“Más de 72”: Las masacres de migrantes en México

La primera historia que se cuenta es la que reveló el horror. Fue hace casi cinco años, en agosto de 2010. La Secretaría de Marina de México informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho-bodega abandonado en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Habían sido asesinados por el grupo criminal Los Zetas. Eran 58 hombres y 14 mujeres: todos migrantes que perseguían sus sueños cruzando México hacia Estados Unidos (EE.UU.). Tenían las manos amarradas y un tiro de gracia. De eso trata el primero de seis capítulos: de la masacre.

Lo que pasó en ese rancho y las incongruencias que vinieron después es lo que relata el colectivo mexicano Periodistas de a Pie en su nuevo proyecto: “Más de 72” (ver sitio web). La ruta que siguieron para llegar a EE.UU. esos migrantes anónimos a lo largo del país, abandonados y completamente desprotegidos. La complicidad de los asesinos con la policía. Y el desinterés del Estado por identificarlos y devolverlos a sus familias. Parecía que era mejor borrarlos.

La investigación que el equipo de periodistas realizó tanto en México como en EE.UU., da cuenta de las contradicciones que echan por tierra la versión oficial de los hechos. De las fechas que no calzan y de los supuestos motivos de la masacre. En una indagación policial que no ha sido transparente, eran muchas las preguntas que aún rondaban. ¿Fueron los marinos los que realmente descubrieron los cuerpos? ¿La Secretaría de Marina alteró los hechos en su comunicado? ¿Por qué los mataron: porque se negaron a ser reclutados? Además de los tres que se conocen, ¿hubo más sobrevivientes? ¿Están en la cárcel todos los culpables? ¿Las familias que sí recibieron los cuerpos de sus muertos, recibieron los cuerpos correctos? A cinco años de la masacre aún hay 11 cuerpos sin identificar.

Después de que aparecieran esos 72 muertos, los cadáveres de migrantes que sin papeles intentan llegar a la frontera norteamericana han seguido apareciendo por montones. El proyecto que cuenta con el apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y el International Center For Journalists (ICFJ), pretende, a través de la investigación periodística de las masacres de migrantes ocurridas en México, dar a conocer qué pasó realmente y convertir esa memoria en una conciencia colectiva que aporte a que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

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El martirio de Romero

Colgadas en la pared de mi escritorio hay copias de dos de las varias amenazas de muerte que recibió monseñor Óscar Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y dirigida a “Mentado Arzobispo Romero”, lo condena a muerte “igual que hemos matado a tanto cura comunista”. La otra, firmada por La Falange, es de mayo de 1979 y tiene una enorme suástica, “símbolo del enemigo acérrimo del comunismo” y un texto en el que le advierten al arzobispo de San Salvador que “está a la cabeza de un grupo de clérigos que en cualquier momento recibirán unos 30 proyectiles en la cara y en el pecho”.

Desde Rutilio Grande, en 1977, hasta los sacerdotes jesuitas en 1989, más de veinte religiosos católicos fueron asesinados en El Salvador por cuerpos de seguridad o fuerzas paramilitares (escuadrones de la muerte); otros fueron expulsados del país; otros más detenidos y torturados. Aquella parte de la iglesia católica salvadoreña dispuesta a asumir las conclusiones del Concilio Vaticano II y de las conferencias de Medellín y Puebla se convirtió en la enemiga de todos aquellos que querían mantener un sistema de privilegios para unos pocos y sufrimiento e injusticia para la mayoría.

Debido a que los asesinos de Romero eran gente de extrema derecha, y sobre todo a que uno de ellos, el mayor Roberto D’Aubuisson, se convirtió después en político, fundador y líder histórico de Arena y en presidente de la Asamblea Legislativa, el crimen quedó en la impunidad y la figura de Romero fue minimizada durante las dos décadas en las que ese partido gobernó El Salvador. En el resto del mundo, en cambio, la figura de Romero solo ha ido creciendo.

Copias de dos amenazas de muerte que recibió monseñor Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y la otra, por La Falange.
Copias de dos amenazas de muerte que recibió monseñor Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y la otra, por La Falange.

Ahora, la barbarie del crimen es tan evidente que hasta el presidente de Arena ha reconocido la figura de monseñor Romero como líder espiritual del país y su candidato a alcalde ha incluido entre sus promesas de campaña erigir una plaza en homenaje al arzobispo. Aún parecen lejos de asumir también la responsabilidad de su líder histórico en el crimen (y en muchos otros), pero el reconocimiento de la figura de Romero es un gran síntoma, que va de la mano con el reconocimiento oficial de su martirio hecho por el Papa Francisco.

Sé que es, o debería de ser, un día de celebración para todos los miembros de la comunidad católica salvadoreña. No voy a hablar hoy de aquellos católicos que no celebran. Pero hablar de su beatificación o su canonización, desde una perspectiva puramente católica, me parece hoy muy poco. El martirio de Romero debe ser una fiesta ecuménica, en la que participen católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos (conozco a un par de personas que no creen en Dios pero sí creen en monseñor Romero y le rezan. Por más incongruente que parezca no es anormal. En México hay más devotos de la virgen de Guadalupe que católicos.)

Y es una fiesta de todos porque, más allá del aspecto religioso, el reconocimiento del martirio de Romero es una reparación histórica: el establecimiento inequívoco de que, en su defensa de los pobres y los indefensos, y en su denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos, monseñor Romero actuó inspirado en la doctrina social de la Iglesia y no en el marxismo, como pretendieron establecer sus enemigos para justificar el odio que los llevó a asesinarlo o a justificar el crimen. Romero se mantuvo apegado a los principios más elementales del cristianismo y del humanismo. Mediante su defensa de los más desprotegidos, mediante su sacrificio por los más pobres, actuó a semejanza del fundador de su iglesia.

Eso lo convirtió en una amenaza para todos aquellos que pretendían mantener sus privilegios a costa de la eliminación sistemática de cualquiera que los pusiera en riesgo. “Si me matan -dijo- resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Entre sus enemigos estaban no solo la ultraderechista y los jefes militares de aquellos años. Hay también otro grupo, mucho más oscuro y del que poco se habla: uno compuesto por varios obispos y sacerdotes que, en una alta traición a los principios cristianos y humanos más elementales, bendijeron literalmente la represión, conspiraron contra Romero y llevaron la conspiración hasta Roma, y callaron ante el asesinato de sus propios hermanos. Abandonaron a su arzobispo.

La historia suele ser lenta para colocarlo todo en su lugar. Pero siempre termina haciéndolo. Hoy monseñor Romero es objeto de reconocimiento universal mientras los entonces todopoderosos coroneles Guillermo García, Eugenio Vides Casanova y Nicolás Carranza -quienes protegieron a D’Aubuisson y lo liberaron cuando fue capturado en la finca San Luis con el plan del operativo para asesinar a monseñor- han enfrentado juicios en Estados Unidos y fueron encontrados culpables de delitos de lesa humanidad. Veinte oficiales, entre ellos casi toda la cúpula de la generación militar conocida como La Tandona, esperan juicio hoy en Madrid por el asesinato de otros sacerdotes, los seis jesuitas masacrados por el Batallón Atlacatl en 1989; y debido a una orden de captura internacional no pueden abandonar El Salvador, el único país en el que están (vaya paradoja) seguros.

En el 2010, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter revisó el diario de sus años en la Casa Blanca e hizo una anotación, treinta años después, que considero pertinente citar completa: “Cuando llegué a la presidencia, la mayor parte de los regímenes en América del Sur y Centroamérica eran dictaduras militares. Históricamente, los presidentes estadounidenses, tanto Demócratas como Republicanos, apoyaron a los dictadores y se opusieron enérgicamente -a veces con la ayuda de tropas estadounidenses- a cualquier levantamiento popular indígena o de minorías que amenazara el statu quo. Las razones para esto eran obvias. Muchos de estos líderes habían sido entrenados en West Point o Annapolis, hablaban inglés, familiarizados con nuestro sistema de libre empresa y dispuestos a formar sociedades lucrativas con corporaciones estadounidenses que tenían interés en los recursos naturales de esos países. Estos incluían bananas, piñas, bauxita, hierro, estaño, maderas exóticas. Era políticamente conveniente tildar, a los indígenas o a otros grupos, de comunistas o simplemente revolucionarios. Los sacerdotes católicos que apoyaban a los ciudadanos pobres y subyugados eran condenados por El Vaticano como practicantes de la teología de la liberación…”

La historia tarda, pero alcanza.

Hoy contamos con suficientes pruebas testimoniales y documentales contra D’Aubuisson, incluyendo las confesiones de su jefe de seguridad, de su chofer y un testigo accidental.

Pero no fue D’Aubuisson el único responsable del crimen. Escondidos a su sombra permanecieron siempre los otros dos organizadores del asesinato: el Capitán Eduardo Ávila Ávila, quien se suicidó años después atormentado por sus incontables crímenes; y Mario Molina, un piloto civil que sigue vivo, hijo del expresidente Arturo Armando Molina.

Escondidos también están quienes financiaron esta y otras operaciones de los llamados escuadrones de la muerte: empresarios millonarios, poderosos, impunes. Que se aprovecharon de su dinero, su poder y su impunidad para disponer de la vida de muchos otros seres humanos. Ninguno ha pagado por sus crímenes.

Pero siempre llega el juicio de la historia. Por eso es tan importante la declaración del Papa Francisco.

En mayo de 1977, Romero encabezó la misa de exequias para el sacerdote Alfonso Navarro, asesinado pocos días antes por un escuadrón de la muerte autodenominado Unión Guerrera Blanca (autor de una de las amenazas contra monseñor que cuelgan en mi pared). Se cumplían además dos meses del asesinato de su amigo personal, el sacerdote Rutilio Grande. Allí Romero dijo: “Si a la Iglesia no se le puede creer, si a los sacerdotes se les está confundiendo con guerrilleros; si a nuestra misión evangélica se le está confundiendo con marxismo y comunismo, eso no es justo, hermanos. Pero si la calumnia llega a cundir, decimos entonces a las otras fuerzas morales que quedan en el mundo: ¿y ustedes qué hacen?”. Su propia Iglesia tardó treinta y cinco años en responderle. Lo ha hecho hoy Francisco.

Las adopciones irregulares que complican al secretario general adjunto de la ONU

Noviembre de 1981. Hombres del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional irrumpen en la habitación 338 del lujoso hotel Camino Real, en la Ciudad de Guatemala. Visten de civil. Allí detienen a cuatro mujeres canadienses listas para llevar a su país a cinco niños guatemaltecos. Una de las capturadas iba a adoptar a un recién nacido. Otra, a un pequeño de tres años y llevaría a otro bebé de menos de dos meses para una pareja canadiense. Las dos restantes portaban dos bebés para familias adoptivas en Canadá. La Policía envía a los niños al orfanato nacional Elisa Martínez mientras investiga lo que les parece una estructura de tráfico de menores. El 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, la Policía detiene en su oficina a Edmond Auguste MuletLesieur, el abogado y notario encargado de los trámites (aunque en su declaración, él diría haberse presentado por su voluntad ante la policía).

Hoy, Edmond Mulet, de lejana ascendencia francesa y familia ligada al periodismo y a la diplomacia, es una de las figuras más respetadas y admiradas dentro de la sociedad guatemalteca: lo demuestran la Orden Doctor Mariano Gálvez en grado de Paradigma que le otorgó su Alma Mater en 2013, o el nombramiento de “Personaje del Año” que le concedió el diario Prensa Libre en 2011. Este hombre delgado de 63 años, voz suave, dicción clara y modales refinados, tres veces diputado, ex presidente del Congreso, embajador de Guatemala ante Estados Unidos y la Unión Europea y ex director de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, es el diplomático guatemalteco que más alto ha escalado en la jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde que lo nombraran Secretario General Adjunto de la ONU para operaciones de paz en 2007.

Pero en 1981, Edmond Mulet Lesieur era un abogado treintañero que daba sus primeros pasos en política desde el Partido Nacional Renovador (PNR), con el cual se disponía a participar en las elecciones legislativas. Y también formaba parte de una red internacional de adopciones: Les Enfants du Soleil(Los Niños del Sol).

Unos años antes, en 1977, un cambio en la legislación guatemalteca abrió la posibilidad de que los notarios gestionaran los procesos de adopción. Gracias a eso, desde principios de los 80, las adopciones comenzaron a acrecentarse y se convirtieron en un negocio muy rentable.

A medida que Guatemala ganaba la reputación de ser un país en el que adoptar era fácil, en Europa, Estados Unidos y Canadá aumentó la demanda. También fueron subiendo las sumas que los adoptantes estaban dispuestos a pagar por un niño guatemalteco. La población, además, era vulnerable: la mitad de los guatemaltecos sumidos en la pobreza y un conflicto armado que dejaba miles de niños huérfanos y desamparados. El ansia de los abogados por hacerse cargo de procesos de adopción fue creciendo.

En los años que siguieron, se formaron numerosas redes de adopción que se infiltraron en el Estado.

En la Secretaría de Bienestar Social para obtener niños de los orfanatos nacionales.

En los Juzgados de Familia para declararlos “en abandono” con los ojos cerrados.

En la Dirección General de Migración para sacarlos del país sin la documentación requerida.

En la Procuraduría General de la Nación para agilizar los trámites de adopción.

En el Registro Civil para cambiar la identidad de los menores, en el caso de que fueran niños robados.

Así en 2008, Guatemala llegó a ocupar el primer lugar en la “exportación” de niños hacia Estados Unidos, según Unicef.

Pero aquí estábamos en el principio de todo, y aquel 24 de Noviembre de 1981, Edmond Mulet se encontraba en aprietos: detenido en la sede del Segundo Cuerpo de la extinta Policía Nacional, lo interrogaba un detective que le atribuía haber creado un “sistema de exportación de menores”.

LAS ADOPCIONES QUE NO LO ERAN

Entre los documentos que llamaron la atención del policía investigador estaban las cinco solicitudes de emisión de pasaportes para los niños, firmadas por Mulet. En la casilla “Motivo del Viaje” el abogado había escrito “turismo”. Y como dirección en Guatemala de todos los bebés figuraba la de su despacho de abogado.

Mediante un mandato legal, las familias canadienses habían encargado a Mulet la tarea de tramitar una adopción. En ese documento se designaba a Mulet como su representante legal en Guatemala.

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Detalle del mandato otorgado a Edmond Mulet

De acuerdo a la legislación vigente en 1981, una adopción requería tres pasos: un informe de una trabajadora social adscrita a un Juzgado de Menores que indicara que los adoptantes eran idóneos para hacerse cargo de un menor, un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dos testigos —cualquier persona era válida— que declararan que dichos adoptantes eran personas honorables y de buenas costumbres. Con esto resuelto, un abogado redactaba la escritura de adopción en presencia de los padres biológicos del niño y de sus padres adoptivos. La escritura se remitía al Registro Civil, que apuntaba en la partida de nacimiento del niño el nombre de sus nuevos padres. Entonces, todo estaba listo para que las autoridades de migración emitieran un pasaporte con la nueva identidad del menor, para que éste viajara a su nuevo destino.

Estos trámites solían durar aproximadamente un año. Pero en lugar de seguir el procedimiento de ley, Mulet decidió tomar atajos. Simplemente redactó por cada niño tres escrituras públicas. Una primera en la que los padres biológicos consentían la adopción, otra en la que entregaban sus hijos a una asociación llamada Los Niños del Sol, y una última en la que pedían a las autoridades de migración que facilitaran el viaje del menor a Canadá.

Con esto, Mulet se presentó ante la Dirección General de Migración y solicitó que le expidieran pasaportes para sus “turistas” recién nacidos. Se ahorraba así todos los trámites que implicaban un ligero control de la idoneidad del proceso por parte las instituciones del Estado: PGN, Registro Civil y Juzgado de Familia.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses.

En 1981, según el reporte policial, Mulet declaró al detective que él “estimaba que no había necesidad de que nuestros juzgados de Familia ni el Ministerio Público ni los padres del menor tuvieran que ver con el destino del mismo”.

De hecho, dijo, ya había mandado a otros menores al exterior siguiendo esa misma pauta.

“LOS NIÑOS DEL SOL”

Tras la investigación policial, el juez de paz Carlos Antonio Albúrez Roca, del Quinto de Paz del ramo penal, se hizo cargo de las diligencias judiciales: interrogó al abogado, a las mujeres canadienses y a las madres biológicas de los niños. Así fue develando cómo operaba Los Niños del Sol.

La asociación creada en Canadá con el nombre Les Enfants du Soleil (Los Niños del Sol) por el abogado canadiense Jean Francoeur se definía únicamente como un centro de información acerca de la adopción internacional. La práctica reveló una actividad distinta: una vez que entraban en contacto con parejas canadienses que quisieran adoptar, su función era ayudarles a reunir y legalizar en Canadá los documentos necesarios para la adopción, para luego dirigirlas hacia Edmond Mulet, que en teoría haría lo propio en Guatemala.

Lise Francoeur, esposa de Jean Francoeur, a veces incluso acompañaba a los adoptantes en el viaje a Guatemala, o trasladaba de un país a otro a los niños en caso de que las parejas no pudieran o no quisieran viajar. Lise y su madre, Simone Bédard, fueron dos de las mujeres detenidas en el hotel Camino Real en el operativo policial de noviembre de 1981. Ambas se disponían a llevar a un niño guatemalteco a Canadá para otras personas.

El juez Albúrez Roca entendió que estaba frente a una estructurada red de adopciones. Sus preguntas a las madres biológicas de los cinco niños encontrados en el hotel Camino Real buscaban determinar quién las había convencido de entregar a sus hijos. Y descubrió que a todas las había captado una misma persona: Ofelia Rosal de Gamas.

Rosal de Gamas era la jaladora de la red, es decir, la persona encargada de buscar mujeres que aceptaran dar a sus hijos en adopción. Cuñada del general Óscar Humberto Mejía Víctores, Presidente de facto de Guatemala entre 1983 y 1985, Rosal de Gamas se convertiría durante ese mismo periodo en la encargada del orfanato estatal Rafael Ayau. En 1987, dos años después de que su cuñado abandonara el poder, la policía la acusaría de encabezar otra red de adopción que tenía en ese momento en su poder a 24 niños de entre un mes y dos años.

Detalle de la declaración de Evelia

Evelia R. era una de las madres detenidas en 1981. Empleada de un salón de belleza, ganaba Q80 mensuales (hoy, alrededor de Q.1,700), una cifra insuficiente para mantener a su familia. El juez le preguntó cómo había conocido a la jaladora. Evelia le respondió que, estando embarazada, se había encontrado en el mercado con Rosal de Gamas, quien le preguntó si estaba en condiciones de dar sustento al niño que llevaba en su vientre. A partir de ese primer encuentro, se sucedieron la conversaciones con Ofelia Rosal de Gamas, quien le obsequiaba pan o tortillas. Hasta que un día Evelia le escuchó decir que podía entregar al recién nacido a quien tuviera los medios para criarlo. “Así fue como se inició todo”, puntualizó Evelia.

Otra de las madres, Delia D., servía en una casa en la que ganaba Q45 al mes (algo menos de mil quetzales actuales). Delia estaba embarazada y desesperada: el padre del niño no lo reconocería y sus patrones podían echarla de la casa. Paseaba triste por el Parque Central —relató— cuando se le acercó una persona que le preguntó por su embarazo. Al escuchar que no era deseado, le habló de Ofelia Rosal. Cuando Delia D. se encontró con la jaladora de Los Niños del Sol, Rosal le mostró diapositivas de niños adoptados que “se veían bien”. Así la convenció de que le entregara el niño al dar a luz. Delia lo hizo dos días después del parto.

Además de la pobreza y de su relación con Ofelia Rosal de Gamas y Edmond Mulet, había otro antecedente clave que unía a estas mujeres guatemaltecas: el lugar donde nacieron sus hijos. Tres de las madres biológicas —Aura R., Gladys C. y Evelia R.— dieron a luz en una casa de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Hilda Álvarez Leal, la comadrona. Los testimonios coinciden: después de entregar a sus hijos, Ofelia Rosal o su hijo, Frank Gamas, llevaban a las madres a la oficina del abogado Edmond Mulet para que firmaran las escrituras notariales.

Detalle de la declaración de Delia D. Asegura que no le dieron tiempo para leer lo que firmaba.
Detalle de la declaración de Delia D. Asegura que no le dieron tiempo para leer lo que firmaba.

Según una vecina de la partera, Hilda Álvarez Leal, falleció “hace como 30 años”. En cuanto a Ofelia Rosal de Gamas, un familiar dijo en 2013 que vivía, pero postrada en estado vegetativo tras un derrame cerebral. El hijo de Ofelia, Frank Gamas, declinó hablar sobre estos hechos. Dos años más tarde, un pariente comunicó que Ofelia Rosal había muerto.

En 2011, Plaza Pública localizó a dos de las madres biológicas. Una de ellas negó haber dado un hijo en adopción. La familia de la segunda pidió que se volviera a buscarla al día siguiente. Se cumplió, y tras someternos a un largo interrogatorio, respondieron que la mujer acababa de migrar a los Estados Unidos y no sabían cómo localizarla. Sería sexagenaria.

“YO PENSÉ QUE TODO ESTABA DENTRO DE LA LEY”

Diane W., una de las mujeres canadienses detenidas en noviembre de 1981, enfermera de 36 años, estaba casada y no podía tener hijos. A Jean Francoeur lo habían conocido ella y su marido por medio de un amigo con el que habían hablado de su deseo de adoptar un hijo. El matrimonio se comunicó con Francoeur, que les presentó la asociación Les Enfants du Soleil y les recomendó los servicios de Edmond Mulet en Guatemala.

Para iniciar el proceso, Diane W. y su marido le enviaron a Francoeur una voluminosa documentación: declaración bancaria, certificado de buena salud, certificado de infertilidad, así como el informe de idoneidad firmado por una trabajadora social canadiense.

En una carta manuscrita supuestamente destinada a “las autoridades de adopción”, los W. afirmaban ser una pareja amorosa, unida, feliz y en buena situación financiera”. Y deseaban un niño para educarlo en un “clima de amor, calor, seguridad, generosidad y amor”. En los formularios que les presentó la asociación, los padres escogían el sexo, la edad y el número de niños que deseaban. Había incluso una opción que decía: “Lo más joven posible”. La pareja optó por un niño y una niña menores de cuatro años. Otro documento que la organización Les Enfants du Soleil Hilda Álvarez Leal les hizo firmar fue un mandato para que Edmond Mulet los representara en Guatemala y cumplimentara las adopciones en calidad de abogado y notario.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses.

Diane W. le dijo al juez Guerra Figueroa que a principios de noviembre de 1981, Edmond Mulet les hizo llegar el mensaje de que había un bebé para ellos y que los trámites de adopción habían terminado. Estaba todo listo.

Monique M., otra de las mujeres canadienses detenidas en 1981 en el hotel Camino Real, junto a tres parejas de la misma nacionalidad, recibieron también por estas fechas la llamada de Francoeur: los trámites para la adopción del niño ya habían terminado y todo estaba listo.

Dado que las otras tres parejas adoptantes no podían viajar a Guatemala por razones laborales, la expedición se armó así: Lise Francoeur, como representante de Los Niños del Sol, y su madre, Simone Bédard, se harían responsables de dos niños para dos de las parejas que permanecieron en Canadá. Monique M. se encargaría de su propio hijo y de uno más, para una pareja amiga. Diane W. se llevaría al suyo.

Ante el juez Albúrez Roca, la canadiense Monique M., se mostró sorprendida cuando le mostraron que Edmond Mulet no había hecho los trámites debidos. “Yo pensé que todo estaba dentro de la ley. Para eso contraté a un abogado, que es el señor Mulet, ya que nuestra intención ha sido la buena fe y el deseo de ayudar a niños necesitados”, afirmó.

Tanto Monique M. como Diane W. dijeron al juez que ignoraban que los niños que se llevaban a Canadá no habían sido adoptados legalmente debido a que las escrituras públicas realizadas por Mulet no formalizaban las adopciones. Así lo entendió el juez Ramiro Guerra Figueroa, del Octavo de Primera Instancia, quien tomó bajo su responsabilidad el caso penal después del juez de Paz Albúrez Roca. Guerra Figueroa, hoy fallecido, retiró los cargos que pesaban sobre las mujeres canadienses y ordenó que las pusieran en libertad el 7 de diciembre, después de haber pasado quince días tras las rejas. Las madres biológicas también salieron de la cárcel.

POR PRESIONES POLÍTICAS OBTUVO SU LIBERTAD”

Edmond Mulet estuvo en aislamiento una jornada, el 25 de noviembre. Al día siguiente, todavía encarcelado, defendió su inocencia en la televisión. Dijo que todo era un show político para desacreditarlo a él y al Partido Nacional Renovador (PNR), y acusó a la policía de haberlo torturado psicológicamente. Al final proclamó: “¡Viva la inteligencia! ¡Abajo la violencia!”.

Ese mismo día, su partido se movilizó para apoyarlo.

Alejandro Maldonado Aguirre, entonces candidato presidencial por la alianza Democracia Cristiana–PNR y hoy uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resolvió anular la sentencia que en 2013 condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, denunció un “plan truculento” para destruir al movimiento.

Mientras tanto, Mulet intentaba recobrar su libertad y que se clausurara el proceso en su contra. Alegó que, como aspirante a diputado, gozaba de inmunidad, sin saber que su partido aún no había oficializado las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

Esa versión es la que todavía hoy sostiene el actual Secretario General Adjunto de la ONU: que su detención fue una maniobra organizada por la cúpula policial. La razón, explica, es que “aquel año (1981) fue la toma de la embajada de España”, en la que masacraron a37 personas, entre campesinos, estudiantes y ciudadanos españoles, y continúa: “la única persona que denunció esa toma y a Donaldo Álvarez, Germán Chupina Barahona, al presidente Lucas García y a Pedro García Arredondo, fui yo. Esto me generó problemas graves. Tenía amigos en el Gobierno y en el Ejército que me pedían que me fuera del país porque estaba en una lista”.

Las fechas no coinciden: la toma de la embajada española en Ciudad de Guatemala ocurrió casi dos años antes, el 31 de enero de 1980.

La prensa guatemalteca no recogió ninguna declaración de Mulet sobre los hechos de la Embajada. En cambio, sí hizo eco a un nada rebelde comunicado de su agrupación, el Partido Nacional Renovador, que se condenaba los “trágicos sucesos” en que murieron “apreciados altos funcionarios y personal de esta misión”, “ilustres ciudadanos guatemaltecos” y “campesinos manipulados por fanáticos extremistas de izquierda”. En ese comunicado solo se solicitaba a las autoridades que esclarecieran los hechos.

Aquel mismo 7 de diciembre en que las mujeres canadienses salieron de la cárcel, Mulet obtuvo también la libertad.

“Lo que a mí me consta”, sostiene hoy Mulet, “es que al final de esta investigación, el juez penal concluyó que todo se había hecho bien”, y en consecuencia el caso fue cerrado. Y por ello las canadienses detenidas, añade el diplomático, “se pudieron ir de Guatemala, ya con sus visas y todo en regla, a pasar la Navidad con sus hijos”.

Pero las cosas no sucedieron exactamente así.

En rigor, las mujeres canadienses sí volvieron a su país a finales de diciembre, pero sin los niños que querían adoptar. Según una de las madres adoptivas, éstos permanecieron un año completo en el hogar Elisa Martínez hasta que las adopciones se formalizaron, esta vez siguiendo el proceso legal y sin intervención de Mulet. Ese año fue de angustia para las madres adoptivas —según describió una de ellas— que creció aún más cuando, al recibir por fin a los niños en Canadá, se dieron cuenta de que durante ese tiempo algunos habían sufrido problemas de salud. Uno de ellos presentaba secuelas de poliomielitis contraída en el hogar, y otro la cicatriz de una operación en el perineo.

Y por otro lado, el juez Octavo, Ramiro Guerra Figueroa, sí encontró motivos suficientes para comenzar un juicio contra Mulet por patrocinio infiel, un delito que alude a cuando un abogado actúa conscientemente contra los intereses de sus clientes, en este caso, las mujeres canadienses que querían adoptar. Como se trataba de un delito menor, a Mulet se le concedió la libertad provisional, aun cuando se le formularon cargos.

Pero el juicio nunca llegaría a celebrarse.

La Sala Cuarta de Apelaciones declaró que el acta de apertura pecaba de “notoria inconcreción” y por lo tanto debía ser descartada. A pesar de que el juez Guerra Figueroa intentó reactivar el caso, el 10 de mayo de 1982, ya con Ríos Montt en el poder, la Sala declaró no hallar motivos bastantes para llevar el proceso a la fase pública”.

Detalle del documento policial
Detalle del documento policial

Un documento policial de junio de 1984 resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional indica que en este caso de 1981, Mulet “por presiones políticas obtuvo su libertad”.

Pero lo cierto es que con la legislación guatemalteca de la época era casi imposible sancionar a los abogados por adopciones irregulares ni perseguir con eficacia a las redes. No existían aún vías legales que permitieran enmarcar las acciones individuales de cada miembro de una red de tráfico de menores, como le llamaba la policía. Por ejemplo, a un abogado que simulara una adopción no se le podía considerar como un eslabón dentro de una organización delictiva, sino simplemente como responsable de delitos menores o faltas al código del notariado. No existía la forma de analizar en conjunto la cadena de actos de todos los miembros de la red para entender qué pretendían, sino cada uno por separado.

Además, en aquella época, sólo el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual se consideraba trata de personas. Más tarde, con la reforma al Código Penal del 2005, la adopción irregular se convirtió en una modalidad del delito de trata. Y Guatemala comenzó a ratificar un arsenal de convenios internacionales, en gran medida por el impulso de Unicef, la agencia de Naciones Unidas para proteger a los niños.

En 2011, Plaza Pública accedió a documentación de la Secretaría de Bienestar Social conservada en los Archivos de la Paz que testimonia que la asociación Los Niños del Sol también funcionó en otros países como Honduras, Salvador y Colombia. Y que, en Guatemala, esta asociación no solo captó a niños a través de una jaladora privada, como sucedió con los menores encontrados en el hotel Camino Real, sino también en orfanatos estatales como el Elisa Martínez. En estos últimos, los procedimientos empleados estaban más sujetos a la legalidad.

LA PESADILLA DE LAS CANADIENSES

Una de las canadienses que estuvieron arrestadas aquel noviembre de 1981 recuerda todo el episodio como algo tan traumático que destruyó su confianza en la gente. La prisión, los interrogatorios, las acusaciones que se formularon en su contra, resultaron demoledores: “Luego de esos 33 días en Guatemala, intentamos olvidar y aprender a vivir de nuevo”.

Porque una vez fuera de la cárcel, cuando el juez Ramiro Guerra Figueroa dejó de tratarlas como sospechosas de tráfico de menores y las declaró ofendidas por el proceder de Mulet, la situación siguió siendo tensa.

Un episodio quedó grabado en la memoria de la mujer, que recordó cómo el joven abogado Edmond Mulet llegó a su hotel en un estado “casi sicótico”:

—Lo vimos fuera de sí…, cómo nos amenazaba, aunque habló más directamente con Lise (la esposa del abogado canadiense y fundador de Les enfants du soleil, Jean Francoeur). No me acuerdo de qué le dijo, pero Lise estaba presa del pánico y nos transmitió ese miedo. Era tan grande que, cuando salíamos del hotel para ir a comer al Pollo Campero, caminábamos en parejas, espalda contra espalda, mirando hacia todos lados para comprobar que no hubiera nada amenazador.

Mulet, que ha tratado de explicar todo el caso con sosiego, se altera levemente con esta acusación: “Es totalmente falso”, replica. “Yo no he amenazado nunca jamás en mi vida a nadie. Me pregunto si ese estado de alteración no es más bien aplicable a ella misma. Estas damas canadienses estaban en una situación difícil”.

En estas circunstancias, el 22 de diciembre de 1981, las cuatro canadienses firmaron poco antes de salir de Guatemala un acta notarial por la que renunciaron a perseguir penalmente tanto “al Licenciado EDMOND AUGUSTE MULET LESIEUR como al abogado JEAN FRANCOEUR”, convencidas de que ambos “actuaron de buena fe y sin intención dolosa o culpa, por lo que la afectación a nuestros intereses en ninguna forma podemos importarla a ellos y, por ello, otorgamos a su favor el más amplio, total, y eficaz FINIQUITO”.

El acta la hicieron, además, extensiva a “LOUISE DE MOREL Y OFELIA DE GAMAS y a cualquier miembro laborante de la ASOCIACIÓN NIÑOS DEL SOL pues todos son personas bien intencionadas, motivados únicamente por fines altruistas”.

La señora LouiseDepocas de Morel a la que se hacía referencia en el documento era una amiga canadiense del matrimonio Francoeur, que radicaba en Guatemala. Según documentación conservada en los Archivos de la Secretaria de Bienestar Social, ella fungía como presidenta de la asociación Los Niños del Sol. De hecho, había sido ella quien había introducido a los Francoeur en el mundo de la adopción en Guatemala cuatro años antes.

MULET EN LOS INICIOS

En 1977, los Francoeur habían aterrizado en Guatemala con la intención de adoptar a un niño o niña. Depocas de Morel les hospedó y les presentó a los responsables del hogar estatal Elisa Martinez. La pareja se decidió por una niña. Edmond Mulet, al que habían conocido en una fiesta y que entonces tenía 26 años, fungió como testigo de las buenas costumbres y honorabilidad de los Francoeur.

En febrero de 1978, siete meses después de tener con ellos a la pequeña guatemalteca, los Francoeur adoptaron a otro niño procedente del mismo hogar. La sintonía entre el matrimonio Francoeur y Rosa Amanda de Wannan, entonces responsable del Programa de Adopciones del hogar Elisa Martínez, se desprende de las cartas contenidas en los expedientes de adopción de estos dos niños, archivados en la Secretaria de Bienestar Social. En esa correspondencia, la señora de Wannan agradece al matrimonio sus regalos, y los esposos Francoeur le envían fotos de los niños y la informan de que su “asociación de información sobre la adopción internacional sin ánimo de lucro” ya ha sido reconocida por las autoridades canadienses.

Los integrantes de esa recién estrenada asociación en 1978 eran las mismas personas que habían participado en el proceso de adopción de los niños Francoeur, tal como se desprende del membrete de un documento contenido en los expedientes de la Secretaría de Bienestar Social:

Les enfants du Soleil                       Presidente: Louise de Morel. Guatemala.
Los Niños del Sol                             Director general: GuyDarby. Montreal.
Guatemala–Salvador                       Abogado y notario: Lic. Edmond Mulet. Guatemala
Honduras–Colombia                        Consejero jurídico: M. Jean Francoeur. Montreal
2480 Boulevard de Rome,
Brossard
Quebec

A partir de ese momento, Francoeur y Mulet, a través de la asociación Los Niños del Sol, empezaron a tramitar adopciones de niños guatemaletecos procedentes del hogar Elisa Martínez con destino a Canadá.

Según nueve expedientes de adopción de la Secretaría de Bienestar Social consultados en 2011, la asociación Los Niños del Sol inició procesos de adopción en el hogar Elisa Martínez al menos hasta finales de 1981. Los procesos siguen los pasos habituales establecidos por el programa estatal de adopciones, pero en casi la mitad de ellos se pueden identificar irregularidades. Entre la papelería se conserva correspondencia del años 1982 entre la entonces directora del programa nacional de adopciones, Blanca de Morales, y las parejas adoptantes de Canadá. En ella se deja constancia de los problemas que tienen con Mulet: una vez que los niños estaban en Canadá en régimen de prueba o colocación familiar, él, representante legal de las parejas canadienses en Guatemala, no terminaba los trámites. Según De Morales, el abogado estaba demasiado “ocupado por su actividad política”.

En las cartas, la funcionaria informa a las parejas adoptantes que ha llamado, escrito y enviado telegramas al abogado Mulet para terminar los procesos, pero que no obtiene respuesta. Solo la recibe su socio, Luis Fernando Argueta Bone, que no puede hacer nada porque él no es el representante legal de las familias.

De estas nueve adopciones mencionadas, cuatro nunca se concluyeron correctamente, según los registros de la Secretaría de Bienestar Social. A pesar de ello, en 1996 el Estado guatemalteco dio por cerrados los casos que todavía estaban pendientes, en un gesto que pretendía certificar el estatus de niños que llevaban entre 16 y 17 años viviendo con sus familias adoptivas, todavía en régimen de colocación familiar.

Plaza Pública preguntó a Edmond Mulet sobre estos casos. El abogado negó todo mal proceder: “Esos procedimientos fueron cerrados, clausurados. Los niños completaron sus trámites en Canadá. Se hicieron ciudadanos canadienses”.

Un informe de la extinta Dirección de los Archivos de la Paz —institución creada por el gobierno de Álvaro Colom y desmantelada durante el de Otto Pérez Molina—señaló que, entre 1977 y 1989, Canadá fue el país que recibió el mayor número de menores guatemaltecos procedentes del programa de adopciones del hogar Elisa Martínez. Determinar exactamente cuántas de estas adopciones fueron tramitadas por Francoeur y Mulet resulta imposible en la actualidad, puesto que las instituciones del Estado han vedado el acceso a los documentos de este archivo. Plaza Pública lo ha intentado repetidamente a través de la Ley de Acceso a la Información, pero ha sido imposible. Antonio Arenales Forno, hoy Secretario de la Paz, también abogado y antiguo compañero de partido de Mulet en el P.N.R., clausuró los Archivos de la Paz en 2012.

¿UN ASUNTO DE DINERO?

Habitualmente, cuando los abogados adoptistas son cuestionados, afirman que los motivos de su actividad son humanitarios. Edmond Mulet no es la excepción: “Si los niños están abandonados y hay alguien que los quiera adoptar, educarlos, darles una gran oportunidad en la vida”, dice el diplomático al teléfono, “es algo que hay que agradecer. La adopción le ha salvado la vida a muchos niños no sólo en Guatemala, sino en todo el mundo”. Y continúa: “Con los años, pude seguir el desarrollo de estos niños y me ha dado mucha satisfacción, porque si se hubieran quedado en Guatemala, huérfanos, abandonados, se hubieran muerto de hambre, hubieran sido niños de la calle, quién sabe qué hubiera pasado con ellos”, indica el Secretario General Adjunto de la ONU.

Sin embargo, los niños encontrados por la Policía en el hotel Camino Real no estaban abandonados ni eran huérfanos. De hecho, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 90% de los menores adoptados en Guatemala fueron entregados por sus padres biológicos o, algunas veces, por los que se hicieron pasar por ellos cuando el niño era robado.

De 1977 a 2008, Guatemala se convirtió en un mercado de niños. En los últimos años el negocio llegó a cifrar los 200 millones de dólares anuales, sin contar hoteles, viajes y demás servicios turísticos sufragados por las parejas adoptantes.

