Urgencia máxima para nueva Ley de Pesca: solo limita a 20 años licencias perpetuas

Pese a su origen espurio y al compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera, la Ley de Pesca no será modificada sustancialmente. El gobierno analiza tan solo reducir a 20 años las concesiones pesqueras que fueron entregadas a perpetuidad en 2012 a siete grupos económicos. A ello agregará modificaciones que buscan satisfacer algunas demandas de los pescadores artesanales y de otros grupos relacionados al rubro.

Personas que han participado en este ahora veloz proceso de modificación de la ley, dijeron a CIPER que la idea es avanzar en dos carriles, pero a dos velocidades distintas. Una vía rápida para enfrentar el problema “más grave” de la ley: acortar los plazos de las concesiones;  y, otra, más pausada, para resolver las peticiones de ordenamiento del sector. Ello le permitiría al gobierno poder negociar los cambios en el Congreso, para asegurar los votos que no tiene.

El punto de partida del gobierno es que, a pesar de la contundente evidencia judicial de que la industria pesquera cometió cohecho al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para aprobar esta ley de acuerdo a sus intereses, no se hará una modificación completa de los acápites de la ley que están impugnados.

Es cierto, el ordenamiento institucional chileno no da posibilidad de anular o derogar la llamada “Ley Longueira”. Y ello, no solo porque declarar la nulidad de una ley no lo contempla la Constitución. Lo más importante -y es lo que hoy prima entre las autoridades- es que modificar de raíz los artículos cuestionados por haber sido aprobados bajo cohecho, sería interpretado por la industria pesquera como una “expropiación”, lo que activaría demandas por indemnizaciones millonarias.

Para las grandes pesqueras, el derecho a pescar indefinidamente en el mar chileno, otorgado por la “Ley Longueira”, les pertenece. Y como desde que se abrieron los juicios por cohecho están conscientes de que existía el riesgo de que ese beneficio sea cuestionado, le han puesto alto precio a ese “derecho adquirido por ley”. Solo Camanchaca, la pesquera del Grupo Fernández, valorizó sus licencias en US$38,5 millones.

A pesar de que en el gobierno todavía hay quienes consideran que, no obstante los pagos ilícitos a algunos parlamentarios, la norma es positiva; el gobierno aún no descarta contratar una nueva evaluación independiente sobre la ley. Ese estudio debería dilucidar los impactos producidos desde su promulgación hasta ahora.

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José Ramón Valente, ministro de Economía

En marzo, en entrevista con CNN Chile (ver entrevista) el ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó: “Es probable que nosotros pidamos otro informe a otro organismo internacional para tener más antecedentes y así entregarle a los chilenos algo contundente, que tenga acuerdo transversal y que sea un acuerdo de una vez y para siempre”.

En 2016, después del escándalo por las evidencias de los pagos de las pesqueras a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca, el gobierno de Michelle Bachelet encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un análisis integral de la ley. Pero éste no se pronunció sobre el origen de la norma, ni el mecanismo de licitaciones, accesos a las pesquerías o determinación de cuotas, que son los temas más cuestionados de la normativa.

El Congreso, que lleva apenas un mes de funcionamiento tras el receso veraniego, ya tramita dos iniciativas que buscan modificar la Ley de Pesca. La primera, fue ingresada el 13 de marzo por el senador Manuel José Ossandón (RN), el dirigente de la coalición oficialista que le arrancó a Piñera la promesa de cambiar la norma. La segunda, una moción parlamentaria que el miércoles 14 de abril puso en primer lugar de la tabla el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros. La moción fue elaborada también por las senadoras Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC).

Posiblemente, estos veloces movimientos en el Congreso provocaron que el mismo miércoles 14 de abril, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, debiera anunciar en La Moneda que el Ejecutivo enviará cuatro proyectos de ley prioritarios al parlamento, entre los que figura la reforma a la Ley de Pesca. Sin precisar en qué fecha será presentada la iniciativa, la ministra solo agregó que será en un “plazo breve”.

El mismo suspenso le imprimió una semana antes el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, cuando fue interpelado por los seis senadores de la comisión respectiva: “Sucederá antes de lo esperado”. La velocidad que le imprimió ahora el gobierno a esta modificación legal, rompió con el suspenso: Riquelme anunció en La Tercera que será en los próximos 45 días.

EL PROBLEMA DE LOS 20 AÑOS

-Estoy seguro que con estos cambios podremos corregir inmediatamente los enormes defectos que tiene esta ley – dijo el senador Manuel José Ossandón a CIPER, quien presentó su proyecto el 13 de marzo.

En 2017, apenas terminadas las primarias de la derecha, en las que Manuel José Ossandón fue derrotado, una de las condiciones que puso para sumarse a la campaña de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, fue que se incluyera en el programa presidencial la modificación a la Ley de Pesca.

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Senador Manuel José Ossandón

“Sebastián Piñera se comprometió con una nueva Ley de Pesca, reconociendo que tiene que hacerse de nuevo. Para mí esa ley es corrupta, mal hecha. Derogarse no se puede, pero habría que enviar un nuevo proyecto de ley o modificarla profundamente”, enfatizó el senador tras la reunión en la que consiguió  la promesa del “cambio profundo”.

Ya antes de asumir este gobierno, el 28 de febrero, el ex alcalde de Puente Alto se reunió con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para informarle que su iniciativa ponía fin a las licencias renovables, estableciendo un nuevo llamado a licitaciones después de cumplidos los primeros 20 años adjudicados. Por esa misma fecha, Ossandón le informó también al ministro de la secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lo que se venía.

En su primera reunión con los integrantes de la Comisión de Pesca del Senado, el subsecretario Riquelme le adelantó a Rabindranath Quinteros (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena (Evópoli), que el gobierno cumplirá de “todos modos” con el compromiso de campaña del Presidente Piñera de modificar la Ley de Pesca. Lo que acotó a reglón seguido aumentó la preocupación de lo que se hará con esta ley espuria: les advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva.

La fórmula que baraja el gobierno se acerca al proyecto que ya presentaron tanto el senador Manuel José Ossandón como los senadores Quinteros, Muñoz y Goic. También a la que en 2010 planteó el primer ministro de Economía del anterior gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine (actual ministro de Obras Públicas).

Pero hay un nudo que podría anunciar el conflicto que se avecina. Y esa discusión se dará en torno a un acápite propuesto en el proyecto de los senadores Quinteros, Muñoz y Goic:

-El origen espurio que tuvo esta ley es algo reconocido por todo el mundo y debe ser zanjado. Pero antes de sentarse a conversar, hay que definir la propiedad de los peces –afirmó el senador Quinteros a CIPER.

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Gonzalo Blumel, ministro de la Segpres

Las versiones recogidas por CIPER indican que la idea del gobierno es llegar al Congreso en las próximas semanas con una reforma que pueda ser analizada “por partes”. Esta estrategia es parecida a la que usó Bachelet para conseguir la aprobación de algunos proyectos en el Congreso, sobre todo cuando los apoyos se vislumbraban tan esquivos como se estima que será esta tramitación. El oficialismo no tiene mayoría y, además, se enfrenta a un Poder Legislativo renovado y que no controla.

Ese diseño permitiría avanzar rápidamente en los puntos donde hay mayores acuerdos y negociar los artículos o capítulos más complejos. En ese contexto, el gobierno buscaría primero despejar el punto más conflictivo de la ley impugnada: la renovación automática de las licencias de pesca cada 20 años.

Sobre este punto, hay una convicción ya adoptada en el Ministerio de Economía, y en ello coinciden todas las personas consultadas por CIPER. Y ella sería que la vía más “razonable” para modificar la Ley de Pesca es terminar con la renovación automática y cambiarla por la oferta de que las empresas del rubro participen en una nueva subasta abierta y competitiva al año siguiente de que expiren las dos décadas iniciales que consagró la “Ley Longueira”.

Ello implica mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.

Así, si estos cambios se aprobaran en 2018, las grandes pesqueras podrán seguir usufrutuando de ese cupo o “derecho” hasta 2033 (las licencias fueron entregadas en 2013) y estarían obligadas a competir por otra licencia recién en 2034. Siempre y cuando a esa fecha todavía queden suficientes recursos pesqueros.

En los sondeos que ha hecho el gobierno en el Congreso, con una activa participación del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, esta opción es la menos resistida por la oposición. En la ex Nueva Mayoría, varios parlamentarios coinciden con el gobierno en que esta vía evitaría abrir un flanco mayor con las grandes pesqueras, que ya han dejado en claro que cambiar las reglas del juego no será gratis.

Acorde con lo que se plasmará en el proyecto, el gobierno ya les ha transmitido a los empresarios –aunque por vía informal- que la modificación a la Ley de Pesca buscará que “las licencias no sean para siempre”. Así lo reconocieron a CIPER representantes de esos gremios industriales.

EVITAR LAS INDEMNIZACIONES

Dada la convicción del gobierno de la forma en que enfrentarán el problema de fondo de la “Ley Longueira” (poniéndole fin a las licencias indefinidas), las conversaciones con las empresas pesqueras buscan evitar que la promesa de Piñera se convierta en un problema de Estado. Una nueva ley que podría provocar pagar grandes sumas de dinero a los industriales que se sientan “expropiados”.

Si ya la “Ley Longueira” es impresentable, estos nuevos pagos a la industria pesquera serían vistos simplemente como otro gran regalo para las “siete familias”.

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Roberto Angelini, presidente de Corpesca

En 2016, la administración Bachelet también intentó modificar el régimen de licencias otorgadas a las grandes pesqueras y se encontró con análisis legales que alertaban sobre la alta probabilidad de demandas contra el Estado e indemnizaciones millonarias. También se analizó invocar causales de caducidad ambiental y pesquera, pero la forma en que ello quedó plasmado en la redacción de la ley, solo aplicaría para la suspensión temporal de una licencia, pero no para su término.

Fue por eso que a fines de ese año, el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo con  tanta vehemencia que una eventual anulación de la ley de Pesca sería  “inconstitucional”.

El senador Quinteros reconoce que “los 20 años” es el principal problema que hoy enfrenta la modificación de la ley vigente. La única salida posible –afirmó a CIPER- sería incorporar en la reforma un primer párrafo que establezca que los recursos del mar son del Estado y de todos los chilenos. Ello permitiría al Estado poder invocar una expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.

En la tramitación de 2012, este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y también por la del Senado.

La ley vigente considera que las licencias, además de divisibles, transferibles y  transmisibles, son susceptibles de todo tipo de negocio jurídico: son un bien que como cualquier otro tiene valor económico.

Por ejemplo, Camanchaca, la pesquera ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, estableció en su Memoria de 2017 que el valor de las licencias de pesca que recibió del Estado alcanza a US$38,5 millones. Eso, a valor libro, pero si las llegase a ofertar en el mercado, su precio podría multiplicarse varias veces, sostienen agentes de la industria. Por lo mismo, en ese documento, la pesquera indica que actualmente los posibles cambios a la ley de 2013 que se discuten, “podrían perjudicar los intereses pesqueros de la compañía”.

Actualmente, el Ministerio Público investiga la participación de la mayor pesquera de Chile, Corpesca, controlada por el Grupo Angelini, y de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes), por el pago ilícito a políticos entre 2009 y 2013 (durante la tramitación de la Ley de Pesca).

Jaime Orpis
Jaime Orpis

El 5 de marzo el Ministerio Público presentó cargos en contra de siete personas, entre ellas, el entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. De hecho,la propia Corpesca, como persona jurídica, está acusada de cohecho ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pidió el pago de una multa de 20.000 UTM (US$1,6 millones aproximadamente) por incumplimientos a la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A pesar de ello, el 9 de abril, en su carta a los accionistas, el presidente de Corpesca, Roberto Angelini, desestimó la investigación judicial diciendo que “la empresa como tal es totalmente ajena”.

Los dichos de Angelini son respaldados por los industriales del sector, quienes acusan que la reforma a la Ley de Pesca solo tiene una motivación política. Tras participar en las reuniones con el actual subsecretario de Pesca, a mediados de marzo, la nueva presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, dijo a los medios que “estamos abiertos a trabajar por la perfección de la ley, creemos que es perfectible, pero antes de trabajar cambios específicos, el Estado debe hacerse cargo de los reales problemas (…), que tienen que ver con la pesca ilegal, con la sustentabilidad de los recursos, la precariedad laboral en el sector artesanal, con mantener certeza y estabilidad jurídica y la mejora en la investigación”.

Todas estas declaraciones hacen caso omiso de lo que ya ha establecido la investigación del Ministerio Público. Uno de los puntos fuertes de esa causa son los 21 años de presidio efectivo que la Fiscalía pidió para el ex senador, Jaime Orpis (UDI), al que se le acusa de cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco. Es la condena más alta que se ha pedido para un político chileno por corrupción en las últimas décadas.

La Fiscalía acusa a Orpis de favorecer a Corpesca mientras era senador tras recibir pagos de la compañía por $233 millones mientras se tramitaba la Ley de Pesca. El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, también ha sido investigado por los aportes financieros ilícitos de las pesqueras.

Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca
Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca

A pesar de las declaraciones públicas, en el ámbito interno la industria pesquera ha acusado el golpe del cohecho que impregna la “Ley Longueira”. Poco después de que se iniciara la investigación judicial, Corpesca despidió a su gerente general, Francisco Mujica, y Asipes sacó a su dirigente máximo: Luis Felipe Moncada. Y hay más, porque el año pasado esta misma asociación gremial –cuyas operaciones están en Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé- estableció una serie de normas internas para evitar nuevos casos de cohecho.

La investigación del Ministerio Público se inició en junio de 2013, luego de que CIPER revelara que un asesor de la entonces diputada Marta Isasi había entregado boletas falsas a Corpesca. Un financiamiento ilícito que fue ratificado por el gerente Francisco Mujica a CIPER (ver reportaje). Después, aparecerían los pagos ilícitos al senador Orpis (integraba la Comisión de Pesca del Senado) y los polémicos correos del presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, a Jacqueline Van Rysselberghe (presidenta de la UDI, ver aquí reportaje). Otra investigación de CIPER provocó la destitución del subsecretario de Pesca del gobierno de Bachelet, Raúl Súnico (ver reportaje), quien también recibía pagos ilícitos de Asipes.

MONEDA DE CAMBIO

Ante la posibilidad de que cualquier cambio a la Ley de Pesca que limite o reduzca los derechos de las pesqueras sea visto como una “expropiación”, el gobierno analiza ofrecer alternativas, como aumentar las licitaciones a la par que introducir algunas demandas sectoriales y científicas. Este paquete de modificaciones sería la moneda de cambio.

Y para ello, el análisis que en 2016 hizo la FAO por petición del gobierno de Bachelet, se ha convertido en material de consulta permanente. La entidad dependiente de la ONU sugirió, entre varias correcciones, que se eleven las multas y sanciones y que el Estado pueda suspender licencias o cuotas para resguardar la sostenibilidad medioambiental, económica y social del sector. También, que se fortalezca el rol fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y una muy antigua demanda de los trabajadores pesqueros: calificar la actividad como de “alto riesgo”.

Aunque hasta la fecha no se ha hablado de incluir alguna modificación tributaria al sector, por tratarse de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, los parlamentarios han comenzado a proponer informalmente un aumento de los impuestos. Datos preliminares de Subpesca, indican que en 2017 el sector entregó al Estado $20.597,5 millones (unos US$33,7 millones) en impuestos por patentes y royalty.

Directora de la FAO para América Latina y el Caribe, Eve Crowley, y ex Presidenta Michelle Bachelet
Directora de la FAO para América Latina y el Caribe, Eve Crowley, y ex Presidenta Michelle Bachelet

Un artículo de Pulso del 21 de marzo informó que desde la entrada en vigencia de la ley, en 2013, el sector ha aportado a las arcas fiscales US$147,8 millones: US$69 millones por patentes y US$78,6 por royalty.

En su memoria anual 2017, Corpesca informó que el pago por impuestos específicos y patentes, que son independientes de la pesca efectiva, ascendió a US$7,3 millones, totalizando en el trienio 2015-2017 la suma de US$16,7 millones.

Según pudo conocer CIPER, entre los cambios que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer para hacer avanzar su reforma, figuran modificar Sernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA), además de introducir nuevas herramientas para el control de la pesca ilegal, un tema de preocupación transversal en el sector.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, adelantó a CIPER que su organización buscará que la reforma considere aumentar las cuotas para este sector, incorporar más científicos a los comités técnicos que definen la oferta del recurso, generar planes de manejo y hacerse cargo de las pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación.

En esa misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena pretende conseguir que el gobierno incorpore en la reforma legal el fortalecimiento de los derechos de pesca artesanales, planes de desarrollo territorial para el borde costero y segmentar al sector por ventas. Desde el sector de las PYMES, el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros, Alfredo Irarrázaval, planteará que la reforma le dé viabilidad a los emprendimientos basados en el desarrollo de productos de valor agregado para el consumo humano.

Pesca ilegal, la campaña de la industria

Chile está en deuda con la conservación de sus peces y el consumo de productos del mar, pero para salir de este problema a veces ponemos la carreta delante de los bueyes o apuntamos al blanco equivocado. Así, nunca podremos avanzar o tal vez no se quiera avanzar. Reflejo de esto es la campaña de Asipes contra la pesca artesanal de botes de madera que subsisten pescando Merluza Común para alimentar a Chile en cinco regiones.

Mientras ha quedado develado el grave daño que la flota industrial ocasiona sobre la biomasa de Merluza Común que, como se aprecia en el siguiente link, por años han sido devueltas muertas al mar, peor aún, amparado por la autoridad y sus estudios de monitoreo.

Hoy ocurre que no existe urgencia real para proteger los recursos pesqueros. Se toma tiempo para levantar datos e información que nunca se encuentra y, entre medio, se da libertad de acción a los actores industriales que utilizan las artes de pesca más depredadores del sector, como lo es la pesca de arrastre.

Hemos llevado las cosas al límite y puesto en serio riesgo nuestros peces y a quienes vivimos de ellos. Además, gracias a la cuestionada Ley de Pesca el 60% de la merluza común estáen manos de UNA empresa del Bío Bío y un par de familias, mientras el otro 40% se tiene que repartir entre más de 10 mil pescadores artesanales de cinco regiones.

Algo anda mal en esta Ley de Pesca y ya todos lo saben. Es una dolorosa contradicción sostener que debemos aumentar el consumo de pescado en Chile y, a la vez, intentar que los pescadores artesanales sean criminalizados y encarcelados por llevar este pescado a la mesa de la familia chilena. La Ley de Pesca debe ser corregida, sin duda, pero para bien, poniendo la carreta detrás de los bueyes.

Es urgente revisar los derechos otorgados a las empresas que, además, son investigadas por financiar ilegalmente la política. La merluza común debe ser redistribuida, incluso por justicia debería ser exclusivamente para la pesca artesanal y asíalimentar a Chile y a nuestra gente con todas las de la ley.

 

Nuevas boletas de pesqueras: $445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos

Hace casi un año el Ministerio Público formalizó al senador Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco. Lo mismo hizo con la ex diputada Marta Isasi. Ambos son acusados de recibir dinero de Corpesca para incidir en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca en 2012, entre otros delitos. Los antecedentes acumulados en la investigación han permitido dar un vuelco inédito: no solo la pesquera de los Angelini fue formalizada por soborno, sino que la indagatoria judicial se amplió a toda la industria pesquera nacional.

En este reportaje, CIPER revela nuevos antecedentes: millonarios pagos de Lota Protein, la pesquera noruego-danesa que buscaba entrar con fuerza en el mercado nacional, a asesores de los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi, y nuevas boletas de Asipes y Pesquera Blumar a diputados en ejercicio, y también a familiares y asesores de dirigentes políticos.

Hasta ahora no habían aparecido antecedentes que apuntaran a pagos desde Lota Protein, pero los $274 millones que le pagó a Bernardo Caro, asesor del senador Horvath, entre 2011 y 2013, la ponen en la mira de la investigación judicial. La misma pesquera aparece pagando otros $17 millones a asesores del senador Carlos Bianchi. Ambos legisladores asumieron posturas en línea con los intereses de Lota Protein durante la tramitación de la Ley de Pesca: instaurar licitaciones para repartir las cuotas de pesca, las que históricamente han estado en manos de nueve familias (ver reportaje de CIPER “Los nueve dueños del mar chileno”).

CIPER no solo revisó la contabilidad de Lota Protein, sino que también la de Asipes, organización gremial de las pesqueras del sur, que era presidida por Luis Felipe Moncada y que, tal como reveló CIPER, entregaba dinero transversalmente a dirigentes políticos y sindicales de la Región del Bío Bío. Ahora se suman nuevas boletas de esa gremial y que fueron emitidas por diputados actualmente en ejercicio, además de pagos a asesores de otros parlamentarios.

Luis Felipe Moncada y Rodrigo Sarquis, de Asipes, junto a Jacqueline Van Rysselberghe (Fuente: Asipes)
Luis Felipe Moncada y Rodrigo Sarquis, de Asipes, junto a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe

CIPER también accedió a los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de Asipes y ejerce en esa asociación gremial un rol relevante. La pesquera aparece pagándole a militantes UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio.

La Fiscalía allanó las dependencias de Lota Protein, Asipes y Blumar en agosto y septiembre del año pasado y en su indagatoria ya se acumulan testimonios de personas que reconocen haberles emitido boletas sin haber realizado ningún trabajo para ellas. La industria pesquera comenzó a aparecer en el radar de los fiscales durante 2013 cuando Francisco Mujica, el otrora poderoso gerente general de Corpesca, reconoció a CIPER los pagos irregulares a la diputada Marta Isasi (ver reportaje).

En febrero de 2015 se hicieron públicos los aportes ilegales de SQM a la política y fue cosa de tiempo para que se descubriera que algunas de las personas que aparecían entregando boletas ideológicamente falsas a la minera, figuraban también en la contabilidad de empresas pesqueras. Eso sucedió con cuatro boleteros de la red organizada por “Titi” Valdivielso, la asesora histórica de Pablo Longueira: Nicolás y Gustavo Guíñez, Sebastián Prat y Alfonso Mora Domínguez.

La investigación a cargo de la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, ha dejado en evidencia la cooptación ejercida por el sector pesquero a dirigentes políticos, a funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de otras instituciones del Estado. En el caso de Corpesca, su ex gerente general, Francisco Mujica, mantenía una red de informantes y colaboradores en todo el aparato público, a quienes pagaba y daba instrucciones para beneficiar a la pesquera. Hoy esa relación aparece mucho más profunda y extendida.

En enero pasado, CIPER publicó correos electrónicos entre el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada, con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, donde el dirigente gremial pauteaba los pasos de la legisladora en la Comisión de Pesca del Senado (ver reportaje “Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca”).

En esos mismos mails está la huella de la cercanía de Moncada con el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), quien realizó favores a la Asipes sin transparentar que su pareja, Marcela Viveros, había recibido $33 millones de esa asociación gremial entre 2010 y 2013. Después de la publicación de CIPER, Súnico debió renunciar a su cargo (ver reportaje “Los correos que muestran los favores del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras” y la entrevista que luego le concedió a CIPER “Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur”).

Jacqueline Van Rysselberghe y Rául Súnico figuran en la nómina de aportes reservados vía Servel entregados por las empresas pesqueras a políticos y que reveló El Mercurio el 3 de marzo.  La presidenta de la UDI obtuvo $17 millones de Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata. Súnico suma $13 millones aportados por Alimentos Marinos.

