El TPP-11, el gobierno saliente y la “utopía-invertida”

 Por José Gabriel Palma

Como se sabe, la utopia es aquel escenario en el cual no es posible hacer lo que uno se imagina. Lo opuesto (y quizás lo más característico de la “nueva-izquierda” y no sólo en Chile), se podría llamar “la utopía-invertida”: cuando aparentemente uno no es capaz de imaginar ni siquiera lo que está haciendo. Esto es, en Chile (como en tantas otras partes del mundo), no mucho tiempo después de haber llegado al gobierno esta fuerza política, dejó de seguir “abriendo el tiempo” para lograr nuevos objetivos estratégicos (especialmente en lo económico), para más bien comenzar a “pasar el tiempo” en dichas materias.

Esto llegó a tomar dimensiones casi apolíticas, pues se transformó en un intento de pura extensión temporal del poder, y ahora a la nueva izquierda (ya no tan) le están pasando la cuenta por eso en (literalmente) todo el mundo. En lo fundamental, en la “utopía-invertida” se llega hasta a perder la noción de lo que se está realmente haciendo, en especial en materias de economía política.

Por razones complejas, la actitud es diferente en lo relacionado a la agenda valórica, donde pasa casi lo opuesto: la centro-izquierda es la que se puede imaginar perfectamente las implicancias de lo que hace, y es la derecha la que actúa como si no le diese mayor relevancia a los alcances de sus actos. Por ejemplo, la derecha puso mucho más energía e imaginación en su lucha contra la reforma tributaria, que contra la ley que permitía el aborto en tres causales.

El principal objetivo de esta columna es analizar las implicancias económicas y políticas del nuevo Tratado Transpacífico (al que llamaremos TPP-11, pues Estados Unidos ya no es miembro), en especial, cómo éste va a reducir substancialmente el rango de maniobra de futuros gobiernos en una amplia gama de materias. Un tema del que el gobierno saliente prefiere no darse cuenta.

Este aspecto de la columna va a requerir un análisis relativamente detallado del nuevo tratado. A su vez, analizaremos cómo llegó a ser posible que un gobierno de centro-izquierda firmase un tratado de esta naturaleza, cuando hasta hace no mucho la ideología de todos sus partidos miembros enfatizaba (y su discurso actual lo sigue haciendo, como muestra la reciente campaña presidencial) la necesidad de buscar formas de mayor autonomía nacional y estrategias alternativas de desarrollo. Hoy, en cambio, le da la bienvenida en forma exuberante a un tratado que busca exactamente lo contrario. Como si no se diese cuenta que el TPP-11 no es más que un seguro para fortalecer el inmovilismo económico y socavar nuestra soberanía.

El TPP-11 Y LA “UTOPÍA-INVERTIDA”

Creo que esta perspectiva (“la utopía-invertida”) nos puede ayudar a entender por qué el gobierno saliente llegó incluso al extremo de firmar (casi como sonámbulo) el nuevo TPP-11, pretendiendo que es un mero tratado comercial (como tantos otros ya firmados); y, además, supuestamente “progresista”. Pero eso sería así simplemente porque se le agregó esa palabra a su nombre y ahora pasó a llamarse Tratado Integral y “Progresista” de Asociación Transpacífico.

José Gabriel Palma
José Gabriel Palma

En lo fundamental, y a diferencia de lo que dice (y parece hasta creer) el ministro de Relaciones Exteriores firmante, solo en vitrina el TPP-11 es “una señal de apertura en medio de presiones proteccionistas en otros países”. Lo que realmente buscan las corporaciones que lo delinearon, es cambiar el antiguo “proteccionismo país” (como el que ahora resucita en el Estados Unidos de Trump con el acero), por un nuevo “proteccionismo corporativo”.

NUEVO “PROTECCIONISMO CORPORATIVO”

Este nuevo proteccionismo es el que le asegura a dichas corporaciones multinacionales (y a las domésticas “internacionalizadas” que se suben al carro) el poder seguir operando en el futuro de la misma forma como lo hacen ahora, pase lo que pase, cueste lo que cueste.

Como Chile ya tiene amplios tratados comerciales con los otros 10 países del TPP-11, dicho tratado le permite avanzar poco o nada en materias relevantes para nosotros. De hecho, Chile es el único de los 11 países que ya tiene acuerdos comerciales con todos los demás. Por eso, los supuestos avances fantásticos en esa materia es puro mumbo jumbo (o hot air, como dicen en inglés). No es de extrañar, entonces, que incluso en los estudios internacionales que más idealizan el impacto económico del TPP-11, Chile sería uno de los países menos beneficiados con dicho acuerdo.

QUÉ HAY DE NUEVO EN EL TPP-11

Lo que sí es nuevo y relevante para Chile en el TPP-11, son cuatro cosas. Las tres primeras agregan a nuestros tratados comerciales existentes un capítulo (muy controversial) sobre comercio electrónico; otro con cláusulas nuevas que restringen los requerimientos indirectos de contenido local; y un tercero que restringe fuerte (y absurdamente) las actividades de las empresas públicas (ver aquí un análisis de las implicancias de las restricciones a la operación de empresas públicas).

¡Pero qué modernidad! No se nos vaya a ocurrir algún día seguir el ejemplo arcaico de China en esas tres materias, pues (dice la “utopía-invertida”) supuestamente China podría haber crecido incluso más rápido de lo que lo hizo si hubiese seguido estas nuevas reglas del TPP-11. Si creer eso es ser “progresista”, también habría que llamar así a Cristián Larroulet, pues ideas como las suyas son las que estampan el tratado. Los tres aspectos mencionados no estaban ni siquiera incluidos en el tratado comercial con Estados Unidos.

Como si lo anterior no fuese suficiente auto-apocamiento, para consentir aún más a las multinacionales (ahora esto también incluye a las nacionales “internacionalizadas”), en nuestras relaciones con estos 10 países del TPP-11 se refuerzan las famosas cláusulas para resolución de disputas entre Estados, y entre “inversionistas” y Estados (en lo fundamental, por “inversionista” léase depredadores, especuladores, extorsionadores, rentistas y traders).

Con eso, Chile, voluntariamente, se va a auto-imponer una camisa de fuerza para así hacer casi imposible que un futuro gobierno implemente algún cambio significativo, por razonable que sea, en nuestro ya tan añejo “modelo”, tan ineficiente como concentrador. Primero va a haber que pedir permiso a las multinacionales, y si no se obtiene, se va a tener que pagar compensación.

Si todo lo anterior no es ceder soberanía por secretaría, habría que redefinir dicho concepto.

COMPETENCIA PARA TRIBUNALES “MICKEY-MOUSE”

tpp-mickymouseCon el TPP-11, las áreas en las cuales otros Estados o “inversionistas” van a poder demandar a Chile en los nuevos tribunales tipo “Mickey-Mouse”, incluye una amplia gama de materias que va a hacer extremadamente difícil (sino imposible) mejorar nuestra protección al medioambiente; civilizar lo laboral; afinar la regulación de las finanzas (tanto las que operan en el país, como a los capitales especulativos internacionales, ya desatados en su locura; implementar (los tan necesarios) controles de capital, incluso del tipo Ffrench Davis-Zahler, implementados con tanto éxito en nuestro país en los ’90, que hasta el Fondo Monetario Internacional dijo que eran el ejemplo a seguir en los países en desarrollo (ver); recuperar nuestro derecho de propiedad sobre las rentas de nuestras materias primas (reconocidos incluso en la actual Constitución, que por ilegítima que sea, en eso es clara); implementar algo de reingeniería en nuestra rancia política económica, o implementar cambios en tantos otros aspectos de nuestra vida económica.

BIENVENIDO EL INMOVILISMO

El inmovilismo permanente en dichas materias va a ser the name of the game. Por supuesto, esto también incluye a las AFP e Isapres, muchas de las cuales están ahora controladas por multinacionales (incluidos capitales chilenos, que han hecho un viaje de ida y vuelta a algún paraíso fiscal para volver disfrazado de capital extranjero, con anteojos de color y camisas tropicales).

De ahora en adelante, para cualquier cambio significativo en cualquiera de esas materias va a haber que pedir permiso y “compensar”; sino se termina en las cortes “Mickey-Mouse” con jueces llenos de conflictos de interés. Incluso las multinacionales van a poder también demandar a los Estados por el “costo moral” que les puede significar haber tenido que demandar a un Estado (capaz que mi tocayo García Márquez se reencarnó como abogado de multinacional, aquellos que redactaron el tratado).

Como decíamos en una columna reciente, el TTP-11 no es más que una camisa de fuerza (disfrazada de tratado comercial), destinada a impedir que gobiernos futuros puedan hacer algo efectivo respecto de tantas “verdades mentirosas” (en el sentido de Foucault), que glorifican a nuestro ineficiente, concentrador y añejo modelo neoliberal. Una vez firmado el TPP-11, si se busca el cambio, ahora se nos va a venir encima otro “tribunal constitucional” que nos va a bajar la línea en dichos temas.

TRIBUNALES “DE AMARRE”

Como ya es bien conocido, después de perder el plebiscito la dictadura nos llenó de este tipo de “tribunales de amarre” para asegurarse de que el rango de maniobra de futuros gobiernos fuese mínimo. Como decía tan claramente Jaime Guzmán, “la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Con el retorno a la democracia, la Concertación dejó intactos dichos cuerpos de “supra-vigilancia”, pero pretendió democratizarlos vía cuoteo con la derecha, y con la “legitimación” de sus miembros vía confirmación de sus nombramientos en el Senado. Estamos hablando de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Banco Central “independiente”, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Televisión (ver, por ejemplo).

Y ahora, ¡como si ya no tuviésemos suficientes!, la centro-izquierda (en su “utopía-invertida”) crea como sonámbulo uno nuevo para todas las materias relevantes para las multinacionales (y las de acá “internacionalizadas”).

LA DES-SINCRONIZACIÓN ENTRE DESARROLLO E IMAGINACIÓN

Lo que hemos vivido como resultado de la evidente atrofia imaginativa de la Nueva Mayoría (o lo que quede de ella) es, en lo fundamental, una des-sincronización entre el empuje del desarrollo de las fuerzas productivas (ahogadas por la ineficiencia del “modelo” actual) y la imaginación social. Entre otras consecuencias, esto lleva a un proceso de des-democratización continuo, pues para poder mantener el status quo se llega a tomar decisiones de la magnitud y forma del TPP-11.

Presidenta Bachelet en la ceremonia de firma del TPP-11
Presidenta Bachelet en la ceremonia de firma del TPP-11

Así, el gobierno de la Nueva Mayoría firma feliz este acuerdo sin ningún debate nacional. Incluso el texto del tratado se mantuvo en secreto hasta hace pocos días, con la excusa absurda de que se estaba traduciendo, para lo cual se demoraron una eternidad a pesar de que el documento tenía menos de 10 páginas. Además, por decir lo obvio, eso de ninguna manera excluía la posibilidad de publicar la versión original en inglés…

Así, el TPP-11 pasa a ser otro volador de luces de la última semana de este gobierno, excepto que en este caso -y solo en este caso- la gran mayoría del nuevo parlamento va a estar feliz de tramitarlo. Otro ejemplo que nos recuerda a Nicanor Parra cuando nos decía que “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.

En la “utopía-invertida” poco importa que esta decisión tenga implicancias casi ilimitadas para el país, cuyo rango va desde el ámbito de la eficiencia económica hasta el de nuestra soberanía nacional, incluido el hecho de que se deja fuera de la cancha a nuestro sistema judicial como árbitro de conflictos que envuelven al Estado y sus decisiones en una amplia gama de materias.

En este punto, sorprende su silencio cuando se les dice en la cara que no se confía en ellos para dirimir materias de este tipo. Si hasta Trump exige en la renegociación del NAFTA con México y Canadá, que tienen que ser los Estados los que decidan en qué tribunales se van a dirimir las disputas, en este caso, las cortes de su país. ¡Quién hubiese pensado que se podría llegar a una situación tal, que hasta podrían dar ganas de que Estados Unidos volviese al TPP!

LA VIOLENCIA EXTREMA LOGRÓ SU OBJETIVO

De alguna forma, todo esto muestra el éxito real de los golpes militares que vivió Latinoamérica en un pasado no tan lejano. Su característica fue que fueron ejecutados con un grado de violencia muy superior a la que se requería militarmente para llevar a cabo dichos actos de insurrección.

Puede caber poca duda que ello buscaba asegurar que al menos por un par de generaciones nadie pudiese ni siquiera imaginar una alternativa distinta a la impuesta. Había que terminar con la capacidad de la gente incluso para soñar con otro tipo de sociedad y economía. Hasta enseñar filosofía ha pasado a ser una pérdida de tiempo…

CAMBIO GENERACIONAL

Por eso hoy más que nunca necesitamos un cambio generacional radical del liderazgo político, pues mi generación y la siguiente siguen pegadas en el pasado. Ya llegó la hora del relevo político: de generaciones esterilizadas en lo ideológico por la violencia del pasado, a nuevas generaciones con capacidad de imaginación social. El inmovilismo de la centro-izquierda, peor en nuestros países por lo ya dicho, ya les pasa la cuenta en todo el mundo, incluidos los que hasta hace poco llamábamos “desarrollados”.

stop-tppEn Italia, por ejemplo, en la elección reciente la centro-izquierda no solo casi desaparece como fuerza política relevante, sino que en las grandes ciudades, como Roma y Milán, solo es capaz de ganar en los barrios más acomodados. Esto es, no solo perdió a los trabajadores, sino también a amplios sectores de las capas media. Y ahora es reemplazada por alternativas medio realistas-mágicas, como el Movimiento Cinco Estrellas.

Por el otro lado, la derecha tradicional también pierde terreno frente a fuerzas extremas, incluso neo-fascistas, como la Liga del Norte en Italia, que ya se identifica con el Frente Nacional francés y otros partidos de extrema derecha europeos, con sus nacionalismos extremos y sus posiciones abiertamente racistas. La reacción a la llegada de casi un millón de inmigrantes a Italia en los últimos cuatro años, ayuda a su causa, como a la del AfD en Alemania.

Como decía Walter Benjamin (de la famosa Escuela de Frankfurt), en este contexto, con tantos extremos y payasos, pronto vamos a necesitar un freno de emergencia para poder parar el tren que va al abismo. El Che Copete en el país del norte ya no parece accidente histórico; su homólogo en la República Checa, por ejemplo, cuando fue a la reelección, sacó como slogan de campaña “muerte a los abstemios y a los vegetarianos” (si fuese chiste sería hasta divertido). A eso súmele Berlusconi y Duterte. Entre todos ellos nuestro presidente electo, con todos sus defectos, parece un estadista.

LA “NUEVA” Y LA “VIEJA” IZQUIERDA

Si bien siempre es difícil idealizar algo sin demonizar sus alternativas, en América Latina (como he dicho en otras columnas) mientras la “nueva izquierda” busca construir un futuro que no es más que el opuesto a un pasado demonizado, la “vieja” busca construir uno que no es más que la reproducción de un pasado idealizado. En esta perspectiva, el común denominador de ambas izquierdas es seguir igual de pegadas en el pasado, y eso nunca ha sido una buena receta para la imaginación social.

Entonces, para nuestra nueva izquierda y su TPP-11, si lo que se buscaba en el pasado era fundamentalmente autonomía nacional y estrategias de desarrollo alternativas, hoy le da la bienvenida a un tratado que busca exactamente lo opuesto.

Como decía, la piedra angular de este tratado “comercial” es asegurar la continuidad del escenario actual (ineficiencia estructural), uno donde las tensiones entre la organización del modelo y el desarrollo productivo no se resuelven avanzando. Si el primero sofoca al segundo, gana el primero: y el TPP-11 es para asegurar eso. Y así va a continuar nuestra falta de diversificación económica, bajísimo crecimiento de la productividad y alta desigualdad (todo esto bien ilustrado en el último informe de la OECD sobre la economía chilena).

Quizás esto es lo que más nos diferencia con el Asia emergente, donde para resolver tensiones del tipo mencionado, son capaces de imaginar salidas “con avances”, las cuales son diferentes tanto a lo que se era antes, como a lo poco que ofrece en la actualidad el neoliberalismo occidental y su financialización enloquecida. Los resultados están a la vista. Pero, como se sabe, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

CANADÁ AL MENOS INTENTA

Justin Trudeau
Justin Trudeau

En esta perspectiva, si bien el TPP-11 -gracias a Canadá- ha “suspendido” (pero no eliminado) unas 20 disposiciones del TPP original, mantiene más de mil de las anteriores. Pero las que están “suspendidas” se pueden reintegrar en cualquier momento si los 11 países están de acuerdo. Entre las “suspendidas”, están al menos algunas muy controversiales vinculadas con una visión muy peculiar de la propiedad intelectual, antes impuestas por Estados Unidos, y dos vinculadas a disputas por contratos de inversión y autorizaciones de inversión. Pero en las que no se suspenden están muchos de los componentes más criticados de la versión anterior (para un análisis detallado de algunos de estos puntos ver aquí).

Desde esta perspectiva, el Primer Ministro canadiense (Justin Trudeau) tiene al menos algo de razón cuando dice: “Nuestro gobierno defendió los intereses canadienses (suspendiendo esas cláusulas draconianas)”. Incluso, en noviembre de 2017 estuvo dispuesto a abandonar las negociaciones del TPP en Da Nang si no se hacía eso.

Qué diferencia con nuestro gobierno, dispuesto a firmar cualquier cosa con tal de tener algo que mostrar al final de su mandato. Y lo que quedó todavía es desastroso para nuestra autonomía nacional y la capacidad para imaginarnos modelos de desarrollo alternativos, más eficientes y menos concentradores, con, por ejemplo, componentes del así llamado Modelo Nórdico y del asiático.

DERECHOS DE “INVERSIONISTAS Y CORTES “MICKEY-MOUSE”

Como muchos de los peores aspectos del TPP los hemos analizado en otras columnas (ver por ejemplo), no es necesario repetir dicho análisis aquí. Sin embargo, desde la perspectiva de esta columna hay un par de hechos que es importante volver a enfatizar: en especial, aquellos que se refieren a los mecanismos de solución de disputas entre Estados y, peor aún, entre inversionistas y Estados.

En esta perspectiva, lo peor de la versión anterior del TPP no ha cambiado. Por ejemplo, si bien se “suspenden” un par de áreas menores por las cuales las corporaciones podían demandar a un Estado, se mantiene una amplia gama de materias que deberían ser inaceptables para un país que tenga un mínimo de respeto por sí mismo (uno que no solo quiere ser país, sino nación).

Peor aún, las corporaciones pueden llevar a los Estados a tribunales internacionales tipo “Mickey Mouse” cada vez que -según ellas- se vean afectadas “sus expectativas razonables de retorno”. Incluso pueden forzar a que las disputas sean dirimidas en este tipo de tribunales en lugar de los “internacionales” ya establecidos (como los del Banco Mundial o del sistema de Naciones Unidas). Todo esto dentro de un contexto burlesco llamado “expropiación indirecta”: la idea de que también se considerará como expropiación “la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables en la inversión“.

Como explicábamos en la columna ya mencionada, aquí hay tres palabras clave; la primera se refiere a la “interferencia” del gobierno. ¿Cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, entre una “interferencia”, y una acción de orientación keynesiana de un gobierno democrático que, representando la voluntad popular, busque la estabilidad macroeconómica con controles al movimiento especulativo de capital, y un tipo de cambio relativamente estable y competitivo; que busque la defensa de los derechos de los trabajadores, de los consumidores, del acceso a la salud y a la educación; o a la vivienda? ¿O a la defensa verdadera del medioambiente? Por absurdo que parezca, por un tratado similar, otro gobierno ya tuvo que compensar a las multinacionales por haber subido el salario mínimo más allá de lo que éstas consideraban “razonable”.

Canciller Heraldo Muñoz
Canciller Heraldo Muñoz

Segundo, ¿quien va a definir qué es lo “razonable”? Por decir lo obvio, no hay área más relativa que esa. Hoy por hoy, según los mercados financieros, lo razonable son retornos tan exuberantes que llevan a los accionistas (y ejecutivos) a “auto-canibalizar” las propias corporaciones). Y tercero: ¿qué es una “inversión”, a diferencia de, por ejemplo, actividades puramente especulativas, movimiento de capitales golondrinas, y actividades de traders que sólo buscan beneficiarse explotando fallas de mercado (muchas veces en el área gris de lo legal, como un trader local, famoso por eso)?

¿Son cortes del tipo “Mickey Mouse”, pobladas de jueces como aquél que continuamente fallaba a favor de los “fondos buitres”, y de jurisprudencia hecha a la medida para eso, las más indicadas para dirimir estos temas?

Ya se sabe que el TPP-11 establece claramente que las multinacionales pueden exigir que los litigios vayan a estos tribunales “Mickey-Mouse” (llamarlas “cortes” sería un absurdo), aún en los casos donde ya exista un tratado entre un país y multinacionales que diga lo contrario: que diga que dichos problemas sólo pueden ser resueltos en cortes nacionales (como es el caso del tratado entre Exxon y el gobierno de Malasia). El TPP-11 hace irrelevante cualquier acuerdo ya existente que diga lo opuesto.

Además, los tribunales que van a dirimir esos litigios serán integrados por jueces y abogados que van a alternarse en sus funciones. Esto es, rotarán entre servir como jueces en los tribunales, y actuar en representación de las corporaciones que llevan sus causas a dichos tribunales. Si como jueces son afectuosos con las multinacionales, podrán esperar jugosos contratos cuando se reencarnen en el periodo siguiente como litigantes en representación de las multinacionales. Si hay algo que la ideología neoliberal domina a la perfección es la tecnología del poder.

Como curtidos vendedores ambulantes, los que redactaron el tratado agregaron disposiciones que, aparentemente, atenuaban el impacto de lo anterior, pero todas tienen sus “normalizadores”. Por ejemplo, un artículo afirma: “No hay nada en este capítulo que impida a un país miembro regular el medio ambiente, la salud u otros objetivos de esta naturaleza”. Pero de inmediato se agrega: “Pero tal regulación debe ser compatible con las otras restricciones del tratado”.

Monsanto, por ejemplo, no tendrá problema alguno para demandar -y pedir compensación- a cualquier país que se oponga al uso de sus productos genéticamente modificados, diga lo que diga la regulación existente en dicho país sobre el medioambiente o la salud. Por definición, lo sensato se define como aquello que Monsanto crea “razonable”.

Hasta para el New York Times lo que ponía en evidencia dicha cláusula era evidente: “la prioridad [en el TPP] es la protección de los intereses corporativos, y no el promover el libre comercio, la competencia, o lo que beneficia a los consumidores”.

En buen castizo, uno va a poder hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, siempre que lo que quiera sea lo que el TPP (y sus cortes versallescas) estipulen como “razonable” (en lugar de “interferencia”), aún en el caso de que ello se refiera a actividades puramente especulativas, destructivas del medioambiente o indebidas en tantos sentidos.

protesta.tppPara decir lo obvio, la modernidad neoliberal no es más que transformar lo que Abraham Lincoln llamó “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en el gobierno “de las oligarquías (nacionales y extranjeras), por las oligarquías y para las oligarquías”. Y para consolidar esta nueva realidad se requiere de muchas cosas, incluida una nueva jurisprudencia (escrita a la medida por abogados y lobistas de multinacionales, los cuales, a diferencia del resto de los mortales, tuvieron acceso a las negociaciones). Si el TPP fuese un contrato financiero, se podría llamar el “put” de las multinacionales.

TPP-11 COMO SEGURO DEL INMOVILISMO

Eso es el TPP-11: un seguro al inmovilismo. El problema fundamental para este modelo neoliberal (especialmente en su versión anglo-ibérica) es que no hay muchas formas de ordenar el puzzle para que el resultado sea obtener los retornos corporativos absurdos de hoy. Recordemos que en los últimos 12 años solo las multinacionales del cobre han sacado de Chile como repatriación de utilidades (en moneda de igual valor) más que todo lo que costó el Plan Marshal de la post-guerra, aquel programa para la reconstrucción de toda la Europa devastada por la guerra. Y se llevan eso por molestarse en hacer cosas como el concentrado de cobre. ¿Qué pasó con nuestro derecho de propiedad sobre la renta de nuestros recursos naturales? Si comienza a haber temblores, hay que recurrir a tratados tipo TPP-11 para asegurar que este abuso siga igual, año tras año.

Un problema fundamental de las políticas públicas es sincronizar dos lógicas distintas: la del desarrollo nacional y la del capital globalizado (nacional y extranjero). El supuesto implícito con el que se ha trabajado en Chile desde las reformas, tanto en dictadura como en democracia, es que ambos intereses son prácticamente idénticos. Como cada día es más evidente que eso no es así, un TPP es muy bienvenido para asegurar la primacía del segundo.

Antes de las reformas, la hipótesis de trabajo en política económica fue que ambas lógicas eran contradictorias; ahora: que ellas son indistinguibles. ¿Por qué será que en lo ideológico la tradición iberoamericana solo puede avanzar con saltos mortales, siempre buscando el opuesto, siempre multiplicando por menos 1?

Albert Hirschman nos decía que la formulación de políticas económicas tiene un fuerte componente de inercia -y en pocas partes tan fuerte como en América Latina-. Por tanto, a menudo éstas se continúan implementando rígidamente aunque ya haya pasado su fecha de vencimiento, y se transformen en contra-productivas. Esto lleva a tal frustración y desilusión con dichas políticas e instituciones que es frecuente tener posteriormente un fuerte “efecto rebote”. Ya pasó con el modelo económico anterior (el sustitutivo de importaciones, en un modelo de industrialización liderado por el Estado).

Por eso, quizás lo único que va a lograr el TPP-11 -y la “utopía invertida” de la (no tan) “nueva” izquierda- va a ser postergar el siguiente “efecto rebote” (pero quizás haciéndolo más probable). Y así vamos a seguir, de opuesto en opuesto… Con una imaginación social que solo es capaz de multiplicar por menos 1. Ya es hora que Conicyt mande becarios a Asia.

Canal sobre el istmo de Ofqui: la ofensiva colonizadora de Longueira en Aysén

La Región de Aysén ha estado sujeta, recurrentemente, a las más diversas ideas pensadas e impulsadas desde otros, muchas veces lejanos, territorios. La primera de la que se tiene noción fue la Ciudad de los Césares (la original se creyó estaba en esta zona, entonces conocida como Trapananda), mítica urbe construida enteramente de oro, que motivó los sueños y desvelos de decenas de exploradores e investigadores.

Luego vino el otro oro, el verde: el ciprés de Las Guaitecas y su extracción, con tal impacto que afectó su sustentabilidad. Los grandes incendios para el establecimiento ganadero y la salmonicultura con sus impactos sociales y ambientales, fueron procesos impulsados y/o permitidos por el Estado, en una política pública que, desde Santiago principalmente, pretendió dibujar –y en alguna medida lo hizo– el destino ecosistémico y social de Aysén.

