Suspensión de encuestas ENUT y EANNA: la política pública decide no ver la sobrecarga del trabajo de las mujeres

Funcionario del INE vendía información confidencial a importantes empresas privadas

El fallido Censo de 2012 –anunciado como “el mejor en la historia de Chile” y declarado “ilegal” por la Contraloría General de la República en junio pasado– significó un duro golpe para la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A casi dos años de que se conocieran los hechos, nuevos antecedentes a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta de una serie de irregularidades –entre ellas, la venta de información del rubro lácteos y cecinas, cuya reserva está garantizada por ley, a Nestlé y Cecinas San Jorge– que indican que aún no se han resuelto todos los problemas que provocaron la crisis de ese organismo público en 2013.

Los problemas ahora descubiertos tienen a un funcionario de planta del INE como protagonista, el ingeniero agrónomo Héctor Velis Miranda (65 años), quien habría cometido estos presuntos ilícitos desde 2009, los que podrían configurar los delitos de: violación de secreto estadístico, infracción a la propiedad intelectual, falsificación de encuestas y de firma, y malversación de fondos públicos.

cajas.censoSegún la información disponible en la página web del INE (Gobierno Transparente), Velis ingresó al organismo público en 1992 y hasta hace solo semanas –acaba de ser  suspendido de sus funciones– se desempeñaba como “jefe Producto Empresas Pecuarias”,unidad dependiente del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias. En ese rol, recibía un sueldo de $2,7 millones. Pero sus ingresos no se agotaban allí.

Los antecedentes revisados por CIPER, indican que Velis habría recibido dineros extra –aún no cuantificados– por diversas “asesorías particulares” a distintas empresas e instituciones del ámbito privado, las que incluían la elaboración y venta de “informes de coyuntura” y de encuestas con información reservada del INE. Entre las empresas que habrían pagado por esos informes –con datos “nominados” (con el nombre de la empresa) sobre los mercados en los que participan y sobre sus competidores– estaría la multinacional Nestlé y Cecinas San Jorge, ambas líderes a nivel nacional en el segmento de lácteos y cecinas, respectivamente.

Se sospecha, además, que el funcionario habría manipulado los resultados de una encuesta oficial del INE –la de “Industria Láctea Menor”– introduciendo información falsa. Y ello, porque más de una docena de los encuestados originalmente por el INE señalaron que los datos que entregaron no correspondían con los que quedaron registrados en los folios, y dos de ellos acusaron no haber sido visitados en el último año.

La encuesta se realiza con una periodicidad trimestral y tiene como objetivo “obtener información confiable y representativa que permita complementar la información de la industria láctea, para facilitar la toma de decisiones en políticas de producción, tanto en el ámbito público como privado”. Entre los principales usuarios de esta encuesta se cuenta al Ministerio de Agricultura, la Oficina de Estudios y  Políticas Agrarias (Odepa), el Banco Central, la Federación de Productores de Leche (Fedeleche), universidades y empresas del sector.

El 14 de julio, el INE puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La causa quedó a cargo del fiscal Víctor Vidal, quien ya dio una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

SECRETO ESTADÍSTICO

La madeja de irregularidades comenzó a desenredarse hace algunos meses, cuando funcionarios del INE se percataron que una de las encuestas que el organismo elabora trimestralmente (“Industria Láctea Menor”) contenía graves inconsistencias. “Nuestro sistema de monitoreo arrojó evidencia concreta de que había una situación que ameritaba una investigación”, señaló a CIPER la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark (ver recuadro).

Pero fue la confesión de un funcionario del INE –Marcel Araya, subordinado de Velis y uno de los encargados de realizar esa encuesta– lo que hizo que ese hallazgo se convirtiera en un problema aún más grave. En el relato que entregó al jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias, Julián Pradenas Salazar, Araya acusó hostigamientos y abusos reiterados de parte de Velis desde al menos 2008. El relato del funcionario quedó por escrito y allí se lee:

A fines de 2008, aproximadamente, el señor Héctor Velis comenzó con un comportamiento muy abusivo hacia mi persona. Me enviaba a hacer depósitos a su banco, a comprar su almuerzo, y me sentía obligado a acompañarlo al Metro y llevarle su maleta. Siempre dándome a entender que debía estar bajo sus órdenes o si no podía perder mucho”, acusó Araya.

cecinasA poco de haber ingresado como funcionario al INE, en 2007, Araya señala que Velis comenzó a asignarle nuevos proyectos, entre ellos, distintos rankings de producción de la industria láctea y de cecinas. Asimismo, que recibía constantes presiones de su jefe para tener la información lista con mucha anticipación a los plazos regularmente establecidos por el organismo.

El señor Velis me solicitó encuestar por correo electrónico y teléfono a 20 empresas de la industria de cecinas, las mayores productoras. No me parecía bien hacerlo ya que el producto (la encuesta) se levantaba semestralmente. Me contestó que necesitaba llevar un historial de cada empresa para poder revisar y no cometer errores”, dijo el funcionario.

Araya acusa que junto al ranking, Velis le exigía elaborar estadísticas anexas, como tabulados con la producción “por categoría de producto” de las 20 empresas de cecinas, y la participación de mercado de cada una de ellas. Todos ellos son datos bajo secreto estadístico, consagrado en la Ley 17.374 del INE, el que obliga a los funcionarios del organismo a “no divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades”. Lo anterior es un punto clave del problema, porque las empresas están obligadas a responder la encuesta del INE bajo la garantía precisa del secreto en que se mantendrán sus respuestas.

Según el relato de Araya, en 2009 Velis le pidió acompañarlo a una diligencia. Fue entonces cuando habría descubierto el destino de la información paralela que su jefe le pedía levantar constantemente. “Me pidió que lo acompañara a anillar un boletín y me di cuenta que era el informe de cecinas trimestral, por empresa. Puso el boletín en un sobre y me pidió que lo acompañara en el auto. Se dirigió a la empresa Cecinas San Jorge y se lo entregó directamente al gerente general”, cuenta Araya en el relato que entregó a sus superiores. Dice además que denunció el hecho ante quien era entonces la jefa directa de Velis (Diana Trujillo Cerda), pero que el tema quedó “en nada”.

El usufructo particular de Velis con los datos y recursos del INE no habría terminado allí. Habría hecho lo mismo, y de modo sistemático, con otras empresas e instituciones. Entre ellas, aparece la Universidad de Los Lagos, a la que le habría entregado en marzo de 2015 dos encuestas, una sobre productores lecheros y otra sobre productores hortícolas de la Región de Los Lagos; y una empresa –Quality– a la que en octubre de 2014 se le habría hecho llegar una “encuesta de cultivo”. Araya reconoce que por este último trabajo recibió de manos de Velis $75 mil, por concepto de “digitación de encuestas”.

NESTLÉ BAJO SOSPECHA

Entre las tareas que Velis le asignó a Araya, estaba la confección de la encuesta “Industria Láctea Menor”. Paralelamente le pedía rankings de “producción de leche” y tabulados de “leche regional” y “elaboración de productos”. En el descargo ante sus superiores, Araya no especificó a quién iba dirigida esa información, aunque insistió en que, al igual que sucedía con las encuestas de cecinas, Velis solicitaba los informes con mucha anticipación a los plazos oficiales en los que éstos debían estar listos.

Nestle SA reported a two per cent fall in first-half net profitPero en el computador que Velis utilizaba en el INE sí quedaron rastros del posible destinatario de esos sensibles informes. Según dos correos electrónicos que CIPER revisó, desde al menos 2009 Héctor Velis forjó una estrecha relación con un alto ejecutivo de Nestlé: el coordinador de Estrategia y Política Lechera de la multinacional, Marcelo Alonzo. Según su Linkedin, Alonzo aún se mantiene en el cargo.

En noviembre de 2009, Marcelo Alonzo le escribió al ex jefe del INE para indicarle que para recibir sus honorarios debía estar inscrito como proveedor, y le adjuntó un formulario para tales efectos. El trato de Alonzo hacia Héctor Velis era de confianza.

Tito, hay que concretar trámite de crearte como proveedor de Nestlé para que sea posible el pago. Sin eso es imposible cualquier pago. Por favor llena la ficha y la envías”, le advierte Alonzo. “Anularé la boleta emitida para mandarles otra”, respondió Velis.

Y así lo hizo. Velis mandó la ficha (ver ficha) y envió su boleta. Desde entonces, el funcionario del INE pasó a formar parte de la extensa red de proveedores de Nestlé. Aún no se conoce cuánto dinero pagó en total esa compañía a Velis por los informes y con qué periodicidad. Sí hay evidencias de que esos pagos se extendieron hasta hace poco. El 10 de septiembre de 2013, Velis emitió a Nestlé una boleta de honorarios por $111 mil, con la glosa: “informe coyuntura láctea” (ver boleta).

En agosto de 2014, Nestlé, junto a otras tres compañías (Soprole, Prolesur y Watt’s), fue denunciada por la Federación de Productores de Leche (Fedeleche) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por “atentados contra la libre competencia”. En el libelo, Fedeleche acusó a estas empresas de “impedir sistemática y permanentemente que el mercado de compra de leche cruda en Chile funcione competitivamente. Esto lo han logrado ejerciendo su poder de compra en directo beneficio suyo y en directo perjuicio de los productores y del mercado lácteo en general”.

Según el organismo denunciante, el perjuicio que habría causado Nestlé a los productores de leche cruda ascendería a US$ 188 millones. Nestlé contestó a la demanda acusando a Fedeleche de querer “transformar al TDLC en el árbitro final de los precios de leche cruda”, rol que le corresponde a la libre competencia del mercado.

FALSIFICACIÓN DE ENCUESTAS

En julio pasado, el INE presentó los antecedentes ante el Ministerio Público con las irregularidades detectadas en la unidad que dirigía Héctor Velis. A las pruebas se sumó un informe preparado por el jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias, Julián Pradenas, en el que se resume la serie de ilícitos en los que habría incurrido el funcionario.

