El exitoso lobby que tumbó artículos clave de la Reforma al Código de Aguas

En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.

sequiaUno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.

De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.

En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos (ver recuadro).

La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.

Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá.  Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.

Patricio Crespo, ex presidente de la DGA.
Patricio Crespo, ex presidente de la SNA.

Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.

Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.   

El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.

Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.

Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.

Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.

EL “FRENAZO” DE HACIENDA

El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).
Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.

También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.

En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.

En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.

Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.

Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas  subterráneas del país– no se tocan con la reforma.

El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.

El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título ¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco (ver aquí).

LA ARREMETIDA DEL AGRO

El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).

La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua (ver aquí). Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.

riego copesaEl 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.

En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.

Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.

CAMPAÑA 360°

Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).
Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.

La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.

Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.

La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI) (ver Nota de la Redacción).

A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.

descargaEl senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados (ver reportaje: La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile).

SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA

Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.
Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.

Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.

Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.

El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.

Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.
Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco (ver reportaje de CIPER).

En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.

Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó  al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.

LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO

Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.

Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.

Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.

También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.

La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo se mencionó originalmente que varias de las reuniones sostenidas por Fernando Peralta habían sido gestionadas por la agencia B2O, que tiene entre sus clientes a la SNA. Desde la agencia B2O señalaron a CIPER que si bien es correcto que asesoran a la SNA, no han hecho ninguna gestión para la Confederación de Canalistas (CONCA) en el contexto de la reforma al Código de Aguas. Tal como está registrado en la página de lobby de la Cámara de Diputados, las reuniones de Peralta con varios parlamentarios fueron solicitadas por María de los Ángeles Naudon quien, de acuerdo a su página de Linkedin, se desempeña como directora de Brand Relations de la citada agencia. Sin embargo, desde B2O afirmaron a CIPER que Naudon dejó de trabajar en la agencia “hace cuatro o cinco años”. 

Coimas en la Usach: Las huellas del tío de Natalia Compagnon acusado de soborno

“Nunca firma nada y no tiene casi nada a su nombre. El tipo sabe cómo moverse”. Así define a Waldo Iván Rojas Soto quien fuera su socio en uno de los varios negocios que este operador político, activo lobista y empresario ha impulsado en los últimos 25 años. La sucinta descripción de su ex compañero de negocios podría explicar por qué, por ejemplo, pese a arrastrar un pesado historial de querellas por giro doloso de cheques, estafa reiterada y asociación ilícita, Waldo Rojas –quien solo registra a su nombre un departamento en San Alfonso del Mar y una moto– ha logrado salir casi siempre indemne.

Pese a sus líos judiciales, Rojas también había logrado guardar su anonimato, hasta que en febrero de 2015 estalló el caso CAVAL, protagonizado por su sobrina Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Entonces se conoció la cercanía entre Rojas y Compagnon, quien incluso vivió en la casa de su tío. Fue él también quien le presentó a Mauricio Valero, con quien se unió para formar CAVAL (ver recuadro).

Ahora es Rojas el que está en el centro de un nuevo problema judicial: el 20 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por soborno reiterado y el Ministerio Público estaría preparando su formalización (ver querella). “Es difícil que se libre de esta”, señala una fuente cercana al caso.

Los hechos que originaron la querella fueron dados a conocer por CIPER en abril de 2015, en un reportaje que destapó el lobby de la multinacional española Isolux-Corsán ante autoridades públicas para obtener licitaciones y las coimas que la empresa pagó al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Carrasco Torres, para amañar un contrato para la construcción de un edificio docente por casi $9.500 millones (ver reportaje).

Mauricio Carrasco comenzó a trabajar para la Usach en junio de 2012. Según la querella presentada por el CDE, la investigación de la Fiscalía logró establecer que fue el propio Waldo Rojas quien promovió su ingreso al plantel de educación superior. En poco más de tres meses Carrasco pasó de tener un cargo marginal como funcionario a honorarios a dirigir el departamento de Administración y Finanzas, cargo de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi. Interrogante clave y aún no resuelta en este capítulo es quién o quiénes eran los contactos de Waldo Rojas al interior del plantel de educación que facilitaron el ingreso de Carrasco y posibilitaron su explosivo ascenso.

isolux-corsanMauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (ver sentencia). Carrasco, quien apeló a la condena, reconoció que recibió coimas que hasta ahora ascienden a casi $50 millones. Buena parte de esos dineros, según reconoció Carrasco, se lo entregó el propio Waldo Rojas en efectivo y en bolsos negros, en distintos puntos de la capital. Posteriormente la ex autoridad de la Usach depositó por goteo las platas en sus cuentas de los bancos Estado y de Chile.

La ruta de los pagos ilícitos recibidos por quien llegó en tiempo récord a ser el custodio de las platas de la Usach, no solo conduce a Isolux. Hay otras tres empresas actualmente investigadas por soborno y que también se adjudicaron millonarias obras en esa universidad. Una de ellas es la filial chilena de la coreana LG Electronics. Waldo Rojas también le pagó coimas a Carrasco para que la empresa obtuviera un contrato en la Usach.

Aunque fundamental, Carrasco era solo una pieza del tablero en el que Rojas jugó su partida. El lobista operó con un séquito de colaboradores, quienes facilitaron facturas que se presume son ideológicamente falsas y que sirvieron para blanquear los pagos ilícitos provenientes de Isolux-Corsán y LG. En esa red de boleteros aparece el conocido operador político Alexis Yáñez Alvarado –funcionario de los gobiernos de la Concertación y con redes transversales en el mundo político– y el prestamista Fernando Cassorla Albagli, quien años atrás se convirtió en uno de los hombres más poderosos del fútbol. A través de su empresa de factoring, Cassorla llegó prácticamente a controlar los ingresos del club Colo-Colo justo antes de su quiebra en 2002.

