de investigación –afirma un profesional de la prensa guerrerense que sabe que en su redacción reciben presiones de La Familia, Los Zetas –ambas mafias del crimen organizado- y la policía.

Igual que sus colegas, él recibe en su correo electrónico videos con torturas o decapitamientos en vivo que los grupos criminales envían con la orden de publicarlas. Y él, como muchos, está sometido a una inusual presión psicológica.

-A veces no puedo dormir. No entiendo tanta violencia, tanta brutalidad, todo tan sanguinario… Me ha tocado ver cosas que parecen sacadas de una película satánica o del Alarma -narra un fotógrafo que trabajó para El Noroeste de Sinaloa y ejerce desde hace más de una década.

Este reportero gráfico carga con una pesadilla desde octubre de 2006: llegó a fotografiar una camioneta con más de 100 impactos de bala y encontró en su interior a tres niños muertos y debajo de sus cuerpos, a una niña viva, agonizante, cubierta de sangre, que extendía la mano pidiendo ayuda. Al instante descubrió que eran los vecinitos con los que siempre jugaba su hijo.

El psicólogo y antropólogo médico Rogelio Flores, que desde hace dos años elabora su tesis doctoral sobre estrés postraumático entre reporteros, tiene la hipótesis de que los síntomas que presentan quienes cubren narcotráfico son los mismos -e incluso mayores-a los impactos que deja la cobertura de guerras: “He platicado con periodistas de Juárez, Culiacán, Chilpancingo y los veo psicológicamente alterados, anímicamente extenuados. Una reportera de Juárez que cubrió matanzas se dio cuenta de que está bebiendo demasiado por su oficio y no por problemas personales”.

-Los síntomas que deja la exposición a tanta violencia pueden manifestarse a través de sueños y recuerdos repetitivos y perturbadores del suceso traumático, fuertes latidos del corazón, dificultad para respirar, sudoración excesiva, evasión, pérdida de interés, apatía, depresión, irritación, explosiones de rabia, dificultad para concentrarse, estado de alerta o defensivo, además de mareo, nerviosismo, temblor de manos y hasta ideación suicida –explica el psicólogo

AGENDA PENDIENTE

El lunes 11 de marzo casi un centenar de periodistas de varios estados del país se reunieron en el encuentro “Ni un periodista Menos”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Durante la inédita jornada se escucharon voces de editores de pequeños diarios que lidian con los caprichos de la policía y los narcos; fotógrafos desconcertados porque cargar una cámara los pone en riesgo y testimonios de la mordaza autoimpuesta en varias redacciones para salvar la vida. Y tuvo incluso un producto también inédito: un catálogo de tips para proteger la vida en vista de que ni las instituciones de gobierno ni muchos dueños de los medios toman en serio el peligro que acecha a los periodistas.

Hubo una crítica unánime al trabajo de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión para periodistas de la Cámara de Diputados, que además de cobrar por investigar los crímenes contra el gremio, no han dado resultados.

Entre las conclusiones para reforzar la seguridad gremial se decidió involucrar a los directores y dueños de medios de comunicación en la discusión; promover que cada empresa cree sus planes de acción, evaluaciones de riesgo y protocolos de seguridad; profesionalizar a los periodistas y dignificar sus condiciones laborales; vigilar la impartición de justicia de los crímenes y crear mecanismos para romper las ‘zonas de silencio’.

Elia Baltazar, de la Red “Periodistas de a Pie”, organizadora logística del encuentro, explica que, al quedarse la sociedad sin sus mensajeros, todos pierden: “Una sociedad que permite las agresiones contra sus periodistas se está jugando su único espacio de contrapeso y vigilancia del poder, se está sacando sus propios ojos y cortando su lengua. Es renunciar a la construcción y perfeccionamiento de nuestra democracia”.

Diversas organizaciones coinciden en que México se ha convertido en el país más peligroso del continente para ejercer el oficio del periodismo. Y aunque ese diagnóstico es conocido por todos, algo está fallando. Una muestra: el año pasado, antes de ser asesinado en Durango, el reportero Bladimir Antuna puso una denuncia penal por amenazas y alertó a organizaciones protectoras de periodistas de su situación. Pero esa medida no le salvó la vida.

Antes de ser desaparecida, la michoacana María Esther Aguilar Casimbe había dejado un mensaje en el periódico colombiano El País: “Hola, yo también trabajo en un medio de comunicación, no me considero periodista, pero sí reportera y de las buenas, soy de México y me gustaría tener contactos en Colombia, vivo en el estado de Michoacán”.