Uno de los más graves –y que de acuerdo al INE fue detectado tras la aplicación de las medidas regulares de control del organismo– incluye la falsificación de los resultados de una encuesta altamente sensible para los productores de leche y la industria láctea en general: la Encuesta de la Industria Láctea Menor, la que cuenta entre sus objetivos específicos: “aportar antecedentes que permitan disponer de fundamentos sólidos para la formulación de políticas públicas de desarrollo del rubro y satisfacer las demandas de información de los industriales lácteos que requieren de medidas de apoyo a su actividad”.  

Tras contactar a 93 de los 129 encuestados, el organismo descubrió que al menos una docena de encuestas presentaban datos falsos: “13 de los informantes indicaron no tener los mismos datos o incongruencias notorias respecto de lo registrado en las bases, sumado a afirmaciones de parte de los informantes que aseguran no haber entregado tales datos e inclusive no haber sido visitados (dos casos)”, dice el informe de Pradenas. Uno de ellos, insistió, además, en que desde hace dos años no se dedicaba al rubro lácteo y que nunca firmó la encuesta.

Al menos 6 de las 13 encuestas falseadas, contienen datos de productores lácteos de las regiones de Los Lagos y de Los Ríos, donde se comercializa cerca del 70% del volumen de leche cruda que se produce en Chile. El precio que allí se obtiene es el que en gran medida determina el precio de la leche cruda para el resto del país. Lo que los tribunales deberán esclarecer es si tras la manipulación de los datos de la encuesta, hubo intención deliberada de introducir distorsiones artificiales en el mercado para favorecer intereses particulares.

Fuentes ligadas a la industria de los lácteos señalaron a CIPER que el mercado de la leche, específicamente de la compra de leche cruda, es por lo general poco transparente y que esto contribuye a oscurecer aún más el panorama. “Los datos manipulados sirven para pretender una realidad distinta y eso puede ser usado por las grandes empresas para argumentar algún tipo de tendencia que favorezca sus objetivos”, señaló un conocedor de la industria que pidió reserva de su nombre.

El informe del jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias del INE, Julián Pradenas, concluye que en la falsificación de esas trece encuestas se podría configurar el ilícito de malversación de fondos públicos y fraude al Fisco. “Las 13 encuestas con datos no idénticos fueron canceladas por la modalidad de contrato a honorarios suma alzada (HSA), es decir, pago por encuesta levantada y, para el caso particular de la Región de los Ríos y para el funcionario de la Región Metropolitana, se autorizó además cometido y viático para dicho levantamiento”.

En las irregularidades que se desprenden de la aplicación de ese instrumento estadístico a cargo de Héctor Velis, aparecen otros cuatro funcionarios –de planta, a contrata y a honorarios– involucrados, entre ellos el propio Marcel Araya.

En el informe también se consigna la presunta violación del secreto estadístico, a partir de las encuestas sobre la industria de cecinas que Velis instruyó realizar a Araya desde 2009. “Según lo descrito por el Sr. Araya, dicho informe (Encuesta de Industria de Cecinas) fue realizado trimestralmente a solicitud jerárquica del Sr. Velis para fines particulares. En la supervisión interna del INE se ha podido constatar que dicho informe contiene información detallada de las 20 empresas más grandes del rubro que pertenecen al directorio del INE. El informe detalla por nombre de la empresa los datos de producción, por categoría de productos, y la participación en detalle interna y nacional de dichos productos. Lo anterior vulnera a cada empresa, toda vez que provee a su competencia de datos sensibles y confidenciales de esta misma”, escribió Pradenas.

La revisión del INE además estableció que la elaboración de las dos encuestas para la Universidad de Los Lagos, se hizo como “asesorías particulares” del funcionario, utilizando para ello recursos públicos (horas hombre e información oficial levantada por el INE). “Al comparar la encuesta INE de Bovinos con la elaborada por el Sr. Velis, ésta coincide en forma idéntica en un 73%, lo que podría suponer una infracción a la propiedad intelectual”, dice el informe que entregó Pradenas a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

EL FEUDO DE VELIS

Quienes han trabajado en el INE, coinciden en que Héctor Velis era una persona “difícil” y que desde hacía al menos unos cinco años concitaba sospechas sobre el manejo que hacía de la información que debía producir y cautelar. “Llevaba muchos años trabajando en el organismo y él estaba consciente de que era casi imposible que lo despidieran”, contó a CIPER un ex funcionario que pidió reserva de su identidad. Otros lo califican como una persona “de mal trato.

Las mismas fuentes cuentan que para el cambio de gobierno en 2010, Velis vio la oportunidad para finalmente ascender a puestos directivos del INE. Pero el funcionario, que para entonces llevaba 18 años trabajando en el Instituto Nacional de Estadísticas, no se movió de su cargo. “Eso le generó resentimiento”, señala un ex miembro del INE.

ine-585x365Hace algunas semanas, Héctor Velis fue suspendido de sus funciones a la espera de los resultados de un sumario que el organismo instruyó cuando se detectaron las anomalías y de la investigación que inició el Ministerio Público.

Las descripciones que varios funcionarios hacen de Velis y los antecedentes que hoy salen a flote, plantean una interrogante. ¿Cómo hizo el funcionario para mantenerse por tanto tiempo liderando una unidad sensible del INE sin recibir mayores cuestionamientos?

La respuesta, según fuentes consultadas por CIPER, estaría en el hecho de que la unidad en la que trabajaba Héctor Velis se manejaba como un feudo. “El presupuesto de ese departamento no proviene del INE, sino que de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura. Por eso el departamento siempre se ha manejado como una unidad independiente”, señala un funcionario que pidió reserva de su identidad.

Según el presupuesto del INE de 2013, la Odepa le transfirió ese año casi $350 millones, correspondientes al 1,5% del presupuesto total del organismo ($24 mil millones).

Con el control de ese feudo, Velis contrataba a sus amigos para hacer encuestas. A veces él y otros funcionarios hacían las encuestas por su cuenta y se pagaban el doble”, señaló a CIPER un funcionario.

DIRECTORA DEL INE: “LA MANO DURA PARA SANCIONAR LAS MALAS PRÁCTICAS EXISTE

-¿Qué medidas ha tomado el INE en este caso?
Activamos una serie de procedimientos. Primero, detectada la información, iniciamos un sumario interno. En paralelo, por la connotación del hecho, hicimos la denuncia al Ministerio Público. También suspendimos al funcionario de su cargo. Eso es lo que podemos hacer por el momento.

-¿Qué plazos se manejan para concluir el sumario?

Ximena Clark
Ximena Clark

Los plazos son complejos de definir, porque si se va adjuntando más información, se van alargando. Lo que sí puedo decir es que en el contexto del sumario, todo lo que amerite ser investigado lo vamos a investigar, y toda esa información va a ser traspasada a Fiscalía.

-¿Cuándo se encendió la alerta al interior del INE por este caso?
Desde el año pasado estamos embarcados en un proceso de modernización integral, desde gestión de personas, mejoras de procedimientos y planificación, hasta incorporación de nuevos productos y mejora continua de la calidad de los productos. Esta última pasa, entre otras cosas, por tener sistemas adecuados de supervisión, monitoreo y control de todas las fases involucradas en un proceso estadístico. Y fue precisamente la aplicación de ese monitoreo lo que nos alertó sobre este caso puntual.

-¿La alerta se activó por los controles regulares del INE o por la confesión de un funcionario a sus superiores?
La declaración del funcionario fue posterior a la alarma que nuestro sistema de monitoreo arrojó con evidencia concreta de que había una situación que ameritaba una investigación. Aquí han ocurrido varias situaciones. Entre ellas, un cambio de jefatura –a nivel de subdirección– que permitió introducir cambios en los procedimientos. Y eso facilitó la activación con efectividad de esos procedimientos de monitoreo. El que tengamos hoy esta situación, es producto de que el sistema funciona.

-¿Cómo golpea este caso al INE y a su administración?
Así como yo he sido muy enfática en defender el trabajo serio y comprometido que tienen muchísimos funcionarios de la institución, asimismo estoy haciendo valer todos los procedimientos para sancionar a quien no se comporte como un funcionario público sujeto a una legislación que sanciona, entre muchas otras cosas, el secreto administrativo. En ese sentido, la mano dura para sancionar las malas prácticas existe y va a existir siempre. En este caso, hemos hecho valer todas las facultades que la ley nos entrega para resguardar que la institución siga funcionando con estándares de calidad y credibilidad.

Comisión parlamentaria responsabiliza a ex director del INE por irregularidades del Censo

Descargue el Informe Final de la Comisión

El voto de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) fue determinante en la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, por siete sufragios de la Nueva Mayoría contra seis del oficialismo, le asigna responsabilidades administrativas al ex director del organismo, Francisco Labbé, en irregularidades detectadas en el proceso del Censo 2012.  El informe también cuestionó a su sucesor, Juan Eduardo Coeymans, por “haber sido errático y poco claro sobre las vías de solución para remediar los problemas identificados”.

La votación se llevó a cabo el miércoles 8 de enero de 2014 y a ella no pudo asistir el diputado independiente Miodrag Marinovic, quien mandató a la diputada Alejandra Sepúlveda para reemplazarlo en la comisión investigadora. Al votar por el informe propuesto por el diputado (DC) Juan Carlos Latorre y su colega PPD Ramón Farías,  la presencia de la parlamentaria permitió destrabar el empate que se había producido en esa instancia, pues la derecha y la oposición tenían seis votos y cada sector presentaba conclusiones distintas.

Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Censo 2012, presidida por Juan Carlos Latorre

En el informe de mayoría se constató que es “responsabilidad del ex director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera S.E. el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares –Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.

El documento se hace cargo de cada uno de los aspectos denunciados en el primer reportaje de CIPER que destapó las irregularidades del Censo 2012. Advierte, por ejemplo, de las contrataciones a honorarios de Juan Pablo Raide Prunes, Antonio  Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali sin que se hubiesen efectuado verdaderamente los servicios que se les encomendaron, esto con la finalidad de pagar las asesorías de Maximiliano Raide Prunes.