LOS PAGOS NÓRDICOS

En 2012, durante la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso, era comentario entre los legisladores que Lota Protein estaba ejerciendo un fuerte lobby para abrir el mercado, licitando las cuotas de pesca y así poder competir de igual a igual con las nueve familias que controlan el negocio en el país desde hace décadas.

Las boletas que halló CIPER en la contabilidad de la pesquera noruego-danesa calzan a la perfección con la postura que tuvieron en el Congreso los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi.

Bernardo Caro Muñoz se presenta como ingeniero de pesca y asesor del senador Horvath “ad honorem”. Ya ejercía ese rol en 2012 cuando se tramitaba la Ley de Pesca en el Congreso. Entonces, Horvath presidía la Comisión de Pesca del Senado. Entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, Bernardo Caro emitió 69 boletas a Lota Protein (14 fueron anuladas). En total, la pesquera le pagó $274 millones a Caro.

Senador Antonio Horvath
Senador Antonio Horvath

Tanto Caro como Horvath se jugaron por instalar las licitaciones en la ley. En octubre de 2012, Horvath preparaba un protocolo de acuerdo para destrabar la tramitación de la nueva Ley de Pesca. La industria pesquera nacional no miraba con simpatía su esfuerzo, porque su propuesta abría el mercado a través de licitaciones y elevaba las cuotas asignadas a los pescadores artesanales.

En un correo electrónico revelado por The Clinic, el entonces presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, aludía a la cercanía de Bernardo Caro con Lota Protein: “Como verán Horvath a través de su asesor, hombre de L. Protein, está buscando aliados para su propuesta; la reunión con el presidente no lo ha paralizado. Saludos”. Las acusaciones iban y venían. En esa misma época, el senador Horvath denunció que su asesor Bernardo Caro había sufrido una golpiza cuando salía de la sede del Congreso, y que lo mismo le había sucedido antes en Puerto Montt.

Consultado por CIPER, el senador Horvath relativizó las asesorías que le prestaba Caro: “Él representaba al Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal. Bernardo representó a distintos sectores. Es una asesoría de esas características”. Consultado sobre si estaba al tanto de estos pagos, señaló:

-No, sinceramente no sabía. Él nunca me dijo que trabajaba para Lota Protein. Él se presenta como mi jefe de gabinete, él es así, yo lo tomo de un modo jocoso…, lo sigo viendo cuando va al Congreso. Actualmente no me asesora.

Lota Protein no solo le pagó a Bernardo Caro. El 27 de marzo y el 15 de julio de 2013 pagó dos boletas emitidas por Claudio Barrientos Mol: jefe de gabinete del senador Carlos Bianchi, por un total de $11,1 millones. Barrientos trabaja junto al senador al menos desde 2009, como él mismo declaró en el proceso de desafuero de Bianchi. Durante la tramitación de la Ley de Pesca el senador Bianchi fue favorable a las licitaciones. En una de sus declaraciones, dijo: “Falta tener una mayor fiscalización, que no se concentre el poder en pocas familias, en pocos grupos económicos” (Radio Cooperativa, 20 de noviembre de 2012).

Tanto Bernardo Caro como Claudio Barrientos aparecen en julio de 2014 constituyendo el Partido Democracia Regional Patagónica. En el documento alojado en Leychile.cl aparecen como directores.

Otro asesor de Bianchi que registra un pago de Lota Protein, es Manuel Benítez Gibbons, quien el 22 de enero de 2013 emitió una boleta por $6,6 millones. En esa misma fecha, Benítez asesoraba a Bianchi “en materia de proyectos de ley según informe”, con una remuneración de $2,8 millones. El mismo asesor ha participado junto a Bianchi en el programa “Alo Senador” que se emite por Radio Polar en Punta Arenas.

Senador Carlos Bianchi
Senador Carlos Bianchi

Bianchi dijo a CIPER que no sabía de estos pagos de Lota Protein a sus asesores y recalcó que su interés durante la tramitación de la ley fue lograr que quedara “una cuota en la pesca artesanal regional”.

Quien también registra pagos de Lota Protein es el ex alcalde de Lota, Víctor Marchant Ulloa, quien entre 2000 y 2008 gobernó la comuna como militante DC. En 2012 retornó a la alcaldía como independiente. En 2016 volvió a postular y no fue reelecto. Marchant registra 20 boletas por un total de $18,5 millones, pagados por Lota Protein entre el 23 de junio de 2010 y el 22 de agosto de 2012.

El financiamiento de Lota Protein también alcanzó a dirigentes gremiales. El gerente de Pymepes (reúne a pequeñas y medianas empresas pesqueras de la Región del Bío Bío), Alfredo Irarrázaval, también figura en la contabilidad de la pesquera noruega-danesa. Son 17 las boletas a su nombre que totalizan un monto de $18,2 millones, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011. El dirigente gremial se hizo conocido en ese periodo ya que fue uno de los comentaristas habituales de la Ley de Pesca y se le podía ver frecuentemente en el Congreso defendiendo la apertura de las licitaciones.

Irarrázaval indicó a CIPER que él realizó una asesoría comunicacional a Lota Protein y que estuvo trabajando para Chile Pesca, una agrupación de hecho “que estaba en oposición a la Ley de Pesca” y en la que participaban distintas organizaciones y empresas, incluyendo a Lota. Agregó que en ese tiempo él aún no era gerente de Pymepes, sino su vocero.

Desde 2013 Lota Protein es propiedad de TripleNine Group, controlado en un 50% por la empresa noruega Vedde AS (del Grupo Koppernaes) y la otra mitad pertenece a la danesa TripleNine. CIPER contactó a los representantes de la pesquera en Chile para recoger su versión, pero no hubo respuesta.

ASIPES SUMA Y SIGUE

Asipes agrupa a los pesqueros industriales del Bío Bío y la indagatoria judicial ya ha logrado determinar que ha pagado boletas ideológicamente falsas. Los pagos irregulares acreditados corresponden a personas ligadas a la asesora y luego jefa de gabinete de Longueira cuando fue ministro de Economía (“Titi” Valdivielso).

Alfonso Mora Domínguez, Sebastián Prat Panatt y Nicolás Guiñez pertenecen a la red de boleteros organizada por Valdivielso. Los tres han emitido boletas falsas a Asipes. Guíñez declaró en diciembre de 2015 ante la Fiscalía y reconoció que la boleta por $2,2 millones que emitió a Asipes en 2009 era falsa: no había realizado ningún trabajo para esa asociación. También afirmó que Sebastián Prat estaba en su misma condición.

Sebastián Prat ratificó lo anterior cuando declaró ante la Fiscalía en febrero de 2016: reconoció que su boleta por $4,7 millones a Asipes, emitida en octubre de 2009, no tenía una contraprestación de servicios. Tanto Guiñez como Prat apuntaron a Carmen Luz Valdivielso como la persona que les dio la instrucción de emitir boletas a nombre de Asipes. Un tercer boletero ligado a Longueira que recibió pagos de Asipes, es Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira). Ellos tres también emitieron boletas falsas a Senexco, Inversiones Río Bueno, Inversiones Afa, Pesquera El Golfo (actual Blumar), Centro de Estudios Nueva Minería, Copec y SQM. Todas ellas totalizan $65 millones.

Diputado Juan Antonio Coloma Alamos (UDI)
Diputado Juan Antonio Coloma Alamos (UDI)

Entre los nuevos antecedentes revisados por CIPER aparece una boleta pagada por Asipes (27 de octubre de 2009) por $4,1 millones, a Patricio Contreras Martínez, ex empleado de la Fundación Web, una de las fundaciones de Longueira bajo investigación. Contreras es titular además de tres boletas rectificadas por Soquimich que totalizan $9 millones.

Contactado por CIPER, Contreras se limitó a señalar: “Llamen a mi abogada”. Sofía Hamilton (su abogada) aseguró que no sabía que Patricio Contreras hubiera emitido una boleta a Asipes y que actualmente él está con suspensión condicional de procedimiento por las boletas falsas que le pagó SQM.

Otro de los antecedentes complejos que agravan la situación de Asipes en la investigación del Ministerio Público, son las boletas que pagó a dos diputados de la UDI en ejercicio: Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos.

Arturo Squella es diputado por Quilpué y Villa Alemana y aparece emitiendo seis boletas (dos nulas) para Asipes por un total de $3,3 millones entre enero y junio de 2009, el mismo año en que protagonizó su primera elección parlamentaria.

En el mismo periodo, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos, representante de Melipilla e hijo del senador de la UDI del mismo nombre, recibió $4,4 millones de Asipes, por ocho boletas. En 2009 Coloma fue candidato por el distrito de Los Andes, pero perdió. Recién en 2013 pudo llegar a la Cámara.

Otro militante de la UDI y compañero generacional de Squella y Coloma hijo, Guillermo Ramírez Diez, también aparece recibiendo pagos de Asipes en el mismo lapso de 2009. El ex secretario general de la tienda –y actual vice presidente– registra seis boletas (una nula) por $3,3 millones. En 2009 Ramírez era jefe de gabinete del senador Coloma, quien entonces presidía la UDI.

El diputado Coloma no respondió el llamado de CIPER, pero sí lo hicieron Squella y Ramírez, quienes señalaron que en 2009 trabajaban en la Fundación Jaime Guzmán y que realizaron seguimiento legislativo para Asipes. Squella agregó que el ahora diputado Coloma realizaba el mismo trabajo.

Diputado Arturo Squella (UDI)
Diputado Arturo Squella (UDI)

Una pregunta que queda en el aire es por qué Asipes le pagaba a tres dirigentes políticos por hacer seguimiento legislativo de proyectos.

–Eso lo hacía yo por mi cuenta, tenía la posibilidad de hacer cosas por fuera de la Fundación Jaime Guzmán. Esto es algo absolutamente normal, yo estudié Derecho en la Católica y Políticas Públicas en Harvard, estos son mis temas –afirmó Ramírez, vicepresidente de la UDI.

Un tercer diputado de la UDI aparece vinculado a estos pagos: Jorge Ulloa. Una de sus asesoras en la Cámara de Diputados, Leticia Hirane Caro, figura con cinco boletas (una nula) por $5,5 millones pagadas por Asipes entre abril y agosto de 2009, el mismo año de los otros pagos a militantes de la UDI.

Ulloa integra la Comisión de Pesca de la Cámara y ha sido seriamente cuestionado por su relación con la industria pesquera: tiene un vínculo societario con la empresa Cargo Service, que presta servicios a empresas del rubro (ver reportaje). Una de las boletas que emitió Leticia Hirane para Asipes va con copia al correo jua@congreso.cl (mail del diputado Ulloa). Ulloa fue escueto en su respuesta a CIPER:

-Ella ha trabajado en distintos lugares, hasta el día de hoy. Es muy probable que existan esos pagos. No fueron dineros que llegaran a mi campaña.

Los dineros de pesqueras que sí llegaron a su campaña fueron los $15 millones que le entregaron en 2009 -vía aportes reservados Servel- las empresas Alimentos Marinos y Pesquera Bío Bío. En 2013, cuando ya la Ley de Pesca estaba aprobada, solo Pesquera Itata le entregó $5 millones. La información la publicó El Mercurio en su edición del pasado 3 de marzo.

Hirane Caro es dirigenta de la UDI y en 2009 trabajó en las campañas a diputado de Jorge Ulloa y Sergio Bobadilla (UDI), según registros del Servel. Es actualmente consejera distrital de ese partido en la Región del Bío Bio. En 2009 era “profesional de contabilidad” de la Municipalidad de Concepción, cuando su titular era Jacqueline Van Rysselbergue, quien reconoció su estrecho vínculo con el entonces gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada.

Pero los pagos bajo investigación judicial de Asipes no se concentran exclusivamente en la UDI. También involucran a uno de sus socios en Chile Vamos. Ana Eugenia García Aillón, integrante en 2009 del equipo de campaña del senador Francisco Chahuán (RN), aparece recibiendo $4 millones de Asipes,por dos boletas emitidas en octubre de 2009 y julio de 2011.

García Aillón fue candidata a diputada por RN representando a la Provincia de Arauco en 2005, y perdió. Luego fue coordinadora del Senama en Valparaíso entre 2011 y 2013. Desde junio de 2010 es asesora del senador Chahuán, y recibe su remuneración del Comité de Senadores de RN con un honorario mensual de $600 mil.

La asesora del senador Chahuán reconoció a CIPER que esos pagos fueron aportes ilegales a la política, pero que su beneficiario no fue el legislador de RN:

–Yo fui candidata a diputada en 2005, después de eso me vine con una mano adelante y la otra atrás. Y efectivamente ellos (Asipes) me colaboraron para pagar deudas de mi campaña. Yo conocía a Luis Felipe Moncada. Yo no hice ningún trabajo particular para Asipes.

Cuando se le preguntó por la lejanía temporal de su campaña con los pagos efectuados por la gremial pesquera, dijo: “A mí me costó ir pagando mis deudas”. Y descartó que esas platas hayan beneficiado al senador Chahuán: “Lo juro por mi madre y por mi hija, que es lo más sagrado que tengo”.

La Democracia Cristiana tampoco escapa de la contabilidad investigada de Asipes. Y que ahí aparezca alguien vinculado a Hosaín Sabag (DC), no es una sorpresa. El ahora ex senador tenía en 2011 como secretario a Genaro Salgado Garcés, quien recibió un pago de $888 mil de Asipes. Sabag aseguró a CIPER que su secretario “es amigo hace muchos años con el señor Luis Felipe Moncada”, y descartó que esos dineros fueran en su beneficio.

Ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS)
Ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS)

El Partido Socialista no solo tiene entre los beneficiados por Asipes a Raúl Súnico, ex subsecretario de Pesca. En la contabilidad de la gremial también figura el actual seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Sergio Camus Campos (PS), quien recibió $6,6 millones de Asipes, a través de dos boletas emitidas en septiembre y octubre de 2009, año de candidaturas parlamentarias y presidenciales.

La trayectoria política de Camus en la región lo sindica como alguien muy cercano a Raúl Súnico. En la seremi de Educación del Bío Bío dijeron que responderían la solicitud de CIPER para tener la versión de Camus Campos, pero nunca lo hicieron.

En la contabilidad de Asipes también llama la atención los $4,4 millones que se pagaron entre 2011 y 2012 a Lilian Garrido Vega (cuatro boletas). Ella es contadora auditora y representante de la Sociedad Educacional San Pedro Limitada, responsable de la gestión del Colegio San Pedro de Coronel. Hasta 2006, la participación mayoritaria en esa sociedad estaba en manos de la diputada Clemira Pacheco (PS e integrante de la Comisión de Pesca). A partir de ese año el control societario está en manos de dos hermanos. La legisladora descartó que ese dinero la haya beneficiado:

–Ella (Lilian Garrido) es una profesional conocida en la zona. Practica el ejercicio libre de la profesión y yo no tengo por qué saber con qué empresas ella trabaja.

Pacheco recibió $5 millones en aportes reservados vía Servel de Camanchaca y Pesquera Landes (información de El Mercurio).

Los pagos bajo investigación de Asipes podrían seguir aumentando. En otros registros contables que revisó CIPER aparecen pagos de la gremial de los industriales pesqueros del sur a Pamela Campos Joost, quien también emitió boletas para la Pesquera El Golfo (actual Blumar). La administradora hotelera emitió además dos boletas para SQM, por un total de $14,7 millones, las que fueron rectificadas ante Impuestos Internos; además de emitir boletas para la Fundación Jaime Guzmán, la Universidad del Desarrollo y Bancard, la empresa familiar de Sebastián Piñera.

Su relación con Piñera tiene otros nexos ya que Pamela Campos figura en el Servel en la rendición de gastos del ex presidente para la segunda vuelta de 2010 (Servel). El Mercurio reveló el listado de los aportes reservados que empresas pesqueras realizaron a campañas políticas en 2009 y 2013. Lo encabeza el ex presidente Sebastián Piñera con $82 millones en total, con aportes de Blumar, Camanchaca, Pesquera Bío Bío y Alimentos Marinos.

LAS BOLETAS DE BLUMAR

 A los pagos ilícitos de Corpesca, y los que están bajo investigación de Lota Protein, Asipes, Fipes (agrupación de empresas pesqueras del sur austral), se suma ahora la Pesquera Blumar, ex Pesquera El Golfo.

El 26 de marzo de 2015, Solange Hermosilla debió declarar ante Impuestos Internos (SII) por una boleta rectificada por $5 millones a SQM. Y fue entonces que reconoció que Carmen Luz Valdivielso, asesora de Pablo Longueira, le había solicitado que emitiera esa boleta falsa. Allí reconoció una segunda boleta falsa por $5 millones, la que le fue pagada por Pesquera El Golfo (entonces propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz). Luego de fusionarse con la Pesquera Itata (familia Sarquis), esa empresa dio paso a la actual Blumar.

De la red de boleteros de Longueira, articulada por Carmen Luz Valdivielso, aparecen otras dos personas emitiendo boletas falsas para la ex Pesquera El Golfo: los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez. Ambos reconocieron ante la Fiscalía que las boletas que emitieron para El Golfo, y que totalizan $12,7 millones, no tenían trabajo de respaldo.

En el registro realizado por CIPER a la contabilidad de Blumar aparece además un diputado en ejercicio y familiares y asesores de parlamentarios. Una de esas boletas está a nombre del diputado Fuad Chahín (DC): por $2 millones y está fechada el 10 de diciembre de 2009, en la recta final de la campaña que lo llevó por primera vez al hemiciclo por el distrito de Curacautín y Lautaro.

El fantasma de las boletas irregulares pena desde hace un tiempo a Chahín. En diciembre de 2015, CIPER reveló que las rectificaciones tributarias hechas por el Grupo Said lo incluían. En 2009 Inversiones Caburga le giró $5,5 millones al diputado, y la rectificación realizada indica que no tuvo respaldo (ver reportaje).

“En la época ejercía como abogado y lo que hice fue revisar y redactar contratos. Un trabajo bastante puntual para esa pesquera”, señaló Chahín a CIPER. El diputado agregó que votó en contra de la Ley de Pesca y que, incluso, después fue al Tribunal Constitucional para impugnarla (junto a otros 49 parlamentarios, argumentando que no se había consultado a los pueblos indígenas como obligaba el convenio 169 de la OIT).

Diputado Patricio Vallespín (DC).
Diputado Patricio Vallespín (DC).

Hay más pagos de Blumar a personas del círculo estrecho de diputados DC. Desde 2011 la abogada Tatiana Muga Mendoza está casada con Patricio Vallespín, quien presidió la Comisión de Pesca de la Cámara hasta 2010. Ella recibió un total de $11,1 millones de Blumar, en tres pagos entre 2009 y 2012. Desde 2012, Muga es jueza del Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, la misma zona por la que Vallespín es diputado.

–Tatiana Muga es abogada, ejerce su profesión de forma libre en distintas facetas, trabajando en distintas empresas o instituciones. Tenemos separación de bienes. Rechazo categóricamente cualquier vinculación de esa materia. Mi posición en todos los temas de pesca ha sido garantizar la sustentabilidad y asegurar condiciones de desarrollo para la pesca artesanal –dijo Vallespín a CIPER:

Otra de las boletas de la ex Pesquera El Golfo bajo investigación es la que se le pagó al arquitecto Erick Vergara Moreno (UDI) por $1,1 millón, en octubre de 2012. En ese momento, Moreno estaba en campaña para ser concejal por Talcahuano, cupo que ganó y que mantuvo hasta 2016, cuando no se presentó a la reelección.

La investigación judicial por el financiamiento ilegal de la política por parte de la industria pesquera y que ha mostrado cómo incidió en su beneficio en la tramitación de la Ley de Pesca, sigue acumulando evidencias. En agosto pasado efectivos de la PDI allanaron las oficinas de otras seis empresas del rubro: Landes, Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Orizon, Coloso y Grimar.

*Este reportaje fue actualizado el 6 de marzo de 2017 para incluir una precisión.

Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur

El ex diputado y ahora ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS, 52 años), dice estar empeñado en defender su honra. El viernes 20 de enero, CIPER publicó los antecedentes sobre 34 boletas que su esposa hizo entre 2010 y 2013 para los industriales pesqueros de Asipes, cuando él trabajaba en la Municipalidad de Talcahuano impulsando una política favorable a esos mismos empresarios. Luego, cuando en 2014 fue nombrado subsecretario de Pesca, no transparentó esa relación. CIPER también difundió una minuta escrita por el presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, que resume una reunión que sostuvo con Súnico cuando ya era subsecretario. En ese texto, Moncada dice que Súnico le confirmó que no se cumpliría el programa de gobierno en el punto referido a poner fin a la pesca de arrastre.

Al día siguiente de la publicación de CIPER, Súnico renunció a la subsecretaría. El reportaje lo sorprendió en Australia, donde negociaba la cuota de jurel que podrá pescar Chile. El domingo 22 aterrizó en Santiago ya reconvertido en “otro ciudadano más”, como él dice, e inició un raid de entrevistas –en radios Bío BíoADNCooperativa y el diario La Tercera, entre otros medios- en las que sostuvo que nuestro reportaje presenta información “mañosa”, “inexacta”.

CIPER le había pedido una entrevista una semana antes de la publicación del reportaje. En el mensaje se le informó que se trataba de un tema delicado relacionado con sus vínculos con Asipes y que, como afectaba a su entorno cercano, debía ser planteado en un contacto personal. En su gabinete respondieron que no estaría disponible por dos semanas. Se le propuso contacto telefónico o videoconferencia. No aceptaron. A su retorno, ya renunciado, sí aceptó reunirse con CIPER.

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Raúl Súnico (PS)

Al inicio del diálogo, CIPER le pidió que explicara cuál es la información de nuestro reportaje que a su juicio es incorrecta. Mencionó dos:

-Se ligan dos hechos distintos. Hay un periodo en que no ejerzo cargo público, en donde yo y mi familia tenemos derecho a opinar, interlocutar y trabajar con quien estimemos. Ligar eso a mi función posterior como subsecretario, ahí la cosa cambia. Como subsecretario desarrollé una función regulada y donde la opinión de la autoridad es conocida y recurrible ante los tribunales. Otro error que se plantea es que entre 2010 y 2013 (periodo de las boletas de su esposa) yo preparaba mi candidatura a diputado. Eso es falso y mañoso, porque tras una derrota electoral, uno sale con deudas y no está pensando en repostular. Uno tiene que resolver sus deudas y la vida…

-Pero usted repostuló en 2013 y perdió. ¿Quedó con muchas deudas?

No, soy un tipo muy ordenado. Nunca gasto lo que gano.

-¿Cómo saldó esas deudas? Porque pasó de una dieta parlamentaria a ganar $1,8 millón en la Municipalidad de Talcahuano.

Se baja, se baja mucho…

-¿Y cómo resolvió esa baja de ingresos?

Tengo una manera de vivir desde hace 30 años: nunca gasto lo que gano. Si ustedes revisaran mis cartolas, de los diez, de los seis, de los tres que recibo, nunca gasto más de 1,5 o 2.

-Si quiere revisamos las cartolas…

No tengo problema. Es algo que en algún momento quiero hacer: vamos al banco y las revisamos todas mientras fui subsecretario. No para publicarlas, para que las vean, porque no tengo por qué contar a todos cuánta plata tengo en el banco. Soy una persona que guarda, que no tiene tarjetas de crédito.

