https://dev.ciperchile.cl/dating-websites-en-roda-de-ter/

conocer gente en gratis oia

La seguridad ciudadana ha sido en las semanas recientes el foco de un arduo debate entre las autoridades de gobierno y algunos personeros de la administración pasada. En lo medular, ambos se han endosado mutuamente la mayor responsabilidad en el aumento en los índices de victimización, arrojados en la reciente encuesta Paz Ciudadana-Adimark. Un debate que está plagado de imágenes y retórica muy efectista que poco contribuye a resolver los problemas reales de seguridad ciudadana del país.

Así, por ejemplo, frases como “los delincuentes le han tomado la mano al gobierno”, emitidas por personeros de oposición, intentan mostrar que la causa de este aumento estaría en la “blandura” con que el actual gobierno enfrenta a la delincuencia. Mientras que las que emanan de las actuales autoridades, como “el gobierno anterior le puso un motor a la puerta giratoria”, pretenden señalar que las cifras en debate surgen como consecuencia de políticas erradas emprendidas en el gobierno anterior, como por ejemplo, la concesión de indultos el año 2012 a personas que habrían reincidido una vez en libertad.

Este tipo de debates no son para nada nuevos en nuestro país y tienden a repetirse con cierta periodicidad. Las frases y explicaciones que se utilizan constituyen eslóganes atractivos, pero al final del día generan una enorme preocupación ciudadana e instalan en la opinión pública una visión demasiado simplista sobre el problema de la delincuencia en nuestro país. Lo problemático de ello es que luego afectan la capacidad de sustentar políticas públicas más racionales y efectivas. Y ello, porque instalan imágenes algo distorsionadas acerca de la realidad que dificultan precisamente la ejecución de propuestas mejor focalizadas a la solución de problemas.

1.jpgPor ejemplo, es probable que en medio de toda la vorágine de información, el lector desconozca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el instrumento de medición más validado y ocupado por todos los gobiernos para medir delincuencia en Chile, se puede apreciar que desde el año 2005 hasta el 2013 se produjo una baja consistente en los índices de victimización de un 38,3% a un 24,8% de hogares victimizados. Si no consideramos este dato, es difícil pensar que acertemos en qué tipo de problemas específicos son los que podrían estar cambiando esta tendencia positiva.

Otro ejemplo se produce cuando se argumenta que el problema principal de la delincuencia en Chile es una cuestión de “mal comportamiento de los jueces” o de “pocas facultades de las policías”. En ambos casos se trata de propuestas que suelen no tener ningún sustento en la evidencia disponible en nuestro país y en el conocimiento acumulado a nivel internacional.

Por ello, lejos de resolver los problemas de fondo, ideas de este tipo generan la falsa ilusión de que si tuviéramos algunos jueces más duros u otros abandonaran el sistema, estaríamos bien; o que si dictáramos unas leyes que otorguen mayores facultades a la policía todos nuestros problemas desaparecerían de manera rápida. Por el contrario, discursos de este tipo producen efectos graves de largo plazo en la deslegitimación y pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, lo que finalmente debilita el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Mi intención no es afirmar que todo está bien o que no existen  problemas importantes en  materia de seguridad ciudadana en nuestro país, sino más bien centrarnos en que la importancia del tema nos impone la necesidad de alimentar un debate un poco más informado y con menos retórica, con más sustancia y evidencia.

El conocimiento y experiencia acumulados en materia de seguridad ciudadana a nivel local e internacional dan cuenta que se trata de un problema muy delicado y complejo, cuya solución requiere políticas de Estado de largo plazo en áreas tan distintas como la prevención (incluyendo acciones tan diversas como intervenciones tempranas en familias y niños de alto riesgo o en lugares en donde los delitos se cometen); la persecución (que incluye tanto el trabajo investigativo de policías como el rol de actores del sistema de justicia tales como los fiscales); y el trabajo de reinserción (penitenciaria y extra penitenciaria).

Este mismo conocimiento y experiencia muestran que no existe una solución mágica que por sí sola sea capaz de resolver el problema de la delincuencia. Esto nos habla de la necesidad de evitar la tentación de sustentar políticas en materia de seguridad ciudadana basadas exclusivamente en reformas de “agenda corta”, como periódicamente se prometen, o en soluciones simplistas, como las de los ejemplos mencionados previamente.

La buena noticia es que esta misma experiencia y conocimientos acumulados dan a esta altura varias pistas de cómo acercarse más efectivamente al problema. En esta dirección, por ejemplo, el reciente informe “Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, elaborado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y presentado en un foro organizado por Espacio Público hace un par de semanas, arroja interesantes luces. El documento destaca la necesidad de tener una aproximación compleja al fenómeno de la delincuencia que incluye variables como las señaladas en el párrafo anterior. El texto entrega también mucha información sobre el “estado del arte” en materia de políticas e implementación de programas efectivos que pueden contribuir a la disminución de la delincuencia. No es posible resumir en pocas líneas la enorme cantidad de información que allí se plantea, por lo que recomiendo al lector su revisión con más calma (torrenueva conocer gente gratis).

Lo que sí me interesa destacar es que en el panel de discusión (moderado por la economista y directora de Espacio Público, Andrea Repetto, y en el que fuimos panelistas la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz; María Lucila Berniell, economista principal de CAF; Lucía Dammert, experta en el área y asesora de gobierno y yo) existió bastante acuerdo en que una base central para implementar políticas públicas más efectivas en el área pasa por mejorar la calidad de información que se dispone. En esa dirección, la puesta en marcha de una base unificada de datos -comprometida por el gobierno para fines de este mes- es una política que apunta en la línea correcta.

Es de esperar que las fiestas que se avecinan entreguen a los diversos actores una nueva perspectiva para debatir con altura de miras estos temas, y retomar los esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas que constituyan respuestas reales a los problemas que tanta preocupación generan en la ciudadanía. Esperemos que al año 2015 no nos desgastemos en debates de corto alcance y pongamos nuestra energía al servicio de un objetivo urgente: encarar soluciones reales para un problema que exige una mirada de largo aliento.

Dónde y cómo se roba en Santiago II: Imágenes inéditas del robo del millón de dólares

En la zona norte de la capital los delincuentes que se desplazan son muy distintos a los de otros barrios. Al recorrer las zonas donde más robos se repiten y entrevistar a fiscales, policías y víctimas, CIPER constató que el llamado “Triángulo de las Bermudas” existe en Santiago. Es allí (Conchalí, Renca, Huechuraba, Pudahuel, Cerro Navia, Cerrillos, Quinta Normal) donde los robos con intimidación o violencia a camiones y bodegas con mercaderías que desaparecen sin dejar huellas tienen de cabeza a la Fiscalía y a los policías del sector.

-Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos –explica el fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales.

Esa zona, una de las más peligrosas de la capital, está circunscrita por tres rutas de alto tráfico de camiones: Ruta 68, Autopista del Sol y Ruta 5. Las tres son vías de tránsito para mercaderías que van y vienen desde los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Al elegir las bodegas de almacenamiento estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares. Todas de fácil reducción y de buen precio en el mercado irregular.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 32 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

-Eran alrededor de las 11 de la noche. Nos encontrábamos tres de nosotros en la caseta de entrada y otro compañero haciendo la ronda en el interior de las bodegas cuando en cuestión de segundos y sin siquiera percibir algo extraño nos vimos rodeados de cuatro sujetos. Con armas de fuego nos redujeron y con los mismos cables que arrancaron de la caseta de vigilancia procedieron a amarrarnos de manos y pies –relató uno de los guardias de seguridad.

Tras reducir al cuarto guardia, los asaltantes huyeron en un camión, el mismo en el que llegaron hasta la bodega, con ocho pallets que contenían 2.825 celulares de última generación. El dueño del camión está identificado. Su prontuario es de terror. Parte de la mercadería ya fue vendida en Antofagasta. Sus últimos destinos serán, como lo muestra la ruta de robos similares anteriores, Perú y Bolivia. Pero los delincuentes siguen libres.