Maximiliano Raide, uno de los principales asesores del ex director del INE, Francisco Labbé, no aparecía en ninguna dotación del organismo, pese a que gozaba de todos los privilegios de los miembros de su plana ejecutiva. Y como no poseía título profesional se ideó un mecanismo para poder pagarle a través de otras dos personas un sueldo que ascendía a $3.900.000.

“Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a esta Comisión Investigadora. Sólo la Sra. Mariana Alcérreca quien ejercía el rol de “gerente” del INE y el ex jefe de gabinete del Director Raúl Sepúlveda Faúndez, dieron cuenta de conocerlos, ya que ellos mismos solicitaron al ex director Labbé que estos asesores asistieran a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y acallar las molestias que existían por parte de los funcionarios del INE ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución”, señala el informe de la Cámara de Diputados, que debería votarse la próxima semana en la sala.

ESTRUCTURA PARALELA

La comisión investigadora del INE constató que con la llegada de Maximiliano Raide en  2012 se gestaron diversas decisiones en forma paralela al equipo directivo del INE, mientras que la gestión del director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del organismo al momento de opinar y tomar decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE.

Maximiliano Raide

“En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE participaban su ex Director Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Sr. Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Sr. Maximiliano Raide Prunes y Sebastián Mathews. Entre este grupo de personas, se tomaban decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron”, indica el informe.

A través de declaraciones de invitados a las sesiones de la comisión, la comisión estableció que “existía un ambiente laboral de mucha tensión en el INE durante la administración del ex director Labbé, principalmente debido a que este fue excluyendo a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones técnicas que a la larga fueron las que llevaron al fracaso del proceso Censo 2012. Dicho ambiente fue generando conflictos dentro de la institución, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE”.

Los diputados advierten que dicho ambiente laboral se mantiene en la actual administración del director Juan Eduardo Coeymans, ya que se ha establecido “una nueva estructura que no ha tenido interrelación fluida con los demás departamentos técnicos del INE”, en especial en el proceso de revisión y elaboración del plan de acción para corregir los errores del CENSO.

CAMBIO DE CENSO EN 25 DÍAS

La decisión del cambio de metodología del Censo 2012, es decir pasar de un censo de hecho (se pregunta dónde se pernoctó la noche anterior) a un censo de derecho (se consulta dónde habitualmente vive la persona), también fue abordada por la comisión investigadora. Y al igual que la comisión de expertos que analizó la encuesta nacional y el director de Celade, Dirk Jaspers, determinaron que ésta fue “una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.

Francisco Labbé, ex director del INE

-La decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo -señala el informe.

Advierte que desde que la Comisión Nacional Censal consideró y hasta que se consolidó administrativamente dicho cambio, sólo transcurrieron 25 días, con lo que se dejó de lado más de cuatro años de preparación.

“La posibilidad de cambio se comienza a vislumbrar recién el día 20 de agosto de 2011, fecha en la que el Sr. Labbé, su asesora Mariana Alcérreca y el jefe del Censo, Sr. Carrasco, concurren a una reunión con el Ministro de Economía, Sr. Longueira, donde, entre otras materias, se le explica la diferencia entre un Censo de derecho y de hecho –antecedentes preparados sólo por Alcérreca, sin sustento de ningún equipo técnico del Servicio”, indica el texto de la comisión.

Según testimonios e informaciones recopilados por la comisión investigadora, la motivación principal del cambio de metodología del Censo 2012 habría sido impulsada por “la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”. La participación de los voluntarios y en especial de los estudiantes de educación secundaria, correspondía a más del 75% del personal requerido.

La responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de metodología, según los antecedentes constatados por la comisión, recae principalmente en el ex director y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron de las reuniones: Eduardo Carrasco, jefe de censo; Mariana Alcérreca, asesora del director; Lucas Palacios, asesor de la Dirección de Presupuestos, y el asesor de la Presidencia de la República, Fernando Zavala.

MORADORES AUSENTES

La comisión investigadora constató que fue decisión del ex director del INE el incorporar en las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012 una proyección de los “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas eran imputaciones y no personas efectivamente encuestadas. El informe parlamentario señala que Labbé tomo esa decisión a pesar de la recomendación y prevención realizada por los equipos técnicos, respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos que en estos se había incorporado una proyección de “moradores ausentes”.

“En abril de 2013, nuevamente se publican las cifras, pero sin hacer mención a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, destaca el informe.

El documento consigna que en el libro que se entregó al Presidente Sebastián Piñera el día de difusión de los resultados finales del Censo, en ninguna parte de su contenido se señala la operación de imputación que se realizó, tendiendo siempre a que se entendiera que la población efectivamente censada era de 16,6 millones, de tal manera que con ello se constatara una baja omisión.

-La ex asesora del sr. Labbé, Mariana Alcérreca, dio cuenta ante la Comisión que hizo gestiones ante el jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Economía, Sr. Vicente Correa. Y se reunió en Minecon (Ministerio de Economía) con él y junto a la directora subrogante Sra. Julia Ortúzar, para comunicar lo inadecuado de la imputación y forma de comunicar cifras, de acuerdo a lo señalado por ella, para “proteger al Presidente de la República”-, señala el texto.

La comisión destaca que sólo a través del reportaje realizado por CIPER se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada, sino que en la cifra dada a conocer por el primer mandatario también se encontraban las imputaciones mencionadas.

Además, se responsabiliza al ex director Francisco Labbé por no resguardar el secreto de los resultados del Censo, así como no proteger datos sensibles.  “En ese sentido, sin perjuicio de los protocolos existentes, respecto de la filtración de los datos del Censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y lo que es más grave, frente a requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado dilatando la decisión y cuestionando la solicitud del profesional”, establece el informe.

Si bien los diputados valoran la evaluación del trabajo censal, realizados tanto por la comisión nacional como por la internacional, adhirieron a las conclusiones de la comisión de expertos nacionales en un punto  relevante como la omisión censal calculada en un 9,3 %.

“Considerando además los informes del consultor (Eduardo) Arriaga y del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, (del INE), podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia, concluye el informe de la comisión investigadora.

 

 

 

Director de Celade: “Lo mínimo que se debe hacer es un conteo de la población”

Aunque Dirk Jaspers lleva 29 años en Chile, su español mantiene el peculiar timbre de un extranjero que ha incorporado ciertos chilenismos en su vocabulario. Como director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), conoce a cabalidad las características de la población de nuestro país y durante cuatro décadas ha estado vinculado en conciliar los datos que han arrojado los censos de 1982, 1992, 2002 y también deberá validar los del controvertido Censo 2012. Aún no está resuelto si lo hará en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o será en forma paralela. La decisión está hasta el 10 de marzo en manos del director del INE, Juan Eduardo Coeymans, pero será finamente el próximo gobierno de Michelle Bachelet el que defina cómo se actuará frente a lo que había sido proyectado como “el mejor censo de la historia” y que en opinión de este demógrafo holandés debe repetirse o lo mínimo hacer un conteo de la población, en el corto plazo.

CIPER lo entrevistó el último día de 2013, oportunidad en que Jaspers realizó un análisis de cada uno de los informes elaborados para evaluar el Censo 2012, observando contradicciones notorias. Y llegó a la conclusión que la propuesta de Coeymans de realizar un conteo en 2016, en la práctica, es lo mismo que propuso la comisión externa al plantear un censo abreviado en los próximos años. La diferencia radica sólo en el número de preguntas, que en el caso del conteo es menor que las de un censo común.

En medio año más, cuando la conciliación censal esté terminada a nivel nacional (tarde 26 semanas), el director de Celade ya no ostentará ese cargo, pues a esa altura tendrá 60 años y se habrá jubilado de la Cepal.

¿Qué consecuencias tendrá para el país si el nuevo censo no se realiza pronto?

Vamos a tener estimaciones de la población, sobre todo a niveles comunales, con grados de error que pueden ser en algunos casos muy grandes y con todas las consecuencias del caso en materias de transferencias económicas, en  inversiones en educación y, salud, entre otros.

Chile se ha destacado desde hace tiempo por ser un país caracterizado por la seriedad e imparcialidad de sus estadísticas. ¿Cómo han afectado las controversias primero con la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (Casen) y luego con el Censo 2012 para su imagen a nivel internacional?

El caso de la Casen en particular no involucra directamente al INE si no a un conjunto de instituciones. En cuanto al Censo 2012, como aún no están presentados internacionalmente los resultados, no muchos en el exterior conocen el detalle de los problemas que ha habido. Por lo tanto, las estadísticas de Chile internacionalmente no están desprestigiadas y hay tiempo para recuperar la confianza que se podría haber perdido, por lo menos a nivel nacional. Pero eso depende de la política que va a seguir el INE de aquí en adelante.

El director del INE, Juan Eduardo Coeymans, se ha mostrado reacio a realizar un nuevo censo pronto y ha asegurado que hacerlo el 2016 sería un desastre.

Es muy contradictorio su planteamiento, porque mientras propone realizar un conteo el año 2016 –que en la práctica es lo mismo que un censo, pero con menos preguntas–, asegura que requiere cinco años de preparación para un nuevo censo y por eso debería ser el 2020. Lo mínimo que se debe hacer es un conteo porque necesitamos tener una estimación actualizada de la población, tanto nacional, pero sobre todo también a niveles subnacionales. Eso ya lo estableció la comisión externa en la que Cepal participó a través de Magda Ruiz (coordinadora del área demográfica e información sobre población de Celade). Durante los meses que trabajó esa comisión, mantuve con frecuencia reuniones con Magda y creo que hicieron un trabajo muy serio al preguntarse cuáles son los objetivos y para qué es el censo.  Ellos llegaron a la conclusión de que el Censo 2012 tiene demasiados defectos, por lo cual recomendaron hacer uno nuevo, sea tipo conteo, abreviado, y completo en el momento lo más cercano posible. Aunque ellos mencionaron 2015 o 2016, la fecha debe ser evaluada por el INE, pero el hecho es que se requiere hacer un nuevo conteo a la población. Eso es así de categórico. Y ahora implícitamente lo ha dicho el INE. Aunque no de manera explícita, lo está reconociendo al proponer que se haga un conteo en el año 2016.

