“Si se obstruye, debo aspirarle la tráquea”: así viven ahora las familias golpeadas por violaciones de DDHH durante el 18/O

Los correos que alertaron sobre la compra del poderoso programa espía de la PDI

Cuando en junio del 2013 los periódicos The Guardian y The Washington Post publicaron una serie de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés), filtrados por Edward Snowden, el mundo entero quedó perplejo. La información mostraba cómo el gobierno de Estados Unidos recolectaba información de correos electrónicos, videos, chats, fotografías, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales a través de un programa de vigilancia masiva llamado PRISM. Una capacidad similar a la que tiene el sistema de interceptación que compró el año pasado en secreto la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

La transacción tuvo un costo de US$ 2,85 millones y si bien funciona de manera distinta al de la NSA, el propósito es el mismo: obtener información privada de computadores o dispositivos móviles sin que el usuario del equipo sepa. El proveedor fue la empresa italiana Hacking Team, que vendió su sistema Galileo. A solicitud de la PDI, en Chile el software fue rebautizado como Phantom.

hackingTeam-1La compra de la PDI se hizo de manera reservada y sólo se conoció esta semana, luego de que Hacking Team sufriera un ataque informático que sacó a la luz miles de sus correos electrónicos, los que luego fueron publicados el jueves 9 de julio en el sitio de Wikileaks. Si bien la PDI se apresuró en sacar un comunicado asegurando que sólo lo utilizaban con autorización judicial, en uno de los correos el representante de la empresa en Chile comenta a su contraparte en Italia que el jefe del Departamento de Monitoreo Telefónico (Demtel) de la policía chilena le dijo que el propósito del software “es usarlo como una herramienta de apoyo para obtener los datos IP de los clientes y acceso a información que no obtendrán a través de una orden judicial” (ver correo).

Respondía así a un correo previo de los italianos, que estaban extrañados de que la PDI estuviera interesada en Galileo, pues no la consideraban la organización “típica” que podía sacarle partido al software. Ello, porque para hacer las interceptaciones se necesita acceder al equipo objetivo de manera física o remota, y la PDI les dijo que sólo poseían los números telefónicos de los aparatos. Este intercambio de emails se produjo en junio pasado y hace referencia al interés de la policía chilena de comprar un segundo equipo Galileo, que se sumaría al que el Departamento de Inteligencia Electrónica (DIE) adquirió en 2014.

INTERCEPTACIÓN TOTAL

El sistema creado por Hacking Team, empresa considerada por la organización Reporteros Sin Fronteras como un enemigo del Internet, funciona a través de un troyano, que es un software computacional “maligno” que permite realizar una serie de acciones dentro de un dispositivo (como un celular o un computador) sin la autorización del usuario o su conocimiento. De esta manera, pueden romper, desde dentro del dispositivo, cualquier tipo de encriptación, permitiendo así el monitoreo de todo lo que el usuario hace, escribe, fotografía, así como sus contactos, claves secretas e, incluso, tomar control de la cámara y GPS. Esto sin importar el lugar, tipo de conexión o de plataforma a la que se espía, esta sea Windows, Mac, iOS, Android y otros. Si el dispositivo se encuentra desconectado, el sistema recaba datos y los envía una vez que el aparato se conecta a internet.

La implantación del troyano no es complicada, aunque requiere acceso directo al dispositivo. Según la misma empresa detalla, la infección se puede realizar vía WiFi (por la misma red de internet del aparato), cable USB, a través del proveedor de internet e, incluso, mediante aplicaciones diseñadas especialmente para engañar al usuario. Esto último tiene un precio adicional (US$175 mil), porque requiere la creación de una aplicación pantalla, como un juego, para que la mayor cantidad de usuarios lo bajen y así implantar el troyano de manera masiva.

celularLa irrupción de este tipo de tecnología abre dudas sobre la legalidad de su uso por parte de las policías en Chile. Según el artículo 222 del Código Procesal Penal, que se refiere a la Interceptación de Comunicaciones Telefónicas, los tribunales sólo pueden ordenar “la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación” cuando “existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión” de un crimen y que esta fuese “imprescindible” para la investigación.

Algo que para Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, es a lo menos ambiguo en este caso. ”Estas son tecnologías particularmente intrusivas, que no funcionan si no inoculas algo externo en el aparato (un troyano), y que pueden dañar un sistema informático. No es claro que este tipo de tecnología que compró la PDI cumpla con los estándares que exige la ley. Tampoco está claro que se cumpla con el estándar de proporcionalidad, es decir, que una medida tan intrusiva sea proporcional a los delitos para los cuales se utilizan. A primera vista, no lo son”, afirma Ruiz

EL INTERMEDIARIO

El principal protagonista de los correos electrónicos de Hacking Team es el intermediario chileno: Jorge Lorca Rivera. Se trata de un viejo conocido en el mundo de las interceptaciones telefónicas. En 2012, como funcionario de Tecnodata, logró hacer funcionar un equipo que la empresa había vendido a Carabineros y desde donde se perdieron grabaciones para investigaciones clave (ver: Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”).

La vida de Lorca dio un vuelco ese mismo año. El martes 2 de octubre, CIPER publicó un reportaje que denunciaba el sobreprecio que había pagado el Ministerio del Interior por unos equipos para combatir el narcotráfico (ver “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”). La empresa que había vendido los equipos era Tecnodata, la misma donde Lorca se desempeñaba como técnico informático. Según contó a CIPER un ejecutivo cercano a la compañía, en los días de mayor revuelo periodístico por el caso de los sobreprecios justo visitaba Chile un ejecutivo de Innova, una compañía italiana que desarrolla sistemas de intervención telefónica y que hasta ese entonces era representada por Tecnodata. El ejecutivo de Innova se habría asustado con la exposición periodística que estaba teniendo la empresa y se puso en contacto con Lorca, invitándolo a que se independizara para representarlos en Chile.

Jorge Lorca Rivera
Jorge Lorca Rivera

En  mayo de 2013, Lorca constituyó Mipoltec junto a su esposa, Brigitte Rosas Llasquen, con un capital de $3 millones de pesos, de los que Lorca aportó el 83,33%. Y un mes después comenzaba a adjudicarse licitaciones de la PDI, Gendarmería, Carabineros y el Ejército, entre otras instituciones. En noviembre del mismo año, Mipoltec le vendió a Carabineros un “sistema de interceptación, grabación y monitoreo de comunicaciones” de Innova  por US$ 3,3 millones, el que no funcionó correctamente (ver: “Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

Si bien el sistema comprado por Carabineros tenía la capacidad de monitorear tanto líneas de datos (internet) como de voz, técnicamente sólo podían acceder a llamadas telefónicas, pues según explicaron expertos a CIPER en ese momento, para poder acceder al tráfico de datos necesitaban que las empresas proveedoras de internet instalaran un filtro especial, para lo cual se requería cambiar la legislación. El sistema Galileo que vendió Hacking Team a la PDI evita tener que utilizar a las empresas de internet como intermediarias, pues se conecta directamente al teléfono o computador de la persona a quien están investigando.

El salto de Lorca de técnico a empresario fue radical. Sólo el contrato de la PDI para venderle el sistema Galileo, por un total de US$ 2,85 millones, le reportó una comisión del 30%. Todo a través de un trato directo, es decir, sin licitación pública, y además secreto.

Sus buenas conexiones con el mundo uniformado quedan reflejadas en los correos electrónicos de Hacking Team. En ellos se aprecia el alto interés de instituciones uniformadas chilenas por el equipamiento para interceptar comunicaciones. Incluso, varias de ellas, recibieron a sus representantes para ver una demostración en vivo de su funcionamiento. Entre las que solicitaron información sobre el producto, según revelan los correos, se encuentra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario de Gendarmería (DIAP), Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada (Directemar) y Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) (Ver correos de programación de reuniones).

Según un artículo publicado en The Intercept, Chile es el quinto mayor cliente de Hacking Team, detrás de México, Italia, Marruecos y Arabia Saudita. Asimismo, los correos han dejado al descubierto las negociaciones que tuvo la empresa con regímenes dictatoriales como los de Etiopía, Egipto y Sudán.

LOS MAILS DE HACKING TEAM

Según los mails filtrados que analizó CIPER, Jorge Lorca llevaba dos meses con Mipoltec cuando decidió contactarse con Hacking Team (HT) para solicitar una reunión durante la feria ISS (Sistemas de Apoyo de Inteligencia, por sus siglas en inglés) Brasilia 2013. A fines de agosto los italianos ya coordinaban un viaje a Sudamérica y en octubre, Lorca le escribe a Alex Velasco, gerente regional de HT, contándole que los clientes están ansiosos de ejecutar “pruebas en terreno de vuestra solución”. Agrega que tenía al menos cuatro reuniones en agenda con la PDI, Carabineros, el Ejército y la Armada. El viaje se confirma para fines de octubre y los emails detallan reuniones con todas esas instituciones, más Gendarmería. En noviembre las gestiones empiezan a dar resultado. Lorca comunica a HT que había interés en Directemar de la Armada y en el Departamento de Inteligencia Electrónica (DIE) de la PDI, que requieren cada una “2 licencias tipo operador y 10 agentes”, según dice el correo.