Según la indagación de CIPER, las labores de Waldo Rojas Soto en representación de Isolux no se concentraron solo en la Usach. El 10 de septiembre de 2012 Rojas firmó un contrato con la trasnacional española para la “prestación de servicios en consultorías” en el que se pactaron honorarios para el lobista calculados en base a un porcentaje variable sobre el monto total de los contratos que la compañía obtuviera en Chile. Entre los proyectos de interés que se mencionan en el acuerdo se encuentran: los puentes Maule (Séptima Región) y Bicentenario (Región del Biobío); el Túnel de Agua Negra (corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, Región de Coquimbo); el proyecto Valle de los Vientos (Región de Antofagasta); y la termoeléctrica de Concón (un proyecto de Enap en la Quinta Región).

Entre 2012 y 2014, Isolux obtuvo en Chile siete millonarias licitaciones de entidades públicas por más de $140 mil millones (ver reportaje). Entre los proyectos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Isolux en esos años y que se mencionan en el contrato de prestación de servicios de Waldo Rojas están los puentes Maule y Bicentenario. CIPER obtuvo un correo electrónico fechado el 27 de agosto de 2013 en el que altos directivos de Isolux-Corsán comentan entre sí cómo gracias a un insistente lobby pudieron “salvar” algunas licitaciones en las que habían quedado marginados.

Como te habrás enterado en los puentes Biobío y Maule se escribió el dictamen que nos dejaba fuera por las sanciones dispuestas en contra de Copasa (compañía con la que se asoció Isolux para algunos proyectos) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de Obras Públicas, del Congreso, el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato”, escribió el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, quien operaba desde Buenos aires (ver correo electrónico).

Quien encabezaba el MOP cuando se le otorgaron a Isolux esos contratos era el ex precandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. El entonces jefe de gabinete del área jurídica de ese ministerio era Francisco Toyos Jofré, quien también se había desempeñado como asesor del mismo Golborne cuando éste estuvo a la cabeza de la cartera de Energía. Un dato que no deja de ser llamativo es que el 19 de julio pasado, Toyos creó la sociedad Consultora San Pancracio en sociedad con Diego Mizón Espinoza. En la querella que presentó el CDE, Mizón Espinoza es identificado como la “persona de confianza de Waldo Rojas” que retiraba desde las oficinas de Isolux los cheques de las facturas truchas facilitadas por el círculo del lobista y empresario (ver N.de la R.).

HISTORIAL DE LÍOS JUDICIALES

El polémico historial de Waldo Rojas ya arrastraba varios capítulos, como el que se escribió de la mano del proceso de disolución de la isapre Promepart, de la que fue gerente comercial y, más tarde, representante legal. A los directivos de Promepart –que se acogieron a un convenio judicial preventivo de quiebra en 2005–, se les acusó de oscuros manejos administrativos y de ejecutar operaciones ficticias con empresas relacionadas, causando millonarios perjuicios a un centenar de socios, accionistas y trabajadores.

Waldo Rojas Soto (Fuente: Facebook)
Waldo Rojas Soto (Fuente: Facebook)

La sombra de Promepart ha seguido a Waldo Rojas por varios años y en su calidad de representante legal de la comisión liquidadora de la empresa ha debido enfrentar en los últimos años juicios de cobranza. En 2008, durante un viaje de negocios a Bogotá, vivió un embarazoso episodio. Una persona cercana a Rojas recuerda que una tarde en la que éste se encontraba de compras en un centro comercial de la capital colombiana, debió irse intempestivamente del lugar. En ese mismo mall, a esa misma hora, también se encontraba ahí una inversionista colombiana a la que años antes Rojas había invitado a participar de Promepart. Según el relato, la mujer habría alcanzado a increparlo.

En un email con fecha 23 de marzo de 2009 al que tuvo acceso CIPER y que fue enviado a una de las víctimas chilenas de la desaparecida isapre, la hija de la colombiana afectada por la supuesta estafa de Rojas explica el episodio: “Mi mamá invirtió en una empresa Promepart allá en Chile, donde Waldo Rojas y sus secuaces le vendieron supuestamente una cartera de esa empresa, después le ofrecieron esta vida y la otra, pero todo fue mentira”.

CIPER se contactó por correo electrónico con la mujer que escribió el email. La respuesta, por la misma vía, fue la siguiente: “Sí, fuimos víctimas de un engaño por los señores en mención (refiriéndose a Waldo Rojas y otros directivos de Promepart)”.

A esas alturas Waldo Rojas ya estaba embarcado en un nuevo emprendimiento: Alta Dental. En una entrevista al diario La Tercera de abril de 2008, Rojas se refirió a la por entonces exitosa iniciativa respaldada por Corfo y la incubadora de negocios Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez: “Resolvemos los problemas odontológicos de la población más vulnerable, a precios bajos, con especialistas de excelencia y con insumos de alta calidad”.

En mayo de 2010, Rojas y su socio en Alta Dental fueron formalizados por el delito de estafa. Centenares de pacientes en Santiago, Valdivia y Concepción habían pagado por adelantado costosos tratamientos que quedaron inconclusos. El 19 de abril de 2013, Waldo Rojas, quien además era gerente general de la empresa, fue sobreseído luego de llegar a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento. Según El Mostrador, como salida alternativa Rojas propuso a la Fiscalía pagar un 25% de las deudas.

EL LOBISTA DE ISOLUX

A principios de junio de 2012, Mauricio Carrasco Torres fue contratado a honorarios por la Universidad de Santiago (Usach) para elaborar propuestas de implementación y seguimiento en la asignación de beneficios estudiantiles. Sus honorarios ascendían a poco más de $1,5 millones.

Pocos meses después, en octubre de 2012, Carrasco fue nombrado director de Administración y Finanzas, un puesto de alta jerarquía entre las autoridades del plantel y de absoluta confianza del rector. En seis meses el sueldo de Carrasco se triplicó ($4,5 millones).

