La insurrección en el Capitolio desafió la forma en que los medios de EE.UU. presentan los disturbios y dan forma a la opinión pública

“La pregunta del millón es: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México?”

–La pregunta del millón es esta: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México, a partir de qué punto todo empieza a irse a la mierda? Ese es el miedo que tenemos todos. Y no es algo sencillo de determinar– reflexiona el politólogo argentino Matías Dewey, investigador senior del Instituto Max Planck para el estudio de la sociedad.

Dewey lleva tiempo estudiando cómo lo ilegal se expande en la sociedad, cómo se apropia de las instituciones y deja de ser algo que ocurre sólo en los márgenes; y sobre todo, cómo se vincula con la violencia y hace que nuestras democracias se encojan de miedo.

Sus reflexiones están plasmadas en el libro “El orden clandestino: Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina” (Katz Editores, 2015); en el volumen “Arquitectura de los mercados ilegales” (Oxford University Press, 2017) que co-editó junto a Jens Beckert, y en media docena de papers académicos.

Las lecciones e intuiciones que extrae Dewey sobre lo que pasa en el continente y particularmente en su país, pueden servir para iluminar lo que ocurre en el nuestro, donde la academia ha investigado poco estos temas y donde, aunque el nivel de violencia parece estar lejos del que padecen nuestros vecinos, se observan preocupantes y estrechos nexos entre narcotráfico y política, como lo muestran los reportajes de TVN y CIPER sobre el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

Los hallazgos de las investigaciones de Dewey contradicen algunas ideas que tenemos sobre la expansión de los mercados ilegales. Por ejemplo, solemos creer que el dominio narco surge cuando el Estado se retira de los barrios. Sin estado (sin policías, autoridades locales, servicios públicos, etc.), se asume que la violencia crece y estalla. En consecuencia, tendemos a pensar que la solución pasa por tener más policías y autoridades fuertes, (“con pantalones” se dice en las elecciones), pues el enemigo natural de la delincuencia debería ser el carabinero.

El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al estado, son fieles a otros intereses”.

La realidad no siempre es así. Dewey sostiene uno de los problemas de Latinoamérica es que los mercados ilegales se alían con los agentes del Estado para expandirse. Es decir, el Estado siempre está; y eso vuelve más potente al mercado ilegal. Esa es la característica del caso argentino.

–Cuando hablas con las personas que viven en las zonas más violentas de Buenos Aires, te dicen: “Acá la policía es terrible, la policía roba, es corrupta”. Las personas tienen una experiencia brutal con el Estado. La policía usa arrestos para mostrar resultados administrativos o mata gente con la que trabaja, cuando percibe que otros organismos están investigándola. Las personas intuyen que el Estado con el que se relacionan día a día está “arreglado” con las bandas que venden droga– describe el investigador.

Si se quiere trazar la ruta que va desde los niveles de violencia chilenos hasta la pesadilla mexicana, el camino pasa necesariamente por la fase argentina. En esa fase “el Estado regentea los negocios ilícitos”, dice Dewey. Ese Estado mantiene un enorme poder y los mercados ilegales no pueden enfrentarlo. Sus agentes, explica el investigador, tienen más información, más fuerza y una ventaja clave: “Controlan la burocracia y pueden hacer que las cosas queden registradas de una forma distinta a como ocurrieron”.

¿Qué tan cerca estamos de esa fase? Hace justo un año el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, denunció la existencia de un “estado de sitio narco” que en las poblaciones coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas. Su denuncia ni llamó la atención ni fue desmentida. Si la damos por cierta, al menos en esos territorios podemos estar bastante más cerca de lo que creemos de la fase argentina.

Por supuesto, no tenemos todavía los estallidos de violencia que sacuden cada tanto a las favelas de Río de Janeiro ni somos víctimas de las matanzas que se desatan en México. Pero esa menor violencia puede ser un indicador engañoso. La ausencia de estallidos no necesariamente muestra la ausencia de poderes ilegales. Contra lo que se cree, dice Dewey, cuando hay un importante nivel de acuerdo entre Estado y delincuencia los reventones son ocasionales, pues el control de los agentes del Estado sobre los negocios, evita que la violencia se dispare.

En una reciente investigación (“La fuerza de la colusión: un marco conceptual para interpretar órdenes sociales híbridos”, 2017) Dewey, junto a otros académicos, bautizó a estos acuerdos entre Estado y mercados ilegales como clúster de orden. A diferencia de los clásicos clúster económicos (unidades económicas especializadas que se organizan para mejorar la producción), estos “clúster de orden” producen una serie de bienes que el Estado “legal” ya no produce ni garantiza: empleos, servicios y… autoridad.

ARQMERCADOSILEGALESSí, leyó bien: autoridad y orden. Pues en los lugares donde la policía deja al narco “trabajar”, este se vuelve frecuentemente el que ayuda al vecino que no puede pagar cuentas, dona para las festividades y, en general, produce “certidumbre donde las vidas están amenazadas por altos niveles de contingencia”, escribe Dewey.

Por supuesto, esa certidumbre y ese orden son sólo para los que están dentro del clúster, no para los que estamos afuera. Usted y yo somos ganado; y nuestros barrios, coto de caza.

En este punto la pregunta es: ¿cuánto se mantiene esta connivencia antes de evolucionar a una siguiente y más violenta fase? “Esa es la pregunta que todos nos hacemos y no tenemos respuesta”, reflexiona Dewey.

Sin embargo, hay unas pistas sobre los factores que desencadenan la pesadilla. Por ejemplo, cuando los acuerdos policía-delincuentes salen a la luz pública “los poderes tienen que reacomodarse y eso genera muertos”, explica Dewey.

Como la hidra, esa bestia mitológica a la que, si se le corta la cabeza, le salen dos, descabezar a estos clúster no necesariamente pone fin a la historia, pues puede ocurrir que muchos pequeños grupos traten de tomar el control y la violencia estalle.

Eso parece haber ocurrido en la ciudad de Rosario, Argentina, donde había una cooperación muy fluida entre narcos y policía. “Incluso los policías les pasaban a los narcos información de cuando un juez iba a ordenar un allanamiento”, explica el politólogo. Cuando la convivencia fue detectada y expuesta, todo cambió. “Después de la detención del jefe de policía hubo una ola de violencia feroz. Como la policía depende o está vinculada al poder político, cuando esta vio que había una reacción pública y judicial, intentó retener el control encuadrándose en el nuevo escenario”. La policía persiguió a sus antiguos socios y se inició una encarnizada lucha por el control de la ciudad que la llevó a transformarse en una de las más violentas de América Latina. La violencia se ha reducido, pero continúa.

Dewey piensa que Chile está todavía lejos de ese punto. “No hay nadie que desafíe a los carabineros, porque los carabineros te pueden aplastar”.

Sin embargo, a la luz de las investigaciones que hay sobre Carabineros (desde el mega frade de $26 mil millones a las pruebas aportadas en el caso Huracán), es urgente preguntarse e investigar si ese poder tan grande está en condiciones de resistir y enfrentar al narco-estado del que habla el sacerdote Walker y que se observa en el caso de San Ramón.

EL CORAZÓN ILEGAL DE LA ECONOMÍA

Los factores que hacen que las policías o autoridades entren en vínculos con distintos tipos de actores ilegales, no están del todo claros. Puede ser, por ejemplo, que estos acuerdos se vean como no tan malos o, incluso, lógicos, cuando se extiende la idea de que todos en Chile somos corruptos. Cuando por ejemplo, la elite económica, que disfruta de la mejor posición de la sociedad, se colude en los precios de los productos o elude impuestos, eso da una señal hacia abajo. “Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme. Ya que todos están robando, robar está legitimado”, dice Dewey.

Pero también puede ser (y esta hipótesis le gusta más a Dewey) que estos actos corruptos e ilegales tiendan a expandirse con fuerza simplemente “porque la corrupción existe en la sociedad misma y hay altos niveles de tolerancia a ese tipo de comportamientos”.

Lo que es claro es que los mercados ilegales no se ubican en los márgenes de la sociedad, como se sostenía hace algunas décadas, sino que están integrados a la parte central de la economía. Una estimación de Economist de 2013 fijó en más de US$600 mil millones el monto de los intercambios que violan la ley, cifra que incluye desde venta de drogas a arte robado, pasando por fraude financiero y elusión tributaria.

En el prólogo del libro “La arquitectura de los mercados ilegales” (2017), Dewey y Beckert explican que la integración entre lo ilegal y lo legal es frecuente porque en realidad los mercados ilícitos contravienen la ley solo en algunos aspectos, los cuales pueden ser adoptados y resueltos por instituciones perfectamente legales. Por ejemplo, si una empresa fabrica zapatillas usando niños, solo esa parte tiene que permanecer oculta. El resto del negocio (transporte, marketing, distribución, etc.) es perfectamente legal.

No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que es muy difícil”.

Un buen ejemplo de esa integración y de los difícil que es romperla, es La Salada, una descomunal explanada de producción y venta de prendas de vestir ubicada en la zonas sur oriente de Buenos Aires. Antiguamente, dice Dewey era parte de una pujante industria textil argentina que fue diezmada por las políticas neoliberales de la era Menem. Miles de empleos desaparecieron a causa de esas políticas, pero los trabajadores no. Expulsados del mercado “se reconvirtieron de manera ilegal” para continuar haciendo lo que sabían hacer: textiles. Solo que ahora eran falsificados. Hoy la Salada es uno de los íconos de la industria de lo falso y aunque sufre periódicos allanamientos y Estados Unidos exige el cierre de ese mercado, no se clausura porque hay muchos empleos involucrados y provee de productos que las clases medias y bajas no pueden tener de otra manera.

–La informalidad y la ilegalidad son fenómenos muy importantes en la economía de América Latina y los gobiernos tienen que reaccionar frente a este tipo de fenómenos. Pero no siempre la represión es la primera respuesta, porque no es sostenible.

Tampoco es solución, al menos en el corto plazo, legalizar ese mercado. En una reciente columna Dewey explica que legalizar La Salada obligaría a las textiles a adoptar las regulaciones para la seguridad física y social de los trabajadores (en La Salada se produce con horarios de explotación); obligaría a solucionar el problema de las marcas que son falsificadas y a que los comerciantes y fabricantes pagaran impuestos. “Todo eso elevaría los precios de la ropa y anularía el efecto positivo de ese mercado, que es la verdadera razón por la cual es aceptable”.

Sin poder prohibir ni legalizar, lo que queda es convivir con lo ilegal.

Dia del suboficial mayor de carabinerosEn un reciente libro “Tolerancia como forma de distribución” (Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America, 2017), la investigadora norteamericana Alisha Holland aborda las razones de la vista gorda de la autoridad en Latinoamérica. Se pregunta: ¿por qué la exigencia de cumplimiento legal es estable y uniforme en algunos contextos y volátiles en otros? En el caso chileno, pregunta, por qué podemos cobrar impuestos a la elite, pero se permite a vendedores callejeros operar en algunas áreas, mientras que en otras son perseguidos vigorosamente.

Holland sostiene que los políticos eligen NO hacer cumplir la ley cuando eso va en su beneficio electoral. Enfocándose en las leyes que son violadas por los pobres, Holland argumenta que el incentivo de los políticos depende de dos factores: 1) si los programas sociales ofrecen una alternativa a la violación de la ley, y 2) si los políticos dependen de los votos de los pobres para ganar una elección. Políticas sociales insuficientes y necesidades electorales alimentan la vista gorda de la autoridades.

Al igual que Dewey, Holland detecta que en Latinoamérica la política convive con lo ilegal, lo administra.

Eventualmente, en ese juego –en parte forzado por las necesidades sociales–, el delito puede escapar de control.

–Si uno se pone en los zapatos de los políticos– dijo Dewey a CIPER –los tipos quieren gobernar, quieren tener paz social, llevar a cabo sus proyectos políticos, no quieren conflictos. Entonces, toleran ciertos mercados, sobre todo si son muy legitimados en la sociedad. Por ejemplo, lo que son los mercados persas en Chile, donde muchas cosas son robadas o falsificadas. Ahí la tolerancia forma parte del intento por mantener la estabilidad y reproducir la paz social.

ADMINISTRAR EL ESTADO DE DERECHO

Si algunos agentes del Estado establecen fluidas relaciones con lo ilegal, es claro que el Estado no desaparece del territorio. Pero lo que sí desaparece es el Estado de Derecho. Dewey explica que eso es lo que los agentes le ofrecen a las bandas de narcos, a los comerciantes ilegales y a todos a quienes se les toleran sus ilegalidades: la supresión, durante un tiempo y en determinadas zonas, del Estado de Derecho.

Dewey llegó a esta idea mientras entrevistaba a un ex auditor de la policía de Buenos Aires, famosa por su brutalidad:

–El auditor me contó que el libro de entradas (donde se anota todo lo que ocurre en el cuartel, quien entra, quien sale, que denuncias se hacen, etc.) está desfasado una hora. Es decir, si alguien entró a las 10 a hacer una denuncia, lo anotan como que llegó a las 11. ¿Por qué? Porque se reservan una hora para lidiar con cualquier imprevisto, cualquier cosa que se les salga de las manos y que eventualmente necesiten encubrir. El auditor me dijo que todos los diarios de la policía están atrasados una hora. Entonces, se me ocurrió algo bastante obvio; que aquellas personas que tiene el poder de confeccionar documentos oficiales, pueden escribir lo que se les dé la gana y hacerlos valer como válidos.

Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme”.

Y así es como algunos agentes del Estado administran la ley. A veces la anulan, a veces la hacen exigible. Vuelven productivo el poder Estado de Derecho. “Yo puedo perfectamente como inspector no solo falsificar documentos, sino más sutilmente, interpretar y aplicar normas para un lado o para otro. Ahí hay un espacio que pueden administrar los representantes de la ley”, explica Dewey.

Ese espacio de supresión del Estado de Derecho no lo aprovechan solo los comerciantes ilegales de marcas truchas o droga. También es un espacio que se ofrece a las encumbradas elites cuando, por ejemplo, se les acepta saltarse la ley tributaria eludiendo con ingenio la norma.

La expansión de estos comportamientos, escribe Dewey, se ve potenciada por múltiples factores, entre los que ubica la expansión del neoliberalismo en los negocios y en la ética (la economía en general piensa que la justicia es una bobada, decía el último premio Nobel, Richard Thaler); y la expansión de sectores muy precarios surgidos de la descomposición del aparato productivo y que el sociólogo Loïc Wacquant llamó “marginalidad avanzada”.

La solución, por tanto, es difícil de pensar. Pero la intuición de Dewey es que siempre será clave contar con funcionarios públicos bien formados en todos los niveles.

-Siempre he creído que lo importante es tratar de formar buenos representantes del Estado, gente a la que se le den todos los beneficios para que sea fiel al ordenamiento jurídico. El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al Estado, son fieles a otros intereses. No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que ser muy difícil. La construcción de instituciones que elijan bien quién entra y quién no, debería ser el primer objetivo de los gobiernos. Lo que pasa es que es mucho más tentador tener fuerzas policiales y de seguridad que están al servicio del gobierno de turno- concluye Dewey.

Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó

Más de $1.841 millones pagó Carabineros por un “sistema de interceptación, grabación y monitoreo de comunicaciones”. En simple: un equipo para “pinchar” teléfonos. La adjudicación se decidió el 29 de noviembre de 2013, pero el contrato se firmó el 5 de marzo de 2014. El equipo se pagó en dólares: US$ 3,3 millones. Por ese precio, los funcionarios del OS-7, unidad a cargo de la interceptación de llamadas, esperaban contar con una “joyita” de última generación que permitiera dar de baja al obsoleto sistema ETI que operaba desde 2001. Pero al menos hasta mediados de diciembre de 2014, nueves meses después de que se firmó la compra, el nuevo sistema aún no podía ponerse en funcionamiento: al equipo le faltaban importantes accesorios técnicos para operar como estaba previsto cuando se determinó su adquisición.

La compra del sofisticado sistema de escuchas telefónicas ha sido duramente criticada internamente por oficiales de las áreas de logística y adquisiciones de la institución. Varios de ellos dijeron a CIPER que en lugar de exigir al vendedor que solucionara el problema, ejecutar las garantías o devolver el producto y rehacer la licitación, el mando decidió que se compraran los elementos faltantes, pero con cargo al presupuesto de Carabineros. Otros funcionaros señalaron a CIPER que el error no fue del proveedor, sino de las unidades que organizaron la licitación -la Dirección Nacional de Logística y el OS-7-, quienes no habrían consignado en las bases de la licitación el requerimiento de los accesorios.

General Marcos Tello Salinas
General Marcos Tello Salinas

Lo cierto es que, ya sea porque se brindó un trato preferencial indebido al proveedor o bien por un error interno, el nuevo sistema que debía proporcionar una pieza clave para el desarrollo de las investigaciones judiciales contra el narcotráfico y el crimen organizado, pasó casi un año sin operar desde que se aprobó su compra. En todo ese tiempo se siguió trabajando con el equipo ETI que ya presentaba serias deficiencias, incluyendo la pérdida de grabaciones en juicios de alta connotación pública (vea el reportaje de CIPER “Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos pinchados”).

La adquisición del nuevo equipo se realizó a través de una licitación privada. CIPER pidió a Carabineros los documentos de la licitación y una entrevista con un oficial responsable del Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC), unidad encargada de las compras de tecnología. La institución informó que analizaría si podía acceder a nuestra solicitud, debido a que se trataba de un tema de “inteligencia”. Hasta hoy no ha habido respuesta.

CIPER tuvo acceso a documentos y testimonios que indican que el responsable de la adquisición y quien finalmente firmó el contrato fue el general Marcos Tello Salinas, jefe de la Dirección Nacional de Logística (Dilocar). El proveedor fue Mipoltec, cuyo propietario es Jorge Patricio Lorca Rivera.

Jorge Lorca ha tenido un ascenso meteórico en el ámbito de las empresas proveedoras de Carabineros. Diez meses antes de adjudicarse esta licitación privada para vender un sistema avaluado en US$3,3 millones, se desempeñaba como técnico informático a cargo de efectuar la mantención de equipos vendidos a Carabineros por otra empresa: Tecnodata, la misma que en 2012 protagonizó el escándalo de los sobreprecios en la compra de sistemas para detectar tráfico de drogas (vea el reportaje de CIPER “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio).

La sociedad Mipoltec fue constituida por Jorge Lorca y su esposa, Brigitte Rosas Llasquen, en mayo de 2013, apenas seis meses antes de que Carabineros le adjudicara esta millonaria licitación. La sociedad declaró un capital inicial de $3 millones. Lorca aportó el 83,33% de esa suma y su cónyuge, el 16,67%. En el registro que publica el Diario Oficial quedó inscrito como domicilio de la sociedad una casa de la Villa San Osvaldo, en San Bernardo. En noviembre de ese mismo año, la Resolución 188 de Carabineros dio cuenta de que Mipoltec se adjudicó la licitación privada del equipo de interceptación telefónica.

En el currículo que publica en la red Linkedin, Jorge Lorca indica que estudió la carrera de Analista de Sistemas en Inacap; de 2005 a 2007 trabajó en Fundación Coanil; entre 2007 y enero de 2013 fue empleado de Tecnodata y desde febrero de 2013 se presenta como gerente general de Mipoltec.

La empresa de Lorca se dedica a la venta y arriendo de productos computacionales y de equipamiento electrónico de uso policial y militar. También realiza asesorías. Además de la licitación privada de Carabineros, Mipoltec se ha adjudicado 13 licitaciones públicas que involucran un total de $547,8 millones, según los registros de la plataforma Mercado Público (ver recuadro). En el portal de Chileproveedores registra dirección en Pedro de Oña 021 (Ñuñoa). En algunas de las licitaciones que ya ganó, se agregan otras direcciones comerciales: la ya mencionada de San Bernardo y otra de San Miguel.

os7Apenas un mes después de haberse constituido como empresa, Mipoltec obtuvo su primera licitación pública, requerida por la PDI para realizar la mantención a nivel nacional de sus equipos RT-8000 y RT-8100, que son utilizados para intervenciones y monitoreos telefónicos. El monto de esa licitación: $29.600.001.

Jorge Lorca es un antiguo conocido de los mandos del OS-7. Poco antes de poner en marcha su propia empresa, el analista fue pieza clave para destrabar una de las crisis más complejas que ha vivido esa unidad en el último tiempo y que le significó a Carabineros un duro round con el Ministerio Público y La Moneda: la pérdida de centenares de grabaciones de interceptaciones telefónicas autorizadas por órdenes judiciales, entre las que se encontraban las del juicio que recientemente terminó con la condena de nueve funcionarios de la PDI acusados de corrupción y torturas.