Es decir estamos frente a un problema más bien semántico que práctico.

Obviamente que un conteo no implica tanto trabajo como un censo completo, pero de todas formas significa censar a toda la población y disponer de una cartografía adecuada, que es uno de los trabajos más laboriosos y que toma más tiempo.

Dirk Jaspers, director de Celade

¿La cartografía no está disponible con la labor que se realizó en el Censo 2012?

Ese es otro tema. Cuando se argumenta que para hacer un nuevo censo se necesitarían cinco años, implicaría que no hay nada hecho, que se debería empezar de cero. Entonces me pregunto: ¿Todo lo que se hizo para el 2012 no sirve de nada, tienen que empezar de cero? Hay una serie de contradicciones que yo no me explico.

El departamento de Demografía del INE también recomendó realizar un nuevo censo abreviado y afirmó que los datos recogidos en el proceso tienen problemas de coherencia, cobertura y calidad.

Ese es un problema dentro del propio INE. El documento presentado hace un par de semanas por el departamento de Demografía a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, es un trabajo serio.

¿Qué le parece que la comisión de expertos internacionales haya validado los datos que emanan del Censo 2012 y dejado fuera de su análisis el tema de la omisión, que según la comisión nacional alcanza un 9,3%?

Eso último llama mucho la atención. Y existe una contradicción de la comisión internacional, pues mientras dice que el sistema de estadísticas vitales no se puede usar al igual que la encuesta de post empadronamiento, plantea que no hace falta un nuevo censo. Esa contradicción de la comisión internacional la veo también en la interpretación que hace el INE al acatar mucho el informe de esa comisión.

En este último tiempo, ¿la administración del Juan Eduardo Coeymans se ha contactado con Celade?

No. Solo nos encontramos durante la Conferencia de Estadísticas de las Américas realizada en la Cepal. Ese fue el último contacto, en el mes de noviembre del año 2013. En esa ocasión me informó que estaba a la espera del informe de la comisión internacional y me invitó a revisar ese documento. Me dijo que después nos íbamos a juntar para ver el proceso de conciliación censal, pero hasta la fecha no hemos tenido comunicación.

El director del INE dijo que ese proceso de conciliación censal podía esta vez realizarse con Celade o con otros organismos, como Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en diversos proyectos.

He leído esa información. Y me parece bien, porque mientras más opiniones técnicas haya, mejor. Ahora, el proceso de conciliación ya lo inició el departamento de demografía del INE al comparar el Censo 2012 con los censos anteriores y llegó a conclusiones bastante claras: el Censo 2012 no aporta mucho, no hay mucho que conciliar con los otros censos. Hay un gráfico muy claro donde se compara los censos de 1992, 2002 y 2012 por grupos de edades. Por ejemplo, toman al grupo de edades 10-14 del año 1992; 20-24 y 30-34. Las cohortes (o generaciones) para 1992 y 2002 son muy coincidentes, pero el grupo 30-34 en 2012 queda muy por debajo, como si se hubieran muerto un montón de personas o si mucha gente hubiera emigrado. Entonces da la sensación de que el Censo 2012 no ayuda mucho a mejorar el conocimiento que tenemos de la población de Chile por edades y sexos.

¿Qué significaría para el diseño de políticas públicas conservar los datos del Censo 2012 hasta el año 2020, como plantea el director del INE?

Este es un problema a nivel nacional y si vamos a nivel de comunas las diferencias pueden ser feroces. Si uno piensa en las implicaciones, las transferencias de recursos financieros hacia las comunas, el factor población y sus características es uno de los elementos clave. Las transferencias sectoriales de vivienda y de salud dependen de la población y son inversiones a nivel local. Se debe tener mucho cuidado en malgastar los dineros del Estado, pues si no se sabe con exactitud las características de la población, los dineros podrían llegar a destinos equivocados. Por eso siempre digo que el censo es baratísimo y si yo fuera ministro de Hacienda propondría realizar cada tres años un censo, de forma tal de estar más seguro de que la plata llega al destino esperado.

Hay propuestas de realizar los censos cada cinco años.

Siempre como parte del Celade hemos dicho que el espacio de diez años es demasiado. El último informe del INE hace una crítica a las proyecciones  comunales. A ese nivel es muy difícil proyectar la población, por lo que puede haber errores enormes. Entonces, si proyectas la población de una comuna por 10 años, el error que estás cometiendo puede ser altísimo y con ello el destino de los recursos igualmente va a ser equivocado. De ahí que es mejor realizar un conteo inter censal, como lo están haciendo algunos países. Hace décadas estoy promoviendo el conteo inter censal y no solamente para mantener actualizado las estimaciones de la población, sino también para mantener actualizada la cartografía. Así las encuestas por muestreo también son mas aceptadas, más representativas, porque el marco muestral después de diez años también aumenta sus errores. Además, dado que cada diez años se hace un censo, del equipo que trabaja después para el próximo censo quedan muy pocos. Es decir, se pierde la memoria institucional, por lo que mientras mantengas activo la actividad censal es mucho mejor. En algo en esa dirección va el último informe del al INE al plantear la creación de un departamento de censos.

LOS PROBLEMAS DEL CENSO 2012

 

Tomando en cuenta todos los documentos que se han elaborado para revisar el Censo 2012, ¿cuál es su mayor problema?

Todavía no tengo identificado cuál ha sido el problema mayor del Censo 2012. No tengo claro cuál ha sido la calidad propiamente tal de la cartografía y la calidad de los encuestadores. El tema de las viviendas con moradores ausentes también es preocupante. Los informes del INE y de la comisión internacional no critican el tema de control de calidad ni tampoco el rol de los supervisores. Solo la comisión interna indagó un poco más al respecto. Hubo una rotación bastante importante de los censistas y se debió contratar gente nueva para complementar lo que faltó de esa labor. No he visto un protocolo claro de cuál era el rol del supervisor y en ese punto creo que hubo un problema de control de calidad. Hubo mucha gente a la que le pegaron el sello “censado”, pero nunca entraron a su casa. El otro problema fue el de la capacitación. Entiendo que la primera camada de censistas recibió una capacitación fuerte, pero los que entraron después, no.

¿Haber cambiado el censo de hecho (se pregunta donde durmió la noche anterior) por uno de derecho (se consulta dónde habitualmente duerme) fue también una dificultad?

Obviamente que sí, el censo de derecho tiene una lógica diferente. El tiempo que hubo de preparación fue muy poco, considerando toda la parte logística y conceptual. Además, no se hicieron las pruebas del caso, no hubo un piloto. El concepto de “residente habitual” en un censo de derecho es medio complicado y se requiere una capacitación adecuada a los censistas. Cuando a nosotros como Celade se nos informó que se haría un censo de derecho, pensamos que iban a postergar el censo, pero nos dijeron que no.

DISTORSIÓN EN SANTIAGO

 

¿Es posible comparar los censos de 1992 y 2002 con el del 2012, al ser los primeros de hecho y el último de derecho?

Discrepo con quienes están planteando que no se pueden comparar. No es exactamente lo mismo, pero tal como hizo el departamento de Demografía del INE, analizamos la diferencia entre quienes en el año 2002 respondieron donde habían dormido la noche anterior. A nivel nacional, el 98% de la población fue censada en su comuna de residencia habitual. Hay solo una diferencia pequeña que se da generalmente en comunas pequeñas y mineras, gente que trabaja en las minas pero vive en otro pueblo. Otro caso que distorsiona los resultados es Santiago. Porque muchos de la Región Metropolitana que están, por ejemplo, en Puerto Montt, al consultársele dónde viven, responden regularmente “Santiago”, pero no se refieren a la comuna de Santiago centro. Ese es un porcentaje altísimo y también dificulta la estimación de la migración interna de la comuna de Santiago, porque parece que emigró un montón de personas y no es así. Pero  en general hay una coincidencia muy fuerte entre dónde fueron censados en el 2002 y cuál es su residencia habitual.

¿Cuál es la recomendación de Celade para este próximo periodo: hacer un censo de hecho o de derecho?

No tengo una opinión muy tajante. Cualquiera que se haga, debe prepararse bien. El censo de hecho tiene ciertas ventajas: evitas el tema de la residencia habitual. Solo se pregunta quiénes durmieron la noche anterior y estás asegurando una mejor cobertura al realizarlo en uno o dos días. Se requiere un gran número de estudiantes, lo que no siempre es fácil de conseguir en números suficientes y en muchos países existe el temor que los estudiantes hagan alguna protesta. Por otro lado, si se hace un censo en un día, no hay posibilidades de corregir errores. En cambio, si tú haces censos en tiempos alargados, al surgir un problema sobre la marcha, tienes tiempo de corregir.

Con un censo de hecho, todo el país se ponía a disposición, desde los municipios, los gobiernos regionales y la población esperaba religiosamente que lo llegaran a censar.

Sí, tiene sus ventajas sin duda: logras una mejor cobertura si es un día feriado y no un fin de semana. Aseguras que la gente está toda en sus casas. Además, casi todos los miembros que durmieron en la noche anterior van a estar, por lo que puedes tener información más directa. En un censo de derecho, si queda solamente, por ejemplo, la abuela en la casa, ella tendrá que informar de cada persona del hogar y puede que no los conozca.

ABIERTO A COLABORAR

 

¿El equipo de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, tomó contacto con Celade?

No, nadie ha tomado contactos con Celade. Y ojalá con el cambio de gobierno se resuelva la situación lamentable que vive el INE. Este debe ser totalmente independiente del gobierno.

Existe un proyecto que está en el Congreso y que apunta a cambiar esa dependencia.

