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El sucesor de “El Chapo”: Dámaso López Núñez

Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, líder del Cartel de Sinaloa, considerado por el gobierno de Estado Unidos como el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos y quien fuera extraditado por el gobierno de México a Nueva York el 19 de enero pasado, ya tiene un sucesor. Su nombre es Dámaso López Núñez,  mejor conocido como “El Licenciado”. De acuerdo a información confirmada por funcionarios de la DEA, su era comenzó a finales del 2016 tras una batalla contra “El Chapo” y sus hijos por el poder dentro del cartel, en la que el otrora súper capo quedó derrotado.

Aunque el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó en el 2013 a “El Licenciado” de ser uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa, hasta ahora se conoce muy poco sobre la carrera criminal, personalidad y actual rostro de quien ocupa el lugar de “El Chapo” en la “más grande y prolífica organización de tráfico de drogas del mundo”, según definió la fiscalía de la corte federal de distrito este de Nueva York al cartel que Guzmán Loera encabezó junto con Ismael Zambada García durante los últimos 15 años.

López Núñez, nacido el 22 de febrero de 1966, de 50 años de edad, es originario de la comunidad El Dorado, en Culiacán, Sinaloa, estado donde han nacido los capos más importantes de México. Fue comandante de la policía judicial y subdirector de la cárcel federal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, cuando Guzmán Loera estuvo preso. Ahí lo conoció, se convirtió en su fiel sirviente, creó un grupo de choque dentro del penal conocido como “Los Sinaloas”, lo ayudó a corromper a otras autoridades y custodios del penal, y a fugarse en enero de 2001 con la complicidad de otros funcionarios federales.

“El Licenciado”, el sucesor de “El Chapo” al mando del Cartel de Sinaloa (Foto: Especial/Agência Pública)

Quienes lo conocen lo describen como un hombre astuto, explosivo, visceral y que no se tienta el corazón para tomar decisiones que tengan que ver con su poder dentro el negocio de las drogas. Se afirma que su centro de operaciones es Culiacán, donde se mueve libremente y que a lo largo de 15 años al servicio de “El Chapo” construyó su propia estructura criminal que incluye la compra de autoridades a través de cuantiosos sobornos y una amplia red en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica para el tráfico de drogas.

Su padre, Dámaso López García, fue síndico de Culiacán en 2007, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su fallecimiento, ocurrido en septiembre de 2009, fue motivo para que el entonces alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, también del PRI, pidiera en el cabildo un minuto de silencio en su honor.

El brazo derecho

Dámaso López Núñez y Joaquín Guzmán Loera se conocieron en 1999 en la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, cuando “El Licenciado” fue nombrado subdirector del recinto penitenciario. Entonces López Núñez tenía 33 años de edad. Llegó acompañado por un equipo de colaboradores que se hacían llamar “Los Sinaloas”: los comandantes Carlos Fernando Ochoa López, Jesús Vizcaíno Medina y Fidel Roberto García; custodios como José de Jesús Carlos Cortes Ortiz, “El Pollo”, y José Barajas, “El Veneno”. Todos ellos corruptos de pies a cabeza. A través de ellos “El Chapo” gobernaba en el penal, repartía dinero o golpes. Con la ayuda de “El Licenciadola supuesta cárcel de máxima seguridad se convirtió para “El Chapo” en un centro recreativo.

De acuerdo al expediente criminal abierto sobre la fuga de Guzmán Loera de Puente Grande, “El Licenciado”, con la complicidad del director del penal, Leonardo Beltrán, instrumentaba la logística para que dentro de la prisión Guzmán Loera y sus amigos los narcotraficantes Héctor Palma Salazar, “El Güero”, y Arturo Martínez Herrera tuvieran acceso a teléfonos celulares, prostitutas, licor, estimulantes sexuales, cocaína, grupos musicales y alimentos procedentes de lujosos restaurantes de Guadalajara. Entre los que declararon ante la PGR sobre los trabajos que López Núñez hacía para “El Chapo”, estuvo una de las amantes de “El Chapo”, la cocinera del penal Ives Eréndira Moreno Arriola.