-Entonces, ¿saldó sus deudas de campaña con ahorros?

Lógico, y eso te ajusta para adelante, porque ya no tienes los mismos ingresos. Soy súper austero…

-¿Asegura que pagó toda su deuda de campaña con ahorros?

Pero no diga “la deuda” (gesticula como si fuese una deuda muy grande), porque entonces parece que uno se consiguió un pituto para pagarla. Cuando se va a una elección, quedas con deuda. Y qué se hace: unos piden crédito, otros se gastan los ahorros. Como sea, hay que trabajar. Yo entré a a la Municipalidad de Talcahuano, donde estuve a cargo de las tareas de reconstrucción económica de la ciudad (después del terremoto 27/F).

Luis-Felipe-Moncada-en-Comisión-de-Pesca-de-la-Cámara-En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

Como con todos: los industriales pesqueros, los comerciantes, la industria de Huachipato, todos los dañados por el terremoto. En Talcahuano perdimos prácticamente todas las plantas industriales, el comercio estaba destruido, 12 mil casas afectadas, 62 barcos de pesca artesanal sobre las calles. Entonces, sin plantas de proceso, los pescadores artesanales no tienen a quién vender su pesca. Nos abocamos a reconstruir la parte más importante: los empleos. Las plantas de proceso dan trabajo a 4 mil o 5 mil personas, más todos los empleos indirectos, que son muchos. Talcahuano es la ciudad de operaciones pesqueras más grande del país. Necesitábamos reconstruir las plantas y para que los industriales hicieran esa inversión no estaban las confianzas, porque se iba a discutir una nueva ley para el sector y allí se vería si ellos iban a mantener sus derechos de pesca. Y en ese debate, en la municipalidad fuimos contrarios a las licitaciones (de los recursos pesqueros).

-Para recuperar empleos, desde el municipio se opusieron a las licitaciones, apoyaron la Ley de Pesca y se alinearon con los intereses industriales.   

Eso es extremar mucho los argumentos. La Ley de Pesca tiene más de 500 artículos de distintas materias y hay un solo punto en el que nosotros tuvimos opinión: se licita o no…

-El principal punto en discusión.

No… Bueno, para algunos era importante y para otros, menos. Pero el principal punto era el fraccionamiento (el porcentaje de la cuota anual de pesca que correspondería a artesanales y a industriales). Las licitaciones fueron una disputa entre industriales que ya están en el mercado y los que querían entrar.

-Y en esa disputa, en la municipalidad se jugaron contra las licitaciones, es decir, a favor de los industriales que ya operaban en el mercado.

Esto no es un tema de empresas, es un tema de empleos…

-Pero para tener los empleos, ustedes tenían que generarles condiciones favorables a esas empresas. Eso fue lo que el entonces alcalde Gastón Saavedra (PS) dijo y usted era su asesor.

Lógico. Yo también lo dije, muchas veces.

-Por eso, le insisto, ustedes se alinearon con la industria.

Pero solo en ese punto tuvimos un gran consenso. Y en otro un disenso brutal: queríamos sacar la “yoma” (instalación para la descarga de la pesca) de Asipes, porque desde la plaza de armas no se ve el mar ya que te enfrentas a la descarga pesquera. Queríamos sacarla porque bota residuos y deja la ciudad hedionda, para que quedara en el puerto comercial. Nos enfrentamos con una inmobiliaria que pertenece a las empresas de Asipes, porque el precio de la descarga dentro del puerto era sideralmente más alto…

-Tuvieron un disenso con la industria en ese punto, pero en la norma que regula el sector, la Ley de Pesca, estuvieron alineados.

Yo nunca estuve a favor de la Ley de Pesca.

Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar
Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

-En esa época usted concurrió a movilizaciones en Valparaíso a favor de la ley.

Pero entiéndeme. Estás englobando y yo estoy especificando…

-Usted estuvo en manifestaciones, afuera del Congreso, a favor de que no se licitaran los recursos.

Sí, estuve y nunca lo he negado. Asistí con Gastón Saavedra a una manifestación en contra de las licitaciones por las razones que ya di, porque era muy importante recuperar el empleo. No asistí jamás a comisiones de pesca de la Cámara ni del Senado, no intervine sobre ninguna otra materia de la ley que no fuera esta.

-Dirigentes artesanales denunciaron que usted y el alcalde Saavedra ingresaron al Congreso a conversar con parlamentarios. ¿Fue así?

No.

-¿No ingresó al Congreso en esa ocasión?

Pueden ver las actas de las comisiones de pesca: no estuve en ninguna… Puede que haya tomado un café en algún momento…

-Ahora se sabe que en esa manifestación los industriales pesqueros financiaron buses, pasajes, los gastos de dirigentes sindicales.

Cada cual tiene que responder por las cosas que hace. Yo respondo de mis acciones. Y la mía fue acompañar a mi jefe, entonces el alcalde Saavedra, a un punto en el que teníamos acuerdo: que las licitaciones ponían en riesgo los empleos en Talcahuano.

-Cuando asistió a esa manifestación, ¿no se dio cuenta que era orquestada por los industriales?

Es que ese no era mi punto. Mi punto era que teníamos una situación de destrucción y necesitábamos recuperar el empleo. En Talcahuano los pescadores artesanales de la Ferepa (federación regional), habían firmado a favor…

-Esa era la federación del dirigente Hugo Arancibia, que fue candidato del PS a concejal en 2012 y ahora aparece en las nóminas de receptores de aportes de campaña que hizo Asipes.

Sí, puede ser, perfectamente.

-Usted dice que CIPER lo trató injustamente porque vinculó hechos del pasado con su labor como subsecretario. Pero de sus respuestas se entiende que durante años usted ha sido un actor político gravitante en su región. Su vida política ha sido un proceso continuo. Cuando dejó de ser diputado y trabajó para la municipalidad, promovió que los industriales tuviesen reglas que facilitaran recuperar empleos… 

La regla era reconstruir y recuperar empleos. Dentro de ese punto, porque hubo varios otros, el tema de las licitaciones era un riesgo…

-Fue a una manifestación financiada por la industria, con un alcalde que recibió aportes de Asipes. Luego, lo nombraron subsecretario para fiscalizar al mismo sector industrial. En ese contexto, cuando Asipes empezó a ser investigada por financiar a políticos con boletas falsas, ¿no era prudente hacer público que su esposa hizo boletas para Asipes en el mismo periodo en que usted, como asesor municipal, se opuso a las licitaciones? ¿No le pareció pertinente informar al menos a sus jefes en el gobierno?

Las conversaciones que yo tengo al interior del gobierno son privadas. Por lo tanto, no voy a responder si informé o no…

Ministro de Econom’a visita Feria del Consumidor-¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno?

No voy a referirme a eso.

-Pero es un tema de transparencia pública saber si el ministro de Economía, su jefe, estaba al tanto.

Eso es parte de las conversaciones privadas que se tienen al interior del gobierno. Lo que puedo decir es que siempre me moví con total libertad en la toma decisiones de la aplicación normativa y regulatoria, sin presiones de ningún tipo.

-Antes de pasar a ese punto, volvamos a las boletas de su esposa, porque usted ha dicho que es un tema privado…

Y lo voy a mantener así: es un tema privado de una persona que no forma parte de la política. Y no comparto la idea de que si el jefe de la familia es político, todo el resto de la familia…

-¿No es relevante que se conozca que su esposa recibió pagos de una industria que usted después tuvo que regular?

Estás ligando algo que no tiene por qué ligarse. Si tú quieres establecer un nuevo estándar, que cuando se evalúe a la persona se evalúe a su familia, entonces estamos en un problema.

-Entiendo su criterio: cumplir con las reglas actuales. Pero, a la luz de los pagos ilícitos que habría hecho Asipes a políticos, lo que corresponde es que se aclare qué vínculo económico anterior tuvo una autoridad como usted, o su familia, con la industria que debía regular. Insisto: ¿qué labor hizo su esposa para Asipes?

No me voy a referir a eso, porque no comparto el criterio de que una persona que no tiene ninguna relación con la política, excepto que es mi señora, pero que no es militante, esté envuelta en esto.

-¿A usted le parece que las boletas que hizo el hijo del ex ministro Pablo Longueira (UDI) no deben ser investigadas?

Si se hicieron mientras él ejercía un cargo, son muy relevantes.

-Usted ejercía un cargo en una municipalidad…

No, no, no… aquí lo que se está discutiendo es lo que hice como subsecretario o diputado, porque cuando uno trabaja en la municipalidad no tiene facultades para resolver.

pesca– Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…

Me quiere decir que si un periodista boletea para Luksic, porque trabaja en una radio de él, entonces siempre trabaja para Luksic. Está haciendo una generalización… Mire, puedo decir que pude haber cometido un error, con los ojos de hoy, no con los de febrero de 2014. Tal vez debí decir: “¿sabe?, no estoy dispuesto a aceptar este cargo”. Hoy, reflexionando, pude haber dicho “no”.

-O haber dicho “acepto, pero quiero informar que tengo estos antecedentes”.

No, no, no. No aceptar el cargo. Ahora, la verdad es que ha sido un cargo intenso, lo he pasado muy bien, hemos tratado de hacer un cambio profundo en pesca y me siento orgulloso de estos tres años. Pero puesto en la situación de hoy, para evitarme problemas, podría haber dicho “mejor no lo voy a hacer”, como lo hice cuando se discutió la posibilidad de que yo fuera candidato a fines de 2012. Entonces le dije a mi señora que terminara esa relación (con Asipes), porque no quería que se confundiera mi candidatura con las labores de ella.

-Ahí sí consideró relevante esa relación laboral.

Lo consideré relevante porque iba a postular a diputado. Nunca postulé a subsecretario. Cuando pierdo la elección, se me plantea esto (la subsecretaría), se me pregunta por mis relaciones con los distintos actores, como en cualquier proceso de nombramiento de una autoridad, y se me nombra. En ese momento quizás debí haber pensado: “¿sabe qué?, mejor no tomo esta decisión”.

-Cuando le preguntaron por sus relaciones para nombrarlo, ¿usted no dijo que su esposa tenía ese vínculo?

No, porque cuando se evalúan los cargos, lo que se evalúa son las capacidades de la persona, no de su familia. Nadie se hubiese atrevido a preguntar por los hijos, los primos, los tíos… Hoy, sí. Ha cambiado la sociedad.

-Para su campaña a diputado usted consideró relevante la relación laboral de su esposa, al punto que le pidió terminarla. Pero no la consideró importante cuando lo nombraron subsecretario con autoridad sobre la industria pesquera. Tampoco cuando Asipes fue allanada, en septiembre pasado, en busca de boletas que financiaron a políticos.

Barricada de barcos en Puerto de Coronel-Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Es un proceso continuo. La relación laboral de su esposa le pareció relevante en 2013 para ser diputado, pero cuando lo nombraron a cargo del sector pesca y después, cuando allanaron Asipes, ¿por qué no le pareció que debía informarla? Si vio a fiscales en busca de boletas de Asipes que financiaron a políticos desde 2009 en adelante, ¿no era pertinente hacer público eso mismo que tres años antes creyó que podía generar confusiones? 

Yo aclaré esas confusiones con quien tenía que aclararlas…

-¿Con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes?

No coloques palabras que no he dicho. Lo aclaré con quien tenía que hacerlo. Suficiente respuesta. No voy a dar nombres.

-¿Qué tipo de trabajos realizó su esposa para Asipes?

Ella es contadora auditora. No me voy a referir a eso…

-¿Hay informes de esos trabajos?

Ella entregó informes en su momento, sí.

-¿Ella tiene copias, respaldo de esos documentos?

Hace un mes que no estoy allá (en su casa), así que no sé.

-Si se los pedimos a ella…

Creo que no tendría por qué tenerlos, porque no hay una obligación legal de guardar informes cuando uno presta servicios. Si los tuviese, se los puedo hacer llegar. Pero según lo que me ha explicado, hay informes que se entregaron, consultas que se hicieron (con posterioridad nos respondió que esos informes no fueron encontrados en su casa, que producto de un cambio de residencia, se perdieron).

-¿Asipes tiene esos respaldos?

Ahí no sé. Pero, no quiero que mi esposa se vea envuelta. Cuando aparece el monto sumado de los pagos ($33 millones entre mayo de 2010 y enero de 2013), uno pierde la perspectiva: estamos hablando de un servicio de $900 mil mensuales líquidos.

Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes
Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes

-Y usted, ¿ha hecho algún tipo de trabajo remunerado para Asipes o para alguna industria pesquera?

Nunca (después de la entrevista, Raúl Súnico nos dio acceso a las boletas que emitió él y su señora desde 2005 en adelante. Él no registra ninguna para la industria pesquera y ella las 34 que le pagó Asipes y que informó CIPER).

-En las elecciones de 2009 y 2013, ¿usted o sus cercanos pidieron aportes de pesqueras para financiar sus campañas a diputado?

La del 2009 está más lejana en la mente, pero en la de 2013 yo tuve unos $4 millones en aportes reservados, y tengo más de 12 amigos que me han dicho que me pusieron dos millones cada uno. La suma no calza…

-No le preguntamos por los aportes reservados, sino si usted o alguien de su círculo pidió recursos a pesqueras.

Que yo recuerde, no. Porque, además, el financiamiento de mi campaña corrió en buena parte por el PS…

-Cuando dice que no recuerda, ¿significa que existe la posibilidad?

Yo no pedí. Pero si alguien del equipo puede haber conseguido algo, esas son otras cosas…

-O sea que no se enteró si es que fue así.

Es que mis finanzas no lo reflejan, porque la campaña fue bastante ajustada.

-Pero ahora sabemos que las campañas se financiaban también por otras vías no legales que no quedan en las cuentas. ¿No se van a encontrar facturas o boletas falsas en las cuentas de sus campañas? ¿O correos de Asipes u otras industrias que muestren aportes a sus candidaturas?

Puede que alguien…, puede que haya habido todas esas… ¿cómo se llama?….

-Fórmulas de financiamiento.

Pero no estaban en la definición de la campaña. No es que nosotros hayamos hecho…, nosotros pedimos plata a todo el mundo, como cualquier candidato…

-¿A las empresas pesqueras también les pidieron?

No. Lo que hicimos fueron varios encuentros en los que dijimos “todos los que quieran aportar hay un mecanismo de aportes reservados”.

-A esos encuentros, ¿asistió gente de Asipes, ejecutivos de las empresas?

No, porque ellos son UDI.

raul-sunico-Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales.

Pero otra cosa es que vayan a un acto.

-Los documentos que se han conocido indican que Asipes le habría aportado a candidatos del PS, como Gastón Saavedra y Hugo Arancibia.

Si hay aportes reservados, no lo sé. Yo tengo $4 millones.

-¿En sus campañas participó en reuniones con gente de Asipes?

-Mientras fui diputado recibía a todo el mundo…

-Le preguntamos lo que pasó durante sus campañas.

Es posible, entre todas las organizaciones, pero tú estás tratando de establecer una relación…

-No, es una pregunta: ¿se reunió con gente de Asipes en sus periodos de campaña?

Mira, no descarto que pueda haber habido reuniones, porque yo me reunía con mucha gente en ese periodo. Pero junto con Gastón Saavedra teníamos con ellos una relación áspera, producto del proyecto de recuperación del centro de Talcahuano (que buscaba sacar las instalaciones de descarga de Asipes).

-Sabemos que no quiere hablar del trabajo de su esposa, pero hay que preguntar si ella tiene alguna especialización que haya hecho necesario para Asipes contar con sus servicios.

Ella es contadora auditora y entiendo que prestó servicios en esa condición. No me ando metiendo en qué hace o no hace mi señora. Encuentro de mal gusto preguntar los detalles de lo que hace. Esos fueron sus ingresos propios, gastados por ella.

-Resulta extraño que una asociación de empresarios cercana a la UDI, que ahora sabemos financia campañas, le haya abierto su contabilidad a la esposa de un dirigente socialista.

Eso se lo preguntaría a las personas que la contrataron.

LA MINUTA DE MONCADA

-¿Tiene usted una relación de amistad con Luis Felipe Moncada?

No, conocidos sí; tal como conozco a muchos ejecutivos de la región, forestales, de Huachipato, del comercio, del casino. Si me preguntas dónde vive Moncada, no sé.

-En la minuta que Moncada escribió sobre una reunión con usted, revela una gran confianza. En ese correo señala que usted le confió que le estaba bajando el perfil a una organización sindical contraria a la Ley de Pesca, que ofreció poner un límite a los artesanales en la pesca del jurel a cambio de que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley y que le aseguró que la pesca de arrastre no iba a terminar en este gobierno. ¿Así se lo planteó?  

Luis-Felipe-Moncada-Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc.

-¿La minuta de Moncada es fidedigna de lo que ocurrió en esa reunión?

No cien por ciento. Pero, vamos por parte…

-Al inicio de esa minuta, Moncada plantea que usted le aseguró que no se cerraría la pesca de arrastre en este gobierno.

Lo que ellos plantearon fue cuál era el alcance de esa definición del programa de gobierno, porque había mucha presión pública. Nosotros hemos sido súper claros: lo que dice el programa es “eliminación progresiva de la pesca de arrastre mediante un procedimiento que tenga un mínimo impacto en la industria nacional”.

-Lo conocemos.

A diferencia de lo que ustedes colocaron, que yo estaba echando por tierra un compromiso de gobierno, ese compromiso –y reconozcan que ahí tienen un error– es este: eliminación progresiva con mínimo impacto para la industria. Lo que le dije a Moncada es que el mínimo impacto tenía que ver con la protección de los empleos. Los principales países pesqueros mantienen importantes flotas de arrastre.

-¿Su convicción personal es que hay que terminar con la pesca de arrastre?

Soy partidario de regular el arte de pesca, no prohibirlo. Todos los artes de pesca tienen externalidades negativas…

-Lo que dice el programa de gobierno es “terminar con la pesca de arrastre de manera progresiva…”.

-Sigue, sigue. Hay que ponerle la segunda parte.

-… “con el menor impacto en la industria nacional”. Pero “terminar de manera progresiva” significa avanzar para ponerle fin. ¿Tiene la convicción de que hay que dar pasos para terminar con la pesca de arrastre?

Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables.

-En su minuta, Moncada dice que le pidió que cerrara la pesca en los montes submarinos no con el artículo 4 º de la Ley de Pesca, sino con el  5º, que deja abierta la posibilidad de que un estudio científico determine que no daña el ecosistema. ¿Usó el artículo 4º o el 5º?

No me acuerdo. Eso lo preparan los abogados, el equipo jurídico. A mí lo que me interesa es si tengo o no legalidad para hacerlo. Los regulados siempre van a buscar que las facultades del regulador estén minimizadas. Pero, nosotros teníamos otro proyecto con la pesca de arrastre: prohibirlo a una cantidad de metros de profundidad y congelar la huella de arrastre, para que solo se pueda usar en las zonas donde ya se ha arrastrado por años (en documentos que nos envió con posterioridad a la entrevista se constata que lo hizo en base al artículo 5º de la Ley de Pesca).

-Nada de lo que usted describe habla de avanzar hacia el fin de la pesca de arrastre, solo mejorarla…

La idea es eliminar los efectos negativos de la pesca de arrastre y proteger los empleos.

-Lo que usted plantea es congelarla y mejorarla, no terminarla progresivamente.

Porque terminarla tenía un límite: no poner en riesgo los empleos, que es lo que se privilegió.

-Otra arista en que, según esa minuta de Moncada, usted aparece accediendo a una solicitud de Asipes, es que él le pidió información sobre la pesca artesanal de jibia…

Información te piden todos y es pública.

-Pero nosotros constatamos que la subsecretaria la entrega por Ley de Transparencia, con un plazo de hasta 20 días hábiles, y a Moncada se la entregó en tres días.

A todos los actores que piden información, dentro de la que está disponible, se les entrega, sobre todo cuando hay un debate acerca de una materia determinada.

-¿Por qué Moncada se comunica a un correo personal suyo y no a su correo institucional?

Depende de los momentos. Tengo un correo personal y Moncada parece que es bueno para los correos, de hecho debo tener como quinientos de Moncada, muchos de ellos sin leer o borrados…

-¿Por qué él tenía su correo personal? Se supone que una autoridad pública guarda el registro de sus comunicaciones institucionales en su correo respectivo.

Los correos míos son siempre públicos y este es un correo que uso desde que mi hijo (Alonso) tenía siete años y ahora tiene 14. Por eso se llama donalonso7…

-Si le piden revisar ese correo, ¿tendría algún problema en autorizarlo?

¿Por qué tendrían que revisarme el correo? Lo tengo hace siete años, es el único y lo usé con mucha gente. En la municipalidad tenía un correo institucional pero mayoritariamente usaba este, porque lo puedo ver en cualquier parte.

LA SENADORA VAN RYSSELBERGHE

-En la minuta que escribió Moncada, él dice que usted le pidió que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley. ¿Por qué le pidió eso al presidente de la Asipes?

Entrevista a Jacqueline van RysselbergheEse proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia…

-Conocemos el proyecto, pero la pregunta es por qué le pidió a Moncada que consiguiera que la senadora lo destrabara.

Jamás le he dicho a Moncada que destrabara nada. Yo puedo hablar perfectamente con Jacqueline Van Rysselberghe. La llamo directo. Con ella hemos estado en las antípodas políticas, pero la conozco hace muchos años, de cuando yo era seremi de Transporte y ella alcaldesa de Concepción.

-¿Suponía que Moncada tenía algún tipo de influencia sobre la senadora que entonces presidía la Comisión de Pesca?

Desconozco por qué Moncada coloca eso en la minuta. Si hay un proyecto, hay que sacarlo, pero de ahí a pedirle eso a Moncada no tendría ninguna razón, porque tengo una relación con la senadora.

-¿No sabía de la cercanía entre ella y Moncada?

Desconozco esa relación. Entiendo que los dos son militantes de la UDI. Conocí a Moncada cuando él era seremi del Trabajo y yo asesor sindical, cuando yo marchaba en los años 80. Sé que son militantes de la UDI e imagino que tendrán una buena relación, pero no sé si están en los mismos lotes internos. Con Jacqueline hemos tenido peleas grandes, pero también nos respetamos mutuamente.

-¿Sabía del financiamiento de la industria pesquera a campañas políticas de todo el espectro?

barcos-artesanalesLeo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer.

-Lo que muestran esos correos es que la senadora le pedía instrucciones a Moncada. ¿Eso es parte del proceso legislativo?

No voy a opinar sobre temas que no me corresponden.

-Pero sí le corresponde, porque en ese momento usted era subsecretario y se estaba tramitando un proyecto cuya redacción final pudo ser digitada desde las empresas.

En este minuto estoy abocado a defender mi integridad, mi honra y no la de los demás.

-¿Le parece sana y democrática la relación de los parlamentarios con la industria de la pesca?

En democracia, al gobernar se conversa con todos los actores. Si vas a tomar una decisión, tratas de consultar a la mayor cantidad de gente posible, incluidos los afectados.

-Pero acá el problema es otro, el financiamiento de campañas o casos como el del diputado Jorge Ulloa (UDI), quien tiene una empresa que presta servicios a la industria. ¿Le parece una relación sana?

