Farmacia municipal de Recoleta desnuda cómo la industria infla los precios de los medicamentos

A tres minutos de haber comenzado su exposición, Marcos Fernández hizo una pregunta que demostró que casi todos los que habían llegado a esa reunión estaban en la misma sintonía y que buscaban solucionar el mismo problema. Frente a él, sentados en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta, había alcaldes, concejales, funcionarios y representantes de a lo menos 130 comunas del país. Habían llegado desde Antofagasta, Iquique, Tocopilla, Petorca, Olivar, Molina, Putaendo, LlayLlay, La Ligua, Ancud, Puente Alto, Quinta Normal, Independencia y hasta Punta Arenas, entre otras tantas. Ante la pregunta de Fernández, muchos levantaron su mano y miraron alrededor para ver cuántos más lo hacían.

-¿Cuántas comunas de las que están acá representadas compran medicamentos para sus vecinos a través de sus direcciones de Desarrollo Comunitario a las grandes cadenas de farmacias que están coludidas? –fue la pregunta.

Marcos Fernández
Marcos Fernández

Fernández, quien a mediados de octubre se convirtió en el gerente general de la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, la primera farmacia municipal en Chile que entregará medicamentos a precio de costo a sus habitantes, miró rápidamente a los asistentes y sonrió. La gran mayoría tenía su mano arriba. Siguió:

-Todas las comunas estamos gastando dinero, así que lo que aquí planteamos es que esos mismos recursos los gastemos de una forma mucho más eficiente: ocupando un canal de compras municipal a través del mecanismo de la farmacia popular.

Era el viernes 30 de octubre por la mañana, y Fernández era uno de los principales expositores del seminario “Creando Farmacias Populares”, organizado por la Municipalidad de Recoleta. Él era el encargado de explicar en detalle el innovador modelo que el alcalde Daniel Jadue (PC) está llevando a cabo para permitir a los habitantes de su comuna que cuenten con Ficha de Protección Social, acceder a medicamentos que no están disponibles en los consultorios y a un valor que promete ser un 70% más bajo que el precio de mercado o incluso más.

Una apuesta cuyo primer efecto ha sido demostrar cómo las utilidades de la industria de fármacos han abultado excesivamente y sin control los precios de los medicamentos en Chile. De allí que, si el proyecto de Jadue logra consolidarse y extenderse a otros municipios, facilitará a la población el acceso a fármacos de alto costo, mejorará la economía de los hogares al reducir su gasto en salud e impactará en la eficiencia del uso de los fondos municipales al permitir la reasignación de recursos.

Basta mirar el cuadro de precios comparados que preparó la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Recoleta para entender por qué el nuevo programa social ha generado tanto interés en municipios de todo Chile y, a la vez, el rechazo de la industria farmacéutica.

Por ejemplo, el Acebron es un anticoagulante que en las tres grandes cadenas de farmacias –Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand– se vende entre $13.790 y $14.810. En la farmacia municipal de Recoleta, los usuarios inscritos podrán conseguirlo pagando más de diez veces menos: $1.280 (*ver Nota de la Redacción al final del reportaje). El Dazolin es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer que en el mercado cuesta entre $58.880 y $73.890, pero en la nueva farmacia municipal de Recoleta se va a entregar a sólo $16 mil. Y el Ipran, un antidepresivo que las farmacias privadas venden entre $38.640 y $41.490, con la iniciativa de Jadue se podrá adquirir a $2.280.

-Cuando vemos la diferencia de valores y nos encontramos con precios aumentados en un 1.000% o incluso más, y sabemos que esto es lo que puede extender y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, fundamentalmente de las personas mayores, acercarles una farmacia municipal deja de ser sólo una posibilidad y se convierte en un imperativo ético y moral –dijo el alcalde esa misma mañana al dar inicio al seminario.

Aunque el equipo que comanda Daniel Jadue demoró cerca de un año y ocho meses en estudiar, diseñar, desarrollar y poner en marcha el proyecto, el modelo es bastante simple. De partida, no es una farmacia común y corriente, sino que un programa social del municipio. No estará abierta a todo público ni funcionará todos los días: la autorización que le dio el Instituto de Salud Pública (ISP)para operar señala que sólo abrirá tres veces a la semana entre las 12:00 y 16:00 y que únicamente podrá suministrar medicamentos a “los usuarios inscritos en la Dirección de Desarrollo Social” de la municipalidad (ver autorización).

Tampoco venderá los fármacos que tenga en stock, sino que funcionará sólo como un canal de compra y dispensa, sin fines de lucro. O sea, como un simple intermediario para que los cerca de 1.500 vecinos que ya se han registrado compren barato sus remedios. Ni siquiera los gastos operativos, que bordean los $4 millones mensuales –según aseguró Marcos Fernández a CIPER–, se traspasarán a los precios: es un costo que asumirá el municipio como una subvención.

A pesar de que tendrá a disposición el petitorio mínimo que el ISP exige a cualquier farmacia para poder funcionar, será en bajas cantidades, y sus principales esfuerzos estarán destinados a conseguir los fármacos que demanden sus beneficiarios a través de recetas médicas. Es un modelo cooperativo: primero se reúne la demanda para luego, en base a esas necesidades, salir a buscar la oferta al mejor precio posible. La clave está en eso último: cómo acceder a medicamentos a bajo costo.

Daniel Jadue
Daniel Jadue

El municipio comprará directamente al distribuidor del Estado, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), a la que Jadue se refiere como su “socio estratégico”. Y si el medicamento requerido no está disponible por esa vía, podrá negociar directamente con los laboratorios o incluso importarlo del extranjero. Es ese mecanismo el que ha sido aplaudido por el Ministerio de Salud (Minsal), apoyado por el ISP y el que ha seducido a muchas municipalidades para replicar el proyecto de Recoleta. Sobre todo aquellas 52 que no cuentan con ninguna farmacia en su territorio.

Pero también es en ese punto donde las farmacias privadas ven en el nuevo modelo una amenaza a su negocio. Lo consideran anticonstitucional, una competencia desleal. Hasta ahora sólo han levantado la voz las farmacias de barrio, que en total suman unos 1.463 locales en todo el país. A las otras 1.492 que pertenecen a alguna de las tres grandes cadenas –condenadas por colusión de precios en 2008–, que concentran más del 90% de las ventas netas del mercado y que controlan cada peldaño en la escala de distribución y venta y, por lo tanto, los abultados precios finales, las farmacias municipales -como la de Recoleta- ni siquiera llegan a hacerles cosquillas.

LA DOBLE CARA DEL MERCADO

En Chile hay dos mercados completamente distintos para los medicamentos: el público y el privado. El origen, en todo caso, es el mismo. Son los mismos fármacos y los mismos laboratorios que los producen. En muchos casos, son incluso las mismas marcas. Solo el precio es diferente. Una brecha de hasta un 3.000%, según la denuncia que en julio de 2015 hicieron los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Farmacéuticos. De ahí proviene la diferencia de precios que detectaron en la Dideco de Recoleta. Los baratos son los que adquiere Cenabast, la entidad encargada por ley de comprar medicamentos e insumos clínicos que abastecerán de forma exclusiva a hospitales, consultorios y centros de salud administrados por el Estado. Los otros, los que llegan a las farmacias para satisfacer la demanda privada de la ciudadanía, son los caros.

