Contraloría confirma “pérdida” de dineros de Minera Los Pelambres en Municipalidad de Salamanca

Un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 26 de diciembre de 2017, constató la “pérdida” de al menos $1.440 millones en la cuenta corriente de la Municipalidad de Salamanca (Región de Coquimbo), dineros que corresponden a sucesivos aportes hechos por Minera Los Pelambres –de propiedad del grupo Luksic– a esa entidad edilicia entre 2015  y 2016.

Los hechos fueron dados a conocer en un reportaje de CIPER, publicado en agosto de 2017, titulado “Municipios mineros I: Los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca”. En esa investigación se reveló cómo bajo la gestión del ex alcalde de esa comuna, Gerardo Rojas Escudero (PPD), el municipio recibió millonarias donaciones de la minera con graves conflictos ambientales en esa zona –más de $8.200 millones entre 2010 y 2016– para “mejorar la calidad de vida de los vecinos” y cómo parte de esos dineros fueron desviados al pago de remuneraciones y a cubrir los gastos de operación de la alcaldía.

En el informe de Contraloría se establece que tras una revisión de los fondos existentes en la cuenta corriente municipal donde se recibían los aportes de la minera, se determinó un déficit de “a lo menos $1.440 millones”. El ente contralor dictaminó que en un plazo de 60 días hábiles, el municipio “tendrá que remitir los antecedentes que den cuenta de la reposición faltante de, a lo menos, $1.440.123.796, como de la ejecución de los proyectos correspondientes”, agregando que iniciará un proceso disciplinario “a objeto de determinar las presuntas responsabilidades derivadas de los hechos constatados” (ver documento).

La investigación de CIPER también detectó que mientras se hicieron efectivos los aportes de Los Pelambres, el municipio de Salamanca se pronunció sobre proyectos de evaluación ambiental de la minera, contraviniendo distintos dictámenes de la Contraloría que prohíben a los municipios celebrar convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la calificación ambiental de sus actividades.

En línea con lo establecido en la investigación de CIPER,  en el informe del órgano contralor se constata que en agosto 2016 el entonces alcalde Gerardo Rojas se pronunció sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minera los Pelambres para implementar infraestructura complementaria a su operación ubicada a 45 km de Salamanca, poniendo en riesgo el principio de “probidad administrativa”. Por ello, señala la Contraloría, “la presente materia se incorporará en el procedimiento disciplinario que iniciará esta sede regional en dicha municipalidad”.

Otro de los hallazgos consignados en la investigación de CIPER y que constata la Contraloría refiere al millonario hoyo financiero de las arcas municipales, con un déficit que supera los $5 mil millones. “Se constató la inexistencia de un equilibrio financiero presupuestario en el área de gestión municipal y departamento de educación,  por cuanto se comprobó un déficit financiero de a lo menos $5.634.219.894 y $1.221.722.438 respectivamente”.

A los antecedentes ya expuestos por la Contraloría en su informe de más de 140 páginas, se suman gastos sin respaldo por $5.8 millones realizados por el ex alcalde Rojas con la tarjeta de crédito del municipio y la contratación de camiones vía trato directo (más de $44 millones) cuya propiedad está ligada a una empresa del hermano e hijo del director de Control de la entidad edilicia.

 

Instagis: el “gran hermano” de las campañas políticas financiado por Corfo

Al tener precargado el padrón electoral, [es posible] descubrir la concentración de votantes, su caracterización socioeconómica y tendencia política, para desarrollar un trabajo territorial eficiente dentro de su comuna”.

Para un aspirante a concejal, alcalde, parlamentario o incluso para un candidato a presidente, conocer la ubicación y tendencia política de un grupo de votantes meses antes de una elección puede transformarse en una poderosa arma de campaña.

Instagis, tal como promueve en su página web, ofrece eso y más. Su negocio consiste en cruzar distintas bases de datos con información de usuarios en redes sociales para predecir patrones de comportamiento, de consumo e incluso preferencias políticas. Así, cada vez que usted interactúa en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram, uno de los “robots” de Instagis puede monitorear ese contenido para luego cruzar la información con su RUT y domicilio, aunque estos últimos son datos personales que debiesen estar protegidos, pero los vacíos legales hacen que en la práctica no sea así. El resultado: un mapa georreferenciado con información respecto de cuáles son, por ejemplo, sus inclinaciones políticas, dónde se concentran los delitos en una comuna determinada o si es o no usted un fanático de las pizzas o el sushi.

Quiénes son y dónde viven los adherentes, detractores e indecisos de un candidato que aspira a un cargo público en un distrito determinado, es vital para saber qué y cuántas puertas tocar o qué mensajes enviarles por redes sociales.

Más de una docena de municipios liderados por alcaldes de distintos sectores de la política han utilizado el software de Instagis para gestionar a través de mapas georreferenciados sus planes de seguridad ciudadana o desarrollo comunitario, pero es en el ámbito electoral y de la mano principalmente de candidatos de Chile Vamos donde la empresa ha alcanzado notoriedad.

INSTAGIS FOTOSHOPS
“Sabemos el qué sobre el quién… en todas partes” (Fuente: Instagis)

Instagis, que ha recibido en dos oportunidades inyecciones de dineros de Corfo –poco más de $1.400 millones en total–, fue desde las primarias de julio del año pasado pieza clave en la estrategia de campaña del comando del presidente electo Sebastián Piñera. También fue utilizada por varios candidatos de Renovación Nacional (RN) y la UDI electos en las municipales 2016 y parlamentarias 2017. Aunque hay quienes no le atribuyen un papel determinante en los resultados electorales, lo cierto es que tras firmar contrato con Instagis, RN se transformó en el partido más votado de Chile en las municipales de 2016. Y ocho de los diez candidatos de Chile Vamos a alcalde o concejal que utilizaron el software de la empresa en esa misma elección, salieron triunfadores.

El contrato de RN con Instagis se firmó en septiembre de 2016 con el objetivo de perfilar a los “votantes de las comunas objetivo del cliente”. En ese documento se detalla que la empresa monitoreará distintas “fan pages” de Facebook donde se publiquen contenidos políticos y “donde los usuarios que las siguen realizan interacciones públicas que revelan sus tendencias”, para luego cruzar los nombres de esas personas con los del padrón electoral “obteniendo el RUT de los fans para cruzarlos con otras capas de información pública”.

Expertos consultados por CIPER, señalan que la “fórmula” ofrecida a RN por Instagis –que es solo una de una docena de empresas que comercializa ese tipo de servicios en Chile– transita por una delgada línea que aprovecha los forados de una normativa (Ley 19.628 “Sobre protección de la vida privada”), que desde su promulgación en 1999 “estuvo más orientada a regular el negocio del tráfico de datos personales, antes que a proteger los derechos fundamentales de las personas”, señala Pablo Viollier, miembro de la fundación Derechos Digitales de América Latina.

Lo más llamativo de este contrato es que Instagis le ofreció un “precio preferencial” a RN ($18 millones) bajo condición de que la empresa pudiese conservar los resultados de ese trabajo, los que “podrá comercializar sin restricción para los fines que estime conveniente”.

Viollier advierte que en el caso de esa cláusula se podría configurar una vulneración a la privacidad de las personas: “Aquí se está autorizando la venta de propaganda política y eso pasa por un tratamiento indebido de los datos personales de los ciudadanos”, indica el especialista. Viollier agrega que la tendencia política de una persona es una información considerada en la legislación como “dato sensible” y que eso choca directamente con la prerrogativa contemplada en la misma ley sobre fuentes accesibles al público, una excepción que abre la puerta para que prácticamente todo dato personal que circule en la web sea susceptible de ser utilizado por terceros.

En el caso de obtener datos que permitan perfilar las preferencias políticas, el experto señala que “es discutible si se aplica la excepción de fuente accesible al público, porque la inclinación política de una persona puede ser considerada un dato personal sensible, y en ese caso se requiere de la autorización del titular o habilitación legal. Es algo que tendrían que resolver los tribunales porque está sujeto a interpretación”.

instagis_n4YCrFySocios de Instagis han reconocido en entrevistas que uno de los insumos más valiosos para alimentar sus sistemas de predicción territorial son las bases de datos que les entregan sus propios clientes. Un punto que podría resultar delicado si se toma en cuenta que la empresa trabaja con más de una docena de municipios a lo largo de Chile y que ha obtenido contratos con organismos públicos como el Servicio Electoral (Servel); el sistema de Compras Públicas y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Desde su creación en enero de 2013, Instagis ha tenido un ascenso prometedor. En junio de 2013 se convirtió en el segundo proyecto nacional en ser admitido en el grupo 500 Startups, una prestigiosa aceleradora de negocios de Silicon Valley, la meca del emprendimiento tecnológico en California. Con oficinas en Santiago y San Francisco, Instagis es administrada a través de una sociedad matriz –Instagis Inc.– que de acuerdo a la indagación de CIPER está registrada en Delaware (Estados Unidos), estado que en la práctica opera como paraíso fiscal.

Parte importante del explosivo crecimiento de la empresa en Chile y en el extranjero –tiene clientes en Brasil, Centroamérica y Estados Unidos– se debe a una cuantiosa inyección de capital con dineros del Estado. Fue en diciembre de 2015 cuando recibió $1.396 millones de manos de Genesis Ventures, una administradora de capital de riesgo a la que en mayo de 2013 Corfo le abrió una línea de crédito por UF 306 mil ($7.020 millones) para invertirlos en proyectos innovadores con potencial de crecimiento (ver recuadro).

La consultora Genesis arrastra un pasado polémico. Genesis Ventures es la sociedad encargada de administrar los fondos para capital de riesgo de su matriz Genesis Partners, empresa en cuya propiedad y administración participó el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y de la que recibió pagos por medio de boletas falsas (entregadas por su cuñada Carolina de la Cerda) por $24 millones mientras cumplía labores como funcionario público.

Tras su forzada salida del gobierno, luego de que quedara al descubierto su rol protagónico en las irregularidades que derivaron en la invalidación de la primera licitación del litio, Wagner regresó en 2013 (y hasta 2014) a Genesis en calidad de socio y director. En ese periodo recibió otros $31,5 millones por la misma vía, es decir, a través de boletas de su cuñada, tal como declaró De la Cerda ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) (ver reportaje de CIPER).

DE SANTIAGO A DELAWARE

Hasta abril de 2016, la empresa Instagis fue controlada por la sociedad El Postino S.A., creada en febrero de 2005 por el ingeniero comercial Julián García Núñez y en cuya constitución participaron otras dos sociedades ligadas al también ingeniero comercial Fernando Ovalle Vial y al diputado electo por el Distrito 10 Jorge Alessandri Vergara (UDI), hermano del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Jorge Alessandri –quien utilizó el software de Instagis para su campaña a diputado– no es un advenedizo en la política. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como director de Programación del ex presidente Sebastián Piñera y también como concejal de la Municipalidad de Santiago (2008-2012). Jorge Alessandri –quien creó una empresa de seguridad en 1999 con ex comandos del Ejército– señaló a CIPER que su participación en la sociedad El Postino terminó “años antes” de la creación de Instagis en enero de 2013.

delaware (1)En noviembre de 2015, a menos de dos años de su creación, Instagis aumentó su capital de $5 millones a $708 millones. Seis meses más tarde, en mayo de 2016, el capital se duplicó alcanzando los $1.410 millones. Detrás de ambas capitalizaciones estuvo la sociedad Instagis Inc., creada en septiembre de 2013 y radicada en Delaware, tal como muestran los registros a los que CIPER accedió.

Delaware es un destino apetecido por startups internacionales con planes de expansión en Estados Unidos, especialmente a la hora de ejecutar rondas de levantamiento de fondos para financiamiento y desarrollo. Ese estado ofrece a inversores que quieran colocar su capital de riesgo en este tipo de emprendimientos, procedimientos simplificados que hacen expedito el proceso de inversión. Cuenta además con una corte especial dedicada a resolver disputas corporativas.

Pero Delaware tiene otra cara dada por las exenciones tributarias que ofrece a las empresas que allí registran su domicilio fiscal –no hay impuestos a los activos intangibles, como la propiedad intelectual, ni tampoco a las ganancias generadas fuera del territorio–, por sus opacas leyes y el secretismo con el que protege la identidad y los pactos entre los accionistas de esas empresas. De hecho, el estado no exige que se informe sobre los nombres de los dueños de las sociedades que allí se constituyen. Ello explicaría por qué, por ejemplo, los documentos de inscripción de Instagis Inc. revisados por CIPER no muestren quién o quiénes están detrás de esa sociedad (ver documento).

Que Delaware no sea considerado formalmente un paraíso fiscal  y que en la práctica opere abiertamente como tal, ha sido el gancho idóneo para las más de un millón de sociedades y/o empresas que se han instalado en esa jurisdicción. En Delaware, así como sucede con la mayoría de los paraísos fiscales del mundo, el número de sociedades allí registradas supera al de residentes.

Para Instagis, que recibió una cuantiosa inyección de dinero del Estado chileno, esa ambigüedad también ha resultado cómoda. Y esto porque en el reglamento del programa de Corfo que aportó los casi $1.400 millones a Instagis (a través de la administradora Genesis Ventures)  en diciembre de 2015 se instruye explícitamente que “las sociedades extranjeras en que invierta el fondo, directa o indirectamente, no podrán estar domiciliadas ni ser residentes de países o territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos”.

En rigor, Instagis cumple con la letra de la norma, pues pese a sus beneficios tributarios y al secreto que pesa sobre la identidad de los beneficiarios de las sociedades allí inscritas, Delaware no es considerado paraíso fiscal o régimen tributario preferencial por la autoridad tributaria chilena.

El 20 de abril de 2016, Instagis Inc. –laque físicamente opera en San Francisco (California) y Santiago– tomó formalmente control de su subsidiaria chilena Instagis SpA, reemplazando a El Postino como socio administrador de esa sociedad.