LÁPIDA PARA EL SISTEMA ETI

En 2012, Carabineros ya había decidido renovar el sistema ETI de interceptaciones telefónicas, pero la licitación se suspendió debido a que en el segundo semestre de ese año estalló el escándalo de las compras con sobreprecio y el Ministerio del Interior puso bajo revisión todas las adquisiciones de tecnología destinadas a la policía.

Curiosamente, fue otro escándalo público el que aceleró finalmente la compra del nuevo equipo. En julio de 2013 CIPER publicó un reportaje que dio cuenta de la pérdida masiva de las grabaciones de llamadas interceptadas por el OS-7, entre ellas las de la mencionada investigación contra detectives de la PDI.

La pérdida de los registros motivó una investigación penal de la fiscalía contra Carabineros y encendió las alarmas de La Moneda por el desprolijo procedimiento policial. En ese contexto, la autoridad se allanó a dar urgencia a la compra del nuevo sistema de “pinchazos”.

La falla del equipo ETI se produjo en octubre de 2012, pero Carabineros no la informó al Ministerio Público hasta mediados de 2013. El error provocó la pérdida de las grabaciones de unas 4 mil llamadas. Tras el desperfecto, el sistema no pudo ser reiniciado y los registros de las llamadas quedaron bloqueados en uno de los servidores del sistema. Los técnicos de Sectrade, la empresa que tenía el contrato para realizar la mantención del equipo y que pertenece a los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, no pudieron normalizar el sistema.

Antes de llegar a las manos de los hermanos Cordero, el servicio de mantenimiento del sistema ETI estuvo por años a cargo de la empresa Tecnodata, por lo que Carabineros recurrió a ella en un intento desesperado por volver a poner en funcionamiento la máquina. Tecnodata envío a su técnico, Jorge Lorca, quien consiguió reiniciar el equipo y normalizar su funcionamiento, aunque no pudo recuperar las grabaciones bloqueadas.

Apenas unos meses después, Lorca fundó su propia empresa y se puso en carrera para acceder al millonario contrato para reemplazar al ETI.

EL ROL DEL TIC

Quienes conocen los pormenores de la licitación, indican que hubo dos factores que jugaron a favor de Mipoltec para que se le adjudicara la compra. El primero fue que los requerimientos técnicos consignados en las bases eran casi idénticos a los del equipo que ofrecía Jorge Lorca. El segundo: el plazo de 50 días estipulado para la entrega del producto, debido a que no había otra empresa en condiciones de conseguir el equipo en tan breve lapso. No obstante, la premura se diluyó una vez que el sistema estuvo en manos de Carabineros, cuando quedó en evidencia que el equipo no se podía poner en funcionamiento.

Jorge Lorca Rivera
Jorge Lorca Rivera (Fuente:  sirculatinoamerica.cl)

La pregunta que ronda entre los oficiales relacionados con las adquisiciones que realiza Carabineros es si Mipoltec incumplió las bases de la licitación, en el caso de que haya entregado los equipos incompletos, o si bien el error fue del OS-7, la entidad encargada de determinar los requerimientos técnicos para la compra, si omitió en las bases de la licitación los accesorios faltantes. Para aclarar este punto, CIPER contactó a Jorge Lorca a comienzos de enero y le envío consultas por correo electrónico. Lorca respondió que, por razones laborales, sólo podría responder nuestros requerimientos recién en la primera semana de febrero. A inicios de este mes volvimos a llamarlo, ocasión en que señaló que debía consultar con su abogado si podía hablar sobre una licitación privada de un equipo estratégico para Carabineros, pero no volvió a contactarse con CIPER.

Varios funcionarios de Carabineros confirmaron que las responsabilidades por esta compra, y por eventuales omisiones en los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, son de la Dirección Nacional de Logística (Dilocar). Según explicaron, el Departamento de Telecomunicaciones e Informática (TIC) revisa y se hace responsable de las compras y licitaciones menores a $8,6 millones (200 UTM). Las unidades que realizan compras mayores pueden obviar la asesoría técnica del TIC, que es lo que habría sucedido en esta licitación. Al interior de Carabineros circula la versión de que el OS-7 diseñó los requerimientos y los entregó directamente a la Dilocar. Los funcionarios del OS-7 recién habrían tomado contacto con el TIC hace tres o cuatro meses, cuando ya habían detectado que faltaban accesorios y necesitaban organizar la compra de esos elementos.

En todo caso, el TIC también tiene un historial de irregularidades en sus compras. En 2012, CIPER publicó el pago de sobreprecios millonarios en las adquisiciones de esta unidad y la existencia de proveedores que tenían ciertos privilegios, como saber de antemano los productos que se licitarían (vea el reportaje: “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad calve de Carabineros”). Luego de esa publicación, tanto la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) como la Contraloría, el Ministerio Público y la justicia militar, realizaron sus propias investigaciones, las que terminaron con el llamado a retiro del general Gerardo González Theodor (Vea: “Los sobreprecios y tratos de palaba que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

LAS FALLAS DEL EQUIPO NUEVO

En las bases de las licitaciones públicas realizadas por instituciones militares o policiales, generalmente queda establecido que apenas el producto sea oficialmente adquirido será sometido a una inspección técnica. Si éste no funciona o presenta fallas, se faculta a la institución a cobrar la garantía o, incluso, anular el proceso. En muchas de las garantías de estos contratos se hace hincapié en que la empresa que obtenga la licitación debe supervigilar, realizar mantenciones y visitas técnicas durante los primeros meses, para verificar que su producto funcione correctamente.

En el caso de esta licitación privada, a pesar de que al instalarlo el equipo no funcionó como estaba previsto, nada de lo mencionado en el párrafo anterior sucedió y hasta ahora no hay explicaciones que lo justifiquen. El sistema adquirido ha ido aumentando su costo final, ya que se han ido comprando los accesorios faltantes con cargo al presupuesto de Carabineros.

Escuchas-telefonicas1Funcionarios vinculados al área de las adquisiciones indicaron que al sistema le faltaban 250 puntos de conexión, los que debían montarse sobre una VLAN (red privada virtual). Además, había que agregar más canales de entrada para aumentar la capacidad de grabación de llamadas. Según señaló uno de estos funcionarios, al sumar estos elementos “se permite que un computador instalado en Arica o en cualquier parte del país se integre al sistema y trabaje con los mismos recursos como si estuviese en Santiago”. En el fondo, se descentraliza por completo la operación y se puede registrar llamadas desde cualquier punto del territorio.

Los accesorios faltantes también tienen por objeto proteger los datos: “Hacen que la información no sea hackeable, porque queda en una nube, pero eso no es barato”, dice la misma fuente. En todo caso, respaldar los datos alojándolos en un sistema externo como este, no los protege en un ciento por ciento de un ataque.

Un experto que trabaja para una empresa que compite con Mipoltec señala que todos estos “parches” finalmente permiten que el equipo intercepte “líneas de voz” (conversaciones telefónicas), pero que las organizaciones delictuales cada vez usan menos esa vía de comunicación y están recurriendo a “líneas de datos” (que operan en Internet).

La misma fuente dice que el equipo adquirido por Carabineros es un modelo EGO, fabricado por la italiana Innova, y que es muy caro porque precisamente puede “pinchar” comunicaciones que usan internet, pero asegura que esa prestación no quedará operativa porque se requiere una modificación legal que obligue a las empresas proveedoras de internet a adquirir equipos que puedan “filtrar” las “líneas de datos” de acuerdo a parámetros de búsqueda que defina la policía. En otras palabras: Carabineros habría comprado un equipo carísimo que no se puede usar en toda su capacidad porque no se ajusta al marco legal en que se mueven las empresas de telecomunicaciones.

Para dejar completamente operativa al menos la grabación de conversaciones con la incorporación de los 250 puntos de conexión sobre la VLAN que se necesita, se abrió una nueva licitación, esta vez a través de Mercado Público, cuya fecha de adjudicación está contemplada para el próximo 23 de febrero. La licitación permitirá arrendar 30 unidades switch durante dos años y ya se presentaron tres ofertas que van desde $32 millones a $47 millones  (Vea las bases administrativas y los requisitos técnicos de esa licitación).

El costo, en todo caso, será mayor, porque agregar los canales de entrada que se requieren significará desembolsar otros $7 millones mensuales, aproximadamente, según confirmaron funcionarios de Carabineros que conocen los esfuerzos que se estaban desplegando al interior de la institución para superar el problema sin exponerse a un bochorno público.

Mipoltec: Proveedor de Carabineros, PDI y Gendarmería

Según los registros del sistema Mercado Público, desde su creación Mipoltec ha obtenido 13 licitaciones públicas y dos contrataciones directas, por un total de $547.843.346 (IVA incluido). Esto, sin contar la licitación privada del sistema de “pinchazos” telefónicos de Carabineros.

De estas operaciones, cuatro corresponden a licitaciones realizadas por la PDI, por un monto total de $114.114.001, que consisten en la mantención de los equipos RT-Estrella 2013 a nivel nacional (asistencia técnica a un sistema ETI similar al de Carabineros) y la compra de tres sistemas de monitoreo telefónico RT-8100, ambas compras contratadas en julio de 2013; la adquisición de 16 kits de campaña para desierto (carpas, mallas de mimetismo, catres y mochilas de hidratación) en noviembre de 2014 y la contratación de una mantención para equipos de interceptación telefónica a fines de diciembre de 2014.

Adicionalmente, en julio de 2014 la PDI contrató en forma directa por 25.900 euros un curso de capacitación de la empresa española Covidence, que presta servicios a organizaciones gubernamentales de inteligencia, cuya representación en Chile está en manos de Mipoltec. A favor de la empresa de Lorca se emitió la orden de compra por el equivalente en moneda nacional: $19.616.660.

Mipoltec también se ha adjudicado cuatro licitaciones de Gendarmería de Chile, por un total de $194.623.603. Estas comprenden las compras en diciembre de 2014 de un kit de televigilancia (monocular con visión nocturna y todos sus accesorios); un kit de radiocomunicación multiconferencia encriptado (seis sistemas de radio con cobertura superior a los 500 metros de color piel) y un kit de microcámaras full HD (para descargar grabaciones de manera inalámbrica). En julio del mismo año Mipoltec vendió dos sistemas para extraer información de teléfonos móviles incautados y un servidor para monitorear comunicaciones.

Otras dos licitaciones adjudicadas por Mipoltec fueron abiertas por los gobiernos regionales de Antofagasta y Tarapacá. La orden de compra del GORE de Antofagasta se emitió en noviembre de 2014 por $ 69.187.000 para la adquisición de equipos para control fronterizo que serían utilizados por la Brigada Antinarcóticos local. La licitación del GORE de Tarapacá es por $143.439.996 y se refiere a la compra realizada en octubre de 2013 de cámaras termales (para captar imágenes por contraste de temperatura en condiciones climáticas adversas, como las del altiplano) y detectores de movimiento (también termales) que serían utilizados por la Brigada Antinarcóticos de Iquique.

En el caso de Carabineros, además de adjudicarse la multimillonaria licitación privada del sistema de interceptaciones y registro de llamadas, Mipoltec se quedó con tres licitaciones públicas  que suman $5.772.086. La primera corresponde a la compra en julio de 2014 de diez cámaras de video, con resolución HD y modo de visión nocturna; la segunda es una mantención preventiva para el servidor ETI, cuya orden de compra fue emitida en enero de 2014, y la tercera corresponde a seis mantenciones preventivas del servidor ETI Demon 128, en julio de 2013.

Finalmente, la empresa de Jorge Lorca también ha sido proveedora del Ejército, institución que le adjudicó una compra por $1.090.000 en octubre de 2013. La operación se realizó por trato directo, sin licitación, y fue para proporcionar equipamiento destinado a bloquear señales de comunicación que se utilizaría en el Edificio Bicentenario del Ejército.

Carta de Carabineros:

En el siguiente enlace puede descargar la carta enviada por el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros tras la publicación de este reportaje.

Respuesta de CIPER:

Es necesario precisar que CIPER solicitó a Carabineros tanto una entrevista como información sobre el proceso de compras tecnológicas, a lo que el Departamento de Comunicaciones respondió a través de un correo electrónico de fecha 20 de enero de 2015 invocando la restricción de informar de acuerdo a la Ley de Inteligencia y señaló que “no será posible dar respuesta detallada a su requerimiento”. Telefónicamente a la periodista se le dijo que de todos modos se estaba analizando si se concedería una entrevista para explicar los procedimientos de compras tecnológicas.

CIPER defiende su derecho y deber de informar sobre los hechos interés público como el que motivó este reportaje, pues se refiere a la compra de aparatos de interceptación telefónica que afectan a todos los ciudadanos.

Violencia policial: Fuerzas Especiales, infiltrados y vándalos

Si damos crédito al desmentido de las autoridades y creemos que el tipo que figura en el video como infiltrado en la marcha estudiantil del pasado martes 10 de junio, estaba ahí de punto fijo porque sí, simulaba ser un vigilante porque fue contratado por quienes le temen a los destrozos, se cortó el pelo como uniformado porque piensa que ser reservista de la fuerza aérea le cambio su vida, y sacó su pistola a título personal porque no puede manejar su ira… ¿creemos también que se acabó el problema? Si creemos que ese hombre armado representa miedos personales, más que institucionales y sociales, en lo personal creo que perdemos la posibilidad de reflexionar sobre la política de seguridad que se activa cada vez que la movilización ciudadana sale a las calles.

Que el tipo sea un civil haciendo guardia a título personal no significa ni desmiente que la política de infiltrados y de choque sea una realidad. Y ese es al final el tema de fondo: ¿Hasta cuándo veremos a fuerzas especiales enfrentando movilización social? ¿Hasta que aparezcan miles de infiltrados actuando a título personal?

Si se busca individualizar a todos y cada uno de los “infiltrados” para procesarlos en la justicia por desordenes en la vía publica, ¿Es acaso eficiente disponer fuerzas especiales para dicho propósito? Sinceramente, no creo que infiltrados de ningún tipo se prevengan con una política militarizada como la que vemos en las calles cuando hay marchas. ¿Por qué no? Porque creo que el problema de fondo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo del miedo, desde la política. En este sentido, también creo que el problema es mucho más complejo, porque que el miedo en Chile no se reduce al riesgo de caer enfermo o a vivir con pensiones irrisorias cuando seamos viejos, porque todos sabemos que el miedo nos toca a todos, porque el miedo del que hablo no es UN sólo miedo. Tampoco es un miedo personal y loco, sino que son miedos múltiples, simultáneos, individuales y colectivos, y con bastante asidero en el día a día.

Chile tiene miedo a las armas, al abuso social, económico y militar, a ser juzgado injusta y abusivamente, a que el juicio en un momento determinado recaiga en cobardes armados, como el del video. Chile le teme a la violencia. A los vándalos. A los infiltrados. A los encapuchados. Tiene miedo al otro. Tiene miedo a la movilización social. Le tiene miedo de la educación pública. Miedo a los destrozos. Miedo a la justicia social. Miedo a la pobreza. Miedo a la solidaridad sin marcas. Miedo a los “pacos”. Y miedo a tantos otros miedos.

Más allá de los casos y miedos puntuales, el uso de la fuerza policial en manifestaciones sociales y marchas, ha sido reiteradamente denunciado en días de marcha. La violencia policial no es nada nuevo en Chile. El miedo a ella tampoco. Pero, pese a no ser novedad, es siempre noticia. Y el miedo termina atrayendo toda la atención.  ¿Por que? Porque había miedo a que el tipo con pistola fuera “una institución”. Porque… ¡qué miedo que lo fuera!

Y la historia termina en que el tipo no representa oficialmente a una institución, en que tampoco fue posible individualizarlo ni procesar penalmente su responsabilidad, porque el arma no era “de verdad”, era de esas que sirven sólo para meter miedo (sí, la historia del miedo en Chile tiene muchas versiones y se repite hasta el día de hoy con distintos personajes).

¿No será que el miedo es una institución en sí mismo?

Para la primera marcha del 2014, el intendente de Santiago, Claudio Orrego, anunció como novedad que el gobierno de Michelle Bachelet había decidido que las fuerzas de Carabineros estarían a una “distancia razonable para no provocar”. Lo que el Intendente, los medios y muchos otros parecen no querer entender, es que el tema no son los metros de más o de menos desde donde la policía vigilará a quienes caminan por sus derechos. El tema de fondo es el lugar que le damos al miedo en nuestras instituciones. Y la política de amedrentamiento que dispone de fuerzas especiales en las calles como política de seguridad interior del Estado cada vez que hay marchas, está en los primeros lugares.

El tema es una política que recurre a fuerzas policiales entrenadas para ir al choque, infiltra uniformados y civiles armados, y castiga la movilización social y a nuestros estudiantes a punta de lumas, patadas y golpes. Porque no me digan que se castiga así solamente a infiltrados y vándalos.

El tema es que el tema se vuelve a repetir, institucionalizando y legitimando una vergonzosa práctica, heredada de la dictadura que se mantiene ahí, en el corazón de la política de interior, sin cuestionarla lo suficiente y pese a que los años y los tiempos cambian. ¿Se acuerda de la campaña del No? Corra el video al minuto 5:33 y vea si encuentra diferencias entre la política de contención de la movilización en las calles ayer y hoy. Las similitudes son penosas.

Nuestros y nuestras estudiantes en cada marcha se exponen a ser apaleados por un paco en la calle, a ser pateadas por un caballo policial en pánico o a ser rociadas por el guanaco en los ojos.  Y sí, generalmente terminan las marchas corriendo en estampida, desesperadas, presas del miedo. Y sí, tras cada marcha aparecen nuevamente miles de videos denunciando abusos policiales. Lamentablemente, videos de contención policial sobre infiltrados y vándalos no he encontrado, aunque cada vez hay más imágenes donde aparecen carabineros grabando los actos violentos con teléfonos personales. ¿Será que también tienen miedo?

¿Y qué dice el Estado? Primero dice que se querellará contra un tipo que apareció con pistola simulando ser un infiltrado con un corte de pelo que podríamos llamar “institucional”. Y después dice que nos olvidemos del tema, porque la pistola era de fogueo y no se pudo individualizar su responsabilidad penalmente. Y punto.

En lo personal, la respuesta del Estado me parece insuficiente. Y me parece insuficiente porque estoy convencida que falta mayor “inteligencia” de carabineros cuando intervienen en las marchas. Generalmente, con sus intervenciones fomentan más miedos, vayan vestidos de uniforme o de civil. También creo que es hora de tomarse en serio las demandas de los estudiantes que hace rato nos insisten en que la represión que la ciudadanía sufre cuando sale a la calle, representa muchos de esos miedos y más. No es casual que enarbolen la bandera que dice que ellos son la generación sin miedo.

En definitiva, la pregunta de fondo es por qué se mantiene dicha política de choque si ha probado ser poco eficiente controlando infiltrados y vándalos, ha probado ser sumamente violenta y además prueba una y otra vez lo efectiva que resulta, simbólicamente, evocando tantos de los miedos que tiene Chile.

Si era no o no era paco, no es  la cuestión. Lo que importa, es que cada vez es más claro que necesitamos repensar otra “política de interior” posible y desmantelar de una buena vez las prácticas asociadas al imaginario del terrorismo de Estado que instaló la dictadura.

No sólo de acumulación capitalista vive Chile. Si lo piensan bien, la frasecita “junten miedo” no es banal: a nuestros miedos los seguimos alimentando y a los infiltrados y a los vándalos, también. Lo complejo es que los miedos están firmemente instalados en el corazón de la política de interior y aparecen cuando la ciudadanía se moviliza. Y eso es altamente problemático para nuestra democracia. Ya es hora de preguntarnos cómo avanzar hacia una “inteligencia” menos violenta y militarizada; hacia una política sin tanto miedo.

 

La ilegal invasión de los drones en Chile

La escena ocurrió en la mañana del 11 de marzo en el Cerro Castillo. En el momento en que los ministros del gabinete que acaba de estrenar Michelle Bachelet posaban para la foto oficial, sus miradas confluyeron hacia el cielo: un extraño objeto volador sobrevolaba a baja altura la residencia de descanso presidencial en Viña del Mar. Al día siguiente, el propio gobierno subió a su página oficial las fotos aéreas tomadas por la cámara del aparato: una nave aérea no tripulada más conocida como “dron”. Las imágenes fueron cedidas por el periodista Ariel Marinkovic, dueño de la empresa X-cam, que realiza vuelos radiocontrolados para tomar imágenes desde la altura. Las fotos de Cerro Castillo son espectaculares, pero el dron que las registró infringió las normas de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que ha prohibido el uso de naves no tripuladas sobre zonas urbanas.