La diferencia se explica por la lógica que rige el sistema: las reglas del mercado. Los laboratorios farmacéuticos, concuerdan varios expertos consultados por CIPER, buscan siempre obtener la mayor rentabilidad posible en cada uno de los escenarios donde les toque jugar. Y como en Chile el precio de los medicamentos tampoco está sujeto a regulación, la venta en farmacias escapa a todo control.

Si Cenabast logra precios reducidos es porque compra mediante licitaciones donde los valores de oferta son públicos e involucra enormes volúmenes de productos. La regla es del todo o nada: el que gana se lleva toda la demanda del Estado. Y frente a ese sistema, los laboratorios optan por reducir sus posibles ganancias, bajar los precios y asegurar la venta. Muy distinta a la ruta que siguen los fármacos que llegan a los estantes y góndolas de las farmacias privadas.

cenabast-La Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP) han renunciado a regular este mercado. Se refugian en una labor técnica y no han desarrollado las competencias necesarias como en otros países, donde las agencias sí se preocupan del modelo de acceso a medicamentos antes de aprobar su venta, abordan los precios o tienen sistemas de reembolso a través de seguros de salud que les permiten contenerlos. Pero como en Chile nadie reembolsa nuestros gastos en medicamentos, nadie regula el precio y éste se termina regulando por lo que los pacientes están dispuestos a pagar. Y eso lo determinan los mismos actores que controlan un mercado altamente concentrado en cada uno de sus niveles –explica Juan Pablo Morales, químico farmacéutico y director ejecutivo de la ONG Políticas Farmacéuticas.

La libertad para fijar precios tiene que ver con la estructura de la industria. Antes de llegar a las manos del consumidor, los medicamentos pasan por tres etapas: producción, distribución y dispensa. “El problema es que en cada nivel hay muy pocos actores que concentran una alta cuota del mercado”, agrega Morales. Y en cada uno de ellos el precio se infla un poco más.

FIJACIÓN DE PRECIOS: EL TRIPLE MARGEN

La primera etapa es cuando el fármaco sale del laboratorio. Si hubiera muchos oferentes, los precios tenderían a bajar, pero eso no ocurre en este mercado. Salvo en el caso de los genéricos, la oferta la manejan monopolios controlados por quienes poseen las patentes de los fármacos, u oligopolios conformados por los muy pocos actores que son capaces de producirlos.

Desde esa posición, los laboratorios componen sus precios en parte por los costos de producción, pero también por el retorno esperado a la innovación y los gastos en marketing y posicionamiento de ese medicamento en el mercado, incluyendo los incentivos para la prescripción de médicos y personal de farmacias. Se calcula que el 40% del precio final de venta corresponde a ese tipo de costos asociados. Por eso, sobre todo cuando son únicos productores, fijan precios con utilidades altísimas. Ese es el primero de los tres márgenes que influyen en los elevados precios que pagan las personas por un medicamento: las ganancias de los laboratorios en su venta a los distribuidores mayoristas, las llamadas droguerías.

farmacias_sb-ahConstituyen la etapa intermedia entre que el medicamento sale al mercado y llega a los puntos de venta. Según los registros del ISP, son cerca de 150 las droguerías que operan en el país, pero al final son sólo tres o cuatro las que dominan este tramo de la cadena. En una presentación elaborada en 2014 sobre la evolución del mercado farmacéutico, el actual subfiscal nacional económico, Mario Ybar, se refiere a ellas como “el cuello de botella” de la industria. Como están verticalmente integradas con las grandes cadenas de farmacias, es a través de ellas que Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand ejercen su poder en el mercado a través de la negociación directa con los laboratorios y el control de los precios. Las droguerías son el corazón de su negocio, y es precisamente el área más desregulada de la cadena.

Su dominio se basa en el volumen de compra y su espalda financiera. Es simplemente economía de escala: con un patrimonio mayor, pueden comprar en grandes cantidades; y al aumentar la demanda, obtienen un mejor precio de los fabricantes. Es desde esa posición privilegiada que las cadenas quedan con el sartén por el mango.

Un informe elaborado en 2010 por el consultor argentino Carlos Vassallo (a pedido del Minsal), señala que gran parte del valor final que se le asigna a un fármaco se define en este nivel, sobre todo a lo que se refiere a su accesibilidad y garantía del suministro. Eso les permite manejar el precio y establecer un segundo margen de utilidades: las que provienen de las transacciones entre las distribuidoras y las farmacias, que son al final empresas relacionadas. ¿Qué porcentaje representa del precio final del medicamento? No se sabe con certeza.

Manuel Espinoza es médico, doble magíster en Epidemiología y en Bioestadística, master en Economía de la Salud y doctor en Economía de la Universidad de York, en Inglaterra. Es también académico de la Universidad Católica, asesor científico en el ISP y coordinador técnico del Observatorio Nacional de Medicamentos de esa institución. El estudio de cómo se comporta el mercado farmacéutico es su especialidad. Pero nunca ha tenido acceso a los datos que le permitan calcular el impacto de esta etapa en el precio final de los medicamentos. Así lo señaló a CIPER: “No hay información fidedigna disponible porque no hay transparencia en el mercado”.

El director del ISP, el doctor Alex Figueroa, también reconoce que, a pesar de que la información sí existe, está en manos de las empresas: es privada y el instituto que dirige no tiene las atribuciones para obtenerla. Lo que sí se sabe es que el tercer margen de ganancias que infla el precio de los medicamentos es precisamente el que surge de la venta final en las farmacias. Y que en todo el proceso el valor del medicamento puede llegar a elevarse hasta 20 veces.

Toda esa cadena es la que se ha saltado el alcalde Daniel Jadue con la farmacia municipal en Recoleta mediante su asociación con Cenabast. La fórmula que garantiza precios bajos a los vecinos de su comuna. Algo que las farmacias independientes no pueden hacer, ya que por ley están impedidas de comprarle a Cenabast. A ellas no les queda más que jugar bajo las reglas que ponen las grandes cadenas que dominan el mercado. Y ahí, quien lleva la batuta, es Cruz Verde y su empresa matriz, la droguería Socofar.

-Socofar compra a los laboratorios y vende a las mismas farmacias a un precio que es siete veces su valor. Y eso que es parte de una de esas cadenas de farmacias. Lo que hace es usar la misma estrategia de las inmobiliarias en la educación superior: es gente que está encubriendo utilidades con distintas razones sociales –acusó el alcalde Jadue durante el seminario del 30 de octubre en Recoleta.