Esa opción implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción.

En aquel 1981 los jueces ya intuían que detrás de todo este aparataje de las adopciones había un interés económico. Sus preguntas a los detenidos del hotel Camino Real pretendían dilucidar quién se estaba beneficiando. Lise Francoeur declaró ante el juez que Los Niños del Sol era “únicamente un centro de información”, sin interés lucrativo, “en ningún caso una agencia de adopción destinada a buscar niños”. Pero su respuesta resultaba paradójica ya que ella y su madre habían sido detenidas por tratar de llevar a Canadá varios niños. Todas las madres biológicas respondieron al juez que no habían entregado a sus hijos por dinero, sino para que tuvieran un mejor futuro.

Fueron las mujeres canadienses quienes especificaron a cuánto se elevaban los honorarios de sus dos abogados. Diane W. dijo que a su vuelta a Canadá tendría que pagar Q800 (alrededor de Q17,500 o US$2,250 de hoy) a Mulet y otros tantos a Francoeur. Y Monique M. habló de US$800 para Mulet (equivalentes a Q800 de la época) y 800 dólares canadienses para Francoeur.

Este último dice ahora haber cobrado 400 dólares por adopción. Mulet asegura que cobraba Q400, no como honorarios, sino en calidad de gastos de operación: llamadas teléfonicas, desplazamientos, etcétera. No es lo mismo que declaró en 1981. Hace 33 años, ante el agente del Cuerpo de Detectives, el joven Mulet explicó que “naturalmente” había “cobrado sus honorarios profesionales” por su labor como “coordinador general de reclutamiento de menores”.

Jean Francoeur aseguró a Plaza Pública que esos honorarios eran lo único que se les pedía a los adoptantes. Se le preguntó entonces por los demás gastos ya que Los Niños del Sol tuvo a su cargo a los menores durante tres o cuatro meses, y contó además con los servicios de una partera. Sin olvidar la labor de Ofelia de Gamas, encargada de captar a futuras madres, pobres y necesitadas en mercados y parques. El abogado canadiense afirmó que eran organizaciones sin ánimo de lucro: “Eran religiosas las que se encargaban de los niños mientras los padres venían a recogerlos”.

Pero ni Ofelia de Gamas ni la asociación Los Niños del Sol tenían relación documentada con órdenes religiosas. En ninguno de los expedientes existen indicios de algún vínculo semejante. Además, existen testimonios de que quienes cuidaban a los niños no eran monjas, un hecho confirmado por la madre adoptiva canadiense entrevistada por Plaza Pública.

Seis años después, en 1987, Jean Francoeur declaró, en una audiencia a la que fue citado por el Parlamento de Quebec, que una adopción internacional requería de “buenos recursos financieros”. “Pasando por un organismo reconocido, cuesta US$6 mil por lo bajo”, afirmó. Ese monto equivale a unos Q120 mil de hoy.

Los parlamentarios canadienses habían convocado a Francoeur, entre otros expertos, por un asunto grave: Quebec tenía problemas porque acogía en su territorio a menores que estaban en un limbo legal, como era el caso de algunos de los niños guatemaltecos procedentes del hogar Elisa Martinez gestionados por Los Niños del Sol. Muchas de las adopciones que se legalizaban en el sistema canadiense parecían rebosar ilegalidades en los países de origen de los menores. Ante la abundancia de irregularidades, el Parlamento de Quebec se planteó una iniciativa de ley que centralizara las adopciones internacionales en un ente estatal y la sometieron a discusión. Frente a los legisladores, Jean Francoeur rechazó el proyecto y defendió con vehemencia el statu quo. Le parecía innecesario. Se trataba de un asunto de las familias y alegó que en los países de origen ya existían todos los controles pertinentes.

***

La forma que empleó Mulet para tramitar la salida de los menores encontrados en 1981 en el hotel Camino Real era tan peculiar que una juez de familia de la época quedó asombrada: un método insólito eso de sacar a los bebés como turistas, según declaró para esta investigación, pidiendo reserva de su identidad. La intención era clara, pero legalmente era imposible hablar de adopción, porque no se cumplía ni uno de los pasos requeridos

Marvin Rabanales, especialista en protección de menores y abogado del Instituto de Protección Social, organización de defensa de los derechos del niño, afirmó que, hasta la fecha, nunca había conocido un modus operandi similar: “Las escrituras redactadas por Mulet por las que los padres consienten la adopción en Canadá no constituyen una adopción. Él se limitaba a redactar un instrumento público sin eficacia”.

En 2013, al teléfono, Mulet tuvo dificultades para explicar su método desde su oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Al principio mostró su conocimiento de la ley que regulaba las adopciones: “Una trabajadora social debe dar su aprobación, el juez también tiene que saber de ese procedimiento, si no el notario no puede concluir”, dijo. Y añadió: “No tengo el expediente frente a mí, pero si a esos niños les autorizaron obtener su pasaporte y la visa, es porque cumplían con estos trámites”. Pero cuando se le recordó que esos trámites no se habían hecho y que los niños iban a viajar como “turistas” y como hijos de sus padres biológicos, y no como niños adoptados, replicó: “Ah sí, sí. También hubo casos en que los procesos de adopción se hacían en el país recipiendario. Si era la voluntad de la mamá, si daba su autorización para que los niños se fueran del país con tales papás, se podía hacer. El niño que iba a ser adoptado podía irse con los adoptantes lo antes posible, para su bienestar, su salud mental, mientras el proceso se hacía en el país”, dijo Mulet. “También había esa opción”.

Esa opción, explica Julio Prado, quien formó parte de la agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dedicada a adopciones, implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción.

Nada (ni compromisos legales ni la olvidadiza trayectoria de Mulet que había descrito la encargada del orfanato nacional) auguraba que los bebés turistas regresarían. Aunque existía un proceso similar, válido solo para los niños adoptados a través de los hogares, “esa opción” no es reconocida por ninguno de los documentos legales de la época para casos como estos.

A este argumento, Mulet respondió, durante una conversación telefónica en 2015, con una pregunta: “¿Está expresamente prohibido por la ley que un menor de edad guatemalteco residente ya en el extranjero pueda realizar el proceso de adopción en Guatemala? Yo no veoningúnproblema”. 

En 1981, en su declaración ante el juez Carlos Antonio Albúrez Roca, Mulet hizo en cambio lo que acostumbra la mayoría de los profesionales que participaban en procesos de adopciones en aquella época: refugiarse en el argumento de que, lejos de estar haciendo un trámite, sólo estaban dando fe de algo.

En una conversación telefónica con Plaza Pública, el abogado canadiense Jean Francoeur defendió a Mulet: “Él era muy honesto, muy meticuloso y trabajaba muy bien. Es casi imposible que Mulet no haya respetado las formas de su país”. Y acerca de los plazos de una adopción, Francoeur mostró su conocimiento: “Tomaba un año a partir de la recepción de los documentos que se mandaban allá”. Cuando se le dice que los documentos de los casos de 1981 atestiguan que el proceso duró mucho menos de un año, Francoeur respondió:

—No creo que sólo haya tomado dos meses. Estoy muy sorprendido porque tomaba más tiempo.

 

1984. “LA HISTORIA SE REPITE”

A pesar de los problemas con la justicia que Edmond Mulet tuvo que afrontar por su participación en las adopciones de Los Niños del Sol, el abogado siguió tramitando otras adopciones de manera independiente. En 1984, la Policía Nacional lo identificó como el líder de otra estructura que pagaba a madres vulnerables para que diesen en adopción sus hijos a familias extranjeras.

En esta ocasión, Mulet no fue acusado formalmente ni detenido. En junio de 1984, la policía capturó a dos personas, Raúl Alemán Roquel y María del Rosario Alvarado Orellana, habitantes de una zona deprimida de la ciudad de Guatemala, mientras cuidaban a un bebé que no era suyo y que iba a ser adoptado por una familia estadounidense. Según explicó María Alvarado a la policía, era el tercer bebé que cuidaba por encargo de Edmond Mulet, quien les pagaba Q50 al mes, más Q25 para alimentar a los niños que les confiaba. Y explicó que el abogado “compraba” esos niños a “mujeres solteras que resultan embarazadas y también a prostitutas”.

En esta ocasión, el proceso judicial no llegó muy lejos. Los dos capturados negaron ante el juez todo lo que habían dicho a la policía. Declararon no conocer a Mulet y menos haber cuidado otros niños para él. Negaron que el niño a quien cuidaban en ese momento fuera a ser dado en adopción, y aseguraron que lo cuidaban por hacerle un favor a su madre. Sin embargo, algunos de los datos que María Alvarado confesó a la policía —y que luego negó ante el juez— resultaron ser verídicos. Según la papelería que presentó su abogada defensora, los dos niños que en un principio dijo haber cuidado, fueron efectivamente, según los registros oficiales, dados en adopción. Esas adopciones las llevaron a cabo Edmond Mulet, en calidad de apoderado, y su socio, Luis Fernando Argueta Bone, como notario. En esta ocasión, los documentos mostraron procesos de adopción legales, con los dictámenes de la PGN y de un juzgado de familia correspondientes. Mulet no fue llamado a declarar ni inculpado por ningún delito.

Edmond Mulet dice no recordar ese episodio con la justicia. Pero admite que solía emplear cuidadoras: “Mientras se realiza la adopción, el niño ya no está con la mamá. Se deposita con una cuidadora, con una familia. Podría ser que se le pagara a una cuidadora, naturalmente, para que comprara la leche, mantener al bebe, y comprar lo que fuera necesario”.

EPÍLOGO EN HAITÍ 

Los quebraderos de cabeza de Edmond Mulet con las adopciones no acabaron en 1984. En 2011 habría de enfrentar otros, pero desde una posición muy distinta: como jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití.

En enero 2010, quince días después del terremoto que se cobró la vida de 316 mil personas, una organización de misioneros baptistas llamada New Life Children´s Refuge (Refugio de Niños Nueva Vida) fue descubierta intentando sacar hacia República Dominicana a 33 niños haitianos. Los baptistas aseguraron que los menores habían perdido a sus padres y que los llevaban a un orfanato improvisado en un hotel.

Las investigaciones demostraron que casi ninguno de esos niños era huérfano, y que los misioneros trataban de hacer “contrabando” de niños con vistas al mercado de la adopción internacional. Jean Claude Legrand, asesor de UNICEF, denunció en ese momento que las redes de tráfico para la adopción internacional se estaban aprovechando de la fragilidad de Estado haitiano y de los sistemas de control.

Edmond Mulet, recién llegado a Puerto Príncipe, se encontró entonces ante un posible dilema: un sistema que, tras el desastre, facilitara la salida de los niños hacia un supuesto futuro mejor; o un sistema que, para garantizar los derechos de todos los menores, estableciera fuertes controles para la adopción. Aunque no serviría para acabar con el tráfico internacional de menores desde Haití, según se demostraría en los años siguientes, Mulet anunció en aquel entonces que, como medida de protección, todos los procesos de adopción deberían ser aprobados personalmente por el Primer Ministro de Haití.

Post Scriptum

Un día después de sus últimos comentarios por teléfono, Mulet escribió un email. Decía: “me quedé pensando en algunas de las preguntas y respuestas, ya que habiendo pasado tanto tiempo, no tengo los hecho frescos en mi memoria. Sobre el procedimiento de que los niños pudieran viajar a su país de adopción mientras se concluía el proceso de adopción, era algo bastante común en la época, todo lo cual era avalado por jueces y trabajadora(e)s sociales. Después, ese mecanismo ya no fue aceptado, pero fue algo que se aplicó sin problemas, siempre pensando en el bienestar de los niños y para evitarles una institucionalización prolongada y dañina”.

Desaparecidos en México: la guerra por la verdad (Parte 1)

Araceli busca a su hijo, Luis Ángel, un policía federal secuestrado en 2009 por el crimen organizado asentado en Michoacán, y en esta búsqueda encontró a F…, una muchacha de Guerrero raptada con fines de explotación sexual y que meses después fue abandonada, torturada, moribunda, en un hotel del Estado de México.

Excavaciones en busca de desaparecidos en Atoyac, estado de Guerrero.

Nicomedes busca a su tío, Julio, un guerrillero secuestrado por el Ejército en 1974, en el Estado de México, y en ese camino, a mediados de 2014, logró encontrar a dos insurgentes que cayeron en la sierra de Guerrero, el mismo día en que murió Lucio Cabañas, y cuyos restos permanecieron ocultos los últimos 40 años…

Fernando busca a su hijo, al que dio su mismo nombre, un joven estudiante de ingeniería secuestrado en Tijuana, en 2007, por un grupo de hombres vestidos con uniformes policiacos, que allanó su casa para sacarlo a la fuerza. Y fue al buscar a su hijo, que Fernando halló dos de las fosas clandestinas en las que Santiago Meza, el Pozolero, depositó los restos de al menos 300 personas, cuyos cuerpos había disuelto con sosa cáustica.

Juan Carlos busca a sus hermanos Raúl, Salvador, Gustavo y Luis Armando, los dos primeros raptados por el crimen organizado en Guerrero, en 2008, y los otros dos por policías de Veracruz, en 2010. Y en esta lid, apenas en marzo pasado, Juan Carlos encontró y salvó la vida de N…, una joven del Distrito Federal plagiada por los seguidores de un culto privado, y a la que mantenían cautiva para someterla a distintos tormentos durante ceremonias rituales.

Estos son logros reales que ha arrojado la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en México, más allá de las estadísticas oficiales. Logros obtenidos por aquellos que, urgidos por el amor a sus hijos, hijas, tíos, hermanos, han tomado en sus manos las investigaciones sobre el paradero de los miles de desaparecidos que hay en el país, convirtiéndose en defensores de los derechos humanos. Ellos han generado resultados más palpables que los de la misma autoridad… Éste es un vistazo a la guerra por la verdad que hoy libran las víctimas de la violencia en México.

ARACELI…

El pasado 21 de agosto, el gobierno mexicano informó que, durante los últimos ocho años, en el país han sido encontradas 17 mil 175 personas reportadas como desaparecidas, mientras que otras 12 mil 532 personas siguen aún sin ser localizadas. Estas son las conclusiones estadísticas a las que arribó la Secretaría de Gobernación, después de actualizar su Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Renped).

En dicha lista oficial, sin embargo, no se incluye a Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal que fue secuestrado, junto con otros siete uniformados y un acompañante civil (al que habían contratado por unas horas como chofer), cuando se dirigían a Ciudad Hidalgo, Michoacán, a donde habían sido asignados como escoltas del jefe de la policía municipal.

Araceli Rodríguez muestra la foto de su hijo desaparecido (Fotografía: Prometeo Lucero)

“En la Policía Federal me dijeron que ellos tuvieron la culpa –narra Araceli, su mamá, con indignación– que ellos se identificaron como policías federales en una caseta carretera, y que ahí les puso el dedo un halcón (un vigía del crimen organizado), alguien que dio aviso a los líderes del cártel de La Familia Michoacana, ahora conocido como Caballeros Templarios”.

Desde su rapto han transcurrido ya cuatro años y nueve meses, que han sido “de agonía –dice Araceli–, de búsqueda, de impotencia, de dolor, de insomnios, de estar pensando todas las noches qué hacer, qué más hacer, qué no he hecho, que podría seguir haciendo, y no sólo para saber la verdad histórica sobre lo que pasó con Luis Ángel y sus compañeros, sino la de muchos más, porque nosotros, cuando buscamos a nuestro propio hijo, nos convertimos en mamá de miles, porque el dolor que tengo yo, lo tienen muchas madres y padres…”

Las autoridades federales, cabe destacar, no sólo olvidaron incluir el nombre de Luis Ángel en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De origen, olvidaron que él y sus compañeros habían sido comisionados a Michoacán, razón por la cual su desaparición no fue detectada sino hasta seis días después de que fueran secuestrados. Y luego, en 2013, nuevamente las autoridades olvidaron que Luis Ángel estaba en calidad de desaparecido en cumplimiento del deber, y le fincaron cargos por abandono de trabajo.

“Ellos son policías honestos, que salieron desde las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa para ir a servir y proteger a una comunidad –subraya Araceli–, pero, finalmente, la institución no los protegió a ellos y, hasta la fecha, las autoridades jamás han querido aceptar que, como institución, son responsables de lo que les ocurrió.”

–¿Qué han hecho, en concreto, las autoridades, para dar con el paradero de Luis Ángel? –se pregunta a su madre.
–Al principio nada –responde, tajante–. Las autoridades le dieron seis días a los secuestradores para que hicieran lo que quisieran… Ya después me queda muy claro que han hecho mucho, incluso han perdido la vida otros policías federales, por ir a la búsqueda de sus siete compañeros y del civil que iba con ellos. Eso me queda muy claro, y me duele su sangre derramada, me duele el dolor de sus familias.

Araceli se refiere a los 15 policías federales asesinados en Zitácuaro, Michoacán, el pasado 14 de junio de 2010, cuando fueron emboscados por sicarios de La Familia, en un ataque perpetrado cuando realizaban labores de rastreo, y que dejó otros 15 uniformados heridos, algunos de los cuales quedaron discapacitados de por vida.

Durante estos cuatro años y ocho meses, las acciones de las autoridades relacionadas con la búsqueda de estos siete agentes y su acompañante civil, además, ha permitido la captura de 20 presuntos involucrados, ninguno de los cuales ha sido sentenciado hasta la fecha, cuyos testimonios refieren que “ellos fueron asesinados el mismo día de su secuestro, de una forma muy cruel“.

Sin embargo, subraya Araceli, aún con todo lo que hayan hecho hasta ahora las autoridades, falta lo principal: encontrarlos, vivos o muertos.

“De pronto siento que el gobierno apuesta a que nos cansemos, a que nos debilitemos y a que nos llegue la muerte silenciosa –dice Araceli, con una calma gélida–. Esta muerte que no te avisa, porque te sientes mal y no le haces caso a tu enfermedad. Si te duele el estómago, te dices ‘al rato se me pasa’; si te duele la cabeza, si te duele un pie, qué se yo… si se te entumen las manos te dices que es por el estrés… pero no es cierto, es la muerte silenciosa que te va atacando, y cuando intentas atenderte ya no puedes, porque resulta que ya tienes algo grave, como un tumor, como le pasó a nuestro compañero Roberto Galván, que a raíz de la búsqueda de su hijo desarrolló un tumor canceroso en su cabeza, y falleció… Esto es a lo que el gobierno apuesta: a que nos cansemos, a que nos debilitemos, ‘déjenla que siga hablando’, ‘déjenlos que griten lo que quieran, algún día se cansarán‘, pero lo que no saben es que nosotros tenemos la gran fortaleza en nuestro vientre, en nuestro corazón, de haber sido madres, de haber tenido la dicha por medio de Dios de haber parido a nuestros hijos e hijas, y que no vamos a claudicar. No vamos a dejar que queden impunes tantos crímenes”.

Y es esa fuerza, afirma, la que “nos ha convertido en agentes de cambio, y entonces sales, porque la gente te está llamando, pidiéndote ayuda, y tú, como sientes el dolor, no puedes dejar que esa gente viva lo mismo que tú has vivido. Lo que a mí me tomó de trabajo para que me abrieran las puertas de las instituciones, es algo por lo que ya no deben pasar ahora estas personas, porque quienes hemos aprendido a abrir esas puertas, se las abrimos. Para que sea, a la mejor, el mismo dolor, pero que no lo lleven de la forma tan difícil en que nosotros tuvimos que hacerlo, como estar en la lluvia, en el sol, ocho horas afuera de una institución para poder ser atendidos, todo este proceso que yo viví no lo quiero para otros, eso es lo que he aprendido”.

Y ese aprendizaje llevó a Araceli a cumplir, para otra madre guerrerense, el sueño, que también es suyo, de ver a su ser amado de vuelta en casa.

“Ocurrió –recuerda, y el recuerdo le devuelve una pizca de alegría a su mirada– en el año 2011, cuando la mamá de una chica que había desaparecido en Acapulco me llamó llorando, para contarme que a su hija la habían llevado con mentiras al Estado de México. Le habían prometido que recibiría una beca para estudiar colocación de uñas postizas en una academia de belleza, pero en realidad era un asunto de trata de personas. Ella se llama F…, es muy jovencita, y se la llevaron a Iztapaluca, y luego la obligaron a prostituirse en un bar de Los Reyes la Paz”.

En Acapulco, las autoridades estatales se habían negado a recibir la denuncia de la madre de F… y debido a ello, esta señora pidió el apoyo del Movimiento por la Paz, la organización ciudadana surgida ese año e integrada mayoritariamente por víctimas de la violencia. Y Araceli, para entonces, era la encargada de atender las denuncias de quienes se acercaban a la agrupación.

Sabiendo de estas nuevas responsabilidades, “casi milagrosamente”, una amiga de Araceli, que trabaja como enfermera en un hospital del Estado de México, le pidió su ayuda para identificar a una jovencita que se encontraba internada en calidad de desconocida desde hacía un mes, y que había sido abandonada en un hotel, pensando sus agresores que estaba muerta.

“Mi conocida me dijo que esta chica llegó muy mal, los médicos hicieron lo humanamente posible para salvarle la vida. Había llegado con un pie totalmente dislocado. Le habían cortado un pedazo de lengua, le arrancaron los pezones, y la golpearon tanto que le provocaron atrofia cerebral. Y mi amiga temía que si no era identificada, terminaría en un albergue, sin que su familia pudiera nunca encontrarla… Yo le pedí a mi amiga un favor, sólo por no dejar: que le dijera el nombre de ‘F…’ y cuando lo hizo, ella reaccionó, aún inconsciente, ella se estremeció, en realidad, muy en el fondo, sí estaba consciente, y entonces me dirigí al hospital”.

En cuestión de horas, y por intermediación de Araceli, las autoridades federales pudieron comprobar que la joven que llevaba un mes en calidad de desconocida era la misma que, dos meses antes, había sido raptada en Acapulco. También en cuestión de horas, su madre fue conducida hacia el hospital y, en tanto llegaba, aún inconsciente, narra Araceli, que se le acercó y le dijo al oído: “‘F…, tranquila, m’ija, ya te encontramos, ya nadie te va a dañar, ya viene tu mamá, y tú te tienes que recuperar, porque yo no sé nadar, y quiero que tú me enseñes, porque tú debes de nadar muy bien‘… Hoy, ella está de vuelta en su casa, con su familia. Los doctores habían dicho que el daño cerebral era irreversible, que pasaría la vida postrada en una cama, en estado vegetativo, pero no es así. Yo la visité hace un año y ella me recibió sentada, ya comienza a hablar, con dificultad, con balbuceos, pero ella me reconoció y me llamó por mi nombre, y me recordó que hay una promesa pendiente: “tú y yo a nadar –me dijo–… tú y yo a nadar…”

NICOMEDES…

Entre finales de los años 60 y principios de los 80, el Estado mexicano desató una política represiva contra grupos opositores al régimen, lo mismo beligerantes que pacíficos, conocida hoy como la “guerra sucia”, cuya principal práctica fue la desaparición forzada de activistas, familiares, sospechosos o cualquier persona que, a juicio del gobierno, pudiera aportar información sobre actividades insurreccionales.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en este periodo se tiene reporte de al menos 532 casos de desaparición forzada perpetrados en todo el país, de víctimas que siguen sin ser localizadas hasta la fecha, siendo Guerrero la entidad más afectada por la represión institucional, con 293 casos en los que las personas fueron detenidas por alguna autoridad y nunca más se supo de ellas. La CNDH, sin embargo, sólo acreditó fehacientemente 275 casos, sin descartar que el resto fuesen desapariciones forzadas.

Nicomedes Fuentes García (Fotografía: Prometeo Lucero)

Aún así, el número real de víctimas desaparecidas por el Estado durante ese periodo es mucho mayor, e incuantificable, aclara Nicomedes Fuentes García, quien busca a su tío, Juilo Fuentes Martínez, un guerrillero del Partido de los Pobres –la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas–, detenido en 1974 en el Estado de México por la Dirección Federal de Seguridad y entregado al Ejército.

En la actualidad, Nicomedes es integrante de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la ‘Guerra Sucia’ de los Años Sesenta y Setenta en el Estado de Guerrero (Comverdad), que luego de dos años y medio de trabajo, emprendido por mandato legal del Congreso guerrerense, está por concluir sus labores en septiembre próximo.

Nosotros buscamos desaparecidos… Cuántos, es incierto, no existe una contabilidad –lamenta Nicomedes, al pie de una zanja donde busca restos humanos, en el ex cuartel militar de Atoyac, apoyado por los familiares de otras víctimas de desaparición–, no tenemos una cifra exacta de cuántos desaparecidos hay… Pero, además, nos interesa investigar también todas las violaciones a derechos humanos cometidas de 1969 a 1979, porque aquí hubo despariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias, desplazamientos de comunidades, hubo violaciones a mujeres, hubo menores de edad detenidos, asesinados y desaparecidos. Es gravísimo todo lo que ocurrió. El Estado mexicano tiene una deuda muy grande con todas estas gentes…

Tan sólo en Atoyac, durante este periodo de represión gubernamental se tiene registro de 450 casos de personas desaparecidas por el Ejército, abunda al respecto Julio Mata, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), ya que en esta región de Guerrero “el Ejército y otras fuerzas, como la Policía de Tránsito y la Brigada Blanca, actuaron específicamente en contra de la población, para exterminarnos, y así evitar, según ellos, que se brindara apoyo a las guerrillas”.

Se trató, añade, de un periodo de “terrorismo de Estado (…) en el que el Ejército vino y arrasó los pueblos de toda esta zona, cercaba las comunidades, impedían la entrada y salida de gente, tumbaban puertas y ventanas de las casas, sacaban a la gente a culatazos, y los llevaban a la cancha de básquetbol, y mediante una lista, los separaban”.

A pesar de haber transcurrido 40 años desde entonces, Julio narra con dolor fresco las escenas de la guerra sucia en Guerrero. “A muchos se los llevaban, principalmente a los hombres, aunque también a mujeres, niños y ancianos, y se los llevaban al cuartel militar de Atoyac, los vendaban de los ojos y los traían caminando desde sus comunidades lejanas, hasta el cuartel… A veces los subían a helicópteros y los aventaban como costales desde una altura de 10 o 15 metros, para que cayeran en el cuartel. Otras, los subían en camiones de redilas, amarrados de pies y manos, el cuartel en ese momento sirvió como cárcel clandestina. Ahí torturaban a la gente, y les exigían, mediante tortura, que revelaran las posiciones de los guerrilleros (…) Según los testimonios de sobrevivientes, del cuartel de Atoyac, algunos eran trasladados a la base de Pie de la Cuesta (en Acapulco), y ahí los mataban con un balazo en la nuca, y luego en un avión se los llevaban rumbo a Oaxaca y los arrojaban al mar”.

Julio Fuentes Martínez, el tío de Nicomedes, fue trasladado a esa base de las Fuerzas Armadas en Guerrero, luego de su captura en el Estado de México.

“En el Archivo General de la Nación (AGN) –explica Nicomedes– pudimos tener acceso a un archivo sobre este periodo, que nunca antes había podido ser consultado, porque la Procuraduría General de la República lo mantenía en reserva. Ahí obtuvimos cerca de 250 fichas que hablan del tema. Cuando detuvieron a mi tío, el gobierno dijo que no sabía nada de él, pero en el AGN encontramos un documento que dice que Julio Fuentes Martínez fue detenido en Tlalnepantla, y está firmado por Luis de la Barreda Moreno, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que lo entregó a la Policía Militar”.

El resultado de esas investigaciones documentales, que aportan nombres de algunas de las autoridades involucradas en la estrategia represiva aplicada en Guerrero, así como de las pesquisas de campo realizadas por la Comisión de la Verdad, serán presentados en los próximos meses, afirma Nicomedes, mientras se apura a cerrar las últimas zanjas abiertas en el ex cuartel de Atoyac –instalaciones que hoy ocupa el ayuntamiento local–, donde no pudo ser hallado ningún cuerpo, a pesar de contar con testimonios que indican que en algún lugar de este cuartel se enterró clandestinamente a víctimas asesinadas durante la guerra sucia.

El trabajo, sin embargo, no ha sido en vano. “A principios de diciembre del año 2013 –narra Nicomedes–, tuvimos acceso a una información acerca de un enfrentamiento entre la guerrilla y miliares en la comunidad del Posquelite, en los límites de Atoyac y Coyuca de Benítez, en el que murieron dos guerrilleros, que fueron enterrados por las autoridades en algún lugar de la zona. Le dimos seguimiento. La comunidad fue dando información. Aunque muchos sabían dónde se había enterrado a esos guerrilleros que ya habían muerto, los sobrevivientes no recordaban dónde excavaron las fosas, así que comenzamos a realizar la búsqueda, con apoyo de peritos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en junio de este año encontramos el primer cuerpo. La exhumación fue exitosa, los restos de esa persona estaban la mayoría ahí. Empezamos por detectar una falange, un metatarsiano al parecer, y más abajo encontramos el cráneo y fueron apareciendo el resto de los huesitos, muy bien conservados aún con 40 años ahí, esto ocurrió en el 74, y un mes después, a 400 metros de distancia fue encontrado el segundo cuerpo, y ahora están esos restos en proceso de identificación, si es que ésta es posible”.

–¿No siente feo estar cerrando estas zanjas en el ex cuartel de Atoyac, sin haber encontrado nada? –se le pregunta.
–Sí –reconoce–, pero tenemos limitantes. El tiempo que puede existir la Comisión de la Verdad por ley, está por concluir, y tenemos que presentar el informe de las labores realizadas. Hemos buscado y, obviamente, no vamos a darle a los familiares la respuesta que ellos esperan, pero sí localizamos los restos de dos personas, desaparecidas desde hace 40 años. Un sobreviviente de la guerrilla recientemente fallecido, Octaviano Santiago, era de la idea de que, si la Comisión de la Verdad encontraba aunque fuese a uno de los desaparecidos, eso ya habría hecho importante su existencia, y, al menos desde la perspectiva de él, nosotros cumplimos, eso es muy importante, aunque falte aún mucho por hacer…

En el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas no está incluido el caso de Julio Fuentes Martínez y, de hecho, si se hace una búsqueda de registros por año, el Renped no contempla ningún caso registrado entre 1969 y 1980, los años más álgidos de la “guerra sucia”.

* “Desaparecidos en México: la guerra por la verdad” es un reportaje en tres partes realizado con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie/, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la Unión Europea.

La desesperación de los Mayangnas

Una espesa neblina cubre la sábana de bosque que rodea a la pequeña aldea de Musawas, localizada en el inicio del núcleo de la reserva de selva tropical más grande de Centroamérica: Bosawas. La vida en la aldea comienza temprano, apenas el sol se despereza en el horizonte. Los indígenas mayangnas, ancestrales habitantes de esta selva, se mueven como hormigas entre los pequeños caminos de cemento que unen las casitas de tablas, las mujeres llenando baldes con agua, los hombres cargando machetes listos para la jornada diaria en las pequeñas plantaciones de plátanos y granos. El gruñido aterrador de un cerdo rompe la tranquilidad de la mañana —ha sido sacrificado para vender su carne en la aldea—, mientras los niños de cabello espinoso caminan uniformados hacia la pequeña escuela de la comunidad. El visitante pensaría que nada acecha la calma de los mayangnas, pero los líderes de Musawas están desesperados: la selva está amenazada por la invasión de gente que llega de otras regiones de Nicaragua, que destruyen el bosque, trafican con la madera y hacen jugosos negocios con sus valiosas tierras para convertirlas en fincas ganaderas. La invasión dejó un mayangna muerto en 2013, mientras los encuentros violentos entre indígenas e invasores son cada vez más comunes. Los mayangnas temen que su selva, como pasó con Chontales, ubicada en la zona central del país, se convierta en el nuevo gran potrero de Nicaragua.

Joaquín Blandón, pastor de la iglesia morava de Musawas, abre las puertas del templo comunal mientras la neblina se despeja poco a poco. La iglesia ha sido construida toda de madera, con un alto campanario en su parte frontal, que la convierte en la construcción más grande de la comunidad. Dentro, un modesto altar se yergue ante filas de bancas cuidadosamente colocadas a ambos lados del gran salón de cultos. No hay adornos, ni imágenes religiosas. Una que otra paloma revolotea en el alto techo de madera. Todo luce muy limpio y cuidado. Blandón, un hombre moreno, de baja estatura pero de cuerpo robusto, cara redonda y cabello negro cortado a lo militar, explica que la mayor preocupación de los feligreses que acuden a sus cultos es la invasión de la selva. Él mismo está furioso y no esconde su enojo: siente que su pueblo ha sido olvidado por las autoridades locales, el Gobierno central y los diputados que, en la Asamblea Nacional de Managua, deberían velar por sus intereses. “Casi la mayoría de nuestro territorio está invadido”, dice. “La gente del territorio está muy preocupada y se pregunta por qué el Gobierno no nos apoya”, agrega. “Los partidos políticos vienen en época de votación, pero luego se olvidan. Estamos en peligro, porque todos los días entran más invasores, que nos esperan para atacar. Nosotros, como mayangnas, no tenemos ni armas, pero ellos sí están armados. Todo eso preocupa a nuestra gente”, asegura el pastor.

Las preocupaciones de Blandón se fundamentan en el terror. El año pasado uno de los suyos fue asesinado a balazos. Sucedió el 23 de abril de 2013. Ese día un grupo de indígenas hizo un recorrido para corroborar la información de una nueva invasión de más de diez manzanas de bosque por los llamados colonos, gente de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y del centro, que arrasan el bosque, se apropian de las tierras, las venden o las convierten en fincas para el ganado. Este tipo de patrullajes son comunes en la reserva, dado que las autoridades del Marena no cuentan con suficientes guardabosques en la zona. Los indígenas encontraron a los invasores, a quienes pidieron explicación por la incursión, según los testimonios reunidos en Musawas. La respuesta de los invasores fue violenta: dispararon a los indígenas, e hirieron gravemente a Elías Charles Taylor, quien murió horas después en el pequeño hospital de Bonanza, el municipio más cercano a Musawas, donde fue trasladado por sus compañeros. La muerte de Taylor sigue sin ser esclarecida. Para los mayangnas es la prueba del olvido en el que han sido sumidos por las autoridades.

Charles Taylor dejó seis hijos a cargo de su esposa, Ricalina Davis, una mujer menuda, de piel morena y seca, grandes ojos negros y cabello largo color azabache, que lleva recogido en una cola sujetada por un prensador amarillo. Ricalina no habla español. En su pequeña casa de Musawas, una choza de madera levantada con troncos a unos metros del suelo, cuenta en su lengua mayangna, valiéndose de un traductor, la tragedia que la envuelve desde hace un año. Sentada en la madera con su hijo más pequeño en el regazo, la mujer llora al recordar la muerte de su esposo. “Me duele mucho”, dice, “mi esposo era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Desde que falleció ha fracasado todo: el año pasado mis hijos tuvieron que dejar sus clases porque no tenían a nadie que los apoyara para pagar la escuela, comprar sus cuadernos, sus zapatos. No tengo un trabajo fijo que me permita ganar un salario para mantener a mi familia”. Ricalina apoya su cara en la cabeza de su hijo para esconder las lágrimas. Hace una pausa en la cuenta de sus penas. La mujer viste una blusa raída, de un rosado desgastado. Va descalza, al igual que su pequeño, de año y medio, que también se echa a llorar al ver llorar a su madre. La mujer retoma la conversación para contar que alimenta a su familia con la cosecha de la pequeña finca que dejó su esposo, donde cultivan granos para el consumo propio. “No tengo ayuda de nadie. En el GTI (Gobierno Territorial Indígena) me han dicho que no tienen dinero para ayudarme. Les dije que no era posible que anduviera pidiendo apoyo, porque mi esposo dio su vida por el territorio, y como autoridades del territorio ellos me deberían apoyar”, reclama Ricalina.

El GTI es la máxima autoridad de los pueblos indígenas. En Bosawas hay por lo menos siete territorios indígenas, entre mayangnas y miskitos. Musawas forma parte del territorio indígena mayangna Sauni As, cuyo presidente es Emilio Bruno Simeón, un hombre huraño, regordete, reacio a hablar con la prensa, porque dice que los medios no tienen interés en “contar la verdad” de lo que pasa en los pueblos indígenas de la reserva. Tras un tenso saludo inicial, y un interrogatorio sobre el trabajo de reportería que realizamos en la zona, Bruno Simeón accedió a hablar sobre la situación de la región que gobierna desde hace seis meses, en la sede del GTI, localizada en una zona periférica de Bonanza, sobre una calle sin asfaltar y llena de baches que se convierten en pequeñas lagunas de barro durante los días de lluvia como éste. La casa que sirve de sede al GTI está construida mitad con bloques de cemento y mitad con tablas pintadas de un rosado fucsia como el que usa el Gobierno sandinista en las instituciones públicas.

“Nuestros antepasados nunca sufrieron problemas de tierra”, dice, “pero hoy en día, esta nueva generación sufre mucho con las invasiones de colonos del Pacífico, que han destruido un 40% de la reserva. Ahora no podemos decir, como dueños del territorio, que vivimos dentro de la reserva, porque día tras día hay destrucción, despale, avance de la frontera agrícola”. El presidente territorial asegura que para defenderse de las invasiones han pedido ayuda al Gobierno central para que desaloje a los invasores, “pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. A nosotros nos hacen esperar meses por una respuesta, pero los invasores no esperan, día tras día entran nuevos. En estos últimos tres años entraron más de 600 familias, que están destruyendo la flora y fauna”, dice el presidente indígena. Simeón asegura que los invasores están amenazando las formas de vida tradicionales que durante siglos han mantenido los mayangnas en el bosque de Bosawas. La caza, una forma habitual de subsistencia, se ve afectada por la destrucción de la selva. “Anteriormente, cuando entrábamos en la montaña, encontrábamos toda clase de animales. Hoy ya no podemos conseguir carne en la montaña, como guardiolas, chancho de monte, venados”, se lamenta Bruno Simeón.

El mayor temor de los mayangnas es que los invasores acaben con lo que queda del núcleo de la reserva, unos ocho mil kilómetros cuadrados de bosque virgen. En el inicio de ese núcleo verde está Musawas, prácticamente incomunicada con el resto del país: para llegar hasta la comunidad es necesario caminar durante ocho horas entre selva espesa y caminos de barro en los que un hombre puede hundirse hasta las rodillas, si no tiene la precaución debida; aunque también se puede acceder a ella a través de cayucos o pangas, navegando durante siete horas el río Pis Pis, que rodea la comunidad. Hasta hace unos años la lejanía y el difícil acceso eran el resguardo natural de la zona, pero desde 2005 ya no son suficientes para evitar la invasión. Si bien Musawas todavía se despierta con la niebla espesa cubriendo la sábana que forma su selva, a un par de horas de camino, sus vecinos de la comunidad indígena de Bethlehem, miran, sin poder defenderse, cómo los invasores destruyen los bosques que los rodean.