En mayo de 2014 se hacen nuevas demostraciones en Chile. El encargado de hacerlas es el ingeniero colombiano Sergio Rodríguez-Solís, quien en un mail a sus jefes de HT cuenta que se reunió con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) y que hicieron una demostración “sin conexión a Internet  focalizándonos en Windows 7 y Android que resultó satisfactoria, con recolección de datos, descarga de fotografías desde la carpeta de fotos del teléfono, con pruebas de micrófono y más”.

teclado-2Rodríguez-Solís informa que además se reunió con la Dirección de Investigación y Análisis de Gendarmería (DIAP), “quienes realizan investigaciones en cárceles y asuntos internos”. Con ellos pudo hacer pruebas con conexión a Internet, por lo que se testearon llamadas de Skype, acceso a email y Whatsapp. En su correo, Solís agrega una reunión con el Departamento de Monitoreo Telefónico (DEMTEL) de la PDI: “Como esta es una unidad de intercepción legal, nos enfocamos en las capacidades de RCS (Sistema de Control Remoto por su sigla en inglés), en filtros y en reunir solamente la información deseada y por supuesto en Skype y chats” (vea este correo). Otra reunión que Solís describe es la que tuvo con el Departamento de Inteligencia Electrónica de la PDI (DIE): “Es una antigua unidad de inteligencia, fundada antes de la democracia en el país, que está buscando nueva tecnología”, explica Solís, agregando que “quedaron impresionados y si no me equivoco, la DIE podría comprar este año… las demás podrían el año que viene”.

Según los emails analizados por CIPER, en julio de 2014 se formalizó la solicitud de la PDI, que luego de varios ajustes termina siendo una licencia para 30 usuarios y 100 agentes por una duración de cuatro años. El valor que estableció HT por este servicio es de US$ 1,7 millones, al que luego se le suman dos ítems a favor de Jorge Lorca: US$ 295 mil por concepto de “hardware y servicios” más el 30% de comisión (US$ 855 mil), lo que suma US$1,15 millones. El total a pagar por la PDI entonces es de US$ 2,85 millones que al momento de la transacción, en marzo de 2015, equivalían a $1.795,5 millones.

EL PAGO DE LORCA

Según los correos analizados, la relación entre Jorge Lorca y Hacking Team no ha sido de mucha confianza. En agosto de 2014, Lorca le pide a HT un certificado de representación para poder gestionar la venta del equipo en Chile y según se ve en correos que se envían los ejecutivos entre ellos, en HT no entienden por qué necesita este certificado si la venta la realiza directamente HT, como habían acordado al comienzo. El gerente de Operaciones de la firma, Giancarlo Russo, es el que se muestra más reticente y lo expresa en un correo a Marco Bettini, gerente de Ventas: “Le escribí un correo electrónico a Jorge esta mañana con una serie de puntos a aclarar, entre ellos el hecho de que no podemos delegarlo para representar legalmente a HT (en estos términos podría firmar cualquier cosa en nuestro nombre). De cualquier modo no estoy de acuerdo en emitir esta carta ahora, no entiendo para qué sirve…”. Finalmente, deciden emitirle el documento, que debía ir certificado ante notario, ante la Procuria de la Republica y el consulado chileno, para que Lorca lo autentificara en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si bien al principio se dice que la venta sería directa de Hacking Team a la PDI, hay una serie de emails que dan cuenta de una carta de crédito que debía enviar BancoEstado a una cuenta del HSBC en China que estaba a nombre de la sociedad Mintton Electronics Tech Limited, que Lorca dice que es de su socio. En medio de las gestiones para el pago de dinero a China, HT le escribe directamente a la PDI, con copia a Lorca, para exigir el pago de su factura por US$2,85 millones, a lo que Lorca reacciona con indignación diciendo que escribirle directamente al cliente sin consultar primero con él “me hace quedar mal”. La transacción hacia China resulta rechazada, tras lo cual hubo que cambiar la carta de crédito de BancoEstado para enviarla a la cuenta de HT en Italia.

ssJunto a los emails, entre los documentos filtrados se encuentra la grabación de una conversación telefónica entre los ejecutivos de HT, Lorca y un funcionario de la PDI, el que les explica que la transacción sólo puede realizarse a través de una carta de crédito debido a que los términos del acuerdo deben cumplir con la normativa chilena y a que la Contraloría ya tomó razón de los documentos.  El proceso tarda varias semanas, hasta que el 28 de abril de 2015, HT confirma la recepción del dinero.

En el mismo correo en que dice que recibió el pago, Simonetta Gallucci, contralora financiera en HT, le dice a Lorca que el CEO David Vicenzetti quiere tener una reunión urgente con él cara a cara. Agendan para el 11 de mayo en Reston, Estados Unidos. Tras esa reunión, hay varios correos de Lorca pidiendo que le paguen su comisión. Paralelamente, se ven correos en los que el chileno continúa avanzando con nuevos clientes potenciales, como una nueva cotización de la PDI, esta vez a través de DEMTEL, y con el mayor del Ejército Cristián Barría (ver correo). En un correo que el vicepresidente de Desarrollo de Negocios en HT, Phillipe Vinci, le escribe a Vicenzetti, se muestra de la opinión de no retener más tiempo el pago de Lorca, pues se corre el riesgo de contaminar la actividad comercial en momentos en que están organizando una presentación de Galileo para agosto de este año en Chile a tres prospectos: Carabineros, Ejército y DEMTEL (ver correo).

Hasta el momento, el único equipo Galileo funcionando en Chile es el que posee la DIE de la PDI. Desde la Armada informaron que ellos finalmente no adquirieron el equipo. En el Ejército, en tanto, si bien reconocieron que el mayor Cristián Barría trabaja con ellos, enfatizaron que no hay un interés de la institución de adquirir el software y que Barría es un investigador especialista en seguridad informática que sólo se puso en contacto con Hacking Team con fines académicos.

En la PDI, en tanto, aseguraron que la compra se hizo de manera directa pues la ley lo permite “si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo”.  Por la misma razón, se excusaron de dar más detalles sobre la adquisición de Phantom a Hacking Team.

CIPER contactó a Jorge Lorca, quien dijo no tener interés en referirse a este tema.

Las pruebas que involucran a subcomisario de la PDI en red de explotación sexual de menores

Una de las últimas apariciones públicas del ex subcomisario de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, Rodrigo Escobar, ocurrió el 9 de mayo de 2013. Ese día, Escobar logró poner a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad a un padre que había abusado de su hija de 8 años. Según lo que contó en esa oportunidad el policía de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme), el padre de la niña estaba separado de la madre y la hija lo visitaba frecuentemente en su domicilio de la Población Anef de Puerto Montt. Allí el sujeto cometía los delitos.

No era la primera vez que Escobar aparecía públicamente liderando un procedimiento policial relacionado con abusos sexuales. En marzo del 2010, logró dar con el paradero de un hombre de 37 años que exhibía sus genitales en la vía pública a menores de edad en el sector La Paloma de la misma ciudad. Y meses más tarde, detuvo a un sujeto de 23 años que violentó sexualmente a una anciana de 83 en su domicilio de la localidad de Maullín (al sur de Puerto Montt). “Numerosas contusiones faciales y abdominales dan cuenta de la extrema violencia con la que actuó el imputado”, dijo a la prensa Escobar tras el exitoso operativo.

Pese a sus logros profesionales, la brillante y ascendente carrera del subcomisario Escobar en la PDI terminó de manera abrupta. Su salida se concretó a fines de junio y, tras obtener la baja, se trasladó de ciudad. Según la versión que entregó la PDI de Puerto Montt, Escobar renunció a la institución en busca de mejores expectativas económicas.

Fiscal Marcello Sambuceti

Pero la fiscalía regional maneja antecedentes que apuntan a que el cambio de rumbo del policía podría haberse producido por otros motivos, muy distintos a los señalados por la PDI. Hoy Rodrigo Escobar está siendo investigado junto a otras personas por la Fiscalía de la Región de los Lagos para esclarecer su presunta participación en una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt. Una de las menores involucradas en esta red ilícita reveló haberle prestado servicios sexuales al ex policía en varias oportunidades. La confesión surgió en medio de una investigación que lideraba el mismo Escobar iniciada a partir de una denuncia por violación en la vía pública presentada por la madre de la misma menor que confesó haber tenido relaciones sexuales con el ex sub comisario.

Ésta es sólo una de la decena de denuncias por abuso sexual contra menores de edad que se han presentado desde enero de 2012 ante los tribunales de la Décima Región, muchas de las cuales estaban siendo investigadas precisamente por el equipo de la PDI que integraba Escobar. El miércoles 20 de agosto la situación cambió. Se designó a un fiscal con dedicación preferente para investigar todas las denuncias y la unidad en la que Escobar se desempeñó como subcomisario quedó al margen. Es la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP) la que asumió las diligencias para desbaratar la red de explotación sexual de menores que opera en completa impunidad desde hace varios años en una de las arterias más conocidas de esa ciudad (Antonio Varas).