EL IMPERIO DE LA CRUZ VERDE

cruz-verde-farmaciaNo todas las cadenas de farmacias son igual de grandes. La muestra más visible está en el número de locales en el país: Salcobrand tiene 412, Ahumada 440 y Cruz Verde 640 (ver datos del ISP). En otras palabras, Cruz Verde controla el 21,8% de los puntos de venta de fármacos en Chile. Pero la mayor diferencia tiene que ver con su posición dominante en el mercado de la distribución. Cada una tiene su propia droguería. En el caso de Salcobrand y Ahumada, son exclusivas: sólo compran para surtir a su propia red de farmacias. No así Cruz Verde, que a través de Socofar se ha convertido en el principal proveedor de la industria, tanto para su propia red como para farmacias independientes. Ya en 2010 se estimaba que manejaba el 20% de la oferta mayorista. No hay datos más actualizados.

El negocio de Socofar partió a mediados de los ’50 como una pequeña distribuidora para la Farmacia Munnich, que la familia de Guillermo Harding Alvarado tenía en Valparaíso. Casi 30 años después, cuando Harding creó la primera Farmacia Cruz Verde en Viña del Mar, no lo hizo como persona natural, sino que a través de Socofar. Para entonces, la regulación de los precios de los medicamentos por parte del Estado y las barreras para el ingreso al negocio ya eran una barrera superada. Desde ahí comenzó la construcción de su imperio.

Primero fue algo local. Un reportaje de revista Qué Pasa señala que para 1992, Cruz Verde ya lideraba las ventas en la V Región, y que fue su dueño, Guillermo Harding, quien desató la primera gran guerra de precios de la industria farmacéutica. Fue en respuesta al desembarco ese mismo año en Viña del Mar de las farmacias Ahumada, Salco y Brand –que hasta 2001 fueron dos empresas distintas–, lo que Harding consideró una “invasión de su territorio”.

Fue también la primera colusión de precios de las cadenas (ver reportaje de CIPER). Todo terminó al año siguiente en la FNE: la farmacia de Harding confesó que había participado “presionada” en una coordinación de precios con la competencia y las cuatro empresas fueron multadas.

Ese mismo año, Cruz Verde aumentó considerablemente su capital: pasó de $35 millones a $1.500 millones. Su matriz Socofar, ya tenía un fondo social que superaba los $10.000 millones. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido.

Las claves de su expansión han sido su sistema de franquicias y los precios diferenciados. Así lo señaló Mario Ybar en su presentación para la FNE: Socofar ofrece a las farmacias descuentos por volumen de productos. Para acceder a ellos, les exige el uso de la marca Cruz Verde. Si no están de acuerdo, no hay problema y pueden comprarle a precio de mercado, mucho más caro. Pero si éstas acceden, aceptan también dos cláusulas que cierran aún más el mercado: no pueden vender su local sin autorización de Socofar ni comprar medicamentos a otras droguerías.

Guillermo Harding
Guillermo Harding

A fines de 2008, la FNE abrió una nueva investigación contra las grandes cadenas de farmacias por haberse coludido para aumentar el precio de venta de 222 medicamentos. A esa altura, Socofar se había convertido en un holding con inversiones ya no sólo en el mercado farmacéutico, sino que también en diversas sociedades del rubro inmobiliario y de transportes. Había incluso adquirido su propio laboratorio para fabricar medicamentos genéricos: Mintlab. De hecho, una de las acusaciones por colusión apuntaba a un acuerdo que Socofar suscribió con Salcobrand, su competencia, para venderle medicamentos producidos en ese laboratorio (ver artículo de La Tercera).

Cuatro años después, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Cruz Verde y Salcobrand por la colusión –aunque desestimó la acusación por el convenio de venta–, Harding ya había agregado a su grupo de empresas la cadena de productos de perfumería y belleza Maicao y había expandido sus operaciones de venta mayorista y minorista de medicamentos a Costa Rica y Colombia. Poco después se retiraría de Costa Rica y, en Chile, se ampliaría al mercado de la salud oncológica, lo que nuevamente le significó una investigación de la FNE.

A marzo de 2014, tras dividirse en dos sociedades distintas, sólo el capital de Socofar ya superaba los $33.000 millones. Un año después, Harding recibió distintas ofertas de compra desde el extranjero. De nuevo se prendieron las alertas en la FNE. Tras meses de negociaciones y un due diligence que valorizó al holding en US$ 998 millones, en agosto de 2015 el grupo mexicano FEMSA adquirió el 60% de la propiedad, haciéndose del control de su red de farmacias en Chile y Colombia, de las perfumerías Maicao y del laboratorio Mintlab. Pero Harding sigue allí, con el 40% de las acciones y la presidencia del directorio. Según un artículo de La Tercera, es parte de su plan para seguir expandiéndose por Sudamérica.

“¿Por qué no hay mayor regulación en este mercado?”, se pregunta Juan Pablo Morales, de la ONG Políticas Farmacéuticas, y esboza una respuesta:

-Para entenderlo, hay que mirar la cantidad de interrelaciones que existen entre laboratorios, distribuidoras y farmacias. Ninguno de esos actores se dedica de forma exclusiva a su negocio. Tienen un paraguas enorme de inversiones anexas. Están tan interconectados que su posible regulación afecta la rentabilidad y el funcionamiento de muchas otras industrias asociadas con intereses ligados al poder económico del país. Un poder altamente concentrado y que se relaciona muy estrechamente con la clase política. La no regulación no se debe entonces a falta de evidencias. Sólo los escándalos han permitido que se regule el sistema. Cuando no los hay, la incapacidad y falta de competencia de las instituciones, más la falta de voluntad política del Estado, provoca que no haya una regulación preventiva.

DOS INICIATIVAS PARA ABRIR EL ACCESO A FÁRMACOS

Las farmacias independientes son las más afectadas por cómo funciona el sistema. Como no tienen capacidad de compra en grandes cantidades, sus posibilidades de acceder directamente con los laboratorios o los distribuidores a precios competitivos son escasas. Por eso, generalmente tienen los precios de venta más altos. Eso ocurre a pesar de que la misma Ley de Fármacos establece que laboratorios, importadores y distribuidores de medicamentos “no podrán realizar prácticas que impliquen discriminar a las farmacias o almacenes farmacéuticos en razón de su tamaño o por no pertenecer a una cadena de farmacias o a una asociación o agrupación de compra”.

farmacia-popular-recoleta-pendonA juicio de los representantes de la Asociación de Farmacias Independientes, los principales opositores a la farmacia municipal de Recoleta, ese artículo de la Ley de Fármacos es el que todas las instituciones regulatorias del Estado se han negado a fiscalizar.

Las farmacias de barrio también se hicieron presentes en el seminario del 30 de octubre en Recoleta. En la ronda de preguntas, una mujer cogió el micrófono e increpó al alcalde Daniel Jadue. Le dijo que ella era representante de esa asociación de empresarios farmacéuticos y que consideraba que su modelo de farmacia popular era una amenaza a su negocio, sobre todo si llegaba a replicarse en otras comunas del país. Aseguró que no era legal, ya que los municipios están impedidos por ley a realizar actividades comerciales y que su política se había olvidado de incluir a su sector, renunciando a buscar una asociación con ellos y generándoles, en cambio, competencia a precios que ellos jamás podrían alcanzar.

Jadue fue tajante en su respuesta: que no era ilegal pues no había comercialización, que no es que los hayan olvidado sino que simplemente el foco del programa siempre fueron los vecinos y no los comerciantes de farmacias, y que si no podían comprar a Cenabast, no es problema de él ni del municipio, sino que es algo que deben resolver los parlamentarios en el Congreso.