Carta abierta a la Comisionada Granera

Por: Luciana Chamorro Elizondo

Estimada Primera Comisionada Aminta Granera:

Le escribe Luciana Chamorro Elizondo. Yo soy ex alumna del Colegio Centroamérica. Me eduqué en su Pastoral, y creo profundamente en los valores de entrega y servicio a los demás. Desde pequeña he intentado lograr mayor coherencia en mi vida: entre lo que creo, lo que pienso y lo que hago. Eso me ha llevado a trabajar de voluntaria en barrios y asentamientos, a enfocar mi vida profesional como antropóloga hacia el estudio de la desigualdad, y a apoyar las causas que considero buscan la justicia social.

Le escribo en carácter personal porque me rehúso a creer que una mujer como usted, que ha demostrado tener los intereses de su pueblo como prioridad, no se ha pronunciado al respecto de la violencia que vivió un grupo de ciudadanos Nicaragüenses el 22 de Junio. Imagino que su silencio se debe a que no se habrá enterado bien de lo que pasó. Mi hermano y yo estábamos ahí junto con otros 52 jóvenes y 35 ancianos. Si a eso le sumamos los vecinos que nos dieron refugio y los trabajadores de la gasolinera, se hacen cientos de testigos que también vieron y vivieron el terror de esa noche. A continuación le relato los hechos:

El lunes 17 de Junio me comprometí a apoyar a los adultos mayores en la restitución de su derecho a una pensión reducida. Llegué al INSS con víveres recolectados entre amigos, respondiendo al llamado que hizo la UNAM, que pedía que el pueblo se solidarizara con su lucha.

Foto: Un grupo de personas ayuda a un anciano lesionado durante la agresión contra #OcupaINSS. Foto: Eddy Melendez Lacayo/Cortesía. - See more at: http://www.confidencial.com.ni/articulo/12784/carta-abierta-a-la-comisionada-granera#sthash.oMd16hNR.dpuf

El martes 18 me enteré que la Policía ya no dejaba pasar más los alimentos y el agua. El argumento de los policías: que estaban resguardando el edificio del INSS. Comprendo la importancia de resguardar un edificio público. Sin embargo, pedíamos que la policía misma les pasara los víveres a los ancianos. Se negaron.

El miércoles 19 decidimos hacer una vigilia hasta el amanecer. Estuvimos concentrados en el costado sur por razones de seguridad: si un joven se encontraba caminando en los alrededores del INSS, era capturado, golpeado y llevado preso. Ese día la Policía Nacional se llevó presos a siete jóvenes.

A las 3 a.m. nos enteramos que los ancianos que acompañábamos habían sido desalojados por otra entrada y llevados contra su voluntad a sus casas. Ellos regresaron indignados en la mañana, y juntos, nos mantuvimos en el costado sur. Esa tarde fueron detenidos otros ocho jóvenes que pasaron 67 horas en la cárcel (hasta las 5:30 a.m. del sábado) sin un cargo que justificara su detención.

El plantón se mantuvo. Se construyó un puesto médico, comisiones para organizar los víveres, y contratar a un sonidista. La espontaneidad se comenzaba a organizar en un apoyo sostenido. El viernes 21 se sumaron artistas nacionales. Llegó Perrozompopo, Momotombo, la Cuneta son Machin, Danilo Norori, y otros músicos, a dedicarle canciones a “los abuelitos”.

Yo presencié cuando alrededor de la 1 a.m. al terminar el concierto los policías de tránsito que llevaban 5 días en las entradas de la calle se fueron. Presencié cómo el cordón policial se hizo más fino. Presencié la llegada de un
Comisionado Mayor que dio órdenes a los policías que permanecían. Contó a los manifestantes.

A las 4:10 a.m yo estaba sentada a dos metros del cordón policial. Una amiga tenía una guitarra y cantábamos una canción de Manu Chao. De repente vino un chavalo corriendo y gritó: ¡Tírense al suelo!

Detrás de él venían cientos de encapuchados con camisetas blancas. Yo, que ya estaba sentada en el suelo, gateé hacia los policías. Mi instinto fue pedirles auxilio, o que me dejaran pasar detrás de ellos. Los policías fortalecieron el cordón. Uno me pateó en el estómago. Yo levanté la cara y le intenté preguntar que si no iba a hacer nada. Me dijo que mantuviera la mirada en el piso. Ahí permanecí. Escuchaba los gritos de horror de las personas que una por una, eran levantadas del piso, golpeadas y amenazadas. Un tipo pasó a mi lado y dijo, “a ésta la voy a violar”. Se rió. Permanecí inmóvil hasta que llegó un encapuchado y me jaló del brazo. Tenía la cara tapada con una camiseta amarrada, pero podía verle parte del rostro. Llevaba una camisa del gobierno volteada al revés; se notaba el diseño con sus colores característicos. Me volteé y me dí cuenta que no quedaba nadie más en el piso, sólo un mar de manchas blancas corriendo descontroladas, golpes y gritos.

Mi agresor me hizo caminar con él hacia donde estaban parqueados dos camiones de la Alcaldía de Managua. Nos faltaba una cuadra para llegar cuando llegó otro tipo y le dio órdenes de que me quitaran todo. El tipo me bolseó, y yo le dije que se calmara que yo le iba a entregar todo. Le di mi bolso en el que tenía mi celular, billetera, identificaciones, y una agenda personal. Agarró mis cosas y salió corriendo en dirección opuesta. En eso reconocí un muchacho que me agarró de la mano y me jaló a una casa donde me escondí. Ahí estábamos 7 jóvenes y 1 adulto mayor.

¿Cómo describir el terror? Los llantos incontrolables de una chavala que estaba al lado mío, la sangre que corría por la cara del chavalo que me había salvado, y la cara de horror de la dueña de la pulpería que nos resguardó.

Andaban afuera todavía. Amenazaban y se reían. Celebraban. Apagamos las luces. Nos escondimos detrás de un sofá. Caí en cuenta de que mi hermano no estaba ahí. No lo había visto. Entré en pánico y pregunté por él. Me decían que la última vez que lo habían visto lo tenían entre cuatro y lo golpeaban y lo desnudaban. Se lo llevaron para el otro lado. ¿Y mi mejor amiga Laura?. Llevada al cementerio. Escuchamos cuatro balazos. Tres primero, y un cuarto cerca de la casa.

Llamé a mi papá con el teléfono de la dueña de la casa. No me imagino el dolor de un padre de recibir semejante llamada de su hija. “Papá vinieron y nos golpearon, no sé donde estoy, no sé donde está mi hermano. Se lo llevaron.” Esa madrugada decenas de padres de familia recibieron esa misma clase de mensajes desesperados.

Media hora después logramos salir y llegar hasta la gasolinera Puma de la rotonda Plaza Inter. Ahí a las 4:45 a.m. ví llegar a mi hermano vapuleado, sin zapatos, sin camisa. A él y otros muchachos los persiguieron hasta la Asamblea Nacional.

Los testimonios que le pueden contar cada uno de nosotros completan la historia. A mi amiga Laura la tiraron contra el suelo luego de lanzarla contra un muro. Le decían “tenés 10 segundos para correr o te matamos”. A otros los golpearon con palos y martillos. Los estudiantes de medicina le pueden contar cómo golpearon a los ancianitos, cómo le echaron gasolina al puesto médico. Los vecinos le pueden contar de qué sector vinieron los agresores, cómo se ejecutó el operativo, y de qué manera se retiraron del lugar.

Desaparecieron siete vehículos, cuatro motocicletas, veintisiete celulares, veinticinco billeteras, nueve cámaras digitales, tres computadoras, tres relojes, dos guitarras y un cajón peruano.

Tenemos diez horas de filmación desde distintos puntos de vista de la gasolinera Puma que recoge: la llegada en camiones de la alcaldía de los encapuchados, la llegada de jóvenes siendo perseguidos por los encapuchados que portaban bates y otras armas, los jóvenes sangrando y vomitando sangre dentro de la gasolinera, entre otros eventos.

También tenemos cuatro videos grabados por un vecino donde se muestran los carros siendo desmantelados y empujados hacia el parqueo del INSS. En ese video se muestra la presencia policial en el lugar mientras esto ocurría.

Si le interesa le puedo hacer llegar estos videos y las fotografías de los golpeados, nuestras copias de los dictámenes de medicina legal, y toda la evidencia que tenemos que respalda los testimonios de los jóvenes que han puesto una denuncia al Ministerio Público. También la puedo llevar personalmente a la vivienda donde yo estuve para que hable directamente con los vecinos que le pueden contar cómo los encapuchados repartieron el botín, y se volvieron a montar en camiones de la alcaldía que los llevaron a los planteles de esa institución.

Pero volviendo al grano, ¿por qué le escribo Comisionada  Granera? Por dos razones. La primera es preguntarle, ¿que pasó con el actuar de la policía esa noche? Los oficiales vieron el robo masivo y la violencia contra de 52 chavalos y 35 ancianos y no hicieron nada. Yo personalmente recibí golpes de parte de un oficial. Tengo una fotografía de la cadena de policías 10 minutos antes del atraco, y puedo identificar al que me agredió.

La segunda pregunta es, ¿por qué la policía, y usted, como Primera Comisionada no se ha pronunciado ante este acto de terror? El único comunicado público al respecto dice que las fotografías son extranjeras, y que las denuncias responden a intereses oscuros para desprestigiar a la Policía. Nosotros somos jóvenes nicaragüenses, y ese comunicado es indignante. Todos nuestros testimonios y nuestros nombres son públicos. No tenemos por qué escondernos, porque no somos delincuentes. En lo personal pienso que lo sucedido es tan grave, que ya nada puede justificar su silencio. No se puede proteger a nadie callando estos delitos.

Yo me enorgullecía de la Policía Nacional; una policía que supo ser coherente con los valores sandinistas bajo los cuales fue fundada y se puso al servicio de toda la población al momento de la transición en los 90. Sin embargo, lo que viví el 22 de Junio me convence que la policía que está a su mando únicamente se encuentra al servicio de una cúpula partidaria.

Miles de nicaragüenses, entre ellos mi abuelo Pedro Joaquín Chamorro, dieron su vida para que en nuestra Nicaragua no se volviera a vivir represión por ejercer el derecho ciudadano a la libre expresión y la manifestación. Yo apelo a la memoria de nuestro pasado colectivo, y a su conciencia, para que me demuestre con hechos que mi análisis es errado.

Hay tiempo para que reivindique la confianza que tantos hemos depositado en la policía. Yo espero que usted sea capaz de ponerse al frente de su institución, y asumir la responsabilidad que tiene frente a los hechos del 22 de Junio. Si usted no se cree capaz de esto, si la presión es demasiado grande, entonces es hora de presentar una renuncia moral. Comisionada Granera, llegó la hora de dejar de lavarle el rostro al régimen represivo bajo el cuál vivimos, y darle el ejemplo a miles de otros que siguen órdenes por temor a desafiar el poder, aunque sus convicciones morales les llamen a hacer lo contrario.

Con mi respeto,

Luciana Fernanda Chamorro Elizondo

Managua, 11 de julio 2013

– >Vea el artículo en: www.confidencial.com.ni

 

Laboratorios internacionales corrigen plana al Ejecutivo en Ley de Medicamentos

Por Patricia Carías

El 3 de abril pasado, las firmas asociadas a la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) advirtieron en un comunicado que retirarían del mercado 38 de sus marcas debido a que no podían cumplir con la flamante regulación de precios producto de la Ley de Medicamentos. Al día siguiente, Vicente Coto, titular de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), respondió que en el mercado salvadoreñoa ya había alternativas a esos mismos productos, por lo que los laboratorios internacionales podían marcharse con sus productos. Esta postura la reiteraron los funcionarios de Salud y el mismo presidente Mauricio Funes. Dos meses más tarde, después de una reunión en Casa Presidencial, el gobierno de Funes dio la razón a los laboratorios internacionales, pero el daño ya estaba hecho: Estados Unidos incluyó a El Salvador en una lista negra de naciones sospechosas de que su marco legal irrespeta los derechos de propiedad intelectual y da pie a prácticas anticompetitivas.

Ese error en el cálculo de los nuevos precios inició cuando el pasado 3 de enero entró en vigencia el Reglamento para la Determinación de los Precios de Venta Máxima, elaborado por la Presidencia de la República. Este documento, que se redactó en la Presidencia y se aprobó solo después de haber pasado por el escritorio del mismo Funes, incluía una clara contradicción a la ley, dado que establecía un proceso para establecer los precios máximos de venta diferente al que los legisladores habían aprobado.

La contradicción consiste en que el artículo 58 de la ley reconoce una distinción entre los medicamentos innovadores, es decir, aquellos que son los dueños de una patente y que son producto de estudios e investigaciones científicas, y los medicamentos genéricos, que son una réplica de los productos originales y para cuya creación no se necesitó nada más que reproducir la fórmula original. En cambio, el reglamento que elaboró la Presidencia en su artículo 2 dice que los productos serán agrupados sin hacer ninguna división entre los productos innovadores y los genéricos, y para agruparlos solo se atenderá a su composición química.

Tal como se lo dictó el reglamento, la DNM utilizó esta fórmula para establecer los precios de venta máximos al público, en un ejercicio equivalente a que alguien colocara una canasta de chocolates de todo tipo y los separara según tuvieran relleno de menta unos, relleno de ron otros y relleno de café unos más. Esto, sin hacer ninguna distinción dentro de esos mismos grupos para separar, por ejemplo, los chocolates suizos de máxima calidad de los chocolates menos sofisticados hechos en algún otro lugar del mundo.

Los laboratorios internacionales asociados en Fedefarma alegaron que sus costos de producción eran inviables si aplicaban esos nuevos precios, y la noticia llegó pronto a la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y al Subcomité Especial de Política Comercial 30, de la Secretaría de Comercio. Estos colocaron a El Salvador en un proceso especial de revisión para evaluar el nivel de protección y cumplimiento que da a las leyes de propiedad intelectual y el respeto a derechos de autor, marcas registradas, patentes, derechos de diseño industrial, imagen de marca y secretos industriales. Esta “revisión fuera de ciclo” (OCR, por sus siglas en inglés) es uno de los procesos que Estados Unidos tiene para evaluar a aquellos socios comerciales que pueden estar generando clima de negocios adversos debido a problemas en sus marcos legales.

Estas evaluaciones se dan a conocer en un informe público que elabora anualmente la USTR que se denomina Informe Especial 301. La última versión de este informe que se publicó en mayo de este año revela que El Salvador se encuentra en evaluación, dado que la Oficina de Comercio desea “monitorear el progreso de una posible infracción de la propiedad intelectual, la protección y la observancia de derechos de propiedad, en particular con respecto a la aplicación de la nueva legislación sobre productos farmacéuticos, entre otros asuntos”, dice el informe. En esta situación solo aparecen dos naciones: El Salvador y España.

En septiembre de este año, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos evaluará una vez más el desempeño de la Ley de Medicamentos en El Salvador y entre otras cosas la solución de error en el cálculo producto del reglamento a la ley. Entonces se decidirá si El Salvador entra en la “Watch List” o lista negra de los países donde Estados Unidos desaconseja invertir, dado que no cuentan con marcos legales adecuados. “Los resultados de un OCR pueden llevar a un cambio del estatus de un país en la lista de Vigilancia “Especial 301” fuera del periodo normal del reporte anual “Special 301”, o durante el ciclo de revisión próximo”, dijo Mari Tolliver, consejera para Asuntos Públicos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

A pesar de todo el humo que se ha levantado por las contradicciones entre la Ley de Medicamentos y su Reglamento de Precios, esta ha cumplido en gran medida su objetivo principal de reducir los precios de los medicamentos en el país. El Salvador partió de una situación en la que, según un estudio de la Universidad de El Salvador publicado en 2007, el país centroamericano era la nación con los medicamentos más caros del mundo.

Según los datos oficiales, ese propósito de provocar bajas en los precios de los medicamentos ha funcionado, y ahora es visible cómo algunos productos se estuvieron vendiendo hasta a 3.8 veces el que hoy podría llamarse “precio justo” máximo. Sin embargo, y a pesar de esto, la regla de disminución ha tenido excepciones, y algunos medicamentos en realidad registraron aumento en su precio, y esto sucedió con aquellos genéricos que se vendían muy por debajo del techo puesto por la DNM. La ley produjo, entonces, una reducción generalizada en productos innovadores, y en algunos casos de productos genéricos permitió un aumento.

La Dirección dice carecer de un inventario de productos que ahora son más caros. “No tenemos números exactos sobre los productos que subieron de precio”, aseguró Coto cuando se le solicitó información sobre las alzas en los precios. “El último dato que obtuvimos decía que de todos los productos que estaban por debajo del techo, el 8 % de esos subieron de precio”, dijo.

Los productores nacionales niegan que sus medicinas estén entre las que registraron aumento, aprovechando el margen que les da el techo de ley. De acuerdo con Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), en el caso de los medicamentos nacionales entre un 5 y un 10 % quedaron arriba de la línea de precios máximos de venta y, por lo tanto, debieron bajar. “En cuanto a los precios para nosotros la industria nacional el impacto ha sido mínimo. Lo que sí puedo decir es que los laboratorios de Inquifar no han subido sus precios”, aclaró Pérez.

La ley habla de una lista inexistente

El ajuste de precios ha sido quizá lo que más tensiones ha generado el marco regulatorio de medicamentos, y detrás de él ha habido errores como el de pretender que los medicamentos innovadores deban venderse a precio similar al de las copias, pero también al menos uno que es poco menos que un engaño. Se trata de esto: en el artículo 58 los diputados instituyeron sobre los precios que el margen de comercialización de cada medicamento sería de “tres hasta cinco veces del Precio Internacional de Referencia de cada producto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. El problema es que esos precios internacionales de referencia de la OMS no existen.

Cuando se discutió la ley en la Asamblea Legislativa, los diputados del FMLN insistieron en que era necesario incluir esta lista de precios de referencia de la OMS. La voz que llevaba la batuta era el diputado Guillermo Mata Bennett, quien con esa lista de precios se refería a la Guía Internacional de Precios de Medicamentos que anualmente emite la OMS. Esta guía no funcionaría para hablar de precios comerciales de medicamentos dado que se trata de productos obtenidos en condiciones especiales. “La Guía proporciona una gama de precios ofrecidos por proveedores de medicamentos sin fines de lucro”, dice el prólogo del documento. La DNM estableció los precios de venta máximo para cada uno de los conjuntos homogéneos ignorando por completo este aspecto de la ley.

A pesar de estos aspectos que han generado controversia nadie puede poner en tela de juicio que la ley tiene beneficios para el consumidor. A continuación se proporciona la lista de los 10 medicamentos que, proporcionalmente, más bajaron de precio gracias a la ley. Estos 10 productos forman parte de una lista de los 68 medicamentos elaborada por la DNM cuyos precios se redujeron significativamente.

Según los datos de la DNM, los consumidores de Valium –fármaco que sirve para tratar problemas ansiedad y espasmos musculares– en su versión de 10 mg de 25 comprimidos deberían estar agradecidos con la vigencia de la ley. Antes de ella, los consumidores pagaban 18.21 dólares por la presentación de 25 comprimidos, y el nuevo precio máximo es de 4.83 dólares. Esto es que con el mismo dinero con que antes se podría comprar 25 comprimidos, hoy es posible obtener casi 4 veces esa cantidad.

Esta ley es una de beneficios para el consumidor, pero si la regla es la reducción de precios, hay excepciones. Los consumidores de Sildenafil –fármaco para tratar la disfunción eréctil, que es una réplica de la fórmula del Viagra– son ahora parte de esa excepción a la regla. Antes de la ley, el producto tenía un precio de 5 dólares, y ahora en varios lugares se vende a 6.54 dólares, el precio máximo que estableció la DNM.

Todo este proceso gradual de restricciones para fijar nuevos precios inició cuando se aprobaron los reglamentos que acompañarían a la ley el 3 de enero pasado. A partir de esa fecha, la DNM otorgó a las farmacias, las droguerías y los laboratorios un plazo de tres meses para que adaptaran sus procesos y sus inventarios de forma que el precio de farmacia o el precio final al consumidor no sobrepasara el precio máximo de venta establecido. Ese plazo venció el pasado 3 de abril, fecha en la que se aplicó oficialmente la reducción de precios de medicamentos.

Ese reglamento de precios que elaboró el Ejecutivo y que provocó que la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos coloque a El Salvador en un proceso de revisión, ha provocado un enfrentamiento parcialmente público que el pasado 17 de abril llevó al gobierno a sostener, por medio de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Secretaría para Asuntos Estratégicos, una reunión privada con la industria farmacéutica internacional en Casa Presidencial.

En público el gobierno alegaba que los laboratorios internacionales injustificadamente se negaban a acatar los precios máximos, solo para no disminuir sus ganancias. Consultado sobre el Informe 301, Vicente Coto aseguró que El Salvador no está cediendo ante la presión. “Nosotros no podemos acomodar la ley a las exigencias o las necesidades de una empresa. Aquí no se hace lo que quieren los laboratorios internacionales, ellos se tienen que adaptar a la ley”, dijo.

El presidente Funes, en su programa radial del sábado 20 de abril, habló sobre la reunión a la que convocó la Presidencia en la que participaron los secretarios Técnico y de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, la ministra de Salud, Coto, el director del Seguro Social y los representantes de los laboratorios internacionales asociados en Fedefarma. En esa ocasión el mandatario dijo que el tema tratado en la reunión había sido el posible exceso en los precios que ofrecían las droguerías que distribuyen esos productos de estos laboratorios internacionales. Como conclusión, Funes anunció que habían acordado que las farmacias podrían comprar directamente a los laboratorios internacionales.

“El mismo día que los medios salieron diciendo que después de la reunión en Casa Presidencial las farmacias iban a poder comprar directamente, los laboratorios nos llamaron a nosotros como droguerías para decirnos que no nos preocupáramos, que no iban a dejar de trabajar con nosotros”, explica el gerente de una de las principales droguerías nacionales que trabajan con Fedefarma, que pidió el anonimato para evitar problemas laborales y por el temor a represalias de parte de la DNM.

En privado, los secretarios de la Presidencia y los titulares de las instituciones de Salud del gobierno negociaban con los laboratorios para que estos no retiraran sus medicamentos del mercado nacional. El error en el cálculo de los precios de estos medicamentos había sido denunciado en primera instancia por el responsable de uno de los medicamentos que según la lista de la compañía IMS Health –que ofrece información estadística, servicios y tecnología para la industria de la salud– terminó 2012 siendo el tercer medicamento de mayor venta en El Salvador: Nexium –un fármaco producido por el laboratorio AstraZeneca que se utiliza en casos de problemas estomacales como úlceras y reflujos. AstraZeneca alegaba que su medicamento no podía ser comercializado con el mismo precio máximo de venta que los productos genéricos que integraban un mismo grupo por tener el mismo principio activo. Alegaba que el suyo es un producto innovador y que en virtud del reglamento se ponía en la misma canasta que aquellos que solo han copiado la fórmula.

Después de la reunión, las autoridades de Salud, entre ellos Coto, cambiaron su discurso. “Algunos de estos productos demostraron que eran productos de liberación prolongada y no se podía comparar un producto que se tomaba cada ocho horas con uno que se tomaba cada 24. No es que eran de mejor calidad sino que tenían un proceso distinto en la fabricación. La otra opción era que tuvieran protección de patente, que estaba vigente”, dijo Coto.

La solución a la que llegaron el gobierno y los laboratorios después de la reunión en Casa Presidencial y otras posteriores entre la DNM y cada uno de los laboratorios era que se debía crear un nuevo grupo homogéneo para estos laboratorios que permitiera que, por ser medicamentos que poseían patente, sus precios fuesen comparados con los precios de esos mismos medicamentos en Centroamérica y los cinco países de Suramérica que la DNM tomó como referencia para establecer techos en los precios. De esta forma, estos medicamentos obtuvieron un precio preferencial.

Uno de los más conocidos fue el Lipitor –Atorvastatina cálcica, un fármaco utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre y en la prevención de enfermedades cardiovasculares–. Este, antes de que entrara en vigencia la regulación tenía un precio de 115.78 dólares; con la reducción de precios inicial, el precio se bajó a 46.84 dólares, por lo que los pacientes en realidad debían haber recibido 2.5 veces la presentación de ese medicamento y no solo una caja. Con la creación del nuevo grupo, el Lipitor logró duplicar el precio máximo que le había impuesto la DNM y subió a 89.59 dólares.

Sobre la reunión en Casa Presidencial no existe acta que registrara qué fue lo que se habló ahí. La Presidencia y la DNM aseguran que no hay un solo documento que registrara lo que se discutió y acordó. El único documento que recogió la parte pública que se había manejado del diálogo fue un comunicado de prensa emitido por la Secretaría Técnica de la Presidencia.

Aun ahora que el asunto es público, los funcionarios siguen negando que el error de cálculo que se había manejado haya puesto a El Salvador en la mira de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. Cuando El Faro le preguntó al director del ISSS, Leonel Flores, sobre los temas que se trataron en la reunión y la posibilidad de que el país entre a una lista negra, este dijo dar fe de que el espíritu de la reunión no fue el temor de entrar en ninguna lista. “Por el contrario, nosotros como autoridades de Salud no hemos tocado el tema y no hemos sido instruidos por la Presidencia de la República para hacer ningún tipo de acciones que nos metan o nos saquen de esa lista”, dijo.

Consultada sobre la reunión en Casa Presidencial, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró a El Faro que ella no participó. Flores la menciona como una de las personas que estuvieron en la cita, y el mismo comunicado de la Secretaría Técnica la menciona.

Y aunque el problema parece comenzar a resolverse, hay sectores que siguen considerando que el error en el cálculo del precio persistirá mientras el Reglamento de Precios no presente ninguna modificación. “El problema persiste porque sigue habiendo una inconsistencia entre el reglamento y la ley. Existe una inseguridad jurídica y eso puede dar pie a que en un determinado momento las autoridades en turno apliquen el reglamento de una manera diferente”, explica Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), quien además advierte que El Salvador está pendiente de una nueva revisión, por lo que urge hacer dichos cambios.

El secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, admitió que hay un “diálogo” en torno al problema de los precios. “Hay una agencia que le da seguimiento a estos tratados, obviamente, ellos tienen su interpretación de cuando un país está violentando un tratado (en referencia al CAFTA) o no lo está cumpliendo. En el tema de los medicamentos se ha abierto un diálogo y lo que hemos visto es que es un problema de interpretación diferente”, explicó. “Lo que haya que solventarse lo vamos a solventar. Le hemos dicho a Estados Unidos que a queremos cumplir con el tratado”.

Al igual que Segovia, Mari Tolliver, la consejera de Asuntos Públicos de la embajada en El Salvador, explicó que el gobierno estadounidense estaba en “conversaciones para fortalecer las relaciones comerciales con El Salvador”. En Estados Unidos el tema incluso se abordó durante la 41a. Conferencia Anual del Consejo de las Américas, celebrada el mes pasado en Washington, D.C. En la reunión, una de las funcionarias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos se tomó el tiempo de hacer notar que la Ley de Medicamentos en El Salvador tenía un impacto negativo en la inversión extranjera. El comentario fue rescatado en uno de los tweets de la cobertura que hizo La Prensa Gráfica.

Pero la pregunta detrás del temor a pertenecer a la lista negra comercial de los Estados Unidos es: ¿qué implica para El Salvador ser parte de esa lista? Según la información del gobierno estadounidense, la lista negra le permite a Estados Unidos iniciar un procedimiento de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio y emitir sanciones. Por ejemplo, menciona las preferencias arancelarias concedidas unilateralmente. Si la investigación final concluye que un país ha violado un acuerdo de comercio del artículo 301 de la Ley de Comercio, el gobierno estadounidense también puede imponer sanciones comerciales para El Salvador.

De entrar a ser parte de la lista negra, los Estados Unidos también desaconsejarían a los inversionistas hacer negocios en El Salvador, esto justo cuando el gobierno está tratando de revertir el crónico problema de que El Salvador es el país centroamericano con menor inversión extranjera directa. En 2012, El Salvador, una vez más, recibió la menor cantidad de inversión extranjera directa en comparación con los vecinos del istmo. Según el informe de inversiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador recibió 516 millones, equivalentes al 5.8 % del total centroamericano. En contraste, Panamá recibió 3,020 millones al cierre de 2012.

 

Un cuento de hadas sin final feliz

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Vestido con un impecable traje azul de la firma Salvatore Ferragamo, el general Otto Pérez Molina recibía la banda como nuevo líder de la nación junto a su flamante vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ningún otro mandatario se estrenó en ese enorme complejo deportivo, los últimos tres prefirieron el más modesto y tradicional, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en honor al Premio Nobel y construido por un celebrado arquitecto de Guatemala. La vicepresidenta también vestía alta costura, de la casa española Rosa Clará.

El atuendo de ambos sobrepasó los 10 mil dólares, en un país donde la mitad de ciudadanos malvive con menos de dos dólares diarios. En contraste con el ambiente de despilfarro, Otto Pérez habló casi media hora de rescatar a las instituciones públicas del desorden y la corrupción, y lograr un país más equitativo.

En el extranjero, la elección de Otto Pérez se vio como un retroceso. Exmilitares de su entorno, incluyendo oficiales de línea dura, regresaban al poder,encabezados por quien fue jefe de inteligencia e instructor de la temible Escuela Kaibil (en el corazón de la selva del Petén), donde se forman las fuerzas especiales guatemaltecas.

Para muchos guatemaltecos, sin embargo, Pérez fue un militar moderado, de los llamados constitucionalistas, que apoyó el golpe para derrocar al General Efraín Ríos Montt en 1983. También se enfrentó al autogolpe del Presidente, el ingeniero Jorge Serrano,cuando éste intentó en 1993 anular el Congreso, al estilo del peruano, Fujimori. El centro-derecha y buena parte de la población urbana lo eligieron en respuesta a los escándalos de corrupción en el anterior gobierno de Álvaro Colom,  el primer presidente de izquierda en 30 años, en el que participaron ex guerrilleros, incluyendo su ex esposa.

El porte fornido y digno del militar Pérez Molina,con pelo cano y una personalidad calmada, inspiró confianza a los votantes. Con todo, la personalidad y educación del nuevo mandatario contrastan con su vicepresidenta Baldetti, una finalista de Miss Guatemala y dueña de salones spa. Se catapultó en política en el dos mil, al ayudar a Pérez Molina a crear el Partido Patriota, y fue elegida diputada en 2004, especializándose en atacar a los demás de actos de corrupción. Hoy en día, Roxana Baldetti se autodenomina la madre del partido, que creó con tácticas intimidatorias y componendas.

Polémica y rígida, Baldetti es la primera mujer en ocupar tan alto cargo de gobierno. Es conocida en círculos políticos como una implacable enemiga que no perdona. De porte robusto y con 50 años, tiene adicción por la cirugía plástica, dietas y tratamientos de adelgazamiento. Pérez Molina y Baldetti trabajaron más de dos décadas para alcanzar el poder. No habrían conseguido los dos puestos más altos del país, el uno sin el otro. Los dos se complementan. Fueron elegidos por ser lapareja política perfecta.

Este “cuento de hadas” se trasformó rápido en una historia tenebrosa. Los rumores sobre una relación sentimental entre ambos aumentan con los días. “Parecen un pareja casada”, dice una fuente que ha presenciado los desmanes en Palacio. Los berrinches de la vicepresidenta son conocidos, y también los portazos cuando se enoja con Pérez Molina. El Palacio Presidencial parece más un hogar disfuncional que un centro de decisiones políticas.

Pero la tragedia política de Guatemala es más seria que el cuento de la pareja. Desde la firma de los acuerdos de paz que terminaron en 1996 con la guerra civil, han desfilado gobiernos civiles que aceptan dinero lícito e ilícito en sus campañas, que deben pagar con favores al tomar posesión. Así se hundió el gobierno de Álvaro Colom. Dos de sus Ministros fueron encarcelados por malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.

LA PIÑATA EN LA PRESIDENCIA

Guatemala esperaba un cambio del gobierno de Pérez Molina. Ganó con una campaña anticorrupción, pero las promesas se esfumaron en solo 13 meses. El Presidente y su vicepresidenta se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias, y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. Los casos están relacionados con obras públicas, asignación de contratos de medicinas para el Estado e, incluso, en programas contra la pobreza. Además, la vicepresidenta creó en su propia oficina, una Secretaría contra la corrupción que es utilizada para atacar a la oposición e intimidar a sus propios Ministros.

Los críticos del gobierno se centran en “la voracidad” y supuesta corrupción de la vicepresidenta, Baldetti pero, en realidad, nada en el gobierno ocurre sin el consentimiento de Pérez Molina.

La vicepresidenta se labró una imagen a lo “KIRCHNER”, y de firme ejecutiva que decide sin importarle a quién atropella. La antes candidata a reina de belleza se enfrenta sin tregua a sus adversarios con estrategias políticas, legales y administrativas. Mientras, Pérez Molina es quien apacigua a políticos y contrincantes con egos ofendidos. Su palabra tiene peso, y su personalidad suaviza los desmanes de Baldetti, quien aparece como el “Rasputín” del gabinete.

En un año, Pérez Molina ha construido una reputación internacional como líder regional al promover, retóricamente, la despenalización y regulación del mercado ilegal de narcóticos. Su discurso ha desarmado a Washington, que no ve con buenos ojos la ausencia de una firme política antidroga en Guatemala, por donde circula el 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

LA ESTELA DE CORRUPCIÓN

Pero la ecuanimidad de Pérez Molina no tapa lo que ya es una presidencia en crisis. Su compañera de fórmula aparece como la principal artífice de una estela de corrupción que asombra incluso a los guatemaltecos, testigos de décadas de enriquecimiento ilícito de sus gobernantes.

A semanas de asumir el segundo puesto del país, Baldetti utilizó 15 mil quetzales de fondos públicos para comprar chocolates finos, perfumes franceses y Ron Zacapa Centenario para obsequios. Era el comienzo de una lista de supuestos abusos revelados en la prensa y que circulan por los pasillos del Palacio Presidencial y el Congreso. El entorno de la vicepresidenta incluye miembros del Partido Patriota y amigos de su infancia, beneficiarios de contratos y nombramientos que han terminado envueltos en tráfico de influencias y corrupción. Además, se sospechan conexiones con implicados en blanqueo de dinero, identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

LA OPOSICIÓN RESPONDE

Las otras instituciones del Estado guatemalteco no se han quedado calladas. La congresista Delia Back, del partido de la oposición LIDER, que perdió las últimas elecciones presidenciales en la segunda vuelta, por un 10 por ciento de los votos, es la enemiga número uno de Baldetti. De hecho, la vicepresidenta es su “bestianegra”. Menuda, con pelo liso y rasgos indígenas, Back y sus compañeros diputados presentaron tres demandas por corrupción ante a la Corte Suprema de Justicia en contra de Baldetti.

La Corte las desestimó alegando falta de fundamento. Si se aceptaban, las acusaciones se hubieran enviado al Congreso, único órgano con facultad de levantar la inmunidad al ejecutivo. Las apelaciones de los diputados pasaron a la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal de Guatemala, donde se presentó un amparo contra la decisión de la Corte Suprema.

Las acusaciones del Congreso tienen poco impacto, ya que los partidos acostumbran a utilizar el órgano legislativo para atacar a los adversarios. Con frecuencia son denuncias sin pruebas, por lo que suelen desestimarse. Para Back, esta vez, las demandas tienen peso y darán resultado. De todos modos, aún si no se llegara a nada, el estilo de vida lujosa de Baldetti, no es congruente con su salario, ni con sus modestos orígenes.

LOS MILLONES DE LA VICE PRESIDENTA

La Colonia Primero de Julio es un barrio obrero de la ciudad en la zona 19. Construido en 1966, fue el primer proyecto de vivienda popular gubernamental, gracias a una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Al visitar sus calles, se percibe la agradable visión de los arquitectos que construyeron las casas al pie de una montaña, rodeadas de vegetación.  Pero esa visión se frustró, la basura se acumula en las calles cercanas a la montaña, y hay incursiones de ladrones de barrios aún más pobres. En los estrechos pasadizos sin luz, las paredes de las casas están despintadas o llenas de grafitis.

La excepción es un angosto callejón que se sale de lo común. Aquí se encuentra la casa donde creció Roxana Baldetti con sus dos hermanos. Está pintada de naranja, el color del Partido Patriota. Fue en esta pequeña morada donde su madre, Gladys, vivió hasta su muerte en enero del 2010. Baldetti nunca habla de su padre, que algunos informes mencionan como hijo de inmigrantes italianos.

Su madre sacó a sus hijos adelante con un salón de belleza. La casa es aún propiedad de la familia de Baldetti. Los vecinos recuerdan a la vicepresidenta como “guapa y amigable”, pero se distanció al entrar en política, se quejan. Cuando falleció su madre, doña Gladys, fue velada en los Funerales Reforma de la zona 9, una empresa de categoría, muy lejos de donde vivió toda su vida. Unos años después, Baldetti supuestamente adquirió un nuevo domicilio en Ciudad San Cristóbal, un barrio de clase media.

De estas humildes raíces, Baldetti es hoy dueña de una considerable fortuna estimada en varios millones de dólares, tres mansiones en los mejores barrios de la capital, una casa de descanso en el Puerto San José, y dos fincas en Tecpán, Chimaltenango. “¡La vida en Guatemala es para vivirla y eso es lo que estoy haciendo! Salvaje, joven y libre,” escribe el joven Mario, el hijo de 22 años de Baldetti, en su cuenta Instagram, que muestra un derrochador tren de vida. Otras entradas muestran sus salidas al extranjero con un grupo de amigos, con los que viaja en jet privados contratados para la ocasión. Un frecuente viajero para su corta edad, pues pasó el año nuevo y el Carnaval en Río de Janeiro; montó en un elefante en la India; o realizó recorridos turísticos por Reino Unido e Italia. Mario Paz Baldetti y sus amigos viajan asiduamente a Nueva York y a Miami, una ciudad en la que supuestamente alquila la discoteca LIV en el Hotel Fontainbleau de South Beach, donde una fiesta privada puede costar 30 mil dólares, de acuerdo a versiones de algunos de sus amigos.

Atrás quedó aquella década de los años 90 y principios de 2000 cuando Baldetti afrontó demandas por impago de un préstamo con la financiera Óptima por la compra de un vehículo, y señalamientos de morosidad en tarjetas de crédito.

