Los protagonistas del narcoescándalo de San Ramón van a las elecciones municipales

Contra los castillos de naipes: por qué debemos conocer nuestra realidad para poder enfrentar esta pandemia

El guardaespaldas del alcalde de San Ramón cumplía órdenes de un narcotraficante

* Foto de portada tomada del reportaje de Informe Especial “Los tentáculos narcos en San Ramón

Un poderoso nexo une a dos hombres que hoy están en prisión preventiva en Santiago 1: su relación laboral con la Municipalidad de San Ramón y con el alcalde de dicha comuna, Miguel Ángel Aguilera. Jorge Pinto Carvajal y Roberto Martínez Cariz eran empleados de ese municipio al momento de ser detenidos. Pinto fue apresado en septiembre de 2017, cuando comandaba un operativo para transportar pasta base a Concepción. Roberto Martínez cayó detenido a fines de noviembre mientras transportaba municiones a bordo de un auto con patente falsa, obedeciendo órdenes que Pinto le dio desde la cárcel.

Martínez era el guardaespaldas del alcalde Aguilera después de haber sido el administrador electoral de su exitosa campaña en 2016. Pinto fue contratado como funcionario del área de mantenimiento de jardines apenas cumplió una condena de 5 años por narcotráfico (2012-2017).

Aunque en la página web de la Municipalidad de San Ramón Martínez aparece como el encargado de Seguridad de la comuna, en la práctica, durante su jornada laboral obedecía las órdenes de Jorge Pinto, el ya famoso narco de la Población La Bandera.

Jorge Pinto es el jefe en las sombras de Roberto Martínez. Así lo aseguran quienes han tenido acceso a los audios de las conversaciones entre ambos. Desde que en septiembre Pinto volvió a prisión (entre 2012 y 2017 cumplió condena por un cargamento de 150 kilos de marihuana), logró hacerse de un celular y desde la cárcel continuar monitoreando su negocio de drogas. El centro de operaciones de ese tráfico es la Población La Bandera, cuyo territorio pasó de ser un bastión emblemático contra la dictadura en los ’80 a ser el escenario donde se desarrolla esta historia.

Las conversaciones de Jorge Pinto desde la cárcel estaban intervenidas por la policía. Cada una de las órdenes que dio a los miembros de su banda en el exterior fue interceptada por los detectives a cargo de monitorearlas. También la que le dio Pinto a Roberto Martínez el 22 de noviembre de 2017, cuando éste, en horario laboral, estaba en la casa de los Pinto junto a Elizabeth Vergara, la esposa del narcotraficante. En esa conversación, le ordenó conseguir municiones.

Jorge Pinto Carvajal
Jorge Pinto Carvajal

Las balas eran para su familia. Al clan de los Pinto le preocupaba su seguridad. En 2016 perdió a uno de sus integrantes: el pololo de 19 años de una de las sobrinas de Jorge Pinto fue baleado afuera de la discoteca Glam de San Miguel. En La Bandera responsabilizan a la banda de Los Risa de esa muerte, otro clan narco que opera en el sector sur de la población.

Martínez se consiguió las balas con un hombre de la comuna de Nos cuyo negocio de armas es legal, a quien conoció en un club de tiro que frecuentan los hombres de Pinto. Roberto Martínez fue a la zona sur de Santiago a buscar las municiones. Lo hizo a bordo de un auto cuya patenta era falsa. Martínez no sabía que en su trayecto a Nos era seguido por la policía. Una vez con las balas en su poder, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. El 24 de noviembre de 2017 Roberto Martínez fue formalizado por tráfico de municiones y receptación de vehículo robado.

En la investigación judicial que lo tiene como protagonista se acumulan otras evidencias. Según consta en sus conversaciones interceptadas con Jorge Pinto, Roberto Martínez también habría sido uno de sus hombres operativos en el transporte de droga, en horarios en que supuestamente cumplía su función de encargado de Seguridad del municipio de San Ramón.

La importancia de Roberto Martínez en el círculo duro de Miguel Ángel Aguilera quedó clara cuando, un año antes de su detención, se convirtió en el encargado de las platas de la campaña a la reelección del alcalde. Según documentos del Servel, Martínez asumió como su administrador electoral, un cargo de extrema confianza desde el cual visó los ingresos y los gastos de la rendición de cuentas, los que llegaron a $37,7 millones.

Entre los principales aportantes públicos a la campaña del entonces candidato Aguilera figuran el senador electo José Miguel Insulza ($400 mil); Eduardo Bermúdez, secretario nacional de organización del PS y responsable de su proceso de refichaje ($2 millones), y el Partido Socialista, el que le aportó $16 millones. El propio Aguilera ingresó $8 millones a la cuenta de su campaña como “aporte propio”.

DE MECÁNICO DE AVIONES A OPERATIVO DE PINTO

Roberto Martínez trabajó por más de 10 años como mecánico de LAN en el aeropuerto de Santiago. Hasta que en 2015 le dijo a sus conocidos que se iba a trabajar a Minera La Escondida. Sin embargo, tres meses después apareció como encargado de Seguridad de la Municipalidad de San Ramón. A los funcionarios del municipio les llamó la atención su cambio de trabajo, por el estatus y el nivel de sueldo (según Transparencia municipal, Martínez ganaba en San Ramón poco más de $500 mil).

Quienes lo conocen describen a Martínez como alguien tranquilo que junto a su esposa participaba en la parroquia Jesús Señor de la Vida, y en la capilla Nuestra Señora de Las Américas, de La Bandera. Su entorno laboral se sorprendió cuando apareció en los diarios detenido por tráfico de balas. Junto a su mujer viven en La Bandera hace varios años, ya que ahí está la casa de su suegra y ella les ayudaba con el cuidado de sus dos hijos.

Los funcionarios municipales lo describen como una persona que escapa al perfil conflictivo que caracteriza a los asesores políticos del alcalde. Antes de ser el guardaespaldas de Aguilera, Martínez –quien estudió Administración Pública en la Universidad Bolivariana- ya estaba involucrado en la política local. En 2012 formó parte del equipo de Genaro Balladares, el candidato DC que compitió con Aguilera en las primarias de la Concertación de ese año para ser el candidato a alcalde del bloque.

Roberto Martínez junto al alcalde Miguel Ángel Aguilera en una actividad deportiva
Roberto Martínez junto al alcalde Miguel Ángel Aguilera en una actividad deportiva

Quienes participaron de esa disputa dicen que Martínez estuvo entre los agredidos por  Jorge Pinto la noche del recuento de votos de esa primaria. Tal como contó CIPER en otro reportaje, el narco de La Bandera participó de los grupos de choque de Aguilera en esa elección. Cinco años después Martínez terminaría trabajando bajo las órdenes de Pinto y de Aguilera simultáneamente. Hay otro episodio de violencia que protagonizó Martínez en San Ramón.

En 2016, ya transformado en el guardaespaldas del alcalde, fue acusado por el profesor de filosofía Camilo Pasten de amenazas de muerte. Según la querella  presentada en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, el 19 de julio de 2016, organizaciones sociales de La Bandera realizaron una manifestación pacífica en la que entregaron un petitorio al municipio exigiendo soluciones para los micro basurales que existían en la comuna.