-Iniciaremos un proceso infraccional. Si existen antecedentes de que eventualmente se cometió un delito, se llevaría a los tribunales -anunció a CIPER Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC.

Pagina oficial de La Moneda, muestra fotos aéreas de Cerro Castillo

Si bien aún no existe una regulación especial para los cada vez más populares drones, la autoridad considera que se debe aplicar la normativa regular que rige los vuelos civiles y por lo tanto requieren autorización de la DGAC. La razón es simple: ¿Qué hubiera pasado si el aparato cae sobre la cabeza de alguno de los ministros o autoridades extranjeras?

-Si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil -explicó Sepúlveda (ver entrevista).

Cuándo el 17 de noviembre pasado Michelle Bachelet subió a un escenario instalado en la Alameda, frente a su comando del Hotel San Francisco, para agradecer a quienes votaron por ella en la primera vuelta presidencial, un canal de TV utilizó una pequeña nave a control remoto portando una cámara para realizar tomas aéreas sobre el público (ver nota de la prensa peruana sobre su funcionamiento). Este tipo de cobertura es parte de una tendencia que partió en los medios estadounidenses, a la que hoy le llaman “periodismo dron”, una forma más barata y flexible para hacer tomas en altura. Son útiles, por ejemplo, para grabar manifestaciones o zonas de difícil acceso. Pero de acuerdo a la DGAC, esos vuelos son peligrosos e ilegales.

El boom de los drones no se limita al periodismo. Su uso se ha ido expandiendo y hoy son utilizados en la realización de estudios de impacto ambiental y por empresas mineras y de publicidad, entre otras. También por empresas de seguridad privada e instituciones militares y policiales. Una polémica veta ya explorada en otros países al utilizarlos en el combate al terrorismo y a la delincuencia y acciones de espionaje, un área que abre el debate sobre los derechos que podrían ser vulnerados. CIPER constató que las Fuerzas Armadas de Chile ya cuenta con drones y que Carabineros está en camino de adquirirlos.

AEROVIGILANCIA

En muy poco tiempo los drones se han transformado en una de las nuevas herramientas de vigilancia favoritas para los uniformados. Son más baratos que los aviones y permiten el monitoreo a distancia sin que sean percibidos. Según el sitio FlightGlobal, el año pasado la empresa israelí BlueBird Aero System se adjudicó un contrato por US$ 3 millones con el Ejército chileno para proveerlo de naves no tripuladas.

La ONG Derechos Digitales quiso saber los detalles del proceso de esa licitación, así como el contrato de la adjudicación, utilizando la Ley de Transparencia el 30 de enero último. La respuesta, en que se rechaza la entrega de información por considerarla “secreta”, fue entregada por el vicealmirante José Romero Aguirre, jefe del Estado Mayor Conjunto, basándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar: “Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, entre otros” (ver respuesta). Y hace referencia explícita a la información sobre “pertrechos militares o policiales”.

Según las fuentes consultadas por CIPER, el Ejército de Chile contaría actualmente con 16 drones.

Además de ese contrato con la empresa israelí BlueBird Aero System, en el curso de la investigación para este reportaje dos instituciones del Estado iniciaron procesos de compra de drones para vigilancia, los que finalmente abortaron. El miércoles 12 de febrero se abrió en Mercado Público una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando un “Servicio de vigilancia aérea” para operar entre los kilómetros  570 y 692 de la Ruta 5 Sur en la región de La Araucanía (ver documento). El objetivo era claramente monitorear la zona del conflicto mapuche, pues el avión no tripulado era para uso exclusivo de Carabineros. Consultados por CIPER, en Carabineros se dijo que el gobierno saliente no les había comunicado nada acerca de esa licitación.

Blue Bird Spy Lite, uno de los drones probado en La Araucanía para vigilancia. (Fuente: flightglobal.com)

La compra que había decidido realizar la Subsecretaría de Prevención del Delito estaba generando ruido en las empresas del rubro: acusaron que la licitación estaba hecha de tal manera que sólo podía ganarla la misma empresa israelí que ya trabaja con el Ejército. Cuatro días antes del cierre del proceso de compra, CIPER solicitó una entrevista con el entonces subsecretario Cristóbal Lira, la que fue retrasada por problemas de agenda, hasta que el mismo día del vencimiento del plazo fijado, la licitación se declaró desierta.

Según Lira, la decisión de declararla desierta se adoptó “por respeto a las nuevas autoridades”. Una respuesta que no se entiende, ya que las bases y los plazos de la licitación se fijaron a sabiendas de la fecha inamovible del cambio de mando. “(Los drones) me parecen una extraordinaria herramienta. Afortunadamente, estamos ya contando con las cámaras en la Ruta 5 en La Araucanía”, dijo Lira para explicar la falta de urgencia.

Respecto al supuesto acuerdo para que la empresa israelí BlueBird Aero System ganara la licitación de este nuevo dron para vigilancia, el ex subsecretario afirmó:

-Sin duda que cumplía muy bien, era silencioso, simple, pero con poca autonomía y distancia, y sus cámaras no son tan buenas. Los otros tienen otros pros y contra, no está tan claro cuál conviene, habría que probarlos más. También depende de los precios y condiciones. En todo caso, los encuentro muy prácticos y pueden servir como prueba en los juicios. Espero que a mi sucesor le gusten, ya que pienso que ayudará mucho a las policías.

Al día siguiente de que el ex subsecretario Cristóbal Lira declarara desierta esa licitación, el GOPE de Carabineros hizo exactamente lo mismo con el proceso de compra de dos drones cuadricópteros a control remoto (ver documento). Altas fuentes de Carabineros confirmaron que la licitación se canceló luego de que CIPER solicitara información sobre ella, debido a que los antecedentes recogidos indicaban que era “poco prolija”.

El uso de drones ha abierto en Carabineros un frente no cubierto por lo que decidieron formar un equipo de oficiales con estudios de ingeniería y computación para investigar en profundidad los aviones no tripulados. La idea es que es que esa institución no se quede fuera del uso de las nuevas tecnologías.

RIESGO INMINENTE

Mientras el uso de los drones se expande en el mundo civil y militar, la regulación de sus vuelos exhibe otros ritmos. Si cada día es más común ver drones sobrevolar por encima de nuestras cabezas, en la DGAC sólo se han recibido 18 solicitudes de operaciones de esos vuelos entre 2012 y 2013. De éstas, 14 fueron autorizadas para realizar vuelos demostrativos y toma de fotografías, y cuatro rechazadas por tratarse de vuelos en zonas pobladas.

Estos aparatos pueden volar hasta a 500 metros de altura y varios actores de la industria reconocen que las caídas no son poco comunes. Eso explica la prohibición de la DGAC para que vuelen en zonas urbanas. En Estados Unidos se acaban de suspender los vuelos de 10 aviones no tripulados que custodian la frontera con México desde 2005. Uno de estos aviones no tripulados, el MQ-1 Predator, que cuenta con la tecnología más moderna en su categoría y cuesta US$ 12 millones, tuvo que ser estrellado en el Pacífico frente a la costa de San Diego al no responder a la señal de aterrizaje. Se buscó evitar así un accidente de proporciones. En junio del 2012, los tres principales drones de fabricación estadounidense, tuvieron la tasa más alta de accidentes aéreos, el triple del promedio de toda la flota aérea militar de los EE.UU., según datos de Bloomberg (ver estadística).

Drone cae durante presentación de Joan Jett en el Festival Lollapalooza.

En Chile no se conoce con exactitud la cantidad de accidentes que han tenido las naves aéreas no tripuladas. Al no existir un control ni registro en la DGAC, no se tiene una estadística oficial. De todos modos, se conocen algunos casos. La tarde del domingo 1 de abril de 2012, en medio de la presentación de la cantante de rock estadounidense Joan Jett en el Festival Lollapalooza, un octocóptero (nave aérea de ocho hélices y de un peso aproximado de nueve kilos) que realizaba tomas del concierto para una productora contratada por TVN, cayó sobre el escenario a centímetros de la vocalista y su tecladista Kenny Laguna. Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto para la artista y su grupo. Y se mantuvo en reserva hasta que El Dinamo publicó el video que da cuenta de lo ocurrido.

No ha sido ése el único accidente en Chile con naves no tripuladas. En abril del 2013, radio Biobio informó que un avión no tripulado del Ejército cayó sobre una casa en Hualpén, en la zona de Concepción. La aeronave de 14 kilos se estrelló a pocos minutos del despegue.

-Ya se han caído varios de estos avioncitos a tierra, pero aun así, si has tenido suerte con los proyectos que has ganado, igual te conviene. Es parte de los riesgos que asumes. Y evidentemente a nadie le interesa dar a conocer los que se te caen –comentó a CIPER el gerente de una de estas empresas.

 

Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC:

“Volar un dron sin autorización es una actividad ilegal”

Lorenzo Sepúlveda es ingeniero en Sistema Aeronáutico, magister en Planificación y Gestión Aeronáutica y piloto. Se desempeña como director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde hace diez años (2004), además de ser vicepresidente del Grupo Panamericano de Seguridad Operacional. En pocas palabras, la función de Lorenzo Sepúlveda es fiscalizar toda aeronave civil que vuela sobre el cielo de Chile, ya sea en el área de operaciones como en la de mantenimiento, así como también la fiscalización de las licencias de los que vuelan.

Lorenzo Sepúlveda

–Este trabajo –dice Sepúlveda– es estresante: llego aquí las 7:15 y me voy, en promedio, a las 21:00 a casa. No hay fin de semana que no me llamen por teléfono por situaciones que nos pasan aquí o en el extranjero. Porque el problema lo puede tener un avión que está en Frankfurt, y necesita una autorización especial o porque tiene un problema y necesita ir a Madrid. Todos los días del año, las 24 horas del día, tenemos que estar disponibles.

Su función incluye autorizar los cambios de diseños de las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional. Una tarea en la que también se presentan problemas. Como el que recuerda el mismo Sepúlveda: “Por ejemplo, Carabineros compró un avión y quiso hacerle un cambio: un hoyo para colocar unas maquinas. Nosotros no le aprobamos el proyecto y tuvieron que vender el avión. Porque el estudio de ingeniería que presentaron no permitía certificar la aeronave”.

Ahora, a todas esas áreas debe incorporar la fiscalización de quienes operan aparatos voladores no tripulados –drones– y hacen su mantenimiento. De partida deja en claro que su competencia se restringe a la aviación civil: “El uso de los drones desde el punto de vista militar o de operaciones aéreo policiales, no es competencia nuestra. No está dentro de nuestras facultades”.

Y agrega: “En el ámbito civil y a nivel mundial, el tema de los drones se nos vino encima. El mundo entero está relativamente atrasado con respecto a su regulación. En Latinoamérica, donde formamos un grupo que reúne a todos los países, estamos estudiando una normativa común y hay varias cosas que aun no las tenemos resueltas”.

-¿Cuáles son algunos de los problemas específicos que plantea el uso de drones en cada país?
Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de la aeronavegabilidad del aparato. Es decir, con qué lo vamos a contrastar para determinar qué es lo seguro y cuáles son las interferencias que pueden tener. Después está el tema de los requisitos que debe cumplir la persona que los va a hacer volar. Porque al igual que los pilotos, estas personas deberían ser sometidas a un exhaustivo examen psicofísico. Pensamos que los que tripulen drones tengan un examen tan riguroso como los pilotos, ya que hay drones de distintos tamaños, distintos pesos, y si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil.

-¿Y qué se hace con los drones que ya están circulando a espera de la nueva normativa?
Tenemos una normativa muy avanzada, y a nivel nacional tenemos normas en la DAN 91 y otros documentos que estamos revisando para regular los vuelos. Y para efectos prácticos, en este momento lo que estamos haciendo es ver, caso a caso, el proyecto que nos presentan y ahí vemos si se aprueba o no. Depende de varios factores, todos referentes a la seguridad. Les pasamos un formulario que indica ciertas exigencias. Por ejemplo, debe presentarse con al menos 10 días de anticipación, indicar el objetivo del vuelo, remitir el área de operación y la línea especifica de sobrevuelo: altura, punto de despegue y aterrizaje, etc. Y también se exige que se describan las características del dron: modelo, peso, largo, velocidad de crucero…

-Eso significa que si yo quiero hacer volar hoy un dron, ¿debo venir aquí a solicitar un permiso trayendo todo eso que usted menciona?
Así es, lo que sí no le vamos a permitir es que vuele en zonas pobladas. Todos esos drones que la gente ha visto volar por encima de las áreas pobladas, no están autorizados por la DGAC. Ahora, el control de los vuelos de los drones es una cuestión tremendamente compleja. Mire, nosotros los podemos ver volando, pero no sabemos dónde están ubicados los que los están operando. Puede que en algunos casos eso se pueda hacer.

-Pero entonces, hacer volar un dron sin autorización, ¿es hoy un delito?
Hoy volar un dron sin la autorización podría constituir delito. De acuerdo al Código Aeronáutico, y si bien éste no dice “el dron es una aeronave”, dada la definición de la ley, el dron es una aeronave, y para poder volar ésta requiere cumplir con determinados requisitos. Y esos drones que se ven volando por ahí, no las cumplen. Porque ninguno ha sido certificado por nosotros y tampoco hemos controlado su tripulación. Por todo aquello, yo diría que volar hoy un dron sin autorización, es una actividad ilegal.

-Pero hasta ahora ustedes en la DGAC han autorizado vuelos de drones en Chile.
Nosotros hemos autorizado algunos proyectos concretos. Si usted viene hoy y dice que quiere volar un dron, le vamos a pedir todos los datos que ya le mencioné y por escrito. Luego, vamos a estudiar la zona donde va a volar, si hay lugares poblados o no, a qué altura va a volar, si existe la posibilidad de que choque con un avión… Analizamos el riesgo, y en base al riesgo de la operación, se autoriza o no. Hemos autorizado drones para prospección de ríos, en donde el dron, un aparato chico, vuela por el río y no por lugares poblados. Caso a caso hemos autorizado algunos vuelos, calculando bien el riesgo.

-¿La DGAC ha dado pocas autorizaciones hasta ahora?
Ha salido por ahí que hay varias empresas autorizadas para hacer volar drones. Eso no es cierto: no hay ninguna empresa autorizada. Lo que hemos autorizado son vuelos concretos de algunos proyectos. No hay ninguna autorización a una empresa o a un particular para hacer lo que quiera en esta materia. Hemos autorizado, por ejemplo, a una empresa para un proyecto de prospección de peces, a otra para control de cables. También ahora la Conaf nos está consultando, porque entiendo que están comprando o ya compraron un dron para utilizarlo en el control de incendios. Hay empresas de marketing que nos han pedido autorización, pero no se la hemos dado porque era para vuelos en lugar poblado.

-Me han dicho que se han visto drones que sobrevuelan el Estadio Nacional para importantes partidos de fútbol, Chilevisión operó uno por ejemplo en la previa del último partido Chile-Ecuador, para registrar al público en el estadio.
Nosotros no los hemos autorizado.

-¿También requieren ellos autorización de la DGAC?
Todo aparato requiere autorización.

-¿Dónde está la diferencia entre los drones y el avión de aeromodelismo que yo salgo a volar a un descampado los fines de semana?

Sr. Jose Dolabella (ANAC-Brasil), Sr. Marco Ospina (Secretario-CLAC) y Sr. Lorenzo Sepulveda (DGAC-Chile)

Fundamentalmente en el tamaño y la altura que alcance, hasta 100 metros, que es lo que vuelan los aviones de aeromodelismo. Como ve, es diferente. Por eso, en el formulario que entregamos a quienes presentan los proyectos, les pedimos las características del dron, porque hay drones que en versiones militares se pueden operar a mucha distancia. Por ejemplo, los que operaban desde los EE.UU. en Medio Oriente. Y esto también se puede hacer en la operación civil: el operador puede estar en Santiago y lo está haciendo volar en la Cordillera de los Andes. Por eso, analizamos el tamaño y las características del vuelo que requiere para poder así autorizar o no, depende del riesgo, de dónde va a despegar. Porque uno puede pedir autorización para volar en la cordillera, pero necesitamos saber desde dónde despega para autorizar caso a caso.

-¿Se plantean entre los requisitos de autorización la protección de la privacidad de las personas? Porque, por ejemplo, podría solicitar autorización una empresa de seguridad privada.
No, y para que lo entienda, se lo explico con el caso de un helicóptero. Usted puede tener un helicóptero para seguir gente. Nosotros autorizamos el vuelo. Ahora, si se usa para algo ilegal, el piloto es el responsable. Nosotros no vamos autorizar vuelos para nada ilegal, pero eso no quita que se pueda utilizar para algo así. Y ahí el autorizado estaría cometiendo la falta, al utilizarlo para otros fines de los que afirmó cuando pidió la autorización.

-Si bien dice que la DGAC no regula los vuelos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, ¿ellos no necesitan ni siquiera avisar cuando están operando estos aparatos?
Lo que necesitan es comunicar, sin precisar la operación, respecto al espacio aéreo para la coordinación de nuestra parte. Lo mismo rige para las operaciones de aviones militares.  Si van hacer prácticas de vuelo en algún espacio aéreo del país, necesitan avisarnos para coordinar con los vuelos civiles. Ahí hacemos una NOTAN (Notificación para Todo Vuelo Aeronáutico), avisando que esa zona está limitada o es zona peligrosa. Siempre que para operaciones militares se vaya a volar en un espacio donde hay tránsito aéreo de civiles, deben avisarnos. De la misma manera que cuando el Ejército va a disparar al aire en sus pruebas, nos avisan y nosotros delimitamos el área para vuelos civiles. Nosotros sólo entramos exclusivamente para la seguridad del espacio aéreo, no tenemos idea por qué están volando. Eso no nos compete.

-Una vez que salga la nueva reglamentación para el uso de drones que aún está en borrador, ¿quién va a ser el encargado de su cumplimiento: el Ministerio de Defensa o Interior?
Desde el punto de vista de las anomalías, nosotros lo que hacemos es cursar las infracciones o hacer la denuncia a tribunales. Lo que pasa hoy por el desconocimiento que existe de este tema, es que hay gente que los está volando sin saber que deben pedir autorización. Nosotros hicimos varios llamados por la prensa a los que están operando estos aparatos, a que se acerquen a pedir la autorización respectiva. Y desde entonces, se han acercado más personas a preguntarnos. Hay que dejar claro que según la interpretación legal nuestra, los drones son aeronaves. Y en consecuencia, en la ley está claro todo lo que debe cumplir una aeronave para volar. Debe tener certificado de aeronavegabilidad, que ninguno de los que anda por ahí lo tiene; el que lo vuela debe tener licencia, que tampoco la tienen. Y hay delitos tipificados para quienes no cumplen: el que vuela un avión sin certificado vigente, comete un delito. En la norma que estamos estudiando se considerara una licencia autorizada por la DGAC. Ahora, insisto, este no es un problema que enfrentamos sólo en Chile, es un problema mundial, ya que si bien hace tiempo que existían, ahora se han disparado de manera más masiva. No hay ningún país en este momento que tenga una normativa clara, ni los EE. UU. ni los europeos, que son los que más tiempo llevan utilizándolos, aún tienen regulado el uso. Hay que estudiar bien las interferencias que pueden sufrir estos aparatos, porque el que está operándolo desde tierra, puede perder el control. Por eso aún hay mucho que estudiar.

-¿Cuánto tiempo estima usted que demorará esa normativa en estar vigente?
Por las razones que le dado, no creo que salga antes de, cómo mínimo, seis meses. Ya llevamos dos años en esto. Estamos trabajando con otros países. El “Sistema Regional para la Vigilancia y la Seguridad Operacional” lo integran todos los países latinoamericanos, y ahí nosotros llevamos todos los grandes problemas que surgen en la aviación: desarrollo de normas, capacitación, se forman inspectores… Y en esto estamos trabajando. El proyecto de las reglas está en la fase de borrador para opinión (ver documento) de los usuarios. Antes de cualquier normativa, ésta se pone durante un periodo a disposición para que los usuarios puedan opinar, dar sugerencias, criticas, aportes y se estudian todas. Lo que tenemos hasta el momento ha sido elaborado con las opiniones de todos los países de Latinoamérica.

