Los negocios ilícitos de Juan Castro, el ex alcalde de Talca que llegó al Senado

Sin miedo, sin límites” fue el slogan de campaña del nuevo senador por el Maule, Juan Castro Prieto (RN, 58 años). La frase refleja lo que fue su administración como alcalde de Talca entre 2008 y 2016. Por esa gestión Castro enfrenta acusaciones graves: cohecho, hacer negocios privados con proveedores del municipio, viajar a Europa simulando una invitación oficial cuando era financiado por empresas que prestaban servicios a la entidad edilicia y adjudicar contratos en licitaciones irregulares.

El senador, quien postuló como independiente y hoy milita en Renovación Nacional, obtuvo la segunda mayoría regional a pesar de estar formalizado desde agosto de 2016 por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos.

No obstante la gravedad de los ilícitos por los que fue imputado por la Fiscalía de Talca, el senador Castro no recibirá castigo penal. El 4 de abril el Juzgado de Garantía de Talca aprobó la suspensión condicional de la causa por dos años.

El acuerdo entre el fiscal regional Mauricio Richard y el ex alcalde Juan Castro para esa salida alternativa, no se hizo sobre la base de la inocencia del actual senador. Las razones esgrimidas por el Ministerio Público para ello son: la prescripción parcial de los delitos que se le imputan y las bajas condenas que arriesga en caso de ser hallado culpable.

Junto a Castro también fueron formalizados dos funcionarios de la Municipalidad de Talca de su círculo íntimo, los que ahora ejercen como altas autoridades: el actual alcalde de esa ciudad, Juan Carlos Díaz (RN), quien fue su administrador municipal; y Juan Valdebenito, su ex jefe de gabinete y hoy consejero regional. Ambos cerraron una beneficiosa venta de terrenos a la empresa CTS tras ampliar su contrato de aseo con el municipio.

Fuente: juancastro.cl
Fuente: juancastro.cl

Uno de los dueños de CTS, el empresario Christian Tizza, también fue formalizado en esta causa. Entre 2009 y 2017, su empresa de aseo recibió más de $5.700 millones del municipio talquino gracias a licitaciones y extensiones de contrato.

La salida alternativa aprobada por el tribunal implica que cada uno de los cuatro imputados deberá pagar $5 millones a la Municipalidad de Talca, $3 millones a un hogar de ancianos y rendir un curso sobre regulación y control municipal. 

-El caso de cohecho fue sobreseído. En los otros casos he intentado buscar dicha salida simplemente para evitar un proceso de larga data, asumiendo que no tengo ningún tipo de responsabilidad por ser completamente inocente frente a los hechos que se me imputan –respondió a CIPER por escrito el senador Juan Castro.

En la investigación de CIPER surgieron otras irregularidades del senador Castro cuando se revisó la información entregada por el ex edil en su última declaración de patrimonio e intereses: omitió cuatro sociedades. Una de ellas, la Constructora Indemma,se adjudicó licitaciones por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule que hoy Castro representa en el Senado. La empresa obtuvo la mayoría de estos contratos mientras su dueño ejercía como alcalde de Talca.

CTS ATERRIZA EN TALCA

Todo empezó en diciembre de 2008, fecha en que Juan Castro asumió su primer periodo como alcalde de Talca y el empresario metalmecánico, Eduardo Bustamante Matta, le presentó a Christian Tizza Martínez. Este último era dueño (junto a su padre) de CTS Limitada, firma que desde 1992 operaba en el rubro de aseo y mantención de jardines en Melipilla, Linares, Padre Hurtado y Peñaflor, entre otras comunas.

Menos de un año después, CTS aterrizó en Talca.

En septiembre de 2009, el Concejo Municipal de Talca decidió poner fin al contrato de limpieza que mantenía con la empresa Demarco, por deficiente. Y aprobó que la contratación se hiciera, esta vez por trato directo, con un nuevo proveedor. La justificación para el apuro fue que Talca no podía quedar sin aseo: invocando una “emergencia sanitaria” se acordó entregar dos contratos al mejor postor, uno por recolección de basura y otro por el barrido de la ciudad. Ambos sumaron $130 millones mensuales.

El 17 de septiembre, horas antes de que el país se sumergiera en un largo feriado de Fiestas Patrias, el municipio talquino envió un correo electrónico a las empresas que eligió sin concurso, solicitando cotizar los servicios. Les dio cinco días para responder.

En la tarde del 22 de septiembre, Starco, Servitram, Urbana, Transportes CTS, Casino, Dimensión y Ecoser hicieron llegar sus propuestas. Una semana después el Concejo Municipal de Talca adjudicó el negocio a las que ofertaron los precios más bajos: Casino, con $84,3 millones mensuales por la recolección de residuos y CTS, que ofreció $42,4 millones mensuales por barrer las calles, retirar escombros y limpiar los canales.

El 28 de octubre de 2009, Juan Castro firmó el decreto por el cual la Municipalidad de Talca le entregó a CTS el barrido y levante de basurales por cinco meses por un total de $212,4 millones. En los dos años siguientes, CTS fue beneficiada con tres ampliaciones de su contrato: por un monto casi el doble del primer acuerdo y por más tiempo.

Tras el terremoto de 2010, el alcalde le arrendó a CTS una bodega de su propiedad en $500 mil mensuales.

Para entonces, Castro y Tizza ya habían hecho juntos un viaje fuera de Chile.

Fue precisamente ese viaje más el arriendo de la bodega de Juan Castro a CTS la que dio origen en julio de 2014 a una auditoría de la Contraloría Regional del Maule. Su informe (N°34/2015), detalló una serie de irregularidades en la Municipalidad de Talca que favorecieron a CTS. Y fue entonces, en abril de 2015, que la Fiscalía de Talca inició la investigación por los nexos irregulares entre Castro y los funcionarios de su confianza con la empresa de aseo.

EL ASEO LOS LLEVA DE VIAJE

Planta de Scorza en Argentina
Planta de Scorza en Argentina

En mayo de 2009, en la pequeña ciudad de Oncativo (Córdoba, Argentina), el alcalde Castro, junto al concejal Cristián Garrido (UDI) y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito, se encontraron con el dueño de CTS, Christian Tizza, y Eduardo Bustamante Matta, el industrial que fue nexo entre Castro y Tizza. Cuando fueron interrogados en la Fiscalía, todos coincidieron: el viaje se hizo para conocer las instalaciones de Scorza, fabricante de barredoras representada en Chile por Bustamante, un importante proveedor de CTS.

La Fiscalía acreditó que el viaje fue pagado por Bustamante, aunque éste aseguró haber tenido un acuerdo con Tizza para repartirse los gastos. Esa versión fue refutada por Christian Tizza cuando en agosto de 2016 declaró haberse enterado “solo cuando llegué a esa ciudad (Oncativo)” de quiénes participarían en esa actividad. También aseguró que en las conversaciones con las autoridades maulinas “no hubo ninguna referida a las licitaciones”.

Bustamante arremetió: presentó como prueba una cadena de correos electrónicos entre él y Tizza de junio de 2009, un mes después del viaje. En uno de esos emails enviado por Tizza, se lee: “Perdona, Eduardo, he cumplido todos mis compromisos (…) Terminando este pago, pago lo facturado. El impuesto te lo van a pagar. Y el viaje a Scorza lo deposito. Lamento que el viaje fuera infructuoso comercialmente”.