Pasten denunció que cuando la manifestación había finalizado, fue seguido por Pedro Jaque (otro de los asesores de Aguilera), quien junto a otros cinco hombres lo golpearon, amenazaron e intentaron subirlo a una camioneta blanca, de la que logró escapar. Un día después, Pasten dice que junto a otros dirigentes sociales fue a la municipalidad a una reunión con el alcalde, y que en el hall del municipio Roberto Martínez apareció en escena:

“Se acerca un funcionario municipal de nombre Roberto Martínez, quien se identifica como el jefe de seguridad ciudadana, con otros dos individuos, uno de ellos de nombre Héctor Vergara, quienes comenzaron a insultar a los presentes y forcejear, el señor Martínez amenazando a viva voz: ‘Les vamos a sacar la chucha, los vamos a pillar y les vamos a pegar’, agregando hacia mi persona ‘no te bastó con lo que te pasó ayer conchetumadre, te voy a matar’”, se lee en la querella.

LA NUEVA CASA DEL ALCALDE

En 2016, cuando Roberto Martínez ya era el guardaespaldas y administrador electoral de Miguel Ángel Aguilera, el alcalde de San Ramón concretó su primera gran inversión inmobiliaria: la compra de una casa en los faldeos de los cerros de La Reina, en un condominio en Álvaro Casanova, una calle paralela a Julia Bernstein, donde han vivido la presidenta Michelle Bachelet y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Álvaro Casanova es una calle que colinda con los cerros. El último límite de urbanidad en esa zona de Santiago. El condominio donde se ubica la casa que compró el alcalde termina a los pies del Parque Natural San Carlos de Apoquindo, muy cerca de la Quebrada de San Ramón.

En Álvaro Casanova no hay veredas. Los trabajadores que se emplean en las casas del sector deben caminar por la calzada sorteando los automóviles que transitan por el lugar. Tampoco llega allí ninguna micro del Transantiago. Son construcciones recientes, en su mayoría condominios provistos de férreos sistemas de seguridad. Casas con jardines y espacio para estacionar tres o cuatro autos.

La casa que Aguilera compró el 31 de marzo de 2016 -en sociedad con su esposa Giovanna Barrera Pino- a la Inmobiliaria Mahuida, le costó 13.155 UF ($352 millones al valor actual). De ese total, y según consta en la escritura de la Notaría de René Benavente Cash, $100 millones (4.604 UF) fueron pagados por Aguilera en efectivo. El resto (8.551 UF) se canceló con cargo a un mutuo del Banco Santander.

Condominio donde se ubica la casa que se compró en 2016 el alcalde Aguilera
Condominio donde se ubica la casa que se compró en 2016 el alcalde Aguilera

En la declaración patrimonial de Aguilera (actualizada a marzo de 2017) se da cuenta del crédito hipotecario del Banco Santander que le permitió pagar parte de su casa en La Reina, pero no hay rastro de otro tipo de créditos que le hayan permitido acceder a los $100 millones que pagó en efectivo. Consultado por CIPER, el alcalde de San Ramón hizo saber por intermedio de sus asesores que no se referiría a esta compra ni a ningún  otro tema de este reportaje.

Además del dinero en efectivo que pagó por la compra de esa casa, el alcalde y su señora invirtieron recursos adicionales para ampliar la construcción inicial que les entregó la inmobiliaria: una casa de 140 m2 construidos, dos pisos, tres dormitorios, tres baños, una sala de estar, además del living comedor y un lavadero.

Con las ampliaciones realizadas, la casa creció a 240 m2: separaron el living del comedor ampliándolos en 16 m2, se construyeron dos dormitorios más, ampliaron el dormitorio principal y sumaron otro baño en el segundo piso.

En la Municipalidad de San Ramón comentan que actualmente el alcalde Aguilera no ocupa esa residencia y se mantiene viviendo en su casa en La Florida ($32 millones de avalúo fiscal).

Hay dos versiones respecto de por qué el alcalde y su familia no viven en su nueva residencia en La Reina: una dice que se trata de una inversión a largo plazo y que pretende arrendarla para pagar la hipoteca; la otra, asegura que cuando estalló el escándalo por las redes narco del municipio, Aguilera abandonó esa vivienda y volvió a La Florida para evitar un cuestionamiento mayor.

EL “AGUILERISMO” SE AFERRA AL PS

El pasado sábado 6 de enero el alcalde Miguel Ángel Aguilera rompió su silencio y en entrevista a La Tercera expresó sus intenciones de retomar su militancia en el Partido Socialista. “Van a terminar pidiéndome disculpas”, declaró, al tiempo que denunció una operación política para dañarlo. La entrevista fue una más de las señales que envió al PS, partido al que hoy Aguilera y su grupo se aferran por sobrevivencia y seguridad.

La señal fue clara. La entrevista salió publicada un día después de una importante cita de “Renovación Socialista”, grupo al que pertenecía Aguilera y en el que compartía militancia con el ahora senador electo José Miguel Insulza y el diputado Marcelo Schilling. Y el mismo día que el Comité Central del PS realizara la primera reunión de análisis de la estrepitosa derrota sufrida en las elecciones de diciembre y para delinear los pasos a seguir.

Giovanna Barrera junto a su marido alcalde, en afiche de campaña para el Comité Central del PS
Giovanna Barrera junto a su marido alcalde, en afiche de campaña para el Comité Central del PS

En rigor, Miguel Ángel Aguilera ya no pertenece al PS. El 20 de octubre pasado el alcalde de San Ramón renunció a su partido. Fue otra ostentación del poder interno que ha sabido construir ya que fue informado oportunamente de que el Tribunal Supremo del PS había decidido expulsarlo. Tres días antes de que se hiciera pública esa decisión, Aguilera renunció evitando así la humillación.

Cuando el Tribunal Supremo del PS anunció su expulsión, ella iba acompañada del mismo castigo para tres de sus  colaboradores más cercanos: Pedro Jaque, Katherine Jaque y José Luis Barrera Pino, cuñado de Aguilera. Para muchos fue una sorpresa que la drástica medida, adoptada después de que se develaran los vínculos laborales y políticos de narcotraficantes con la Municipalidad de San Ramón, no se extendiera a otros connotados miembros de la fracción “aguilerista” y que integran el Comité Central.

De hecho, a la reunión del sector “Renovación Socialista”, asistió la esposa de Aguilera, Giovanna Barrera (quien integra el Comité Central del PS) y unos ocho funcionarios del municipio de San Ramón del círculo duro de Aguilera. Entre ellos, destacó Rodrigo Salinas, coordinador de programas sociales del municipio.

Participantes de esa reunión relataron a CIPER que el grupo de los “aguileristas” se mantuvo en silencio y solo se manifestó al momento de sumarse al llamado a “mantener la unidad” del sector. La asistencia del grupo, dijeron, tuvo por objetivo bloquear cualquier posibilidad de una “caza de brujas” en contra de los aliados del alcalde.

Mantener su poder al interior del PS se ha convertido para el edil de San Ramón en un asunto de supervivencia. Y para ello cuenta con un numeroso círculo que continúa militando en el partido. Además de su esposa y de Salinas, sus dos hermanas (Mónica, recién electa consejera regional y María) continúan en el partido, lo mismo los concejales socialistas de la comuna: Roxana Riquelme, Ricardo Torres, María Jopia y José Miguel Zapata.

Zapata es el más relevante, pues además es jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano. En paralelo, una consultora de Zapata, AEIS Coordenadas, se ha adjudicado proyectos en la misma comuna de San Ramón (ver reportaje de CIPER). Otra de las empresas de Zapata, la OTEC Cimatex y que estaba sin movimiento desde 2012, fue revivida en el segundo semestre de 2015 para darle empleo a la esposa de Aguilera, quien emitió boletas por $2 millones mensuales hasta el primer semestre de 2016.