Paradero 25, donde la vigilancia es inútil

9:00 horas. Gran Avenida esquina de Américo Vespucio, justo donde se ubica la estación de Metro La Cisterna, uno de los 17 puntos más peligrosos de Santiago. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de gente que deambula por el sector. Con dos líneas de Metro que confluyen, más el intermodal del Transantiago, se calcula que por allí transitan diariamente 120.000 personas.

A la salida del Metro, en la vereda norponiente, está el retén de Carabineros. Un suboficial me explica con detalles que la zona es segura, que la mayoría de los robos ocurre en la esquina de enfrente o en el paradero de bus que está sobre Gran Avenida.

-Aquí nosotros evitamos muchos robos –afirma el policía.

De repente, aparece presuroso un matrimonio joven con su hija. Piden ayuda. Les acaban de robar un computador, una cámara de fotos y un bolso. Y todo ello a sólo 50 metros del retén.

El suboficial les pregunta si tienen alguna identificación del ladrón. La pareja responde que no. Acaban de llegar desde de Chiloé y se les ve abatidos. El suboficial les dice que hagan la denuncia, pero después de preguntar las posibilidades reales que tienen de recuperar los objetos robados, el matrimonio decide marcharse sin estamparla.

A partir de ese momento la conversación con el suboficial toma otro rumbo. Deja de lado el discurso inicial y me cuenta que lleva sólo cuatro meses en ese retén y no se quedará allí por mucho tiempo:

-No es un lugar de alta permanencia. Los mandos nos van cambiando, de lo contrario aquí uno acabaría estresado ya que el trabajo es muy intenso. Mire, somos sólo tres carabineros, y como uno siempre se tiene que quedar en el retén, al final somos sólo dos los que andamos dando la vuelta. ¡Si no roban más es por que no quieren no más!

El suboficial ya conoce los rostros de algunos delincuentes. Pero es poco –dice- lo que puede hacer. Cuando los divisa, les hace control de identidad.

-Y como nunca andan con documentos, los paso a la comisaría y con eso los saco de circulación unas horas. Pero nada más -asume resignado.

A las horas de mayor concentración –y mayor peligro- unas cinco mil personas caminan en todas las direcciones. Este suboficial asume que es en esas franjas horarias cuando menos se puede actuar.

-Imagínate aquí con cinco mil personas caminando en todas las direcciones… Lo peor es que mucha gente piensa que carabineros es personal de información y hay momentos que tienes a 10 personas preguntando qué bus o qué metro me sirve para tal lugar. Otro gran problema que nos quita mucho tiempo para la labor de prevención es lo que nosotros llamamos “los cachos”: una señora que se cayó en la escalera mecánica, una mechera que los guardias no dejan entrar al supermercado y hace escándalo, los ambulantes que se meten al intermodal… Todo eso también nos toca a nosotros y con 100 mil personas diarias uno a veces termina atendiendo 50 mil cachos y descuida lo más importante.

-¿Y los guardias del Metro y los del intermodal no les ayudan en la prevención?
Mire, ellos nos dicen “hemos puesto 6 guardias, dos por piso para ayudar a la prevención”. Como si eso fuera una gran cosa. La verdad, es que muchas veces esto termina siendo mucho más trabajo para los tres que estamos aquí ya que los guardias nos están llamando a cada rato porque detuvieron a un delincuente o se les colaron unos ambulantes.

-¿Cuántos robos se cometen diariamente aquí?
-Uno o dos -dice titubeando.

-Y cuándo los detienen, ¿cuál es el procedimiento?
-¡Otro cacho! –afirma y sonríe con sorna antes de explicar-, entre las declaraciones de las victimas, los testigos, nuestro relato, tomar fotos de las especies, llevar al ladrón a constatar lesiones y después entregarlo en la comisaría, son como 15 papeles. La mayoría de las víctimas, si pillamos al delincuente en el momento y recuperan lo robado, ya no quieren hacer la denuncia y prefieren irse. Nosotros igual los pasamos detenido, pero a los dos días los vemos otra vez por aquí -señala otro policía del retén.

Ingreso al Intermodal. Una construcción de 60.000 metros cuadrados, cinco pisos, 35 andenes de buses, dos líneas de metro y 43 locales comerciales. La seguridad del recinto está a cargo de seis guardias privados. Ellos no rotan como los carabineros: conocen el sector como nadie. Le pregunto a uno de ellos –alto y corpulento- por los robos que se cometen allí dentro.

-¡Si!, alrededor de 4 a 6 robos diarios, y en las quincenas y final de mes es peor –exclama el guardia.

Un ladrón es sorprendido robando la cartera de una mujer. Dos guardias lo detienen y le revisan todos los bolsillos. Lleva un arma. Y aunque es de fogueo, es tan similar a las de verdad que provoca pánico. También entre los guardias, aunque bien lo disimulan. El incidente les recordó a dos de ellos lo que le ocurrió a uno de sus compañeros el año pasado cuando se encontraba trabajando en el primer piso del Intermodal. Recibió un llamado por radio de otro de los guardias desde el primer subterráneo: una joyería estaba siendo asaltada. Corrió y fue atacado con tres puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes.

-Los que más nos sorprendió es que el ladrón no era menor de edad. Tenía 18 años. Y mire lo que pasó: lo detuvimos, le quitamos el cuchillo y se lo entregamos a los carabineros que se lo llevaron detenido después de tomar la denuncia. Como prueba, les entregamos también las cintas de las cámaras de seguridad donde quedó todo registrado. Dos días después apareció el mismo delincuente con otros siete sujetos y amenazaron al guardia que lo detuvo anunciándole que lo esperarían a la salida. Lo tuvimos que acompañar durante varios días cuando terminaba su turno. Lo increíble es que este guardia, a pesar de haber sido apuñalado, nunca fue citado ni por carabineros ni por la fiscalía. Y al delincuente lo hemos vuelto a ver en lo mismo por aquí…

Me despido de los guardias de seguridad. Al momento de partir, uno de ellos susurra: “Por eso mismo, ahora, si vemos algo raro, nos limitamos a llamar a los carabineros. Nosotros no podemos actuar. Ni armas tenemos. ¡No vale la pena!”.

Regreso al día siguiente al intermodal, esta vez al final de la tarde. Otros guardias cumplen su turno. Uno de ellos me confirma lo que los carabineros me relataron el día anterior:

-La mayoría de los robos que se cometen aquí no se denuncian. Y los mismos delincuentes siguen robando y robando.

En las seis horas que pasé en dos fríos días de julio en esa esquina, fui testigo de dos robos que se cometieron a pocos pasos de la policía. También observé la precariedad en que trabajan carabineros y guardias de seguridad privados. Las dos víctimas después de hablar con carabineros se fueron sin denunciar.

Dónde y cómo se roba en Santiago: Mapa del fracaso policial

Una farmacia en la esquina de Las Industrias con Departamental (San Joaquín), no podía ser un mal negocio. Y el químico farmacéutico Santos Zarayo se instaló en la intersección. Pero el estudio de mercado que lo convenció no consignó un dato crucial: esa es una de las peores “zonas calientes” de la capital (Ver Mapa) . Poco tiempo después Santos Zarayo lo supo en vivo y en directo.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

EL PERFIL DE LOS LADRONES: ANGUSTIADOS, AVEZADOS Y CONNOTADOS

1.- Robo por sorpresa: El “angustiado” (Entre 15 y 25 años).
Buscan la ocasión para dar el golpe: desde un lanzazo en la calle hasta aprovechar una ventana o reja abierta. Si encuentran resistencia y creen tener capacidad física para reducir a su víctima, actúan. En su jerga lo llaman “collerear”. Buscan efectivo, joyas y artículos fáciles de reducir o cambiar por droga. Las chequeras son codiciadas. Por un cheque en blanco reciben entre 20.000 a 50.000 pesos. Se victimizan al ser detenidos: gritan que están siendo golpeados o arrestados injustamente. Procuran hacerse daño para declarar contra la policía por maltrato. Roban para su consumo de droga y ocupan el día en esto.