Prisión de máxima seguridad de Puente Grande, donde "El Licenciado" y "El Chapo" se hicieron próximos (Foto: Flickr/Legistalitivo Jalisco)
Prisión de máxima seguridad de Puente Grande, donde “El Licenciado” y “El Chapo” se hicieron próximos (Foto: Flickr/Legistalitivo Jalisco)

“El Licenciado” ejercía el control a través del reparto de sobornos o amenazas. Aquellos custodios o internos que no estaban dispuestos a servir a Guzmán Loera eran reprendidos. El custodio Juan José Pérez Díaz narró a la Procuraduría General de la República, tras la fuga de “El Chapo” ocurrida en enero de 2001, que cuando comenzó recibió la propuesta de permitir cosas ilegales dentro de la prisión, acudió al subdirector esperando apoyo.

—Quiero renunciar —dijo el custodio al subdirector, armándose del poco valor que le quedaba.

—No puedes, eres comandante de compañía, si renuncias, estas personas [El Chapo, El Güero y El Texas] pueden tomar otro tipo de represalias. Lo mejor es no salir mal con ellos —recomendó López Núñez. [1]

Ni los internos estaban a salvo. José Adrián Espinoza Ramírez envió una queja a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco contra Beltrán Santana y Dámaso López Núñez. Los acusaba de corrupción y de presionarlo para que él mismo atentara contra su vida, de amenazas de muerte a su familia y ser el motivo por el cual su esposa le exigió el divorcio, ya que estaba asustada de las amenazas. Y los culpaba de ser responsables de los suicidios de los internos Raúl René Chirinos Castro y José Manuel Pérez Yáñez por deudas de drogas, extorsión, tormento psicológico y físico[2]. Tras su queja, Espinoza Ramírez apareció muerto en el penal.

Cuatro meses antes de la fuga de “El Chapo”, López Núñez renunció al cargo de subdirector pero continuó visitando a Guzmán Loera en el penal. La última visita la hizo diez días antes de la fuga[3].

Cuando “El Chapo” salió de la prisión Dámaso López Núñez era ya su brazo derecho. Con la misma “eficiencia” con la que lo ayudó a controlar el interior del penal, comenzó a encargarse de importantes operaciones para el trasiego de droga y de coordinar grupos de sicarios al servicio de Guzmán Loera.

Las confesiones de “El Vicentillo”

Conocí por primera vez a Dámaso aproximadamente en el 2003, pero había tenido noticia de él desde tiempo antes”, narró al gobierno de Estados Unidos Vicente Zambada Niebla alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada García alias “El Mayo”, quien fue detenido en México el 2009 y extraditado a la Corte de Distrito Norte en Chicago, Illinois.

Para este reporte se obtuvieron confesiones inéditas hechas por Zambada Niebla en su colaboración con la justicia americana a cambio de una menor condena. Dichas declaraciones fueron hechas entre 2011 y 2012 y ayudaron al gobierno de EE.UU. a conocer el importante papel que López Núñez jugaba dentro del Cartel de Sinaloa, y los otros sobrenombres que usa como “El Lic” y “Belisardo”.

Zambada afirmó que Dámaso negociaba con los proveedores de cocaína colombianos a nombre de su padre y “El Chapo”: “Dámaso era el responsable de coordinar con los colombianos para establecer los envíos a través de botes y submarinos que traían la droga de Colombia y los botes que viajaban de México para llevar de regreso los pagos de la cocaína recibida (…) Tuve conocimiento a través de conversaciones con mi padre, “Chapo”, Dámaso y otros que entre 2003 y 2009 Dámaso regularmente coordinaba la recepción en México de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína de Colombia. Yo tenía conocimiento que la gran mayoría de esta cocaína iba a ser distribuida en Estados Unidos”.

Y dio detalles de su eficacia. En 2008 “El Mayo” Zambada y Guzmán Loera negociaron con sus proveedores colombianos la compra de cerca de 20 toneladas de cocaína. Para esa operación Dámaso se apoyó en un operador del cártel conocido como “Capi Beto” para conseguir dos embarcaciones con compartimentos ocultos para transportar la droga por el canal de Panamá. “Adicionalmente, Dámaso envió dos botes más a través del canal por su propia cuenta”, dijo Zambada Niebla.

El lugar de "El Licenciado" en el Cartel de Sinaloa según equema de la DEA en 2013.
El lugar de “El Licenciado” en el Cartel de Sinaloa según equema de la DEA en 2013.