En la querella del CDE contra Waldo Rojas, se cita como antecedente que la investigación del Ministerio Público logró establecer que Carrasco entró a trabajar en la Usach con “apoyo de su amigo Waldo Rojas Soto, a quien había conocido años antes cuando trabajaba en el Ministerio de Educación”. Lo que sugiere esa línea de investigación es que los casi $50 millones en coimas recibidas por Carrasco serían parte de una operación cuidadosamente diseñada por Rojas para extraer recursos –vía licitaciones truchas– desde el plantel estatal de educación superior.

Consultado respecto de la llegada de Carrasco a la Usach, el rector de plantel, Juan Manuel Zolezzi, entregó en abril del año pasado a CIPER una versión distinta a la acuñada por la Fiscalía:

Waldo Rojas y Luis Horacio Rojas
Waldo Rojas y Luis Horacio Rojas

–Él era el encargado de la parte de la asignación de becas y créditos en el Ministerio de Educación. Me tocó conocerlo porque a esta universidad se le quitó recursos de becas y créditos durante 2008 y 2010. Cuando salió del ministerio, le dije ándate a la universidad para ver el tema de la asignación de becas. Y aceptó. Él tenía cierta habilidad en términos de administración y se le pidió después que se hiciera cargo de la dirección de Administración y Finanzas –dijo Zolezzi, quien negó conocer a Waldo Rojas (ver entrevista).

Es sabido que Waldo Rojas tiene llegada en el mundo radical y masón. En ese círculo aparece un hombre clave: Luis Horacio Rojas Mansilla, su primo y hombre cercano al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR). Rojas Mansilla fue jefe de gabinete de Gómez cuando éste se desempeñó como ministro de Justicia entre 2000 y 2003. En agosto de 2007, José Antonio Gómez y Luis Horacio Rojas, junto a un tercer socio, crearon la Inmobiliaria GKD Limitada. No era la primera aventura empresarial de Rojas Mansilla: en 1989 había constituido junto a su primo, Waldo Rojas, la sociedad Transportes y Comunicaciones Congreso y en 1992 la consultora SGE Limitada.

En los últimos meses del primer gobierno de Michelle Bachelet, Rojas Mansilla, quien también fue miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entre 2007 y 2010, volvió a aparecer por la cartera de Justicia como asesor del entonces ministro Carlos Maldonado, también de las filas del Partido Radical.

No hay niguna evidencia que vincule a Rojas Mansilla con las gestiones de su primo para favorecer a Isolux. Versiones recogidas por CIPER, sin embargo, indican que en al menos una oportunidad gestionó una reunión entre Waldo Rojas y José Antonio Gómez. La cita habría ocurrido en agosto de 2007 –cuando Gómez era senador por la Región de Antofagasta– y en ella Waldo Rojas le habría pedido ayuda para que le tendiera puentes con el Ministerio de Justicia con el fin de ofrecer los servicios de Alta Dental a Gendarmería y al Registro Civil. No hay registro de que Gómez haya realizado gestiones. Contactado por CIPER, el ministro no quiso referirse al tema, mientras que Rojas Mansilla no estuvo ubicable.

Con quien también Waldo Rojas habría labrado vínculos de cercanía –que a la larga resultarían clave– fue con el ex senador de la DC y luego líder del PRI, Adolfo Zaldívar (falleció en 2013). El puente habría sido un viejo conocido de Rojas: Juan Carlos Osega Narea, histórico hombre de confianza de Zaldívar y su jefe de gabinete cuando se desempeñó como embajador en Argentina. Además de amigos, Rojas y Osega se convirtieron en socios: en enero de 2013 crearon la sociedad Sortis SpA para ofrecer consultorías en grandes proyectos de infraestructura.

El periodo en que Zaldívar y Osega se desempeñaron en la representación diplomática en Argentina coincide con el momento en que Waldo Rojas estrechó vínculos con los máximos directivos de Isolux-Corsán, que desde Buenos Aires manejaban todas las operaciones de la compañía para el Cono Sur.

En septiembre de 2012, Rojas firmaría un contrato con Isolux-Corsán de “prestación de servicios en consultoría”, cuyos honorarios corresponderían a un porcentaje del valor total de las obras que la compañía lograra obtener con su gestión. Se trataba de un contrato “subrogable a filiales”, por lo tanto aplicable a la agencia que Isolux tiene en Chile desde 2004 (Isolux Agencia Chile).

El contrato formalizó las labores que Rojas ya venía realizando para la multinacional. Los puentes Maule y Bicentenario habían sido adjudicados por el MOP a Isolux en marzo y abril de 2012, y allí las gestiones de Waldo Rojas habían resultado decisivas.  De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, en aquella reunión en la que el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, asegura haberse sentado con el ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, para revertir la decisión que los dejaba fuera de la licitación de dos puentes, Waldo Rojas estuvo presente.

CIPER pudo comprobar que el lobista recibió cuantiosos pagos por su intervención en esos dos proyectos. El 29 de agosto de 2013 Rojas entregó a Isolux una factura –que se presume es ideológicamente falsa– por $61 millones perteneciente a la sociedad Inversiones Río Claro Limitada. En el documento (factura N°93) se señala “Movimiento de tierra y áridos de obras denominadas Puente de Maule y Puente Centenario”.

Tras esas gestiones, la energía del lobista de Isolux se concentró en la Usach.

OPERACIÓN USACH

En noviembre de 2013, la universidad le adjudicó a Isolux-Corsán una licitación por $9.500 millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos. Entre los miembros de la comisión que evaluó esa licitación estaba Mauricio Carrasco, quien también participó del diseño y redacción de las bases. Según un correo electrónico al que CIPER tuvo acceso, dos meses antes de que la comisión resolviera la adjudicación, Isolux ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación: “Un dictamen de la comisión que obra en mi poder aconseja la adjudicación a (Isolux) Corsán”, escribió el 27 de agosto de 2013 Goycoechea a sus superiores en España.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.
Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

Tras la adjudicación, los problemas no tardaron en llegar. A mediados de 2014 la obra llevaba varios meses de atraso, sin embargo la Usach le había cursado a Isolux anticipos que no correspondían por más de $1.400 millones. Fue en junio de 2014, tal como reveló CIPER (ver reportaje), cuando Mauricio Carrasco, el encargado de autorizar los pagos, aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil en Belo Horizonte.