2.- Robo con Intimidación. “El avezado” (Entre 18 y 25 años)
Roban en solitario o en dupla con personas que conocieron en su barrio o en la cárcel. Ante un imprevisto actúan con un plan previo. Si son atrapados y tienen posibilidad de ayudar al otro se la “juegan”, de lo contrario cada uno salva su pellejo. Confían en que su socio no los delatará. Interrogado dirá que no declara. Sobre su compañero, entregará apodos, nombres y domicilios falsos. Operan en la vía pública haciendo un rápido chequeo a su víctima y buscando el momento oportuno para actuar sin testigos. En el robo al interior de viviendas, habitualmente aprovechan el ingreso de un morador, lo que han determinado en chequeo previo. No permanecen en la casa más de 10 minutos. Revisan la vivienda rápidamente y si encuentran a alguien lo intimidan con arma blanca o de fuego, lo reducen, amarran y le quitan el celular para incomunicarlo. Se llevan cosas fáciles de ocultar para no levantar sospechas en la calle. Si se da la ocasión, huyen en el vehículo de la víctima. Si usan vehículos robados los más frecuentes son los Toyota Yaris y los Subaru Legacy. Buscan joyas, efectivo, cámaras, computadores portátiles, celulares y en algunos casos electrodomésticos. Consideran el robo como un “trabajo” y sustento para su familia.

3.- Robo con violencia: Los “connotados” (Entre 20 y 45 años).
El más peligroso de la trilogía y el más preparado por su extenso prontuario. Suelen operar en grupos de cuatro o más. Actúan armados. Si entran a una casa o empresa o roban la carga de un camión, se aseguran de que encontrarán un botín de varios millones. Estudian con tiempo el movimiento de sus blancos. Disponen generalmente de información proporcionada por personas del lugar escogido, lo que incluye horarios del plan cuadrante o guardias, iluminación y cámaras de seguridad. Escogen rutas de escape y usan un segundo vehículo de apoyo. Actúan con mucha rapidez, a rostro descubierto y no dejan huellas. Son calmos y fríos. Si se ven acorralados sólo se enfrentarán a tiros si existe la posibilidad cierta de escapar. De lo contrario, se entregan. En tal caso, se “descargan” (botan las armas) para evitar condenas mayores. Las armas más usadas: pistola 9 mm., revólver calibre 38 y, en ocasiones, escopetas recortadas. Lo más frecuente es que este tipo de delincuente dé un golpe y después pase un tiempo inactivo. Jamás hacen ostentación del dinero y bienes que poseen y muchas veces tienen un trabajo fijo y regular. Si caen, sus compañeros se preocuparan de su familia.

Perfiles confeccionados con entrevistas a Luis Concha Pacheco (comisario BIROM Oriente), José Morales Opazo (fiscal jefe de Robos Fiscalía Metropolitana Centro Norte), Leda Astorga (fiscal de Robos Fiscalía Metropolitana Sur) y Marcelo Vargas (fiscal de Robos a Casas, Fiscalía Metropolitana Oriente).

POR QUE DELINQUEN LOS MENORES

Aníbal Gálvez, cabo 1ª de Carabineros de la SIP, por su propia cuenta hizo un estudio sobre el delito entre los menores de edad y entrevistó a 102 de ellos, entre 14 y 17 años, detenidos por diferentes delitos de conmoción pública, para indagar sobre el motivo por el cual habían delinquido. Este fue el resultado:
1).-Su padre está preso y su madre generalmente se encuentra bajo los efectos de la droga, por lo cual tiene que generar recursos para poder alimentarse y vestirse.
2).-Querían comprarse prendas de vestir y zapatillas de diferentes marcas conocidas, las que tienen un alto precio.
3).- Desde niño su padre le inculcaba que las personas que carecen de inteligencia son los que caen en la droga o el alcohol y los jóvenes más astutos saben generar dinero extra de cualquier manera.
4).- Desde niño sintió que sus parientes cercanos discriminaban a toda su familia porque eran de escasos recursos. Para que no humillaran a sus padres se dedica a robar para mejorar el estilo de vida de toda su familia.
5).- Desde que tiene uso de razón su padre siempre llegaba del trabajo con diferentes especies, las cuales sustraía desde el lugar de trabajo y luego ambos las comercializaban en el Persa Bio-Bio.
6).- Nunca hubo alguien de su núcleo familiar que le advirtiera que robar o apropiarse de algo ajeno era incorrecto.
7).- Los amigos lo invitaron a delinquir.
8).- En la noche tenían una fiesta y no tenían dinero para participar.
9).- No tenían nada que hacer con sus amigos y estaban aburridos.
10).- Quería aparentar una imagen de chico malo y rebelde ante sus amigos y lograr que en su población todos lo conozcan y lo respeten.
11).- No siente el cariño de su familia y siempre ha sido independientes, sin un hogar bien constituido, por lo cual gran parte del día lo pasa en la calle junto a sus amigos, los que se transforman en su familia.
12).- Su padre siempre golpeaba a su madre y luego se retiraba del hogar, dejándolos abandonados tanto a sus hermanos como a su madre y sin dinero.
13).-Porque necesitaba dinero para poder seguir drogándose con frecuencia.

Por qué las zonas más peligrosas de Santiago siguen siendo controladas por delincuentes

Por Alan Lenz, cartógrafo forense de la SUAC (Subunidad de Apoyo Criminalístico de la Fiscalía Sur)
1. Porque las policías no levantan los medios de pruebas suficientes para que los fiscales puedan llevar a juicio a los delincuentes.
2. Porque los policías especializados a veces están empeñados en conseguir logros más grandes que un simple asaltante.
3. Porque el trabajo administrativo que implica para un policía detener a un ladrón de poca monta no hace atractivo desarrollar esa acción.
4. Porque cuando sacas a 1 delincuente de circulación, aparecen de inmediato otros en su lugar.
5. Porque la misma ciudadanía aporta una conducta que propende a que los delincuentes encuentren victimas.
6. Porque a las policías les faltan recursos y especialistas para mantener la seguridad en territorios donde se comenten delitos en casi todas las esquinas.
7. El actuar delictual está exacerbado por las noticias, los medios y para un delincuente, mayor prontuario significa mayor estatus. Ya no le temen a ser detenidos, al contrario, eso les da más “nivel”.

*Zonas Calientes

Concepto derivado del término inglés “hot spot”

*Dotación Carabineros

La Granja: 127.332 habitantes y 131 carabineros.
La Cisterna: 75.661 habitantes y 210 carabineros.
Maipú: 734.494 habitantes y 494 carabineros.
Estación Central: 117.552 habitantes y 283 carabineros.
Santiago: 175.213 habitantes y 851 carabineros.
Independencia: 55.249 habitantes y 217 carabineros.
Recoleta: 132.965 habitantes y 324 carabineros.
Providencia: 126.015 habitantes y 254 carabineros.
Las Condes: 280.148 habitantes y 341 carabineros.
Vitacura: 80.926 habitantes y 158 carabineros.
Puente Alto: 670.238 habitantes y 640 carabineros.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Saqueadores post terremoto II: La horda que nunca llegó a las casas

Hugo Harrison llegó a Concepción tres días después del terremoto. Cuando avanzaba en su auto zigzagueando entre escombros de edificios y restos humeantes de supermercados, se encontró con una turba que cortaba la calle. Calcula que eran unos 150 hombres. Estaban armados con palos, hachas y machetes. También tenían varas de coligüe de tres metros de alto en cuya punta habían amarrado cuchillos.

Harrison ya había visto el edificio Borde Río derrumbado y la horrible impronta de la torre O’Higgins, que era la más alta de la ciudad y que aún hoy sigue ahí como un enorme recordatorio del desastre. Esas visiones apocalípticas se completaron con este grupo que parecía sacado del cine futurista o del pasado de la zona del Bío bío.

“Parecía un ejército mapuche”, dice. Y agrega: “me sentí metido en la película Mad-Max”.

Harrison iba con su esposa y sus dos hijas de 3 y 5 años. El grupo lo hizo parar. Los tipos que los detuvieron tenían cuchillos. No había cómo girar el auto y devolverse. Solo había dos opciones. Acelerar y matar al que se interpusiera, o parar. Lo pensó.