El cargamento fue recibido en alta mar y transferido a otras embarcaciones más pequeñas. Dámaso coordinó que los navíos llegaran hasta cerca de la costa de Sinaloa y una vez ahí coordinó con otro operador apodado “Colas” para enviar pequeñas embarcaciones para transportar en partes las 20 toneladas de cocaína, dichas embarcaciones llegaron a una ubicación apartada en Sinaloa y la gente de “El Mayo”, “El Chapo” y una persona conocida como “Keta” guardaron una parte de la cocaína en casas de seguridad en Culiacán y sus alrededores. “La cocaína fue también almacenada por Dámaso en casas de seguridad en El Dorado, Culiacán”, reveló “El Vicentillo”.

Otra de las modalidades de Dámaso para transportar cocaína para el Cartel de Sinaloa desde Colombia a México ha sido el uso de aviones de fumigación. Zambada Niebla afirmó que dichas aeronaves podían llegar a transportar hasta media tonelada de cocaína (500 kilos). Para estas operaciones Dámaso tenía “infraestructura” en Guatemala, Belice y Honduras.

Además de sus deberes para transportar droga, Dámaso también tenía un equipo de sicarios que peleaban contra los Beltrán (Leiva), Zetas, y otros enemigos del Cartel de Sinaloa”, agregó.

Tras las confesiones de “El Vicentillo” en 2013 el gobierno de EE.UU. denunció por primera vez a López Núñez como “pieza clave” del Cartel de Sinaloa.

La era de “El Chapo”

Durante los 14 años que estuvo fugitivo (2001-2014) Joaquín Guzmán Loera se convirtió en el capo más poderoso del mundo, refiere el abultado expediente criminal abierto en su contra en la Corte Federal de Distrito Este, en Brooklyn, NY, donde el capo enfrenta al menos diecisiete cargos por crímenes cometidos entre 1989 y 2014, como el tráfico de cientos de kilogramos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos, lavado de dinero, y uso ilegal de armas, entre otros.

De acuerdo a la acusación penal en NY, Guzmán Loera logró construir en 30 años su imperio de tráfico internacional de drogas gracias a cinco factores principales. Uno fue la alianza hecha a fines de la década de los setentas entre el Cartel de Guadalajara, que luego se convertiría en Sinaloa, y los entonces poderosos carteles colombianos, en particular el Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar.

Extraditado a Estados Unidos, "El Chapo" enfrenta 17 acusaçciones de delitos cometidos entre 1989 e 2014 (Foto: Alfredo Domínguez/La Jornada)
Extraditado a Estados Unidos, “El Chapo” enfrenta 17 acusaciones por delitos cometidos entre 1989 e 2014 (Foto: Alfredo Domínguez/La Jornada)

Al principio México era sólo un trampolín para pasar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, principalmente a Miami y Nueva York. “Junto con la proliferación de las drogas en nuestras comunidades, llegó una avalancha de violencia y crimen”, afirma la fiscalía. Los narcotraficantes mexicanos, que hasta entonces solo comerciaban marihuana y heroína, usaban sus mismas rutas para ayudar a los colombianos a transportar el polvo blanco. Guzmán Loera supo ganarse la simpatía de los colombianos por su eficacia en el trasiego de drogas y la entrega de las ganancias en tiempo record. “Esta efectividad le valió el apodo de El Rápido“, se afirma en el expediente.

Mientras era protegido por las fuerzas del orden (en México), Guzmán no sólo mejoró su  método de operación, sino que construyó el modelo del moderno Cartel de Sinaloa, fortaleciendo sus alianzas con otros narcotraficantes mexicanos”, como “El Mayo” Zambada, la otra cabeza del Cartel de Sinaloa, quien sigue prófugo de la justicia.

El segundo factor fue que cuando llegó el declive de los carteles colombianos, El Cartel de Sinaloa y Guzmán Loera no solo eran transportadores de la cocaína de México a Estados Unidos, sino que se comenzaron a controlar directamente la venta de droga en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, desplazando a los colombianos y otras organizaciones, duplicando sus ganancias.

Guzmán usó esta riqueza para aumentar su poder y el del Cartel de Sinaloa en el mundo del narcotráfico. Dentro de México, Guzmán amplió su control de sus puertos Atlántico y Pacífico. Amplió su control en las ciudades fronterizas no sólo entre Estados Unidos y México, sino también en la frontera entre México y Guatemala. Guzmán y miembros del Cártel de Sinaloa infiltraron a otros países centroamericanos, incluyendo Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá”, describe la fiscalía estadounidense.