Lejos de mejorar, la salud de la prensa mexicana se agrava. El último capítulo ocurrió la semana pasada cuando cuatro periodistas que cubrían un motín en Durango, al norte de México, fueron secuestrados por unos narcotraficantes que querían obligar a las dos televisoras importantes de difusión nacional para las que trabajaban (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video. En un operativo del que aún no se conocen detalles, la Policía Federal liberó a los secuestrados que sufrieron golpes e intimidaciones y que todo el tiempo creyeron que sólo iban a salir del encierro en un ataúd.

El episodio, que por primera vez afectó a periodistas de la capital -y que fue seguido con conmoción en todo el país- no logró convocar a los dueños de los medios para que establezcan medidas de protección a los trabajadores de sus empresas. Tampoco motivó al gobierno a garantizar protección para los comunicadores.

Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Por mientras, a falta de condiciones de seguridad, algunos periodistas que viven amenazados están tomando medidas preventivas extremas. Unos han huido del país, otros están comprando seguros de vida y están también los que han redactado su testamento. Así lo hizo un reportero norteño de asuntos policíacos que dejó el siguiente legado a sus jefes: “Si unos narcos van por mí y me ‘levantan’ no lo difundan de inmediato, denme tiempo a ver si me liberan, porque si lo publicitan y hacen ruido muy rápido colaboran a que jalen el gatillo y salpiquen mi sangre”.

*La versión original de este texto fue publicado en la revista mexicana Proceso, en la Edición Especial Número29 “La Guerra del Narco” segunda parte

Dónde y cómo se roba en Santiago: Mapa del fracaso policial

Una farmacia en la esquina de Las Industrias con Departamental (San Joaquín), no podía ser un mal negocio. Y el químico farmacéutico Santos Zarayo se instaló en la intersección. Pero el estudio de mercado que lo convenció no consignó un dato crucial: esa es una de las peores “zonas calientes” de la capital (Ver Mapa) . Poco tiempo después Santos Zarayo lo supo en vivo y en directo.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

EL PERFIL DE LOS LADRONES: ANGUSTIADOS, AVEZADOS Y CONNOTADOS

1.- Robo por sorpresa: El “angustiado” (Entre 15 y 25 años).
Buscan la ocasión para dar el golpe: desde un lanzazo en la calle hasta aprovechar una ventana o reja abierta. Si encuentran resistencia y creen tener capacidad física para reducir a su víctima, actúan. En su jerga lo llaman “collerear”. Buscan efectivo, joyas y artículos fáciles de reducir o cambiar por droga. Las chequeras son codiciadas. Por un cheque en blanco reciben entre 20.000 a 50.000 pesos. Se victimizan al ser detenidos: gritan que están siendo golpeados o arrestados injustamente. Procuran hacerse daño para declarar contra la policía por maltrato. Roban para su consumo de droga y ocupan el día en esto.

2.- Robo con Intimidación. “El avezado” (Entre 18 y 25 años)
Roban en solitario o en dupla con personas que conocieron en su barrio o en la cárcel. Ante un imprevisto actúan con un plan previo. Si son atrapados y tienen posibilidad de ayudar al otro se la “juegan”, de lo contrario cada uno salva su pellejo. Confían en que su socio no los delatará. Interrogado dirá que no declara. Sobre su compañero, entregará apodos, nombres y domicilios falsos. Operan en la vía pública haciendo un rápido chequeo a su víctima y buscando el momento oportuno para actuar sin testigos. En el robo al interior de viviendas, habitualmente aprovechan el ingreso de un morador, lo que han determinado en chequeo previo. No permanecen en la casa más de 10 minutos. Revisan la vivienda rápidamente y si encuentran a alguien lo intimidan con arma blanca o de fuego, lo reducen, amarran y le quitan el celular para incomunicarlo. Se llevan cosas fáciles de ocultar para no levantar sospechas en la calle. Si se da la ocasión, huyen en el vehículo de la víctima. Si usan vehículos robados los más frecuentes son los Toyota Yaris y los Subaru Legacy. Buscan joyas, efectivo, cámaras, computadores portátiles, celulares y en algunos casos electrodomésticos. Consideran el robo como un “trabajo” y sustento para su familia.