Las políticas públicas, para construirlas, requieren de participación de los actores. El hecho de que una autoridad se reúna con todos los actores, es parte de su pega…

raul-sunico-comision-La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

He mantenido una sola línea: que los tribunales investiguen todo lo que sea necesario. No voy a opinar sobre esos temas, porque hoy estoy concentrado en mi honor. Cuando esto se aclare, que es lo que espero, entonces voy a volver a la política y hablaré de todo. No voy a salirme de ahí.

-Cuando usted fue diputado por Talcahuano, ¿no sabía que su colega Ulloa que representa la misma zona, prestaba servicios a industrias pesqueras a través de una empresa de transportes?

Lo desconocía, pero después vi una denuncia… Les vuelvo a decir, entiéndanme, estoy concentrado en tratar de aclarar que no hay vínculos entre las decisiones que tomé y la industria pesquera.

-En síntesis, ¿afirma que la minuta de Moncada contiene inexactitudes y falsedades?

Lo que estoy diciendo es que la minuta no refleja exactamente la conversación que hubo, las palabras que se vertieron.

Los correos que muestran los “favores” del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras

Vea también: Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur

A solo siete meses de iniciado el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), tiró por la borda el programa de gobierno. Lo hizo en una reunión con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. La cita tuvo lugar en la tarde del 13 de octubre de 2014 y hasta hoy permanecía en reserva. Un correo electrónico escrito por Moncada y enviado al día siguiente a tres miembros del directorio de Asipes –bajo la advertencia “RESERVADO NO REENVIAR­” (con mayúsculas en el original)–, resumió su conversación con Súnico.

El correo estaba dirigido a Jan Stengel, Rodrigo Sarquis y Alberto Romero. En él, Moncada les informó que el subsecretario Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Bachelet más resistido por los industriales pesqueros: terminar con la pesca de arrastre, método extractivo duramente criticado por el ambientalismo. Para sepultar esa promesa programática, escribió Moncada, Súnico le señaló que se había autorizado por cinco años la pesca de arrastre del langostino en la Región de Coquimbo, lo que garantizaba que esa controversial fórmula de captura no sería desterrada por este gobierno y sobreviviría, al menos, hasta la próxima administración.

Se ha tenido en cuenta el principio general que los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”, fue el argumento que dio Súnico, según escribió Moncada.

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Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes.

El mensaje de Luis Felipe Moncada también consigna que en esa misma reunión el subsecretario le ofreció una fórmula para acordar con Asipes los cambios a un proyecto de ley que generaba fuertes críticas de los industriales: la autorización para que el sector artesanal pudiese capturar jurel con “línea de mano”, fuera de la cuota anual asignada para la extracción de esa especie. La Asipes se oponía a ese proyecto y Súnico se ofreció a poner un límite a las capturas que pudiesen hacer los pequeños pescadores, pero, para concretar el plan, el subsecretario pidió a Moncada que la senadora Jaqcueline Van Rysselberghe (UDI) destrabara la discusión legislativa.

La confianza entre Moncada y Súnico que fluye de la lectura de este correo, no es de extrañar. Ambos han sido durante años actores públicos clave en la costa del Bío Bío. Moncada como líder empresarial y Súnico como cacique político (desde sus años como dirigente de la Universidad del Bío Bío en los ‘80 hasta convertirse en diputado por Talcahuano entre 2006 y 2010). Pero hay otro vínculo, hasta ahora desconocido, que une al subsecretario con la asociación que dirigía Moncada: entre 2010 y 2013 la esposa de Súnico, Marcela Alejandra Viveros Garay, cobró $33 millones a través de 34 boletas que le pagó Asipes. Súnico y Viveros se casaron en febrero de 2010, tres meses antes de que ella recibiera el primer pago.

BOLETAS EN FAMILIA

CIPER consultó a la Asipes por estos u otros honorarios que pagó a Marcela Viveros y si tenía informes u otros documentos que certificaran que los trabajos encomendados a la esposa de Súnico efectivamente se ejecutaron. La asociación se excusó de entregar información aduciendo que esos mismos antecedentes forman parte de una investigación del Ministerio Público por los aportes políticos ilícitos hechos por pesqueras: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus partes, no es posible dar respuesta a su consulta”.

A pesar de que los honorarios pagados por Asipes a su esposa podrían constituir al menos un conflicto de interés, Súnico ha mantenido en reserva los nexos laborales de su cónyuge con una de las principales asociaciones gremiales del sector que él debe fiscalizar y controlar como autoridad pública. Y ello, a pesar de que Asipes está siendo investigada por el Ministerio Público bajo la sospecha de haber financiado actividades políticas de manera ilegal, precisamente a través de boletas de honorarios (vea el reportaje de CIPER “Las evidencias de los pagos políticos de las pesqueras del sur). Nuevos antecedentes sobre posibles aportes ilícitos realizados por Asipes a políticos de todos los sectores fueron publicados en un extenso reportaje de La Tercera de este viernes 20 de enero, el que cita documentos que fueron incautados desde la sede de la asociación empresarial.

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Raúl Súnico (PS), subsecretario de Pesca

En medio de las esquirlas que expandió esta indagatoria de la fiscalía, detonada originalmente por los pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis, el 30 de noviembre pasado Luis Felipe Moncada debió abandonar la presidencia de Asipes. Le sucedió la ex jefa de Sustentabilidad de la asociación, Macarena Cepeda.

La semana pasada CIPER solicitó una entrevista con el subsecretario Raúl Súnico, pero su encargado de comunicaciones señaló que éste no estaría disponible durante dos semanas, porque viajaría al exterior por razones de trabajo. Tampoco accedió a un contacto telefónico o videoconferencia.

Los antecedentes sobre las boletas extendidas a Asipes por la esposa de Raúl Súnico podrían caer dentro de la investigación del financiamiento político ilícito que lleva adelante el Ministerio Público. Esto, porque los pagos a Marcela Viveros fueron hechos por los empresarios pesqueros entre 2010 y 2013, el mismo periodo en que Raúl Súnico preparaba su campaña de retorno a la Cámara de Diputados.

El actual subsecretario de Pesca abandonó la Cámara en marzo de 2010, tras ser derrotado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2009. Solo dos meses después de su salida del Congreso Nacional comenzaron los pagos de Asipes a su esposa, los que se extendieron hasta enero de 2013, año en que volvió a lanzarse  en una campaña electoral para reconquistar un sillón parlamentario, aunque nuevamente no tuvo éxito.

Marcela Viveros es contadora auditora y trabajó entre 2006 y 2010 para la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior en la zona penquista.

Inmediatamente después de su salida de la Cámara de Diputados, Súnico comenzó a trabajar en la Municipalidad de Talcahuano. Tras el terremoto de 2010, el alcalde Gastón Saavedra, quien también es socialista, lo contrató para que asesorara la reconstrucción del puerto, lo que incluía promover inversiones en esa área y entenderse con el sector pesquero. Según registros del municipio, sus honorarios eran de $1,8 millón mensual.

Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar
Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

Así fue cómo Súnico se convirtió en un estrecho colaborador de Saavedra y en interlocutor municipal del mundo pesquero. El alcalde Saavedra también figura como receptor de recursos provenientes de Asipes en un correo electrónico de Luis Felipe Moncada fechado el 9 de octubre de 2012. En ese correo se mencionan otros aportes a candidatos de las elecciones municipales de ese año. Según se desprende del mail suscrito por Moncada, estos aportes a Saavedra debían ser desembolsados por la Pesquera Landes –propiedad de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner–, socia de Asipes. El correo señala que Landes debía destinar $2,5 millones a Gastón Saavedra.

CIPER preguntó a la Asipes por estos aportes a distintos candidatos que habrían sido coordinados por Moncada. La respuesta, entregada por escrito, fue: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus piezas, no es posible dar respuesta a su consulta, dejando constancia que la asociación gremial, así como sus asociados han prestado la colaboración y entregado los antecedentes que le han sido requeridos a la fecha”.

En su época de asesor del alcalde Saavedra y mientras se discutía en el Congreso Nacional la nueva Ley de Pesca, Rául Súnico impulsó las demandas del sector industrial. En el controversial escenario de la tramitación de esa norma, tanto Súnico como Saavedra fueron acusados por dirigentes artesanales de trabajar al servicio de los pesqueros industriales. Según un registro publicado por la Radio del Mar, el 19 de noviembre de 2012 Saavedra y Súnico viajaron al Congreso en Valparaíso donde participaron en una manifestación de los trabajadores de las empresas de Asipes en apoyo a la Ley de Pesca impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

El apoyo del actual subsecretario Raúl Súnico a los intereses de la pesca industrial no es una novedad. Cuando finalizaba el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, el entonces diputado Súnico votó en contra de un proyecto que buscaba prohibir la pesca de arrastre. Su argumento: “La pesca industrial es vital para la economía del país, por lo que cualquier proyecto referido al arrastre debe formularse en base a estudios rigurosos, situación que no ocurre con este proyecto de ley. Por eso, no veo espacio para su aprobación, pues no tiene el fundamento técnico que lo avale”, señaló en declaraciones recogidas por el portal especializado Aqua.

LA MINUTA DE MONCADA

El correo suscrito por Luis Felipe Moncada y enviado a los directores de Asipes el 14 de octubre de 2014, abordó varios puntos de la conversación reservada que sostuvo con Súnico el día anterior. El primero, ya mencionado, es el referido a la decisión de no poner fin a la pesca de arrastre.  Sobre este tema, la información que envió Moncada a los directores de Asipes, señala:

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Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes.

“(El subsecretario) planteó que el que no se haya cerrado el arrastre en la IV Región para los langostinos y permitiendo la operación (dentro) de las cinco millas (reservadas para la pesca artesanal), hace que ‘el tema del arrastre esté resuelto’ ya que habría sido el momento para cerrar el arrastre, cumpliendo con el programa de gobierno. La autorización para la pesca de langostinos se hizo, además, por cinco años, para exceder expresamente el plazo de duración de este gobierno”.

Moncada también informó en su correo a los directores de Asipes cuál habría sido su respuesta a ese planteamiento de Súnico:

Le hice ver que una situación era la de la IV (región), con un trabajo con senadores asequibles como (Jorge) Pizarro y Adriana Muñoz, y otra la de senadores y diputados que consideran (que) el arrastre es culpable del estado de los recursos, que estaban en una postura distinta. Que esperaba (que) su razonamiento tuviera razón, pero había permanentes planteamientos de supresión de la pesca de fondo y nadie podía asegurar lo que podría ocurrir con un proyecto votado de improviso en las cámaras”.

Frente a esto, Moncada escribió que Súnico “reconoció que el ‘subconsciente colectivo’ tiene la idea de que la pesca de arrastre es mala en sí. Incluidos los tomadores de decisiones”.

En su mensaje, Luis Felipe Moncada informó a los directores de Asipes que Súnico le comunicó que estaba operando para bajar el perfil al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la organización de pescadores artesanales más crítica del sector industrial y que exige la anulación de la Ley de Pesca: “Dijo (que) se ha efectuado un trabajo para disminuir el peso relativo de Condepp, aislando a Bustos (Jorge, su presidente), trabajando con Nelson Estrada (su vicepresidente) y una serie de dirigentes de la XIV, X, XI y XII regiones”.

La versión de Moncada indica que Súnico también le informó que tenía un problema con la permanente exigencia de los pescadores artesanales de cumplir con “un compromiso doble del programa”: extender al sur de la Región de Los Lagos las cinco millas exclusivas para la pesca artesanal y cerrar la pesca de arrastre en los Ecosistemas Marinos Vulnerables. Sobre este último punto, Moncada escribió que el subsecretario “escuchó” la petición de usar el Artículo 5º de Ley de Pesca para cerrar la pesca de fondo en los ecosistemas de los llamados “montes submarinos”. En concordancia con los intereses de Asipes, ese artículo no “sataniza” la pesca de fondo, pues, aunque la prohíbe, deja abierta la posibilidad de que un estudio científico demuestre que no afecta al ecosistema.

pescaSegún relata Moncada en su correo, tras oír la solicitud de usar el Artículo 5º para cerrar los montes submarinos, Súnico planteó “una especie de condición”: que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien presidía en ese momento la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, no siguiera demorando la tramitación del proyecto que autorizaba la pesca artesanal de jurel con “línea de mano”. La Asipes se oponía férreamente a esta iniciativa, porque esa pesca no se contabilizaría dentro de la cuota anual autorizada para la captura de jurel y, a juicio de Moncada, se prestaría para una extracción indiscriminada. La asociación exigía que se contabilizara dentro de la cuota anual destinada a los artesanales y la senadora Van Rysselberghe paralizaba el proyecto.

Moncada transcribió su respuesta a Súnico: “Le indique que este gremio no ha pedido a la senadora (Van Rysselberghe) que detenga el proyecto, sino solo le ha informado el problema que puede traer su aprobación para que se pesque jurel fuera de cuota, en cantidades importantes. Que habría que establecer un límite y que lo más adecuado es que las capturas se imputen a la cuota artesanal (…). Le señalé que haría ver su planteamiento a la senadora, a fin de que el proyecto avanzara”. Y así fue.

Los hechos indican que, después de varios meses en que el proyecto estuvo congelado en la Comisión de Pesca, tras la reunión entre Súnico y Moncada la tramitación se aceleró. Entre junio de 2014 (cuando la iniciativa llegó a la comisión) y octubre de ese mismo año, la Comisión de Pesca del Senado no sesionó. La senadora Van Rysselberghe era su presidenta y de ella dependía citar a reuniones. Luego de casi cuatro meses de inactividad, otros integrantes se autoconvocaron el 8 de octubre de 2014. Aunque a esa sesión no asistió Van Rysselberghe, el proyecto de todas formas fue aprobado en general y despachado a la sala con los votos de las senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz y del senador Juan Pablo Letelier.

Solo tres semanas después de la reunión de Súnico con Moncada, el proyecto fue discutido en la sala del Senado y desde esa fecha la senadora Van Rysselberghe volvió a participar en su tramitación. El 22 de abril de 2015 el Congreso despachó la iniciativa tal como la quería la Asipes: la pesca se imputaría a la cuota anual de jurel de los artesanales.

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Raúl Súnico (PS), subsecretario de Pesca.

Para preguntarle sobre sus reuniones con Súnico, CIPER intentó contactar a Luis Felipe Moncada por intermedio de su abogado, Rodrigo de la Barra, quien informó que el ex presidente de Asipes no estaba disponible para responder las consultas, que no tenía nueva información y que las respuestas oficiales las entregaría la asociación.

Sobre el contenido de los encuentros entre Moncada y Súnico, la Asipes señaló a CIPER: “El motivo y contenido de dichas citas, así como las que sostuvieron durante este tiempo otros dirigentes gremiales, sindicales o laborales de todas las actividades o industrias que son reguladas por la Subsecretaría de Pesca, deben encontrarse disponibles en los mecanismos de acceso a la información pública”. Una buena declaración de intenciones, porque como la reunión referida en el correo de Moncada tuvo lugar en octubre de 2014, no hay registro público de la cita, ya que tuvo lugar un mes antes de que entrara en vigencia la Ley de Lobby, la que estableció para las autoridades la obligación de llevar un registro de sus audiencias.

LAS CIFRAS DE LA JIBIA

Otro episodio que grafica la cercanía y confianza entre el subsecretario y Luis Felipe Moncada ocurrió en mayo de 2014, cuando Raúl Súnico apenas llevaba un par de meses en el cargo. El 27 de ese mes Moncada escribió a una dirección de correo electrónico privada del subsecretario, correspondiente a la sociedad comercial “Raúl Súnico Galdames Importadora, Exportadora, Comercializadora y Representación EIRL”, cuyo nombre de fantasía es “Don Alonso”. En el mensaje, Moncada le pidió información sobre el origen y destino (toneladas por región) de la pesca artesanal e industrial de jibia.

Los antecedentes sobre la captura de jibia que pidió Moncada no son difundidos por la Subsecretaría de Pesca. Un periodista de CIPER los solicitó el pasado jueves 12 de enero y la respuesta de la Oficina de Informaciones (OIRS) de la subsecretaría fue que esos datos deben ser requeridos por Ley de Transparencia y que la respuesta puede demorar 20 días hábiles. Para Moncada la espera fue de apenas tres días.

pescaEl intercambio de correos entre Luis Felipe Moncada y Raúl Súnico indica que el miércoles 28 de mayo de 2014, al día siguiente de la petición hecha por el timonel de la Asipes, el subsecretario le encomendó a un funcionario que recopilara los datos. El subalterno se los remitió a Súnico el jueves 29 y el viernes 30 el subsecretario se los envió finalmente a Moncada.

Asipes necesitaba con urgencia esos datos porque los industriales pesqueros estaban envueltos en una controversia con el sector artesanal por la captura de jibia. Los artesanales acusaban a los grandes empresarios de intentar apropiarse de la cuota de esa especie que correspondía a los pequeños pescadores. Desde el sector industrial, la acusación era a la inversa. La polémica se había suscitado porque en 2014 la pesca artesanal comenzó a exigir que la jibia solo se pudiera pescar con “línea de mano”, para evitar que los industriales la capturaran con arrastre.

Hasta el año 2019, el 80% de la cuota anual de jibia será para los artesanales y el 20% para los industriales. Un ejecutivo pesquero señaló a CIPER que, cuando vence el plazo de un acuerdo de repartición de cuotas, “se hace historia sobre la especie” y se reasignan los porcentajes de pesca según lo que cada sector realmente capturó en el periodo anterior. Así, cuando en 2019 se vuelva a negociar la cuota de la jibia, es probable que los industriales intenten demostrar que los artesanales pescaron menos de lo que declaraban y que no alcanzaban a completar su cuota, para pedir un aumento de sus propias capturas. De allí la importancia de los datos que el presidente de Asipes pidió al subsecretario.

En el intercambio de correos entre Moncada y Súnico el entonces presidente de Asipes explicitó su objetivo: “Va a servir para validar a qué planta le han vendido (los artesanales) lo que dicen haber pescado, que no nos cuadra para nada. Si aparece que hay venta en fresco, sabemos que es mentira… que le pidan los documentos tributarios. Creemos que estás siendo objeto de un chantaje de un grupo menor”.

Dos meses después, con un informe técnico favorable de la subsecretaría, se aprobó fraccionar los porcentajes de pesca de jibia en 80% para los artesanales y 20% para los industriales. En los hechos, eso significó mantener la pesca de arrastre en la extracción de la especie, lo que fue denunciado por los sindicalistas de la Condepp como “una traición” de Súnico al programa de gobierno.

 

Otras figuras oficialistas que recibieron aportes de Asipes

Los recursos de las pesqueras agrupadas en la Asipes destinados a campañas políticas fueron transversales. Aunque la mayoría fue en apoyo de candidaturas de derecha, en las municipales de 2012 y parlamentarias de 2013, según registros internos de la asociación que pudo revisar CIPER, también ayudaron a financiar a las principales apuestas de la Nueva Mayoría en la Región del Bío Bío.

De acuerdo con minutas internas de Asipes, en las elecciones municipales de 2012 al candidato DC por Concepción Álvaro Ortiz le habrían entregado $3 millones provenientes de la pesquera Landes. Esa misma empresa le habría aportado $2,5 millones al socialista Gastón Saavedra, quien compitió por el municipio de Talcahuano. Saavedra tuvo como asesor en el municipio a Raúl Súnico antes de que este se convirtiera en subsecretario de Pesca.

Los documentos también indican que otro socialista habría recibido dinero de las empresas agrupadas en Asipes en las municipales de 2012: Hugo Arancibia, histórico dirigente sindical del sector pesquero, quien por 30 años dirigió la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Bío Bío (Ferepa) y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Confepach). Arancibia compitió por un cupo de concejal por Talcahuano en la lista del PS. A él, según las minutas internas de Asipes, la pesquera Camanchaca le habría aportado $2 millones.

En la campaña parlamentaria de 2013 otros políticos de la Nueva Mayoría aparecen mencionados en las minutas de Asipes como receptores de recursos: el derrotado senador Hosain Sabag (DC), quien habría recibido $8 millones de pesquera Blumar y $2 millones de Foodcorp; el diputado José Miguel Ortiz (DC) habría obtenido $4 millones de Blumar y $3 millones de pesquera Landes, y, finalmente, el diputado Cristián Campos (PPD) habría recibido $2,4 millones de Blumar y $3,5 millones de Foodcorp.

Las evidencias de los pagos políticos de las pesqueras del sur

Vea además: “El artículo de la Ley de Pesca que le ahorró $4.670 millones a Corpesca”

Tras el terremoto político que significaron las investigaciones por el financiamiento irregular a la política de Penta, SQM y otras grandes empresas, el foco ha vuelto a las pesqueras. Esta vez a las que operan en el sur del país. En julio, el programa Informe Especial de TVN reveló los pagos de las empresas pesqueras del sur austral del país (agrupadas en Fipes) al ex dirigente de los pescadores artesanales y hoy diputado, Iván Fuentes, por petición del senador Patricio Walker (DC). A partir de esa denuncia, el Ministerio Público abrió una nueva arista que apunta principalmente a las pesqueras del Bio Bio, agrupadas en Asipes. La indagatoria, iniciada por el fiscal de regional de O´Higgins, Emiliano Arias, fue traspasada a su par del Bio Bio, Julio Contardo, luego de que el primero diera una polémica entrevista a La Tercera y el fiscal nacional Jorge Abott ordenara un sumario en su contra.

Asipes ya figuraba en las carpetas investigativas del financiamiento irregular de la política, pues algunos de los imputados por recibir pagos irregulares de SQM también habían emitido boletas a esa asociación gremial. En abril de 2015, CIPER consultó a Asipes por los pagos a esas personas y la organización aseguró que todos correspondían a servicios reales. El avance de las indagatorias ha demostrado otra cosa. Por ejemplo, respecto de una boleta pagada al abogado Sebastián Prat, Asipes aseguró que éste había “prestado servicios a este gremio, conforme a las tareas encomendadas”.

Pero Prat ya reconoció ante la Fiscalía que no hizo ningún trabajo y emitió una boleta falsa a solicitud de una asesora de Pablo Longueira. Y no es el único que ha declarado lo mismo.

pesqueras aysenSerán clave los primeros pasos que dé el fiscal Contardo, particularmente si decide pedir los documentos contables de Asipes. Hasta ahora sólo se conocen los pagos que hizo a personas que, en paralelo, emitieron boletas ideológicamente falsas a SQM, pero no se ha investigado a fondo el rol de la asociación pesquera.

La indagatoria del fiscal Arias se orientaba justamente a determinar la magnitud de la participación de Asipes y sus asociados en el financiamiento político irregular, particularmente si hubo pagos a los parlamentarios de la Región del Bio Bio. La segunda semana de agosto efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) requirieron los libros contables entre 2009 y 2014 a Alimentos Marinos (familia Izquierdo Menéndez), Bahía Coronel (familia Errázuriz), Landes (de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner) y Blumar (Grupo Yaconi-Santa Cruz con familia Sarquis). Según informaron desde Asipes, sus asociadas aún están trabajando en el requerimiento y aún no han entregado sus documentos.

Funcionarios de la PDI solicitaron los mismos antecedentes a otras tres pesqueras que no son parte de Asipes: Orizon (Grupo Angelini), Coloso (familia Lecaros) y Grimar (familia Del Río). Algunas de las empresas a las que se les pidieron sus antecedentes contables tienen en común el haber realizado rectificaciones tributarias durante el periodo investigado, que comprende la tramitación de la Ley de Pesca, las que fueron requeridas al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la Fiscalía (ver recuadro).