EL “GRAN HERMANO” DE RN

La noche del 23 de octubre de 2016 marcó una jornada histórica para Renovación Nacional (RN). El resultado de las elecciones municipales de ese domingo dejó a RN como el partido más votado de Chile –poco más de 800 mil votos–, con 47 alcaldes y casi 450 concejales electos. Alimentaron los festejos varias victorias en municipios estratégicos, como la de Felipe Alessandri en Santiago o la de Daniel Agusto en Calama, enclave de la centro izquierda desde 1992.

Mario Desbordes.
Mario Desbordes

Tras las elecciones, la mesa directiva de la tienda de Antonio Varas salió fortalecida. Al día siguiente algunos medios informaron que la dirección del partido presidida por Cristián Monckeberg iría a la reelección y que incluso se evaluaba que el secretario general de RN, Mario Desbordes, encabezara la lista como presidente (ver artículo). Aunque eso no ocurrió, Desbordes, uno de los principales estrategas de la campaña que llevó al partido a su peak electoral, sumó galones.

Parte del éxito de RN está vinculado a un contrato firmado por el propio Desbordes, en representación de Renovación Nacional, el 5 de septiembre de 2016 con Instagis. El objetivo: perfilar votantes en comunas con candidatos a alcalde y concejal del partido para planificar acciones en terreno (como puerta a puerta), barridos telefónicos y campañas digitales ultra segmentadas.

En concreto, Instagis ofreció a RN un mapa de votantes, con “la dirección y comuna de las personas según padrón auditado 2016”; su “probabilidad de preferencias políticas” y el “GSE (Grupo Socioeconómico) para todos aquellos miembros que, según información pública disponible, residan en una manzana que haya sido censada el 2002”.

–Ocupamos intensamente la herramienta de Instagis en las municipales de 2016. A través de Facebook, por ejemplo, se perfilan a los electores de una comuna determinada y se detectan cuáles son abiertamente de derecha, de centro o de izquierda, y cuáles son neutros. Con eso trabajamos un mensaje específico para los de derecha, otro para los neutros, no molesto ni pierdo tiempo con los de izquierda, y si tengo los recursos puedo traducir eso en un trabajo de campo también aplicado con las mismas lógicas –señaló a CIPER el secretario general de RN, Mario Desbordes.

Al enviar publicidad digital o tocar puertas de hogares estratégicamente seleccionados, los encargados del despliegue territorial del partido de centro derecha no se enfrentarían a completos desconocidos. Instagis ofreció individualizarlos por RUT, segmento socioeconómico y grado de adherencia política a los candidatos (a alcalde y/o concejal) que se postulaban en su comuna. A las capas de información recogidas a partir de distintas bases de datos –públicas y del propio partido– Instagis agregó las interacciones con contenido político de esos mismos individuos en Facebook.

Por esa base de datos electoral, Renovación Nacional pagó $18 millones. Un “precio preferencial”, tal como se estipula en el contrato, que significó que RN aceptara como condición base de la oferta que Instagis pudiera guardar “una copia de las probabilidades ajustadas que podrá comercializar sin restricción para los fines que estime conveniente” (ver contrato).

1840917En concreto, carta blanca para vender datos personales como el RUT, domicilio y la tendencia política –este último calificado en la ley como “dato sensible”– de cientos o miles de ciudadanos que fueron perfilados al detalle y sin saberlo, a quienes quieran comprar esa información con fines que nadie conoce.

Para el experto de la fundación Derechos Digitales de América Latina, Pablo Viollier, esa cláusula contractual refleja lo débil de la legislación chilena sobre protección de la vida privada y lo retrasada que está en relación a los estándares internacionales como los que rigen en la mayoría de los países de la OCDE.

–La Ley 19.628 no busca proteger a los individuos del tratamiento que hacen terceros de sus datos, sino regular el mercado de tratamiento de datos personales. No existen sanciones efectivas por vulnerar la norma; no se regula el flujo transfronterizo de los datos personales, ni el uso que se hace de datos para marketing directo sin autorización del titular. Tampoco existe una autoridad pública de control que fiscalice –señala Viollier.

La ineficacia de la ley a la hora de proteger derechos básicos de los ciudadanos sobre todo en lo que respecta a aquellos datos que la normativa define como “sensibles” –aquellos que refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad como sus creencias, convicciones religiosas y opiniones políticas– tiene una explicación.

Especialistas apuntan al agresivo y exitoso lobby que desplegó a fines de los ’90 la industria del marketing durante la tramitación de la norma. “La ley chilena sobre protección de datos personales fue redactada a instancias de la asesoría de los grupos y empresas interesadas en asegurar el lucrativo negocio que constituye el procesamiento de datos personales, lo que se sumó a la ignorancia inexcusable de los parlamentarios (…).  Nos referimos a la empresa DICOM; a la Asociación de Marketing Directo de Chile; a la Cámara de Comercio de Santiago y a la Cámara Nacional de Comercio de Chile”, expuso el abogado chileno Renato Jijena en el Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, realizado en Monterrey (México) en octubre de 2010.

INTELIGENCIA ELECTORAL

Mario Desbordes no fue el único que solicitó los servicios de Instagis en Renovación Nacional para apuntalar la carrera municipal de 2016. En las planillas de gasto electoral del Servel figuran contratando los servicios de la empresa de software territorial tres candidatos a alcalde, todos electos, de la misma colectividad: Felipe Alessandri (Santiago), Raúl Torrealba (Vitacura) y Felipe Guevara (Lo Barnechea).

Además de RN, Instagis también se granjeó clientes entre candidatos de la UDI y algunos independientes adscritos al pacto Chile Vamos. Joaquín Lavín invirtió $4,5 millones en el arriendo del software para su exitosa campaña en Las Condes. Cathy Barriga, nuera de Lavín, y José Manuel Palacios también acudieron a Instagis en las campañas con las que ganaron las alcaldías de Maipú y La Reina, respectivamente. Quien también contrató los servicios de la empresa que provee de inteligencia electoral fue el ex subsecretario de Prevención del Delito del gobierno de Sebastián Piñera, Cristóbal Lira, que resultó electo concejal por Lo Barnechea.

alcaldes y piñera
Felipe Alessandri, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín y Raúl Torrealba han contratado servicios con Instagis para campañas políticas. Evelyn Matthei lo hizo para reforzar la gestión municipal en materia de seguridad ciudadana.

La performance de Instagis en las municipales de 2016 fue prácticamente redonda. Solo dos candidatos que contrataron sus servicios, Cristian van Rysselberghe (Concepción) y Juan Francisco Galli (candidato a concejal por Vitacura), no lograron su cometido. De cara a 2017, Instagis sería número puesto en la centro derecha para las parlamentarias y presidenciales.

Para las elecciones de noviembre pasado, por ejemplo, la UDI puso a disposición de sus candidatos al parlamento y a CORE, el software de Instagis con datos georreferenciados de los electores de todos los distritos del país. En estas presidenciales, la herramienta de la empresa radicada en Delaware fue utilizada desde muy temprano por el comando de Sebastián Piñera.

El registro de gasto electoral del Servel indica que para las primarias presidenciales de Chile Vamos, Piñera desembolsó al menos $20 millones por el arriendo de la licencia del software de Instagis. La misma herramienta sirvió de insumo para el desarrollo de distintas estrategias desplegadas post primarias por el comando del abanderado de la centro derecha.

Tal como informó La Tercera, con la herramienta de Instagis se logró clasificar a los posibles votantes en “piñeristas”, “indecisos” y “perdidos” y a cada segmento se les envió mensajes específicos para reforzar, inclinar o dar vuelta su postura. Los mapas de georreferenciación de votantes de Instagis también habrían servido como insumo para orientar los barridos masivos en hogares –cerca de 150 “puerta a puerta” diarios– que hicieron brigadistas del comando de Piñera en la segunda vuelta para conquistar votos.

¿Cuánto influyó el software de predicción electoral en la aplastante victoria de Sebastián Piñera en segunda vuelta? Difícil saberlo. Lo concreto, es que los análisis post elecciones sugieren que Piñera no solo aseguró los votos obtenidos de todo su sector en primera vuelta, también que su campaña fue efectiva en movilizar a nuevos votantes (350 mil nuevos sufragios válidamente emitidos) y también en sustraer una significativa cantidad de electores de la Democracia Cristiana y en menor medida de candidatos de la izquierda.

Los datos proporcionados por Instagis no solo fueron importantes en el diseño del despliegue territorial de la centro derecha en las elecciones de 2016 y 2017. Tanto en las municipales de 2016, como en las parlamentarias pasadas, sirvieron también como insumo para el desarrollo de la campaña de marketing digital que llevaron adelante candidatos de Chile Vamos y en particular de Renovación Nacional.

El mismo día que el partido liderado por Cristián Monckeberg firmó contrato con Instagis (5 de septiembre de 2016), su secretario general, Mario Desbordes, contrató los servicios de Pablo Matamoros, socio de Magdalena Piñera (hija de presidente electo Sebastián Piñera) en la empresa de marketing digital Amna. Matamoros ya había participado como encargado digital de la campaña de Piñera en 2009 y fue asesor digital de La Moneda bajo el mandato del hoy presidente electo.

Los resultados del 19 de noviembre pasado dejaron nuevamente a RN como el partido más votado con seis senadores y 36 diputados electos. Al día siguiente, Matamoros partió a dar charlas a España donde fue presentado como el “arquitecto de la campaña ganadora de Chile”. El organizador de una de las presentaciones que hizo Matamoros en Madrid publicó en Twitter tras el evento: “Lo más curioso de la charla de ayer de Pablo Matamoros fue comprobar que Chile nos ha adelantado como país en conocimiento y aplicación de estrategias de big data e hipersegmentación y que los partidos de allá gastan más en publicidad online. Y les funciona”.

facebus–Lo que hizo Instagis en estos dos años de campaña fue entregarnos audiencias segmentadas para Facebook, para que nosotros pudiésemos incluir o excluir audiencias y ejecutar inversiones en esa plataforma. Gente más de derecha, gente más de izquierda o, por ejemplo, gente que le gusta Sebastián Piñera o el deporte, con esa información puedes gestionar distintos planes de inversión –dijo Pablo Matamoros a CIPER.

Matamoros, quien actuó como contraparte de Instagis en RN, indicó que la empresa fue una pieza más de un engranaje mucho más complejo en la exitosa gestión de la campaña digital del partido.

Mario Desbordes reconoce que el software de Instagis pudo ser importante en el éxito de las municipales de 2016, aunque señala que para las parlamentarias de noviembre no habría resultado “decisivo”.

–Fue una herramienta más. En el partido instalamos un grupo de personas encabezada por Pablo Matamoros que complementó, por decirlo de alguna manera, el trabajo de Instagis. Pablo era su contraparte técnica y además de manejar los vínculos con otras empresas, como Facebook o Google, en aquellos lugares donde Instagis no tenía suficiente densidad como para influir en el resultado de la elección, él y su equipo fueron construyendo un perfilamiento de votantes –señaló Desbordes, quien agregó que este tipo de herramientas de georreferenciación y segmentación de audiencias no tienen mayor incidencia en una campaña “si es que antes no se arma una buena lista de candidatos y no se negocian bien los cupos[parlamentarios]”.

PAN CALIENTE

Si en el nicho de las campañas políticas Instagis ha logrado éxito, es en el negocio de la seguridad donde la empresa ha obtenido rentabilidad. Instagis ha vendido programas para la gestión de “seguridad ciudadana” a varios municipios de la Región Metropolitana entre los que se cuentan Las Condes, Santiago, Providencia, Maipú y Ñuñoa.

El desarrollo del software de seguridad ciudadana de Instagis también contó con el aporte de Corfo, a través de Innova Chile. En noviembre de 2015 Instagis recibió $35,5 millones para sumar a un ingeniero informático a su equipo y así “crear un modelo de predicción territorial capaz de anticiparse a los acontecimientos delictuales que acontecen diariamente en el territorio”, tal como se lee en documentos de Corfo que CIPER tuvo a la vista.

Esos mismos documentos registran el avance del proyecto y dan cuenta de las dificultades que tuvo Instagis para alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Parte de ellas se debieron al retraso en la obtención de datos delictivos de Carabineros, lo que los obligó a recurrir a otras fuentes de información. El modelo tuvo que ser testeado con datos de la ciudad de San Francisco (California). Producto de esas dificultades Instagis reportó haber desarrollado “trabajos complementarios” en el área de seguridad. Uno de ellos fue el Mapa del Delito, una plataforma web con data delictual a disposición de la ciudadanía y que utiliza información disponible en la página web de distintas comisarías de Carabineros.

La web Mapa del Delito fue lanzada en enero de 2016 de la mano de la Asociación de Municipalidades (Amuch) presidida entonces por el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), quien actualmente enfrenta acusaciones de fraude al Fisco en el llamado Caso Basura.  En el lanzamiento de la plataforma, Olavarría señaló: “Este mapa que es práctico y sencillo de utilizar, nos muestra la realidad de la delincuencia a nivel local, en cada comuna y contribuye a tomar mejores decisiones” (ver aquí).

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A poco menos de dos años de su lanzamiento, la plataforma Mapa del Delito está caída (aunque no estaba comprometida en el proyecto original presentado a Corfo). El 10 de octubre pasado Corfo aprobó el cierre del proyecto de Instagis, estableciendo que en “términos conceptuales” se había logrado ejecutar el 100% de las actividades y gastos, así como alcanzar el 100% de los objetivos y resultados”.

En ese mismo documento, se reportó que entre agosto de 2016 y agosto de 2017 las ventas de Instagis “se incrementaron en un 160%, producto del aporte del proyecto”.

Instagis también cuenta con otra plataforma de gestión territorial llamada “Civic Brain”, para que los municipios puedan comunicarse de forma segmentada con los habitantes de la comuna. Providencia, Zapallar, Coquimbo, Santiago y Lo Barnechea ya cuentan con ese software.