“Avanzar hacia un mejor acceso a precios razonables”. Ese el objetivo del Ministerio de Salud, desde donde hace meses se viene anunciando que abogará para que Cenabast pueda abrirse a la venta directa a farmacias independientes y de barrio. Así lo dijo a El Mercurio el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, a fines de julio de 2015. Que presentarían una indicación al proyecto de ley que se tramita en el Senado desde marzo y que pretende regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

Pero eso no ha ocurrido. El proyecto duerme sin urgencia en el Congreso.

Otra iniciativa es la que surgió al interior del ISP: una mesa de trabajo compuesta por economistas de la salud, abogados y ex directores del instituto y de Cenabast para generar un diagnóstico respecto a las barreras de acceso a los medicamentos en la población. El director de la entidad, Alex Figueroa, dijo a CIPER que es un proyecto que aún está en etapa inicial, que apenas se han reunido dos veces, y que pretenden revisar la información del mercado, comparar la realidad chilena con otros países y, en un plazo de un mes, generar propuestas que puedan enviar al Minsal.

Lo que se busca es diseñar políticas que permitan garantizar el acceso a medicamentos a la población y posiblemente establecer un mecanismo para monitorear y controlar los precios del mercado. Una regulación inédita en las últimas cuatro décadas.

Mientras todo eso se discute y se dilata, el germen que se plantó en Recoleta se empieza a expandir por el país. En Calama ya anunciaron la instalación de la primera farmacia municipal del norte. En Puerto Montt prometen instalar dos sucursales en Alerce, Mirasol o en el centro de la ciudad. En Valparaíso y Frutillar también pretenden replicar el modelo, y en Talagante, San Felipe, Panguipulli, Huechuraba y Tocopilla, sólo por mencionar algunos, la propuesta ya está en discusión.

-He tenido visitas de más de 30 municipios que ya están empezando los procesos. A nosotros nos tomó un año y ocho meses porque había que atreverse a mirar distinto, buscar la fórmula, innovar y ejecutar –dijo Jadue.

 

*Nota de la Redacción: En la versión original de este reportaje se mencionó como ejemplo la diferencia de precios del medicamento Hidroronol-T, que según la información entregada por la Municipalidad de Recoleta, en las cadenas de farmacias se encontraba por sobre los $104 mil, mientras que en la nueva farmacia municipal se podría adquirir a tan solo $10.000. CIPER corroboró que esa información es errónea, ya que el valor de ese fármaco en el sector privado no supera los $7.000. Lamentamos el error.  

EL TPP: o cómo ceder soberanía por secretaría

Después de cinco años de negociación y siete desde que la idea fue planteada por primera vez, 12 países, incluido Chile, acaban de llegar a acuerdo sobre el Tratado Transpacífico o TPP (Trans-Pacific Partnership). De aprobarse, sería el mayor acuerdo de este tipo desde el pacto multilateral de Uruguay de 1994. Entre los muchos objetivos que se han destacado está liberalizar el comercio y armonizar la regulación en una amplia gama de sectores, incluyendo los aranceles agrícolas, y las patentes y los derechos de autor. También, y como objetivo estratégico fundamental, el TPP busca crear una instancia supranacional para que las corporaciones (especialmente las internacionales) puedan demandar a los gobiernos en cortes especialmente diseñadas para dicho fin, si sienten que han sido tratadas de forma que las perjudica.

Gabriel Palma
José Gabriel Palma (Foto de Rafael Palma)

Al reconocer esta nueva institucionalidad, los Estados miembros aceptan que en el futuro parte de sus atribuciones queden limitadas por estas instancias supranacionales, las cuales pasan a estar por sobre sus parlamentos y sistemas judiciales. Por ello, sorprende que hasta ahora este tratado haya sido presentado como si fuese fundamentalmente algo comercial, cuando este otro aspecto es de una envergadura mucho mayor. Entre otros cosas, con ello se acepta, ni más ni menos, que corporaciones multinacionales y dichas cortes tenga el derecho a restringir significativamente la libertad de acción de gobiernos elegidos democráticamente en una amplia gama de materias fundamentales para el desarrollo, como el bienestar, el crecimiento y su sustentabilidad.

Proponentes del tratado dicen que ya era tiempo de desbloquear La Ronda de Doha, estancada por 14 años. El TPP podría re-estimular la globalización y el crecimiento, en especial en sectores cuyo acceso ha estado limitado, como la agricultura. Sin embargo, sus propias estimaciones sugieren que el PIB de los países en cuestión podría aumentar en promedio apenas un 0,5% en los próximos cinco años. ¿Tanto ruido por tan pocas nueces? Incluso medios normalmente muy favorables a este tipo de tratados, como el Financial Times, han dicho que es poco probable que dicho tratado revierta la reciente desaceleración del comercio mundial.

Críticos del TPP enfatizan que el acuerdo va a colocar un techo muy bajo a los salarios, en especial en países de ingreso medio, como Chile, perpetuando en ellos la desigualdad. A su vez, limitaría la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (pues incentivará el race to the bottom).

¿Qué pasaría mañana, en la era del TPP, si un gobierno decide hacer algo de verdad respecto de nuestros salarios de ineficiencia, y resuelve, por ejemplo, subir en forma ordenada (pero significativa) el salario mínimo? Muy simple: ahora las multinacionales podrán recurrir a las nuevas cortes Mickey Mouse, para pedir compensación.

También, como se mencionó, preocupa de sobremanera eso de ceder soberanía en una amplia gama de materias, en términos del nuevo espacio que permitirá a lo posible. Esté o no uno de acuerdo con la racionalidad, efectividad y justicia de las nuevas (y muy limitadas) coordenadas de lo posible, el sentido común indica que una decisión de esta naturaleza debería tener carácter constitucional. Ya tenemos el precedente de ceder soberanía por secretaria en el TLC con EE.UU., donde Chile aceptó emascular su política macroeconómica en materias de control de cambio. La diferencia es que ahora con el TPP eso ocurre con una gama inmensamente mayor de materias fundamentales para nuestro desarrollo, tanto humano, económico, social como político. Lo más probable es que como eso es impresentable, los spin doctors tiendan a enfatizar otros aspectos del tratado (igual pasó con el TLC).

Otro aspecto altamente controversial del tratado es que las farmacéuticas ganaron concesiones asombrosas, las que les permitirá restringir y retardar nuestro acceso a medicamentos genéricos. Incluso se limitará el acceso a la información que proviene de la investigación al respecto, la cual es fundamental para la innovación en dicha materia. Todo esto va a costar vidas.

Finalmente, se ha criticado el secreto que ha envuelto la negociación, ya que aún después de haberse llegado a acuerdo en Atlanta (el 5 de octubre), ocasión en la cual los 12 miembros pusieron su firma al tratado, lo único que se sabe con exactitud -al momento de escribir esta columna- es gracias a WikiLeaks. Y si bien el secreto se ha extendido incluso a nuestros parlamentarios, no ha sido así para un sinnúmero de multinacionales, las cuales no sólo pudieron ser parte activa de las negociaciones, sino que se les permitió a más de 500 de sus lobbystas y abogados participar en lo que eufemísticamente se llamó “colaborar” en la redacción de los acuerdos. Varios de los negociadores oficiales (delegados de países) ya se están reencarnando como representantes de las multinacionales en las distintas instancias del TPP.