Lo pensó en serio.

¿Qué habría hecho usted?

Hugo Harrison paró.

Le preguntaron a dónde iba. Él les contestó que a su casa en San Pedro de la Paz. Los tipos se miraron, miraron hacia adentro del auto (Harrison no sacaba la vista de los cuchillos), y le dijeron: “váyase”.

El encuentro duró sólo 15 segundos.

¿Qué hacía esa gente ahí? ¿Eran asaltantes? ¿Iban a saquear algo?

Harrison piensa que no le hicieron nada porque no llevaba nada de valor. Especula que tal vez estaban ahí esperando camiones con mercaderías para asaltarlos.

Aunque eso es posible, también puede ser que simplemente fueran vecinos del sector, armados para defenderse. Harrison no lo cree pues la población que estaba ahí cerca era muy pobre. “La mediaguas que están entregando a los damnificados son lujosas al lado de sus casas. Es una zona con mala fama ¿quién se iba a ir a meter a quitarles algo?”, argumenta.

Suena irracional. Pero el autor de este reportaje recorrió en cuatro oportunidades las ciudades entre Constitución y Lota y vio guardias armados tanto en barrios muy pobres como en las zonas más elegantes. En todos lados se temía a la horda, pues todos sentían que había alguien menos favorecido que los podía atacar. No hubo ciudad en que los vecinos no pasaran un par de noches preparándose para ese ataque.

Santo y seña

En esos mismos días, el subprefecto de Investigaciones José Luis López hacía rondas en Concepción. Y recuerda que lo que más lo impresionó fue la cantidad de gente armada que encontraba a su paso. La mayor parte de la ciudad estaba cortada por barricadas y con vecinos armados de pistolas, escopetas, palas, cuchillos amarrados a palos como lanzas, bates de baseball y muchas hachas, pues en esa zona la madera es muy usada para calefacción.

-Había tal cantidad de armas que ni siquiera teníamos posibilidad de fiscalizar -explica el policía.

Todos los barrios tenían otro barrio al que temer. En Concepción los vecinos de Villa Alto Palomares, -que participaron masivamente en el saqueo de las bodegas que había en su zona– temían al ataque de los de Villa Lautaro, que habían saqueado las mismas bodegas (después sabrían que los de la Lautaro también les temían a los de Palomares y que en virtud de ese mutuo miedo se pasaron varias noches en vela esperando un ataque).

En Villa Palomares decidieron identificarse con un brazalete blanco y fijaron un santo y seña con el nombre de su población en diminutivo.

-¿Quien vive?

-¡Villita palomares!

El dirigente de esa zona, Luciano Bascuñán, dice que en esas noches los patos malos locales se volvieron importantes y queridos.

-La gente les tenía confianza porque estaban protegiendo a su barrio. Todos se acercaban a ellos, los trataban como amigos. Y ellos ni siquiera tomaban un trago porque estaban dispuestos a pelear por sus vecinos.

En Talca, donde no se registraron ni de lejos los masivos saqueos a locales comerciales que se produjeron en Concepción o Talcahuano, la gente igual sintió que debía defenderse de la horda.

En la fiscalía cuentan de un condominio de sector medio alto al que se le cayó el muro perimetral. Los vecinos se organizaron porque era obvio que irían a robarles. Se armaron, bloquearon los accesos, montaron turnos. La noche del domingo vieron luces acercándose. “Vienen”, dijeron.

Dispararon al aire.

-Los que venían eran de Investigaciones y los policías también dispararon En el condominio pensaron que había llegado el momento… Investigaciones pidió refuerzos. Fue un milagro que eso no terminara mal -cuenta Isabel Hernández, abogada de la fiscalía de esa ciudad.

La abogada Hernández piensa que los chilenos aquella noche nos dejamos llevar por la histeria y por la desconfianza.

-Yo vivo en un lugar muy tranquilo, fuera de Talca, que tiene cerca una población. Nunca ha habido un problema con ellos, pero resulta que al día siguiente del terremoto la presidenta de la junta de vecinos me tocó el timbre y me dijo: “Vienen”. “¿Quiénes?”, le dije yo. “Los de la población de en frente. Vienen 80 personas en un camión esta noche. Así que nos vamos a vestir todos con camisas blancas para reconocernos, vamos a cerrar la entrada con el camión de un vecino y vamos a hacer turnos de guardia”. Mi marido le dijo: “No entiendo cómo tiene usted detalle del camión y del número de personas… Si fueran a venir no creo que le hubieran avisado”.

La vecina se molestó. La abogada Hernández se quedó inquieta y en la noche decidió confirmar la situación con el fiscal de turno.

-Pregunté cuál era la situación de la ciudad, cuántos detenidos en saqueos tenía. ¿Sabe cuántos eran?: Sólo dos. Eran un par de adolescentes que se metieron a un local y arrancaron con una botella de pisco y los pillaron curados como zapato. Ese fue el único incidente delictual en Talca la noche en que la gente estaba convencida de que estaban robando todas las casas.

La abogada trató de calmar a sus vecinos sin mucho resultado. Durante las siguientes semanas en la fiscalía de Talca se tuvo antecedentes de algunos saqueos a locales comerciales, pero no se recibió ninguna denuncia de saqueos de casas. Pese a eso, muchos quedaron convencidos de que la horda sí había azotado la ciudad y que ellos habían tenido la suerte de no encontrársela. Una semana después del terremoto, la abogada fue al cumpleaños de un pariente y su familia empezó a retarla.

-Mis papás me decían “ah, no sé dónde estás trabajando tú, pero aquí roban en todas las casas”. Yo les contestaba: “a ver, ¿quién hizo una denuncia?”. “Es que entraron a la casa de fulanita”. Bueno, a la semana me encontré con fulanita y me dijo, “no, a mi casa no pero la vecina, me contó que a su tía…” Eran puros cuentos así. A mí me parece que lo que ocurrió esas noches es que el chileno se puso particularmente histérico.

Por supuesto, no se puede descartar que en algún barrio de la extensa zona afectada por el terremoto este fenómeno haya ocurrido. Sin embargo, no hay ningún registro oficial de ello. En todas las ciudades visitadas por CIPER para este reportaje sólo hay una ocasión en que la pesadilla del “vienen” se materializó: fue en la comuna de San Pedro de la Paz, al sur de Concepción.

En la parte alta de la comuna, en el sector de Andalué hay casas de 6 mil UF y más, en las que viven profesionales bien rankeados y empresarios de la zona. En la parte baja, cerca del mar, están las poblaciones de Boca Sur y Michaihue cuyos habitantes, la madrugada del sismo, arrancaron hacia los cerros y se instalaron en carpas en los sitios eriazos y en las plazas de sus vecinos abeceuno.

Pelayo Vial, jefe de Estudios la Defensoría de Concepción, vive en el sector de Andalué y recuerda la ola de gente que llegó esa noche.

—Venían con muchas cosas que eran producto de los saqueos, sobre todo comida y se quedaron dos días acampando. A mí me daba lo mismo, no le tengo miedo a la gente, pero en mi vecindario estaban muy nerviosos. Inmediatamente se formaron guardias armadas para defenderse “de las hordas de flaites”. No ocurrió nada, no hubo robos, ni saqueos. Pero sí me llamó la atención la cara de los de Boca Sur: tenían una mirada un poco de odio, como diciéndote “tenga miedo, ahora que no hay ley, somos todos iguales”.

—Curioso eso: la ley debería hacernos iguales a todos.

-Sí. Pero no es así. Por eso creo que lo más terrible que pasó esa noche no fue lo delictual sino como se manifestó el tema social. La gente de Andalué hacía reuniones para organizar la guardia nocturna y llamaban insistentemente a la policía para que fueran a sacar a los de Boca Sur.