Desde su elección, la vicepresidenta reside con su hijo Mario y otro hijo mayor en una majestuosa mansión en la calle Los Eucaliptos, en la carretera a El Salvador, una de las mejores zonas de la capital. La residencia es parte de un exclusivo complejo con mucha seguridad, donde también reside el ex Presidente, Álvaro Colom, y la élite adinerada de Guatemala. La casa está valorada en dos millones de dólares. Frente a su casa adquirió un terreno de 10 mil varas cuadradas (apróximadamente 10 mil metros cuadrados) en 3 millones de dólares. Recientemente adquirió otra residencia situada en Zona 14, valorada en 1 millón y medio de dólares, que sus hijos utilizan como una vivienda alternativa, según fuentes de Palacio. Sus viviendas de descanso también son señoriales. Al parecer, la familia Baldetti es dueña de una finca cafetalera en Tecpán, donde además poseen una mansión campestre para cría de caballos de pura sangre.

También adquirieron una residencia playera, en la exclusiva zona marina de Juan Gaviota, en la costa del Pacífico, valorada en más de 439 mil dólares. Solamente en gastos de mantenimiento de esta propiedad, la familia Baldetti gasta cerca de 12 mil quetzales al mes, de acuerdo a información del centro turístico. Según un diagrama obtenido por El Periódico, la vicepresidenta movió hace cinco años cientos de miles de dólares en cuentas en quetzales y dólares para pagar ésta casa, cuyo valor de compra era seis veces su salario anual en ese tiempo.

Baldetti se traslada a la playa y a sus fincas a bordo de su helicóptero privado, un L´Ecuriel, que compró por 3 millones de dólares el año pasado, como consta en la demanda en su contra presentada en los tribunales. Según círculos cercanos a la vicepresidenta, la aeronave fue un regalo de la empresa constructora de la familia Guerra, financistas del Partido Patriota y reconocidos constructores, a quienes el Gobierno asignó obras públicas por valor de 330 millones de quetzales en 2012.

Las fincas de Tecpán fueron supuestamente un obsequio de Fernando Jarquín, otro financista cercano a la campaña del Partido Patriota, cuya familia aín aparece como propietarios en la Dirección de Catastro de Bienes, según fuentes de la región. Jarquín es uno de los mayores proveedores de medicina para el Estado.

En una entrevista de Prensa Libre del 23 de junio pasado, el empresario desmintió haber financiado al Partido Patriota y consideró su relación con el gobierno solo empresarial. Por su parte, Baldetti también rechazó haber recibido donaciones del empresario a la campaña, y negó conocerlo. “Conozco a su hermano porque me presentó al que ahora es mi esposo, hace 25 años,” insistió Baldetti.

COMPAÑIAS DE CHAMPÚ DAN DINERO

La riqueza de Baldetti extraña a muchos, aún en Guatemala, donde los últimos cuatro gobiernos civiles han sido acusados de robar del erario público. El mejor ejemplo es el ex presidente, Alfonso Portillo, que fuera absuelto en primera instancia por malversar 120 millones de quetzales. Portillo está pendiente de extradición hacia Estados Unidos, donde se le acusa de asociación delictiva por evadir unos 70 millones de dólares de los fondos públicos de Guatemala a cuentas radicadas en Estados Unidos.

La declaración de bienes de los altos cargos no es pública en Guatemala, pero la simple suma de los sueldos públicos de Baldetti de los últimos 10 años no cuadra. El total de sus salarios durante los últimos 9 años es cerca de 540 mil dólares. Pero en el mismo periodo supuestamente ha acumulado un conjunto de propiedades que valen más de 10 millones de dólares.

Según Baldetti, sus ganancias vienen de su patrimonio: los dividendos de unas compañías que producen champús y un salón de belleza. Pero un recorrido por varias de las direcciones consignadas en el registro de la propiedad como sedes de sus fábricas y negocios, y su salón de belleza los encontró mayormente vacías o abandonadas.

La vicepresidenta presume de riqueza. “Tengo bonita casa, mi casa en la playa, que no me la ha pagado la política, un lote de joyas y caballos”, resumió Baldetti al periódico Siglo Veintiuno, durante la campaña presidencial en 2011.

LA VENTA DEL ESTADO

Sin quererse identificar, amigos y enemigos de Baldetti describen las formas en que la vicepresidenta podría lucrarse del gobierno: “coimas” (porcentaje) en jugosos contratos para construir carreteras, compras estatales de medicinas o fertilizantes. Supuestamente su fortuna provendría sobre todo del control tras bambalinas del contrabando, trasiego, aduanas, puertos y aeropuertos, con el posterior blanqueo del dinero en Panamá.

Otra parte del dinero parece proceder de millonarias comisiones que Baldetti habría recibido cuando recaudó fondos para el Partido Patriota, apuntan las fuentes. La aportación a las campañas no es pública en Guatemala y la mayoría de contribuyentes dan sus cuotas en efectivo.

En una de las demandas de la congresista Back ante a la Corte se acusa a la vicepresidenta del cobro de comisiones por “el derecho de piso”, o usufructo, otorgado por el gobierno a una empresa española en la empresa Portuaria Quetzal, uno de los puertos más grandes de Guatemala. Ese dinero le dio a Baldetti la posibilidad de adquirir bienes y propiedades, aseguran los documentos.

“Yo siempre me he quedado maravillado. Creo que la persona que buscaría de asesora financiera sería ella”, dijo Mario Taracena, diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, del ex presidente, ÁlvaroColom, al ser consultado sobre la fortuna de Baldetti.

Algunos de sus críticos ponen en duda si, tal vez, algunas de sus propiedades fueron compradas con dinero de conocidos narcotraficantes. Nada ha sido probado.

Guatemala siempre ha sido un enclave para el tráfico de drogas. Durante la guerra civil, altos oficiales del Ejército controlaron las rutas y el acceso de cárteles internacionales. En apariencia, Pérez Molina se mantuvo limpio durante esos años, pero muchos de sus compañeros militares hicieron fortuna con el tráfico ilegal. Ex militares dicen que en el Ejército guatemalteco era difícil no codearse con los corruptos.

LA REINA DEL SUR GUATEMALTECA: AMIGOS INCÓMODOS A LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

En la fiesta de cincuenta años, Baldetti sirvió licores finos a los invitados, políticos del Partido Patriota y amigos de la vicepresidenta, incluyendo al mandatario Pérez. Entonces, llegó una visita inesperada, una amiga incómoda: Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien no entró a la celebración pero saludó a la vicepresidenta fuera de la casa, según asistentes a la fiesta.

Chacón Rossell es conocida en Guatemala como la “Reina del Sur”, una mujer que pasó desapercibida por años, codeándose con las clases pudientes de Guatemala. La Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero de Estados Unidos (OFAC, en inglés), avisó a Guatemala hace un año, que Chacón Rossell blanqueaba millones de dólares en ventas de drogas, y que manejaba precursores para anfetaminas. Aunque supuestamente estuvo en su fiesta, Baldetti niega conocer a la traficante.

Hayron Eduardo Borrayo y Mirza Silvana Hernández de Borrayo, son dos presuntos financistas del PartidoPatriota. Andrés Hernández Carvajal, es el esposo de Chacón Rossell, de origen hondureño.

“La detección (por OFAC) de una persona cercana a ellos mandó una señal al gobierno de Otto Pérez Molina”, dijo un ex militar influyente en ese momento. El anuncio de Estados Unidos indujo al Estado guatemalteco a abrir una investigación “de oficio” el 20 de enero de 2012,  pero un año después Guatemala aún no ha enjuiciado a Chacón Rossell.

PILOTO PRESIDENCIAL, OTRO INCÓMODO

El caso que más salpicó al Presidente y vicepresidenta es el de su piloto presidencial Guillermo Abraham Lozano Bauer, cuya compañía, Aerocentro, estuvo involucrada en el narcotráfico en Honduras en 2012. Lozano fue financista del Partido Patriota durante las elecciones y trasladó en helicóptero a la ahora pareja presidencial guatemalteca durante la campaña política. Al ganar las elecciones, su empresa, Aerocentro, fue contratada en 79 ocasiones por entidades públicas guatemaltecas. Fuentes cercanas a la presidencia, mencionan que Lozano es el interlocutor de Baldetti en sospechosos manejos de contratos en el aeropuerto y puertos.

Lozano sirvió como piloto privado para el ex Presidente hondureño, Manuel Zelaya. Lo trasladó junto a su familia a Guatemala, después del golpe de estado en 2009. Y cuando Zelaya decidió regresar a Honduras y refugiarse en la embajada de Brasil, Lozano lo transportó a ese país sin activar la detección de los radares internacionales. En diciembre del año pasado, dos altos funcionarios de Aerocentro fueron detenidos en Honduras por vínculos al narcotráfico. La Policía hondureña encontró residuos de anfetaminas en uno de los helicópteros de la flota de Aerocentro.

PRIMERA MUJER EN EL CARGO

La oficina de vicepresidenta en Guatemala ofrece un gran poder a quien la ocupa. Cuando Baldetti asumió el cargo, se celebró que fuera la primer mujer en ejercerlo. Se esperaba que mejorara la situación de las mujeres en un país donde el feminicidio bate records.

Pero el liderazgo de la vicepresidenta chocó rápido con otros miembros del gabinete. En un año, Baldetti ha llegado a controlar todos los ministerios que manejan los más jugosos contratos del Estado, colocando a funcionarios leales a ella, pese a sus oscuros antecedentes. La situación de las mujeres sigue igual, y las promesas de parar la corrupción se olvidaron. Nadie pudo imaginar que el cuento de hadas se esfumaría en el primer año.

SU LIDERAZGO EN EL GOBIERNO

Efraín Medina, ex rector de la Universidad Nacional de San Carlos, es un académico respetado y honorable. Pérez Molina lo seleccionó como Ministro de Agricultura, en contra de la opinión de Baldetti, que tenía a otros candidatos en mente. Según fuentes cercanas al gabinete, fue el primer tropiezo.

Baldetti insistió en que se incluyera a su padrino de bodas, Roberto Linares, como Vice Ministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según fuentes de Palacio. Medina no aceptó, y pidió que Pérez Molina interviniera. Para su sorpresa, el Presidente dijo que no había nada que discutir. Medina no insistió. Eligió a los otros miembros de su equipo técnico, y el Presidente los aprobó.

El día de la juramentación, una sorpresa aguardaba a Medina en el Palacio Presidencial. Sus candidatos llegaron, pero los guardias tenían órdenes de no dejarlos entrar. Había otro grupo de seleccionados, escogidos por la vicepresidenta. Solo cuando Medina amenazó con renunciar, Pérez Molina ordenó que se juramentara su equipo. En vez de excusarse, Baldetti explotó, afirman los presentes. Se fue airada, y no participó en el acto.

Medina renunció a su cargo en diciembre del año pasado sin dar explicaciones. Sufrió muchos otros abusos y desmanes de la Vicepresidencia para controlar los contratos de ese ministerio. Baldetti ganó la batalla. El viceministro Roberto Linares, su candidato y padrino de boda, continuó en el puesto aunque está envuelto en escándalos por sobrepagos en compras del Estado desde mayo del año pasado. Según productores de arroz, en dos ocasiones, Linares compró granos básicos para un programa de ayuda alimenticia a los pobres, pagando un millón de quetzales de sobreprecio.

Otro ministro que tuvo problemas fue Francisco Arredondo, nombrado para la cartera de sanidad, donde los contratos son millonarios. Duró solo dos meses, y dimitió alegando problemas de salud, aunque las compras irregulares de medicamentos fueron determinantes en su retiro. La oficina de la vicepresidenta intentó atacar a Arredondo por malversación de fondos, pero la acusación no avanzó ya que las compras de esos medicamentos las habían hecho en el gobierno anterior y Arredondo no tuvo nada que ver en la decisión de compra. En realidad, Baldetti quería a alguien de su equipo en este ministerio.

El sucesor es Jorge Villavicencio, amigo de infancia de Baldetti, desde sus días en el barrio de clase trabajadora Primero de Julio. Llegó al puesto a pesar de 22 sanciones y acusaciones por robo de material quirúrgico, y una demanda por la muerte de un paciente entre 2005 y 2006, cuando fue director del Hospital Roosevelt, el nosocomio nacional de la capital.

Baldetti quiere gobernar con amigos y seguidores. En enero pasado, nombró ilegalmente, retorciendo la ley, a Juan de Dios Rodríguez, otro servidor público leal a la pareja presidencial como presidente de la directiva del IGSS, el sistema de salud nacional que cubre a empleados privados y públicos, a cambio de cuotas de los patronos y trabajadores. Rodríguez, amigo de la vicepresidenta y de Otto Pérez, sustituiría a Luis Reyes Mayén, un tecnócrata que había estado al frente de esta entidad desde 2008, y cuyo cargo no caducaba hasta septiembre de este año. La junta directiva del IGSS se negó a hacer el cambio y el nombramiento de Rodríguez se dilató.

El IGSS es la institución que compra la mayor parte de medicinas en el país. Tiene fondos de pensiones y reservas de alrededor de 20 mil millones de quetzales. Lo que está en juego son intereses derivados de los depósitos en los bancos y comisiones de la compra de medicinas.

El martes 2 de abril, Rodríguez se apoderó de las instalaciones del IGSS en una operación tipo comando militar con personal del servicio secreto presidencial y cambió cerraduras. Detuvo ilegalmente a miembros de la directiva para que convocaran a una reunión y lo nombraran presidente con el debido proceso.

OTRO TROFEO

Estados Unidos y otros países han utilizado la administración tributaria para enjuiciar a narcotraficantes por evasión de impuestos. Y según sectores allegados a Miguel Gutiérrez, el ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), enfrentado con Baldetti el último año, la vicepresidenta quería escoger un director afín a su círculo para poder atacar a sus enemigos y ayudar a sus amigos en el control fiscal. Gutiérrez fue sustituido en el cargo por una persona afín a Baldetti.

LA COMADREJA ENCARGADA DE LAS GALLINAS

Desde el principio, Baldetti creó un sistema anticorrupción que ella gestiona desde la Vicepresidencia. La Secretaría de Control y Transparencia se fundó un mes después de tomar posesión para, supuestamente, evitar malversaciones de los miembros del gobierno y el Congreso. Un arma perfecta para atacar a sus enemigos políticos, según sectores del Congreso. La oficina solo persiguió a funcionarios de su propio partido no alineados con ella, y a un selecto grupo de contrarios al Partido Patriota.

La oposición criticó a la Secretaría por duplicar la labor de la Contraloría General de Cuentas y de la Comisión Extraordinaria Nacional de Transparencia del Congreso, dos entidades independientes del control de Baldetti.

“Queremos evitar la corrupción,” declaraba la vicepresidenta al describir su nueva Secretaría. “Aquel funcionario que no haya cumplido con las normas de control y transparencia no se irá a su casa, sino que estará en los tribunales”.

La Secretaría se autodestruyó al investigar a la diputada Julia Maldonado, a quien acusó de desviar 4 millones 200 mil quetzales del Consejo Nacional de la Juventud. Maldonado alegó en la Corte de Constitucionalidad que la Secretaría era ilegal. La Corte estuvo de acuerdo y cerró la dependencia.

El atrevimiento le costó caro a Maldonado. La vicepresidenta consiguió que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad como diputada, y ordenar a un juicio penal por malversación de fondos. “Hubo injerencia en la decisión de los magistrados”, declaró el parlamentario opositor, Roberto Villate.

Baldetti no se dio por vencida al tener que cerrar la oficina. Unas semanas después de la decisión de la corte, creó otro organismo también ubicado en la Vicepresidencia. Bajo su dirección, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) tiene funciones parecidas que la antigua secretaría y una vigencia de seis años.

En una entrevista con periodistas en diciembre, Andrés Castillo, presidente de la principal patronal privada CACIF, estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte y dijo que era mejor fortalecer a la Contraloría General de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a las entidades públicas.

UN TERREMOTO Y LAS CASAS BALDETTI

De hecho, Baldetti ignoró las operaciones sospechosas de un programa anti-pobreza controlado por su oficina. El Fondo Nacional Para la Paz (Fonapaz),  se cerró este año bajo cargos de corrupción.

Las irregularidades de Fonapaz eran obvias, numerosas denuncias destaparon la podredumbre, y resultó implicado su propio director, Armando Paniagua, un ex militar cercano a la vicepresidenta.

El 7 de noviembre de 2012 Guatemala sufrió un temblor de 7 grados que destruyó parcialmente la ciudad de San Marcos, a 300 kilómetros de la capital. El sismo causó 42 muertos y miles de damnificados, y dañó 10 mil viviendas. El plan de rescate ofrecería nuevas casas encomendadas a Fonapaz.

Meses después se presentaron las viviendas, llamadas Casas Baldetti. La maniobra era obvia, utilizar un programa del gobierno como un anuncio partidario y personal. Cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y política. Baldetti debió cambiar el nombre, y fingió ignorar que se identificara el proyecto con su apellido.

Mucho más serio fue lo descubierto en los libros de contabilidad de la organización. Por ejemplo, las láminas que compraba Fonapaz para construir techos de las viviendas tenían menor grosor y eran más costosas que las especificadas por los constructores. Del presupuesto de Fonapaz para construcción –82 millones de quetzales, o 10 millones de dólares–, la mitad fueron otorgados a constructoras con conexiones directas a su director, Armando Paniagua, o a partidarios del Partido Patriota, se reveló a finales del 2012.

Fonapaz fue clausurado oficialmente en enero de este año. Detractores de Baldetti dicen que la organización era el mejor ejemplo de cómo la vicepresidenta utiliza obras públicas con fines proselitistas y corruptos.

La clausura no terminó con esa práctica: recientemente los periódicos guatemaltecos anunciaron que siete alcaldes del departamento de Quetzaltenango abandonaban sus partidos y se integraban al Partido Patriota. Según el artículo, solo así el gobierno financiaría la construcción de un mercado en una comunidad, y una carretera en la otra. Además, los alcaldes debían apoyar a la continuidad de la vicepresidenta como secretaria general del partido. En otro país, esta maniobra hubiese sido calificada como tráfico de influencias y sujeta a acciones penales.

COMO GOBIERNAN: EL PRESIDENTE TEFLÓN Y LA EVITA GUATEMALTECA

Los guatemaltecos aplaudieron cuando Pérez Molina fue recibido en Davos durante la reunión del World Economic Forum. El Presidente guatemalteco se codeó con personalidades internacionales como el financista, George Soros y el Presidente de Israel, Shimon Peres.

Su intervención en tan selecto grupo, se centró en la guerra contra las drogas. Pérez Molina defendió la despenalización, por la incapacidad de los países latinoamericanos para afrontar el crimen organizado. Pero mientras hablaba en Suiza, su gobierno incumplía los acuerdos internacionales antinarcóticos. En el año que lleva en el poder, las incautaciones de cocaína bajaron 70 por ciento, y las de anfetaminas 91 por ciento. En el 2011 se confiscaron un poco más de 550 mil unidades de anfetaminas y en el primer año de Pérez Molina, solo se requisaron 13 unidades.

Otto Pérez trasforma su imagen y, de paso, la del militar latinoamericano. Escucha impasible reclamos y halagos por igual. En realidad, nunca se sabe en qué está pensando, coinciden amigos y enemigos. Muchas veces, los mismos interlocutores interpretan su silencio. “Parece inteligente porque se queda callado”, dice un amigo cercano. Para otros, los silencios de Pérez Molina son una herencia de las tres décadas dedicadas al mundo de la inteligencia militar, a la costumbre de controlar sus reacciones y emociones, que son mínimas. A esto suma una gran habilidad para evitar mancharse. Muchos han acusado a Pérez Molina de participar en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, pero nadie lo ha probado. En el juicio de genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, un testigo protegido ha declarado que los soldados que cometían las masacres del ejército en Nebaj, Quiché, recibían órdenes del Presidente Pérez Molina. Pero hasta ahora, el único proceso en el que se le acusó legalmente fue el del comandante guerrillero Efraín Bámaca. Capturado por militares bajo el mando de Pérez Molina en marzo de 1992, se esfumó tras su detención. El caso fue cerrado en febrero del año pasado por la Corte de Constitucionalidad, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido una investigación.

AIROSO EN CASO DE CORRUPCIÓN

Igualmente, Pérez Molina salió airoso en 2008 de un conocido asunto de corrupción con depósitos del congreso guatemalteco en la casa de bolsa Mercado de Futuros, MDF, que sumaban un poco más de 80 millones de quetzales. Varios diputados fueron inculpados y el dinero nunca se recuperó. Pérez supuestamente recibió un pago de 688 mil 500 quetzales que él confirmó haber recibido, pero argumentó que fue un préstamo de la institución. Autoridades financieras guatemaltecas aclararon que MDF no tenía facultad de otorgar créditos. Juan de Dios Rodríguez, el hoy presidente de la directiva del IGSS fue quien supuestamente salvó a Pérez del escándalo produciendo un pagaré por el monto que Pérez recibió. Según investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, que ve la prevención del lavado de dinero en Guatemala, de ese dinero, Pérez Molina emitió un cheque a nombre de la compañía de equipos de Aire Acondicionado y Servicios S.A. para pagar el sistema que se instaló en la casa de playa de Roxana Baldetti. Sospechosamente, Raúl Girón, gerente de MDF, era consuegro de Baldetti en esa época.

Las incursiones de Pérez Molina en los foros internacionales tienen un doble papel: le dan un púlpito internacional donde puede lavar su imagen de militar guatemalteco y prueban que pertenece a una nueva clase de uniformado centroamericano con credenciales de dignatario moderno y democrático. “Ha logrado lo que otros presidentes guatemaltecos no han logrado,” dijo un analista. Con ese mismo fin, su gobierno promovió la firma de su país del tratado de la Corte Penal Internacional, que el congreso guatemalteco aprobó el año pasado.

Pérez Molina llegó al poder acompañado de al menos doce militares retirados, casi todos expertos en inteligencia y de la última tanda que peleó en la guerra civil. Su llegada al poder coincide con un histórico momento: por primera vez la justicia intenta sancionar el sangriento pasado, y altos militares, que fueron sus superiores, enfrentan juicios por abusos y genocidio. Para Pérez Molina no hubo genocidio en Guatemala y nadie sabe si las nuevas acusaciones que han salido en el juicio de Ríos Montt tendrán repercusiones legales para el Presidente.

Su ascenso al gobierno suscitó diferentes interpretaciones en el país y en el extranjero, pero Pérez Molina no hubiera llegado al ejecutivo sin crear su propio Partido Patriota. Sus andanzas en anteriores gabinetes siempre se frustraron por injerencias de militares de la “línea dura”, como los generales retirados, Francisco Ortega Menaldo y Juan Callejas y Callejas, quienes por varias décadas han sido mencionados como supuestos líderes de bandas del crímen organizado en Guatemala. Se supone que Baldetti sigue teniendo una estrecha relación con Ortega Menaldo, la cual construyó desde que trabajó en el gobierno del ex presidente Serrano en los años noventa.

Aprovechando el descrédito de una sucesión de mandatarios civiles que tomaron ventaja y no revirtieron la corrupción y la ineficacia del Estado, los ex militares encabezados por Otto Pérez Molina llegaron al gobierno para reformar la política de seguridad nacional, y limpiar la percepción del Ejército como violador de derechos humanos. Ellos son militares que respetan la Constitución. Pero su misión ha sido desviada por la burocracia civil controlada por Baldetti. “Son boicoteados”, explica un analista político cercano al Mandatario.“Muchos no tienen acceso al Presidente”.

La unión de Baldetti con Pérez Molina comenzó en 1993 con una confrontación. Baldetti era la subsecretaria de comunicación social, encargada de censurar a la prensa durante el frustrado autogolpe del Presidente, Jorge Serrano Elías para tomar absoluto poder, al disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pérez Molina era el joven oficial de inteligencia cercano a Ortega y Callejas y Callejas, quienes lo promovieron para que fuera jefe de la inteligencia militar en 1991 y su “delfín” presidencial. También lideró la oposición junto a otro grupo de militares, algunos de los cuales están hoy en su gabinete.

Baldetti salió mal parada de ese incidente. Tras la caída de Serrano, fue acusada de robar material de la oficina de comunicación social y Pérez Molina estaba encargado del caso. Sin embargo, la causa penal contra Baldetti fue cerrada sin explicación. Pérez Molina y Baldetti sellaron así el principio de una duradera relación que maduró durante la década de maratónicas sesiones para construir el Partido Patriota.

LA EVITA BANANERA

En la casa Presidencial hay una permanente pelea entre diferentes sectores por obtener la atención del Presidente. En los últimos meses, aumentan los relatos de cómo amigos cercanos de Otto Pérez intentan sin éxito rescatar a su viejo amigo militar de la influencia de la vicepresidenta.

Siempre gana Baldetti. La Vicepresidenta aún hace berrinches demorando actos oficiales, como el día de la Independencia, en septiembre y el aniversario del tercer Baktún en la provincia de Petén, porque estaba enojada con la presencia de la esposa de Pérez Molina. Por eso se calientan los ánimos con el rumor de un dúo presidencial unido por algo más que una relación profesional.

LA ESPOSA DE PÉREZ

Nadie sabe qué va a pasar. Algunos columnistas acusan a Pérez Molina de encubrir la presunta actividad corrupta de la vicepresidenta y sus seguidores por cuestiones del corazón. Todo aderezado por la faceta de Baldetti como mujer adicta a dietas y tratamientos de belleza, además de su lujoso tren de vida.

La estrecha relación del Presidente con su compañera de fórmula ya causó problemas con la esposa de Pérez, Rosa Pérez Leal, una mujer tradicional, hija de militares y con fuertes conexiones dentro del Ejército. “Las esposas de los militares que están con Otto Pérez se ven retratadas en Doña Rosita”, dice una fuente cercana. “Ellas han promovido una batalla campal contra la vicepresidenta entre sus esposos, y el presidente está en el medio”. Pero la batalla principal será, sin lugar a dudas, la corrupción.

Histórico fallo en Colombia sobre restitución de tierras usurpadas por paramilitares

(*)Vea acá la presentación multimedial completa de la investigación.

Ver comunicado de Human Rights Watch sobre la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.

Las masacres, ocurridas en las tres últimas décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados que abandonaron sus tierras o mal vendieron a quienes ponían a firmar los paramilitares.

La situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada.

El tema ha sido abordado de distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.

Son recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.

La Defensoría monitorea las zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años, ninguna autoridad le prestó atención.

En abril de 2012 llegó una orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que la Comunidad Internacional conoce con excesivo ‘bombo’.

EL TERRITORIO EN DISPUTA

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La puesta en marcha de varias reformas agrarias en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, pese a que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería), hoy Incoder.

Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.

El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos productivos, según lo pudo constatar El Meridiano al recorrer esa ruta del despojo.

TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de 5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2%. Al hacer el recorrido en Urába y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del despojo de la tierra:

1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba.

2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta, Córdoba.

3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.

4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso El Quindío, Valencia, Córdoba.

5. Asesinato de líderes que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos. Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.

EL PASO A SEGUIR

La política de tierras implica retos. El primero de ellos, poner a tono a todas las autoridades, y en eso justamente está empeñado el Ministerio de Agricultura, en clarificar el estado de la propiedad de la tierra, para llegar más rápido al postconflicto. Como quien dice, el Gobierno contradice a quienes aseguran que no es posible avanzar en la restitución en medio de la guerra, porque justamente la causa de la disputa es la tierra.

El tema no es fácil. Según datos de la Universidad de los Andes publicados en la revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6 millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3 millones al Estado.

Sin embargo y pese a estudios y cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen papeles para demostrar que es legal.

Luego llegó el Incoder y continuó la maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de corrupción y escasez de información de unos 40 años.

La escurridiza red de los cuerpos ocupados

Vea también los otros reportajes de este proyecto:
Esclavos del Crimen en América Latina (InSight Crime)
Los hombres que vendían a las mujeres (El Faro)
Las sombras de la sombra: reclutas del crimen organizado (Plaza Pública)
Niños de Tumaco, Carne de Varios Cañones (Verdad Abierta)
Esclavos del Narco: Esclavos especializados (Animal Político)

Sobra una rocola y hace falta un ataúd. En la cantina sin nombre todo es un poco lúgubre, un poco sucio, un poco triste. Un poco como un funeral. Uno de los hombres aprieta a una mujer por la cintura y se tambalean lentamente frente al aparato lleno de luces del que sale la música. No se miran uno al otro. En una silla pegada a la pared, otra mujer está sentada junto a un hombre mayor, los separa una mesa atestada de litros vacíos de cerveza. Ella hace esfuerzos por no dormirse, sus párpados se cierran por largo tiempo hasta que frunce la cara y vuelve a servir más cerveza. Sólo en el rincón hay un ambiente festivo, más botellas sobre la mesa, mientras un individuo fornido, con chaleco de guardaespaldas, se sienta junto la mujer del güipil más lujoso.

Es posible detectar a quién le va mejor en la vida por el güipil, mejor económicamente. Los bordados de estas blusas de las indígenas mayas son más ricos, más cuidados, la tela más fina. La luz aquí es escasa y las paredes sucias, descascaradas, amarillentas, están cubiertas por afiches con mujeres rubias, tetonas, altas y en bikini que promocionan cerveza. Contrastan las modelos de las fotos con las q’eqchíes que atienden el local.

La mujer que bailaba apretada al hombre desaparece de escena. Eso sucederá toda la noche: de pronto una de las cuatro se esfuma por la única salida que da a la calle y vuelve media hora después, con uno de los hombres. Vuelven de los hoteluchos de la vuelta de la calle.

Es la Novena avenida del centro de la Ciudad de Guatemala. Los muros sucios, rejas en las ventanas, las camionetas lanzan chorros de humo y las farolas iluminan menos.

A sólo tres calles está la remozada, iluminada y peatonal Sexta avenida, con cafés recién inaugurados, a los que las mujeres venidas de las Verapaces, en el abandonado norte de Guatemala, probablemente no vayan nunca. A tres cuadras está también el Palacio Nacional de la Cultura, la sede de Gobierno.

A la Novena avenida algunos le llaman “la Tijuanita”.

Ellas desconfían al principio, intentan disimular la sorpresa de que dos mujeres incursionen en ese espacio tácitamente dedicado a los hombres. Son ellos, los hombres, los que pagan el doble por una cerveza. Y son ellas, las mujeres, “las ficheras”, las que se quedan con una parte de ese precio. Las “ficheras”, ese nombre que reciben las camareras que ganan comisión por emborrachar a los clientes y cuya tarea implica, casi siempre, emborracharse a su lado. Llegan a tomarse hasta 24 cervezas en una noche, confesarán después. La mujer que está a punto de dormirse, desde su lugar hace un gesto de “salud”, entre parpadeo y parpadeo, arruga la cara y ríe a carcajadas. El hombre que está junto a ella sigue bebiendo en silencio. Y la que bailaba antes, ahora pasa junto nosotras. Preguntamos: “¿Quién es el dueño aquí?”

Ella con disimulo señala a los que parecen más contentos y dice: “la señora”.

El hombre del chaleco, el que está junto a “la dueña” del güipil lujoso, se acerca a la mesa de las extrañas, a nuestra mesa, y eleva la voz y finge una especie de acento foráneo, para que según él le entendamos.

–¿No han tenido problemas las chicas? ¿Qué algún cliente se ponga violento o que haga problemas?
–Ese es problema de ellas –responde sin pensarlo–. A mí me vale vergas. Que ellas vean cómo se salvan. Su cuerpo es su cuerpo.

–Buenas noches, señoritas. Bienvenidas a mi local-, y acto seguido su conversación intenta averiguar qué diablos hacemos allí.

Le hablamos de un paseo –mentira–, de una afición a las rocolas –verdad–, de una decepción amorosa –media verdad–, de las ganas de emborracharnos –por motivos profesionales–. El hombre se convence. Se infla y asegura que éste es su negocio, ella sólo es la encargada de cuidarlo. Se sienta a nuestra mesa. Dice que tiene un BMW y que fue a la universidad, confunde el nombre y es incapaz de decir lo que estudió, criminalística, o algo así. Dice ser kaibil –la fuerza del ejército de elite, admirada por muchos y temida por muchos más–.

–¿No tiene problemas de seguridad aquí? –preguntamos con el tono con que en otros países se pregunta por el clima.

–No. ¿Y saben por qué? –dice bajando la voz– ¡A mí me pela la verga! Porque yo trabajo en la Presidencia.

Cuelga de su cuello, escondido bajo la camisa, un gafete. Lo muestra con orgullo. En él su fotografía y el logo del Gobierno. Alcanzamos a registrar su nombre. Pero lo vuelve a guardar rápidamente, lo que impide ver en qué institución.

–Una vez vino la policía y estaban tratando de extorsionarme. Entonces llamé a la ORP (la Oficina de Responsabilidad Policial). Tengo un mi cuate con ellos. “Mirá, vos, fijate…”. Y a los diez minutos ya estaban aquí.

Es imposible, por el momento, saber cuánto es alarde y cuánto es cierto.

–Yo vengo aquí con el carro del Estado. No entro. Sólo paso a recoger el dinero.

–¿No han tenido problemas las chicas? ¿Qué algún cliente se ponga violento o que haga problemas?

–Ese es problema de ellas –responde sin pensarlo–. A mí me vale vergas. Que ellas vean cómo se salvan. Su cuerpo es su cuerpo.

Su cuerpo es su cuerpo. Sus cuerpos siguen embriagándose. Sus cuerpos se esfuman entre las cortinas para reaparecer en el cuarto de un hotel con un desconocido, por menos de cien quetzales (US$12). Hoteles en donde no es tan raro hallar cuerpos de mujeres asesinadas sin identificar. Su cuerpo es su cuerpo.

Él sigue hablando. También es propietario de una empresa de seguridad privada.

De pronto, recibe una llamada, se levanta con prisas y se despide serio y con mucha menos amabilidad que con la que se presentó.

Quedan sólo las mujeres, una mesa con unos jóvenes que hacen malabares entre la mayoría de edad y la adolescencia, un hombre solitario de pelo cortado a ras, y otra mesa con un joven de gorra de beisbol que insiste con agresividad en sacar a bailar a todas.

Invitamos a la mujer somnolienta a acercarse a nuestra mesa. Es pequeñita, casi enana. Pone en la rocola Calle 13, que rompe con varias horas de rancheras, baladas y bachata y ahora parece más despierta. Explica que llegó aquí porque una de sus compañeras la llamó. Ella trabajaba antes en servicio doméstico, pero apenas le alcanzaba para vivir y tiene tres hijos en su pueblo, tiene que enviar dinero. Ella asegura que sólo “ficherea”, no se va con los clientes. Es madre soltera. Pero no le gusta este lugar. La tratan mal, admite, mirando de reojo a la compañera más maquillada, la que bailaba más, la que desaparece con más frecuencia y que aparenta ser la mano derecha de la encargada. Aquí no le dan comida. En otro lugar en el que estuvo sí le daban.

Duerme en la trastienda, escondida tras la barra por una cortina. (Alguien explicará después que probablemente es un espacio con colchones y petates en el suelo donde duermen todas hacinadas –quien nos lo explica, una trabajadora sexual que lidera una organización, asegura que en la zona de Tijuanita, de la Novena, funciona igual en todos los locales. También nos dirá que los Q1,100 que afirman ganar de salario base son mentira, que rondan los Q800 (US$100 al mes), menos que el salario mínimo legal de Q2,040 (US$260)-. El redondeo del salario es a base de las fichas y sí, por “ocuparse” con los clientes. En El Salvador le dicen “ocupar” a “utilizar”; el diccionario dice: “ocupar: Tomar posesión o apoderarse de un territorio. Llenar un espacio o lugar”.

Se sientan tres a nuestra mesa, incluida la administradora o “la dueña”. Sólo la más joven, que apenas habrá cumplido la mayoría de edad, se queda tras el mueble que hace de barra y custodia las refrigeradoras con cerveza. Ahora los parroquianos beben solos, aunque les siguen comprando cervezas a las chicas e invitándolas a botellas que ellas traen a nuestro puesto. Intercambiamos cigarros, reunimos monedas para la música. Reímos y brindamos.

Varios litros después, se ponen serias y cuentan: todas vienen de pequeñas aldeas, todas tienen hijos allá, todas son madres solteras, no vislumbran otra posibilidad que trabajar en la cantina sin nombre, o en otro lugar similar en algún punto de la ciudad –El Trébol, La Terminal, El Cerrito, Zona 6–.

La del güipil caro se vanagloria de ser la propietaria del lugar. “La patente está a mi nombre”, dice orgullosa. Si en algún momento llega a haber un allanamiento, un problema legal, o finalmente las autoridades decidieran entrar a Tijuanita, e investigar si allí hay explotación sexual, ella sería la que iría a prisión. El que dice ser el dueño, el que recoge el dinero en carro del Estado, según él, estaría tranquilo, su nombre no tiene rastro allí.

¿Qué pasa si toca ocuparse con un tipo violento, con un patán que no respete? Sonríe. “¡Es que no hay que ser tontas! ¡No hay que pensar! Se piensa en el pisto: el pisto es el pisto”. El dinero es el dinero. No hay que pensar.

Llega la policía a la Novena. Esas supervisiones que se realizan de rutina los fines de semana. Un convoy de unas doce patrullas, con las luces iluminando los herrumbrados carteles. Los policías descienden armados de la parte trasera de los pick ups bajo una llovizna liviana. Recorren los antros. “Ya se fueron los que venden droga”, dicen las mujeres sobre los que se dedican al narcomenudeo en las esquinas y, susurra una, también en algunas cantinas. “Aquí no pasa nada”, dice otra, “mi primo es policía”. Y en efecto, entran dos agentes a la cantina sin nombre, dan un vistazo y se van. Y no pasa nada.

Uno de los clientes, el de pelo corto, confiesa: “Yo soy policía, pero a ellos no les digo nada”, y muestra una fotografía uniformado. Ellas murmuran que hay que tener cuidado, junto a la mesa del policía, el que invita agresivo a bailar es el asaltante de la cuadra, todos saben que es el que se encarga, pistola en mano, de robar celulares por la zona.

La pequeñita asegura tener novio y nos informa que a él no le gusta que trabaje allí. Para que no la oiga la jefa, baja la voz y adelanta que se irá al día siguiente, se va a otra cantina por El Trébol, donde sí les dan comida. La encargada que hace unos minutos era altiva y decía que no hay que ser tontas y que no hay que pensar, ahora también se quiebra: llora, su esposo está preso, ella tiene que trabajar por sus hijos, que están al cuidado de su madre en Verapaz. “Mañana lo voy a ver a la cárcel”, solloza, e intenta secarse las lágrimas. La pequeñita asegura que el jefe porta pistola –nada extraño en Guatemala, un país de 14 millones de habitantes, donde se calcula que circulan más de un millón de armas de fuego, 800 mil sin registro–.