La “exportación” de chonos durante la Colonia, el boom pesquero de los años 80 y la minería extractiva, han quedado en la memoria de un territorio que, como muchos, ha recibido las constantes embestidas de una mirada del quehacer humano que hace agua por todas partes. El malogrado proyecto de la planta de aluminio AlumysaHidroAysén y la actual represa Río Cuervo, han sido los últimos ejemplos de decisiones que se digitan en otros suelos, en otros territorios, con otras aspiraciones. Las “suyas”, no necesariamente las “nuestras”.

Los nuevos parques nacionales, cuyo protocolo de acuerdo recientemente fuera suscrito, son otra muestra de desarrollo a control remoto, no del tipo endógeno.

UNA NUEVA BRILLANTE IDEA

Hoy existe un nuevo proyecto dando vueltas de la mano del ex senador y ex ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira Montes, el connotado miembro de los “coroneles” de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El ex precandidato presidencial, actualmente imputado por financiamiento ilegal de la política, cohecho y por recibir dinero de empresas que serían afectadas por leyes que le correspondió impulsar e implementar, ha explicitado sus intenciones para fomentar el “turismo sustentable” en Aysén.

Istmo de Ofqui
Istmo de Ofqui

Personalmente escuché a Longueira presentar sus planes en una reunión realizada el pasado 1 de diciembre, previo a que los hiciera públicos a fines de ese mismo mes. En un intento por incorporar una organización ecologista que no solo diera sustento técnico a la iniciativa, sino también para vestirla del verde ambientalista, se reunió con la directora de una reconocida fundación que –a sabiendas de mi afincamiento aysenino– me solicitó participar.

Ya en la reunión, la propuesta sonó al tradicional concepto que ronda entre quienes no viven en la región: a esta zona, y a su gente, hay que salvarla. Defenderla de algo que no se sabe claramente qué es, pero que en cierto meditar nortino (más bien, santiaguino) se instala como una causa épica necesaria de emprender.

Con especial entusiasmo, en esa reunión Pablo Longueira manifestó que deseaba aportar al país y a la Patagonia.  Y de paso hacer frente a tanto extranjero que está comprando terrenos en la comarca austral. Un discurso similar a lo que en 2004 anunciaran “los patriotas”, ese grupo de connotados empresarios (las familias Ariztía y Luksic, junto a León CosmelliJuan Cuneo, Hernán Briones, Alberto Kassis y los patagónicos Izquierdo Menéndez) que se opusieron a la adquisición de las 69 mil hectáreas de la Estancia Valle Chacabuco por parte de Kristine McDivitt, hoy viuda de Douglas Tompkins, para transformarlas en el Parque Nacional Patagonia. A pesar de ese rechazo, el mismo que concitó Pumalín en la época de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ese terreno está ad portas de pasar al Estado de Chile bajo el nuevo estatus legal de protección.

EMPRENDIENDO EN EL AUSTRO

Son varios los propósitos que rondan en la mente de Longueira bajo el nombre de Proyecto Patagonia. Pensamientos que ha matizado con los viajes que, vistiendo outdoor y de frondosa barba, ha realizado en el último tiempo a la región. Uno de los últimos a mediados de diciembre, según consignó El Mercurio.

En la reunión a la que asistí, el ex ministro explicó que para cumplir su sueño requerirá constituir dos fundaciones: una depositaria de los fondos recaudados y la otra, su brazo ejecutivo. Ambas, dijo, permitirán el desarrollo del turismo sustentable en la Región de Aysén. Un turismo sustentable según lo que él, y los financistas de su iniciativa, entienden del concepto. Uno que avance a la integración de Aysén con el resto de Chile: adquirir terrenos estratégicos y generar una red de hoteles juveniles gratuitos. La fundación operativa, según relató en la reunión de diciembre, también aportará a financiar iniciativas sociales en las comunidades de influencia del proyecto, de Coyhaique al sur. Y sueña en grande: quiere que sea la Presidenta Michelle Bachelet quien dé el puntapié inicial al plan el 9 de noviembre de 2017.

Pablo Terrazas
Pablo Terrazas

Para toda esta labor ya cuenta con el apoyo de un joven conocido en la zona: el abogado Pablo Terrazas Lagos (hijo del ex concejal y candidato a alcalde por Vitacura, Rodolfo Terrazas). El hoy secretario general de la UDI fue asesor jurídico de la Municipalidad de Coyhaique durante la administración de su correligionario Omar Muñoz, rondando el año 2010. Ya en esa época se cuestionaban posibles conflictos de interés (al igual que los del propio alcalde), por tener terrenos en el área de inundación de HidroAysén mientras su hermano Nicolás era seremi de Vivienda, organismo evaluador de esa iniciativa. De avanzar las centrales hidroeléctricas, la plusvalía de sus bienes habría aumentado considerablemente.

Terrazas ha sido uno de los responsables de presentar la idea que abriga Longueira y es mencionado como contacto para recabar más antecedentes sobre esta.

Entre las acciones más concretas del Proyecto Patagonia se contempla la construcción de un andarivel hacia la cima del monte San Valentín (3.910 msnm) y un mirador en el ventisquero Exploradores. Esta sería una intervención similar a lo hecho en el MontBlanc (la cumbre más alta de Europa, en la frontera alpina entre Italia y Francia). Y asociado a esto, la materialización de una obra que ronda por más de 100 años en la mente de la elite chilena: la conexión de la laguna San Rafael con el golfo San Esteban (en el océano Pacífico), a través del istmo de Ofqui. El objetivo declarado: abrir una ruta para embarcaciones de diverso calado por los archipiélagos australes interiores, evitando así el paso por el temido golfo de Penas.

Para esto se buscaría construir un canal de unos dos kilómetros de extensión, si se mantiene el diseño proyectado a principios del siglo XX. Obras que efectivamente se iniciaron en 1937, durante el segundo mandato de Arturo Alessandri, y concluyeron en 1943, en el de Juan Antonio Ríos, sin lograr su objetivo. Fueron centenares los trabajadores que llegaron en esa época hasta las costas de la laguna San Rafael, que enfrentan al ventisquero homónimo [1]. Uno de sus legados, además de los 800 metros lineales avanzados, son los restos de un hotel de turismo que se incendió en 1994.

UN SUEÑO EXTERNO

“Tenemos ya más de una decena de familias comprometidas con aportar un millón de dólares cada una”, dijo Longueira en la reunión de diciembre. Consultado por la identidad de esos grupos donantes, no entró en detalles, pero agregó: “Son las mismas que tú conoces, las de los peces gordos”. Uno intuye, porque no lo dijo expresamente, que se refería a las principales fortunas del país, las mismas que han impulsado proyectos mineros, forestales y energéticos, resistidos a lo largo de todo Chile.

Una de las preguntas era, ya en ese momento, si esta obra contaba con la aceptación de quienes viven en Aysén. Más allá de los deseos salvadores que toman cuerpo en este tipo de iniciativas extraregionales, en una época en que se valora la participación ciudadana y la legitimidad social, es necesario saber qué opina el habitante frente a estos proyectos. Algo que cobra importancia capital en este caso, pues sus efectos se dejarían sentir en un área protegida del Estado establecida en 1959: el Parque Nacional Laguna San Rafael.

Laguna San Rafael
Laguna San Rafael

La respuesta de Longueira fue sintomática. Su  motor eran principalmente los estudios de ingeniería históricos, sin mayor énfasis (ni interés) en procesos esenciales que han ido definiendo el futuro de la Región de Aysén en las últimas décadas: la Estrategia de Desarrollo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y la Zonificación de Uso del Borde Costero, no aparecían en su esquema. Tampoco la consulta a las comunidades ni contrastar sus ideas con uno de los principales instrumentos de desarrollo turístico de Aysén, hoy en plena elaboración: la Zona de Interés Turístico Chelenko, área de influencia vinculada con su proyecto.

No está clara la coherencia de esta proyectada intervención con el tipo de turismo sustentable que desde muchos rincones se aspira para la Patagonia. Uno que busque a todo evento la preservación de lo natural y no la “artificialización”. Uno que aporte al desarrollo económico local no desde la asociatividad filantrópica (“me das permiso para operar y yo te ayudo a garantizar derechos básicos como educación y salud”). Uno en que los ocupantes del territorio tengan poder de decisión sobre sus formas de ejecución e, incluso, sobre su no materialización. Uno que se funde en un sentido de participación ciudadana real y no en una capa de pintura verde o de preocupación social ya definidas por otros, en otros suelos­.

Mal que mal, este 2017 ha sido definido por Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y hasta 2018 sigue vigente el Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado, en coordinación con el PNUD.

EL COSTO DE INTERVENIR EL ISTMO DE OFQUI

El istmo de Ofqui ha sido identificado como un territorio de especial belleza y excepcionalidad ecosistémica, como lo reseñó una nota de La Tercera.  El mismo artículo destacó que ahí se ubica un humedal –“con más de 50 especies de aves terrestres y acuáticas, algunas en peligro de extinción”– que podría ser el más extenso de Chile (1.200 km2). “Se encontraron huemules en las morrenas del glaciar, lo que es totalmente nuevo”, dijo al matutino de Copesa el jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Aysén, Dennis Aldridge. Y Juan Carlos Torres-Mura, vicepresidente de la Unión de Ornitólogos de Chile, agregó: “Encontramos cisnes de cuello negro, coipos y el huillín, actualmente en extinción (…). La gran diversidad de ambientes permite que muchas especies vivan ahí, pese a que no lo sabíamos”.

Toda el área está catalogada desde 1979 como Reserva de la Biósfera de la Unesco. Una de las instituciones interesada en actualizar sus antecedentes para mantener dicha categoría es la Universidad Católica de Chile –que mantiene en la zona la Estación Patagonia­–, entidad con la cual Longueira y su equipo estarían buscando establecer contactos.

Son estas características las que han convertido este parque nacional en objeto de diversas investigaciones internacionales, como la Darwin Initiative de los museos de Historia Natural de Chile y Londres (1997 al 2000) y un proyecto de la Conaf con la Unión Europea (2000 al 2004). Actualmente, es parte de un área mayor que se ha propuesto como Patrimonio Mundial Natural Archipiélagos y Hielos Patagónicos de la Unesco, cuyos antecedentes Conaf debe presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para su postulación al organismo internacional.

¿Es coherente el canal, el andarivel, el dragado y la masificación del turismo con estos instrumentos y características? Esta es una duda razonable, más aún considerando que uno de los primeros sectores en beneficiarse con la nueva ruta sería la salmonicultura, una industria que mantiene instalaciones en zonas cercanas y que ya ha generado altos impactos ambientales en el sur austral. La respuesta aún no es posible tenerla, pero ya rondan serias dudas.

Una de estas dudas se centra en la conexión de la laguna San Rafael con el océano Pacífico, a través de un canal que llevaría las naves por los ríos Negro y San Tadeo, para desembocar en la bahía San Quintín (en el golfo San Esteban). Un signo de interrogación pendiente, dado que el proyecto no incluiría solo los casi dos kilómetros de canalización, sino, entre otras acciones, el permanente dragado de los cursos de agua con el fin de evitar la considerable sedimentación glaciar y permitir así el paso de las embarcaciones, si uno se atiene al proyecto original.

Oficinas de Glencore (Fuente: La Tercera)
Oficinas de Glencore (Fuente: La Tercera)

El cambio en la salinidad de las aguas de la laguna y su efecto en el glaciar, o la posible transmisión de enfermedades por el mayor tráfico, son otras incertidumbres. Una cuestión que ya rondaba en antaña época, producto de “las dudas nunca satisfactoriamente despejadas acerca de lo que podía ocurrir con el régimen de mareas una vez que se intercomunicaran las aguas del norte y del sur del istmo”, recuerda el Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic, en su artículo de 2013 “Apertura del istmo de Ofqui: Historia de una quimera. Consideraciones sobre la vigencia de sus razones”.

Otro aspecto a tomar en cuenta, que avanza un especialista en agua dulce, es el efecto sobre la “hidrodinámica de la laguna (que es súper productiva: alimenta hasta pingüinos y ballenas) y los canales y fiordos de alrededor”. Incluso, el golfo San Esteban es un área marina relevante en el ciclo de vida de ciertos cetáceos. Si esta iniciativa se hubiera concretado tiempo atrás, más que un parque nacional hoy podríamos contar con otro Puerto Montt o Puerto Aysén. ¿Es eso lo que queremos en y para Aysén?

Las intenciones del ex ministro son prácticamente desconocidas en la región. Por lo menos a nivel público. Esta es una iniciativa de alto nivel que no ha bajado hasta los habitantes del territorio, con el riesgo de que políticas de responsabilidad social empresarial permitan el financiamiento de iniciativas locales como mecanismo de cooptación de voluntades, para concretar mega proyectos también externos que se mantienen como una amenaza para la región: represas y minería, fundamentalmente.

Tal observación no es inconexa. Hace un par de meses se informó que Longueira estaría asesorando otros proyectos de alto impacto ambiental en Aysén, entre ellos la Central Hidroeléctrica Río Cuervo, de Energía Austral. El muro levantaría un embalse de 13 mil hectáreas y, entre otros efectos, haría desaparecer los lagos Yulton y Meullín, y casi 2.500 hectáreas de humedales, ecosistemas fundamentales por su rica biodiversidad.

Así, una pregunta que surge es: ¿en qué parte la conservación del istmo de Ofqui y su desarrollo turístico “sustentable” es coherente con proyectos extractivistas en la Patagonia como el de río Cuervo, impulsado por una sociedad controlada por los gigantes Glencore (minería) y OriginEnergy (energía)?

Una duda que para Aysén es fundamental dilucidar.

[1] “Istmo de Ofqui: Un proceso inconcluso de conectividad en la zona sur austral”.  Emilia Astorga y Sebastián Saavedra. Ediciones Ñire Negro, 2016.

 

El otro negocio ilícito que Matte le endosó a un gerente que terminó en la cárcel

Han pasado 40 años desde el día en que Patricio Gómez Bahamonde huyó a la Argentina. Su abrupto viaje fue decisión del directorio de la empresa en la que se desempeñaba como gerente de Finanzas. Buscaban ganar tiempo para negociar con los acreedores el pago de millonarias deudas cuyas garantías él había firmado. “Te traemos de vuelta el lunes”, cuenta que le aseguraron. Pero lo que prometía ser un fin de semana largo en Buenos Aires, se extendió por meses. Los dueños de Aceros Andes simplemente se desentendieron del asunto y Gómez terminó en la cárcel.

Patricio Gómez había decidido no hacer nunca públicos los detalles de su historia. Hasta que a fines de 2015, cuando estalló el escándalo de la colusión de los precios del papel tissue, por los diarios y la TV se enteró de cómo el empresario Eliodoro Matte Larraín les endosaba a los ejecutivos de la CMPC la responsabilidad de ese ilícito. Y supo de su explicación: pese a ser el presidente de la compañía –controlada históricamente por su familia– él nunca se enteró de nada.

Patricio Gómez, entonces gerente de Finanzas de Acero Andes.
Patricio Gómez, ex gerente de Finanzas de Acero Andes.

Por esos días, Gómez cumplía 45 años de matrimonio. Su mujer le pidió un solo regalo: que hablara, que Matte no podía nuevamente descargar la responsabilidad en sus subalternos, que debía saberse que no era la primera vez…

La historia que relata Patricio Gómez es un thriller de negocios. En la trama de la caída de Aceros Andes, propiedad de los grupos Matte y Gianoli-Mustakis, el rol de Eliodoro Matte era hasta ahora desconocido. Desde 1968 y hasta septiembre de 1976, Gómez fue gerente de Finanzas de la empresa líder en América Latina en la fabricación de piezas pesadas para la minería y la reposición de línea férrea.

–La formaron con la habilidad propia de los Matte: ellos nunca colocan plata, logran que otros lo hagan y hacen figuras legales de tal modo de optimizar su rentabilidad. Aportaron las fundiciones, los equipos y en vez de inyectarle capital de trabajo, hicieron emisiones de bonos o de ventures de esa época, con mucho éxito en el mercado, porque estaba respaldado por la familia Matte. Usaban y usan la imagen de que son serios, rectos y honestos –relató Patricio Gómez a CIPER.

La victoria de Salvador Allende significó un punto de quiebre en el hasta entonces exitoso desarrollo de Aceros Andes. Fue una de las primeras empresas intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular, la que pasó a ser manejada por el interventor Manuel Salgado Suárez. Pese a ser opositor, Gómez se quedó en la firma, mientras los dueños se borraron del mapa. Y así fue hasta después del Golpe de Estado de 1973, cuando recibieron la empresa en estado calamitoso, pues la producción prácticamente se había paralizado durante la UP. Sus dueños veían al régimen militar como la tabla de salvación, y al principio lo fue.

Eliodoro Matte hijo había dejado Chile en septiembre de 1970, pocos días después del triunfo de Allende, para estudiar un MBA en la Universidad de Chicago. Matte, quien ha reconocido en privado y en público que Augusto Pinochet era el hombre público que más admiraba, tras el golpe se sumó a su gobierno. Primero fue jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, luego gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Foto: La Segunda 12 de julio 1977.
Foto: La Segunda 12 de julio 1977.

En 1976, Matte dejó el sector público y se integró al directorio de CMPC, el que entonces presidía su padre, Eliodoro Matte Ossa. También ingresó al directorio de Aceros Andes (entre otros negocios familiares). Pero las políticas económicas de sus compañeros Chicago Boys pondrían en aprieto a la compañía.

Matte tenía sólo 31 años y en Aceros Andes compartía directorio con hombres públicos y de negocios de vasta trayectoria. El presidente era Constantino Mustakis Botasilini, cabeza del grupo Gianoli-Mustakis; y el vicepresidente, Manuel Mardones Restat, hombre de confianza histórico del Grupo Matte. El resto del directorio lo integraban el ex ministro Ernesto Pinto Lagarrigue y el abogado Carlos Torretti, entre otros.

Aceros Andes fue creada en tiempos del apoyo del Estado a la producción nacional, con fuertes barreras a la mercancía extranjera, bajo la lógica de la sustitución de las importaciones. El gobierno militar impondría la política contraria: una baja sostenida de los aranceles para abrir la economía chilena al mundo.

Gómez cuenta que hasta se reunieron con los ministros Chicago Boys que manejaban la economía, creyendo que la influencia del ex presidente Jorge Alessandri –entonces presidente de la CMPC–, solucionaría el asunto. Pero la respuesta fue que la baja de aranceles era una decisión irrevocable y que “las empresas que tienen que cerrar se cierran”.

La prensa de la época entrega otra versión: le atribuye la crisis de Aceros Andes a la brusca caída en la demanda de Ferrocarriles del Estado, el principal cliente de la empresa. Otro de los duros efectos de la fuerte contracción presupuestaria del Estado.

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Como encargado de las finanzas de Aceros Andes, Patricio Gómez debía gestionar los créditos que le permitían a la compañía financiarse. Operaban tanto con instituciones formales, como el Banco Sudamericano, relacionado societariamente con el mismo Grupo Matte; como con financieras informales, las que se multiplicaban en aquellos días de regulaciones mínimas.

–La empresa tenía un endeudamiento bastante alto, pero estaba basado en el prestigio de la familia Matte, porque no teníamos garantías. Yo pedía plata y me la daban. Estábamos endeudados con todos los bancos y con las financieras. Todo sobre la base del prestigio, porque siempre la empresa había cumplido en todo –relata el ex gerente.

En su rol de apoderado de la compañía, Gómez debía firmar los cheques que se dejaban en garantía por los créditos. La segunda firma era la de su asistente, el ingeniero comercial Fernando Garrido Taraba. Los cheques quedaban en una notaría acompañados de un escrito donde se señalaba que la firma era a título personal, pero por instrucción del directorio de Aceros Andes. Con el tiempo, reconoce Gómez, se dio cuenta de que esa “precaución” no tenía validez legal.

En septiembre de 1976 ya era claro que la empresa tenía graves problemas financieros. Pero Gómez dice que estaba tranquilo, pensaba que, finalmente, podrían pagar las deudas porque contaban con el respaldo de la familia Matte. En una reunión extraordinaria de directorio, se acordó notificar a los bancos y financieras de que iban a cesar sus actividades y congelar los pagos a la espera de una solución. Fue Gómez, junto al gerente general de Aceros Andes, George Le Blanc Donaldson, quienes dieron las explicaciones a los ejecutivos de las instituciones acreedoras.

–Se produjo un altercado, había molestia. Nos miramos las caras, tratamos de dar explicaciones, pedimos que nos dieran tiempo, que íbamos a ver cómo resolvíamos la situación. Hasta que el señor Prieto, de la Financiera Fusa, se paró y dijo: Yo aquí no veo presente a ningún miembro de la familia Matte. Yo he puesto dinero porque está la familia Matte detrás, y los que están en representación de los bancos también. Ustedes son empleados. Nosotros queremos a la familia Matte diciendo “nosotros respondemos”, como buenos empresarios. Vamos a hacer lo siguiente, mientras no dé la cara la familia Matte, yo voy a ejecutar al señor Gómez, que está aquí presente, lo voy a perseguir, lo van a tomar preso, y que la familia Matte responda por el señor Gómez. Pido a los que están aquí, que hagan lo mismo y ejecuten al señor Gómez” –, recuerda el entonces gerente de Finanzas, quien estaba desesperado ante la ausencia de al menos un representante de los dueños de la empresa.

Esa misma tarde se realizó una nueva reunión extraordinaria del directorio a Aceros Andes, a la que asistió Eliodoro Matte. Gómez recuerda que los directores le aseguraron que lo iban a respaldar, pero para que no lo metieran preso, necesitaban sacarlo del país para negociar con los acreedores.

Era un día miércoles. Le compraron un pasaje en Lufthansa a Buenos Aires para esa misma noche y le aseguraron que al lunes siguiente estaría de regreso. El alivio que sintió cuando al pasar por Policía Internacional constató que aún no había una orden en su contra, se esfumó cuando se encontró al interior del aeropuerto con uno de los representantes de los bancos a quienes ese mismo día les había dicho que iba a responder por las deudas. Le prometió que el lunes estaría de vuelta en Chile.

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Con poco dinero en el bolsillo, se hospedó en un hotel de la capital argentina a la espera de instrucciones. Pero éstas nunca llegaron. Tenía 32 años, su esposa en Chile estaba embarazada, mientras él seguía prófugo de la justicia en Argentina. Lo único claro era que su ausencia le quitaba a la empresa la presión de los acreedores, pues no tenían cómo exigir el pago de las deudas.

Han pasado cuatro décadas, pero en este punto del relato Patricio Gómez aún se emociona.

–Nunca más supe de la familia Matte, se desligaron, se desentendieron de mí. Un hermano mío, abogado, fue a hablar con el abogado de Aceros Andes, quien se lavó las manos totalmente. Ana María, mi esposa, estaba embarazada y todo sin un peso– recuerda.

Cuando ya estaba cansado de mandar recados a Santiago, apareció en Buenos Aires un hombre de confianza de los Gianoli-Mustakis con dinero para tres meses. Le pidió que se quedara tranquilo y en silencio mientras se resolvían las cosas en Chile. Patricio Gómez accedió, pero exigió que enviaran a su esposa y a sus dos hijos a la Argentina.

Ya con su esposa e hijos a su lado, Patricio Gómez supo –a través de Constantino Mustakis– que con el pasar de los días el control de la empresa lo tomó el grupo Gianoli-Mustakis, porque los Matte desconocieron las deudas. Además, querían evitar cualquier daño a la imagen de la familia. El argumento que dieron fue que Patricio Gómez era un excelente profesional, pero que producto del cansancio y el estrés había excedido sus atribuciones, cometiendo el ilícito de firmar cheques en garantía por los créditos, sin consultar al directorio.

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Mientras tanto, en Buenos Aires, la espera de Patricio Gómez se seguía alargando. Hasta que llegó un momento en que éste decidió que su mujer volviera a Chile para dar a luz en su país. Estaba desesperado: “Quedó claro que yo estaba abandonado y que mientras yo no fuera detenido esto no iba a reventar”.

Entonces, en abril de 1977, cambió como pudo su aspecto, se consiguió un pasaporte falso e ingresó clandestinamente a Chile. Quería estar presente cuando naciera su hijo. Durante semanas se escondió en distintas casas, al tiempo que buscaba asesoría legal y el mejor momento para entregarse a la justicia. También hizo otras gestiones.

–Llamé a Eliodoro Matte varias veces. Nunca me contestaba. Al final, lo ubiqué una noche en su casa. Tuvimos una conversación muy larga. Me dijo que si de él dependiera, respondía por las deudas, pero que había personas en la familia que mantenían la posición de dejarme botado – aseguró Gómez a CIPER.

Con la inflación, el monto de la deuda se había multiplicado, por lo que su confianza en que su “irreprochable conducta anterior”, la atenuante que lo salvaría de una condena de cárcel alta, se diluía. Como Gómez no tenía dinero para pagar su defensa, en Aceros Andes le prometieron que le pondrían un abogado. Tampoco cumplieron. Gómez dice que sólo lo dijeron para dilatar su situación de “fugado”. Finalmente el estudio de Alfredo Etcheberry ofreció  representarlo gratis y el caso lo asumió el abogado Carlos Balbontín (ambos fueron contactados sin éxito para este reportaje).

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El 20 de julio de 1977, los abogados dejaron a Gómez y a su ayudante Garrido –quien había permanecido prófugo en Chile durante 10 meses– en la puerta de los juzgados del crimen para que se entregaran. Inmediatamente fueron fichados, declarados reos y enviados incomunicados a la Cárcel Pública. “Reo Gómez, dígame dónde está la plata de Aceros Andes, porque dicen que usted es responsable”, lo encaraba la jueza Juana González, titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, quien asumió la causa.

Y aunque Gómez dice haberle explicado con el mayor detalle posible a la jueza el tejemaneje financiero de la empresa, muy pronto se dio cuenta de que su situación empeoraba. Como los directores de Aceros Andes insistían en que él había firmado a escondidas los cheques de garantía de los créditos, la jueza pidió los libros de actas del directorio. Allí debía estar la constancia de que Gómez había firmado con autorización de los directores y en su rol de apoderado de la empresa. Pero del libro de actas no había rastro: había desaparecido. Era su palabra contra la de directores, hombres de gran influencia y prestigio.

Para entonces, el caso de Aceros Andes ya era un escándalo en el mundo de los negocios. Las imputaciones eran por fraude, quiebra fraudulenta y giro doloso de cheque. Los querellantes acusaban que, sabiendo que la empresa estaba en bancarrota, sus dueños se endeudaron gracias a que la compañía parecía tener respaldo económico, engañando a sus financistas.