3.- Robo con violencia: Los “connotados” (Entre 20 y 45 años).
El más peligroso de la trilogía y el más preparado por su extenso prontuario. Suelen operar en grupos de cuatro o más. Actúan armados. Si entran a una casa o empresa o roban la carga de un camión, se aseguran de que encontrarán un botín de varios millones. Estudian con tiempo el movimiento de sus blancos. Disponen generalmente de información proporcionada por personas del lugar escogido, lo que incluye horarios del plan cuadrante o guardias, iluminación y cámaras de seguridad. Escogen rutas de escape y usan un segundo vehículo de apoyo. Actúan con mucha rapidez, a rostro descubierto y no dejan huellas. Son calmos y fríos. Si se ven acorralados sólo se enfrentarán a tiros si existe la posibilidad cierta de escapar. De lo contrario, se entregan. En tal caso, se “descargan” (botan las armas) para evitar condenas mayores. Las armas más usadas: pistola 9 mm., revólver calibre 38 y, en ocasiones, escopetas recortadas. Lo más frecuente es que este tipo de delincuente dé un golpe y después pase un tiempo inactivo. Jamás hacen ostentación del dinero y bienes que poseen y muchas veces tienen un trabajo fijo y regular. Si caen, sus compañeros se preocuparan de su familia.

Perfiles confeccionados con entrevistas a Luis Concha Pacheco (comisario BIROM Oriente), José Morales Opazo (fiscal jefe de Robos Fiscalía Metropolitana Centro Norte), Leda Astorga (fiscal de Robos Fiscalía Metropolitana Sur) y Marcelo Vargas (fiscal de Robos a Casas, Fiscalía Metropolitana Oriente).

POR QUE DELINQUEN LOS MENORES

Aníbal Gálvez, cabo 1ª de Carabineros de la SIP, por su propia cuenta hizo un estudio sobre el delito entre los menores de edad y entrevistó a 102 de ellos, entre 14 y 17 años, detenidos por diferentes delitos de conmoción pública, para indagar sobre el motivo por el cual habían delinquido. Este fue el resultado:
1).-Su padre está preso y su madre generalmente se encuentra bajo los efectos de la droga, por lo cual tiene que generar recursos para poder alimentarse y vestirse.
2).-Querían comprarse prendas de vestir y zapatillas de diferentes marcas conocidas, las que tienen un alto precio.
3).- Desde niño su padre le inculcaba que las personas que carecen de inteligencia son los que caen en la droga o el alcohol y los jóvenes más astutos saben generar dinero extra de cualquier manera.
4).- Desde niño sintió que sus parientes cercanos discriminaban a toda su familia porque eran de escasos recursos. Para que no humillaran a sus padres se dedica a robar para mejorar el estilo de vida de toda su familia.
5).- Desde que tiene uso de razón su padre siempre llegaba del trabajo con diferentes especies, las cuales sustraía desde el lugar de trabajo y luego ambos las comercializaban en el Persa Bio-Bio.
6).- Nunca hubo alguien de su núcleo familiar que le advirtiera que robar o apropiarse de algo ajeno era incorrecto.
7).- Los amigos lo invitaron a delinquir.
8).- En la noche tenían una fiesta y no tenían dinero para participar.
9).- No tenían nada que hacer con sus amigos y estaban aburridos.
10).- Quería aparentar una imagen de chico malo y rebelde ante sus amigos y lograr que en su población todos lo conozcan y lo respeten.
11).- No siente el cariño de su familia y siempre ha sido independientes, sin un hogar bien constituido, por lo cual gran parte del día lo pasa en la calle junto a sus amigos, los que se transforman en su familia.
12).- Su padre siempre golpeaba a su madre y luego se retiraba del hogar, dejándolos abandonados tanto a sus hermanos como a su madre y sin dinero.
13).-Porque necesitaba dinero para poder seguir drogándose con frecuencia.