Ese proyecto parece tener limitaciones aún. La idea es que el INE sea como el Banco Central, pero creo que el proyecto de ley no llega a ese punto. Es lamentable que un instituto como el INE esté sujeto al gobierno de turno.

Si el próximo gobierno le pide a Celade colaboración para diversas tareas, como por ejemplo el proceso de conciliación censal, ¿qué disposición tendrá el organismo que usted dirige?

Independientemente de si es ahora o después, estamos totalmente abiertos a colaborar. Lo he dicho en entrevistas y se lo he dicho también a Coeymans. Durante décadas hemos trabajado con el departamento de Demografía del INE en la conciliación censal y en la revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Es más, las estimaciones y proyecciones para América Latina de los 20 países las coordinados nosotros en la Cepal, a través de Celade, y entregamos esta información a la División de Población de Naciones Unidas, que cada dos años publica su World Population Prospects. Somos el único organismo de Naciones Unidas que da ese servicio y para eso tenemos un convenio con ellos.

¿Desde cuándo ha estado vinculado en revisar las estadísticas de Chile? Desde el Censo de 1982, ya cumpliré cuatro décadas participando en esa labor. Si no trabajamos de manera directa con el país, recibimos sus insumos y los revisamos según los estándares de Naciones Unidas. Pero preferimos siempre trabajar con las oficinas de estadística, de forma tal que a nivel nacional, regional (Cepal y a nivel mundial (ONU) existan las mismas estimaciones y proyecciones. Lo que publica Nueva York es lo que usa la Unesco, la OIT, es el referente mundial. Por eso es importante que las cifras nacionales sean las mismas. Somos la única región en el mundo que lo logra, porque en África y Asia puedes encontrar proyecciones nacionales, regionales, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, diferentes

¿Qué ocurrirá con el informe que Celade entregue a la ONU si los datos de nuestro país que arrojó el Censo 2012 no son lo suficientemente confiables?

Cuando salieron las primeras cifras este año del Censo 2012,  empezamos a revisar cuán buenas o malas eran nuestras proyecciones. En su momento yo le dije al INE que las proyecciones eran bastante razonables, más bien pensando en los tres componentes del cambio demográfico. En el tema de la mortalidad, sí hubo un cambio, frente a lo proyectado más bien habría bajado, lo que significa que hay más personas; la fecundidad está casi igual a lo que entrega estadísticas vitales; y la inmigración internacional que preveíamos hace diez años, más bien aumentó. Si tomamos como referente la proyección, debería estar entre 17,4 y 17,5 millones. Si la población real fuese más baja, significa que tenemos que corregir la omisión que hicimos al censo del 2002, la que fue estimada entre un 3,8 y 4%.

¿Y si el INE decide finalmente no trabajar con ustedes en la conciliación, vamos a tener diferentes proyecciones nacionales y regionales?

Si no trabajáramos juntos podría ocurrir que tuviéramos proyecciones y estimaciones diferentes, pero ojala que pudiéramos trabajar de forma conjunta, de manera que las proyecciones del INE, las nuestras y las de las Naciones Unidas sean las mismas o muy cercanas.

¿Celade podría sumarse ya a trabajar con el INE?

Nosotros estamos listos para trabajar ya. Y el departamento de demografía del INE ya avanzó bastante. En cuanto a las proyecciones a niveles subnacionales, de ellas se encarga el INE, porque a nosotros no nos da el tiempo. Lo podemos asesorar en la parte metodológica, pero no en un trabajo propiamente tal. Lo que hacemos en conjunto son las proyecciones nacionales.

¿Tendría inconveniente trabajar junto a otro organismo en la conciliación censal?

Como dije, no tendría ningún inconveniente en que el INE pida asesoría a otros y si quiere conjuntamente, trabajemos. De hecho, si la comisión externa y la comisión internacional hubiesen trabajado en conjunto, habría sido mucho más eficiente. Con la comisión internacional tuvimos un par de reuniones para saber nuestra visión. Para nosotros la cobertura es fundamental. Y no entiendo por qué la comisión internacional no se metió en ese tema.

 

INE valida el Censo 2012 y evalúa excluir a CELADE del proceso de conciliación de datos

Es definitivo: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) descartó llevar adelante un nuevo censo abreviado en 2015. La decisión la informó durante la jornada del lunes 23 de diciembre el director de dicho servicio, Juan Eduardo Coeymans, tras considerar los informes que se encargaron a dos comisiones externas –una nacional y otra internacional–, además de análisis realizados al interior del instituto. Coeymans ratificó además la validez de los datos obtenidos en el Censo 2012, tratando así de poner fin a los graves cuestionamientos al proceso que le costó el cargo a su antecesor, Francisco Labbé, por las acusaciones en su contra que surgieron en su propio equipo técnico por supuestamente haber manipulado las cifras.

Juan Eduardo Coeymans

-El INE considera que la información contenida en la base del proceso es útil para el diseño de políticas públicas, así como para las investigaciones del área económica, social y de infraestructura urbana y rural –señaló Coeymans en la conferencia de prensa (ver comunicado).

El anuncio del director del INE aún deja dudas por las contradicciones en los resultados del trabajo de las dos comisiones que analizaron el Censo 2012. En agosto de este año, la comisión externa de expertos nacionales confirmó que la forma en que se contabilizó la población es errada y no permite utilizar el Censo 2012 como herramienta para la elaboración de políticas públicas, lo que implicaría que los más de $30.000 millones invertidos en el proceso no sirvieron de nada (ver reportaje de CIPER). De hecho, fueron esos mismos expertos quienes recomendaron hacer un nuevo censo en 2015. Una conclusión muy similar a la anunciada hace sólo unos días por los funcionarios del área de estadísticas demográficas del INE, quienes realizaron un lapidario informe para la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las supuestas irregularidades, donde señalan:

A partir de los análisis y estudios realizados por el subdepartamento utilizando las distintas bases censales proporcionadas, se ha llegado a la conclusión, categórica, de que no hay evidencia para recomendar ni sustentar el uso del Censo 2012 para la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población debido a problemas de coherencia, cobertura y calidad”.

El resultado de ambos informes es contrarrestado por el análisis que realizó la comisión internacional recomendada por Eurostat y que, si bien reconoció en noviembre pasado la existencia de errores en el proceso, desestimó la necesidad de una nueva encuesta abreviada, asegurando no sólo que el Censo 2012 fue realizado dentro de los estándares y prácticas censales realizadas en el mundo, sino que además sus datos sí podrían ser utilizados para el diseño de políticas públicas.

A pesar de la confrontación entre las comisiones, el INE optó por recoger el análisis de los expertos internacionales y rechazar los informes realizados en el país. Con esa decisión ya tomada, el director del INE anunció la tarde del 23 de diciembre los pasos que vienen, los que podrían significar que salga del proceso la entidad internacional que durante las últimas décadas ha apoyado técnicamente la validación de los datos demográficos en Chile: el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependiente de la CEPAL. De esta manera, podría repetirse un escenario como el de la Encuesta CASEN, donde finalmente la CEPAL desistió de seguir participando del proceso para medir la pobreza en Chile a raíz de los cuestionamientos que surgieron por la inclusión de una variable que afectaría la comparabilidad de la serie.

LA EXCLUSIÓN DE CELADE

Para que los datos del Censo 2012 puedan ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas, es necesario que sean sometidos a una conciliación censal, un proceso que desde hace años ha estado a cargo del CELADE. Sin embargo, en conversación con CIPER, Coeymans reconoció que el INE está evaluando excluir a dicha institución en el procesamiento de datos del Censo 2012. En ese sentido, el director del instituto señaló que la tarea posiblemente sea encargada a Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en un proyecto de asesoría de calidad de la población y conciliación censal y en una asesoría para el uso de nuevas tecnologías.

Dicha decisión podría deberse a que representantes de CELADE han planteado públicamente sus dudas respecto a la pertinencia de usar los datos del Censo 2012 para definir políticas públicas. En una entrevista concedida en septiembre a La Tercera, el director de CELADE, Dirk Jaspers, señaló que “es muy recomendable hacer pronto un nuevo censo” y validó el trabajo de la comisión de expertos nacionales que desechó los resultados de la encuesta. De hecho, en esa comisión la entidad estuvo representada por Magda Ruiz, coordinadora del Área de Demografía e Información sobre Población de la CELADE y asesora regional en demografía y población.

Dirk Jaspers, director de CELADE

En la misma entrevista, al ser consultado sobre si CELADE se hará cargo de la conciliación censal, Jaspers respondió: “Es el trabajo que siempre hemos hecho y que hacemos con todos los países. Coeymans ha dicho que tenemos que seguir trabajando en la conciliación del censo; es decir, mejorar las proyecciones y actualizar las estimaciones. Hay que trabajar con lo que existe y después del análisis decir si sirve de algo o no. La ventaja de esto es que son procesos que se pueden repetir. Lo que no se puede hacer es volver a terreno”.

¿Solamente cuando se haga la conciliación se podrá decir si el censo sirve? –le preguntó el periodista de La Tercera.

-No podemos decir si sirve o no sirve, o sea si es blanco o negro. Puede haber elementos que sirven y otros que no nos sirven, porque puede que algunas características a nivel nacional no estén tan afectadas por la falta de cobertura. Pero sabemos que para todo lo relacionado con el nivel de comunas y al interior de ellas, el censo es defectuoso y de ahí viene la recomendación de la comisión de hacer un ejercicio complementario, por ejemplo, un censo abreviado en el año 2015.

Independiente de si será CELADE o Stadistics Canada la entidad mandatada para hacer la conciliación censal, el real conocimiento sobre la utilidad de los datos del Censo 2012 se sabrá una vez que finalice el proceso. Según señaló Coeymans a CIPER, la conciliación de los datos a nivel nacional demorará 24 semanas, un plazo que aumenta a 52 semanas para el procesamiento de la información a nivel comunal.