En una entrevista con la periodista Raquel Correa, publicada en revista Cosas, el abogado Nurieldín Hermosilla, representante del 38% de los pasivos, decía que en toda su carrera no había visto un caso en que los dueños de una empresa se negaran a resolver una situación en que bastaba que dos importantes grupos económicos se allanaran a cubrir una deuda pequeña en relación a su patrimonio. Avalaba sus dichos el que durante ese período de no pago de los compromisos, los Matte y los Mustakis habían realizado millonarias inversiones en otras empresas. “Y, sin embargo, no cubrieron la deuda, lo que afectó directamente a los dos ingenieros que habían firmado los cheques y al gerente general”, afirmaba Hermosilla.

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La última acotación del abogado en la citada entrevista, resulta interesante para los efectos de esta historia: “La culpa recae legalmente en los giradores personales, Gómez y Garrido. Pero mi impresión es que ellos no son moralmente culpables, sino quienes estaban detrás de ellos y los dejaron abandonados”.

En esa misma entrevista, Hermosilla afirmó que los empresarios Matte y Mustakis se creían “dioses del Olimpo” y “pecaron de soberbia”: “Es la primera vez en la historia financiera del último tiempo en que aparece el propósito de eludir maliciosamente el cumplimiento de obligaciones financieras. Además, los perjudicados y los autores del perjuicio se mueven en un círculo muy estrecho, lo que hace que ésta sea como una pelea entre hermanos, resultando por eso más terrible”.

EL MISTERIO DEL LIBRO DE ACTAS

Otro de los hitos de esta historia que Patricio Gómez no olvida fue el día en que la jueza Juana González lo citó y lo sorprendió con un paquete envuelto en papel café entre sus manos: era el libro de actas que hasta ese día estaba desaparecido. La jueza le dijo que alguien lo había entregado anónimamente en el tribunal.

Gómez cuenta que después le dijeron que fue la avaricia de Eliodoro Matte padre la que provocó que misteriosamente apareciera el libro que lo salvaría. Quien lo hizo llegar al tribunal habría sido su secretaria de toda la vida, a quien no le pagó lo que le debía por años de servicio. Nunca se supo con certeza si fue ella, pero sí quedó claro que lo escondieron para que los directores pudieran endosarle la responsabilidad a sus subalternos, evitando así pagar las deudas sin ir a la cárcel.

incomunicados-ejecutivos-aceros-andesEl libro de actas salvó a Gómez y Garrido. Los documentos demostraban que el directorio autorizó todos los créditos y también los cheques que se firmaron para respaldarlos. La jueza González estaba indignada. “Los voy a meter a todos presos”, cuentan que proclamaba en esos días. Pero lo hacía al interior de su despacho, ya que estaba consciente del poder que ostentaban los dos grupos económicos responsables de las deudas de Aceros Andes; y sobre todo, de su situación precaria, pues era el periodo más duro de la dictadura y ella era una mujer de izquierda.

Finalmente la jueza González ordenó que la policía detuviera a Constantino Mustakis, Manuel Mardones y George Le Blanc. El 9 de agosto de 1977, los dos directores y el gerente general de Aceros Andes quedaron incomunicados en la Cárcel Pública.

“No se atrevió a meter preso a Matte”, dice Gómez, quien sí recuerda muy bien el careo que decidió la jueza y que lo hizo enfrentarse al empresario. Según los diarios de la época, el careo tuvo lugar el viernes 12 de agosto de 1977. Gómez recuerda que hacía frío cuando lo fueron a buscar a Capuchinos y lo llevaron engrillado al tribunal. CIPER intentó acceder al expediente que contiene el registro oficial de la época, pero tras varias semanas de búsqueda, en el Archivo Judicial informaron que éste se encuentra perdido. Desapareció. Otro misterio.

Cuarenta años después, Gómez reconstruyó para CIPER el diálogo que tuvo con Matte durante ese careo:

Jueza: Identifique a la persona que está al frente.

Matte: El señor Gómez.

Jueza: Levante la cabeza y mírelo.

Matte: Hola, Patricio.

Jueza: Usted declaró que el señor Gómez estaba enfermo, con surmenage, pero yo veo en el libro de actas que usted sabía todo. ¿Es falso? ¿Miente el señor Gómez o lo que está escrito es verdad?

Matte: Es verdad.

Jueza: Pero levante la cara y míreme a mí.

Matte: Todo fue así. Perdona, Patricio.

Jueza: Acá no hay perdón. ¿Usted declara que todo lo que dijo el señor Gómez es verdad?

Matte: Sí.

El diario La Segunda de ese día 12 de agosto de 1977, informa que Matte concurrió a tribunales y que esa tarde podría ser careado con Gómez. El diario también recoge la versión de que Constantino Mustakis habría ofrecido pagar de su bolsillo un millón de dólares para llegar a un acuerdo con los acreedores, pero que Matte no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Solo respondería con sus acciones de Aceros Andes. Pese a ello, Mustakis fue el que pagó con cárcel.

CIPER intentó tener la versión de Eliodoro Matte sobre este episodio, pero el empresario hizo saber que estaba retirado y ya no daba entrevistas.

EL FIN DEL CHEQUE EN GARANTÍA

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Durante los primeros días de septiembre de 1977, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de las defensas de los cinco detenidos por la quiebra de Aceros Andes. El Mercurio cubrió la noticia día a día y, cuando salió el fallo, lo publicó completo. El titular fue: “Importante fallo se dictó sobre el cheque en garantía”.

Un titular extraño, pero que en parte se explica porque ese dictamen judicial, en los hechos, provocó un cambio de jurisprudencia que marcó un hito en el sistema financiero. Al sentenciar que en el caso de Aceros Andes los cheques no podían ser considerados como “el cuerpo del delito”, dejó establecido que estos documentos financieros solo pueden usarse para pagar obligaciones y no como garantía de compromisos futuros (como créditos).

Gracias a eso, a los dos ejecutivos de Aceros Andes que habían firmado los cheques que garantizaban las deudas de Aceros Andes (Patricio Gómez y Fernando Garrido), se les levantó el procesamiento por giro doloso y quedaron libres. El fallo estableció que actuaron “en representación de Aceros Andes S.A. no en pago de obligaciones, sino para garantizar la cancelación de los pagarés representativos de los créditos”.

Los ministros determinaron además: “Se encuentra establecido en el proceso, en el estado actual de la investigación, el hecho de haberse intentado retardar la quiebra de Aceros Andes S.A. obteniendo fondos para ésta mediante el arbitrio ruinoso de obtener créditos con vencimiento a treinta días, con interés de 10% mensual o más, suscribiéndose, al efecto, pagarés”.

Respecto a Mustakis, Mardones y Le Blanc, el fallo señala que los antecedentes permitían presumir con fundamentos que los  “tres inculpados autorizaron expresamente la realización de aquellos actos tendientes a obtener fondos con el fin ya indicado, por lo que debe considerárseles autores” de delitos contenidos en la Ley de Quiebra, descartando la figura de estafa. Gracias a esto, los ex directivos quedaron libres, aunque aún en calidad de reos.

eliodoro-mattePara Patricio Gómez el fallo fue una revancha. Estando preso, recibió la visita de un recadero de los dueños de Aceros Andes, quienes le ofrecían medio millón de dólares para que se declarara culpable y liberara el directorio. “Sabe qué más, la honestidad no se transa”, asegura Gómez que fue su respuesta. Cuando lo liberaron, varios abogados le ofrecieron querellarse contra el Grupo Matte por injuria, calumnia y los perjuicios causados. “Me negué y volvería a hacerlo”, dice.

Aunque al principio le costó, Gómez pudo reconstruir su prestigio y su carrera como ejecutivo de grandes empresas de distintos grupos económicos. Uno de sus trabajos más importantes fue en una gran minera extranjera. Lo primero que dijo en la entrevista laboral fue que había estado preso, y explicó las razones. Lo contrataron. Años después, su jefe le entregó un documento: era una carta de recomendación firmada por un alto ejecutivo del Grupo Matte, en la que certificaban su honestidad.

“Nunca me pagaron un peso, lo único fue la carta”, dice Patricio Gómez casi al terminar su relato. Porque al final, es inevitable volver sobre el hito que lo hizo desistir de no hablar nunca públicamente de cómo vivió él y su familia la quiebra de Aceros Andes: el estallido de la colusión de la CMPC en el precio del papel tissue. Leer junto a su mujer que Matte nuevamente insistía en que los miembros del directorio no sabían nada, que fue un asunto de los gerentes, quienes además se fueron con millonarias indemnizaciones, los indignó. Y fue entonces que decidieron que debían contar su historia.

Studio Office Tobalaba: la otra operación inmobiliaria fallida de Natalia Compagnon

El 30 de diciembre de 2014, Natalia Compagnon acudió a la Séptima Notaría de Santiago a firmar un contrato con la empresa de servicios financieros Tanner Leasing. Ese día materializó su decisión de arrendar -con opción de compra- cinco oficinas y seis estacionamientos en un recién inaugurado proyecto inmobiliario ubicado en la intersección de Tobalaba con Eliodoro Yáñez (Providencia).

Eran días auspiciosos para CAVAL. Sus socios, Natalia Compagnon y el relacionador público Mauricio Valero, estaban a punto de recibir los $9.500 millones que les debía reportar la jugosa operación de venta de tres terrenos ubicados en una estratégica zona de Machalí (Sexta Región). CAVAL había adquirido los predios solo un año antes en $6.500 millones gracias a un préstamo del Banco de Chile y luego de que Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieran por casi una hora con el controlador de la entidad financiera, Andrónico Luksic.

Los negocios de CAVAL iban en alza. También el patrimonio inmobiliario de su socia Natalia Compagnon. Cuando la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet acudió a la notaría el penúltimo día de 2014 a firmar el contrato por las cinco oficinas de Tobalaba, no solo tenía a su haber los tres predios en Machalí. También un departamento en el quinto piso del Edificio Crucero de San Alfonso del Mar (Algarrobo, Quinta Región), avaluado en $150 millones, y 12 terrenos en la localidad de Los Choros, Cuarta Región, avaluados en $78 millones (ver reportaje de CIPER).

Mauricio Valero y Natalia Compagnon
Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Natalia Compagnon no fue la única de su círculo que puso los ojos en ese nuevo y moderno edificio de Providencia. Los documentos del Conservador de Bienes Raíces que revisó CIPER indican que otros ejecutivos de CAVAL siguieron sus pasos: el gerente de Finanzas, la encargada de proyectos tecnológicos e innovación y la asesora inmobiliaria de la empresa compraron oficinas y estacionamientos en ese mismo inmueble con solo meses de diferencia.

Una imagen impecable para proyectar tu empresa”, señala la página web del proyecto inmobiliario. A poco más de un mes de firmado el contrato entre Compagnon y Tanner Leasing a fines de 2014, CAVAL se desplomó. El 6 de febrero de 2015, revista Qué Pasa reveló los términos del millonario negocio especulativo de tierras de CAVAL en Machalí. La onda expansiva del escándalo pegó de lleno en La Moneda y en los niveles de aprobación del gobierno de Michelle Bachelet.

La operación inmobiliaria dio pie a una investigación de la Fiscalía de Rancagua que ya tiene a más de una decena de formalizados. Entre ellos figura Natalia Compagnon, por delitos tributarios, y su socio Mauricio Valero, por el mismo delito y por cohecho.

El contrato de arriendo con opción de compra que Compagnon firmó al cierre de 2014 por las oficinas de Tobalaba, le abrió hace pocos días un nuevo flanco judicial. El 4 de noviembre, Tanner Leasing la demandó por el no pago de rentas. La empresa de servicios financieros reclama el pago de más de $265 millones por concepto de atrasos y multas. La acción judicial también va dirigida contra CAVAL, como fiadora y codeudora solidaria de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, que es la sociedad que aparece como titular en el contrato y de la que Natalia Compagnon y su madre son las únicas accionistas.

Es precisamente la sociedad San Lucas la que ha estado en los últimos meses al centro de las diligencias del fiscal Sergio Moya. Una de las hebras que ha tomado peso en la investigación del persecutor de Rancagua apunta a esclarecer el destino de los dineros obtenidos por la esposa de Sebastián Dávalos en su calidad de socia de CAVAL.

Tal como reveló CIPER, a solo once meses de haber sido creada en febrero de 2012, CAVAL obtuvo ingresos por sobre los $1.500 millones (ver reportaje). Casi el 90% de esos montos provinieron de diversas asesorías que tienen una fuente: el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, quien se querelló en junio de 2016 por presunta estafa. La querella no individualizó responsables, pero se presentó luego de que Vial Concha declarara antes los fiscales haberse sentido engañado por CAVAL y sus asesores.

San Lucas estaba en el mapa del fiscal de Rancagua luego de que se detectara un traspaso de $25 millones desde CAVAL a esta sociedad. Se investiga si ese trasvasije de dineros realizado en 2012 fue parte de una maniobra de ocultamiento de fondos, debido a que la sociedad inmobiliaria y de inversiones de Compagnon nunca habría tenido movimiento.

De acuerdo a los registros del Servicios de Impuestos Internos (SII), San Lucas inició actividades el 6 de septiembre de 2012. A la fecha, y según la información del SII, no registra timbraje de documentos, procedimiento que permite legalizar facturas, boletas, pagarés y libros contables, entre varios otros papeles que respaldan las distintas operaciones que llevan a cabo los contribuyentes en sus actividades económicas.

STUDIO OFFICE TOBALABA

En 2011, la empresa Desarrollos Inmobiliarios 2000 compró dos terrenos en Eliodoro Yáñez (Providencia) para construir allí un edificio de oficinas: una torre de diez pisos y cuatro subterráneos, con estacionamientos y bodegas, locales comerciales y dos salas de reuniones en el primer piso. A solo pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón, el proyecto –bautizado como Studio Office Tobalaba– ofrecía conexión “con los núcleos residenciales, corporativos, financieros y comerciales más importantes de Chile”.

Al parecer, el anuncio de venta de Studio Office Tobalaba les pareció lo suficientemente atractivo a Compagnon y Valero. De uno de los correos intercambiados entre Sebastián Dávalos y una de las ejecutivas de CAVAL, se desprende que al menos desde agosto de 2014 entre los planes de Compagnon y Valero estaba la mudanza de las oficinas de CAVAL desde la calle Nevería en Las Condes a Eliodoro Yáñez en Providencia.

Edificio Studio Office Tobalaba (Fuente: www.studioffice.cl)
Edificio Studio Office Tobalaba (Fuente: www.studioffice.cl)

El 8 de agosto, Sol Herreros le escribió un email a Sebastián Dávalos advirtiéndole que la entrega de las oficinas de Eliodoro Yáñez estaba atrasada. Herreros es amiga de Sebastián Dávalos y era a él a quien le reportaba directamente de sus labores como encargada de proyectos tecnológicos e innovación, cuando éste se desempeñaba como gerente de Proyectos de CAVAL. En el correo electrónico le señaló:

­Querido amigo, de acuerdo a lo conversado, le adjunto una copia de una de las escrituras de las propiedades de Eliodoro Yáñez, yo creo que hay una demora en la entrega de estas. Se supone que el ingreso municipal se haría a más tardar el 30 de abril de 2014 y se ingresó el 30 de mayo. Se supone que la entrega se hará en septiembre. Veamos si legalmente están cumpliendo con los plazos. Todas las escrituras de las oficinas de CAVAL, mías, la tuya y de la Nata (Natalia Compagnon) están bajo la misma situación”.

Este correo es una prueba para la Fiscalía de que Dávalos, que en ese momento encabezaba la Dirección Sociocultural de la Presidencia, seguía teniendo injerencia en las decisiones de CAVAL.

Para refrendar sus dichos sobre los plazos, en el correo electrónico enviado a Dávalos, Sol Herreros adjuntó una promesa de compraventa firmada por Desarrollos Inmobiliarios 2000 por la oficina N° 303 del edificio. Allí se lee que la inmobiliaria se compromete a terminar la construcción e ingresar la solicitud de recepción municipal a más tardar el 30 de abril.

No hay registro de que Dávalos haya respondido al correo de su amiga. Sí quedó huella de que Herreros le reenvió ese mismo correo a Natalia Compagnon un mes después, el 8 de octubre.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Tres meses después de que Herreros le reenviara el correo electrónico a la socia de CAVAL, Natalia Compagnon firmó el contrato con Tanner Leasing para el arriendo con opción de compra de cinco oficinas en el piso 7 del edificio Studio Office Tobalaba y seis estacionamientos. Ese 30 de diciembre, Compagnon acudió a la notaría en representación de la sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Lucas, constituida en agosto de 2012 y en la que también figura como socia minoritaria su madre, Margarita Soto Acevedo. Entre los objetos de San Lucas está “la adquisición, venta y enajenación a cualquier título de bienes muebles y raíces, corporales e incorporales, su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, o arrendamiento y otros”.

Además de Natalia Compagnon, en el contrato figura como fiadora y codeudora solidaria la sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL, para “garantizar a la arrendadora, el cumplimiento íntegro y oportuno de todas y cualquiera de las obligaciones que para ellos y para Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., nacen del contrato de arrendamiento con opción de compra”.

Plano referencial de oficinas de Studio Office (Fuente: www.studioffice.cl)
Plano referencial de oficinas de Studio Office (Fuente: www.studioffice.cl)

El contrato selló el arriendo con opción de compra de las oficinas N° 707, 708, 709, 710 y 711 y de los estacionamientos N° 38, 39, 48, 58, 61 y 62. Por esos bienes raíces, Compagnon debió desembolsar UF 1.343 ($33 millones, al valor de esa época) al momento de la firma del acuerdo. Además, se comprometió a cancelar mensualmente 119 rentas de arrendamiento de UF 140 ($3,7 millones, al valor actual) y otras UF 3.358 ($88,2 millones, al valor actual) a pagarse 30 días después del pago de la última renta.

Al término de periodo del contrato y en caso de que la arrendataria quisiera ejercer la opción de compra de las oficinas con sus estacionamientos, se pactó una suma única de UF 140 ($3,5 millones), a pagarse 30 días después de cancelada la última renta (ver contrato).

Además de San Lucas, otros tres miembros de CAVAL compraron a título personal oficinas en la torre de Eliodoro Yáñez. La primera en hacerlo fue Sol Herreros el 30 de enero de 2015, a pocos días de que estallara el escándalo por la operación de especulación inmobiliaria de CAVAL en Machalí (6 de febrero). De acuerdo a registros revisados por CIPER en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Herreros adquirió la oficina N° 304 en UF 1.667 ($40,9 millones, al valor de la época). A Herreros le siguió María Luisa Valenzuela Illanes, prima de Mauricio Valero y quien trabajó como asesora inmobiliaria de CAVAL. El 19 de febrero de 2015 compró la oficina N° 404 y el estacionamiento N° 19, en UF 2.125 ($52 millones, al valor de la época).

Quien también compró en el mismo edificio fue el entonces gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño Salgado. Lo hizo el 30 de marzo, fecha en la que adquirió la oficina N° 405 y el estacionamiento N° 20 en UF 2.173 ($53,5 millones, al valor de la época).    

LÍOS JUDICIALES

El 4 de noviembre pasado, el abogado de la empresa de servicios financieros Tanner presentó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago una demanda de terminación inmediata de contrato por no pago de rentas contra Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, de su representante Natalia Compagnon, y de CAVAL, como codeudora y fiadora solidaria. Tanner alega que desde junio de este año, San Lucas se encuentra “en mora en el pago de la renta correspondiente a dicho mes, y de todas las que se han devengado desde entonces hasta la fecha de esta presentación” (ver demanda).

La empresa de servicios financieros, controlada en un 52,5% por el Grupo Massú a través de Inversiones Bancarias, exige el pago de $22,1 millones correspondientes a las rentas vencidas y de otros $243,3 millones por multas, además del pago de las costas del juicio.

CIPER intentó comunicarse con el gerente general de Tanner, pero desde la empresa señalaron –en un correo electrónico- que no se referirían al tema debido a que por políticas internas “no se efectúan declaraciones de ningún tipo respecto de hechos o circunstancias que actualmente se encuentren conociendo los tribunales de justicia”.

A la luz de los datos que aporta la demanda, de diciembre de 2014 a mayo de 2016, Compagnon alcanzó a desembolsar por el arriendo de las oficinas y estacionamientos del edificio de Eliodoro Yáñez $96 millones, correspondientes a la cuota inicial del leasing ($33 millones), más 17 meses de renta ($62,9 millones).

Testimonios recogidos por CIPER entre vecinos del edificio indican que durante ese tiempo las oficinas eran frecuentadas por Mauricio Valero, Natalia Compagnon y también por Sebastián Dávalos. Según esas versiones, era el propio Valero quien se encargaba de pagar los gastos comunes de los cinco inmuebles en poder de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, la sociedad de Natalia Compagnon.

Luego de la formalización de Valero y Compagnon en enero pasado, las visitas al Studio Office de Providencia de los directivos y gerentes de CAVAL se hicieron cada vez más espaciadas. A quien se le siguió viendo con cierta regularidad es al abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, quien, según los mismos testimonios, ocupaba la oficina 708.

Antonio Garafulic y Natalia Compagnon
Antonio Garafulic y Natalia Compagnon

A Marcelo Carreño y Sol Herreros tampoco se les ve por el edificio. El hombre encargado de las platas de CAVAL vendió su oficina y el estacionamiento a solo tres meses de haberlos adquirido. Hizo un buen negocio. El 8 de julio de 2015, Carreño liquidó su propiedad en UF 2.500 (62,5 millones, al valor de la época), obteniendo una ganancia de casi $9 millones.

Sol Herreros también terminó con saldo positivo luego de vender su propiedad en agosto de este año. La oficina N° 304 del edificio de Tobalaba fue adquirida en UF 2.000 ($11,4 millones por sobre su precio original) por Irina Reyes Donoso.

Irina Reyes no era una desconocida para Dávalos y su círculo. En marzo de 2014, fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación Chilenter, una de las organizaciones sin fines de lucro que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, entidad que por entonces estaba encabezada por su hijo, Sebastián Dávalos.

María Luisa Valenzuela, en tanto, hipotecó su propiedad –la oficina N°404– en favor del Banco Santander, luego de obtener un préstamo de esa entidad bancaria por UF 1.724 durante 2015.

La demanda de Tanner es el capítulo más reciente de una serie de líos judiciales que Natalia Compagnon ha enfrentado en los últimos meses. A principios de noviembre la empresa Bruno Fritsch también la demandó: un cheque por $410 mil girado por Compagnon a la automotora para el pago de la cuota de un vehículo fue protestado por falta de fondos.

El último revés judicial lo vivió hace menos de una semana, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Natalia Compagnon tenía programado un viaje con su familia a Miami entre el 20 de diciembre y la primera semana de enero.

La jueza del tribunal rancagüino consideró que la salida de Chile de la socia de CAVAL ponía en peligro la investigación del Ministerio Público, cuyo término está fijado para el 29 de enero próximo.

La economista Mariana Mazzucato trae de regreso al Estado emprendedor

Cuando se piensa en una empresa innovadora, el nombre de Apple viene de inmediato a la mente. Economistas y expertos en marketing nos dicen que ese tipo de compañías son el resultado de la genialidad de un grupo de ingenieros y del coraje de financistas que se arriesgaron en algo que era apenas un sueño. En esta historia de éxito el Estado no tiene ni siquiera un papel secundario; solo aparece al final: en el impopular rol de cobrador de impuestos. La moraleja es que si los países quieren generar ese tipo de empresas lo mejor es que el Estado se mantenga al margen.

La verdadera historia de Apple es más compleja y ha sido la economista Mariana Mazzucato quien la ha sacado a la luz. Mazzucato, “RM Phillips Professor” en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex y autora del superventas El Estado Emprendedor (Anthem, 2013), se encuentra en Chile invitada por la CEPAL para dictar la cátedra Raúl Prebisch, honor que han tenido académicos de la talla de Joseph Stiglitz  y Dani Rodrik.

En esencia, Mazzucato afirma que las innovaciones que permitieron crear el exitoso Ipad fueron desarrolladas por investigaciones de la industria de la defensa y de la exploración espacial estadounidense. Y todas esas investigaciones fueron financiadas con recursos públicos: desde las que permitieron crear Internet y el GPS, hasta las pantallas táctiles, incluyendo el asistente por voz SIRI. Mazzucato explica, de hecho, que Apple invirtió menos en Investigación y desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas porque usó lo que el financiamiento público había creado.

-Steve Jobs y su equipo pusieron todo ese conocimiento en un formato cool. Y por supuesto que el diseño que le dieron es fundamental para el éxito comercial del Ipad. El problema es que la historia que se cuenta sobre el éxito de Apple olvida el rol público -dijo Mazzucato a CIPER.

En contrapunto con las idea neoliberales que han dominado el pensamiento económico en la últimas décadas, Mazzucato sostiene que el Estado no es útil solo para corregir las imperfecciones de los mercados, sino que ha sido esencial en la creación de nuevos mercados.

Afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, pues el resultado continúa por mucho tiempo, sin que nadie se dé cuenta y todo se presenta como parte de una política de crecimiento

Mazzucato le ha dedicado tiempo a entender por qué el aporte del Estado ha sido borrado de la historia de la innovación y qué efectos tiene ese olvido. Lo que ha encontrado al revisar el caso de Apple, es similar a lo que observa en la industria farmacéutica. Allí se afirma que los altos precios de los medicamentos son la justa retribución por los riesgos de los inversionistas para la difícil tarea de mover las fronteras del conocimiento, pero la verdad es que sólo en Estados Unidos esa industria recibe un aporte público anual de U$31 mil millones para investigación básica en farmacia y biotecnología. Lo mismo ocurre en el sector de la Defensa y en el desarrollo de la nanotecnología. Esto lleva a Mazzucato a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

La economista destaca dos consecuencias de borrar al Estado de la historia de la  innovación. La primera es política. Permite presentar al mercado como la fuerza innovadora y asociar al Estado con la inercia, sosteniendo que es demasiado burocrático para ser el motor dinámico que la economía necesita. Ese ha sido durante décadas el discurso de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que han recomendado a los países pobres y de nivel medio achicar y acorralar al Estado para alcanzar el desarrollo.

Para el economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, el dominio de ese discurso ha implicado hacer que los países más pobres desperdicien recursos. Chang aborda el tema en su libro Malos Samaritanos, título que alude justamente a los que aconsejan a las naciones pobres crecer sin Estado. Chang sostiene que es la presencia activa del Estado la que explica el desarrollo de países como Japón, Corea, Finlandia (en los dos primeros, el Estado incluso definió qué debían exportar las empresas durante décadas). Pero el Estado proactivo también guió el desarrollo de Estados Unidos, el Reino Unido y de la mayor parte de las naciones que hoy prosperan. Al presentarlo como un lastre para el crecimiento, lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (“Patear lejos la escalera del desarrollo” es el titulo de otro de los libros de Chang).

Citando al historiador económico noruego Erik Reinert, Chang recomienda que los países pobres hagan lo que los países ricos efectivamente hicieron, no lo que dicen que hicieron.