Según lo señalado a CIPER por el fiscal a cargo de la investigación, Marcello Sambuceti, a la indagatoria se sumó también el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), parte de cuyos efectivos trabajan con dedicación exclusiva en el caso.

MÁS QUE RUMORES

El martes 19 de agosto, el jefe regional de la PDI de Puerto Montt, Cristián Moena, salió al paso de un artículo publicado por el diario El Llanquihue, que refería a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público para esclarecer la presunta participación de un “ex funcionario de la Brisexme en la explotación sexual de menores”. El prefecto argumentó que las versiones que apuntaban a un funcionario policial en el caso estaban “en el ámbito sólo del rumor”.

Lo que Moena no dijo fue que aquello que catalogó de “rumor” ya había tomado forma jurídica semanas atrás, poco después de que Escobar dejara la institución. CIPER tuvo acceso a una querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt el 7 de julio pasado por el organismo Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de la Región de Los Lagos (que trabaja con niños y adolescentes vulnerables) “en contra de quienes resultaren responsables de todos aquellos delitos que en el curso de la investigación se determine”. La querella se sustenta en una serie de acusaciones que vinculan directamente a Rodrigo Escobar con la red de explotación sexual.

Calle Antonio Varas, Puerto Montt.

Tal como se relata en el escrito, a principios de junio de este año la madre de una menor involucrada en la red fue citada a declarar  por efectivos de la Brisexme. Ello, producto de una denuncia que la mujer había presentado tiempo atrás por una violación de la que fue objeto su hija en la vía pública.

La madre acudió al cuartel de Investigaciones acompañada de la menor y allí prestaron declaración. El subcomisario de la unidad encargada de investigar delitos sexuales, Rodrigo Escobar, se sentó frente a ellas y escuchó. Según relató después la madre de la menor, a los pocos minutos de haberse iniciado el procedimiento, percibió un  inusual trato de confianza entre su hija y Escobar. Como si se conocieran de antes. Siempre según el relato de la madre, ella decidió encarar al subcomisario y pedirle explicaciones. Y fue entonces que el efectivo policial le habría confesado que efectivamente conocía desde hace un tiempo a su hija y que, en una sola oportunidad, habría intimado con la adolescente.

Según relató la mujer, la versión del policía fue refrendada por su hija. Con una diferencia respecto de la versión de Escobar: la menor insistió en que la relación sexual se concretó en más de una ocasión. Según consigna la querella criminal, la madre grabó con su celular la conversación que sostuvo con el entonces subcomisario y la entregó al Ministerio Público de Puerto Montt.

Esa grabación es ahora una de las pistas clave que analiza el fiscal con dedicación preferente  Marcello Sambuceti, quien lleva la investigación de todas las causas relacionadas a la red de explotación sexual de menores en la región, incluida la que involucra al ex subcomisario de la Brisexme de Puerto Montt.

-Sí, efectivamente (la grabación) es parte de diversas aristas de la investigación y el resultado de aquello no lo puedo informar aún precisamente para no entorpecer la investigación. Pero sí, forma parte de distintos elementos –dijo el fiscal Sambuceti a CIPER.

Dos nuevos antecedentes fueron entregados al fiscal Sambuceti. El primero de ellos ocurrió días después del episodio en que el ahora ex detective le habría confesado a la madre de la víctima su relación con la menor. Según el relato de la mujer, dos miembros de la PDI se presentaron en su domicilio y allanaron la morada. Los funcionarios no contaban con una orden y tampoco se identificaron, se señala en la querella.

GOLPIZA POR ENCARGO

El segundo hecho relacionado con la denuncia que involucra a un policía en la red de explotación sexual infantil, ocurrió el 20 de junio, día en que según la Policía de Investigaciones renunció el subcomisario Rodrigo Escobar. El comunicado oficial de la PDI, entregado el 19 de agosto, señala que Escobar presentó su renuncia a la institución, “a contar del 20 de junio de 2014”.

La mañana de ese mismo 20 de junio, la misma menor que había confesado haberle prestado servicios sexuales al policía, fue trasladada por el SAMU al servicio de urgencia del Hospital de Puerto Montt. Carabineros la había encontrado inconsciente y malherida en la calle.

Según informaron desde el Hospital de Puerto Montt  a CIPER, la adolescente ingresó al centro asistencial a las 10 de la mañana con contusiones faciales y fractura nasal. Era la segunda vez que la menor era llevada al hospital en el último mes. La anterior, según registros del mismo establecimiento, fue producto de la violación que sufrió en la vía pública y que dio origen a la investigación que inició la Brisexme a cargo del subcomisario Escobar.

En la querella criminal presentada ante el tribunal de garantía, se señala que la adolescente identificó a otras menores de la red de explotación sexual como responsables de la agresión. En particular, a una adolescente a quien se refirió como una persona muy cercana al policía (Escobar) y con la que éste habría mantenido relaciones sexuales en reiteradas oportunidades. La menor atribuyó la golpiza a una venganza por encargo del efectivo policial.

Ese mismo 20 de junio, el subcomisario Rodrigo Escobar entregó su armamento y dejó la institución. Poco después se sabría que también había abandonado la ciudad para radicarse en Chiloé. Según señaló el prefecto de la PDI, Cristián Moena, el ex subcomisario se fue de la institución “por mejores expectativas económicas en la vida privada y no por este tema, ya que es ingeniero civil industrial, es de los subcomisarios profesionales”.

LOS ALCANCES DE LA RED

Las primeras noticias sobre la red de explotación sexual de menores en Puerto Montt se hicieron públicas a fines de febrero de este año, cuando cuatro menores de entre 13 y 15 años fueron halladas junto a dos hombres en una casa abandonada en la intersección de las calles Antonio Varas y Copiapó. Las menores se habían fugado semanas antes de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pamela Soto, directora regional del Sename.

En marzo de este año el Sename presentó las primeras querellas en tribunales de Puerto Montt y Castro para que se investigara una red que reclutaba menores para explotarlos sexualmente en distintos puntos de la región. Las denuncias del organismo público se sumaron a las que anteriormente ya había interpuesto en tribunales y por el mismo motivo el Serpaj.

Las modalidades que asume la explotación sexual de menores en la Región de Los Lagos están ampliamente documentadas. Al respecto, existe un informe publicado en diciembre de 2011 por el mismo Serpaj que no sólo resulta esclarecedor, también estremece.

En él se identifican distintas fórmulas bajo las cuales opera la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se destaca la “trata interna”, modalidad en la que redes concertadas trasladan jóvenes a islas cercanas al puerto de Quellón (Chiloé) con el fin de ser explotadas sexualmente. Esta variante estaría asociada a la creciente demanda por servicios sexuales de parte de la población flotante de trabajadores que llegan a la región para realizar labores específicas en algunos periodos del año.

Otra de las fórmulas que se identifica en el informe son los “cabañazos”: fiestas privadas a las que se lleva a las adolescentes y que tienen “como escenario alguna cabaña arrendada para esos fines en las que habría un elevado consumo de alcohol y drogas, acompañado de encuentros sexuales entre todos los participantes”.

Sobre las formas de reclutamiento de las menores y las condiciones en las que se las iniciaba en esta red de prostitución, el informe señala: “Existen indicios de que habría jóvenes que concurrían a los establecimientos educacionales, con el fin de captar a otras potenciales víctimas.  Según se pudo precisar, las víctimas adquirían cierto nivel de estatus al participar de estas fiestas, convirtiéndose en foco de envidia de parte de sus pares al relacionarse con adultos que las conducen en vehículos ‘tuning’ (enchulados), generando la ilusión de participar de un mundo de permanente diversión”.

Por último, se describe otro de los métodos detectados para el comercio sexual de menores en la zona, el que se realiza en pequeñas embarcaciones de pescadores artesanales que al término de su jornada laboral recalan en el puerto de Quellón. Allí recogen a las menores y luego las llevan mar adentro para “proceder a tener algún tipo de intercambio sexual”.

El miércoles 20 de agosto el Sename volvió a presentar nuevas querellas (en total suman cinco las que han sido interpuestas por el organismo a la fecha) con el fin de identificar a los responsables de operar estas redes ilícitas de comercio sexual con menores de edad, las que se extienden a distintos puntos de la Región de Los Lagos.

 

Detectives acusados de corrupción graban ilegalmente al fiscal que los investiga

Vea también: “Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”

El miércoles 3 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias recibió en su despacho una visita peculiar. La persona que se sentó ante él traía una noticia que lo vinculaba directamente -y de manera personal- con el juicio más importante que tiene entre sus manos: el proceso a 10 policías acusados de asociación ilícita y de más de cien delitos al interior de la PDI.