El tercer factor fue que Guzmán Loera y la organización criminal, crearon alianzas con otros carteles mexicanos construyendo una “federación” para dominar la frontera con EE.UU. Así mismo lograron eliminar a los carteles colombianos de toda la cadena criminal al ponerse en contacto directo con los productores de la cocaína en territorio de Colombia, Ecuador y Venezuela. Con esto controló toda la cadena del negocio, desde la producción hasta la venta directa a los consumidores.

Gracias a “El Vicentillo” ahora se sabe que en esas operaciones Dámaso López Núñez fue una pieza clave.

Guzmán Loera supo adaptarse a las transformaciones del mercado y convirtió al Cartel de Sinaloa en el principal productor de metanfetaminas del mundo: “Como resultado, Guzmán estableció fuentes de suministro de precursores químicos para la producción de metanfetamina en África y Asia, incluso en China e India”.

Y el quinto factor, que fue el definitivo para la construcción de su imperio criminal, fue la corrupción de las autoridades. De acuerdo a la fiscalía, mientras aumentaba su presencia a nivel internacional Guzmán Loera consolidó su poder dentro de México a través de la corrupción de funcionarios “en todos los niveles de los gobiernos locales, municipales, estatales, nacionales, y de gobiernos extranjeros”, a quienes se pagaron cuantiosos sobornos en efectivo –incluso millones de dólares– para garantizar el libre trasiego de toneladas de drogas de Sudamérica a Estados Unidos. En el expediente se afirma que esos pagos garantizaban que los envíos de droga eran recibidos con seguridad en territorio mexicano y las toneladas de cocaína eran escoltadas directamente por funcionarios del gobierno de México para llegar sin contratiempos a la frontera con Estados Unidos.

En la acusación penal contra “El Chapo” Guzmán por primera vez el gobierno de Estados Unidos reconoce que durante los últimos 10 años de supuesta “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno de México, cuyo saldo han sido más de 120 mil personas asesinadas en territorio mexicano, el Cartel de Sinaloa y Guzmán Loera fueron apoyados por diversas instituciones del gobierno mexicano para que en medio de la disputa de plazas entre dicho cartel y grupos rivales, éste no fuera perseguido y se quedara con los territorios de sus enemigos.

Con todo ese poder y corrupción para el gobierno de Estados Unidos era claro que el gobierno de México sería incapaz de mantener tras las rejas a Guzmán Loera. De acuerdo a la fiscalía, la última fuga del capo, ocurrida en julio de 2015, fue un “ejemplo del poder del imperio de la droga de Guzmán y su control sobre los funcionarios del gobierno (de México), incluso mientras estaba encarcelado.”

Traición y guerra

Cuando Joaquín Guzmán Loera fue reaprendido por el gobierno de México en febrero de 2014 en un operativo coordinado por la DEA en Mazatlán, Sinaloa, en vez de dejar en manos de su familia las riendas de su facción dentro del Cartel de Sinaloa, prefirió confiar en “El Licenciado”. Fuentes consultadas dentro de la organización criminal señalaron que “El Chapo” considerada que sus hijos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, a quienes procreó en su primer matrimonio con Alejandrina Salazar, pese a que desde corta edad participaban en las actividades de la organización criminal aún no estaban preparados para hacerse cargo de las operaciones. Consideraba que eran inmaduros, no le gustaba la vida poco discreta que llevaban, presumiendo lujos y mujeres en las redes sociales. En cambio, Dámaso López Núñez tenía un perfil mucho más discreto y como era ya bien conocido por proveedores y compradores, era el que tenía un mejor perfil para quedarse a cargo del negocio.

ficha chapo guzmánEn 2014 la decisión de su padre fue respetada por Iván y Alfredo; y “El Licenciado” cuidó con diligencia los intereses de “El Chapo” dentro del cartel mientras iba acumulando más poder. Las cosas cambiaron radicalmente en 2016. La reaprehensión de Guzmán Loera en enero de ese año en Los Mochis, Sinaloa, y la inmediata solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, auguraban el fin de Guzmán Loera.