Pero para Mazzucato el contar mal la historia de cómo se genera la innovación tiene también un efecto económico-ético: facilita a las compañías apropiarse de las utilidades que generan los conocimientos que fueron financiados con recursos públicos:

Ha-Joon Chang
Ha-Joon Chang

-El hecho de que los economistas no mencionemos el rol del Estado en el proceso de creación de mercados, implica que no solo entendemos mal cómo se lleva adelante la innovación, sino que alimentamos la desigualdad, permitiendo a las firmas recibir mucha más recompensa de la que les corresponde si tomamos en cuenta lo que pusieron en el proceso. Dado que la creación de valor es colectiva y el riesgo se reparte a lo largo de varios actores, la distribución de los beneficios debería reflejar eso -dijo a CIPER.

Para Mazzucato, lo que no se debe olvidar es que el sector privado no innova desde la nada: lo que hace es “surfear en una ola gigante de tecnología desarrollada con recursos públicos”, escribe en su libro.

Por eso, cuando en 2013 Apple repartió US$100 mil millones en dividendos para sus accionistas, Mazzucato argumentó que dada la relevancia que tenía el Estado en su tecnología, los contribuyentes estadounidenses poseían un derecho superior sobre esos ingresos que los accionistas.

Apple ha sido experta en privatizar al máximo esos rendimientos, desarrollando esquemas de elusión tributaria para pagar poquísimos impuestos, lo que ha sido investigado por las cortes a ambos lados del Atlántico y también por el Senado norteamericano.

En estas prácticas de elusión, Mazzucato ve la forma más dañina que adopta la corrupción:

-En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó una norma tributaria llamada “Patent box”, que fue propuesta por el lobby de la farmacéutica GlaxoSmithKline, aparentemente para promover la innovación. Pero lo que hace esta política es llevar millones a los paraísos tributarios sin afectar la innovación para nada. Y la consiguieron a través del lobby. Pienso que afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, porque nadie votó por GlaxoSmithKline, no es parte de un proceso democrático. Hoy hay muchos escándalos en Latinoamérica pero me parece que la mayoría de los casos son cosas bastante obvias que todos conocen. Las prácticas más perversas son aquellas de las que nadie se da cuenta porque continúan por mucho tiempo y se presentan como parte de una política de crecimiento -explica

Mazzucato no pretende que Apple desaparezca, pero sostiene que para que las economías funcionen hay que aprender a domar a esas corporaciones. Y la forma de hacerlo –dice- no es a través de beneficios tributarios (como el citado “patent box”) sino “a través de acuerdos simbióticos”. Da un ejemplo:

-A comienzos de los años 20 el gobierno de Estados Unidos permitió a la empresa AT&T mantener el monopolio del sistema telefónico siempre que reinvirtiera sus beneficios en investigación: ese fue el origen de Bell Labs, que jugó un rol clave en la revolución de las comunicaciones. Del mismo modo podríamos pedirle a las grandes farmacéuticas de hoy, que se benefician de miles de millones de dólares del sector público, que reinvirtieran sus utilidades en innovación y no como hacen ahora, que gastan más en la compra de acciones (sobre todo en comprar sus propias acciones) que en I+D. Otras estrategias podrían ser que las agencias públicas que invierten en las etapas tempranas de las compañías pudieran retener royalties o acciones por un tiempo, tal como lo hacen los capitales de riesgo.

¿Y El APPLE DE LA URSS?

Las ideas claves de Mazzucato se pueden deducir del caso de Apple. Y un punto central es que al rescatar al Estado del olvido, la economista no busca que reemplace a las empresas, sino que se produzca una simbiosis entre ambos actores. Para la economista, el Estado no es suficiente y el mismo caso Apple lo demuestra. Si es cierto que la tecnología que usa Apple es el resultado de la inversión pública norteamericana para ganar la carrera espacial y armamentista, ¿por qué la economía de la URSS no fue capaz también de producir una variedad similar de bienes?

En Chile, para reforzar la idea de que lo privado es bueno y moderno y lo estatal es malo y anticuado, se dice que lo producido en los países de la órbita socialista era de mala calidad. Eso, sin embargo, no explica el hecho de que la URSS logró poner al primer astronauta en el espacio y desarrollar una compleja y poderosa industria bélica equivalente a la estadounidense, capaz de construir portaviones, jets de combate y misiles nucleares. El punto, entonces, no es que ese país careciera de tecnología muy avanzada, sino por qué esos conocimientos no se expandieron al resto de la sociedad.

Mariana-Mazzucato-libroLa respuesta de Mazzucato está en la existencia de empresas. Si bien la ex URSS muestra (otra vez) que el aparato público es el que tiene la fuerza para mover las fronteras del conocimiento, también remarca que para que ese conocimiento se transforme en crecimiento económico se requiere de una extensa y activa red que haga esa tarea:

-Una de las lecciones más importantes del derrumbe de ex URSS es que los beneficios de los avances tecnológicos que consiguió no se distribuyeron a lo largo de la economía. Por ejemplo, en los ´80 Japón tenía menos investigación y desarrollo (I+D) que la Unión Soviética, pero se enfocaba en muchas más áreas y tenía una red de organizaciones públicas y privadas que podían difundir los nuevos conocimientos a través de la economía -explica.

Un segundo asunto clave que se desprende de la historia de Apple, es que gran parte del avance tecnológico que explota esa empresa se generó de una forma particular: no porque Estados Unidos hubiera específicamente querido incentivar la fabricación de celulares o computadores personales. Lo que ese país se propuso fue algo realmente ambicioso: llegar a la Luna. Y para conseguir esa meta muchos sectores económicos tuvieron que proveer soluciones técnicas, es decir innovar. Mazzucato deduce de eso que un rol clave del Estado está en establecer misiones, determinar problemas globales para cuya solución sea necesario que muchos sectores se involucren, se modernicen, crezcan:

-El desafío espacial implicó el desarrollo de una docena de distintos sectores que tuvieron que aportar soluciones para hacer ese logro posible y que se revitalizaron en ese proceso. Del mismo modo, el desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo -afirma.

Así como el desarrollo de la energía solar, el problema de la escasez de agua, las enfermedades, hay un centenar de asuntos que los Estados podrían asumir como misiones y que en el intento de buscar mover las fronteras del conocimiento podrían generar el crecimiento de distintas áreas de la economía.

Mazzucato cita un ejemplo actual: el boom que vive la industria del acero de Alemania en oposición a la crítica situación de la industria inglesa. Argumenta que Alemania reinventó su industria enfocándose en el reciclado del acero más que en la producción. Pero lo interesante, puntualiza, es que “este enfoque se derivó de la inversión del Estado en energías renovables. Es decir, es la búsqueda de tecnologías limpias lo que llevó a replantearse la forma de producir acero y ha introducido cambios en muchas otras industrias. Esto muestra cómo la misión asumida por el Estado de realizar investigación de energías renovables, puede activar otros sectores”.

POR FAVOR, ALIMENTE A LOS ANIMALES

Esta forma de promover la innovación y la productividad está en las antípodas de lo que en Chile se considera una estrategia apropiada. Desde la dictadura en adelante la única injerencia pública aceptada (en el área de la producción) es la provisión de las condiciones básicas (seguridad policial, infraestructura, estabilidad macroeconómica para que haya financiamiento, etc.) para que las empresas sean las protagonistas del desarrollo. Cada paso más allá, se dice, introduce distorsiones en el mercado, lo hace más ineficiente e improductivo.

El economista Luigi Zingales, autor del libro Salvando al capitalismo de los capitalistas, resume las bondades de esta “falta de política pública” recordando el letrero que se instala en los parques nacionales: “No alimente a los animales salvajes”. La razón de ese letrero, dice Zingales, es que si los turistas los alimentan, se vuelven flojos y pierden su capacidad de alimentarse por sí mismos. “Lo mismo debiera establecerse para las empresas” explicó Zingales: “Lo digo no porque no me gusten las empresas, sino porque me gustan, pero no quiero que sean subsidiadas ni favorecidas por el gobierno, porque de esa forma se hace a los empresarios flojos e incapaces de competir en el mercado mundial”.

En Chile, una gran cantidad de pequeñas empresas se crea cada año. Y se hacen políticas para que cada día surjan mas, sobre todo tecnológicas. Pero según los datos del Ministerio de Economía más del 60% de las empresas que hay actualmente son de tamaño “micro”, y cerca de la mitad de ellas deja de existir antes de los tres años. La teoría no se preocupa de eso pues así es la destrucción creadora descrita por Schumpeter: las más competitivas e innovadoras sobrevivirán y de ese proceso saldrá la nueva Apple y el nuevo Steve Jobs.

El desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos (las empresas privadas) no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo

Lamentablemente, según escribe Mazzucato, esas expectativas no se ajustan a la evidencia internacional. Las empresas pequeñas escasamente invierten en I+D, no tienen recursos para hacerlo y usualmente son menos eficientes e innovadoras. De hecho, apunta Mazzucato, la innovación no se genera en países con muchas pequeñas empresas como Chile;  sino en países con un nutrido grupo de medianas y grandes firmas y pocas firmas pequeñas. Es decir, para que haya innovación, una parte de las microempresas que mueren cada año en Chile debiera crecer hasta un tamaño medio.

Por ello la economista cree que el esfuerzo público no se debe dirigir a impulsar la aparición de más emprendimientos, sino que a generar un “ecosistema” que les permita crecer a las que ya se han formado. En el caso estadounidense, dice, el ecosistema tecnológico se nutrió y creció con la investigación financiada por el gobierno, ya sea porque las firmas accedieron directamente a los fondos de investigación (como Apple, Compaq o Intel) o porque supieron comercializar la tecnología que el Estado había pagado (como Apple y Google).

Contradiciendo a Zingales, la economista Mazzucato dijo a CIPER que ese ecosistema debe proveer a las empresas de un “paciente y estratégico financiamiento de largo plazo que permita a las pequeñas compañías emprender, innovar y tener tiempo para comercializarse”.

Es decir, para Mazzucato el Estado no puede reducirse a proveer el mínimo:

-Yo planteo una alianza entre el Estado y el sector privado. Pero para que la alianza sea  provechosa, hay que tener una mejor idea de qué es lo que el Estado puede aportar. Si se limita a crear las condiciones básicas, la alianza no producirá lo que la economía necesita para crecer e innovar. En ese sentido, mi propuesta de que el Estado actúe movido por “misiones” busca enfatizar que el problema de la innovación y el crecimiento no se resuelve actuando sobre áreas específicas de la economía, sino abordando grandes problemas cuya solución obliga a dinamizar a muchos sectores. Para lograr eso, el rol del sector público no puede ser sólo subsidiar, sino directamente invertir en áreas que necesitan mucho capital y son riesgosas y donde el sector privado no está dispuesto a invertir.

Respecto de esto último, la economista recuerda que a diferencia de lo que se suele repetir, Silicon Valley no se levantó con capital de riesgo sino que este llegó luego de que el negocio se echó a andar y ya no era tan riesgoso.

-El mundo está lleno de financiamiento impaciente que inhibe el crecimiento de las empresas –afirma.

La propuesta de Mazzucato no es sencilla de materializar en Chile. No solo porque choca con la extendida convicción de que el Estado no debe interferir en la producción de bienes, sino porque cuando hablamos de mover las fronteras del conocimiento, la posibilidad de fracaso es alta y es necesario generar una cultura pública que soporte el fracaso y persista. Por ejemplo, si el gobierno se involucra en la “misión” de desarrollar energía solar, ¿cuánto tiempo puede estar ese proyecto perdiendo dinero? ¿Cuántos fracasos puede soportar el sistema, la oposición política o la prensa antes de hablar de desfalco?

bad-samaritansHa-Joon Chang en su libro Malos Samaritanos da el ejemplo de Toyota, cuya historia puede dejar más claro el coraje y la actitud que requieren la innovación. En 1933, cuando Toyota era solo una industria textil, comenzó a recibir grandes cantidades de recursos públicos para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y en los que se supervigiló estrictamente los planes y las metas de esta transformación. Cuando finalmente en 1958 colocaron el primer auto en el mercado norteamericano, fue un fracaso y debieron retirarlo. Hoy sabemos el final exitoso de esa historia, pero en ese momento la opción era renunciar y tirar a la basura los millones invertidos o persistir y correr el riesgo de seguir perdiendo.

Emprender aventuras de esa naturaleza requiere una mirada compartida del desarrollo que no es fácil de lograr. Se necesita, pareciera, un cierto desarrollo social para emprender esa marcha a un desarrollo económico. En ese sentido, Mazzucato argumenta que para materializar una alianza entre Estado y privados, es necesario desarrollar una forma de evaluar los resultados que supere la evaluación de fracaso que hace el mundo financiero. También es necesario crear organizaciones públicas que exploren y tomen riesgos; e invertir en el sector público de modo de “dotarlo de capacidad de hacer”, remplazando las políticas de tercerización que lo desmontan. Finalmente, como el fracaso es una posibilidad real “es necesaria una mejor distribución de los riesgos y de los premios cuando hay éxito”.

Aunque los problemas no son menores, Mariana Mazzucato cree que este tipo de políticas tiene un futuro promisorio:

-En el pasado, el desafío principal fue el desarrollo de complejos militares aeronáuticos. En el futuro estos desafíos estarán más relacionados con energía, salud y con desafíos socio-tecnológicos. Tenemos cientos de problemas cruciales que resolver y en los que el Estado y los privados pueden trabajar juntos en el marco de una misión -dijo Mazzucato a CIPER.

* Esta entrevista es parte de una serie sobre desarrollo y productividad con investigadores como Ben Ross Schneider (MIT) y Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge) que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y que vías hay para enfrentar ese problema.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF

La compra del Canal del Fútbol (CDF) está en su recta final y aún no hay certeza de cómo se cerrará un negocio que está valorado en US$900 millones, el más importante del fútbol criollo. En la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) poco se comenta sobre el tema: “Hay cosas más importantes”, es la respuesta cuando se pregunta en la sede de Quilín por el estado del negocio. Como si la instalación del nuevo DT de la Roja tuviese más peso en los clubes que los más de $40 mil millones que les reparte por año el CDF. Esa sola cifra indica que no hay algo más gravitante para los dueños de los equipos que el cierre de este contrato, que debe quedar finiquitado el próximo 31 de marzo. De hecho, hay clubes que arriesgan la quiebra sin los dineros que reciben del CDF, como sucede con Wanderers.

La ANFP ya formalizó su intención de adquirir el 20% del CDF que está en manos de inversionistas liderados por Jorge Claro. El tema es cómo se va a financiar esa adquisición, pues el porcentaje que controla Claro está valorado en US$180 millones. Una posibilidad es recurrir a un préstamo sindicado (otorgado por varios bancos). Otra es concesionar la señal a una cadena internacional por un periodo de tiempo, a cambio de que facilite el financiamiento de la compra. Una tercera vía es vender completamente el CDF y repartir el dinero entre los clubes, oferta que ha sido formulada por las cadenas Turner y la catarí BeIN Sports.

El tema fue uno de los puntos centrales abordado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en su sesión de este jueves 4 de febrero, la primera dirigida por Arturo Salah. Entre los clubes, el ofrecimiento más seductor es el de la cadena FOX. CIPER consultó tanto a FOX como a la ANFP si esta oferta se había formalizado, pero de la primera no recibió respuesta y en la segunda informaron que no hablarían por el momento sobre los detalles del negocio.

directorioanfpNo obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

Algunos clubes conocieron en reuniones informales la oferta de FOX en 2015. Los detalles del ofrecimiento se esparcieron entre los integrantes del Consejo de Presidentes. En ese círculo se señala que el lobby a favor de la cadena estadounidense lo lideran Mario Conca -hombre de confianza del dueño del club Universidad de Chile, Carlos Heller– y Cristián Varela, socio de la productora ChileFilms (ver reportaje de CIPER “Cristián Varela, dueño de ChileFilms: el primer ganador de la Copa América”).

La oferta de FOX es repartir $45 mil millones anuales a los clubes, con un aumento de 5% cada año, a cambio de la concesión del CDF por 12 años. La fórmula se basa en una agresiva planificación tributaria destinada a rebajar el pago de impuestos del CDF para aumentar la cifra a repartir entre los clubes (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF). Lo que seduce a los clubes es mantener el nivel de ingresos actual y no perder la propiedad de esta verdadera mina de oro del fútbol local.

En medio de las turbulencias provocadas por la caída del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, el 26 de noviembre FOX anunció que desistía de pujar por el CDF. No obstante, volvió a la carga tras la llegada del nuevo directorio comandado por Arturo Salah. Pero la ANFP tendrá que medir muy bien sus pasos antes de embarcarse en un negocio con FOX, debido a que el nombre de esa cadena ya figura en la carpeta de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien investiga los sobornos pagados a los dirigentes de la FIFA y de la Confederación Sudamericana (Conmebol).

En esa pesquisa sobre la Conmebol apareció el nombre de una empresa constituida en el paraíso fiscal de Islas Caimán en 1997: T&T Sports Marketing. En la propiedad de T&T se unieron dos gigantes de los negocios oscuros ligados al fútbol latinoamericano: la brasileña Traffic y la argentina Torneos. Es la huella de T&T la que ha salpicado ahora a FOX.

El 3 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió sus acusaciones en la investigación a la Conmebol e indicó que “tres ejecutivos asociados con T&T” sobornaron a lo menos a 15 dirigentes sudamericanos para obtener los derechos de las copas continentales de clubes (Libertadores y Sudamericana). Uno de esos ejecutivos -se lee en el documento- es el argentino Alejandro Burzaco, controlador de la empresa Torneos, quien ya declaró ante la justicia de Estados Unidos. Es decir, T&T habría sido el brazo operativo que pagó las coimas a la plana mayor de la Conmebol, entidad en la que participaba el chileno Sergio Jadue, quien recibió US$2,2 millones en sobornos.

Sede Conmebol
Sede Conmebol

Según señala la investigación de la fiscal Lynch, T&T Sports Marketing es propiedad de Torneos y “un grupo de inversores que incluye una filial de una importante compañía de Estados Unidos cuya identidad es conocida por el gran jurado”.

Esa filial de una “importante compañía” es Fox Pan American Sports, una subsidiaria del conglomerado 21st Century Fox.Según documentación entregada por la propia cadena FOX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), T&T es considerada como subsidiaria de 21st Century Fox (Ver el documento). Esa información fue proporcionada a la SEC en 2014.

Según reportó Wall Street Journal el año pasado, Fox Pan American Sports adquirió en 2011 el 50% de T&T. En la misma nota del diario se cita a una portavoz de Fox que argumenta que la compañía no tiene control operacional sobre T&T.

En todo caso, ya en 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), había acreditado que la cadena FOX, a través de Pan American Sports, era propietaria del 50% de T&T Sports Marketing. El porcentaje restante pertenecía a Torneos y, en menor medida, a un fondo de inversión. A pesar de los vínculos establecidos en los documentos de la SEC de Estados Unidos y en los registros de la CNDC argentina, la acusación de la fiscal Lynch no se dirige ni contra FOX ni contra T&T (Ver documento).

CIPER pidió entrevistas y envió preguntas a los responsables de FOX para Latinoamérica, pero no obtuvo respuesta.

CAMBIO EN EL EQUIPO

Fox Pan American Sports, la propietaria del 50% de T&T, es operada por la cadena estadounidense a través de Fox International Channels (FIC). El 12 de enero pasado el mercado internacional de la TV fue sacudido por una noticia que no estaba en los cálculos de los entendidos: el máximo jefe de FIC, el argentino Hernán López, abandonó ese puesto y anunció que se dedicaría a montar un negocio personal de podcast en línea.

López es considerado un crack del negocio de la TV. Tras cinco años como CEO de Fox International Channelsy 18 trabajando para FOX, se estima que fue el principal artífice de la expansión global de esa cadena, que pasó de facturar US$30 millones a US$3 mil millones por año, como él mismo lo deja entrever en su carta de despedida.

En FOX justificaron su salida como parte de la reorganización que realizará la compañía para manejar los 350 canales que posee en el mundo. Sin embargo, ejecutivos ligados a los negocios de la TV estiman que la inesperada salida de López podría ser parte de una operación de “control de daños” en caso de que la investigación de la fiscal Lynch se oriente a escarbar en la relación de T&T con Fox International Channels, el brazo del grupo FOX que dirigía el argentino.

LA GÉNESIS DEL NEGOCIO

El vínculo entre FOX y T&T se empezó a tejer a principios de 2002. Entonces se forjó una alianza comercial entre Liberty Media, PSE Holdings e International Sports Programming, las que constituyeron Fox Pan American Sports en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, donde se registran más corporaciones que habitantes.

camaradosCDFSegún la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya Caras y Caretas, el acuerdo entre las tres empresas fue el siguiente: Fox aportaba dinero y sus activos de los canales Fox Sports Latin America y Fox Sports World Español, mientras que Liberty colocaba capital efectivo y PSE Holdings entregaba su participación de 50% en T&T Sports Marketing. Al mismo tiempo, Liberty ya tenía acciones de Torneos, empresa que controlaba una porción de T&T.

En 2004 la CNDC argentina revisó la concentración económica que significaría esta alianza. Fue entonces cuando dejó establecido que FOX tenía el 50% de las acciones de T&T y que por su ingreso a esa compañía había negociado “los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la nueva Copa Panamericana” (Ver documento). De esta manera, se daba la paradoja de que la empresa que compraba los derechos televisivos de los torneos continentales de clubes -T&T, perteneciente a Fox- los revendía a su propio socio mayoritario.

T&T es la predecesora de la empresa investigada por pagar coimas para quedarse con los derechos de la Copa América: Datisa, cuyo nombre de fantasía es WeMatch. De hecho, Datisa reúne en su propiedad a tres compañías, dos de las cuales eran las controladoras originales de T&T: Traffic y Torneos. A ellas se unió la argentina Full Play. Los sobornos por la Copa América fueron acordados por Datisa y los dirigentes de la Conmebol.

FOX, Datisa y Full Play no son las únicas compañías que tienen vínculos con T&T Sports Marketing. De manera indirecta, DirecTV tambiénmantiene lazos con T&T. La operadora de televisión satelital, que cuenta con casi 20 millones de suscriptores en Latinoamérica, es propietaria de un 40% de Torneos, la que a su vez participa en la propiedad de T&T y Datisa. Incluso, DirecTV tiene registrada a T&T como una subsidiaria ante la SEC estadounidense (Ver ese registro de la SEC).

EL FACTOR URUGUAYO

El vínculo de FOX con el fútbol sudamericano ya suma casi 15 años. Desde 2002 transmite sus torneos continentales y últimamente agregó partidos clasificatorios para el Mundial. De hecho, puede transmitir en la TV por cable los partidos que la Roja juega en Chile gracias a un acuerdo entre Fox Sports y MegaSports, la empresa de Carlos Heller que ostenta los derechos de la selección nacional hasta Rusia 2018 (vea reportaje de CIPER “Copa América: las huellas en Chile de los empresarios del fútbol internacional acusados de corrupción).

Si FOX pudo transmitir entre 2002 y 2015 las copas Libertadores y Sudamericana, fue porque T&T le vendió los derechos de esos torneos. La Conmebol le había entregado a T&T la exclusividad de esas competencias hasta 2022. Así, FOX no sólo es dueña del 50% de T&T, sino que también era su mejor cliente. Esta suerte de “intermediación” de T&T, que recibía los derechos de la Conmebol para entregárselos a FOX, navegó sin contratiempos hasta 2015, año en que se destapó en Estados Unidos el pago de los sobornos. En noviembre del 2015 la confederación decidió suspender el trato que tenía con T&T hasta 2022 y renegociar directamente los derechos con Fox International Channel (FIC) (Ver el contrato 2002 y la renegociación con FIC).

Wilmar Valdez, presidente AUF.
Wilmar Valdez, presidente AUF.

En declaraciones recogidas por el diario uruguayo El Observador, el ex timonel interino de la Conmebol tras las detenciones de sus dirigentes titulares, Wilmar Valdez, señaló que la confederación resolvió renegociar los derechos de los torneos continentales con FOX a fines de 2015, debido a que temía acciones legales de la cadena, que quedaba fuera del negocio por la salida de T&T. La Conmebol renegoció con Fox International Channels (FIC), cuando todavía la dirigía el argentino Hernán López, y le entregó a FOX los derechos de las copas hasta 2018. Desde 2019, dijo Valdez, el negocio será licitado.

Gran parte de la documentación que acredita las irregularidades de la relación entre T&T y la Conmebol ha visto la luz gracias a las recientes investigaciones de la prensa de Uruguay, impulsadas por un proceso judicial que se inició por la acusación del empresario de la TV local Francisco “Paco” Casal. El dueño del canal GolTV denunció que la Conmebol decidió entregar los derechos de las copas continentales de clubes a T&T a pesar de que él había hecho una oferta sustancialmente mayor.

La acusación de Casal es tramitada en la Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay. Según alega el dueño de GolTV, la decisión de la Conmebol de rechazar su oferta y vender los derechos a T&T en US$372 millones, privó a la confederación de recibir US$433 millones adicionales. Casal sostiene que esto constituye un ilícito que lesionó el patrimonio de la Conmebol, de sus asociaciones nacionales federadas y de los clubes, que no recibieron todo el dinero que les correspondía por participar en esos torneos.

Inicialmente, siete clubes de Uruguay, incluido el popular Peñarol, respaldaron la denuncia. Pero luego desistieron y la acusación ahora sólo está apadrinada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas (Mufp). Dirigentes de clubes uruguayos han revelado que fueron sometidos a presiones por Gorka Villar -ejecutivo de la Conmebol e hijo del presidente del fútbol español, Ángel María Villar-, quien los habría amenazado con dejar al fútbol uruguayo fuera de las competencias internacionales si persistían en estas denuncias.

Fue en Uruguay también donde el miércoles de esta semana la U. de Chile enfrentó a River Plate de Montevideo, en la primera acción de un elenco nacional en esta nueva versión de la Copa Libertadores. Allí, las radios chilenas que quisieron transmitir el cotejo se encontraron con la negativa de FOX. Según una nota de El Dínamo, la cadena les cobraba US$70 mil (unos $50 millones) por los derechos de transmisión del torneo. En los círculos de la ANFP algunos interpretaron este round como un adelanto de los obstáculos que pueden suscitarse si no hay un buen entendimiento con la cadena en el negocio del CDF.

El popular relator de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, no se amilanó con ese golpe: “Llegó el canal fome y nos está matando”.

Universidad Autónoma: Las pruebas del lucro de la privada que ingresó a la gratuidad

Un oficio que ingresó al Ministerio de Educación el 28 de diciembre de 2015, firmado por Jaime Ribera Neumann, secretario general de la Universidad Autónoma, le permitió a esa universidad acceder al sistema de gratuidad que debutó en 2016, vía glosa presupuestaria. El escueto oficio informaba que el 19 de noviembre se había procedido al retiro de las dos sociedades con fines de lucro que integraban su asamblea de socios, la controladora del plantel: el Instituto de Ciencias Aplicadas S.A. y la Academia de Estudios Nacionales S.A., ambas propiedad de la familia Ribera Neumann, actual dueña de la Autónoma.

