El informe secreto de Pinochet sobre los crímenes

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.

El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.

General Gustavo Leigh

El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.

En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más ambicioso.

En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas secretas– alimentarían el terrorismo internacional.

Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.

Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor: Pinochet.

Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de ocupación.

9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.

Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.

De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.

Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”

La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.

El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.

La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.

La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de 1976.

Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por “homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.

General Herman Brady durante su juramento

Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.

La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de Ejército.

Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.

La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve jóvenes.

El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.

El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de delito.

Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.

El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.

La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.

Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron identificados”.

El caso también fue sobreseído.

EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de Gobierno”.

Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor– lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como cómplices.

La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.

MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco aparece en el Informe Rettig.

Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:

“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.

Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.

SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.

El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército”.

Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe Rettig.

EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.

El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.

FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.

MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:

“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.

El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.

Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.

DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.

El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.

En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.

SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:

“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”

Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N. tampoco.

LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros detenidos.

El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.

El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.

UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.

El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.

El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.

SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.

LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de Carabineros”.

Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta Arenas.

Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.

VIOLACIONES  

Un capítulo aparte merecen los juicios por violación. De los 90 juicios a los que pudimos acceder, hay más de 20 por ese delito y casi todos terminan sobreseídos. Ninguna de las víctimas ha sido jamás reconocida como tal.

La causa N°370-74 del 25 de enero de 1974 se inicia con un parte de la tenencia Peñalolén, que informa que ese día “M.M.G., de 14 años, fue interceptada a las 13.00 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de cinco militares que viajaban en un jeep y a viva fuerza la subieron al vehículo trasladándola al interior del Aeródromo Eulogio Sánchez en donde la introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno”.

Al principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo sobreseyó del delito de violación y sólo lo castigó con 30 días de arresto por “negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante”.

La impunidad de los militares en esos días la comprobó dramáticamente A. Flores, de 31 años. A la 1 de la madrugada del 3 de junio de 1974, la mujer  “pidió ayuda a personal uniformado que cubría servicios en la Plaza Chacabuco, para ser trasladada a la casa de su madre. Subió a un bus militar en el que viajaban 15 uniformados. El bus se habría dirigido por Avenida Hipódromo Chile en dirección al Poniente y en una población con calles no pavimentadas el vehículo se detuvo y a viva fuerza habría sido violada sucesivamente por no menos de 4 a 5 uniformados… Posteriormente se la habría abandonado en Avenida Independencia casi esquina Cotapos”. Así se relatan los hechos en el juicio caratulado bajo el ROL N° 605-74.

La causa fue sobreseída “por no haber convicción de haberse perpetrado el delito”.

Las menores de edad no merecieron mayor compasión. Bajo el ROL N° 615-74, se relata el siguiente caso de violación (parte N° 292 de la 12ª Comisaría de Carabineros, del 5 de mayo de 1974). “M. González, de 14 años, habría sido violada el 2 de mayo. Ese día, como a las 23 horas, en el paradero 21 de Vicuña Mackenna, se puso a esperar micro para ir a su casa y fue llevada en un jeep con seis militares uniformados a quienes no conocía. Los militares la llevaron a la ex Radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada por la fuerza por un militar que según sus posteriores averiguaciones sería el cabo Díaz. En ese lugar fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas siendo violada en cada ocasión. El informe médico legal de fecha 8 de mayo acredita la desfloración en fecha reciente, no más de 6 a 8 días a la fecha del examen”.

La denuncia es contra “uniformados militares Regimiento N° 7 de Puente Alto”. Pero el dictamen sobreseyó el caso.

Igual suerte corrió la menor Rossana G.F:, de sólo 12 años. Su padre, Juan G., empleado y cuyo domicilio aparece consignado, denunció que su hija fue violada por dos militares del Regimiento N° 2 Motorizado Santa Rosa, cuyos nombres entrega, el 29 de junio de 1974. El juicio ROL N° 662-74, finaliza con un sobreseimiento.

Al mes siguiente, el 10 de julio de 1974, sería Rosa S.S., de 25 años, la que sería “violada por dos militares en servicio y armados los que la detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro domicilio en Avenida Cerrillos, donde procedieron a agredirla y violarla”. Así se relatan los hechos en un juicio (Rol n° 671-74) que sólo tiene 10 líneas y que finaliza con otro sobreseimiento.

Los juicios por violación se suceden con abismante sordidez en los relatos en Iquique (el autor es un cabo de Ejército y el denunciante la Prefectura de Carabineros de Iquique); en Antofagasta (el autor y la víctima están identificados y no hay sentencia a pesar de haberse iniciado el juicio en noviembre de 1974), y en Santiago varios. En todos ellos la sentencia fue “absolución”, ratificada por los comandantes de las respectivas divisiones.

Valdivia no fue la excepción. Y uno de los casos referidos retiene la atención:

“Causa N°64/74. Individualización Denunciante: R.M. Iturra”.

Ofreció ir a dejarla a su domicilio y en el trayecto se desvió de la ruta y luego de ser intimada con armas de fuego, ocho militares la violaron, uno de los cuales, el SL J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad. Se solicita sobreseimiento total y definitivo”.

Resolución Cdte en Jefe IV D/E. Dictó sobreseimiento total y definitivo”.

Dicho y hecho.

*Este reportaje fue publicado el año 2000 en el diario electrónico El Mostrador

El lado oscuro del Plan Colombia

El 14 de mayo pasado, la Fiscalía General de Colombia discretamente convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de cultivo de palma de aceite ubicada en Simití, un pueblo en el norte del país. Como parte de un programa de reparación de víctimas de la violencia, un confeso narcotraficante y jefe paramilitar conocido como “Macaco” había entregado al gobierno los bienes de la cooperativa, que según él son suyos.