Tras los primeros meses de prisión los hijos del capo se percataron rápidamente de que por primera vez el poder del capo estaba debilitado. La presión ejercida por el gobierno de EE.UU. sobre México había provocado que esta vez su encarcelamiento no fuera un recreo. En febrero de 2016 la esposa de “El Chapo”, Emma Coronel Aispuro, una ex reina de belleza con quien se unió en 2007, se vio obligada a salir del tradicional anonimato y en exclusiva otorgó una entrevista a la autora de este artículo (ver entrevista) para denunciar los supuestos tratos y “tortura” que su esposo estaba sufriendo en prisión. A fines de 2016 incluso presentó una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentado que por la tortura física y sicológica su esposo se estaba volviendo loco y tenía alucinaciones dentro de la prisión.

Se afirma que Iván y Alfredo comenzaron a disputar el poder a Dámaso López Núñez e intentaron reclamarle dinero y propiedades argumentando que eran de su padre, y reclamaban un puesto en las negociaciones para el tráfico de drogas. “El Licenciado” no cedió y al ver la evidente debilidad de “El Chapo” se unió con otros familiares de Guzmán Loera y carteles enemigos para iniciar una guerra interna y desplazarlo del poder. Para ello se alió a Alfredo Beltrán Guzmán, alias “Alfredito”, sobrino de “El Chapo”, hijo de su primo Alfredo Beltrán Leyva, quien fue traicionado por la organización criminal, lo que provocó su arresto en 2008 y posterior extradición en 2014.

Dámaso también se alió con Fausto Isidro Meza, líder de lo que queda del Cartel de los Beltrán Leyva, y con el Cartel Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Juntos acabaron con la era de “El Chapo”.

Dámaso López, "El Licenciado", según documento de la DEA.
Dámaso López, “El Licenciado”, según documento de la DEA.

Uno de los primeros indicios públicos de la batalla por el poder fue el ataque perpetrado contra la casa de Consuelo Loera, madre de “El Chapo” Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, en junio de 2016. Un comando armado encabezado directamente por “Alfredito” atacó la ranchería y saqueó la casa de la señora cuando ella se encontraba presente. Una acción que rompía todas las reglas incluso de los violentos carteles mexicanos.

Hasta ese momento la familia de Guzmán Loera pensaba que la agresión únicamente venía de “Alfredito” y no había sospechas de la traición de Dámaso, quien no sólo efectuó contra su jefe una guerra de balas, sino también una guerra cibernética para provocar dentro del cartel desconfianza contra sus hijos Iván y Alfredo. El mismo ordenó crear blogs, cuentas de Facebook y páginas de internet para acusarlos en redes sociales de estar delatando a integrantes del Cartel de Sinaloa a cambio de protección para su padre, poniéndoles el apodo de “los sapitos” (delatores). Entre los sitios de internet creados estuvo  www.culiacaninformando.com. El propio Dámaso supervisaba el contenido y monitoreaba cuántas visitas tenían.

Tras días de batalla campal en la sierra de Sinaloa, en agosto de 2016 Iván y Alfredo Guzmán Salazar fueron secuestrados en un restaurante de moda en Puerto Vallarta, Jalisco. En un principio el gobierno de México dijo que era responsabilidad del Cartel Jalisco Nueva Generación, pero se afirma que detrás de ese golpe estuvo “El Licenciado”. Solo alguien de alto nivel dentro del cartel podía conocer el paradero exacto de los vástagos del capo.

Una semana después los hijos de “El Chapo” fueron liberados gracias a la intervención de “El Mayo” Zambada, quien se afirma, ante la evidente caída de su amigo y socio, se hizo a un lado en la guerra manteniendo una posición neutral y dando paso a Dámaso López Núñez como sucesor de Guzmán Loera.

Para la DEA la extradición de Joaquín Guzmán Loera significa definitivamente su fin y el inicio de la era de “El Licenciado”, quien es considerado más violento y radical que su ex jefe. Aliado con otros carteles mexicanos intenta revivir la llamada federación de drogas como la que en su momento construyó “El Chapo” que significó convertirlo en el capo más importante de la historia.

 

Ver la versión de Agência Pública de este reportaje (en Portugués)

 

[1]Declaración ministerial de Juan José Pérez Díaz, 30 de enero de 2001, causa penal 16/2001-III

[2]Declaración ministerial del custodio Salvador Moreno Chávez rendida el diecisiete de febrero del dos mil uno.