-¿Han recibido denuncias de drones volando en espacios urbanos?
Si, hemos recibido algunas, y creo que ya hemos llevado dos a tribunales. En algunos casos, no hemos podido llegar a resultado porque la información es muy vaga. No es fácil. Por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando es cómo identificarlos, porque así como los aviones tienen su matrícula en un lugar visible, al ser aparatos tan pequeños, tal vez tengamos que distinguirlos por marca o una matrícula. Y deberíamos ver cómo poder distinguirla. Ahora, estas normas se hacen para las personas que quieren cumplir con la ley, porque si alguien quiere operar un dron para cometer un delito, está claro que no le va a poner la matrícula. Nadie va a saber desde dónde lo está operando. La fiscalización no va a ser fácil. Y por eso se necesitará, como en todas estas cosas, la colaboración ciudadana. Estos aparatos pueden utilizarse para muchas cosas, pueden ser muy útiles y eficientes, como para detectar el fuego, para ver el cableado, para fotografías, publicidad. Para todas estas cosas es una buena herramienta, pero también puede ser usado para fines delictivos.

 

Director de Logística de Carabineros confirma fallas de carros blindados que costaron US$3,5 millones

El domingo 25 de diciembre del 2011, mientras el país celebraba la Navidad, desde la Dirección de Logística de Carabineros salió firmada la orden de compra de 29 carros blindados Mahindra por trato directo con la empresa Automotores Gildemeister S.A. La adquisición significó un gasto público de US$ 3,5 millones. Seis meses después, los nuevos vehículos, elemento clave para la seguridad de los policías en caso de ataque con bombas molotov o armas de fuego, fueron recibidos en la institución policial. Un nuevo documento se firmó: todo estaba conforme para el pago.

No fue así. A poco andar se descubrirían graves falencias que hasta hoy han provocado dos investigaciones internas y sucesivas reparaciones de los vehículos que resultaron no estar blindados como lo exigían las bases técnicas. A ello se agrega el abrupto retiro de Carabineros del mayor Marcelo Lobos, uno de los primeros que alertaría sobre las fallas de los vehículos siendo jefe del Gope en La Araucanía.
La licitación para la compra de los 29 carros blindados se inició en 2009 y fue declarada desierta dos veces. Hasta que se optó por una licitación privada, la que fue visada por la Contraloría el 21 de julio de 2011. El trato directo con Gildemeister fue suscrito en diciembre y la orden de compra firmada el 25 de diciembre por el coronel Jorge Garrido Díaz, entonces subdirector de Compras Públicas de la institución policial.

Los primeros diez vehículos fueron entregados a Carabineros a comienzos de julio de 2012. Según un documento al que CIPER tuvo acceso, la recepción y el certificado de que todo estaba conforme a lo pedido fue firmado por el general Carlos Carrasco Hellwig, quien por esos días reemplazaba al director de Logística, el general Jorge Rojas Langer.

Los 19 blindados restantes los recibió entre el 18 y el 23 de julio de 2012 el general Rojas Langer, quien también estampó su firma en la recepción. Tres meses más tarde, en octubre, llegó desde la zona policial de La Araucanía hasta el despacho del director de Logística el primer informe de que la compra no se ajustaba a lo que se pedía para garantizar la seguridad de los policías en desplazamientos de alto riesgo.

En agosto pasado, CIPER publicó la investigación sobre las posibles irregularidades que pudieron afectar a esa licitación privada (“Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad”). Los nuevos antecedentes obtenidos por CIPER confirman los errores en el proceso de compra y recepción de los 29 carros blindados, cuya reparación se ha convertido en un dolor de cabeza para Carabineros, al punto que podría afectar el proceso de calificaciones que en estos días llega a término.

¿QUIÉN PAGA LA REPARACIÓN?

La primera alerta que encendió la zona policial de La Araucanía respecto del blindaje de los vehículos y otras deficiencias, no provocó una respuesta contundente de parte del alto mando de Carabineros. Otras voces debieron sumarse a las quejas para que finalmente el problema se entregara al Departamento de Transporte. A partir de ahí se inició una dura negociación con Gildemeister para que la empresa asumiera la reparación de los carros con todos los gastos a su cargo. No fue tarea fácil. Mientras Transportes argumentaba que la empresa no cumplió con las bases técnicas, Gildemeister refutaba que la recepción de los vehículos fue firmada en julio de 2012 por dos generales, sin que se detectara ninguna anomalía.

De hecho, entre diciembre de 2012, fecha del primer informe de Transportes, y mayo de este año, no hubo ni un solo avance. Así lo grafica el informe emanado desde la Dirección de Transportes de la institución policial, al que CIPER tuvo acceso (ver informe Nº 1569, del 2 de mayo de 2013). El único vehículo Mahindra que hasta entonces se había devuelto a Gildemeister fue entregado a Carabineros seis meses después sin reparaciones estructurales.

Fue en otra área que las cosas evolucionaron y no para arreglar el problema. El mayor Marcelo Lobos, el primero que informó a sus superiores sobre las deficiencias que presentaban los vehículos blindados, debió irse a retiro en agosto de este año luego de un oscuro episodio con el general Rojas Langer (ver entrevista al director de Logística).

Fue precisamente en esos días de agosto que CIPER publicó su investigación sobre el proceso de compra y recepción de los carros Mahindra. La negociación entre Transportes y Gildemeister cambió de tono. Poco antes, la empresa hizo venir desde la India a ingenieros de Mahindra para que informaran respecto de la viabilidad de los cambios que pedía la institución policial. El primer efecto de esa visita fue que nuevamente uno de los jeep blindado se fue a reparación.

Había expectación el 9 de octubre pasado en el Departamento de Transportes de Carabineros (L-3). En el cuartel de calle Vivaceta 2.700, el coronel Patricio Carrasco y sus asesores técnicos esperaban la entrega del vehículo blindado J028, asignado a Fuerzas Especiales, esta vez reparado. No hubo festejo ni recepción definitiva. Los oficiales que lo revisaron concluyeron que aún falta por subsanar a lo menos siete observaciones. Al día siguiente fue nuevamente devuelto a Gildemeister.

Independiente del curso que siga la reparación de los 29 blindados, el proceso de su compra y recepción está siendo investigado ahora por la Contraloría. La denuncia por la adquisición de carros blindados que no cumplían con las bases técnicas del contrato de licitación privada fue acogida el 23 de octubre (Folio N°W001899/2013).

Uno de los puntos más importantes que deberá investigar el ente fiscalizador es por qué Carabineros aceptó la entrega de los 29 jeeps blindados Mahindra sin el certificado de blindaje respectivo. En el documento que presentó Gildemeister (de 21 páginas y en tres idiomas) no se menciona el punto clave (ver documento).

CIPER entrevistó al general Jorge Rojas Langer, director de Logística de Carabineros, para conocer su versión de los hechos. Cuando aún está pendiente el resultado de la investigación interna de la policía, Rojas afirmó: Se adoptaran las medidas que haya que adoptar. Nosotros no tenemos ningún reparo en tomar medidas, aplicar multas o devolver de repente material que recibimos”.

JORGE ROJAS LANGER
“LA ÚNICA REVISIÓN QUE ME CORRESPONDÍA ERA RECEPCIONAR LOS VEHÍCULOS”

-¿Cuál es la misión concreta del director de Logística de Carabineros, cargo que usted asume en diciembre de 2011?
Asesorar al alto mando y al general director en todo lo que se refiere a procesos de adquisición, arriendo, contrato, convenio de los materiales, insumos, vestuario, armamentos, munición y ganado que se requieren para Carabineros.

-¿Usted era el jefe de Logística cuando se firma el contrato de compra de carros blindados con la empresa Gildemeister (6 de diciembre 2011)?
No. Lo firmó el director de Logística anterior, mi general Eduardo Muñoz. Yo asumí el 17 de diciembre.

-Pero cuando usted asume el cargo revisa esa compra. ¿Cuándo revisa la licitación de los carros blindados?
El proceso de la compra de los jeeps blindados tenía dos pasadas por Contraloría y no requería de otra revisión. Nosotros teníamos que revisar una vez que recepcionáramos los vehículos. Era un proceso cerrado.

-Lo que hace la Contraloría, como usted debe saber, es visar lo que le informa la institución. Y una de las cosas raras que aparecen en los documentos que ustedes entregan, es que en agosto de 2010 la Dirección de Logística aprueba US$3,5 millones para la compra de carros blindados, y un año mas tarde se compran esos carros exactamente por el mismo valor.
No, porque precisamente es el presupuesto que existía para ello y esa oferta la respeta quien va a proveer el recurso. Si yo lícito sillones y el que me los provee los ofrece en 100, aunque el proceso se demore dos años me los tiene que vender en 100.

-Lo que sucede es que en agosto de 2010 el proveedor no era Gildemeister, ¿no es así?
No era, pero todos los que ofrecían carros, lo ofrecían en ese valor. El proceso es absolutamente normal, me refiero al proceso de adquisición de estos vehículos.

-Aunque existe una diferencia, porque en agosto de 2010 el dólar estaba a $509 y en diciembre de 2011 a $517.
Y podría haber estado más bajo también después…

-Por eso mismo, ¿cómo se explica que cuando se hace el presupuesto haya un precio y 16 meses más tarde el valor se ajuste exactamente a ese mismo valor?
No, la oferta es la que existe y ese proceso está completamente ajustado. La única revisión que me correspondía a mí después era recepcionarlo.

-Cuando usted recibe los carros blindados, ¿hace una primera evaluación de si efectivamente cumplen con las bases de licitación?
Así es, pero no la hago yo, el ente técnico es el que revisa si está de acuerdo a lo que se pidió.

-¿Cuál fue el resultado de esa revisión?
Que estaba de acuerdo a lo que se pidió. Posteriormente, en el uso de los vehículos aparecen algunas falencias o debilidades.

-Y si le digo que hay un error ahí, porque según las bases técnicas que recibimos vía Ley de Transparencia, y que están en el anexo al contrato, en las que se refieren al carrozado blindado, no se cumplen las bases técnicas…
¿Quién dice que no cumplen?

-Las bases técnicas. Otro ejemplo de cosas que no se cumplen: en las bases técnicas se dice que el motor debe tener un sistema de chapa blindada…
No tengo memoria de que diga como dice usted, pero le insisto, quien revisa esto es el ente técnico y es el que detecta cualquier situación distinta y se supera con el mismo proveedor.

-¿No se le aplica una multa al proveedor por entregar un producto que no responde a las características de la licitación?
Sí, por supuesto que sí, y si fuera una observación grave como dice usted…

-Es grave: no lo entregaron blindado como se pidió en las bases de la licitación.
Tenía piso y techo blindado.

Entrada de aire, que hace vulnerable al vehículo ante ataque con bomba molotov

-Y como había una diferencia importante con lo que se pidió, ésta debió haber sido descubierta por el técnico que recibió los vehículos.
Tiene razón, por eso hubo una investigación al respecto y se determinaron algunas situaciones de índole administrativa.

-¿Y de quién es la culpa: del técnico que recibió o de la empresa que entregó los carros que no correspondían a las bases?
Así como usted lo plantea, de los dos, los dos…

-¿Y se va a tomar alguna medida?
En eso estamos: reparando los vehículos, o sea, subsanando aquellas observaciones que se encontraron. Se adoptarán las medidas necesarias. Nosotros no tenemos ningún reparo en tener que tomar medidas o aplicar multas o devolver de repente material que recibimos.

-¿Quién paga la reparación? Porque les entregaron 29 carros blindados en agosto de 2012, y cuando asumen que éstos no cumplen con las exigencias de la licitación, ya están repartidos por todo Chile. ¿Quién carga con estos nuevos gastos?
La empresa.

-¿Y la empresa tendrá que pagar además una multa imagino?
Eso lo determinara el ámbito jurídico nuestro. Yo soy quien firma y hace las veces de contraparte, pero son los asesores financieros, jurídicos y  operacionales los que determinan lo que corresponde.

EL BLINDAJE QUE HACE LA DIFERENCIA

-¿Cuáles son los desplazamientos normales de un vehículo blindado de Carabineros?
Desplazarse en zonas urbanas, por vías despejadas.

-Pero si se presentara un problema de conflicto en la vía, y el carro ni siquiera es blindado, ya no serviría.
El blindado lo que tiene justamente es entregar la protección al carabinero en el marco de seguridad pertinente por si es atacado con armas de fuego, hasta cierto calibre, según las bases técnicas. Y el concepto de este vehículo era de zona urbana, como una medida…

-Claro, general, pero en ese caso preciso de ataque, el carro que les entregó Gildemeister no cumplía con esa función de seguridad al carabinero.
No, sí las cumplía.

-A tal punto no las cumple que al carro tuvieron que taparle la entrada de aire (encima del capot), que ningún vehículo blindado tiene porque deja un espacio de vulnerabilidad.

Sí las cumple, lo que pasa es que el uso de esos carros determina después que tiene esas falencias, debilidades, que están siendo subsanadas.

-Lo que significa que el carro que les entregaron no cumplía con las exigencias de blindaje para la seguridad de los carabineros.
Sí las cumple.

-General, usted me dice que las cumple para “desplazamientos normales”. Le vuelvo a preguntar: ¿cuáles son los desplazamientos normales de un vehículo blindado y cuál es la diferencia con un radiopatrulla?
El radiopatrulla en cualquier desplazamiento de su servicio puede ser atacado con armas de fuego, y los carabineros en su interior van a resultar lesionados. En un vehículo blindado eso no va a ocurrir, ofrece un marco de seguridad precisamente para lugares en que podría ser atacado con armas de fuego. Esa es la diferencia.

-Los nuevos carros blindados fueron enviados a La Araucanía. ¿No le parece al menos imprudente mandar estos vehículos sin haber detectado todas las fallas que tenían?
No me parece imprudente, porque en ese minuto en La Araucanía se requería de algo que le diera un mayor margen de seguridad al personal. Y el mando determinó mandar estos carros que ofrecen un mayor marco de seguridad para las armas de fuego. Y los enviaron.

-¿Con qué armamento se hizo la prueba de campo de los vehículos?
Con 9 milímetros.

-¿No con AK 47 como decían las bases?
No sé, yo no estuve presente en esa prueba, eso lo ven los estamentos técnicos: armamento y munición.

-¿Pero usted chequeó que esa prueba de campo se haya hecho?
Sí, en el informe final.

-Pero no recuerda el arma que se usó.
No recuerdo el arma que se usó. Nombro el arma normalmente usada por nosotros, pero si dice en las bases que debería ser utilizada esa arma (AK 47), así se hizo.

-General, ¿usted tampoco chequeó qué arma se usó?
No se trata de que yo revise eso, a mí me llega el informe de los estamentos técnicos que lo hacen. Nosotros llevamos más de mil procesos, si yo tuviera que constituirme en la revisión de los mil procesos…

-Veamos, otra de las cosas que no cumplen los vehículos respecto de lo que exigen las bases técnicas es el ducto de combustible…
Está siendo subsanado por la empresa.

-Imagino que esto después traerá una sanción no sólo a la empresa proveedora, sino también al técnico que revisó la entrega de los carros.
Tendrá que ser así.

-¿Quién fue el técnico que hizo esa revisión?
Son los ingenieros…

-¿Cuántas personas participan en este chequeo para confirmar que lo que se compró corresponde a lo pedido?
Depende precisamente del elemento, en este caso puntual tiene que haber estado Fuerzas Especiales, el Departamento L-3 (Transportes) y el Departamento L-5 (Municiones).

-Las fallas en la caja de cambio y embrague, ¿sabe a qué se deben?

Una vez que los carros estaban en uso se cambiaron los discos de embrague de todos.

-Una precisión: el carro que les entregó Gildemeister, ¿es blindado o es un vehículo al que se le acopló un carrozado blindado?
Por supuesto que es un vehículo normal que tiene carrozado blindado.

-¿Por qué Carabineros compra un vehículo blindado a una empresa que no tiene como rubro la venta de vehículos blindados? Porque Gildemeister no vende vehículos blindados.
Los vehículos que nos vende son blindados.

-Además de problemas con la entrada de aire en el capot y la tapa de combustible, las manillas del carro que les entregaron se pueden abrir por fuera. ¿No le parece raro?
Ya, pero el Carabinero la saca y la guarda adentro del carro.

Las manillas deben ser retiradas, para evitar que el vehículo sea abierto desde afuera.

-¿No es un factor de inseguridad para el carabinero que va dentro del vehículo que éste se pueda abrir por fuera y que para subsanarlo deba sacar la manilla y guardarla en el bolsillo?
Le insisto: no recuerdo las bases técnicas en su detalle. Alguna motivación lógica debieron haber tenido usuarios y técnicos en ese minuto. Yo no estaba presente cuando decidieron sacar las manillas. Pero esa es una de las cosas que están dentro de las que hay que reparar.

-Lo que significa que finalmente tampoco sirvió eso de acomodar manillas extraíbles.
Usted compra un auto y lo ve espectacular, y cuando lo está usando se da cuenta que hay varias cosas que reparar. Eso fue lo que pasó.

-Pero esta no es una compra cualquiera: involucra un gasto de US$3,5 millones de dinero público.
Sí, en un proceso que viene de 2009.

-Con mayor razón se debió tener cuidado antes de recepcionar carros que presentaban fallas.
A mí lo que me interesa que le quede claro es que nosotros, todos los que trabajamos en esta institución, ponemos nuestra mejor disposición y esfuerzo para hacer las cosas como corresponde. Cuando hay errores nos esmeramos en superarlos. Cuando ese error significa que alguien no hizo lo que tenía que hacer y hay que sancionarlo, se le sanciona. Y si alguien no hizo lo que tenía que hacer en beneficio personal, damos cuenta al tribunal que corresponde y no tenemos ningún empacho. Yo no aparecí aquí como general de un día para otro: fui aspirante, teniente, subteniente y llegué aquí después de 35 años.

-Precisamente, el hecho que lo hayan puesto aquí después de la salida del general González Theodor, a raíz de que se detectaron varias irregularidades, hace más grave la compra de estos vehículos que se muestran en la revista institucional como de última generación y no lo son.
¿Usted vio el presupuesto que teníamos para comprarlos? ¿Sabe cuánto cuesta un vehículo blindado?: entre US$600 mil y US$800 mil. Con el presupuesto que teníamos nos hubiera alcanzado para cinco vehículos. ¿Sabe por qué se compraron 29 vehículos?, porque son 29 patrullas las que van a tener la seguridad de que van a poder enfrentarse a situaciones difíciles.

-Pero son 29 vehículos que hoy no se pueden usar hasta que sean reparadas todas las fallas que presentan. Por lo que hasta entonces van a estar parados.
No, no están parados. No hay ninguno que esté parado. Se van a ir sacando rotativamente para ir superando las debilidades que tienen.

-General, ¿no le parece que las numerosas fallas detectadas en el uso de los carros, después de que ya habían sido recibidos, es algo que no puede ocurrir en su institución?
Mire, obviamente es en el uso que van a aparecer cosas que es imposible saberlas antes de usarlos.

-Eso se puede aplicar a fallas como la de una luz de freno, pero que el vehículo que se compró como blindado no traiga el motor blindado…
Debo insistir en que se hicieron pruebas balísticas. Obviamente, no puede dispararle en cada milímetro del vehículo para hacer la prueba balística, pero el vehículo es blindado y ha sido útil: ha salvado de lesiones o muerte a algunos de nuestros carabineros. Un objetivo cumplido. Además, no hay ningún vehículo que esté detenido, malo o fuera de circulación. Están en uso. Es más, trajimos de vuelta estos vehículos de La Araucanía y les mandamos los anteriores que tenían y que eran blindados, y ahora hemos tenido que volver a enviarles estos nuevos carros (Mahindra) porque el antiguo no da el mismo resultado. Están volviendo los Mahindra a La Araucanía, porque los prefieren.

-¿Y cómo están solucionando ellos el problema de la entrada de aire?
Lo que pasa es que la entrada de aire es en caso de un ataque con molotov, lo que ocurre en manifestaciones urbanas, pero el vehículo es seguro, el personal no va a ser lesionado al interior de ese vehículo.

-¿En qué momento usted es informado de la vulnerabilidad que presentan estos vehículos blindados?
En octubre de 2012 creo, por el jefe de zona de La Araucanía, el general Iván Bezmalinovic, con el informe que había hecho el mayor Lobos y otro de la zonal de mantenimiento de vehículos. Ahí me ponen en conocimiento de estas situaciones que habría que tratar de superar. Nosotros lo informamos a Transporte, desde donde se empieza a tomar contacto con la empresa. Vinieron hasta de la India los ingenieros a ver el vehículo para poder superar los problemas. Y como le digo, hoy día ya se subsanaron las falencias y debilidades en un primer vehículo.

-¿Ya está reparado el primero de los de los 29 carros blindados? ¿Cuánto tiempo demoraron?
Un mes. Y se va a hacer una rotativa con todos los vehículos para poder superar las falencias o debilidades que estaban detectadas en el informe a través del uso.