Pero esa no fue la única “gratificación” que recibió Carrasco a cambio de favorecer a Isolux. De acuerdo a su propia confesión ante los fiscales, a fines de marzo de 2014 Waldo Rojas le había entregado $15 millones en efectivo en un bolso negro. La operación se llevó a cabo en un café de calle Huérfanos, en el centro de Santiago. A principios de junio la maniobra se repitió. Fue el mismo monto, pero está vez el lugar escogido por Rojas fue un café de avenida Apoquindo, en Las Condes.

La millonaria adjudicación en la Usach le había significado a Rojas firmar un acuerdo específico con Isolux –anexo al contrato comisionable de septiembre de 2012–, para financiar la operación y retribuirle por sus gestiones. Se pactaron $300 millones y quien aparece como contraparte de la compañía española en ese contrato, firmado los primeros días de enero de 2013, es la sociedad Tangerine S.A., propiedad del conocido prestamista Fernando Cassorla Albagli. Ese año Tangerine prestó también servicios de propaganda electoral a varias figuras políticas en época de campaña: Guido Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Carlos Montes (PS), aparecen entre sus clientes, según la base de datos del Servicio Electoral (Servel).

El contubernio entre Waldo Rojas y Mauricio Carrasco no se limitó únicamente a la construcción del edificio docente adjudicado a Isolux. La intervención del prestamista Fernando Cassorla, también propietario de la empresa Factoring de Chile, tampoco.

DE ISOLUX A LG ELECTRONIC

A mediados de 2012, Waldo Rojas se acercó a Carrasco –quien ya era funcionario de la Usach– para ofrecerle la instalación de luminarias LED en varios recintos de la universidad. En esos momentos, además de Isolux-Corsán, el lobista Rojas tenía un acuerdo de representación con la empresa LG Electronics Inc. Chile. A principios de enero de 2013 LG obtuvo un contrato por trato directo con la Usach –autorizado por Carrasco– por $117,5 millones. Carrasco fue nuevamente premiado por Rojas: a principios de 2014, recibió de manos del lobista $8 millones en efectivo.

De acuerdo a lo que ha podido establecer el Ministerio Público, los dineros que habría recibido Rojas de parte de LG por su exitosa gestión fueron triangulados a través de la empresa Tangerine de Fernando Cassorla. El 6 de enero de 2014, Tangerine –al igual como lo hizo con Isolux– suscribió un acuerdo con la filial chilena de la multinacional coreana por asesorías. Para entonces, la sociedad de Cassorla ya le había facturado en dos oportunidades a LG por “concepto de asesoría y soporte del levantamiento técnico condiciones propuesta iluminación LED”. Los montos de ambas facturas, también bajo sospecha de ser ideológicamente falsas, suman poco más de $23 millones.

De acuerdo a correos electrónicos incautados por la Fiscalía, en ocasiones era el propio prestamista el que escribía a Isolux para apurar el pago de las facturas. Uno de esos mensajes data de fines de 2013 y en él Cassorla le escribe al contador de la multinacional española en los siguientes términos: “Consulta por facturas pendientes, entre ellas las de Waldo”.

Tal como reveló CIPER en un reportaje publicado en agosto del año pasado, el representante legal de LG en esa época era José Miguel Lira López, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por falsificación y uso malicioso de documento privado y está acusado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones. Además, lo acusan de pagar cerca de $1.200 millones a asesores externos y a funcionarios municipales para ganar de forma irregular licitaciones de luminarias LED en distintos municipios del país, servicios que no están acreditados en la contabilidad de la compañía (ver reportaje).

En la investigación sobre CAVAL existe un testimonio que liga a la empresa de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero con LG en la misma época en que Waldo Rojas operaba para la firma coreana. Según declaró Patricio Cordero, formalizado en la causa, Valero tenía un acuerdo con LG para comercializar luces LED.

Waldo Rojas y Sebastián Dávalos
Waldo Rojas y Sebastián Dávalos

A ese dato se suma un email con fecha 16 de octubre de 2013, enviado por Valero al gerente de proyectos de CAVAL, Sebastián Dávalos Bachelet, en el que ambos se coordinan para enviarle información de LG a un contacto en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) del municipio de Peñalolén.

Seba: la info está solicitada a LG, debiéramos esta semana enviar todo a Pablo”, le escribió Valero a Dávalos. “Ok, boss”, le respondió. No hay registro de que esas negociaciones hayan prosperado.

Un tercer caso, también fraguado en los pasillos de la Usach, pesa sobre la fecunda dupla Rojas-Carrasco. A mediados de 2014, la Usach le adjudicó a la empresa Comercial e Industrial Keller Limitada una licitación por $419 millones para reparar y reforzar uno de los edificios del establecimiento. A varios meses de iniciada la obra, Carrasco autorizó pagos y omitió cobros de multas, pese al evidente atraso del contratista. A mediados de 2014, Mauricio Carrasco recibió $5 millones en efectivo de manos de uno de los socios de la empresa, Víctor Cornejo Moreno, hoy también querellado por el CDE por soborno (ver querella).

De acuerdo a la confesión de Carrasco ante los fiscales, luego de recibir el soborno de Cornejo, Waldo Rojas lo llamó por teléfono pidiéndole apurar un pago para Keller.

Una cuarta empresa está siendo investigada por la Fiscalía. Se trata de la sociedad Panco Eirl, de propiedad del constructor civil Fernando Barroilhet Díez. Ello luego de que se detectara en la cuenta vista del Banco de Chile de Carrasco el rastro de un pago por $4 millones realizado por Barroilhet. En febrero de 2014, Carrasco le había adjudicado a Panco una obra de construcción en la casa central de la universidad por $74 millones (ver querella).