Por qué las zonas más peligrosas de Santiago siguen siendo controladas por delincuentes

Por Alan Lenz, cartógrafo forense de la SUAC (Subunidad de Apoyo Criminalístico de la Fiscalía Sur)
1. Porque las policías no levantan los medios de pruebas suficientes para que los fiscales puedan llevar a juicio a los delincuentes.
2. Porque los policías especializados a veces están empeñados en conseguir logros más grandes que un simple asaltante.
3. Porque el trabajo administrativo que implica para un policía detener a un ladrón de poca monta no hace atractivo desarrollar esa acción.
4. Porque cuando sacas a 1 delincuente de circulación, aparecen de inmediato otros en su lugar.
5. Porque la misma ciudadanía aporta una conducta que propende a que los delincuentes encuentren victimas.
6. Porque a las policías les faltan recursos y especialistas para mantener la seguridad en territorios donde se comenten delitos en casi todas las esquinas.
7. El actuar delictual está exacerbado por las noticias, los medios y para un delincuente, mayor prontuario significa mayor estatus. Ya no le temen a ser detenidos, al contrario, eso les da más “nivel”.

*Zonas Calientes

Concepto derivado del término inglés “hot spot”

*Dotación Carabineros

La Granja: 127.332 habitantes y 131 carabineros.
La Cisterna: 75.661 habitantes y 210 carabineros.
Maipú: 734.494 habitantes y 494 carabineros.
Estación Central: 117.552 habitantes y 283 carabineros.
Santiago: 175.213 habitantes y 851 carabineros.
Independencia: 55.249 habitantes y 217 carabineros.
Recoleta: 132.965 habitantes y 324 carabineros.
Providencia: 126.015 habitantes y 254 carabineros.
Las Condes: 280.148 habitantes y 341 carabineros.
Vitacura: 80.926 habitantes y 158 carabineros.
Puente Alto: 670.238 habitantes y 640 carabineros.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Patricio Rosende: “Las bandas hicieron desaparecer la estructura social de las calles”

-En las 80 poblaciones que CIPER identificó como “Zonas Ocupadas”, el reclamo principal es que personal de Carabineros no ingresa por temor a verse sobrepasados por bandas delictuales. ¿Cuál es su percepción?

Creo que Carabineros, al igual que cualquier institución pública, tiene deficiencias. Pero cuando son requeridos para actuar en un determinado procedimiento, tienen la obligación constitucional y legal de responder. No quiero decir que no sea cierto que haya vecinos que han tenido y tienen la experiencia de llamar a Carabineros y no tener respuesta. Es probable que ocurra en algunos sectores, pero no es la generalidad en las poblaciones.

-El reclamo lo escuchamos reiteradamente de los vecinos en las poblaciones que CIPER recorrió: dicen que cuando hay enfrentamientos de bandas, llaman a la policía y o no les responden o les dicen que los llamen cuando todo haya terminado, “después de que se hayan matado”.

Eso es súper fácil de comprobar. Todos los llamados al 133 quedan grabados. Le aseguro que no todos ellos son tan reales como lo cuentan.

“Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz”.

-Pero también están los teléfonos del Plan Cuadrante. ¿Esos llamados también quedan grabados?

No, esos no.

-En todas las poblaciones donde fuimos los vecinos reconocen que ya no existe confianza en las policías, porque deben convivir con grupos armados y traficantes y cuando llaman a Carabineros no obtienen respuesta o es tardía. ¿Qué políticas está desarrollando el Estado en este tipo de zonas, además del Plan Cuadrante?

Efectivamente, desde la década de los ’90 empezó a surgir un fenómeno en algunos barrios de las grandes ciudades que se caracterizó por la aparición de bandas de delincuentes ligados al microtráfico y al tráfico de drogas. Se instalaron en determinados barrios sin que necesariamente vivieran ahí. En aquella época se comenzó a desarrollar un esquema de trabajo denominado Barrio Seguro (en convenio con el BID) y que partió en 2001 con La Legua. Al año siguiente se agregó la Santa Adriana, la población Yungay; y después entraron poblaciones de afuera de Santiago, como la Intendente Saavedra, en Valparaíso.

-Las llamadas “intervenciones” que hizo el Ministerio del Interior.

Intervención no es el nombre apropiado, porque generas dos efectos: uno, estigmatizas a la población completa; y dos, no da cuenta de lo que se hizo con el programa Barrio Seguro, cuyas líneas fundamentales eran mantener la estrategia de control policial en el perímetro y al interior de estos barrios y disponer a todos los servicios públicos en una línea de trabajo con los vecinos para fortalecer las organizaciones comunitarias y la capacitación laboral. Son poblaciones donde, producto de la acción de las bandas, toda la estructura social empezó a desaparecer de las calles. Las organizaciones que aún existían eran las vinculadas con algún tipo de “protección” a estas bandas. Hubo un trabajo también muy fuerte en materia de prevención sicológica y social a través del Conace, los Cosam…

-Pero si uno examina los planes y sus efectos, finalmente han sido soluciones parche, que quizás funcionan, pero sólo por un tiempo.