CIPER revisó los antecedentes y se comunicó con todas las pesqueras que forman parte de la investigación del Ministerio Público. También revisó los vínculos de los parlamentarios que tuvieron un rol relevante en la tramitación de la Ley de Pesca con empresas del rubro, así como de los dirigentes gremiales con los distintos partidos. La zona gris que une a los políticos con las pesqueras sólo parece agrandarse y amenaza con convertirse en una bomba, a poco más de un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

LOS APORTES A LONGUEIRA

Los pagos irregulares de la industria pesquera fueron la primera ventana al financiamiento de grandes empresas a políticos de todos los sectores. En 2013 CIPER reveló el testimonio de Georgio Carrillo, ex asesor de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien dio a conocer los pagos que realizó Corpesca, del Grupo Angelini, a la entonces parlamentaria independiente. La indagación del Ministerio Público la tiene hoy formalizada, al igual que al desaforado senador Jaime Orpis (UDI), quien recibió $233 millones de Corpesca.

La nueva arista que se abre con los pagos ilícitos a la política de las pesqueras del sur se alimenta de las evidencias que arrojó la indagación de los pagos de SQM a políticos de distintos sectores. Allí aparecieron las primeras boletas irregulares de las pesqueras del sur cuyo denominador común es el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira, quien lideró la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.

El primer boletero de Longueira en reconocer pagos de pesqueras por servicios no prestados fue el abogado Nicolás Guíñez. El 29 de octubre de 2009 emitió una boleta por $2,2 millones a Asipes y el 3 de noviembre del mismo año una por $5 millones a Pesquera El Golfo, la que hoy no existe ya que sus ex propietarios, Grupo Yaconi-Santa Cruz, la fusionaron en 2011 con Pesquera Itata (de la familia Sarquis) dando paso a la actual Pesquera Blumar. Su hermano, Gustavo Guíñez, presentó el mismo día una boleta a El Golfo por otros $7,7 millones.

El 18 de diciembre de 2015 Nicolás Guíñez declaró ante la Fiscalía que no había prestado ningún servicio por esos pagos, y que las boleta las emitió por solicitud de Carmen Luz Valdivielso, histórica asesora de Pablo Longueira y formalizada en la arista Longueira del Caso SQM.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

Pero los hermanos Guíñez no son los únicos allegados al entorno de Longueira que reconocen haber emitido boletas falsas a empresas pesqueras. En su testimonio ante la fiscalía, Nicolás Guíñez afirmó que su ex compañero de universidad Sebastián Prat también hizo boletas a solicitud de la asesora de Longueira.

El 26 de febrero de 2016 Prat prestó declaración ante la fiscal Carmen Gloria Segura, a quien le reconoció que la boleta a Asipes fue falsa: “Respecto de la boleta falsa que tuve que emitir a petición de Titi (Valdivielso) a la Asociación de Industriales Pesqueros AG por $4.730.000 en fecha 29/10/2009, no recuerdo como me pagó esa empresa pero el valor lo deposité el 20/11/09 en mi cuenta corriente del Banco Santander, tras lo cual giré un cheque a Titi el 24/11/2009 que fue protestado por forma” (ese dinero finalmente se retiró en efectivo en la sucursal Pocuro del Banco Santander).

Ese testimonio es corroborado por un correo electrónico que está en manos de los fiscales, y donde se comprueba que Valdivielso solicitó la boleta falsa para Asipes: “Sebastián, necesito boleta por $4.300.000 líquidos que diga; informe sobre situación tributaria de las A.G, a nombre de Asociación Industriales Pesqueros AG. Luego me la mandas a mi e-mail igual que la otra vez”, se lee en el correo enviado el 27 de octubre de 2009.

El dato es clave ya que cuando en abril de 2015 CIPER consultó a Asipes por los pagos a Sebastián Prat, la asociación gremial aseguró que el abogado había prestado servicios. En esa ocasión CIPER también consultó por un pago realizado a Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira), y Asipes también aseguró que el trabajo se había realizado (ver reportaje “Financiamiento irregular de la política: los pagos de las pesqueras).

El tercer nombre consultado por este medio a Asipes fue el de Pamela Campos Joost, quien integra la nómina del SII en la denuncia que presentó el 2 de abril de 2015 por ser la titular de dos boletas rectificadas por SQM. En Asipes confirmaron pagos a Campos Joost, aunque también dijeron que sus servicios se habían prestado. Campos Joost, administradora hotelera, también figura con pagos de Pesquera El Golfo. Ella ha guardado silencio las dos veces en que ha sido requerida por la Fiscalía. Su vinculación con el mundo político de derecha es variado: ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán, de la Municipalidad de Recoleta (cuando era administrada por la UDI), de la Universidad del Desarrollo y de Bancard, la empresa de inversión ligada a Sebastián Piñera que es investigada por recibir dinero de SQM.

También ligada a Longueira, Solange Hermosilla emitió una boleta por $5 millones el 23 de noviembre de 2009 con cargo a Pesquera El Golfo. Ella reconoció ante el SII que se trató de una boleta falsa que le fue pedida por Titi Valdivielso.

Aunque Nicolás y Gustavo Guíñez lograron temporalmente no ser condenados por ilícito tributario en la audiencia del pasado 2 de agosto, esa medida solo aplica para las boletas falsas emitidas a SQM, por lo que podrían volver a ser formalizados por los pagos que recibieron desde empresas pesqueras. Y la Fiscalía ya ha avanzado en esa arista: en abril de este año la fiscal Ximena Chong (que investiga a Corpesca) solicitó al SII todas las boletas emitidas por Solange Hermosilla, Sebastián Prat, Alfonso Mora y Pamela Campos. Antes, se había realizado la misma solicitud respecto de los hermanos Guíñez.

EL LOBBY COORDINADO DE LA INDUSTRIA

Las indagatorias del Ministerio Público respecto a las pesqueras han revelado los movimientos que realizó la industria en medio de la tramitación de la Ley de Pesca en 2012. A través de una serie de correos electrónicos que intercambiaron los representantes de las grandes empresas pesqueras de todo el país, se tejió una potente red de lobby que se la jugó por beneficiar a los grupos económicos que mantienen bajo su poder los principales recursos pesqueros de Chile.

Las tres organizaciones gremiales de las pesqueras más grandes participaron en esa estrategia. Fue así como Asipnor (zona norte), Asipes (Bio Bio) y Fipes (sur austral) se coordinaron para presionar al Congreso para que la Ley de Pesca beneficiara sus intereses. La ley promulgada a fines de 2012 les entregó licencias por 20 años, renovables automáticamente, a las empresas que esgrimían poseer “derechos históricos” sobre los recursos pesqueros.

A inicios de agosto La Tercera reveló detalles de las comunicaciones entre las organizaciones. En un correo enviado en julio de 2012 por Luis Felipe Moncada, presidente de Asipes, a sus pares de Asipnor y Fipes, les señalaba que era esencial que “el norte afirme a Vargas” (el entonces diputado PPD por Arica, Orlando Vargas), para que Cristián Campos no esté solo en la sala en la votación contra las licitaciones y el carácter indefinido”, haciendo referencia al diputado Campos del PPD, quien representa a Talcahuano y Hualpén desde 2010 en la Cámara.

El diputado Campos dijo a La Tercera que votó en contra de la idea de legislar de la Ley de Pesca y a favor de que los recursos pesqueros fueran del Estado. Un análisis más detallado muestra que durante la votación del 18 de julio de 2012 en la Cámara había cuatro artículos que afectaban directamente a las pesqueras históricas, pues trataban sobre las licencias que se les entregarían para permitirles obtener recursos marítimos. El diputado Campos se cuadró en cada una de esas votaciones con los intereses de los industriales.

Luis Felipe Moncada, presidente Asipes.
Luis Felipe Moncada, presidente Asipes.

Ese día se votó una indicación del diputado Matías Walker (DC) que proponía que las licencias transables de pesca clase A otorgadas a los industriales tuvieran una vigencia de 20 años (y no que fueran perpetuas). También establecía que el porcentaje de cuánto podían pescar cada año pudiera disminuir a través de licitaciones. El diputado Campos la votó en contra. Otro artículo buscaba que las licencias entregadas a los actores de la industria fueran temporales. Campos también la votó en contra. Lo que sí aprobó el diputado PPD fue un artículo que buscaba que las licencias fueran indefinidas. Y también dijo que sí a la propuesta de que las licencias fueran divisibles, transferibles y transmisibles, lo que permitía a las pesqueras hacer negocios.

Consultado por CIPER, Campos aseguró que hubo otros artículos que apoyó que beneficiaron al sector artesanal, pero que “acá en la región hubo un tremendo debate respecto de cierta incertidumbre que podía existir con las licitaciones. Cuando uno licita no sabe si se va a licitar a una pesquera de la región o de otra región. El movimiento de empleo o de trabajo se podía mover de una región o de otra… esta es una región que tiene mucho trabajo en las plantas, cada una de ellas tiene una cantidad relevante de empleo, y eso terminó inclinando la discusión”, argumentó.

El diputado descartó que sus dos campañas parlamentarias (2009 y 2013) hayan sido financiadas por las pesqueras, y también que él o sus familiares tengan algún tipo de nexo laboral con la industria. El diputado dice que su defensa de las plazas laborales que ofrecen las empresas pesqueras explica su cercanía con el sector.

El diputado Campos y su par de la UDI Jorge Ulloa, son los parlamentarios del Bio Bio que más aparecen en los registros fotográficos de las actividades de Asipes. Es habitual verlos en seminarios, celebraciones e inauguraciones de plantas de producción de la industria pesquera.

En el mismo correo del presidente de Asipes que menciona a Campos, Moncada hace alusión a una reunión que habría sostenido el ex subrecretario de Pesca de Patricio Aylwin, Andrés Couve, con un grupo de militantes de la DC: Felipe  Sandoval (ex subsecretario de Pesca, hoy presidente de Salmon Chile), Exequiel Silva (ex diputado, quien asesoraba a la bancada DC) y Mario Tapia (asesor del diputado Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca y asesor histórico de pesqueras). Los democratacristianos habrían concluido que en la Falange no estaban los votos para que las licencias fueran perpetuas, pero que había margen para que estas fueran renovables cada 20 años, como finalmente sucedió (ver nota al final de este reportaje).

Pero hay más correos. En marzo El Mostrador dio a conocer otro intercambio de emails entre los actores de la industria. El 31 de agosto de 2012 el abogado del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, Esteban Papic, le envió al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dos indicaciones que se habían redactado luego de una reunión en la que participaron varios actores de la industria pesquera.

Diputados Campos y Ulloa en inauguración sala de venta pesquera (2015)
Diputados Campos y Ulloa en inauguración sala de venta pesquera (2015)

En la cita, que se desarrolló la misma mañana del 31 de agosto de 2012, en plena tramitación de la ley, participaron el presidentes de Fipes, Carlos Vial; el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis; el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Patricio Aylwin, Andrés Couve; el asesor de Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca, Mario Tapia; y el mismo Papic. En la ocasión se revisaron los artículos 143 y 143 bis, los que según El Mostrador definen las causales de caducidad de las licencias de pesca. Como se definieron causales “restrictivas”, era muy difícil que las licencias caducaran alguna vez. Lo que finalmente se aprobó en el Congreso es parecido a lo que se redactó entre los actores de la industria.

Tres días después de esa reunión, Francisco Mujica hizo llegar un correo al senador Orpis con el título “nuevas indicaciones 143 y 143 bis”. Aunque Orpis no presentó indicaciones, los correos en poder de la Fiscalía grafican la coordinación de los industriales que intentó influir los parlamentarios.

Un diputado que se ha visto afectado indirectamente por la filtración de los correos electrónicos de los dirigentes de la industria pesquera es Matías Walker (DC), quien durante la tramitación de la Ley de Pesca fue asesorado por el abogado Mario Tapia, el mismo que participó de la reunión con los representantes de la industria en que se redactó una indicación.

Consultado por CIPER, el diputado Walker aseguró que al momento de contratar la asesoría de Tapia le consultó si estaba vinculado a la industria pesquera, cosa que él negó. El legislador dijo que se conocen de la época del colegio, por lo que confía en su ética. “Yo presenté una indicación para que las licencias de pesca no fueran perpetuas. Y después en la sala se perdió. Esa indicación la redactó Mario Tapia. Nosotros propusimos que se licitara hasta un 50% de la cuota, lo que no quería la industria. Esa indicación la perdí, y también la redactó Mario Tapia”, aseveró Walker. “No tengo idea si él participó en reuniones con la industria. Pero a la industria no le gustaron nada las indicaciones que él redactó como asesor mío”, agregó el parlamentario.

Según fuentes de la DC, Mario Tapia no tiene una vida partidaria muy visible. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Pesca y desde el principio de su carrera ha estado ligado a la empresa privada. Entre 2002 y 2005 fue abogado interno de Pesca Chile – era propiedad del grupo español Pescanova, que participaba en Fipes -, y el resto del tiempo se ha desempeñado en estudios de abogados como Cariola, Diez, Pérez Cotapos, Estudio Carvallo y Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, donde es socio y se mantiene hasta hoy. En su biografía publicada en el sitio web del bufete se señala que “ha asesorado a importantes compañías y asociaciones en los rubros pesqueros y acuícolas siendo éstos su principal área de especialidad”.

La investigación por la arista Fipes contiene otro intercambio de correos electrónicos fechado el 12 de diciembre de 2012, días en que se votaron los acuerdos en la Comisión Mixta que se formó en el Congreso para resolver las discrepancias de la Cámara con el Senado. En ese email Valeria Carvajal, gerenta de Fipes, le escribe a los representantes de las empresas de esa organización gremial, y también al asesor Felipe Sandoval (DC): “Esto es lo que le pasé a Horvath y a su vez, Luis Felipe a otros”. Se referiría a Luis Felipe Moncada, de Asipes. En el correo viene adjunta una minuta que lleva por título “Tema patente”, y que es básicamente un instructivo de cómo votar.

En el texto se indica que se debe “rechazar artículo 16 transitorio”, “aprobar cambio de guarismo 3,3 a 4,2 en artículo 43 TER”. También se indica que la “solución para la menor recaudación: subir en la misma proporción al 43 BIS (TRG) y 43 TER (cuotas de pesca). Todo eso por periodo transitorio de 4 años”. Cuando la prensa le consultó al senador Antonio Horvath por estas indicaciones, dijo que había votado “justo en sentido contrario”.

Otro de los cuestionamientos a Horvath es por haber permitido el ingreso a la Comisión de Pesca del Senado, y a la Comisión Mixta -ambas instancias presididas por él-, de la gerenta general de Fipes, Valeria Carvajal, como su asesora. El senador dijo que lo hizo para resguardar que todos pudieran participar de la discusión.

Lo mismo hizo el diputado Jorge Ulloa (UDI), quien ingresó a la Comisión Mixta como su asesor al presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y a Héctor Bacigalupo, de Sonapesca. El diputado Nino Baltolu (UDI)ingresó como asesor al dirigente gremial de Corpesca Michel Campillay.

LOS VÍNCULOS DE LAS PESQUERAS EN EL BIO BIO

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) agrupa a casi todas las grandes pesqueras que operan en la zona centro sur del país: Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bio Bio y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar, Foodcorp y Landes. El presidente de la asociación gremial es un ex militante de la UDI Luis Felipe Moncada, quien fue una de las cartas gremialistas para ocupar la intendencia del Bio Bio luego de la renuncia de Jacqueline Van Rysselbergue en 2011. Fue seremi del Trabajo durante la dictadura y ya en democracia asumió la gerencia general de Asipes entre 1990 y 2013. Desde ese año preside la entidad gremial.

Los vínculos del gremialismo con Asipes son más amplios. Uno de los fundadores de la UDI y actual vicepresidente, Domingo Arteaga, es gerente general de Cannex y durante la tramitación de la Ley de Pesca en 2012 ejerció como director de Asipes. El diputado UDI por uno de los distritos del Bio Bio, Iván Norambuena, fue gerente de Operaciones de Alimentos Mar Profundo, empresa asociada a Asipes, aunque en la región dicen que en la práctica esa empresa ya no existe, ya que se fusionó con Pesquera Camanchaca y Pesquera Bio Bio para formar Cannex.

Diputado Jorge Ulloa con directores Asipes Alberto Romero, Jan Stengel y Domingo Jiménez en 2010.
Diputado Jorge Ulloa con directores Asipes Alberto Romero, Jan Stengel y Domingo Jiménez en 2010.

Pero lo que ha levantado más polvareda ha sido el vínculo comercial del diputado Jorge Ulloa (UDI) -miembro de la Comisión de Pesca desde 2002-, con la ex Pesquera El Golfo (actual Pesquera Blumar). A mediados de 2015 el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ingresó un oficio a la Comisión de Ética de la Cámara para que se revisara la situación de Ulloa, quien no se inhabilitó de votar la Ley de Pesca.

Ulloa tiene estrechos vínculos con dos sociedades que prestan servicios de transporte a las pesqueras. La primera es Cargo Service, sociedad creada en 1997 junto a  Eduardo Aravena Espinoza. En 2004 Ulloa y su esposa, Siomara Concha, salieron de la sociedad, la que pasó a ser administrada por Aravena y su mujer, María Luisa Urcelay.

Solo tres días después que Ulloa y su mujer abandonaran Cargo Service, las cónyuges de Ulloa y de Aravena formaron una nueva sociedad, que mantuvo el antiguo nombre pero que se transformó en sociedad anónima: Cargo Service, la que continuó prestando servicios a pesqueras. Ulloa se ha defendido indicando que con su mujer tiene separación de bienes, por lo que no habría conflicto de interés.

“Yo nunca he sabido nada, nunca me he metido en nada. Es una empresa de traslado de carga, presta servicios a cualquiera”, dijo Ulloa a CIPER. Agregó que su esposa se retiró del negocio “hace unos dos meses”. El diputado agregó: “Solo le puedo decir que efectivamente yo he estado en muchas industrias, las conozco, porque hay allí una gran cantidad de trabajadores, las he conocido y las he visitado… pero más allá de eso, no”. Consultado sobre si las pesqueras han financiado sus campañas, no lo descartó:

-No tengo ninguna situación anormal de la cual yo pudiera sentirme afectado. Si hubo financiamiento a mis campañas de las pesqueras pudo haber sido vía legal. De acuerdo a la legislación vigente. Yo no manejo el detalle de mis campañas.

Su ex socio Eduardo Aravena también es militante UDI: en 2011 figuraba como secretario regional del gremialismo en el Bio Bio. Fue condenado en 2009 por la utilización de boletas falsas en la contabilidad de su empresa Cargo Service entre 1998 y 2003, periodo en que Ulloa participaba directamente en el negocio (ver fallo del 3er Juzgado del Crimen de Concepción).

Al igual que el diputado Campos, Jorge Ulloa (UDI) se alineó con los intereses de la industria en los cuatro artículos de la Ley de Pesca revisados por CIPER. En la indicación que limitaba en 20 años las licencias a las grandes pesqueras, votó en contra. También se opuso al artículo que definía las licencias como “temporales” y aprobó el que establecía que fueran “indefinidas” y el artículo que les permitió a las pesqueras hacer negocios con sus licencias.

En la Región del Bio Bio también se ha apuntado a la diputada Clemira Pacheco (PS) como otra integrante de la Comisión de Pesca que habría tenido vínculos con la industria de la zona.  De hecho, antecedentes recogidos por CIPER indican que ella estaba en la nómina de parlamentarios investigados por el fiscal Arias.  Y se recuerda que en un momento fue acusada por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca de “darse vuelta la chaqueta” y tratar de influir para que se rechazara una indicación que ella misma presentó para favorecer a los pescadores artesanales.

Sin embargo, al menos en los artículos que revisó CIPER, Pacheco no votó siguiendo los intereses de las pesqueras industriales. Si bien no emitió su voto en la indicación del diputado Walker que buscaba fijar un tope de 20 años a las licencias para los industriales, sí votó a favor de la que definía las licencias como “temporales”. Votó en contra del artículo que establecía licencias “indefinidas” para la industria, y en contra de otro que les permitía hacer negocios con las licencias otorgadas.

PAGOS EN LA PATAGONIA

Una tercera arista es la que hoy comanda el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien investiga los pagos realizados desde la gremial que agrupa a las empresas del sur austral (Fipes) hacia parlamentarios de la región. Por ahora, están sobre la mesa las transferencias de dinero a solicitud del senador Patricio Walker (DC) que tenían como finalidad financiar al diputado Iván Fuentes en su pre campaña parlamentaria.

Las empresas pesqueras que reinan en Aysén están todas vinculadas a la familia Del Río. Oficialmente forman parte de Fipes las empresas Friosur, Emdepes y Pesca Chile. De esas tres, solo las dos primeras subsisten.

Valeria Carvajal (Fuente: iisd.ca)
Valeria Carvajal, gerenta Fipes (Fuente: iisd.ca)

Friosur es un holding que engloba a Pesquera Grimar, Salmones Friosur y que adquirió las cuotas de merluza que pertenecían a Pesca Chile (era propiedad del grupo español Pescanova, que quebró en 2013). Emdepes pertenece a los japoneses Nippon Suisan América Latina, pero también tiene vínculos con las empresas de la familia Del Río (ver reportaje El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron).

Esta hebra se destapó luego de que Informe Especial (TVN) hiciera públicos una serie de correos electrónicos y datos contables de Fipes, los que revelaron traspasos de dinero que beneficiaron al diputado independiente Iván Fuentes, a través de dos vías: mediante el Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), sindicato en el que participaba Fuentes,  y a través del senador de la región Patricio Walker.

Otros correos electrónicos entre dirigentes de Fipes entregan luces de las gestiones del senador Walker para financiar las actividades de Iván Fuentes, incluida su campaña parlamentaria. En una cadena de emails enviados el 4 de abril de 2013, la gerente de Fipes, Valeria Carvajal, y el vicepresidente de la gremial y presidente ejecutivo de Emdepes (del grupo Nissui), Mario Inostroza, se preguntan el porqué del depósito de $1 millón a la cuenta de Carlos Vial, entonces presiente de Fipes.

A las 11:48 horas de ese día Carvajal le escribe a Inostroza: “Ese cheque a nombre de Carlos corresponde a la tercera cuota de 1 millón que CV (Carlos Vial) se comprometió con Patricio Walker y que acordamos que no se le depositara directo a PW, sino que a través de CV”. Pocos minutos después Inostroza responde que no sabe a qué se debe el pago, a lo que Carvajal replica: “Mi conclusión, sin tampoco tener respuesta directa de Carlos, es que es para financiamiento de campaña de Iván Fuentes de diputado por la XI…”. Fuentes y Walker reconocieron que era para eso.

En junio de 2013 hubo nuevos aportes. Así lo revela un email del 20 de ese mes. Mario Inostroza le explica a Seiji Takahashi que el “señor Del Río” solicitó una donación para “apoyar la candidatura a diputado de Iván Fuentes, pescador y dirigente artesanal de la XI Región”. En ese mismo correo le explica que la idea es que el total de $12 millones sea pagado en partes iguales por Friosur y por Nissui. Para ello le propone una fórmula: hacerlo desde las filiales salmoneras de ambas empresas (“por lo ocurrido con Corpesca”) y a través de boleta de honorarios de un estudio de abogados.