También sigue militando y con influencia en el PS, Eduardo Bermúdez, colaborador cercano de Aguilera y que hoy trabaja en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Otro de los miembros influyentes del círculo de Aguilera es Marcela Rosales, quien junto a su hija integran el Comité Central y el sector “Renovación Socialista”. Rosales ha hecho negocios con la Municipalidad de San Ramón: es una las dueñas de la Automotora Vespucio San Ramón, la que opera frente al municipio, en un terreno municipal de 15 mil m2 por el que paga poco más de $9 millones mensuales. Es un negocio redondo, ya que cuenta con más de 700 espacios-vitrinas para la venta y compra de vehículos usados, los que arrienda por $65 mil al mes. Solo por ese ítem recibiría cada mes $45 millones. A esa cifra habría que sumar lo que ingresa por los arriendos de otros espacios dentro de la automotora, como las cocinerías y las oficinas técnicas que ayudan en el traspaso de los autos que allí se transan.

Cuando en septiembre pasado el narcotraficante Jorge Pinto cayó nuevamente en prisión, desató un escándalo político que desató una crisis en el Partido Socialista, uno de cuyos vicepresidentes era el alcalde Miguel Ángel Aguilera, cuyo poder era decisivo a la hora de sumar votos para candidaturas internas y parlamentarias, municipales y presidenciales.

A casi tres meses de la expulsión de Aguilera del PS, tanto las reuniones de “Renovación Socialista” como la del Comité Central del PS, mostraron que el poder del alcalde de San Ramón sigue siendo relevante. No hubo ninguna condena explícita a su gestión ni a los nexos con el narcotráfico. La estrecha relación entre Jorge Pinto y Roberto Martínez vuelve a encender la alerta roja.

 

La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política

Hoy poco queda del joven y combativo socialista de la Población La Bandera que forjó su liderazgo en los años 80 en la lucha contra la dictadura. Miguel Ángel Aguilera supo tempranamente que esos pergaminos no serían suficientes para abrirse paso en la transición. En 1992 y con solo 29 años fue derrotado en la primera elección municipal que enfrentó en San Ramón. La comuna donde creció solo le entregó un 4,8% de los votos.

En los 25 años siguientes Aguilera hizo lo necesario para convertirse en una pieza clave del poder político oficialista. Soterradamente construyó una red que lo llevó primero a la alcaldía de San Ramón en 2012 (con el 50,3% de los votos) y que en apenas cinco años lo encumbró hasta la vicepresidencia de su partido. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. Con ese capital logró manejar una importante cuota del Comité Central socialista y su bendición era el salvoconducto para quien aspiraba a un cargo de representación popular en la zona sur de Santiago.

Jorge Pinto Carvajal (fuente: Youtube.com)
Jorge Pinto Carvajal (captura Informe Especial)

La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio. Las revelaciones incendiaron la pradera en el oficialismo, sumergieron en una crisis al PS, golpearon la candidatura presidencial de Alejandro Guillier y amenazan con explosionar la red de poder que Aguilera construyó en la última década.

CIPER investigó la extensa red de influencias políticas y de negocios sobre la cual Aguilera edificó su poder. Al escrutar los contratos municipales y empresas privadas de su círculo de hierro, emergieron licitaciones por más de $750 millones y una concesión de estacionamientos adjudicadas a sociedades en las que participa Daniel Parra Soto, sobrino del aliado histórico de Aguilera y ex concejal de San Ramón, Julio Soto Martínez.

Soto y Aguilera impulsaron el proyecto que le cedió un terreno municipal de 15 mil metros2 -frente a la Autopista Vespucio Sur- a una automotora controlada por Marcela Rosales, integrante del Comité Central del PS (ver reportaje anterior de CIPER). En el Parque Automotriz Vespucio San Ramón, uno de los mayores puntos de venta de autos usados en Santiago, más de 80 vendedores subarriendan a la empresa de Rosales espacio para ofrecer sus vehículos. Uno de los más importantes es Erni Soto, hijo del ex concejal Julio Soto, quien en este momento tiene 39 vehículos a la venta.

Fue Erni Soto quien en 2012 habría incorporado a Jorge “Chino” Pinto a los grupos de choque que trabajaron para el alcalde Aguilera en las primarias de ese año. Ese capítulo, que se cuenta en detalle más abajo, grafica la violencia con que actúan los adherentes de Aguilera para imponer su dominio en la política local.

Una de las sociedades que ocupó para su constitución el domicilio del Parque Automotriz Vespucio San Ramón, es propiedad de Juan Carlos Bastías Olea, quien tiene dos condenas por narcotráfico.

Francisco Olguín Guzmán (captura Informe Especial)
Francisco Olguín Guzmán (captura Informe Especial)

El negocio de los autos también ocupó durante algún tiempo a Francisco Andrés Olguín, quien fuera hasta hace dos semanas el jefe de gabinete del alcalde Aguilera. Olguín, quien ha dicho que compraba y vendía autos usados, fue sorprendido en tres ocasiones en 2013 (entre febrero y julio de ese año) a bordo de vehículos robados. En dos de ellas fue condenado y en la tercera obtuvo una suspensión condicional de la pena. Olguín acumula varias detenciones y formalizaciones por otros delitos como daños simples y lesiones (ver aquí su historial de detenciones).

Otro de los miembros del círculo de hierro de Aguilera es José Miguel Zapata (PS), actual concejal de San Ramón y funcionario del Gobierno Regional Metropolitano. La investigación de CIPER descubrió que Zapata creó en 2007 la sociedad AIES, la que se adjudicó al menos seis licitaciones en San Ramón entre 2014 y 2015, las que suman un total de $283,5 millones. Si bien Zapata hoy no aparece oficialmente en la sociedad, CIPER corroboró que sigue siendo su controlador.

El acarreo de votantes, el amedrentamiento de los rivales y el generoso empleo de recursos públicos en favor de sus adherentes, son tres factores clave que han abonado la carrera de Aguilera. Sus agresivos partidarios son imbatibles a la hora de movilizar electores para inclinar votaciones internas del PS o primarias (de concejales y alcaldes de comunas aledañas, parlamentarios y consejeros regionales) donde compiten candidatos que pueden ampliar su influencia.

La misma fuerza territorial se desplegó con eficacia cuando San Ramón se convirtió en un balón de oxígeno para la recolección de firmas de Alejandro Guillier: los escuderos de Aguilera consiguieron 1.500 fichas en una sola jornada.

EL “CHINO” EN CAMPAÑA

La aceitada maquinaria para movilizar votantes fue el trampolín que impulsó a Aguilera a las ligas mayores. Fue en este campo de agresivas disputas electorales donde se tejieron sus vínculos con el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal. El “Chino” Pinto, a pesar de su prontuario, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de San Ramón desde marzo de este año, apenas a un mes de haber salido de la cárcel.

Botillería de Goycolea con Pedro Lagos (Fuente: Google street view)
Botillería de Goycolea con Pedro Lagos (Fuente: Google street view)

La familia de Pinto Carvajal tiene una antigua historia en la Población La Bandera, la misma donde creció el alcalde Aguilera. En esa población, los Pinto tienen dos botillerías, un minimarket y un bar. Una de las botillerías, la que está ubicada en Goycolea con Pedro Lagos, figura a nombre de Miguel Ángel Sánchez Yáñez. El joven de 21 años es yerno del “Chino” Pinto y fue detenido en septiembre cuando conducía una camioneta en la que se transportaba a Concepción 20 kilos de pasta base de cocaína. Por el mismo delito fue detenido Jorge Pinto.