Uno puede decir que son parches en el sentido de que eran acotadas en el tiempo, pero como había distintos tipos de programas, hubo una acción permanente. Conace ha hecho muchas cosas con agrupaciones de jóvenes en temas deportivos, culturales y artísticos. Y hubo también una intervención más visible, vinculada a la infraestructura, para recuperar espacios como canchas, sitios eriazos, equipamiento. Toda la inversión del programa Barrio Seguro -en las diez o doce poblaciones donde se implementó este trabajo- debe andar por sobre los $2.500 millones. No trabajamos sobre la población vulnerada, sino con sujetos que vulneran un entorno, habitualmente los mismos y que circulan entre la población y la cárcel. De allí la coordinación con las policías y Gendarmería para saber cuándo salen.

Patricio Rosende, subsecretario del interior
Patricio Rosende, subsecretario del interior

-¿Qué tan efectivos han sido los programas? ¿Cuál es la evaluación?

No sé si se puede hacer una evaluación de cuál fue el efecto de Barrio Seguro. Creo que instaló una metodología de trabajo que se ha ido aplicando en muchas poblaciones y que básicamente es cómo se transforma a un vecino solitario en uno solidario. Lo que estamos tratando de hacer en estas villas es generar redes sociales que les permitan a los vecinos recuperar su entorno y aislar a los que vulneran su barrio. Si uno compara con la situación de las poblaciones del país en 2000, cuando partió el programa, creo que hemos tenido éxito en muchas poblaciones. Hay algunas donde es probable que uno pueda decir que no hubo efecto alguno…

-¿De qué depende?

Del funcionamiento del Plan Cuadrante, de la efectividad de las políticas, de que hayamos logrado o no generar un entorno vecinal proclive a un trabajo de más largo plazo. No es llegar y decir vamos a capacitar, arreglar una plaza, poner luz y nos vamos.

-Pero en la población Yungay, emblemática del programa, estuvieron tres años: pavimentaron algunas calles y veredas, iluminaron rincones oscuros, pusieron lomos de toro, pero los vecinos cuentan que después que se fueron la cosa sigue igual o peor, que las balaceras son algo cotidiano.

Estos programas evolucionan al mismo ritmo que lo hace la actividad delictual. Es cierto que en la Yungay uno podría decir que el efecto durante la intervención se produjo y se sintió; y cuando terminó, la gente puede decir que los abandonamos. Pero no es verdad. Por ejemplo, en Santa Adriana, La Legua, Los Centinelas en Concepción y en una serie de poblaciones estos programas van cambiando. Hoy se llama Quiero Mi Barrio, otra modalidad producto de Barrio Seguro.

-Si uno mira el listado de sectores donde está presente Quiero Mi Barrio, la mayoría de los considerados críticos queda fuera. Por ejemplo, en casi ninguna de las poblaciones de La Pintana están.

Hay distintos tipos de acciones. Quiero Mi Barrio es sólo uno. Por ejemplo, en la Santa Adriana, una zona compleja por el tema de seguridad vinculada con el microtráfico, estamos desarrollando un programa que le va a cambiar la cara a la población. En La Legua pronto vamos a inaugurar el Centro Cívico. En distintas poblaciones hay varios tipos de acciones que van acompañadas de control policial, que puede ser deficitario, insuficiente porque efectivamente hay una demanda y tenemos un déficit de Carabineros. No hay duda.

-En junio se informó de una carencia estimada en 4.500 carabineros.

De 5.200 en estricto rigor para los próximos cuatro años. Durante este gobierno se han agregado a la dotación 6.000 carabineros, 1.500 carabineros por año. Pero uno no saca nada poniendo carabineros en todas las cuadras. Un Estado policial nunca va a ser suficiente. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo con las organizaciones vecinales. Puede tener todos los defectos, situaciones que corregir además de reforzar la presencia policial en muchas de estas poblaciones, pero hay que comparar la evolución de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150.

-El promedio de distancia entre las poblaciones y el recinto policial más cercano es de 2 ó 2,5 kilómetros. Quizás esa distancia influye en la lentitud de la acción. Se ha propuesto la creación de retenes y comisarías al interior de estas zonas y finalmente no se hace. ¿Por qué?