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los más sangrientos comandantes paramilitares de la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y sus hombres son también en gran parte responsables de haber convertido a 4,3 millones de colombianos en refugiados internos, la población de desplazados más grande del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo”. Sigue esperando su juicio en una cárcel de Washington D.C.

Macaco se entregó a las autoridades a fines de 2005, respondiendo a la propuesta de amnistía del gobierno. La desmovilización de los jefes paramilitares requería la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellas tierras que arrebataron a través del violento desalojo de sus propietarios. Macaco ofreció los bienes de Coproagrosur como parte del trato.

Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco"Pero el aviso publicado por la Fiscalía no menciona que Coproagrosur recibió una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en 2004. La donación –pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda para combatir el narcotráfico– parece haber puesto dólares de la guerra contra la droga en manos de un conocido paramilitar y narcotraficante. Como los paramilitares colombianos están en la lista de organizaciones extranjeras terroristas del Departamento de Estado, la donación podría constituir una posible violación de las leyes federales de Estados Unidos. Pero los procesos de chequeo interno de USAID “no fallaron”, de acuerdo a la respuesta oficial de la embajada estadounidense en Bogotá. Y ello porque Macaco no aparecía oficialmente entre los socios de Coproagrosur.

Desde el 2002, el Plan Colombia autorizó cerca de US$ 75 millones anuales para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de palma de aceite. Dichos programas entregan fondos para convenios entre empresarios agroindustriales y campesinos con el objeto de alejarlos de los cultivos ilícitos (la coca entre ellos). La mayoría de estos proyectos de desarrollo están concentrados en el norte de Colombia, que fue el epicentro de desplazamientos masivos de campesinos.

Funcionarios de USAID dicen que estos proyectos ofrecen una alternativa a la violencia asociada a las drogas en un país que carga con las llagas abiertas del conflicto armado. Insisten en que esa agencia vigila atentamente para detectar actividades ilegales y no ha recompensado a quienes cultivan tierras robadas. Pero un estudio de los documentos internos de USAID, escrituras de las compañías y reportes de prensa, genera serias dudas sobre la vigilancia que ejerce la agencia sobre los postulantes, en particular, sobre su habilidad para detectar conexiones con narco-paramilitares, crímenes violentos y tomas ilegales de tierras.

Además de los US$ 161.000 entregados a Coproagrosur, USAID también otorgó US$ 650.000 a Gradesa, una empresa palmicultora que tiene a dos miembros de su junta directiva investigados por narcotráfico y vínculos con paramilitares. Una tercera compañía del rubro, Urapalma, también acusada por su relación con paramilitares, casi recibió la aprobación de una donación antes de que su solicitud fracasara por falta de documentos. Los críticos dicen que la contradicción de dichas donaciones perjudican la misión antidroga del Plan Colombia.

“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas al mismo tiempo que entrega fondos para apoyar el cultivo de palma, que es usado por las mafias paramilitares para lavar dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, un abierto crítico de la industria palmífera. “Estados Unidos está implícitamente subsidiando a los narcotraficantes”.

El impacto más agudo de los proyectos palmicultores patrocinados por paramilitares y narcotraficantes se encuentra en el departamento del Chocó. El boom de la palma en esa región enfrenta a campesinos pobres contra un aglomerado de fuerzas poderosas, incluyendo el Ejército, narco-paramilitares, y ejecutivos palmicultores con fácil acceso a las aulas del poder. La formula funcionó con simple brutalidad: mientras los campesinos huían de incursiones conjuntas entre paramilitares y fuerzas estatales, entraban los palmicultores arrebatando las tierras abandonadas para sembrar palma aceitera, una de las fuentes más rentables de biocombustibles.

El despojo y el boom de los biocombustibles

El viejo campesino seguía al brigadier general Pauxelino Latorre por un oscuro laberinto de corredores de cemento en el batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército en Carepa, un pueblo en el extremo noroeste de Colombia. Pasaban por cuartos agudamente iluminados por grandes ventanales con vista a las plataneras que rodean el batallón. Soldados daban un tieso saludo mientras el general pasaba a toda máquina. El campesino -Enrique Petro, un hombre pobre y con casi 70 años- arrastraba lo pies detrás del general, tratando de no cruzar su mirada con la de los soldados.

Petro estaba comprensiblemente ansioso. Investigaciones criminales habían ligado repetidamente a la Decimoséptima Brigada con los grupos paramilitares que habían asesinado brutalmente a miles de personas, incluyendo a su hermano y a su hijo adolescente. A medida que se adentraba en el cuartel, Petro se empezó a preocupar aún más. Latorre abrió una puerta hacia un cuarto al final de la base, donde Javier Daza, en esa época gerente de Urapalma, esperaba. En el encuentro que siguió, Daza y el general dominaron la conversación.

Era agosto de 2004. Unos pocos días antes, Petro se había quejado ante el general de que Urapalma estaba sembrando palma en tierras que los paramilitares le habían robado en 1997, en el casi contiguo departamento del Chocó. Como respuesta, el general le sugirió una reunión en la base. Y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, aceptó. Al final de breve encuentro -dice Petro-, Daza y Latorre lo intimidaron para que validara legalmente la incautación de sus tierras. Con la firma de Latorre como testigo del contrato, Petro perdió 85% de su finca de 150 hectáreas. Casi cinco años después, aún no recibe el magro pago que le ofrecieron.

Petro es uno de los afortunados: aún está vivo. De acuerdo a reportes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, Urapalma ha obtenido ilegalmente más de 5.654 hectáreas de densas tierras tropicales en el Chocó, incautadas con la ayuda de personas como Latorre y sus colaboradores paramilitares.

Latorre fue alumno de la Escuela de las Américas -la academia de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos para los militares latinoamericanos-, fue imputado el año pasado de haber lavado millones de narco-dólares para un grupo paramilitar y los fiscales están investigando sus actividades a la cabeza de la Decimoséptima Brigada. Otro general, Rito Alejo del Río, quien lideró la brigada en la época del desalojo de Petro, está preso por cargos de colaboración con paramilitares. Él también fue entrenado en la Escuela de las Américas.