-General, usted dice que toma conocimiento de los problemas que presentaban los vehículos por el informe que recibe y que hace el mayor Marcelo Lobos, quien fue sancionado por esto.
No, el mayor Lobos no ha sido sancionado, se retiró. Y el informe no es del mayor Lobos, es del jefe de zona de La Araucanía quien me informa a raíz del informe que el mayor Lobos le hizo a él, además del informe que recibe de la zonal de mantenimiento y de usuarios.

-¿Está de acuerdo con el mayor Marcelo Lobos en que la compra de los vehículos blindados estuvo mal hecha?
No, desde el momento que están en uso y han permitido que las patrullas que salen en ellos hayan regresado ilesas, es un objetivo cumplido. Si mando a una patrulla de carabineros a un riesgo de armas de fuego y me matan o lesionan a un carabinero, no tendría el objetivo cumplido.

UN EPISODIO MUY PERSONAL

– ¿Quién inició la investigación contra el mayor Lobos por sus afirmaciones acerca de la compra de los vehículos Gildemeister?
La Zona Metropolitana de Carabineros.

-¿Cómo se entera usted de lo que dijo el mayor Lobos y que mereció una investigación interna?
Tal como lo señala en su reportaje (ver reportaje de CIPER), en esa época un hijo mío trabajaba en la 17ª Comisaría de Las Condes, y cuando lo escucha, le representa al mayor Lobos su molestia. Porque el mayor Lobos no sólo dijo que los vehículos estaban malos, sino que dijo que le interesaría conocer al tal por cual que firmó la compra. Ahí mi hijo le dijo: mi mayor, el tal por cual que firma, lo hizo porque los estamentos técnicos, los asesores jurídicos y operacionales le dijeron que así lo hiciera, y no es un tal por cual. Y se retiró. Después, en la casa, mi hijo me contó lo que había pasado. Yo le dije que diera cuenta a su mando. Y me señaló que al momento de ocurrir el hecho estaban presentes dos oficiales superiores a quienes él estimaba mucho y que pensaba que no era lo más prudente que él diera cuenta. Fueron esos dos capitanes los que dieron cuenta.

-¿Y usted citó a esos dos capitanes?
No, yo llamé al capitán Juan Reyes y le pedí que viniera a mi oficina. Vino con el capitán Baris Ratkevicius, al que también conozco pues jugaba basquetbol con él, y les dije que mi hijo iba a dar cuenta a su mando de la situación ocurrida con el mayor Lobos y en la cual ellos dos estaban presentes.

-Pero usted mismo ha dicho que su hijo le explicó por qué no iba a dar cuenta…
Pero yo a mi hijo le puedo ordenar que dé cuenta, a ellos no. Porque si tu hijo está presente cuando te tratan a ti de cualquier cosa…Además, Lobos no solo hablaba de esto, hablaba de otras situaciones que están contenidas en nuestro reglamento de disciplina: la murmuración o la falta de respeto a los superiores, la divulgación de noticias del servicio sin la autorización de un superior, el trato irrespetuoso. Y más encima con varios agravantes que también están contenidos en el reglamento de disciplina: la antigüedad, el hacerlo premeditadamente y en presencia de subalternos… Tenía cinco agravantes. Esa es la situación que investiga la zona, no yo.

-¿Usted le dijo al capitán Reyes que debía hacer un informe de los dichos del mayor Lobos?
No, yo a él no le podía decir nada. Lo único que le dije fue que mi hijo daría cuenta de lo ocurrido al día siguiente. Y el capitán  Reyes dio cuenta porque sabía que él iba a quedar al medio y porque le correspondía hacerlo, no porque yo se lo ordenara.

-En su declaración los capitanes niegan los dichos que relató su hijo…
No la niegan: no la recuerdan.

-¿No cabe la posibilidad de que su hijo mintió?
No, ¿por qué interés? Si no conocía al mayor Lobos ni yo tampoco. El que no recordaran es distinto a decir “no fue así”. Desconozco en que está este sumario.

-¿No incurrió en abuso de poder al llamar a esos dos capitanes a su oficina siendo usted un oficial superior?
No, en absoluto, porque conozco a uno de ellos y lo único que hice fue decirle que mi hijo iba a dar cuenta. Conozco al capitán Reyes, fue instructor de mi hijo, lo cité para preguntarle si mi hijo había dicho la verdad.

-¿Y le confirmaron que su hijo decía la verdad?
Sí.

-¿Por qué después no dijeron lo mismo en la investigación?
No lo sé, no es mi investigación. Lo único que sé es que no han negado lo que dice mi hijo. Y lo sé por mi hijo, porque lo carearon con él.

El mayor Marcelo Lobos, se acogió a retiro el 1 de Agosto del 2013.

-Al final de la investigación, el mayor Marcelo Lobos no fue sancionado. Lobos fue durante nueve años jefe del Gope en La Araucanía. Sus compañeros dicen que es una gran pérdida para Carabineros. ¿No piensa igual?
Bueno, el mayor se fue solo, entonces tendrían que sancionar a mi hijo fíjese… Y por los antecedentes que tengo yo, eso no puede ser, porque tengo la versión de los tres que estaban presentes cuando el mayor Lobos habló y los tres me contaron lo mismo.

Saque sus conclusiones. Ahora, esa investigación no es mía, es de la Zona Metropolitana y el mayor Lobos se fue solo. Él tiene derecho a elegir, aquí en Carabineros no hay nadie irremplazable…

-¿Es efectivo que después que apareció el reportaje de CIPER informando de las deficiencias de los vehículos blindados, el general Jorge Vidal Varas, director de Compras Públicas de Carabineros, llamó a todos sus subalternos e hizo un acto de “reparación” por la ofensa cometida con usted?
Bueno, nosotros nos juntamos todos los meses y celebramos al que está de cumpleaños o si alguien tuvo un hijo, y en esa junta mensual efectivamente mi general Vidal dijo, representando a todos: “Mi general, sepa que si ha pasado un mal rato todos sabemos quién es usted y confiamos en usted”.

-¿El general Vidal sabe todas las fallas que tienen los carros blindados respecto de lo que se exigía en las bases técnicas?
Él llegó este año a la Dirección de Compras de Carabineros… Pero si aquí no hay encubrimiento ninguno, ¿encubrimiento de qué? Si tengo que dejar mi puesto o irme a retiro, lo tengo que hacer por responsabilidad de mando, pero en este caso puntual no hay ninguna. Lo que veo es una mala intención de un tercero que le cuenta cosas a usted y no entiendo por qué…

-¿Está seguro general, de que ha tomado todos los resguardos a los que su cargo lo obliga respecto de la compra de estos vehículos?
Todos los resguardos los hemos tomado. Por supuesto que hemos descubierto falencias, hemos superado falencias. Y dentro de las que hemos descubierto no hay ninguna de gravedad, porque hemos tenido revisiones de Contraloría, de nuestra Inspectoría General… Nada es perfecto. Siempre vamos a tropezar en algo, pero nuestro trabajo está direccionado a no tropezar, o por lo menos no tropezar con la probidad. A mí no me están investigando.

 

Comisario de Carabineros instruyó a subalternos cambiar partes para bajar índices oficiales de robos

Poco antes de las 16 horas del pasado miércoles 22 de mayo, Omar Labbé (42 años) llegó hasta la Segunda Comisaría de Chanco (Cauquenes). Tenía premura. Después de estar ausente de su domicilio por unos 20 días, por un viaje a Santiago, al regresar constató que la casa que habitaba desde hacía aproximadamente un año había sido violentada y robada. Y eso era lo que iba a denunciar. En el cuartel policial lo recibió el sargento Francisco Rivera, a quién él conocía.

-Este es un pequeño pueblo y nos conocemos todos. Si te toca ir un par de veces a la comisaría, acabas conociendo a todos los carabineros. Al sargento Rivera lo conocía hace ya un tiempo y lo tenía considerado casi como un amigo –contó Labbé a CIPER.

El sargento Rivera lo hizo pasar y después de escuchar el relato del robo del que había sido víctima, llamó  al cabo que se encontraba de guardia, Antonio Sanhueza, para que le tomara declaración.

-El cabo Sanhueza se sentó frente a un computador y yo comencé a relatarle todo lo que me había pasado: que llegando de Santiago, a donde había viajado por unos días, me encontré con la puerta y unos candados de mi domicilio rotos, y que al ingresar había constatado que faltaban varias especies, como un televisor, una alfombra, un juego de llaves, un taladro, etc. El cabo Sanhueza anotaba todo. Cuando terminé de relatar, él imprimió el parte y me lo pasó para que lo leyera y lo firmara. En esos momentos, entró el sargento Francisco Rivera y dirigiéndose al cabo Sanhueza le dijo que el capitán lo necesitaba (se refería al capitán Carlos Stolzenbach, jefe de la comisaría). El cabo se levantó y se fue. A los pocos minutos regresó, se volvió a sentar y me pidió el parte que aún se encontraba en mis manos. Separó las hojas y me pidió que firmara una de ellas en el margen izquierdo. Su petición me extrañó, ya que normalmente esos partes se firman al final de la última hoja, por lo que le pregunté al cabo si eso era todo. Sanhueza me dijo que no me preocupara, que como tenía que cambiar algunas cosas y no quería quitarme más tiempo, lo íbamos hacer así –recuerda Labbé.

Lo que Omar Labbé nunca supo es que ese miércoles 22 de mayo, su denuncia policial sería cambiada minutos después de que él saliera de la comisaría. En lo principal, su relato de un robo en lugar habitado pasaría a ser “robo en lugar no habitado”. Lo que no era efectivo, pues Labbé vivía en ese domicilio desde hacía un año y sólo se había ausentado por 20 días. Tampoco podía saber que el cabo segundo Antonio Sanhueza no decidió por su cuenta cambiar el hecho esencial de su relato, sino que cumplía las órdenes impartidas por la autoridad máxima de la Segunda Comisaría de Chanco: el capitán Carlos Stolzenbach.

En efecto, según los antecedentes a los que pudo acceder CIPER, en una reunión realizada meses antes de ese día de mayo, el capitán Stolzenbach le ordenó a su personal de confianza que al momento de recibir una denuncia por robo, ésta debía registrarse de manera de controlar “las estadísticas de las denuncias”. En esa reunión, cuyo audio CIPER escuchó y acompañamos en este reportaje, el capitán comisario de Chanco les dice a sus subalternos que, como en el sistema de control lo único que se chequea es la narración de la víctima del delito, si el relato da cuenta de que fue ejecutado en un lugar no habitado, así quedará en las estadísticas oficiales.

¿BAJAN LAS CIFRAS DE LA DELINCUENCIA?

Según las cifras entregadas por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el primer trimestre del 2013 la tasa de casos policiales de delitos de mayor connotación social (DMCS), disminuyeron en un 4,5% respecto al mismo período del año anterior (a nivel nacional).

En la Región del Maule, esta cifra de disminución es mucho mayor: 10,3%  respecto de los DMCS del mismo periodo de 2012. Lo que en concreto significa 52 denuncias menos interpuestas ante las policías de la Región del Maule, según datos del Ministerio del Interior (451 denuncias en el primer trimestre de 2013, versus 503 denuncias en el primer trimestre de 2012).

Pero si se analizan en detalle las estadísticas de Chanco, la disminución de las denuncias de delitos de mayor connotación es aún mayor: una baja de 34% en el primer trimestre de 2013 respecto del mismo período de 2012 (Primer trimestre 2012: 240 DMCS. Primer trimestre 2013: 156 DMCS). (Ver estadística)

Según las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, los más de 968 mil habitantes de la Región del Maule podían estar tranquilos: la delincuencia se batía en retirada en esa zona. La realidad que descubrió CIPER, es diferente.

La grabación que recibió CIPER de las órdenes impartidas por el capitán de Carabineros y comisario de Chanco a sus subalternos, fue la primera prueba de que algo no andaba bien en los registros policiales de los delitos cometidos en esa ciudad de más de nueve mil habitantes. En los hechos, el capitán Stolzenbach les dice al grupo de policías bajo sus órdenes que, a partir de ese momento, deben modificar las denuncias de delitos mayores que reciban con el objeto de mantener las cifras de los delitos más complejos bajo el índice rojo.

“YO APOSTARÍA A ROBO EN LUGAR NO HABITADO”

Una de las instrucciones precisas del capitán Stolzenbach se relaciona directamente con el cambio del parte policial de Omar Labbé: modificar la denuncia de robo en lugar habitado por  “robo en lugar no habitado”.

En el audio, se escucha al capitán Stolzenbach decir:

-O sea, nosotros el robo en lugar no habitado a futuro lo vamos a tener en cifras negras. Aunque no hagamos nada, lo vamos a tener en cifras negras igual. Entonces, no importa que mientras tanto, hueón, tiremos para allá. Incluso, de repente, a lo mejor más que el hurto, a lo mejor habría que tirarlo a robo en lugar habitado y pasamos el chapuzón de tener todas las huevadas en rojo, pero después recuperaríamos los tres, po’h hueón. Porque te insisto, o sea, tendría que ser muy mala cueva. O sea, imagínate que aquí en la semana de, llegar a los 39, a los 40 delitos, o sea, de 10… ¿Cuántos son los que tengo?, de 10, de 16 llegar a 40 en dos meses, ¡ni cagando! Entonces, yo apostaría al robo en lugar no habitado nomás. Pasarlos todos por eso, claro, y pasamos blanqueada y que nos vean la huevada con robo nomás, si la huevada ya está con rojo nomás.

– Y lo que venga, pasarlo como no habitado y por hurto (dice otro carabinero).

– Mira, casi todo. Yo pienso que vamos más al no habitado, porque si lo pasamos por hurto, el margen del hurto lo tenemos muy estrecho; entonces, si lo pasamos por hurto, ¿qué cosa nos va a originar? Que en definitiva no vamos a poder recuperar nunca el hurto, porque va a llegar el mes y “chucha, tuvimos más”; va a llegar el otro mes, “volvimos a tener más”. Entonces, no lo vamos a recuperar nunca. En cambio, el robo en lugar no habitado lo vamos a recuperar sí o sí. Para la semana de agosto la vamos a tener recuperada. No hagas nada y la vas a tener recuperada igual, pienso yo. Ahora, lo que es importante, porque no sacas nada que tú lo sepas, que yo lo sepa y que el Ulloa lo sepa; la lógica de retenes es fundamental. Y los jefes de retenes tienen que saber sus delitos. El Enrique anda bien preocupado, pero la verdad es que el Torres, el Torres no creo que ande muy preocupado del tema del delito. Insisto, yo pienso que si tuviéramos al Aguayo allá, el Aguayo trataría de hacer algo. Es el Torres el que está, ¿cierto? Ah, el Contreras, el Contreras no creo que esté muy preocupado de que si es robo o no robo, porque en definitiva él sabe que está de paso nomás, po’h, así que ¿de qué se va a preocupar?. Y el tema aquí de la guardia lo tenis que manejar tú, decirle a los de guardia que cuando llega un delito o alguna huevada, que te avisen a ti y tú manejas y ves el tema, lo ves con el personal de población. Yo pienso que si lo hacemos de esa forma podríamos lograr algo, porque si dejamos que la huevada nos llegue como llegue, estamos cagados. Y por último, mira, ¿qué cosa le interesa a la gente? Que la huevada se denuncie. A la gente le da lo mismo si la huevada saltó la reja, no saltó la reja; esa huevada a la gente no le interesa. La gente no puede acusarnos de no denunciar. Y  segunda cosa: si los revisan en el sistema, lo que nos revisan a nosotros es la narración, y si la narración dice no habitado, ¡no habitado nomás, po’h hueón! Yo pienso que no tendríamos mayor conflicto”.

Lo que no queda claro en ese audio es si las órdenes que imparte el capitán Stolzenbach son producto de su propia decisión o si él, a su vez, las recibió de su superior jerárquico, el general Ricardo Cartagena Palacios, jefe de la Séptima Zona de Carabineros (Maule). O incluso de más arriba en el mando de su institución.

La grabación fue hecha por uno de los carabineros de la Segunda Comisaría de Chanco para tener cómo defenderse en caso de problemas, y así poder demostrar que todos los cambios  de partes policiales que debieron ejecutar en su unidad, se hicieron por instrucción precisa del comisario a cargo y no por negligencia de sus subalternos. Y ello, porque finalmente quien firma las denuncias que hacen las víctimas de delitos es el personal de guardia.

LA COMISARÍA DE CHANCO NO ES LA ÚNICA

Dados los hechos y testimonios que fueron apareciendo en la investigación de CIPER, todo indicaba que el cambio del parte policial de Omar Labbé, no parecía ser el único. CIPER se comunicó con Omar Labbé el miércoles 10 de julio, quién ignoraba que su denuncia había sido modificada. Labbé se dirigió de inmediato a la Comisaría de Chanco y solicitó una copia de su denuncia. Se la negaron. “Por encontrarse en investigación”, fue el argumento que le esgrimió el carabinero que lo atendió.

La investigación de CIPER pudo verificar que otra denuncia efectuada ante la misma Comisaría de Chanco recibió el mismo tratamiento que la de Omar Labbé. El 7 de mayo (15 días antes de la denuncia de Omar Labbé), Fidelina de las Mercedes Palma, una vecina de Chanco de 75 años, quien no sabe leer ni escribir, se presentó en la comisaría a denunciar el robo de varias especies desde su domicilio, en calle San Martín.

Según consta en el parte policial confeccionado, a las 11:30 del mismo día, el delito quedó registrado por la cabo segundo Marisol González Pérez como: “Apropiación indebida Artículo 470 Nº 1”.  Y dice que desconocidos habrían ingresado por una de las puertas del domicilio de la denunciante y se habían apropiado de dos casacas y dos planchas de ropa.

En un anexo que lleva el rótulo “Relación de los Hechos”, donde la cabo segundo Marisol González relata los hechos mencionados por Fidelina Palma, llama la atención una enmienda con lápiz en la que se suprimen especies declaradas como robadas (dos planchas de ropa) y se cambian los hechos. En donde aparecía “fundadas sospechas sobre los posibles culpables del robo de las especies”, se escribe: “una presunción de haber sido apropiadas por familiares a los cuales se les habría prestado y no se las habrían devuelto” (Ver parte enmendado).

En el parte final, la tipificación del delito quedó registrada como “Otros hechos que no constituyen delito”. Igualmente, las dos especies declaradas en el primer parte y tachadas con lápiz en el relato, no figuran.

Según relataron a CIPER testigos de los hechos, la modificación de dicho parte la hizo el propio comisario Carlos Stolzenbach, quien con su puño y letra modificó el relato para que fuera corregido en el parte final.

CIPER se contactó con el capitán Carlos Stolzenbach, quién reconoció saber que existe una grabación en la cual él se habría referido al cambio de las denuncias policiales. El comisario de Chanco insistió, en la misma conversación telefónica con CIPER, en que la mencionada grabación no había sido permitida por él, por lo que se trataría de “una grabación no autorizada” en la que se lo saca de contexto, ya que sólo se escuchan unos minutos de una reunión que duró al menos una media hora. En ningún momento Stolzenbach negó haber dicho lo que aparece registrado en la grabación. Sólo reiteró que él no era la persona apropiada para responder sobre ese tipo de problemas y que lo que correspondía era que nos dirigiéramos a los mandos de la institución. (Ver Recuadro)

-Yo asumo la responsabilidad, si tuviese alguna, pero eso tiene que verlo mi institución y yo me someto a la disciplina o a las órdenes que me dieron en la institución, que es lo más correcto por lo demás. Yo pienso que más información tampoco le puedo dar. Por favor recábela, infórmese bien y publique –fue la frase con la que concluyó Stolzenbach su conversación con CIPER.

Y eso hicimos. La respuesta de algunos oficiales de Carabineros dan cuenta de que el cambio de partes policiales para hacer bajar los índices oficiales de delitos, como robo con violencia, ya ha sido advertido en la institución. Se nos mencionó como ejemplos el de Padre Las Casas y Maipú. En ambos lugares muchas de las denuncias por robo fueron registradas como “Otros hechos que no constituyen delito” o simplemente “Daños”. La primera figura es exactamente la utilizada en la Comisaría de Chanco con la denuncia de Fidelina Palma.

La respuesta oficial de la institución llegó en un comunicado cuyo contenido se puede ver aquí.