LA BODEGA DEL ALCALDE

El terremoto grado 8,8 que en la madrugada del 27 de febrero de 2010 azotó a gran parte del país y dejó a casi toda Talca en el suelo, destruyó también las instalaciones de CTS. Sin electricidad ni agua potable la firma debió buscar una nueva sede para iniciar el urgente trabajo de limpieza.

Y es ahí donde entra en esta trama una de las empresas del senador Castro. En los primeros días de marzo de 2010, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva le arrendó a CTS una bodega en calle 3 Sur, N° 1686 en $500 mil mensuales. Esa sociedad tiene como únicos dueños a Juan Castro y a su esposa, Juana Parra Miranda.

Juan Castro durante la campaña al Senado
Juan Castro durante la campaña al Senado

Sobre ese arriendo, Juan Castro Prieto declaró: “Nunca tuve claro, es más, nunca supe que esa empresa hubiere pagado algo por ocupar mis instalaciones. Eso lo supe a propósito de la investigación de Juan Carlos Díaz (su administrador municipal). No puedo precisar cuánto tiempo ocuparon las instalaciones, tal vez unos seis meses, pero en verdad no me acuerdo (…) Creo que fue a propósito de una publicación en el diario o radio que me enteré que pagaban un arriendo. Imagino que luz y agua también la pagaban ellos” (6 de julio de 2016).

La Fiscalía aportó pruebas del arriendo que se extendió por al menos seis meses: una factura emitida el 1 de julio de 2010, por la Sociedad Santa Malva a CTS por $1,5 millones por tres meses de arriendo de la bodega.

Otra prueba del alquiler fue el acta del Concejo Municipal del 15 de septiembre de 2010. En esa sesión, se acordó prorrogar por un periodo de seis meses el contrato de CTS. Allí Castro reconoció que le comentaron “que era feo que el alcalde facilitara una dependencia a dicha empresa”, omitiendo informar que efectivamente le arrendaba una bodega a CTS por $500 mil mensuales.

EL ASEO AHORA LOS LLEVA A EUROPA

En la investigación de la Fiscalía hay un capítulo especial dedicado a un viaje del ex alcalde Juan Castro a Europa. El periplo a Sevilla y Orense (España) fue autorizado por el Concejo Municipal de Talca el 14 de marzo de 2011. El objetivo: conocer “la gestión de servicios municipales en el ámbito del medio ambiente e infraestructuras públicas”. Todo gracias a una invitación de la “Cámara de Comercio Española”.

Días antes de partir, el acalde le informó al concejo que la invitación se había ampliado: ahora los españoles querían verlo también en París y Roma “para que pueda comparar las distintas alternativas en temas medioambientales y de comercio”, dijo Castro, según registra el acta respectiva.

Juan Valdebenito Mansilla
Juan Valdebenito Mansilla

El 18 de abril de 2011, Castro, su asesor jurídico Walter Barramuño Urra, y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito Mansilla, volaron a España. Recibieron en conjunto un viático de $5,4 millones. Las cartolas de sus tarjetas de crédito dan cuenta de un viaje que acabó el 30 de ese mes.

Cuando estalló el escándalo por los ilícitos cometidos por el alcalde de Talca, la Fiscalía indagó el origen de las invitaciones para ese viaje extendidas por la “Cámara de Comercio Española”, las que estaban firmadas por Luis Cid y Xavier Fontanilla. El primero murió en junio de 2011, mientras que sobre Fontanilla la respuesta fue: “No es persona conocida de esta Cámara”.

La información que recibió la Fiscalía la proporcionó el gerente general de la cámara, José María Castillero Guijarro, quien puntualizó un hecho aún más grave: “No se ha extendido invitación alguna al Sr. Juan Castro Prieto, sea para viajar a España ni a otra localidad”. Y precisó que el nombre real de la entidad es “Cámara Oficial Española de Comercio de Chile” y no “Cámara de Comercio Española”, como lo informó Castro al Concejo Municipal.

El peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim) tampoco pudo dar con la dirección del correo en el que se extendió la invitación. Cuando los detectives intentaron rastrearlo en el computador de la secretaria del alcalde, se encontraron con una segunda sorpresa: el equipo ya no estaba. Dos funcionarios del área de computación del municipio declararon que este se quemó en 2011 y que ese mismo año una inundación dañó el servidor de la municipalidad. No había rastro de invitación ni de ninguna otra gestión del alcalde entre 2009 y 2011.

Lo más grave vino después.

Y fue el asesor jurídico Walter Barramuño quien aportó una pieza clave que faltaba del viaje: declaró que en la comitiva también estaba el empresario Jorge Klein Garfias, entonces gerente general de la empresa Urbana Chile, otra de las grandes compañías del negocio del aseo que presta servicios a varios municipios a lo largo del país.

Urbana no era una empresa desconocida para quienes dirigían la gestión de la Municipalidad de Talca. A pesar de la muerte del servidor del municipio, el Ministerio Público encontró una factura de más de $6 millones emitida dos meses después del viaje (1 de julio de 2011) por Urbana a la Municipalidad de Talca. Motivo: el pago del arriendo de dos camiones durante 11 días. Las máquinas pertenecían a Juan Valdebenito, el jefe de gabinete de Castro.

Madrid, España
Madrid, España

La investigación posterior demostró que Valdebenito también se benefició de otros contratos en los que arrendó sus camiones a empresas que prestaban servicios al municipio. Fue el propio Valdebenito quien reconoció haber llegado a tener 15 camiones arrendados a Urbana y a otras empresas del giro. Entre las pruebas que lo inculpan aparecen facturas por $293,5 millones pagados a Valdebenito por Urbana.

Finalmente, ante el cúmulo de pruebas, Castro, Valdebenito y Barramuño debieron reconocer que su viaje a Europa fueron unas vacaciones pagadas por el municipio y Urbana Chile. Que en Sevilla, Orense, Roma y Paris, solo turistearon. No tuvieron reunión alguna con autoridades públicas ni privadas. Después volvieron a Madrid, donde esta vez sí los esperaban con reuniones, pero no con la “Cámara de Comercio Española”, sino con los ejecutivos de COPASA, la constructora dueña de Urbana. Todo ello preparado por el ejecutivo de Urbana, Jorge Klein, quien declaró que el viaje a Europa lo hizo por instrucciones de su jefe, José Cabrerizo Carvajal, accionista de Urbana Chile.

Para sorpresa de la Fiscalía, sería el jefe de gabinete de Juan Castro el que aportaría la última pieza del viaje a Europa. El ex presidente distrital de la UDI, Juan Valdebenito, reveló que, una vez en Madrid, los altos ejecutivo de COPASA les ofrecieron construir el edificio consistorial de la municipalidad, les hablaron de sus filiales dedicadas al retiro de residuos sólidos, intercambiaron regalos y los invitaron a cenar y a recorrer Santiago de Compostela en un tour guiado por un ejecutivo de la firma.