LAS CRÍTICAS EN EL CONGRESO DE EE.UU.

Se estima que en algunos países no va a ser fácil ratificar el tratado. Lo clave es lo que va a pasar en los congresos de EE.UU. y Japón, los dos pilares del acuerdo. En el Congreso de Estados Unidos los demócratas ya han criticado su aspecto laboral (lo cual −salvo por WikiLeaks− hasta ahora sólo conocen (en espera del texto oficial) por resúmenes disponibles en salas protegidas de lectura). Según un senador demócrata, para las multinacionales el TPP “es como una gran vasija al final del arco iris, llena de monedas de oro”. Hasta Hillary Clinton criticó su aspecto laboral, pues “no pasa ni la vara mínima al respecto”. También criticó la falta de interés por regular la manipulación cambiaria. Si bien el Presidente Obama ya tiene el “fast-track”, la nueva alianza (poco santa) entre Clinton, Sanders y Trump no le va a ayudar.

¿Y si un gobierno decide colocarle un royalty de verdad a las multinacionales del cobre, para recuperar la renta minera que aún en la actual Constitución pertenece a todos los chilenos? La ira de Voldemort caerá como un relámpago

Pero la alianza (aún menos santa, particularmente entre industrias del ayer), como las tabacaleras, los grandes contaminantes (como los del petróleo y carbón), Wall Street, Hollywood y los medios de comunicación, junto a las farmacéuticas no ha escatimado esfuerzo (y gasto) en su apoyo. En definitiva, la única opción que va a tener Obama para poder aprobarlo en el Congreso es apoyarse en los republicanos −a riesgo de que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto- (¿suena conocido?).

En el caso japonés, Shinzo Abe, el primer líder nacido después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y ex-ejecutivo de una gran acería, es conocido por su lejanía con los intereses agrícolas que podrían ser afectados. De hecho, llegó a ser presidente de su partido (PLD) derrotando a quien era entonces el ministro de Agricultura. Su cercanía a sectores potencialmente beneficiarios prácticamente asegura su ratificación. Sin embargo, el reciente cambio político en Canadá es una complicación inesperada, aunque el fuerte apoyo de Australia y Nueva Zelandia, los que tienen más que ganar por su gran potencial agrícola y ubicación geográfica, lo compensa.

Hay sectores, como el lobby agrícola en los EE.UU., que están entusiasmados con la apertura del mercado japonés, aunque no están igualmente contentos por el mayor acceso australiano a su mercado del azúcar. La industria automotriz japonesa también ve bien la apertura parcial del NAFTA en términos de las reglas de origen del sector automotor. El FMI y el Banco Mundial tienen los dedos cruzados para que el tratado dé un impulso al debilitado comercio mundial. Pero, a excepción de pocos productos -como los mencionados- el nivel actual de las tarifas ya es bastante bajo; y Chile ya tiene tratados comerciales con todos los países del TPP, incluido con aquellos que se rumorea pueden sumarse más adelante, como Corea del Sur.

Y China, el mayor socio comercial de la mayoría de los países del tratado, ha sido excluida deliberadamente del TPP, con el peligro de que el efecto del tratado, aún en lo comercial, sea negativo, pues sin China el efecto “desviación de comercio” puede perfectamente dominar al de “creación”.

El tratado también tiene una serie de cláusulas que limitan fuertemente el campo de acción de empresas estatales, aspecto que domina el modelo chino, en favor de las multinacionales. Pero con el pragmatismo que las caracteriza, muchas empresas chinas (incluida estatales) ya están instalando plantas de ensamblaje en Vietnam para aprovechar las nuevas ventajas de acceso de ese país al mercado norteamericano.

LAS NUEVAS CORTES “MICKEY MOUSE”

tpp-mickymouse¿Y Chile? Como decíamos, nuestro país ya tiene tratados comerciales con todos estos países, y el TPP no innova en materias relacionadas a nuestros principales productos de exportación. Por tanto, poco puede cambiar en esa dirección. ¿Por qué entonces es tan fuerte el apoyo de la derecha, y tantas las loas de los viejos estandartes de la Concertación? Una pista: sólo cinco de los 30 capítulos del tratado dicen relación con comercio internacional. Otra: nuestro ex-presidente, “the trader’s trader”, fue uno de sus instigadores. ¿Sería tan arriesgado pensar que el TPP también tiene relación con la marea político-social que comienza a complicar al modelo neo-liberal en tantas partes del mundo? ¿Busca el TPP crear un dique de contención al respecto? En jerga de economista: ya que este modelo pierde su semblanza a un equilibrio Nash, nuevas instituciones supranacionales, creadas específicamente para ello, pueden fortificarlo −como cuando un equipo cae en la tabla, es hora de salir al exterior a buscar refuerzos-.

¿Qué pasaría mañana, en la era del TPP, si un gobierno decide hacer algo de verdad respecto de nuestros salarios de ineficiencia, y resuelve, por ejemplo, subir en forma ordenada (pero significativa) el salario mínimo? Muy simple: ahora las multinacionales podrán recurrir a las nuevas cortes Mickey Mouse, para pedir compensación.

¿Y si se decide hacer algo radical contra el tabaco? Las corporaciones del rubro (las únicas que pueden elaborar un producto que se puede vender en forma legal, y que mata al usuario si éste hace exactamente lo que se le dice debe hacer con el producto) podrán hacer lo mismo. Y si a una multinacional se le niega el permiso para llevar adelante un proyecto por sus daños medioambientales, ésta podrá hacer lo mismo, pero esta vez para pedir compensación por todas las utilidades que podría haber ganado si se le hubiese autorizado seguir adelante.

¿Y qué pasaría si un gobierno decide colocar un techo a la tasa de interés máxima efectiva anual que puedan cobrar las instituciones financieras no mayor a (digamos) 20 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia del Banco Central? ¿Y si al mismo tiempo transforma al Banco Estado (empresa estatal, aunque les de vergüenza colocar el “del” en el nombre) en una fuente realmente efectiva de acceso al crédito barato para personas de ingreso bajo y PYMES? ¿O si un gobierno decide crear una AFP estatal como remedio paliativo al actual sistema? (la Comisión Bravo estima que entre los años 2025 y 2035 la mitad de los pensionados recibirá una jubilación que no superará el 15% de su sueldo). En estos casos, la compensación a las corporaciones afectadas podría ser mucho más sustancial por la osadía de querer usar empresas estatales para interferir en el así llamado mercado (¿habrá alguien en Chile que todavía crea que lo que existe se asemeja a un “mercado”?). Si Adam Smith supiera en lo que terminó su quimera…

La hipótesis de trabajo del TPP, como predicaba Milton Friedman, es que hay que proteger a los consumidores de las interferencias del gobierno, y no de los abusos de las grandes corporaciones

¿Y si una futura superintendenta de pensiones, a diferencia de la actual, no aprueba (y menos en forma express) la creación de una AFP fantasma, sin infraestructura ni afiliados, cuyo único fin aparente es realizar un “goodwill tributario”, que permite a la AFP matriz una rebaja tributaria de $ 80 mil millones? ¿Y si un gobierno decide colocarle un royalty de verdad a las multinacionales del cobre, para recuperar la renta minera que aún en la actual Constitución pertenece a todos los chilenos? La ira de Voldemort caerá como un relámpago.