El oficio llegó al Mineduc al filo del límite. Y el apuro se entiende: si bien contaban con los cuatro años de acreditación mínima exigida (otorgada a fines de 2015 por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), había que subsanar como fuera el último obstáculo para acceder a los recursos estatales que llegarían con la gratuidad. Y uno de los requisitos era que entre los socios de la corporación no hubiera sociedades con fines comerciales.

Fue así como la Autónoma se convirtió en una de las cinco privadas no tradicionales que ingresaron al sistema. Y su apuesta hasta ahora le ha rendido frutos: el 24 de diciembre La Tercera informó que 8.500 estudiantes de ese plantel podrían estudiar con pago directo del Estado, una cifra superior a la que suman las otras casas de estudios privadas no tradicionales que se incorporaron al sistema: las universidades Alberto Hurtado, Finis Terrae, Católica Silva Henríquez y Diego Portales.

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Teodoro Ribera Neumann

La familia Ribera Neumann puede mirar con optimismo lo que viene. Y ello, a pesar de que la Universidad Autónoma está entre las 12 universidades investigadas por el Ministerio Público por violar la prohibición de la ley que impide a sus controladores retirar utilidades. Sus dueños saben que esa indagatoria no terminará en sanción judicial: hasta hoy no existe un reglamento que norme qué es lucro y que establezca las sanciones para los que violan la ley. Aún cuando en el expediente que llevan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena están las pruebas de cómo sus controladores obtuvieron ganancias ilícitas a través de sus sociedades relacionadas, ello no le impidió acceder a la gratuidad.

La investigación judicial no ha concluido, y en ella han declarado 17 miembros de la familia Ribera Neumann que han ocupado cargos en la institución o que figuran recibiendo dinero de ella.

Un informe de la PDI estableció que entre 2008 y 2012 la Universidad Autónoma le pagó $7.174 millones a sociedades relacionadas a sus dueños, o bien directamente a personas de la familia Ribera Neumann. También se acreditó que a fines de 2013 la familia retiró utilidades desde dos sociedades creadas especialmente para arrendar inmuebles a la universidad: Autónoma El Llano S.A. e Inmobiliaria Autónoma S.A.

La modificación express que realizaron los dueños de la Autónoma a fines de 2015, al sacar de la instancia que controla el plantel las dos sociedades con fines de lucro, es el último eslabón de una cadena de sociedades relacionadas que le permitieron a la familia Ribera Neumann retirar utilidades de esa universidad durante más de 20 años. Una historia que se inició cuando en 1989 la familia creó –junto a otros profesionales de Temuco- la primera universidad privada en el sur de Chile.

Desde entonces, la Universidad Autónoma se ha ido transformando en una de los planteles con más estudiantes en el país: en 2015 su matrícula de pregrado llegó a 20.229 alumnos. Las cifras indican que los dineros públicos que captará la Autónoma a partir de 2016 se incrementarán. Hasta ahora, los fondos estatales representaban una parte mínima del total de ingresos operacionales del plantel: $421 millones entre 2005 y 2012 por Aporte Fiscal Indirecto (dinero que entregaba el Mineduc a los mejores puntajes PSU para que estudiaran en la institución que eligieran) y $7.200 millones entre 2005 y 2013, gracias a las diferentes becas que entrega el Estado.

Siendo una universidad que recluta un porcentaje importante de alumnos en sectores de bajos ingresos (el 96,3% de sus estudiantes proviene de colegios municipales y subvencionados), su mayor flujo externo provino del Crédito con Aval del Estado (CAE), sistema que opera gracias a la garantía que el Fisco ofrece a la banca privada. Entre 2007 y 2012 la Universidad Autónoma recibió $81 mil millones por sus alumnos acogidos al CAE.

Los dueños de la universidad -la familia Ribera Neumann- son un grupo experto en el manejo de la ley: el padre, Teodoro Ribera Beneit (quien falleció en noviembre de 2015) y sus seis hijos (Teodoro, Jaime, Pilar, Ana María, María Eugenia y Ximena Ribera Neumann) son abogados. El actual rector, Teodoro Ribera Neumann, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, fue diputado por dos periodos (1990-1998) por el distrito 51 (Freire y Nueva Imperial), luego pasó a ser ministro del Tribunal Constitucional y durante el gobierno de Sebastián Piñera ejerció como titular de Justicia, hasta que el escándalo de las acreditaciones fraudulentas lo obligó a abandonar el cargo debido a su relación con el que fuera presidente (s) de la CNA, Luis Eugenio Díaz, formalizado y a la espera de su condena por vender acreditaciones universitarias.

ARRIENDOS: LA RUTA DEL LUCRO

A fines de 2012 el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI obtener la información contable de la Universidad Autónoma entre 2005 y 2012, con énfasis en los contratos de arriendo contraídos por esa casa de estudios para sus sedes. En medio de la tormenta generada por las movilizaciones estudiantiles que cuestionaron el lucro en muchas universidades, se inició la investigación del Ministerio Público. El detonante fue el informe que entregó la Cámara de Diputados con antecedentes de 12 universidades bajo sospecha. Entre ellas figuraba la Universidad Autónoma.

Una de las fórmulas más utilizadas por los dueños de universidades privadas en Chile para evadir la ley y hacer negocios con la educación, es la creación de inmobiliarias. La Universidad Autónoma no es la excepción: durante años sus controladores utilizaron la misma fórmula para retirar utilidades.

u-autonoma-2Un informe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos de la PDI, fechado en octubre de 2014, analizó detalladamente la situación contable de la universidad, así como los pagos realizados a sociedades relacionadas y los contratos de arriendo con inmobiliarias de la familia Ribera Neumann. En sus conclusiones señaló la contradicción entre manejar una corporación sin fines de lucro –la Universidad Autónoma- y a la vez realizar negocios a través de ella:

“Respecto de las sociedades Inmobiliaria Autónoma S.A. e Inmobiliaria El Llano S.A., si bien se determinó que han arrendado inmuebles a la universidad para los fines u objetos sociales que esta persigue y que por este concepto han recibido rentas mensuales de arrendamiento, debe señalarse que constituyen un modelo de negocio que sigue un patrón similar en las universidades que son objeto de esta indagatoria, en que los socios activos de una corporación universitaria, sean personas naturales o jurídicas, o sus directivos, son a su vez dueños de empresas que prestan servicio a la misma de cualquier naturaleza o le arriendan inmuebles, lo que contrapone los intereses de los mismos, ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

El mismo informe de la PDI estableció que las inmobiliarias de los Ribera que arriendan inmuebles a la universidad “han obtenido beneficios/utilidades económicas de esta actividad, como es lo esperado, lo que ha permitido que a fines del año pasado (2013) las inmobiliarias Autónoma y El Llano S.A. hayan repartido utilidades entre sus socios que se componen por Inmobiliaria Gaudí, (ex Inmobiliaria Teodoro Ribera y Cia.), los hermanos Ribera Neumann y otros asociados que también son parte del grupo familiar”.

Solo a la inmobiliaria Autónoma El Llano, que le arrienda edificios a la universidad en la comuna de San Miguel, se le pagaron $2.100 millones entre 2011 y 2012. A la Inmobiliaria Autónoma, que le arrendó edificios en Temuco y que fue absorbida en 2014 por la universidad, se le pagaron entre 2009 y 2012, otros $2 mil millones.

NEGOCIOS EN SAN MIGUEL

En 2002 el Consejo Superior de Educación le otorgó la autonomía a la entonces Universidad Autónoma del Sur, paso indispensable para iniciar su expansión desde Temuco. Un año después, en enero de 2003, inauguró su sede en Talca y a los cinco meses, en mayo del mismo año, su primera sede en Santiago.

San Miguel fue la comuna elegida para su estreno en la capital. Y lo hizo en un inmueble ocupado por la agonizante Universidad de San Andrés – fue absorbida por la Autónoma-, ubicado en Ricardo Morales 3369, que en su inicio fue arrendado al municipio y luego formó parte de las operaciones inmobiliarias de la familia Ribera.

El 14 de octubre de 2003 se firmó un contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de San Miguel y la Universidad Autónoma, por un monto mensual de $10 millones (revisar contrato). Como representante de la casa de estudios firmó Teodoro Ribera Neumann, mientras que por el municipio lo hizo el entonces alcalde Eduardo Ramírez Cruz (UDI).

Al término del contrato, la Municipalidad de San Miguel realizó una licitación pública para vender el inmueble. En 2004 se lo adjudicó la Inmobiliaria Gaudi –propiedad de la familia Ribera-, luego de ofrecer $1.850 millones, pagados en dos tandas: $1.170 millones el 18 de junio de 2004 y más de $680 millones en enero de 2005 (revisar contrato). Pero el traspaso definitivo del edificio no fue simple.

La licitación fue impugnada y el proceso llegó a tribunales, los que ordenaron restituir el inmueble al municipio. No fue posible debido a las múltiples transacciones y transferencias que la Inmobiliaria Gaudi había realizado. Finalmente, en 2010, la municipalidad optó por aceptar los $300 millones en becas en la Autónoma que la Inmobiliaria Gaudí había ofrecido en 2004. “Son $50 millones por año, hasta que los recursos se agoten. Hasta el día de hoy tenemos alumnos becados en la Universidad Autónoma”, afirmó a CIPER el administrador de San Miguel, Julio Zúñiga (revisar contrato). CIPER recorrió notarías y revisó escrituras públicas para reconstruir la ruta seguida por los dueños de la Autónoma con el inmueble de San Miguel.

El 21 de septiembre de 2004, apenas Gaudí ganó la licitación del terreno, se lo traspasó a otra sociedad de la misma familia Ribera: Autónoma El Llano S.A., constituida ese mismo 21 de septiembre de 2004, en Temuco. Sus socios son Inmobiliaria Gaudí y Pilar Ribera Neumann. Fue creada con $2 mil millones de capital, casi la cifra exacta de la valoración de la propiedad que le traspasó Inmobiliaria Gaudí.

Poco después, el 11 de febrero de 2005, Autónoma El Llano firmó un contrato de compraventa con el Banco BBVA y le traspasó el inmueble de Ricardo Morales 3369 por $1.450 millones, monto que el banco pagó al contado. A este contrato tipo leaseback recurre una empresa cuando necesita dinero fresco, implica el traspaso de un inmueble a un banco para luego arrendárselo a través de pagos mensuales, los que en un plazo determinado le dan la opción al dueño original de recomprarlo. Es la misma figura utilizada por los dueños de la Universidad Mayor, la que generó la sospecha del Ministerio de Educación que abrió una investigación por posible lucro (ver reportaje de CIPER)

El objetivo de esta jugada financiera queda claro en el artículo 19 del contrato revisado por CIPER: saldar una deuda de Inmobiliaria Gaudí con el Banco BBVA. Allí se señala: “Teodoro Ribera Neumann confiere a BBVA mandato mercantil irrevocable y gratuito para que el producto de la compra venta celebrada con esta última (…) sea destinado al pago de las obligaciones que mantiene la Inmobiliaria Gaudí con BBVA, devolviendo la mandante el remanente si lo hubiera”.

El contrato entre Autónoma El Llano y el Banco BBVA estipuló pagos mensuales en cuotas que fluctuaron entre $13 y $15,4 millones durante 10 años (revisar resumen del contrato leaseback). No fue ese el precio de arriendo que le fijo la inmobiliaria de la familia Ribera Neumann a la universidad. El 20 de marzo de 2006, Autónoma El Llano le subarrendó el edificio en San Miguel a la Autónoma por $18,5 millones mensuales (pactado en UF, cuyo valor es de esa fecha), excepto marzo, mes en que el monto subió a $70 millones. Dos años después, el 20 de marzo de 2008, ese contrato se modificó y las rentas se elevaron: desde entonces la universidad debió pagarle $40,1 millones mensuales (UF de la fecha).

En síntesis, la familia Ribera le vendió el inmueble donde funciona el Campus San Miguel de la Universidad Autónoma al Banco BBVA en un leaseback, con el que pagó una deuda de su Inmobiliaria Gaudí con esa casa financiera, y luego hizo que la universidad –con el flujo proveniente de los aranceles pagados por los estudiantes- se hiciera cargo del pago de las cuotas mensuales. La recompra del inmueble la hizo efectiva Autónoma El Llano el 10 de agosto de 2015, cuando pagó la última cuota del leaseback por $18,7 millones. Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la propiedad del inmueble se mantiene en manos de la sociedad comercial de la familia Ribera.

No fue la única operación inmobiliaria en San Miguel. Autónoma El Llano firmó otro contrato de arriendo con la universidad, esta vez por el edificio donde funciona el centro deportivo y dental del plantel, en Subercaseaux 2801. El 4 de enero de 2010 se firmó el contrato por $20,6 millones mensuales, y una cuota excepcional en marzo de cada año por $61,8 millones. A pesar de que el contrato tenía una duración de 10 años, el 28 de diciembre de 2011 la inmobiliaria decidió venderle el inmueble a la universidad por $329 millones pagados al contado y $1.622 millones en deuda hipotecaria con el banco BBVA.

Sobre esa venta, el secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, afirmó ante la PDI en 2014: “En 2011, ante un cambio en el entorno social, se procedió a comprar una parte de estas propiedades a la inmobiliaria Autónoma El Llano, principalmente el futuro centro de salud y dental”.

Otro edificio del Campus San Miguel, ubicado en Subercaseaux 1404, fue arrendado por Autónoma El Llano a la universidad el 1 de enero de 2010 por $25,9 millones mensuales, más un pago extraordinario en marzo de cada año de $77 millones. También hay otras propiedades menores en arriendo, como un departamento en Las Condes (Flor de Azucenas 112), que según directivos del plantel es utilizado por las autoridades de Temuco cuando vienen a Santiago. Por ese inmueble la universidad paga $900 mil mensuales (valor actual de la UF).

LUCRO EN SEDES DE TEMUCO

El mismo mecanismo utilizado en San Miguel fue empleado en Temuco, donde está la sede matriz de la Universidad Autónoma. En marzo de 1990 las clases comenzaron en esa ciudad en un inmueble arrendado en calle Phillipi 651. Dos aulas prefabricadas sirvieron para impartir las dos primeras carreras que se le autorizaron al plantel: Derecho e Ingeniería Comercial.

Siete años después, ya funcionaban en su actual sede: Avenida Alemania 01090. La universidad ocupa toda una manzana entre la Avenida Alemania y la calle San Martín, un cotizado barrio céntrico de Temuco. Esos terrenos los compró la Inmobiliaria Teodoro Ribera (constituida el 28 de enero de 1983, transformada en 2003 en Inmobiliaria Gaudí) a diversas personas naturales entre 1993 y 1996. En 1997 se iniciaron las operaciones comerciales sobre parte de esos predios. El  7 de octubre de ese año se firmó un contrato entre la inmobiliaria y la Compañía de Seguros de Vida La Construcción –la entonces aseguradora de la Cámara Chilena de la Construcción-, la que se hizo de los inmuebles pagando $1.379 millones.

Al igual que la operación financiera de la que fue objeto el inmueble en San Miguel, se hizo un leaseback mediante el cual la Inmobiliaria Teodoro Ribera obtuvo recursos frescos a cambio de entregar momentáneamente la propiedad, pagando un arriendo mensual que le aseguró la posibilidad de recompra.

portada_uaEl mismo 7 de octubre de 1997 se firmó otro contrato, esta vez de arrendamiento entre la Inmobiliaria Teodoro Ribera y la Compañía de Seguros de Vida la Construcción, por $12,5 millones (unos $23 millones según el valor actual de la UF) y que debía durar 20 años (hasta octubre de 2017). El documento incluyó la autorización para que la inmobiliaria subarrendara la propiedad a la Universidad Autónoma.

En mayo de 2004, Bice Vida –del Banco Bice-, adquirió la aseguradora de la Cámara Chilena de La Construcción. En ese traspaso, Bice Vida valorizó los inmuebles de Temuco en $1.758 millones. Nueve años después, el 29 de septiembre de 2014, la familia Ribera decidió adelantar el fin del leaseback y recomprar las propiedades. La sociedad que efectuó la recompra fue Inmobiliaria Porvenir S.A., constituida el 31 de agosto de 2007 -con un capital de $500 millones- por Teodoro Ribera Beneit y su hija Pilar Ribera Neumann. La recompra de los edificios de la universidad en Temuco le costó a los Ribera $641 millones, los que fueron recuperados con creces solo seis meses después, el 25 de marzo de 2015, cuando estos mismos fueron vendidos a la Universidad Autónoma por un total de $4.100 millones. Cabe recordar que los pagos mensuales del leaseback corrieron por cuenta de la universidad y no de la inmobiliaria, por lo cual la inmobiliaria de la familia Ribera obtuvo una ganancia de $3.459 millones.

Seis meses después de haberle vendido parte de los inmuebles de Temuco a la universidad, en septiembre de 2015, la inmobiliaria se transformó en sociedad limitada. Entre sus socios figuraban cuatro de los seis hermanos Ribera Neumann, además del patriarca de la familia. Al momento del cambio la inmobiliaria había reducido su capital a $14,5 millones. Ya no figuraban los dineros pagados por la universidad por la compra de su sede en Temuco.

La investigación del Ministerio Público estableció además otros negocios en Temuco entre inmobiliarias de la familia Ribera y la Universidad Autónoma. A través de Inmobiliaria Autónoma, que hasta 2014 era controlada por los Ribera Neumann con un 80% y el 20% restante en manos de la universidad, le arrendó cuatro edificios a la Autónoma: en Porvenir 660, por $22,6 millones mensuales (valor UF de la época); Porvenir 649, donde funciona el gimnasio de la universidad y que entre 2006 y 2011 se arrendó en $1,3 millón mensual, pero luego el canon se elevó a $31 millones; y Porvenir 572 y 558, donde funciona el canal de TV que posee el plantel, y por el que entre 2009 y 2013 se cobró $3 millones mensuales.

Algunas propiedades de la universidad en Santiago también pasaron por el filtro de las inmobiliarias de la familia Ribera. En 2011, la Inmobiliaria Terranova Limitada adquirió dos inmuebles en calle Europa (1914 y 1936), aledaños al campus que la universidad inauguraría en 2015 en Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425). El valor de la compra fue de $384 millones. Meses después (11 de noviembre de 2011), Inmobiliaria Terranova le vendió las mismas propiedades a la Universidad Autónoma, pero el precio esta vez fue de $598 millones. Eso sí, el grueso de la propiedad que hoy constituye el Campus Providencia fue comprado directamente por la universidad a las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Argentinas por $7.239 millones, el 5 de enero de 2010.

CIPER revisó la propiedad de todos los inmuebles donde funciona actualmente la universidad y en todos los otros que no han sido mencionados en este reportaje en sus sedes en Santiago y Talca, las propiedades fueron compradas directamente por la universidad.

PAGOS ENTRE FAMILIARES

Son 17 las personas de la Universidad Autónoma que declararon como imputados a mediados de 2014 en la investigación de la Fiscalía Oriente por lucro en las universidades. Casi todos ellos debieron dar cuenta de los pagos recibidos desde la universidad a través de honorarios y remuneraciones. Entre 2008 y 2012, las pericias establecieron que por estas vías se pagaron $1.665 millones. En el mismo periodo, las sociedades relacionadas a la familia Ribera Neumann acumularon pagos de la Universidad Autónoma por $5.508 millones.

u-autonoma-3El secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, justificó así los pagos a sociedades relacionadas: “La universidad pudo solucionar sus problemas de crecimiento exitosamente, mediante una política de arriendos a valor de mercado”.  Y agregó: “En los años 2010 y 2011 la universidad encargó a terceros una tasación de las propiedades que arrendaba, con el objeto de validar los arriendos existentes desde una perspectiva de valores de mercado… se encargó a los bancos BBVA, Santander y a Colliers International realizar tasaciones a algunos de los bienes raíces más relevantes”.

María Loreto Concha Valderrama, esposa del rector de la universidad, Teodoro Ribera Neumann, registra pagos por $220 millones. En su declaración judicial los justificó así: “Durante los años 2008 a 2012 presté asesoría jurídica como abogada al secretario general de la Universidad Autónoma, Jaime Ribera, en Temuco”. María Loreto Concha afirmó que en diciembre de 2011 aumentó su ingreso mensual de $3,1 a $5 millones debido a una mayor carga laboral, y que en diciembre de 2008 le pagaron $7,3 millones adicionales por trabajos no contemplados en su contrato de asesorías.

Teodoro Ribera Neumann justificó así los $57 millones que recibió vía remuneraciones: “Asumí como rector cuando dejé el cargo de diputado en 1998, ejercí hasta junio de 2011, fecha en la que fui designado ministro (de Justicia)”. Su remuneración como rector –dijo- ascendía a $3 millones mensuales y afirmó que desde Inversiones Orgaña –de la que es socio junto a su señora-, no ha retirado utilidades ya que siempre la pensó como “un instrumento de ahorro”. Orgaña registra pagos del plantel por $67 millones en el mismo período.

Los pagos se extienden a casi todos los hijos del matrimonio Ribera Neumann (Ximena es la única que no figura recibiendo pagos), sus nietos y los cónyuges de estos. Un esquema realizado por la PDI da cuenta de traspasos de dinero a Manuel Concha Valderrama, hermano de la esposa del rector; Juan Pablo Laporte Ribera –hijo de Pilar Ribera-, y a su esposa Loreto Sepúlveda Monsalve; a su hermana Michelle Laporte Ribera (que los justificó indicando que entregaba “informes verbales” a su abuelo cuando este ejercía como rector); y a Gustavo Nicklander Ribera y a su hermana, Stefanie Niklander Ribera, hijos de María Eugenia Ribera, quienes además de recibir pagos mensuales durante un tiempo fueron beneficiados con becas de la universidad que financiaron sus estudios de post grado en Europa (revisar listado completo de pagos a personas y sociedades relacionadas entre 2008 y 2012).

INMOBILIARIAS CON SELLO CATALÁN

Que la sociedad matriz de las empresas de la familia Ribera lleve por nombre Catalunya no es casual: el patriarca de la familia, Teodoro Ribera Beneit, fue hijo de inmigrantes catalanes (de allí también el nombre de una de sus inmobiliarias, Gaudí, como el arquitecto español y máximo representante del modernismo catalán). Catalunya ocupa un rol central en la reingeniería que la familia ejecutó en sus empresas a partir de 2010, al momento de la expansión de su negocio en la educación y que coincide con su toma de control de la propiedad del Incacea, uno de los institutos profesionales de mayor matricula en el país y al que la ley no le impide lucrar.

El 7 de octubre de 2010 la familia Ribera creó tres sociedades: Catalunya, el Instituto de Ciencias Aplicadas y la Academia de Estudios Nacionales. El único miembro de la familia Ribera Neumann que no participó como persona natural en estas sociedades, fue el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera: lo hizo a través de Inversiones Orgaña, la que creó en 2000 junto a su señora, María Concha Valderrama. Dos meses más tarde, en diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann tomó el control mayoritario del Instituto Profesional Incacea a través de Catalunya. Un año después, a fines de 2011, las dos últimas sociedades ingresarían a la asamblea de socios que controla la Universidad Autónoma.

En esa reingeniería de sociedades que llevó a cabo la familia Ribera Neumann entre 2010 y 2011, hubo otras tres sociedades que tuvieron corta vida ya que finalmente fueron absorbidas por Catalunya: Inmobiliaria Terranova, Servicios Guissona y Constructora Barcelona.

DUEÑOS DEL INCACEA

La familia Ribera Neumann ingresó con un 32,5 % a la propiedad del Instituto Profesional Incacea, el 30 de enero de 2006, a través de la Universidad Autónoma, la que aportó $100 millones en efectivo y otros $116 millones en servicios computacionales y académicos, asesorías y publicidad. Junto a los Ribera, también se hizo socio del Incacea, Alexis Yáñez Alvarado, entonces lobista de la Concertación, a través de Inversiones y Asesorías Santa Sofía (ver reportaje de Ciper). Yáñez era socio de los Ribera desde 2003, a través de Servicios Universitarios S.A., sociedad que se constituyó para administrar la recién creada sede en Santiago de la Universidad Autónoma.

La investigación de la Fiscalía logró acreditar pagos desde la Autónoma a Inversiones y Asesorías Santa Sofía por $333 millones, en 2009 y 2011. Estos traspasos se justificaron por asesorías realizadas por Yáñez para analizar la posible expansión de la universidad a otras ciudades.

En diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann pasó a tener el control mayoritario del Incacea. Esta vez lo hizo a través de dos vías: Catalunya y la Universidad Autónoma. En esa fecha, Juan Carlos Oñate González, quien tenía el 58% de la propiedad del instituto, cedió el 51% a Catalunya y otro 7% a la Universidad Autónoma. Alexis Yáñez también se retiró y le traspasó su  7,5% a la universidad.

u-autonomaEl 11 de noviembre de 2011 la Universidad Autónoma y Catalunya aportaron $3.500 millones al Instituto Profesional Incacea. El monto incluía dinero en efectivo, capitalización de utilidades y bienes, los que se completarían en un plazo de cinco años. Finalmente, Catalunya no aportó todo lo que le correspondía por lo que su participación quedó reducida a 20% (tenía el 51%). Esa modificación del capital del instituto se hizo en junio de 2014 y dio paso a la salida de Catalunya –la sociedad matriz de los Ribera Neumann- de la estructura societaria del instituto profesional. Un cambio clave que se ejecutó justo en el momento en que los dueños de la Universidad Autónoma estaban declarando en la investigación del Ministerio Público por lucro ilícito.

Catalunya le cedió el 20,08% de su participación en Incacea a la Universidad Autónoma, quedando otra ínfima parte (0,4%) en otra sociedad comercial de los Ribera Neumann: Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., la que controla el canal de televisión de la Autónoma en Temuco.

El retiro de Catalunya del instituto profesional se produjo en medio del declive de la institución, la que ha ido bajando progresivamente su número de alumnos. Si en 2010 tenía 581 estudiantes, en 2015 exhibe apenas 49 matriculados. La página web del Incacea está inactiva y no hace mención de ningún proceso de matrículas. El número telefónico allí registrado no es contestado por nadie. Actualmente el instituto funciona en un edificio que inicialmente subarrendó la Autónoma a la Universidad Ucinf (Pedro de Valdivia 641, Providencia) y que luego arrendó directamente a sus dueños de entonces, la Congregación de Hermanas Teresianas. La declaración de Jaime Ribera Neumann del 14 de junio de 2014 ante la justicia establece que ese inmueble fue comprado por la universidad. Sin embargo, en los registros actuales del SII aparece como su dueña la Residencia Universitaria Femenina (ver registro)

La participación de la Universidad Autónoma en el Incacea no ha estado exenta de polémica. De hecho, la razón de la salida de Teodoro Ribera del Ministerio de Justicia a fines de 2012, está relacionada con el instituto: Ribera contrató al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, como asesor en Gendarmería, repartición de su dependencia, justo cuando la CNA estudiaba la acreditación de su instituto profesional.