Reportes gubernamentales, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos muestran que narco-paramilitares –a menudo en cooperación con el ejército financiado por EE.UU.- forzaron el desplazamiento de miles de campesinos del Chocó a fines de los años ’90, matando a más de un centenar. Desde 2001, Urapalma y una docena de otras compañías palmíferas se han tomado al menos 22.000 hectáreas de tierras abandonadas en el Chocó. Como las de Petro. La mayor parte eran propiedades colectivas de campesinos afro-colombianos.

En 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe, invocando los pujantes mercados de alimentos y biocombustibles, hizo un llamado al país para aumentar la producción de palma desde 300.000 hectáreas a 6 millones de hectáreas. Los críticos argumentan que la expansión palmífera en muchas regiones exhibe patrones de narcotráfico, paramilitarismo y violencia similar a la del Chocó, incluyendo masacres y desplazamientos forzosos. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere reveló violentos crímenes relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones distintas, todas las cuales caen dentro de la iniciativa de Uribe. Casi todas esas regiones han sido también objetivo del apoyo de USAID para el cultivo de palma.

La agencia estadounidense administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde el enorme edificio tipo bunker de la embajada estadounidense, ubicada en una de las principales avenidas de Bogotá. Entre los cultivos que reciben apoyo financiero, la palma de aceite o palma africana es uno de los pocos cuya rentabilidad es eventualmente comparable con la de la coca. Desde 2003 los contratos de desarrollo alternativo de USAID han entregado cerca de US$ 20 millones para proyectos agroindustriales de palma a lo largo del país.

Casi la mitad de la palma producida en Colombia es exportada, la mayor parte a Europa, pero también a Estados Unidos y algunos países de América Latina. El gobierno tiene ahora sus ojos fijos en el tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, cuya aprobación en el Congreso en Washington –vista como posible con el explícito apoyo del Presidente Obama- permitirá a la palma colombiana entrar a Estados Unidos sin aranceles. A pesar de que el aceite de palma es destinado a docenas de productos comerciales, Colombia está apostando al mercado del biodiesel.

“Estamos en vísperas de iniciar otro gran desarrollo energético a partir de la palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005 cuando anunció la iniciativa. El país duplicó su superficie plantada de palma desde 2001, el año en que Colombia se convirtió en el cuarto exportador del mundo y el año en que las compañías llegaron al Chocó.

Grupos de derechos humanos han acusado durante largo tiempo a compañías palmicultoras en Colombia –a Urapalma en particular- de cultivar en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la federación nacional de productores de palma, dice que esos cargos son muy exagerados. Mesa se queja de que las compañías del Chocó, las cuales no son miembros de la federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a toda la industria.

No obstante, la bancada afro-americana del Congreso de Estados Unidos ha expresado frecuentemente a la administración Uribe su preocupación por la industria de la palma, que está concentrada en áreas con gran población afro-colombiana. Inquieto por que el Congreso estadounidense pueda retener los fondos del Plan Colombia o bloquear el acuerdo de libre comercio, el gobierno colombiano ha empezado a tomar las acusaciones más seriamente.

A fines de 2007, el fiscal general Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que 23 compañías palmicultoras en el Chocó, incluyendo Urapalma, trabajaron con los paramilitares para incautar tierras a comunidades. Por la misma época, el senador estadounidense Patrick Leahy incluyó una indicación a la ley que entrega los fondos del Plan Colombia, en la que se prohíbe el financiamiento de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzoso de habitantes locales”. El Congreso de EE.UU. debatirá pronto el financiamiento del Plan Colombia para el 2010, en el primer desembolso de fondos hacia el extranjero diseñado por la administración Obama. En el actual borrador del proyecto, la indicación de Leahy está marcada para ser borrada.

Sean Jones, quien hasta mediados de mayo fue el director para desarrollo alternativo de USAID en Colombia, reconoce que la industria de palma de aceite en Colombia tiene “dos caras”. Una es la de aquellas compañías que cumplen la ley, pero “también está la cara fea de la palma africana, donde hay algunos jugadores realmente sucios”.

Los paramilitares y La Violencia

Incluso en Colombia, con su riqueza geográfica y diversidad cultural, el departamento selvático del Chocó es considerado exótico. La selva tropical del Chocó, ubicado en la esquina noroeste del país, donde Sudamérica limita con Panamá, está entre aquellas con mayor biodiversidad del planeta. Pero muchos colombianos aún la ven como un rezagado reducto de violencia. Lluvias torrenciales alimentan sus hileras de bajas montañas que irrigan cientos de ríos y ciénagas que se extienden como venas a lo largo del paisaje. Muchos de estos cursos de agua terminan en el largo río Atrato, que serpentea por la selva hacia el norte hasta que su delta desemboca en el golfo del Caribe. Los lugareños llaman Urabá a esta zona.

Los campesinos del Urabá más afectados por el negocio de la palma viven cerca de dos exuberantes tributarios: las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la agencia gubernamental que administra las tierras rurales, Incoder, entregó títulos colectivos por 101.000 hectáreas a descendientes de comunidades de esclavos negros, que de acuerdo a la Constitución de Colombia, tienen los mismos derechos territoriales que los indígenas.

Mario Iguarán Arana, Fiscal GeneralPero el gobierno, en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, también ha bautizado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Un campesino expresó los sentimientos locales sobre el marketing gubernamental: “Le dicen ‘la mejor esquina,’ pero si uno apenas levanta ese telón encuentra cosas horribles”. En los últimos años, las compañías palmicultoras han ocupado más del 20% de estas ancestrales tierras que limitan con ambos ríos, correspondientes a la zona más habitable y viable agrícolamente.