[3]Declaración ministerial de Antonio Díaz Hernández, Oficial de Prevención, rendida el veinticinco de enero de dos mil uno

México: la narco-guerra se intensifica y asesina al periodismo

El reloj marcaba 38 minutos del primer tiempo del partido Santos contra Monarcas, en el estadio Territorio Santos Modelo, a 442 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando los jugadores dejaron de perseguir el balón y corrieron hacia los vestidores. Había una balacera. El sonido de las balas interrumpió a los cronistas. Millones de espectadores mexicanos frente a la televisión observaron cómo se desarrollaba un enfrentamiento entre uno de los carteles más sanguinarios de México y la policía municipal de la ciudad industrial de Torreón, Coahuila.

La cámara mostró a niños, ancianos, mujeres y hombres aterrorizados,  escondidos debajo de los asientos. Televisión Azteca detuvo la transmisión. Pero el canal internacional ESPN siguió al aire, rompiendo su récord mundial de audiencia en un juego de fútbol local.

Por primera vez la violencia relacionada con el narcotráfico se mezclaba con el deporte tradicional por excelencia en México. Pero esas agresiones también se viven dentro de los medios de comunicación regionales mexicanos: grupos criminales continúan amenazándolos  cuando reportan sobre la guerra contra el narcotráfico en el país, que ya suma más de 60 mil muertos desde que el Presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión en 2006.

Las amenazas y un vacío de información oficial complican el trabajo de los reporteros, de acuerdo con una investigación sobre autocensura en la prensa regional realizada por Fundación MEPI, una organización de periodismo de investigación basada en la Ciudad de México.

En la redacción del periódico regional El Siglo de Torreón los editores y reporteros debatieron la noticia. Entendían su importancia, pero dudaban sobre publicar las fotos en primera plana. La balacera había sido entre el grupo criminal Los Zetas y un contingente de la policía municipal destacado cerca del estadio.

“Sabíamos que si las publicábamos (las fotos), íbamos a incurrir en mucho peligro”, dijo Javier Garza, director editorial del diario. Su preocupación estaba fundamentada. Desde 2009 las oficinas del diario han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados. Los periodistas de El Siglo han recibido amenazas y advertencias de criminales a los que disgusta su cobertura sobre narcotráfico y violencia.

México fue el país más peligroso del mundo para un reportero en 2011, según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Diez periodistas fueron asesinados el año pasado y la tendencia continúa en 2012. El miedo constante de ser blanco de represalias del crimen organizado ha profundizado el sentido de autocensura en los medios regionales mexicanos, de acuerdo con la investigación de MEPI.

En dicha investigación, que duró seis meses, se monitorearon periódicos en 14 de los 31 estados de la República Mexicana, como continuación de otro estudio realizado por MEPI en  2010. Este nuevo trabajo buscó medir cómo los contenidos de las publicaciones de esos estados, ubicados en el centro y norte del país, fueron impactados por la violencia. Se encontró que la cobertura sobre crimen organizado de estos medios regionales aumentó más del 100% en 2011, en comparación con el estudio de 2010. Las nuevas cifras indican que siete de cada 10 historias publicadas eran sobre incidentes relacionados con el crimen organizado en tales estados. Aun así, únicamente dos de los periódicos que MEPI monitoreó—El Norte, en Monterrey, y El Informador, en Guadalajara—contextualizaron la violencia, identificaron a las víctimas y dieron seguimiento a las historias.

La nota sobre la balacera en el estadio apareció en primera plana al día siguiente. Sin embargo, El Siglo no explicó las razones del enfrentamiento entre Zetas y policías, ciñéndose así a sus políticas editoriales. Los editores saben que los criminales leen sus páginas para conocer cómo aluden a sus organizaciones e intentan no provocarlos.

EL ESPECTÁCULO DE LA VIOLENCIA

Una mayor cobertura en los periódicos regionales en 2011 no reflejó políticas editoriales ni trabajos periodísticos más contundentes. Respondió a un crecimiento exponencial de la violencia en México, que ese año incluyó más ejecuciones del crimen organizado, las cuales aumentaron un 9% en todo el país, según el sociólogo Eduardo Guerrero, de Lantia Asociados. En algunos municipios la cifra se disparó a más del 100 por ciento.