Sigue lloviendo. Nos vamos. Dejamos tras las cortinas a las mujeres, recordar a sus hijos las ha puesto tristes. Se quedan alrededor de la mesa. Los autos y la lluvia acallan la música de los otros negocios, entran parejas a los hoteluchos. El semáforo parpadea. En la cantina sin nombre ya no suena la rocola.

1. A ciegas en el laberinto

Parece una escena inofensiva y de tan cotidiana, normal. Las mujeres no están atadas y parecieran no estar forzadas a estar allí. No hay despliegues espectaculares de hombres armados y fuerza. El dueño de la cantina sin nombre es un solo hombre, al menos es lo que dice, y cuesta relacionarlo con redes o con el delito. Pero este individuo es uno de los nudos de micro redes del crimen. Primero, en Guatemala está penada la explotación sexual –incluido el proxenetismo-. Segundo, a partir de locales como éste se ha ido tejiendo una red de captación de mujeres que son enganchadas y retenidas –por fuerza o por la necesidad de ellas- para beneficio de terceros.

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también llamada la Convención de Palermo define que como “”grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos…”. En negocios repartidos por la ciudad capital y en zonas urbanas de toda Guatemala, se replica el sistema: captadores que buscan a las mujeres en poblaciones pequeñas –utilizan engaños, en algunos casos pagan por ellas a sus familiares y en otros, poco documentados, las llevan por la fuerza-; los encargados del transporte, en donde se pierde el hilo con el primer captador, hasta llevarlas a estos locales en donde viven en precarias condiciones, en donde se encuentran con los “cuidadores”, casi siempre mujeres que se encargan de la administración. En otros casos el sistema es más expedito, las mismas mujeres se acercan a los locales, provenientes de las zonas rurales, empujadas por la necesidad; luego es probable que ellas mismas hagan de captadoras con las vecinas de sus poblados.

Días después de la visita a la cantina sin nombre se investigó si el supuesto propietario trabajaba en la entidad estatal que él afirmaba. Hay tres homónimos en los departamentos de la Presidencia. Sin embargo, las posibilidades de que el dueño de un solapado burdel sea el mismo que el de un funcionario público son altas. Uno de los nombres encaja con su lugar de procedencia. La empresa de seguridad privada no aparece registrada, pero eso no implica que no exista, hay 300 compañías de seguridad funcionando sin licencia del Estado.

Decenas, cientos, de cantinas con el apelativo de cevichería, chicharronería, comedor, funcionan de formas similares en toda Guatemala. En otras zonas de la ciudad, con instalaciones más lujosas, funcionan como “night clubs”, aunque para fines legales son lo mismo. Con diferentes modalidades, todos están cometiendo un delito: explotación sexual. Los métodos de coerción son variados.

Y es que las redes de trata y de explotación sexual están tejidas con hilos invisibles. El delito es difícil de detectar, lo dicen los expertos, los fiscales, los libros, lo dice la observación, las mismas víctimas a veces no saben que lo son. Encontrar las dimensiones del crimen es también complicado, imposible quizás. Han surgido alertas mundiales en los últimos años, abanderadas por Naciones Unidas, en las que se asegura que el fenómeno es gigantesco, una red de traficantes de esclavos se globaliza y miles ¿millones? de personas caen en ella. La mayoría, mujeres y menores, son transportadas entre países o en su mismo territorio, con engaños, por la fuerza, manipuladas.

Kevin Bales, autor de La nueva esclavitud en la economía global, señala como características fundamentales de la esclavitud moderna la ausencia de propiedad legal sobre el esclavo, el coste de adquisición bajo, la alta rentabilidad que obtiene el explotador, y el carácter temporal del abuso, pues renueva las víctimas en lugar de obtener provecho de las mismas durante décadas. Se afirma que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es la actividad ilegal más lucrativa del mundo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) declaró que US$32 mil millones (Q250 mil millones) se generan por el negocio cada año. Bales afirma que son 27 millones de esclavos en el mundo –la mitad de ellos en la India–. Pero todo son proyecciones. El dinero tiene esa habilidad para mimetizarse con otros billetes más limpios, en sistemas bancarios sin demasiado control, especialmente si para buscar el rastro se ve de reojo y se busca sin querer encontrar. Guatemala, por ejemplo, es uno de los nueve países en el mundo en el que Hacienda no puede verificar si lo que los ciudadanos declaran que ganan es lo mismo que ingresan en su cuenta bancaria.

Esas esclavitudes tienen diferentes rostros y máscaras. No es necesario tener encadenadas a las víctimas para que éstas no puedan liberarse. Hay grilletes más pesados y perversos: la pobreza, la necesidad, la falta de oportunidades, el engaño, la violencia, el chantaje e incluso la manipulación emocional. ¿Cómo detectar y detener un delito que es como un pez bañado en mantequilla en una laguna de aceite turbio?

Lugares como la cantina sin nombre o los “night club”, en todos hay delitos; alguien está obteniendo beneficios económicos por la “utilización” del cuerpo de otra persona. Es penado por la ley. Es decir, el delito de trata incluye al de explotación sexual y es allí donde se esconden todos esos lugares que hasta hace muy poco no eran considerados ilegales. La propia normalidad con que siguen funcionando, la complicación de conseguir que las víctimas se reconozcan como tales y asuman que el patrón que las contrata y el “cliente” que paga por tener relaciones sexuales con ellas están delinquiendo; que la propia sociedad no entienda el por qué es ilegal que alguien utilice el cuerpo del otro para su propio beneficio; complican mucho más la persecución y las redes se fortalecen. Sí, en estos lugares ellas pueden salir y entrar, parecería que están por propia voluntad, pero se desconoce el hecho de que esa voluntad probablemente ha sido doblegada por otras circunstancias ajenas a estos espacios de rocolas y espejos.

En Guatemala, en 2009, la Comisión Nacional de la Adolescencia y la Niñez (institución coordinada por entes estatales en las que participan oenegés) calculaba que unos 15 mil niños, adolescentes y jóvenes eran víctimas de trata en el país. Pero es una cifra cuyo sustento estadístico no está claro –dados los datos del Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP)–. Activistas que se encargan de dar resguardo a víctimas dicen que el asunto es más grave y que las instituciones de seguridad y justicia no tienen una panorámica correcta.

Leonel Dubón, director de la oenegé Casa Alianza y fundador del hogar Refugio de la Niñez –que se especializan en dar acogida a víctimas de violencia sexual y trata–, tiene registrados 120 casos de trata en el año y asegura que hay regiones del país –las Verapaces, en especial– en que se detectan casos de mujeres desaparecidas con mucha más frecuencia que las que las autoridades registran.

Alexander Colop, el abogado que dirige la fiscalía de trata del Ministerio Público (MP), no se arriesga a dar datos. El sistema que hasta ahora se utiliza en el MP no diferencia las diversas modalidades de trata –adopción irregular, explotación sexual o laboral–. Colop evita hacer proyecciones del fenómeno, se rige por las denuncias e investigaciones que ingresan al MP. “Se escucha, se habla de historias, (pero) el no tener estudios puede generar información que no sea real”, dice el fiscal. En lo que va del 2012 -hasta agosto-, el MP ha registrado 446 denuncias por este delito, mientras que el Ministerio de Gobernación tenía contabilizados a julio de este año 80. Colop reconoce la deficiencia del control de estadísticas y asegura que el MP está implementando un nuevo sistema que permita llevar un registro certero.

El MP, el Mingob y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentan informes dispares. En 2009 con la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se instituyó la Secretaría contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de personas (Svet) –ente de la Vicepresidencia-. Sin embargo, fue hasta agosto de este año –tres años después de su formación- con la visita de Najat Maalla M’jid, la Relatora de Naciones Unidas ONU sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que la Svet entregó un informe y firmó un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones para hacer monitoreos –tarea incumplida desde 2009-. Una de las conclusiones de la relatora fue la imposibilidad de tener un diagnóstico adecuado –en referencia a la trata infantil- “debido a lo contrastantes que le resultan los datos de las distintas instituciones”. M’jid encontró que las instituciones gubernamentales no tienen definidos sus roles en cuanto a la trata infantil y que eso impide una fiscalización de sus obligaciones. Su conclusión se puede extrapolar a la trata de adultos.

Dinora viaja a la Ciudad de Guatemala y es llevada al Cow Boys III, en zona 6, la misma zona donde se ubicaba veinte años atrás la casa donde Carolina estuvo encerrada. El Cow Boys III funciona dando la cara al público como un “club nocturno”, con los papeles en regla. A ella le quitaron los papeles y fue obligada a prostituirse.

La ley penaliza la “promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución”; es decir, prohíbe el proxenetismo a extremos de rigurosidad como el de Suecia. No obstante, hay una especie de acuerdo tácito entre instituciones –la policía y las municipalidades, por ejemplo–, en el que si no hay denuncias, la explotación sexual sigue funcionando sin que haya demasiadas acciones que persigan de oficio el delito.

Hay muchas instituciones estatales, secretarías, departamentos de los ministerios, involucrados en la prevención, en la protección y en la persecución, pero da la impresión de que funcionan de forma aislada unas de otras y que más bien se encargan de apagar fuegos, sin que se descubran las cabezas y las raíces.

Hasta hace unos meses, a pesar de la ley, las trabajadoras sexuales estaban obligadas a portar una tarjeta de salud que las etiquetaba como tales y que garantizaba que no padecían de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por un lado se daba alguna protección sanitaria a las mujeres, pero implicaba que el Ministerio de Salud indirectamente certificaba a las mujeres para tranquilidad de un cliente o un patrón, que si se cumpliera la ley, serían delincuentes.

Un doble rasero en el que el Estado por un lado criminaliza, pero por otro deja estar. Y que, también, abandona en una calle oscura y desolada, en total vulnerabilidad, a las mujeres que por opción personal deciden prestar servicios sexuales.

Las cifras no coinciden entre instituciones cuyas responsabilidades se entrecruzan con funcionarios desinformados. Esfuerzos evidentes en otros espacios –la Fiscalía, el Ministerio de Gobernación- al final son acciones asiladas. Con tareas pendientes en todos los aspectos de los Derechos Humanos, a ciegas, con contradicciones, el Estado intenta proteger a las mujeres. Pero el esfuerzo no alcanza y las continuas zancadillas que el Estado se da a sí mismo y que le da el crimen organizado siguen ensañándose contra las más vulnerables.

2. La vida no tan alegre

Carolina está cansada. Tiene la piel manchada y el pelo revuelto en un moño. Tiene los ojos color caramelo. Trae un bebé sujeto a la espalda. Estuvo haciendo cola en el centro de salud por varias horas. Hoy encuentra refugio en esta casa iluminada con techos altos y paredes blancas.

En un salón amplio, las trabajadoras sexuales aprenden a hacer artesanías y bisutería. Reciben cursos de salud sexual y hacen terapias psicológicas y de autoestima. Se escucha en uno de los salones a la capacitadora: “su cuerpo es su cuerpo”. Les plantean el trabajo sexual como una opción que deben tomar ellas y que han de ser conscientes de que nadie tiene derecho a explotarlas. Les hacen ver que tienen otras elecciones y que ellas deben decidir. Por la Organización de Mujeres en Superación (OMES) pasan decenas de mujeres, muchas de ellas mayores de cincuenta y sesenta años. Yanira Tobar, la directora de OMES, explica que de vez en cuando llega una anciana de 84 años que se sigue prostituyendo en La Terminal.

Tobar es trabajadora sexual. La clave para ella es “la dignidad”, la decisión propia. Pero, ella misma lo reconoce: es complicado dilucidar cuándo es una decisión propia y cuándo son las circunstancias, la pobreza, los tratantes manipuladores, o el mismo sistema el que las obliga a ejercer el oficio.

Carolina acepta hablar y dar la cara para las fotos. Prefiere que se publique su nombre de “rol”. Su verdadero nombre es un juego de palabras hermoso, pero muy poca gente lo conoce: ha pasado demasiado tiempo siendo Carolina.

Ella nació en San Vicente, en El Salvador. A su padre nunca lo conoció, su madre murió cuando ella tenía nueve años. Se crío con sus abuelos hasta que ellos murieron y se fue a vivir con su tía. A los 14 años la tía la trajo a Guatemala, le dijo que trabajaría como empleada doméstica en una casa.

“Yo llegué allí y la noche que mi tía me llevó, la señora de la casa me puso a lavar una pila llena de trastes. Que lavara, me dijo, y después me fuera a un cuartito y que allí estaba la ropa que iba a usar. Le dije: ¿para dormir? Y ella me dijo: No, ¿tu tía no te comentó algo de lo que ibas a hacer aquí? Esto es un prostíbulo. Yo, gracias a Dios, estudié a tercero básico y entendía el significado de las palabras. Yo no he trabajado así. No lo has hecho, pero aquí lo vas a comenzar a hacer. Yo tengo miedo, no se nada de eso. Vas a empezar y después ya vas a ver como de repente hasta te va a gustar. Me bañé y me dio una toalla. En el ropero está un par de zapatos que te vas a poner, me había dicho. Cuando abrí el ropero estaba un hombre allí, era un hombre ya grande, yo me asusté. Vine a sacar unos zapatos. No vas a encontrar zapatos, me dijo. Quitate la toalla yo voy a ser tu primer cliente. Pero si el consumismo está allá afuera. Vos aquí venís a putear, me dijo. Empecé a temblar. Ya estaba bajo efectos del licor, se le sentía el aliento. Si no lo querés por las buenas lo vas a tener por las malas. Acostate, me dijo, me acosté con miedo siempre. Nunca has tenido marido. No he tenido, le dije yo. Se sacó su pene erepto y se empezó a echar vaselina, empezó a manipularme, me agarraba duro de la espalda, me socaba con los dedos, no hagás más movimiento porque aquí nadie te va a defender. Por miedo a que me hiciera algo peor no hice nada. Sangré bastante, tenía 14 años, pasé con mucho dolor de cintura, me dolía la cabeza, tal vez era emocional, con fiebre, tengo síntomas como de gripe o algo, le decía yo a la señora, ya se te va a quitar, me decía, y me tiraba unas pastillas”.

Carolina estuvo tres años encerrada en esa casa. La dueña la ataba de pies y manos y la golpeaba. Su única salida era, muy de vez en cuando, ir al mercado con alguna otra compañera. La llevaban vestida de chico. Había otras dos menores en la casa, pero “a ellas se las llevaron unos hombres, pagaron por ellas y se las llevaron saber para qué”. La mujer que sostiene ahora un bebé sano y tranquilo, también tuvo un bebé en el encierro, ¿quién era el papá?: “Saber”, uno de los clientes.

La dueña de la casa no le pagaba, se evadía diciendo que el trato era con su tía y que le debía dinero por su ropa, sus zapatos y el maquillaje que utilizaba para el trabajo. Carolina sospecha que la señora tenía pactos con la policía, les daba dinero y venían también los agentes a recibir servicios sexuales, incluso, dice Carolina, había una policía lesbiana que llegaba allí.

A los 17 años ella tomó a su hijo y convenció al encargado de seguridad de aquella casa en la zona 6 para que la dejara salir. Le dijo que iba a comprar tortillas. Se lanzó temerosa a una ciudad que desconocía. Carolina siguió trabajando en la calle, de “ambulante”.

–Lo seguí haciendo en la calle, en la calle es diferente el trato, pero al final es igual porque uno sigue de víctima de los clientes, de las amistades, de los vecinos que dicen cosas de la gente de la vida alegre. Abusan sexualmente de uno y no pagan, lo golpeaban a uno. Yo siento que esta vida no tiene nada de alegre.

Carolina continúa con una rocambolesca biografía que incluye el trabajo en otro local donde las que la maltrataban eran las compañeras de trabajo. Sigue la convivencia con un hombre, con quien tuvo siete hijos, que fue alcohólico y la golpeaba. “Me dio una vida digna”, dice ella. El primer hijo, el que nació de un padre desconocido mientras ella estaba encerrada, fue asesinado en Mazatenango hace unos años, había sido pandillero, se había retirado de la pandilla, pero lo encontraron y lo mataron. “Dicen que fue una equivocación, pero yo estoy segura que era a él a quien iban a buscar”.

Otra pequeña murió a los cinco meses. Abandonó a su marido por los malos tratos y volvió a las calles, en donde se volvió adicta al alcohol y drogas, se enamoró de un hombre que vivía en la calle y allí tuvo otro hijo con él, el bebé que ahora sostiene en brazos. Ahora se refugia con Yanira Tobar, huyendo de más maltratos. Una tragedia que se definió el día que fue llevada a aquella casa, esclavizada en zona 6, una de las áreas en las que 20 años después siguen escondidas casas clandestinas y donde también se encuentran una serie de “night clubs”, con los papeles en regla, en los que las autoridades han hallado a decenas de mujeres centroamericanas encerradas.

La historia de Carolina, cuando fue vendida y fue violada por un tipo que se escondía en un armario, sucedió hace 27 años. Cuando no había legislación, cuando no se hablaba del tema, cuando no había un relator de Naciones Unidas. Cuando se cometía un delito, pero nadie lo veía, o no se consideraba delito. Carolina, de hecho, pensaba que estaba pagando una deuda de su tía, no se sabía víctima. “Hasta ahora lo estoy pensando”, dice.

Rodolfo Kepfer es psiquiatra y ha dedicado su carrera a investigar el tema de la violencia. Kepfer ve con recelo la “nueva moda” de la trata y la explotación sexual. “Desde siempre ha existido”, asegura, lamentando que nunca se hayan combatido las raíces del problema –de la explotación y la violencia-. Recuerda que en los 70 en los prostíbulos trabajaban muchas mujeres salvadoreñas –las rocoleras, le llamaban algunos- y en los “levantes” –en la calle– se podía observar a cantidad de mujeres indígenas recién llegadas del área rural. En las cantinas las propietarias ofrecían a las recién llegadas con toda tranquilidad.

Kepfer habla de los setentas, lo de Carolina fue en el 85. Trata, explotación y trasiego de personas, al menos en territorio centroamericano por décadas. ¿Cuántos casos, cuántas mujeres pueden haber sido explotadas? ¿Cuántas mujeres como Carolina quedaron marcadas, continúan en encierro o en las calles después de haber sido desechadas? ¿Cuántas redes se han ido tejiendo, fortaleciendo, perfeccionando?

3. La historia común, repetida

Alexander Colop, reconocido por varias fuentes como un acucioso y honesto fiscal, no teoriza, no hace elucubraciones de género o de la doctrina legal. El hombre que ha dirigido la fiscalía y que ha desarticulado varias redes y llevado a juicio a tratantes, prefiere poner ejemplos. Uno de los casos que ilustran a la perfección es el “de la nicaragüense”.

Dinora es de León, Nicaragua, madre soltera, víctima de violencia intrafamiliar y de violación por parte de su padrastro. No había salido de sexto primaria. Tiene un empleo que no le alcanza para vivir, cuando llega una persona que vive cerca de ella y con quien “tuvo algún tipo de relación no sé si fue sentimental, pero una relación bastante fuerte”, dice Colop. El hombre le dice que le conseguirá un trabajo como mesera o limpiando casas.

Dinora viaja a la Ciudad de Guatemala y es llevada a el Cow Boys III, en zona 6, la misma zona donde se ubicaba veinte años atrás la casa donde Carolina estuvo encerrada. El Cow Boys se sitúa en la Calle Martí, vía muy transitada por donde circula todo el transporte que viene del Atlántico al centro de la ciudad. El Cow Boys III funciona dando la cara al público como un “club nocturno”, con los papeles en regla –para que funcione como expendio de bebidas alcohólicas-. Es en este sitio donde le quitan la identificación a Dinora y la obligan a prostituirse. La fiscalía en Guatemala llevaba un tiempo investigando el local, pues había recibido denuncias desde Nicaragua. Se hace un allanamiento, pero Dinora calla y no declara, dice que está por su voluntad. Las otras muchachas hacen lo mismo, callan. La captadora –la figura de la persona que hace “contrataciones” o “cuida” a las mujeres– se hace pasar por una de las trabajadoras sexuales. Llega migración y al no haber denuncia, no las consideran víctimas y las expulsan del país. Víctimas y tratantes en un mismo viaje.

Pasan la frontera y allí las espera un taxi. Víctimas y tratantes regresan juntas a Guatemala. Entonces las llevan a una casa en zona 5, las mantienen encerradas y nuevamente las explotan. Después de unos meses Dinora logra escapar, se acerca a la policía y les pide que la regresen a su país de origen, la trasladan a Migración y allí dicen que ella debe pagar una multa porque se excedió en el tiempo de su residencia en Guatemala –a pesar de que los cuatro países que forman el CA4 permite a los centroamericanos circular libremente por Guatemala y permanecer en el país por seis meses; y la Constitución reza que pueden recibir la nacionalidad con sólo pedirla-.

Ella se comunica con un cliente y éste le da dinero para el taxi y le recomienda ir a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Allí se encuentra con Sandra Gularte, jefa de la Unidad para la Prevención de Trata, quien detecta que Dinora es una víctima –pasó por la policía y migración sin que nadie hubiera dicho nada–. Sandra Gularte la recuerda como “una chica morena, sin pelo, llevaba como una gorra, nunca le pregunté porque no tenía pelo, pero en esto no hay que preguntar más de lo que se tiene que saber”. Entonces Gularte traslada el caso al Ministerio Público, donde inician las pesquisas. Hacen el enlace entre la casa clandestina y el Cow Boys III que funcionaba abiertamente.

La nicaragüense dejó como prueba anticipada una declaración, se hicieron estudios periciales psicológicos y fue retornada a Nicaragua, en donde se protege su identidad. Colop construyó un caso que parecía sólido, con declaraciones de otra víctima, con documentos encontrados en el primer local en donde había estado Dinora, con pruebas que entregaron autoridades en Nicaragua. Pero, en un primer debate los acusados fueron absueltos, pues dijeron que ella había venido voluntariamente a Guatemala. Generó suspicacia que alguien declarara que Dinora era conviviente del hombre que la trajo al país.

Se cuestionó que en la casa de zona 5 no hubiera indicios de explotación sexual. Y no se dio valor probatorio a la declaración de Dinora. El debate reinició y se puso en duda la acusación de la fiscalía por el informe de la psicóloga del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el que la especialista explicaba que la de Dinora era una declaración “plana” en la que no había una carga emocional o muestras de trauma en la víctima –esto lo decía el reporte, aunque en su declaración oral la psicóloga ampliara que es posible que el shock de la víctima le haga reaccionar con estoicismo–.

Ahora, el fiscal prepara otro debate en el que expondrá “la esencia doctrinaria de la ley”. Sagastume y Colop están seguros de que ella es una víctima; probarlo es lo complicado. Así como la víctima debe convencerse de que es víctima, los fiscales deben buscar hasta el detalle mínimo para probarlo, los jueces se enfrentan a casos en los que la ambigüedad es una de las principales armas de los delincuentes y, a veces, no saben reconocerlo. Y cuando el crimen organizado trasciende fronteras es aún más complicado de asir.

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“¿Tu tía no te comentó algo de lo que ibas a hacer aquí? Esto es un prostíbulo. Yo, gracias a Dios, estudié a tercero básico y entendía el significado de las palabras. Yo no he trabajado así. No lo has hecho, pero aquí lo vas a comenzar a hacer.”

Guatemala es país de tránsito, de estadía y de migración de personas: Circulan mujeres, unas se quedan y otras se van. ¿Cuántos de esos migrantes internos, cuántas de las migrantes centroamericanas rumbo al norte, resultan siendo víctimas?

La tierra de Guatemala, Centroamérica en general, está fusionada con pólvora. Cerillos de diferentes formas –guerras civiles, catástrofes naturales, violencia en las calles, más violencia en las casas– que encienden explosiones y empujan a sus habitantes a huir. En la huida pocos dejan aviso de su lugar de destino, las huellas son borradas por el que viene corriendo detrás.

La guerra interna de 36 años, el terremoto de 1976, la violencia provocada por un monstruo de decenas de cabezas, un Estado pequeño y macrocefálico que se olvida del interior del país y una capital que atrae como imán a los campesinos de las áreas rurales, genera movilizaciones dentro del país y hacia afuera. Guatemala es un puente minado por el que pasan muchos y en el que puede pasar todo.

Como México. El Instituto Nacional de Migración de México, estimaba en 2010, 140 mil “eventos” de tránsito irregular por México; estos eventos podían ser el mismo migrante intentándolo varias veces. La mayoría de esos migrantes son centroamericanos que tuvieron que cruzar o salieron de Guatemala. Uno de cada diez guatemaltecos vive en EE.UU.; uno de cada cinco hondureños; uno de cada tres salvadoreños.

Claudia López, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), explica que “en realidad nadie puede saberlo (cuántas personas salen de Guatemala anualmente) porque justamente lo que hacen las personas que migran indocumentadamente es buscar la forma de salir sin ser vistas –por ende contabilizadas-. Además, entre quienes salen del territorio no se puede distinguir a ciencia cierta cuáles son sus destinos, si van a México temporalmente (trabajadores temporales) si van a Estados Unidos y cuántos logran llegar”. No hay datos de cuántos centroamericanos permanecen en Guatemala o en México sin documentos. Tampoco hay información sobre cuántos podrían ser víctimas de trata o explotación.

En el caso de la migración interna tampoco hay demasiados registros, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Idíes), de la Universidad Rafael Landívar, el 57 por ciento de la migración interna de Guatemala es de mujeres, en la mayoría de casos hacia la capital o las zonas urbanas. Muchas mujeres llegan para trabajar en servicios domésticos. Una cuestión de la que apenas se habla, pero que hay certezas de que existen altos niveles de explotación laboral. Mujeres que trabajan en las casas a cambio de comida, se les prohíbe salir y que incluso son víctimas de violencia física y sexual.

Hay otro dato que impediría hacer proyecciones, si se intentara calcular el número de víctimas de trata en base a los reportes de desapariciones: en algunos casos es la propia familia, su papá, su tío, quienes venden a estas mujeres a alguien más. Permanecen en su propio hogar o en el de alguien cercano siendo explotadas laboral o sexualmente.

El drama de Dinora se montó en la frontera sur. Pero la frontera norte no se salva de ser escenario de historias similares, peores quizás, porque la ruta hacia al norte va adquiriendo niveles de dificultad conforme pasan los kilómetros.

4. El río revuelto

El río Suchiate es un duty free líquido. No huele a perfume, huele a mierda. La mercancía, los migrantes, los trabajadores temporales se trasladan sobre dos neumáticos de tractor sujetos por una estructura de tablones de madera, conducido por un balsero que empuja el artilugio con una pértiga.

El Suchiate es barrera y es paso, es el camino y es el tropiezo. El río es la línea fronteriza entre México y Guatemala. En invierno muere gente. Dicen los de las balsas que les ha tocado recorrer 20 kilómetros río abajo para buscar los cadáveres en el mar, que “a veces aparecen, a veces no”.

En algún momento los vecinos se alarmaron porque del lado mexicano se empezó a construir un muro. Es un dique, dicen ahora, siempre que sube el río en invierno, Ciudad Hidalgo, el pueblo de la ribera mexicana se inunda. Eso pasó cuando la tormenta Stan, en 2005, arrasó en Centroamérica y llegó hasta las vías del tren que se detenían en Ciudad Hidalgo. El tren ya no llega al poblado, cambiaron las rutas.

Jabones, papel higiénico, doble-litros de soda, tuberías, galletas y dulces mexicanos; ropa de segunda mano, frutas y verduras, de Guatemala, cruzan en las balsas a menos de un kilómetro de donde está el puente, el puesto migratorio y donde se cobraría impuestos por los productos. Del lado guatemalteco hay un picop de la policía, del lado mexicano también. Como hormigas los hombres hacen cola para ayudar a descargar los productos. Ni en el borde guatemalteco, ni en el borde mexicano hay algún tipo de control de los que cruzan.

A veces, cuando se llega al Suchiate ya no es posible seguir, se acaba el dinero. Dicen que muchas mujeres se quedan en uno de los extremos de la frontera. El Suchiate se convierte en el limbo donde los migrantes permanecen a la espera de un trabajo, a la espera de un golpe de suerte, a la espera de un tipo que pague algo a cambio de sexo.

–Pasa mucho. Las mujeres vienen y se quedan sin dinero, entonces buscan trabajo en estos lugares. De allí, ya como que le agarran el gusto y se van quedando. –dice el hombre sudoroso que pedalea un tricitaxi por las calles de tierra de Tecún Umán, el poblado guatemalteco.

El tricitaxista hace un gesto con la cabeza señalando las “cervecerías” con paredes de madera, pintadas con publicidad de cerveza. Es mediodía y ellas ya están allí. A la espera.

Al otro lado del río, en el extremo mexicano, a mediodía, las cantinas tienen prohibido abrir. Ellas sólo pueden trabajar cuando cae el sol –es por las escuelas dirá alguien, validando la hipocresía-. Sólo están abiertas las cervecerías –en donde, en teoría no se negocia con sexo- y deben cerrar a las 8 de la noche, cuando las otras empiezan a abrir. “No se aceptan drogados ni hombres uniformados ni armados”, se lee en las fachadas. (Ellas prefieren trabajar en México. “En Guatemala todos van armados”, dirán después). En Ciudad Hidalgo los prostíbulos y las cervecerías están junto a la línea de tren abandonada.

En el bar de Charlie hay tres mujeres. Una alta, fuerte y morena, hondureña. Una de mediana estatura, coqueta y avispada, mexicana; y otra bajita y silenciosa, guatemalteca. Allí están las tres chicas de Charlie. Mariana, la hondureña es la administradora; ellas sólo “ficherean”. No se ocupan. Si ella quisiera, dice Mariana señalando a la guatemalteca, podría hacer buen dinero ocupándose, especialmente porque los clientes siempre buscan a la nueva y “ésta está regular”, dice refiriéndose a la apariencia y juventud de la chica que cruza todos los días el Suchiate para ganar comisiones en el otro borde del río.

Ya lo ha comentado Yanira Tobar en Ciudad de Guatemala: las trabajadoras sexuales van perdiendo su valor conforme pasan los años, a los 30 o 35 son ya viejas y no sirven. “Somos como los zapatos”, dijo Tobar, “nos vamos gastando”.

Mariana, la hondureña, dobla servilletas con el ruido del ventilador de fondo. Le interesa distinguir que el local que ella administra –el propietario es también el dueño de una abarrotería en la esquina- no es como los que están calle arriba, vía arriba. En esos lugares hay habitaciones escondidas a la vuelta de la calle o en los traspatios y sí, asegura “tienen muchas centroamericanas menores de edad”.

Dicen que allí, en Tecún Umán, en la frontera, pasa algo. Pero, así a simple vista todo parece tranquilo. En la estación de la Policía Nacional Civil hay una pizarra con los “eventos” positivos y negativos del año (positivos, las capturas; negativos, los delitos o crímenes). En las ordenadas columnas predominan los accidentes viales y las riñas, y tres o cuatro asesinatos en el año. En la pizarra no se contempla el delito de trata o de explotación sexual. La agente policial, sentada frente a una computadora no sabe contestar el por qué. Sí, hacen recorridos por el pueblo, sí los fines de semana hacen rondas por la calle de las cantinas, pero básicamente para supervisar que no haya peleas entre los parroquianos.

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La Casa del Migrante en Tecún Umán es una edificación sólida, ordenada, pintada de azul, con árboles y un mural que narra la travesía del migrante: un árbol con las raíces arrancadas.

El sacerdote brasileño Ademar Barilli es el director. Barilli es crítico con la prensa, con los académicos que después de un par de días de encuestas hacen un libro exponiendo el fenómeno de la migración. Crítico, ante todo, con los políticos y los gobiernos que dan la espalda descaradamente a la situación de los migrantes, a lo que sucede en el país para que ellos se vean obligados a huir. Desconfía de la “foritis” y “reunionitis” del Gobierno y de las organizaciones que gastan millonarios recursos y tiempo en discutir las problemáticas que él intenta aplacar desde la casona que fundó hace quince años en Tecún Umán.

–De cierta forma siempre ha habido trata. Ahora la situación es más dramática con el crimen organizado, los grupos, no pongo a los Zetas, no son parte todos de los Zetas. Ahora es la moda de los Zetas y los Alfa y los mareros. Siempre hubo delincuencia común, de que tengan mayor organización, puede ser, han ganado experiencia. Yo también he ganado experiencia, es lógico, como cualquier profesión. Pero todo esto se ha posibilitado porque se ha criminalizado la migración. Si México da una visa, todos van en avión y se termina la violencia. No necesitarían de coyotes, de traficantes. Las mismas políticas de EEUU han creado y fomentado y enriquecido el tráfico de personas, no dejan de ser culpables de toda la violencia que se genera.

Barilli afirma que casi todas las centroamericanas cuando llegan a Nuevo Laredo han tenido que “hacer trabajos”, porque se han quedado sin dinero.

–Al decir trabajo ya sabe usted qué significa. Bailes, prostituirse, atender a todos, porque no es sólo a narcos, es a todo el mundo que busca esos lugares, (y las mujeres) necesitan dinero. Son víctimas, pero el mismo sistema que criminaliza al migrante les impide denunciar. La mayoría de ellas tienen hijos y van para sostener a sus familias. Pero mientras no se combata de otra forma…

La clave para Barilli es la prevención. “Sabemos que todo migrante es posible víctima de trata y que las mujeres son más vulnerables por su condición de mujer. El asunto es evitar que caigan. ¿Por qué tenemos que esperar que los maten para ayudarlos? ¡Hasta que uno no tiene el problema adentro no se preocupa!”

Barilli habla desde la frontera, desde su encuentro con el drama de los migrantes. Desde la casona azul ve pasar a seres humanos que quizás, a pesar de las charlas de prevención, lleguen a caer en una red.

Y es que no hay mejor símil para esas organizaciones que el de “red”, ese tejido que cruza fronteras, ríos, que lleva a sus víctimas en avión, en camioneta o picop. Que atrae a las mujeres pobres de los pueblos de las Verapaces a una cantina destartalada en la capital, o a las que buscan llegar al norte, o a las colombianas o rusas a quienes les ofrecen trabajo de modelo en un país de Centroamérica. Redes que funcionan a través de la red del Internet –con pornografía y promocionando lugares de explotación-.

Es complicado detectar a las víctimas, están en las sombras. Pero es más complicado definir a los victimarios: Son la sombra.

5. Las manos que tejen las redes

El territorio de la trata y la explotación es amplio y líquido; la penumbra entre la legalidad y la ilegalidad hace a las redes más inasibles. Desde las pequeñas cantinas que funcionan bajo la inocente fachada de un expendio de licor -cuyo señuelo es a través de “captadores” locales o de las mismas víctimas que sin saberlo se convierten en tratantes al recomendar a una vecina del pueblo su lugar de trabajo. Hasta los “night clubs” con mujeres extranjeras que en la mayoría de casos llegan con la promesa de un contrato como modelos y edecanes y se ven obligadas a estar allí por deudas pendientes –el boleto de avión, las cirugías plásticas, el hospedaje, las amenazas-. Hasta los lugares más subterráneos: las casas clandestinas que prohíben la salida de las víctimas. Hay diversidad de nichos de mercado y éstos son aprovechados por diversidad de organizaciones.

Sandra Gularte, de la PDH, define tres tipos de tratantes: Una es la del tratante único que es una persona muy conocida o el papá, o algún pariente, que trata a su hija, la vende o la tienen en su propia casa, la explotan laboral o sexualmente. Sin relación con el crimen organizado, pero con similares consecuencias para la víctima.

Las redes pequeñas, de tres o cuatro personas que compran o coaccionan a las mujeres –incluso fingen relaciones amorosas para convencerlas–; las engañan con el ofrecimiento de trabajo de empleadas domésticas o meseras y las venden en los bares. Estas redes “medianas”, como las define Gularte, suministran mujeres a negocios con un “mercado para clases media y baja”, con víctimas guatemaltecas, llevadas de una región pobre a una menos pobre. Como las mujeres q’eqchíes de la cantina sin nombre.

Mientras que las grandes redes, según la clasificación que hace la representante de la Procuraduría, se coordinan con redes de otros países y de forma más especializada y con mayores niveles de influencia –tanto dentro del crimen organizado, como en los aparatos del Estado-. “Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos”, afirma la periodista Lydia Cacho en la investigación “Esclavas del poder”. Para que funcione la maquinaria, los engranajes tienen que estar aceitados. Y uno de los principales aceites, sin duda, resulta ser el de los funcionarios que ignoran el problema y, peor aún, forman parte de éste.

Gularte de la PDH asegura: “A los que se agarra, normalmente, son a los tratantes únicos y a los tratantes de las redes pequeñas, pero no llega la justicia a todos los tratantes de las redes grandes. A ellos no se les toca, se supone que hay funcionarios de Gobierno relacionados con las redes”. Una fuente que pertenece a una organización civil pro justicia afirma: “Se conoce con nombre y apellidos quiénes están detrás”, pero no se atreve a dar nombres, aunque asegura conocerlos.

Al cuestionar a Alexander Colop, de la Fiscalía, sobre la posibilidad de la participación de funcionarios en el negocio, dice no tener ningún caso. Sólo recuerda un proceso en que se rumoraba que el propietario de un prostíbulo había sido comisario de la policía, pero no se comprobó. Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom (2010-2012), afirma que es muy complicado llegar a los verdaderos propietarios de las redes, pues el sistema protege por medio de sociedades anónimas y testaferros.

Para tener una versión oficial de los actuales encargados de la seguridad y prevención del Gobierno, se solicitó una entrevista con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ésta no fue concedida.

Lo que deducen quienes trabajan en contra de la trata es que los niveles de impunidad con que han funcionado los negocios, los controles migratorios laxos, los allanamientos en locales en donde sólo se alcanza a los “cuidadores” y no a los propietarios, podrían tener varias explicaciones: la capacidad –técnica, profesional y financiera- del sistema de prevención y justicia no se da abasto; las autoridades no reconocen las dimensiones del delito. O, peor aún, las redes están blindadas por poderes económicos y políticos que superan sus esfuerzos. Pero además de las autoridades, hay un constante señalado como principal responsable de los grandes negocios de la trata y la explotación sexual: el narcotráfico.

6. Las grandes sombras de la trata

“Al decir trabajo ya sabe usted qué significa. Bailes, prostituirse, atender a todos, porque no es sólo a narcos, es a todo el mundo que busca esos lugares, (y las mujeres) necesitan dinero. Son víctimas, pero el mismo sistema que criminaliza al migrante les impide denunciar.”

Hay que marcar con rojo en el calendario de 2011 la hoja de julio. Dos hechos aislados entre sí, pero que revelarían a las autoridades el funcionamiento de dos estructuras del crimen organizado: El sábado 11, el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral y el domingo 12, fue allanada una finca de Ixcán, Quiché, en el noroeste de Guatemala fronterizo con México, donde se organizaba una concurrida fiesta de supuestos narcotraficantes.