Cinco días después, el 25 de junio, un hermano del senador Walker, Tomás Walker, envió a Tomás Pumarino, entonces director de Friosur, una boleta por $6 millones a nombre de Alejandro Correa Rivera, entonces abogado de su estudio Walker y Valdivia Abogados. Ese mismo estudio tiene un pago rectificado desde Inversiones Caburga (Grupo Said), por una boleta sin respaldo emitida en 2009.

El aporte a Fuentes tuvo su recompensa. En marzo de 2014 el senador Patricio Walker y el diputado Iván Fuentes se reunieron con Valeria Carvajal, de Fipes, quien luego envió una minuta sobre la cita a la plana mayor de la entidad gremial. En el texto asegura que en la reunión Walker y Fuentes se habrían definido como “nuestros aliados”, y que Walker se mostró especialmente atento, que incluso llamó al ministro de Economía para solicitar una audiencia para Fipes. Fuentes, por su parte, les entregó consejos de cómo mejorar su imagen pública. Al final de la minuta escrita por Carvajal, esta señala que el jefe de gabinete de Fuentes “es Marco Ferrada, antiguo colaborador de R. Azócar con quien tengo muy buenas relaciones. Nos vamos a poner de acuerdo para armar una buena minuta para Iván”.

Fipes no solo financió parte de la campaña de Iván Fuentes, sino que también inyectó millonarios recursos a la cuenta de la Corfapa, los que estuvieron coordinados por Rodrigo Azócar, asesor de la entidad sindical, y quien gozaba de buena llegada entre las pesqueras del sur austral, a juzgar por los correos electrónicos que hoy están en poder del Ministerio Público. De hecho, según los datos contables de Fipes, solo en 2012 se entregaron $123 millones a pescadores artesanales.

Senador Patricio Walker
Senador Patricio Walker

En varios emails se aprecia como Azócar es insistente en solicitar recursos. Hay uno fechado el 13 de abril de 2012 -justo un  mes después de que se apaciguara la protesta regional que ese año catapultó a la política a Iván Fuentes-, donde Valeria Carvajal le informa a los representantes de las empresas pesqueras que Rodrigo Azócar está solicitando $12 millones para financiar una pauta de actividades de Iván Fuentes y Misael Ruiz, otro de los voceros que resaltó en ese movimiento social.

Un mes después, el 7 de mayo de 2012, Valeria Carvajal le vuelve a escribir a los miembros de Fipes que Azócar solicita ahora $2 millones por empresa para cubrir los gastos de un viaje de Fuentes y Ruiz a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Otro correo fechado el 11 de octubre de 2011 enviado desde Aycón Consultores (empresa de Azócar) a Valeria Carvajal, señala: “A solicitud de don Rodrigo le entrego los datos para el depósito, según lo conversado con don Carlos Vial (presidente de Fipes) y Rodrigo Azócar”, y pasa a entregar los datos de la cuenta corriente de Azócar en Banco Estado, señalando que el monto a pagar será de $20 millones.

Hay un dato que figura en la investigación a SQM que también apunta a pesqueras del sur austral y que era desconocido hasta ahora. El 29 de abril de este año declaró en Fiscalía Gilda Schiaffino, quien fuera tesorera del PRI desde 2011, quien afirmó que los dineros que se recibieron desde SQM y empresas del Grupo Angelini los solicitó Adolfo Zaldívar (fundador del PRI, fallecido en 2013). En su declaración también reconoció pagos de dos empresas pesqueras  cuando le mostraron un correo electrónico del 12 de noviembre de 2012 donde el asesor de Zaldívar, Juan Carlos Osega, le manda los datos para que Julieta Cruz (boletera vinculada al PRI y a Adolfo Zaldívar) emita dos boletas a las empresas Acuinova Chile y Nova Austral. Según se lee en el email estas debían ser por $5,5 millones cada una y la glosa debía indicar “informes en derecho”.

En ese correo hay registro de que el mismo día la secretaria de la gerencia general de Acuinova Chile, Oriana Torrens, le envió esos antecedentes a Osega. En ese correo electrónico le indica: “Don Juan Carlos, estos eran los datos, sino avíseme”, y le entrega los rut y las direcciones de ambas sociedades. En esos momentos Zaldívar era el embajador de Chile en Argentina, nombrado por Sebastián Piñera.

Acuinova Chile y Nova Austral en 2012 pertenecían a la pesquera española Pescanova (la que formaba parte de Fipes), pero luego de que ésta cesara sus actividades en el país, el grupo de inversión europeo Altor and Bain Capital resucitó a Nova Austral, la que hoy está transformada en la salmonera ubicada en la zona más austral del mundo (tiene sus oficinas en Porvenir).

LAS RECTIFICACIONES PESQUERAS

El 19 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias (entonces a cargo de la causa) solicitó al SII el detalle e historial de las rectificaciones a las declaraciones de impuesto a la renta realizadas por doce empresas pesqueras y, a la vez, consultó si existían rectificaciones de otras dos (Orizon y Blumar).

El requerimiento de información incluía las fechas de rectificaciones realizadas por el primer grupo de doce empresas: Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Coloso, Emdepes, Enapesca, Grimar, Landes, Los Fiordos, Lota Protein, Pesca Chile, Sur Austral y Salmones Friosur. Varias de estas empresas ya no existen por fusiones realizadas en los últimos años, o simplemente porque dejaron de operar.

CIPER se comunicó con todas estas compañías para consultarles por las rectificaciones realizadas. De las doce empresas consultadas (o sus continuadoras), ocho contestaron las preguntas de CIPER, y solo una accedió a mostrar el detalle de las rectificaciones: Lota Protein, la que rectificó declaraciones para los años tributarios 2010, 2011, 2014 y 2015, todas por solicitud del SII, debido a que existían errores de forma, pero nada que implicara gastos rechazados ni pagos por boletas falsas.

En Pesquera Los Fiordos (propiedad de Agrosuper) mostraron el detalle de dos rectificaciones realizadas durante 2015, la primera fue presentada al SII el 6 de mayo y fue respecto del año comercial 2013. Según esa pesquera, se trató de una corrección menor del FUT. La segunda la presentaron el 16 de junio y fue sobre el año comercial 2014, en la que se corrigieron “códigos de la renta líquida imponible mediante reclasificaciones que no alteraron el resultado tributario final”, señalaron desde la empresa en la respuesta que enviaron a CIPER.

En la misma situación se encontrarían otras pesqueras indagadas. En Pesquera Landes (de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner) fueron escuetos al ser consultados por rectificaciones hechas en 2009, 2010, 2011 y 2014: “Pesquera Landes no efectuó rectificaciones ante el SII vinculadas a la investigación que relata CIPER”.

Lo mismo dijeron en Fipes sobre la empresa Emdepes (del Grupo Nissui): “No hay ninguna rectificación voluntaria de la empresa, si hay algo son fiscalizaciones de SII, y en esos casos hubo rectificación. Son revisiones de cuentas del SII: al haber diferencias de criterios de cómo se habían hecho los gastos tributarios, la empresa rectificó. Ninguna de estas rectificaciones incluye pagos irregulares a políticos. Se hicieron año a año, cuando el SII solicitó hacer las correcciones”, señalaron.

La misma respuesta entregaron desde el Grupo Del Río (holding Friosur): “Las rectificaciones son las mismas que hace cualquier compañía. No son por pagos políticos.Son rectificaciones contables”.

Las dos empresas pesqueras vinculadas a Francisco Javier Errázuriz, Enapesca y Bahía Coronel, no respondieron las consultas de CIPER. En el caso de Enapesca la Fiscalía indaga una rectificación realizada en 2010, y sobre Bahía Coronel requirió información sobre  rectificaciones en 2012 y 2014. Tampoco contestaron los llamados de este medio en Pesquera Coloso (familia Lecaros), que presenta rectificaciones tributarias en 2010 y 2012. La cuarta empresa que no contestó fue Alimentos Marinos (de los Izquierdo Menéndez), los que han rectificado tres años: 2010, 2011 y 2012.

LOS APORTES LEGALES DE LAS PESQUERAS

En 2015 CIPER publicó una investigación de Daniel Matamala donde se dieron a conocer las 1.123 empresas que entre 2005 y 2013 solicitaron beneficios tributarios al SII por concepto de donaciones a campañas políticas. Ese listado incluyó a varias empresas pesqueras.

Una de las que aparece solicitando el beneficio (por donaciones vía Servel) es el grupo Aqua Chile, propiedad de los hermanos Humberto y Claudio Fischer y Mario y Victor Hugo Puchi. El negocio salmonero de la compañía opera en las regiones de Los Lagos y de Coyhaique, y en su directorio ha participado Piero Solari Donaggio (de la familia controladora de Falabella, quienes tienen cerca del 9% de las acciones en Aqua) y Alejandro Pérez Rodríguez (uno de los controladores de la Universidad San Sebastián). Las donaciones las realizaron a través de Salmones Cailin S.A. y Empresas Aquachile S.A.

Otra de las pesqueras que aparece solicitando la rebaja tributaria por donaciones vía Servel es Pesquera San José, filial de Coloso, la empresa de la familia Lecaros Menéndez que en 2010 se fusionó con South Pacific Korp (de los Angelini) para dar paso a Orizon, donde los Lecaros poseen el 40% de la propiedad.

En el mismo listado aparecen como donantes Pesquera El Golfo (grupo Yaconi Santa Cruz), la que luego se fusionó con Itata (familia Sarquis) para dar paso a Blumar, la que también aparece como donante. Una investigación de CIPER en 2013 reveló que para ese año Blumar entregó $80 millones de aportes reservados vía Servel.

Otro de los grupos que mantienen negocios pesqueros y que aparecen como donantes de dinero político ante el Servel son los Hurtado Vicuña, propietarios de Pesquera Pacific Star, sociedad que figura en el listado publicado por CIPER. En 2013 Pacific Star fusionó sus operaciones salmoneras con Trusal (de la familia Nenadovich), la que estuvo involucrada en el derramamiento de salmones muertos en la región de Aysén en mayo pasado.

En un recorrido hecho por diversas notarías, CIPER halló un acta de Corpesca donde su directorio acordó en 2013 aportar $25 millones a las elecciones parlamentarias y presidenciales de ese año. En esa misma búsqueda encontró las actas donde el directorio de Camanchaca (controlada por Jorge Fernández Valdés y Francisco de Borja Cifuentes) definió donar vía Servel $45 millones, y su filial Camanchaca Pesca Sur (en sociedad con Pesquera Bio Bio, de la familia Stengel), otros $30 millones.

La Pesquera Bio Bio también figura en la lista de donantes vía Servel entre 2005 y 2013, a la que accedió Daniel Matamala utilizando la Ley de Transparencia. En ese mismo grupo de empresas figura Acuinova Chile, firma que quebró a inicios de 2014 y que era controlada por Pesca Chile, sociedad propiedad del grupo español Pescanova que participaba en Fipes y que también quebró. Los activos de Acuinova Chile fueron adquiridos por la compañía noruega Marine Harvest.

La misma lista da cuenta de donaciones realizadas por Pesca Hielos Patagónicos Limitada, de la que no existe mayor información pública. Un registro del Diario Oficial da cuenta que esa sociedad fue constituida el 3 de agosto de 2005 en Punta Arenas por Moisés Vega Seguel y Jaime Cosme Ormeño.

N. de la R.: La versión original de este reportaje menciona por error una reunión entre Luis Felipe Moncada, de Asipes, y un grupo de militantes DC. Si bien Moncada hace referencia a la reunión de los democratacristianos en un correo electrónico, él no habría participado, tal como se señala en la nota de La Tercera que cita el correo.

El artículo de la Ley de Pesca que le ahorró $4.670 millones a Corpesca

En los últimos tres años la empresa pesquera Corpesca se “ahorró” $4.670 millones en impuestos. La compañía del Grupo Angelini debe agradecer esa significativa rebaja a una norma que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó en la Ley de Pesca a petición de los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS): el artículo décimo séptimo transitorio. El segundo inciso de ese artículo tiene apenas tres líneas, pero su efecto ha sido contundente. Según los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca, debido a la vigencia de esta norma al conjunto de la industria pesquera no se le cobraron tributos valorados en unos $5.700 millones. Cerca del 82% de esa suma corresponde a lo que ha dejado de pagar Corpesca.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

El artículo décimo séptimo transitorio, uno de los últimos aprobados durante la controversial tramitación de la ley, puso un límite o “techo” a los impuestos que debían cancelar las pesqueras industriales. Ese “techo” operó en 2014, 2015 y 2016 (el cálculo para este año se hizo en junio pasado). En cada uno de esos años se permitió que los pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que las mismas empresas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única Pesquera (PUP).

De acuerdo con las cifras que maneja la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), los tributos que este año debía cancelar Corpesca sumaban $5.555 millones, pero como sólo se le podía cobrar hasta un 40% por sobre lo que había pagado por PUP en 2012, la cifra que efectivamente desembolsará es de $3.196 millones. De esa forma, este año la compañía dejará de pagar al Fisco unos $2.359 millones (vea el reporte de Subpesca con los datos de tributación 2016).

Alrededor de 70 empresas pesqueras han operado en los últimos tres años y sólo una veintena de ellas ha pagado menos impuestos gracias a la aplicación del artículo décimo séptimo transitorio. De estas últimas, la más beneficiada ha sido, por lejos, Corpesca. Mientras en 2014 la compañía del Grupo Angelini dejó de pagar  unos $671 millones, las restantes empresas se ahorraron en conjunto $112 millones. En 2015, Corpesca dejó de pagar alrededor de $1.639 millones, en tanto las otras empresas que también gozaron de la rebaja sólo sumaron $403 millones (vea los reportes de Subpesca con las cifras 2014 y 2015). En 2016 la distancia es mucho más amplia: unos $2.359 millones para Corpesca y $542 para el resto.

En la “Historia de la Ley 20.657” –documento que reúne las actas e informes oficiales de todo el debate legislativo– es el senador Jaime Orpis quien aparece solicitando que se ponga un límite a los pagos de tributos de las compañías pesqueras. Hoy, Orpis está formalizado y bajo arresto domiciliario total debido a que la Fiscalía le imputa el delito de cohecho, pues lo acusa de haber aceptado dinero de Corpesca a cambio de favorecer a esa empresa.

Orpis ha negado haber hecho cualquier gestión que beneficiara a la empresa del grupo Angelini y como parte de su defensa ha argumentado que renunció a la Comisión de Pesca del Senado antes de que ingresara el proyecto de Ley de Pesca “por razones de prudencia”. También ha dicho que votó “en contra de Corpesca” respecto a las licitaciones de las cuotas de pesca, que no participó de la discusión general y que sólo reemplazó de manera “excepcional” a sus correligionarios Víctor Pérez y Alejandro García-Huidobro. Pero de acuerdo a las actas, dichos reemplazos incluyeron todas las votaciones de la Comisión Mixta que zanjó los detalles clave del proyecto y fue quien propuso la modificación que alivió temporalmente el aumento tributario que afectaría a Corpesca.

ROSSI: “SOLICITUD DE DIRIGENTES SINDICALES”

Los registros oficiales indican que esta moción de Orpis, que fue secundada por Rossi, se presentó el 12 de diciembre de 2012. Ese fue el segundo y último día en que sesionó la Comisión Mixta que analizó las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante el debate de la Ley de Pesca (vea el informe de esa comisión). En esa jornada se cumplió el último trámite antes de someter el proyecto a su aprobación definitiva en las dos cámaras legislativas.

Fulvio Rossi
Fulvio Rossi

Ese 12 de diciembre la comisión funcionó contra el tiempo, en una sesión maratónica y extenuante, bajo la presión de lograr la promulgación antes de fin de año, fecha que marcaba el límite de la vigencia de la antigua normativa pesquera.

Un ex asesor parlamentario que participó en la Comisión Mixta recuerda cómo se aprobó, en ese escenario, la norma que favoreció a Corpesca: “Estaban todos más preocupados de si la ley entregaría los recursos de manera perpetua a los industriales, de definir si los recursos eran del Estado y de proteger la pesca artesanal. Esas eran las discusiones importantes”, dice. Y agrega: “Cuando llegamos a la parte tributaria, Orpis dijo que tal como venía la ley iba a haber cesantía en el norte. La comisión entró en receso. Los asesores del ministro se fueron a otra sala, donde hicieron cálculos. Volvieron con la fórmula del 40% y se aprobó altiro. Nadie la cuestionó”.

Por tratarse de un tema presupuestario, era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es decir, los parlamentarios no podían proponer formalmente el cambio. Eso explica que después de la petición de Orpis y Rossi, fuera el gobierno el que modificó su propuesta, incorporando el techo para los tributos.

Sobre los efectos que esto tendría para la pesquera del Grupo Angelini, la misma fuente dice que no hubo dos lecturas: “Todo el mundo entendió que le bajaba los impuestos a Corpesca, que domina en un 90% la pesca del norte. En ese momento nadie pensaba en cohecho ni nada parecido, porque no se tenía la información que hay ahora, y aunque había un lobby fuerte de asesores y dirigentes sindicales de la empresa, la razón que se daba era evitar la cesantía. Parecía razonable, porque los impuestos le subían casi al doble a Corpesca con el proyecto original”.

“Lo que se argumentaba es que esas sumas habrían obligado a despedir trabajadores, ajustar costos, cerrar operaciones”, dijo a CIPER un asesor parlamentario que presenció el debate de la Comisión Mixta. Según se desprende de las cifras oficiales de Subpesca, si no se hubiese puesto un techo a los impuestos, Corpesca habría pasado de pagar $1.979 millones en 2012 a cancelar $3.617 millones en 2014, $4.704 millones en 2015 y $5.555 millones en 2016.

Jaime Orpiz
Jaime Orpis

Consultado por CIPER sobre las razones que tuvo para secundar a Orpis en la petición de un “techo” para el pago de los impuestos, el senador Rossi respondió por escrito: “Respecto a lo que menciona, se hizo a solicitud de los dirigentes de los trabajadores de la pesca industrial por un tema de empleo (…). De hecho, apoyé claramente aumentar (el valor de) las patentes. Sólo se solicitó gradualidad (en la aplicación del nuevo régimen tributario) y acoger esa gradualidad dependía del gobierno”.

En su afán de confirmar que no actuó en defensa de los intereses de la industria, en general, ni de Corpesca, en particular, Rossi argumentó que junto al senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley, poco antes de que el entonces ministro Longueira ingresara el suyo, “que licitaba las cuotas de pesca, contrario a los intereses de la industria”. Y agregó que todas sus acciones, durante la tramitación de la ley, “iban enfocadas a proteger el recurso. De ahí nacen los comités científicos técnicos (que ahora definen las cuotas de pesca según el nivel de recuperación de las especies) para terminar con la discrecionalidad en la asignación de cuotas”.

El ROUND DEL NORTE Y EL CENTRO-SUR

Hasta la promulgación de la ley impulsada por Longueira –ahora también investigado en la indagación sobre aportes políticos ilegales hechos por pesqueras–, el régimen tributario del sector industrial incluía principalmente el pago de la Patente Única Pesquera (PUP). El cálculo de la PUP era tan simple como resistido por las empresas: se cobraba según el tonelaje de las embarcaciones y debía ser pagada por todas las naves registradas por las compañías, aunque no estuviesen operativas.

El sector industrial sostenía que la PUP generaba un alto costo fijo que generalmente no tenía relación con las toneladas que efectivamente se pescaban. Con la baja en las capturas por la sobreexplotación de los recursos o por factores ambientales, las empresas dejaron de operar muchas naves para ajustar costos, pero igual debían pagar sus PUP. Esto se agravaba en el caso de las compañías asentadas en la zona de Talcahuano (centro-sur), representadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que en conjunto manejaban una flota con una amplia capacidad de tonelaje, pero que cada año veían decrecer su pesca efectiva.

Hosain Sabag
Hosain Sabag

En los años previos a la discusión de la nueva Ley de Pesca, se dio el caso de que las compañías agrupadas en Asipes, como bloque, alcanzaron a pagar impuestos por más de un millón de toneladas –que era la capacidad de carga de su flota–, pero capturaban menos de 500 mil toneladas, debido a la baja en las cuotas de pesca que se les asignaban y al agotamiento de los recursos marinos.

“Se pagaban impuestos fijos por recursos que no se comercializaban. Esto es como si las compañías mineras pagaran por la capacidad que tienen de procesar cobre y no por el cobre que realmente extraen, procesan y venden”, señala un asesor que participó en el debate parlamentario.

Asipes informó a CIPER que en 2012, bajo el esquema tributario antiguo, sus asociados pagaron en conjunto más de $10.282 millones en impuestos y capturaron un total de 438 mil toneladas, correspondientes al 70% de la cuota de pesca que tenían autorizada para ese año (626 mil toneladas). En el norte, Corpesca vivía una situación muy distinta: el mismo 2012 pagó al Fisco $1.979 millones y pescó 522 mil toneladas, que equivalían al 99% de la cuota de pesca que se le había asignado ese año (526 mil toneladas), según informó a CIPER la misma empresa.

La notable diferencia entre las condiciones del norte y del centro-sur fue motivo de una queja permanente de los industriales asentados en la zona de Talcahuano. En el debate legislativo, la representación de sus reclamos la asumieron los parlamentarios de la Octava Región: el entonces senador Hosain Sabag (PDC), el diputado Jorge Ulloa (UDI) y el ahora ex diputado Frank Sauerbaum (RN).

El cambio en el régimen tributario que propuso Longueira sintonizó sólo en parte con la aspiración de los industriales del centro-sur. Aunque eliminaba el cálculo basado en el tonelaje de las naves, no acogió la idea de que los tributos se pagaran por las toneladas pescadas, como querían las empresas, sino por las toneladas de las cuotas de pesca asignadas a las compañías.

La propuesta del equipo ministerial planteó que los pagos al Fisco se realizarían por dos conceptos principales: patente y un impuesto específico. La patente la pagarían ahora solo las naves que efectivamente pescaron y el impuesto se calcularía en relación con las toneladas de la cuota de pesca anual asignada a la empresa. De esta forma, aunque no prosperó la idea de asociar el cálculo a las toneladas realmente capturadas, los industriales de Talcahuano se conformaron con que al menos el nuevo régimen tributario sí incluyó un factor anual variable que –en teoría– debía provocar una baja en los impuestos.

Quienes participaron en la discusión legislativa recuerdan que fue el senador Sabag quien insistió en que la nueva fórmula para calcular los impuestos debía estar asociada a las toneladas de pesca efectiva.

En la Comisión Mixta la fórmula auspiciada por Longueira fue presentada a los parlamentarios por su asesora, la economista Mónica Ríos Brehm, quien también fue asesora del Ministerio de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos y es autora de informes publicados por el Instituto Libertad y Desarrollo.

Frank Sauerbaum
Frank Sauerbaum

Mónica Ríos respondió las consultas de CIPER por escrito y explicó: “La nueva Ley de Pesca tiene como uno de sus objetivos fundamentales hacer sustentable al sector. Dicho objetivo, si se cumple, tendrá como resultado una recuperación de las pesquerías, lo que traerá, entre otras consecuencias, mayores utilidades de las empresas. El objetivo de modificar el régimen tributario fue para introducir un elemento que permitiera al Estado participar de las mayores utilidades que generaría un sector pesquero sustentable, lo que no ocurría con el régimen antiguo, que gravaba solo a las naves, se usaran o no”.

A juicio de la asesora, en la medida en que se recuperen las pesquerías y se incrementen las utilidades de las empresas, será el impuesto específico el que permitirá al Estado “capturar parte de esas utilidades”. En sus palabras, este impuesto es una suerte de “royalty pesquero”.