CARLOS STOLZENBACH, COMISARIO DE CHANCO

“ES UN CONTEXTO NO AUTORIZADO DONDE APARECE MI VOZ”

-Capitán, lo estamos llamando porque a nosotros nos llegó una grabación en la cual usted aparece dando órdenes para manipular las denuncias por robo que se hacen en la Comisaría de Chanco. En el audio se lo escucha diciendo que como las cifras negras de robo en lugar habitado las iban a tener igual, da instrucciones de que las denuncias se manipulen en el sentido de ponerlas como hurto u otro tipo de delito. Y dice también que a la gente no le interesa lo que dice el parte, sino que se haga la denuncia. ¿En qué contexto dio esas instrucciones? ¿Por qué se recurre a ese método en la comisaría bajo su mando?
Bueno…, mire…, aquí hay que partir de la base de que esa grabación es un ilícito: es una grabación no autorizada. Segunda cosa: que dentro de una grabación no autorizada, es un segmento de una grabación, o sea, está fuera de contexto, porque cualquier reunión o cualquier conversación que se haya sostenido es una reunión de media hora, donde no se analiza solamente algo particular o específico.

-Usted conoce entonces la existencia de esa grabación…
Efectivamente, he escuchado una grabación que ha circulado, pero en definitiva, como le digo, es nada más que un contexto no autorizado donde aparece mi voz.

-Pero en ese audio se escucha claramente su voz dando órdenes de cómo se deberían cambiar los partes. ¿No es así?
No, no, no, eso es una conversación, es una conversación, no es una orden… Era una reunión de trabajo, donde no solamente participa una sola persona.

-Pero capitán, esa orden que usted da a sus subalternos, ¿la recibió de su jefatura o es usted solo el que le da curso?
Le vuelvo a insistir: es una reunión de trabajo…

-Claro que es una reunión de trabajo, si nosotros también tenemos unos partes policiales que prueban que efectivamente se cumplió la orden que usted aparece dando en el audio, y por eso en varios partes se ha cambiado la tipificación del delito.
Usted está aseverando algo que en realidad no es así, ah…

-Mire capitán, nosotros hablamos incluso con una de las víctimas de robo que denunció en su comisaría y en el parte policial se pone robo en lugar no habitado, siendo que esa persona vive ahí. Y tenemos otro parte por robo que también se cambia en forma similar y tiene una enmienda hecha de su puño y letra.
… Bueno, en definitiva, no soy yo la persona apropiada con la que usted tiene que hablar referente a eso…

– ¿Y con quien deberíamos hablar?
Para eso existen los mandos institucionales, en definitiva, llamados a resolver sobre si está bien o no está bien, porque lo que diga yo puede ser subjetivo.

-A ver, capitán, seamos claros, nos interesa hablar con usted porque es usted quien aparece dando instrucciones de modificar los partes policiales. Un hecho que es bastante grave y que de seguro lo va afectar directamente.
La verdad es que la persona que no tiene responsabilidad y que ha actuado bien en definitiva no tiene por qué traerle consecuencias. Yo pienso que es mucho más grave sacar de contexto a una persona y hacer una acusación si no están los fundamentos completos.

-¿Podría indicarme cuáles son los fundamentos completos que podrían avalar el hecho de modificar un parte policial con la denuncia de una persona que ha sido víctima de un delito?
Por eso mismo le digo… Mire, por eso es importante que ustedes se acerquen a la persona adecuada o al mando de la institución para recabar la información y, en definitiva, que sea una información oficial… Por lo demás, es la forma en que funciona nuestra institución. (…) Yo asumo la responsabilidad, si tuviese alguna, pero eso tiene que verlo mi institución y yo me someto a la disciplina o a las órdenes que me dieron en la institución, que es lo más correcto por lo demás. Yo pienso que más información tampoco le puedo dar, por favor recábela, infórmese bien y la publica.

Detectives acusados de corrupción graban ilegalmente al fiscal que los investiga

Vea también: “Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”

El miércoles 3 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias recibió en su despacho una visita peculiar. La persona que se sentó ante él traía una noticia que lo vinculaba directamente -y de manera personal- con el juicio más importante que tiene entre sus manos: el proceso a 10 policías acusados de asociación ilícita y de más de cien delitos al interior de la PDI.

La conversación, que se inició de modo cordial, de improviso tomó rumbos inesperados. Con palabras que no permitían ni una sola otra interpretación, su interlocutor le confirmó lo que hasta ese momento era sólo un rumor en su equipo: el fiscal había sido grabado por los policías investigados de asociación ilícita en una conversación que le podía acarrear problemas. El rumor también llegó a oídos de CIPER. Y fue confirmado por compañeros de los policías acusados en la PDI. Allí se nos dijo que efectivamente en esa grabación aparece Arias admitiendo haber cometido una ilegalidad similar a uno de los hechos delictuales por los cuales están siendo acusados los detectives. En la grabación, se escuchaba al fiscal avalando que policías hicieran llamadas anónimas al número 134 para con ellas conseguir autorización judicial para allanamientos.

En la Fiscalía Occidente la grabación en cuestión fue confirmada a CIPER. Según los testimonios recogidos, la reunión del 3 de julio entre Arias y su interlocutor terminó con consejos y sugerencias de cómo debía el fiscal seguir con el caso, lo que incluía dejar de lado la acusación a los diez detectives y apuntar los dardos hacia el equipo de Carabineros del OS-9, que había hecho una mala investigación.

El mensaje del visitante de Emiliano Arias tenía mucho sentido: tuvo lugar exactamente en días de soterrado enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público, precisamente por un episodio relacionado con la investigación judicial de los 10 policías acusados de corrupción. El conflicto, que involucró a sus máximas autoridades, se inició cuando en la Fiscalía Occidente (a la que pertenece el fiscal Arias) se descubrió la extraña pérdida de grabaciones de las más de 4 mil conversaciones interceptadas a los diez policías acusados. El hecho, revelado por CIPER el viernes 5 de julio pasado (“Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”), involucra a dos de las unidades más importantes de Carabineros: OS-9 y OS-7. Precisamente una de esas unidades es la que el visitante del fiscal Arias le aconsejó acusar.

Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal (Ver Nota *) y podría ser objeto de extorsión para no continuar adelante con el juicio a los integrantes de la PDI.

En poder de Andrés Montes, jefe de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, quedó la grabación al fiscal Emiliano Arias ya que fue designado para llevar a cabo la indagación penal respectiva. El viernes 5 de julio, solo dos días después de haberse comprobado que la grabación era real, un oficio reservado llegó hasta el despacho del director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez Meza. En el corto oficio se le informaba del hecho, anunciándole que ese mismo día se había iniciado una investigación penal para identificar a los responsables.

La grabación inédita a un fiscal del Ministerio Público, no sólo es grave por los protagonistas implicados: diez policías formalizados por corrupción y el fiscal que los acusa. El problema trasunta las relaciones entre el Ministerio Público y la PDI ya que este viernes 19 de julio la jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver si mantiene en prisión a los diez policías. La otra alternativa, que avanzó el diario El Mercurio en su edición del martes 16 de julio, es que la jueza Paula Brito acceda a la petición de la defensa de sobreseer temporalmente la causa en virtud de la imposibilidad de acceder a las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a los diez policías, extraviadas por el OS-9, lo que constituiría “infracción de garantías”.

La investigación de la pérdida de las grabaciones de las conversaciones que sostenían incluso desde la cárcel los diez policías, está a cargo del fiscal Luis Cáceres Bravo (fiscal jefe de la Fiscalía Local de Curacaví).

En la sucesión de hechos que se acumulan desde la fecha en que el fiscal Emiliano Arias recibió la inesperada visita que lo alertó sobre la grabación de la que había sido objeto, y que incluye la curiosa pérdida de las intervenciones telefónicas a los diez detectives realizadas por el OS-9, todo parece enlazarse extrañamente para que este viernes 19 la jueza de garantía no tenga más alternativa que dejar libres a los efectivos de la PDI acusados de asociación ilícita. No porque sean inocentes, sino por vicios procesales en la investigación.

Para la Fiscalía Occidente, en cambio, este viernes será la oportunidad de que la justicia calibre, más allá de la pérdida de grabaciones, el cúmulo de pruebas que acusan a los diez detectives. Y que el tribunal valore el riesgo que significa que esos mismos diez policías se reincorporen de inmediato a sus funciones, puesto que hasta hoy no han sido dados de baja.

Esta es la historia que será recapitulada en el Primer Juzgado de Garantía este viernes 19 de julio.

EL ALLANAMIENTO SOSPECHOSO

En la noche del 21 de marzo de 2012 un grupo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel, a cargo de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada e integrado además por los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo, ingresaron a un domicilio en Pasaje El Eclipse, en Pudahuel. La diligencia se originó en una supuesta llamada anónima que indicaba que en ese domicilio se realizaba un tráfico de drogas. Según registra el parte policial, el ingreso de los policías al inmueble se habría realizado con la autorización de los dueños de casa. En el procedimiento se habrían incautado $18.000 y 84 papelillos de cocaína. Solo una persona (de iniciales M.P.L.) habría sido detenida.

La realidad era distinta a lo que se dice en el parte policial. Porque hasta el cuartel de la Bicrim de Pudahuel llegaron tres personas detenidas: M.P.L., su hija y nieta. En la puerta de la morada de los detenidos permaneció la huella del “consentimiento”: una cerradura rota con un ariete, lo que quedó registrado en la foto del procedimiento. Había más cabos sueltos en esa historia.

Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9.

Las primeras indagaciones de Carabineros rápidamente comenzaron a dar resultados. Aparecieron víctimas y testigos de varios allanamientos sin orden judicial ni de la fiscalía realizados por los mismos funcionarios de la PDI. Y en todos se repetían los mismos ilícitos: amenazas, torturas y abuso de poder. Lo más grave es que algunos testigos afirmaron que los mismos policías ingresaron droga a sus domicilios con la que justificaron el allanamiento y la posterior detención. Y también, incautación de dineros y especies  -incluso droga- que después no eran declaradas. Simplemente desaparecían.

Es aquí donde comienza la sucesión de hechos extraños de esta investigación, una de las más reservadas de la Fiscalía Occidente pues se refería a una posible asociación ilícita delictual al interior de la PDI. Por alguna razón que CIPER no pudo dilucidar, los testimonios de las víctimas de los detectives se filtraron y los nombres de quienes habían declarado ante el equipo del OS-9 fueron conocidos por los mismos detectives involucrados.

-Nos amenazaban, nos decían que si seguíamos con esa huevada de que habíamos sido amenazados, íbamos a desaparecer, que a nosotros nadie nos iba a creer porque éramos delincuentes –le dijo a CIPER un joven de Pudahuel con un alto prontuario, quien en varias ocasiones fue detenido por agentes de la misma brigada que hoy se encuentran en prisión.

CIPER también se comunicó con uno de los moradores de la casa de M.P.L., quien hoy está libre:

-A mí me allanaron mi casa, entraron a la fuerza y de forma ilegal… Igual estos compadres hacen lo que quieren. Yo no me creo que vayan a quedar presos. Yo me cambié de casa justamente por lo mismo, porque seguramente van a salir libres y me irán a buscar.

Pero las amenazas fueron más allá del círculo de delincuentes habituales del tráfico de droga de menor cuantía, cuya mercadería desaparecía en un laberinto sin explicación.

LA GRABACIÓN OCULTA AL FISCAL

El 12 de abril de 2012, veintidós días después del allanamiento que había levantado las sospechas de la Fiscalía Occidente, el equipo de la Bicrim de Pudahuel a cargo del subcomisario Godfrey Gamboa, solicitó una reunión con el fiscal Emiliano Arias. No hubo respuesta. Arias se negaba a recibirlos. Gamboa insistió una y otra vez. Y en cada llamada decía tener nuevos antecedentes que servirían para formalizar a los detenidos por tráfico de drogas en el allanamiento del 21 de marzo en el Pasaje El Eclipse. Según varios testigos con los que habló CIPER, finalmente el fiscal Arias los citó en su oficina, en calle  Bandera 655.

Hasta la sede de la Fiscalía Occidente llegó parte del equipo de la PDI, encabezado por los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez. Lo que Arias nunca imaginó es que el subcomisario Márquez llevara oculto un celular con el que grabaría toda la conversación. Todo quedó registrado.

El primero en tomar la palabra fue el subinspector de la PDI Daniel Urrutia, quién relato algunos procedimientos realizados en los días anteriores, que según él guardaban relación con el “gran operativo del 21 de marzo”. Después habló Godfrey Gamboa. Dirigiéndose directamente al fiscal, le dice que estaban viendo la manera de cómo seguir siendo eficaces en los procedimientos, pero que debían cambiar el método de las llamadas anónimas al 134 para acelerar  las autorizaciones judiciales de allanamientos de morada. Según Gamboa, esa “excusa” estaba cada vez siendo menos creíble.

La respuesta del fiscal fue que si bien era un método fácil de descubrir, era un procedimiento que muchos usan y que incluso él mismo lo había utilizado en alguna ocasión, siendo fiscal en Arica, pidiendo que se hiciera una denuncia anónima desde un teléfono público para un procedimiento de tráfico de drogas.

La reunión continuó por varios minutos más, pero el objetivo de los detectives se había cumplido. Salían de la oficina de Emiliano Arias con una grabación donde el fiscal reconocía haber realizado denuncias anónimas al 134, para conseguir autorización judicial para allanar casas e inculpar personas.

La confianza de los policías de estar “protegidos” con esta grabación, en caso de que se les cuestionara sus métodos, sus procedimientos y fueran a su vez investigados y acusados judicialmente, les duró apenas seis meses.

El 17 de octubre de 2012, un grupo de carabineros del OS-9 allanó las dependencias del cuartel de la Bicrim de Pudahuel y las casas de 10 funcionarios de la PDI que la integraban. La sorpresa fue mayúscula: en el mismo cuartel algunos de estos policías mantenían droga, billetes falsos y celulares incautados en operativos antidrogas. Fue la última diligencia del equipo investigador del OS-9. En el grueso expediente, las prendas nuevas con etiqueta de marca halladas en algunos de sus domicilios se agregó a decenas de entrevistas a testigos y al fruto de los seguimientos y las más de cuatro mil interceptaciones telefónicas al equipo de la PDI. Allí aparecen declaraciones de personas detenidas relatando “quitadas” de drogas e incluso torturas. Todo ello, según la fiscalía, configuraba una asociación ilícita de crimen organizado al interior de la PDI.

Diez funcionarios policiales quedaron en prisión preventiva por orden de la jueza Paula Brito del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los policías formalizados por 126 delitos, entre ellos cien detenciones ilegales, son: los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo y el asistente policial Sebastián Álvarez de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel (Bicrim). Además de tres policías de la Brigada Móvil Metropolitana: los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez  y el inspector Kurt Borneck.

En la audiencia de la formalización se entregaron las pruebas de las irregularidades cometidas por el equipo de la PDI en el allanamiento a la casa de M.P.L. el 21 de marzo de 2012. Y también los testimonios que pusieron en entredicho y bajo investigación el origen de la droga incautada, con la sospecha de que habría sido ingresada por los mismos policías. En esa audiencia declaró la hija de M.P.L., quién también fue detenida después del allanamiento del 21 de marzo a su hogar sin que quedara registro de ello en el parte policial. Frente al juez, la joven acusó al subcomisario encargado del operativo de haberla torturado para obligarla a entregar la dirección de una casa donde se vendía droga:

“Yo accedí a entregarles una casa donde yo sabía que se vendía droga para que dejaran libre a mi papá y a mí y también a mi hija, ya que no teníamos nada que ver. Recuerdo que el policía de apellido Gamboa me dijo que, si en la casa a la que yo los llevara encontraban droga, soltaban al tiro a mi hija y a mí”, dijo A.P.L. en la audiencia.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de garantía dan cuenta de que el grupo de detectives operaba al margen de los procedimientos establecidos por la Ley 20.000 (ley de drogas), como que no se declaraban todas las especies ni la droga incautada en los allanamientos, parte de un botín que terminaba en uso personal de los policías. Por las interceptaciones telefónicas se pudo seguir el rastro a algunas especies, como ropa o artículos electrónicos, los que eran entregados a cambio de favores a jefes de otras unidades policiales.

El cúmulo de pruebas presentado por la Fiscalía Occidente –con el apoyo del OS-9- fue suficiente para la jueza de garantía Paula Brito, quien ordenó la prisión preventiva para los 10 policías por considerar los hechos probados como “absolutamente intolerables tratándose de funcionarios policiales”.

Las medidas cautelares se revisaron el miércoles 17 de abril de este año en una audiencia que duró varias horas. En esa ocasión, el fiscal Emiliano Arias detalló los más de cien delitos que habrían cometidos los policías y la participación de cada uno de los imputados en los mismos. Allanamientos ilegales, detenciones, torturas, omisión de denuncias, apropiación de especies, incautación de droga no declarada y amenazas, figuran entre los delitos más graves que se les imputan.

Las pruebas recogidas por efectivos del OS-9 de Carabineros fueron suficientes para que se mantuviera la orden de prisión para los diez policías.

Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck.

Hasta ahora el apoyo institucional para los diez detectives ha sido contundente. El alto mando de la PDI ha monitoreado paso a paso el desarrollo del proceso mostrando especial interés por la defensa de los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez, autor de la grabación ilegal al fiscal Arias. Su abogado defensor es Diego Silva, quien trabaja asociado al estudio de Raúl Tavolari. Nadie sabe de dónde sacaron Gamboa y Márquez el dinero para pagar esa defensa.

 

NOTA:

* Art. 161-A. Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.

 

Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”

Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día. Carrillo nunca imaginó que el desperfecto que poco después constató, provocaría pérdidas aún no cuantificadas en los registros de pruebas para procesos judiciales clave. Ocho meses más tarde, aquel episodio que se mantuvo en absoluto secreto hasta hoy, gatillaría  un escándalo mayor que el que en esos precisos días de octubre de 2012 estremecía al Ministerio del Interior y a las dos policías por las revelaciones hechas días antes por CIPER de las compras con millonarios sobreprecios de los equipos antidrogas del Plan Frontera Norte y que provocaron la inmediata salida del ex fiscal Alejandro Peña.

La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. “Obstrucción a la justicia” es el delito que la fiscalía acusa debido a la pérdida de grabaciones de interceptaciones telefónicas encargadas a Carabineros en un proceso de alta connotación: el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la PDI en los últimos años y que tiene a diez de sus efectivos en prisión, acusados de 126 delitos, entre ellos corrupción y tortura (siete funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana).

La información de la investigación iniciada contra Carabineros fue de inmediato comunicada además al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La notificación del fiscal Chahuán al general González Jure desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros. El primero fue una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas de la policía uniformada, con los jefes de dos importantes unidades bajo su mando, involucradas en los hechos denunciados por el Ministerio Público: OS-7 y OS-9. La situación apremiaba. La información entregada por el director indicaba que este viernes 5 de julio el controversial episodio se haría público. Había que preparar las respuestas.

El primer control de daños realizado por los mandos de los equipos operativos de Carabineros indicó que efectivamente había pérdidas en registros de escuchas telefónicas y lo más grave, que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara en tribunales, había que blindarse. Efectivamente, este viernes 5 de julio, en la causa que se sigue contra diez efectivos de la PDI, el fiscal Emiliano Arias entregó un escrito que dejó en evidencia la ausencia de registros de “escuchas telefónicas” hechas por el OS-9 en ese proceso  y el inicio de una investigación criminal contra Carabineros por su eventual responsabilidad en los hechos (vea el documento).

La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.

SECTRADE Y LOS HIJOS DEL GENERAL CORDERO

La extraña casualidad hizo que ese 25 de octubre de 2012, cuando el equipo ETI falló, dos de las empresas que estaban en el ojo de las pesquisas por las supuestas coimas en la compra de los equipos antidrogas, volvieran a ser protagonistas en el episodio de la pérdida de registros de escuchas telefónicas. Porque la máquina danesa ETI había sido comprada en 2001 a Tecnodata, cuyo dueño es Alfredo Giacoman; y su mantención fue entregada a Sectrade, de propiedad de los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque. Dos de las empresas que se repartían el mercado de los equipos tecnológicos destinados a Carabineros y la PDI.

Tecnodata tenía la representación de Phoenix American Tecnologies, la empresa estadounidense que distribuye los equipos ETI, por lo cual se encargó de la mantención del sistema desde 2001 hasta marzo de 2011. Al año siguiente, Carabineros le encargó esa función a Sectrade, empresa que asumió la representación de Phoenix.

En febrero de 2012 -ocho meses antes de que fallara el sistema ETI- la empresa de los hermanos Cordero había sido cuestionada por manejos irregulares en licitaciones de Carabineros (vea el reportaje de CIPER). A pesar de las irregularidades que no fueron desmentidas, Sectrade continuó efectuando la mantención del sistema ETI, lo que eventualmente le permitía a los Cordero acceder a la sensible información de las escuchas telefónicas. Y cuando en octubre pasado llegó el momento de que solucionaran el desperfecto de la máquina ETI, Sectrade no fue capaz.