A fines de los ’80, esta parte de Colombia se transformó en base de grupos paramilitares o “paras” fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, quienes venían de las filas del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaños recibieron un generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares. Colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia del Ejército contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que un reporte de 2001 de Human Rights Watch se refiere a ellos como la “sexta división” del Ejército. Alimentados por un ferviente anticomunismo, los señores de la guerra -como los Castaño- mataron salvajemente a miles de inocentes acusados de simpatizar con la guerrilla.

Hacia mediados de los ’90, los informes de derechos humanos mostraron que los paras habían reorientado su violencia hacia fines económicos: tomando tierras y negocios, eliminando oponentes y protegiendo su actividad más lucrativa, el narcotráfico. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en los indiscutidos sultanes de la cocaína, ganándose importantes puestos en las listas de los más buscados del gobierno estadounidense. Los señores de la guerra iniciaron una sangrienta marcha hacia Urabá.

Primero aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla de marcharse y los pueblos se llenaron de graffiti de paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de los vecinos de Enrique Petro, recuerda que en los meses previos al arribo de los paras, en la comunidad corrían rumores de que venían los mochacabezas, en referencia a la forma en que los paramilitares desmembrarían los cuerpos de sus víctimas. Los paras usaban machetes para descuartizar los cadáveres y dentro del torso vaciado colocaban los miembros y la cabeza de sus víctimas. La espantosa práctica tenía una función práctica: el no tener que cavar fosas profundas. Otros de estos “cadáveres” simplemente se tiraban a la omnipresente corriente opaca de los ríos.

Cuando los paras finalmente llegaron, asesinaron al padre de Tuberquia mientras pastoreaba su ganado. “Lo mataron así desde lejos, a punta de bala, como corriendo atrás de él”, dice Tuberquia mientras fija su mirada en los árboles de palma con ojos inexpresivos:

-A mi papá nunca le pudimos dar un entierro, entonces quedó por ahí debajo de toda esa palma.

En octubre de 1996, los paras tuvieron un macabro aterrizaje en Chocó, con el asesinato de ochos campesinos en el pequeño pueblo de Brisas, a la orilla del río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Jesús Artiaga, otro vecino campesino de Petro, estuvo en Brisas el día de la matanza, en la cual dice que también participaron unidades de la Decimoséptima Brigada. El pueblo estaba lleno de gente por un torneo de fútbol. “Llegaron echando plomo. Tiroteando por todos lados diciendo ‘¡todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo’!”. Un sol ardiente picaba a los cuerpos inmóviles acostados bocabajo en el cemento de la plaza central. Unos paras armados hasta los dientes arrastraban el contrafilo de sus machetes por las espaldas de los campesinos tendidos en el piso. Unas horas después escogieron a seis hombres de la multitud y los fusilaron ahí mismo. Mientras se iban, mataron a otros dos tirando sus cuerpos lánguidos por el borde de un puente.

Lo que siguió fue un crescendo de terror simplemente llamado por los campesinos como “La Violencia”. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año por un apoyo estadounidense de US$ 87 millones, hicieron equipo con su “sexta división” para batir el norte del Chocó. Helicópteros del Ejército y aviones de combate lanzaron bombas y fuego de alto calibre contra las comunidades selváticas, mientras los paras “limpiaban” a su paso. Militares y paramilitares instalaron retenes –muchos a pocos metros del otro bando– en todas las rutas. Los grupos internacionales de derechos humanos documentaron masacres, tortura, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares cerraron el año con el asesinato de treinta y un campesinos en el pueblo de Buena Vista la semana antes de Navidad.

De acuerdo a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, la ofensiva de 1997 forzó el desplazamiento de unas 17.000 personas desde sus tierras. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, 140 campesinos fueron reportados muertos o desaparecidos, casi todos por soldados y paramilitares. En esa época, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por “La Violencia”, uno de ellos asesinado por las FARC. Los paramilitares le advirtieron repetidamente que lo matarían si no dejaba sus tierras. Intentó quedarse, pero cuando otro de sus hijos se quiso ir, Petro decidió abandonar su tierra.

“Ellos decían que iban hacer una limpieza de la guerrilla”, recuerda Petro. “Hicieron una limpieza, pero de nosotros los campesinos. Nos sacaron a todos”. En entrevistas, los campesinos que sobrevivieron al desplazamiento forzoso dicen que cuando empezó “La Violencia” los paramilitares llegaban a sus fincas con una escalofriante oferta: “O nos vende o negociamos con la viuda”.

Gustavo PetroPara el 2001, cuando los paras anunciaron el control definitivo de Urabá, Petro y otros campesinos ya se habían dispersado. Algunos seguían escondidos bajo el tapiz de la selva; otros habían abandonado definitivamente el Chocó. Pese a que los paras les advirtieron que no visitaran sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que esas tierras estaban siendo sembradas de palmas.

Gustavo Duncan, analista de seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá, dice que el giro de los paramilitares hacia la palma fue una decisión de negocios lógica: “Es un cultivo que contribuye al control territorial y que permite invertir el capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. De acuerdo a la declaración de un ex empleado de Urapalma que cooperó con la investigación de la Fiscalía, el principal puente entre los Castaño y los inversionistas fue Hernán Gómez, uno de los mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual presidenta de Urapalma. La declaración asegura que Gómez, quien no devolvió los múltiples llamados hechos a su casa, ayudó a los Castaño a reclutar a narcos ricos y con experiencia en el cultivo de palma para invertir en Urapalma.

En una entrevista en 2005, Vicente Castaño admitió con orgullo: “En Urabá tenemos [los paras] cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”.

Cuando los campesinos empezaron a retornar a sus hogares después de 2001, encontraron a sus campos arrasados y plantados con plántulas de palmas. Compañías como Urapalma habían puesto letreros con grandes letras: Propiedad Privada. La permanente presencia paramilitar aterrorizaba la zona.