CIPER comprobó que la relación entre el alcalde y el “Chino” se remonta, al menos, hasta 2012. El 1 de abril de ese año, para las primarias municipales de la Concertación, Aguilera obtuvo el pase para convertirse en jefe comunal, abriendo la senda que lo encumbró en la directiva del PS. En esa campaña de 2012, el “Chino” formó parte de un grupo que amedrentó a los partidarios de Genaro Balladares (DC), el escollo que Aguilera debía sortear para competir por la alcaldía.

La primaria terminó en escándalo. A la hora del recuento, el “Chino” Pinto encabezó un piquete que le propinó una golpiza y amenazó con armas de fuego a seis integrantes del comando de Balladares.

Julio Soto Martínez, ex concejal del PRI
Julio Soto Martínez, ex concejal del PRI

El “Chino” fue identificado como el líder de ese grupo de choque en varios documentos internos de la DC, lo que prueba que sus vínculos con Aguilera no se remiten solo al contrato a honorarios de este año. CIPER tuvo acceso a un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2012 por un dirigente local DC al entonces secretario nacional de ese partido, Víctor Maldonado, actual subsecretario general de la Presidencia. En ese mensaje se denunció que Erni Soto, hijo del ex militante DC y luego concejal de San Ramón por el PRI, Julio Soto, fue quien llamó a Pinto para que irrumpiera en el local de votación donde se produjo la golpiza.

Los agredidos fueron cuatro de seis personas, pues una huyó en su auto y la otra se encerró en el vehículo en el que había llegado. Los agresores fueron cuatro, armados. Comandados por Jorge Pinto Carvajal (alias Chino Pinto), llamados por el hijo de Julio Soto, ex DC y hoy PRI. Pinto cuenta con un prontuario de seis condenas cumplidas y se le busca por armas, drogas y lavado de dinero”, dice el mensaje que se envió a Maldonado.

En el correo se adjuntaron las fotografías de dos de los agredidos, uno de ellos con un hematoma en un brazo producto de un “cachazo” de pistola. La segunda víctima, con un golpe en la boca, era Francisco Andrés Olguín, quien posteriormente se pasó al bando de Aguilera e integró el círculo de hierro que el alcalde instaló en la municipalidad. El lunes 16 de octubre, Olguín renunció a su cargo de jefe de gabinete del edil, tras ser cuestionado en el reportaje de Informe Especial porque no se le apartó de ese puesto cuando en 2015 cumplió condena por receptación y manejo en estado de ebriedad.

Dirigentes DC de la comuna recuerdan que en esa campaña de primarias la entonces senadora Soledad Alvear fue sacada a empujones de un local por un grupo encabezado por Pedro Jaque Cavada, hoy asesor clave de Aguilera, cuestionado por dobles contratos en la municipalidad y expulsado del PS.

El recuento de votos estuvo plagado de escaramuzas. En ese clima, el resultado tuvo tintes dramáticos: triunfó Aguilera por apenas 17 votos. La DC exigió un nuevo conteo: según sus cálculos, la victoria era de Balladares por 11 votos.

Plaza inaugurada por el alcalde Aguilera durante su mandato
Plaza inaugurada por el alcalde Aguilera durante su mandato (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

Uno de los líderes DC de San Ramón indicó a CIPER que todo lo ocurrido en esa jornada, incluyendo la agresión del “Chino” Pinto, fue informado en detalle al entonces presidente del partido, Ignacio Walker, y quedó plasmado en escritos que se redactaron –con asesoría del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano– para presentarlos al Tribunal Electoral de la Concertación.

–Mandamos hasta el prontuario policial y la foto del “Chino”. Pero, cuando se vio el caso, los miembros titulares del tribunal no se presentaron. Sesionaron los suplentes y perdimos 4 a 1. No quisieron enfrentarse con Aguilera –dijo a CIPER un dirigente DC.

Cinco años después, el escándalo igual golpeó la línea de flotación de Aguilera por sus vínculos con Jorge Pinto. Tras una temporada en la cárcel, el “Chino” obtuvo la libertad condicional en febrero pasado y al mes siguiente la municipalidad lo contrató a honorarios en un proyecto de mantención de áreas verdes (vea el decreto municipal). Inicialmente, el contrato era por tres meses, hasta junio pasado, pero en julio fue revalidado hasta diciembre (vea ese nuevo decreto). El “Chino” no pudo completar el trabajo: desde el 5 de septiembre está en prisión preventiva por el envío de los 20 kilos de pasta base a Concepción.

En los dos decretos de contratación el honorario estipulado para Pinto –$555 mil mensuales­– excede largamente lo que se paga al resto de sus “colegas” en ese proyecto. La mayoría percibe $133 mil, $177 mil, $222 mil y, en el mejor de los casos, $333 mil mensuales.

El round de las primarias de 2012 no es el único episodio que muestra cómo operan las redes de Aguilera en San Ramón. La Corte de Apelaciones de San Miguel guarda un antecedente que también lo grafica.

José Miguel Zapata, concejal y funcionario del GORE
José Miguel Zapata, concejal y funcionario del GORE (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

El 18 de marzo de 2013 el abogado de la CUT, Rubén Jerez, ingresó un recurso de amparo preventivo para el “cese de las amenazas de detención”, acusando al alcalde Aguilera y al entonces concejal Julio Soto Martínez. El documento, al que tuvo acceso CIPER, indica que entre el 1 y el 8 de ese mes los dirigentes sindicales Ana Barrera, Berta Ponce, Nolberto Díaz, Marco Canales, Leonardo Gutiérrez, Antonio Gálvez y Esteban Maturana, concurrieron al Centro de Salud Familiar (Cesfam) La Bandera a recibir los reclamos de trabajadores por despidos injustificados y abusos laborales. Allí fueron amedrentados por un grupo de 15 personas que, según la denuncia, estaban “bajo la dependencia” de Aguilera y Soto (vea el recurso).

El tribunal finalmente desestimó el recurso, basándose en dos documentos exculpatorios: uno del propio Aguilera y otro de una dirigente sindical de la misma municipalidad. En el primero, el alcalde sostuvo que no concurrió en esas fechas al Cesfam y que no mandató a nadie a intimidar a los denunciantes (vea ese escrito).

El segundo documento es de Ana Barrera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de la Municipalidad de San Ramón. En ese texto, la dirigenta explicó que no fue amenazada por el alcalde, ya que él no estaba cuando sucedieron los hechos. Pero confirmó que sí recibieron “insultos y amenazas por parte de algunos funcionarios municipales, los cuales constan en la denuncia efectuada en la 31 Comisaría de San Ramón” (vea esa carta).

LA RED DE SANTIAGO SUR

La contratación de una persona con antecedentes por narcotráfico, fue el plato fuerte de la emisión de Informe Especial. Pero el reportaje también acreditó una serie de anomalías relacionadas con nepotismo y dobles contratos que benefician a los allegados a Aguilera.

La fuerza de estas pruebas provocó que el Tribunal Supremo del PS resolviera expulsar del partido al propio alcalde Aguilera, a su cuñado José Luis Barrera Pino, a su mano derecha Pedro Jaque Cavada y a la hermana de este último, Katherine Jaque Cavada (vea aquí el fallo íntegro).