TRIANGULACIONES SOSPECHOSAS

Entre las facturas que están siendo examinadas con lupa por los fiscales aparecen algunas relacionadas a dos empresas vinculadas al conocido lobista y ex operador político de la Concertación Alexis Yáñez Alvarado (ver reportaje de CIPER). Se trata de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de Praxis Limitada.

CIPER tuvo acceso a tres facturas emitidas por estas sociedades a Isolux-Corsán entre marzo y mayo de 2014, por un total de $190 millones. Dos de ellas detallan supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de la Usach y una tercera, la de Praxis, fue emitida a la filial de la compañía española en Chile por concepto de “Asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción” (ver facturas).

Al menos en dos oportunidades los cheques emitidos por Isolux a nombre de la Constructora Santa Sofía de los Ángeles, fueron retirados por quien es sindicado en la querella del CDE como uno de los recolectores de los dineros pagados por la compañía española a Rojas. Se trata de Diego Mizón Espinoza –actual socio de Francisco Toyos, ex asesor jurídico del MOP y de Energía– quien firmó y retiró cheques por $71 millones y por $20 millones desde las oficinas de Isolux en la comuna de Providencia. Hay constancia además de que Mizón recogió un tercer cheque por $98 millones pagado contra una factura entregada por una sociedad de nombre Comercializadora Díaz Hermanos, también bajo investigación. CIPER intentó sin éxito contactarse con Mizón.

Además de Tangerine, Constructora Santa Sofía de los Ángeles, Praxis, Inversiones Río Claro y Comercializadora Díaz Hermanos, en esta red de emisores de facturas presuntamente falsas aparece una sexta empresa: Sierra Leona Construcciones.

CIPER tuvo acceso a dos facturas emitidas por Sierra Leona a Isolux en enero y febrero de 2013 por $133 millones. En el documento de la empresa dedicada a la comercialización de áridos y movimiento de tierra se detalla: “Servicio de ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas).

El dato es relevante pues indicaría que Waldo Rojas, además de intervenir en las licitaciones de la Usach y del MOP para los puentes Biobío y Maule, también habría realizado gestiones para la obtención de esa obra, adjudicada a Isolux por el Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en diciembre de 2012 por un total de $16.700 millones.

 

TÍO Y SOBRINA

Natalia Compagnon
Natalia Compagnon

La estrecha cercanía entre el ingeniero comercial Waldo Rojas y su sobrina política Natalia Compagnon no es un misterio. Casado con Gricela Soto Acevedo, hermana de la mamá de Natalia, la impronta de Waldo Rojas se asoma en cada uno de los hitos que definieron la vida profesional de la esposa de Sebastián Dávalos. Fuentes citadas por El Mostrador indican que Rojas se jactaba de haberle pagado la universidad a Compagnon. De acuerdo a versiones recogidas por CIPER, el ingeniero comercial al menos habría influido en la decisión de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet de congelar sus dos años de estudio de Derecho en la Universidad Central para cambiarse a Ciencias Políticas –carrera que también estudiaba Sebastián Dávalos– en el mismo plantel de educación superior. A Waldo Rojas se le ha definido como el mentor de Natalia Compagnon en los negocios. Al cumplir los 32 años, Compagnon ya había constituido cinco sociedades: de inversión, consultoras y una inmobiliaria. En enero de 2007 creó Asesorías Asia Pacific Brokers y para ello fijó domicilio en la misma dirección de Ñuñoa donde reside el matrimonio Rojas-Soto. Compagnon también vivió allí un tiempo.

Otra de las empresas creadas por Compagnon en febrero de 2012 fue CAVAL, protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. En la génesis de la cuestionada empresa, Waldo Rojas también habría tenido una cuota de participación. Fue el propio lobista quien presentó a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero Illanes, el socio de la nuera de Michelle Bachelet en ese polémico emprendimiento.

Luego de conocerse los términos de una polémica y millonaria operación inmobiliaria en Machalí, los propietarios de CAVAL se encuentran actualmente formalizados por el Ministerio Público: ambos por delitos tributarios y Valero, además, por soborno en calidad de autor (ver reportaje de CIPER).

 

N. de la R.: Con posterioridad a la publicación de este reportaje, CIPER recibió respuesta del abogado Francisco Toyos, a quien contactamos sin éxito durante el desarrollo de esta investigación. En su respuesta, enviada por correo electrónico, Toyos indica que conoció a Diego Mizón –quien es sindicado en la investigación como la “persona de confianza de Waldo Rojas”– el segundo semestre de 2015, luego de que éste lo contactara para que asumiera su defensa penal en la causa por sobornos y cohecho en la Usach.

Agregó que en la Consultora San Pancracio, constituida en julio pasado y en la que aparece como socio junto a Diego Mizón, participa solo nominalmente y que fue su defendido quien le pidió que apareciera en su calidad de abogado, pero “sin facultades de injerencia en su administración y toma de decisiones, bajo compromiso de posteriormente ceder mi participación en las acciones de dicha sociedad”.

Las interrogantes de la hermética compra de los helicópteros Black Hawk de la FACH

La mañana del jueves 31 de marzo, en pleno desarrollo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Jorge Robles Mella, recibió la visita de tres gestores de intereses. El encuentro se concretó en el chalet C del recinto ferial de Pudahuel y se extendió por poco más de una hora. La cita quedó registrada en la plataforma de lobby de la institución, donde también se informó escuetamente sobre la materia tratada en esa reunión: “Problemas de mantenimiento del helicóptero S-70 de la Fach y saludo protocolar con motivo de la Fidae”.

De lo que no quedó rastro en el registro de la audiencia fue de a quién representaban y para quién trabajaban las personas que visitaron al general Robles. En el documento sólo se especificó que los asistentes venían en representación de sí mismos (ver registro de audiencia). Pero las tres personas que se presentaron ese día a las 09:45 en el recinto de la Fidae no asistieron únicamente como personas naturales. Dos de ellos, Adam Schierholz y Freddy Hernández, son altos ejecutivos y representantes para América Latina de la norteamericana Sikorsky (filial de la multinacional Lockheed Martin), un peso pesado en el negocio de la fabricación y venta de helicópteros, entre ellos del popular Black Hawk. El tercer integrante del comité: Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ese episodio, Campos Montecinos pasó a retiro.

 Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)
Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)

La cita que reunió a fines de marzo en la Fidae al general Robles con Schierholz, Hernández y Campos, sería un hecho aislado si no fuera porque justo en esos momentos la Fach analizaba las ofertas presentadas por cuatro compañías –Sikorsky, entre ellas– para concretar una millonaria compra de seis helicópteros multipropósito medianos, en un proceso formal de adquisición iniciado en septiembre de 2015. Cinco meses más tarde de esa reunión en la Fidae –y a un año de abierto el proceso de adquisición–, la Fach anunció el 3 de septiembre pasado que había concretado la compra de seis helicópteros Black Hawk S-70i a Sikorsky (ver nota).

Ya en 2009 la institución había hecho público su interés por integrar a su potencial bélico una partida de helicópteros multipropósito. Para entonces, el lobby de Sikorsky ya operaba al más alto nivel: un cable de Wikileaks muestra cómo a principios de ese año el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo gestiones comerciales ante altas autoridades del país en favor de los Black Hawk.

Según un artículo de El Mostrador de julio de 2009, Patricio Campos Montecinos también habría realizado gestiones en esa fallida venta. Al ex general de la Fach ya se le identificaba como el lobista clave del proveedor de armas Conrado Ariztía O’Brien, propietario de la empresa que históricamente ha tenido la representación de Sikorsky en Chile: I-Systems. Según el registro de proveedores vigente de la Fach, I-System sigue siendo el representante oficial de Sikorsky (ver documento) y Conrado Ariztía su gerente general y representante legal (ver documento). Además de la compañía norteamericana, la empresa de Ariztía –que ha cerrado millonarios contratos con las Fuerzas Armadas y de Orden–, es la que representa en nuestro país a más de una docena de fabricantes internacionales de material de guerra (ver recuadro).

Conrado Ariztía siempre ha intentado tener un bajo perfil, condición que perdió cuando en 2003 la investigación por la polémica compra de 25 aviones Mirage identificó a una de sus sociedades offshore con domicilio en Bahamas, como una pieza del entramado financiero por el que circularon las comisiones irregulares recibidas por civiles y autoridades de la Fach.

El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”.

Jorge Robles Mella
Jorge Robles Mella

El anuncio por la prensa de la decisión de la Fach levantó polvo. Representantes de una de las compañías internacionales en carrera –la italiana Finmeccannica, ex Augusta Westland–, acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición. El 7 de septiembre pasado, los abogados de Finmeccannica presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento y solicitaron invalidarlo. También pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Pese a que la decisión de comprar los Black Hawk fue comunicada como un hecho consumado, desde la Fach señalaron a CIPER que no se referirían al tema debido a que el “proceso de adquisición aún está en ejecución con la empresa seleccionada” y a que están “a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto de una presentación que efectuó otra empresa participante”.

A la compra de estos helicópteros, se suma otra fuerte inversión anunciada a principios de marzo por el general Jorge Robles y que se materializará en el curso de los próximos dos años: la adquisición de dos aviones Basler BT-67 para reforzar los vuelos de la Fach a la Antártica, compra que rondaría los US$20 millones (ver aquí). La fabricante de los BT-67, la estadounidense Basler Turbo Conversions, también tiene intermediario en Chile. Su nombre: Patricio Campos Montecinos (ver documento).

UN LARGO PROCESO

Uno de los principales focos de atracción de la Parada Militar del 19 de septiembre pasado fue el fugaz sobrevuelo por la elipse del Parque O’Higgins del helicóptero de asalto Black Hawk S-70 de la Fuerza Aérea. Hasta ahora, es la única aeronave en su tipo con la que cuenta la Fach y fue adquirido en 1998, bajo la comandancia en jefe del ex general Fernando Rojas Vender.

Rojas Vender, que asumió su cargo en 1995, fue uno de los más cercanos contactos de Conrado Ariztía en la Fach desde que el intermediario de armas creara I-Systems en noviembre de 1985.

Fue el propio general Rojas quien en 1999 piloteó el Black Hawk adquirido un año antes a Sikorsky en un viaje histórico que conectó Punta Arenas con la base Amundsen-Scott en el Polo Sur (territorio antártico estadounidense). La proeza de Rojas Vender fue difundida por la empresa norteamericana en un comunicado en el que se aseguró que la Fuerza Aérea de Chile planeaba adquirir una nueva partida de helicópteros S-70 en los próximos años (ver nota en inglés).

Pero no fueron sólo loas las que cosechó Fernando Rojas Vender durante su mandato. Su gestión se vio empañada cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros oficiales de la institución, importaron muebles de rattán para uso personal haciéndolos pasar por pertrechos militares. Un artículo del diario La Nación (2008) agrega que en ese entonces también se cuestionó que la Fach favoreciera regularmente a la agencia de viajes de Conrado Ariztía –Turismo Marina Travel, creada en 1991– con compras de pasajes aéreos para el personal de la institución.

De la adquisición de una nueva partida de helicópteros Black Hawk que Sikorsky daba como segura en 1999, no se supo más hasta diez años después. En 2009 la Fach estaba en plena campaña para adquirir helicópteros destinados a transportar tropas y a operar en tareas de rescate ante desastres naturales. Sikorsky –ya representada por la empresa de Conrado Ariztía– no se guardó municiones en su intento por vencer a su principal oponente en esa posibilidad de negocio: los Mi-17 fabricados en Rusia.

Paul Simons
Paul Simons

Un cable de Wikileaks fechado el 24 de febrero de 2009 da cuenta de las gestiones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, ante distintas autoridades para promocionar los helicópteros de Sikorsky: “El embajador Simons ha hecho convincentes presentaciones a nombre de Blackhawk (sic) tanto al comandante en jefe de la Fach (Ricardo Ortega) como al ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Sin embargo, pareciera que la decisión no es inminente” (ver cable en inglés).