A los dos días la PDI los desalojó sin problemas. Sólo en una casa los detectives vieron algo curioso. Lo cuenta el sub prefecto López:

-Llegamos a un inmueble muy lindo y en el antejardín encontramos una familia con carretón. Les dijimos que tenían que irse y el hombre nos dice, “no, si nosotros estamos aquí porque el jefe nos dijo que ni un problema”. Nos extrañó, así que golpeamos la puerta. Y el dueño de casa lo confirmó y nos dijo en privado: “Es muy sencillo: los tengo aquí, los dejo entrar al baño, les doy de comer y a nosotros no nos pasa nada”.

Como si hablara de sus rottweiler.

Maten si es necesario

En todas las ciudades hubo una noche de miedo máximo. En Concepción, dice el sub prefecto López, fue la noche del domingo para el lunes, cuando los saqueos a los locales comerciales se habían vuelto masivos y la autoridad se había dado cuenta de que no podía controlar la situación.

-Esa noche el miedo se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía para dónde iba la cosa.

En Talcahuano, arrasada por el mar y los saqueos, mucha gente estaba muy angustiada. Daniel Muñoz, capitán de Bomberos de la tercera compañía de esa ciudad, recuerda que la cuarta noche, cuando recién se habían restablecido las comunicaciones, sintió tanto miedo que llamó a su primo, con el que es muy unido y le dijo las cosas que solo se dicen cuando se está curado.

—Le dije que lo quería a él y también a su hija. Hablé llorando. Todos aquí pensábamos que no pasábamos esa noche. La gente estaba como loca, se oían disparos todo el tiempo. Y de pronto las personas empezaban a gritar, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen —relata el bombero.

Muñoz fue formalizado por saquear una tienda en Talcahuano y pasó 11 días en prisión preventiva. Es uno de los que con sus actos aterrorizaba a los otros. Y tenía miedo igual.

En la zona de San Pedro, pese al desalojo de los pobladores de Boca Sur, las noches siguieron siendo angustiosas durante semanas.

Hugo Harrison, que vive en un condominio cercano a Andalué pero de clase media (San Pedro del Valle), tenía para defender su casa el palo del quitasol y los cuchillos del almuerzo. Durante varios días, después de toparse con la muchedumbre al entrar a Concepción, cada vez que tenía que salir en auto a buscar comida o combustible, conducía con un cuchillo en el asiento del copiloto y otro debajo suyo. Nunca le ocurrió nada. Sólo tuvo un altercado con un conductor que se le coló en la fila. Pero la verdad es que no había como sentirse más tranquilo.

Sin luz, la única comunicación posible era con otras personas tan asustadas como él y la radio Bio Bío que transmitía noticias: es decir cosas impactantes. Por ejemplo, el angustioso llamado del alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, pidiendo que enviaran militares a defender su comuna. El alcalde lloraba: “que maten si es necesario” y contaba que la turba había asaltado hasta la municipalidad. “Los delincuentes se han tomado la ciudad, manden efectivos”.

Con la voz quebrada agregó que le estaban saqueando la municipalidad y que la turba también había saqueado casas.

Oír a una autoridad fuera de control sí que daba miedo.

Ante la falta de autoridad, en todos lados las personas buscaron refugio en sus vecinos. Los que ni se saludaban, ahora se turnaban en las guardias. Protegían a sus hijos, compartían la comida que había. Y estaban alertas. El miedo no dejaba que nadie se diera cuenta de que en el vecindario del lado estaban en las mismas. En ese momento de extrema necesidad, lo que nos hizo sentir seguros no fue la unión de todos los chilenos, no fue la idea de Nación que este año festeja los 200 años, sino el vecindario, el clan, algo que es aún más antiguo.

En San Pedro del Valle los vecinos se coordinaron con detectives y militares para protegerse de quienes podían venir a saquear sus hogares. Tenían claves y alarmas y contraseñas que cambiaban todos los días. A veces alguien creía ver algo, sonaban alarmas y el miedo era en vano. Una noche fue peor porque la guardia estuvo segura de haber visto gente entrando en casas que estaban vacías y el sistema se activó.

-Llegó un camión de militares, lanzaron bengalas y dispararon sus metralletas –dice Hugo.

No es fácil estar con tu familia en un lugar donde se dispara armas de guerra.

En Talcahuano el abogado de la Defensoría, Franco Lemus, recuerda que un grupo de infantes de marina se instaló cerca de la entrada de su condominio y se puso a hacer prácticas de tiro durante la noche.

-Nos dijeron que iban a hacer primero una a las 12 otra a la 1 y si luego volvíamos a sentir disparos, entonces la cosa era en serio y que nos metiéramos en las casas porque iban a disparar a matar.

Efectivamente a las 12 escucharon ráfagas de ametralladoras. Y a la una de la mañana a Lemus le tocó ver la práctica porque la hicieron al lado de su casa. Llegó el camión militar a toda velocidad, frenó con ruido y derrapando y los uniformados bajaron dando gritos: “¡Armada de Chile, deténgase!”. Y luego abrieron fuego hacia los cerros.

-Era una locura. La gente vio eso y pensó que venía lo peor -reclama el abogado.

En el marco de las autoridades que no ayudaron a bajar la ansiedad de los chilenos, el alcalde de Hualpén merece una mención especial. Su relato llenó de angustia a todos en Chile y aterrorizó a la gente de la zona.

Sin embargo, Hualpén nunca estuvo tomada por delincuentes, como él dijo. Hubo saqueos en los supermercados y éstos fueron realizados igual que en todos lados por personas mayoritariamente sin antecedentes penales. Pero no hubo muertos, ni barrios arrasados.

De hecho muchos piensan que fuera de los comerciantes, el único gran damnificado en la zona fue el propio alcalde, quien denunció a la fiscalía que en los días posteriores le robaron de la caja fuerte de su departamento, 80 millones de pesos.

-Es una cantidad grande -dice un poco sorprendido el concejal de Hualpén Gabriel Torres-. Tal vez lloraba por eso cuando pedía militares, porque aquí no pasó nada tan terrible. Ni siquiera fue cierto que saquearan la municipalidad, como él dijo.

Bachelet superó meta de antidelincuencia de su gobierno: Victimización cayó 12,3%

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, correspondiente a 2009, corroboró la tendencia a la baja en materia de delincuencia: un 33,6%, de la población afirmó que en su hogar alguien fue víctima de un delito. La cifra representa un importante descenso en relación a 2005 (38,3%) y el cumplimiento del objetivo trazado en la administración anterior. Además, según la misma medición del Instituto Nacional de Estadística, desde 2003 la delincuencia ha descendido en un 22,2%.

A ocho meses de iniciado su gobierno y dar la partida a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Michelle Bachelet se propuso bajar la tasa de victimización en un 10% durante los cuatro años de su mandato. Si bien la tendencia apuntaba a un descenso en esta materia en los últimos años, recién hoy viernes quedó en evidencia que esa meta no sólo se cumplió sino que también fue superada.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y correspondiente a 2009, la tasa de victimización durante el año pasado fue de un 33,6%, representando una baja de 12,3% en relación a los resultados de 2005 (38,3%).

Las últimas cifras cobran relevancia si se considera que a 2003, cuando comenzó a aplicarse la encuesta, el número de personas que decía haber sido víctima de un delito alcanzaba al 43%. Desde entonces la baja en delincuencia representa un 22,2%.

Tal como se lee en la presentación que el Instituto Nacional de Estadísticas hace de la encuesta, “la variación observada entre 2008 y 2009 es estadísticamente significativa”.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana es el más relevante estudio en materia de delincuencia. Tiene una muestra de 25.933 hogares que son visitados directamente, mediante entrevistas cara a cara, y parte de una pregunta básica: “¿Usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algún delito?”. Considerando que muchos delitos no son denunciados, la ENUSC es la medición a partir de la cual se evalúan y trazan las políticas públicas sobre delincuencia.

A la ENUSC se suman los datos entregados esta semana por el Ministerio del Interior, según los cuales las denuncias por asaltos descendieron en un 11,3% durante el primer trimestre del año en relación al mismo periodo anterior. También disminuyeron las denuncias por violación (7,3%) y por lesiones (3,4%). Como contrapartida, las denuncias por robo con fuerza aumentaron en un 6%. Esta medición consideró dos meses y medio del gobierno de Bachelet y sólo dos semanas del de Piñera.