La conversación, que se inició de modo cordial, de improviso tomó rumbos inesperados. Con palabras que no permitían ni una sola otra interpretación, su interlocutor le confirmó lo que hasta ese momento era sólo un rumor en su equipo: el fiscal había sido grabado por los policías investigados de asociación ilícita en una conversación que le podía acarrear problemas. El rumor también llegó a oídos de CIPER. Y fue confirmado por compañeros de los policías acusados en la PDI. Allí se nos dijo que efectivamente en esa grabación aparece Arias admitiendo haber cometido una ilegalidad similar a uno de los hechos delictuales por los cuales están siendo acusados los detectives. En la grabación, se escuchaba al fiscal avalando que policías hicieran llamadas anónimas al número 134 para con ellas conseguir autorización judicial para allanamientos.

En la Fiscalía Occidente la grabación en cuestión fue confirmada a CIPER. Según los testimonios recogidos, la reunión del 3 de julio entre Arias y su interlocutor terminó con consejos y sugerencias de cómo debía el fiscal seguir con el caso, lo que incluía dejar de lado la acusación a los diez detectives y apuntar los dardos hacia el equipo de Carabineros del OS-9, que había hecho una mala investigación.

El mensaje del visitante de Emiliano Arias tenía mucho sentido: tuvo lugar exactamente en días de soterrado enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público, precisamente por un episodio relacionado con la investigación judicial de los 10 policías acusados de corrupción. El conflicto, que involucró a sus máximas autoridades, se inició cuando en la Fiscalía Occidente (a la que pertenece el fiscal Arias) se descubrió la extraña pérdida de grabaciones de las más de 4 mil conversaciones interceptadas a los diez policías acusados. El hecho, revelado por CIPER el viernes 5 de julio pasado (“Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”), involucra a dos de las unidades más importantes de Carabineros: OS-9 y OS-7. Precisamente una de esas unidades es la que el visitante del fiscal Arias le aconsejó acusar.

Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal (Ver Nota *) y podría ser objeto de extorsión para no continuar adelante con el juicio a los integrantes de la PDI.

En poder de Andrés Montes, jefe de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, quedó la grabación al fiscal Emiliano Arias ya que fue designado para llevar a cabo la indagación penal respectiva. El viernes 5 de julio, solo dos días después de haberse comprobado que la grabación era real, un oficio reservado llegó hasta el despacho del director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez Meza. En el corto oficio se le informaba del hecho, anunciándole que ese mismo día se había iniciado una investigación penal para identificar a los responsables.

La grabación inédita a un fiscal del Ministerio Público, no sólo es grave por los protagonistas implicados: diez policías formalizados por corrupción y el fiscal que los acusa. El problema trasunta las relaciones entre el Ministerio Público y la PDI ya que este viernes 19 de julio la jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver si mantiene en prisión a los diez policías. La otra alternativa, que avanzó el diario El Mercurio en su edición del martes 16 de julio, es que la jueza Paula Brito acceda a la petición de la defensa de sobreseer temporalmente la causa en virtud de la imposibilidad de acceder a las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a los diez policías, extraviadas por el OS-9, lo que constituiría “infracción de garantías”.

La investigación de la pérdida de las grabaciones de las conversaciones que sostenían incluso desde la cárcel los diez policías, está a cargo del fiscal Luis Cáceres Bravo (fiscal jefe de la Fiscalía Local de Curacaví).

En la sucesión de hechos que se acumulan desde la fecha en que el fiscal Emiliano Arias recibió la inesperada visita que lo alertó sobre la grabación de la que había sido objeto, y que incluye la curiosa pérdida de las intervenciones telefónicas a los diez detectives realizadas por el OS-9, todo parece enlazarse extrañamente para que este viernes 19 la jueza de garantía no tenga más alternativa que dejar libres a los efectivos de la PDI acusados de asociación ilícita. No porque sean inocentes, sino por vicios procesales en la investigación.

Para la Fiscalía Occidente, en cambio, este viernes será la oportunidad de que la justicia calibre, más allá de la pérdida de grabaciones, el cúmulo de pruebas que acusan a los diez detectives. Y que el tribunal valore el riesgo que significa que esos mismos diez policías se reincorporen de inmediato a sus funciones, puesto que hasta hoy no han sido dados de baja.

Esta es la historia que será recapitulada en el Primer Juzgado de Garantía este viernes 19 de julio.

EL ALLANAMIENTO SOSPECHOSO

En la noche del 21 de marzo de 2012 un grupo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel, a cargo de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada e integrado además por los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo, ingresaron a un domicilio en Pasaje El Eclipse, en Pudahuel. La diligencia se originó en una supuesta llamada anónima que indicaba que en ese domicilio se realizaba un tráfico de drogas. Según registra el parte policial, el ingreso de los policías al inmueble se habría realizado con la autorización de los dueños de casa. En el procedimiento se habrían incautado $18.000 y 84 papelillos de cocaína. Solo una persona (de iniciales M.P.L.) habría sido detenida.

La realidad era distinta a lo que se dice en el parte policial. Porque hasta el cuartel de la Bicrim de Pudahuel llegaron tres personas detenidas: M.P.L., su hija y nieta. En la puerta de la morada de los detenidos permaneció la huella del “consentimiento”: una cerradura rota con un ariete, lo que quedó registrado en la foto del procedimiento. Había más cabos sueltos en esa historia.

Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9.

Las primeras indagaciones de Carabineros rápidamente comenzaron a dar resultados. Aparecieron víctimas y testigos de varios allanamientos sin orden judicial ni de la fiscalía realizados por los mismos funcionarios de la PDI. Y en todos se repetían los mismos ilícitos: amenazas, torturas y abuso de poder. Lo más grave es que algunos testigos afirmaron que los mismos policías ingresaron droga a sus domicilios con la que justificaron el allanamiento y la posterior detención. Y también, incautación de dineros y especies  -incluso droga- que después no eran declaradas. Simplemente desaparecían.

Es aquí donde comienza la sucesión de hechos extraños de esta investigación, una de las más reservadas de la Fiscalía Occidente pues se refería a una posible asociación ilícita delictual al interior de la PDI. Por alguna razón que CIPER no pudo dilucidar, los testimonios de las víctimas de los detectives se filtraron y los nombres de quienes habían declarado ante el equipo del OS-9 fueron conocidos por los mismos detectives involucrados.

-Nos amenazaban, nos decían que si seguíamos con esa huevada de que habíamos sido amenazados, íbamos a desaparecer, que a nosotros nadie nos iba a creer porque éramos delincuentes –le dijo a CIPER un joven de Pudahuel con un alto prontuario, quien en varias ocasiones fue detenido por agentes de la misma brigada que hoy se encuentran en prisión.

CIPER también se comunicó con uno de los moradores de la casa de M.P.L., quien hoy está libre:

-A mí me allanaron mi casa, entraron a la fuerza y de forma ilegal… Igual estos compadres hacen lo que quieren. Yo no me creo que vayan a quedar presos. Yo me cambié de casa justamente por lo mismo, porque seguramente van a salir libres y me irán a buscar.

Pero las amenazas fueron más allá del círculo de delincuentes habituales del tráfico de droga de menor cuantía, cuya mercadería desaparecía en un laberinto sin explicación.

LA GRABACIÓN OCULTA AL FISCAL

El 12 de abril de 2012, veintidós días después del allanamiento que había levantado las sospechas de la Fiscalía Occidente, el equipo de la Bicrim de Pudahuel a cargo del subcomisario Godfrey Gamboa, solicitó una reunión con el fiscal Emiliano Arias. No hubo respuesta. Arias se negaba a recibirlos. Gamboa insistió una y otra vez. Y en cada llamada decía tener nuevos antecedentes que servirían para formalizar a los detenidos por tráfico de drogas en el allanamiento del 21 de marzo en el Pasaje El Eclipse. Según varios testigos con los que habló CIPER, finalmente el fiscal Arias los citó en su oficina, en calle  Bandera 655.

Hasta la sede de la Fiscalía Occidente llegó parte del equipo de la PDI, encabezado por los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez. Lo que Arias nunca imaginó es que el subcomisario Márquez llevara oculto un celular con el que grabaría toda la conversación. Todo quedó registrado.

El primero en tomar la palabra fue el subinspector de la PDI Daniel Urrutia, quién relato algunos procedimientos realizados en los días anteriores, que según él guardaban relación con el “gran operativo del 21 de marzo”. Después habló Godfrey Gamboa. Dirigiéndose directamente al fiscal, le dice que estaban viendo la manera de cómo seguir siendo eficaces en los procedimientos, pero que debían cambiar el método de las llamadas anónimas al 134 para acelerar  las autorizaciones judiciales de allanamientos de morada. Según Gamboa, esa “excusa” estaba cada vez siendo menos creíble.

La respuesta del fiscal fue que si bien era un método fácil de descubrir, era un procedimiento que muchos usan y que incluso él mismo lo había utilizado en alguna ocasión, siendo fiscal en Arica, pidiendo que se hiciera una denuncia anónima desde un teléfono público para un procedimiento de tráfico de drogas.

La reunión continuó por varios minutos más, pero el objetivo de los detectives se había cumplido. Salían de la oficina de Emiliano Arias con una grabación donde el fiscal reconocía haber realizado denuncias anónimas al 134, para conseguir autorización judicial para allanar casas e inculpar personas.