A mediados de ese mismo año, la Fach anunció que había desechado la oferta de Sikorsky en favor de los Mi-17 rusos. Según publicó El Mostrador, el secretario de Comercio  de Estados Unidos, Gary Locke, envió una misiva a la Cancillería en la que habría manifestado su descontento por la decisión. En otro cable de Wikileaks, fechado el 24 de julio de 2009, el embajador Simons se refiere al impasse diplomático: “mientras la carta expresa decepción por la falta de un proceso de licitación abierto, en la prensa (el hecho) fue caracterizado como una queja de Estados Unidos ante la elección del modelo ruso por sobre el Black Hawk” (ver cable en inglés).

La compra de los helicópteros Mi-17 nunca se concretó. Una fuente de defensa señaló a CIPER que la adquisición fue objetada por la Contraloría en la puerta del horno: la Ley Reservada del Cobre no contemplaba entonces el financiamiento de material para operaciones ante catástrofes naturales.

INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO

Seis años después de la fallida compra del 2009, la Fach abrió un nuevo proceso de adquisición de helicópteros multipropósito medianos para tareas de rescate. A través de una “carta de requerimientos”, el 17 de septiembre de 2015 invitó a seis empresas a participar en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales. CIPER solicitó por Ley de Transparencia conocer las bases y matriz de evaluación con las que la Fach llamó a concurso, además de la lista de participantes (proveedores) del proceso de adjudicación. En un documento enviado a este medio el 4 de agosto, la Fach justificó la contratación por trato directo señalando que se trataba de “una inversión de carácter secreto”. En ese mismo documento denegó la solicitud de información debido a que “su divulgación genera el riesgo de afectar la seguridad de la Nación y hacer público el potencial bélico de la institución, exponiendo las capacidades estratégicas propias de la defensa” (ver documento). Lo curioso es que según versiones de prensa divulgadas por la propia Fach, los helicópteros serán utilizados como apoyo para rescate en zonas afectadas por desastres naturales. Además, uno de los participantes del proceso de adquisición asegura que no se les pidió cotizar equipamiento bélico para las naves.

Según la indagación de CIPER, sólo cuatro de las seis compañías contactadas por la Fach enviaron sus propuestas: Sikorsky con los Black Hawk S-70i; la italiana Finmeccannica con los AW 149; la franco-germana-española Airbus Helicopters con los Cougar; y Rosoboron Export, que comercializa los Mi-17 fabricados por la rusa Mil.

Fuentes que participaron del proceso, afirmaron a CIPER que se sorprendieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la Fach a las compañías que invitó a concursar. “Por ejemplo, establecieron un rango extremadamente amplio para la capacidad de carga del helicóptero: entre 6.500 y 13.000 kilos”, señaló a CIPER uno de los ejecutivos de las empresas participantes que pidió reserva de su identidad. Dentro de ese rango, explicó, algunos de los proveedores tienen más de un modelo, y no se entregaron detalles que permitieran concluir cuál era el adecuado para los requerimientos. La misma fuente aseguró que durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota. Desde la institución declinaron hacer comentarios.

José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer
José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer

Fue justo en mitad del proceso de selección (31 de marzo de 2016) que Patricio Campos Montecinos y dos altos ejecutivos de Sikorsky visitaron al comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles, en una audiencia en la que no quedó registro de la representación que ejercían. Coincidentemente, ese mismo día, el ministro de Defensa José Antonio Gómez recibió en audiencia a la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, y al embajador de ese país en Chile, Michael Hammer, en una reunión que tuvo como propósito “fortalecer los lazos bilaterales”, según un comunicado de la propia cartera.

El ministro Gómez –a quien le correspondió aprobar el proyecto de adquisición de helicópteros de la Fach– no estuvo disponible para atender las consultas de CIPER. Desde su entorno aseguraron que en la reunión de fines de marzo con Deborah Lee James no se tocó el tema de los helicópteros Black Hawk.

El embajador Hammer respondió a las consultas de CIPER por escrito, poco antes de dejar la representación diplomática en Chile. No confirmó ni desmintió haber hecho gestiones en favor de Sikorsky: “Una de las principales funciones de las embajadas de Estados Unidos en el exterior es apoyar el comercio y la inversión y, en este contexto, nos reunimos habitualmente con empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Chile”, dijo.

El 3 de septiembre pasado, la Fach dio a conocer que la ganadora del proceso de adjudicación de los seis helicópteros multipropósito medianos había sido Sikorsky, empresa que en Chile es representada por el intermediario de armas Conrado Ariztía. Cuatro días más tarde, la italiana Finmeccannica presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se invalidara la adjudicación. Acusó falta de transparencia en el proceso y, entre otras cosas, que en ningún momento –pese a la insistencia del fabricante italiano– la Fach dio a conocer los contenidos y fundamentos de la matriz de evaluación” que se utilizó para calificar las propuestas de los proveedores (ver escrito).

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y será el máximo tribunal el que resolverá en última instancia. Paralelamente, los abogados de Finmeccannica presentaron los antecedentes en la Contraloría General de la República, la que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la compra.

La decisión de la Fach también ha levantado críticas entre expertos en defensa que ponen en cuestionamiento la pertinencia de la adquisición. El analista Eduardo Santos calificó la compra de los helicópteros de Sikorsky como un error. “Desde el punto de vista técnico la Fach no ha sido muy cuidadosa con sus compras. El Black Hawk técnicamente es un muy buen helicóptero, no tengo nada que decir. Pero no es el que hoy necesita Chile, porque esa capacidad ya la tiene el Ejército con los helicópteros Cougar. Se trata de una duplicación de capacidades, con dos modelos distintos, lo que da cuenta de la falta de conducción conjunta de nuestra fuerza militar”, señaló Santos a CIPER.

LA DUPLA ARIZTÍA-CAMPOS

La reunión del ex general de aire Patricio Campos y los altos ejecutivos de Sikorsky con el general Robles en pleno proceso de selección de proveedores, agrega un nuevo capítulo al polémico historial de Conrado Ariztía, representante de la compañía norteamericana, con la Fach.