Cabral fue asesinado cuando iba al aeropuerto con el organizador de sus conciertos en Guatemala, Henry Fariñas. En un principio se sospechó que había sido un ataque directo al cantautor –Fariñas resultó herido-, pero las investigaciones que se realizaron con una celeridad poco normal en Guatemala, revelaron que el ataque fue en realidad contra el que en ese momento se consideraba un empresario organizador de eventos. Pero Fariñas no sólo organizaba conciertos, sino que utilizaba el Club Elite, denominado club nocturno –pero conocido como un exclusivo centro de prostitución- para lavar dinero producto del narcotráfico. La trágica casualidad permitió a las autoridades descubrir una red internacional en que relacionaba a los propietarios de una franquicia de negocios de “diversión para adultos” con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

En un inicio se relacionó a Fariñas con el cartel de Sinaloa. Lydia Cacho escribió, el 14 de julio de 2011, en el medio SinEmbargo: “Si la DEA decide participar directamente con la CICIG, la muerte del cantante habría servido para evidenciar una de las redes de esclavitud de mujeres más poderosas de la región, cuyas ganancias multimillonarias terminan en bancos mexicanos y norteamericanos”.

El caso Fariñas, víctima convertida en victimario, se trasladó a Nicaragua en donde fue juzgado por narcotráfico, lavado de dinero, falsificación de identidad y relación con el crimen internacional. A pesar de la afirmación de la periodista mexicana, hasta ahora la fiscalía lo relaciona con un “cartel” denominado Los Charros y no se menciona alguna relación con el cartel de Sinaloa.

David Martínez Amador, politólogo y columnista experto en crimen organizado, ve con suspicacia el hecho de que no se haya encontrado hasta el momento la relación de la red de Fariñas y los clubes Elite con la hipótesis que lo ligaba al cartel de Sinaloa. “Hay una tentación, un error de los medios, de que toda patología social se culpe a los narcos”, dice Martínez. Aunque reconoce que “todos los intentos del narcotráfico apuntan a legitimar capitales. Y por el volumen de dinero que produce el narco, de grupos tradicionales, para lavar capitales no van a ponen una casa de putas, ponen una franquicia de clubs”.

El investigador asegura que solo los grandes carteles tienen la posibilidad de marcar precios y tarifas, son ellos los que organizan un macro negocio. Es probable que Los Charros sea un grupo organizado para distribución local, pero cuyo poderío no alcanzaría a ser clasificado como cartel. Quizás Los Charros, con quienes se relacionaba Fariñas, esté dedicado a Centroamérica y al lavado de dinero, relacionado sí con algún cartel. Según la fiscalía nicaragüense los negocios de Fariñas han lavado US$3 millones desde 2005. Mientras tanto, Alejandro Jiménez alias “el Palidejo”, acusado como autor intelectual del asesinato de Cabral y del atentado contra Fariñas, es llevado a juicio en Guatemala por asesinato y asesinato en grado de tentativa. A Jiménez no se le acusa de ninguno de los cargos que maneja la fiscalía nicaragüense y costarricense para él: narcotráfico y lavado.

El asesinato de Cabral reveló información sobre el trasiego centroamericano y el sistema de lavado a través de negocios “lícitos”. Pero al mismo tiempo deja una gran pregunta abierta: ¿Por qué no se juzga a ninguno de los dos, Fariñas y Jiménez, por trata o explotación sexual?

*****

Aquella fiesta del siguiente día al asesinato de Cabral en julio de 2011, con carreras de caballos, licor, muchachas y música, no terminó como los organizadores lo esperaban. El MP y el Mingob venían pisando los talones de los movimientos inusuales en el pequeño poblado. La fiesta apenas empezaba. Una filtración dio aviso a los asistentes, que huyeron como pudieron –en vehículos y a pie, montaña adentro- dejando tras de sí en la finca que resultó siendo, según la fiscalía, propiedad de la municipalidad de Chinique, las evidencias: un vídeo casero, armas y dinero en efectivo; que permitirían posteriormente una serie de capturas y allanamientos que brindaron valiosa información a las autoridades sobre la organización de los Zetas.

Es posible que la juerga que sólo prometía una gran resaca haya dejado heridas que aún no se dimensionan en la estructura de los Zetas en Guatemala. Una fuente cercana a la organización asegura que los invitados mexicanos corrieron por su libertad e impidieron que los guatemaltecos pudieran salvarse de las autoridades. El informante asegura que, en determinado momento, los que huían debían cruzar un río, por medio de un funicular artesanal, que los llevaría en la ruta para cruzar del lado mexicano; pero la facción mexicana, armas en mano, impidió que los guatemaltecos subieran a la cesta que los alejara de los agentes guatemaltecos. Ese día y en los siguientes apresaron a 21 personas, entre ellas cuatro mujeres mexicanas.

Carlos Menocal era el ministro de Gobernación en aquel convulso julio de 2011. El caso Cabral fue un evento inesperado, pero en el otro caso llevaba tiempo, junto al Ministerio Público, siguiendo los preparativos de la fiesta. Después de las capturas y los allanamientos, el ex ministro está convencido de la relación entre el narcotráfico y las redes de trata de personas.

“El capo además de trasegar droga, trasiega jovencitas, para prostituirlas e introducirlas en redes clandestinas de prostitución”, asegura Menocal. La “narcofiesta” de la finca de Ixcán es el ejemplo más claro: “Las jovencitas (mexicanas) confiesan ante la autoridad de investigación que fueron victimas de reclutamiento forzado; casi todas eran de Tamaulipas, vinieron en traslados clandestinos y en muchos casos en colaboración con la policía, incluso las trasladaron en patrullas”, afirma Menocal.

El exministro explica que las muchachas, que fueron liberadas y repatriadas a México, no colaboraron en la identificación de posibles miembros de la organización, pero si “contribuyeron a marcar claramente que el tema de trata es un tema que no sólo va de sur a norte, si no que el propio narco trae muchachas de México a Guatemala”. De las ocho plazas que el ex ministro asegura fueron desarticuladas en Guatemala se evidenció casos de trata en Cobán, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché: “hay evidencia documentada del pago de planillas a las jóvenes”, afirma.

Pero incluso en estos hechos, con evidencias, hay contradicciones en cómo podrían funcionar las redes.

–Yo estaba encargada de contratar a las prepago- dice Mariela, es el nombre ficticio para esta mujer que trabajó para un ala administrativa de los Zetas. Las prepago son las trabajadoras sexuales que acuerdan por adelantado el lugar de reunión y el precio para ofrecer sus servicios.

Mariela explica que uno de sus encargos era hacer el contacto con agencias para contratar a mujeres, en especial colombianas, que eran llevadas para las fiestas privadas que se organizaban. Ella no menciona que hubiese algún tipo de negocio directamente relacionado con la trata o la explotación dentro de la “la empresa” como llama esta mujer a la organización.

Es posible que la estructura jerárquica de Los Zetas -con un ala administrativa, que según Mariela y otras fuentes estuvo bajo el mando de William de Jesús Torres Solórzano, alias “Comandante W” y que fue detenido en México en julio de este año, y el ala operativa, la más violenta organizada para ganar territorios, supuestamente bajo el mando de Z200 –cuya identidad no ha quedado plenamente establecida- promueva la diversificación de determinados negocios sin que otras ramas de la comandancia estén informadas.

Menocal advierte que son varias las ramificaciones dentro de la organización de los Zetas, en diversos niveles de dirección: unos se relacionan con el trasiego de armas, el de drogas y otras ramas el de trata. Es posible que un ala administrativa contrate esporádicamente a muchachas prepago y no se haga servir de las propias redes de la organización. Es decir, es propietario, pero usuario de negocios alternos de redes especializadas.

Hay redes especializadas y muy profesionales dedicadas únicamente a la trata, explica Martínez Amador. De hecho, el investigador duda que las redes de trata guatemaltecas estén directamente relacionadas con los grupos de narcotraficantes tradicionales (familias como los Mendoza, o los Lorenzana). Considera que en determinado momento pueden relacionarse por cuestión de negocios, pero no necesariamente son parte del de la trata.

Hay dos casos que ilustran cómo funcionan las redes especializadas. La que creó una aceitada estructura que traía con engaños a mujeres de Colombia y las mantenía en Guatemala por la fuerza y con amenazas de que si huían asesinarían a sus familias en su país. Un trabajo de inteligencia entre los dos países, y un trozo de papel que una de las mujeres logró tirar a la vecindad pidiendo ayuda, permitió rescatar a las víctimas y detener a tratantes guatemaltecos y colombianos. Y la “red jordana”, que como explica Menocal no sólo llevaban mujeres guatemaltecas a Jordania –con falsas promesas de trabajo doméstico, para luego prostituirlas en condiciones infrahumanas-, si no también hacían trabajo de trata en Guatemala. La “red jordana” reveló como una misma organización puede trabajar con diferentes modalidades y en diversos territorios. Mientras llevaban mujeres a Jordania, también explotaba a mujeres en exclusivos burdeles de la zona 9 y 10, y regentaban algunos decadentes negocios de la calle Martí y del Cementerio General.

Otra forma de trabajar entre las redes y que posibilita mayor agilidad para evadir la ley, es el de redes dedicadas exclusivamente a la “captación” de víctimas y luego “distribuirlas” en diversos negocios. Seguir las pistas resulta más complejo.

Y es así como se revelan poco a poco las víctimas –porque logran escapar, porque encuentran un espacio de apoyo, porque algunas investigaciones prosperan, porque algún allanamiento tiene éxito o por algún golpe de suerte-. Apenas se esbozan y definen quiénes podrían ser los dueños de las redes, apenas se empieza a dar breves linternazos del contubernio entre otras redes del crimen organizado y la posibilidad de que haya funcionarios, empresarios legales y narcotráfico implicados. Pero queda otro personaje pendiente de retratar: aquellos que, conscientes o no, resultan siendo los verdugos de la historia: los clientes.

***

Y así, termina todo siendo un acto de trapecistas en un sórdido circo.

El público: Ebrio, macho, aplaude histérico viendo el show. Con los ojos vidriosos y los bolsillos llenos de monedas, de fichas, de tarjetas de crédito. Expectantes.

Las redes: grandes, medianas, pequeñas, violentas o manipuladoras. Tensas, bien hiladas. A la espera.

Las trapecistas: Se sujetan con las manos sudorosas a una barra endeble. Se balancean, cada una con una historia diferente, pero con capítulos en sus biografías que parecen calcados unos de otros. Con los leotardos de las posibilidades remendados. El invisible y letal revólver de la necesidad, de los hijos por mantener, de los padres ausentes, de la violencia intrafamiliar, de la falta de educación las apunta.

Ellas saltan. Y caen.

Totonicapán: La historia de la última masacre en Guatemala

La viuda de Arturo Félix Sapón Yax aún tenía lágrimas en los ojos y sus sandalias manchadas de sangre cuando Plaza Pública la encontró cerca de la morgue, atrás del Hospital Nacional de Totonicapán. “Cómo voy a explicarle a mis hijos que a su papá lo mató el gobierno… y que nosotros pusimos a ese gobierno”, dijo con la voz entrecortada.

El informe final que leyó el director del hospital, Germán Aguilar, decía que el día 4 de octubre de 2012 había terminado con “6 personas fallecidas por arma de fuego y 34 heridos: 9 por contusiones o fracturas, 1 por desguince en el tobillo, 4 intoxicados, 3 con heridas corto punzantes, 1 por esquirlas, 1 en shock, 1 sin diagnóstico y 14 heridos por proyectiles de arma de fuego”.

En ese saldo todos –heridos y muertos– eran indígenas k’ichés.

Lo que pasó ese día, cuando campesinos, maestros, alumnos normalistas, autoridades indígenas y padres de familia bloquearon la ruta Interamericana guatemalteca en tres puntos (Alaska, Xecanchavox y Cuatro Caminos), aparece relatado en el reportaje que publicó el lunes Plaza Pública que lleva por título: Totonicapán, todos los ausentes.

Allí se cuenta que las zonas, aldeas y cantones que conforman Totonicapán, uno de los departamentos ubicados en la región sur-occidental de Guatemala, desde muy antiguamente se conocen como “El pueblo indígena de los 48 Cantones”. Y también que para sus habitantes eso de las protestas no es algo nuevo. En 1987, por ejemplo, se opusieron al auto evalúo de propiedades para defender el bosque que les pertenece y consiguió que el gobierno no impusiera un precio sobre sus tierras. En 1998 rechazaron el Impuesto Único sobre Inmuebles. En 2001 se pronunciaron en contra del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuatro años después detuvieron la Ley General de Aguas. En 2011 protestaron masivamente en contra del alza de la tarifa eléctrica. Pero la del jueves 4 de octubre de 2012, cuando el motivo de la manifestación masiva fue nuevamente un alza en la tarifa del servicio eléctrico, la poca socialización de una propuesta de reforma constitucional y la imposición del cambio a la reforma magisterial, fue la primera vez que a Totonicapán lo reprimieron violentamente.

Los manifestantes lanzaron piedras y palos contra el personal uniformado de las fuerzas combinadas de seguridad del Estado, que estaba compuesta por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del Ejército guatemalteco. Su instrucción era desbloquear el camino. Para eso llevaban uniformes antibalas, escudos, toletes, granadas de gas, camiones, armas letales y de disuasión.

Al día siguiente, una fotografía publicada en varios medios locales mostraba a un soldado con un fusil apuntando hacia un objetivo desconocido dentro de la manifestación. “Yo también vi la fotografía”, titubeaba Ulises Anzueto, el ministro de Defensa guatemalteco, ante algunos periodistas. “Él sostiene el arma pero no tiene el dedo en el gatillo. El seguro del fusil está puesto. Eso lo pueden analizar en la imagen”. Horas más tarde, el mismo Anzueto diría otra cosa: que el ejército sí había utilizado los fusiles de alto calibre y que “siete de los soldados que estaban ahí aceptan haber disparado”.

La investigación de Plaza Pública da cuenta no sólo de cómo los heridos y los muertos cayeron abatidos ese día, de cómo toda la zona quedó envuelta en un aire contaminado por gases lacrimógenos y de cómo familias quedaron sumidas en el dolor y la impotencia. También relata cómo la masacre pudo haberse evitado, cómo el gobierno ignoró una y otra vez las demandas que derivaron en la protesta que acabó en medio de balas. Y de las respuestas que dieron las autoridades, desde el presidente Otto Pérez Molina hacia abajo, que en un principio –hasta que ya se hizo insostenible– negaron lo ocurrido y su responsabilidad en la muerte de esos ocho indígenas.

Otra viuda, Josefa Barreno, entre llanto, descompuesta, decía a Plaza Pública el mismo jueves que mataron a su marido: “Lucharon por nuestros derechos. Pero el gobierno nunca, como siempre, nos escuchó. Y ahora están todos muertos”.

Además del reportaje principal, Plaza Pública publicó un editorial titulado Toto: un parteaguas para el país. El texto dice que la respuesta que dieron las autoridades, como la que dio el canciller Harold Caballeros (“Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande, y aunque suena muy mal decirlo, a diario tenemos el doble de muertos. Por eso, considero que no es una llamada de atención tan grande”), es una falta de respeto a la dignidad de las víctimas y exige que el Ministerio Público lleve ante a la justicia a los efectivos que hicieron los disparos y a quienes ordenaron la apertura del fuego.

“Que soldados dispararan contra manifestantes fue un delito que no fue planificado pero tampoco fue fortuito. No fue planificado porque estaban en medio de un diálogo, pero debe aclararse quién ordenó disparar y debe recordarse que la administración actual apostó por una estrategia de multiplicar la presencia de militares a las calles para disuadir a ciudadanos; apuesta inefectiva, arriesgada y, a la luz de lo ocurrido en Totonicapán, letal”, dice el editorial.

También en Plaza Pública, pero en su sección de blogs, el abogado del Ministerio Público de Guatemala, Julio Roberto Prado, publicó una carta en la que expresa su esperanza de que el gobierno asuma su responsabilidad y modifique sus políticas de seguridad ciudadana. En su texto, Prado cuenta que cuando vio su factura de la luz, se encontró con un 120% de incremento en la tarifa. Que no daba crédito a la suma y que pensó en ir a reclamar a la compañía para que le explicaran lo del aumento del precio. Hacer algo. Pero no lo hizo, a diferencia de los habitantes de Totonicapán. Asegura que fue porque tuvo que viajar, pero quizás, como él dice, pudo haber sido por la desconexión que existe entre las motivaciones de los grupos indígenas y el ciudadano capitalino: aun cuando a ambos les afecta el mismo problema por el que los primeros protestan, los segundos ven con malos ojos la toma de caminos, la barricadas y en definitiva, sus manifestaciones para exigir sus derechos.

“Mientras escribo esta columna, el presidente Otto Pérez ha salido en televisión informando que siente muchísimo lo ocurrido y que garantizará que no vuelva a pasar. Tan solo esa declaración no basta. Como medida primordial, debe decretar que el ejército sea restringido a sus funciones y se le prohíba estrictamente participar en labores de seguridad ciudadana; y a la vez, propiciar el diálogo para resolver la problemática social”, dice Prado en su carta que tituló Estamos en guerra, mi amor.

Desplazar para no ser desplazados: Palma, narcos y campesinos

Vea la publicación original de este reportaje en Plaza Pública

Días antes del 10 de mayo de 2011, cuando el pueblo de Sayaxché se preparaba para celebrar el día de la madre, un convoy de cuatro camionetas con vidrios polarizados levantó polvo y recorrió a toda marcha las orillas del caudaloso río La Pasión que corta en sur y norte la segunda carretera más importante del departamento de Petén.

Las camionetas enfilaron hasta detenerse frente al pequeño ferry municipal que separa a Sayaxché en dos caminos, uno a cada lado del río: uno en el norte, lleno de soledad y fincas sin energía eléctrica a lo largo de 20 kilómetros, y el otro, en el sur, con la bulla de cantinas en la ribera arenosa y la actividad cotidiana del casco urbano de este caluroso municipio que colinda con México y que a la vez es una de las entradas a la selva guatemalteca.

En esa encrucijada, a plena luz del día, hombres armados y mal encarados se apearon de los vehículos, caminaron en dirección del ferry, hicieron amenazas, tomaron como suya la pequeña embarcación y a sus empleados, encaramaron el convoy de cuatro camionetas y atravesaron el río mediante intimidaciones y el uso de la fuerza.

Al cabo de varios minutos bajaron del ferry y desaparecieron en el otro lado de la carretera. Se dirigieron hacia el norte y avanzaron presurosos, levantando polvo, desbocados.

–Desaparecieron y muchos en el pueblo suspiramos con alivio– dice Abner Palencia, un lanchero que vive de transportar lo que sea, de ida y vuelta, unas cien veces diarias en el río La Pasión en este corte de carretera.

Nadie en Sayaxché volvería a tener indicios del paradero de aquellos pistoleros sino hasta seis días después de la celebración del día de la madre. Una corazonada, un sentimiento que todavía deja inquietos a varios en el pueblo:

–Seguramente fueron ellos. Nosotros los vimos pasar unos días antes. No sabíamos que harían esa barbaridad– dice Palencia y arquea las cejas, dibuja con sus dedos una cruz en su pecho y abre bien los ojos mientras besa su mano derecha. Su sospecha consiste en que quizás esa macabra caravana que llegó al ferry aquella mañana fue la encargada de asesinar (y decapitar) a 27 campesinos en una finca al norte de Petén, en el municipio de La Libertad, el 16 de mayo de 2011. Esa noticia fue titular de varios medios internacionales. Fue, como lo dijo el ex Ministro de Gobernación (Seguridad), Carlos Menocal, un hecho atribuido a los Zetas, el brazo armado formado por ex militares mexicanos y guatemaltecos que desde el 2006 empezó a operar desligado del Cartel del Golfo mexicano, luego de que en 2003, el líder de este grupo, Osiel Cardenas, fuera capturado y extraditado más tarde a Estados Unidos.

–Los Zetas– dice Palencia –pasaron y pasan por este lugar. No hay de otra, no hay otro paso en realidad.

Un paso, un territorio, que no únicamente es exclusivo para narcotraficantes. No. Hay más actores en este escenario. Interactúan. Calculan sus movimientos. Suelen estar pendientes los unos de los otros aunque intentan, en la medida de lo posible, no tocarse. Y si se rozan, el saldo, como en la masacre de los 27 campesinos, suele afectar el equilibrio y la configuración de todo este vasto territorio. Es algo que está (y ha venido) pasando.

Hay narcotraficantes violentos, como los Zetas, que han sido los últimos en llegar. Pero aquí, los primeros dueños de este territorio, finqueros y ganaderos, llegaron hace más de 50 años; indígenas q’eqchíes y petroleros, hace más de 25; y narcotraficantes tradicionales y empresarios de palma africana, que aparecieron (como parte de los propietarios) hace poco más de una década. Hay –ha habido– reacomodos, pugnas, roles asumidos y disputas de poder en espacios donde las rivalidades de estos grupos suelen tener todavía pendientes, deudas por saldar y discusiones por el control de sus espacios. Por todos estos grupos, Petén es –ha sido– un campo de batalla donde los muertos quedan sobre la tierra, sobre la superficie de las propiedades.

1. Todo el mundo desplaza a todo el mundo.

Estás en medio del río, en el ferry. Todo se mueve y todo cruje. A los costados observas las dos carreteras que cortan a Sayaxché por la mitad. Piensas en todo lo que te han dicho que se ha podido transportar a lo largo de un siglo por aquí, desde alimentos, ganado, cultivos, hasta petróleo, madera, piezas arqueológicas y contrabando. Te han contado que en las últimas décadas se han visto camionetas polarizadas de modelos recientes, y en años más cercanos a la fecha en que atraviesas el río, han primado los camiones cargados con aceite y frutos de palma africana, el nuevo monocultivo de toda la zona. También te han dicho que has llegado tarde para ser testigo de varios puntos importantes en la historia agraria de Petén (y de Guatemala) en relación a la distribución de la tierra, y te han advertido que debes intuir que ante tus ojos hay un nuevo momento de inflexión. A tu alrededor todo se está reconfigurando. Hay movimiento. Todo el mundo está desplazando a todo el mundo.

Hay narcotraficantes desplazados por narcotraficantes más asesinos que los anteriores. Hay empresas aceiteras que han crecido tanto que donde antes había comunidades hoy se ven planicies de palma africana que a la luz del atardecer parecen extensos y tranquilos océanos de color verde. Hay compradores de tierra que como si de un juego de estrategia se tratara van por la conquista de territorios y concentran enormes propiedades para luego arrendar los terrenos al monocultivo. Hay finqueros-vaqueros, que en vez de ganado están pensando en podar, cortar, vender todas las vacas y cambiar de profesión para hacerse empresarios de la palma. Y hay, también, los que tienen menos oportunidades: los campesinos, mayas q’eqchíes en su mayoría, que a cada tiempo que pasa se van quedando sin poder decir que algo de acá –en este departamento más grande que Taiwán, Israel, Bélgica, El Salvador o Belice– es completamente suyo.

Por paradójico que te resulte, a lo largo y vasto de los 35 mil 834 kilómetros cuadrados de Petén –un tercio de Guatemala–, pocos son los que están teniendo cabida en la repartición de todo este departamento. Te han dicho, existen evidencias, has logrado recopilar entrevistas, de que hay una disputa abierta, poco ética, a veces intimidatoria, por el control de cada centímetro cuadrado –ya sea económico, de cultivo, o como ruta de trasiego– en este territorio. Piensas en ello, absorto en el caudal del río La Pasión y caes en la cuenta de que estás exactamente en el centro de todos esos ajustes. El ferry cruje, avanza torpe y parsimonioso, pesado; sobre las aguas apenas se percibe algo de movimiento.

2. El lugar en movimiento: un contexto

La muerte de 27 campesinos en el municipio de La Libertad fue uno de los últimos acontecimientos violentos como indicio de los cambios que existen en este panorama. Un último movimiento de piezas en el tablero de Petén. Una sacudida.

Antes de esa masacre de mayo de 2011, los Zetas ya habían dejado sentir su presencia, su fuerza, la irracionalidad de sus ataques. Sacudieron indirectamente a Petén el mismo día en que se presentaron. El día en que, de modo público, con balas y granadas y explosiones y asesinatos, aparecieron en Guatemala.

La carta de introducción fue dirigida específicamente a los carteles tradicionales-familiares de Guatemala, y fue firmada con plomo, muerte, fuego y gasolina. Coincidió con el día en que fraguaron una venganza en contra de uno de los grupos de crimen organizado locales que, según un reporte de InsightCrime, había dado un tumbe (robo) al aliado de los Zetas en Guatemala: Walther Overdick, un antiguo cardamomero y amigo de los militares durante la guerra interna (1960-1996). Los Zetas buscaban, entonces, al líder del grupo de los Leones, a Juan José (Juancho) León. Lo encontraron el 25 de marzo de 2008, en un balneario de Zacapa, al suroriente de Petén, y acorralado, no lo dejaron vivo.

“Ese día iniciaron los reacomodos (de narcotráfico) en Petén. Una primera sacudida. El grupo de los Leones había empezado a posicionarse en ese departamento, tenían propiedades, fincas de ganado, disputaban esa plaza, y empezaban –mediante robos de droga– a hacerse fuertes de manera incómoda para las otras familias (Lorenzana y Mendoza) dueñas de la zona”, dice un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE). “Por eso la venganza fue consentida por otros grupos”.

Si bien Petén no fue el primer lugar de ataque de los Zetas en Guatemala, sí lo fue colateralmente. Pero cuando lo fue directamente, el avance de este grupo armado se topó con una situación favorable. Una coyuntura para aprovechar y ejercer su poder. Encontraron, primero, el precio a las cabezas de los capos locales más importantes impuesto por las órdenes de captura de EE.UU, y también, con un Ministerio Público (MP) que por primera vez tenía planificado perseguir capos en Guatemala. Se toparon, además, con un reajuste agrario de Petén hacia el monocultivo. La expansión insondable y agresiva de la palma africana que ha ido acaparando territorios y desplazando cultivos tradicionales (maíz, frijol) a lo largo de todo el sur de Petén. Incluso, como menciona el ex alcalde de Sayaxché, Luis Alberto Navarijo, “el cultivo de palma ha ido cooptando y cambiando las economías locales, a las comunidades, pero también ha transformado los negocios ‘legales’ de ‘dinero negro’ de los grupos de crimen organizado tradicional que operan en estas zonas”. Petén, dice el ex alcalde, es un territorio que se está moviendo.

Al ser los últimos en llegar, después de la palma africana, también los Zetas han contribuido con su granito de arena para que otras cosas se hayan empezado reconfigurar. Por ejemplo, a que mandos medios en los bandos rivales se vieran obligados a ascender. Los Zetas los ubicaron como nuevos objetivos, como una estrategia de control territorial para la zona. Eso pasó con el grupo de los Leones. Muerto el jefe, acribillado y achicharrado un convoy de Juancho León en Zacapa, se asomaron –en territorios como Petén– los siguientes en la cadena de mando jerárquico de este grupo. Nombres como Giovani España o Santos Manuel Aguirre o Haroldo León empezaron a ser mencionados. También empezaron a ser asesinados.

En tanto ese reacomodo sucedía, otras cosas en relación al modo en que el crimen organizado tradicional ha ido adquiriendo propiedades en Petén, usando dinámicas de bienes raíces heredadas de décadas anteriores, desplazando comunidades y haciéndose de territorio para establecer rutas propias en el departamento, poco a poco, han ido quedando al descubierto.

Hoy, 2012, cuando los Zetas tienen problemas internos en su estructura y presentan indicios de una ruptura que alcanza al sureste del México, incluyendo a Quintana Roo y particularmente la Riviera Maya, donde las últimas detenciones de sicarios y miembros del grupo son parte del conflicto entre Heriberto Lazcano Lazcano (El Lazca) y Miguel Ángel Treviño, conocido como el Z-40, “sus tropas dentro de Guatemala se están replegando, esperando un mejor momento para poder regresar”, vaticina el ex agente de la SIE al evaluar lo que sucede en la actualidad. “Hace dos años, en cambio, este comando armado arribó a un territorio de Guatemala donde las piezas –campesinos, palma africana, familias tradicionales de narcotraficantes– estaban (y continúan) en movimiento. Encontraron ese lugar y formaron parte de nuevas modificaciones”, señala. “Un lugar donde prevalece el más fuerte”.
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3. La comunidad que ya no existe

Conduces por un camino de terracería. Hace unos 20 minutos, sobre la carretera de asfalto, decidiste virar hacia la izquierda. En algún sitio, entre los municipios de Dolores y Poptún, has decidido cruzar en dirección de Melchor de Mencos, el municipio más nororiental de Petén que colinda con Belice. Esta vez estás lejos de Sayaxché, al otro extremo de este departamento que en las escuelas de todo el país se enorgullecen de enseñar, aunque no sea cierto, que tiene cierto parecido con las Amazonas, y allí avanzas siguiendo el rastro de una comunidad que ha desaparecido hace 10 años a causa de unos narcotraficantes. Hace calor y no sabes si encontrarás algo, algún vestigio que pertenezca a esa comunidad de nombre El Arroyón, o a alguien que perteneció a ese lugar que fue expropiado por parte del grupo de los Leones ya después de tantos años. Un ex alcalde de Dolores, Cristóbal Calderón, te ha dicho que en ese lugar hubo muertos. “Los muertos que no se entierran y que quedan sobre la tierra”, repites la frase, en este instante en que la única compañía que sientes en la solitaria carretera por la que vas es la densidad del aire caliente que entra por las ventanas. Ves algunas casas monumentales, cercadas, construidas en la cima de algún pequeño cerro, pero que a primera vista el diagnóstico es que han sido abandonadas, y alrededor, ves sólo fincas y más fincas, una luego de la otra. Es un camino que además es una ruta hacia Belice. Una ruta que además fue usada por el grupo de los Leones. Hay polvo. Planicies, haciendas con ganado, y otras sin ganado y con el pasto muy crecido.

Piensas que para entender el campo de batalla de los desplazamientos de este departamento hay que ubicar un pasado. Antecedentes. Indicios de cómo se ha comprado y vendido la tierra en el Petén. Comunidades que ya no existen. Los desplazamientos, la extensa compra y arrendamientos de propiedades por parte de la palma africana, los q’eqchíes que venden cientos de parcelas y el territorio que ha sido marcado por el crimen organizado. Todo eso que ha venido sucediendo.

Cuando has avanzado 15 kilómetros de terracería, te das cuenta que has llegado a una pequeña encrucijada donde hay un insignificante retén militar. Soldados adolescentes, delgados, con bigotes incipientes te dejan pasar sin cuestionamientos. No pasan dos kilómetros para que, de repente, adquieras plena consciencia de dónde estás y el por qué te interesa precisamente esa comunidad desaparecida: “Aaah, a esa gente la mataron. Se mataron entre ellos. Ahora ya no hay nadie allí. La entrada a El Arroyón está allí nomás, cerquita, cruce a la derecha y allí está la finca”, te lo dice un anciano, sonriente, sin dientes, con esa edición del Nuevo Testamento que dan en algunos hoteles de Guatemala entre sus manos; te los has topado en medio de la terracería, justo cuando atravesabas una comunidad con el nombre de El Calabazal (“211 habitantes”, dice un cartel). Antes de despedirse el anciano te ha deseado un buen viaje.

El Arroyón era una comunidad de 28 parcelarios. El ex alcalde Calderón te ha contado que cada uno de los comunitarios tenía una caballería para cultivar o mantener ganado. Había familias y había cultivos. Había además una pequeña escuela, un salón comunal, un río que crecía en invierno y que nacía en el norte de Belice. Que desde la comunidad podías llegar a Belice, y que podías comerciar, traer cosas desde allá y llevar otras cosas desde acá. El Arroyón, te ha recalcado el ex alcalde, era una comunidad. “Una comunidad”. Una igual a las que están dejando de existir en Sayaxché a causa del monocultivo de la palma africana, pues el cultivo es de los más escasos de mano de obra. Las dinámicas de compra y venta, de intimidación, aun si los grandes capos del crimen organizado no son hoy los responsables, parecen tener una misma tendencia en todo el departamento y una misma manera de operar.

Algo como lo siguiente:

Hace 10 años, algunos comunitarios de la periferia de El Arroyón empezaron a vender sus parcelas. A ciencia cierta, en aquel momento, dice Calderón, aquellos comunitarios no sabían quién podría ser el interesado en aquellas tierras tan lejos de lo urbano. Compraba a buen precio, sin embargo. “Eran muchos dólares que encandilaban, y poco a poco, el comprador se apropió de todo el sector periférico de la comunidad. Fue cercando, fue presionando, fue creando una espiral con sus nuevos terrenos hasta que solo quedó el centro de El Arroyón, con unas 10 casas, como única evidencia de una comunidad”, te dice el exalcalde. Sin salida, los últimos habitantes de El Arroyón se vieron obligados a vender, y cuando vendieron, el precio que les ofrecieron fue barato.

Giovani España, el comprador del grupo de los Leones, convirtió a la comunidad en una enorme finca de 28 caballerías. Cuando lo hizo, todavía no era conocido por (supuesto) narcotraficante, tampoco que él era uno de los segundos mandos en la jerarquía del grupo de los Leones. Nadie imaginaría, en aquel entonces, que ascendería luego del asesinato de Juancho León a causa de los Zetas y que tomaría las riendas del negocio en el nororiente de Guatemala, esa región que hace de frontera y enlace entre Honduras, México y Belice.

Hasta hace 3 años, te dicen, el nombre de Giovani España era impronunciable por esta área. Antes, había que callar, cerrar los ojos y bajarle volumen a los oídos. Luego de su asesinato, el 26 de junio de 2008, su nombre es algo que adorna las pláticas de sobremesa en estas regiones. Un mito, una leyenda rural, algo de qué hablar cuando te aburres y hay que matar el tiempo de alguna forma. Es lo que hay, acá, cuando no existe una industria musical que produzca narcocorridos.

Te preguntas, miras al fotoperiodista que te acompaña, y lo interrogas sobre si de verdad piensa que encontrarán los vestigios de aquella comunidad perdida hace 10 años para hacer analogías sobre el modo en que hoy se compran las propiedades al otro extremo de Petén, en Sayaxché, alrededor de la palma africana, es lo que cuestionas justo en el momento en que en la carretera empiezan a aparecer algunos ranchos abandonados. ¿El Arroyón? Continuar o no continuar, es lo que quieres preguntar al fotógrafo que te acompaña, pero ir a echar un vistazo a lo que queda de aquella comunidad en este páramo en medio de la nada sigue siendo un motor mucho más potente, un impulso más grande, una curiosidad gigante, y lo que no haces es dejar de avanzar.

No has recorrido si quiera dos kilómetros en el interior de la carretera que pasa por la finca del “finado” (fallecido) Giovani España cuando hallas, por fin, una casa, la única, humilde, pequeña: es del caporal. Esperas a que alguien salga a recibirte o a intimidarte. Pero ninguna de las dos cosas sucede. A lo lejos, una mujer lee un libro tan gordo y ancho que parece una biblia. Ella lee sentada frente a la fachada de la casa. Es cuando caminas los 50 metros que separan el camino de terracería de la humilde vivienda. Saludas y no pasa nada. En cada paso te recriminas el por qué diablos has llegado hasta acá. En cada paso te imaginas en la mira de un francotirador, o algo parecido.

La mujer, es extraño, murmulla. Parece estar hablando consigo misma o leyendo en voz alta pues en tu campo de visión no aparece nadie cerca de ella.

Si te ubicas, sabes que el camino desde donde has aparecido es uno por el que muy pocas personas pasan diariamente, sabes, desde luego, que no todos los días alguien busca una comunidad que ya no existe. Y con eso en mente, ensayas un “hola” en tu cabeza y esperas cualquier cosa.

–¿El Arroyón? Éste es el Arroyón. El otro Arroyón ya no existe– dice la mujer sin quitar la vista de lo que en efecto era una biblia.

–¿Queda alguien del antiguo Arroyón? Busco a alguien del antiguo Arroyón para saber cómo era. ¿Cómo desapareció?– pregunto.

–La verdad no sabría decirle. Nosotros venimos hace pocos años. No sabría decirle.

–¿Cuántos años hace que vinieron?

–Uff, apenas como tres.

–¿Vienen de alguna parte de Petén?

–No. Venimos de Izabal (al sur, cerca del Caribe y Honduras), de por allá abajo venimos.

–¿Y el caporal es su esposo?

–Sí. Pero no está.

Un ojo se asoma por una rendija entre las tablas de la casa justo en ese momento. El ojo te mira, lo miras. El ojo sabe que lo has visto. Se mueve. Luego hay un ruido, un tropiezo, cosas cayendo; el sonido viene desde adentro de la choza.

Ernesto, camisa desabotonada, sudoroso, barba sin rasurar desde hace varios días, es el caporal. Agitado, sorprendido, respira pesadamente e intenta mantenerse en calma; él ha salido a saludar. Le explicas, le indicas lo que buscas en este lugar, lo que estás tratando de entender, mencionas los desplazamientos, el proceso de extinción de comunidades ahogadas por el mar de la palma africana en el sur de Sayaxché. A Ernesto, el caporal, le haces las mismas preguntas que a su esposa, María, y obtienes las mismas respuestas que ella mencionó. Le preguntas –te atreves– si sabe algo de las muertes adentro de esta finca en donde estamos, si aquel suceso tiene relación con la comunidad que ya no existe, pero guarda silencio.

Luego te dice (baja la voz, habla sin descomponerse):

–No sé si sabe, pero acá era la finca del finado don Giovani España. La viuda ya vendió, pero el nuevo dueño nos siguió dando trabajo. De lo demás no sabría decirle.

4. Petén no es una selva

Los guatemaltecos están convencidos de que Petén es una selva espesa, insondable, llena de monos aulladores, jaguares, ríos y ruinas ancestrales. Es como lo enseñan en la escuela: la segunda Amazonia del continente. Toda una postal para el turismo.

“Y entonces Petén dejó de ser una selva, y sólo fue una enorme fauna. Una fauna llena de actores que se disputan la tierra. Unos que buscan rutas para el narcotráfico, otros, territorio para sembrar, y los más pocos para ver si los dejan vivir de lo que cosechan de la tierra, en paz de una vez por todas”

Lo cierto es que desde hace 50 años una buena parte de su territorio, casi tres cuartos del departamento, han dejado de ser eso. Y Petén, si habría que describirlo en una palabra, esta sería “finca”.