Ambas cifran representan un desafío para el actual gobierno, considerando que sus representantes fueron permanentes críticos a las políticas antidelincuencia de las últimas administraciones. Además, a partir de estas cifras, el gobierno de Sebastián Piñera deberá dar a conocer su Plan Maestro Antidelincuencia, en cuyo diseño trabaja la Dirección de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior.

De acuerdo con Jorge Araya, el último director a cargo de la División de Seguridad Pública del gobierno de Bachelet, “el esfuerzo de gestión pública de los últimos años en materia de delincuencia hoy se ve reflejado en los resultados de esta encuesta. Eso habla de que claramente las políticas que estaban en marcha eran las acertadas y de que, en esta materia, más que hacer una crítica fácil, hay que trabajar en serio para lograr buenos resultados”.

Seguridad ciudadana: la hora en que el gobierno se enfrenta a sus promesas

“Mano dura contra la delincuencia” y “fin a la puerta giratoria” fueron dos de las promesas que ayudaron a Sebastián Piñera a llegar a la presidencia. Pese a las altas expectativas creadas, a 100 días de que llegara a La Moneda, aún no se da a conocer su Plan Maestro Antidelincuencia. Su diseño se prevé polémico. Sería anunciado por el propio Piñera una vez conocida la encuesta de victimización, que confirmará la tendencia a la baja durante el gobierno de Bachelet. Los anuncios y señales aisladas conocidos hasta ahora tienen la huella del estilo y políticas del Presidente de Colombia Álvaro Uribe. La misión de derrotar la delincuencia es comandada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien le dio un rol estelar al empresario de la seguridad privada Jorge Nazer, a cargo de la División de Seguridad Pública. Ésta ha adquirido un perfil más operativo y para ello ha fichado ex funcionarios del Ministerio Público, organismo que debiera ser su aliado principal para ganar la batalla con la delincuencia y con el que el gobierno ha protagonizado varios choques públicos.

A comienzos de mayo, tres días después de concurrir a un decomiso de precursores químicos que servirían para fabricar cocaína, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la Escuela de Investigaciones Policiales. Vistiendo una chaqueta de la PDI prometió un aumento del 18% de la dotación policial para los próximos cinco años y dio a conocer el resultado de un operativo realizado el día anterior, que derivó en la detención de más de 1.300 personas. “El Plan Antidelincuencia Selectivo es una muestra de cómo vamos a ganarle la batalla a la delincuencia”, dijo en esa oportunidad.

Por primera vez el operativo era coordinado por la División de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior, y dado a conocer por un Presidente que aprovechaba de estimular a los policías presentes con voz golpeada y traje institucional. Una puesta en escena muy similar a la que se vio a fines de marzo, en vísperas del Día del Joven Combatiente, cuando Piñera llegó a arengar a los integrantes de las Fuerzas Especiales de Carabineros y pidió “mano firme contra la delincuencia”.

Últimamente no ha vuelto a pisar cuarteles policiales, pero en su reemplazo ha ido su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el hombre del gobierno en materia de seguridad ciudadana. El jefe de gabinete se ha ocupado de recalcar –tal como lo hizo a comienzos de esta semana al concurrir a un decomiso de marihuana– que “los narcotraficantes ya sienten que cambió la mano”.

La apuesta no pasa sólo por marcar diferencias con la antigua administración. En su Cuenta Anual del 21 de mayo, Piñera definió a “la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico” como el tercer gran desafío o eje matriz de la agenda de su gobierno, superada sólo por el crecimiento económico y la cesantía. Fue la principal bandera de la campaña presidencial que llevó a la derecha al poder. Su caballito de batalla. Y ahora que está en el gobierno, a partir de los primeros días ha entregado una serie de señales tendientes a acentuar esa prioridad.

Han sido señales potentes. Vistosas y en algunos casos efectistas, alternadas por diversos anuncios que se han entregado a cuentagotas. El último de ellos fue dado a conocer esta semana y apuntó a un proyecto de ley tendiente a eliminar los beneficios para autores de delitos graves. Iniciativas ha habido de sobra, pero no han sido más que retazos de lo que pretende ser un golpe de efecto mayor que se avecina, luego de que se dé a conocer este viernes la encuesta sobre victimización, la que marcará una tendencia a la baja durante la administración Bachelet.

En estos días el gobierno trabaja contra el tiempo en la elaboración de lo que ha denominado el Plan Maestro Antidelincuencia, administrado y monitoreado desde el Ministerio del Interior. La idea es que quien lo dé a conocer sea el propio Presidente y que contenga varias medidas novedosas, sino polémicas. Entre otras, se estudian mecanismos que favorezcan las denuncias anónimas y la publicidad a las identidades de reincidentes de delitos violentos, de un modo similar a lo anunciado en la Cuenta Anual con personas condenadas por delitos sexuales graves contra menores.

Las medidas han sido elaboradas en la oficinas de la División de Seguridad Pública, a cargo del empresario Jorge Nazer Rodríguez, quien trabaja bajo la directa supervisión de Hinzpeter. Es el tercer rostro político de “la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”. El más seguro candidato a la subsecretaría del ramo del futuro Ministerio del Interior y Seguridad Pública, proyecto al que se le ha dado urgencia en el Congreso y que debiera concretarse este año.

Nazer todavía no es subsecretario, pero gana como si lo fuera. Su sueldo de $6.122.278 es un tercio más alto que su antecesor y representa la importancia y el poder que se le quiere dar a su función.

PAPEL ESTELAR

A fines de febrero, Rodrigo Hinzpeter dio una entrevista a La Tercera en la que dijo: “Como ministro del Interior voy a liderar el combate a la delincuencia”. No era sólo una manera de marcar territorio. La declaración establecía una diferencia con los gobiernos de la Concertación.

Si desde 1990 la seguridad ciudadana estuvo confiada a la subsecretaría del Interior, cuyos representantes se ganaron el apelativo de sheriff, a contar del 11 de marzo último esa función pasó a ser ocupada por el titular de la cartera. La decisión se correspondía con las reiteradas críticas de la derecha a los gobiernos de la Concertación por el supuesto mal manejo en el tema y la promesa de hacer de la “lucha contra la delincuencia” una prioridad.

El cambio de roles fue sólo el punto de partida. Una operación casi simbólica. Porque la movida de fondo consistió en dotar de mayor poder a la División de Seguridad Pública (DSP), que pasó a realizar tareas casi operativas. Por eso se eligió a alguien como Jorge Nazer Rodríguez, abogado y socio fundador de la empresa de seguridad privada ALTO, caracterizada por una agresiva y exitosa acción contra los autores de robos hormiga en supermercados y grandes tiendas.

A diferencia de lo que ocurría antes, en las jefaturas el perfil técnico fue reemplazado por uno más ejecutivo, de trabajo en terreno, a los que se asignaron altos salarios. De ahí que se haya reclutado al ex fiscal jefe de Ñuñoa, Vinko Fodich, quien en sus nuevas tareas a cargo de la Unidad de Control recibe un sueldo de $5.200.000. El más reciente fichaje es el del abogado de Extranjería del Ministerio Público Marko Magdic, de nacionalidad chileno-croata, quien recibirá un sueldo de $4.200.000.

Desde los primeros días Nazer dejó en claro que no estaba para roles secundarios. Participó de actividades policiales y delegó en el ex fiscal Fodich la coordinación del operativo de la PDI de comienzos de mayo que derivó en 1.300 detenidos. Ese es precisamente el perfil que se le pide. Pero el exceso de entusiasmo y protagonismo le hizo cometer un error. Su llegada a la casa del director de El Mercurio, Cristián Zegers, que poco antes había sido violentamente asaltada, fue mal evaluada y obligó al día siguiente al ministro del Interior a dar explicaciones.