Con la nueva ley se esperaba una baja inicial en las toneladas de pesca autorizadas, debido a que la misma norma determinó que las cuotas de pesca serían definidas por comités científicos, para asegurar la recuperación de los recursos. Por esa razón se temía una caída en la recaudación tributaria. Pero, el Ejecutivo argumentó que con un aumento temporal del impuesto específico se mantendría inalterable el nivel de recaudación (alrededor de US$33 millones por año).

La “Historia de la Ley 20.657” dice que una vez que fue presentado a la Comisión Mixta el modelo propuesto por el equipo ministerial, el senador Sabag y los diputados Sauerbaum y Ulloa se manifestaron a favor del cambio, debido a que consideraban injusto mantener la fórmula anterior:

El honorable senador señor Sabag dio cuenta de la inequidad de la situación actual en materia del pago del impuesto específico, toda vez que, teniendo una menor cantidad de cuota, la zona centro sur aporta alrededor de un 70% de la recaudación fiscal por este concepto”, se lee en el informe oficial de la Comisión Mixta.

ORPIS: “EFECTO DEVASTADOR”

Tras la intervención de Sabag, el diputado Matías Walker (PDC) también mostró su satisfacción porque el cálculo del impuesto específico ya no se haría en relación al tonelaje de las embarcaciones, sino a la cuota de pesca asignada. Walker es hermano del senador por Aysén Patricio Walker (PDC), quien solicitó aportes a la principal pesquera de su región: Friosur, propiedad de la familia Del Río, históricamente vinculada a la Democracia Cristiana (vea el reportaje de CIPER).

Fue entonces cuando intervino el senador Jaime Orpis: “El honorable senador señor Orpis advirtió que la propuesta planteada por el Ejecutivo puede provocar un efecto devastador en el sector industrial del norte del país, con los consecuentes impactos en materia de desempleo (…). En virtud de lo expuesto, afirmó que lo razonable es fijar ciertos límites en la aplicación del impuesto específico a las empresas”, señala el informe de la Comisión Mixta.

Enseguida, la petición fue respaldada por Fulvio Rossi: “En esa misma línea, el honorable senador señor Rossi concordó en que la disposición sugerida puede generar que el sector industrial, especialmente en el norte del país, comience a hacer ajustes en materia de empleo. Por ello, solicitó al Ejecutivo efectuar una nueva proposición en esta materia, estableciendo un límite superior o ‘techo’ al incremento del impuesto”.

Antonio Horvath
Antonio Horvath

La asesora del entonces ministro Longueira, Mónica Ríos, confirma que la nueva fórmula generaba efectos desiguales entre las empresas, produciendo un mayor pago de impuesto para algunas: “Este nuevo régimen tributario de patente mas impuesto específico, junto con el aumento de la tasa del impuesto durante el periodo 2014-2016, afectaba en forma muy desigual a distintas empresas, si se le comparaba con el régimen vigente, llegándose en algunos casos a aumentos de tributación superiores al 100% (…). En este grupo se encontraban distintas empresas: las del norte y varias empresas de las zonas centro y sur, incluyendo compañías de diverso tamaño”.

Este impacto desigual se debe a que el valor del impuesto específico se va incrementando para las empresas que tienen cuotas de pesca más altas. De esta forma, pagan más las compañías que están autorizadas a pescar más. La combinación de naves con mucho tonelaje (patente más cara) y mayor cuota (impuesto más alto) es la que dispara los impuestos en casos como el de Corpesca.

Puesto sobre la mesa el efecto desigual que tendría la aplicación del nuevo régimen tributario, el senador Sabag le tendió la mano a Orpis y Rossi, según consigna el informe de la Comisión Mixta: “El honorable senador señor Sabag destacó que la norma sugerida corrige las distorsiones en el pago que deben hacer las distintas zonas del país, que se habían advertido durante la tramitación del proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que la intención no es perjudicar a alguna región del país, por lo que apoyó el estudio de una alternativa que permita alcanzar un mayor consenso”.

De esa forma, se dio luz verde al Ejecutivo para que explorara la aplicación de un “techo” para el pago de los tributos. El presidente de la Comisión Mixta, el senador Antonio Horvath (independiente, ex RN), dijo a CIPER que, tras escuchar las intervenciones de Orpis, Rossi y Sabag, los asesores del ministro Longueira se retiraron a hacer cálculos. Mónica Ríos cuenta que fue ella quien se encargó de esa tarea:

“Respecto del cálculo, me correspondió simular los distintos escenarios que solicitaron los parlamentarios (…). Todas estas simulaciones las hacía in situ (…).  Finalmente, los parlamentarios presentes consideraron razonable un tope del 40%, porque no mermaba significativamente la recaudación tributaria, considerando cuotas globales de captura similares a las existentes en ese entonces y, por otro lado, mitigaba parcialmente el alza tributaria significativa a las empresas más afectadas durante los primeros tres años”, señala la asesora.

EL FUTURO DE CORPESCA

La “Historia de la ley” consigna que la aplicación gradual de la nueva fórmula tributaria se debe a que se esperaba la recuperación de las pesquerías en un plazo de cinco años. De esa forma, se calculaba que hacia 2017 las cuotas de pesca alcanzarían niveles que permitirían a las empresas obtener utilidades y pagar los impuestos en régimen. Pero la verdad es que no ha habido recuperación.

En el norte los recursos pesqueros más importantes (jurel y anchoveta) continúan escasos, por lo que la norma transitoria aprobada en 2012 sólo “chuteó” por tres años el problema para Corpesca. La empresa informó a CIPER que sus proyecciones para el próximo año indican que pagará impuestos por más de $5.500 millones, lo que representa un incremento de $2.300 millones en relación a lo que pagó el año anterior y de 143% respecto de lo que canceló en 2012.

La compañía también expuso cómo han caído las cuotas y las capturas en los últimos años: en 2012 fue autorizada para pescar 526 mil toneladas y capturó 522 mil (completó el 99% de la cuota); en 2013 se le permitió pescar 525 mil toneladas y capturó 469 mil (89%); en 2014 la cuota fue de 529 mil toneladas y pescó 476 mil (90%), y en 2015 la cuota alcanzó a 449 mil toneladas y las capturas sumaron 311 mil (69%). Para 2016 la cuota autorizada es de 539 mil toneladas y hasta el primer semestre registraba capturas por 130 mil (24%), por lo que se espera que el resultado sea tan magro como en 2015.

pescaLa empresa no se considera privilegiada por el efecto que tuvo en estos últimos tres años el artículo décimo séptimo transitorio, pues estima que es una norma que –como ocurre muchas veces con los cambios tributarios– solo aplicó un criterio de gradualidad en la cobranza para no provocar desajustes graves en el mercado. Según los datos que Corpesca hizo llegar a CIPER, a pesar del “techo” que se puso al pago de impuestos entre 2014 y 2016, canceló una suma total de $2.630 millones por sobre lo que pagaba en 2012.

De acuerdo con los registros oficiales de la Subpesca, la compañía del Grupo Angelini es la empresa que más tributa en el rubro. En 2016, por ejemplo, Corpesca canceló $3.196 millones –y aunque el artículo transitorio le permitió “ahorrarse” $2.359 millones– fue la empresa que más contribuyó al Fisco, seguida de Blumar ($2.634 millones), Orizon (también del Grupo Angelini, con $2.363 millones), Camanchaca Pesca Sur ($1.811 millones), Camanchaca S.A. ($1.339 millones), Emdepes ($1.262 millones) y Alimentos Marinos ($1.064 millones).

Si Orpis y Rossi justificaron su solicitud de poner un límite a los impuestos con el temor al desempleo, el mismo fantasma vuelve a aparecer ahora que la norma que fijó el “techo” ya no está vigente. Además, la empresa debe renovar a fines de este año su acuerdo con los pescadores artesanales que le permite “perforar” (pescar en puntos específicos) las cinco millas destinadas exclusivamente a estos últimos. Empleados de Corpesca indicaron que el 30% de las capturas que realiza la empresa provienen de estos puntos de “perforación”, por lo que si no se renueva el acuerdo la situación de la compañía se tornará compleja, más aún con el fuerte incremento de los impuestos que debe pagar.

El acuerdo con la pesca artesanal, dicen las mismas fuentes, requiere ser “visado” por las autoridades. El problema para la empresa es que nadie en el mundo político desea aparecer intercediendo por Corpesca, debido a que carga con la mochila de la investigación de la Fiscalía por sus aportes ilegales a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis. Un estigma que también le pesa ahora que perdió su vigencia el artículo décimo séptimo transitorio. “Dificulto que alguna autoridad local o parlamentaria esté pensando en pedir una prórroga de esa norma o algo por el estilo”, dice un asesor legislativo que conoció el poder del lobby que alguna vez tuvo la compañía en la sede del Congreso Nacional.

Ley de Pesca: pagos ilícitos a parlamentarios no serán investigados por la FAO

Desde el regreso a la democracia en 1990, nunca una ley había sido tan cuestionada como la Ley de Pesca. No se trata sólo de críticas políticas o técnicas, o enfocadas en el fuerte lobby realizado por la industria, sino porque ahora en la justicia están las evidencias de que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que esa ley se votara en 2012 a favor de sus intereses.  Por eso han tomado fuerza las voces que exigen derechamente anular la ley por carecer de legitimidad.

Ante la presión creciente, La Moneda está usando como válvula de escape un convenio firmado por el gobierno con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) para revisar la ley. Sin embargo, en el organismo internacional relativizan los alcances del acuerdo:

-La Ley de Pesca está siendo cuestionada por casos de cohecho asociados a su tramitación. ¿Ustedes van a analizar el tema de cómo se legislaron los derechos pesqueros?

-De ninguna manera es competencia nuestra ni incidir en la política interna del país ni en la definición que para ello tengan las autoridades correspondientes, llámese judiciales o legislativas internas. Nosotros de ninguna manera intervenimos o incidimos en esa área. Seguramente estarán abordados los temas, no el cómo se llegó, que no es competencia nuestra, sino el análisis de lo que hay y cómo se alinea, que es lo que específicamente nos han solicitado -explicó a CIPER el oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores Nava.

Marta Isasi
Marta Isasi

Las evidencias de corrupción en la tramitación de la ley ameritan medidas que están lejos del campo de acción de la FAO. Ya en 2013, CIPER reveló los pagos realizados por Corpesca, pesquera del Grupo Angelini, al jefe de gabinete de la entonces diputada Marta Isasi por supuestos estudios vinculados a la Ley de Pesca. En ese momento, el gerente general de la empresa, Francisco Mujica, reconoció los pagos y aunque descartó haber tratado de influir en la ley, reconoció que habían financiado la campaña de de Isasi y de “muchos más”. Todo de manera legal, dijo Mujica, quien debió dejar su cargo tras la publicación (ver Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas).

Pero no todo era tan legal. Ahora Mujica ha debido reconocer ante el Ministerio Público que Corpesca también le pagó al senador Jaime Orpis (UDI) fuera del periodo electoral. Lo que comenzó como supuestas donaciones a su Corporación La Esperanza (enfocada en el combate a la adicción a las drogas), derivó en desembolsos para sus asesores y pagos mensuales al propio Orpis. Éstos se realizaron entre 2008 y 2013, periodo que incluye la tramitación de la Ley de Pesca, que entró al Congreso en 2011 y salió en 2012 (ver nota en La Tercera). Si bien Orpis no era integrante de la Comisión de Pesca, CIPER descubrió que aparece votando y opinando activamente en las definiciones cruciales que dieron forma la cuestionada Ley General de Pesca, en reemplazo de los senadores UDI que ocupaban de manera estable ese cupo (ver recuadro). Además, Orpis patrocinó proyectos de ley que favorecían a Corpesca (ver nota de TVN).

A los pagos de Corpesca a Isasi y Orpis se suman los dineros que otras pesqueras le transfirieron a distintos dirigentes políticos, lo que fue descubierto en la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Penta. Las indagaciones continúan, por lo que no está claro aún qué tan largos fueron los tentáculos de las pesqueras. Tampoco a cuántos legisladores afecta. Los antecedentes que se conocen hasta ahora han puesto un signo de interrogación sobre la independencia de Pablo Longueira (UDI), quien lideró la tramitación de la Ley de Pesca desde el Ministerio de Economía. De hecho, el texto legal es también conocido como la “Ley Longueira”.

En la investigación de los pagos ilegales de Penta, el ex gerente Hugo Bravo aseguró ante la Fiscalía que a Longueira se le pagaron $100 millones en efectivo. A ello se agregó que en la arista Soquimich que se abrió en la misma investigación, aparecieron personas que en paralelo entregaron boletas por servicios no prestados a Soquimich, a empresas pesqueras y a la Corporación Centro de Estudios Nueva Minería del ex diputado y socio de Longueira, Cristian Leay (UDI).

Solange Hermosilla, por ejemplo, declaró ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que la estrecha asesora de Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso, le pidió que emitiera boletas por servicios no realizados para SQM, la corporación de Leay y para Pesquera El Golfo. Los pagos se realizaron entre 2009 y 2010, cuando Longueira era senador (ver Financiamiento ilegal de la política: Los pagos de las pesqueras)

EL LIMITADO ROL DE LA FAO

En su programa de gobierno, la entonces candidata Michelle Bachelet se comprometió “realizar una evaluación” de la Ley de Pesca para “velar” que se cautelen los intereses y demandas de todos los sectores. La promesa se concretó este año a través del convenio con la FAO y fue destacada por Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo, al señalar que la evaluación será un proceso “participativo y donde todos los actores podrán estar representados”. El anuncio fue ratificado este miércoles 27 por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz.

La respuesta de las empresas pesqueras ante el cúmulo de denuncias sobre pagos ilegales a parlamentarios, fue pedir prudencia en el análisis de la ley ya sancionada: “Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del gobierno por la FAO de Naciones Unidas”, dice la declaración emitida el mismo 27 de mayo por la Sociedad Nacional de Pesca.

El “memorando de entendimiento” entre la FAO y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura está firmado el 13 de mayo (ver documento). Y establece que el objetivo principal es “la evaluación del texto del clausulado de la Ley de Pesca N° 20.627 con el objeto de proponer recomendaciones para compatibilizarlo con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero”.

El primero en poner paños fríos en las expectativas del rol de la FAO, es el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien descarta cualquier vinculación de la firma del convenio con las acusaciones de cohecho que enturbian la tramitación de la ley. “Esos casos son posteriores a la elaboración del programa de gobierno”, dice Súnico, aunque el primer reportaje de CIPER sobre los pagos ilegales a Marta Isasi se publicó en mayo de 2013 y el programa de Gobierno se presentó en octubre del mismo año. Además, cuando se firmó el convenio con la FAO ya estaban en pleno desarrollo los cuestionamientos a la legitimidad de la ley. Súnico explica:

-Lo que sucede es que históricamente el conjunto de los actores del sector pesquero ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo, porque cada uno de los intervinientes son sectores que aspiran a desarrollarse económicamente y tener más cuotas y poder capturar lo mayor posible. Y le pedimos este trabajo a un órgano independiente porque no queremos que esta evaluación sea sólo entre los que aspiran un poco más de cuota. Nuestro objetivo es tener una mirada más de conservación y recuperación de los recursos que una negociación de los interesados.

Alejandro Flores Nava
Alejandro Flores Nava

El mexicano Alejandro Flores Nava, contraparte del gobierno chileno en la FAO, raya la cancha en la que se desarrollará el trabajo que hará el organismo internacional al hacer una revisión de la Ley de Pesca. El tema de fondo para el organismo es la sustentabilidad de los recursos pesqueros, por lo que la forma en que se han repartido las cuotas con la Ley de Pesca quedaría fuera de su ámbito de acción.

-¿La propiedad del recurso no estaría en cuestionamiento si la ley garantiza la sustentabilidad?
-Hablamos de algo sostenible cuando tiene un sustento institucional, legal, tiene sostenibilidad ambiental y tiene como centro el bienestar social.

-¿La garantía del acceso a los recursos, de que éste no quede concentrado en manos de las grandes empresas, es un tema que va a analizar la FAO?
-La FAO promueve la pesca captura basado en derechos. Las rutas para determinar esto y eventualmente garantizar el acceso a la población, son soberanas, son de responsabilidad exclusivamente soberana de los países. La FAO no se erige de ninguna manera en un fiscalizador ni mucho menos. La FAO es un organismo internacional de asistencia técnica. Yo siempre he dicho que en Chile a lo mejor no se dan cuenta de que es un país con muchos recursos y muchas capacidades. La FAO, como organismo internacional, es difícil que venga a decirles cómo hacer las cosas, pero sí un valor añadido de una organización como la nuestra es esa mirada de experiencia global que puede enriquecer los procesos internos, y por supuesto su objetividad y neutralidad.

El trabajo de la FAO está recién comenzando. Flores explica que el proceso será liderado por un experto internacional del organismo, que probablemente venga de la sede central en Roma, que tendrá como contraparte un consultor nacional. Éste será elegido a través de un llamado abierto que tendrá como requisito el que no haya participado en ninguna parte del proceso de elaboración de la ley vigente ni en ningún proyecto que se tramite actualmente en el Congreso, con lo cual se busca dar transparencia y objetividad a la evaluación. Luego, habrá una consulta para escuchar a los distintos actores del sector.

El producto que el organismo internacional va a entregar al final del proceso consiste en una serie de recomendaciones, que podrían incluir enmiendas y una enumeración de brechas de la ley con respecto a acuerdos o mecanismos internacionales, si es que las hubiera.

La limitación de la evaluación de la FAO es que el principal cuestionamiento a la Ley de Pesca tiene que ver con cómo se decidió la asignación de cuotas por 20 años prorrogables a un pequeño grupo de grandes empresas. Incluso en una organización con énfasis ecologista, como la ONG Oceana, se declaran satisfechos con los aspectos ambientales de la ley, pero son muy críticos de la forma en que se otorgaron los derechos de pesca.

-Nos parece bien que la FAO evalúe los temas ambientales, lo que cuestionamos es la entrega de derechos individuales de pesca a las empresas por 20 años, porque es injustificado garantizarle a cualquier empresa que va a poder seguir pescando cierto porcentaje hacia el futuro. Nos parece que es un aspecto viciado de una ley que fue votada aparentemente con casos de cohecho sobre ciertos parlamentarios -dice Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Para Muñoz, la influencia del sector industrial en las decisiones del Congreso no es algo nuevo. Ni tampoco un tema que involucre sólo a parlamentarios de la UDI. El director de Oceana recuerda lo que sucedió entre los años 2000 y 2002 cuando se entregaron los primeros derechos individuales de pesca bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el ministro de Economía era Jorge Rodríguez Grossi (DC) y Felipe Sandoval (DC) actuaba como subsecretario de Pesca:

-Son ellos los que por primera vez entregan estos derechos haciendo un fuerte lobby a nombre de estas empresas. Hoy Felipe Sandoval es presidente de Salmon Chile, que agrupa no solamente a las compañías de este sector sino también a otras empresas que están integradas con pesqueras, que son las que le venden la harina de pescado a las salmoneras.

Otro vínculo preocupante en la historia de la regulación pesquera que destaca Muñoz es el de los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar (el segundo ya fallecido) con la familia Angelini: “Hay 17 integrantes de la familia Zaldívar que poseen acciones o que trabajan en cargos gerenciales en las empresas pesqueras del grupo Angelini”.

In this photo made Saturday, Dec.Durante la tramitación de la Ley de Pesca la presión de la industria fue descarada. Al punto que algunos parlamentarios simplemente les abrieron las puertas para que participaran del debate legislativo como si fueran sus asesores. Así lo reveló la ex diputada Marta Isasi ante la Comisión de Ética de la Cámara, quien se hizo acompañar a las sesiones por un ejecutivo de Corpesca, como una forma de demostrar que no era la única que había dejado ingresar a los lobistas de las pesqueras (ver reportaje).

De todos modos la FAO tendrá más de algo que decir respecto al impacto de la Ley de Pesca en la sustentabilidad de los recursos, pues la situación ha empeorado desde que entró en vigencia.

En 2012, el último año antes de que se modificara la ley, el estado de las pesquerías chilenas ya era crítico, pero aún había algunas que se mantenían saludables. La anchoveta que se capturaba en el norte del país, por ejemplo, aún estaba en estado de plena explotación. Hoy, a dos años de que la nueva legislación entrara en vigencia, ya está considerada como una especie sobreexplotada. La situación es aún más grave: entre la XV y la X región los únicos peces que no están sobreexplotados o en un estado de colapso, son las sardinas comunes. Todo lo demás aparece en el último informe de la Subsecretaría de Pesca con color rojo o naranjo. Lo que antes aparecía en riesgo de empeorar, hoy está peor. El jurel, la anchoveta del norte y las merluzas de cola, del sur y de tres aletas: sobreexplotados. La sardina española, la anchoveta de la zona central, el congrio dorado y la merluza común: colapsados o agotados (ver informes de 2012 y 2014).

AGUAS MOVIDAS

El anuncio de la evaluación de la Ley de Pesca sumado a los nuevos antecedentes de presunto cohecho en la tramitación de la ley, han vuelto a agitar las aguas de los reclamos y disputas asociadas a la Ley de Pesca. La industria pesquera, como era de esperar, se muestra satisfecha con la legislación. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Mondaca, dijo recientemente a La Tercera que le parecía razonable que el gobierno haya pedido la asesoría de la FAO, pero que no preveía cambios en la ley: “No veo ninguna razón para eso. No hay nada sucio en la Ley de Pesca”.

En la otra trinchera están los que buscan que se derogue la ley, como la mediática campaña de la ONG Yo Pesco. El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP) es de la misma idea. Ya inició una campaña de recolección de 300 mil firmas para conseguir su objetivo.

Otras organizaciones de pescadores, como Conapach, ven en la participación de la FAO una oportunidad de ser escuchados. Su máxima dirigenta, Zoila Bustamante, dijo a CIPER: “La Presidenta fue muy clara en el discurso del 21 de mayo en que va a haber participación de las partes en este proceso y nosotros estamos a la espera de que esta evaluación sea real y que podamos opinar”.

Entre los parlamentarios también hay divergencias. Tres de los integrantes de la actual Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, los senadores Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), manifestaron su preocupación por la revisión de la FAO. Muñoz, quien preside la comisión, dijo a CIPER: “hay que hacer un giro y darle peso y preponderancia en la ley a los pescadores artesanales que están muy afectados por el colapso de las principales pesquerías del país. Ese es un punto que a nosotros nos importa mucho y no sabemos si en un estudio que realice la FAO se va a enfatizar este aspecto”.

Raúl Súnico
Raúl Súnico

El senador Antonio Horvath (Ind), quien fuera presidente de la Comisión de Pesca durante la tramitación de la cuestionada ley, dice que aunque toda evaluación le parece positiva, “la FAO no ha sido un buen referente para la realidad pesquera chilena por todos los problemas internos que hemos tenido. Creo que hay que ir aún más allá y lo que le he planteado a la Comisión de Pesca es que hagamos una revisión profunda de la ley en la misma línea en que lo planteó el programa de la Presidenta Bachelet, porque hay temas pendientes que no logramos resolver en ese nuevo marco regulatorio”.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) ha sido el crítico más duro: pide anular la Ley de Pesca. “La historia parlamentaria no conoce la nulidad de ninguna ley de la República. (…) quisiéramos que sea derogada, pero sabemos que la derogación tendrá una implicancia dramática para el presupuesto de la República, por cuanto habría que indemnizar a estas siete familias”, declaró a CNN Chile.