Respecto de la expulsión de Barrera Pino, encargado de los recintos deportivos de San Ramón, el fallo del Tribunal Supremo del PS, señala:

Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón
Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón

Que, en el caso del militante José Luis Barrera Pino, quien aparece en un audio reproducido en el reportaje (…) ofreciendo trabajo a Jorge Antonio Pinto Carvajal, resulta evidente su directa responsabilidad en los hechos”.

Este fallo es el primer golpe que recibe en el PS la extensa red política que Aguilera tejió desde que asumió la alcaldía. Su eficiente máquina para movilizar electores le había permitido en la última interna socialista, instalar un grupo de sus partidarios en el Comité Central. Allí figuran su esposa, Giovanna Barrera Pino; la controladora de la sociedad que administra la automotora que funciona en un terreno de la municipalidad, Marcela Rosales Belmar, y su hija, Marcela Aliste Rosales; y la concejal de San Ramón Roxana Riquelme.

Hasta 2016 eran miembros del Comité Central del PS el también concejal de San Ramón José Miguel Zapata, el esposo de Marcela Rosales, Luis Aliste Carvajal y Eduardo Bermúdez Romero. Este último ahora es secretario nacional de Organización del PS, encabezó el proceso de refichaje de militantes del partido y actualmente se desempeña en el área de exonerados del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, la hermana del alcalde, Mónica Aguilera (PS), es consejera del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y postula a su reelección.

Aguilera ha extendido sus dominios hacia las comunas aledañas. En ellas mueve sus peones para manejar las elecciones internas del oficialismo y así poner o sacar alcaldes y concejales de acuerdo a sus intereses.

La esposa y la hija del alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), han sido contratadas en San Ramón. En los registros de Transparencia de la municipalidad figura la esposa de Bruna, Mónica Faundes Pino, empleada a honorarios como técnico superior de enfermería hasta mayo de este año por $602 mil mensuales. Su hija, Camila Bruna Faundes, quien postula a diputada en el distrito 13 por el PPD, aparece contratada como enfermera al menos hasta septiembre pasado con un honorario de $888 mil.

Los documentos de Transparencia registran que el concejal de La Cisterna Patricio Ossandón (PS) también ha trabajado a honorarios en el municipio de Aguilera: primero en el programa Más Capaz de Sence, por $999 mil mensuales, hasta junio pasado. Luego figura como asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, con contrato hasta diciembre. Información publicada por El Mercurio indica que también habrían trabajado en San Ramón los concejales de La Granja Silvana Poblete y Juan Valdés, ambos socialistas, además del concejal de Lo Prado Jimmy Arce, también del PS.

Dos concejales de La Pintana han sido contratados a honorarios en San Ramón: Rubén Urrutia (PRSD) y Juan Bustamante (PC). Urrutia como abogado en el área de Salud entre abril y junio de 2017, con $1,2 millón mensual. Bustamante recibió $500 mil en abril y mayo de este año, como administrativo del sector Salud.

En La Pintana, Aguilera también trató de posicionar como futuro candidato a alcalde a su jefe de gabinete, Francisco Andrés Olguín. Y su cuñado, José Luis Barrera, intentó instalar un centro de acción social, lo que fue interpretado como una plataforma para proyectar una postulación al concejo municipal de La Pintana.

LOS MISTERIOS DE LA AUTOMOTORA

El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera. Administrado por una sociedad de Marcela Rosales Belmar, la que paga a la municipalidad 200 UTM mensuales ($9,3 millones), CIPER detectó a más de 80 vendedores de autos que operan allí.

Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico. En 2010, Bastías fue condenado a 10 años por pertenecer a una red que digitaba traslados de cocaína de Arica a Santiago, utilizando para ello a mujeres adolescentes. En 1997 había sido condenado a cinco años y un día por tráfico de cocaína.

 

Parque Automotriz Vespucio San Ramón
Parque Automotriz Vespucio San Ramón

La familia de Marcela Rosales tiene historia en el negocio automotor. Su padre y varios de sus tíos participan en Automotriz Comercial Bulnes y en Automotriz Los Reyes Vespucio. El Parque Automotriz Norte, ubicado en Huechuraba, a un costado del Movicenter, es de su tío José Eduardo Rosales Abad y de Lorena Contreras González.

Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera. Integraron la misma lista para el Comité Central del PS en 2015, y en 2016, durante la campaña de Rosales para ser alcaldesa de Conchalí, ella contó con la colaboración de Ángel Omerovich, ex jefe de gabinete de Aguilera en San Ramón entre 2012 y 2015.

Omerovich formaba parte del comando presidencial de Alejandro Guillier, al menos hasta fines de septiembre, como el mismo lo publicó en redes sociales. Después del reportaje de Informe Especial Omerovich no ha vuelto a postear sobre su trabajo en esa campaña.

ZAPATA Y SU EMPRESA FANTASMA

San Ramón es una de las comunas que concentra más inversión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE). Las calles de la comuna lucen múltiples áreas verdes, recintos deportivos, luminarias y mejoramiento de infraestructura, lo que explica la alta votación con la que Aguilera se reeligió en 2016.

Aguilera tiene dos arietes en el Gobierno Regional: su hermana Mónica, que es consejera regional y postula a la reelección; y José Miguel Zapata Vergara, jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE, la que colabora en la elaboración del presupuesto de inversión y coordina su ejecución, seguimiento y control.

Cancha inaugurada durante la gestión del alcalde Aguilera (Fuente: Municipalidad de San Ramón)
Cancha inaugurada durante la gestión del alcalde Aguilera (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

En paralelo, Zapata es concejal de San Ramón y controla una sociedad que ha firmado contratos millonarios con el mismo municipio para proyectos que, en algunos casos, tienen financiamiento del GORE.

Coordenadas-Asesorías en Investigación Social (AEIS) es una consultora que se ha adjudicado seis licitaciones en la Municipalidad de San Ramón por un total de $283,5 millones, entre 2014 y 2015. CIPER descubrió que si bien José Miguel Zapata Vergara la creó en 2007, y después ha entrado y salido de ella, las facturas (todas enviadas a su mail personal, ver aquí), los correos electrónicos (ver aquí) y los testimonios de sus trabajadores, confirman que el funcionario del GORE sigue siendo su único controlador.

De hecho, la consultora hoy no tiene cuenta corriente, por lo que Zapata utiliza su cuenta personal para gastos e ingresos.

Profesionales que trabajaron para esa empresa, relataron a CIPER las irregularidades que presentan las licitaciones que ésta se ganó en San Ramón. Una de ellas es la elaboración de un diagnóstico de seguridad comunal, el que se adjudicó en agosto de 2015, y cuyas bases fueron conocidas por la consultora de Zapata con antelación, ya que habría trabajado en ese proyecto desde 2014 con la Secretaría de Planificación del municipio. Por ese contrato se pagaron $15 millones.

Los otros cinco contratos son por trabajos en diseño y planificación de inversión pública, precisamente el área en la que Zapata se desempeña en el GORE.

“No declaré esa empresa porque no tenía relación legal con ella”, respondió José Miguel Zapata cuando CIPER le preguntó por qué no incluyó a la consultora AIES en su declaración patrimonial cuando asumió como concejal de San Ramón.