No fue la única arista que involucró a los Ribera con el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA. Eugenio Arratia, uno de los pares evaluadores que jugó un rol decisivo en la acreditación de la Universidad Autónoma en 2007 y 2010, fue elegido por los Ribera Neumann como rector del Incacea; y en 2012 nombrado vicerrector de Calidad y Acreditación de la  Autónoma (ver reportaje de CIPER).

EL ÚLTIMO ESLABON DE LA RED DE SOCIEDADES RELACIONADAS

El Instituto de Ciencias Aplicadas y la Academia de Estudios Nacionales ingresaron a la propiedad de la Universidad Autónoma en noviembre de 2011, como parte de la reingeniería que la familia Ribera Neumann diseñó para expandir su negocio en la educación. Las dos sociedades comerciales se hicieron socios de la Autónoma al mismo tiempo que cinco hermanos Ribera Neumann (María Eugenia, Ana María, Pilar, Jaime y Teodoro) abandonaron la instancia controladora. Hasta el 18 de noviembre de 2011 también figuraban como socios de la universidad sus cónyuges (Gustavo Niklander Karlsguher, Juan Pablo Laporte Ribera, Katherina Waschkolup Sützl y María Loreto Concha Valderrama). Como personas naturales se mantuvieron Teodoro Ribera Beneít y su esposa (ver reportaje de CIPER).

Esas dos sociedad anónimas fueron creadas el 7 de octubre de 2010 y son idénticas tanto en sus objetivos (administración de planteles de educación superior e inversiones), capital ($1 millón) como en sus socios: Teodoro Ribera Beneit, su esposa Edith Neumann y cuatro de sus hijos: María Eugenia, Ana María, Pilar y Jaime. El quinto hijo, Teodoro Ribera Neumann, también es socio de ambas, pero a través de su empresa familiar, Inversiones Orgaña.

CAVAL: La trama de los pagos ilícitos que inculpa a los diez acusados

Para el próximo 29 de enero, está fijada la audiencia de formalización en la que el fiscal jefe de Rancagua, Luis Toledo, notificará a los primeros imputados por el millonario negocio de especulación inmobiliaria en Machalí, que tiene como protagonista a la empresa CAVAL, propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon y del relacionador público Mauricio Valero.

Mauricio Valero y Natalia Compagnon
Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Uno de los primeros formalizados será el propio Valero, a quien se le notificará del delito de soborno. La imputación que recae en el socio de Natalia Compagnon pone en la mesa antecedentes hasta ahora desconocidos sobre su participación en el principal delito que se habría cometido en el municipio de la Sexta Región.

De acuerdo a la información recogida por CIPER, la Fiscalía habría acreditado la existencia de dos pagos girados por Valero desde la cuenta de CAVAL en 2013  y 2014 por un total de $20 millones al operador político UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda. Díaztrabajó junto al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín en el cambio de uso de suelo de los terrenos y buscando compradores para estos, encargos que le significaron el pago de $415 millones.

Una de las tesis que maneja el Ministerio Público, es que los destinatarios finales de esos $20 millones que recibió Díaz de Valero habrían sido funcionarios del municipio de Machalí encargados de agilizar el cambio de uso de suelo de los terrenos que adquirió CAVAL, operación que multiplicaba las ganancias del negocio.

La formalización de Valero por soborno resulta llamativa. Hasta hoy solo se conocía que en la arista de las irregularidades cometidas en el municipio de Machalí, el socio de Compagnon en CAVAL era investigado por tráfico de influencias y por el uso de información reservada, la que fue entregada por un funcionario municipal (ver reportaje de CIPER).

Los cargos por los que el fiscal Toledo llevará a tribunales a los 10 imputados –entre ellos CAVAL como persona jurídica-  son: soborno, cohecho, prevaricación y ventajas indebidas, en calidades de autores, cómplices y encubridores.

Junto a Mauricio Valero, también será formalizado por soborno Juan Díaz, quien habría repartido los dineros ilícitos en la Municipalidad de Machalí. La fiscalía investiga como receptores de esas platas negras al ex director de Obras del municipio y brazo derecho del alcalde José Miguel Urrutia (UDI), Jorge Silva Menares, y a la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, también funcionaria a honorarios del municipio y sobrina de Patricio Wiesner del Solar, dueño original de los terrenos de Machalí. Ambos serán formalizados el próximo 29 de enero por cohecho. A ellos se suma Marisol Navarrete, esposa de Silva, como cómplice.

“VENTAJAS INDEBIDAS”

Una segunda línea de investigación que da pie a las formalizaciones solicitadas por el fiscal Luis Toledo, se relaciona con las presuntas irregularidades en la administración del convenio judicial preventivo de la sociedad Wiesner S.A., controlada por Patricio Wiesner del Solar.

El síndico Herman Chadwick, quien llevó adelante el convenio judicial, será formalizado como autor del delito de “ventajas indebidas del síndico”, consagrado en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio. Por el mismo delito, en calidad de cómplice, será formalizado el ingeniero comercial y colaborador de Chadwick, Andrés Orchard Vergara.

Herman Chadwick Larraín
Herman Chadwick Larraín

Tal como sucede con Valero, la imputación del Ministerio Público contra el síndico también arrojó nuevos antecedentes. En la formalización aparecieron dos nombres que habían estado muy lejos de los roles protagónicos del guión de la trama CAVAL. A los abogados de Patricio Wiesner, Daniel Huerta Cordero y Matías Ovalle Andrade, el fiscal les imputa prevaricación (perjudicar a su cliente, la familia Wiesner), además de ser encubridores de las presuntas ventajas indebidas obtenidas por Chadwick.

Las acusaciones hechas por Toledo contra Chadwick, Orchard, Huerta y Ovalle, remiten a un mismo episodio: la entrega por parte de Helga Riffart, esposa de Patricio Wiesner, de un cheque por $96 millones al síndico Chadwick. Este pago la fiscalía lo cuestionó por dos motivos: por haberse girado a la sociedad Vicuña y Cía., de propiedad de Andrés Orchard y no del síndico; y porque esas platas estarían al margen de los honorarios que por ley debía recibir Chadwick como interventor del convenio y que alcanzaron un monto de $178 millones.

El antecedente que no se conocía es que esos $96 millones no fueron a parar íntegramente a los bolsillos del síndico. Daniel Huerta y Matías Ovalle, los abogados de la familia Wiesner-Riffart, recibieron $40 millones de ese monto, hecho que los Wiesner desconocían al momento del pago. El resto se repartió entre Chadwick ($34 millones) y Orchard ($22 millones).

LA “JUBILACIÓN” DE LOS WIESNER

La inclusión de los abogados Huerta y Ovalle en la lista de los primeros formalizados abre la puerta a un capítulo desconocido de la madeja de CAVAL. Se trata del inusitado protagonismo que adquirió de principio a fin en el negocio la familia Wiesner-Riffart, dueña de los predios.

Alex Wiesner
Alex Wiesner

A pesar del bajo perfil que han logrado mantener desde que en febrero de 2015 estallara el escándalo, información a la que accedió CIPER evidencia que los Wiesner cumplieron un rol de primera línea tanto en las gestiones para cambiar el uso de suelo de los terrenos, como en la venta de estos a CAVAL. También en varias de las operaciones que hoy comprometen a parte de los que serán formalizados por Toledo a fines de enero. Entre ellas, el cuestionado pago de $415 millones a Juan Díaz –y que nunca fue informado a la comisión de acreedores–, y la polémica transferencia por $96 millones a la sociedad de Andrés Orchard.

Las gestiones familiares fueron comandadas principalmente por Alex Wiesner Riffart, quien desde un comienzo tuvo un firme propósito en mente: dejar a su padre con un millonario saldo a favor una vez liquidados los bienes de su empresa al borde de la quiebra. Y lo logró. Porque al final del proceso los Wiesner-Riffart se quedaron con un “vuelto” de más de $2.100 millones y sin ninguna imputación judicial.

Diametralmente distinta fue la situación de los dueños de CAVAL. A su incierto escenario judicial se suma el hecho de que su ganancia inicial de $2.500 millones se redujo drásticamente una vez que explotó el escándalo: pagó casi $800 millones a Juan Díaz y tuvo que devolver $1.250 millones al comprador final de los terrenos, Hugo Silva.

HORA CERO

A principios de abril de 2010, el directorio de Wiesner S.A. se vio obligado a tomar decisiones. Los pasivos de la empresa agrícola controlada por distintas sociedades de los Wiesner –Kollwen Trust, Inversiones Wiesner y Cía., Inmobiliaria Nova e Inversiones Agrofrut– superaban los $4 mil millones. La situación se hacía insostenible y para inicios de 2011, Wiesner S.A.  se hallaba al borde de la quiebra y con una ruma interminable de cuentas por pagar a bancos –principalmente el Rabobank– proveedores y empleados.

En los directorios de Wiesner S.A. participaba Patricio Wiesner, su esposa Helga Riffart, sus hijos Alex y Gisela, el ingeniero Herman Benson, y Jorge Lufin Huerta (quien fue además contador de Asesorías y Negocios, sociedad de propiedad de Giorgio Martelli, creada para levantar fondos para la precampaña de Michelle Bachelet).

En una presentación del 20 de abril de 2011, quedó consignado el paquete de medidas con que la sociedad enfrentaría la severa crisis. Entre ellas, que para pagar sus deudas, Wiesner S.A. se acogería a un convenio judicial preventivo, aportando los activos de la empresa -los predios San Diego y Santa Elena (más la maquinaria y equipamiento que allí existía)- y otros bienes de la familia, entre los que se encontraban los predios Los Castaños, Santa Cecilia y Santa Emilia.

Junto a la decisión de acogerse al convenio preventivo de quiebra, los Wiesner-Riffart diseñaron un ambicioso proyecto que incluía la licitación de los terrenos puestos a disposición del convenio a inmobiliarias y la construcción de una laguna artificial de tres hectáreas a cargo de Crystal Lagoons, la compañía del empresario Fernando Fischmann.

Pese a que este proyecto finalmente no se materializó, los esfuerzos de la familia se volcaron a obtener el máximo rendimiento de los bienes aportados a la quiebra preventiva.

GESTIONES TEMPRANAS

El junio de 2011, Patricio Wiesner presentó en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago el convenio judicial preventivo de Wiesner S.A. A fines del mismo mes, el juez citó a una primera junta de acreedores, la que se constituyó el 25 de agosto. En el acta de constitución se estableció que las reuniones de la comisión se efectuarían una vez al mes en las oficinas de Herman Chadwick Larraín –el síndico de quiebras escogido por el Rabobank– ubicadas en el barrio El Golf. Pero a lo largo de todo el proceso, la comisión solo sesionó en cuatro oportunidades.

Tras jurar como síndico del convenio, a Chadwick se lo mandató para “efectuar los trámites administrativos necesarios para modificar el uso de suelo de los inmuebles que forman parte de la masa de activos a fin de mejorar su valoración comercial”, tal como se lee en uno de los documentos del convenio (13 de junio de 2011).

Solo días después de constituirse la comisión de acreedores, Juan Díaz Sepúlveda y Cynthia Ross Wiesner llegaron a las oficinas del síndico Chadwick. La visita de Díaz, quien conocía al síndico, fue fructífera: acordó con el síndico hacer las gestiones necesarias para agilizar el cambio del plano regulador de Machalí, paso clave para poder vender los terrenos de la sociedad Wiesner a un precio mucho mayor.

Municipalidad de Machalí
Municipalidad de Machalí

Díaz se convirtió así en uno de los protagonistas de la compleja trama CAVAL. Ross, en tanto, antes de presentarse en la oficina del síndico junto a Juan Díaz (agosto 2011), ya asesoraba a su tío, Patricio Wiesner, con los trámites para acelerar el cambio de uso de suelo de los terrenos en venta.

Según la declaración que prestó a la Fiscalía una funcionaria del municipio de Machalí, Cynthia Ross y su tío Patricio Wiesner tuvieron una reunión con el director de Obras Jorge Silva en mayo de 2011, poco antes de activarse el convenio (en agosto de 2012 la arquitecta Cynthia Ross sería contratada a honorarios en la dirección de Obras de Machalí).

Corría septiembre de 2011 y se acercaba la fecha del remate de la primera porción agrícola de los terrenos –el que ejecutó la corredora Macal– y el 26 de ese mes, el hijo de Patricio Wiesner -Alex Wiesner- les propuso al síndico Chadwick, Andrés Orchard, al abogado de la familia, Daniel Huerta y a su padre, repasar la estrategia de venta de los campos. En el correo electrónico escribió:

Dudo que en un remate de Macal el campo se venda a 50 millones/hectárea. Si la Cynthia logra cambiarle el uso de suelo rápido a Santa Cecilia y San Diego, deberíamos hacer un master plan y vender por macro lotes (…) Además, si la Cynthia cree que igual le puede cambiar el uso a todo, yo no  haría el remate”.

Ese email como otros del mismo tenor y que forman parte del expediente judicial, dan cuenta de que los Wiesner-Riffart eran los principales interesados en que el cambio de uso de suelo se hiciera efectivo antes de que se cumpliera el plazo pactado con los acreedores para liquidar los bienes. El “vuelto”, tal como lo señaló Alex Wiesner al síndico Chadwick en un email del 9 de julio de 2013, debía ser de a lo menos US$ 6 millones.

“PUNTO DE COCCIÓN”

En septiembre de 2012 el síndico Chadwick puso sobre la mesa una oferta del empresario inmobiliario Pedro Heimpell. Según lo que contó Heimpell a El Mercurio, Juan Díaz le pidió $600 millones suplementarios al valor de los terrenos para cubrir los ingentes gastos en los que había incurrido para acelerar el cambio al uso de suelo. La solicitud de esa comisión le significó a Díaz perder a su comprador.

Extrañamente, la oferta de Heimpell –de UF 0,54 por metro cuadrado– nunca fue discutida en la comisión de acreedores. Al menos no hay constancia en ninguna de las actas. De lo que sí quedó huella es que esa oferta sí fue discutida entre Alex y Patricio Wiesner, el abogado Daniel Huerta (quien participaba en la comisión de acreedores en representación de Wiesner) y el síndico Herman Chadwick. Así lo prueban los correos electrónicos que incautó la Fiscalía.

En ese momento la venta de los terrenos se estaba convirtiendo en una meta difícil para los Wiesner. “Pasan y pasan las semanas, ya hemos llegado al punto de cocción”, le escribió Alex Wiesner al síndico poco antes de que la oferta de Heimpell se desvaneciera. El deseo de la familia era cerrar el 2012 con el convenio resuelto, las deudas pagadas y “el vuelto en la cuenta”. Pero sus expectativas se frustraron.

Aunque la venta no se concretó, la familia Wiesner confiaba a ciegas en que el cambio de uso de suelo se haría realidad en el corto plazo. “En seis meses más, este paño va a valer a lo menos UF 0,8”, le escribió Alex Wiesner al síndico Chadwick a fines de noviembre de 2012.

UN FRENÉTICO 2013

La única oferta que vino luego de la del empresario Heimpell, fue la de CAVAL. Informado por Patricio Cordero y Juan Díaz del negocio, el 3 de abril de 2013 Mauricio Valero manifestó por correo electrónico al síndico la intención de CAVAL de adquirir los paños por UF 0,54 el metro cuadrado.

Pese a que los plazos apremiaban –los acreedores habían decidido extender por única vez y por 12 meses a contar de enero de 2013 el plazo límite para la venta de los activos– los Wiesner rechazaron la propuesta: “Hemos pasado por el desierto tratando de sacar adelante el cambio de uso, invertimos UF 6.000 (NdR: en pagos a Juan Díaz) en el proceso, más todo el estrés invaluable. A ese precio no podemos vender”, escribió Alex Wiesner a Chadwick el 5 de julio de 2013.

Matías Ovalle
Matías Ovalle

Los plazos se agotaban. De no aparecer otras propuestas, estarían forzados a vender rápido y eso hacía peligrar el principal objetivo de la familia: quedarse con dinero una vez liquidados los bienes. Con la premura a cuestas, cuatro días más tarde, el 9 de julio, Alex Wiesner le planteó a Chadwick la necesidad de obtener una mejor oferta:

Ya estamos en la recta final y perfectamente se puede negociar un precio más alto, ya que el vuelto debe ser a lo menos US$ 6 o 7 millones. Es la última chance de poder quedar con un patrimonio familiar razonable después de 50 años de trabajo de mi papá”.

El mismo mes de abril de 2013 en que llegó la oferta de CAVAL, Alex Wiesner le preguntó por email al síndico Herman Chadwick si el cambio de uso de suelo ya se había presentado en el Consejo Regional (CORE). Fue la propia Cynthia Ross, ya como funcionaria municipal, la que a principios de julio le advirtió al síndico Chadwick que el cambio de uso de suelo podría tardar más de lo esperado:

Como profesional encargada por parte del municipio para ver los temas urbanos de la comuna, te informo que dado el año de elecciones y la lentitud que percibo en la región, vislumbro que con suerte en un año más esto se aprobará”.

Enterado de la noticia, el 9 de julio Alex Wiesner le escribió a su abogado, Matías Ovalle: “Veré con Cynthia qué podemos hacer para que el CORE avance rápido”. La respuesta del abogado fue: “Es un tema demasiado importante. Por favor avísame cómo te va con tu prima”.

Lo que los Wiesner no supieron fue que en agosto de 2013, cuando Valero y Compagnon subieron su oferta a UF 0,6 CAVAL era una empresa prácticamente insolvente. Eso no fue impedimento para que cuatro meses más tarde, Andrónico Luksic, controlador del Banco de Chile, le otorgara a Natalia Compagnon el millonario crédito por $6.500 millones que haría posible la compra de las 44 hectáreas en Machalí.

LA REPARTIJA A JUAN DÍAZ

Vendidos los terrenos y liquidados los bienes de los Wiesner, vino el último ajuste de cuentas. En el transcurso del proceso y de modo informal se habían prometido varios pagos a distintos intervinientes. Restaba, por ejemplo, hacer efectivo un saldo de los $415 millones que finalmente recibió Juan Díaz por sus gestiones de cambio de uso de suelo y venta de los terrenos.

Y si bien los pagos a Juan Díaz nunca fueron aprobados por la comisión de acreedores, antecedentes recabados por CIPER y correos incautados por la Fiscalía indican que esos honorarios sí estaban en conocimiento de la familia Wiesner.

El 25 de abril  de 2014 Alex Wiesner le escribió a Herman Chadwick pidiéndole “negociar” las platas que se debían pagar por el cambio de uso de suelo:

Si puedes lograr bajar estos honorarios a UF 4.000 adicionales, es decir, sumado a las UF 6.000 iniciales, que quede todo en UF 10.000, nos dejaría muy conforme. Antes de los descuentos finales de cambio de uso y honorarios extra tenemos un vuelto aproximado de UF 115.000, mi target es dejar a mi viejo con unas UF 107.000”.

Dos días antes, Chadwick había intentado negociar con Juan Díaz sus honorarios. Pero Díaz se puso firme y le respondió el 23 de abril de 2014, a través de un correo electrónico:

Patricio Wiesner llamó a su sobrina Cynthia para preguntarle por el valor aproximado del estudio de cambio de suelo y ella con todos sus contactos y experiencia le informó que el costo total debiera ser de UF 22.000 y yo estoy cobrando UF 17.500, por lo tanto estamos bastante baratos para todo el trabajo que se hizo (…) Recuerda también que hicimos la gestión exitosa de la venta del terreno”.

Siete días más tarde Alex Wiesner volvió a escribir a Chadwick, en busca de una respuesta a su petición de bajar los honorarios de Díaz e insistiendo en mantener el tema al margen de la comisión de acreedores:

Nuestro acuerdo fue que resolveríamos esto entre nosotros y así lo queremos dejar. Eso fue lo que pactamos y no queremos que lleven esto a la comisión, porque a la comisión no le importa el vuelto, ni lo que le pase a mi papá si ellos pueden pagarse sus deudas”.

El 9 de mayo, Alex Wiesner le reconoció a Chadwick vía email lo importante de las labores de Juan Díaz durante el proceso de venta: “De verdad el palo de Juan Díaz fue una mascada totalmente necesaria, pero mucho más grande de lo que esperábamos”.

Juan Díaz terminaría recibiendo $415 millones con cargo a la masa de activos del convenio judicial de Wiesner S.A., los que fueron girados en cuatro cuotas. Díaz recibió además dos cheques en garantía de CAVAL por su participación en el negocio: uno por $530 millones y otro por $282 millones. Esos documentos bancarios aún no han sido cobrados.

EL “PREMIO” DE LA DISCORDIA

Con el proceso ya concluido, los Wiesner hicieron un último pago: $96 millones girados por Helga Riffart a la sociedad Vicuña y Cía., y cuyo destinatario real era Herman Chadwick. En medio de las tratativas por reducir las platas que el síndico debía pagar a Juan Díaz, Alex Wiesner le comentó a Chadwick –a modo de incentivo- que él (el síndico) también se podría llevar UF 4.000 (email fechado el 25 de abril de 2014).

Esas UF 4.000 ($96 millones aproximados) terminarían distribuidas entre Chadwick, Andrés Orchard y los abogados Huerta y Ovalle.

Daniel Huerta
Daniel Huerta

Por sus labores como síndico del convenio, Herman Chadwick recibió $178 millones. Son los honorarios que le correspondían por tabla según la ley de quiebras. Por ello, para el Ministerio Público el pago de esos $96 millones es ilegal. Una de las tesis que manejaría la fiscalía es que ese dinero es producto de un acto concertado contra la familia Wiesner. Por ello, a los abogados Huerta y Ovalle se les formalizará por prevaricación y como encubridores del síndico, a quien se le imputan “ventajas indebidas”.

Es este mismo cheque, el que le valió a Chadwick una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios al emitir “una factura falsa por parte de la sociedad Vicuña y Cía., con la que evitó la tributación del Impuesto Global Complementario que le correspondía por haber percibido los montos pagados por Helga Riffart a título de premio y que ascendieron a UF 4.000”. El escrito también incluye como autores de diversos delitos tributarios a Natalia Compagnon, Mauricio Valero, al ex administrador municipal de las Condes y Santiago, Patricio Cordero, a su esposa Paulina Besserer Esquerre y a Juan Díaz.

La imputación que recae sobre Patricio Cordero se fundamenta en las boletas falsas emitidas por su sociedad familiar Inversiones Lo Beltrán, para CAVAL por servicios que nunca fueron prestados. Impuestos Internos lo acusa de haber hecho esa operación para permitirle a CAVAL aumentar sus costos y así rebajar sus impuestos (ver reportaje de CIPER).

Aún no existe claridad sobre el origen y las razones que sustentan el polémico pago de los $96 millones cursado por Riffart. En la declaración que dio la esposa de Wiesner ante el SII, aseguró que fue Chadwick quien pidió el premio. Su hijo, Alex Wiesner, señaló en el SII lo contrario: “Como empresario estimé que era necesario estimular el trabajo de él para obtener el mejor valor posible”.

Fuentes cercanas al entorno de Ovalle y Huerta, dijeron a CIPER que ambos abogados afirman haber desconocido el origen de esos dineros. Y que los $40 millones que recibieron fue por trabajos realizados: una serie de tareas relacionadas con el convenio judicial preventivo y que eran propias del síndico. Insisten en que todo se pactó con Chadwick vía correo electrónico. No hay rastro de un contrato escrito.

Esos $40 millones se suman a los más de $70 millones que los abogados Ovalle y Huerta cobraron por representar a la familia Wiesner en el convenio: $30 millones por la preparación y aprobación del convenio judicial preventivo y $43 millones correspondientes a un porcentaje del saldo –o “vuelto”– que le quedó a los Wiesner una vez liquidados sus bienes.

Uno de los puntos que debilita la tesis de Ovalle y Huerta –de no haber tenido conocimiento de que los $40 millones provenían de Helga Riffart– es que los abogados no pusieron reparo cuando se les solicitó emitir una factura a nombre de Vicuña y Cía., sociedad que no está ligada a Chadwick, sino a Orchard. La factura tiene fecha 23 de junio de 2014, cinco días después de que Chadwick recibiera el cheque.

Serán los tribunales los que a partir del próximo 29 de enero deberán resolver el destino judicial de Chadwick, Orchard, Ovalle y Huerta. También el de Valero, Díaz, Silva, Navarrete (esposa de Silva) y Ross en la arista que persigue la comisión de los delitos de soborno y cohecho en el Municipio de Machalí. Ello, mientras el fiscal Toledo resuelve si formaliza o no a Natalia Compagnon tras la querella por delitos tributarios presentada por el SII hace unos días contra la nuera de la Presidenta y otras seis personas.

Universidad Mayor califica para gratuidad mientras es investigada por posible lucro

Según la Ley Corta que el Congreso aprobó este miércoles 23 para dar la partida a la gratuidad en la educación universitaria en 2016, la Universidad Mayor, cumple con los requisitos para ingresar al club de planteles que podrían recibir fondos públicos que financien los estudios de sus alumnos más vulnerables: es controlada por personas naturales y tiene más de cuatro años de acreditación.

Rubén Covarrubias
Rubén Covarrubias

Ello a pesar de que está en curso una investigación en el Ministerio de Educación (Mineduc) por posible lucro en ese establecimiento. La alarma la encendió la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en junio pasado, cuando envió un oficio al Mineduc ante la existencia de operaciones financieras sospechosas protagonizadas por la Universidad Mayor. En lo fundamental, se trata del rol que jugó el plantel como fiador y codeudor solidario de una serie de contratos leaseback firmados por sociedades relacionadas con instituciones financieras (ver oficio). Cabe recordar que por vacíos legales, el hecho de que una universidad lucre no es impedimento para que obtenga la acreditación.

La resolución de acreditación que dio origen a ese oficio puso sobre la mesa, por ejemplo, el hecho de que un 15,5% de la infraestructura que utiliza la universidad pertenece a empresas relacionadas a los socios del establecimiento Rubén Covarrubias Giordano y Erich Villaseñor Maldonado, entre ellas la Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A. También puso el foco en la disminución de las ganancias obtenidas por la universidad en los últimos años –en 2013 cayeron 70% en relación a 2011–, en contraposición al aumento de sus costos operacionales (entre los que se cuentan el arriendo de infraestructura a sociedades relacionadas). Todo esto, estimó la CNA, refleja “una menor disponibilidad de recursos frescos para la cobertura de gastos e inversión”. Y si bien señala que su estructura financiera le permite sustentar la viabilidad de su proyecto educacional, hace hincapié en que las inversiones futuras “requerirán necesariamente de la disponibilidad oportuna de fuentes de endeudamiento”.

A raíz del informe enviado por los comisionados, el Mineduc inició una investigación en contra del plantel por posible lucro. Así lo confirmaron a CIPER desde el interior de la cartera comandada por la ministra Adriana Delpiano, aunque no especificaron la fecha en que comenzaron las indagaciones. Dato relevante, pues según la información recogida por CIPER el oficio enviado al Mineduc el 8 de junio, habría permanecido archivado durante varias semanas, luego de que la funcionaria de la División de Educación Superior que lo recibió lo guardara en un cajón sin que la División Jurídica del ministerio se enterara de su existencia.