La confianza de los policías de estar “protegidos” con esta grabación, en caso de que se les cuestionara sus métodos, sus procedimientos y fueran a su vez investigados y acusados judicialmente, les duró apenas seis meses.

El 17 de octubre de 2012, un grupo de carabineros del OS-9 allanó las dependencias del cuartel de la Bicrim de Pudahuel y las casas de 10 funcionarios de la PDI que la integraban. La sorpresa fue mayúscula: en el mismo cuartel algunos de estos policías mantenían droga, billetes falsos y celulares incautados en operativos antidrogas. Fue la última diligencia del equipo investigador del OS-9. En el grueso expediente, las prendas nuevas con etiqueta de marca halladas en algunos de sus domicilios se agregó a decenas de entrevistas a testigos y al fruto de los seguimientos y las más de cuatro mil interceptaciones telefónicas al equipo de la PDI. Allí aparecen declaraciones de personas detenidas relatando “quitadas” de drogas e incluso torturas. Todo ello, según la fiscalía, configuraba una asociación ilícita de crimen organizado al interior de la PDI.

Diez funcionarios policiales quedaron en prisión preventiva por orden de la jueza Paula Brito del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los policías formalizados por 126 delitos, entre ellos cien detenciones ilegales, son: los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo y el asistente policial Sebastián Álvarez de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel (Bicrim). Además de tres policías de la Brigada Móvil Metropolitana: los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez  y el inspector Kurt Borneck.

En la audiencia de la formalización se entregaron las pruebas de las irregularidades cometidas por el equipo de la PDI en el allanamiento a la casa de M.P.L. el 21 de marzo de 2012. Y también los testimonios que pusieron en entredicho y bajo investigación el origen de la droga incautada, con la sospecha de que habría sido ingresada por los mismos policías. En esa audiencia declaró la hija de M.P.L., quién también fue detenida después del allanamiento del 21 de marzo a su hogar sin que quedara registro de ello en el parte policial. Frente al juez, la joven acusó al subcomisario encargado del operativo de haberla torturado para obligarla a entregar la dirección de una casa donde se vendía droga:

“Yo accedí a entregarles una casa donde yo sabía que se vendía droga para que dejaran libre a mi papá y a mí y también a mi hija, ya que no teníamos nada que ver. Recuerdo que el policía de apellido Gamboa me dijo que, si en la casa a la que yo los llevara encontraban droga, soltaban al tiro a mi hija y a mí”, dijo A.P.L. en la audiencia.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de garantía dan cuenta de que el grupo de detectives operaba al margen de los procedimientos establecidos por la Ley 20.000 (ley de drogas), como que no se declaraban todas las especies ni la droga incautada en los allanamientos, parte de un botín que terminaba en uso personal de los policías. Por las interceptaciones telefónicas se pudo seguir el rastro a algunas especies, como ropa o artículos electrónicos, los que eran entregados a cambio de favores a jefes de otras unidades policiales.

El cúmulo de pruebas presentado por la Fiscalía Occidente –con el apoyo del OS-9- fue suficiente para la jueza de garantía Paula Brito, quien ordenó la prisión preventiva para los 10 policías por considerar los hechos probados como “absolutamente intolerables tratándose de funcionarios policiales”.

Las medidas cautelares se revisaron el miércoles 17 de abril de este año en una audiencia que duró varias horas. En esa ocasión, el fiscal Emiliano Arias detalló los más de cien delitos que habrían cometidos los policías y la participación de cada uno de los imputados en los mismos. Allanamientos ilegales, detenciones, torturas, omisión de denuncias, apropiación de especies, incautación de droga no declarada y amenazas, figuran entre los delitos más graves que se les imputan.

Las pruebas recogidas por efectivos del OS-9 de Carabineros fueron suficientes para que se mantuviera la orden de prisión para los diez policías.

Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck.

Hasta ahora el apoyo institucional para los diez detectives ha sido contundente. El alto mando de la PDI ha monitoreado paso a paso el desarrollo del proceso mostrando especial interés por la defensa de los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez, autor de la grabación ilegal al fiscal Arias. Su abogado defensor es Diego Silva, quien trabaja asociado al estudio de Raúl Tavolari. Nadie sabe de dónde sacaron Gamboa y Márquez el dinero para pagar esa defensa.

 

NOTA:

* Art. 161-A. Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.

 

Comprueban peritajes falsos de la PDI en juicios económicos de alto impacto

En el juicio que hoy tiene como protagonista a la Fundación Oscar y Elsa Braun, se busca demostrar el mal uso y apropiación indebida de más de $4.000 millones por parte de Juan Braun Llona y Juan Braun Lyon, ambos ex directivos de la fundación, actualmente en libertad previo pago de una fianza de $40 millones. Los dineros, destinados a otorgar becas para estudiantes de Medicina en el extranjero, provienen de una cuantiosa herencia dejada a mediados del siglo pasado por Elsa y Oscar Braun, quienes establecieron que un 80% de los dividendos de su fortuna debía destinarse a este propósito de beneficencia educativa y un aporte a la salud del país. En la práctica, los dineros no llegaron a los estudiantes de medicina más brillantes. Fueron utilizados por los directivos de la fundación actualmente imputados como una fuente de inversiones en empresas vinculadas a ellos mismos y a uno de sus nexos en negocios: el empresario Manuel Cruzat.

Las acusaciones contra Braun padre e hijo no son nuevas. Pero fue ahora, en el desarrollo de este juicio, que emergió una arista de enorme trascendencia y que explica en parte por qué anteriormente la justicia los dejó fuera de toda culpa. Esa arista involucra al Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim), un órgano técnico clave de apoyo a la justicia. El ex jefe de la Sección Contable de esa repartición, Juan Silva Lorca, fue condenado el 2011 –y expulsado de Investigaciones-, por falsificar las conclusiones de un peritaje contable que benefició en su minuto a los dos inculpados en el caso Braun, defendidos por el abogado Carlos Cortés Guzmán.

El hallazgo de los ilícitos cometidos por el perito cobra relevancia porque no se trata de un caso único y aislado. La Fiscalía Centro Norte investiga actualmente una segunda querella presentada en contra del perito Silva, también por falsificar un peritaje contable en otro juicio de alta repercusión mediática y que nuevamente involucra a una institución de beneficencia: el daño patrimonial al Patronato Nacional de la Infancia. Un proceso que terminó con el ex presidente del directorio y gerente general de esa institución, José María Balmaceda, preso y condenado en primera instancia por apropiación indebida de fondos.

La condena a Juan Silva Lorca dio las primeras luces de una práctica que pudo ser más extendida y que podría afectar otros juicios por delitos económicos donde se pidió peritajes al Lacrim de la PDI. Más aún, podría revelar casos de personas injustamente condenadas o sancionadas, producto de peritajes mañosamente acomodados; o por el contrario, personas que quedaron en libertad al ser beneficiados por una diligencia clave obtenida de manera irregular.

CIPER investigó la trayectoria de Juan Silva –ver listado de peritajes entregado por la PDI– como perito de la Sección Contable del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), departamento del que fue su jefe durante siete años (2002-2009). Entre 2006 y 2007 existen al menos otros tres peritajes –además del de la Fundación Braun- emitidos por ese departamento, donde hubo algún tipo de irregularidad objetada por las partes afectadas. Todos ellos llevan la firma del perito contador Juan Silva Lorca, y las conclusiones de los cuatro informes favorecen los intereses de los clientes de la oficina de un conocido abogado penalista: Carlos Cortés Guzmán. Tres de los cuatro peritajes cuestionados fueron pedidos por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular era Blanca Rojas Arancibia, hoy jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal.

Los delitos investigados y a los que se refieren estos informes son: contrato simulado, apropiación indebida, manipulación del precio de acciones de sociedades anónimas abiertas y asociación ilícita.

“FALSEDAD” DE UN PERITAJE

El juicio que tiene imputados a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona, está en pleno desarrollo. En él se repiten los protagonistas de los otros tres procesos bajo cuestionamiento: el abogado Carlos Cortés, el perito Juan Silva y el 32º Juzgado del Crimen. La historia se remonta a 2004, cuando la Fundación Braun se querelló contra Braun Lyon, Braun Llona y el conocido empresario Manuel Cruzat Infante, por asociación ilícita, estafa y apropiación indebida de los dineros de la fundación. En enero de 2007, la magistrada Blanca Rojas solicitó un informe pericial al Lacrim. Pidió que se determinara si los fondos de la fundación fueron destinados a un fin distinto al señalado en los estatutos y si los querellados obtuvieron beneficios personales.

Cuatro meses después ingresó al tribunal el informe pericial, firmado por el jefe de la Sección Contable de Lacrim, Juan Silva Lorca, la perito Marta Guerino y el jefe del Lacrim, Marco Aravena. En sus conclusiones, el informe estableció que “no es posible” determinar si los fondos se destinaron a un fin diferente a lo señalado en los estatutos, debido “a la falta de antecedentes de contabilidad” que permitan concluir ese punto. También se agregó que, tras revisar los libros de contabilidad de la fundación, no se puede advertir que existieran beneficios económicos personales por parte de los querellados “porque no se observan anotaciones que demuestran salidas de dinero de la fundación a cuentas personales de los querellados”. (ver informe pericial nº 104)

Las conclusiones del informe permitieron en ese momento liberar de inmediato de responsabilidad en los ilícitos investigados  a Juan Braun padre y a su hijo.