Documentos y testimonios recogidos en la investigación de CIPER dan cuenta de los detalles de lo ocurrido luego de que se detectara la falla en la máquina ETI. El suboficial mayor Carrillo fue el que convocó al técnico de Sectrade, Sebastián Retamal Avalos, quien diagnosticó  que, tras sufrir un corte de energía, al sistema entraban las llamadas de los teléfonos “pinchados”, pero no eran redirigidas automáticamente a los equipos donde debían ser recibidas por unidades del OS-7 y OS-9 encargadas de monitorearlas. No obstante, la falla del sistema era mayor. Retamal concluyó que no se podía recuperar información de un disco duro, pues se requería un software especial para reiniciar el equipo.

Los encargados del OS-7, responsables de que el sistema ETI funcione para las escuchas de todo el país que se ordenan a Carabineros, entraron en pánico. Y resolvieron convocar a los técnicos de la empresa Kepler, especializada en la recuperación de información contenida en discos duros bloqueados. La respuesta de Kepler, entregada el 30 de octubre, fue que sus técnicos no podían recuperar la información. Entonces, la consulta se redirigió a la empresa BAE Systems, la que tampoco logró destrabar el sistema.
Corría ya la primera semana de noviembre de 2012 y según el informe entregado más tarde por el OS-9 a la fiscalía, algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. Y a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio Público no fue informado de lo ocurrido. Entonces, el jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien más tarde sería premiado por el alto mando institucional y destinado a la agregaduría en Bolivia. Y el jefe del OS-7 era el coronel René Martínez, quien fue removido del cargo por el escándalo de los sobreprecios de los equipos antidrogas y hoy se desempeña como edecán del general Gonzalo Blu.

Pero hubo otro hecho más grave aún. En medio de la crisis, los mandos de Carabineros expusieron la sensible información sobre personas investigadas por delitos relacionados con el crimen organizado a dos empresas externas no comprometidas con el resguardo de la seguridad nacional.

Es más, una de ellas, Bae Systems, debió asumir multas por más de $US440 millones tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia estadounidense y la Serious Fraud Office (SFO) de Reino Unido, tras admitir su responsabilidad en actos de corrupción en negocios de armas. Al mismo tiempo, en Chile, la justicia investigaba a la compañía inglesa por los mismos motivos a raíz del descubrimiento de millonarios depósitos que hizo en cuentas de sociedades offshore vinculadas a Augusto Pinochet, así como en cuentas bancarias en el extranjero de uniformados chilenos (entre 1997 y 2004). Toda esta información formó parte del cuaderno “armas” del Caso Riggs.

Fue finalmente Tecnodata, la empresa de Giacoman, la que logró reiniciar el equipo ETI. Sus técnicos conocían los equipos a la perfección ya que estuvieron encargados de su mantención durante diez años (2001 a 2011). Tecnodata detectó que la falla estaba en el software Trey Placed, que distribuía las llamadas en diferentes bandejas digitales desde donde eran redirigidas a distintas unidades del OS-7 y del OS-9. Tecnodata contaba con los programas para reiniciar ese sistema. Entre el 13 y 14 de noviembre su técnico Jorge Lorca consiguió normalizar el funcionamiento del equipo. La información que maneja el Ministerio Público es que el sistema presentó fallas hasta el 20 de noviembre de 2012, lo que significa que el desperfecto se extendió por casi un mes.

Tecnodata reinició el sistema de escuchas, pero no rescató la información. Prueba de ello es que el informe que le envió el fiscal Arias al juez Guzmán este 5 de julio indica que, hasta la fecha, el Departamento OS-9 no le ha entregado “el respaldo integro de nueve teléfonos interceptados” (de los 31 que se intervinieron), que contienen información relevante para el proceso que él lleva y que tiene a diez miembros de la PDI en la cárcel. “Se puede señalar que Carabineros sólo ha entregado el respaldo completo del período de interceptación respecto de cinco teléfonos de los catorce teléfonos activos y efectivamente asociados a los imputados”, afirmó el fiscal Arias en su oficio al juez Guzmán.

La versión de Carabineros, informada por el propio general director González Jure al fiscal nacional Sabas Chahuán, este viernes 5 de julio, es que todas las grabaciones de las interceptaciones telefónicas bajo la responsabilidad de la policía uniformada están respaldadas y nada se ha perdido.

Un pequeño problema contradice al general González Jure. Y emana de sus propias filas. En el oficio enviado por el fiscal Emiliano Arias al juez Fernando Guzmán, se señala que el Departamento OS-9 le informó que “el desperfecto que afectó al sistema de monitoreo ETI imposibilita la reparación del disco duro y provoca la pérdida de la totalidad de información previa a esa fecha de las intervenciones a nivel nacional sobre las cuales no existía respaldo digital”.

GRABACIONES SIN RESPALDO

Como se ha dicho, el problema provocado por el desperfecto en el sistema ETI de escuchas telefónicas nunca fue informado al Ministerio Público. Recién en mayo de este año, durante las indagaciones del proceso contra los efectivos de la PDI, formalizados el 17 de octubre pasado, el fiscal Emiliano Arias tuvo los primeros indicios de que algo anormal ocurría. La defensa de los detectives formalizados por Arias comenzó a pedir al Primer Juzgado de Garantía de Santiago y de manera insistente, el registro completo de las llamadas interceptadas durante la investigación. Arias pidió al OS-9 que le remitiera todos los registros de audio.

La respuesta, firmada por el jefe del OS-9, comandante Francisco Villarroel, fue poco clara. Decía que tenían respaldo de todas las interceptaciones “mantenidas”. Una lectura a la inversa sugería que había registros que no fueron “mantenidos” y, por ende, que no había respaldo de ellos. Además, en esa respuesta del OS-9, por primera vez se menciona que el 25 de octubre hubo una falla en el sistema ETI y se señala que, por esa causa, no podía determinarse si faltaban registros anteriores a esa fecha. En la oficina del fiscal Arias se encendieron las alarmas.

El 22 de mayo, Arias volvió a formular preguntas al OS-9, pero esta vez pidió detalles sobre el desperfecto del sistema ETI y por qué la falla afectó a interceptaciones anteriores al 25 de octubre. También pidió los últimos registros correspondientes a su causa que ingresaron a los equipos. La respuesta del comandante Villarroel –cuya firma va acompañada de la del capitán encargado de la investigación de los detectives imputados, Fernando Venegas- fue sorprendente. Le aseguraron al fiscal Arias que no había pérdida de registros de audios en su causa, y adjuntaron un cuadro con información detallada de la treintena de teléfonos interceptados en las pesquisas que indicaba todo lo contrario.

Ese cuadro, al que CIPER tuvo acceso, muestra que las interceptaciones fueron autorizadas para una treintena de teléfonos hasta el 17 de octubre, fecha de la formalización de los 10 miembros de la PDI. Pero los registros de nueve de esos teléfonos se cortan mucho antes de esa fecha. El caso más extremo es el de un aparato que dejó de ser registrado 40 días antes del plazo final. Fuentes policiales señalaron a CIPER que la perdida de grabaciones afecta sólo a dos de estos nueve teléfonos. En el Ministerio Público confirmaron a CIPER esta información y señalaron que efectivamente se recuperaron los registros de siete aparatos, pero que esto fue fruto del trabajo de la fiscalía que también hace sus propias interceptaciones telefónicas para fiscalizar -de manera aleatoria- las escuchas que se ordenan a los equipos de las dos policías.

Según la versión entregada al general de Carabineros Gonzalo Blu, por el capitán del OS-9, Fernando Venegas, encargado de la pesquisa sobre los detectives acusados de corrupción y tortura, la pérdida de registros se debió a que su equipo no respaldaba diariamente las llamadas que le eran derivadas desde el sistema de monitoreo instalado en el OS-7.

EFECTOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO

Las consecuencias de este conflicto pueden ser múltiples. Pero hay una de ellas que preocupa de manera especial en estas horas al Ministerio Público. Y es que, a partir de la constatación de las pérdidas en los registros de las escuchas telefónicas en el juicio de los detectives imputados por Arias, la defensa de éstos pida al tribunal que todas las interceptaciones hechas en esta causa sean desestimadas. Así ha ocurrido en otros procesos. Como consecuencia de ello, los diez detectives acusados de apropiarse de droga que quitaban a narcotraficantes mediante allanamientos y detenciones ilegales, además de aplicación de torturas, podrían quedar en libertad. Y como no han sido dados de baja por la PDI, podrían reincorporarse a sus funciones.

Hay otra arista que preocupa al Ministerio del Interior y al alto mando de Carabineros. No está aclarada la seria sospecha de que la pérdida de registros de audio de intervenciones telefónicas sea más amplia. La onda expansiva puede ser demoledora para otros procesos judiciales. Ello podrá ser dirimido por la investigación del Ministerio Público que acaba de ser iniciada sobre cuál es la real magnitud de los registros que faltan y a cuántos procesos afecta. Esa investigación la tiene en sus manos la fiscal regional occidente, Solange Huerta, y tiene una orden de máxima prioridad.

Lo que se investiga finalmente también es por qué falló el sistema ETI. Y ello, porque no se descarta que el desperfecto sea producto de la intervención dolosa de terceros. Un flanco que podría agravar aún más este conflicto ya que en las últimas horas emergió de fuentes policiales y del Ministerio Público un rumor: el teléfono del fiscal Emiliano Arias habría sido “pinchado” por efectivos de la PDI.

LA MAQUINA DE LOS 3,5 MILLONES DE DÓLARES

Un dato que falta en este relato sobre la secuencia y los problemas de las escuchas telefónicas que se realizan en el país, es la información sobre los montos involucrados en la compra de los equipos con los que se intervienen los teléfonos. Porque llama la atención que el equipo de Carabineros apostado en la sede del OS-7 fuera tan antiguo (comprado en 2001). La investigación de CIPER indica que también el alto mando de la policía uniformada estaba preocupado de renovar el sistema de escuchas. Y precisamente en la misma fecha en que la máquina ETI falló, octubre de 2012, estaban a punto de comprar un nuevo sistema.

La idea era adquirir un equipo similar al comprado por la Policía de Investigaciones (PDI) un año antes y que tenía, entre otras características, la capacidad de monitorear tres mil llamadas simultáneamente e intervenir correos electrónicos. Ese equipo, de la misma marca danesa ETI, fue comprado por la PDI en 2.420.975 euros (US$ 3,5 millones al cambio de junio de 2011), sin licitación, es decir, en trato directo con la empresa Phoenix American Technologyes. Así lo indica la factura respectiva (ver factura).

De allí que Carabineros obtuviera una partida de dinero similar para renovar su sistema de escuchas telefónicas. Pero tampoco hizo una licitación pública, sino que llamó a tres empresas para que entregaran sus propuestas: Vering, ETI y Nice Systems, aunque la decisión era adquirir el sistema ETI. La investigación de CIPER de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte, echó por tierra la renovación del sistema ETI ya que involucraba directamente a una de las empresas involucradas en la investigación: Phoenix, representada en Chile por los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero.

Fue quizás lo único bueno que resultó de ese escándalo, cuyo juicio se mantiene hasta hoy, pues la indagación realizada por CIPER indica que el precio al que ETI vendió ese sistema al intermediario que se lo vendió a la PDI en 2011 (Phoenix), es de aproximadamente 1.600.000 euros (US$2,3 millones). Sería interesante dilucidar en manos de quien quedó la diferencia de esos 800 mil euros.

 

Subsecretario Ubilla paraliza nueva licitación por US$ 8 millones preparada por el equipo del ex fiscal Peña

Vea la entrevista al subsecretario Ubilla.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dice que antes de que se publicaran los reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras de densímetros y fibroscopios del Plan Frontera Norte, ya le había “hecho ruido” otra adquisición multimillonaria que preparaba el equipo que dirigía el ex fiscal Alejandro Peña y que coordinaba Felipe Baeza. Ubilla recibió a CIPER en su oficina de La Moneda y recordó que, semanas atrás, Baeza le comunicó que “había que mandar por segunda vez a la Contraloría a revisar las bases que se estaban haciendo de una licitación, ya que el presupuesto asignado era muy menor al que habría que asignarle”. No era una licitación cualquiera. Era la compra de las “cámaras termales”, equipos de última generación para detectar contrabando de droga. La operación, dice Ubilla, consideraba inicialmente un gasto de US$4 millones, pero Baeza le comunicó que la compra en realidad requería US$8 millones.

La versión de Ubilla indica que dejó pasar unos días y que luego reunió a todo el equipo que participaba en esa licitación para que le explicaran porqué se habían equivocado tanto en los cálculos. Su preocupación era comprensible: el presupuesto del Plan Frontera Norte -programa dirigido por Peña y bajo el cual se haría la adquisición- sumaba un total de $10 mil millones para 2012 y sólo en esta licitación se gastarían cerca de $4.500 millones, según los nuevos cálculos del equipo de Baeza.

En la licitación de las “cámaras termales” se adquirirían cámaras de vigilancia móviles y estáticas, además de visores nocturnos, adaptados para operar en las adversas condiciones de la frontera con Perú y Bolivia.

Ubilla dice que en la reunión que sostuvo con el equipo que preparaba el concurso, se le explicó que “había una equivocación del modelo que se había plasmado en lo que serían las bases de la licitación y que el modelo que se debía licitar valía más del doble. Por esta razón se debía aumentar los montos designados”.

-En esa reunión hice tres preguntas. Dos de ellas no me supieron responder. Así que terminé ahí mismo la reunión y les dije: “Miren, estamos hablando de una licitación de US$ 8 millones, cuando tengan todas las respuestas nos volvemos a juntar, antes no” -cuenta Ubilla (vea la entrevista completa concedida por el subsecretario a CIPER).

No hubo una nueva reunión. Felipe Baeza viajó a Finlandia, en comisión de servicio, y luego se tomó vacaciones en España. Regresó sólo para presentar su renuncia ante el mismo Ubilla este lunes 8 de octubre. Una semana antes, el martes 2, CIPER publicó un reportaje en el que acreditó que otras compras hechas para el Plan Frontera Norte y que suman $4.104 millones han enfrentado problemas. Entre esas adquisiciones figuran 52 densímetros (un escáner portátil) que fueron adquiridos en $19,6 millones cada uno, a pesar de que su fabricante los vende en Estados Unidos a sólo $4,3 millones.

Aunque la Subsecretaría del Interior, a través de un comunicado firmado por Felipe Baeza, inicialmente calificó de “infundada” la investigación periodística, un segundo reportaje de CIPER aportó documentos que prueban que la compra se hizo con un exagerado sobreprecio y que a la empresa beneficiada con la licitación se le entregaron datos reservados. Frente a la evidencia, Ubilla denunció los hechos al Ministerio Público el viernes 5 y la subsecretaría interpuso una querella este martes 9.

Fruto de las investigaciones de CIPER, el ex fiscal Peña y su subordinado Baeza presentaron sus renuncias. Ubilla, en tanto, cortó por lo sano y paralizó la multimillonaria licitación de las “cámaras termales”. Lo hizo, dijo a CIPER, porque se trata de un concurso cuyas bases fueron preparadas por el mismo equipo cuestionado e investigado por su presunta responsabilidad en la compra con sobreprecio de los densímetros:

-Dado que el equipo técnico, el equipo del área de proyectos de esta subsecretaría, que participó en la licitación que suspendí, que es la de los densímetros, es el mismo que participó en el diseño de las bases de (la licitación de) las cámaras térmicas, ello me llevó a declarar desierta esa licitación. Lo que se hará hoy o mañana. No sé si la palabra técnica, jurídica, es “desierta”. Eso lo están viendo los abogados. Pero yo quiero cerrar ese capítulo.

Ubilla señaló a CIPER que a más tardar este miércoles 10 de octubre se difundirá en el portal de Mercado Público (Chile Compra) la información acerca de la suspensión de la licitación de las “cámaras termales”.

LA REUNIÓN DE FEBRERO

Aunque el subsecretario cerró un posible flanco de controversias al detener la licitación de las “cámaras termales”, un nuevo antecedente sobre el cuestionado concurso de los densímetros promete atizar nuevamente la polémica por las compras del Plan Frontera Norte. Se trata de un correo electrónico enviado el 20 de febrero por Alfredo Giacoman, dueño de Tecnodata, la empresa que se adjudicó las polémicas licitaciones de densímetros y fibroscopios.

En ese mensaje, Giacoman da cuenta de que ya está informado de un detalle técnico de la licitación que sólo conocía el equipo que preparaba el concurso: las sondas de los fibroscopios que se requerían no serían de menos de 10 milímetros de espesor. Cómo se verá más adelante, ese dato le permitió a Giacoman desplazar a su competencia.

¿Cómo supo Alfredo Giacoman, en febrero de 2012, que uno de los requerimientos de la licitación sería que los fibroscopios fuesen de 10 mm, si las bases de la licitación se publicaron recién el 18 de mayo? Sigue siendo un misterio. Pero lo que CIPER sí pudo acreditar es que efectivamente en febrero ese requerimiento ya había sido establecido por los encargados del concurso.

Un funcionario policial que ha investigado los hechos relacionados con esta licitación, confirmó a CIPER que el 8 de febrero se realizó una reunión entre representantes del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI. En esa cita fueron compartidas las bases técnicas de la licitación de los densímetros y las bases técnicas de la licitación de los fibroscopios, las que fueron preparadas por Carabineros. En la página 6 de las bases referidas a los fibroscopios, se aprecia un facsímil de la ficha de evaluación de los requerimientos técnicos mínimos exigidos. Ahí, en el “ítem 2”, referido a “diámetro de la sonda”, se lee: “Mínimo 10 mm de diámetro”.

Esto significa que el 8 de febrero ya circulaban reservadamente los requerimientos técnicos de ambas licitaciones y que, sólo 12 días después, Giacoman ya estaba enterado de, a lo menos, una parte de esas especificaciones.

Consultado sobre las filtraciones de información reservada que quedaron en evidencia con los correos de Giacoman divulgados por CIPER, el subsecretario Ubilla señaló:

-Yo asumo, por eso denuncio, que aquí puede haber personas que han o pueden haber violado la ley sobre dos líneas. Lo primero: violación de secreto, cosa que todo funcionario tiene que resguardar. Y lo segundo: fraude al fisco.

EL HISTORIAL DE LAS COMPRAS

La investigación de CIPER demuestra que estas compras de tecnología para el combate al narcotráfico se vienen realizando con sobreprecios al menos desde 2006, por lo que la investigación que realiza el Ministerio Público a petición de Ubilla debiese abarcar las adquisiciones anteriores. Desde ese año distintas instituciones públicas han comprado densímetros y fibroscopios, los mismos productos que fueron adquiridos en la reciente licitación abierta por el Ministerio del Interior. El rastreo de las compras de estos productos en el portal de Mercado Público indica que sus proveedores son cuatro empresas intermediarias que desde 2006 han cobrado al Estado montos muy superiores al precio de venta de los fabricantes.

La polémica venta que hizo Tecnodata al Ministerio del Interior y que ahora está bajo investigación, no es la primera que esa empresa realiza a la misma cartera con precios que, sin justificación aparente, se empinan cerca de los $20 millones. En 2007 (vea la licitación 4388-16-LP07), bajo el gobierno anterior, Interior compró a Tecnodata dos densímetros y pagó $19 millones por cada uno, tal como lo informó este martes 9 una nota de El Mercurio.

La arbitrariedad con que se establecen los precios en este rubro queda en evidencia al analizar las ventas de densímetros que Tecnodata hizo a la PDI y al Gobierno Regional de la VI Región, ambas en 2007. En febrero de ese año, Tecnodata vendió a la PDI un densímetro marca MERLIN, modelo PHX-PMCD-505-G, en $10,4 millones (vea la orden de compra 3274-50-D107). Apenas tres meses después, en mayo, cobró $15,9 millones por un densímetro de la misma marca y modelo, tras adjudicarse una licitación organizada por el mencionado Gobierno Regional (vea la orden de compra 4374-98-D107). ¿Qué factor comercial pudo gatillar, en sólo 90 días, un aumento de precio de 50%, equivalente a casi $5,5 millones?