Cuando el equipo jurídico de la cartera conoció el informe de la CNA y ofició a la universidad, ésta inmediatamente envió las respuestas y aclaraciones a cada una de las alertas contenidas en el documento. La situación generó un manto de dudas al interior del ministerio. Se sospecha que mientras el documento estuvo guardado en el cajón fuera de la órbita de quienes deben fiscalizar, algún funcionario con contactos en la administración del plantel de educación superior lo filtró.

La revisión de CIPER de los movimientos societarios y financieros de la Universidad Mayor y de varias de las sociedades ligadas directa o indirectamente a sus fundadores, es concordante con las sospechas que se incubaron en la CNA y que ahora fueron acogidas por el Mineduc. Una de estas operaciones es el contrato –que CIPER revisó en el Archivo Judicial– por más de $42 millones mensuales (UF 1.650) que la universidad firmó en julio de 2010 con la sociedad relacionada Río Manso por una propiedad en Las Condes. En ese inmueble hasta hace poco funcionaron la rectoría, el conservatorio de música y las dependencias administrativas de la universidad.

Erich Villaseñor (Foto: umayor.cl)
Erich Villaseñor (Foto: umayor.cl)

Otra operación que llama la atención es el contrato que la universidad firmó en 2007 con una segunda sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, para el arriendo por 178 meses ($715 millones en 14,8 años) de un terreno de 100 hectáreas en la Región de la Araucanía. Ese acuerdo terminó con la universidad indemnizando a la agrícola por $40 millones por “término anticipado de contrato” (la escritura que dio término a este contrato también fue revisada por CIPER en el Archivo Judicial).

Estos movimientos se producen dentro de un complejo entramado de sociedades levantado desde la creación de la universidad en 1988. A las maniobras ya descritas, se suman continuas reingenierías en el esquema de sociedades; múltiples acrobacias financieras para afrontar deudas que las propias empresas del grupo mantienen con la universidad o con otras sociedades ligadas; y al menos seis suculentos contratos que la universidad mantiene con empresas agrícolas, de logística, transporte y construcción, entre otras, todas constituidas por sus socios fundadores o por familiares directos de éstos.

Su rector, Rubén Covarrubias, ha sido uno de los más reticentes a la fiscalización sobre los planteles privados, y uno de los que se ha mostrado más incómodo frente a la ola transformadora del sistema educativo. En una entrevista con La Tercera, el 19 de enero de 2014, manifestó que la CNA se había transformado “en un organismo fiscalizador más que acreditador y eso no es sano”.

PRIMEROS PASOS

La trayectoria de la Universidad Mayor, fundada el 10 de febrero de 1988 con un capital de $50 millones (ver escritura), está íntimamente ligada a los últimos años de la dictadura y tuvo como punto de partida el propio Ministerio de Educación. En esa cartera, Rubén Covarrubias Giordano –su fundador y actual rector– había ocupado el cargo de director de Educación Superior; allí también, Erich Villaseñor Maldonado –otro de los fundadores y actual vicerrector de Desarrollo–, se había desempeñado como un alto asesor. En la escritura de constitución de la Universidad Mayor aparece un tercer socio: el profesor Francisco Beltrán Herrera, fundador del Instituto Diego Portales, quien no tendría mayor participación en los otros múltiples emprendimientos que Covarrubias y Villaseñor realizaron con posterioridad a la creación de la universidad.

Los resabios de ese pasado que vio nacer a la Universidad Mayor en los estertores de la dictadura marcaron la impronta del establecimiento. Actualmente, entre sus autoridades administrativas y académicas, figuran personalidades que ocuparon altos cargos en el gobierno del general Augusto Pinochet. Entre ellos, el ex ministro de Educación (1989-1990) y hoy vicerrector Académico y de Aseguramiento de la Calidad, René Salamé Martín (la Ley Orgánica Constitucional de Educación que fue derogada tras el movimiento de los “pingüinos” llevaba su firma); el ex ministro del Interior (1985- 1987) y de Relaciones Exteriores (1987-1988), Ricardo García Rodríguez; y los ex ministros de Agricultura y de Planificación, Jorge Prado Aránguiz y Sergio Melnick Israel, respectivamente.

Ese 10 de febrero de 1988, Covarrubias y Villaseñor –quien desde un inicio tomó la responsabilidad de elaborar el proyecto de factibilidad económica y financiera de esta nueva corporación de derecho privado sin fines de lucro– dieron vida al primero de muchos emprendimientos que más tarde cristalizarían en una extensa red de empresas con intereses en diversos negocios: desde el educacional, pasando por el agrícola, el de transportes y el de salud, hasta el inmobiliario. La mayoría de ellas, directa o indirectamente vinculadas con la Universidad Mayor.

Universidad_Mayor_wikipediaEn julio de 1994 y con un capital de $2 millones, nació la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada por Miguel Cuitiñoy en la que también participó Inversiones Río Viejo S.A., ligada a Erich Villaseñor Maldonado. De acuerdo a la escritura de constitución de La Pirámide, su directorio quedó integrado por Rubén Covarrubias Giordano, Erich Villaseñor y Miguel Cuitiño Maturana. La presencia de los fundadores de la Universidad Mayor en esa sociedad no era casual: con el tiempo La Pirámide se convertiría en uno de los principales contratistas del plantel de educación superior, encargada del traslado de sus alumnos y funcionarios desde y hacia sus establecimientos.

Dos años más tarde, en julio de 1996, irrumpió una nueva sociedad en la incipiente red de empresas de los controladores de la Universidad Mayor: Domus S.A. Creada con un capital de $2 millones por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, un nombre que se repite en las escrituras de constitución de varias de las empresas del “holding” ligado a los propietarios de la Mayor. Según su escritura de constitución, Domus contaba entre sus directores fundadores al hoy rector Rubén Covarrubias Giordano.

Fue a partir de Domus, dedicada al rubro de las comunicaciones y la publicidad, y de Inversiones Río Viejo, ligada al hoy vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, que en 2001 nació la empresa más importante de todas las que hasta la fecha han creado los controladores de la Universidad Mayor: Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A.

En la primera junta de accionistas de Río Manso, el 16 de abril de 2001, aparecen como directores Rubén Covarrubias, Erich Villaseñor, y quien hasta hace algunos años se desempeñara como secretario del directorio del plantel, José Armando Castro González.

Río Manso se transformó rápidamente en el vehículo de inversión de Covarrubias y Villaseñor y, con el tiempo, en propietaria de manera directa o indirecta de una larga lista de bienes raíces: edificios, departamentos, oficinas y estacionamientos en distintas comunas de Santiago. Estos inmuebles están avaluados en varios miles de millones. Algunos de ellos los vendió hace algunos meses y el resto actualmente son ocupados por la universidad.

Desde su creación, la propiedad de Río Manso ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones. La primera reingeniería tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando dos sociedades recién creadas tomaron su control: Inversiones Río Puelo S.A. e Inversiones Tronador S.A. Detrás de estas empresas aparecen como socios constituyentes Arturo Venegas Palacios y René España Godoy, los que también figuran como representantes de Agrícola Valle Morado, empresa creada paralelamente a Río Puelo e Inversiones Tronador y que arrienda inmuebles a la Universidad Mayor.

UNA PROLÍFICA DUPLA

A la creación de Río Manso, protagonista de los negocios más suculentos entre la Universidad Mayor y las sociedades relacionadas con sus dueños, le anteceden y le suceden una serie de otras sociedades con vínculos con el plantel, y en las que las huellas de Covarrubias y Villaseñor, juntos o por separado, también están presentes.

Casi cuatro años antes de la creación de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Río Manso, en octubre de 1997, Juan Amador Bettiz Mariño –representante de varias de las empresas creadas por Covarrubias y por Villaseñor–, junto a su esposa, Silvia Barreda Morales, constituyeron la sociedad Clínica Veterinaria Mayor S.A., dedicada a “crear, mantener y explotar clínicas y centros de atención veterinaria”, entre otras actividades.

Dos años después, en agosto de 1998, la Clínica Veterinaria Mayor y la sociedad Colegios Mayores S.A., constituida entre otros por Francisco Varela Noguera, actual miembro del directorio de la Universidad Mayor, crearon el Centro Médico y Odontológico Universitario S.A. Esta última sociedad, que en 2005 era representada por Rubén Covarrubias Giordano, tiene como actividad la “instalación mantenimiento y explotación comercial de establecimientos destinados a la actividad médica, odontológica, veterinaria, universitaria y educacional”.

Fue la Clínica Veterinaria Mayor, ahora en sociedad con el Centro Médico y Odontológico Universitario, la que en agosto de 1999 tomó el control de una nueva empresa: Veterinaria y Peluquería Alemana Limitada. Tras el ingreso de ambas sociedades a su propiedad, Covarrubias y Villaseñor quedaron como apoderados titulares para actuar en representación de ella.

colegio-mayor-tobalabaA fines de abril de 2005, el Centro Médico Odontológico se retiraría de la propiedad de Peluquería Alemana, cediendo sus derechos a las sociedades de inversión Río Puelo y Tronador, las mismas que ya para entonces controlaban Río Manso, el brazo de inversiones de los fundadores de la universidad. La Clínica Veterinaria Mayor quedó como la controladora de Peluquería Alemana, con el 99% de las acciones que en 2008 equivalían a $350 millones.

Fue en medio de ese ambiente de buenos resultados que los propietarios de la Universidad Mayor emprendieron nuevos negocios. En septiembre de 2005 Río Puelo y Tronador crearon Montesur Consultores S.A. –empresa que ha firmado contratos con distintas municipalidades de la Región Metropolitana para la prestación de servicios de capacitación, marketing y difusión, entre otros–, y dos nuevas inmobiliarias: Adaced Limitada (agosto de 2007) y Badajoz Limitada (junio de 2008).

Casi paralelamente a la creación de Badajoz, que quedó bajo el paraguas de las sociedades Río Puelo y Tronador, se constituyó Innova Learning Chile, dedicada a la creación de plataformas educativas y también a la inversión en bienes raíces. A partir de diciembre de 2013 la Universidad Mayor figura como socio y principal controlador de Innova Learning. Para entonces su capital inicial había aumentado de $6 millones a $4.600 millones.

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y SALUD

Además de las empresas creadas a través de Río Puelo y Tronador, los controladores de la Universidad Mayor crearon otras fundamentalmente vinculadas al ámbito educacional (aunque luego fueron absorbidas por la universidad) y que tienen origen en otras dos sociedades de inversión: La Matriz Limitada e Inversiones Río Viejo Limitada. La primera está ligada al rector Rubén Covarrubias y Villaseñor ingresaría a ella en 2007. En la segunda participa desde su inicio el mismo Villaseñor.

Una de las empresas fruto de esta asociación es Colegios Mayores S.A., constituida en 1994 y dedicada a la “explotación de establecimientos educacionales de nivel pre-básico, básico, medio y superior”. Los colegios particulares manejados por los dueños de la universidad (en Puente Alto y Peñalolén) son otro jugoso negocio: la cuota de incorporación en el recinto de Peñalolen, por ejemplo, asciende a $500 mil y la mensualidad a $233 mil, y cada uno tiene cuatro cursos por nivel, de pre kínder a cuarto medio.

logo-magnosColegios Mayores creó en junio de 2005 y en asociación con Cecum S.A. (sociedad ligada a la Universidad Mayor y constituida en diciembre de 2000 por Juan Amador Bettiz Mariño), el Centro de Formación Técnica Eurotec S.A. Sería Eurotec, en sociedad con Cecum la que en agosto de 2007 crearía con un capital de $100 millones el Centro de Formación Técnica (CFT) Magnos –controlado más tarde por la Universidad Mayor– y que imparte enseñanza en Santiago y Temuco en las áreas de salud, informática, agropecuaria, de administración y minera. A diciembre de 2012, el capital de Magnos superaba los $3.300 millones.

Además, Colegios Mayores participaría de la creación de dos nuevas sociedades: el Instituto Profesional Innova College, constituido en diciembre de 2010 en sociedad con Cecum y con un capital de $100 millones, y de la sociedad Gesta Mayor, incubadora de negocios que hoy pertenece en un 99% a la universidad. En la creación de Gesta Mayor, con $150 millones de capital inicial, Erich Villaseñor estuvo en ambas veredas: actuó como representante de Universidad Mayor y, al mismo tiempo, como representante de Colegios Mayores.

Otras cinco sociedades, en su mayoría creadas directamente por la Universidad Mayor completan el cuadro principal de empresas vinculadas al establecimiento: Empretec SpA (julio de 2009); Genoma Mayor SpA (agosto de 2010); el Hospital Clínico Universidad Mayor (2006 y en el que la universidad posee el 25% de las acciones); el Hospital Docente Universitario Mayor SpA (enero de 2011); y el Centro Fonoaudiológico Universidad Mayor SpA (julio de 2007).

UNA VENTANA AL LUCRO

La Universidad Mayor mantiene una curiosa estructura inmobiliaria que hace que varios de sus campus hoy estén en poder de los bancos. Ello gracias a una serie de leaseback firmados por sociedades relacionadas con la misma universidad que le permiten a sus dueños transferir recursos mediante intrincadas maniobras. CIPER confirmó estos vínculos en notarías, donde revisó las escrituras de estos contratos, y cruzó esos datos con la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y los estados financieros del plantel de educación superior.

Una operación de leaseback le permite a una sociedad obtener dineros frescos al traspasar la propiedad de un inmueble a un banco que se lo compra a cambio de un pago mensual y con la posibilidad de recomprarlo a futuro. Es una forma de obtener recursos a la que normalmente recurren empresas en apuros financieros, una alternativa onerosa que curiosamente los dueños de la Universidad Mayor han ocupado sin freno.

(Foto: umayor.cl)
(Foto: umayor.cl)

El 14 de julio de 2010 Inmobiliaria e Inversiones Río Manso firmó un contrato de leaseback con Metlife, mediante el cual le traspasó la propiedad de siete inmuebles que componían el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur, en Las Condes, donde funcionaron hasta julio de este año la rectoría, el conservatorio y todas las dependencias administrativas de la universidad. Pero fue una entrega con elástico. Si bien el nuevo propietario de esos inmuebles era Metlife, en el contrato se dejó establecido que solo se le entregaban esos inmuebles para que los arrendara a Río Manso por una suma de UF 1.063 mensuales ($27,2 millones actuales). A la propia universidad, la sociedad inmobiliaria le subarrendó esos inmuebles por UF 1.650 ($42,5 millones), es decir casi $15 millones (UF 600) por sobre lo que le pagaba al banco.

Con ese mismo recinto los controladores del plantel concretaron otro millonario negocio cinco años después. El 14 de julio de 2015 Río Manso firmó una compraventa con la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA –constituida por el abogado Max Correa Tagle–, por la totalidad de las propiedades que integraban el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur.

La transacción por las siete propiedades incluidas en el recinto alcanzó los $18.900 millones (UF 738.100). El mismo día que Río Manso vendió las propiedades a Nueva El Golf, las había recomprado a Metlife, proceso en que desembolsó $398,6 millones (UF 159.365) que se sumaron a las 60 cuotas del leaseback ya canceladas.

La casa de estudios ha sido fiadora y codeudora solidaria (tal como se menciona en el informe de la CNA donde se alerta sobre su estructura económica) en varios contratos que Río Manso mantiene con bancos y aseguradoras. Según consta en los estados financieros del plantel correspondientes a 2014, el 31 de diciembre de ese año fueron alzadas las fianzas que mantenía con sociedades relacionadas.

El actual Campus República de la Universidad, ubicado en Alameda 2240, que hasta hace poco funcionaba como sede del CFT Magnos, está desde febrero de 2012 bajo un contrato leaseback con Corpbanca. En el documento revisado por CIPER se establece que ese banco compró el recinto con el único objeto de arrendarlo a Río Manso, acuerdo que se mantendrá vigente hasta el 5 de febrero de 2024. En el recinto funciona ahora la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. El contrato entre Corpbanca y Río Manso detalla que se deberán pagar 139 rentas: 138 pagos mensuales por UF 520 y una última cuota –la que permite la opción de recompra del inmueble– de UF 43.400. En el mismo documento se establece que Río Manso mantiene abierta la opción de sub arrendar el recinto.

Los Estados Financieros 2012 y 2013 de la Universidad Mayor confirman que desde el 13 de febrero de 2013 existe un contrato de sub arriendo por el campus de Alameda 2240. Pero no se clarifica a cuánto asciende ese alquiler ni si es la universidad la que lo paga.

El Estadio Mayor –ubicado en Avenida Sánchez Fontecilla 13010, Peñalolén–, es mencionado en la página web de la universidad como uno de sus campus. Esa propiedad, cuyo avalúo fiscal asciende a $4.500 millones, que cuenta con más de 35.000 metros cuadrados, y que está equipado con dos gimnasios, una piscina semi olímpica, dos pistas atléticas, tres canchas de tenis, dos multicanchas, entre otras instalaciones, funciona como lugar de entrenamiento de los estudiantes de Educación Física del plantel.

Según los registros revisados por CIPER, la Inmobiliaria Río Manso, que es su dueña, ha suscrito varios contratos leaseback con bancos por la propiedad donde opera el estadio. El 8 de agosto de 2011 se produjo un doble traspaso del inmueble. El Banco BBVA, que lo había comprado vía leaseback el 24 de octubre de 2005 a Río Manso, se lo devolvió a la misma inmobiliaria a cambio de UF 76.250 ($135,8 millones de la época). El mismo día Río Manso lo entregó, también vía leaseback, a Corpbanca por UF 85.893 ($153 millones de entonces).

Pocos meses después la inmobiliaria realizó otra doble operación en un mismo día con la propiedad del estadio. Se lo recompró a Corpbanca en UF 78.456 ($139,8 millones), pero solo para volverlo a vender a ese mismo banco en UF 133.870 ($238,5 millones). Entre ambas operaciones hubo una diferencia de casi $100 millones. El nuevo contrato de arrendamiento con Corpbanca se fijó hasta 2024, y la Universidad Mayor, el CFT Magnos y la sociedad Colegios Mayores, aparecen como fiadores y co-deudores solidarios. En el documento se menciona que Río Manso podrá sub arrendar el recinto. No hay claridad si la Universidad Mayor le paga a Río Manso por la utilización que hace de esas instalaciones. Los colegios asociados a este grupo –ligados a la sociedad relacionada Colegios Mayores– también lo ocupan.

Parte de las oficinas ubicadas en Alonso de Córdova 5495, donde funciona la Dirección de Postgrado de la universidad, también aparecen bajo la propiedad de Río Manso, al igual que los 51 estacionamientos ocupados por el plantel en ese mismo inmueble. Se desconoce el monto que paga la universidad a Río Manso por ocupar estas instalaciones.

Inmobiliaria Río Manso también es propietaria de un campo ubicado en la Región de La Araucanía –avalúo fiscal de $355 millones–, el que opera como recinto deportivo para los alumnos que estudian en la sede de Temuco de la Universidad Mayor. No se conoce públicamente lo que paga la casa de estudios superiores por ocupar esas instalaciones. Río Manso también es dueña del recinto donde funciona el Colegio Mayor de Peñalolén, ubicado en Valle del Aconcagua 8031.

El registro público del Servicio de Impuestos Internos señala que la Facultad de Odontología de la casa de estudios superiores –ubicada en Alameda 2013, a pocos pasos de la Avenida Brasil–, hoy está en manos del Banco BBVA. El rastreo realizado por CIPER da cuenta de que en 1998 esas dependencias pertenecían a la Sociedad Centro Médico Odontológico Universitario, pero luego fueron adquiridas por la Universidad Mayor, la que ha firmado contratos leaseback con el BBVA. Otras propiedades en manos del plantel que también han firmado contratos con bancos son las ubicadas en la Avenida Portugal 351 –inmueble comprado a CEMA Chile (ver reportaje de CIPER)–; Manuel Montt 367; y Camino La Pirámide 3750.

REINGENIERÍAS SOSPECHOSAS

Varias de las sociedades creadas por Covarrubias y Villaseñor a través de inversiones Río Puelo y Tronador han sufrido modificaciones tanto o más complejas como aquellas que registran las sucesivas acrobacias financieras recién descritas.

Las reestructuraciones más profundas de las empresas del grupo se han producido en los últimos cinco años y su punto de partida coincide con el fuerte cuestionamiento al modelo administrativo y económico de las universidades privadas, proceso gatillado por las movilizaciones estudiantiles de 2011 y cuyo principal hito fue la debacle de la Universidad del Mar.

Ya desatada la crisis, el 28 octubre de 2011 tuvo lugar una junta extraordinaria de directorio de Río Manso. A ella concurrieron Erich Villaseñor, Mario Moraga Guerrero –quien se ha desempeñado como gerente general de la sociedad Colegios Mayores– y el abogado Gastón Gallegos Pincheira. Tanto Moraga como Gallegos han sido representantes de distintas sociedades ligadas a los fundadores de la Universidad Mayor.

En la reunión de octubre de 2011 los asistentes acordaron traspasar casi la totalidad del capital y de los bienes inmuebles que hasta la fecha estaban en manos de Clínica Veterinaria Mayor (hoy de propiedad de la universidad en un 99,6%) a dos nuevas sociedades especialmente creadas para esos efectos: Inmobiliaria Mayor S.A. y Agrícola Codegua S.A.

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Inmobiliaria Mayor quedó constituida con un capital de $311 millones y entre sus primeros directores figura el ex ministro de Salud del ex Presidente Ricardo Lagos, Pedro García Aspillaga (DC). También se le transfirió un enorme patrimonio consistente en 57 bienes raíces (entre ellos tres oficinas y un local), todos ubicados en Alonso de Córdova, donde opera la Dirección de Postgrado de la Universidad Mayor. A Agrícola Codegua, en tanto, se le transfirieron dos predios en la Sexta Región que totalizan cerca de 33 hectáreas.

Las dos nuevas sociedades quedaron bajo el control de Río Manso, la que no solo recibió un millonario patrimonio. También deudas. Al momento de la división, la Clínica Veterinaria Mayor contaba con pasivos por sobre los $1.000 millones. Todas las acreencias correspondían a cuentas por pagar a sociedades relacionadas al grupo: Colegios Mayores, Cecum y la Veterinaria y Peluquería Alemana, entre otras.

Casi un año después de esta primera reestructuración, en diciembre de 2012, los accionistas de Inmobiliaria Mayor, decidieron ponerle fin a esa sociedad, siendo absorbida por Río Manso.

Seis meses más tarde, en junio de 2013, un nuevo accionista ingresó a Río Manso: el Fondo de Inversión Privado Montesur, sociedad constituida en diciembre de 2012 por uno de los representantes de Tronador y Río Puelo, Mario Moraga Guerrero. Según el registro de la junta extraordinaria de accionistas que selló esta operación, Río Manso requería de un fuerte aumento de capital para afrontar el pago de una deuda de casi $2.500 millones al CFT Magnos. El ingreso del FIP Montesur significó un aumento de capital de Río Manso por una cantidad idéntica a la deuda. El domicilio de Montesur quedó fijado en Alameda 2240, la misma dirección donde funciona la sede República de la Universidad Mayor.

A fines de ese mismo año 2013, los socios de Río Manso, que ya contaba con un capital de $4.000 millones, volvieron a crear la misma sociedad –Inmobiliaria Mayor– que habían disuelto un año atrás. A esta “nueva” Inmobiliaria Mayor se le traspasaron el Estadio Mayor y 11 departamentos –todos en proceso de adquisición por parte de Río Manso vía leaseback–, ubicados en Alameda 2240 (el campus República). A dos semanas de concluido el traspaso de estos bienes a la resucitada Inmobiliaria Mayor, el FIP Montesur transfirió la totalidad de las acciones que tenía en esa inmobiliaria –más de $2.800 millones– a Río Manso.

Seis meses después, en mayo de 2014, Inmobiliaria Mayor cambió de nombre a Inmobiliaria Llanada Sur S.A., y en enero de este año terminó por desaparecer, absorbida nuevamente por Río Manso.

Llanada, la ex Inmobiliaria Mayor, no fue la única sociedad que desapareció por fusión con Río Manso en enero pasado. Lo mismo ocurrió con Río Puelo y Tronador, que por casi 15 años operaron como controladoras de Río Manso. Lo propio sucedió con las inmobiliarias Badajoz y Adaced.

RELACIONES PELIGROSAS

Los estados financieros de la Universidad Mayor correspondientes a 2014 registran una serie de operaciones con empresas relacionadas, entre las que destacan la Clínica Veterinaria Mayor, Genoma Mayor, Empretec, Gesta Mayor, Innova Learning y el CFT Magnos. Son las mismas sociedades que la universidad declara como “filiales y coligadas” en su página web (ver listado). Algunas de ellas tuvieron origen en sociedades no relacionadas directamente a la universidad, sino que a sus propietarios, pero actualmente la Universidad Mayor –salvo en el caso de Clínica Mayor, en la que tiene el 25% de las acciones– controla al menos el 90% de la propiedad de cada una de ellas.

Según los estados financieros de la universidad correspondientes a 2014, las transacciones entre el plantel de educación superior y empresas “directa o indirectamente” relacionadas a éste, sumaron más de $3.600 millones.

Pero el cúmulo de empresas que exhiben los mismos estados financieros, no agotan la lista de sociedades “directa o indirectamente” ligadas con el establecimiento de educación superior. Una serie de otras sociedades tienen actualmente millonarios contratos con la universidad y no aparecen entre las “filiales o coligadas” declaradas por el establecimiento. Sí aparecen, en cambio, en la nómina de los “principales contratos con terceros” que mantiene vigentes la universidad y que publica en su página web (ver listado). Y aquí se abre una nueva ventana para el lucro: de las 23 sociedades que allí aparecen, al menos seis de ellas tienen o han tenido relación directa con los socios fundadores de la universidad, Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, o con sus familiares directos.

Estas seis sociedades son: Río Manso, Agrícola Valle Morado, La Pirámide. Constructora V2, Vía Austral y Agrícola Teno.

Agrícola Valle Morado S.A. le arrienda bienes muebles e inmuebles a la universidad, fue creada en agosto de 2001 y según el registro de ese año consignado en el Diario Oficial su representantes eran dos hombres de confianza de los socios fundadores del plantel: Mario Moraga Guerrero y Gastón Gallegos Pincheira, ambos vinculados a las sociedades Río Puelo, Tronador y Río Manso. En un documento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) aparece también como miembro del directorio de esta empresa Francisco Villaseñor Maldonado, hermano del vicerrector de Desarrollo (ver aquí).