Son cerca de 15 los municipios –liderados por alcaldes de distintos sectores políticos– los que en los últimos dos años han contratado servicios con Instagis. También lo han hecho organismos públicos como el Servicio Electoral (Servel); el sistema de Compras Públicas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Entre 2015 y 2016, Instagis registra ventas en el portal Mercado Público por más de US$1 millón ($620 millones al cambio actual).

Desde el Congreso también se han requerido los servicios de la empresa. El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, pagó $4,1 millones porestudios sobre “Delitos en Chile”. Lo hizo con dineros de las asignaciones que mensualmente se destinan a los diputados para costear informes elaborados por asesores externos ($2,4 millones). Lo que hizo Instagis fue levantar información y generar gráficos a partir de las estadísticas de delincuencia de Carabineros alojadas en el sistema PACIC (Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros).

Quien también solicitó los servicios de Instagis fue el diputado (ex RN) José Manuel “Rojo” Edwards. El informe, también pagado con asignaciones del Congreso, data de diciembre de 2016 y se titula “Segmentación y análisis de habitantes del distrito para comunicación de políticas públicas”. Edwards, quien se postuló a senador por La Araucanía en las parlamentarias de noviembre sin éxito, pagó $4,6 millones por ese informe.

CIPER se contactó con Instagis en varias oportunidades para aclarar una serie de interrogantes relacionadas a la comercialización de datos catalogados como “personales” y “sensibles”, a los aportes de Corfo y a su domicilio fiscal en Delaware. No hubo respuesta.

LAS PLATAS DE CORFO A GENESIS

genesisEl 22 de marzo de 2013 el Comité de Capital de Riesgo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) autorizó la entrega de una línea de crédito por UF 306 mil ($7.020 millones), al “Fondo de Inversión Privado Genesis Ventures,” especialmente creado por la administradora de fondos Genesis Capital S.A. para este programa.

Este fondo combina el financiamiento de sus propios aportantes (Genesis Capital y personas naturales) para invertir en empresas que por su producto, idea o proyecto, tienen un gran potencial de desarrollo como negocio, pero que como están recién partiendo requieren de apoyo profesional y especializado: además de recursos, el fondo entrega soporte técnico, operacional,  directorio, adaptación a normas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y otros reguladores o inversionistas extranjeros, pero sobre todo, redes.

De acuerdo a documentos legales revisados por CIPER, entre los aportantes privados del fondo se encuentran sociedades ligadas al ex presidente de la Sofofa, Hermann von Muhlenbrock, y a los empresarios José Manuel Urenda y Andrés Olivos, entre otros.

Esta línea de financiamiento de Corfo es un crédito blando, que se paga al momento de la liquidación del fondo. Para este caso es de 10 años plazo y el préstamo tiene una tasa de interés del 5,01% y por cada UF que pone el fondo, Corfo pone dos. La administradora puede gastar hasta el 2,5% del total en costos de administración.

A junio de 2017 este fondo había invertido  UF 197.599 y le queda por completar un saldo de UF 234.065 que según el acuerdo debe estar colocado o invertido a más tardar el 30 de mayo de 2018.

De acuerdo con información de Corfo, este fondo ha realizado cuatro desembolsos:

  • Amipass: empresa que administra vales de comida en red. Es la mayor del país y es considerada una de las inversiones más exitosas de Genesis  Venture. La inversión fue de UF 71.062 y se hizo el 30 de enero de 2014.
  • Fer Creaciones: empresa de bolsas recicladas en la que el fondo invirtió UF 46.980 el 9 de julio de 2013.
  • InstaGIS Inc: la inversión se hizo sobre la matriz de la firma (sociedad en el extranjero) la que a su vez invirtió los recursos en la empresa constituida en Chile (Instagis SpA). El fondo colocó en esta firma UF 54.485 el 17 de diciembre de 2015.
  • Sociedad Alimenticia Los Sauzales: maneja la franquicia del restaurante de carnes Outback Steakhouse. La inversión fue de UF 61.539 y se materializó el 6 de marzo de 2014.

 

Vecinos de zonas rurales de Quilpué reclaman por altos precios del agua potable

Enviado por Claudio Sepúlveda

A contar del 1 de enero próximo todos los habitantes de la zona rural de Quilpué nos veremos amenazados por la falta de agua. Ese día comenzará a regir una ordenanza municipal firmada por el alcalde Mauricio Viñambres y aprobada por el Concejo Municipal el 25 de octubre pasado. Esa ordenanza establece altísimos cobros por el reparto de agua para los habitantes de la comuna ubicados fuera del radio urbano: más de $70 mil por 1 a 10 metros cúbicos de agua.

Ello afectará la vida de más de 60 familias de las localidades de los Molles, la Retuca, Los Perales, Los Colihues, Los Quillayes y Colliguay, en el Valle del Marga Marga.

Si consideramos un consumo familiar promedio de 20 metros cúbicos mensuales en esta época, la nueva ordenanza obliga a disponer de al menos $140 mil mensuales sólo para poder acceder al líquido, cifra muy alejada de los casi $30 mil que en promedio destina una familia de las zonas urbanas por el mismo volumen.

La situación se torna aún más complicada, si se considera que las familias de la zona rural de la comuna pertenecemos a segmentos de ingresos menores y medios y aunque podamos destinar $140 mil mensuales a agua no tenemos forma de almacenarla. Para poder conservar el líquido se necesitan estanques. Varios, porque diez metros cúbicos, equivalen a 10 mil litros de agua.

La ordenanza es realmente insólita si se considera que quien nos proveerá del agua es el mismo municipio, pero se torna todavía más insólita al comparar los precios: cualquier empresa privada cobra menos que el Municipio de Quilpué.

Ante lo anterior sólo podemos preguntarnos: ¿Por qué la municipalidad cobra más que un privado?, ¿Qué estudio serio hizo el municipio para determinar esos valores? ¿La municipalidad quiere lucrar con nuestras necesidades?

Para intentar responder algunas preguntas nos reunimos con funcionarios municipales y la verdad es que conseguimos comprender que entre las variables para definir estos cobros el municipio habría considerado las horas ocupadas por los funcionarios municipales en el o los camiones destinados a distribuir agua. ¿Pero esos sueldos no están garantizados en el presupuesto municipal? ¿O el municipio contrató más personas?, ¿El municipio habrá cotizado este servicios en el sector privado?

La escasez de agua se arrastra por casi 10 años en el Valle del Marga Marga. Por lo mismo, regularmente ha sido el Gobierno Provincial quien ha subsidiado a los habitantes de la zona, pero en 2017 no contamos con dicho apoyo, por falta de voluntad y negligencia del mismo municipio en la entrega de la información que le requirió la Gobernación.

Vecinos de Quilpué y de toda esta provincia desde ya mil gracias por empatizar y apoyarnos. Señores del municipio, el agua es un derecho. Podemos pagar, ¡pero un precio justo!

Dos infracciones por mal estacionamiento solo con horas de diferencia

Enviado por Fernanda Espinosa Ilabaca

El 23 de octubre me sacaron un parte por estar mal estacionada en Providencia. Para mi sorpresa, cuando intenté pagar por adelantado por internet, me di cuenta que ese día me sacaron dos infracciones por estar estacionada en el mismo lugar (uno a las 9:20 y otro a las 16:00). Pero, en el vidrio de mi auto, solo había un papel.

Tras tanto anuncio de robo de autos en la comuna y como trabajo a dos cuadras de donde lo estacioné, iba cada 45 minutos, aproximadamente, a verlo. Nunca tuve un papel en el vidrio, y de haberlo tenido lo habría sacado. Por lo que solo cuando salí, a las 18:00, me di cuenta que me habían sacado un parte.

Escribí por Twitter a @Muni_provi y me dijeron que llamara al 2 2654 3200. Llamé y la señora que me contestó me dijo que no pagara por internet y que fuera a hablar con la jueza, porque no se puede sacar dos partes en un mismo día por estar estacionado en el mismo lugar, por lo que me borrarían uno y me rebajarían el otro con el descuento que aplica al cancelarlo dentro de los cinco días tras ser cursada la infracción.

El 6 de noviembre fui a mi citación con la jueza y, para mi sorpresa, me dijo que lo que me explicaron en la municipalidad no era verdad, que yo estaba mintiendo, que era imposible que alguien me hubiese dicho eso, y que debía pagar el total de los dos partes. Finalmente, me rebajó ambos a la mitad y debo cancelar cerca de $80.000.

Escribí, muy molesta, en el sitio web de atención al vecino de la comuna. Me contestaron que escucharon mi conversación con la operadora del 2 2654 3200 y ratificaron que efectivamente me dijo que me eliminarían un parte, pero que se había equivocado y que no podían hacer nada, por lo que tenía que pagar lo que la jueza determinó.

Cuando estuve en el Juzgado de Policía Local me encontré con mucha gente a la que le había pasado lo mismo. No sé si en la Municipalidad de Providencia tendrán metas para sacar partes, pero somos muchas personas que nos sentimos estafadas por este municipio. Veo a diario cómo andan los autos de la municipalidad dejando ellos mal estacionados sus vehículos para sacar partes, increpando incluso a los estacionadores de los parquímetros.

Me parece que una situación como esta no se puede dejar pasar. Si bien sé que no lograré nada, encuentro insólita la mafia que existe al interior de ese municipio.

Mineras y Municipios: ¿en qué condiciones los aportes privados al desarrollo local pueden ser admisibles?

El pasado miércoles 20 de septiembre, CIPER Chile publicó un reportaje analizando las millonarias donaciones que empresas mineras realizan a los municipios donde se emplazan sus faenas. Lo anterior contradice el dictamen de la Contraloría General de la República del año 2010, el cual establece que los municipios deben abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias”.

La investigación realizada por CIPER da cuenta de tres elementos importantes de analizar en relación con este tipo de donaciones.

En primer lugar, es preocupante la evidencia del incumplimiento del dictamen de la Contraloría por parte de los gobiernos locales, toda vez que éstos ejercen un rol relevante en el desarrollo de proyectos de inversión. Así, el aporte monetario de las empresas puede influir sobre el pronunciamiento que los municipios realicen sobre, por ejemplo, estudios y declaraciones de impacto ambiental o permisos ambientales sectoriales. El cruce de información del reportaje de CIPER hace un esfuerzo por demostrar la relación entre aportes monetarios y el pronunciamiento de municipios para el Servicio de Evaluación Ambiental, mostrando en algunos casos cierta regularidad entre aprobaciones y recepción de aportes. Así, en el contexto actual, cabe preguntarse por el sentido mismo de la recepción de los fondos por parte de los municipios: ¿qué es lo que los justificaría?

El aporte monetario de las empresas puede influir sobre el pronunciamiento que los municipios realicen sobre, por ejemplo, estudios y declaraciones de impacto ambiental o permisos ambientales sectoriales”.

Para responder a lo anterior, un segundo elemento de análisis tiene que ver con la forma en que se establecen estos acuerdos de colaboración y el destino que se les da a los recursos. Muchos de los recursos son donados como “fondos de libre disposición”, sin que exista transparencia acerca del objetivo del aporte ni de su utilización. Los resultados muestran que un porcentaje relevante de los recursos entregados por las empresas mineras se destina a gastos municipales ordinarios – tales como pago de sueldos o gestión de salud y educación, entre otros – lo cual revela, por un lado, el constante déficit de presupuesto que muchos municipios mantienen para hacer frente a las necesidades de su población y, por otro, abre la posibilidad de cuestionarse a dónde fueron a parar los recursos del presupuesto municipal destinados a dichos ítems.

Los dos elementos recién reseñados configuran un escenario complejo, pues, en un contexto en donde la fiscalización del gasto municipal es escasa, la falta de trazabilidad o accountability sobre el mismo se presta para generar vacíos de información y vicios de funcionamiento.

Finalmente, cabe destacar la inadecuación del gasto. La mayoría de las iniciativas desarrolladas para organizar los recursos donados, no contribuyen de forma efectiva a un desarrollo de largo plazo y sustentable de estas comunas. Así, se observan gastos cuyo impacto es prácticamente nulo, salvo desde una lógica electoral o comunicacional, comoson actividades recreativas, fiestas, regalos, comidas, espectáculos pirotécnicos, entre otros. Aunque dentro de las iniciativas financiadas existan proyectos de mayor alcance e impacto, tales como infraestructura urbana y comunitaria o programas de fomento productivo, estas obras o programas no necesariamente responden a un proceso de planificación riguroso, articulado y coherente con otras políticas públicas.

El cruce de información del reportaje de CIPER hace un esfuerzo por demostrar la relación entre aportes monetarios y el pronunciamiento de municipios para el Servicio de Evaluación Ambiental, mostrando en algunos casos cierta regularidad entre aprobaciones y recepción de aportes”.

El espíritu del dictamen de la Contraloría fue proteger la probidad y la independencia de los gobiernos locales, evitando el conflicto de interés que las donaciones y aportes entregados por las empresas pueden generar. A partir de los datos provistos por el reportaje de CIPER, se puede concluir que la forma en que actualmente se realizan los aportes de privados a los municipios es inadecuada para generar un relacionamiento comunitario transparente, participativo, orientado a metas y a largo plazo. Por tanto, de mantenerse esta tendencia esos aportes son cuestionables y en última instancia inadmisibles. Sin embargo, la capacidad de reforzar la prohibición de recibir aportes privados no ha tenido el refuerzo necesario para erradicar dicha práctica. Otra opción, sería reflexionar en torno a en qué condiciones el aporte de privados para el desarrollo local de los territorios en que se emplaza es admisible y legítimo.