Entre 2007 y 2012, Tecnodata hizo ocho ventas de densímetros a diferentes instituciones públicas, con precios que fluctuaron entre $10,4 millones y $25,9 millones. Esto significa que en cinco años, estos productos ofertados por Tecnodata registraron un incremento de precio de $15,5 millones, equivalente a un 150%. Ordenadas por precio, la nómina de estas ventas es la siguiente:

$10,4 millones: venta a la PDI en febrero de 2007
$15,9 millones: venta al Gobierno de la VI Región en mayo de 2007
$16,6 millones: venta al Gobierno de la V Región en agosto de 2008
$19 millones: venta al Ministerio del Interior en diciembre de 2007
$19,6 millones: venta al Ministerio del Interior en julio de 2012
$22,2 millones: venta a la Gobernación Provincial General Carrera en diciembre de 2010
$25,5 millones: venta a Carabineros en noviembre de 2009
$25,9 millones: venta al Gobierno de la I Región en diciembre de 2008

En tres de estas ocho operaciones los equipos se destinaron a Carabineros; en otras dos los productos fueron entregados a la PDI; en una de ellas los equipos se dividieron entre ambos cuerpos policiales y en dos el destinatario final que se registró en el portal Mercado Público fueron controles fronterizos, sin especificar si en esos pasos internacionales los equipos quedarían en manos de policías o de funcionarios de Aduanas.

Respecto de los fibroscopios, Tecnodata también realizó ocho ventas entre 2007 y 2012, con precios que oscilaron entre $9 millones y $15,5 millones. De estas compras, tres fueron para equipar a Carabineros; tres tuvieron como destino final reparticiones de la PDI; en una los productos se repartieron entre ambas policías y en otra se enviaron a un control fronterizo.

Lo que deja en evidencia el rastreo de las ventas de densímetros y fibroscopios hechas por Tecnodata, es que esta empresa exhibe un particular éxito en las licitaciones de equipos destinados a la PDI y Carabineros.

Una de las pocas compras de estos productos para equipar a la policía que no benefició a Tecnodata, fue la adquisición de dos fibroscopios por parte de Carabineros, operación que se realizó en septiembre de 2009 (vea la licitación 5240-216-LE09). En esa ocasión, la empresa que se adjudicó el negocio fue Trust Line Limitada. El resultado de esta licitación es otra muestra de la arbitrariedad con que se manejan los precios en el rubro. Trust Line cobró un precio sensiblemente inferior a los de Tecnodata: $5,5 millones (más IVA) por cada equipo.

Si Tecnodata ostenta un registro positivo en casi todas las licitaciones que se han hecho para equipar con densímetros y fibroscopios a la PDI y a Carabineros, sucede algo similar en la relación que mantiene la empresa Santa Victoria con el Servicio de Aduanas.

La sociedad Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada, propiedad de Daniel Weinberger, fue la proveedora de los densímetros y fibroscopios que Tecnodata vendió al Ministerio del Interior y que hoy están bajo el microscopio de la justicia. Los correos electrónicos publicados por CIPER en el reportaje difundido este jueves 4 de octubre y que demuestran que los precios fueron abultados, son mensajes que intercambiaron el dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman, y el ejecutivo de Santa Victoria, Roberto Weinberger.

Santa Victoria se ha adjudicado tres licitaciones de tecnología adquirida por Aduanas para detectar contrabando, efectuadas entre 2006 y 2010. Dos de ellas (vea las órdenes de compra 586-11338-SE08 y 586-542-SE10) incluyen fibroscopios o densímetros y son las siguientes:

$12,2 millones: densímetros vendidos en 2008
$13,5 millones: densímetros vendidos en 2010
$9 millones: fibroscopios vendidos en 2010

Un funcionario de la PDI que ha participado en procesos de adquisición de estos productos, señaló a CIPER que el mercado está virtualmente repartido entre cuatro empresas: Tecnodata (cuyos principales clientes son Carabineros y la PDI), Sectrade (propiedad de los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque, y que provee precisamente a la policía uniformada), Santa Victoria (que vende a Aduanas) y Seguridad Geo (cuyo dueño es René Castellón, ex subdirector operativo de la PDI y actual asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior).

CORCOVEOS EN EL MERCADO

Los proveedores del rubro navegaban sin sobresaltos cobrando sobreprecios y repartiéndose el mercado, hasta que se vieron sacudidos por dos hechos acontecidos este año. El primero fue la investigación de irregularidades en las compras de Carabineros a Sectrade, la empresa de los hijos del general (r) Cordero, reveladas por CIPER en febrero pasado (vea ese reportaje). Eso significó que Sectrade virtualmente desapareciera del rubro por unos meses. Aunque quiso participar en la licitación de los densímetros y fibroscopios del Ministerio del Interior, quedó fuera porque no pudo reunir el alto monto de la garantía exigida (20% del negocio total).

El segundo hecho que remeció al mercado fue la irrupción de Seguridad Geo, una empresa formada recién en 2009 y que en mayo de este año vendió por primera vez dos fibroscopios -en $8,5 millones cada uno- al Gobierno Regional de Tarapacá, para equipar a la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Iquique. El fibroscopio que ofertó Seguridad Geo era un modelo PHX 177512.

Usuarios y proveedores de densímetros y fibroscopios señalaron a CIPER que Tecnodata originalmente vendía en Chile el modelo que vendió Seguridad Geo en Iquique. El dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman, dijo a CIPER que tuvo problemas comerciales con el representante de la firma fabricante de ese producto en Estados Unidos, por lo que no siguió operando con ellos. Por eso, la irrupción de Seguridad Geo comercializando fibroscopios que antes vendía Tecnodata y vendiéndolos a la PDI, amenazaba directamente el nicho de mercado que controlaba Giacoman. El dueño de Tecnodata ahora tenía al frente una empresa cuyo dueño, René Castellón, era un ex oficial superior de la policía civil y con nexos en el Ministerio del Interior.

Cortados su vínculos con su proveedor habitual en Estados Unidos, Giacoman se acercó a los ejecutivos de Santa Victoria, empresa que representa en Chile los equipos fabricados por otra firma norteamericana: SAS R&D Services. A ellos compró los densímetros y fibroscopios que vendió al Ministerio del Interior en julio pasado. Por esa razón, como lo prueban los correos electrónicos difundidos por CIPER, el precio que cobró al Ministerio del Interior incluía un 25% de ganancia para Santa Victoria.

¿Por qué Santa Victoria no se presentó directamente a la licitación si estaba en condiciones de ofrecer un precio más competitivo que Tecnodata? Una pista que probablemente seguirá la investigación del Ministerio Público es que Giacoman tenía información privilegiada sobre la licitación, como lo demuestra el ya mencionado correo que envió en febrero, donde dice que está enterado de que las sondas de los fibroscopios serán de 10 milímetros.

Giacoman encargó a SAS R&D Services, por intermedio de Santa Victoria, que despachara a Chile 52 fibroscopios de exactos 10 mm. El detalle no es menor, porque las otras empresas del rubro -Seguridad Geo y Sectrade- habían comercializado fibroscopios de 6, 8 y 12 mm., pero no de 10 mm. Y como la licitación estuvo abierta sólo tres semanas -entre el 18 de mayo y el 7 de junio de 2012- era particularmente difícil que alcanzaran a encargar y traer equipos con esa especificación.

De hecho, la única empresa que se presentó junto a Tecnodata a la licitación de los fibroscopios -SID Solutions- tuvo que abandonar el proceso porque su equipo no alcanzó a llegar, desde Canadá, para realizar la demostración en terreno. Giacoman, en cambio, los tuvo a tiempo.

“Yo asumo que aquí puede haber personas que han o pueden haber violado la ley”

 

Las aguas por las que navega el subsecretario del Interior, están revueltas. Rodrigo Ubilla (RN) trata de mantener el rumbo, pero en la vereda contraria siguen sumándose voces que piden su renuncia por su “responsabilidad política” en las irregularidades detectadas en las compras del Plan Frontera Norte. Las críticas no vienen solo desde la oposición, pues una parte de la UDI -como lo demuestran las recientes declaraciones del senador Jovino Novoa- también exige escalar en el cobro de las responsabilidades, proceso que ya ha generado las renuncias de los dos personeros que dirigían el ambicioso programa contra el narcotráfico: el ex fiscal Alejandro Peña y Felipe Baeza.

Ubilla no quiere renunciar y hasta ahora el gobierno lo ha apuntalado. En la siguiente entrevista, cuenta lo que ha hecho para reordenar la subsecretaría y cómo ha enfrentado La Moneda este episodio. También aborda su relación con Peña y saca cuentas sobre el daño que este episodio ha provocado a la misión de la subsecretaría en el combate al tráfico de drogas.

¿Cómo se han vivido estos días en La Moneda?
Como subsecretario y jefe del servicio, yo me enfrenté a la información entregada por CIPER el martes 2 y fue después, en el segundo artículo del día jueves 4, que surgió la información a la que le di mucha importancia. La publicación de una realidad que para este ministerio -y para mí en lo personal- es de suma gravedad. Como ministerio hemos tenido en el ejercicio de estos años que asumir responsabilidades muy grandes en términos de recursos públicos, como fue enfrentar toda la emergencia del terremoto que se financió desde esta subsecretaria. Y hacerlo sobre todo en un primer año donde no teníamos experiencia de gestión pública, porque veníamos de ejercer actividades privadas. Y debíamos hacerlo con propiedad, garantizando el uso de los recursos públicos de manera correcta. De hecho, tanto las evaluaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, que es un órgano fiscalizador, como en la Contraloría apuntaron en esa dirección. Dos años después, aparecer como Ministerio del Interior, como Subsecretaria del Interior, involucrados en la denuncia que hace CIPER… Porque allí se habla básicamente de tres cosas, primero de pago de comisiones, incluso con un porcentaje: 8 por ciento…

-De acuerdo a los antecedentes recabados en estos días, ¿usted cree que es posible esto que se dice en los correos electrónicos del dueño de la empresa Tecnodata, que se adjudicó la licitación de los densímetros, en orden a que manejó información reservada del concurso?
Yo asumo, por eso denuncio, que aquí puede haber personas que han o pueden haber violado la ley sobre dos líneas. La primera: violación de secreto, cosa que todo funcionario tiene que resguardar. Y la segunda: fraude al Fisco. Esas denuncias me llevan a tomar una reacción proactiva.

-Y lo hace de inmediato denunciando ante el Ministerio Público, por la gravedad que le asigna a los hechos.
Lo hago en el primer lugar que corresponde: la fiscalía. Y la denuncia la presento menos de 12 horas después ante el fiscal de la unidad especializada en estas materias. No elegí cualquier unidad, me fui donde el fiscal que está a cargo de delitos de alta complejidad. Como en mi opinión eso no era suficiente, inmediatamente le solicité al contralor general de la república que retirara la tramitación de estos contratos y puse los antecedentes, que ya CIPER estaba entregando, en manos de la propia Contraloría. Y todo lo hice ese mismo día. Antes de haber transcurrido 24 horas de la denuncia de CIPER, inicié un sumario interno con esos tres elementos. Quiero decirle que durante el fin de semana trabajamos muchas horas, muchas personas, para tratar de armar y hacernos una configuración del impacto que esto puede tener en una institución como la Subsecretaria del Interior, y poder, a partir del lunes, tomar todas las medidas que fueran necesarias para profundizar en los distintos caminos de fiscalización y de investigación judicial

– ¿Hubo pérdida de confianza en el equipo que usted tenía trabajando a cargo del ex fiscal Alejandro Peña?
Yo diría que cuando se hace una denuncia tan relevante, cuando hay tantos recursos involucrados, definitivamente uno a partir de esa denuncia observa dieciséis veces las cosas antes de dar el paso siguiente.

– La renuncia del ex fiscal Peña, ¿usted se la pidió o él se la presentó?
Él me la presenta.

– ¿Cuál fue su actitud cuando él renunció?
En esta misma sala le dije que me llamaba la atención, que me parecía que era tal vez prematuro hacer una cosa tan impulsiva, pero que si era su decisión, yo la respetaba y le aceptaba la renuncia. Hay que reconocer que yo, de la fiscalía, donde presenté la denuncia, subí de inmediato a informarles al ministro del Interior y al Presidente. Y cuando regreso a mi oficina, antes de que entrara el fiscal acá a retirar los computadores, (Alejandro Peña) ya tenía su renuncia presentada en mi computador, en mi correo. Fue una cosa inmediata.

– ¿Peña era una persona de su confianza?
Bueno, en las materias en que yo trabajé este año y siete meses con él, sobre todo en las materias judiciales, sí. Yo tengo una relación con él muy estrecha en términos de su criterio judicial para materias de orden público y de investigaciones asociadas al crimen organizado.

– ¿Y lo que ha pasado con el “caso Bombas” no afectó esa confianza?
No, mi área de acción específica son las políticas públicas asociadas a las materias propias de la subsecretaria: orden público y crimen organizado. Y en la División de Estudios, Alejandro Peña lideraba un equipo que estaba orientado a estas cosas. Es decir, el “caso Bombas”, como querellante, nunca lo llevé personalmente. Aquí hay un grupo de abogados que lo llevaba y el ministro. Incluso, el primer año estuvo muy abocado el ministro. Y eso fue así por dos motivos: porque el que se querella es el ministro del Interior y no el subsecretario, debido a que yo no tengo facultad para querellarme en situaciones de esta naturaleza; y segundo, porque el primer año estuve muy de cabeza en el tema del terremoto. Como en 2010 se empezaron a ver las primeras cosas de este caso, el ministro le dio continuidad a lo que hacía (Edmundo) Pérez Yoma en su momento.

– En un primer momento, usted dijo al ex fiscal Peña que su renuncia era prematura. Ahora, sobre la base de los antecedentes que ha ido recogiendo, ¿sigue pensando igual?
Quizás la palabra no sea prematura. Lo que me sorprendió fue la impulsividad y la manera inmediata cómo reaccionó. Y se lo hice ver. Y como él me dijo que había tomado su decisión, se la acepté.

-Respecto a la renuncia de Felipe Baeza, quien estaba a cargo de las compras de equipos para el Plan Frontera Norte, ¿se la pidió usted?
Yo se la pedí, formalmente.

– ¿Por qué razón?
Me pareció poco coherente que si yo estaba haciendo una denuncia de la naturaleza que hice el día viernes, y ya tenía el convencimiento el domingo, a partir de todo lo que se trabajó el fin de semana, de presentar la querella hoy martes, me parecía ilógico que él asumiera la jefatura del área de proyectos, después de la renuncia de Alejandro Peña, tal cual como si no hubiera pasado nada. Tengo que actuar con una lógica administrativa a partir de las medidas que estoy tomando y, por eso, el mismo domingo le pedí la renuncia.

– ¿A través de qué medio? Porque él estaba fuera del país…
Por correo electrónico.

– ¿Y él le responde a ese correo electrónico?
Me lo responde. Yo le había pedido el día viernes a mi jefa de gabinete que coordinara una reunión con él a las 09:00 de este lunes, la que tengo entendido estaba coordinada. Entonces, le envío un correo en que le pido la renuncia y en el que le digo que espero que me la formalice en la reunión del lunes.

– ¿Cuánto duró esa reunión con Felipe Baeza este lunes?
Muy poco: un par de minutos. No hubo espacio para más. Él me manifestó que todo lo que tenía que decir lo iba a decir con su abogado en la fiscalía, lo que me parece que es correcto desde el punto de vista procesal.

-En uno de los correos que CIPER publicó, uno de los proveedores habla de comisiones y de “amigos”, al parecer haciendo referencia a policías y gente del ministerio que integrarían la comisión técnica evaluadora de la cuestionada licitación de los equipos. En los antecedentes que hasta ahora a usted le han llegado, ¿eso se confirma?, ¿hay indicios de que esto se estaba haciendo de una manera indebida?
A ver, creo que hay que distinguir una primera afirmación de CIPER, donde definitivamente se hablaba de sobreprecio; de la segunda entrega de información de CIPER donde se habla de lo que usted plantea. Respecto de lo primero, a estas alturas es absolutamente irrelevante -y aprovecho de decirlo- el hecho que se conoce hoy respecto de que el Estado, o distintas instituciones del Estado, desde 2007 al 2009 hicieron numerosas adquisiciones de estos equipos a la empresa Tecnodata con valores iguales o superiores a lo que nosotros estuvimos dispuestos a pagar y que nunca pagamos. Eso es absolutamente intrascendente porque el punto es otro. Aquí la teoría del empate no tiene ningún sentido, más aún, creo que desperfila el sentido que CIPER le dio a ese segundo reportaje, que es: busquemos si aquí hay relaciones espurias, responsabilidades penales de funcionarios que estén en esta institución -y quiero subrayar-, en esta institución, en otras instituciones o en el sector privado.

– ¿Cómo subsecretario del Interior diría que ustedes van a llegar hasta las últimas consecuencias respecto a este problema?
Hasta las últimas consecuencias, porque creo que aquí, además de demostrarse que es un delito, y todos los delitos son iguales ante la ley, en este caso, este delito está en un campo que es muy sensible: el combate al narcotráfico. Si la sociedad queda con alguna duda respecto a si hay una relación de las instituciones, del Ministerio del Interior y de todas las que tenemos que ver con el combate al narcotráfico, con el delito, lo que se pone en tela de juicio es la capacidad y la credibilidad de estas instituciones para combatir ese delito. Entonces, tenemos una doble misión: primero, determinar si hay responsables y condenarlos; y segundo, dejarle a la sociedad chilena muy en claro que este Ministerio del Interior no va a aceptar que ni aquí ni en otras instituciones se esté lucrando indebidamente con tecnología para este combate.

-CIPER tuvo información de otra licitación de equipos para detectar drogas en la cual Alfredo Giacoman, de Tecnodata, puede estar participando. Se trata de la adquisición de “cámaras termales”, cuyo costo es alto: aproximadamente US$ 8 millones de dólares. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
Sí, nosotros iniciamos hace un par de meses atrás, dentro del programa de combate al narcotráfico, una licitación por algo más de US$8 millones de dólares como precios referenciales, para tres tipos de cámaras. Se llaman termales porque se utilizan a gran altura, en condiciones muy hostiles, y tienen capacidad de observación a una gran cantidad de kilómetros. Unas son móviles, las otras estáticas. Y finalmente, para adquirir una cantidad importante de visores nocturnos, que también tienen ciertas particularidades tecnológicas que las hacen ideal para su trabajo en altura, en la cordillera. A esta licitación, se presentaron numerosas empresas y se abrieron las propuestas técnicas. Son tres líneas de adjudicación, de acuerdo al tipo de producto. Como le decía, se presentaron las ofertas técnicas, las ofertas económicas y estamos desde hace diez días más o menos, un tiempo corto, en proceso de evaluación para su adjudicación. Pues bien, dado que el equipo técnico, el equipo del área de proyectos de esta subsecretaría que participó en la licitación que suspendí -que es la de los densímetros-, es el mismo que participó en el diseño de las bases de las cámaras térmicas, ello me llevó a mí a declarar desierta esa licitación. Lo que se hará hoy o mañana. No sé si la palabra técnica, jurídica, es desierta, eso lo están viendo los abogados, pero yo quiero cerrar ese capítulo desde el punto de vista jurídico.

– Evidentemente, todos los equipos involucrados en estas adquisiciones que hoy están bajo la lupa son muy necesarios para combatir el narcotráfico. Y los narcotraficantes pueden decir: “No están comprando las cámaras, tenemos el campo abierto”. ¿Qué medidas van a tomar al respecto?
Sí. Por eso le he pedido al fiscal que avance lo más rápidamente posible en esto, para identificar a los responsables. Porque nosotros no podemos sacrificar un objetivo país, que es controlar efectivamente la frontera del norte que hoy es muy permeable al ingreso y tránsito de droga hacia mercados extranjeros o a la salida de contrabando, básicamente el de vehículos robados, hacia países vecinos. En los últimos tres meses la cantidad de vehículos robados que han sido detectados antes de cruzar la frontera son significativos. Lo mismo ocurre con la cantidad de droga que se ha ido identificando con los camiones de Rayos X que compramos el año pasado y otras metodologías que está usando Carabineros e Investigaciones, lo que ha incrementado en esa zona la incautación de droga. Lo que yo no quiero, porque esto es un plan de mediano plazo, es que ese plan se vea alterado por este episodio y que hasta que la justicia no determine si hay responsabilidades penales, afecte definitivamente su desarrollo. Yo tengo la obligación, la instrucción del ministro, de armar rápidamente estructuras nuevas para poder hacer las licitaciones pendientes o terminar las que están, pero nosotros y los recursos públicos están disponibles para poder recuperar estos meses que van a ser unos meses perdidos.

– Lo que usted dice aumenta las responsabilidades de quienes actuaron indebidamente, porque están haciendo perder un tiempo que es muy valioso.
Lógicamente que ese es un impacto negativo sobre el proyecto, claramente, pero creo que es preferible asumir esa pérdida de meses antes de sembrar un manto de dudas frente a la ciudadanía de que se haya adjudicado o se adjudiquen cosas con irregularidades.