De vuelta en Sayaxché en la frontera occidental con México, don Rosendo Girón, un hombre de pelo cano y lentes de profesor de matemática, llegó a Petén hace cuatro décadas. Tenía 23, recién graduado de abogado, cuando lo hizo. Hoy tiene 63 y recuerda que lo que encontró –él sí–, fue una selva exuberante, imposible, calurosa. “El Estado de los años sesenta estaba regalando la tierra a quién estuviera dispuesto a trabajarla”, explica. Él había obtenido 13 caballerías mediante la Empresa de Fomento y Desarrollo para el Petén (FYDEP / 1959-1989), y empezó a talar, como todos los demás, a descombrar y quitar árboles hasta dejar constancia de que aquel lugar (su finca en Sayaxché) no era una selva sino en realidad una finca enorme, plana, ideal para poner pasto y tener ganado.

La tierra se repartió por parte de los regímenes militares y el FYDEP exclusivamente entre mestizos y blancos. Los finqueros fueron así los primeros en llegar al Petén. Botaron los árboles y este departamento fue conocido como uno de los mayores productores de madera en Latinoamérica durante la década de los setenta. Don Rosendo ha sido testigo de varias dinámicas agrarias en la región a lo largo de toda su vida, y en Sayaxché lo ubican como el cronista de Petén. Pero se molesta si uno lo condena de esa manera. Comenta, no obstante, cuando se lo preguntas, cómo se han dado los distintos desplazamientos de esta zona, desde migraciones hasta petróleo, narcotráfico, palma africana y Zetas.

–La primera migración de campesinos q’eqchíes –dice el cronista–, se dio una vez que se trabajó la carretera que sube desde Cobán, en Alta Verapaz, hacia Flores, en Petén. La medida fue una cuestión de contrainsurgencia, y fue orquestada por el cuerpo de ingenieros del ejército para neutralizar a la guerrilla en esta zona. Eso fue en 1982. Adjunta a la carretera, también llegaron las primeras transnacionales del petróleo, y el oleoducto, de cientos y cientos de metros de largo, que se ubicó al borde de todo el camino, buscando llegar al Atlántico.

–¿Pero luego los indígenas de la zona tuvieron acceso a la tierra?, ¿ejidos municipales?

–Bueno, fue un proceso largo. Luego del FYDEP llegó el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y luego, tras la firma de la paz de 1996, llegó Fontierras (Fondo de Tierras). Todo era con la intención de regular las titulaciones de propiedad. Que hubiera solvencia jurídica sobre la tierra y que nadie se atreviera a sacar a alguien de sus propiedades. Se repartió mucha tierra ociosa del Estado a los indígenas que no tenían. Y también hubo corrupción.

Y entonces Petén dejó de ser una selva, y sólo fue una enorme fauna. Una fauna llena de actores que se disputan la tierra. Unos que buscan rutas para el narcotráfico, otros, territorio para sembrar, y los más pocos para ver si los dejan vivir de lo que cosechan de la tierra y en paz de una vez por todas.

Así, con la tierra libre de árboles, el orden cronológico en la configuración agraria de Petén, empieza con los finqueros-ganaderos a finales de los cincuenta, los q’eqchí’s a principios de los ochenta, el petróleo al final de aquella década, el narcotráfico tradicional y familiar a principios de la década del noventa, el monocultivo de la palma africana en el 2000, y los Zetas que aparecieron a mediados de 2008. La selva que no es una selva tiene una fauna peligrosa.

5. Una planta en todas partes

Nunca en tu vida has visto una palma africana. Por eso mismo estás ansioso de que aparezca al menos una en la carretera. Estás atento mientras conduces. Ves corozos y palmeras de cocos y te preguntas diligente e ingenuo si aquello no es una palma africana. Luego estarás cansado, hastiado, aburrido de las palmas africanas. Hay de varios tamaños y de distintos tonos color verde. Están en valles, rodeadas por cerros empedrados. O están en terrenos tan planos y extensos que parecen una sabana. Las hay grandes y pequeñas, unas con más años que otras. Estarás harto de ellas y sus hileras ordenadas, perfectamente organizadas en líneas rectas y transversales, en los bordes de las carreteras. Y entonces tendrás licencia suficiente para denunciar que es una palmera enana y una planta fea. Que su fruto parece una piña colorada y fea. Y que de su fruto se desprenden unas semillas como jocotes también feos. Y que de estas semillas feas sale, cuando las presionas, un líquido espeso, amarillo, todavía más feo. La palma africana, podrás decir, está en todas partes y es una planta horrible.

6. Claustrofobia entre la palma

Las comunidades Nueva Esperanza y La Torre se ubican en medio de la nada. Si a la nada, en Sayaxché, se le puede llamar así cuando lo que hay alrededor de La Torre y Nueva Esperanza, es en realidad un inmenso mar de palma africana. Y si la nada, también, son aquellas parcelas que los comunitarios vendieron hace menos de cinco años. O bien, en palabras del líder comunitario, Juan Yaxal, “la palma hizo que las comunidades se hicieran una nada, se redujeran hasta su más mínima expresión y que una gran mayoría de la gente se quedara sin parcelas”. Muchos comunitarios, en efecto, no tienen nada.

Un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), dice que la cosecha y la superficie captada por la palma tuvo un crecimiento de 590 por ciento de hectáreas entre el año 2000 y 2010 en Guatemala. La comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) contabilizó 58 mil 800 hectáreas totales en el territorio guatemalteco para esa fecha. Y sólo para Sayaxché, se pasó de tener 465 hectáreas sembradas de palma en el año 2000, a 14 mil 986 en 2006, y a 28 mil 554 en el año de 2010. Y así exponencialmente.

“Todas las áreas aptas para la caña y la palma, lo son también para el cultivo del maíz”, concluye el informe.

Marcelino Chuc es el vicealcalde de la comunidad de La Torre. A él, los datos y los números y las estadísticas le parecen un misterio y no le importan demasiado. Le preocupa, dice, cosas más importantes, cosas que no se ven en los textos académicos pero que tampoco son intangibles.

–¿Sabés a quiénes se les dice coyotes? – pregunta Marcelino. –En el sur de Petén el coyote no es aquel que se lleva gente (migrantes) para otros lados. Sino que es el que anda moviendo propiedades. Son traicioneros. Acá en La Torre casi desaparecimos gracias a ellos.

Marcelino cuenta la historia de un señor de apellido Caal para que se entienda mejor de lo que habla. Tiene gracia a la hora de narrar. Mueve los brazos, hace gestos, dibuja con palabras un paisaje, un contexto, una historia. Si no hubiera llegado hasta tercero primaria –el máximo grado académico al que se puede aspirar en las escuelas de estas comunidades del sur de Sayaxché–, dice que le hubiera gustado ser maestro o quizás un escritor. “A Salvador Caal lo olfatearon muy temprano”, empieza a narrar Marcelino, “no es que no se bañara mucho que digamos o quién sabe (sonríe), pero los coyotes lo olfatearon. Salvador tenía un terrenito que era un terrenote. Aquí cerquita. Entonces lo quisieron cazar. Como era astuto el condenado no se dejaba manipular. Ni dinero ni nada quería. Él era feliz, decía. Pero los coyotes lo cercaron. Un día se enteraron que su terreno se podía encerrar haciendo mañas. Entonces compraron las manzanas de los alrededores, unos pedacitos de tierra insignificantes, apenitas ni parcela eran. Pero cabía al menos una pared, mal hecha, pero una pared al fin de cuentas. Todo era legal. Salvador ya no pudo salir de su terrenito ni por delante ni por atrás, ni por la izquierda ni por la derecha. Y cómo no sabía nada de abogados, tampoco, como nosotros, que ahora podemos quejamos con los diputados, o que nos organizamos, o le vamos a tocar la puerta a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), Salvador empezó a alegar como podía. Alegó con armas, alegó a puño limpio, pero Salvador ya tenía 89 años. Dicen que terminó vendiendo por Q20 mil su terrenito de mil hectáreas. Aquí cerquita. Allí donde hay palma. Don Salvador hoy ya murió. Era una buena persona”.

El encierro puede producir claustrofobias particulares. Entre los bosques de palmas africanas hay varios de estos trastornos desde perspectivas muy peculiares. En su mayoría son casos de ansiedad colectiva, con sentido comunitario. No es el miedo al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas de no poder salir. Se produce cuando la palma africana no te deja salir.

Comunidades como Santa Isabel o El Pato, cerca de Alta Verapaz, otro departamento de Guatemala, al sur de Petén, han quedado perdidas como pequeñas islas en algún lugar del océano de palmas africanas. Antes, para los habitantes de estas comunidades les bastaba recorrer unos cuántos kilómetros de terracería para salir a la carretera con asfalto y llegar a la cabecera municipal de Sayaxché. Era un recorrido de media hora. Hoy, tardan casi 4 horas para hacer esa peregrinación. José Cabnal es el director de la escuela primaria de la comunidad Santa Isabel, y uno de los que se siente encerrado. Él explica que deben driblar las vastas extensiones de cultivo de las empresas de palma africana y los enormes portones con garitas y guardias de seguridad armados, cuando alguien de su comunidad se ve en la necesidad de hacer algún trámite legal o municipal, o ir al hospital, o salir a comerciar y vender alguno de sus productos.

El encierro les ha causado migración. A veces incertidumbre sobre cómo sobrevivir. Y otras veces pleito. Cabnal dice que lo que experimenta es un sentimiento al que él podría comparar a cuando sientes ansiedad de estar en un solo lugar y que no puedas moverte. “Cercados, encerrados, es como ahora vivimos”.

A veces la claustrofobia en estas carreteras de rectas interminables no hace distinciones entre la sensación de estar afuera o estar adentro. Es tan grande el territorio que si hay un muro en medio de esta nada, no sabes ubicar si has quedado adentro o fuera de la palma. Adentro o afuera de una empresa del aceite. Juan Xol es un ejemplo de ello. Viste botas de hule, una gorra color naranja y va todo sucio de lodo. Varado en la carretera, intenta llegar a casa, lo cuenta mientras esperamos juntos un autobús sobre la carretera. Acaba de atravesar uno de los muros perimetrales de una de las empresas de monocultivo, Repsa S.A., del grupo HAME, en el kilómetro 355, frente a la comunidad de La Torre, e indica que no le pagaron lo que habían acordado. Por eso, en la carretera, ofrece su teléfono celular, “lo vendo para poder pagar mi pasaje; voy para Cobán (Alta Verapaz, a casi 100 kilómetros de Sayaxché)”, explica. Su encierro, su forma particular de claustrofobia, de sentirse encerrado, ha sido un poco distinto a cómo lo sienten los comunitarios de Nueva Esperanza o La Torre o Santa Isabel o El Pato, pero un encierro al final de cuentas, sólo que adentro de una empresa. Si le preguntas a Xol sobre cómo es allí adentro, en la empresa, es algo de lo que no quiere hablar: “Yo no regreso allí dentro”, específica.

7. Las empresas de palma africana

Toda la gremial de agrocombustibles está presente en esta zona. Las empresas que intervienen en Petén, ciertamente llenan una lista muy corta. Olmeca y Reforestadora de Palmas (REPSA) del Grupo HAME, es unas de las que se expandieron hacia el municipio de Sayaxché, donde hoy cohabitan con otras del mismo cultivo: Tikindustrias S.A., por ejemplo, es una de ellas y es propiedad de la familia de azucareros Weissenberg y del Grupo Pantaleón, propiedad de la familia Herrera. Guatemala es el cuarto exportador mundial de azúcar, y tiene 13 ingenios. Nacional Agroindustrial (NAISA), de la familia de aceiteros Köng Hermanos, es otra ubicada en este lugar. Palmas del Ixcán, de las familias Bolaños Valle y Arriola Fuxet es otra en expansión. Y más recientemente, en proceso de adquisición de tierras en el Petén, está Naturaceites S.A., en el municipio de San Luis, y es propiedad de la familia Váldes y Maegli. Algunas de las familias más poderosas de Guatemala.

8. La pugna está por iniciar entre todos los bandos

Una vez más te has desviado de la cómoda carretera con asfalto. Una vez más estás en un camino de terracería, otro pasaje solitario, lleno de charcos, hoyos y piedras. Te han dicho que la palma se está expandiendo hacia el municipio de San Luis, justo en el lado oriente de Sayaxché, y es lo que estás buscando: un momento previo a todo lo que has visto que le ha ocurrido a ciertas comunidades. Imaginas un instante antes de que se siembre la palma, de que lleguen las máquinas, los muros de monocultivo, el encierro, la claustrofobia a causa de la palma. Los coyotes de la tierra en infraganti, comprando propiedades, concentrando tierra, amenazando. Quizá, en esta nueva búsqueda, en San Luis, te topes con una gran antesala que pueda explicar las consecuencias de lo que has visto: los reacomodamientos, desplazamientos y la desaparición de varias comunidades.

Aquí, en este nuevo terreno, amplio, una octava parte de Petén, todos los bandos están a punto de encontrarse. O desplazas o te pueden desplazar tiene un detalle coyuntural. El detalle de lo actual.

En San Luis, te comentan, ya se están preparando. Hay una región que intenta identificarse como Territorio Indígena Q’eqchí’ y te quieren mostrar que se están organizando. Andrés Ixim, en la comunidad de Bolojshosh, es uno de los líderes que te hace un balance, un recuento de su planificación, y en confianza, te explica que una de las cosas que se ha empezado a hacer es demarcar cada una de sus fronteras. El espacio, te das cuenta, será grande, aunque difícil de conseguir. Implicará, definitivamente, el plano del uso político, lo legal y lo legislativo. Y será un área que tratará de incluir al menos 20 micro-regiones, cada una con 10 comunidades en su interior, desde Bolojshosh, cerca de la cabecera de San Luis, hasta la comunidad de El Naranjal, la última frontera de Petén con Alta Verapaz. “Los territorios indígenas son un derecho heredado por nuestros antepasados. Es crear una unidad, un sentido de comunidad importante, donde la gente, antes que nada, asuma un compromiso con los de su propia sangre”, Ixim resume así el inicio de su resistencia.

La resistencia que es en contra de la siembra de la palma.

Pero aquí, en el interior de este municipio, existen otros problemas. Incumbe al nuevo territorio indígena por su cercanía, pero incumbe a la siembra de la palma y a narcotraficantes.

Has llegado a esta zona justo en un momento de tensión. Aparentemente hay calma en El Naranjal, esa última frontera de Petén, pero la presencia militar y los patrullajes policiales –algo que no notaste ni en Flores, Poptún, Dolores, Sayaxché, La Libertad, Melchor de Mencos–, hacen activar una discreta alerta dentro de ti. Te enteras que hace apenas 2 meses el tableteo de las metralletas horadó y trastocó este lugar. Cuando la balacera amainó, el saldo silencioso fue la muerte de cuatro personas. El enfrentamiento, te dicen los vecinos, lo evalúan como algo que se dio entre supuestos miembros de bandas del crimen organizado. Es lo que todavía hoy se comenta en el pueblo. En El Naranjal dicen que la pugna se originó cuando uno de los dos grupos armados pretendía invadir una finca propiedad de otro grupo armado en esta localidad. Es esa misma finca, justo por donde ahora vas pasando, en el centro, donde los muertos quedaron sobre la superficie de la tierra, y sorpresa, en ella, señalizados, a cada lado de la carretera, hay 10 lotes de palma africana para cultivar.

Por supuesto, aunque no es prudente, quieres detenerte para hacer unas fotos. Consigues frutos de la palma, abandonados sobre la carretera, son frutos feos desde luego, son frutos que parecen poco cuidados. Tomas uno de los frutos, color corinto-sangre, cuando los balazos suenan imaginariamente adentro de tu cabeza.

–Esa finca es de Ottoniel Turcios Marroquín. Eso no es un secreto por acá–. El sargento, Felipe Villalobos, intenta explicarte en dónde exactamente te has bajado, lo imprudente e ingenuo que fuiste, lo peligroso que pudo haber sido todo. Él, el sargento, es el encargado del destacamento militar que fue instalado en El Naranjal apenas dos días después de aquella balacera. Está acá, junto con otros cinco militares, desde el pasado 2 de junio.

El sargento Villalobos te ubica –justo donde platicas con él y sus soldados– y te dice que este es territorio Zeta.

Entre 2006 y 2010, Otoniel “el Loco” Turcios, según información oficial, manejó una de las cuatro columnas de poder que los Zetas utilizaron para entrar en Guatemala, y su jefe absoluto, en aquel momento, el encargado de la toda la zona en Guatemala, era Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40. Turcios, dice Villalobos, siempre operó entre Alta Verapaz e Izabal al sur de Petén (tenía empresas de transporte y construcción, e incluso recibió contratos del gobierno), hasta que lo capturaron en Belice en octubre de 2010 y lo extraditaron a EE.UU. El sargento indica que Turcios dejó arrendada esa tierra en la que quedaron algunos muertos recientemente, la misma que tiene señalizados 10 lotes de palma africana.

“Turcios, al igual que muchos otros narcotraficantes de la zona, antes de ser capturados, ya eran todos unos pioneros de la siembra y el cultivo de la palma”, dice el analista político Miguel Castillo, analista y asesor para varias compañías de palma africana. Él te dice que sabe de casos donde las familias del narcotráfico tradicional han intentado vender palma a las compañías de la palma. Y también te comenta que “en nuestros análisis, como empresas de la palma, intentamos no estar cerca de estas personas, no vincularnos con narcotraficantes”.

Trabajar el monocultivo resulta una cuestión de riesgo. Un riesgo donde se pueden accionar las armas.

El sargento Villalobos te indica que la presencia del ejército en esta frontera entre Petén y Alta Verapaz fue algo necesario. Te ha dicho que de la balacera no se tiene información detallada todavía. “Lo que no sabemos es si se trató de una pugna entre mandos medios en la estructura de Turcios Marroquín, o si era una lucha por parte de campesinos en busca de terrenos que no tuvieran dueño”. Ambas cosas son posibles.

–¿Cree que los grupos familiares de narcotráfico tradicional están por completo debilitados en esta área? – la pregunta es dirigida al sargento Villalobos.

–Información de ese tipo no la manejamos. El ejército está en esta zona como medio disuasivo. Es cierto que estamos acá, en Petén, por cuestiones de narcotráfico. Pero también estamos para defender el Estado de Derecho. Invadir una finca, es violar ese derecho– comenta el sargento.

En estas regiones calurosas, un detalle que no deja de saltar a la vista, es que la gente, los soldados, los campesinos, los de a pie, ya ninguno tiene miedo a los narcos. Los nombres impronunciables de hace años simplemente son contexto, anécdota, historias para las tardes soleadas a la sombra de los árboles, han llegado al punto en que incluso pueden ser temas banales. Lugares comunes para la gente y los campesinos. Y como algunos nunca volverán por estar muertos o presos, León, Turcios, Lorenzana y otros, la gente usa sus historias para evitar el tedio de las horas, el ocio de las tardes.

Villalobos menciona todos los nombres de familias del narcotráfico cuando indica que una de sus órdenes (como ejército) es proteger las inversiones de desarrollo. Así el destacamento de El Naranjal, en San Luis, tiene la orden de proteger la inversión de la agroindustria. Y la orden presidencial, la más reciente, no ha sido otra cosa que la coordinación de la sexta y la primera brigada, Petén y Alta Verapaz, para que se combinen, para que ambas puedan incursionar en el territorio fronterizo de los dos departamentos. Justo entre la palma africana, el narcotráfico y los campesinos. En ese lugar de encuentro para todos.

9. Un área de inversión

Hablar de cualquier cosa con los empresarios en Guatemala que no sea para hacer publicidad de sus logros es toda una odisea. Tan solo consultar, pedir una cita, para que te cuenten su propia versión de las cosas, o cómo analizan conflictividades o riesgos, es una tarea imposible. Incluso si es algo importante que les afecta: los empresarios se vuelven crípticos. Se atrincheran. Hubo intentos, varios, largos, burocráticos e infructuosos de intentar hablar con Hugo Molina de Repsa S.A, Christian José Weisenberg de Tikiindustrias S.A., también con José María Kong de aceites Ideal y Naisa S.A., y con José Enrique Arriola Fuxet de Palmas del Ixcán. Nada.

Erasmo Sánchez, Gerente de Asuntos Corporativos de Naturaceites S.A., productores de Aceites Capullo, no obstante, sí estuvo anuente a hablar. Sobre todo cuando Naturaceites es una de las empresas que, luego de tener cultivos en San Marcos, Izabal y Alta Verapaz, recién llega a cultivar palma africana en Petén. Sánchez, dice, está interesado en ayudar a entender lo que sucede en ese lugar. En el área de inversión.

Una pregunta obligada: –¿Naturaceites S.A. tiene consciencia de los grupos de poder que se disputan algunos territorios en Petén?

–Nos interesa, ciertamente, una expansión en el área de San Luis– responde Sánchez. –Nuestra empresa se especializa en la producción de aceites para consumo humano. Nosotros no producimos agrocombustibles. Tenemos consciencia de que los terrenos son aptos para el cultivo de la palma, para la inversión. Sin embargo, algo como una evaluación de la gente que habita en estos lugares, quiénes son y qué hacen, no tenemos. No tenemos, si se quiere plantear de alguna manera, algo parecido a un “departamento de inteligencia”.

–No obstante, están enterados del conflicto reciente en la aldea El Naranjal (4 personas muertas) en una finca con palma africana, precisamente en San Luis.

–Conocemos de lo sucedido. Pero corresponder o actuar al respecto no es uno de nuestros rubros. Eso es responsabilidad del Estado.

–¿La palma africana de la finca invadida producía para Naturaceites S.A.?

–La información que tenemos es que el cultivo de palma en esa finca no está siendo tratada. No sirve. Son palmas que se van a desperdiciar. Y desde luego, la respuesta es no. No llega al área de procesamiento de nuestra empresa.

–¿Cómo funciona el proceso de la siembra, es decir, la dinámica de las tierras y propiedades con las que trabajan y de dónde obtienen el fruto para producir aceite?

–Existen tres modalidades básicamente. Uno es establecer alianzas con proveedores externos, nos llevan su cosecha, compramos su cosecha, y producimos el aceite. El otro es por arrendamiento. Y luego la compra de propiedades. Si se nos pregunta sobre si evaluamos a quiénes nos traen su cosecha, pues no lo hacemos, el Estado sería el responsable de darnos ese tipo de advertencias en caso sepan que se pueden dar anomalías.

–¿Tienen opinión sobre la manera en que los campesinos han ido vendiendo sus tierras?

–Como te decía el Estado es el responsable de mediar si hay anomalías. La adquisición de tierras, en lo que respecta a nuestra empresa, siempre ha sido legal. Si todo es legal, no veo el problema, estamos en nuestro derecho. Cuando se compra sí debemos estar seguros de que el título de propiedad esté en orden.

–El narcotráfico en Guatemala, en los últimos años, ha tenido importantes capturas. ¿Ven positiva para la inversión las acciones del Estado en el hecho de establecer seguridad?

–Sin duda es un fomento a la inversión. Naturaceites intenta evitar a toda costa mezclarse con personas y negocios de dudosa procedencia. La presencia del Estado al menos nos da una garantía para el resguardo de lo que se invierte.

La palma, está decidido, no piensa retirarse o replegarse en su método de producción. El área de inversión es más importante todavía que los mismos conflictos. La noción de “desarrollo”, el “progreso”, incluso es más grande que todo el territorio de Petén, en Guatemala. “E incluso”, dice Castillo, el analista de la palma, “posiblemente más fuerte políticamente que los otros grupos que están en pugna en ese territorio”.

10. Apenas algo de turbulencia

Estás de regreso en el ferry, en medio del río La Pasión. Todo cruje y todo se tambalea. Petén se corta acá en dos partes, es un impasse, aunque en realidad los cortes de este departamento, piensas, son más profundos y son extensos, históricos, actuales y en definitiva hay disputas sobre cada uno de los territorios que se crean en su gigantesca superficie. Entre q’eqchíes, entre finqueros-ganaderos, familias de narcotraficantes, empresarios de la palma, el oleoducto de petróleo, carteles recientes y violentos, ver los límites entre ellos es algo difícil de abarcar. A los costados observas las dos carreteras que cortan a Sayaxché por la mitad, hay una planicie, en el norte, y hay una pequeña y fea ciudad, en el sur, y piensas que en todo lo que hay detrás de ese paisaje únicamente hay una pieza que hace falta, una pieza importante, relevante, en todo ese rompecabezas que se reconfigura y se disputa a tu alrededor. Apenas te has topado con él y no ha sido relevante. El Estado. Y es cuando te dices que si no existe el Estado, otro, quizá con fuerza –balas, granadas y gasolina–, a lo mejor con intimidaciones –cercar, comprar, amenazar–, u organización comunitaria –territorialidad, tradición–, en definitiva, alguien más, terminará por asumir ese rol. Asumirá el control. Los demás deberán cumplir sus reglas. La duda que te queda sin resolver, desde luego, es lo que podría pasar más adelante. Narcotráfico, palma, campesinos organizados. Todos están allí, cerca, se rozan, respiran uno al lado del otro a la espera de tener que salir a reconocer sus territorios. En el río La Pasión, el ferry apenas deja una estela de turbulencia.

Guardianes satelitales

Vea la publicación original de este texto en CONNECTAS

Vea también los otros capítulos de esta serie:
1. La autopista de la selva I: Se abre el Amazonas
2. La autopista de la selva II: El largo recorrido de la Interoceánica sudamericana
3. La autopista de la selva III: Salvar a Madre de Dios
4. La autopista de la selva IV: Buena vía, mala vida

A mediados de los años noventa, una visita al norte de Bolivia le cambiaría la vida al economista Juan Fernando Reyes. En 1994 viajó a la ciudad de Cobija para acompañar un proyecto de educación ambiental, y descubrió, con sorpresa, que pese a la gran biodiversidad de la región, no había ninguna institución que trabajara en el tema ecológico. Para él, el tema ambiental es fundamentalmente una discusión económica: “¿cómo garantizar que los recursos sean sostenibles en el largo plazo con una población creciente?, ¿cómo se usan y distribuyen estos recursos?, ¿cuáles son los costos de su uso y quién los paga?“, se pregunta Reyes.

Fue así como en 1997 junto con seis amigos fundaron la organización Herencia, que desde entonces promueve el desarrollo sostenible de este sector de la Amazonía, y hoy es el más acreditado centro local de investigación ambiental.

Fueron las gestiones de Herencia, con el apoyo de la Wild World Foundation y la Fundación Alton Jones, las que hicieron una realidad la creación de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, una extensión de 760 mil hectáreas de bosque tropical que colinda con Perú. También tuvieron un papel protagónico, junto con el Museo Field, en la conformación de la reserva Bruno Racuá en el departamento de Pando. Para justificar estas reservas, los científicos de Herencia elaboraron detallados inventarios de flora y fauna, así como estudios socio-económicos de los habitantes. También realizaron varios encuentros con las comunidades para concertar cómo se protegerían las reservas.

Esta experiencia le ayudó a Herencia a conformar la más completa información cartográfica de la región, que contrasta con la carencia de información que existe en las oficinas públicas de gestión ambiental del departamento, donde ni siquiera se tienen a mano mapas de la región. Desde 2006, ven lo que pasa en la selva por medio del satélite brasilero CBERS, lo que para Reyes es un logro que fue posible gracias al trabajo en conjunto con iniciativas como la MAP. Las cámaras satelitales detectan el calor y así, identifican con facilidad los incendios, una práctica que se ha expandido en el Amazonas boliviano donde ya han sido más de 300 mil las hectáreas de bosque perdidas por esta razón. Nada más entre 2009 y 2010 las quemas en la Amazonía se incrementaron en un 400 por ciento en parte por la sequía y como resultado en gran medida, según Reyes por el impacto de la Interoceánica. Ahí es cuando los mapas de Herencia le sirven a los municipios para controlar a quienes estén quemando en una zona de reserva, pues en esos momentos a veces se requieren hasta actualizaciones diarias que se publican en su página.

Con las herramientas satelitales también le hacen seguimiento a la deforestación y degradación de los bosques. Sus mapas revelan, con claridad, cómo estos fenómenos avanzan a lado y lado de la carretera Interoceánica del Sur. También allí se ven los estragos que han causado en el bosque los madereros que tumban árboles sin control en la frontera peruana. Sólo en Pando se han deforestado 328.000 hectáreas, equivalentes al seis por ciento de su territorio. El 80 por ciento ha sido en la última década.

En sintonía con su objetivo de nutrir las políticas públicas con información científica de calidad, la información que Herencia produce cada vez sirve más para la planeación y el ordenamiento territorial de los municipios de la Amazonía.

Herencia, cuyos trabajos y equipo humano de 15 funcionarios de planta y varios otros consultores son financiados principalmente por Avina, Lidema y la Universidad de Florida, busca ahora usar sus metodologías para hacerle seguimiento a otras variables que revelen también la situación social de la gente en la región. Ya trabajan en indicadores socio económicos y otros ambientales como el agua y la polución del aire.

El nombre de esta organización fue inspirado en la capacitación inicial que fue la que llevó a Reyes y sus amigos a la zona , que tenía como nombre: “Nuestros Bosques, Nuestra Herencia” . Les gusto “porque significa, por un lado, lo que recibimos de nuestros padres y, por otro, lo que dejamos a nuestros hijos. Sería deseable dejarles un mundo mejor“, dice Reyes con la convicción de que en algo está aportando.

*Vea el quinto video que acompaña esta serie: “Perfil: Juan Fernando Reyes, Herencia “

Vea además los otros dos perfiles de los personajes de la sociedad civil que CONNECTA conoció durante su investigación:
1. Amazonas sin fronteras: Perfil de Foster Brown (Brasil)
2. La ley del monte: Perfil de Julio García Agapito (Perú)

Buena vía, mala vida

Vea la publicación original de este texto en CONNECTAS

Vea también los otros capítulos de esta serie:
1. La autopista de la selva I: Se abre el Amazonas
2. La autopista de la selva II: El largo recorrido de la Interoceánica sudamericana
3. La autopista de la selva III: Salvar a Madre de Dios

Los pueblos azules son la nueva forma de vida en la llamada pampa peruana de Madre de Dios en la vía hacia Puerto Maldonado. Los conforman centenares de construcciones endebles de palos y tablas recubiertas por una gruesa lona azul que, sola o combinada con hojas de palma, sirve de protector impermeable a la frecuente lluvia del Amazonas. Para los mineros son hogar suficiente mientras buscan fortuna en las minas de oro.

No hay orden en estos pueblos improvisados que crecieron de la noche a la mañana. Entre las viviendas y tiendas de víveres hay talleres que sueldan y reparan motores pegados a duchas y baños públicos y a prosti-bares como les dicen a las cantinas donde los hombres beben y fiestean, después de un día pesado de trabajo.

Guacamayo, la vibrante capital de los pueblos azules del Perú, toma su nombre de la otrora cristalina quebrada que ahora sirve como desagüe natural de la suciedad que produce esta población flotante que a veces alcanza las 30 mil personas, según calculan las autoridades locales. Al borde de la carretera, como si fuera una feria permanente, se mezcla el bullicio de música alegre con el ruido de motores de las decenas de camiones y de buses que traen y llevan provisiones y personal para las minas. El aire permanece cargado del olor que se desprende de los humildes comedores, que con coloridos anuncios compiten por la clientela ofreciendo cada uno la mejor versión de la famosa cocina peruana.

Para ingresar a estos poblados los vehículos deben pasar sobre gruesos troncos que hacen de puente sobre las profundas cunetas que separan al pueblo de la vía Interoceánica. A doscientos metros se llega a una plaza, que a juzgar por los arcos metálicos en los dos costados extremos, debe servir a veces como cancha de futbol. Apenas entra algún extraño, los mineros le advierten de mal modo que esos terrenos son privados. De la improvisada plaza se desprenden nuevas calles que llevan directo a los hoyos donde están explotando el oro. A medida que uno se aleja del pueblo azul, se ven menos mujeres. Traen mala suerte, dicen los mineros, y por eso las confinan a los campamentos.

Muchas de ellas no han llegado allí por su voluntad, si no que han sido reclutadas a la fuerza para la prostitución por las bandas tratantes de mujeres.

Los periodistas del portal peruano INFOS, aliado de CONNECTAS en este especial, entraron a uno de los doce campamentos de mineros que hay en el kilómetro 103, en la vía de Puerto Maldonado a Cuzco. Comprobaron cómo los dueños de los prosti-bares han traído con engaños de Puno y de Cuzco a varias mujeres y niñas. Sin saber a qué horas, terminan endeudadas, y sus patrones no las dejan salir hasta que no les paguen. Quedan allí atrapadas como esclavas sexuales o como trabajadoras forzadas, sin mucha esperanza de quedar libres pronto.

La gente no parece asombrarse de que esto suceda y los dueños de los lugares lo comentan con el mayor desparpajo. Según el Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines – (RETA) desde el 2004 hasta octubre de 2011 se habían registrado 1681 casos de denuncias de trata de personas. Desde esa fecha, la policía ha intensificado los operativos, ha rescatado a 104 menores de edad y ha capturado a 90 personas por el delito de trata de personas y proxenetismo.

No es el único delito que ha llegado por la vía con la bonanza minera. La gente de Puerto Maldonado recuerda con nostalgia las épocas no muy lejanas en las que caminar de noche o dejar la puerta abierta de la casa no era un problema. David Córdoba, que hoy trabaja como conductor de un hotel, cuenta que es frecuente escuchar de asaltos a mano armada, asesinatos, como el de un cambista de dólares sucedido hace un par de meses, o el de un desconocido que un minero mató por defenderse de un atraco. “Ahora tengo que andar más precavido”, se quejó.

Que la violencia crezca es lo que más preocupa a la gente que vive sobre la Interoceánica, dice Elsa Mendoza que es lo que diagnosticó desde 2004, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) donde trabaja. Madre de Dios es la región del Perú donde más aumenta la población. Puerto Maldonado ha duplicado su número de habitantes en los últimos cinco años, y hoy llega a 200 mil según cálculos de las autoridades locales. La gente viene en oleadas a buscar su Dorado, y el pueblo no está preparado ni tiene los recursos para crecer al ritmo que llegan. Por eso en los márgenes de la ciudad, empiezan a pulular los asentamientos subnormales, las invasiones en predios loteados como si fueran conjuntos residenciales, pero sin servicios, ni parques, ni vías. El agua llega clandestina por mangueras, no hay alcantarillado ni luz.

Según un estudio de la Dirección Regional de Vivienda sólo el 53 por ciento de la población en esta región está conectada a la red de servicio de agua, y de ellos sólo la mitad tiene algún sistema de purificación del líquido. De hecho en Iberia, la segunda población de Madre de Dios, sólo hay servicio de agua dos horas al día.

Los servicios de salud y educación también han colapsado, como dice un funcionario de la gobernación, y este año no tuvieron cómo suplir los 200 profesores que se requerían en las escuelas que antes se atendían con un solo docente.

Todos en la región reconocen el beneficio de tener por la Interoceánica una conexión más expedita con el centro del país. Antes había tramos en los que era imposible cruzar en vehículo y la gente usaba el “torobus”: un buey jalando una carreta por entre los lodazales. La cercanía ha servido para reducir el costo de alimentos pues antes sólo llegaban por avión y quedaban en manos de especuladores. Pero cómo no hay inversión social a la par con el aumento de la población, “sólo tenemos carretera y nada más” como dijo un funcionario de la Alcaldía en el fronterizo poblado de Iñapari.

Desde la construcción misma, la carretera le cambió la vida a la gente. Según el sacerdote de Iberia, René Salízar, en las audiencias públicas que hubo sobre los planes de la vía, la gente sólo quería saber cuánto le iban a pagar por trabajar en la obra, y apenas las máquinas arrancaron, los pobladores abandonaron sus actividades agrícolas. Cuando la carretera estuvo terminada, los trabajadores se pasaron a la minería, pues allí pagan el doble que en el agro. “No se consiguen personas que quieran trabajar en el campo” dice un funcionario de la Gobernación. Incluso muchos hogares se destruyeron, dice escandalizado el padre Salízar, “pues hubo mujeres que se fueron detrás de los recién llegados”. La gente además empezó a vender sus tierras a bajos precios y a mudarse a los pueblos. Hicieron un mal negocio, pues esas tierras se valorizaron con la nueva carretera, y muchos de los que abandonaron el campo están hoy desempleados viviendo en tugurios. Mientras tanto, el turismo ocupa muy poca mano de obra disponible. Entre los compradores de tierras hay varias empresas con planes de establecerse allí, pero que aún no se deciden porque el suministro de energía eléctrica es intermitente.

El presidente regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre, dice que “nunca se trabajó en paralelo la llegada de la carretera con proyectos productivos u otras actividades que sirvieran para desarrollar la economía de la región”. Las inversiones para el impacto social que traería la carretera fueron insuficientes. Este componente estaba ligado al ambiental y en total para los 2.600 kilómetros de la parte de la Interoceánica que cruza la selva, se invirtieron 18 millones de dólares. No quedaron suficientes recursos para que los municipios planearan el ordenamiento del territorio, y mucho menos para que construyeran obras de infraestructura de servicios.

Ahora el gobierno peruano tramita un nuevo préstamo de 16 millones de dólares, y discute con las comunidades cuál sería la mejor forma de mitigar los efectos sociales adversos de la Interoceánica. El Banco de Desarrollo de América Latina destinó un millón de dólares en cooperación técnica para apoyar una comunidad de criadores de alpaca en la parte de sierra de la carretera, para artesanos en la ciudad de Cusco y para fomentar buenas prácticas de ecoturismo en la zona de Madre de Dios. Aún si estos proyectos son exitosos, como aseguran los financiadores, a todas luces se quedan cortos frente a las necesidades de la región.

Migración desesperada

La Interoceánica ha servido también de entrada a Brasil de migrantes de toda América. Es el caso de más de 4.000 haitianos que llegaron huyendo de su país desde el año pasado, cuando allá circuló la versión de que como una muestra de solidaridad por el terremoto de 2010, Brasil había abierto sus puertas a quienes quisieran emigrar. Pero cuando los haitianos tramitaban su visa encontraron muchas trabas y requisitos. Entonces se volvieron presa fácil de los coyotes que por cuatro o cinco mil dólares le ofrecían a la gente una ruta segura hacia Brasil.

Muchas personas hicieron colectas familiares y exprimieron sus ahorros para embarcarse en una larga travesía que los llevó por avión primero a Panamá y luego a Ecuador, y de ahí, por tierra hasta Perú. Según sus testimonios, al cruzar la frontera entre Ecuador y Perú pagaron 150 dólares por un sello que les permitió ingresar. Luego tomaron la carretera Interoceánica hasta llegar a Brasil.

De esta manera, la mayoría de ellos llegaron a la población de Brasilea, esperando que allí, las autoridades se apiadarían y les darían los permisos legales de residencia en Brasil. Sin poderlos manejar, a finales del año pasado, Brasil cerró la frontera terrestre para los haitianos y 347 que estaban en la ruta no pudieron pasar de Iñapari, la población peruana fronteriza con Brasil que apenas tiene 1.500 habitantes.