El subsecretario Raúl Súnico es tajante al afirmar que diga lo que diga la FAO es imposible que la ley sea derogada: “Quedaría la ley de la selva en todas las pesquerías mientras se discute el nuevo proyecto de ley. Eso no es posible, es irracional y sería muy malo para los recursos pesqueros en Chile que nos quedáramos sin legislación durante un año, que es lo que pudiera demorar una tramitación legal. Podría producir un colapso total de las pesquerías”.

LA IRRUPCIÓN DE ORPIS EN LA LEY DE PESCA

El detalle pasó inadvertido en su momento, pues es común que los partidos reemplacen a los parlamentarios titulares en las comisiones. Pero a la luz de los pagos de Corpesca al senador Jaime Orpis (UDI), a tres de sus asesores y a una corporación que él fundó y que dirige su esposa, cobra otro sentido la presencia del senador tanto en la Comisión de Pesca del Senado como en la comisión mixta que se formó en las semanas previas al despacho de la ley. Porque Orpis en ese momento no era integrante de la Comisión de Pesca.

Jaime Orpis
Jaime Orpis

En algunas de esas sesiones, Orpis participó en lugar del senador Alejandro García Huidobro (UDI). En otras, reemplazó a Víctor Pérez (UDI), quien se integró a la Comisión de Pesca el 7 de Noviembre de 2012, en plena votación de las casi mil indicaciones que tenía el proyecto de ley. Pérez llegó a ocupar el puesto de Carlos Bianchi (independiente), quien denunció el hecho en La Prensa Austral: “Me echaron de la Comisión de Pesca porque estaba votando todo en contra y fui reemplazado por otro senador”.

A la luz de los nuevos antecedentes, la Fiscalía Oriente pedirá al Congreso el registro de las votaciones de los parlamentarios en la tramitación de la Ley de Pesca, mientras se suman los actores que piden una revisión, evaluación, anulación y hasta derogación de la también llamada “Ley Longueira” (vea cómo votaron en el Congreso la Ley de Pesca).

Según lo publicado por La Tercera, son tres los asesores Orpis que recibieron pagos de Corpesca:

Lorena Lara Saldías: Arquitecta de Iquique, en Transparencia del Senado figura como asesora del senador Orpis en 2011 con honorarios mensuales de $ 1.098.577. En forma paralela aparece contratada como Inspectora Fiscal de la Dirección de Arquitectura del MOP por $1.222.441 mensuales. Lara emitió boletas a Corpesca por montos de $2 millones y $ 5 millones.

Carolina Gazitúa Larenas: Ingeniera en Administración de Empresas y ex asesora del senador Orpis. Aparece en la lista presentada por Impuestos Internos con boletas emitidas a SQM y a Corpesca. De SQM recibió $3 millones y cobró por servicios prestados a Corpesca, entre 2008 y 2013, un total de $73 millones.

Daniel Ortega Martínez: Abogado, actual asesor de la UDI en el Senado en materias de análisis de proyecto de ley por honorarios mensuales de $802.556, según figura en Transparencia. Ortega emitió una boleta a Corpesca por $10 millones de pesos.

Los otros protagonistas:

Francisco Mujica Ortúzar: Ex gerente general de Corpesca que admitió a CIPER haber pagado $25 millones al asesor de la ex diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo. En su declaración ante la Fiscalía Oriente el 20 de mayo pasado, entregó detalles sobre un mecanismo mediante el cual Jaime Orpis también recibía dinero de Corpesca a través de tres de sus asesores: Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes no prestaron servicios a la empresa.

Jaime Orpis Bouchon: Senador UDI por la Circunscripción 1 (Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá), implicado por Francisco Mujica de haber dinero desde Corpesca a través de tres asesores. Según La Tercera, su declaración ante la Fiscalía, Mujica también relató que en el 2008 Orpis le pidió fondos para la Corporación La Esperanza, que dirige la esposa del parlamentario, Ana Luisa Jouanne, los cuales se manifestaron a través de un aporte mensual. Y agregó que en el 2009, Orpis le pidió dinero para su campaña senatorial, pero como Corpesca no tenía excedentes, lo derivó hacia otras empresas del Grupo Angelini.

Georgio Carrillo Vercellino: Periodista y ex asesor de la diputada Marta Isasi, a quien la parlamentaria demandó por estafa. En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Carrillo dijo haber recibido 25 millones de Corpesca destinados a Isasi, antes de que comenzara la tramitación de la Ley de Pesca.

Marta Isasi Barbieri: Ex diputada independiente por Iquique, formalizada por el delito de fraude al fisco tras recibir 25 millones de la empresa Corpesca a través de su ex asesor Georgio Carrillo. Los votos de Isasi, tanto en la Comisión de Pesca como en la Cámara, fueron a favor de la industria en la tramitación de la Ley de Pesca.

Esteban Zavala Gutiérrez: Ex jefe de gabinete de Marta Isasi, entregó boletas a Corpesca por $4 millones entre los años 2010 y 2013.

Bajo consumo de pescado: Efectos de una Ley Longueira que le acomoda a la Nueva Mayoría

El diario Estrategia, en su edición del 22 de septiembre pasado, ha difundido una nota titulada “Consumo per cápita de productos pesqueros en Chile duplica al promedio de América Latina”, citando como fuente la última memoria anual de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), entidad que agrupa a grandes compañías pesqueras. El artículo señala que “esta tendencia de cada vez mayor consumo de pescados y mariscos en el país, estaría ligada con la mayor importancia que la población chilena le otorga al consumo de productos saludables”.

La pregunta que viene al caso es por qué Sonapesca difunde algo que se sabe que es falso. La respuesta pareciera estar dada por una estrategia que le acomoda mucho a las élites, esto es, disponer de medios de comunicación para imponernos el relato que favorece sus intereses, no importando que para ello deban tergiversar la verdad y la realidad.

Aunque resulte difícil creer, fue el anterior subsecretario de Pesca (UDI) quien se encargó de revelar la realidad dramática de lo que sucedía con el consumo de pescado como parte de la alimentación saludable en Chile, según un estudio encargado por él a la consultora SCL Econometrics y titulado “Diagnóstico del consumo interno de productos pesqueros en Chile” (vea ese informe). Según un artículo publicado por El Mercurio el 2 de enero de 2013, ese estudio pedido por la subsecretaría concluyó que “en el mejor de los pronósticos, el consumo de pescado en Chile alcanza los 6,9 kilos per cápita al año”. Es decir el consumo de pescado de las familias chilenas no llega a la mitad de los 15,7 kilos del consumo promedio mundial y está lejísimo de los 25,4 kilos de Perú.

Resulta incomprensible que Sonapesca haya utilizado partes de ese mismo diagnóstico, pero de la peor forma: deduciendo cifras de consumo per cápita a partir de cifras de la FAO.  Algo que el anterior estudio se preocupó de advertir: “Los antecedentes que nos entrega la FAO son sólo un referente que permite compararnos con otros países o bloques respecto a la materia prima disponible para consumo humano” (pág. 27). Es decir, los autores del diagnóstico se anticiparon a descalificar lo que finalmente hizo Sonapesca: calcular el consumo per cápita dividiendo materia prima disponible para el consumo humano por la población de un país o localidad.

Si aplicáramos el criterio utilizado por Sonapesca al caso del salmón, esto es, dividir la materia prima disponible de ese recurso para el consumo humano por la población donde está localizada su producción, el consumo de salmón de los habitantes de Chiloé y Aysén superaría los 1.000 kilos per cápita, lo que es ridículo. Además, las familias de esa zona no podrían tener acceso a ese consumo ni aunque lo quisieran y contaran con los medios económicos para hacerlo, ya que casi la totalidad del salmón se exporta, igual a lo que le sucede a la mayoría de las familias chilenas en relación a todos nuestros recursos pesqueros.

El estudio pedido por la subsecretaría concluyó que “en el mejor de los pronósticos, el consumo de pescado en Chile alcanza los 6,9 kilos per cápita al año”. Es decir el consumo de pescado de las familias chilenas no llega a la mitad de los 15,7 kilos del consumo promedio mundial y está lejísimo de los 25,4 kilos de Perú.

Algo muy parecido al ejemplo del salmón sucedería si aplicáramos la formula de Sonapesca a nuestro fabuloso stock de riqueza de proteínas y Omega 3 marino, presente en anchovetas y sardinas, las que aún siendo una materia prima disponible para consumo humano, no la podemos comprar, ya que en nuestro país su totalidad esta monopolizada para convertirla en harina de pescado para la engorda de pollos, cerdos y salmones.

Vale hacer presente que Perú hace unos años dio forma a una política de Estado que ha incorporado el consumo de anchoveta como parte de  un plan de alimentación saludable que beneficia a jóvenes, niños y a las familias en general de su país, mientras en Chile la opción por la harina de pescado, según el diagnóstico ya citado, reconoce que: “Esta alternativa constituye el peor de los mundos (…). Primero, el consumo interno de pescado fresco disminuye; segundo, el margen para el productor artesanal es bajísimo si se compara con la venta directa (…). Tres, la producción nacional de pescados y productos del mar se concentra en bajos niveles de agregación de valor. Esto, como se explicó anteriormente en los factores críticos, se debe a los escasos incentivos que poseen los grandes productores de harina, al recibir enormes rentas producto de la explotación de recursos naturales sin pago alguno por extraer” (pág. 179). Y este último es, precisamente, el caso de los principales representados de Sonapesca, es decir, de siete familias que dominan el negocio.

El silencio guardado por el actual subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, ante las tergiversaciones de Sonapesca, pareciera llevarnos al fondo de este asunto: al subsecretario le da lo mismo que se confunda a la opinión pública si ello ayuda a no incomodar a las siete familias y dejar en el olvido la promesa de campaña de la Nueva Mayoría de darle prioridad a la revisión de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira, cuerpo legal que se ha denunciado como una ley de privilegio que deja sin acceso al consumo de pescado a la inmensa mayoría de los chilenos.

 

Isasi acusa a cinco parlamentarios de facilitar ingreso de lobbistas camuflados de asesores

Luego de 15 sesiones de trabajo, la Comisión de Ética de la Cámara Baja finalmente falló en contra de la diputada Marta Isasi, acusada por su ex asesor Georgio Carrillo de haber triangulado dineros entregados por la empresa pesquera Corpesca, del grupo Angelini, para financiar una de sus campañas electorales en Iquique, distrito al que la parlamentaria representó desde 2005 y que perdió en la reciente elección de noviembre de 2013. La diputada Isasi fue derrotada en una campaña que estuvo cruzada por las investigaciones que en forma paralela llevaron la Cámara y la justicia a raíz de las denuncias de Carrillo.

Los resultados de la investigación de la Cámara se conocieron este martes 17 de diciembre y consignan que la diputada hizo mal uso de sus asignaciones parlamentarias (el dinero que la Cámara le entrega para financiar sus actividades relacionadas con la labor legislativa, como el arriendo de sedes, el pago de secretarias o la contratación de asesores). La Comisión de Ética de los diputados estableció que Isasi actuó en concomitancia con Georgio Carrillo para contratar personas que recibieron pagos de la Cámara, pero que no efectuaron trabajo alguno para la diputada.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la Cámara es que Marta Isasi, al asumir su defensa, acusó que otros seis parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Estos parlamentarios no se inhabilitaron durante la tramitación de la Ley de Pesca y, por el contrario, facilitaron a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores de parlamentarios.

Una de las irregularidades cometidas por Isasi e investigadas por la Cámara fue que la diputada hizo ingresar a la Comisión de Pesca, cuando se discutían aspectos clave de la ley que regula a ese sector, al entonces subgerente de Gestión y Desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa. El ejecutivo ingresó como “asesor” de la parlamentaria y su asistencia quedó registrada en uno de los videos de las sesiones de la comisión (vea el video).

Ante la Comisión de Ética la diputada Isasi trató de minimizar la falta y en su defensa arrastró a varios de sus colegas, pues sostuvo que ellos también ingresaron a la Comisión de Pesca a ejecutivos de compañías pesqueras o miembros de organizaciones gremiales que fueron presentados como “asesores parlamentarios”. El fallo de la Comisión de Ética, publicado hoy en la página web de la Cámara de Diputados, consigna que la parlamentaria puntualizó que este tipo de conductas era habitual: “El origen del reproche efectuado no puede fundarse en supuesta vulneración de un proceder antirreglamentario, ni menos antiético o, sobre todo, por alejarse en extremo de la manera normal, tolerada por el propio trabajo parlamentario y adecuada a su realidad, de cómo se permite o incluye a asesores en la tramitación de proyectos diversos, como especialistas, para oírlos todos o cada diputado, o incluso, en este mismo proyecto, por hallarlos personas pertinentes”.

En ese contexto, Isasi sostuvo que existen videos y actas de diferentes sesiones de la Comisión de Pesca donde se evidencia el acompañamiento de estos asesores:

-Hay múltiples casos de representantes de gremios y personas relacionadas con la pesca que acompañaron a los parlamentarios a las sesiones de las diferentes comisiones. Es natural el vínculo de los parlamentarios con sus regiones, zonas y actores relevantes, pues representan intereses y por ello que asistan entes críticos a cada proyecto tampoco debiera permitir sospechar de nadie -, argumentó Isasi en su defensa.

El diputado Jorge Ulloa (a la izquierda) hizo pasar como asesores a Luis Felipe Moncada (Asipes) y Héctor Bacigalupo (Sonapesca).

La diputada individualizó a las personas que participaron en las comisiones como “asesores” y a los diputados que les facilitaron el ingreso. Su reveladora cuenta se inició con el director de la Confepach de Atacama, Juan Morales, quien ingresó como asesor del diputado Alberto Robles (PRSD). La información ya había sido difundida el 18 de junio en una nota de la web de la Radio del Mar, bajo el título “Gerentes de patronales pesqueras participaron como asesores de senadores y diputados en tramitación de Ley de Pesca”.

Isasi sostuvo ante la Comisión de Ética que el senador Antonio Horvarth (RN) permitió el ingreso de Valeria Carvajal, gerente general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), y que el senador Fulvio Rossi (PS) hizo lo mismo con el asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Cristián Tapia, organización que dio su apoyo al proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

La información entregada a la Comisión de Ética por Isasi también involucró a Alfredo Irarrázabal, gerente general de Pymepes, la asociación gremial de pequeños y medianos empresarios pesqueros de la Región del Biobío, que agrupa a 10 plantas procesadoras que elaboran conservas y productos congelados en Coronel, Talcahuano, Lota  y Concepción. En el caso de Irarrázabal, Isasi no entregó mayor información sobre el parlamentario que posibilitó su ingreso.

El diputado Jorge Ulloa (UDI) también fue mencionado por Isasi. La parlamentaria aseguró que los gerentes generales de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, respectivamente, ingresaron como “asesores” de Ulloa. De hecho, en el boletín Nº 8.091-21 de la comisión mixta integrada por senadores y diputados que analizaron la Ley de Pesca, se señala que Moncada y Bacigalupo participaron en reuniones realizadas el 11 y 12 de diciembre de 2012 en Valparaíso como “asesores” del diputado Jorge Ulloa, pero no se hace ninguna mención a sus altos cargos en ASIPES y Sonapesca.

De acuerdo con la información proporcionada por Isasi, el diputado Ulloa contó con asesores que conocen muy bien el negocio, pues ASIPES representa a las mayores empresas productoras de congelados, harina y aceite de pescado del país (como Pesquera Camanchaca, Blumar, Seafoods, Congelados del Pacífico, Alimar, Landes y Food Corp., entre otras compañías). Mientras, Sonapesca es -de acuerdo a su página web- “la voz principal de la industria pesquera ante los poderes públicos” y está integrada por empresas armadoras e industrias pesqueras que representan diversos rubros de producción a lo largo del país (como conservas, aceites de pescado, salados, ahumados, surimi y algas). Sonapesca representa, además, a los principales astilleros de naves pesqueras.

Hasta julio de 2013, Moncada se desempeñó como gerente general de Asipes y hoy es el presidente de la misma entidad gremial de la zona centro sur de Chile. El ejecutivo estudió derecho en la Universidad de Concepción y desde 1990 fue gerente de ASIPES, cargo que le permitió intervenir en la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (1991), la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (2001) y la Ley de Pesca aprobada en 2012.

Hasta ahora en el Congreso no existe ningún mecanismo de control que permita chequear si efectivamente una persona que ingresa a una comisión es asesor de un parlamentario o si pertenece a un grupo de interés. De hecho, ambos gerentes generales –Moncada y Bacigalupo- aparecen en otras sesiones no como asesores del diputado Ulloa, sino en representación de sus propias asociaciones.

El último de los diputados involucrados por Isasi es el representante de Arica: Nino Baltolu (UDI). La parlamentaria recordó que en diciembre de 2012 fue reemplazada en la Comisión de Pesca por Baltolu, quien también perdió su escaño en la reciente elección. El diputado por Arica habría posibilitado el ingreso del mismo subgerente de Corpesca que figura como asesor de Isasi: Ramón Pino Correa. Pero Baltolu también agregó en la lista de asesores a otro hombre de confianza de Corpesca: el sindicalista Michel Campillay.

El senador Rossi "camufló" a Cristián Tapia, abogado de la Conapach, como asesor para ingresar a la comisión de pesca.

De acuerdo con una nota publicada por La Tercera el 18 de mayo de 2013, Campillay habría presentado a la diputada con Francisco Mujica, entonces gerente general de Corpesca. Mujica reconoció a CIPER que su empresa había entregado recursos para las campañas electorales de Isasi y de otros parlamentarios (ver el reportajeEx asesor de diputada Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”). El artículo de La Tercera, citando fuentes del círculo próximo al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, asegura que en el primer encuentro entre la parlamentaria y Mujica, ella pidió a la empresa $ 50 millones. “Ahí, Mujica le habría dicho que sólo le entregaría $ 25 millones y con la condición de que tuviera como asesor ad honórem a Campillay, para que monitoreara los temas vinculados a la industria”, señala una cita reproducida por La Tercera. Campillay es el presidente del Sindicato de Guardieros Base Iquique, de Corpesca.

LA SANCIÓN DE LA CÁMARA

La acusación que enfrenta Isasi reveló por primera vez una de las fórmulas que utiliza el difuso mundo del lobby empresarial y gremial para ejercer presión sobre los parlamentarios, a cambio de entregar aportes al financiamiento de las campañas electorales. En este caso, Corpesca favoreció a una diputada que participó activamente en la comisión legislativa que tramitó la Ley de Pesca, incluso incorporando a la norma indicaciones que favorecían a la industria. El ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dijo a CIPER que no solo aportó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte. Sus dichos fueron ratificados el 4 de julio ante la PDI, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Tarapacá, por presunto cohecho y soborno. En esa indagatoria, Mujica reveló la existencia de una suerte de “Frente del Norte”, que integrarían el senador por Iquique, Fulvio Rossi (PS), y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

Luego de 15 sesiones, la comisión de ética de la Cámara, presidida por Patricio Vallespín, falló contra Isasi.

Luego de la reveladora entrevista a CIPER, el ex gerente de Corpesca -quien se mantuvo por 14 años en la principal empresa pesquera del Grupo Angelini-, debió abandonar ese puesto, como una forma de detener la controversia generada por los aportes a las campañas políticas. El escándalo fue corroborado por correos electrónicos que daban cuenta de las relaciones “laborales” entre el principal asesor de Isasi, Georgio Carrillo, y la empresa de Francisco Mujica. Corpesca le pagó a Carrillo $25 millones por informes sobre los recursos pesqueros del país, a pesar de que el entonces asesor de Isasi no era especialista en el tema. Carrillo es periodista y quedó demostrado que los informes que “vendió” a Corpesca fueron copiados de documentos solicitados por Marta Isasi a la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto último fue confirmado por las indagaciones realizadas por la Comisión de Ética de la Cámara y en la investigación que desarrolla la fiscalía se recopilaron los mismos antecedentes.

Las dudas respecto de las primeras declaraciones del ex gerente de Corpesca en la investigación judicial hicieron que la Fiscalía de Tarapacá nuevamente lo interrogara el pasado 26 de noviembre. Esta vez, Mujica respondió en Santiago las preguntas formuladas por el fiscal Gonzalo Guerrero. Este quiso precisar los lugares donde se encargaron los trabajos a Carrillo; cómo se concretó la entrega de los informes que fueron plagiados de documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional y los lugares donde se pagaron los tres cheques -por los $25 millones- que recibió Carrillo.

A partir de la investigación de CIPER publicada el 10 de mayo de 2013, la Comisión de Ética abrió un sumario contra Isasi por “falta a los deberes parlamentarios” y “conflicto de intereses”, contenidos en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso, que regula temas de probidad. Ambos cargos, en lo central, apuntan al incumplimiento del deber legislativo de imparcialidad y objetividad en las decisiones adoptadas por Isasi y a la administración inadecuada de sus asignaciones parlamentarias.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió por unanimidad el reproche a Isasi de “haber faltado a la ética parlamentaria… en cuanto al uso de recursos públicos recibidos en razón del cargo, en lo que toca a su negligencia en la dirección general de sus asuntos parlamentarios por la responsabilidad que le cabe en la indebida contratación de Johana Gallardo (esposa de Georgio Carrillo), Carolina Bugueño y Pedro Olguín, sin sujeción a una tarea parlamentaria específica”.

Además, la comisión acogió el reparo formulado a la diputada por haber faltado al deber de desempeñar su función parlamentaria con una entrega honesta y leal, al “presentar como sus asesores ante organismos internos de la Corporación, como las Comisiones de Pesca y de Hacienda, a personas empleadas de una empresa pesquera, en circunstancias de que no tenían aquella calidad, conforme a las normas de contratación de personal vigente, y facilitar que se les otorgaran indebidamente credenciales permanentes con tal calidad, lo cual afectó gravemente la razonabilidad e imparcialidad que debe tener en la resolución de los asuntos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones constitucionales, en este caso, la de legislar”.

El ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declaró por segunda vez ante la fiscalía.

La Comisión de Ética aplicó a la diputada Isasi la medida de censura y una multa equivalente al 10% de su dieta bruta mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2013, por las faltas a la ética parlamentaria. Y concluyó que Isasi no dio “un correcto uso a sus asignaciones parlamentarias ni justificó debidamente su inversión, por lo que se ordena el reintegro de la suma de $ 3.547.292”, que debe ser descontada de su dieta parlamentaria, correspondientes a los gastos operacionales objetados respecto a la publicación de su Libro “Yo quiero ser feliz”, por $1.934.700; el importe de un viaje a Tacna, por $358.782; la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, por $ 260.000, y la compra de espejos y grabados para el Día de la Madre, por un total de $ 993.810.

El único punto en el que se le aplicó hasta ahora el principio de inocencia a Isasi fue por haber recibido supuestamente recursos provenientes de Corpesca para financiar su campaña. Sin embargo, ello queda condicionado a la investigación judicial que lleva la fiscalía.

Hasta el momento, la Comisión de Ética de la Cámara no ha resuelto abrir investigaciones sumarias a los diputados mencionados por Isasi como autores de la misma falta que ella cometió: ingresar a la Comisión de Pesca a lobbistas de empresas y asociaciones gremiales pesqueras, haciéndolos pasar por asesores legislativos.