Lo mismo si el gobierno decide recuperar y licitar las aguas de las lluvias y las del derretimiento de las nieves, regaladas (¿auto-regaladas?) deshonestamente por los iluminados de la dictadura; o si se decide hacer igual cosa con los derechos de pesca, regalados deshonestamente por nuestra (boleteada) democracia. La nueva institucionalidad supranacional, en lugar de crear espacios para reparar fraudes sistémicos, los va a legitimar, pues será mucho más difícil (caro) repararlos.

Y, como decíamos, si se decide implementar nuevamente controles de cambio, como los del ’90 (tan efectivos en su época, a pesar de su timidez) −para así poder tener un tipo de cambio más estable y competitivo− no sólo habría que saltar la vara artificial del TLC, sino que ahora habría también que compensar a cuanto especulador le de una pataleta. Y olvídense de la posibilidad de hacer política industrial “vertical”, como en Asia, pues dicha política es por definición, un mecanismo que interfiere en la asignación de recursos (con ganadores y perdedores; un ejemplo sería un royalty diferenciado a la minería del cobre para incentivar su industrialización).

¿Y si un gobierno decide (¡por fin!) actuar en defensa de los consumidores, para acabar con tanto abuso? No se sorprendan si en el futuro un gobierno tenga que ir a pedir permiso a las nuevas cortes para poder mirar dentro de una salchicha. La hipótesis de trabajo del TPP, como predicaba Milton Friedman, es que hay que proteger a los consumidores de las interferencias del gobierno, y no de los abusos de las grandes corporaciones.

EL NOCIVO EFECTO EN EL ACCESO A LOS FÁRMACOS

Entre los pocos temas en los que ha habido algo de debate, está el de los efectos del TPP en el precio y en el acceso a fármacos, en especial a los genéricos. Como en tantas otras áreas, salvo por lo publicado en WikiLeaks, poco se sabe del detalle del acuerdo, en especial su letra chica. La preocupación es obvia, dado el abuso sistémico de las farmacéuticas. Por ejemplo, según un informe de la revista Journal of National Cancer Institute, 11 de los 12 nuevos medicamentos contra el cáncer aprobados recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se comercializan a un precio de más de US$100.000 al año ($70 millones, en algunos casos mucho más). Esa cifra es el doble del ingreso promedio anual de los hogares norteamericanos; y para qué decir de los otros países del TPP.

Un signo de los tiempos que se nos vienen encima es que hace un mes un conocido hedge fund manager compró los derechos de un remedio esencial para combatir el VIH, e inmediatamente multiplicó su precio por 55 (de US$13,5 a US$750; o del ya caro $9.300, a más de $500.000 por pastilla). Todo, por supuesto, en nombre de la ciencia y del progreso. Nuestro emprendedor ya había sido acusado de ganar plata ilegalmente vía short-selling acciones de empresas biotecnológicas usando información privilegiada (que obtenía pagando a funcionarios públicos), y difundiendo informaciones falsas sobre dichas empresas. ¿Velarán las nuevas cortes por el juramento hipocrático “En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos”; o ayudarán al camello a pasar por el ojo de la aguja?

Cuesta creerlo, pero como explicaba un conocido premio Nobel de Medicina, “se han dejado de investigar antibióticos porque eran demasiado efectivos y curaban del todo”. Estas son las farmacéuticas y los especuladores que ganaron por goleada en la negociación del TPP. A diferencia de un naufragio, ¡sálvense quien pueda (pagar)! Si un nuevo gobierno decide poner orden en este negocio, la irritación de dichos jueces será bíblica.

Hasta para el New York Times lo que pone en evidencia esta cláusula es evidente: ‘la prioridad [en el TPP] es la protección de los intereses corporativos, y no el promover el libre comercio, la competencia, o lo que beneficia a los consumidores

Como si todo ese abuso no fuese suficiente, en Chile hay que sumar la posición prácticamente impune de las cadenas farmacéuticas −tres de ellas controlan el 90% del “mercado”- que les permite rentar sistemáticamente (a veces en forma legal, en otras no) de su posición oligopólica. Ello emana de que el TDLC, que debería velar por la competencia, no es más que un buldog sin dientes.

Y para qué decir el escarmiento si a un gobierno se le ocurre la herejía de crear una empresa estatal que produzca masivamente genéricos; o una que se encargue de velar por una distribución equilibrada; o si decide masificar el experimento de Daniel Jadue en Recoleta (quien, como buen ciudadano de origen Palestino, parece tener una genialidad especial para enfrentar fallas de mercado).

CUANDO EL PASADO NI SIQUIERA HA PASADO

Alguien podría decir, y con razón, que las futuras compensaciones tipo TPP no tienen nada de original. Cuando en 1834 Inglaterra decidió abolir la esclavitud, pagó 17 mil millones de libras esterlinas −o US$26 mil millones (en moneda actual)− como compensación a los dueños de esclavos, incluido miembros insignes de la House of Lords, muchos de los cuales habían comprado sus títulos de nobleza con lo obtenido en el comercio de esclavos (algunos de sus descendientes aún se sientan en dicha ilustre Cámara). Esa generosidad no se extendió a los esclavos por lo sufrido en tamaña falla de mercado.

El TPP revela que el pasado ni siquiera ha pasado. Adam Smith ya condenaba a las elites de su época, por creerse “los dueños del universo”; por comportarse de acuerdo a lo que él llamaba “su vil máxima: todo para nosotros y nada para los demás”. Jorge Bergoglio, en su discurso sorprendentemente directo para un Pontífice, toca el mismo tema:

Mientras que el ingreso de una minoría aumenta exponencialmente, el de la mayoría se desmorona. Este desequilibrio es el resultado de ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y de la especulación financiera, negando el rol verdadero del Estado en la economía, que es el de velar por el bien común. De esta forma, se instaura una nueva forma de tiranía, aunque a veces ella sea poco visible o virtual, la cual impone sus propias leyes y reglas en forma unilateral e irremediable”.

Y como en toda tiranía, cortinas de hierro (ahora algo más sofisticadas, del tipo TPP) son muy prácticas. El objetivo evidente de la nueva institucionalidad jurídica supranacional que intenta crear el TPP es limitar (como en el pasado) el campo de maniobra de los gobiernos al área que las grandes corporaciones consideran “tolerable” en materias que van de lo salarial a lo tributario, de la regulación financiera a los derechos de los consumidores, del acceso al Internet a varias libertades individuales, y del medioambiente a la salud pública. Y ahora nada mejor que cooptar a los representantes de los agobiados para vender esta pomada.