La constructora COPASA tiene un largo historial en España y en Chile. Un reportaje de CIPER (ver reportaje) dio cuenta en 2014 de sus problemas en la ejecución de obras públicas por demoras que provocaron el cierre de sus contratos: la remodelación del Estadio Ester Roa de Concepción, el Puente Bicentenario de la misma ciudad y los arreglos del Estadio de La Serena, que a meses de su reinauguración se inundó. Y todo ello mezclado con denuncias de pago de coimas a autoridades.

Pero en mayo de 2011, nada de todo esto se conocía en el Concejo Municipal de Talca. Tampoco se sabe si algún concejal quiso indagar. De lo que sí hay registro es de lo que contó el entonces alcalde Juan Castro a su regreso de Europa ante ese concejo: “Nos esperaron en Madrid, de ahí a Francia y después a Italia, volviendo nuevamente a Madrid, donde nos mostraron las empresas que conforman la Cámara de Comercio, grandes grupos económicos que tienen presencia en Chile e inversiones en Latinoamérica”, se lee en el acta del 4 de mayo.

LA MUNI PAGA DOBLE

Municipalidad de Talca
Municipalidad de Talca

Cinco meses después del viaje a Europa, en septiembre de 2011 el municipio de Talca adjudicó a CTS la licitación de barrido y levante de micro basurales. Hubo diferencias con el primer contrato: el monto y la extensión aumentaron. De los $42 millones mensuales iniciales, se pasó a $83 millones; y de un año se pasó a cinco años de duración, agregando solo algunas calles. A esa fecha, CTS seguía como inquilina del alcalde, pagando $500 mil mensuales por la bodega de la calle 3 Sur.

Junto con el fin del arriendo de la bodega del alcalde a CTS, a fines de 2011 el trabajo de la empresa de aseo comenzó a ser duramente cuestionado en el municipio. También se multiplicaron los reclamos de los talquinos por la calidad del aseo de sus calles. Pero nadie la multó. En julio de 2012, el responsable de esa área, Christian Ramírez Quilodrán, anuló una de las pocas multas aplicadas: 146 UTM ($5,8 millones de la fecha). Cuando el funcionario declaró dijo que hubo “un problema de interpretación y desinformación entre la empresa y la inspección técnica”.

En el mismo mes en que se anuló dicha multa, apareció un nuevo nexo entre Castro y CTS. El 11 de julio la constructora del alcalde Juan Castro, Indemma, firmó un contrato con otra de las sociedades de Tizza – Inmobiliaria La Patagua– para levantar un galpón en Linares a un costo de $15 millones. Uno de los socios de entonces de la constructora de Castro, el ingeniero José Miguel Guajardo González, declaró que en 2013 el funcionario de Indemma, Henry Uribe, le comentó sobre el alto precio que se pagaba por un simple galpón.

EL ASEO TAMBIÉN PAGA DOBLE

La Fiscalía también descubrió otra negociación dudosa de los funcionarios municipales Juan Valdebenito y Juan Carlos Díaz con CTS. La reconstrucción de los hechos indica que ambos compraron en julio de 2013 dos terrenos en la Población Mirador de Talca en $25 millones. Solo días después se los vendieron a CTS por $70 millones.

Juan Carlos Díaz
Juan Carlos Díaz

Durante ese mismo mes de julio el Concejo Municipal, encabezado ahora por Juan Carlos Díaz como alcalde subrogante, acordó un importante beneficio para el negocio de la empresa de aseo: aumentó casi $10 millones el valor mensual, pasando de $83 millones a $93 millones.

La auditoría de la Contraloría Regional estableció que la venta de los terrenos a CTS “constituye una falta de probidad de los funcionarios debido al potencial conflicto de interés”.

Díaz y Valdebenito hicieron sus descargos. Para ellos, la compra y venta de los dos terrenos a CTS que les permitió ganar $45 millones en solo días, “fue una oportunidad inmejorable y que se efectuó con ánimo lucrativo”.

SIN PATENTE NI MULTAS

A las multas que el municipio no le cobró a CTS, se sumó otra irregularidad: el no pago de patente por parte de la empresa de aseo. Recién en marzo de 2015, CTS pagó las patentes comerciales de los cuatro años adeudados: $3,7 millones.

En mayo de 2016, Tizza vendió CTS y Ecogreen -otra de sus empresas de limpieza- a Starco y Demarco, filiales de KDM, una de las firmas más grandes en el rubro de la basura. KDM pudo así recuperar el contrato con la Municipalidad de Talca que su filial Demarco había perdido frente a CTS en 2009.

LOS NEGOCIOS DE CASTRO EN LA ZONA

Tras comparar la declaración de patrimonio e intereses que entregó Juan Castro al Servicio Electoral (Servel), requisito para postular a senador (vea la declaración), CIPER identificó al menos cuatro sociedades que omitió: Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva (constituida en 2007), Prime Harvest SpA (creada en 2014), Prime Harvest S.A. (creada en 2010) y Sociedad Constructora Indemma (constituida en 2002).

El senador deberá ahora incluirlas en su nueva declaración luego de haber sido electo. A la nómina deberá agregar una quinta empresa: Kif Pharma SpA, dedicada al negocio farmacéutico y de equipos médicos, la que recién creó en febrero de este año.

-Todas esas empresas existen. En Prime Harvest SpA y Prime Harvest S.A. poseo una participación minoritaria, por lo cual no tengo ninguna responsabilidad en la gestión de las mismas –afirmó Castro a CIPER para justificar su omisión.

Andres Velasco concurre al Servel para presentar un recurso de reposicion.Pero el senador incurre en un error: como su participación en estas empresas es a través de sociedades que él sí controla, está obligado a declararlas.

Lo mismo ocurre con Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva, Constructora Indemma y la recién creada Kif Pharma. “Esas sociedades están reflejadas en las empresas matrices del holding, que fueron informadas correctamente”, argumentó Castro en su respuesta a CIPER. Pero la omisión es evidente: según la ley no basta con declarar la matriz del holding (en este caso, Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva y Agrícola Santa Malva). También se deben especificar todas las sociedades constituidas a través de ellas (las controle o no).

El ex alcalde de Talca también deberá incluir en su nueva declaración la información que omitió respecto de los bienes inmuebles que posee a través de sus empresas. A pesar de que insiste en que todo fue declarado, en su declaración no hay mención alguna a las al menos 35 propiedades que están a nombre de esas sociedades. Su avalúo fiscal sobrepasa en total los $1.500 millones.

Entre todas las empresas que los registros oficiales indican que Juan Castro Prieto controla y que omitió en su declaración, hay una que destaca por sus contratos con el Estado: Constructora Indemma. Creada en 2002 por Castro y su esposa, entre 2007 y 2017 se adjudicó más de $5.600 millones en contratos con distintos organismos públicos. De los 30 municipios de la Región del Maule -que hoy representa Castro-, 15 han pagado desde $267 mil a $743 millones a esta constructora.

-No existe en ningún caso un conflicto de interés. Ningún contrato se hizo con organismos estatales en los cuales tuviera alguna influencia y estas adjudicaciones corresponden a licitaciones públicas. Ni como alcalde ni como propietario influí de manera alguna en ellas –respondió Juan Castro a CIPER.

Aunque para el senador no es cuestionable, lo cierto es que su constructora no solo se adjudicó contratos con municipalidades vecinas, sino que también con instituciones instaladas en su propia comuna: la división de la JUNJI en Talca ($320 millones) y la Universidad de Talca ($142 millones).

Y si bien el senador se retiró de la propiedad de Constructora Indemma entre enero de 2008 y diciembre de 2010, en ese lapso su familia no perdió el control ni las ganancias de esa empresa, ya que esta quedó en manos de sus hijos, Cristián y Nicole, junto a un tercer socio: Rodrigo Morales Mella. En diciembre de 2010, Juan Castro ingresó nuevamente a su propiedad a través de otra de sus empresas: Transportes y Movimiento de Tierra Santa Malva.

Respecto de la Constructora Indemma, Juan Castro afirmó a CIPER:

-En septiembre de 2017, según escritura pública, esta firma es transformada en una sociedad por acciones, administrada por un directorio que no integra ningún familiar mío. La empresa controladora, la Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, también es administrada por un directorio autónomo, del cual no formo parte. No participo en la administración de las empresas de mi propiedad desde el año que fui nombrado alcalde.

La indagación de CIPER arrojó que efectivamente la Constructora Indemma tuvo un cambio importante en la fecha que indica el senador (septiembre de 2017). En esa misma fecha y simultáneamente, Juan Castro aparece haciendo la misma transformación a sociedad por acciones en otras cuatro de sus empresas: Agrícola Santa Malva, Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva y Barraca de Fierro Castro.

Respecto del directorio de su empresa Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, los registros de febrero de este año indican que la representa Lorena Becerra Muñoz, secretaria personal del senador Juan Castro desde hace 25 años.

Juan Castro jurando como senador en marzo 2018
Juan Castro jurando como senador en marzo 2018

 

Este reportaje fue actualizado el 4 de abril de 2018 a las 15:07

Ganaron los corruptos

Fue bonito mientras duró. Por más de tres años, se abrió la esperanza de investigar y castigar la corrupción en la élite política y económica. Las refriegas tuvieron idas y vueltas, y aún quedan aristas pendientes, pero la conclusión ya es inequívoca: los corruptos ganaron.

Ganaron por goleada. Por paliza.

Es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de prescripción ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo impedía.

Y, si todos estos resguardos fallaban, las penas para la corrupción, incluso en los casos más graves, eran siempre remitidas, jamás penas de cárcel efectivas.

La batalla fue dura. Y los corruptos usaron todas sus armas. Su primer éxito fue cooptar para su defensa a gran parte de la élite. No todos los políticos, empresarios ni lobistas son corruptos, por cierto. Pero, por distintos motivos, la defensa fue cerrada.

Algunos tenían esqueletos en sus armarios; otros, defendían a los miembros de la casta: del partido político, del gremio, del club de golf. La endogamia que caracteriza a la élite chilena la hizo cerrarse como un cascarón: la espada de Damocles pendía sobre un correligionario, un ex compañero de colegio, un primo, un socio. Otros veían en riesgo la estabilidad, la institucionalidad misma, que entienden como indivisible de la élite a la que ellos mismos pertenecen.

Personeros de gobierno trabajaron codo a codo con SQM. La izquierda y la derecha, unidas, no fueron vencidas.

¡Ay de los insurrectos! Marisa Navarrete, la abogada que comenzó todo al denunciar el fraude al FUT, perdió su trabajo. Cristian Vargas, que dio la batalla por defender al SII, fue despedido. El fiscal Carlos Gajardo y su colega Pablo Norambuena debieron renunciar después de años de acusaciones y persecuciones.  Dos veces intentaron sacar al molesto Gajardo de las investigaciones. Cuando el escándalo público lo impidió, se le recortaron sus casos: le quitaron Corpesca y SQM, y lo subordinaron en Penta.

No quedó arsenal sin usar: denunciaron persecución política en cada intento de investigar, inventaron leyes mordaza, amenazaron con acusaciones constitucionales a los fiscales. Cortejaron a los candidatos a Fiscal Nacional con el premio mayor, de maneras tan impúdicas como una reunión con uno de los defensores de las causas.

En el fragor de la batalla nada importó. Destruyeron el prestigio del Servicio de Impuestos Internos. Dinamitaron la independencia de la Fiscalía. Hubo de todo: hasta un oficio del Senado pidiendo el pronto cierre de la causa contra Iván Moreira. Un mes después, la tuvieron.

El último triunfo, el definitivo, fue adormecer a la ciudadanía. El fragor de la campaña electoral sirvió para eso. Para convencer a la opinión pública de que todo es una pelea entre «fachos» y «zurdos», donde la teoría del empate campea, y solo importa defender a mi bando, aunque eso pase por minimizar o ignorar casos de corrupción flagrantes.

Ese fue el último clavo del ataúd. Cuando el clivaje ciudadanía versus elite fue reemplazado por el de fachos versus zurdos, la opinión pública se compró la teoría del empate, y la derrota de la democracia se consumó.

No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son «gente como uno»,  esa que a lo más comete «errores», y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello.

Los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y restoranes de siempre. SQM firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha pasado nada.

«Los de Penta hacen lo que hacen todos. ¿Quién no le pide a la señora una boleta para justificar gastos?», dice el arquitecto favorito de la élite, Cristián Boza. El «Choclo» Délano «es del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza», escribe en su defensa el empresario y columnista de El Mercurio, Gerardo Varela. Y Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, ampara a Moreira argumentando que «todos los políticos se financiaron así».

Niégalo. Si no puedes negarlo (porque te pillaron suplicando plata por mail), minimízalo. Si no puedes minimizarlo (porque la gente se enoja cuando saben que se legisló a favor del grupo económico que ponía la plata), generalízalo. Como en el colegio: todos fuimos.

Todos son culpables, por lo tanto, nadie es culpable.

Total, el lobista en jefe, Enrique Correa, asegura que el financiamiento irregular no es corrupción. Sépanlo, chilenos: cuando un político mendiga plata ilegal a grandes grupos económicos, haciéndose cómplice en un esquema de evasión tributaria, y usa ese dinero para hacer trampa en una elección para su propio beneficio, eso no es corrupción.

El hijo de la Presidenta obtiene un crédito fabuloso para un negocio oscuro tras reunirse con el hombre más rico del país, pero eso no es corrupción. Senadores y diputados ganan elecciones con plata sucia a cambio de genuflexiones inconfesables, y eso no es corrupción.  SQM y Corpesca pagan por leyes hechas a su medida, pero eso no es corrupción. Las farmacias, las papeleras y los pollos les meten la mano al bolsillo a todos los chilenos, pero no hablemos de corrupción.

A la corrupción no se le castiga con cárcel. No se la penaliza simbólicamente. No se la  sanciona socialmente. De hecho, ni siquiera se llama así.

Y cuando a la corrupción ni siquiera se la llama por su nombre, la victoria es total.

La de los corruptos. Ellos ganaron. Game over.