Desde Espacio Público, en conjunto con Rubik Sustentabilidad, estamos trabajando en el diseño de un Sistema de Diálogo Territorial que promueva la generación de acuerdos entre comunidades, empresas y Estado en el contexto de proyectos de inversión. Entre otros elementos, el sistema a proponer pretende regular los aportes privados al desarrollo local. Para ello, al menos dos supuestos deberían ser garantizados: 1. Separar a nivel teórico y práctico la identificación y gestión de los impactos ambientales y sociales de lo que son aportes para el territorio y; 2. Asegurar que dichos aportes se destinen a iniciativas definidas participativamente con las comunidades locales y asegurando su articulación con las políticas públicas de la comuna y región.

Respecto a lo primero, en un contexto de desconfianza y conflictividad socioambiental en torno a proyectos de inversión, la separación entre gestión de impactos y aportes voluntarios asegura que la inversión que haga la empresa en el territorio no sea ni utilizada ni interpretada como una “compra de las autoridades” por los impactos negativos que ésta provoca en el territorio. Entendemos que el aporte al desarrollo territorial que haga una empresa es una conversación posterior a la conversación en torno a los modos es que ésta deberá prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos del proyecto, avanzando hacia – el esquivo concepto de – la buena fe y debida diligencia en la relación entre comunidades y empresas en el marco del enfoque de derechos humanos.

Muchos de los recursos son donados como fondos de libre disposición, sin que exista transparencia acerca del objetivo del aporte ni de su utilización”.

Respecto a lo segundo, entendemos que hoy por hoy, y luego de décadas de un relacionamiento comunitario desregulado, muchas veces utilizado para cooptar a las comunidades en el contexto del proceso de evaluación ambiental, existe una demanda de redistribución de la riqueza que generan estos proyectos a partir de la explotación de los recursos naturales de los territorios locales. Incluso si es que los impactos negativos fuesen correctamente gestionados, es necesario generar un acuerdo en donde el territorio se beneficie del hecho de que la empresa se encuentre ahí operando.

En función de lo anterior, consideramos que es legítimo que las empresas aporten al desarrollo de los territorios en donde se emplazan. Sin embargo, dicho aporte debe ser entendido como un compromiso con el territorio para los objetivos que éste mismo se ha trazado. De ahí que la participación de la comunidad en la definición, priorización y evaluación de la inversión comunitaria, debe ser considerada como una piedra angular del proceso. Asimismo, la coherencia con las políticas públicas que se están implementando en el territorio, de manera de complementar o suplementar la inversión pública, debe ser clave en la estructura del gasto. Esto supone una mirada estratégica de la inversión y asegura que ésta tenga un sentido, tanto para la empresa – haciendo efectivo su gasto –, como para la comunidad, de modo que efectivamente eleve su calidad de vida.

Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a municipios

Vea también: Municipios mineros I: Los millones de los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

MAPA.FINALCIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millonesSalamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.
Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

COQUIMBO.FINALEntre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.
Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo solo registra un pronunciamiento sobre estudios o declaraciones de impacto ambiental ingresados por Teck al SEA entre 2010 y 2016. Tras introducir algunas observaciones iniciales al proyecto de la minera para recuperar suelos contaminados, el 17 de julio de 2012 la administración edilicia se pronunció conforme. El municipio recibió dos donaciones de la minera en fechas cercanas: una el 14 de julio y la otra el 30 del mismo mes, por un total de $12 millones.

El capítulo más delicado de la relación entre la minera y la Municipalidad de Andacollo se da en otra instancia. En 2010 el SEA dio luz verde al proyecto de Teck que le permitió modificar y optimizar sus procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

AATACAMA.FINALdemás de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera.
Patricia González, ex alcaldesa de Caldera (Fuente: elregional.cl).

Los municipios de Chañaral y Mejillones también se han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

portada 1En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

ANTOFAGASTA.FINAL (2)El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

RM-OHIGGINS.FINALEl 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)
Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

(Imagen de portada: chilesustentable.net)

Municipios mineros I: los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)
Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)
(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Viva Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Firma del convenio "Viva Salamanca"
Firma del convenio “Viva Salamanca”

“Viva Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)
Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006 (Fuente: Informe Universidad de Waterloo)
Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006, según estudio de la Universidad de Waterloo.

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

CAMIONESEn ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que durante la administración del entonces gobernador, Iván Cisternas (RN), se suscribieron diversos convenios de colaboración con la compañía. El problema es que la Gobernación no tiene las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le compete a la Intendencia (ver Nota de la Redacción).

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

PELAMBRES1Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas, a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo original se dijo que los convenios entre la Gobernación de Choapa y Minera Los Pelambres habían sido suscritos bajo la administración del actual gobernador Álex Trigo. Fue un error, pues el convenio original data de 2010, como lo confirmó a CIPER la Gobernación de Choapa, cuando el gobernador era Iván Cisternas (RN). En abril de 2014, cuando el gobernador era Álex Trigo, se firmó una última adenda a ese convenio. Le pedimos excusas a nuestros lectores. Mónica González.

A la espera de una señal para que las inmobiliarias respeten la ley

Como es de público conocimiento la inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. que pertenece a Ripley y Parque Arauco en partes iguales, construye en Viña (14 Norte) un nuevo centro comercial con un permiso de 2000 que perdió su vigencia.

A instancias de la Corte Suprema, en audiencias de conciliación, esta inmobiliaria llegó a un acuerdo con el abogado de la Municipalidad de Viña del Mar para concretar lo que en nuestra opinión constituye un nuevo hecho ilegal, materia que se verá hoy 5 de diciembre en la 3ª Sala del Máximo Tribunal.

Con el objetivo de dejar un testimonio de lo abusivo de este acuerdo, que además debe ser aprobado por el Concejo Municipal de Viña del Mar que sesionará también hoy 5 de diciembre, describimos el caso para que la opinión pública informada saque sus propias conclusiones.

1.- La Contraloría General de la República, mediante dos  dictámenes (el 95.979, de 2014 y el 40.983, de 2015), determinó que eran ilegales las prórrogas al Permiso de Obra Nueva  que le permitían a la empresa Mall Viña del Mar S.A construir un nuevo Mall en Viña, y que por lo tanto los permisos debían caducar.

Adecuar el proyecto a la normativa urbanística vigente no le causa afectación económica alguna al titular y, a la vez elimina el impacto irremediable y permanente que este tendrá sobre el barrio y sus habitantes.

La Dirección de Obras Municipales (DOM)  procedió en consecuencia y las prorrogas del permiso N° 1.349-2000, caducaron. Dicho de otro modo, la alcaldesa, Virginia Reginato y el director de obras municipales (DOM), Julio Ventura,  procedieron de acuerdo a la ley, obedeciendo lo dictaminado por la Contraloría General de la República.

2.- Cabe recordar que el antiguo permiso de edificación, cursado hace dieciséis años a una empresa relacionada con los actuales dueños, con exageradas normas urbanísticas, amparaba la construcción de un Mall en la zona V6B del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar.  En dos ocasiones se resolvió que esos permisos habían caducado pero esas decisiones fueron dejadas sin efecto por presiones indebidas del privado interesado. Por esta razón, la inmobiliaria argumenta hoy que no se ha producido la caducidad del permiso, la que en todo caso opera automáticamente y de pleno derecho, cuando no se han cumplido las exigencias contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

3.- Además, el ex Seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la  V Región, el arquitecto Matías Avsolomovich, fue sancionado por la Contraloría por su responsabilidad en estos hechos, encontrándose el expediente en manos de S.E. la Presidenta de la República desde el 2 de diciembre pasado sin obtener aún una respuesta, (asunto que se describe en link y en el documento adjunto). 

4- Nuestra posición, expresada por escrito a los magistrados, es que la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. se encuentra en la obligación de tramitar un nuevo permiso de obra. Y por lo tanto, debe adecuar lo edificado a la normativa urbanística vigente, la cual establece que los edificios de uso público, como este proyecto, deben enfrentar vías troncales o expresas (ver artículo 2.1.36 de la OGUC). Dado que el proyecto enfrenta en todo su perímetro sólo vías estrechas, la construcción del Mall ya no es posible en el sector donde se construye.

5.- La instalación de un centro comercial en un sector residencial que no cuenta con la vialidad necesaria, tendría un impacto enorme por la concentración de grandes flujos de peatones, vehículos, camiones, basura, contaminación acústica y ambiental, etc.

Por otra parte, las zonas donde se construye (V6B y E-5, del Plan Regulador de Viña del Mar), permiten un coeficiente máximo de metros construidos  de 8.000 m2. Pero el proyecto en cuestión tiene 34.426 m2, sobre el nivel natural del terreno. Cabe señalar, en todo caso, que tampoco los referidos 8.000 m2 pueden destinarse a equipamientos, como es el caso del Mall.

6.- La Corte Suprema, conociendo de los recursos de casación interpuestos por la Municipalidad de Viña del Mar y Carlos Valencia, miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad, llamó a las 3 partes a audiencia de conciliación. Valencia, tercero coadyuvante, presentó una propuesta que, tomando en consideración la normativa urbanística vigente, consiste en transformar el centro comercial en un edificio con destino habitacional (vivienda, hospedaje, hotel). Para ello se propuso la demolición de 12.412 m2 sobre el terreno, equivalente a menos del 20% de los 62.156 m2, que incluyen las edificaciones bajo tierra, declarados en el permiso.

7.- De acuerdo a la propuesta de  Fundación Defendamos la Ciudad, las demoliciones referidas permitirían recuperar las zonas de antejardín y áreas no construidas exigidas en la zona V6b del PRC de Viña del Mar, en donde se señala que la ocupación máxima de suelo para más de 9 metros de altura es de un 30 % del terreno.

Nos oponemos a la conciliación entre el abogado de la municipalidad de Viña y la inmobiliaria que construye el Mall de 14 Norte porque la entendemos como una mera vía de escape para violar la ley.

Hoy el edificio ocupa un 91% y tiene bastante más de 9 metros de altura. La adecuación del proyecto a la normativa actual, permitiría a los dueños aumentar el número de estacionamientos, de 557 a 1.114, es decir, en un 100%, pudiendo construir una loza de 9.000 m2, a la mitad de la doble altura del primer subterráneo.

8.- En los pisos superiores, los sectores con doble altura, podrían edificarse lozas intermedias, para lograr la constructibilidad máxima de 32.5000 m2 que establece la zona V6B del PRC de Viña del Mar, incluido el beneficio de fusión de lotes contenida en la ley. De esta forma, si el titular del proyecto vende 32.500 m2 a 65 UF por m2, puede obtener un ingreso de 2.112.500 UF. Asimismo, por la venta de 350 estacionamientos a 350 UF cada uno, podría obtener un ingreso de 122.500 UF, lo que totalizaría un ingreso de 2.235.000 UF.

9.- La inversión para adecuar el edifico a la legalidad, será del orden de las 700.978 UF, por lo tanto, el titular del proyecto se quedaría con la propiedad del inmueble y explotación de 764 estacionamientos en subterráneo y un importante margen de utilidad.

Esto quiere decir que adecuar el proyecto a la normativa urbanística vigente no le causa afectación económica alguna al titular y, a la vez elimina el impacto irremediable y permanente que este tendrá sobre el barrio y sus habitantes.

10.- Lamentablemente, las propuestas presentadas en la Corte Suprema por la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. y los abogados de la Municipalidad de Viña del Mar, insisten en la construcción del referido Mall, con ciertas compensaciones que escasamente atenuarán el enorme impacto al sector. Esa propuesta nos parece improcedente. Será decidor que lo resuelva el Concejo Municipal del Viña del Mar, más aún si el propio director de obras municipales ya declaró la caducidad del permiso en los términos señalados por la alcaldesa.

En resumen, nos oponemos a la denominada conciliación entre el abogado de la municipalidad y la inmobiliaria porque la entendemos como una mera vía de escape para violar la ley.

En todo caso, independientemente de lo que resuelva el Concejo Municipal, quien tendrá la última palabra será la 3ª sala de la Corte Suprema la que, con su próximo fallo, dirá si exigirá el cumplimiento de la ley, confirmando la caducidad del permiso, o acogerá las rogativas de la inmobiliaria y sus dueñas.

Estas empresas han alegado permanentemente que en este negocio procedieron de buena fe, pero eso es, a la luz de la evidencia aportada, un ardid.

Conforme a la sentencia del Máximo Tribunal en esta materia, el mercado inmobiliario sabrá cómo comportarse en sus emprendimientos.

 

Alcaldes para ricos y alcaldes para pobres

Ver también:
– La segunda columna de esta serie: Por qué la elite política no puede entender lo que quiere la sociedad
– La tercera columna de esta serie: Por qué usted puede estar ayudando a la crisis de nuestra democracia
Crisis de la política: “Al final, el problema de Chile sigue siendo esencialmente la desigualdad”

Chile tiene un problema endémico con los perros callejeros. A principios de los 2000, cuando investigaba el sistema político chileno, dos dirigentes de una importante colectividad que poseía varias alcaldías en la Región Metropolitana me relataron la solución que su partido implementó para este problema y que no implicaba ni esterilizar a los perros (muy costoso) ni sacrificarlos (habría generado alarma y críticas).

Lo que el partido hizo fue atrapar a los perros que habitaban en comunas centrales (las llamadas “emblemáticas” y con alta visibilidad pública a nivel nacional) y trasladarlos a municipalidades pobres donde ellos también controlaban la alcaldía. Aplicada gradualmente esta estrategia no atrajo demasiada atención pública en el corto plazo, pero contribuyó a mejorar la calidad de vida en los sectores acomodados y más visibles de la ciudad.

Mientras tanto, los alcaldes del partido que estuvieron dispuestos a recibir perros fueron compensados económicamente por el deterioro que se causaba a la calidad de vida en sus comunas. La compensación (en ocasiones pagada en especies donadas por la base social tradicional del partido; por ej. cajas de alimentos, anteojos, premios para bingos, etc.) podía utilizarse para financiar campañas electorales mediante la organización de “operativos sociales” por parte de comandos de campaña, y en ocasiones, para realizar transacciones abiertamente clientelares (por ej. el pago de cuentas de luz, agua, etc., a cambio de la promesa de adhesión electoral).