“Los asesinatos fueron espectaculares en tamaño y dimensión”, dijo Alejandro Hope, experto en seguridad y ex analista del órgano de inteligencia civil mexicano CISEN: “No había manera de que la prensa regional los ignorara”.

Entre los incidentes más sangrientos de 2011 se cuentan: en Monterrey, el incendio provocado por Los Zetas en el Casino Royale, una casa de apuestas donde murieron 52 personas; en Veracruz, al sur del país, fueron encontrados 35 cuerpos desnudos en una avenida principal; en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, fueron hallados 28 cuerpos hacinados en una camioneta abandonada en una calle muy transitada.

REPORTES POLICIACOS INCOMPLETOS

El miedo no es la única razón de una cobertura superficial de la violencia en México, según editores y reporteros.

El flujo limitado de información oficial es el factor clave que afecta los contenidos en los periódicos.  En el caso de la balacera en el estadio de Torreón, las autoridades locales no proporcionaron un reporte policiaco completo y, de acuerdo con los protocolos de seguridad de El Siglo, los reporteros solo incluyeron las versiones oficiales en sus historias.

“Ha sido un calvario obtener datos precisos de las autoridades locales”, dijo Garza. Por ejemplo, la metodología usada por las procuradurías estatales para contabilizar homicidios es diferente a la utilizada por la policía municipal. “Algunas veces recibimos información de tres agencias de gobierno y todas se contradicen entre si”, precisó.

Sin información consistente de autoridades locales y federales, los medios regionales no pueden añadir contexto en sus notas, dijo Garza.

No todo es fácil de explicar. La relación entre la violencia y los medios es multifacética.

Torreón es territorio disputado por carteles del narcotráfico y otros siete estados están en la misma situación, atrapados en un fuego cruzado entre organizaciones criminales y con poca información oficial que contextualice la violencia. En la mayoría de estos estados, tales factores inclinan la balanza en la cobertura y las actividades criminales, como decapitaciones y secuestros, predominan en los reportes periodísticos.

Una revisión de los contenidos de El Siglo de Torreon en 2011 muestra que en las historias periodísticas donde se menciona al crimen organizado, 457 eran sobre acciones policiacas frente a 713 donde se destacan las de grupos criminales.

Irónicamente, los medios de estados controlados por un grupo criminal tienden a publicar más notas sobre acciones del gobierno, como arrestos y operaciones policiacas.

Los medios en Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, estados influenciados por el grupo de Los Zetas,  evitan escribir sobre esa organización criminal y sus actividades.

En Tamaulipas, donde el estudio de MEPI encontró el índice más alto de autocensura, el diario El Mañana rara vez cubre violencia del crimen organizado. Las pocas historias sobre crimen que publica suceden en Texas.

Utilice la barra superior para ver los estados con determinado número de acciones


En ese estado los periódicos imponen códigos que restringen la cobertura, mientras que los reporteros, temiendo por su seguridad, se contienen en su manera de informar.  “En Tamaulipas la prensa está cooptada”, dijo Carlos Flores, experto en seguridad y autor de un libro sobre la colusión entre los gobiernos estatales y el crimen organizado en Tamaulipas. Otra preocupación para muchos periodistas son los casos de infiltración de los carteles en las redacciones, a través de colegas reporteros, de acuerdo con Flores.

Michoacán es otro estado donde la cobertura sobre crimen organizado es limitada, según el estudio de MEPI. Esto ocurre a pesar de que es abiertamente aceptado que el cartel de La Familia y otro grupo, Los Caballeros Templarios, controlan las actividades criminales. El diario monitoreado, La Voz de Michoacán, nunca menciona a ninguno de estos dos grupos en sus notas.

SIN UNA SOLUCIÓN FÁCIL

Algunas ciudades han mejorado el flujo de información gracias a la participación de la sociedad civil e iniciativas del sector privado. En Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, nuevas organizaciones han contribuido al aumento en el uso de estadísticas. La creación hace dos años de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, una entidad que trabaja con el gobierno local y la sociedad civil, ha propiciado un mejor flujo de información, según Alfredo Quijano, editor del periódico Norte. En Monterrey, un grupo privado de abogados creó al Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León,que promueve la transparencia gubernamental y en especial el tema de seguridad.