Llama la atención que la jueza Rojas recibió este peritaje el 16 de mayo de 2007 y el mismo día ordenó el cierre del sumario de la causa. ¿Puede revisarse exhaustivamente un informe pericial contable en horas e inmediatamente decretar el cierre del sumario judicial?

Otro dato. El abogado Carlos Cortés sostiene que él no tiene ninguna relación con este peritaje de Silva, porque no era el defensor de los Braun en ese momento, sino Eduardo Urrejola y Andrés Levine. Sin embargo, al día siguiente de que la jueza cerrara el sumario, el 17 de mayo, Carlos Cortés asumió el patrocinio de los dos querellados para todas las causas judiciales. Es bien sabido que un patrocinio no se asume de la noche a la mañana, y que el abogado debe conocer de antemano todos los elementos de la causa que va a asumir.

A esas alturas, el juicio avanzaba con viento a favor para los querellados por la fundación. Sin embargo, la parte querellante ya abrigaba sospechas sobre el trabajo de Silva. Por eso, un mes después de cerrado el sumario, el abogado de la fundación, Álvaro González, denunció ante el director de Investigaciones “conductas irregulares” del Lacrim en el peritaje sobre los manejos de dineros de la Fundación Braun. González pidió formalmente que se investigara “si existe alguna relación irregular” entre el perito Juan Silva y Carlos Cortés, abogado defensor de Juan Braun Llona y Braun Lyon. Esa petición, la que tuvo acogida inmediata, daría un giro radical a la investigación judicial. El sumario administrativo de la PDI concluyó con la expulsión de Juan Silva de la institución, en abril de 2009. Sobre su relación con el abogado Cortés, no se pronunció.

La expulsión de Silva de la PDI dio pie para que la Fundación Braun y el Consejo de Defensa del Estado presentaran una querella ante la Fiscalía contra Juan Silva Lorca, por el delito de “falsedad en un peritaje procesal”. Según se lee en la querella, Silva “no tuvo otra finalidad que la de entregar al tribunal antecedentes falsos e incompletos respecto a la consulta efectuada por éste, en un sentido notoriamente favorable a la defensa de los querellados en la causa en cuestión”. Lo que estaba por venir aportaría antecedentes elocuentes y aumentaría las dudas de los querellantes sobre la transparencia del proceso.

El testimonio más revelador fue el de la perito Marta Guerino, quien aparecía firmando el cuestionado informe pericial con Juan Silva. La funcionaria declaró que el borrador de informe que ella entregó a su jefe era diametralmente diferente en sus conclusiones al que llegó finalmente a manos de la magistrada. Afirmó, también, que ella se sintió “coaccionada” por su jefe a firmar y que, por lo mismo, guardó el borrador de su informe porque entendía que el accionar de Silva era “irregular”.

“Más de una vez pensé que el señor Silva estaba de acuerdo con los querellados, era una intuición, en especial su actuar en el sentido de, en primer lugar, estar de acuerdo en incluir ciertas cosas, y después con el resultado, que era contrario a los intereses de los querellados, sacarlas, lo que era como bien obvio”, declaró en la fiscalía la perito Marta Guerino Sáez el 1 de julio de 2008, en la causa contra Silva. Y agregó: “Al finalizar el peritaje me sentí que fui utilizada para sacar un informe a la medida”.

En ese borrador, elaborado por las peritos Guerino y Nancy Betancourt –al que tuvo acceso CIPER– se analizan con detalle los cambios de estatutos de la Fundación Braun y la situación financiera y contable de cada una de las empresas en las que invirtieron los fondos los querellados Braun Lyon y Braun Llona. Con toda claridad, concluyen que “no se cumplieron” los principios establecidos en los estatutos, porque invirtieron en empresas recién formadas, no registradas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que no repartían dividendos, todas condiciones expresamente prohibidas en el testamento de los fundadores y en los estatutos de la fundación.

Luego, concluyen que existe “una clara intención de obtener dividendos personales” y conflicto de intereses por parte de Juan Braun Llona, porque  él es inversionista en dos de tres de las empresas en que invirtieron los fondos de la fundación  (presidente de Imactiva S.A. y gerente general y director de Explotadora Ferroviaria S.A., donde tiene un 65% de participación la fundación). Apuntan que su cargo de consejero y vicepresidente de la fundación le daban atribuciones para tomar decisiones “que iban en desmedro de la institución y apuntaban a incrementar el patrimonio” de las empresas mencionadas.

Las conclusiones que Silva entregó al tribunal fueron radicalmente diferentes. Lo grafica así la perito Nancy Betancourt: “Esta exclusión de antecedentes implicó un cambio en las conclusiones en 180 grados, ya que nuestro informe, que comprendía el análisis financiero, concluyó que los estatutos habían sido modificados y ello permitió invertir en otras empresas, lo que en el informe final no se dijo. En cuanto a los beneficios para los querellados, en nuestro informe no se concluye la existencia de beneficios para éstos, pero si se da a entender la existencia de conflictos de intereses. En cambio, el informe final indicó que no se podía advertir beneficios personales con los registros de contabilidad de la fundación”.

El perito Juan Silva se defendió argumentando que la razón para cambiar el informe fue que la jueza había pedido un peritaje contable y no “financiero”. Un punto que también fue refutado por sus subalternas.

Silva no sólo omitió conclusiones del análisis pericial de sus subalternas. También agregó una conclusión que nunca fue mencionado por ambas en ninguno de sus borradores. Tomando como referencia un informe elaborado a petición del tribunal por el economista  de la Universidad Católica, Fernando Le Fort, el perito de la PDI concluyó: “El informe determinó que bajo la administración de los querellados la fundación obtuvo un incremento en el valor de los bienes administrados, no generando perjuicio alguno”. Lo extraño es que esa frase no figura en el informe de Le Fort. El documento se limita a calcular que el patrimonio de la FOEB asciende a US$ 18,39 millones de dólares, sin emitir juicios de ninguna índole (Ver informe).

Cuando Le Fort fue citado a declarar sobre el uso que le dio el perito Silva a su informe, el economista de la UC ratificó que sólo realizó una valorización del patrimonio de la fundación, considerando sus activos y las inversiones realizadas, sin hacer comparación alguna. Que, por esa razón, no podía afirmar si hubo o no perjuicio para la Fundación Braun.

Hubo un último antecedente que entregó Le Fort que hizo ruido en el tribunal. Afirmó que el pago de honorarios por su estudio le fue hecho por Juan Braun Llona, “y debe haber estado en torno a los $8 millones”.

Un tercer testimonio terminó por afianzar la convicción de que Juan Silva había falsificado el peritaje que entregó al tribunal. El ingeniero comercial Ricardo Quintanilla Escobar, quien participó en el sumario que le hizo la PDI a Silva, comparando el borrador de las dos peritos con el informe final que se entregó al tribunal, dijo que éste último “cambia totalmente el sentido” de las conclusiones a las que arribaron las dos peritas subalternas de Silva.

Con todos estos antecedentes, el Tribunal resolvió condenar a Juan Silva Lorca por falsificar el peritaje, a “541 días de presidio en su grado medio, a la multa de 20 UTM y a las accesorias de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y suspensión de profesión titular mientras dura la condena”. Por ser esta la primera vez que era condenado, se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena. Silva no pasó ni un solo día en la cárcel.

Lo increíble es que, a pesar de que la sentencia incluye una prohibición expresa para ejercer su profesión mientras dure la condena, CIPER encontró el nombre de Juan Silva Lorca en la nómina oficial de peritos auditores para el bienio 2012- 2013 de la Corte de Apelaciones de Rancagua y Santiago (ver listado).

La explicación oficial que entregaron a CIPER en la Corte Suprema es que el concurso para los peritos que integrarían el listado 2012-2013 se resolvió en octubre de 2011 y el máximo tribunal aprobó los listados el 31 de enero de 2012. Si bien a esa fecha ya Silva había sido condenado, la sentencia no se dio por ejecutoriada sino hasta abril de 2012 debido a recursos pendientes. Es decir, la condena de Silva no figuró en su extracto de filiación al momento de ser ratificadas las nóminas de peritos.

Una vez que la Corte de Ap0elaciones de Santiago descubrió la omisión, el 19 de marzo recién pasado procedió a eliminar a Juan Silva del listado. No obstante, en la Corte de Apelaciones de Rancagua aún figura entre los peritos a los que se puede pedir diligencias oficiales.

Juan Silva se ha declarado inocente en todas las etapas del proceso que terminó con su condena. Y jamás se logró establecer qué motivó al perito a falsificar el informe técnico y qué beneficios obtuvo al entregar un informe tan favorable a los querellados. Ambas son preguntas aún abiertas en el juicio por los millones de la Fundación Braun en una de sus aristas más complejas para el sistema de administración de justicia. CIPER le pidió una entrevista al perito Silva, pero éste nunca respondió a nuestros requerimientos.