Los alcaldes de municipalidades pobres dispuestos a recibir perros también recibieron el reconocimiento de los líderes del partido, a cargo de implementar la estrategia. Mientras tanto, el alcalde de la municipalidad emblemática pudo aumentar su popularidad a nivel nacional, y proyectarse como candidato presidencial, en función de la contribución de su gestión a mejorar la calidad de vida durante su mandato (sin necesariamente hacer referencia directa a la menor cantidad de perros en el espacio público).

Esta viñeta, como los otros ejemplos y casos que se revisarán en esta serie de columnas sobre la crisis de la política chilena, no busca denunciar a un partido en particular ni incidir en la próxima elección. Lo que interesa aquí es iluminar los mecanismos de fondo del sistema político, mostrándoles a los ciudadanos las debilidades de la democracia chilena, las cuales exceden el problema de la corrupción y el financiamiento ilegal.

Un mismo partido puede proveer bienes públicos en un distrito, deteriorarlos en el otro distrito y ser electoralmente competitivo en ambos

En el ejemplo de los perros vagos está implícito un problema que se menciona poco en la discusión pública: cómo la marcada desigualdad social y territorial que hay en Chile se relaciona con los mecanismos de representación política. Dicha relación puede resumirse en siete puntos relacionados pero distintos.

Primero, los partidos políticos son capaces de implementar estrategias altamente segmentadas con el objetivo de movilizar electoralmente a distintas bases sociales, particularmente en contextos de alta desigualdad social. En el ejemplo, un mismo partido puede proveer bienes públicos en un distrito, deteriorarlos en el otro distrito y ser electoralmente competitivo en ambos.

Segundo, si la sociedad se encuentra fragmentada (con muy poca comunicación entre las distintas clases sociales), y los partidos logran simultáneamente segmentar y armonizar sus estrategias electorales, ni la prensa ni los votantes se darán cuenta de que los partidos llevan discursos distintos y a veces contradictorios a los diferentes públicos. Esto último es posible incluso si los distritos son colindantes y están separados, como en el ejemplo anterior, solo por unos pocos kilómetros.

Tercero, aunque la segmentación electoral (es decir, la implementación de estrategias diferenciadas para distintos sectores sociales) es promisoria para los partidos políticos, puede también generar dilemas y tensiones. En el ejemplo eso habría ocurrido si la estrategia del partido hubiese sido conocida a nivel público, y/o si los alcaldes de las municipalidades pobres no hubiesen estado de acuerdo con implementarla.

Cuarto, para minimizar dichas tensiones, los líderes del partido deben lograr armonizar las distintas estrategias segmentadas. Dicha armonización requiere que los líderes del partido posean recursos materiales y simbólicos para disciplinar y movilizar a los miembros y activistas del partido. Dicho en breve, requieren mucho dinero o en su defecto, de un liderazgo legítimo que logre movilizar a las bases.

Esto ayuda a entender mejor cómo se articula el financiamiento ilegal de la política con las estrategias de representación. Aunque los medios han simplificado el tema como un asunto de “venta de conciencia”, en la viñeta se muestra que los líderes del partido necesitaban contar con acceso a bienes materiales para distribuir entre los alcaldes de las municipalidades pobres, pues dichos recursos harían viable, más adelante, el éxito electoral de los alcaldes que competían en comunas populares. Al mismo tiempo, los líderes del partido jugaron un rol clave en potenciar la imagen pública del alcalde de la comuna emblemática al que querían potenciar como candidato presidencial para las siguientes elecciones, evitando vulnerar, además, las preferencias ideológicas de la base tradicional del partido. Era esa base tradicional la que aportaba los recursos materiales que financiaban las campañas.

Si la sociedad se encuentra fragmentada y los partidos logran segmentar y armonizar sus estrategias electorales, ni la prensa ni los votantes se darán cuenta de que los partidos llevan discursos distintos y a veces contradictorios a los diferentes públicos

Quinto, el orden institucional refuerza la segmentación socioeconómica y territorial de la población. Por ejemplo, el hecho de que haya distritos marcadamente de pobres y otros marcadamente de sectores altos facilita a los partidos que usen distintos discursos y estrategias. Resulta bastante evidente que “la solución” dada al problema de los perros vagos no hubiera sido factible en distritos socialmente heterogéneos.

Sexto, las estrategias segmentadas producen resultados distributivos tangibles. En nuestra viñeta, quienes viven en municipalidades de clase alta se benefician de la provisión de mejores bienes públicos (la reducción de quiltros en el espacio público). Mientras tanto, los habitantes de municipalidades pobres ven deteriorada su calidad de vida. Aunque invisible para este último grupo social, el crecimiento geométrico de las jaurías callejeras aumentó, en el corto plazo, su acceso a regalos (anteojos, tortas para bingo, etc.) entregados por sus candidatos durante el periodo electoral.

Finalmente, dado que estas estrategias segmentadas y su necesidad de recursos frescos son una constante en todo el sistema, resulta evidente que el establishment político se colocó en una “relación de dependencia” con sus financistas, los cuales se beneficiaron de un acceso privilegiado al ámbito legislativo. Dicho acceso ha limitado la capacidad del Estado chileno de regular la actividad privada, generando oportunidades masivas para el “lucro” y la inversión (un ejemplo clásico son las conocidas irregularidades que aparecen en los contratos de basura de los municipios).

Así, si bien la inversión privada estimuló durante varias décadas un pujante crecimiento económico que permitió la reducción masiva de la pobreza, lo hizo manteniendo y profundizando desigualdades sociales y territoriales. Incluso en un contexto de despliegue de la agenda de “protección social”, la influencia del sector empresarial permitió la mantención de brechas significativas respecto a la provisión de bienes públicos tales como la salud, la educación, las pensiones, la infraestructura urbana, y la seguridad ciudadana.

La viñeta sugiere también dos extensiones relevantes. Por un lado, enciende una alerta sobre un objetivo político que parece tener un amplio respaldo: la descentralización política. En un contexto de desigualdad social y territorial esta descentralización puede contribuir a empeorar la situación, abriendo la puerta a dinámicas de movilización política fuertemente locales y personalistas, que arriesgan reproducir la desigualdad (social y territorial), más que mitigarla.

Por otro lado, muestra que es relativamente falaz esperar que en sociedades desiguales como la chilena, en que los partidos pueden segmentar sus estrategias de campaña, la democracia contribuya progresivamente –vía la manifestación electoral de las preferencias del votante promedio– a disminuir la desigualdad socioeconómica. En realidad lo que ha ocurrido, durante mucho tiempo, es que las estrategias segmentadas permitieron esconder el problema distributivo y reducir la conflictividad.

La aguda segmentación que exhibe Chile da cuenta de la desaparición casi completa de lo que alguna vez caracterizó a los partidos: una plataforma programática, una identidad partidaria, un mensaje claro hacia los votantes. Las personas se pueden preguntar hoy en qué cree un partido que, por ejemplo, le habla a la elite de la urgencia de flexibilizar el trabajo, pero que en los distritos populares, donde viven las personas cuyo trabajo será flexibilizado, compite en función de otras temáticas y estrategias de campaña, sin hablar de la flexibilización laboral.

El ejemplo de los perros vagos muestra que es relativamente falaz esperar que, en sociedades desiguales como la chilena, en que los partidos pueden segmentar sus estrategias de campaña, la democracia contribuya progresivamente a disminuir la desigualdad socioeconómica.

Lo cierto es que no se puede saber en qué cree el partido, porque su discurso varía según el escenario y porque los escenarios no se comunican. Cada uno vive en un universo paralelo y nadie está atento a lo que pasa en una comuna donde las personas tienen más o menos recursos que uno.

Con el correr de los años y la fuerte localización y personalización de las campañas, los partidos han perdido cohesión y coherencia programática. No es que escondan su programa, simplemente no tienen uno que sea estructurado y consensuado. Y esto no es solo un problema de cara a los ciudadanos sino también a nivel interno, pues abre la puerta a la indisciplina interna y al surgimiento de “díscolos” (en un contexto, como se verá en las siguientes columnas, en que cada uno es dueño de sus votos y no le debe nada al partido).

Así, los pocos electores que los partidos lograrán movilizar en la elección municipal, votarán por una suma de motivos válidos, pero que poco tienen que ver con el apoyo a una plataforma programática o a la adhesión a una identidad colectiva. Entre muchos otros, pesarán: la simpatía de cada candidato/a, y promesas bien concretas como viajes a la playa, sistema de bicicletas municipal, farmacia popular, nueva piscina, los avances o retrocesos en salud y educación comunal, las gestiones del alcalde o alcaldesa a favor del club de fútbol, el comité de vivienda, el centro de madres, el club de huasos, o el centro de adultos mayores, la cesión de algún terreno a la iglesia evangélica, el nuevo plan regulador comunal, la gestión de la basura, las nuevas áreas verdes, y las iniciativas para mejorar la seguridad pública. Tal vez “la ciclovía” o algún escándalo local, carguen también la suerte de uno que otro incumbente.

Algo crucial, sin embargo, desaparece en medio de esta oferta concreta y segmentada. La construcción de partidos programáticos, capaces de articular plataformas y liderazgos que logren forjar coaliciones sociales amplias (más allá de regiones, circunscripciones, distritos, y municipalidades particulares) es fundamental para superar los desafíos de la representación política en contextos de alta desigualdad.

La ausencia de ese tipo de partido es patente en el caso chileno. No obstante, las condiciones necesarias para la emergencia y construcción de partidos programáticos están largamente ausentes, tanto en la política tradicional, como (¿todavía?) en los nuevos movimientos. Esto es clave para entender los alcances de la crisis de representación que hoy vive Chile, y lo incierto de su “solución”. Mientras tanto, cada municipalidad funcionará como un universo paralelo. Los dirigentes de partido seguirán también, viviendo en un universo paralelo al de la mayoría de los potenciales votantes.

Profesores de Cerro Navia denuncian descuento arbitrario del 25% de sus sueldos

A partir de este lunes 3 de octubre se inició un paro indefinido de profesores en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Cerro Navia. Esto, debido a los descuentos que se han hecho a los sueldos de los docentes en los últimos dos meses. En agosto el descuento fue de un 1,8% y en septiembre se elevó a un 25%, aunque en algunos casos llegó hasta un 60%. Aún se adeuda parte del aguinaldo de Fiestas Patrias a asistentes de la educación y a profesores. Los descuentos en los sueldos de septiembre no fueron concordados con los funcionarios, sino que determinados de manera arbitraria por el sostenedor: el director de Educación de Cerro Navia, señor Mauricio Verón Salinas.

Además, la corporación municipal sostenedora de estas escuelas mantiene una deuda previsional de unos $3 mil millones con la gran mayoría de los docentes y asistentes de la educación, de acuerdo a la información proporcionada por los concejales de la comuna en la sesión del Concejo Municipal desarrollada este mismo lunes 3.

Por último, denunciamos que no se han pagado los finiquitos de 31 profesores de la comuna que no han podido jubilar tras acogerse al “Bono de Retiro”, diez de los cuales se encuentran en situación socioeconómica crítica, a pesar de que el acceso a este beneficio estaba acordado en un convenio colectivo que no se ha respetado.

Los profesores afectados están en conocimiento de que los recursos destinados al pago de estas obligaciones fueron traspasados desde los organismos centrales del Estado a la Municipalidad de Cerro Navia, por lo que entienden que las irregularidades se deben a que bajo la administración del alcalde Luis Plaza no se han traspasado estos fondos al área de educación (vea una nota del editor que corrige este párrafo).

La crisis en la educación en la comuna de Cerro Navia se arrastra por ocho años, período en que se han realizado descuentos arbitrarios a los trabajadores del sector. Entre las obligaciones impagas se cuentan cerca de $200 millones que se adeudan al Colegio de Profesores (nivel central) por la no transferencia del descuento que se hace a los docentes por sus cuotas de colegiados.

Ante esta situación es que se hace un llamado a toda la comunidad –padres, apoderados, estudiantes y trabajadores de la educación– a que sumemos fuerzas para que estos problemas se resuelvan en su totalidad.

Desde marzo de este año se han sucedido las dificultades generadas por problemas con la contratación de personal, pago incompleto de sueldos, deudas previsionales (cotizaciones impagas en enero y febrero), problemas para utilizar los recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), carencia de teléfono e internet para una mejor atención a los alumnos y apoderados, entre otras situaciones complejas que afectan el normal desempeño de las actividades docentes. Todas situaciones que hasta hoy se mantienen.

Como comunidad educativa hemos esperado una solución desde los organismos correspondientes (particularmente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia), pero la situación ha llegado al límite. Siempre hemos privilegiado el compromiso con nuestros alumnos y con los padres y apoderados, pero nuestra integridad laboral está siendo vulnerada y también los derechos de los estudiantes y sus familias. Por lo mismo, creemos que ya es hora de hacer pública esta situación, porque la suma de estas dificultades ya se ha trasformado en una crisis, la que no fue generada desde las escuelas.

Estamos convencidos de que no podemos seguir en silencio ni al margen ante esta situación, que nos aqueja a todos. 

Judith Rodríguez
Presidenta del Colegio de Profesores de Cerro Navia

Alex Fritz
Presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Educación de Cerro Navia

 

 

Nota del editor: El miércoles 05 de octubre los autores de esta carta enviaron una corrección, en la que señalan que su texto contiene un error, porque no es efectivo que la Municipalidad de Cerro Navia recibió recursos desde el nivel central del Estado y no los traspasó al área de Educación. Junto con pedir disculpas por este error, señalan que “quien no ha traspasado como corresponde los fondos a los trabajadores es la Corporación Educacional de Cerro Navia” y que “la intención era denunciar que la Corporación de Educación Municipal no ha traspasado los fondos a los trabajadores de la educación, como el bono SNED, ADVI y otros” (vea aquí la carta con la corrección).