-Hago una autocrítica, pero nunca me puse en una situación de negociación incompatible. Pero a lo mejor debí desligarme completamente de la empresa. Lo que pasa es que la había creado hace más de diez años, en ella he trabajado mucho tiempo y, a lo mejor, en el futuro vuelva a trabajar en ella. Mientras no haya una negociación incompatible no constituye un delito -añadió Zapata.

La relación con la política siempre estuvo presente en AEIS. CIPER revisó encuestas de campaña realizadas en el call center de la consultora previo a la elección municipal de 2016 en las comunas de Independencia, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, La Granja, Arica, Ovalle y Montepatria. La indagación de CIPER arrojó que AEIS solo hacía el trabajo de campo subcontratada por Sintaxis, propiedad de Iván Schütz, ex tesorero del Instituto Igualdad, vinculado al PS y del que fue despedido en 2013.

EL SOBRINO

“Me ofende lo que me estás diciendo. Porque los estacionamientos yo los licité solo y me vi súper perjudicado, porque al mes me quitaron casi el 70% de ellos”, afirmó Daniel Parra Soto cuando CIPER le consultó sobre la influencia que el alcalde  Aguilera y su tío, el ex concejal Julio Soto, habrían ejercido para que él obtuviera el contrato para administrar inicialmente más de 500 estacionamientos en la comuna de San Ramón.

CIPER detectó que ese contrato es uno de los 12 que las sociedades en las que participa Parra han firmado con el municipio de San Ramón. Además de la concesión de estacionamientos, se ha adjudicado 11 licitaciones por un total de $750 millones, entre 2015 y 2017, por mejoramiento de áreas verdes, recintos deportivos e infraestructura educacional.

Tres sociedades de Parra son las beneficiadas: Inversiones Grupo Blangil, M.R. Inmobiliaria y Construcción y Stacionar y Seguridad. Las tres solo han ganado licitaciones públicas en San Ramón y fueron constituidas entre 2013 y 2015.  

-Todo lo he hecho por Mercado Público y totalmente transparente. Y también he perdido muchas licitaciones. Me han sacado multas millonarias porque me he atrasado. Mi tío (Julio Soto) nunca ha tenido participación en las empresas. Tampoco tengo una relación cercana con él –acotó Daniel Parra.

Los negocios del alcalde Aguilera que están en la mira de la UAF y la red de poder que lo encumbró en el PS

Una alerta de movimientos sospechosos de dinero que involucraba al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, lo puso en el radar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Lo que parecía una alerta de rutina respecto de las transacciones de un PEP (Persona Expuesta Políticamente), la emisión de Informe Especial (TVN) transformó esa alerta en una bomba. Al ser mostrado a todo Chile como un alcalde con presuntos vínculos con el narcotráfico, la UAF impartió  una instrucción a todas las instituciones financieras de la plaza para que informen de sus movimientos y los de un grupo de sus cercanos.

Instalado desde el año 1996 como concejal socialista de San Ramón y desde 2012 como alcalde de esa comuna, Aguilera no tiene competencia a la hora de movilizar adeptos, inscribir militantes, recolectar firmas y sumar votos en cuanta elección considere necesaria para incrementar su poder.

Afiche de campaña del alcalde Aguilera y de su cónyuge, Giovanna Barrera, para la interna 2017 del PS
Afiche de campaña del alcalde Aguilera y de su cónyuge, Giovanna Barrera, para la interna 2017 del PS

Una influencia construida en silencio, pero que se hizo evidente con el despliegue de su fuerza en abril de este año, en la última elección del Comité Central del Partido Socialista, cuando logró hacer elegir a cinco integrantes de su grupo. Un poder interno que le hizo obtener la tercera mayoría nacional y ocupar una de las vicepresidencias del partido.Tal es el poder acumulado por Aguilera al interior del PS, que allí ya lo consideran una tendencia propia: la “renovación pobre” le dicen, o simplemente la “tendencia Aguilera”.

Entre los testimonios recogidos por CIPER, destacan los que lo describen como un genio a la hora de capturar recursos desde el Gobierno Regional Metropolitano. Y no faltan los que dicen que en su afición por las inversiones actúa muchas veces más como carnicero que como cirujano. Un estilo que esta vez podría cobrarle la cuenta.

Uno de los hallazgos de esta investigación, es la relación entre Aguilera y la automotora que funciona frente al municipio: una empresa de compra y venta de vehículos usados cuyo terreno se extiende por 15 mil metros cuadrados.Dos datos sabrosos alimentan las sospechas por los nexos que allí se transan: la automotora funciona en un terreno municipal y la dueña de la sociedad es miembro del Comité Central del PS.

BIEN PÚBLICO, PROVECHO PRIVADO

A solo algunos metros del municipio liderado por Aguilera se ubica el Parque Automotriz Vespucio San Ramón. El terreno de casi 15.000 metros cuadrados es un bien nacional de uso público y su administrador, la municipalidad. Pero desde 2003 el terreno ya no es de uso público y quien le saca provecho es Marcela Rosales Belmar, dueña y representante legal de la automotora que allí funciona.

Marcela Rosales es miembro del Comité Central del Partido Socialista, lo mismo ocurre con la hija que tiene con su marido Luis Abelardo Aliste Carvajal, Marcela Aliste Rosales, la que también integra desde la elección de este año el órgano principal de dirección socialista.

La dueña de la automotora es una antigua dirigente del PS en la zona norte metropolitana. En 2016 fue la carta de ese partido a la alcaldía de Conchalí y es dueña de un colegio subvencionado en Colina: la Escuela Básica Valle Verde.

Un letrero amarillo con letras negras y blancas da la bienvenida al negocio de compra y venta de autos usados,  en avenida Ossa 1590. Colindante con el Parque La Bandera y la caletera de la autopista Vespucio Sur, en el amplio paño donde funciona la firma mantiene un stock de 1.300 vehículos. A diario llega allí un promedio de cien personas que recorre las callejuelas del recinto para escoger uno de los autos estacionados sin ningún orden aparente. Sus precios fluctúan entre $1 millón y $20 millones y todos lucen relucientes pese a que el suelo es de maicillo y tierra. Son los mismos vendedores los que se encargan de limpiarlos. Todos los autos exhiben en sus parabrisas, además de una breve descripción del vehículo, una oferta: una reducción del precio si el pago se hace en efectivo.

Cuando la persona escoge su vehículo, no tiene que desplazarse. En la misma Automotora Vespucio San Ramón encontrará una sucursal de Falabella y otra de Tanner las que ofrecen créditos automotrices de aprobación exprés con solo un pie de hasta el 20% del valor del vehículo. A pocos pasos, está la notaría Víctor Inostroza Figueroa, donde se puede realizar de inmediato la transferencia de los vehículos. Un dato llama la atención: el notario Víctor Inostroza figura como gerente de la automotora.

Al interior del amplio recinto repleto de autos, no solo hay dos oficinas de crédito y una notaría. También funcionan tres pequeñas cafeterías-cocinerías de uso frecuente de los empleados municipales.

En la web del municipio no hay registro de la primera vez que dicho terreno se concesionó.La indagación de CIPER indica que fue antes de que terminara en 2012 la administración del alcalde Pedro Isla (DC), que se licitó por primera vez el uso de ese terreno, parte del Parque La Bandera. Hubo dos ofertas y la ganadora fue la que presentó la sociedad de Marcela Rosales. No fue fácil la decisión. Hay distintas versiones sobre los detalles de las tres sesiones que demoró el acuerdo respectivo del concejo municipal. Todas envueltas hoy por un velo de temor. Tanto funcionarios como personas ligadas a la municipalidad se resisten a hablar sobre esa y otras licitaciones por miedo a represalias.