Nosotros lo hemos desincentivado por un motivo muy simple: lo que nos interesa es tener mayor eficiencia policial. La presencia de un retén o una tenencia en un determinado lugar genera un entorno de mayor protección, pero lo mismo hace la pareja de policías o el vehículo que cumple su función de manera periódica en un sector. En un retén trabajan siete funcionarios. De ellos, tres están con permiso, dos tienen labores administrativas y sólo quedan dos operativos. O sea, la peor inversión es instalar retenes. El sentido del Plan Cuadrante es precisamente tener mayor cercanía entre los Carabineros y un determinado sector.

“Hay que comparar la evolución de esta institución y de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150”.

-Pero el Plan Cuadrante no ha tenido la mejor de las evaluaciones.

Sería absurdo afirmar que con la dimensión de los cuadrantes que tenemos en Santiago no hay déficit. Lo hay: de carabineros y de vehículos. Eso se está paulatinamente corrigiendo. Pero no creo que sea esa la razón por la que todavía tenemos poblaciones donde hay grupos que las vulneran de manera periódica.

-Usted dijo que la acción de estos grupos ha cambiado por completo el sistema social de estas poblaciones, pero también que el foco principal del trabajo estatal son las bandas. ¿Qué se está haciendo con la gente afectada por esas bandas?

Eso es lo que uno trata de reflejar en el programa comunal de seguridad: empoderar a los vecinos, crear redes comunitarias. Hace un tiempo partimos con un programa de instalación de alarmas que ha generado una comunidad distinta. Al vecino que vive solo o que es mayor, le sirve frente a un asalto y ante cualquier problema: toca la alarma y se genera una reacción del vecindario completo. Lo estamos viendo en Puente Alto, La Florida, Maipú. El sistema ha sido muy potente por la capacidad que han tenido los vecinos de reagruparse y tomar posesión de sus barrios. Más que poner rejas o cerrar los pasajes, que al final se transforma en un obstáculo para la entrega de servicios. También la inversión en luminarias. Los delincuentes actúan donde está oscuro y los vecinos están encerrados. Pero cuando éstos salen a las calles y se toman los espacios, los delincuentes tienden a replegarse. Hay que generar las condiciones para que puedan salir a la calle. En esa línea estamos trabajando.

-Volviendo al tema de las bandas. ¿Cuál es el protocolo de acción cuando hay enfrentamientos? En todas las poblaciones dicen que se repiten todos los fines de semana y que Carabineros no llega sino hasta después de ocurrido el problema. Lo mismo con las ambulancias.

Me cuesta aceptar -como si fuera la normalidad- que cuando esto pasa y llaman a Carabineros, éstos no llegan. Es una conducta inadecuada e impropia. Debe ser una excepción. Si eso fuera así, me costaría encontrar razones para que Carabineros siga siendo la institución con más alta credibilidad en el país. Estoy seguro que si uno hace una revisión completa de los procedimientos, son muchos más los casos en que sí llegan y oportunamente. El protocolo de Carabineros es de estándar internacional. Cuando hay una llamada de emergencia, quien responde por el cumplimiento es el oficial de más alto grado. Por eso me cuesta decir que lo normal es que a estas poblaciones los Carabineros no llegan.

Patricio Rosende inaugura proyecto de recuperación de espacios públicos en Recoleta
Patricio Rosende inaugura proyecto de recuperación de espacios públicos en Recoleta

-Pero si alguien sabe de lo que allí ocurre son los propios vecinos.

No digo que no suceda. Si errores e incumplimiento a los procedimientos existen y habitualmente, pero lo normal es que lleguen y adopten los mecanismos que correspondan. En todo caso, las condiciones en estos barrios vulnerables no dependen exclusivamente de la mayor o menor presencia o frecuencia de las rondas policiales. Por eso hacemos tanto hincapié en que hay que hacer prevención, sin dejar de lado la responsabilidad policial. Carabineros y la PDI tienen un rol que cumplir. Para eso se les entregan los recursos. Lo que importa en estas poblaciones es cómo se genera seguridad comunitaria, porque nunca vamos a tener la cantidad de Carabineros que la gente quisiera tener en la calle. Por eso hay que reforzar la seguridad comunitaria, que se expresa en la rearticulación de las redes vecinales, familiares y escolares. Muchos de los jóvenes que actúan en estas bandas han abandonado la educación formal. Estamos en un trabajo fuerte para recuperarlos en los colegios.