Durante varios meses los haitianos vivieron de la caridad de los peruanos de este pueblo. La mayoría de ellos comunicándose con los locales sólo con señas pues sólo hablaban creóle. A comienzos de 2012, el río Acre que sirve de límite fronterizo entre Perú y Brasil, se desbordó e inundó esta población. Los haitianos agradecidos con la gente que les había ayudado, pusieron el hombro en la tragedia y muchos fueron adoptados por las familias del pueblo. La Iglesia Católica y el gobierno de Iñaparí y de Asís en Brasil también ayudaron, pero ninguno estaba en capacidad de sostener esta situación por mucho tiempo. Finalmente el gobierno brasilero les permitió el ingreso.

A la par, el gobierno facilitó la expedición de visas directamente desde Haití, y se llegó a un acuerdo con el gobierno peruano para que éste pusiera fin a la corrupción de los agentes en su frontera con Ecuador. No obstante, mientras se resolvía el problema de los 347, ya otros150 haitianos más habían llegado a Iñapari y esperaban también su permiso para entrar a Brasil. Esta vez hubo menos solidaridad, aunque una persona facilitó una casa abandonada para que la habitaran. Hoy viven allí hacinados y en cuartos de cinco metros cuadrados duermen hasta 18 personas. Aún así, sorprende la forma impecable en que visten. Ahora, tanto la Iglesia Católica, como el gobierno local están apelando al gobierno de Brasil para que los reciba.

Para 48 de ellos sonrió la fortuna, pues unos empresarios necesitaban mano de obra y les ayudaron con los trámites. El resto permanece en Iñapari con un futuro incierto. Mientras este tranquilo poblado espera que esta situación no le perturbe su característica paz, algo poco común en una frontera. Es tan tranquilo el pueblito que en las noches las familias brasileras del poblado de Asis van allí a reunirse.

El narcotráfico

Con la apertura de la carretera Interoceánica también se hizo más expedita otra ruta de tráfico ilegal: la de la cocaína, que va desde las montañas peruanas donde se produce, hasta las calles de Rio y de São Paulo donde se consume. Las autoridades han reforzado el control. Según cifras de la policía de Puerto Maldonado, en lo corrido del año han incautado 185 kilos de cocaína. La encontraron camuflada en el equipaje o escondida con ingenio en vehículos que intentaban burlar los estrictos controles en la frontera brasilera.

Sin embargo, lo incautado es apenas un pequeño porcentaje de la cocaína que pasa, pues cientos de mochileros cargados de droga avanzan por la interoceánica y luego atraviesan la porosa frontera entre Perú y Bolivia sin ser requisados. La gente pasa la droga por caminos informales de frontera. “No tenemos capacidad para cubrir toda la zona, son cientos de pasos, como caminos de hormigas”, dice un policía de la frontera en Bolivia.

Los asaltos que se dan entre traficantes para robarse la droga y sus ajustes de cuentas, ya han dejado este año 22 personas muertas en el departamento boliviano de Pando, según las autoridades de ese país.

Los tráficos ilegales de personas y de drogas, la violencia en pueblos que antes eran tranquilos, la inmigración desaforada, viviendas improvisadas y sin servicios, todas son consecuencias indeseables de la nueva carretera. Ante la falta de planeación y de inversión social adecuada, ésta ha traído un progreso loco, a veces criminal que, al contrario de lo que se esperaba, está haciendo que en la región selvática hoy se hable con nostalgia de la vida de antes que llegara el “desarrollo” de la vía.

*Vea el cuarto video que acompaña esta serie: “Atajo Internacional”

Salvar a Madre de Dios

Vea la publicación original de este texto en CONNECTAS

Vea también los otros capítulos de esta serie:
1. La autopista de la selva I: Se abre el Amazonas
2. La autopista de la selva II: El largo recorrido de la Interoceánica sudamericana

Cuatro escenas se repiten a lo largo de los 700 kilómetros de Amazonía que CONNECTAS recorrió en el corazón de Sur América a través de la Carretera Interoceánica y en su zona de influencia: desiertos mineros donde había selva tupida, parches de floresta calcinados, árboles mutilados y serpientes sobre el asfalto huyendo junto con otros animales salvajes de un hábitat que ahora les es hostil.

Así, el sector de Guacamayo de la selva peruana es hoy un arenal interminable amarillo claro, como la playa del mejor balneario. En dos años arrasaron las 20 mil hectáreas de bosques que había allí, de acuerdo con las autoridades locales. A unos ochocientos metros pasa un río turbio color ocre en cuya ribera intentan sobrevivir unas pocas plantas. Ya no se escucha el gorjeo de los pájaros, ni el zumbido de los miles de insectos que poblaban esa selva biodiversa. Ahora copa los oídos el ruido de bombas extractoras que lavan la tierra para que reluzca el oro escondido. Los únicos seres vivos son dos trabajadores descamisados que, desde una artesanal barcaza que flota en el agua estancada al fondo del hoyo de diez metros que ha dejado la bomba que succiona, vigilan la operación.

Los lugareños dicen que “playa adentro”, el paisaje es más desolador. A los pocos minutos de la pesada caminata en la arena sale al paso otro de los mineros. “No pueden estar acá, es propiedad privada” dice ofuscado. Custodia un rudimentario sistema de poleas que sube la tierra y la deja sobre una lona tensada que sirve de cernidor. El gobierno está cerrando minas ilegales y los afectados se han resistido con violencia. Por eso, cuando el minero va en busca de sus compañeros para encarar a los intrusos, es mejor retirarse. En este punto, como una ilusión, en el horizonte se ve la línea verde donde ha quedado la selva. Pero pronto estará más lejos.

Más adelante, al otro costado de la vía se ve la tierra aún humeante. Un perfecto rectángulo negro es como la huella de un gigantesco sello con el que alguien chamuscó todo. Unos pocos troncos ahumados son testigos de que aquí hubo vida. Paisajes carbonizados similares se ven una, y otra, y otra vez a lo largo del recorrido.
La frontera entre Bolivia y Perú, a la altura del caserío de Soberanía, está marcada por dos mojones en cemento que apenas se ven en la selva virgen. Este vasto sector es como recorrer una calle de Manhattan, pero en lugar de rascacielos, lo que hay son árboles inmensos a cada lado, de 40 y 50 metros de altura, y miles de mariposas aletean en las orillas como si se organizaran por colores, mientras un oso perezoso cruza la vía y huye a la máxima velocidad que le da su paso lento evitando los visitantes. Del lado boliviano queda la Reserva Nacional de Manuripi y en Perú, la Reserva de Tambopata.

Pero en esa frontera selvática en línea recta de 200 kilómetros no se dejan de escuchar las sierras eléctricas cortando la madera, sobre todo del lado peruano. Seguir el ruido para ubicar a una no es fácil porque el bosque al comienzo del trayecto es espeso. Aparece de pronto un manojo de pequeños caminos. El sonido pareciera venir desde el final de uno de éstos que termina en un claro. Allí al lado, yace tendido, derrotado, un pesado árbol del diámetro del abrazo de dos personas. Lo han convertido en un montón de tablas ordenadas según el espesor. La motosierra se apaga, parece que no le gustan las visitas. El guía, amedrentado, no quiso seguir. “Estos taladores hacen lo que quieren – dijo – van de un lado a otro de la frontera, sin Dios ni ley”.

De regreso a la Interoceánica, andando a toda velocidad por la maltrecha autopista que recorre la parte brasilera, en uno de los muchos brincos que da el automóvil por los múltiples huecos de la vía, el conductor grita emocionado: “¿No la vieron?, era una culebra gigante”. Su euforia se aplaca de inmediato ante los reclamos de los pasajeros. No se detuvo y acelera adentrándose por varios kilómetros en un paisaje de sólo llanuras. Allí alguna vez hubo selva. De pronto tuvo que parar para darle paso a un centenar de vacas que cruzaban la vía. Ahora son ellas las señoras del lugar.

Ganadería donde antes hubo fauna salvaje, quema, tala, minería, siempre ha habido de eso en esas selvas, cuenta la gente. Pero la destrucción se ha acelerado por la vía que acercó los mercados y atrajo a los aventureros, sobre todo en el lado peruano y en los 50 kilómetros a cada lado en todos los países, que según lo ha establecido el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam, por su sigla en portugués), es el área de influencia de esta vía.

En los planes, se había dicho que se tenía previsto que la Carretera Interoceánica, al igual que los otros ambiciosos proyectos de infraestructura para interconectar a América del Sur cumpliría “con las normas medio ambientales que garanticen un buen uso de todos los recursos naturales de la zona, permitiendo el control de los abusos que a veces se cometen con estos recursos de manera ilegal“. Pero en la práctica se ha visto que, a pesar de sus dimensiones –tres países, la financiación de la banca multilateral, y alto impacto sobre la frágil ecología amazónica — la planeación estratégica del impacto ambiental de la vía ha resultado miope y la gestión y el control, insuficientes. Las autoridades se han quedado cortas en hacer de este nervio conductor de la economía suramericana un proyecto ambientalmente sostenible.

No hay duda que con la interconexión que trae la Interoceánica, se abrirán mercados y se destapa el desarrollo económico, pero sin una decidida regulación y control, el costo que paguen las próximas generaciones puede ser demasiado alto. Como lo explica el experto forestal Marc Dourojeanni, autor del texto La Amazonía Peruana en 2021, en los países desarrollados construir carreteras no significa destruir recursos naturales, e incluso se hacen vías que atraviesan parques naturales sin dañarlos. En cambio con la Interoceánica, “en lugar de sólo permitir la comunicación entre dos puntos y el uso de tierras aptas para la agricultura previamente separadas para ese uso, la población se instala desordenadamente, en cualquier lugar y sin pedir permiso a nadie, muchas veces con el beneplácito de los políticos locales. Así se ocupan tierras indígenas, áreas protegidas y suelos sin capacidad de uso agropecuario, ocasionando una tremenda e inútil deforestación”.

Es tal el desorden que incluso las autoridades de la capital peruana evalúan denuncias según la cual parte de la misma maquinaria que fue usada para construir la vía terminó al servicio de la minería ilegal.

Traslape de concesiones

En el lado peruano, donde se ve mayor devastación con la carretera, hay un incentivo institucional perverso: el otorgamiento de concesiones para diferentes propósitos en zonas que se traslapan. Así, se cruzan las concesiones para explotación maderera, con las que tienen permiso para hacer minería; y de éstas con las áreas contempladas para ganadería, desarrollo agrícola o para la explotación de castaña, el ecoturismo y hasta para la exploración de petróleo. Estas zonas, a su vez, en ocasiones se sobreponen sobre reservas ambientales o resguardos de comunidades indígenas. “En su momento no hubo un trabajo conjunto de las entidades del Estado”, reconoce el presidente regional del Madre de Dios, José Luis Aguirre. Este desorden en las normas facilita la depredación.

Es lo que sucede en la margen izquierda de la Interoceánica en la vía que va a Cuzco. Allí está el área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, donde existían algunas concesiones para agricultura. Pero sus dueños entregaron sus fincas a los mineros, argumentando que como en zonas aledañas y en una vasta zona del otro lado de la vía había concesiones mineras, ellos también podían arrendar sus predios para minería. Así, de a poco, los exploradores de oro fueron colonizando, pero la fiebre subió a medida que subieron los precios internacionales del metal. Con la onza troy a 1900 dólares, incluso se volvieron a explotar minas que no eran rentables cuando ésta valía por debajo de los 500 dólares hace cinco años.

Era relativamente obvio anticipar las dificultades que habría por estos traslapes, y resolverlos antes de que la vía empeorara los conflictos. Sólo con fortalecer el catastro, y cruzar en un mapa la información de las distintas concesiones ya se habría avanzado mucho. Según Eleonora Silva, Directora Representante del Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento, CAF), este fue un componente del préstamo por 18 millones de dólares adicionales que su entidad hizo al gobierno peruano para financiar el programa de gestión ambiental y social.

Los recursos se invirtieron principalmente en clarificar la propiedad de los ocupantes de los territorios a lo largo de la vía, pero no alcanzaron para resolver el problema de los traslapes de las concesiones. El gobierno local dice que espera que se haga una revisión respetando los títulos de acuerdo con la antigüedad, siempre y cuando se cumplan los mandatos del ordenamiento territorial que hace poco elaboraron.

Poca plata

Los críticos aseguran que de todos modos 18 millones de dólares no son suficientes para manejar el impacto ambiental de una obra que costó 2.800 millones. Un estudio de la organización peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) asegura que el monto del presupuesto destinado para programas de manejo ambiental y social en carreteras similares, según los estándares regionales, oscilan entre el 5 y el 20 por ciento del costo total de la obra. Para el caso de la Interoceánica, éste apenas fue del dos por ciento del presupuesto inicial y, encima, la obra terminó costando tres veces más. El presidente regional Aguirre dice que además de poco, el presupuesto “lo manejaron desde Lima y poco o nada llegó a Madre de Dios. ¡El dinero se habrá quedado por el camino!”.

Según la publicación del DAR, el programa ambiental fue orientado a mitigar los daños y no a promover el desarrollo. La representante del Banco de Desarrollo que puso el dinero para el programa de manejo ambiental, prefirió no comentar el informe pues, según ella, DAR lo hizo sin contrastar la información con ellos. Sin embargo precisó que el aporte del Banco cumplió con las normas sociales y ambientales, y que el programa ejecutado ayudó, entre otras cosas, a la administración de Áreas Naturales Protegidas y a crear de nuevas áreas de este tipo. También dijo que el programa ambiental buscó fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas nacionales y regionales responsables del manejo, prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales indirectos generados por la construcción. “Fue algo que se hizo en todo momento en diálogo con las regiones”, dijo Silva.

Es importante resaltar que cuando comenzó la carretera, Perú no contaba con un Ministerio de Medio Ambiente, de ahí que manejara todo a través de una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura que hoy desapareció. Además en ese momento el país recién comenzaba su proceso de descentralización. Por ello, a sabiendas que de la eficiencia e independencia de los gobiernos locales depende mucho del control y la gestión ambiental, el Banco de Desarrollo viene fortaleciendo varios programas de gobernabilidad y gerencia política para líderes regionales en reconocidas universidades de Lima.

Existe, sin duda, una tendencia mundial a que los financiadores de carreteras contemplen en sus presupuestos sobre todo el impacto ambiental directo, como es la disposición de residuos de obra, la construcción de pasos adecuados de quebradas, entre otros, y destinen menos recursos para los impactos indirectos, como son los descritos en esta nota. Asumen que la deforestación, el mal uso de suelos, la contaminación por minería y demás, entran dentro de las responsabilidades generales del Estado y no se le pueden cargar a un proyecto de por sí, costoso. No obstante, en América Latina donde son limitadas las capacidades de los países, esta clase de proyectos transnacionales y de interés continental brindan una buena oportunidad para generar transformaciones emblemáticas en el territorio. Hacer las cosas con los mínimos presupuestos posibles significa perder oportunidades para saltos reales en el desarrollo de América Latina.

Desde hace dos años, Perú adelanta el papeleo para un nuevo crédito por 16 millones de dólares para mejorar la gestión ambiental, pero el proceso está frenado en debates internos sobre qué dependencia nacional manejaría los recursos, y cuál sería el papel de los gobiernos locales.

Extracción desmadrada

Mientras tanto, las actividades no autorizadas de extracción de madera andan desatadas. No faltan las leyes que prohíben la tala indiscriminada, pero ante la débil o nula supervisión, y la corrupción, las normas efectivas se quedan sólo en el papel. De acuerdo con la Ley Forestal peruana se pueden otorgar concesiones forestales de hasta 40 mil hectáreas y, antes de la carretera, en Madre de Dios, estaba permitido extraer hasta 5.000 pies tablares por viaje. Pero ahora se autorizó sacar cuatro veces este volumen por viaje.

Según funcionarios locales a cargo del medio ambiente, esto no significa una licencia para mayor deforestación, sino que la medida va atada a otros controles para fomentar la existencia de bosques certificados. En la zona se trabaja bajo la figura de “cuarteles de corta”. Esto significa que el territorio concesionado se divide en una cuadrícula de 20 espacios, y el titular de la concesión sólo puede talar los árboles en uno de estos espacios, cosa que pasen veinte años antes de que se vuelva a talar un mismo cuadro. Se considera que el bosque se recupera en este tiempo.

En teoría, al menos, el modelo parece viable, pero en la práctica, los planes de manejo se aprueban en la región, pero la supervisión de que estos se cumplan la hace una entidad nacional que no tiene la capacidad operativa para controlar desde Lima lo que sucede en los bosques peruanos. Adicionalmente, existe otra dependencia para manejar especies de alto valor protegidas por convenios internacionales por estar en vías de extinción, como la caoba, por ejemplo. Este andamiaje, además, no cuenta con los recursos ni el personal para atender semejante responsabilidad.

No es sólo un tema de ineficiencia, también la corrupción en el sistema de concesiones en Perú impide que se protejan los ecosistemas. Eso fue lo que encontró una investigación periodística realizada por la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency EIA, en inglés), una organización internacional aliada de CONNECTAS en este reportaje, que lucha contra la delincuencia ambiental y defiende la naturaleza. Esta agencia documentó en una treintena de casos, algunos en Madre de Dios, cómo dueños de concesiones sacan madera como si proviniera de su bosque certificado, pero que en realidad la han sacado de otros predios o de Reservas Naturales. Funcionarios del gobierno local confirmaron que esta práctica se viene dando y que quieren poder realizar más visitas a los predios para confirmar qué se está extrayendo de cada cuál.

Parte de la madera que roban traficantes peruanos viene del lado boliviano. Sin ninguna delimitación real de la frontera, los taladores entran por las mejores especies, y esto causa conflictos sociales graves. Por ejemplo, Julio García, teniente gobernador de la población de Alerta en Perú, fue asesinado en 2008 cuando trató de interceptar un camión que sacaba sin permiso caoba del vecino país (ver perfil).

Con la Interoceánica, también ha crecido el número de caminos que penetran cada vez más adentro la selva virgen. Utilizando imágenes satelitales, la antropóloga Angélica Almeyda, en su trabajo de doctorado sobre deforestación y desarrollo de infraestructura en esta región del Amazonas, presenta cómo se han multiplicado estas rudimentarias vías de acceso desde 1990 que pasaron de 4.686 kilómetros a 11.045 en 2007.En los últimos cinco años de acuerdo con un levantamiento realizado por la WWF se puede ver cómo este crecimiento es exponencial. La llegada de la Interoceánica genera un verdadero efecto de espina de pescado a sus costados. En sus estudios Almeyda, colaboradora de CONNECTAS en este reportaje, demuestra cómo en la medida en que se reduce el tiempo de desplazamiento para salir a los centros más poblados, se aumenta la deforestación. Estos senderos además les coartan la movilidad libre a los indígenas originarios de Madre de Dios que aún sobreviven allí y que rehúyen al contacto con la vida moderna.

En no pocas ocasiones los destrozos los han causado decisiones tomadas en Lima, sin mayor reflexión sobre su impacto en la selva. Así en 2004, el gobierno permitió la extracción maderera en las concesiones de castaña y para cuando derogó la medida en 2007, ya era tarde, y largas franjas a los costados de la carretera quedaron peladas. Con la adecuada planeación y con resiembra esto hubiera podido arrojar otros resultados. Ahora en algunos de estos parches se ha comenzado la siembra de papaya y naranja, una actividad que en los locales genera gran expectativa.

Un impacto similar tuvo la decisión oficial de finales de los años ochenta de darles vacas a las familias colonas para que tumbaran bosque e impulsaran la ganadería. Acabaron con el bosque y no prosperaron porque el suelo se agotó. Pero ahora, nuevos colonos se han animado al conquistar terrenos para la ganadería pues ven mejores perspectivas, con fertilizantes más sofisticados y semillas más resistentes a mano, y con el ejemplo de los vecinos brasileros que convirtieron enormes bosques en productivos pastizales para su ganado.

Iniciativas verdes

No todo es deterioro y pérdida ambiental en el corazón amazónico entre Bolivia, Perú y Brasil. Hay en los tres países ejemplos de cómo si se maneja bien el bosque, la llegada de la carretera puede mejorarles la vida a la gente de la región y a los países en general.

Así, en algunos lugares de Bolivia la gente está explotando la madera en forma comunitaria y racional. Es el caso del poblado de Soberanía donde el Estado otorgó 26.000 hectáreas a 50 familias para que explotaran el bosque. Como parte de un plan operativo ambiental, elaboran un estudio que localiza cada árbol en la geografía. Así, se define qué madera se puede extraer, se paga por los derechos y se verifica en terreno que efectivamente esos hayan sido los árboles talados.

Otras buenas experiencias se encuentran del lado peruano en la frontera con Brasil, en la población de Iñapari. Allí de acuerdo a la información suministrada por la Alcaldía existen cinco empresas a cargo de 600 mil hectáreas certificadas y con permanente supervisión. Además de ser las mayoras generadoras de empleo de la región, comenzaron procesos semi-industrializados para procesar la madera allí mismo. Aunque aún queman combustible para generar la energía que requieren para sus procesos industriales, esto se solucionará cuando a la zona llegue la energía eléctrica en forma constante. Estas empresas de banqueros estadounidenses e ingleses y de inversionistas chilenos, según dijo la Alcaldía, también están explorando la posibilidad de conservar bosques para poder vender certificados de captura de carbono en el mercado internacional.

En Brasil y en Perú, la producción de castaña ha probado ser una actividad económica que en la selva puede ser, a la vez, rentable y ambientalmente sostenible. Cada año, entre diciembre y marzo estos árboles, muchos de ellos centenarios, sueltan un coco donde se alojan las semillas de la rica nuez. En la zona de Madre de Dios existen más de 1.200 concesiones de castaña cuyas beneficiarias son principalmente familias de la región. El año 2005 fue, por ejemplo, muy bueno para esta actividad, pues Perú exportó 18 millones de dólares en esta nuez proveniente del Amazonas. La carretera hace más viable aún el negocio, pues abarata los costos de transporte y facilita la apertura de mercados para el producto. Y a la vez que la producción crece, el bosque se mantiene intacto, pues al conservar los castaños, también se preservan los bosques que lo rodean. Además, alrededor de esta producción se han organizado varios productores que son activos social y políticamente.

La vieja explotación del látex natural del árbol de caucho o siringa, que se había abandonado, cuando aparecieron los materiales sintéticos en el mercado, y que ha empezado a retomar vuelo en los tres países, es otra economía que puede ser rentable y sostenible en la selva. Comunidades en reservas forestales, como la de Manuripi en Bolivia, han encontrado en el uso de nuevas técnicas que les permite sacar un producto de mejor calidad, sin dañar los árboles. En Perú, la carretera ha atraído otra vez a inversionistas franceses interesados en explotar el caucho y venderlo en el comercio internacional con sello verde, como garantía para quién lo compre que está respaldando una actividad económica que protege el Amazonas.

A pesar de que la castaña y el caucho son producciones sostenibles, ahora con gran potencial en el Amazonas gracias a la Interoceánica, cuentan con muy poco respaldo oficial. Si los gobiernos ayudaran a mercadearlas internacionalmente, haciendo énfasis en cuánto contribuyen a la preservación de la selva más importante del planeta, los productores podrían venderlas a mejores precios y podrían tener más estabilidad pues hay momentos en que este producto puede lograr precios que rondan lo nueve dólares el kilo, y otros donde no pagan más de dos.

El ecoturismo abre otras posibilidades de desarrollo sostenible. Y está creciendo a pasos gigantes. Cada día aterrizan en el aeropuerto de Puerto Maldonado en Perú, cinco vuelos que suman un promedio de 350 personas, principalmente turistas extranjeros. Uno de sus visitantes recientes, en octubre de 2011, fue el británico Mick Jagger, la leyenda del Rock y la noticia ha atraído más turistas.

Otros visitantes también llegan por la nueva carretera desde Cuzco hasta el puerto selvático, y cuenta con 16 viajes de buses a la semana cubriendo esa ruta. Sin embargo, aún hay mucho campo para crecer, pues la mayoría de los turistas brasileros van por Puerto Maldonado sólo de paso hacia las ruinas de Machu Picchu y la bella Cuzco, y muchos de los extranjeros que sí llegan en avión, son llevados directamente a los alojamientos ecológicos y poco gastan en el pueblo.

La carretera que conecta a los tres países podría ser una bendición de desarrollo económico, y aunque suene paradójico una buena excusa para mejorar el manejo ambiental y la protección del bosque. Pero eso requiere mejor legislación, más recursos y mayor visión para impulsar las buenas iniciativas. El presidente regional del Madre de Dios, José Luis Aguirre no es optimista. Dice que hay demasiados poderes, que los mineros impiden que jueces y fiscales protejan el delicado ambiente y que, encima, el gobierno central los ha abandonado a su suerte. “Me siento desesperado, perseguido – dice. Si no se le da el verdadero impulso y apoyo económico estratégico, vamos a sucumbir frente a las mafias que operan aquí. Estoy pensando hacer un llamado internacional para salvar a Madre de Dios”. Ojalá su llamado aquí consignado tenga eco.

*Vea el tercer video que acompaña esta serie: “Canto de Motosierras”

El largo recorrido de la Interoceánica sudamericana

Vea la publicación original de este texto en CONNECTAS

Vea también La autopista de la selva I: Se abre el Amazonas

El 11 de Agosto de 2004 los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; de Perú, Alejandro Toledo y Carlos Mesa de Bolivia pusieron la primera piedra para construir un puente de 240 metros sobre el río Acre, en la frontera entre Brasil y Perú. En esa ceremonia se destrabó por fin un sueño que los países suramericanos habían acariciado por muchos años: contar con una carretera que uniera al océano Atlántico con el Pacífico por el centro de Suramérica.

Un año después de que su país aportara 12 millones de dólares, Lula y los presidentes vecinos inauguraron el puente. “Estamos transformando en realidad el inmenso potencial de cooperación… trabajamos para garantizar que la Amazonía no siga siendo una región marginada”, dijo el Presidente brasilero en un discurso que parecía prematuro, pues entonces faltaba construir y adecuar 2.600 kilómetros de carretera en el lado peruano, parte de ésta atravesando selva.

La idea de construir semejante obra nació hace tres décadas, cuando los gobiernos militares de Brasil abrieron varias vías para llegar a sus pueblos más apartados, y los peruanos hicieron otras para conectar la selvática región de Madre de Dios al suroriente, con su zona andina central, que incluía hacer el puente sobre el río que le da el nombre al departamento en la capital, Puerto Maldonado. Para ello transportaron hasta allá unos gigantescos armatostes metálicos, pero la obra no se hizo y éstos quedaron arrumados oxidándose por varios años. El gobierno de Alberto Fujimori mejoró estas vías en los años 90, pero nunca llegaron a ser realmente transitables.

En 2000 el gigante suramericano le dio un impulso definitivo a la carretera. El entonces presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso convocó a la primera reunión de presidentes de América del Sur y lanzó allí la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que busca integrar la región desarrollando la infraestructura de transporte, energía y comunicación. Esta incluía convertir esas vías que habían construido los gobiernos en medio de la selva en una gran carretera interoceánica, además de otra cincuentena de proyectos que sobre todo le permitirían a Brasil conectarse con un continente frente al cual había estado siempre de espaldas.

Brasil avanzó rápidamente con su parte. En 2002 ya había pavimentado la vía hasta la frontera con Perú, pasando al lado de la población de Cobija en los límites de la selva boliviana. En Perú, dificultades de presupuesto y normas adversas demoraron el megaproyecto. Por fin, el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) consiguió que el Congreso declarara la continuación de la Interoceánica del lado peruano como obra de necesidad pública y esto le facilitó contratar la construcción.

Por los afanes políticos, el proyecto se sacó adelante con premura, y luego, aparecieron mayores valores por fallas en la ingeniería y surgió la polémica de si los estudios de impacto ambiental y social no se habían quedado cortos frente a una obra que afectaría un amplio sector del Amazonas. De hecho esta es la única vía que cruza el pulmón del mundo.

Como Perú no tenía los 820 millones de dólares que costaba hacer la carretera de su lado, desde la selva hasta la costa Pacífica, Brasil le prestó más de la mitad del dinero y los otros 300 millones los buscó en la banca internacional que exigió una garantía por ese valor que fue otorgada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que luego cambió de nombre a Banco de Desarrollo de América Latina. La más grande multinacional constructora de Brasil, Odebrecht, lideró junto con otras firmas de ese país, los consorcios que ganaron los cinco tramos en que fue dividida la concesión de la vía peruana que fue adjudicada por 25 años. Según los contratos, en los primeros cinco años los concesionarios construirían la carretera con los recursos obtenidos por Perú, y en el tiempo restante, se financiarían la operación y mantenimiento con el recaudo en peajes.

Cerrado el negocio se desató el debate político y llovieron las presiones sobre el gobierno de Toledo. Mientras unos alegaban que el proyecto vial más grande del Perú era en realidad una carretera para los brasileros, en el sur, los pueblos empezaron a competir para que la vía pasara por sus territorios. Al final se decidió que desde el punto conocido como Puente Inambari, la carretera se parte en dos ramales, uno que va al puerto en San Juan de Marcona, otro a los puertos de Ilo y Matarani, todos sobre el Pacífico. Finalmente las máquinas comenzaron sus trabajos en 2006.

Dos años después, el gasto de la obra superaba en un 50 por ciento lo previsto, sobrepasando los 1.200 millones de dólares. El escándalo hizo que el entonces presidente Alan García acusara a su antecesor de haber engañado al país, denunció la adjudicación de los contratos y anunció que buscaría nuevos constructores. Cuando bajó la espuma del alboroto político, los contratos siguieron igual, y el Banco de Desarrollo de América Latina le prestó a Perú 200 millones de dólares para continuar.

Resultó una ironía que quién más le sacó ventaja política a la Interoceánica fue el presidente García. Durante su mandato no desaprovechó las varias inauguraciones de puentes y tramos de la vía, para reclamarla como obra suya. En la inauguración final, en julio de 2010, cuando dio por terminada la obra al cortar la cinta en el famoso puente sobre el río Madre de Dios, a la salida de Puerto Maldonado, a donde habían llevado décadas atrás las enormes estructuras metálicas, García dijo: “Sé que esta es una de las más grandes obras que mi gobierno podía hacer por el pueblo del Perú y por su futuro. Tal vez es la más trascendental y la más importante”.

Este Puente Continental con 723 metros, el más largo de Perú, era la conexión vital que hacía falta para que la Interoceánica fuera una realidad. No obstante, el día que García lo inauguró sólo estuvo habilitado de manera provisional por dos horas. Apenas pasó la ceremonia, la gente tuvo que volver a las precarias barcazas de siempre. La precoz inauguración desató otro escándalo por el protagonismo de García y llevó al ex presidente Toledo a enfrentársele reclamando la paternidad del proyecto, y la pugna duró varios días, según lo registraron los medios peruanos.

Finalmente a mediados de 2011 y a una semana de la posesión del actual presidente peruano Ollanta Humala, un año después de la inauguración oficial, quedó por fin terminada la esperada Interoceánica Sur de 5.404 kilómetros, a un costo en el lado peruano cuatro veces mayor que el planeado. Según reportes de prensa, la obra supera los 2.800 millones de dólares, poco más de un millón de dólares por kilómetro.

La promesa de progreso

Para hacer una omelet usted tiene que romper algunos huevos“, le dijo el Presidente Toledo al diario estadounidense San Francisco Chronicle, cuando estaba intentando defenderse de las duras críticas de los ambientalistas que veían los riesgos que traería para el planeta hacer una carretera que atravesara el frágil ecosistema del Amazonas. Con apenas un año de haber entrado en servicio, ya se advierten los daños ambientales y los problemas sociales que ha traído la carretera a la otrora tupida Amazonía peruano-boliviana. El magro presupuesto de 18 millones de dólares que contempló el proyecto para amortizar el impacto ambiental y social de la inmensa obra, a todas luces no ha sido suficiente.

La principal promesa de la carretera era que traería progreso económico. Hasta ahora los productos de la región de Acre de este país, como la soya, tenían que recorrer 26.300 kilómetros para llegar a los puertos en China, con un costoso paso obligado por el Canal de Panamá. Con la nueva carretera esta distancia se reduce a 17.500 kilómetros como lo muestran las ilustraciones del South American Project (SAP), aliado de CONNECTAS en este reportaje. En el otro sentido de la vía, Perú puede sacar sus productos a menores costos hacia África y Europa, embarcándolos directamente en los puertos brasileros en el Atlántico.

Se espera que la Interoceánica también mejore el comercio entre Brasil y Perú, que hoy prácticamente tienen fronteras abiertas, y entre éstos con Bolivia que está a un paso de la vía. Se presume que crezcan también las oportunidades comerciales para Chile al que la nueva vía puso apenas a 21 horas por carretera del mercado de 200 millones de consumidores brasileros. Incluso, puede abrirle ese mercado también a Ecuador que ahora está a poco más de dos días de distancia.

Se supone obviamente que el mayor provecho económico de la vía lo sacarán los estados fronterizos Madre de Dios, en Perú; Acre en Brasil; y Pando en Bolivia, conocida como la Región MAP, pues los conecta entre sí y con las economías nacionales. En Madre de Dios, por ejemplo, la gente podía demorar hasta una semana en temporada de lluvias para llegar a Cuzco, la joya del imperio Inca, y ahora en auto particular pueden estar allí hasta en ocho horas.

A pesar de las expectativas, al recorrer esta cinta de asfalto de 8.20 metros de ancho en medio de la selva, como lo hizo CONNECTAS, se avanzan kilómetros y kilómetros sin que aparezca un alma. Quizás con un año de puesta en servicio, es apresurado esperar ver ya un vibrante tráfico de camiones cargados de productos. Apenas si están pasando en promedio unos 160 vehículos de carga al mes – la mayor parte llevando madera hacia el Pacífico – y unos 640 de pasajeros, según dijeron funcionarios del peaje en el kilómetro 73 en la pampa peruana, punto de cruce de tránsito en cualquiera de las direcciones. Este peaje sólo tenía tres meses de instalado cuando los reporteros de CONNECTAS pasaron por ahí. La CAF, con base en cifras del concesionario, dice en sus reportes que en 2009 el promedio diario de vehículos en la vía era de 1.622. Una cifra de fecha anterior a que se terminara la obra y que no especifica si había tránsito internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió oficialmente que “el tráfico registrado en 2011 corresponde a los valores esperados en 2015“.

En el puesto de aduana peruano el funcionario de turno fue aún más pesimista con las cifras: dijo que en los últimos tres meses no han pasado más de 300 camiones hacia el Perú con mercaderías varias, y con tubería y maquinaria y otras herramientas para los mineros de la pampa, muchos de los cuales están explotando oro sin permiso. Según él, lo que más se transporta hacia Brasil es el cemento y algunos pocos productos agrícolas.
Bolivia, en cambio, sí ha sacado ya una ventaja contante de la vía. Una vez por semana una caravana de ocho carrotanques parte cargada de gasolina desde la capital boliviana, La Paz, cruzan al Perú por Juliaca, toman toda la Interoceánica, cruzan al Brasil para luego retornar a Bolivia y suministrar el combustible a la ciudad de Cobija. La enorme vuelta se justifica por las pésimas condiciones de las vías entre los Andes y la selva en Bolivia. Pero como la gasolina es más barata en Bolivia que en Brasil, tienen que poner militares a custodiar el descargue en Cobija, para evitar que se lleven el combustible de contrabando a Brasil.

Son tres las razones que explican por qué se ha demorado en despegar la soñada bonanza comercial que se cree traerá la carretera entre los tres países. La primera es que no hay acuerdos para que el cruce de frontera seá más expedito. Los peruanos se quejan de controles excesivos. Carlos Miguel Ríos, administrador de la transportadora Civa una de las de más trayectoria en la región, cuenta que para cruzar tiene que presentar certificado de la fiebre amarilla, hacer inmigración en la frontera y luego tener otro control en Rio Branco además de los registros de aduana. “El trámite es muy engorroso. A veces argumentan razones fitosanitarias y uno no puede pasar la mercancía. Aquí el único beneficiado es el narcotráfico que ahora quedó con una vía expresa. Con una carretera así casí que deberían desaparecer las fronteras“, dice el transportista.

La segunda es que en teoría se hace barato llevar la carga de Brasil a los puertos peruanos, pero como el vehículo que lleva la carga suele regresar vacío, pues este país exporta mucho menos, el flete se vuelve muy costoso. El saldo comercial es negativo para Perú. Al terminar 2011, las empresas brasileras le vendieron 2.450 millones de dólares al Perú y en cambio Perú apenas le exportó a Brasil 1.267 millones de dólares. Por último, para los conductores no es fácil llevar los gigantescos camiones articulados brasileros por las angostas carreteras andinas peruanas en los avances de la vía hacia Juliaca en el sur del país, donde según tranportistas locales, existen tramos aún donde las curvas son tan estrechas que casi ni los buses de pasajeros largos pueden pasar.

El transporte de pasajeros, en cambio, anda mejor. Desde Brasil, dos líneas hacen el recorrido trasnacional hacia Lima, al centro del país. Una sale cada quince días de Sao Pablo a Lima y la otra viaja dos veces por semana entre Rio Branco y Cuzco. En el lado peruano, hoy son 16 las rutas de buses por semana del interior del país hacia Puerto Maldonado, cuando antes no había ninguna. Esto último confirma que, por ahora, la vía ha beneficiado sobre todo a la otrora aislada región de Madre de Dios en Perú.

La estrategia de desarrollo de la Iniciativa para la Integración Suramericana (IIRSA) planteó que con la realización de la carretera crecerían las ventas de nuez de Brasil, ganado, maíz, caucho, y de pescado cultivado en estanques. En el terreno, ya se aprecian nuevas inversiones en cultivos de caucho y acuicultura. Los documentos también previeron que habría una mayor actividad minería y se explotaría más madera, pero la bonanza ha sido sobre todo de minería y deforestación ilegales que están dejando un gran saldo en rojo en materia social y ambiental en la región.

El IIRSA también planeó construir hidroeléctricas multinacionales. Una de ellas, que implicaría construir un gigantesco embalse en la zona entre el Puente de Inambari y Juliaca, ya tiene un convenio firmado en 2009 por los presidentes García de Perú y Lula de Brasil, y ratificado por un decreto de urgencia en enero de 2010 en el país andino. El pequeño problema que tiene es que para hacer esta gigante generadora de energía para Brasil, tendrían que inundar por lo menos cien kilómetros de la carretera recién terminada. Sin duda, un nuevo reto para las políticas de desarrollo con las que se adelantan estos megaproyectos en América Latina.

*Vea el segundo video que acompaña esta serie: “El héroe olvidado”