Los dudosos contratos de la productora que trabaja para Vitacura y para la campaña de Torrealba

Un video de minuto y medio, titulado “Sueños”, es la carta que jugó el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), para iniciar la campaña en busca de su quinta reelección. Otra pieza audiovisual que respalda su candidatura es una sentida intervención del ex Presidente Sebastián Piñera. Los dos videos fueron realizados por la productora Tregua, la que fue contactada por el comando de Torrealba para realizar cinco trabajos similares, aunque con el correr de la campaña esa cifra puede variar. Pero el trato entre Tregua y el comando presenta tres particularidades que prometen levantar controversia: en primer lugar, la Municipalidad de Vitacura tiene contratada a la misma empresa por más de $344 millones; en segundo término, uno de los dueños de Tregua figura empleado a honorarios en la municipalidad por $2 millones mensuales y, por último, la revisión que hizo CIPER da cuenta de incumplimientos en algunas de las metas fijadas por el contrato.

Tres son los socios que constituyeron Tregua. Uno de ellos es Andrés Chadwick Costa, hijo del ex ministro del Interior Andrés Chadwick Piñera (UDI) y sobrino del ex Presidente Sebastián Piñera. Otro de los socios es Cristián Camus Pérez, yerno del ex diputado UDI y ex miembro del directorio de TVN, Cristián Leay, socio histórico del ex ministro Pablo Longueira. Camus está casado con María Carolina Leay Cabrera. El tercer socio es Dionisio de la Cerda Olivos, el único del trío que no cumple labores ejecutivas en la productora, pues –según la información publicada en la web de Tregua– es gerente general de Imahe, empresa proveedora de la industria gastronómica.

La sociedad Tregua fue creada en 2010 y, de acuerdo con los registros de Mercado Público, durante el gobierno de Piñera la productora prestó servicios a la Presidencia de la República, al Ministerio de Bienes Nacionales, al Servicio de Capacitación y Empleo (Sence), al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y a la Municipalidad de Vitacura. La misma base de datos indica que tras el cambio de gobierno de 2014, en el ámbito público solo ha sido contratada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero mantuvo sus nexos con Vitacura.

Chadwick Camu
Andrés Chadwick y Cristián Camus

El contrato con Vitacura se firmó en septiembre de 2013 y se renovó en agosto de 2015, en ambas ocasiones producto de una licitación. El primer vínculo se extendió por 24 meses y los servicios que se encargaron fueron tres: elaboración de contenidos para las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube y la plataforma local VitaTV, por 83,3 UF mensuales (cerca de $2 millones a la fecha en que se rubricó el contrato); envío de hasta mil mensajes SMS por 2,38 UF mensuales ($54 mil) y, finalmente, grabación y difusión de hasta cinco videos al mes por 249,9 UF mensuales ($5,8 millones). En total, al finalizar los 24 meses, los pagos sumarían 8.053,93 UF (a esa fecha unos $185,3 millones).

En abril del 2014 el contrato se amplió, para incorporar Instagram al servicio de redes sociales. La municipalidad se comprometió a pagar otras 50 UF mensuales por este nuevo encargo (cerca de $1,2 millón). De esta forma, el total comprometido en este primer contrato se elevó a 8.853,93 UF ($203,6 millones).

El contrato de 2015 se firmó por 36 meses. En este nuevo vínculo se eliminaron los mensajes SMS y solo se pactaron dos servicios: el trabajo con las redes sociales, por 121,38 UF mensuales (en esos días cerca de $3 millones), y grabación y difusión de tres a cinco videos cada mes, por 261,80 UF mensuales (unos $6,5 millones). En total, el segundo contrato comprometió el pago de 13.794 UF, equivalentes a $344,8 millones.

En suma, entre el primer y segundo contrato, los pagos que Vitacura hará a Tregua alcanzarán a cerca de $550 millones.

El precio que paga Vitacura por estos servicios es alto, si se compara con lo que desembolsa la comuna vecina: Las Condes. En esta última el trabajo lo hace Espinaca Limitada, que está a cargo de las campañas en redes sociales y los videos institucionales. Aunque Espinaca no debe administrar directamente las cuentas, como ocurre en Vitacura, su contrato incluye más tareas, como producción de eventos, diagramación de revistas, diseño de gráfica urbana, de uniformes, stands, presentaciones 3D y campañas de comunicación interna. Por estos servicios Las Condes paga 65 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) por mes, equivalentes a poco menos de $3 millones. En tanto, Vitacura gasta casi $10 millones mensuales en su contrato con Tregua, solo por redes sociales y videos.

LOS HONORARIOS DE CAMUS

En paralelo a los servicios prestados por Tregua a Vitacura, la municipalidad ha contratado a honorarios al socio y gerente general de la productora, Cristián Camus Pérez.

Las normas de administración del Estado establecen que no pueden desempeñarse en un organismo público aquellas personas que formen parte de sociedades que tengan contratos por sobre 200 UTM ($9,1 millones) con esa misma entidad estatal. Esta limitante rige también para los contratos a honorarios, como lo ha establecido la Contraloría General de la República (ver dictamen). Este impedimento debió aplicarse a Cristián Camus, debido a que el contrato de Vitacura con Tregua sobrepasa el límite. Pero eso no ocurrió.

Video de campaña
Imagen del video de Piñera apoyando a Torrealba

Los registros de transparencia indican que el primer trabajo a honorarios de Camus se extendió entre abril y junio de 2014, labor que consistió en dictar un taller de video para colegios de la comuna y que le reportó un pago de $2,6 millones. En 2015 fue contratado entre agosto y septiembre para realizar videos para el programa Colegio Sustentable, con un pago total de $1,3 millón. Su tercera contratación tuvo lugar entre enero y marzo de este año, para asesorar en la creación de la plataforma web Vitacura Sustentable, con un pago global de $1,8 millón.

La cuarta y última contratación a honorarios de Cristián Camus Pérez aún estaba vigente cuando CIPER consultó en la municipalidad, el pasado 20 de septiembre, por las labores encomendadas tanto a la productora Tregua como a su gerente general. Este contrato se inició en junio de este año y estaba previsto que Cristián Camus trabajaría hasta diciembre próximo. Su labor era mantener y administrar la plataforma Vitacura Sustentable, por lo que cobraría un total de $14,5 millones (poco más de $2 millones mensuales).

No obstante, el jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz, informó que se puso fin al contrato a honorarios de Camus luego de las consultas hechas por CIPER. Según indicó Errázuriz, al analizar los antecedentes solicitados, la Dirección Jurídica detectó la incompatibilidad entre sus servicios a honorarios y su carácter de socio y representante legal de una empresa que mantiene un contrato con la misma municipalidad por más de 200 UTM.

Desde 2014 yhasta que se puso fin a sus labores a honorarios, los pagos que efectuó Vitacura a Cristián Camus alcanzaron a sumar $14,2 millones. Si hubiese completado su último contrato, habría percibido un total de $20,2 millones.

VIDEOS DE CAMPAÑA

El mismo jefe de gabinete del alcalde, Galo Errázuriz, quien coordinó la entrega de los antecedentes requeridos por CIPER, informó que la productora Tregua había pactado realizar cerca de seis videos para la campaña electoral de Torrealba. El detalle de las tareas encargadas por el comando electoral a la productora Tregua, dijo Errázuriz, debía ser consultado a los encargados de la campaña.

Video del alcalde Raúl Torrealba
Video del alcalde Raúl Torrealba

La hija del alcalde de Vitacura, María José Torrealba, encabeza el comando para la reelección de su padre. Ella informó a CIPER que asumió esta tarea en agosto pasado y que en esas fechas cotizó con Tregua la realización de cinco videos, aunque no sabe aún cuántos les pedirá finalmente, ya que los pagos se realizarán al término de la campaña, conforme a las nuevas normas de financiamiento de candidaturas. Su presupuesto para este ítem, dijo, oscila entre $2 millones y $3 millones. Por el mismo servicio (hasta 5 videos al mes), Tregua le cobra a la Municipalidad de Vitacura $6,5 millones.

La idea inicial, señaló María José Torrealba, era encargar a Tregua videos “largos” para difundir en redes sociales –de alrededor de un minuto y medio–, similares al que ya hizo la productora para el inicio de la campaña. Por eso, le pidió a Tregua una cotización por cinco videos de ese formato. Pero ahora, con la carrera electoral ya en marcha, dice que están pensando en cambiar los videos “largos” por varios más cortos, aunque siempre dentro del mismo presupuesto. De hecho, ya cuentan con piezas que duran de 10 a 20 segundos con mensajes de políticos y otras figuras públicas, como el entrenador y comentarista de fútbol Juvenal Olmos.

Sobre las labores en paralelo que Tregua realiza para el municipio y para la campaña, Galo Errázuriz dijo que no hay impedimento jurídico para desempeñar ambos trabajos. Y aunque aceptó que este doble rol puede generar cuestionamientos que afecten la imagen del municipio, sostuvo que lo relevante desde el punto de vista de las normas administrativas es que la relación de la municipalidad con Tregua “es totalmente transparente” y que existen informes que acreditan que los trabajos que se le encomendaron y pagaron, efectivamente se han hecho.

EL INFORME DE CAMUS

CIPER solicitó acceso, por medio de la Ley de Transparencia, a los documentos que acrediten que los trabajos encomendados a Tregua y a Cristián Camus Pérez efectivamente se realizaron. La municipalidad tiene un plazo legal de 20 días hábiles, prorrogables por otros diez días, para responder. Pero el jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz coordinó la recopilación de algunos de estos documentos y exhibió ante CIPER copias del último informe trimestral elaborado por Camus sobre las tareas que desempeñó a honorarios.

logo-vitacura-sustentableEl informe de Camus corresponde al del mes de agosto pasado, aunque no lleva timbre con la fecha de recepción en la municipalidad, y reseña de manera genérica que coordinó con los equipos municipales el proyecto de la plataforma web para Vitacura Sustentable, participando en la planificación de su lanzamiento, generando contenido digital para “poblar” el sitio y elaborando nueve videos informativos y de entrevistas a “vecinos sustentables” de la comuna, entre otras actividades.

CIPER buscó en la web de Vitacura Sustentable los nueve videos mencionados en el informe de Camus. En el sitio se aprecian 13 videos. Tres corresponden a imágenes extraídas de fuentes externas (animales salvajes y el discurso de un joven con Síndrome de Down en la ONU). De los diez restantes, tres fueron publicados por el canal Youtube de la municipalidad: dos en 2014 y el tercero en 2016 (este último para ser difundido en redes sociales). Los otros siete cuentan con el distintivo de Vitacura Sustentable, por lo que se puede concluir que fueron especialmente hechos para esa plataforma. Pero uno de ellos es idéntico (salvo por los textos) a otro video realizado por Tregua para el canal municipal.

En resumen, en la web de Vitacura Sustentable se aprecian solo seis videos realizados exclusivamente para esa plataforma, en contraste con los nueve que Cristián Camus mencionó en su informe.

LOS REPORTES DE TREGUA

Sobre la ejecución de los trabajos encomendados a Tregua en las redes sociales, Galo Errázuriz exhibió un reporte de enero a agosto, pero sólo con el desempeño en Facebook, sin información sobre las labores en otras plataformas. En todo caso, las bases de la licitación establecían que Tregua debía entregar informes mensuales detallando el trabajo realizado. Esos documentos, dijo Errázuriz, aún están siendo recopilados para responder a la solicitud que hizo CIPER a través de la Ley de Transparencia

CIPER revisó las cuentas de la municipalidad en las redes consideradas en el contrato: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y VitaTV (una señal local en internet). Las bases de la licitación de 2015 establecieron tareas mínimas a cumplir en cada una de estas redes (vea esas bases). Por ejemplo, VitaTV debía actualizarse con al menos cinco videos mensuales. Pero al revisar esta página se aprecia que el último video se incorporó en marzo pasado y que, antes de eso, su última publicación era de noviembre de 2015.

En Instagram las bases exigen un mínimo de 20 fotos mensuales. Al revisar la cuenta, en lo que va de contrato –desde septiembre de 2015– solo se ha cumplido con esta meta en dos meses. Entre los períodos con peor desempeño durante este año están febrero (se publicaron solo cuatro fotos), marzo (seis fotos) y agosto (siete). Esto ocurrió a pesar de que el municipio bajó las exigencias en comparación al primer contrato de 2014, que pedía 30 fotos mensuales (vea ese contrato).

Cuenta de Vitacura en Instagram
Cuenta de Vitacura en Instagram

De acuerdo con lo que se aprecia en la misma cuenta, en el período del primer contrato solo se cumplió en un mes, de los 16 que duró el servicio, con el mínimo de 30 fotos.

Para las cuentas de Twitter y Facebook, las bases de 2015 exigen un mínimo de 60 posteos mensuales en cada red, además de contestar a los usuarios y replicar comentarios positivos. Estas dos cuentas son las que presentan más publicaciones, aunque en 2016 en Twitter solo se ha cumplido con los 60 posteos en dos meses: abril y agosto.

Después del manejo de redes sociales, el segundo gran ítem del contrato es la grabación y difusión de videos. En relación a esta tarea, las bases de 2015 indican que cada mes deben realizarse entre tres y cinco videos, de alrededor de tres minutos de duración, que incluyan imágenes grabadas con drones y que deben ser difundidos a través de Youtube.

En el contrato la duración requerida para los videos aumentó a cinco minutos, pero desde que comenzó el servicio solo una vez se ha cumplido con esa extensión. De los 43 videos que se han subido a Youtube, 27 duran menos de dos minutos, incumpliendo lo solicitado tanto en las bases como en el contrato.

El jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz, entrego a CIPER una nómina con los videos realizados y publicados cada mes en lo que va de este año (vea ese registro). En este conteo oficial se incorporaron, en abril y junio, animaciones de imágenes GIF en lugar de videos, por lo que en esos meses no se cumplió con el mínimo. En el caso de junio, si se descuentan los dos GIF considerados en la nómina entregada por la municipalidad, solo queda un video supuestamente hecho ese mes, titulado “Nuevo canil”. Pero esa pieza audiovisual fue publicada en julio y CIPER no encontró en Youtube registros de videos difundidos en junio.

OTROS HONORARIOS BAJO LA LUPA

En la nómina de empleados a honorarios de Vitacura figura, además de Cristián Camus Pérez, otra persona que tiene un vínculo, aunque indirecto, con la productora Tregua. La periodista María Teresa Nielsen Hernández boletea para la municipalidad desde noviembre de 2015 y según los registros de transparencia su tarea se extenderá hasta diciembre de este año. La municipalidad le paga $2,1 millones mensuales, por lo que al término de sus labores habrá cobrado $16,8 millones.

Página web de Solar&Nielsen
Página web de Solar & Nielsen

El trabajo de María Teresa Nielsen consiste en realizar un mailing masivo para desarrollar un informe acerca de la opinión de los vecinos sobre las iniciativas de la Dirección de Innovación y Sustentabilidad del municipio. Una labor estrechamente ligada a la tarea a honorarios que estaba cumpliendo Cristián Camus Pérez, quien debía administrar la plataforma Vitacura Sustentable, dependiente de la misma dirección municipal.

María Teresa Nielsen es socia de Josefa Solar Larraín, esposa de Andrés Chadwick Costa, uno de los dueños de Tregua. Ambas integran la empresa de comunicación estratégica Solar & Nielsen, en cuya página web se presenta a la productora Tregua como una empresa aliada. Además, Josefa Solar es presentada por Tregua como parte de su equipo encargado de brindar el servicio de “Post producción y web”.

CIPER se comunicó con Cristián Camus, quien pidió que lo llamáramos más tarde, pero no volvió a responder. También se le dejó un mensaje en la productora Tregua, el que tampoco tuvo respuesta.

CON EVELYN MATTHEI Y ALLAMAND

Tregua tiene experiencia en campañas políticas. En su web se promociona como la productora que tuvo a su cargo el registro audiovisual de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. También destaca que trabajó en la campaña a senador de Andrés Allamand en 2014, en la que se ocupó de la franja de TV, de la “gestión de comunidades” y de realizar piezas gráficas callejeras.

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Proyectos publicados en www.tregua.cl

Además de los clientes políticos y de los servicios que presta a entidades públicas, la productora promociona su trabajo con empresas privadas. Entre ellas, su web menciona a Viña Ventisquero, Concha y Toro, Falabella, Parque del Recuerdo, Carozzi y Cuprum.

Tregua saltó a la palestra por primera vez en marzo de 2014 por un incidente ocurrido tras el cierre del gobierno de Piñera. En esos días se supo que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y al abogado Luis Hermosilla, proyectaban instalar una consultora dedicada al manejo de crisis.

La consultora no cuajó finalmente, pero cuando se conoció el plan la noticia se amplificó porque se le veía como el retorno de Longueira después de su colapso en 2013. Aunque se manejaba con máxima reserva, el proyecto quedó al descubierto por un descuido de Tregua. La productora había montado una web de acceso limitado que operaba como “Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías”, pero por error lo dejó abierto al público (vea el reportaje de CIPER).

LA ASESORÍA DE ZALAQUETT

Los registros de la municipalidad revelan que Vitacura ha pagado por los servicios de otra empresa dedicada a las comunicaciones estratégicas y cuyos dueños también están estrechamente relacionados con los círculos políticos de derecha. Triangular se llama la agencia fundada por el ex alcalde de La Florida y de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), y por su hermana, la ex diputada Mónica Zalaquett.

A partir de septiembre de 2014 Vitacura contrató a honorarios a Pablo Zalaquett y sus labores se extendieron hasta marzo de este año. Inicialmente, su pago mensual ascendía a $2,2 millones, pero en enero de 2015 se elevó a poco más de $3 millones. En total, Pablo Zalaquett percibió $45,5 millones por todos sus servicios.

Presentación en la web www.triangular-ie.cl
Presentación en la web www.triangular-ie.cl

El ex alcalde dijo a CIPER que en el segundo semestre de 2014 la municipalidad se encontró con una fuerte oposición a su Plan Maestro Vial, debido a que consideraba ampliar la costanera sur hacia el oriente y crear tres nuevos puentes sobre el Mapocho, lo que restaría superficie al parque que recorre la ribera sur del río. Zalaquett relata que vecinos de ese barrio organizaron una efectiva campaña en redes sociales rechazando el proyecto, por lo que la municipalidad recurrió a la experiencia de su empresa en el manejo de crisis con comunidades.

La municipalidad lo contrató como persona natural, dice Zalaquett, para evitarse la demora del proceso de licitación: “Si me contrataban como empresa había que licitar y eso puede tomar, mínimo, como un mes y medio. Pero la necesidad era urgente, porque la campaña en contra ya estaba andando. Por esa urgencia el alcalde Torrealba decidió contratarme como asesoría personal, que es sin licitación, pero porque yo aportaba la experiencia de nuestra empresa. Yo fui alcalde y sé muy bien que eso es lo que se hace cuando uno tiene una urgencia y sé que no hubo nada irregular en esto”.

La web de Triangular informa que la directora de Relacionamiento Comunitario y Asuntos Públicos de la empresa de Zalaquett, precisamente el área temática que se requería en el conflicto con los vecinos, es María José Domínguez Farah, quien al mismo tiempo ostenta el cargo de concejala en Vitacura.

Zalaquett reconoce que aterrizó en Vitacura acompañado de una profesional de su empresa que trabajó en terreno con vecinos y equipos municipales, la que también fue contratada a honorarios. El registro de transparencia indica que la periodista Pilar González Valenzuela prestó servicios al municipio entre septiembre de 2014 y marzo de 2016, percibiendo un total de $31,8 millones. Aunque aún aparece en la web de Triangular como parte del staff de esa empresa, Pablo Zalaquett informó que ya no trabaja con ellos.

Una de las socias fundadoras de Triangular, la ex ministra del Sernam durante el gobierno de Piñera, Loreto Seguel King, también prestó servicios a Vitacura como parte del mismo proyecto, según reconoció el propio Zalaquett. El ex alcalde dijo que Loreto Seguel se retiró de la empresa, por lo que solo alcanzó a trabajar en la asesoría para Vitacura un par de meses: septiembre y octubre de 2014. Los registros de transparencia indican que en ese lapso se le pagó un total de $3,4 millones. Sin embargo, en su contrato figura que el objetivo era asesorar en la mejoría de los beneficios municipales para la comunidad, con “especial énfasis” en políticas de género.

Sumando los pagos que recibieron Zalaquett, Seguel y González, la municipalidad desembolsó un total de $80,7 millones a Triangular, pero evitando hacer una licitación y presentados como servicios personales.

El ex alcalde Pablo Zalaquett dijo que no trabaja ni colabora con la campaña de Raúl Torrealba, lo que fue confirmado por María José Torrealba. La ejecutiva de Triangular y también concejala de Vitacura, María José Domínguez, ahora va a la reelección con el apoyo de Torrealba, para quien ya grabó un video de respaldo.

Loreto Seguel King
Loreto Seguel King

La misma concejala Domínguez es socia de Loreto Seguel en Proyecto Activo SpA, una sociedad que se constituyó en agosto de 2014 bajo el nombre de ProyectChile SpA. Seguel volvió a ser contratada a honorarios en Vitacura en marzo de 2015, cuando ya había dejado Triangular, esta vez para apoyar a los emprendedores de la comuna. Su contrato finaliza en diciembre de 2016 y hasta agosto, según los reportes de transparencia, la municipalidad le había pagado un total de $21,9 millones.

Loreto Seguel King es ingeniera civil y bajo el gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y luego dirigió el Servicio Nacional de la Mujer. Mientras su socia María José Domínguez compite por un cupo de concejal en Vitacura, Loreto Seguel –ex tesorera de la UDI– es candidata a la alcaldía de Conchalí por el pacto Chile Vamos.

LÍDER JUVENIL DE RN

Además de la productora Tregua y de Cristián Camus, otro nombre que figura en la nómina de pagos de Vitacura y que también está relacionado con la campaña de Torrealba es el de Fredy Vásquez Cabrera. El presidente de la juventud de RN recibe honorarios mensuales por $898 mil y su vínculo con el municipio se extenderá hasta diciembre de este año. Según los reportes de transparencia, hasta agosto pasado había cobrado un total de $6,7 millones.

El trabajo de Vásquez consiste en “levantar en terreno las necesidades de la comunidad para dirigir políticas más acotadas”, así como informar a los vecinos los programas y beneficios que ofrece la municipalidad. Al mismo tiempo, se desempeña como encargado territorial del comando de la campaña de Torrealba.

Fredy Vásquez no considera incompatibles sus dos funciones, porque, según dijo a CIPER, en su trabajo para la municipalidad no está sometido a cumplimiento de horario, lo que le permite dedicarle tiempo a la campaña. La responsable del comando, María José Torrealba, dijo que Vásquez la asesora en el manejo territorial de la comuna y que no recibe pago por sus labores, pues las asume como parte de sus obligaciones como militante. Además, explicó que participa principalmente los fines de semana, por lo que, a su juicio, no debiesen verse afectadas sus obligaciones en la municipalidad.

Los permisos para el Mercado Orgánico y el lavado de autos

Los cuestionamientos por los contratos con la productora Tregua, se suman a otras irregularidades en la Municipalidad de Vitacura que fueron reveladas por The Clinic a comienzos de julio pasado. Tal como ahora las consultas de CIPER generaron el término del contrato a honorarios del socio y gerente de Tregua, Cristián Camus, la investigación de The Clinic para su reportaje “Vitacura: las grietas de la nueva postulación del Tronco Torrealba” dio pie para que se pusiera fin a un permiso que beneficiaba a la empresa Mercado Orgánico, en la que participaba la hija del alcalde, María José Torrealba.

La municipalidad había otorgado autorización para que todos los sábados se instalara a un costado de Casa Piedra una feria administrada por Mercado Orgánico. María José Torrealba, quien actualmente es jefa de la campaña electoral de su padre, era socia de la empresa desde 2011. Ese mismo año se renovó el permiso municipal por cinco años.

“Consideramos que se trataba simplemente de una renovación y no advertí que debería inhabilitarme. El permiso se concedió a una persona jurídica en que mi hija tenía una participación societaria menor, que yo desconocía en ese entonces”, argumentó el alcalde en esa ocasión.

Otro de los cuestionamientos que apareció en el reportaje de The Clinic fue un contrato directo con la empresa Prowash para que instalara un carro de lavado de autos en los estacionamientos de la municipalidad, el que operó desde 2007 hasta enero de este año. La empresa favorecida era propiedad de Cristóbal Mardones Falcone, socio de Torrealba entre 2012 y 2015 en Servipark S.A.

Contrato financiado con fondos de Monticello enfrenta a Mostazal con empresa representada por tesorero UDI

“¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Irarrázabal, gerente general de la empresa (MultiAssist). Además, soy tesorero de la UDI. Les comento para que no existan malos entendidos”. Así, poniendo sobre la mesa su condición de miembro de la directiva central de la UDI, Alejandro Irarrázaval dio inicio a una reunión con el alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), y varios concejales de esa comuna. Su presentación resultó curiosa, porque en esa cita Irarrázaval actuaría exclusivamente en su rol de máximo ejecutivo de MultiAssist y con dos objetivos precisos: cobrar $500 millones a la Municipalidad de Mostazal por la instalación y mantención de luminarias LED y evitar que las autoridades comunales, encabezadas por su correligionario Medel, persistieran en llevar a su empresa a los tribunales por incumplimiento de contrato.

Viendo que sus buenos oficios iniciales resultaban infructuosos, Irarrázaval jugó una segunda ficha: aseguró ante al alcalde y los concejales que si la municipalidad perdía el juicio tendría que despedirse de, a lo menos, unos mil millones de pesos. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas rurales, en las oficinas municipales de Mostazal no es raro que se midan los ingresos y egresos de su presupuesto en miles de millones. Ubicada en la frontera norte de la Sexta Región, Mostazal es uno de los municipios más ricos del país. Aunque parezca increíble, su presupuesto por habitante duplica al de Rancagua (la capital regional) o Ñuñoa.

La bonanza de Mostazal es el fruto de albergar dentro de sus límites al Casino Monticello, el más cercano a Santiago, que cada año deja a la comuna unos $6.500 millones por el impuesto específico a los juegos de azar, cifra que corresponde al 60% del presupuesto total que maneja la municipalidad. El año pasado Monticello pagó $13.211 millones por este impuesto, suma que se divide en partes iguales entre el Gobierno Regional y el municipio donde se emplaza el casino.

Alcalde Sergio Medel
Alcalde Sergio Medel

El manantial dorado de Monticello atrajo hasta Mostazal a diversos emprendedores deseosos de obtener una tajada de la generosa relación entre el casino y la municipalidad. Entre ellos figuran los controladores y ejecutivos de MultiAssist, una empresa que no solo era administrada por el entonces tesorero de la directiva central de la UDI, sino que forma parte del Grupo MOK, entre cuyos fundadores se cuenta a Roberto Carrasco, formalizado por ser cómplice del fraude tributario a través de operaciones forward que cometió el Grupo Penta e investigado por triangular dineros para la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne (vea el reportaje de CIPER y de Qué Pasa).

El contrato de MultiAssist con Mostazal –para instalar las luminarias y mantenerlas durante cinco años, con el compromiso de generar un 55% de ahorro energético– fue firmado por dos representantes de esa empresa: Marcos Carrasco, hermano y socio de Roberto Carrasco, y por Alejandro Irarrázaval. Este último también tiene un hermano involucrado en el control de la empresa: Rodrigo Irarrázaval, quien es presidente y socio del Grupo MOK.