 

 

 

 

 

 

 

Los pagos de SQM a proveedores de la campaña de Sebastián Piñera en 2009

Fueron $103,3 millones los que Soquimich (SQM) rectificó en 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por servicios presuntamente no prestados a esa minera por cuatro proveedores –personas naturales y jurídicas– que en paralelo participaron en la campaña electoral que llevó en 2010 a Sebastián Piñera a La Moneda. Estas boletas forman parte de una larga nómina que fue rectificada por SQM después de que la fiscalía comenzó a investigar a esa empresa por haber proporcionado financiamiento ilegal para la política.

sqmUna fracción de ese monto, $4,9 millones, corresponde a un pago realizado en mayo de 2010 por SQM a la productora Pandemia Producciones Limitada, propiedad de la periodista María Inés Alliende Barbera. Tal como reveló El Mercurio de este martes 26, a principios de agosto pasado Alliende concurrió a la fiscalía en calidad de imputada en el caso que lleva el fiscal Pablo Gómez por las platas políticas de Soquimich. Interrogada por este pago, la periodista explicó:

Las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera para su campaña y para el cambio de mando, aunque se hayan emitido a una persona distinta de aquella a la que le prestamos los servicios, en el caso de la factura emitida a SQM”, declaró ante las fiscales  Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, según consigna el matutino.

La información difundida por El Mercurio sacudió al mundo político, pues por primera vez se vinculó de manera directa la campaña 2009 de Piñera con financiamiento ilegal proporcionado por la minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

CIPER revisó todas las rectificaciones hechas por SQM y las comparó con las rendiciones del gasto electoral que hizo Piñera en 2009. Cuatro son los proveedores de la última campaña del ex Presidente que figuran en los gastos reconocidos por su comando ante el Servicio Electoral y que al mismo tiempo recibieron pagos que la minera después corrigió ante el SII: Pandemia Producciones, Trama Impresores, el transportista Juan Carlos Petit Oggero y el ex concejal de la UDI en Antofagasta y encargado de realizar trabajos en terreno para la campaña de Piñera, Robert Araya Alquinta.

VÍNCULO VIGENTE

La socia de Pandemia, María Inés Alliende, es esposa del reconocido director de televisión Reinaldo Sepúlveda Urzúa, quien jugó un rol estratégico en la puesta en escena de la campaña de Piñera de 2009. Ese vínculo sigue vigente, pues Sepúlveda es parte del equipo que desarrolló la nueva franja de propaganda electoral del ex mandatario, según informó La Tercera el 16 de julio pasado.

Pandemia Producciones fue constituida con un capital de $4 millones en junio de 2009, tres meses antes de que se diera inicio oficial a las campañas de los aspirantes a La Moneda en las elecciones de fines de ese año.

En septiembre de 2009, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó su campaña ante 13 mil personas en el centro de eventos Movistar Arena. La proclamación del abanderado de la coalición de centro derecha –que finalmente saldría electo en segunda vuelta, el 17 de enero de 2010– fue sucedida por un show musical con Américo y los Charros de Lumaco como protagonistas. El encargado de grabar el masivo evento fue Reinaldo Sepúlveda, quien hoy cumple labores similares en la carrera que tiene a Sebastián Piñera liderando las encuestas de cara a la elección presidencial del próximo 19 de noviembre.

Ya con Piñera en La Moneda, Sepúlveda se desempeñó como jefe de televisión del Departamento de Producción Presidencial. El realizador fue el encargado de transmitir el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, evento que tuvo a más de mil millones de personas pegadas a la pantalla siguiendo la televisación en directo del rescate.

TRANSPORTISTAS E IMPRESORES

Pandemia no es la única empresa involucrada en la campaña de 2009 de Piñera que recibió pagos de SQM. De acuerdo a la indagación de CIPER, otros tres proveedores del comando facturaron trabajos para la minera que luego fueron rectificados. Sumados a los dineros cancelados a Pandemia Producciones, el monto rectificado asciende a $103,3 millones.

sebastian-pinera-en-campana-2Información del Servicio Electoral (Servel) sobre gastos de campaña para las elecciones presidenciales de 2009, consigna que Trama Impresores prestó servicios “de propaganda” por $22,6 millones para la campaña de Sebastián Piñera. Los trabajos que se detallan en las planillas del Servel refieren a impresión de palomas y monumentales o gigantografías.

De acuerdo a la nómina de pagos no justificados que presentó Soquimich al Servicio de Impuestos Internos, la minera rectificó $46,8 millones pagados en 2009 a esa sociedad encargada de producir el material para el despliegue en terreno de la propaganda.

Trama no es un actor desconocido en el mundo de las campañas políticas. Al menos en las parlamentarias de 2013 prestó servicios a 21 candidatos de todo el espectro político. Joel Chávez, ex asesor de la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró ante la fiscalía en agosto de 2016 que la UDI le abrió un cupo a la actual senadora por $100 millones en Trama Impresores. Pero ese gasto no figuró en la rendición de la campaña de Van Rysselberghe ante el Servel (ver reportaje de CIPER).

Otro de los proveedores que figura en ambas nóminas –la del Servel y la que rectificó SQM– es el empresario transportista Juan Carlos Petit Oggero. La información del Servel indica que Petit prestó servicios para Piñera en la primera y segunda vuelta por $44,4 millones. Petit estuvo encargado del traslado de la propaganda desde Santiago a distintas ciudades del país entre Arica y Puerto Montt. Soquimich rectificó seis boletas pagadas al empresario transportista en 2010 por un total de $39,4 millones.

Robert Araya Alquinta fue concejal de la UDI por Antofagasta (también candidato a alcalde) y en 2009 cumplió un rol estratégico en el trabajo territorial que el comando de Piñera desplegó en esa región, principalmente en el Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal). Por esa labor, y de acuerdo a los datos del Servel, Araya recibió poco más de $3,5 millones. Pero Robert Araya también figura en la nómina de rectificaciones de Soquimich con seis boletas cuyo pago asciende a $16,6 millones.

OTRAS RECTIFICACIONES

 

Santiago Valdés
Santiago Valdés

SQM no es la única empresa que ha concretado rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos que involucran al círculo cercano del ex Presidente y hoy candidato Sebastián Piñera. Aguas Andinas, la sanitaria que abastece de agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, ingresó dos ante el SII, reconociendo que no existía respaldo para justificar algunos pagos.

Entre estas rectificaciones figuran los $76 millones girados por la sanitaria a los entonces ejecutivos de Chilevisión Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ambos emitieron facturas falsas a Aguas Andinas por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien esa época controlaba ese canal de televisión.

Santiago Valdés, quien además fue administrador electoral de la campaña de Piñera en 2009, ha sido formalizado en dos ocasiones por el Ministerio Público, en octubre de 2015 y agosto de 2016. La fiscalía le indaga por la comisión de eventuales delitos tributarios relacionados con facturas emitidas para SQM, las que se presumen falsas, por cerca de $400 millones. Esas facturas corresponden a Administradora Bancorp y Vox Populi, ambas sociedades vinculadas a Piñera al momento de concretarse estas operaciones. Además, Valdés es investigado por la fiscalía debido a contratos a futuro o forwards  fraudulentos suscritos con el Grupo Penta (ver reportaje de CIPER).