-En muchas de estas poblaciones no hay colegios en las cercanías y en varios casos sólo son de básica y el que imparte educación media está al otro lado de la comuna.

Sí, pero esa no es una realidad que sólo ocurra en las zonas vulneradas, así que uno no puede decir que ese sea el elemento que detona la situación.

-En las zonas vulnerables sí hay problemas de locomoción y a muchos lugares aún no llegan las micros. Y cuando llegan, después de cierta hora dejan de hacerlo. Eso también ayuda a que los espacios comunes sean tomados por grupos que consumen drogas, alcohol y perpetran delitos.

Pero uno también podría decir que las viviendas son tan chicas que la gente no tiene cómo estar adentro de las casas…

-Y también es así.

Sí. Y gran parte de los problemas que hay en estas poblaciones es precisamente producto de la forma en cómo la ciudad de Santiago ha ido concentrando realidades complejas en los mismos sectores.

-Desde que el ’79 se liberalizó el uso de suelo, hubo una explosión en la construcción y entrega de viviendas sociales en la periferia, sin los servicios necesarios.

Así es. Ese es un déficit importante en muchas de estas poblaciones. Eso es verdad.

-Y se mantiene hasta hoy.

No, porque la política de vivienda actual es completamente distinta, incluso a la de cinco años atrás. Hoy la calidad de la vivienda social es mucho mejor: es más grande y con mejores instalaciones. No hay ningún barrio nuevo que se entregue sin servicios asociados.

“La forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando”.

-Pero si hablamos de poblaciones nuevas, las que se instalaron hace unos 10 años, en ellas aún se encuentran estos problemas.

Sí. Siguen teniendo esos problemas porque cuando debes optar, como política pública, entre terminar o disminuir el déficit habitacional, te preocupas de lo primero. El componente de calidad de vida es accesorio ante una demanda que es mucho más urgente. Pero hoy eso casi no existe en los barrios nuevos. Es verdad que se construyeron miles y miles de viviendas sin servicios, sin centros comunitarios, sin escuelas. Es cosa de ir a darse una vuelta. Sin duda que hay una demanda insatisfecha en muchísimas poblaciones donde hay mucha gente.

-¿De qué manera ese déficit ha influido en el deterioro de la seguridad en estos sectores?

Creo que influyen mucho las condiciones urbanísticas de una ciudad para facilitar la comisión de delitos. Esa forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Y ellos tampoco lograron tener los apoyos para generar condiciones de vida y de ciudad distintas. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando. Es muy difícil, porque pasar del temor y la desconfianza a la condición de vecinos más empoderados, más involucrados en una vida de barrio, requiere de muchas energías que confluyan en el mismo sentido.

-A la hora de diseñar un nuevo barrio, ¿se trabaja en conjunto con la Subsecretaría del Interior para ver la seguridad?

Claro. No sólo para la seguridad. Hoy sigue existiendo déficit habitacional, pero las condiciones en que se construyen las viviendas sociales son muy distintas. Antes sólo se entregaban viviendas casi en obra gruesa; hoy ninguna se entrega sin calefón o revestimiento de interiores. Es otro concepto que también influye en la dignidad de la familia. En los ’90, una vivienda Serviu era muy poco acogedora: murallas sin revestimientos, piso de radie, lavatorios pequeñísimos… Hoy se entrega otra casa, para que los vecinos no sólo se sientan dueños de su espacio, sino también de un barrio que los acoge. Eso no existió en la gran obra de vivienda de los primeros 15 años de los gobiernos de la Concertación. No hemos logrado resolver nudos importantes en algunas de estas poblaciones.

-¿Cuáles son esos nudos?

Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz. Esa es nuestra apuesta: que esos muchos más logren empoderarse. Para eso el Estado tiene que poner no sólo el control policial, sino que generar espacios para que esa gente pueda salir a la calle con confianza y a determinada hora del día los puedan usar los niños, la tercera edad y los jóvenes. Eso requiere mucha coordinación y acción proactiva del Estado, las municipalidades y los vecinos.

-Habla de “grupos que se adueñan de los sectores”. ¿Reconoce que bandas delictuales han tomado el control de algunos sectores?

Hay grupos y bandas que actúan en algunas poblaciones y que causan un problema complejo. Nosotros estamos trabajando para controlarlas y sacarlas de esos lugares.