El controversial paso de MultiAssist por Mostazal involucra también a otro personaje con buenas conexiones en la UDI: Álvaro Lavín Aliaga, histórico hombre de confianza de Gonzalo Cornejo –asesor de Pablo Longueira y ex alcalde de Recoleta– y de su esposa, la diputada gremialista Claudia Nogueira.

Hasta ahora, no se ha podido identificar a los funcionarios municipales que redactaron las bases de la licitación y algunos concejales sospechan que fueron confeccionadas por particulares interesados en “orientar” el resultado. En este punto es donde emerge Lavín Aliaga: en una reunión de la Comisión de Trabajo del Concejo Municipal de Mostazal, su nombre fue mencionado por el encargado de Proyectos de la comuna, Pablo Medina, como la persona que entregó al alcalde Medel las bases de la licitación que favoreció a MultiAssist.

Las bases, dijo Medina a los concejales, “me las hizo llegar el administrador municipal (Freddy Alfaro), pero el origen de las bases viene de Álvaro Lavín, quien envió un correo electrónico al alcalde, indicando que estas eran las bases de MultiAssist” (vea el acta de esa sesión).

La Contraloría Regional ha cuestionado las bases porque, a su juicio, incluyeron una cláusula abiertamente perjudicial para la municipalidad: las partes podían poner fin anticipado al contrato por eventuales incumplimientos, pero el municipio estaría obligado a cancelar una indemnización equivalente al triple del monto que quedaría sin pagar, aún cuando el incumplimiento fuese de la empresa (vea las bases de la licitación y el informe de la Contraloría Regional). Ese es precisamente el punto al que echó mano Alejandro Irarrázaval cuando se presentó como tesorero de la UDI ante el alcalde y los concejales: quería que le pagaran por los cinco años que estipulaba el contrato, aunque la municipalidad le había puesto término al tercer año, alegando que no se cumplió el ahorro energético de 55% que la empresa prometió.

Para los concejales Gonzalo Meza (ex UDI) y Denisse León (PRSD), está claro que las bases no tuvieron su origen en el municipio. “No existe un funcionario que pueda asegurar quién escribió o realizó las bases”, dice Meza. Y aunque las sospechas de los concejales apuntan a Lavín, éste fue enfático en señalar a CIPER que él no las redactó y que probablemente solo las revisó, como lo hizo con otras licitaciones, dentro de las responsabilidades propias de su trabajo.

Esclarecer quién redactó las bases no es el único misterio en esta licitación: la Contraloría no tiene certeza de que la empresa haya presentado toda la documentación requerida para la licitación, porque no pudo encontrar esos papeles ni en el municipio ni en la plataforma de Mercado Público.

LA HISTORIA DE LAVÍN ALIAGA

Actualmente, Alejandro Irarrázaval ya no es el tesorero de la UDI. Hace unos cinco meses salió de la directiva central de la colectividad gremialista, cambio que se efectuó sin difusión pública. De hecho, una nota de La Segunda publicada el pasado 8 de junio dio a conocer el cambio, indicando que se había efectuado un mes antes y que pasó “casi inadvertido”. Lo sucedió Pía Margarit, quien debe enfrentar la falta de financiamiento que afecta al partido desde que se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía por aportes ilegales a la política.

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Álvaro Lavín

El presente de Álvaro Lavín Aliaga se ve más complejo. La fiscal Ximena Chong, que lleva la acusación de cohecho contra el senador Jaime Orpis (UDI) por haber recibido dinero de Corpesca, está investigando los pagos que una sociedad de Lavín Aliaga obtuvo de la misma pesquera del Grupo Angelini. Dos fueron las facturas para Corpesca, por una suma global de $17 millones, que emitió la sociedad Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), en la que participan Lavín Aliaga y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Ambas facturas fueron rectificadas por Corpesca, pues no existen pruebas que acrediten que CESC realmente hizo los trabajos. La primera factura fue por $2,25 millones y se extendió en enero de 2012, cuando Cornejo aún se desempeñaba como asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía.

La fiscal Chong también está rastreando si Cornejo y Lavín hicieron asesorías para el Congreso. El Senado ya le informó que no, mientras que el 5 de julio pasado la Cámara de Diputados le envió a la fiscal una serie de contratos e informes que Lavín hizo para la esposa de Cornejo, la diputada Claudia Nogueira.  Entre 2012 y 2014 la parlamentaria le pagó a Lavín Aliaga un total de $32,7 millones.

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por fraude al Fisco debido a que con las asignaciones de la Cámara pagaba asesorías a personas de su confianza, las que luego le depositaban el dinero a la misma parlamentaria. Este tipo de operaciones son idénticas a las que se le detectaron también al senador Orpis. No obstante, los antecedentes de la diputada Nogueira quedaron inmaculados, pues ella se allanó a devolver $30 millones al Congreso Nacional, además de donar cinco millones a Un Techo para Chile y firmar durante 18 meses.

Álvaro Lavín Aliaga fue administrador municipal de Recoleta bajo la alcaldía de Gonzalo Cornejo. En 2008, la secretaria que tuvo Cornejo en esa municipalidad, Lily Cabello, declaró que el entonces alcalde le pasó sobres con más un millón de pesos para que se los entregara a Lavín Aliaga y dos socios de la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA): Jaime Jullian e Iñaki Busto. Estos últimos eran, al mismo tiempo, asesores de Cornejo y administraban GMA, empresa investigada precisamente por irregularidades en convenios que había suscrito con Recoleta.

DEMANDAS CRUZADAS

Según funcionarios de la Municipalidad de Mostazal, consultados por CIPER, fue MultiAssist la que se acercó a ofrecer sus servicios de instalación de luces LED, que gastan menos energía que las tradicionales. Desde 2008 la mantención de luminarias estaba a cargo de Realectric Limitada. Aunque el contrato era por un año, éste fue renovándose sin licitación, lo que fue cuestionado por la Contraloría. Eso forzó al municipio a llamar a una nueva licitación en 2012, en la que se incluyó el reemplazo del alumbrado público por tecnología LED. MultiAssist fue la única empresa que presentó una oferta y, por lo tanto, se adjudicó el contrato, que se financiaría con fondos del impuesto específico de casinos.

Pero a comienzos de 2015 la Contraloría puso el ojo en el contrato, descubriendo que el proceso tenía defectos desde la redacción de las bases en adelante. CIPER revisó los documentos de la licitación y detectó que no se fiscalizó el cumplimiento del ahorro energético pactado para autorizar los pagos del contrato. Éste establecía que el monto a pagar debía calcularse de acuerdo al cumplimiento de la tasa de ahorro energético prometida en la licitación, pero por al menos seis meses se canceló el monto total sin considerar que no se había cumplido la meta de ahorro. Eso significó un sobrepago de 24%.

El inspector técnico que debía revisar el proyecto es José Gómez, actual encargado de seguridad ciudadana del municipio. Consultado por la Contraloría, Gómez reconoció que no tenía conocimiento sobre consumo energético ni acerca de la fórmula establecida para calcular el pago.

De hecho, ante la misma Contraloría el secretario municipal, Alonso Arribillaga, declaró que “ningún funcionario de la entidad edilicia tenía conocimiento respecto de la aplicación de las fórmulas matemáticas establecidas en las bases que rigen la licitación”. Según cuentan los concejales Meza y León, empleados de MultiAssist debieron ir a un concejo municipal a explicar la fórmula.

juzgado-civil-rancaguaAnte los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Hubo al menos dos reuniones a fines de 2015 en que MultiAssist intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Según el concejal Pablo Garrido (Ind.), quien participó en ambos encuentros, Alejandro Irarrázaval les dejó claro que, de seguir con el juicio, el municipio arriesgaba perder más de mil millones de pesos por intereses y perjuicios. Pero la empresa no pedía poco: el equivalente a los 60 meses adjudicados (más de $500 millones), a pesar de que sólo prestó servicios durante tres años. Hasta ahora no hay acuerdo.

Ni el alcalde Medel ni MultiAssist quisieron dar su versión sobre el litigio que los enfrenta.

PISCINA SIN AGUA Y ESTADIO SIN PISTA

La controversia con MultiAssist no es la única que se ha generado en Mostazal por los aportes de Monticello. Como el dinero proveniente del casino debe aplicarse exclusivamente en “obras de desarrollo”, la comuna debiese brillar, pero no es así. El alcalde Medel (UDI) asumió en 2008, el mismo año en que la municipalidad comenzó a recibir los “fondos casino”, y si bien no se le ha imputado responsabilidad en irregularidades, sí se han visto envueltos funcionarios de su confianza. A fines de julio fueron formalizados por fraude al fisco y negociación incompatible el ex administrador municipal, Freddy Alfaro, y la ex directora de Desarrollo Comunal, Carla Parraguez.

Alfaro y Parraguez –quienes contrajeron matrimonio tras retirarse de la municipalidad– están acusados de visar el pago de honorarios por trabajos que, según la Contraloría, no cuentan con evidencia de que se hayan efectuado. Es más, la Contraloría acreditó que una de las personas que cobró esos honorarios nunca concurrió a la municipalidad y que sus pagos se depositaron en una cuenta de Carla Parraguez.

Además, el actual administrador municipal, Florentino Marchant, está acusado de exigir pagos a funcionarios a honorarios. La Contraloría Regional, en su informe del 14 de junio de este año, indicó que presentaría estos antecedentes a la Fiscalía y que los incluiría en un futuro sumario: “Sobre el particular, atendido que los hechos singularizados en este numeral podrían revestir carácter de delito, situación que no compete calificar a este Órgano de Control, se ha estimado pertinente remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público para los fines que resulten procedentes (…). Sin perjuicio de ello, junto con mantener la observación, esta Entidad de Control incluirá esta materia en el proceso sumarial que sustanciará“. Fiscalía lo investiga por posible cohecho.

CIPER analizó los gastos realizados con “fondos casino” y es evidente que muchos de ellos no califican como “obras de desarrollo”: viajes de vecinos a la playa y a la nieve; espectáculos con artistas como “El Puma” Rodríguez; celebraciones del día de la madre; compras de juguetes, mercadería y gas, para fines asistenciales; un viaje de intercambio escolar a Brasil al que también viajó el alcalde, acompañado de su hija, que no era alumna del liceo municipal.

Otras iniciativas que sí califican como “obras de desarrollo” resultaron ser un desastre y también están siendo investigadas. Una de ellas fue el proyecto para remodelar el estadio de la comuna, cuyo diseño tuvo un error de cálculo de tal magnitud que cuando las obras ya estaban en marcha se percataron de que no cabía la pista atlética proyectada originalmente. La pista fue sustituida por una franja para trote que no cumple los estándares oficiales, pero el costo del proyecto se mantuvo inalterable ($790 millones) porque se sumaron obras compensatorias (como cierres y graderías), lo que motivó una investigación de la Contraloría.

Otra obra cuestionada es una piscina municipal semi-olímpica que está abandonada e inutilizable por fisuras y que también originó un sumario de la Contraloría porque la municipalidad le pagó al constructor (Ingeniería y Construcción Mudel) por trabajos sin avances o que simplemente nunca se hicieron.

APENAS UN SEMÁFORO

Aparte de la imponente construcción de Monticello que está en la entrada norte de Mostazal, no hay señales evidentes de lo que ha dejado el casino a la comuna. Los vecinos reclaman, por ejemplo, que hay apenas un semáforo y que solo cuentan con un consultorio y una posta en sectores rurales, donde viven 21 mil de los 27 mil habitantes de la comuna. Aunque los datos de la encuesta Casen muestran una caída en los índices de pobreza, hay amplias zonas de los 520 kilómetros cuadrados de la comuna donde el desarrollo parece no haber llegado. Por ejemplo, parte del sector “Angostura”, uno de los que más se ha densificado, aún no cuenta con alcantarillado y el agua potable sigue siendo entregada con camiones aljibes.

El primer informe de la Contraloría que prendió la luz roja en el municipio de Mostazal llegó el 31 de diciembre del 2012. Se trata de una auditoría integral a la municipalidad que empezó a desenmascarar los problemas de orden y control interno. Entre otras cosas, se determinó que se pagaban honorarios con los “fondos casino” a personas que realizaban labores que ya estaban dentro de los roles de los funcionarios de planta y contrata del municipio. En total fueron más de $82 millones que se pagaron a 22 personas que realizaron trabajos que, a ojos de la Contraloría, debían ser ejecutados por reparticiones municipales (ver informe de Contraloría).

El uso de los “fondos casino” se ha expandido a todo tipo de cosas. Contraloría constató que existe una serie de gastos improcedentes, como la compra de juguetes, celebración de días de la madre y del padre, fiestas de fin de año y distintos tipos de conmemoraciones. Por ejemplo, una cena por $5,3 millones para celebrar el “día de la educación”; $12,8 millones para la adquisición de 247 cajas de pollo y de 500 cajas de longaniza con ocasión de las Fiestas Patrias en 2011; $6,8 millones para comprar alimentos y bebidas para fiestas de fin de año; $25 millones para la adquisición de 4.180 juguetes, que también beneficiaron a funcionarios municipales y donde se detectaron 289 niños repetidos en las nóminas de las junta de vecinos.

Por escrito, desde el municipio respondieron a CIPER que en un dictamen de 2009 la Contraloría estableció que el gasto en obras de desarrollo “comprende no sólo las obras materiales, sino también los servicios y acciones que ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población”. Sin embargo, la misma Contraloría ha determinado que muchos gastos de Mostazal no cumplen con esa condición.

De hecho, la conclusión final de la primera alerta de la Contraloría es tajante: “Considerando los antecedentes e irregularidades (…) esta entidad se encuentra sustanciando, mediante Resolución Exenta N°532, de 12 de noviembre de 2012, un sumario administrativo para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos e irregularidades”.