Formalización de Jorge Pizarro: así llegaron los dineros de SQM a su cuenta corriente

“A mí, evidentemente, me afecta en lo personal que mis hijos se vean expuestos en un caso que es más político y comunicacional. Se expone a la gente por filtraciones y trascendidos, y se les condena de antemano”. Esas fueron las palabras del senador Jorge Pizarro (DC) en abril de 2015 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) incluyó a la sociedad de sus hijos –Ventus– en una nómina de personas naturales y empresas que recibieron pagos irregulares desde Soquimich (SQM).

En la entrevista que publicó La Tercera su tono fue de reclamo y molestia. “No, no, claramente no”, respondió cuando le preguntaron si el dinero de SQM había financiado su campaña senatorial. Acusó al periodismo de “construir caricaturas”, y postuló una salida al escándalo del financiamiento ilegal de la política: “¿Cómo no se va a necesitar de un gran acuerdo para, por ejemplo, dotar al Servel de facultades fiscalizadoras para controlar las campañas?”. Un estadista.

Pero hubo una información que él omitió en esa misma entrevista: parte de los $45 millones que SQM le pagó a Ventus por trabajos que no tenían respaldo, terminaron en su cuenta corriente del Banco Security.

Esa es una de las evidencias por las que el próximo 16 de agosto el Ministerio Público formalizará al senador Jorge Pizarro. Luego de que hiciera pública la nueva situación procesal del dirigente democratacristiano, las consecuencias políticas fueron inmediatas: el ex presidente del PDC decidió congelar su militancia.

Pero esta historia ya había tenido costos para el senador de la Región de Coquimbo. Cuando se supo que SQM había realizado pagos irregulares a la sociedad de sus hijos, Pizarro se preparaba para asumir la presidencia de la DC. Y asumió, a pesar del duro cuestionamiento de un sector de su partido. Solo duró un año en el cargo hasta que la presión política lo hizo renunciar.

Luego de conocida la decisión del Ministerio Público de formalizar a Pizarro, el abogado del senador y de sus hijos, Cristóbal Bonacic, dijo que la decisión de la Fiscalía “nos sorprende, porque de acuerdo a la carpeta no hay ningún antecedente que dé cuenta de la participación del senador”. Eso no es cierto. CIPER halló las cartolas de las cuentas corrientes de dos de los tres hijos del parlamentario, donde se evidencia que parte de los dineros que SQM le pagó a Ventus -$11 millones del total de $45 millones- fueron a parar a la cuenta corriente del padre, el senador Jorge Pizarro.

LA HUELLA DEL DINERO DE SQM

A pesar que en marzo de 2010 los tres hijos de Pizarro constituyeron la sociedad Ventus, solo dos de ellos señalaron haber trabajado en labores relacionadas con esa empresa: Sebastián y Jorge. Pero fue el menor de los hijos, Benjamín, quien se encargó de traspasar varios millones desde la cuenta corriente de Ventus hacia la cuenta que Jorge Pizarro mantiene en el Banco Security. Fue una operación sencilla.

Una de las facturas que Ventus envió a SQM en 2011
Una de las facturas que Ventus envió a SQM en 2011

La indagación de CIPER arroja otro dato relevante: los $45 millones que la sociedad Ventus Consulting recibió de SQM, representan el 98% de los ingresos que esa sociedad tuvo desde que se creó, en marzo de 2010. El dinero restante de los ingresos de Ventus ($1.250.000) fue un pago de Usalink, la sociedad que estuvo a cargo de la tienda Puro Chile en Nueva York, donde trabajó Jorge Pizarro Cristi entre 2011 y 2012, mientras acompañaba a su ex cónyuge, quien participaba en un proyecto de la Universidad de Columbia.

El primer traspaso de dinero que llegó a manos de Jorge Pizarro, ocurrió el 6 de febrero de 2012, cuando desde Ventus se transfirieron $4.005.000 a la cuenta que Benjamín Pizarro tiene en el Banco de Chile. Ese mismo día, la misma cifra fue traspasada desde la cuenta corriente del hijo a la cuenta corriente del padre. El segundo pago se hizo efectivo el 2 de abril de 2012, cuando Ventus le depositó $1.998.000 a Benjamín a las 20:41 horas. Una hora después esa misma cifra llegó a manos del parlamentario a través de una transferencia.

El 29 de junio del mismo año, nuevamente Ventus le transfirió dinero a Benjamín Pizarro. Esta vez fueron $5.000.000, los que cinco horas después aparecieron en la cuenta del ahora congelado militante de la DC. En total, $11 millones de Ventus, que a la vez provenían de SQM, llegaron al bolsillo del senador Jorge Pizarro en solo seis meses.

Hay otras platas de la sociedad de Jorge, Sebastián y Benjamín que terminaron en las finanzas familiares. De hecho, el primer depósito que registra la cuenta de Ventus a Benjamín Pizarro, tuvo lugar el 5 de enero de 2012, cuando se le giraron $2.700.000. Cinco días después, esa misma cifra fue depositada por Benjamín en la cuenta de su madre, Angélica Cristi.

Pero la cuenta de Benjamín Pizarro esconde otras transferencias que llaman la atención. El 27 y 29 de marzo de 2012 el menor de los Pizarro Cristi depositó en total $5 millones en la cuenta del Banco Santander de Carlos Ernesto Moreno Beauchemin. Moreno, militante democratacristiano y alcalde de Recoleta entre 1990 y 2000, fue director de Chile Deportes en el primer gobierno de Michelle Bachelet. En carta posterior a la publicación del artículo, el señor Moreno, a quien CIPER intentó contactar sin éxito, el día viernes 14 de julio, al igual que al senador Pizarro y a sus hijos, y solo aceptó hablar su abogado, nos hizo llegar una carta en la que explica:

“Al respecto y para su información, soy felizmente casado con Angélica Cristi, madre de Benjamín Pizarro, desde diciembre del 2013, después de una relación de varios años. En efecto, Benjamín me deposito el monto en dinero que su lamentablemente reportaje publica, el año 2012, como parte de una venta que le hice de mi Peugeot 206, patente CSBJ 63-K. Aún más, años después he vuelto a vender otro auto al mismo Benjamín, a propósito de una renovación o cambio de autos que, como mucha gente, hago cada cierto tiempo. Este auto tenía como patente GTJC 61-K. En ambos casos, cualquier ciudadano y por supuesto sus “investigadores”, pueden constatar las respectivas transferencias entre el suscrito y Benjamín Pizarro en el Registro Civil” (ver carta de Carlos Ernesto Moreno y Nota de la Redacción).

Sebastián Pizarro Cristi
Sebastián Pizarro Cristi

Es probable  que los dineros de Ventus que fueron a parar a la cuenta del parlamentario sean mayores. Los informes bancarios de las cuentas corrientes de dos de los hijos del senador -Sebastián y Benjamín-, revisados por CIPER, solo abarcan el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2011, en el caso del primero; y entre marzo de 2011 y agosto de 2012, respecto del segundo.

Considerando que el dinero que viajó de Ventus al bolsillo del senador, a través de la cuenta de su hijo menor, ocurrió exclusivamente en 2012, queda abierta la interrogante sobre si sus hijos mayores, Jorge y Sebastián, realizaron depósitos a la cuenta de su padre, utilizando los fondos de Ventus que se engrosaron gracias a los $45 millones pagados por la minera de Julio Ponce Lerou.

El senador Jorge Pizarro declinó referirse a las evidencias de esta indagatoria. A través de su oficina parlamentaria se hizo saber a CIPER que sería su abogado, Cristóbal Bonacic, quien lo haría:

-Eso tiene una explicación muy clara, muy racional. Y la vamos a dar en el proceso de la investigación, que es donde corresponde. No le puedo decir nada más, porque no se lo hemos informado a la Fiscalía. Pero se trata de un monto de dinero ínfimo respecto del total –afirmó Bonacic a CIPER

-¿Diría usted que $11 millones del total de $45 millones que SQM le pagó a Ventus, es un monto “ínfimo”?

-Si usted analiza la cuenta corriente de la compañía (Ventus), la mayor parte de la plata se mantuvo en la cuenta corriente hasta el año 2015, y se usó para pagar las multas producto de todo este tema.

Esa afirmación no tiene asidero en la cartola de la cuenta corriente de Ventus en el Banco Security. Pues en ella, desde febrero de 2013, cuando ingresa el último cheque pagado por SQM, el saldo se mantuvo bajo los $12 millones.

NADIE DEFENDIÓ A VENTUS

La investigación judicial sobre los pagos irregulares de SQM a la sociedad de los hijos del senador Pizarro, está avanzada. En mayo del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra los tres hijos de Pizarro por su eventual responsabilidad en los delitos tributarios cometidos por su sociedad, los que generaron un perjuicio fiscal de $18 millones, según el SII.  Además, en la querella también se les imputó el presentar “de manera deliberada y consecutiva” declaraciones tributarias falsas, ya que declararon menos ingresos de los que realmente tuvieron.

El 31 de agosto de 2016, pocos meses después de presentada la querella del SII, la Fiscalía formalizó a Sebastián Pizarro Cristi por ser el representante legal de Ventus. Al hijo del senador se le aplicaron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

La defensa de los hermanos Pizarro Cristi ha girado sobre el supuesto de que los trabajos pagados por SQM sí se realizaron y fueron “asesorías verbales” al entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse. Así lo declaró Sebastián Pizarro Cristi ante el SII, en abril de 2015, quien afirmó entonces que ellos firmaron un contrato con SQM para proveer a la minera de “entrega periódica de reportes verbales que hacíamos mensualmente, dependiendo de la necesidad, a veces eran más de una vez al mes, donde se entregaba el análisis y seguimiento de los dos ejes que comenté anteriormente (coyuntura política y económica)”.

Jorge Pizarro Cristi
Jorge Pizarro Cristi

Sebastián Pizarro también declaró que había temas específicos que analizaban para SQM, como la evolución del yodo y las implicancias para ese negocio de que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Sin embargo, las facturas emitidas por Ventus a SQM fueron por “servicios comunicacionales”.

Cuando los fiscalizadores del SII le preguntaron a Sebastián Pizarro si existían respaldos que dieran cuenta de esas asesorías, la respuesta fue negativa, pues se trataba de “asesorías verbales”. En la indagatoria se logró determinar que quien llevó a los hijos de Pizarro a las oficinas de SQM fue otro viejo integrante del sector de los “guatones” de la Democracia Cristiana: Marcelo Rozas, ex embajador de Chile en la República Checa y antiguo asesor de Julio Ponce Lerou.

La declaración de Rozas en la Fiscalía (14 de abril de 2016) sembró aún más dudas. Rozas reconoció que los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con el gerente general de SQM, Patricio Contesse, para presentarle su consultora, y que el resto de las supuestas reuniones, donde los hijos del senador Pizarro entregaban su “asesoría verbal”, se realizaron solo con Rozas, para así evitar que la agenda de Contesse colapsara por frenesí de encuentros.

Respecto de Ventus quiero ser muy preciso, ya que en realidad yo le pedí a Contesse que recibiera a Jorge y Sebastián Pizarro, ya que ambos me pidieron que los ayudara ya que ellos sabían que yo tenía una relación muy antigua con Jorge Pizarro, y conocía a estos niños desde siempre (…) Yo sé que después se produjo una reunión y en ella le explicaron el objetivo de la empresa que formaron. A las semanas, Patricio (Contesse) me dijo que le habían parecido muy bien y que yo me relacionara con ellos y que la información me iba a servir más a mí” – aseguró Rozas ante los fiscales.

Los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con Patricio Contesse. El resto de las supuestas citas se realizaron solo con Rozas, generalmente en el Drugstore de Providencia, según relató un reportaje de Revista Capital. Esas reuniones, según  Marcelo Rozas, tampoco eran regulares: “No teníamos una frecuencia establecida para juntarnos, lo hacíamos por lo menos una vez al mes (…) Sebastián iba siempre y a veces Jorge”.

Las declaraciones de los actuales administrativos de SQM tampoco han ayudado al senador y a sus tres hijos. El actual vicepresidente de servicios corporativos de SQM, Ricardo Ramos, declaró ante los fiscales el 20 de abril de 2016. En su testimonio judicial entregó pistas claves sobre las supuestas asesorías prestadas por los hijos del senador Pizarro a Patricio Contesse. Ramos señaló que cuando debió participar de la investigación interna de la minera para revisar la legitimidad de los pagos realizados por Contesse, se dio cuenta que los hijos de Pizarro “nunca habían sido vistos en las oficinas de SQM”.

Ramos fue aún más explícito respecto de Ventus: “Todos estos gastos fueron rectificados en nuestra declaración inicial del mes de marzo (2015). Según el informe que se hizo para el Comité ad hoc, resultó ser un caso de alto riesgo, por ser PEP (pagos relacionados a algún personaje políticamente expuesto), por no existir informes, y que en nuestra opinión, el proveedor (Ventus), considerando la edad de los socios, por el tiempo de constitución de la empresa, que se había constituido hace apenas un año, no calificaba para que pudiera hacer una asesoría verbal”. Su acotación fue aún más dura: “Habitualmente las asesorías verbales son legales o tributarias, de abogados expertos. Hay constancias escritas, queda registro, algún documento que valga la pena, no solo una conversación telefónica, no es esperable que un recién egresado sea asesor verbal de SQM”.

TUDELA POR TODAS PARTES

Hay episodios que aún no han sido aclarados. Uno de los cheques pagados por SQM a Ventus (el Nº 45104), fue retirado en la minera por Carlos Tudela García, hijo de Carlos Tudela Aroca, un famoso lobista DC, quien al igual que Marcelo Rozas y Jorge Pizarro, ha pertenecido sector DC  de los “guatones”. Tudela García y Tudela Aroca han sido asesores de los diputados DC: Víctor Torres, Eduardo Cerda, Jorge Sabag, Roberto León, Juan Carlos Latorre y Ricardo Rincón.