Petro pasó cinco años sin ver sus tierras, refugiado en el pueblo cercano de Bajirá. Volvió recién en 2002 a un panorama devastador: “Perdí todo el trabajo de mi juventud,” dice Petro. Recita un lista que aparentemente se sabe de memoria: “Yo tenía por lo menos 110 vacas, yo tenía 20 carneras, tenía nueve bestias, mi esposa muchas gallinas…”

Urapalma arrasó su potrero para sembrar palma. Cuando volvió para nuevamente sacar a su finca adelante, el miedo no desapareció: “Me puse a trabajar y después de trabajar un año vinieron los paramilitares aquí a matarme y ahí fue que me dejaron esos escritos”. Él se había ido al pueblo esa mañana así que se salvó. Pero cuando volvió, se encontró con una casa saqueada y casi destruida, llena de graffiti de eslóganes del bloque paramilitar que controlaba la zona. Los mensajes amenazantes todavía se ven en las paredes de su casa destartalada.

USAID y la palma

Tres meses después de que los paras saquearan la casa de Petro, Urapalma envió su solicitud de financiamiento a las oficinas en Bogotá de ARD Inc., un contratista de desarrollo con 30 años de experiencia y sede en Burlington, Vermont, además de oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en asuntos ambientales y participación local en el gobierno”. USAID, una gran fuente de recursos para ARD, tiene US$ 330 millones en contratos activos con la compañía.

En enero de 2003, ARD empezó a administrar US$ 41,5 millones para el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) de USAID. Urapalma fue una de las primeras compañías en enviar una solicitud. La empresa ligada a Macaco, Coproagrosur, recibió su donación de US$ 161.000 el año siguiente (un tercio del monto fue devuelto sin ser gastado). Los reportes trimestrales de ARD muestran que Urapalma pidió financiamiento por US$ 700.000 para cubrir la plantación de 1.500 hectáreas en Urabá, el epicentro de las tierras robadas. La solicitud inició su camino dentro del proceso de ARD.

Representantes de USAID se refieren al proyecto propuesto por Urapalma como una “alianza estratégica” y normalmente llaman a este tipo de iniciativas como “lideradas por la comunidad”. Un funcionario de la embajada estadounidense dice: “Sin nuestro apoyo, los campesinos serían más débiles para negociar alianzas justas con los industriales”. Pero de acuerdo a documentos de la investigación hecha en 2007 por la Fiscalía que fueron obtenidos por el Fondo de Investigación de The Nation Institute, las compañías palmicultoras en Chocó utilizaron estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras, muchas veces a través de fraude y coerción.

Parte de la investigación se basa en una declaración de Pedro Camilo Torres, un ex empleado de Urapalma que manejó las solicitudes de apoyo financiero entre 1999 a 2007, incluyendo la petición hecha a USAID. En su declaración, acusa a Urapalma de haber creado organizaciones campesinas “de papel” para obtener falsos títulos de dominio y acceder a fondos públicos.

El caso más emblemático de fraude involucra a Lino Antonio Díaz Almario, quien supuestamente compró 5.900 hectáreas en el año 2000, una fortuna imposible para un campesino pobre. Inmediatamente después vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Palma de Aceite de Urabá, una organización formada por Urapalma. Pero Díaz estaba muerto desde 1995, cuando se ahogó en las aguas turbias del Jiguamiandó.

El proyecto propuesto por Urapalma a USAID, de acuerdo al resumen de un reporte de ARD, se refiere a “asociaciones afrocolombianas”. Según la declaración de Torres y de testigos citados por la Fiscalía, todas las organizaciones campesinas fueron montadas por Teresa Gómez, a quien el Tesoro de Estados Unidos identifica como “gerente de finanzas” de la vasta federación narco-paramilitar de los Castaño. Dirigió al meno otras dos ONGs ligadas a los paras y es buscada por el asesinato de una líder de campesinos en la provincia de Córdoba, que reclamó la devolución de tierras incautadas por los Castaño. Llamados telefónicos y mensajes dejados al equipo de Urapalma durante meses nunca fueron contestados.

Susan Reichle, la directora de la misión de USAID en Colombia, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguroso proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es sana,” dice. Pero admite: “Me encantaría decir que el proceso es cien por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”. Sean Jones, quien encabezó los programas de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde 2006, contradice a Reichle, asegurando que la solicitud de Urapalma se estancó debido a que la compañía no cumplió con la entrega de la requerida documentación.

De acuerdo a los reportes trimestrales de CAPP, un “comité de revisión” conjunto entre USAID y ARD avanzó la propuesta de Urapalma hasta la penúltima etapa del proceso –un paso antes de la entrega del dinero- hacia enero de 2005. Roberto Albornoz, quien encabezó el programa agroindustrial de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su equipo realizó un proceso de revisión, pero nunca encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto se “congeló” en abril de 2005 sólo después de que Urapalma dejara de enviar la documentación. Albornoz dice que su equipo no supo del pasado oscuro de Urapalma hasta que apareció un artículo en la revista Semana, cinco meses después de que la propuesta fue congelada.

Consultado sobre por qué los revisores de ARD fallaron en sospechar de las actividades ilegales de la compañía, Jones hace eco de los dichos de Albornoz: “Las acusaciones sobre Urapalma no habían aparecido en la prensa en ese momento”.

Pero los desplazamientos forzosos y masacres en Urabá ya eran información pública entonces. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud de Urapalma a USAID, el diario El Tiempo reportó que “los proyectos de palma africana en el sur del eje bananero de Urabá chorrean sangre, miseria y corrupción”. El Washington Post relató la misma historia dos meses más tarde.

En cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos, representantes diplomáticos en Bogotá sonaron la alarma sobre el dominio de los paramilitares en Urabá ya en 1996. Un cable de ese año sostiene que “los Castaño han obtenido enormes ganancias de sus actividades y han sido reportados adquiriendo miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable caracteriza al creciente control paramilitar en todo el país como la creación de “estados cuasi-independientes” provocando la “feudalización de Colombia” y menciona específicamente a Urabá.

En 2003, cinco meses antes de que Urapalma solicitara apoyo financiero a USAID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos individualizó a la compañía en la colusión con paramilitares en Urabá. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Es decir, paramilitares. Soldados y paras iniciaron incursiones armadas, concluyó la corte, para “intimidar” a comunidades “ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

Albornoz dice que ARD cruza los datos de los registros de las compañías con las bases de datos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre personas vinculadas al tráfico de droga. Pero la compañía sí tenía evidentes vínculos narco: en sus papeles de registro de la cámara de comercio, Urapalma tiene entre sus inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a quienes las autoridades colombianas acusa de ser un clan con conexiones paramilitares y con vínculos con los carteles de Medellín y Cali.

Cientos de miles de dólares

Aunque USAID eventualmente congeló la propuesta de Urapalma, la agencia otorgó una donación a Coproagrosur, la compañía cuyos bienes fueron entregados por Macaco, y otra a Gradesa, que refina aceite de palma para consumo doméstico y exportación, principalmente a Estados Unidos. De acuerdo a los reportes de ARD y los documentos de USAID, la donación de la agencia a Gradesa ayudó a financiar un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, el mismo municipio de Urabá donde queda la sede de Urapalma y las tierras de Enrique Petro. USAID parece haber apoyado la participación de Gradesa en refinar aceite de palma proveniente de los sangrientos campos del Chocó.

USAID insiste en que nunca financió un proyecto de palma en Chocó. Representantes de USAID, Gradesa y ARD niegan que el proyecto tuviera actividades en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de referencias al pueblo en documentos internos y públicos. Representantes de USAID dicen que el lugar fue incluido erróneamente luego de que Gradesa equivocadamente lo mencionara en un reporte de avance.

-El error pasó inadvertido porque el mayor interés se centra en la información de hectáreas, familias, empleo y presupuesto invertido -explicó por email el encargado de prensa de USAID,

En cualquier caso, al tiempo que USAID concedía a Gradesa US$ 257.000 el 19 de diciembre de 2003, documentos corporativos muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga (Antonio y Carlos) que invirtieron en Urapalma, también se sentaron en el directorio de Gradesa. (En 1987, Carlos figuró en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano). En marzo de 2005, la Fiscalía anunció que estaba incautando la participación de Zúñiga en la empresa y presentando cargos criminales contra los hermanos por usar Gradesa para lavar narco-dólares. De acuerdo a un oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la participación era de 50%. Una reciente entrevista con el presidente de Gradesa reveló que los hermanos tenían dicho porcentaje desde comienzos de los ’90, mucho antes de la donación hecha por USAID. El caso de la Fiscalía sigue su curso en los estrados de las cortes colombianas, en el quinto intento del gobierno por fijar cargos de lavado de dinero contra los Zúñiga.

A pesar de la acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda donación a Gradesa en 2007, esta vez por US$ 400.000, como parte de un nuevo contrato a cinco año con ARD por US$ 182 millones. En una respuesta oficial por escrito, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo que como USAID no recibió ninguna notificación formal del caso contra los Zúñiga, “USAID no tenía ninguna forma de saber del vínculo entre Gradesa y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario agregó que “nada disparó las alarmas” en el proceso de revisión para el segundo financiamiento de Gradesa y que como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o administradores”, no calificaron como “receptores” de la donación. Lo cual es lógico ya que la compañía ya estaba intervenida por la Fiscalía y las acciones de los Zúñiga estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Desplazamiento permanente

La vida no ha mejorado mucho para Petro y los demás campesinos desplazados de la zona. En abril el gobierno devolvió 1.300 hectáreas –apenas el 6% de las tierras robadas- a algunos campesinos del río Curvaradó. Doce años después de que fueran forzados a partir, el resto se mantiene como desplazado. El gobierno dice que está presionando a las empresas palmicultoras para que devuelvan voluntariamente las tierras restantes, pero ya muchas veces los lugareños han escuchado ese tipo de promesas. Mientras tanto, las compañías siguen cargando camiones llenos de corozos de palma. A Petro sólo le queda una fracción de su finca, parte del cual ha convertido en una “zona humanitaria”, un campamento de chozas de madera llamado Caño Claro, habitado en los últimos años por una docena de familias desplazadas.

Más de 2.500 personas todavía sobreviven en un puñado de estas zonas humanitarias esparcidas a lo largo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pese a que ninguna es reconocida legalmente por el gobierno. En algunos casos, todo lo que separa a esos refugiados de sus tierras cubiertas de plantaciones de palma, es una sucia calle destapada con charcos y posos enormes. Estos caminos son patrullados por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del Ejército. Niños corretean alrededor de los campos con sus barrigas infladas por la enfermedad y la malnutrición, mientras sus familias claman por fuentes de subsistencia. Las represalias y violentas amenazas contra quienes demandan la devolución de sus tierras han aumentado últimamente.

Un día de octubre pasado, el líder campesino Walberto Hoyos fue ejecutado de un disparo cerca del río Curvaradó. Su cuello y su cara fueron reventados por las balas de un paramilitar. A la mañana siguiente, los residentes de Urabá se levantaron para encontrar sus pueblos nuevamente rayados con graffitis frescos y forrados de panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar. Una inquietante repetición de los eventos anunciando “La Violencia”.

*Teo Ballvé es un periodista independiente que escribe para revistas como Nacla Report, The Progressive y The Nation, medio que publicó originalmente este reportaje en inglés. El apoyo para realizar este artículo fue entregado por el Puffin Foundation Investigative Fund de The Nation Institute, con respaldo adicional de Project Word.

Los dos links siguientes corresponden a reportajes de la revista Semana de Colombia sobre el mismo tema, cuyos periodistas han investigado durante años las actividades de los paramilitares en la zona y sus apoyos y vínculos políticos y económicos.
Palma adentro
La palma maldita

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La accidentada carrera de un operador a la antigua

No sólo había perdido la confianza y amistad del clan Frei. En los últimos diez años, el médico Patricio Rojas Saavedra (1933) había perdido también gran parte de su influencia. Su rol político parecía revivir de cuando en cuando, más que nada gracias a la obstinada insistencia de los “colorines” -la última de varias corrientes internas de la Democracia Cristiana a la que adhirió- por colocarlo en cargos públicos, en una fase que terminó por opacar su larguísimo paso por el aparato público. El telón cayó en marzo del año pasado con su ruidosa destitución de la presidencia del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Tras desaparecer por algunos meses de la escena pública, Rojas pasó un verano agitado. Dos de los casos judiciales de mayor connotación pública e histórica volvieron a poner su nombre en los titulares de la prensa. En enero, declaró ante el ministro Omar Astudillo por la decisión de compra de los aviones Mirage en 1994, cuando era ministro de Defensa, en el que se investiga el pago de comisiones ilícitas. En febrero, el ministro Alejandro Madrid lo citó para interrogarlo sobre su rol en las horas posteriores a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Fue el ex presidente DC quien lo nombró, con apenas 31 años, como subsecretario de Educación (1964-1967) y luego, consolidando su papel de hombre de confianza de Frei Montalva, asumió como ministro del Interior (1969-1970). Tras el regreso a la democracia, volvió al rol ministerial como jefe de la cartera de Defensa (1990-1994) en los años más duros de la transición. Se hizo conocido por su insufrible relación con Augusto Pinochet, quien le pidió infructuosamente al gobierno que lo sacara durante el recordado “boinazo”.

Sus enfrentamientos con el ex dictador son casi míticos a estas alturas. Hay quienes han recordado que Rojas se preparaba concienzudamente para cada encuentro, mientras otros aseguran que el entonces ministro lateaba al general con densas peroratas sobre cómo ganar la Guerra del Golfo (1990 -1991), las que terminaban exasperando al general.

Pese a ello, Rojas hizo buenas migas con otros altos uniformados cercanos a él. Uno de ellos fue el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y posterior comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quien había sido edecán de Pinochet. No sería la única contradicción en su carrera.

Mientras fue titular de Defensa, en 1993 Rojas se opuso a que TVN transmitiera la entonces impactante entrevista a Michael Townley en Informe Especial: se temía que el ex agente DINA culpara al ex escolta y entonces secretario privado de Pinochet, el brigadier Jaime Lepe, de haber participado -como integrante de la Brigada Mulchén de ese organismo represor-, del asesinato de Carmelo Soria. Se trataba de la misma unidad encargada de la seguridad de Pinochet y en la que Eugenio Berríos desarrolló y aplicó el gas sarín. La misma que más tarde bajo la denominación de Unidad Antiterrorista (UAT), estaría estrechamente vinculada a la muerte de Frei Montalva.

Patricio RojasRojas operó para que el entonces ministro Enrique Correa presionara al directorio del canal a fin de postergar del programa, a comienzos de agosto del ‘93. Dos días antes de la emisión de la entrevista –que ya había sido anunciada- la cúpula de TVN aprobó la petición de Correa. Jorge Navarrete, entonces director ejecutivo del canal, recordó hace dos años en El Mercurio que el gobierno argumentó que no quería que el reportaje de Informe Especial se leyera como una presión justo en los momentos en que se esperaba un fallo sobre el caso Letelier: “Fue muy complicado y nos afectó. Pero el programa luego salió al aire tal como estaba al inicio. Nos fue bien y lo repetimos”.

En busca del voto militar

Terminado el gobierno de Aylwin, Rojas se fue acercando a un viejo rival del ex Presidente: Adolfo Zaldívar. Sus nexos con él se reforzaron durante la fallida campaña presidencial del hermano del líder colorín, el senador DC Andrés Zaldívar, cuando Rojas hizo de puente entre este último y la directiva que por esos días encabezaba Enrique Krauss. Aunque primero se dijo que asumiría como secretario ejecutivo del comando, al final dicho cargo quedó en manos de Pedro Butazzoni. Rojas debió conformarse con un cupo en el comité político del abanderado.

La campaña le sirvió para reposicionarse, ya que después de 1994 su figuración política había decaído incluso en su partido, donde en 1997 no obtuvo los votos suficientes para integrar la directiva. El protagonismo de los “colorines” en el comando de Zaldívar –donde trabajó codo a codo con Rafael Moreno- le sirvió para aliarse con ellos e imponer controvertidas tesis estratégicas al resto de los consejeros del candidato, especialmente en la definición de cómo enfrentar a Ricardo Lagos.

Una de ellas fue concentrarse en buscar el voto de los independientes de derecha, pese a que en sus columnas y entrevistas insistía en que los independientes lo eran “a secas” y sin apellidos. A esas alturas, Andrés Zaldívar ya había enfrentado el perjudicial respaldo que le había dado el círculo íntimo de Pinochet, que intentó infructuosamente convertirlo en su abanderado -tras desestimar a Joaquín Lavín- y que finalmente se jugó por Arturo Frei Bolívar.

En ese contexto, Rojas lanzó la más polémica de sus apuestas en plena campaña Lagos-Zaldívar: llamó públicamente a las Fuerzas Armadas a votar en las primarias y apoyar al senador DC. La idea trajo de vuelta gruesas críticas de la derecha y de la propia Concertación, desatando choques con el resto del comando y hasta críticas públicas de Jaime Ravinet.

Aunque la derrota de Zaldívar era previsible, en los cálculos más optimistas de su entorno se mencionaba que un triunfo convertiría a Rojas en ministro del Interior, secretario general de la Presidencia o embajador en Estados Unidos; él las descartó, pero sólo pocos días antes de las primarias y cuando no había dudas sobre el resultado. Con este último dato en la mano, muchos en la DC vaticinaron su desaparición de la política activa, más que nada porque durante la campaña se había mostrado como un acérrimo antilaguista; en 1997 había declarado furiosamente que Lagos “no tenía ninguna posibilidad de ser Presidente”, dichos que al día siguiente debió desmentir.

Su agitado “ostracismo”

El ex Presidente Eduardo Frei Montalva junto a Patricio RojasFuera del nuevo gobierno, Rojas se reubicó en la Universidad de Chile, donde además de asesorar al que luego fuera su rector, Luis Riveros (1998-2006), se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre, que en 1997 había anunciado vistosamente que construiría un enorme Parque Científico Tecnológico en los terrenos de la Laguna Carén. El proyecto le trajo al doctor un nuevo conflicto el 2000, cuando pobladores denunciaron que los desalojarían y los ambientalistas denunciaron irregularidades urbanísticas por las que acudieron a la Contraloría.

La controversia escaló cuando se supo que las poco más de mil hectáreas del terreno habían sido cedidos a la casa de estudios por Bienes Nacionales, menos de dos semanas antes que terminara el gobierno de Aylwin. Además, el Congreso aprobó leyes que le permitieron a la universidad endeudarse por unos US$ 20 millones con el aval del Estado. Con el tiempo, el asunto desapareció de la agenda, aunque la polémica reflotó hace algunas semanas cuando los ambientalistas acusaron que se le quitaba el carácter de área verde la Laguna Carén, lo que interpretan como amenaza cierta de que allí se desarrollarán proyectos inmobiliarios.

Su regreso con Adolfo: en pedir no hay engaño

La llegada de Adolfo Zaldívar a la presidencia de la DC, el 2002, por fin trajo al pediatra de vuelta a la vida partidaria, al asumir la vicepresidencia. Aprovechando uno de los cambios de gabinete en La Moneda, el nuevo timonel insistió para que Lagos nombrara a Rojas como ministro Secretario General de la Presidencia. Pero el recuerdo de su papel en la campaña estaba aún muy fresca: el mandatario no accedió.

Al año siguiente comenzaron a aparecer los primeros cuestionamientos a Rojas por su rol en la misteriosa autopsia de Frei Montalva, a lo que él contestó insólitamente que “no se puede seguir exponiendo públicamente la situación médica del ex Presidente, que fue un gran hombre y del cual tuve el orgullo de ser su ministro. Se hace un gran daño a su imagen cuando se sigue con estas cosas”.

Ya recluido al alero de Zaldívar y con los puentes con los Frei derrumbándose, Rojas siguió tratando de “reingresar” al aparato público. Cuando el 2004 la directiva DC debió bajar al alcalde Hernán Pinto de la reelección en Valparaíso -a raíz de la investigación en su contra relacionada con el Caso Spiniak-, Rojas apareció entre los interesados para competir por ese cupo alcaldicio, nuevamente sin éxito. Al año siguiente, el líder colorín lo propuso como su representante en el comando de campaña de Michelle Bachelet. Al poco tiempo lo reemplazó por Jaime Mulet.

Con la nueva Presidenta ya instalada en La Moneda, Adolfo volvió a la carga y puso al médico en su lista de pedidos para el nuevo gabinete. Al igual como había ocurrido con Lagos, le rechazaron esa petición..

Caída en desgracia

Patricio RojasTanta insistencia finalmente tuvo éxito en el 2006, cuando al ex ministro lo nombraron a la cabeza del Sistema de Empresas Públicas (SEP), lo que lo convirtió en blanco de la ira del alvearismo y del resto de la disidencia a Zaldívar. La oposición a Rojas se trasladó al directorio del SEP, cuando sus integrantes se dieron cuenta de que el nuevo presidente venía a sacar y poner nombres por criterio político y no técnico, algo que nunca disimuló.

También fue duramente criticado por su defensa a brazo partido la gestión de Luis Ajenjo en el escándalo de EFE. Como además previamente había respaldado al ex subsecretario Guillermo Díaz cuando éste fue procesado por el caso MOP-Gate, ambos episodios hicieron que los colorines también cortaran sus relaciones con él y le retiraron su respaldo. El ya acorralado médico intentó un nuevo repliegue y se acercó al alvearismo.

Rojas terminó cavando su propia tumba a fines de marzo del 2008, cuando cuestionó el proyecto de gobiernos corporativos de Hacienda, diciendo: “Discrepo de que los cargos de empresas públicas no son políticos”. Eso indignó al titular de Hacienda, Andrés Velasco, quien luego de obtener el pase de Bachelet, le comunicó su destitución. Según El Mercurio, la noticia se la dio por teléfono con la siguiente frase: “Patricio. El 15 de abril llega otra persona a la presidencia del SEP”.

Fiel a su estilo, el destituido ejecutivo se fue disparando: “Cómo se va a explicar que en Chile se pueda ser médico y acceder a la Presidencia de la República, y que, teniendo esa profesión, no se pueda ser miembro de un directorio.” Su salida fue celebrada en varios sectores, y en el mismo SEP hubo quienes lo retrataron duramente y en off the record, según recogió el mismo diario: “Rojas tiene una forma antigua de hacer política, muy unida a la politiquería, a la Cosa Nostra (apodo con el que algunos conocen al sector DC al que pertenece) de mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Velasco es la antítesis. Representa a la tecnocracia que siente que al poder sólo pueden acceder los que están preparados”.