El director del INE señaló que la nueva encuesta recién se realizará en 2020, con el fin de que Chile programe sus censos de vivienda y población en años terminados en cero, adoptando así el protocolo internacional recomendado por la Organización de Naciones Unidas. El nuevo proceso considerará además un conteo de población que se realizará cada cinco años a modo de sondeo, que servirá como preparación para el censo. En ese sentido, si la próxima encuesta anunciada por Coeymans está contemplada para realizarse en 2020, ese conteo demográfico preliminar se llevará a cabo en 2016, para luego repetirse en 2025. De todas maneras, habrá que esperar la decisión que adoptará finalmente el nuevo gobierno. La Presidenta electa, Michelle Bachelet, ha dicho que espera repetir el censo en 2015.

Los testimonios que desnudaron los errores del censo ante la comisión externa

A partir de las declaraciones que recibió la comisión y del análisis de datos que hizo -antecedentes que fueron difundidos por el INE este viernes 30-, el grupo de especialistas concluyó que el porcentaje de omisión alcanzó un 9,3% y la forma en que se contabilizó la población fue errada, por lo que sus datos no pueden ser usados como herramienta para la elaboración de políticas públicas. La comisión estuvo integrada por David Bravo, director Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Larrañaga, oficial del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del PNUD; Isabel Millán, jefa de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social; Magda Ruiz, coordinadora Área Demografía e Información sobre Población, Celade y Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En los anexos entregados por la comisión al actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, se aborda quiénes estuvieron detrás de esas decisiones, cómo se generó el quiebre del equipo técnico del censo y como se fraguó la entrega de la abultada cifra de personas censadas. Labbé no reconoce que hubo un intento de manipular los datos al presentar a los efectivamente censados mezclados con los “moradores ausentes” y solo lo atribuye a un “error comunicacional o de redacción”, pero Mariana Alcérreca detalla cómo se dio curso a esa operación.

A continuación CIPER reproduce textualmente los párrafos destacados de las declaraciones, tal como estas aparecen citadas en el informe de la comisión. En la pestaña “Documentos asociados” pueden descargarse las declaraciones completas.

1- El apresurado cambio de modalidad del censo

 

Francisco Labbé (ex director del INE)

Entre julio y agosto de 2011, Labbé dice que empezaron junto a Mariana Alcérrecaa meterse a Internet, a averiguar respecto del cuál podría ser una metodología menos artesanal que la de un censo de hecho. Fue entonces cuando habló por teléfono con un asesor internacional del INE, que fue Director de Statistics Canada, Jacob Ryten, quien le explicó que estaba la opción de un censo de derecho. Comenzaron a averiguar y se encontraron con que en A.Latina no más de 4 o 5 países seguían haciendo un censo de hecho; todos habían migrado hacia un censo más profesional. En ese momento Uruguay estaba optando por esta modalidad y venía Paraguay. Estaban quedando en la modalidad anterior Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá. México y Brasil hicieron un censo combinado (para caracterizar a la población utilizaron muestras con un formulario grande y uno más resumido para todo el país).En ese momento, entonces, tomando las virtudes y defectos de cada tipo de censo, él toma la decisión. (Ver declaración completa de Francisco Labbé )

Mariana Alcérreca (ex gerenta del INE)

Mariana Alcérreca indica que la presentación hecha al Ministro (de Economía, Pablo Longueira) la hizo ella, que no es experta técnica sino en gestión, incluyendo la lámina con la comparación del censo de hecho versus el de derecho. El punto habría sido que el director (Labbé) no quería que nadie supiera sobre esto porque temía que se fuera a malinterpretar políticamente si es que se cambiaba la modalidad del censo por el tema del conflicto estudiantil y por ello prefería que nadie supiera y que posteriormente solo se comunicara del cambio. De allí que esta situación solo habría sido manejada por los tres, Labbé, Eduardo Carrasco (jefe del proyecto Censo 2012) y Alcérreca.

La posición del Ministerio fue solicitar que se prepararan por parte del INE las minutas técnicas. Estas minutas fueron preparadas por Mariana Alcérreca leyendo desde Internet básicamente todos los documentos que encontró, incluyendo recomendaciones de CELADE. Leyó los documentos escritos por Juan Chackiel y con quien consiguieron una entrevista. De ese modo, indica Mariana Alcérreca, se fueron sintiendo más tranquilos de que podían hacer este cambio (a un censo de derecho). (Ver declaración completa de Mariana Alcérreca )

Marcela Cabezas (ex subdirectora técnica del INE)

Marcela Cabezas asegura que el primer roce surge porque la subdirección de operaciones y la subdirección técnica consideraron que los números de censistas estaban subestimados. El director ante estas críticas pensó que estábamos contrarios al cambio pero eso no fue así, de hecho no recuerda alguien que se haya opuesto una vez que se les comunicó. Ahora bien, sí consideró que fue muy “amateur” la forma en que se tomó la decisión. No se tomó con la gente adecuada, no se vieron las implicancias, si había que pedir más tiempo o más presupuesto; la estimación presupuestaria se hizo sin hablar con nadie que tuviera la experiencia dentro del INE. Su equipo había hecho pruebas en terreno del cuestionario porque estaban en una discusión con Paula Jara (jefa de operaciones del censo) puesto que ella consideraba que era muy largo. Y por ello estaban claros que los cálculos que tenían, número de personas y presupuesto, no daban. Tampoco nadie le consultó a Paula Jara sobre el presupuesto y número de personas. (Ver declaración completa de Marcela Cabezas)

Paula Jara (jefa de operaciones del Censo)

La jefa de operaciones del Censo, Paula Jara, señala que en septiembre del 2011 son informados “abruptamente” por parte de la dirección del INE del cambio de metodología de censo de hecho a censo de derecho. No hubo participación de profesionales calificados del INE en esta decisión.

A partir de esta fecha se empieza a trabajar en una modalidad de 14 horas diarias de trabajo para tratar de acometer todos los desafíos que supone el cambio de metodología en el corto tiempo que se dispone antes del inicio de levantamiento de datos. Hubo que reorganizar a los equipos de trabajo que venían trabajando en el proceso censal en la modalidad de hecho. Se organizan grupos de trabajo según funciones a realizar, incluyendo la revisión de la cartilla censal (cuestionario) para adaptarla el censo de derecho y la figura central del residente habitual de las viviendas.

Se da también inicio a un proceso “intensivo y desordenado” de recopilación de antecedentes sobre los censos de derechos, para los cuales no había experiencia ni conocimientos en el país

La estimación de requerimientos adicionales de recursos se hizo a puerta cerrada por parte de la dirección del INE, resultando un monto de 6500 millones de pesos de los cuales se obtuvieron 6.000 millones. Sin embargo, hay un déficit del orden 1800 millones y no hubo voluntad de la dirección para solicitar los fondos faltantes. La dirección del INE no quiso pedir mayores recursos al gobierno “por no reconocer el error en la estimación previa”. (Ver declaración completa de Paula Jara )

2- Los errores que según Labbe fueron sólo “comunicacionales”

Francisco Labbé

La comisión revisora le consulta a Labbé por los errores en la publicación de presentación de los resultados del Censo 2012 y le hace ver que en ella se refiere a población censada de manera incorrecta, pues fueron sumados los efectivamente censados junto a los moradores ausentes.

La respuesta es poco clara. Indica que los datos de la población del país que se usan no son los datos censados sino que los que posteriormente trabajan INE y CELADE. El censo sirve para, primero, caracterizar la población para hacer las políticas públicas y para preparar el gran marco muestral con que se hacen las encuestas posteriores. Los datos en 2002 fueron 15,1 millones y las cifras finales fueron las de CELADE, de 15,7 millones. Finalmente, atribuye a un “error comunicacional o de redacción” la publicación y versión oficial entregada por el mismo Presidente Sebastián Piñera.

Eduardo Carrasco (ex jefe del Censo)

Sobre la publicación de presentación de resultados, se le indica a Eduardo Carrasco que en ella se refiere a población censada de manera incorrecta. Consultado sobre si esa publicación no era responsabilidad del jefe del censo, dice que sí era responsabilidad del Director del INE y de él y que fue un error comunicacional, pero asume su responsabilidad. (Ver declaración completa de Eduardo Carrasco )

3.- La improvisación afectó la preparación de los censistas

Eduardo Carrasco

Preguntado si el aspecto crucial en el cambio de metodología influyó la paralización de estudiantes y las tomas de colegios, Carrasco responde afirmativamente pero, por sobre todo, porque se preveía no poder llegar a contar con los casi 650 mil voluntarios.

Francisco Labbé

Preguntado si con el cambio de metodología fue necesario realizar una prueba piloto, Labbé indica que no fue un tema relevante en la discusión que tuvieron. Frente al cambio de modalidad desechando los voluntarios, se llamó a licitación y se adjudicó a trabajando.com para contratar a los censistas. Su preocupación principal era no tener postulantes suficientes porque la tasa de cesantía era baja. Se decidió pagar una cifra de $300 mil mensuales para censistas y $330 mil mensuales para supervisores. La primera sorpresa es que, contrariamente a lo que se pensaba, se tiene un total de 312mil postulantes (para 12 o 13 mil censistas y 2 a 3 mil supervisores). Labbé indicó que cambió la planificación y también hubo cambios en la capacitación de los censistas.

Se tomó la decisión de comenzar el 9 o el 12 de abril. Y se planificó en conjunto con los directores regionales. El piensa que ahí se cometió un error al dividir Santiago en 4 zonas pensando que eran equivalentes a 4 regiones. Pero en el proceso se dieron cuenta que en las regiones los encargados tenían su “ejército”, sus propios funcionarios, y no así en el caso de los encargados en la Región Metropolitana. Y se comenzó a notar el problema básicamente en el Barrio Alto de Santiago, tanto por el problema de la planificación anterior, como por problemas con la persona encargada de esa zona. A los 20 días ya se detectó el problema y además de cambiar al encargado, se dividió la Región Metropolitana en 8 zonas y se puso a personal del INE.

No era lo mismo ir a censar a zonas de clase media o popular que en el barrio alto. Las personas más humildes abren la puerta con facilidad. En el Barrio Alto es distinto; hay temor, cuidado.