La falta deconfiabilidad en el flujo de información tiene sus orígenes en la historia unipartidista de México, dijo Flores. “Durante años las autoridades no sirvieron para informar al público, sino para publicar información que favoreciera al gobierno”.

No será fácil cambiar la actitud de las autoridades para que proporcionen información de calidad, según analistas de los reportes gubernamentales en México.

Muchas veces los gobiernos locales no tienen el entrenamiento para saber qué sucede en sus regiones, sostuvo Leticia Ramírez de Alba, coordinadora de estudios en tendencias criminales para la organización no gubernamental México Evalúa. Muchos representantes de los gobiernos locales no tienen habilidades básicas de investigación policiaca, mientras que otros están coludidos con el crimen organizado, dijo.

En los últimos seis años decenas de altos funcionarios en el gobierno han sido identificados por la inteligencia mexicana por sus nexos con distintos grupos del crimen organizado. Un ejemplo es el reciente arresto de 14 policías federales acusados del probable intento de asesinato, en agosto de este año, de dos oficiales de la CIA y un capitán de la Marina mexicana en una carretera cerca de la Ciudad de México. Oficiales de Estados Unidos sospechan que los oficiales detenidos tienen nexos con el crimen organizado, de acuerdo con reportes de la prensa.

Las estadísticas y los números se han vuelto herramientas importantes para medir la efectividad de programas gubernamentales anti-crimen. En 2010 el Presidente Felipe Calderón, presionado por grupos de derechos humanos, publicó la primera base de datos en línea sobre homicidios relacionados con el crimen organizado desde 2006. Por primera vez hubo disponibles números oficiales que mostraron la creciente violencia asociada al narcotráfico. La base de datos en línea fue criticada por su metodología poco rigurosa. También surgieron controversias legales sobre qué jurisdicción, estado o municipio, investigaría los miles de homicidios.

La Procuraduría General de la República publicó más estadísticas en 2011, aunque contemplaba únicamente los homicidios de enero a septiembre. Aún es incierto si el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió el país durante 70 años, continuará haciendo públicas las estadísticas sobre crimen.

Mientras tanto, los estados deben proporcionar al gobierno federal números creíbles sobre las tendencias criminales. Sin embargo, recientemente varias autoridades estatales han manipulado los números, para que sus estados parezcan seguros ante la opinión pública. Esta práctica es común, de acuerdo a México Evalúa.

En 2011, por ejemplo, oficiales de Torreón maquillaron las cifras criminales y desaparecieron más de 100 asesinatos de los datos oficiales, reportó El Siglo. En 2007, el gobierno del Estado de México, vecino del Distrito Federal, también manipuló sus números; redujo la tasa de homicidios violentos en un 60%, según Ramírez de Alba. Esta manipulación ocurrió cuando el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, era gobernador de ese estado.

FALTA DE PERIODISMO AGUDO EN MÉXICO

El periodismo mexicano es cobarde al indagar en las historias de violencia, dijo el periodista Marco Lara Klhar.

“Los periodistas no están entrenados para reportear historias que vayan más allá de la violencia y que describan problemas endémicos del sistema político y legal mexicano”, dijo. “Como periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo de un periodismo agudo”, añadió.

A su vez, en Torreón, Garza reconoce que él, sus editores y reporteros, entienden la necesidad de buscar otras estrategias para cubrir mejor el crimen organizado, de una forma segura, pero por ahora hacen lo mejor que pueden.

En marzo del 2011, 715 periódicos y estaciones de radio y televisión firmaron un acuerdo que promueve la cobertura imparcial del crimen. El documento obliga a los medios a “presentar la información en su contexto correcto y en su justa medida”. El tratado también pide a los periodistas que se aseguren de que “la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia”. El Siglo de Torreón firmó el acuerdo, pero está lejos de cumplirlo con la información publicada en sus notas sobre crimen.

Garza dijo que él sabe las limitaciones de su periódico. Aun así, sigue buscando mejores formas de escribir las noticias y sobrevivir. Ahora alienta a sus editores a construir bases de datos y a utilizar estadísticas criminales en mapas y gráficas para contar las historias.

“Pensamos que tal vez así sea la manera de evitar problemas de seguridad en el futuro”, concluyó.

Vea la presentación original de este reportaje en la web de Fundación MEPI