FUEGO CRUZADO

La propuesta del gobierno también consideró a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que quedó a la cabeza del también ex fiscal Gonzalo Yuseff. No había una buena evaluación de ese organismo, especialmente en la detección de grupos anarquistas responsables de bombazos. A Yuseff se le encargó una reestructuración profunda de la ANI, que se ha traducido en el despido de cerca de 15 analistas y varias jefaturas. También se le encargó una función más activa, lo que ha representado un problema. El ex fiscal de Quillota ha pedido atribuciones operativas que chocan con sus facultades legales.

La puesta en marcha de las políticas de seguridad ciudadana no ha estado exenta de dificultades mayores. Algunas de ellas al interior del propio gobierno. Aunque nadie ahí pone en duda que se trata de una parcela de Hinzpeter, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, ha reclamado por la injerencia de Interior en atribuciones que le son propias. El último roce tuvo que ver con la intención de Hinzpeter de designar al sucesor del renunciado director de Gendarmería, Iván Andrusco. El titular de Justicia se negó.

Bulnes tiene por lo demás la función de dar cumplimiento a las promesas de campaña de “endurecer la mano” y poner fin a la “puerta giratoria”. La primera respuesta al respecto se conoció esta semana, al darse a conocer el proyecto elaborado por un grupo de reconocidos juristas que proponen el cumplimiento total de penas para los delitos más graves y medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de penas alternativas.

Además, el titular de Justicia ha quedado en medio de la discordia que en estos días enfrenta al gobierno con el Ministerio Público y, en menor medida, el Poder Judicial. Si en época de campaña las principales críticas de la derecha apuntaron a la facilidad con que los jueces otorgan libertades, a lo que éstos retrucaban que sólo cumplían la ley, ya en el gobierno los reproches han estado dirigidos al Ministro Público.

Primero fueron las críticas de Hinzpeter a la lentitud de ciertas investigaciones y pobres resultados. El último capítulo se vivió esta semana, cuando el ministro del Interior pidió que la investigación por un bombazo en la capital no se extendiera más de un año y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, respondió que al ministro no le correspondía dictar plazos. Al Ministerio Público no le ha gustado que Hinzpeter les dicte pautas, pues eso supone una intromisión a su autonomía. Pero menos le ha gustado que el gobierno insista en imponer una auditoría externa para medir sus gastos y resultados.

La propuesta fue defendida por Piñera en la cuenta anual del Ministerio Público. En la misma instancia el fiscal nacional le respondió que “no se puede, de acuerdo a la Constitución, hacer una auditoría impuesta a la fiscalía”.

EL FACTOR COLOMBIA

La primera iniciativa del gobierno en materia de seguridad ciudadana nació herida, casi muerta. Corrían los últimos días de febrero y el senador Alberto Espina tuvo la ocurrencia de filtrar a la prensa su plan para crear una “red de informantes ciudadanos” a los que se les distribuiría celulares. La idea no era suya. Había sido copiada de un programa colombiano elaborado en el marco de la Política de Seguridad Democrática del presidente de ese país, Álvaro Uribe. El plan propuesto por Espina no duró más de una semana.

Tras recibir duras críticas de sectores oficialistas, y algunas veladas provenientes de su propio sector, Rodrigo Hinzpeter le quitó el piso a la “red de informantes” de Espina.

Fue el primer tira y afloja en materia de seguridad al interior del actual gobierno. Hinzpeter hizo una muestra de poder y Espina, que había sido coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana de los grupos Tantauco, se sintió injustamente desplazado. Mal que mal, el proyecto de la red de cooperantes había sido conocido en un viaje que en 2008 realizó a Colombia junto a Andrés Allamand y el entonces candidato Piñera.

En la oportunidad, los tres políticos chilenos se reunieron en privado con el Presidente Uribe, gestor de la Política de Seguridad Democrática, y con su ministro de Defensa de entonces y virtual Presidente electo en Colombia, Juan Manuel Santos. Los contactos también consideraron al poderoso ex comandante de las Fuerzas Militares de ese país, Freddy Padilla.

No fue un viaje cualquiera. Uribe tuvo el gesto de invitar a los chilenos a subir al avión que lo llevó junto al entonces ministro Santos y el jefe militar a una localidad que hasta hace no mucho estaba en poder de las FARC y donde celebró un Consejo de Seguridad. Se trata de reuniones de trabajo con la comunidad –o puestas en escena efectistas y de alto impacto mediático, de acuerdo con sus detractores– donde el Presidente colombiano suele tomar medidas sobre la marcha e incluso reconvenir a sus colaboradores.

Junto con destacar los logros en materia de economía y seguridad en Colombia, en ese viaje Piñera expresó su admiración por el “estilo Uribe”. Un estilo que replicaría en algunos aspectos una vez instalado en el gobierno. Quienes conocen de política colombiana vieron la influencia del mandatario de ese país en la arenga que Piñera hizo ante las Fuerzas Especiales de Carabineros en vísperas del Día del Joven Combatiente. También en su visita del 5 de febrero a la Escuela de la Policía de Investigaciones, cuando apareció vestido con la casaca institucional de la PDI para anunciar un aumento de dotación y dar cuenta de un operativo que se extendió por 20 horas y que derivó en la detención de más de 1.300 personas.

Es probable que la red de cooperantes, tal como fue anunciada, haya sido archivada. Al menos así lo asegura una fuente de la División de Seguridad Pública. Pero la influencia colombiana parece palpitar en otras iniciativas.

INDICES DE VERGÜENZA

La segunda señal provino de la División de Seguridad Pública (DSP), y el encargado de enunciarla fue su titular. No llevaba un mes en el cargo cuando Jorge Nazer Rodríguez planteó en una entrevista con La Segunda que “hay experiencias, por ejemplo en Bogotá, que son buenísimas y que juegan con las sensaciones de vergüenza de los delincuentes”. La propuesta sonó atractiva para la galería pero fue motivo de controversias entre los expertos en seguridad.

Nazer se refería a la experiencia implementada por el candidato a la presidencia de Colombia Antanas Mockus. Durante sus dos periodos al frente de la alcaldía de Bogotá, Mockus ideó campañas de tránsito y urbanidad basadas en la sanción social. El problema fue que esas estrategias -que resultaron efectivas y que han sido adoptadas por Monterrey y Ciudad de México- están orientadas a la educación cívica y no a la lucha contra la delincuencia.

Muy por el contrario, varias de las políticas implementadas por Mockus se contraponen a las que pretende aplicar el gobierno chileno. Mientras acá por ejemplo se plantea introducir mecanismos que faciliten las denuncias anónimas, mediantes lo que se ha denominado “canales abiertos de denuncia”, allá una campaña se propuso terminar con la delación indiscriminada. “No sea sapo”, era su eslogan.

En la División de Seguridad Pública precisan que las campañas que han trabajado con los índices de vergüenza no son privativas de Bogotá, sino que también se han aplicado en países como Australia y Japón. “Hay muchas experiencias relacionadas con el uso de los índices de vergüenza como mecanismo para disuadir la acción delictiva. Lo importante es identificar las franjas de impunidad que abren margen para conductas delictivas y atacarlas mediante acciones y mensajes dirigidos tanto hacia el delincuente como a la ciudadanía”, dicen.

Si hay algo que identifica a Jorge Nazer son los mensajes. Durante su gestión al frente de la empresa de seguridad ALTO, especializada en la prevención del robo hormiga en supermercados, implementó un sistema en que hostigaba a los ladrones con mensajes enviados a sus casas en los que les advertía que estaban identificados y que, en caso de persistir, les caería todo el peso de la ley. Un método que resultó efectivo en supermercados y que algunos expertos en seguridad han ligado al discurso impuesto desde la División de Seguridad Pública, en el sentido de que las nuevas estrategias preventivas buscan “acorrarlar” a los delincuentes.

“Tenemos que hacerles sentir que están acorralados, que nosotros les vamos a cerrar los espacios de actuación a los delincuentes”, anunció Nazer en entrevista con La Segunda.

El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Fruhling, advierte que las políticas que buscan la presion social en condenados podrían ser contradictorias con planes de reinserción que hoy están siendo apoyados por el Ministerio del Interior. “Es muy complicado que ese mensaje sea enviado a gente que ya cumplió su pena, aunque sean reincidentes. Algo que quizás sea legal para los privados, para el Estado no lo es”.