Mariana Alcérreca

Relata que fue inesperado el número de postulaciones que tuvieron. Pero, añade, considera que hicieron muy mala gestión y tuvieron muy poco tiempo para llamarlos a la capacitación. (…) Llamaban 50 personas y llegaban cinco. Y en ese momento comenzaron a asustarse porque estaban muy encima de la fecha del levantamiento y porque había que hacer las credenciales por una cuestión de seguridad y había que hacerles contrato. Se dieron cuenta, entonces, que si bien el proceso estaba bien diseñado conceptualmente, en la práctica no resultó; si bien no se iba a recibir a quienes no llegaran con los papeles requeridos el primer día, en la práctica no se les podía dejar fuera. Se recorrió a toda la lista de personas que cumplían los requisitos y habían postulado; luego se usó la base de datos de trabajando.com y luego se recurrió a las OMIL (Oficinas Municipales de Información Laboral); al final, se buscó a quien quisiera trabajar e incluso hacia el final del proceso se pidió apoyo a las Fuerzas Armadas.

Marcela Cabezas

Según Marcela Cabezas, no había estructura de gestión en el censo. En la mitad de este proceso se dieron cuenta que las zonas de la Región Metropolitana eran muy grandes y tuvieron que subdividirlas. Por otra parte, nunca llegaron a contar con la cantidad de personas para el trabajo en terreno que se había determinado como óptimo.

Ante los problemas detectados, se dio la orden hacia el final del proceso de levantar las primeras preguntas del cuestionario y olvidarse del resto. Además, las altas tasas de viviendas desocupadas hacen sospechar que se pueden estar incluyendo en esta categoría a viviendas ocupadas con moradores ausentes.

Paula Jara

De acuerdo a la entrevistada, el INE fue “desbordado” por el gran número de postulantes que se presenta al llamado para buscar censistas, supervisores y jefes de local. Ello da lugar a una discusión interna respecto de cómo realizar la selección de aquellos que debieran ser capacitados; entre las iniciativas consideradas está la aplicación de un test de capacidad lectora pero se desecha por falta de presupuesto.

Por otra parte, un conjunto de actividades que habían sido incluidas en la planificación del Censo tuvieron que ser descartadas por insuficiencia de recursos. Entre ellas se cuenta un programa de educación a la población, que es una práctica habitualmente seguida en los censos para facilitar la cooperación de la población en el levantamiento de datos. También se descarte un sistema de control en base a celulares.

Finalizada la capacitación y a pocos días del inicio del trabajo de terreno se recibe un correo electrónico que reduce en un 10% el presupuesto disponible para censistas y supervisores, lo que obliga a reducir su número y redefinir toda la organización que existía para acometer el trabajo de terreno. Todo lo planificado “se desarma”.

La entrevistada señala que hubo demasiado poco tiempo y escasez de recursos para preparar adecuadamente el censo de derecho. A pesar de ello, el censo se realizó y se pudo censar a 15, 7 millones de personas, lo que se considera un logro porque dada las circunstancias habidas el censo podría haber resultado en un “gran fracaso”.

4.-El censo piloto que no fue

Eduardo Carrasco

Preguntado sobre si se hizo algún piloto para el nuevo cuestionario, Carrasco indicó que se probó el concepto de hogar. El grupo a cargo de este trabajo (y que luego firmó la carta) nunca entregó un informe de esto y tampoco tenía experiencia en censos. Cree que las pruebas efectivamente fueron insuficientes para residencia habitual. Requerido por qué no se había hecho un censo piloto como es recomendado y realizado por otros países, para probar todos los aspectos logísticos, y así haber evitado los problemas posteriores, Carrasco indicó que no veía los problemas. Por ejemplo, no se probó el sistema pero se tuvo un número excesivo de postulantes, pero habría sido problema si se hubiera tenido un número inferior. Evidentemente, señala, hubo problemas en la II Región porque los censistas podían tener mejores remuneraciones en otros trabajos. Aquí se usó mucha gente del INE de terreno y se amplió el período de levantamiento hasta julio en la zona.

5.- Las fracturas internas

Marcela Cabezas

Jacob Ryten, el consultor internacional, en su visita, citó a Marcela Cabezas y habló aparte con ella un día sábado unas 4 horas; Cabezas señala que Ryten le dijo que veía negra la situación del censo. Y, además, Ryten le preguntó si creía si podía resultar el censo en caso que Eduardo Carrasco se fuera en ese momento y ella respondió afirmativamente.

Eduardo Carrasco

Preguntado por su autocrítica como encargado del censo, señala que volviendo a junio 2011 no habría hecho nada distinto. Sí cree que podría haber hecho más si es que se hubiera hecho cargo antes. Indica que aquí se perdió tiempo en el período inter-censal, con un equipo que hubiera permitido tener una unidad censal que recogiera la experiencia previa. Carrasco señala que heredó equipos que no tenían experiencia ni en el INE ni en censos. El único cambio que hizo fue el jefe de informática, y colocó a Alejandro Sabag con quien había trabajado previamente. Indica que “si se pone a una persona a manejar una micro y no sabe hacerlo, va a chocar y eso es lo que pasó aquí”.

Mariana Alcérreca

Mariana Alcérreca indica que Eduardo Carrasco siempre tuvo conflictos con el equipo técnico (el Departamento de Estudios Sociales); siempre trató de opacarlo y no quiso que éste tuviera control sobre el proceso, porque este grupo era el único que podía hacerle contrapeso. Esto, porque ellos ya habían alertado que no se iba a alcanzar a terminar con la cantidad de personas que se había decidido contratar y esto había sido comunicado a Labbé.

Eduardo Carrasco le da la instrucción a Mariana Alcérreca que el equipo técnico no tuviera claves de acceso al SPCP (el software con la información del censo). Alcérreca indica que desobedeció estas instrucciones y que le pasó sus claves a este equipo con el objeto que pudieran alertarla a diario a ella de sus análisis puesto que ella no tenía el conocimiento técnico.

El 9 de julio de 2012, el equipo técnico pide una reunión con FJL a la que asisten Marcela Cabezas, Julia Ortúzar y Andrés Bustamante, y llevan un documento el que después se lo envían por correo electrónico. Este documento alertaba del alto porcentaje de moradores ausentes y viviendas desocupadas a la fecha.

Un segundo punto de ese documento señalaba que a esa fecha, 9 de julio, según el SPCP se podía registrar una población de 15,1 millones, y señalaba que se podía proyectar, con las curvas de rendimiento, una población total censada de 15,78 millones. Con esto, estimaban que la población total de Chile ascendería a 16,3 millones (incluyendo estimación de moradores ausentes), muy lejana de las proyecciones de población de 17,4 millones. Adicionalmente, en esa minuta y correo, se le explicitan a Labbé las recomendaciones de las Naciones Unidas respecto a que debía reportarse de manera explícita la población censada.

Esta fue la primera vez que se pone sobre la mesa un cuestionamiento a la calidad del censo.A partir de esta reunión, señala Mariana Alcérreca, es cuando queda “literalmente la escoba” y es al día siguiente que Labbé le comenta, por primera vez, que va a echar a Marcela Cabezas. El entonces director piensa e interpreta este documento, como que este equipo está boicoteando el censo. Ella trata de calmar las aguas pero el equipo técnico sale completamente del censo luego de esta reunión.

6.- Algo anda mal con el mejor censo de la historia

Mariana Alcérreca

Se llega a más del 100% de cobertura según los informes del sistema (SPCP). La información se la provee Alejandro Sabag el día 2 de agosto, por correo electrónico. Mirando el cuadro con actualización de rezagados, se tenía un número de viviendas del pre-censo de 5.580.816 y viviendas levantadas 5.637.957, por lo que, ¿cómo se explica que hubiera una cobertura de 101,02%?

Indica que había dos explicaciones posibles: una, que el pre-censo no tuvo buena calidad, cuestión sobre la que había evidencia; y dos, que había habido crecimiento en las viviendas entre el pre-censo y el censo.

Cuando se hace la presentación del balance del levantamiento, efectivamente se apunta a la segunda explicación y para ello se hace una estimación del crecimiento de viviendas entre el pre-censo y el censo por comuna, que en promedio a nivel nacional dio 2,73%. Con este método se llega a un total de 5.733.172 viviendas estimadas con lo que las viviendas levantadas representan una proporción de 98,34%; con esta cobertura, se plantea entonces que es el mejor censo de la historia. La estimación fue realizada por Eduardo Carrasco y Alejandro Sabag.

Alcérreca indica que siempre cuestionó que se hablara del mejor censo de la historia porque de hecho no pudieron encontrar ningún país en el mundo que midiera la cobertura a nivel de viviendas (y de hecho, no todos los países hacen pre-censo).

Indica que no tenía problema en presentar los datos del modo en que se hizo. Su problema, más bien, era que se lanzaran frases sin respaldo: el argumento era “el mejor censo de la historia” y así se dijo.

Cuando se construye el documento de Resultados Preliminares, se produce una discusión relevante (alrededor del 15 de agosto de 2012). Se decide mostrar el 98,3% de cobertura de viviendas, para decir que se trataba del mejor censo de la historia. El problema es qué se mostraba como viviendas censadas. En este punto tienen una discusión en la sala de reuniones (estaban presentes Labbé, Carrasco, Raúl Sepúlveda, Sebastián Mathews -jefe de comunicaciones estratégicas del INE- y Alcérreca) donde tanto Carrasco como Alcérreca son partidarios de mostrar las viviendas efectivamente censadas mientras que el director quería mostrar el total de viviendas y considerar el total de población.

Labbé argumentaba que esas viviendas y esa población existían por lo que había que darlas a conocer; mientras que ella y Carrasco indicaban que no estaban censadas (no se sabía dónde estaban ni quiénes eran).

¿Por qué se negó Labbé a mostrar la información diferenciando censados y no censados? Según Alcérreca, el tema es que la polémica sobre la encuesta Casen había surgido hacía unos 15 días. Se había dicho que era el mejor censo de la historia por lo que Labbé quería acercarse lo más posible a los 17,4 millones porque si no “le iban a atacar su censo”.