Detalles de la última licitación de enero pasado, hay muy pocos. Lo único extraño es que habiéndose ya convertido en un espacio de gran rentabilidad comercial, por lo que se subió el canon del arriendo, finalmente se presentó una sola oferta. De los otros interesados no quedó rastro. Y la ganadora fue nuevamente la automotora de Marcela Rosales: Comercial Inmobiliaria Automotriz Vespucio San Ramón Limitada.

Automotora Vespucio San Ramón
Automotora Vespucio San Ramón

Las bases de la licitación exigían el desarrollo en el terreno de un “proyecto de uso a la comunidad”, según los objetivos fijados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago: “Equipamiento de áreas verdes, recreacional deportivo, culto, cultura, científico, esparcimiento y turismo al aire libre” (vea aquí las bases).

Aparte del callejón que une la caletera de Américo Vespucio Sur con Avenida Ossa, en el terreno no hay ningún espacio público. Lo único que se podría asimilar a ello es una pequeña área de unos 100 metros donde se emplaza un resbalín de plástico y dos columpios de madera. Al frente, un baño de hombres y otro de mujeres. Pero todo está cercado por una malla de hierro gruesa pintada de amarillo tráfico y con protecciones de puntas y púas que protegen el negocio privado de compra y venta de vehículos de Marcela Rosales y su padre, Manuel Rosales Abad, junto a un tercer socio: Sergio Ortiz Valdivieso.

Y si bien no hay ni áreas verdes ni espacios públicos para el disfrute de los habitantes de San Ramón, lo que sí encontró CIPER es al menos otras siete empresas –además de la que es dueña Marcela Rosales- vinculadas al terreno, ya sea porque sus dueños o la sociedad fijaron domicilio en el mismo lugar. Un nexo las une a todas: el negocio de compra y venta de vehículos, incluyendo algunas el desarmado y reparación.

Las sociedades vinculadas al terreno de la Municipalidad de San Ramón son: “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”,de propiedad de Juan Carlos Bastías Olea y Orlando Zamorano Yáñez; “Transportes Gitur Limitada”, de Homero Sovino Muñoz y José Oscar Tahan; “Comercial Automotriz Todo Vehículo SpA”,de Juan Alberto Peña Cofré; “Auto Motriz Espinoza, Muñoz Limitada”, de Miguel Muñoz Soto y Germán Espinoza Sepúlveda; Automotora Roland Limitada, de Rolando Henríquez Barrientos y Bernardita Soto Muñoz; Comercial Adrián Ariel Arriaza Barra EIRL, de Adrián Arriaza y Automotora David Patricio Contreras Pizarro EIRL, de propiedad de David Contreras.

CIPER se comunicó con Marcela Rosales, quien explicó que el terreno fue concesionado a través de una licitación en 2003, en la que habrían participado varias empresas: “Siempre hemos competido con más organizaciones”, aseguró. Una afirmación que no se corrobora en el registro de Mercado Público ya que en la última licitación fueron los únicos oferentes. Rosales declinó contestar más preguntas por teléfono y solicitó una entrevista en persona, aunque no confirmó fecha ni horario.

La renovación de la concesión fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal en enero de 2017  (revise aquí la oferta de esta sociedad en la última licitación). David Cabedo, concejal RN, presente en la votación, explicó a CIPER que la principal razón para aprobarla fue que la empresa automotora pagaría un precio mayor por la concesión: 200 UTM mensuales ($9,3 millones según la cifra de octubre 2017). Una cifra que a la luz de la superficie concesionada, la cercanía del Metro y la seguridad que ofrece la vecindad del municipio, parece baja.

EL PODER OCULTO DE AGUILERA

La popularidad de Miguel Ángel Aguilera en la zona sur de Santiago contrastaba con su bajo perfil público. De allí lo sacó el reportaje de Informe Especial de TVN. Una historia que cayó como una bomba en el PS y en el mundo político, porque a pesar de que era conocida su relación con personas condenadas por delitos de receptación de vehículos robados y violencia, en los pasillos por donde transita el poder ahora deben asumirlo.

Pedro Jaque, asesor de Aguilera, durante una cena a la que invitó el alcalde
Pedro Jaque, asesor de Aguilera, durante una cena a la que invitó el alcalde

CIPER investigó el grupo cercano de Aguilera en la municipalidad y en el PS. Allí lo describen como un caudillo autoritario, sin densidad intelectual, pero gracias a su astucia y excelente oratoria, un animal político. Quienes lo conocen hace años cuentan que su más preciado sueño fue ser alcalde de San Ramón. Una forma de darle una vuelta de tuerca a la vida ya que nunca ha olvidado que sus padres, históricos dirigentes del PS, llegaron a La Bandera en la emblemática toma que dio lugar en 1969 a esa población.

Al interior de la Municipalidad de San Ramón hay al menos un consenso entre sus críticos y seguidores: Aguilera ha sido el alcalde que ha logrado la mayor inversión pública en la comuna. Y si bien hoy pocos ponen las manos al fuego por la transparencia de las licitaciones que se han llevado a cabo en esa municipalidad, nadie discute el valor de las calles pavimentadas y el aumento de áreas verdes. Esa gestión es otro de los factores que lo llevó a ser reelecto en el cargo en 2016 con más del 70% de los votos.

Fue esta última elección municipal la que consolidó a Aguilera como un caudillo. El arrastre del alcalde logró hacer elegir a cuatro socialistas entre los ocho concejales de la comuna, dejando a la derecha con un solo cupo (David Cabedo, RN). A partir de ese momento, Miguel Ángel Aguilera comenzó a edificar su nueva meta: ser electo presidente del PS.

Aguilera no estaba soñando. Para entonces, tenía estructurado un equipo imbatible a la hora de definir no solo concejales, miembros del Comité Central del PS y candidatos a diputado y senador.

Militantes de San Ramón acompañando a Alejandro Guillier a inscribir su candidatura presidencial
Militantes de San Ramón acompañando a Alejandro Guillier a inscribir su candidatura presidencial

Hay dos hitos en la historia política de Aguilera que grafican su poder de movilización y que tuvieron como protagonistas a dos candidatos presidenciales. El 30 de mayo pasado el candidato presidencial Alejandro Guillier llegó hasta la comuna de San Ramón para darle un impulso a su candidatura. Su campaña de recolección de firmas para inscribirse como el único postulante independiente del oficialismo a La Moneda, estaba débil y el acto en la comuna del alcalde Miguel Ángel Aguilera prometía ser un despegue. No se decepcionó: en un solo día recolectó más de mil rúbricas.

El feudo oficialista en San Ramón una vez más mostraba su poder de convocatoria. Lo mismo ocurrió el lunes 18 de noviembre de 2013, un día después de la primera vuelta presidencial, cuando Michelle Bachelet llegó a esa comuna para lanzar en un acto masivo su campaña de segunda vuelta.

Parte importante de la estructura creada por Aguilera es su hermana, Mónica Aguilera Sanhueza,quien desde 2013 es consejera del Gobierno Regional Metropolitano. Su equipo de asesores hoy se despliega por el PS, la zona sur de Santiago e incluso más allá de sus límites para darle impulso a otras candidaturas. A las que Miguel Ángel Aguilera les da el vamos.