Fruhling dice que lo importante de cualquier estrategia que se piense aplicar es que haya sido evaluada “con estudios serios”, lo que a su entender no se corresponde con la idea de aplicar en Chile índides de vergüenza a fenómenos criminales. “Si vamos a innovar, lo lógico es comenzar con programas que han sido debidamente probados y se adapten a nuestra realidad”.

PROPUESTA FINAL

El primer viaje que Jorge Nazer hizo al extranjero como jefe de la División de Seguridad Pública tuvo como destino Bogotá. Invitado por la Policía Nacional de ese país, viajó a principios de abril junto a la subsecretaria de Carabineros, Carol Bown. Fue un viaje corto aunque intenso, en que ambos tuvieron la oportunidad de conocer las experiencias en esa capital del plan cuadrante, que presenta algunas variaciones respecto a nuestro país, y el modelo de central telefónica única que concentra y agiliza los llamados de emergencia a policías, ambulancias y bomberos. De ambos modelos tomaron nota las autoridades chilenas para ser consideradas entre las propuestas.

“Fuimos a ver específicamente el uso que hacen de la tecnología para implementarla en temas de seguridad. Nos llevamos una muy buena impresión porque tienen un plan muy bien hecho con elementos que hoy existen en Carabineros y en el gobierno, pero que se pueden potenciar de mejor forma”, dice Carol Bown, cuya subsecretaría presentó un proyecto para reunir las comunicaciones de la institución en un solo edificio. La idea es concentrar las señales de radio y telefonía, además de la totalidad de las cámaras de seguridad del país, en un recinto único, lo que a juicio de la autoridad ayudaría a “optimizar la información y agilizar la capacidad de respuesta”.

Este edificio inteligente, como el proyecto de una central telefónica única para llamados de emergencia, son parte de las novedades que están siendo evaluadas por la División de Seguridad Pública para la propuesta final, que debería ser presentada este mes.

A éstas se suman un proyecto para unificar las bases de datos sobre criminalidad que en este momento tienen Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. La iniciativa no sólo mejoraría el flujo de información entre los distintos organismos, sino que nuevamente apunta a fortalecer las atribuciones de la División de Seguridad Pública, que tendría acceso a la nueva base consolidada.

Eso quiere decir que el gobierno dispondrá de la información del registro de condenas, imputados, detenciones pendientes, denuncias policiales, además de entradas y salidas del país, entre otros datos altamente sensibles que hasta ahora sólo estaban en manos de la justicia y de los organismos policiales y de inteligencia.

Este nuevo diseño requiere de la tecnología de punta con que el gobierno ya ha comenzado a dotar a la DSP. Para ello se ha invertido en sofisticados softwares de análisis de datos y se planea crear una Unidad de Análisis capaz de procesar insumos que permitan focalizar las políticas antidelincuencia.

El equipo de Nazer también se ha ocupado de evaluar las estrategias y los planes que venían aplicándose desde la administración anterior. La mayoría de los programas tienen continuidad durante el presente año y en algunos casos, a decir de expertos en seguridad vinculados a la antigua administración, fueron presentados con otro nombre y como novedad en la Cuenta Anual del 21 de mayo.

El antecesor de Nazer en la División de Seguridad Pública, Jorge Araya, pone como ejemplos los ya existentes programas 24 Horas y Barrio Seguro, que fueron anunciados por Piñera con el nombre de Vida Nueva y Barrio en Paz. El primero persigue el seguimiento y tutelaje de niños y adolescentes en riesgo social; el segundo apunta a la intervención de sectores críticos mediante estrategias policiales focalizadas.

“Hasta ahora sólo ha habido anuncios de cosas generales y bien intencionadas que suenan bonitas pero que no tienen una bajada, un desarrollo de cómo se implementarán. Mientras no se expliciten esas propuestas nuevas es difícil saber lo que quieren hacer”, dice Araya.

TENDENCIA A LA BAJA

Lo que se quiera hacer depende en buena parte de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que se entrega este viernes. Debido a la magnitud de su muestra, cercana a las 25 mil personas, y a que mide la victimización y no las denuncias, se trata de la medición más relevante a la hora de evaluar resultados y enfocar políticas.

Aunque fue entregada en marzo por el Instituto Nacional de Estadísticas, recién se dará a conocer este viernes 4 de junio. Quienes tuvieron acceso a ella antes del cambio de gobierno sostienen que los últimos resultados correspondientes a 2009 confirmarán la tendencia a la baja de los últimos años, lo que presentaría un desafío adicional para las nuevas autoridades: el gobierno de Bachelet asumió con la meta de reducir en un 10% las cifras de victimización y hasta el año pasado estaba cerca de llegar a esa cifra.

A lo anterior se suma el reciente estudio dado a conocer por el Ministerio del Interior, según el cual las denuncias por asaltos descendieron en un 11,3% durante el primer trimestre del año en relación al mismo periodo anterior. También disminuyeron las denuncias por violación (7,3%) y por lesiones (3,4%). Como contrapartida, las denuncias por robo con fuerza aumentaron en un 6%. Considerando que el estudio abordó sólo un par de semanas de lo obrado por el nuevo gobierno en la materia, los resultados de esta última medición son en buena parte responsabilidad de su antecesor. Al igual que lo será la nueva encuesta sobre victimización.

Es por esto que el piso del actual gobierno estará dado por el techo que dejó el anterior. El punto de partida para lo que fuentes de gobierno definen como los lineamientos en materia de seguridad ciudadana de los próximos diez años. “La Estrategia de Seguridad Pública vence este año y nosotros tenemos que generar la de 2020 en el marco de una nueva institucionalidad”, dicen en el gobierno, concientes de que esta estrategia puede darles la llave de la continuidad.

De ahí que se trata de una tarea prioritario para el gobierno. La tercera en importancia. Por ello, antes de entrar en funciones, Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior, anunció que lideraría personalmente el combate a la delincuencia. Una apuesta que determinará el futuro político del delfin del Presidente y candidato a sucederlo.

Miedo en seguridad

En el equipo de Jorge Nazer no sólo han estado ocupados de evaluar las políticas existentes y proponer nuevas. De acuerdo con funcionarios de la División de Seguridad Pública (DSP), desde el 11 el de marzo han sido desvinculados cerca de 70 trabajadores a honorarios de diferentes especialidades y en cargos que no son de exclusiva confianza. La versión oficial habla de 8 despidos y 69 renuncias.

Esta repartición tenía cerca de 383 personas a honorarios, pero la mayoría de ellas se desempeña en terreno, en planes como el de asistencia a víctimas de delitos violentos. Los funcionarios que trabajaban hasta el 11 de marzo en la oficina de Agustinas, frente a La Moneda, sumaban cerca de 170; hoy quedarían unos cien.

De acuerdo a la información oficial entregada por la DSP, la dotación actual es de 341 empleados, a los que se sumarán otros 65 vía concurso público, superando la cantidad original. Sin embargo, uno de los comentarios que circula en esa repartición es que con el cambio de gobierno los más asustados no son los delincuentes sino los funcionarios de la DSP.

Es por eso que circulan conjeturas respecto a las desvinculaciones por “despidos”, según los funcionarios, o “renuncias”, de acuerdo la autoridad. La primera tiene que ver con la necesidad de financiar los sueldos de las nuevas jefaturas, notoriamente más altas que las antiguas. La segunda razón se vincularía a la necesidad de llenar la planta funcionaria de la primera subsecretaría de Seguridad. Las autoridades querrían poner a gente de su confianza en puestos que resultarán prácticamente inamovibles.

En la jefatura de la DSP aseguran que llegaron a una repartición paralizada por los últimos escándalos. La penúltima directora, Gloria Requena, salió del organismo denunciando irregularidades y a su vez enfrentando querellas por malos tratos contra sus propios colaboradores y problemas de gestión.

Vea además: Bachelet superó meta de antidelincuencia de su gobierno: Victimización cayó 12,3%