PATRONATO: PLATAS EN FUGA

Hay un segundo juicio donde figuran el perito Juan Silva, el abogado Carlos Cortés y el 32º Juzgado del Crimen. La diligencia en cuestión es la misma: el informe pericial firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt omite antecedentes contables que estaban disponibles tras la incautación de documentos. Esta vez, en el contexto de una querella por apropiación indebida y administración fraudulenta, presentada por el Patronato Nacional de la Infancia (PNI) en contra de José María Balmaceda, ex gerente general y presidente de la fundación. El ingeniero comercial de 60 años trabajó 28 años en la institución que apoya con programas de alimentación y salud a lactantes en situación vulnerable. En febrero de 2006 fue demandado por los entonces socios de la institución sin fines de lucro: Felipe Larraín, Alfredo Moreno y Sergio Jarpa.

El abogado que representó a los querellantes fue Carlos Cortés Guzmán, quien interpuso la acción en el 32° Juzgado del Crimen. El domicilio del Patronato no correspondía a la jurisdicción de ese tribunal. Sin embargo, Cortés invocó que el “principio de ejecución” del delito se había dado en el domicilio de Balmaceda Montero, y por ende era Blanca Rojas, la jueza del 32°, quien tenía la competencia para conocer y fallar el caso.

La jueza Blanca Rojas aceptó la competencia y al día siguiente, el 3 de febrero de 2006, ordenó que se oficiara a Pedro Michaelsen para que realizara un peritaje contable de la administración del Patronato, “a fin de determinar la existencia de maniobras contables y financieras sospechosas o sin respaldo, que le hayan ocasionado perjuicio a dicha entidad”. Fue entonces que el abogado Carlos Cortés solicitó a la jueza Rojas que se cambiara a Michaelsen por el Departamento de Pericias Contables del Lacrim, a cargo del contador auditor Juan Silva Lorca. Blanca Rojas accedió y nueve meses después llegó el informe pericial al tribunal.

Las conclusiones suscritas por Juan Silva nuevamente favorecieron a los clientes de Cortés (ver informe pericial Nº 225) y fueron la prueba documental que la jueza Rojas usó para dictar el procesamiento de Balmaceda Montero y su orden de detención.

-Me vinieron a buscar como narcotraficante. Yo estaba en el hospital, me dijeron que me llevarían al Hospital de Gendarmería, pero terminé en la Penitenciaría. Patié, grité hasta que me cambiaron a la Capitán Yaber- cuenta Balmaceda.

José María Balmaceda acusa ahora que su detención y procesamiento fueron parte de una planificada estrategia que buscó dejarlo fuera del directorio del Patronato en los momentos en que se debía renovar su directorio.

La secuencia de hechos es la siguiente: el 29 de septiembre de 2006 llegó al tribunal el peritaje del Lacrim firmada por Juan Silva; el 6 de octubre la jueza Blanca Rojas dictó orden de procesamiento contra Balmaceda; el 10 de octubre fue la sesión para elegir a los directores del Patronato, a la que Balmaceda no asistió por temor a ser detenido en la misma sede con escándalo público. Al día siguiente, el 11 de octubre de 2006, fue efectivamente detenido y encarcelado.

Según explicó a CIPER el propio Balmaceda, la querella en su contra tuvo su origen en los problemas que se suscitaron al interior del Patronato con motivo de las acciones que esa entidad de beneficencia tenía en el Banco de Chile al momento de la gran crisis de 1982-1983. El Patronato tenía 7 millones de títulos tipo A del Banco de Chile. En esa calidad, le correspondía elegir dos directores del banco. “El año 87 fueron nombrados Alfredo Moreno (actual canciller) y Vicente Larraín Izquierdo, comisionados para recuperar algo de los fondos del Patronato invertidos en acciones y cuyo valor estaba por el suelo”, explica Balmaceda. Lo que ocurrió después fue que Balmaceda se convirtió al interior del Patronato, en el principal crítico de la gestión de Alfredo Moreno. Una crítica que habría llevado en febrero de 2006 a Felipe Larraín (actual ministro de Hacienda e hijo de Vicente Larraín) y Alfredo Moreno a querellarse en su contra por “apropiación indebida” de los dineros del Patronato.

Independiente de la veracidad de las acusaciones de Balmaceda, lo relevante en este caso es que, al igual como hizo la Fundación Braun en su momento, José María Balmaceda presentó una denuncia ante la PDI por irregularidades en el peritaje que lo llevó a la cárcel. En abril de 2009 se conoció el resultado a la auditoría del peritaje firmado también esta vez por Juan Silva. Y allí se estableció que el perito Silva no cumplió con los deberes de su cargo. Como ya había sido expulsado de la PDI a consecuencias de la falsificación en el juicio de la Fundación Braun, no se aplicó la sanción de “separación” de la institución, como lo recomendaba el sumario administrativo.

La acusación en contra de Juan Silva llegó a la fiscalía, donde se está a la espera del informe que se les pidió a peritos de la Universidad Católica de Valparaíso, los que deben evaluar si hubo falseamiento o irregularidades en el trabajo de Juan Silva sobre los dineros del Patronato.

Los peritos de la Universidad Católica tendrán a la vista el sumario de la PDI cuyo resultado motivó la máxima sanción para Silva. Allí, el perito Ricardo Quintanilla dejó constancia que uno de los antecedentes importantes que no se tomó en cuenta en el peritaje firmado por Juan Silva y entregado a la jueza Rojas, fue la auditoría de 2003 a los estados financieros del Patronato. Ella fue realizada por Humphrey y consigna préstamos a José María Balmaceda por un monto de $12 millones aproximados, los mismos que se le imputan como apropiación indebida de fondos (ver informe para sumario de la PDI).

A pesar de que en la auditoria de Humpfrey , que tuvo a la mano el perito Silva, se consigna el préstamo de $12 millones a Balmaceda, el peritaje de Silva concluyó que Balmaceda había ocultado dicho préstamo.

Otro de los puntos cuestionados al peritaje que hizo Juan Silva al manejo de dineros del Patronato, fue la forma en cómo calculó los ingresos de José María Balmaceda de acuerdo a los movimientos en su cuenta corriente. El procedimiento fue el siguiente: se sumaron todos sus depósitos y se compararon con los sueldos que percibía como presidente y gerente general del Patronato Nacional de la Infancia y como gerente general de sus corporaciones asociadas. La suma de sus depósitos en cuenta corriente dio un monto que superó en un 90% los sueldos declarados, por lo que en el peritaje se infirió que esos dineros provenían de una apropiación indebida. La revisión de ese peritaje concluyó que fue un error ya que no se consideraron los dineros percibidos por su empresa de venta de artículos de cuero, ni los pagos que Balmaceda recibió como socio del campo El Roble Guacho.

En sus conclusiones, el perito Ricardo Quintanilla  establece que no es “exacto” comparar los ingresos personales con depósitos en cuenta corriente “a menos que se disponga de los ingresos exactos, cosa que no ocurrió”. También concluye que “no existen antecedentes suficientes” para establecer que el Patronato ha sufrido un perjuicio patrimonial de al menos $343 millones producto de “maniobras contables sospechosas y cuestionables en las que ha intervenido, entre otros, para beneficio personal, José María Balmaceda”, como sostiene el peritaje firmado por Juan Silva.

El perito de la PDI que revisó el trabajo de Silva también consignó que hubo cheques girados a otros destinatarios distintos al imputado, los que debieran ser investigados. En ese sentido, resulta extraño que sólo haya sido procesado José María Balmaceda, en circunstancias que el manejo de las cuentas del Patronato era bipersonal, en conjunto con el vicepresidente Juan Eduardo Vicuña. Este último no fue procesado ni investigado.

Hoy, José María Balmaceda Montero está a la espera de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en torno al peritaje de Silva y del recurso que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la condena en primera instancia por apropiación indebida de $290 millones y administración fraudulenta del Patronato Nacional de la Infancia.

¿Qué pasa si la Fiscalía determina que hubo “falsedad” en ese peritaje de Juan Silva a los dineros del Patronato? ¿Podría modificarse la sentencia dictada por otro tribunal?

LA RUTA DE CARLOS CORTÉS

El abogado Carlos Cortés sostiene que así como hay cuatro peritajes de Juan Silva que han beneficiado casos en los que su oficina es patrocinante, “hay otros tantos ejemplos en que nos ha perjudicado”. Menciona como ejemplo el juicio de Inverlink, donde él fue abogado del Banco Central; el juicio por estafa en contra de la Cooperativa Promepart, donde presentó un reclamo por un “peritaje escandaloso” del Lacrim que “plantea conclusiones que el mismo informe dice no poder corroborar por falta de antecedentes”, y que perjudicaron a sus clientes.

Cortés es un abogado conocido en el mundo de los penalistas y vinculado a casos de alta connotación pública. Aunque tiene su estudio de abogados propio, suele ser recomendado por el estudio Barros & Errázuriz -fundado por el abogado Fernando Barros- para juicios que su propio estudio no puede tomar. Entre ellos, se puede citar el juicio contra AngloAmerican en el que Cortés asesoró a Mitsubishi. Carlos Cortés también actuó como defensor del sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, Richard Aguinaldo, recién condenado por abusos sexuales en contra de un alumno del colegio; en una etapa inicial. En la vereda opuesta, fue abogado de las hermanas Prieto en la querella por abusos que cometió su padrastro. También, participó en el juicio por fraude en La Polar, como asesor de Southern Cross, el fondo de inversiones que controlaba la multitienda cuando comenzaron las repactaciones unilaterales.

La magistrada Blanca Rojas se desempeña actualmente en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrando una terna de jueces. Su hoja de vida no registra ninguna sanción disciplinaria. Inició su carrera en el Juzgado de Letras de Colina, siguió como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta llegar como titular al 32º Juzgado del Crimen en 2002, donde estuvo hasta diciembre de 2008.

El actuario René Pizarro, uno de los funcionarios de confianza de la jueza Blanca Rojas cuando era titular del 32º Juzgado del Crimen, y precisamente quien solicitó el peritaje al Lacrim en la querella del Patronato Nacional de la Infancia, fue condenado en diciembre de 2009 por asociación ilícita, a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, con libertad vigilada por cinco años. La condena estableció que Pizarro colaboró como miembro activo de la red de corrupción encabezada por Margarita Quadros, “gestionando el envío de documentación judicial falsa desde el 32º Juzgado del Crimen”. En este ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal y del Poder Judicial.

PERITO CONTRA PERITO

Hay un tercer informe pericial contable firmado por Juan Silva que CIPER rastreó y que también favorece a los clientes de la oficina de Carlos Cortés. Esta vez, fue el Tercer Juzgado del Crimen el que le pidió al Lacrim un peritaje contable que dilucidara si un contrato de compraventa de un terreno en Pirque era real o simulado. Para esto era necesario determinar si se habían concretado los pagos pactados en el contrato, si estos habían ingresado a las arcas de quien vendía el terreno y si los compradores tenían la capacidad patrimonial de adquirir la propiedad.

El peritaje era parte de un juicio que en 2004 llevó adelante la oficina de Carlos Cortés en contra de Gloria Siraqyan, una antigua clienta. Los abogados Carlos Cáceres y Juan Carlos Leva presentaron una querella argumentando que la mujer no había cumplido totalmente con el acuerdo económico pactado con el estudio de Cortés. La clienta había contratado a Carlos Cortés para que recuperara una propiedad que tenía en disputa con su marido. Y se pactaron honorarios por $2.300.000, monto que fue pagado. Pero los abogados reclamaron que adicionalmente se pactó un “premio” correspondiente al 10% del valor de la venta del terreno, en caso de que fuese recuperado. Condición acordada sólo de palabra.

De acuerdo a la querella, luego de recuperar el inmueble, el 21 de julio de 2000, su ex clienta decidió vender el terreno a su hermana y a su hijo, en lo que los querellantes calificaron de “contrato simulado”, ya que habría sido vendido a un precio muy inferior a su valor real, “con el objeto de no cancelar el premio pactado”.

El informe pericial contable N°118 fue firmado por Juan Silva Lorca, jefe de la sección de Pericias Contables de la PDI, y por el perito contador Luis Núñez Salgado, con el visto bueno del subprefecto Julio Ibáñez Burgos, entonces jefe del Lacrim. Tras analizar los ingresos de los compradores del terreno, Silva y Núñez concluyeron que efectivamente se trataba de un contrato simulado: los compradores no habían pagado la totalidad de las cuotas anuales pactadas, y no tienen capacidad de pago mensual.

Alma Sánchez González, abogada que defendió a Gloria Siraqyan, formuló observaciones a este peritaje, como omisiones de antecedentes, un factor que se repite en al menos tres de los cuatro peritajes investigados por CIPER y cuestionados por un tribunal.

La jueza aceptó la objeción y designó al contador auditor Domingo Fainé para un segundo peritaje. El nuevo informe pericial desestimó las conclusiones de Juan Silva y Luis Núñez, descartando de plano un contrato simulado. Por el contrario, estableció que los compradores sí tenían “capacidad patrimonial” para enfrentar los abonos anuales pactados. Y concluyó que existe un contrato de compraventa ante notario que da cuenta del pago del pie de la propiedad al contado, hecho que desconoció el peritaje de Juan Silva.

A partir de los nuevos elementos incorporados, el tribunal falló en contra de Cortés y desestimó el peritaje de Silva.

SILVA CONTRADICE SANCIONES DE LA SVS

Otro peritaje de Juan Silva golpeó al interior de la Bolsa de Comercio. Esta vez, el juicio se inició por una querella presentada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de MBI Corredores de Bolsa S.A., por manipulación de precios de las acciones Volcán  y Pizarreño. Alberto Etchegaray, entonces superintendente de la SVS, presentó una denuncia diciendo que “se han detectado casos de manipulación de precios y operaciones ficticias que podrían ser constitutivas de delito”.

La causa se inició en el 32º Juzgado del Crimen y el abogado defensor de los querellados fue Carlos Cortés. Nuevamente, entró en escena Juan Silva Lorca, cuando la jueza encargó un peritaje al Lacrim.  El informe Nº 294, firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt, concluyó que no hubo manipulación de precios, y que lo que hizo MBI Corredores fue “tomarle el pulso” al mercado, como argumentó la defensa de Cortés. Dos días después de recibir el informe, la jueza ordenó sobreseer definitivamente la causa (diciembre de 2006).

La sentencia de la jueza y las conclusiones del perito Silva fueron en línea opuesta al dictamen de la SVS, que antes del juicio había sancionado a la corredora con 10.000 UF de multa y suspensión de 20 días hábiles para transar acciones propias en la Bolsa de Valores. Lo mismo concluyó el directorio de la Bolsa de Comercio, multando a la corredora en 500 UF, argumentado que “aun cuando su intención no fuera la de manipular los precios del mercado, constituyó una actuación desprolija e irresponsable”, enviando “erróneas señales de precio” al mercado.

Los antecedentes aportados por la Superintendencia indican que, durante el año 2004, la corredora MBI, operando a través de Larraín Vial, realizó sucesivas operaciones  de compra sistemática de acciones de Volcán y Pizarreño en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa Electrónica, provocando un aumento sobre un 100% en el valor de las acciones de ambas compañías. Estas formaron parte de la cartera propia de MBI durante ese año y al término de 2004, liquidaron la mayor parte de las acciones. La investigación de la SVS concluyó que la acumulación de estas acciones fue para “provocar un alza en el precio de cierre de dichos instrumentos”, para luego venderlas obteniendo utilidades “fruto de un incremento en el precio de tales valores atribuible a las operaciones en las que participó como comprador y vendedor final”.

Juan Silva y la perito Betancourt concluyeron en un sentido diametralmente opuesto: “No existe un perjuicio económico producto de dichos movimientos bursátiles, pero sí se puede refutar de manera subjetiva la forma que utilizó MBI para ‘tomarle el pulso’ al mercado de este instrumento”. El informe concluye: “No existen antecedentes sustentatorios válidos que permitan calificar dichas imputaciones; lo anterior implica que no hay mérito para establecer que se hayan constituido los delitos descritos”. Y así quedó.

 

VEA DECLARACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y RESPUESTA DE CIPER

CAMBIOS EN EL LACRIM 

El rol de los peritajes especializados de las policías resulta clave en los juicios, porque sus conclusiones aportan criterios técnicos en materias que no son de dominio de los jueces y, por lo tanto, son un apoyo vital para orientar sus resoluciones. Por eso, la expulsión de la PDI y posterior condena de Juan Silva Lorca por falsificación de peritajes, provocaron un fuerte remezón y cambios drásticos al interior del Lacrim.

El actual jefe de este servicio, Igor Trostel, explicó a CIPER que actualmente se rigen por la norma ISO 9001, que exige una auditoría permanente y control sobre los procesos internos. Se incorporó, por ejemplo, la figura del director técnico, un funcionario especializado cuya tarea es hacer un doble control al trabajo de los peritos en base a una estricta normativa nueva: detectar cualquier falencia, velar porque se cumplan todos los pasos y que las conclusiones sean congruentes con la investigación.

-¿Cómo evitan que existan contactos viciados de los peritos con las partes involucradas y que puedan orientar en uno u otro sentido las conclusiones de los informes?

-Está totalmente prohibido tener algún contacto con las partes. Los peritos sólo pueden solicitar información adicional a través de la fiscalía, en caso de que no tengan toda la documentación necesaria. Tenemos fuertes controles internos al respecto y, además, el nuevo sistema procesal es más transparente y también ha limpiado esas malas prácticas. Siempre está la posibilidad de que alguien quiera infringir la norma, y si tiene la intención, lo va a hacer igual…pero yo confío en que estamos con gente muy profesional.