Una de las cosas que ya se sabe (nuevamente gracias a WikiLeaks) es que lo que va a primar por sobretodo son “las expectativas de retorno razonables de las multinacionales” (¿?). Todo esto dentro de un contexto garcíamarqueano, típico de TLC “moderno” (esto es, uno que tenga poco que ver con el comercio), llamado “expropiación indirecta”, bajo la idea de que también se considerará como expropiación “la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables en la inversión“.

Aquí hay tres palabras clave; la primera se refiere a la “interferencia” del gobierno. ¿Cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, entre una interferencia, y una acción de orientación keynesiana de un gobierno democrático que, representando la voluntad popular, busque la defensa del medioambiente, de los derechos de los consumidores, del acceso a la salud, a la educación, o de la estabilidad macroeconómica? Segundo, ¿quien va a definir qué es lo “razonable”? Por decir lo obvio, no hay área más relativa que esta. Para mí seria lo más razonable del mundo que a Jorge Valdivia se le otorgara La Orden al Mérito, grado Comendador, por su contribución a la genialidad del mediocampo. Y tercero: ¿qué es una inversión? A diferencia de, por ejemplo, actividades puramente especulativas, movimiento de capitales golondrinas, y actividades de traders que sólo buscan beneficiarse explotando fallas de mercado (muchas veces en el área gris de lo legal).

Con el TPP, a la mayoría de los chilenos también se nos declara incapaces de decidir en un amplia gama de materias de política económica, y se nos designa un nuevo curador ad hoc (cortes títeres supranacionales) para que, otra vez − para nuestra propia protección y la de nuestros bienes− decida por nosotros…

¿Son cortes Mickey Mouse, pobladas de jueces que parecen la imagen popular del juez Griesa, las más indicadas para definir estos temas? No nos olvidemos que hace muy poco, a pesar de que el gobierno de Chile le había anunciado a los cuatro vientos que lo que pedía Bolivia era erosionar un tratado existente, una corte internacional (y una que es de verdad) decidió, y por gran mayoría, declararse competente en esta materia limítrofe.

Como curtidos vendedores ambulantes, los del TPP agregaron disposiciones que, aparentemente, atenuaban el impacto de lo anterior, pero todas tienen sus “normalizadores”. Por ejemplo, un artículo afirma que “no hay nada en este capítulo que impida a un país miembro regular el medio ambiente, la salud u otros objetivos de esta naturaleza”. Pero de inmediato agrega: “pero tal regulación debe ser compatible con las otras restricciones del tratado”.

Monsanto, por ejemplo, no tendrá problema alguno para demandar a cualquier país que se oponga al uso de sus productos genéticamente modificados diga lo que diga la regulación existente sobre el medio ambiente o la salud. Por definición, lo razonable se define como aquello que quiere Monsanto.

Hasta para el New York Times lo que pone en evidencia esta cláusula es evidente: “la prioridad [en el TPP] es la protección de los intereses corporativos, y no el promover el libre comercio, la competencia, o lo que beneficia a los consumidores”.

En buen castizo, uno va a poder hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, siempre que lo que quiera sea lo que el TPP (y sus cortes versallescas) estipulen como “razonable” (en lugar de “interferencia”), aún en el caso de que ello se refiera a actividades puramente especulativas (y muchas veces destructivas).

Cualquiera semejanza con nuestras transiciones a la democracia es pura coincidencia. En ellas podíamos recuperar nuestra tan deseada libertad de expresión, siempre que en la práctica no exigiésemos, y finalmente ni creyésemos, en lo que previamente había estado prohibido decir.

Para decir lo obvio, la modernidad neo-liberal no es más que transformar lo que Abraham Lincoln llamó “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en el gobierno “del 1%, por el 1% y para el 1%”. Y para consolidar esta nueva realidad se requiere de muchas cosas, incluida una nueva jurisprudencia.

EL TPP COMO SEGURO AL INMOVILISMO

El problema fundamental para nuestro modelo neo-liberal es que no hay muchas formas de ordenar el puzzle para que el resultado sea un modelo político-económico que le entregue −en democracia, y año tras año− más del 30% del ingreso al 1% de la población. Cuando comienzan a haber temblores grado 3, es tiempo de salir a comprar seguros externos que ayuden la inmovilidad (la alternativa siempre disponible es activar el Exit Mode, aumentando la inversión externa en el resto de America Latina).

Una forma de comprender el dilema de nuestro modelo neo-liberal criollo, es mirarlo desde la perspectiva de la teoría del caos: este modelo es como uno de esos sistemas complejos que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones pueden implicar grandes diferencias en su desarrollo futuro. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor bastante determinísticos, dado sus condiciones iniciales. La esencia de un modelo así (a diferencia de lo que nos quiere hacer creer tanto mandarín del modelo, con sus predicciones apocalípticas a cualquier cambio, en especial en cuanto al empleo) es que es prácticamente imposible predecir el resultado de un cambio, por pequeño que sea (siempre me entretengo tratando de explicar esto a mis alumnos de econometría, pues cualquier cambio puede generar dinámicas irreplicables).

A diferencia de la física de Newton, que puede entender con precisión el movimiento de dos cuerpos que interactúan por medio de la gravedad, si un modelo complejo de acumulación (como el actual) es sujeto a un shock múltiple, la dinámica del movimiento es impredecible. Por consiguiente, todo cambio es muy delicado −y resbaladizo-. Cualquier seguro, al precio que sea −qué importa si éste conlleva perdida de soberanía a cortes de dudosa reputación− es muy bienvenido.

Y lo de dudosa reputación es porque estas cortes han sido diseñadas específicamente para maximizar los conflictos de interés de sus miembros. Los tribunales que van a dirimir los litigios en el TPP serán integrados por jueces y abogados que van a alternarse en sus funciones. Esto es, rotarán entre servir como jueces en los tribunales, y actuar en representación de las corporaciones que llevan sus causas a dichos tribunales. Si como jueces son afectuosos con las multinacionales, podrán esperar jugosos contratos como litigantes cuando se reencarnen en el periodo siguiente como simples abogados.

Para la senadora demócrata Elizabeth Warren (no se olviden de este nombre), eso ya es lo que botó la ola, o como diría un romano, el non plus ultra del TPP. ¡Para el Guiness Book of Records! (sección conflicto de interés). Si hay algo que la ideología neo-liberal domina a la perfección es la tecnología del poder (una pena que no pase lo mismo con muchas de las tecnologías productivas).

Por eso, llamar estas cortes “Mickey Mouse”, como lo hago aquí, es sobrestimarlas −en el sentido que la Real Academia Española define esta última palabra−, esto es, estimar algo por encima de su valor.

Otro problema fundamental de nuestro modelo neo-liberal es que necesita sincronizar dos lógicas distintas: la del desarrollo nacional, y la del capital globalizado (nacional y extranjero). La sorprendente falta de industrialización de nuestro sector exportador es el mejor ejemplo del conflicto entre ambas lógicas: como diría un griego, ahí si que no hay sinfonía entre los intereses de nuestro desarrollo económico y el de las multinacionales que se quedan artificialmente en lo puramente extractivo. China: ¡Qué excusa más manoseada!