(Fuente: chilebuses.cl)
(Fuente: chilebuses.cl)

En 2005, la universidad suscribió un contrato con Valle Morado para el arriendo de 100 hectáreas en Vilcún (Región de la Araucanía), localidad donde actualmente funciona su Escuela de Medicina Veterinaria. El contrato estipulaba un plazo de arriendo por cuatro años y por UF 250 mensuales ($5 millones de la época). Cumplido el plazo de arriendo, en 2007 se firmó un segundo contrato por 178 meses. La extensión vino aparejada de una oferta: Valle Morado le ofreció a la universidad pagar por adelantado y de una vez el arriendo por los 178 meses a cambio de un descuento. El precio quedó fijado en UF 35.717 ($715 millones de la época).

Cuatro años después, sin embargo el panorama cambió. Las “partes” acordaron poner término anticipado el contrato, lo que significó que la Universidad Mayor tuviera que indemnizar “por perjuicios” a su sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, con UF 1.795 ($40 millones de la época).

Otra de las sociedades que aparecen en la lista de “principales contratos con terceros” de la universidad, es la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada en 2001 por Juan Amador Bettiz Mariño, con la concurrencia de Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, rector y vicerrector de Desarrollo de la Mayor. También figura Agrícola Teno Limitada, que le presta “servicios agrícolas” a la universidad y que fue constituida en diciembre de 2002 por Erich Villaseñor Maldonado y su hijo, Erich Villaseñor Sánchez.

La Constructora V2 Limitada es la encargada de las “mejoras, construcciones y  mantenciones de las sedes” de la universidad, según la información desplegada en la web de la casa de estudios. Y la sociedad Vía Austral SpA, aparece como responsable del “almacenamiento, transporte, retiro, envío y reingreso de cajas con documentos, de su clasificación y digitalización”. La primera fue creada en noviembre de 2009 por dos sociedades de los hijos de Villaseñor: Erich Villaseñor Sánchez Asesorías y Álvaro Andrés Villaseñor Sánchez Asesorías, ambas con domicilio en Alameda 2240 (campus República). La segunda, Vía Austral, fue creada en enero de 2012 por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, histórico socio de Covarrubias y Villaseñor en varios de sus emprendimientos.

CIPER intentó contactarse por teléfono y correo electrónico con el rector, Rubén Covarrubias, y con el vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, para consultarles si aún mantenían los vínculos con todas estas sociedades que aparecen en los registros del Diario Oficial, pero no fue posible. La última respuesta que dieron desde el despacho del rector fue que ambos no regresarían a la universidad hasta la próxima semana.

Línea de tiempo, principales transacciones y sociedades

 

Las esquirlas de la colusión del papel estallaron en el CEP

El diario económico Pulso fue el primero en plantear abiertamente la pregunta: “¿Debe Eliodoro Matte dar un paso al costado en el CEP?”, tituló el viernes 30 de octubre.  Habían pasado menos de 48 horas desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hiciera un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión contra la CMPC, la empresa papelera que preside Matte, y contra la compañía sueca SCA, su principal competidora en el área tissue y con la que coordinó precios durante más de una década. Los focos se giraron de inmediato hacia el Centro de Estudios Públicos (CEP), que preside Eliodoro Matte.

Es desde ese estrado que Matte ha buscado acrecentar su influencia en el país, promoviendo el ideario del modelo liberal y su incidencia en las políticas públicas. Por eso, invitó a la Presidenta Michelle Bachelet hasta la casona que ocupa el CEP en calle Monseñor Sótero Sanz (Providencia), a una reunión privada el 8 de octubre con la que celebrarían los 35 años de la institución. Las fotos muestran a una sonriente Bachelet y cinco de sus ministros con Eliodoro Matte y con lo más granado de la cúpula empresarial, reunida en el Consejo Directivo del CEP.

Eliodoro Matte
Eliodoro Matte

Aunque en su discurso Eliodoro Matte reconoció allí las malas prácticas del sector privado –“le aseguro señora Presidenta, que somos capaces de aprender”– puso el énfasis en la “poca calidad” y la celeridad de las reformas impulsadas por el gobierno.

“La importancia de recuperar la confianza”, fue el título del discurso de Matte (ver texto completo), quien en ese momento ya sabía que la FNE investigaba la escandalosa colusión de su empresa, pues seis meses antes la CMPC se había autodenunciado (lo hizo en marzo de este año, aunque la investigación se había iniciado tres meses antes). Esa bomba de tiempo -que explotó tres semanas más tarde- Eliodoro Matte ya la tenía en sus manos cuando invitó a Bachelet.

“Es obvio que Eliodoro Matte sabía lo que estaba pasando en la papelera (…) me parece que fue impropio haber convidado a la Presidenta y creo que él debiese haber cancelado esa reunión”, cuestionaría después el ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, uno de los asistentes al encuentro y primo de Eliodoro Matte, agregando que el telón de fondo de la reunión “fue brutal”.

Incluso el subdirector de CEP, Lucas Sierra, dijo a CIPER que lamentaba el hecho: “Creo que el episodio de la foto de Matte con Bachelet para los 35 años del CEP fue muy desafortunado. Fue un seminario académico muy interesante, y la Presidenta nos honró al venir con el equipo de ministros, pero el problema fue esa foto. Fue sin duda una secuencia de hechos muy desafortunada. Nadie sabía y se podría haber hecho de otra manera. Y eso es un ingrediente del golpe (al CEP). Pero estamos tranquilos, respaldados en esta institucionalidad”.

Lucas Sierra
Lucas Sierra

En la única entrevista que ha dado después del escándalo, Eliodoro Matte negó al diario El Mercurio haber tenido conocimiento de la colusión ilícita que realizaba su empresa; pidió perdón y aseguró que no renunciaría al CEP. Pero Matte no sólo expuso a Bachelet, sino que puso al CEP en la mira de los cuestionamientos. “Esa invitación a la Presidenta es el punto crítico. Pudo no saber de la colusión, pero sabía que había ido a autodenunciarse. Debió al menos restarse del protagonismo, enfermarse ese día, porque además con un discurso sobre la confianza…”, reflexiona un consejero del CEP que pidió guardar el anonimato.

Porque hasta ahora el único integrante del centro que ha criticado públicamente a Matte es el abogado José Zalaquett, quien renunció a su Consejo Directivo. Pero en voz baja son varias las voces que esperan que en los próximos días Eliodoro Matte dé un paso al lado, pues creen que es la única forma de detener el daño provocado al CEP.

“Eliodoro Matte debe renunciar, es una señal de asumir responsabilidad; si sabía de la colusión, o si no sabía, por ser negligente. El CEP ha tenido una gran credibilidad, atrae a muchos jóvenes de distintos lados, es un capital en cuanto a think tank”, dijo Zalaquett a El Mercurio.  En la misma línea, otro consejero dijo a CIPER que por ahora se inclina “levemente” por que Matte renuncie,  pues si es cierto que el empresario no sabía de la colusión, sería incompetencia, y se pregunta: “¿Qué tan conveniente es que el CEP sea liderado por un incompetente?”.

Quienes  trabajan en el CEP están preocupados por la imagen del centro. “Mucha gente cree que Matte debería renunciar y yo preferiría que eso pase en diciembre”, dice un profesional cercano al CEP en relación a la reunión del Consejo Directivo, programada para el día 4 de ese mes. Es la única instancia con potestad para remover a Matte antes de la fecha en que le correspondería dejar el cargo: en mayo del próximo año.

“UNA DISCUSIÓN DELICADA”

El viernes 6 de noviembre Eliodoro Matte llegó hasta la sede del CEP para presidir la reunión de su Comité Ejecutivo, en el que participan ocho de los 24 integrantes del Consejo Directivo. A través de un comunicado, al término de la reunión se envió una señal de respaldo a Matte, recalcando que los consejeros no representan a sus empresas y que, como parte de un proceso de transición programado, en mayo se elegirá al nuevo presidente (ver declaración completa). En el CEP reconocen que el texto fue algo confuso, pues no se aclaró que el Consejo Ejecutivo no tiene atribuciones para revisar la permanencia de Matte.

La historiadora Sol Serrano, quien integra el Consejo Directivo, dijo a La Segunda que le cree a Matte y que no tiene cuestionamientos contra él. Aún así, pidió una reunión de urgencia  de los consejeros directivos para tratar el asunto y dijo estar en desacuerdo con que el problema se haya debatido en el Consejo Ejecutivo.

Harald Beyer
Harald Beyer

-En el Consejo Ejecutivo se vieron otras cosas, pero fue una discusión delicada. Las posturas fueron distintas. No podemos desconocer internamente el apoyo y lo que ha significado para el CEP el trabajo de Eliodoro Matte. Es muy importante y ha sido una presidencia muy positiva y muy correcta, muy deferente hacia la academia y sus principios. Y eso no se puede borrar de un plumazo -explica Lucas Sierra, quien asistió a la reunión en representación de Harald Beyer, el director del CEP, quien estaba en Estados Unidos y decidió no volver ante la urgencia, sino seguir con sus actividades académicas.

“La consigna fue ‘calma’”, resume Sierra. Esa parece ser también la voz que prima entre los consejeros directivos, que no quieren agitar las aguas y prefieren esperar lo que Matte tenga que decir en diciembre. “Lo que a mí me interesa es salvar al CEP”, explicó un consejero a CIPER, quien cree que Matte se dará cuenta solo de que lo mejor es que dé un paso al lado.

Una señal de que el escenario se le presenta difícil a Eliodoro Matte, lo dio esta semana una editorial de El Mercurio, diario tradicionalmente cercano a la papelera y a sus controladores. Allí se lee: “por la propia eficacia de todas las actuaciones del CEP en los próximos seis meses, resulta prudente al menos abstenerse del ejercicio de su dirección máxima, mientras no se concluye la investigación de la grave colusión detectada”.

LA “CRUZADA” POR LA COMPETENCIA

A la espera de lo que el consejo directivo resuelva en diciembre, los investigadores del CEP siguen con su agenda y buscan la forma de enviar señales de independencia. Aunque insisten en que hasta ahora ni Matte ni ninguno de los empresarios que financian el organismo han buscado influir en su trabajo, saben que en este momento es necesario que la opinión pública perciba que los problemas de su presidente no interfieren en sus investigaciones.

Por ello, le dan vueltas a la idea de intensificar su trabajo en temas de competencia en los próximos meses, aunque es un área que siempre ha ocupado un lugar importante en la agenda del centro, porque es clave para el funcionamiento del modelo de mercado que el CEP promueve.

Por ejemplo, este martes 10 de noviembre, dio una charla en el centro Alan Frankel, un estadounidense experto en el funcionamiento del mercado de tarjetas de crédito. Había sido invitado por la FNE para que atestiguara ante el TDLC, con el objeto de entregar argumentos para desarmar el monopolio de Transbank (empresa en la que participa el Banco BICE, del Grupo Matte).  La visita iba a ser antes y fue reprogramada por problemas personales de Frankel, lo que hizo que la visita del experto de la FNE al CEP coincidiera con la polémica por la colusión del papel.

“La colusión es uno de los flagelos más grandes que puede tener una economía del tamaño de Chile”, dice un economista cercano a la institución. En agosto pasado, el CEP recogió opiniones de expertos sobre si era necesario aplicar pena de cárcel a la colusión: la mayoría estuvo más bien de acuerdo con reponer el castigo penal y debatieron sobre la forma (ver documento). Todo eso hace particularmente sensible para el CEP el caso de la CMPC.

Casona del CEP en Providencia
Casona del CEP en Providencia

La libre competencia también ha sido un tema recurrente para Eliodoro Matte. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, envió tres cartas a El Mercurio sobre competencia en el mercado de los medicamentos. A partir de esas cartas, el diario La Segunda y Qué Pasa, publicaron sendas notas explicando “la antigua preocupación de Matte por la libre competencia”, “una verdadera cruzada”  porque “es un apasionado de la libre competencia y la transparencia”.

El interés de Matte por el mercado de los medicamentos data de la época en que la dictadura lo reclutó como jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. “El año 73, con mis amigos de Chicago (ahí estudió un MBA), asumimos distintos cargos en el sector público. A mí me tocó salud”, recordó en 2005 al recibir un premio. Como funcionario público, dicen las notas, trató sin éxito de hacer cambios legales para introducir más competencia al mercado farmacéutico, pero fracasó por el lobby de los laboratorios y del Colegio Médico.

En su primera carta a El Mercurio, Matte celebra además dos resoluciones del TDLC: la que condicionó la fusión de SMU con Supermercados del Sur a la venta de algunos locales y la que advirtió de las diferencias de precio de las llamadas telefónicas dependiendo de la compañía de destino. “Creo que todos los organismos públicos deben facilitar, en los distintos sectores de la economía, la concurrencia de nuevos entrantes o el desarrollo de competidores más pequeños. Ello es la mejor receta para que los consumidores aprecien las bondades de una economía de mercado verdaderamente competitiva”, concluye Matte.

CMPC Tissue operó en sentido contrario de la receta que su presidente daba para el resto de la economía. No sólo se coludió con su principal competidora al menos entre 2000 y 2010 para subir los precios, según la FNE, sino que acostumbraba hacer las llamadas “fiestas de bienvenida” a los nuevos actores, bajando los precios a niveles en que éstos no pudieran competir. Así sucedió en 2001 cuando Kimberly Clark introdujo el papel higiénico Scott, recuerda un ex ejecutivo, y luego en 2006, cuando la sueca SCA tomó el control de Pisa. Además, actores de la industria acusan que la empresa conseguía trato especial con los principales supermercados, para asegurar los mejores espacios en las góndolas y en los catálogos comerciales, entre otros beneficios que mantenían su liderazgo indiscutido.

“Vivimos en un país privilegiado y ustedes son parte de un grupo privilegiado en este país privilegiado”, era la lección que, según han relatado los hermanos Matte Larraín, les transmitía su padre, Eliodoro Matte Ossa.  La empresa CMPC –de la que Eliodoro Matte fue gerente general desde 1981 y presidente desde 2002 hasta hoy– se ha encargado de mantener siempre ese lugar privilegiado.

LA REFUNDACIÓN

El escándalo de la colusión sorprende al CEP en un periodo de transición. Fundado en 1980, su primer presidente fue el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Jorge Cauas. Eliodoro Matte ocupa esa testera desde 1987 y su mano derecha fue siempre Arturo Fontaine, quien logró darle un halo académico e intelectual a una institución financiada por los grandes empresarios y que busca influir con un ideario liberal. La seriedad de sus encuestas, que debutaron en 1988 con el pronóstico del triunfo del No, contribuyó a posicionar al CEP como un actor independiente y relevante para el mundo político. Pero no fue hasta que llegó a La Moneda Ricardo Lagos que se consolidó como un interlocutor poderoso de los gobiernos democráticos.

Arturo Fontaine
Arturo Fontaine

El primer presidente socialista después de Allende se preocupó de tender puentes con el empresariado y el CEP se convirtió en una excelente plataforma. Durante su gobierno se volvieron una tradición las reuniones en la antigua casona que el CEP ocupó hasta 2005 en la misma calle Monseñor Sótero Sanz. Hasta ahí llegaba Lagos con sus ministros. Lo recibían Matte, Fontaine y los otros empresarios que participan de la institución, y dialogaban sobre las políticas públicas que se estaban impulsando.

Harald Beyer, entonces coordinador académico del CEP,  se convirtió en el economista liberal más escuchado en La Moneda, invitado como experto a todo tipo de comisiones –algo que se extendió hasta el primer gobierno de Bachelet–, dejando la huella del CEP en importantes políticas públicas. Fue él, por ejemplo, quien convenció a Lagos de que el programa Chile Solidario debía complementarse con transferencias monetarias, un aporte pequeño que fue clave para mejorar las estadísticas de pobreza (ver reportaje).  Otros investigadores, como Salvador Valdés, tuvieron un rol gravitante en decisiones que hasta ahora dan que hablar, como los aportes reservados a las campañas políticas.

Los problemas empezaron durante el gobierno de Piñera. En 2011, en pleno auge del movimiento estudiantil, Fontaine presentó un libro del economista Patricio Meller llamado “Universitarios: ¡El problema no es el lucro, es el mercado!”.  Fontaine no sólo se desmarcó del gobierno y la derecha liberal, sino del propio autor cercano a la Concertación, y durante la presentación dijo que “el lucro importa y mucho” (ver presentación), una idea que defendió a título personal en la Comisión de Educación del Senado (ver presentación).

En 2013, la vocación del CEP de ser un centro donde conversan distintas miradas de la realidad fue llevada al límite por Fontaine, quien organizó seminarios en los que expertos cuestionaron la veracidad de las cifras de disminución de la pobreza arrojadas por la encuesta Casen en el gobierno de Piñera (ver reportaje).

La tensión al interior del CEP llegó a su punto máximo cuando Harald Beyer, ahora ministro de Educación, debió dejar su cargo luego de una acusación constitucional en que se le imputó justamente no haber fiscalizado el lucro en las universidades. “Me hubiera gustado un gesto más notorio de Arturo Fontaine a Harald Beyer”, dijo entonces el abogado de Eliodoro Matte y consejero del CEP, Enrique Barros, quien además fue el defensor de Beyer.

Primero, Eliodoro Matte le pidió la renuncia a Arturo Fontaine tras 31 años como director. Tres meses después, la coordinadora del área de opinión pública y responsable de la encuesta, Carolina Segovia, renunció a su cargo.

A ello se sumó después una fuerte crítica a las encuestas realizadas por el CEP, en plena campaña presidencial, debido a que primero se interrumpió el trabajo de campo cuando Pablo Longueira bajó su candidatura, y luego la nueva candidata de la derecha, Evelyn Matthei, aparecía perdiendo en primera vuelta frente a Michelle Bachelet. “No hay nada que le haya hecho más daño a mi campaña que el Centro de Estudios Públicos”, diría Matthei.

En octubre de 2013 la encuesta del CEP mostró una nueva fotografía del país: un 86% de los encuestados estuvo de acuerdo con la protección a los consumidores; un 85% con reducir la diferencia de ingresos; un 83% con una nueva nacionalización del cobre; y un 36% con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Efectivamente, Chile había cambiado. Y los cambios también se suscitarían en el CEP.  La nueva etapa del CEP sería liderada por Harald Beyer. Ese turbulento 2013 se cerró con el anuncio de cambios institucionales en el centro.

El programa de Michelle Bachelet fue el que propuso los mayores cambios estructurales al modelo desde el retorno a la democracia, con reformas tributaria, laboral, educacional y constitucional como piedras angulares. Y, por tanto, alejado de las ideas que defiende el CEP. El desafío emergió cuando el centro estaba en su momento más débil, a lo que se sumó una derecha golpeada por las elecciones y las organizaciones empresariales sin el poder de antaño para enfrentar las amenazas de un nuevo gobierno “socialista”.

Por eso, cuando Matte ejecutó la transformación estatutaria y financiera del CEP  insistiendo en que no le interesaba transformar al centro de estudios en una institución “de trinchera”, muchos creyeron ver allí un intento del gran empresariado para potenciar un think tank capaz de hacer frente a las reformas.

Un mes y medio después del triunfo en segunda vuelta de Bachelet, diez de los empresarios más ricos de Chile sellaron un compromiso que desde hace dos años venían forjando. Sus firmas ratificaron el 23 de enero de 2014 el pacto de los grupos económicos más importantes del país –Matte, Luksic, Solari, Angelini y Yarur, entre otros- como lo grafica la nómina de los más ricos del mundo, según la revista Forbes (ver tabla).

El selecto grupo, conformado por Roberto Angelini (Copec, Celco, Corpesca), Juan Andrés Camus (BTG Pactual, Bolsa de Comercio), Jorge Errázuriz (BTG Pactual), Jean Paul Luksic (Antofagasta Minerals, Quiñenco), Eliodoro Matte (CMPC), Juan Eduardo Obach (Papeles Bío Bío), José Said (Parque Arauco, BBVA), la Fundación Reinaldo Solari (representada por Piero Solari, Falabella), Wolf Von Appen (Ultramar) y Luis Enrique Yarur (BCI), firmaron los estatutos de la “Fundación CEP”, comprometiéndose a aportar en un fondo o endowment la suma de $26.500 millones, unos US$50 millones de la época, dentro del plazo máximo de dos años.

Cada uno de los “fundadores” –como se les denomina en la escritura pública protocolizada ante la 18° notaría de Santiago– manifiesta su voluntad de constituir una fundación que busca “analizar y divulgar, con criterio independiente, liberal y crítico, los problemas filosóficos, políticos, sociales y económicos que interesan a la sociedad chilena, como también estudiar, discutir y diseñar políticas públicas, con el fin de ayudar a la consolidación y desarrollo de una sociedad libre y democrática”. Para cumplir esos fines, la fundación dotará de recursos al Centro de Estudios Públicos (ver escritura).

Jorge Errázuriz
Jorge Errázuriz

El endowment, inspirado en el modelo de los think tanks anglosajones, es un fondo que se invierte en instrumentos financieros seguros, cuyos intereses sirven para financiar el funcionamiento del CEP. Con ese monto, “es posible mantener al CEP vigente, independientemente de los vaivenes de la economía. Y si hubiera una situación económica muy mala, donde nadie quisiera donar dinero, la institución podría seguir funcionando a un nivel mínimo”, decía a  CIPER en ese momento Jorge Errázuriz.

Hasta entonces, el CEP dependía principalmente de las donaciones de las empresas y siempre era necesario que alguien anduviera recolectando dineros para así asegurar la sobrevivencia. Precisamente ese estado de incertidumbre es lo que habría motivado a Eliodoro Matte, a estructurar la “Fundación CEP”.

El aporte inicial de nueve de los empresarios fundadores, fue de $10 millones, cada uno. Y fue Eliodoro Matte, el presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), quien contribuyó con la mayor cantidad: $10 mil millones, un 38% del total comprometido.

El resto de los aportes de los otros fundadores quedó estipulado de la siguiente forma: Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz y Juan Eduardo Obach donarían a la Fundación CEP $490 millones cada uno, durante el primer año. Roberto Angelini, Jean Paul Luksic, la Fundación Reinaldo Solari, José Said, Wolf Von Appen y Luis Enrique Yarur se comprometieron a entregar $2.490 millones cada uno. Angelini y Yarur lo harían dentro del primer año; mientras, Luksic, Said y Von Appen se comprometieron a hacerlo entre 2015 y 2016. Si se cumplió el calendario estipulado en los estatutos, sólo ellos tres tendrían aportes pendientes que hacer. El plazo para completar la donación vence el 23 de enero próximo.

Lucas Sierra explica que cuando el fondo esté operando en régimen, aportará un tercio del presupuesto anual del centro, pero los donantes aún no terminan de entregar todo el dinero que comprometieron. Este año recibieron, además,  aportes de 80 empresas (ver lista). “Nos interesa mantener este pool de donantes diversificados, porque nos demuestra que hay élites económicas que tienen compromiso público”, añade Sierra.

Una de las reglas es que ningún donante puede representar más del 10% del patrimonio y las donaciones tampoco pueden estar ligadas a una investigación o área específica. La idea es entregar garantías de independencia a las investigaciones, para lo cual también se exige que cada una vaya firmada por su autor y no se publican documentos institucionales.

NUEVOS INTEGRANTES

En la primera reunión del consejo o directorio de la fundación, que sesionó el 11 de abril de 2014, se nombró como presidente a Eliodoro Matte; tesorero a Wolf Von Appen; y secretaria a la abogada Blanca Sánchez de Toca. También se designó un comité de finanzas, integrado por Juan Andrés Camus, Salvador Said e Ignacio Yarur, que diseñó una política de inversiones, que incluyó la licitación de la administración del fondo.  Matte, Von Appen, Camus, Said, Roberto Angelini, Jorge Errázuriz, Jean Paul Luksic, Juan Eduardo Obach, Carlo Solari y Luis Enrique Yarur fueron designados como directores.

El directorio de la Fundación CEP acordó también aumentar de 18 a 24 los miembros del Consejo Directivo del CEP: al menos ocho de ellos serían elegidos por el mismo directorio de la fundación. En esa ocasión se designaron a ellos mismos, mientras que Matte y Von Appen asumieron la presidencia y vicepresidencia del centro de estudios.  El poder de los financistas de la fundación quedó expresado también en el derecho de tres de sus integrantes de incorporarse al Consejo Ejecutivo del CEP.

José Zalaquett
José Zalaquett

En la práctica, el Consejo Ejecutivo del CEP quedó integrado por seis de sus principales financistas fundadores: Eliodoro Matte y Wolf Von Appen a la cabeza (presidente y vicepresidente respectivamente); Juan Andrés Camus, Juan Eduardo Obach, Salvador Said y Carlo Solari como consejeros. A ellos se sumó el abogado Enrique Barros, el académico Leonidas Montes y el experto en finanzas David Gallagher, históricos colaboradores del centro

Todos ellos integran además el Consejo Directivo del CEP. Ya en diciembre de 2013 se había anunciado que esa instancia se ampliaría para incluir “nuevos mundos”. Fue entonces que se incorporó la historiadora Sol Serrano, la primera mujer en integrar el consejo; junto al abogado de derechos humanos José Zalaquett (ahora renunciado); los economistas Sebastián Edwards y Ricardo Caballero. A ellos se sumó luego el ex contralor Ramiro Mendoza. Los otros integrantes de este consejo que será clave para el futuro de Eliodoro Matte son Juan Claro (ex presidente de la CPC), Fernando J. Larraín (Larraín Vial), Jorge Matetic (Viña Matetic), Fernando Reitich (CAP), Alejandro G. Vigo (filósofo) y Joaquín Villarino (Consejo Minero).

LA DIFÍCIL SUCESIÓN

Hace ya un tiempo que Eliodoro Matte viene hablando de la necesidad de un cambio y ha mencionado que su sucesor debe ser algún integrante de las nuevas generaciones. Ha mencionado a Leonidas Montes, Salvador Said, Joaquín Villarino y Carlo Solari. Pero quienes conocen el tejemaneje del CEP hacen ver que no será fácil dar con el nombre adecuado.

Por un lado, creen que por la dinámica interna, el futuro presidente del CEP debe provenir del empresariado, pues actúa como una especie de bisagra entre los financistas y el área académica. Es en el Consejo Directivo donde los empresarios pueden plantear su opinión sobre las líneas de investigación, pero al mismo tiempo se debe garantizar la independencia del centro.

Asumiendo que el futuro presidente del CEP provendrá de la nueva generación de empresarios, se reduce el campo y se enfrenta un problema contingente: el descrédito que tiene hoy el mundo privado ante la opinión pública. “¿Qué grupo empresarial no está siendo profundamente cuestionado hoy?”, se pregunta un profesional cercano al centro.

De los grandes conglomerados, el Grupo Matte era de los pocos que hasta ahora no había sido protagonista de ninguno de los escándalos de los últimos años. Luksic está complicado por Caval, Angelini involucrado judicialmente en dos investigaciones por financiamiento ilegal de la política, en las que Said y Yarur también se han visto afectados aunque en menor grado. Wolf Von Appen es parte del directorio de SQM. Es claro que la elección no será fácil, tanto si es en diciembre como si se posterga para mayo.

*Este reportaje fue actualizado el 13 de noviembre de 2015