Tanto Ariztía como Campos –a quien distintas fuentes identifican como el principal lobista del intermediario de armas– no han sido personajes secundarios en el círculo de la Fuerza Aérea. El primero se ha posicionado desde los ’80 como uno de los proveedores favoritos de la Fach; el segundo llegó a ser quinta antigüedad de la institución y encabezó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Conrado Ariztía salió del anonimato al estallar el caso Mirage. En 1994, cuando la Fach decidía la compra de los aviones que reemplazaría a la flota de Hawker Hunter, el intermediario representaba a Sagem, empresa subsidiaria de Dassault, el fabricante francés de los aviones Mirage. Y aunque la Fuerza Aérea finalmente se decidió por los 25 aviones Mirage V de la empresa belga Sabca –también filial de Dassault y representada por el lobista checo y amigo de Ariztía, Carlos Honzik–, el negocio lo benefició de todos modos: la tecnología de los aviones belgas estaba obsoleta. Según un artículo del diario La Nación, en 1996 Sagem se ganó un contrato de más de US$20 millones para proveer a la Fuerza Aérea de esa tecnología. Entre 1995 y 1997, Ariztía recibió un total de US$1,8 millón de la empresa Sagem en cuentas en el extranjero.

black-hawk-sikorsky-wikimediaEl estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

En 2003, cuando los tribunales belgas levantaron el secreto bancario de cuentas relacionadas a algunos de los protagonistas del escándalo de los Mirage, se conoció que Conrado Ariztía había recibido US$1,7 millón en una cuenta de la sociedad offshore Intercountry Holdings de su propiedad. Quién giró esos dineros fue precisamente su amigo Carlos Honzik, encargado de repartir los US$15 millones iniciales.

Patricio Campos Montecinos era la quinta antigüedad de la Fach y director de la DGAC cuando pasó a retiro en septiembre de 2002. Hasta entonces, su carrera había avanzado sin problemas. Fue agregado aéreo en Brasil cuando Heraldo Muñoz era embajador en ese país. Fue ratificado en 1999 por Eduardo Frei como comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea y luego por Ricardo Lagos cuando fue nombrado director de la DGAC. El año 2000 fue designado por el entonces comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos, como encargado de recopilar información para la Mesa de Diálogo (constituida en 1999) sobre el paradero de los 55 detenidos desaparecidos atribuidos a la Fuerza Aérea. Dos años después fue procesado por el ministro Mario Carroza por obstrucción a la justicia, cuando se supo que, de los 23 casos que recabó, sólo entregó 18 nombres.

La información que tenía sobre los otros cinco –Juan Orellana, Ignacio González, Ricardo Weibel, Víctor Vega y José Sagredo– fue omitida y destruida por Campos. En septiembre de 2002, el diario La Nación publicó una serie de reportajes que terminarían por sepultar su carrera. En ellos se reveló la supuesta rearticulación del Comando Conjunto dentro de la Fach para desvirtuar y ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Colmillo Blanco” –nombre que le dieron al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, para protegerlo–, denunció además que la esposa de un general de la Fach había participado en el grupo como agente: Viviana Ugarte Sandoval, también conocida como la “Pochi”, que en agosto pasado, según informaron medios de prensa fue condenada a siete años de presidio por asociación ilícita y cómplice de los secuestros de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches en 1976.

Poco después de la publicación de La Nación, Campos Montecinos, esposo de la “Pochi”, colgó su uniforme. El ex general de la Fach fue absuelto en diciembre de 2007. En 2005, el cambio al Código Procesal Penal estableció que el delito de obstrucción a la justicia sólo correspondía a casos en que se obstaculizara la investigación del Ministerio Público, y no de los Tribunales de Justicia, como era en el momento en que se acusó e investigó a Patricio Campos (ver dictamen).

CIPER intentó contactar a Patricio Campos y a Conrado Ariztía en distintos teléfonos, sin éxito. La casa donde históricamente funcionó I-Systems (comuna de Ñuñoa), hoy está sin muebles, ni moradores. De acuerdo a la versión entregada por vecinos, esa casa se vendió hace una semana.

LAS REPRESENTACIONES DE CONRADO ARIZTÍA

El negocio de la intermediación de armas es tan competitivo como jugoso. Así lo reconoce un comerciante de material bélico, quien señaló a CIPER que normalmente la comisión que se les paga por representar los intereses de compañías internacionales asciende al 2% de la venta. “Los norteamericanos pagan un poco más, depende de cada caso”, señaló.

I-Systems es un actor relevante en este mercado. No sólo representa a la norteamericana Sikorsky, también a una decena de compañías internacionales, principalmente italianas. Entre ellas Whitehead Sistemi Subacquei, fabricante de torpedos; Oto Melara, que produce las espoletas para municiones aéreas; y Simmel Difesa, fabricante de municiones y explosivos. También es intermediario de la australiana Codan, fabricante de sistemas de comunicación, y de la alemana Linsrechts, que produce sistemas de ayuda para el aterrizaje de helicópteros (ver todas las representaciones de I-Systems).

La DGAC ha sido otro nicho rentable para la empresa de Conrado Ariztía. Según registros del portal Mercado Público, entre 2006 y 2014, el organismo dependiente de la Fach le ha adjudicado 13 licitaciones a I-Systems –principalmente equipos de comunicación y repuestos–, por más de US$ 560 mil ($373,5 millones, al valor actual). Otras de las instituciones que han requerido de los servicios de la empresa de Ariztía son Carabineros, la Armada y Gendarmería.

De todos modos, esos montos son solo la punta del iceberg del millonario negocio que montó Conrado Ariztía en las últimas tres décadas. Producto del férreo secreto que aún impera en muchas de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas –tal como lo demuestra la reciente adquisición de helicópteros de la Fach–, no es posible aproximarse al volumen de dineros generados por sus actividades de intermediación.