El supuesto implícito con que se ha trabajado en Chile desde las reformas, tanto en dictadura como en democracia, es que ambos intereses −los del desarrollo nacional y los del capital globalizado− son prácticamente idénticos (como un diagrama de Venn con dos conjuntos que tiene casi todos sus elementos comunes). Como cada día es más evidente que eso no es así, un TPP es muy bienvenido para asegurar la primacía del segundo.

Antes de las reformas, la hipótesis de trabajo en política económica fue que ambas lógicas eran contradictorias; ahora, que ellas son indistinguibles. ¿Por qué será que en lo ideológico la tradición iberoamericana sólo puede avanzar multiplicando por menos 1, esto es, con retroexcavadoras?

Hirschman nos decía hace años que la formulación de políticas económicas tiene un fuerte componente de inercia. Por tanto, a menudo éstas se continúan implementando rígidamente aunque ya hayan pasado su fecha de vencimiento y se transformen en contra-productivas. Esto lleva a tal frustración y desilusión con dichas políticas e instituciones que es frecuente tener posteriormente un fuerte “efecto rebote”. ¡Tanto se ha hablado de la famosa retroexcavadora de Quintana!

Lo que se olvida es que las retroexcavadoras son endógenas a los modelos inmovilistas. Los Chicago Boys no fueron una retroexcavadora exógena, ni menos original del modelo anterior. Ese modelo, por no adaptarse en su época al cambio (como lo hicieron procesos similares en Asia), generó las condiciones para tal retroexcavadora. Los Chicago-Boys, con Sergio de Castro a la cabeza, fueron sólo los yihadistas encargados de manejarla. Y por eso la retroexcavadora fue tan burda (El Ladrillo); no hay que olvidar que el núcleo de la gran “modernidad” chicaguense fue simplemente transformar lo que antes era vicio en virtud, y lo que antes era virtud en vicio. No se quejen ahora mis amigos neo-liberales si en el horizonte comienzan a ver una retroexcavadora marca déjà vu.

En otras palabras, hay pocas formas de organizar nuestra economía para que unos pocos (nacionales y extranjeros) puedan seguir llevándose la inmensidad que se llevan. La actual está hecha a la medida: lo que prima es la especulación financiera, todo tipo de rentas oligopólicas, subsidios del Estado, y la piñata de los recursos naturales (la diferencia entre nuestra oligarquía y la de los tiempos del Gran Señor y Rajadiablos es que la actual cree que su derecho de pernada se refiere a los recursos naturales). Y como acaba de quedar más que en evidencia en estos días con el último escándalo de colusión, también prima la peor hipocresía: como nos dice un conocido dirigente empresarial, refiriéndose a la reacción de la SOFOFA y otros empresarios, “los lamentos por colusión son [sólo] un show”.

En este modelo neo-liberal, el eje de la acumulación son las fallas de mercado, los privilegios, la poca competencia, las instituciones tímidas, y una inteligencia “progresista” llena de conflictos de interés. Sólo un contexto como este puede premiar tanto a especuladores, rentistas y traders, a los traficantes de influencias políticas y de información privilegiada.

No cabe duda que eso castiga a la inversión real, a la diversificación productiva, a la absorción tecnológica y a la industrialización del sector exportador (pues así pocos se van a molestar en invertir más allá de lo necesario para depredar recursos naturales en forma competitiva, y desarrollar actividades no transables de bajo desafío tecnológico). En un contexto así, la desigualdad es tan melliza de la ineficiencia como la ley de la gravedad lo es de la manzana: una economía que es un paraíso para especuladores, rentistas y traders sólo puede ser un purgatorio para el sector real y los consumidores (el limited access order de Douglas North intenta mirar en esta dirección).

Y como en democracia no hay muchas formas para organizar esto, para continuar asegurando el inmovilismo a la mayoría de nosotros se nos tiene que declarar “interdictos” en un número creciente de materias. Primero se nos declaró judicialmente incapacitados para decidir en materias de política monetaria y de tipo de cambio; por tanto, se nos designó un curador imparcial (Banco Central “independiente”) para que velara por nuestra propia protección y la de nuestros bienes. Después se intentó colocar una camisa de fuerza al gasto público. Finalmente, ahora con el TPP, a la mayoría de los chilenos también se nos declara incapaces de decidir en un amplia gama de materias de política económica, y se nos designa un nuevo curador ad hoc (cortes títeres supranacionales) para que, otra vez −y también para nuestra propia protección y la de nuestros bienes− decida por nosotros cuál es el rango de lo “razonable” en dichas materias. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Falta poco para que en una elección presidencial lo que realmente esté en juego sean temas tan trascendentales como si cambiamos el horario en invierno, o si el monumento a Sampaoli (muy merecido) debería estar en el Estadio Nacional o frente a La Moneda (junto a mi Tío Abuelo). Y seguro que entonces Conicyt abrirá una convocatoria para estudios que traten de explicar la sorprendente abstención electoral.

No se quejen tanto mis amigos neo-liberales, entonces, cuando aparezca un populista con una retroexcavadora tamaño XXXL.

Para Žižek, la última victoria político-ideológica es cuando unos comienzan a contar las historias de los otros como si fuesen propias. Con el TPP, la nueva (bueno, ya harto vieja) centro-izquierda da cátedra en eso, sin entender que las cosas están cambiando. Parece que no entienden la regla del offside. Lo más inherente del inmovilismo es su falta de ideas. Y como decía Maquiavelo, eso no sirve ni para ganar a amigos ni para derrotar enemigos.

Según Darwin, al final, el que sobresale, el que tiene éxito en el largo plazo, no es el más fuerte, ni siquiera el mas inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Ahí esta el Talón de Aquiles fundamental del sistema actual: no puede, casi por definición, adaptarse al cambio. Cualquier cambio implica gran incertidumbre. El inmovilismo es la única certeza. ¡Nunca nos ha hecho tanta falta un Piloto Pardo! (y cómo nos sobran los “Sir” Shackleton).

En resumen: cuando nos insistan que el TPP es un tratado “comercial”; que abrirá grandes oportunidades a nuestras exportaciones; que nos dará el tan necesario impulso para salir del actual pantano; que gracias a él nos codearemos con la mejor gente, sepa que estarán tratando de pasarnos gatos por liebre. Pues hoy, la mejor forma de pasar gatos por liebre es llamar al gato libre comercio. De la misma forma que si alguien le preguntase a Enrique Correa o Eugenio Tironi cuál es la mejor forma de vender un auto de segunda mano en mal estado, seguro que dirían: llámelo libre comercio.

Joan Robinson −la mejor economista mujer de la historia− ya nos decía hace tiempo que “la razón para estudiar economía no es la de adquirir una serie de respuestas ya elaboradas a problemas económicos, sino la de aprender lo necesario para no ser engañados por economistas”. Eso es hoy más cierto que nunca.

Ya era hora de hacerles un margin call a nuestros vendedores del TPP, pues es el momento de que pongan más sustancia en sus argumentos. Como dice la canción: fue tu mejor actuación; pero perdona que no te crea, pues lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro.