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La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha alcanzado gran notoriedad durante los últimos años. Su expresión más visible está en las masivas manifestaciones contra la violencia de género y las victorias, en materia de salud sexual y reproductiva de la mujer, como la reciente aprobación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

Sin embargo, el debate en torno al acceso equitativo de las mujeres a derechos sociales básicos, como la salud y la seguridad social, sigue siendo deficiente. Un claro ejemplo de ello es la actual discusión respecto a las reformas al sistema de pensiones que, a pesar estar pasando por su momento más álgido desde su creación en 1981, sigue mostrando una preocupante superficialidad en sus respuestas a los problemas de género. Esto, pese a que el informe final de la Comisión Bravo constató que, si bien las pensiones autofinanciadas entre 2007 y 2014 fueron de $125.975 en promedio, la diferencia entre hombres y mujeres fue sustancial: mientras el promedio de pensión autofinanciada de los hombres alcanzó $183.698, el promedio de las mujeres llegó solo a $80.204.

Las propuestas actuales para solucionar esta brecha apuntan a incentivar la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Y si bien políticas de ese tipo podrían tener un efecto positivo sobre la capacidad de las mujeres para ahorrar para su vejez, probablemente ese efecto sería acotado pues el comportamiento de las mujeres en el mundo laboral es afectado por dinámicas muy complejas relacionadas con su trabajo al interior del hogar.

Entre 2007 y 2014 el promedio de pensión autofinanciada de los hombres alcanzó $183.698, mientras que el promedio de las mujeres llegó solo a $80.204”.

En efecto, los datos sobre participación laboral femenina muestran que, más que una carga laboral menor, las mujeres enfrentan una carga laboral de distinta composición, cada vez más inclinada hacia el trabajo remunerado pero donde sigue siendo preponderante el trabajo no remunerado al interior del hogar.

Según datos de la “Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2015”, si bien las mujeres dedican en promedio casi una hora menos al día al trabajo remunerado, destinan cerca de 3 horas y media más que los hombres al trabajo no remunerado, en el cual se incluye trabajo doméstico, cuidados y apoyo a otros hogares, trabajo comunitario y voluntario.

Esto tiene como consecuencia que las mujeres, en promedio, trabajan más horas que los hombres. Si se considera el total de trabajo durante un día la diferencia es de 15,3%.

Grafico6

 

Esta “doble carga” de trabajo de la mujer se produce en la medida que comienza a dedicar más tiempo al trabajo remunerado, pero no disminuye proporcionalmente el tiempo dedicado al trabajo dentro del hogar.

Proponer entonces incentivos a la participación de la mujer en el mercado laboral como solución para la brecha en pensiones es profundamente simplista, pues ignora la mayor carga laboral que ya enfrentan.

Medidas de este tipo solo puedan ser efectivas si, paralelamente, se produce un traspaso de la carga de trabajo no remunerado hacia los hombres, fenómeno que, a pesar de ser una disputa histórica del movimiento feminista, ha tenido avances sumamente acotados.

“Las mujeres, en promedio, trabajan más horas que los hombres. Si se considera el total de trabajo durante un día la diferencia es de 15,3%”.

Por lo tanto, la única manera de atacar de raíz el problema de la brecha en pensiones, sin optar por el camino utilizado hasta el momento de establecer solo pisos mínimos a través de pensiones asistenciales es, primero, aceptar el peso que tiene la división sexual del trabajo, que se expresa en la concentración de las mujeres en actividades no remuneradas. Y segundo, disputar la valoración económica del aporte del trabajo no remunerado en el sistema previsional.

Siguiendo el ejemplo de algunos países desarrollados, es posible generar “créditos previsionales” que transformen en pensiones el tiempo dedicado a tareas relacionadas con la maternidad, la crianza, el cuidado de enfermos y adultos mayores, y en general todo el trabajo realizado al interior del hogar de manera no remunerada.

Un ejemplo destacado de este tipo de créditos lo ofrece Alemania, en donde a la persona responsable del cuidado de sus hijos hasta los tres años se le otorga un “punto de pensión”, lo que equivale a la jubilación que obtiene un trabajador que ha cotizado por el salario medio[1].

Esta política se puede extender hasta que los hijos cumplan diez años en el caso de que el padre o la madre tengan, durante ese periodo, empleos parciales o bajos salarios. Existe, además, la posibilidad de obtener créditos por el cuidado de otros familiares en caso de invalidez.

Suecia, otro país pionero en este tipo de políticas, ofrece distintas alternativas de créditos previsionales para las familias con hijos de hasta cuatro años que permiten, en caso de que uno de los padres se retire del mercado laboral para dedicarse al cuidado, obtener “créditos previsionales” cuyo monto se calcula considerando el 75% del ingreso medio[2], o los ingresos propios previos, según le convenga a cada persona.

Es muy relevante que estos créditos tengan un carácter universal y, sobre todo, que se financien con las cotizaciones del sistema y no a través de impuestos generales, a diferencia de lo que ocurre hoy con el Bono por hijo. De este modo, el crédito que se propone aquí ayudaría a terminar con la lógica subsidiaria del Estado en el sistema de seguridad social e implantaría un tipo de solidaridad inter-género, que llevaría al sistema a redistribuir derechos desde aquellos que son favorecidos por la división sexual del trabajo hacia aquellos que no lo son, estableciéndose así criterios de justicia y equidad, y valorando el trabajo socialmente necesario realizado en mayor medida por las mujeres.

La redistribución material que implicaría esta medida permitiría así compensar, al menos en parte, las numerosas limitantes que el actual sistema social y cultural impone al desarrollo laboral y social pleno de la mujer, impidiendo que éstas, además, mermen su bienestar durante la vejez.

“Proponer incentivos a la participación de la mujer en el mercado laboral como solución para la brecha en pensiones es profundamente simplista, pues ignora la mayor carga laboral que ya enfrentan”.

Un crédito como este, en la práctica, hace que un porcentaje de la pensión final de las mujeres que hacen trabajos no remunerados deje de depender de cuanto estas aportan directamente al sistema. Comúnmente se argumenta que reformas que debilitan la relación entre aportes al sistema y pensiones finales pueden generar incentivos a la informalidad. Sin embargo, estudios sobre la reforma previsional de 2008 en Chile, que entre otras cosas estableció el Bono por Hijo y la Pensión Básica Solidaria que beneficia principalmente a las mujeres, muestran que dicho efecto es más bien acotado [3]. Asimismo, evidencia internacional muestra que este tipo de créditos son compatibles con la participación de los hombres en el trabajo no remunerado, incluso en niveles superiores al promedio de los países desarrollados[4].

Una propuesta de este tipo implicaría necesariamente cambiar la naturaleza misma del sistema previsional existente en Chile, pasando de una lógica individualista a una que permita la solidaridad y el aseguramiento colectivo de la vejez.

En esta línea, y dado que solo con capitalización individual no es posible generar mecanismos de solidaridad, nuevos componentes del sistema, como el ahorro solidario intrageneracional que propuso el gobierno a comienzos de año podrían considerar en su diseño créditos previsionales que reconozcan, al menos, el tiempo dedicado al cuidado de terceros. Es decir, se podrían repartir esos fondos considerando el costo que tiene la división sexual del trabajo. Esto se podría ejecutar incluyendo en el número de cotizaciones anuales no solo los meses cotizados sino también aquellos dedicados a tareas de cuidados.

El mayor desafío técnico que implicaría una propuesta de este tipo es la identificación de la carga de trabajo no remunerado realizada por cada persona y la cuantificación de su valor. Sin embargo, es factible generar estudios al respecto, y a través de instrumentos como el Registro Social de Hogares, identificar aquellos en los que se están realizando estas tareas y asignar luego los créditos previsionales a quien corresponda. Para eliminar los incentivos a sobre declarar el número de personas que se dedica al trabajo doméstico no remunerado, los créditos por hogar podrían ser fijos para repartir entre los miembros del mismo, para que así la sobre-declaración solo disminuya los beneficios de cada uno. Esto quiere decir que si en un hogar dos personas dicen, por ejemplo, estar cuidado de niños, un solo crédito se repartirá entre las dos personas.

Una reforma al sistema que permita las transferencias solidarias tiene entonces una doble connotación para las mujeres que hoy son víctimas de la explotación en un sistema económico, social y cultural cuyas políticas públicas ignoran las problemáticas específicas que ellas enfrentan porque son hechas para hombres.

Es tarea pendiente entonces no solo disputar que las nuevas políticas públicas tengan espacio para la solidaridad entre distintos niveles de ingresos, sino también que le den la misma importancia al reconocimiento del trabajo de las mujeres con la profundidad que un desafío de estas dimensiones merece. Solo así se estarán disputando sistemas que aseguren derechos realmente universales, justos y equitativos para todos los miembros de la sociedad.

Referencias

[1] El salario anual medio en Alemania durante 2016 fue de US$46.389, alrededor de $2.415.000 mensuales, según datos de la OECD). En Chile esto equivaldría a la cotización correspondiente a un salario de $517 mil, ingreso promedio según los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016.

[2] El salario medio en Suecia durante 2016 fue de US$42.816, alrededor de $2.230.000 mensuales, según datos de la OECD.

[3] Attanasio, O., Meghir, C., & Otero, A. (2011). Formal Labor Market and Pension Wealth: Evaluating the 2008 Chilean Pension Reform. Mimeo. Department of Economics, UCL.

[4] Volviendo a nuestros ejemplos, y según datos de la OCDE, Suecia y Alemania muestran indicadores de “tiempo ocupado” por los hombres en trabajo no remunerado superior al promedio de los países de esta organización. En concreto, los hombres de la OCDE dedican 137,6 minutos en promedio al día a trabajo no remunerado, mientras que en Suecia lo hacen por 154 minutos y en Alemania por 163,8 minutos al día.

Explotación, trabajo y familia

La creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado es uno de los fenómenos más significativos de los últimos 30 años. No se logra comprender la fisonomía actual del empleo en Chile sin observar este proceso y sus consecuencias desde el punto de vista de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y las circunstancias en que los hogares se insertan en las cadenas de producción y circulación del capital.

La tasa de ocupación femenina en 1990 se mantenía en un promedio anual en torno al 29%. Esto quiere decir que menos de un tercio del total de mujeres en edad de trabajar se incorporaba a alguna ocupación o actividad económica comprendida dentro de la frontera de la producción (como se define de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales [1]). En esa misma fecha, la tasa de ocupación de los hombres se aproximaba a un 70%.

Durante los últimos 27 años, la ocupación femenina creció en promedio un 3,5% al año, llegando (durante el primer semestre de 2016) a una tasa de ocupación cercana al 45%. En este periodo, el ritmo de expansión de la ocupación masculina se mantuvo en un moderado 1,7% anual, creciendo a un ritmo menor que la cantidad de hombres en edad de trabajar. Esto ha empujado a una reducción en la tasa de ocupación de los hombres, que alcanzó un promedio en torno al 67% durante la primera mitad de 2016. Ampliando el periodo de análisis, es posible constatar un estancamiento profundo de la ocupación masculina, que exhibe una tendencia a la baja desde mediados del siglo XX.

La interpretación habitual de este proceso enfatiza la importancia de los trabajos por cuenta propia en el empleo femenino, así como el incremento de otras categorías generalmente asociadas a empleos precarios (como la de Familiar No Remunerado). No obstante, si se toma en consideración la proporción de asalariadas sobre el total de mujeres en edad de trabajar, se observa un aumento significativo en la asalarización femenina, que crece cerca de un 56% entre 1990 y 2016. En el mismo periodo la proporción de hombres asalariados sobre el total de hombres en edad de trabajar creció apenas un 6,3%. Esto significa que desde el retorno a la democracia (y con una intensidad variable, pero una tendencia constante) son las mujeres quienes han dinamizado el empleo asalariado, especialmente en los servicios y el comercio.

El ritmo de estas transformaciones en la división sexual del trabajo no ha ido acompañado de un cambio significativo desde el punto de vista de la distribución del poder entre hombres y mujeres, manteniendo los dispositivos y disposiciones de la dominación masculina tanto en el espacio de la “producción” como en el espacio de la reproducción doméstica. De ahí que se mantenga una brecha de ingresos que discrimina abiertamente el costo de la fuerza de trabajo femenina [2]; discriminación en el acceso a ciertas ocupaciones y cargos directivos [3]; y una tensión creciente en relación a la carga de trabajo doméstico no remunerado y la carga laboral remunerada [4]. Esto hace que los efectos de la incorporación de la mujer al “mercado del trabajo” no necesariamente se traduzcan en una mayor autonomía económica.

La mayoría de los empleos creados para las mujeres en el curso de estos 30 años se concentra en jornadas de baja intensidad horaria, precipitando el subempleo estructural de la fuerza de trabajo ocupada. Del total de los empleos creados para las mujeres entre 1990 y 1999 un 10% correspondió a jornadas de menos de 10 horas. Entre el 2000 y el 2009 esta cifra aumentó a un 21% y a un 26% en los últimos 6 años. Actualmente en Chile hay aproximadamente 380.533 trabajadoras a tiempo parcial que se encuentran subempleadas, requiriendo trabajar una mayor cantidad de horas, ausentes en la oferta de empleo [5].

En la conciliación o disputa por la distribución del tiempo y la inserción de los miembros del hogar en el trabajo remunerado se observa cómo –a pesar de estos cambios– se mantiene la explotación de las mujeres. En un día de semana normal, los hombres que trabajan en jornadas de más de 30 horas realizan en promedio 2,6 horas diarias de trabajo doméstico no remunerado (limpieza, crianza, mantención del hogar, compras, etc.), mientras las mujeres destinan diariamente un promedio de 5,6 horas. Los hombres empleados con jornadas a tiempo parcial, por su parte, realizan en promedio 48 minutos adicionales de trabajo doméstico no remunerado respecto de aquellos con jornada completa. En el caso de las mujeres, la carga de trabajo doméstico de quienes se emplean a tiempo parcial aumenta aproximadamente en 2 horas diarias, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT).

Estos datos muestran que el eslogan de conciliación trabajo-familia con que se promueve la creación de jornadas parciales sólo aplica para aumentar la carga de trabajo reproductivo de las mujeres. En términos agregados la tendencia se expresa en una mayor carga global de trabajo para las mujeres, que diariamente aportan 2 horas más de trabajo a la economía que los hombres, sin importar el rango de jornada en que se empleen [6].

Sin la capacidad de trazar con claridad los contornos de estos fenómenos recientes y sus consecuencias para el avance o retroceso en la lucha por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, se corre el riesgo de iluminar tan sólo los aspectos positivos de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Los alcances de estas contradicciones aún se desconocen, planteando importantes interrogantes a la investigación sobre el trabajo en Chile.

 

*Benjamín Sáez es sociólogo e investigador de la Fundación SOL. Los datos presentados corresponden a una investigación en curso y se han obtenido en base a microdatos de las encuestas oficiales para medir el empleo en Chile (ENE y NENE) y la ENUT, para el análisis del uso del tiempo.

Las mujeres invisibles en la planificación urbana en Chile

El 19 de octubre de 2016 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que determina la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III), vivía su tercera y penúltima jornada en Quito (Ecuador). El mismo día, hubo manifestaciones masivas en gran parte del continente que denunciaron la violencia hacia las mujeres provocadas por los feminicidios, los que subieron las ya altas tasas de esos crímenes en distintos países. Bajo el lema “Ni una menos”, cientos de miles de latinos –y sobretodo latinas– repletamos las calles de nuestras ciudades a lo largo de toda Latinoamérica.

Según estudios de la CEPAL, sólo en 2014 hubo 1.678 feminicidios en Latinoamérica y el Caribe. La cifra es más impactante aún si se considera que siguen en aumento y que el 98% de estos delitos –según ONU Mujeres– se mantiene en la impunidad. Este escenario podría ser aún más crítico si a esa cifra se suman aquellas que no manejan los organismos oficiales, como crímenes por lesbofobia o transfobia, que en muchos países e indicadores a nivel latinoamericano no califican como feminicidios.

En este contexto, es válido preguntarse si la planificación y el diseño urbano han sido testigo, cómplice y reproductor de este histórico fenómeno de desigualdad. ¿Cómo incentivamos y desarrollamos una planificación, gestión y diseño igualitario de nuestras ciudades? ¿Está incorporado el enfoque de género en la planificación de las ciudades chilenas? Esas interrogantes cobran ahora nueva fuerza ya que en Hábitat III al fin se ha logrado –aunque tibiamente– que se consideren en la agenda urbana.

UNA CIUDAD PARA EL HOMBRE

Luego de la aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX, las grandes urbes modernas fueron planificadas y diseñadas con el fin de mantener una estrecha relación del individuo con el trabajo. A mitad del siglo pasado, la optimización de procesos, priorización del vehículo por sobre el peatón y densificación, tenían como fin el desarrollo de una ciudad más productiva y eficiente que elevara las cifras de orden económico. Todos ámbitos que han sido asignados como propios a los hombres, debido a que se le ha entregado mayor protagonismo como principal fuerza de trabajo.

Lo anterior provocó en este incipiente escenario neoliberal que las ciudades no consideren en su diseño y planificación a la mujer como parte y usuaria de la urbe y, a su vez, como componente fundamental de la organización, reproducción y funcionamiento de nuestra sociedad y sus espacios urbanos. Esto marca un precedente importante para analizar la configuración social y espacial de las ciudades actuales cuando hablamos de una perspectiva de género.

Si bien el debate sobre la ciudad y lo urbano continúa presente, hay un factor que muestra el cambio: la ciudad ya no gira en torno a la industria, sino que está comenzando a girar en torno a sí misma, convirtiendo el espacio en una nueva forma de producción y reproducción de capital y patriarcado, transformándolo en un espacio en constante disputa. Este debate se ha expresado en Chile, que vive una fase neoliberal, en una ciudad para muchos pero construida y planificada por pocos, con bajos o nulos niveles de planificación y regulación por parte del Estado. Peor aún, con cuestionables sistemas de participación de quienes la habitamos, siendo el único factor determinante el mercado de suelo y su función económica más que social.

Este modelo expansivo y desregulado de la ciudad trae consigo no sólo desigualdades de clase y segregación socio espacial. También genera desigualdades de género que se viven cotidianamente, y que deberían ser materia de las políticas sociales y urbanas del país.

POLÍTICA URBANO-RESIDENCIAL Y ENFOQUE DE GÉNERO

El caso de Santiago es interesante para analizar las desigualdades de género en el desarrollo urbano, pues expresa en muchas dimensiones las consecuencias del modelo urbano actual. Desde la primera mitad del siglo XX la ciudad ha vivido un alto nivel de crecimiento, el que desde los años ‘80 se ha basado en la construcción masiva de viviendas sociales a través de subsidios que entregan una gran potestad al sector privado en el desarrollo urbano-residencial. Ello ha generado largos debates sobre la segregación y desigualdad urbana[1], ejemplificados por la pobreza de la periferia, inseguridad y violencia. Sin embargo, lo que pocas veces se explicita es que esa violencia afecta particularmente, y en mayor medida, a las mujeres.

La política de vivienda social en Chile se fundamenta en sistemas de selección que miden niveles de vulnerabilidad social y pobreza, donde mujeres madres solteras tienen altos puntajes, así como las familias con muchos hijos. El producto de esta selección es generalmente una vivienda de escasos metros cuadrados y en comunas periféricas, allí donde se han concentrado las poblaciones de vivienda social y, por lo tanto, configuran paños homogéneos de pobreza, sin equipamientos ni servicios.

Para la mujer y madre soltera esta situación genera gran conflicto: implica una re-localización lejos de las redes vecinales o familiares, lo que suma dificultades respecto del cuidado de los hijos al punto de tener que abandonar su trabajo, buscar uno más cercano o simplemente no postular a vivienda social, porque el rol impuesto de labor reproductiva y maternidad le impide dejar a los niños solos.

Las cifras sobre la potencial demanda educacional pública para niños entre 0 y 5 años, son elocuentes: menos del 10% de la oferta de salas cunas se encuentra en un radio aceptable de 2 kilómetros[2], por lo que se entiende que entre el 49% y el 76% de las madres reclamen problemas de ubicación y lejanía de estos centros.

De allí la urgencia de que la planificación aborde la necesidad de abastecer de manera homogénea los servicios de cuidado de niños (jardines infantiles y salas cunas) a lo largo de todo el territorio y sobre todo en los lugares de mayor concentración de la oferta laboral.

En el caso de las familias numerosas sucede una situación similar: generalmente se le otorga a la mujer el rol de dueña de casa y cuidadora de los hijos en la nueva vivienda. Esta situación se condice con los datos entregados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican que en los países en vías de desarrollo, el hombre dedica en promedio 1,5 horas a labores no remuneradas de un total de ocho horas diarias, mientras que la mujer dedica cuatro horas de un total de 9,5 horas en la misma jornada[3].

Esta creciente incorporación femenina al empleo en las ciudades, contrasta con la situación masculina, ya que la mujer, además de adquirir un rol activo en la economía, sigue cargando con la mayor parte de la responsabilidad doméstica. Esto genera un doble efecto: una ilusión de reconocimiento y derechos, y una doble explotación, lo que produce dobles dificultades y condiciona las oportunidades laborales.

Lo anterior no solo provoca un problema laboral. El nivel de hacinamiento que generan las condiciones de la vivienda social, produce pérdida de privacidad, dificulta la vida en pareja y profundiza conflictos familiares que terminan en actos de violencia que generalmente es ejercida por el hombre. Esto último es producto de la relación de poder desigual de lo masculino hacia lo femenino, el que se reproduce y refuerza en el seno de la familia. Este desequilibrio se agudiza por la imposibilidad de la mujer de salir al mundo laboral y alcanzar la independencia económica, lo que le otorgaría mayor libertad por sobre el control económico del hombre, permitiendo a la vez fracturar el rol masculino de “jefe de familia”.[4]

De hecho, estudios dan cuenta de la estrecha relación entre la violencia intrafamiliar ejercida contra la mujer y el hecho de que esta trabaje[5]. Una cifra para graficar: en Chile, en los tres primeros quintiles las jefas de hogar son mayoritariamente de sexo femenino.[6]

Estos son ejemplos de cómo la política de vivienda, al no incorporar una perspectiva de género, expresa la violencia hacia las mujeres y la reproduce de diferentes maneras.

Es necesario puntualizar que no es el propósito de esta columna entrar en una crítica profunda sobre lo que se ha hecho en materia de vivienda en el país. Lo que buscamos es utilizar algunos ejemplos para pensar en qué transformaciones se hacen urgentes y necesarias. Esto implica cambiar las dinámicas machistas, una arista a incorporar en la modernización de programas que consideren las redes vecinales, los espacios públicos, privados y su relevancia para la convivencia familiar. Ello también presupone cuestionar el rol protagónico que se le da al sector privado con mínimas exigencias de regulación.

Junto a lo anterior, la violencia machista también se manifiesta en el espacio público, principal campo de estudio de los urbanistas. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es la inseguridad producida por la escasa iluminación o la mono funcionalidad de algunos espacios de la ciudad, lo que disminuye su uso en ciertos horarios del día o la semana y genera áreas muertas que, en muchos casos, son apropiadas por hombres, donde las mujeres se sienten vulnerables a asaltos y delitos sexuales. Otro es la publicidad sexista, la que se ha convertido en un paisaje permanente de las principales avenidas y paseos de la ciudad, donde se refuerza la cosificación femenina y los roles sexo-género socialmente impuestos.

En este punto es importante apuntar a que la perspectiva de género se incorpore en los diferentes planos de la planificación. Por ejemplo, diseñar espacios seguros con mixtura de usos, mobiliario urbano con luminaria y equipamientos accesibles[7], entendiendo que tras esto debe existir un gobierno local fortalecido, que reconozca y pueda trabajar los problemas directamente con sus usuarios. Otra forma de enfrentar esta violencia sería la regulación de la publicidad[8] en el espacio público, la que debiese incorporar la promoción de la igualdad y libertad entre hombres y mujeres o, por lo menos, prohibir la promoción del machismo en una primera instancia.

Para pensar la ciudad y la planificación urbana con perspectiva de género es necesario incorporar este debate en nuestra disciplina. Las dificultades y desigualdades que genera la sociedad machista y patriarcal permea distintos espacios y se reproducen en el urbanismo. Por ello, abordarlo como parte de la formulación, evaluación, diseño y gestión y de toda política urbano habitacional es fundamental para generar ciudades donde todas y todos seamos admitidos bajo las mismas condiciones, superando proyectos y programas aislados o intervenciones del tipo “acupuntura urbana”.

Debemos impulsar estrategias con perspectiva de género conscientes, validadas por procesos de co-construcción y que definan políticas, programas y proyectos con mayor seguridad y transversalidad, dejando atrás la visión heteronormada y que posibiliten el uso igualitario de lo que ofrecen nuestras urbes, ejerciendo el derecho pleno a la ciudad.

Es imperante avanzar hacia la institucionalización del componente género en todas las escalas de planificación y de manera intersectorial (territorial, social, de salud, género, educación, seguridad, entre otros). Ello permitirá visibilizar y mejorar las condiciones de nuestros barrios y ciudades con un enfoque integral e inclusivo. De lo contrario, estaremos emulando lo sucedido el 19 de octubre pasado, donde mientras a dos cuadras de la Conferencia Habitat III se manifestaban cientos de mujeres y hombres en contra de la violencia de género, importantes autoridades de nivel mundial hacían caso omiso a esta manifestación, discutiendo a puerta cerrada “políticas urbanas de inclusión”.

 

[1] Tapia, Ricardo (2011). Vivienda social en Santiago de Chile. Análisis de su comportamiento locacional, periodo 1980-2002. Revista INVI. Santiago.

[2] Dussaillant, Francisca (2012). Asistencia de niños a establecimientos preescolares: aproximándonos a la demanda a través de un análisis de las elecciones de cuidado y trabajo de los hogares. Centro de Estudios MINEDUC. Santiago.

[3] Las Mujeres en el trabajo, tendencias 2016. Organización Internacional del trabajo. 2016. Ginebra.

[4] Ducci, M. E. (2007). La política habitacional como instrumento de desintegración social. Efectos de una política exitosa. En M. J. Hidalgo, 1906/2006. Cien años de política de vivienda en Chile (págs. 107-123). Santiago: UNAB

[5] Intervención de Ximena Valdés en el contexto de los talleres de debate en torno a ciudades más seguras para tod@s: “Perspectiva de género para enfocar la violencia en los guetos de Santiago”. Programa Regional “Ciudades Seguras: Violencia contra las mujeres y políticas públicas”. Sur Corporación. 2007.

[6]Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2013. Ministerio de Desarrollo Social. 2015. Santiago.

[7] Noguera, María (2013). Planificación y gestión con perspectiva de género. Revista Planeo Nº 13. Santiago.

[8] Definida en el artículo 2.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre instalación de publicidad en la vía pública y respecto de las empresas que realizan actividad económica que podría ser vista u oída desde aquella.

 

 

Fernando Toro Cano es arquitecto, candidato a magister en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile, profesor instructor de Urbanismo en la UTEM, ayudante en asignaturas de Urbanismo en la Universidad de Chile, coordinador de la muestra Academia y Sector público XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2017 e integrante de la comisión “Ciudades y Territorio” de Revolución Democrática.

 Valentina Saavedra Meléndez es egresada de Arquitectura de la Universidad de Chile, estudiante de Magíster en Urbanismo en la Universidad de Chile, ex presidenta de la FECh (2014-2015) y miembro de la dirección de la Izquierda Autónoma.