Gutenberg Martínez, líder del sector "guatón" de la DC
Gutenberg Martínez, líder del sector “guatón” de la DC

Ese cheque está fechado el 31 de enero de 2013 -a pesar de que la última factura de Ventus a SQM fue registrada en agosto de 2012-, y por un monto de $6 millones. Tudela García reconoció el retiro del documento bancario ante la Fiscalía en su declaración del 3 de mayo de 2016: “Recuerdo haber retirado el cheque yo, porque en ese momento me lo pidió mi padre aprovechando que yo iba a retirar uno de los cheques correspondiente a una de las boletas de honorarios que yo había emitido. Él me pidió que aprovechara el viaje para retirar igualmente un cheque emitido por SQM en pago de una factura de Ventus; cuyo pago estaba gestionando mi padre. Yo retiré el cheque y se lo entregué personalmente a él una vez que lo retiré”.

La afirmación de Tudela García indica que su padre, Carlos Tudela Aroca, estaba gestionando un pago de SQM para la sociedad de los hijos del senador Pizarro. Esos mismos $6 millones aparecen ingresados a la cuenta corriente de Ventus el 28 de febrero de 2013.

Carlos Tudela García, su padre y su hermana (Daniela) están formalizados por la Fiscalía por haber emitido facturas falsas a SQM. En la misma situación está Marcelo Rozas, uno de los asesores de más larga data de Patricio Contesse. Rozas fue formalizado por emitir boletas falsas a la minera por $346 millones entre 2009 y 2014. También fue formalizada su cónyuge, Michelle Raymond, por recibir $136 millones irregulares de SQM, y el hijo de ambos, Daniel Rozas, por percibir en el mismo periodo otros $139 millones.

Marcelo Rozas y Sebastián Pizarro Cristi fueron formalizados el mismo día. Ese 31 de agosto de 2016 el fiscal Claudio Rebeco, que forma parte del equipo investigador del Ministerio Público, durante la audiencia apuntó a Rozas como el articulador de una red de boleteros para SQM: “Queda más o menos claro: el señor Marcelo Rozas, ex embajador de Chile en República Checa, tiene nexo con todos los imputados y, a su vez, mantuvo estrecho vínculo con Patricio Contesse, quien fuera gerente general de la minera no metálica”, señaló.

En esa misma audiencia también fue formalizado el hijo del diputado Roberto León (DC) -Roberto León Araya- por recibir $157 millones de SQM a través de boletas falsas entre 2009 y 2014. El diputado León también pertenece al sector DC de los “guatones”, y es investigado por el Ministerio Público por eventual cohecho (ver reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León”).

Carta de Carlos Ernesto Moreno

Sra. Mónica González
Directora CIPER CHILE
Presente

Con sorpresa y desencanto he leído reportaje de CIPER de ayer en que, a propósito de informaciones e indagaciones sobre el caso del senador Jorge Pizarro y sus hijos, se me menciona de manera muy poco seria y algo mal intencionada (no sé por parte de quien de su medio).

Se inicia el texto con la “sugerente ” frase: ” Pero la cuenta de Benjamín Pizarro esconde otras transferencias que llaman la atención…” y de ahí pasan a mencionar una transferencia de 5 millones que Benjamín hizo a mi cuenta corriente del banco Santander en marzo del 2012. Posteriormente se adjuntan datos y “conexiones” personales mías qué no sé a qué apuntan o hacia dónde van.

Al respecto y para su información, Sra. González, soy felizmente casado con Angélica Cristi, madre de Benjamín Pizarro, desde diciembre del 2013, después de una relación de varios años.

En efecto, Benjamín me deposito el monto en dinero que su lamentablemente reportaje publica, el año 2012, como parte de una venta que le hice de mi Peugeot 206, patente CSBJ 63-K. Aún más, años después he vuelto a vender otro auto al mismo Benjamín, a propósito de una renovación o cambio de autos que, como mucha gente, hago cada cierto tiempo. Este auto tenía como patente GTJC 61-K. En ambos casos, cualquier ciudadano y por supuesto sus “investigadores” Sra. Mónica, pueden constatar las respectivas transferencias entre el suscrito y Benjamín Pizarro en el Registro Civil.

Ud. o el autor del artículo podrán decir que no están afirmando nada, pero no hay que ser un experto en lo que en metodología se llama análisis de contenido para concluir que el artículo, en la parte en comento, es inequívocamente tendencioso.

Ud. mejor que nadie sabe que al tenor de lo publicado, en el actual ambiente del país y con las sibilinas insinuaciones que hace el “investigador” de esta información que me implica, producen un daño objetivo dadas las conclusiones confusas que mucha gente puede sacar.

¿No podrían haber averiguado más exhaustivamente sobre el punto o llamarme para preguntarme lo que Uds. quisieran, antes de tirar una tan irresponsable y aún peor documentada información?

He sido un lector asiduo de CIPER y esto me duele profundamente. Espero que su medio repare esta situación, acorde con su opción ética y rigurosa que tantas veces le he escuchado a Ud. en diferentes medios y tribunas

Atte.
Ernesto Moreno Beauchemin

Nota de la redacción

Antes de publicar el artículo en cuestión, en CIPER hicimos múltiples intentos por comunicarnos con el senador Jorge Pizarro y con sus hijos, y también con el señor Carlos Ernesto Moreno. Finalmente, en la tarde del viernes 14 de julio, desde la oficina del senador Pizarro se nos comunicó que solo hablaría su abogado, Cristóbal Bonacic, cuyas declaraciones se incluyen en el reportaje.

Debemos puntualizar que al abogado Bonacic, entre otras consultas, también se le preguntó por la transferencia de $5 millones que aparece realizando Benjamín Pizarro Cristi al señor Ernesto Moreno. Su respuesta fue que no entraría en el detalle de cada transferencia que se observa en esa cuenta corriente. Si desde la oficina del senador nos indican que el encargado de hablar será su abogado, habría bastado con que Cristóbal Bonacic dijera breve y escuetamente que esa era una transferencia relacionada con el pago al esposo de la señora Angélica Cristi, madre de Benjamín Pizarro, para que el dato quedara consignado.

Al finalizar su carta, el señor Ernesto Moreno dice: “He sido un lector asiduo de CIPER y esto me duele profundamente. Espero que su medio repare esta situación, acorde con su opción ética y rigurosa que tantas veces le he escuchado a Ud. en diferentes medios y tribunas”.

A nosotros también nos duele señor Moreno haberlo mencionado en esta trama de financiamiento ilegal de la política, sin haber conseguido su respuesta antes de la publicación. No obstante, lo que primó en nuestra publicación fue mostrar el origen y del destino de los dineros involucrados en la investigación.

Cuando asistimos a un esfuerzo que proviene de múltiples sectores políticos por asfixiar el juicio al financiamiento ilegal de la política, cuyo daño a la confianza pública y la forma en cómo erosiona las instituciones inexplicablemente no está calificado como delito (solo se juzga el delito tributario por emitir boletas o facturas por trabajos no realizados y que, por lo tanto, aumentan el costo de una empresa de manera fraudulenta), el equipo de CIPER hace su trabajo intentando alertar a la sociedad y a todas las autoridades de los nefastos efectos que esta impunidad acarrea para la sociedad. Lo hacemos intentando preservar esa posición ética de la cual usted habla. Y eso obliga a que, cuando aparecen nombres que incluso la directora del medio conoce, como ocurrió en este caso, la ética obliga a que con mayor razón si no hay respuesta del afectado la información que lo afecta sea publicada.

Mónica González
Directora de CIPER