En el Partido Socialista hay otro consenso: Aguilera siempre supo cultivar buenas relaciones con casi todos los dirigentes relevantes. Ha trabajado con Camilo Escalona, Carlos Montes, Marcelo Schilling y Ricardo Núñez. Pero el político que le abrió las puertas del partido y el aparato estatal fue José Miguel Insulza. Su lealtad con el “panzer” quedó en evidencia cuando lo apoyó en su primera postulación como candidato a senador por Atacama (después se cambió a la circunscripción de Arica).

El 30 de mayo participó en una reunión de coordinación de la campaña de Insulza, la que organizó el grupo de Aguilera. La cita quedó registrada en la página de Facebook del grupo “San Ramón está en jaque” (desde donde extrajimos la mayoría de las fotos que ilustran este reportaje), el que es dirigido por uno de sus asesores más cercanos: Pedro Pablo Jaque Cavada, quien en 2016 figuraba como miembro del Comité Central del PS (su militancia fue suspendida después del reportaje de TVN).

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Miguel Ángel Aguilera, José Miguel Insulza y Pedro Jaque durante reunión por campaña senatorial

Hoy Jaque, quien aparecía en todos los actos públicos junto a Aguilera, está al igual que el alcalde bajo sospecha. El reportaje de Informe Especial lo mostró paseando en un Mercedes Benz por la población La Bandera. A bordo del vehículo también se ve a Francisco Andrés Olguín Guzmán, la otra mano derecha de Aguilera.

Pedro Jaque y Francisco Olguín no solo son parte del círculo más estrecho de Miguel Ángel Aguilera y funcionarios de la Municipalidad de San Ramón. Han expandido su poder a través de una red de familiares, los que también han sido contratados por ese municipio. Jaque goza de dos sueldos municipales, uno a honorarios y otro a plazo fijo. En cuanto a Olguín, sus dos condenas por receptación de vehículo robado y conducción en estado de ebriedad, no fueron obstáculo para que el alcalde le mantuviera su contrato en la oficina de Administración Municipal.

Cuando el periodista de Informe Especial le preguntó cómo lo hacía para pasear en un Mercedes Benz cuando su sueldo municipal no supera los $600 mil, Olguín respondió que también se dedica a la compra y venta de vehículos (vea aquí el reportaje de Informe Especial).

Otro de los hombres del círculo más estrecho de Miguel Ángel Aguilera es Eduardo Bermúdez Romero, miembro hasta 2016 del Comité Central del Partido Socialista y actual secretario nacional de Organización de dicho partido. Bermúdez fue el responsable de monitorear a nivel nacional el refichaje de militantes para cumplir con la nueva Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.

Campaña en feria de San Ramón por candidatura de Mónica Aguilera
Campaña en feria de San Ramón por candidatura de Mónica Aguilera

Múltiples imágenes avalan su estrecha cercanía con Miguel Ángel Aguilera. En ellas se ve al actual jefe de organización socialista en trabajo de campaña junto a los hermanos Aguilera Sanhueza. De hecho, durante el gobierno de Sebastián Piñera, Bermúdez trabajó en la Municipalidad de San Ramón. Al menos entre 2013 e inicios de 2014 trabajó a honorarios en ese municipio como asesor técnico del Departamento de Salud.

El 11 de marzo de 2014, el mismo día de inicio del actual gobierno, Bermúdez fue contratado a honorarios por la Subsecretaria General de Gobierno, como asesor directo del entonces ministro Álvaro Elizalde, actual presidente del PS. Su sueldo bruto: $3,8 millones.

Desde el 1 de enero de 2016, Eduardo Bermúdez está contratado a honorarios por el Instituto de Previsión Social (IPS) donde su función es “coordinar respuestas oportunas a usuarios de leyes reparatorias (exonerados, Valech y Rettig)”, con un sueldo bruto mensual de  $1,9 millón.

José Miguel Zapata Vergara es otro integrante del grupo de Aguilera. Es concejal PS en San Ramón desde 2012, cuando obtuvo la segunda mayoría con el 10,11%. Zapata es actualmente jefe de División de Análisis  y Control de Gestión (Divac) del Gobierno Regional Metropolitano (GORE), la que tiene entre sus funciones colaborar en la elaboración del presupuesto de inversión del gobierno regional y coordinar su ejecución, seguimiento y control.

El GORE Metropolitano ha entregado casi $5 mil millones solo en el primer semestre de este año a la Municipalidad de San Ramón. Como se dijo, una de las consejeras del gobierno regional es Mónica Aguilera Sanhueza, hermana del alcalde.

José Miguel Zapata es miembro del Comité Central del Partido Socialista y socio de la OTEC Cimatex, la que aparece en los registros de Mercado Público (2009-2015) vendiéndole servicios a la Municipalidad de Lo Espejo, el Hospital de Buin,  el Instituto de Previsión Social,la  Subsecretaría de Justicia y el Instituto Nacional de la Juventud.

Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón
Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón (fuente: eleccioneschile.com)

Ya en la elección del Comité Central del PS de 2015 el grupo de Aguilera compitió por los cupos de la Región Metropolitana en una misma lista: Unidad Socialista por Bachelet, que agrupó a los sectores del “tercerismo” y la “renovación”. Fueron candidatos Eduardo Bermúdez Romero y su madre Viviana Romero Torres, José Miguel Zapata, Pedro Jaque, Marcela Rosales y Roxana Riquelme Tabach (concejala en San Ramón). En la lista para el Comité Central nacional, el alcalde Miguel Ángel Aguilera compitió junto a Camilo Escalona.

Actualmente, el núcleo de Aguilera tiene cinco cupos en el Comité Central nacional del PS electo en abril de este año: lo integran el mismo alcalde y su esposa, Giovanna Barrera; Marcela Rosales (la dueña de la automotora) y su hija, Marcela Aliste Rosales, y Roxana Riquelme (concejala de San Ramón).

MILITANTE HISTÓRICO

Los 30 años de militancia de Miguel Ángel Aguilera en el Partido Socialista y su carrera llena de éxitos como dirigente nacional y alcalde de San Ramón, tuvieron un quiebre el pasado 2 de octubre. Solo horas después del reportaje de Informe Especial envió una carta a la Comisión Política del partido pidiendo congelar su militancia hasta probar su inocencia.

Su paso como contador auditor por el aparato público dejó huellas en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), donde trabajó entre el 1 de enero de 2006 y el 23 de junio de 2008. El Departamento de Programas Sociales es considerado el corazón del Sence ya que diseña y evalúa los programas sociales del servicio. El Sence, a su vez, depende del Ministerio del Trabajo, cartera que en 2006 estaba en manos del diputado socialista Osvaldo Andrade.

En el Sence, Aguilera siempre se desempeñó en el Departamento de Programas Sociales de Capacitación, división en la que terminó como jefe y que depende directamente de la dirección nacional de la entidad.

Eran los años en que aún no construía la red que hoy lo tiene en la mira de la Fiscalía –la que inició una investigación y allanó la municipalidad de San Ramón, tras el reportaje de Informe Especial­– y de la Unidad Análisis Financiero (UAF). Probablemente uno de los antecedentes que ahora están bajo el microscopio de la UAF es la operación que Aguilera ejecutó el 10 de mayo de 2016. Ese día el alcalde, junto a su esposa, Giovanna Barrera Pino, compraron en sociedad conyugal una casona en el Condominio Álvaro Casanova de La Reina. Por el inmueble pagaron 13.155 UF (unos $350 millones), según los registros del Conservador de Bienes Raíces.