7.- Imputaciones: Las diferencias de Labbé con su equipo

Francisco Labbé

Preguntado por la magnitud que alcanzaron las viviendas desocupadas, Labbé indicó que también fue objeto de su preocupación y que puede haber algún error ahí, pero también le pareció coherente con el caso de un país que se estaba desarrollando. Indica que hay un trabajo de Juan Chackiel, en el que indica que en muchos censos de América Latina se presenta como censada la población estimada. Preguntado nuevamente por qué no se dijo en la presentación de resultados esta vez de agosto de 2012, recién terminado el censo, que estas cifras incluían las imputaciones, Labbé señala que ha buscado en todos los censos de los países grandes de América Latina y en ninguno de ellos ha encontrado información sobre los moradores ausentes.

Eduardo Carrasco

Carrasco indica que el procedimiento sobre las imputaciones está escrito. Se puede discutir la metodología aplicada para la imputación de moradores ausentes, pero indica que lo que él nunca transó es que las bases de datos debían establecer claramente un código que permitiera su identificación.

Ahora bien, en relación con la imputación en las denominadas viviendas no logradas, señala que nunca estuvo de acuerdo. En su opinión, para él era importante que hubiera habido una discusión internacional, lo cual aquí no había ocurrido.

Mariana Alcérreca

La primera vez que tuvo información sobre un dato censal fue el 14 de marzo. El director Labbé  estaba en Arica y Carrasco se acerca a ella y le dice que con todo el proceso de imputación de moradores ausentes la población llegaba a 16,3 millones (sin las viviendas adicionales) y pregunta qué hacer. Le dice que estaba complicado porque está el tema de las viviendas adicionales y él no estaba de acuerdo. Alcérreca le dice que hay que informarlo de inmediato al director, lo que ocurre el día 15 de marzo de 2013 cuando ella lo hace de manera directa en su oficina.

Labbé le indica que “no puede ser” y le pide llamar a Carrasco. Alcérreca indica que estaba preocupada de cumplir la fecha del 28 de marzo porque si no se le caía el bono al personal del INE asociado al cumplimiento del PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión).

Carrasco le da la explicación y Labbé indica que se debía agregar la población que faltaba a través de la estimación de viviendas no alcanzadas. Carrasco y Alcérreca le dicen que eso no se hace. El director les dice: “esta decisión queda entre los tres”.

Alcérreca dice que Carrasco acató, que no le cabe duda que esta decisión fue de Labbé, pero comenta que a esas alturas estaban detrás de las decisiones del director Sebastián Mathews y Maximiliano Raide (asesor no contratado por el INE), quienes lo tenían convencido “que después del censo le iban a hacer un monumento”, por lo que Labbé no quiso mostrar algo distinto.

8.-Jefe del censo reconoce alta omisión

Eduardo Carrasco

Carrasco afirma que se tendrá finalmente una omisión censal de alrededor del 8% (considerando una población total de 17,2 millones).

Preguntado respecto de que esta situación ya se habría sabido en julio de 2012, al momento de tener los resultados preliminares, y de si no fue una situación en dicho momento que se considerara un shock al interior del INE Eduardo Carrasco, indica que: i) es claro que en la omisión se incluye todo y que las bases de datos deben considerar solo los datos de los censados; ii) hablar de un 2% de omisión era absurdo porque se trataba de un censo de derecho; y esta distorsión comunicacional surgió de la lectura de la cobertura de viviendas. Por ello cree que ha habido mucha gente que ha opinado por ignorancia pero también al mismo tiempo por mala intención.

Carrasco indica que haber llegado al 92% es un logro y refleja un esfuerzo gigantesco.

Marcela Cabezas

A nadie dentro del INE se le transparenta que se estaba imputando población. La prueba de ello es la base de datos que se le pasa al consultor Arriaga, que no contiene las marcas que permitan diferenciar población imputada de la censada.

Marcela Cabezas indica que Arriaga le dijo al director que la omisión superaba el 4% aún sin tener los datos correctos, a partir de lo cual no se puede explicar cómo haya declarado que se trataba del mejor censo de la historia.

9.- Las alertas al gobierno

Mariana Alcérreca

Señala que logra entonces que se decide bajar al Presidente y al Ministro de la comunicación de resultados. Su postura era que el INE se debía hacer cargo del tema, considerando además que el INE no estaba transparentando la metodología respecto a cómo se llegaron a esos resultados. Lamentablemente a la semana siguiente los citan a una reunión de comunicaciones en el Ministerio de Economía y ahí tiene su primera pelea con Vicente Correa (jefe de gabinete del Ministro). Alcérreca reconoce que no fue capaz de decirle la verdad pero sí indicó que las autoridades no debían entregar los datos pues era un año de elecciones y porque las cifras eran lo que más se había usado para atacar al Gobierno. Vicente Correa contraargumenta diciendo que habíamos hecho el mejor censo de la historia y añade una frase “a no ser que haya alguna información que yo no tenga”.

De vuelta de dicha reunión, Alcérreca se encierra con Labbé en su oficina y le dice “ud. tiene que decir la verdad” porque Vicente Correa ya había dejado la advertencia. Labbé se niega y a esas alturas ella indica que estaba desesperada.

Ahí es cuando decide llamar a la fiscal del Ministerio de Economía, con quien había tenido interacción por los proyectos de ley del INE. No llamó a Vicente Correa porque no tenía buena relación con él y porque éste se había hecho amigo de Max Raide; de hecho, indica, a partir de entonces se acabó la comunicación entre Labbé y el Subsecretario de Economía, pues siempre operó a través de Max Raide. Por ello, indica, que el Subsecretario nunca estuvo enterado de toda esta situación.

Alcérreca habla con la fiscal desde el estacionamiento, le pide que la ayude a parar esto, que no era el mejor censo de la historia y que, al menos, había 200 mil hombres perdidos y 4,8% de omisión. Ella le dice que va a ver qué puede hacer. Alcérreca sube y directamente renuncia con Labbé en presencia de Marcela Martínez y Raúl Sotomayor. Labbé le dice que no puede renunciar en ese momento porque dejaría en evidencia que hay un problema y le pregunta qué requiere para no renunciar, ante lo que Alcérreca le exigió que dijera la verdad.

Alcérreca le pide a Labbé que llame al Ministro, quien recién había regresado de Nueva Zelandia; no lo encontró y le contesta Vicente Correa. Labbé le cuenta que hay un informe de un consultor que dice que al parecer el censo no estaba tan bueno como creía y que faltaban 200 mil hombres y es todo lo que cuenta. Según lo que Labbé le dice, Vicente Correa le indicó que el acto iba igual porque se estaba estimando una omisión pequeña.

Labbé le insiste a Alcérreca que ella no puede renunciar y finalmente señala que no logró cambiar la situación. Indica que del Ministerio de Economía llamaron al director Labbé y le dijeron que alguien había hablado y que esa persona había dicho que Alcérreca había renunciado y que “era una histérica porque le faltaban 200 mil hombres”. Y esa, indica Alcérreca, fue la respuesta con la que se quedó Labbé.

 

INE: Las sospechas de triangulación de dinero que complican al asesor más cercano a Labbé

La relación contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el contrato por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para su hermano Maximiliano Raide, el joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.

Como presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello. Esto causó una buena impresión en Labbé.  Según relató en la investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte, estas redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales del círculo más estrecho de Labbé.

Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis institucional se expandía en el organismo y que los directores, de perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y eso marcaba poderío entre los funcionarios.

La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que se hicieron públicas tras el primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen abiertos. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria con el  número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews, como uno de los responsables.
Dicha filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013, en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.

La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo, y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.

A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que “mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad de la estimada al inicio de las investigaciones”.

Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.

LAS TRIANGULACIONES

Aunque Labbé lo niega, es la ex gerenta del INE, Mariana Alcérreca, quien lo acusa de dar las instrucciones de que el sueldo de Maximiliano Raide debía triangularse a través de terceros. Así lo relató al fiscal José Morales: “Maximiliano Raide era un asesor permanente del director, pero no pagado directamente por el INE. El sueldo de Maximiliano se pagaba a través de Juan Pablo Raide y Antonio Hartmann en el año 2013. El 2012 a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley. Para contratar a estas personas me dio las instrucciones el director Labbé”.

Pese a que “Max” Raide registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, no tiene título profesional, por lo que no habría podido recibir los casi $4 millones por conceptos de honorarios si se le hubiese contratado de acuerdo a sus pergaminos académicos. Los ingenieros comerciales que sirvieron de intermediarios habrían sido, entonces, la solución para que Labbé conservara los servicios de Raide.

Sin embargo, en la comisión investigadora el diputado Felipe Harboe denunció que si bien Juan Pablo Raide firmó una declaración jurada diciendo que es ingeniero comercial, había un documento de la Universidad del Desarrollo donde se lo certifica como alumno regular y por lo tanto aún no titulado. El parlamentario cuestionó también que Labbé certificara su idoneidad como relacionador público pese a que no tenía experiencia en ese ámbito. Además, reveló que las referencias para certificar su idoneidad eran dadas por su amigo Antonio Hartmann y por una tía.

De confirmarse la triangulación, hasta abril de este año el “joven líder” Maximiliano Raide habría recibido un “sueldo” de $3.900.000, a través de su hermano Juan Pablo, quien tenía honorarios por $1.674.001 por desempeñarse como relacionador público; y a través de Antonio Hartmann Ramírez, quien ganaba  $2.225.522 como asesor económico, realizando “asesorías para la estratificación de empresas para la clasificación en las próximas etapas del IPC”.

En 2012, las triangulaciones habrían sido prácticamente por la misma cantidad de dinero ($3.896.000), pero a través de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111; y a través de Hartmann, con honorarios que ascendían a $2.225.522.

Raide fue consultado por CIPER y solo respondió que los dineros nunca fueron triangulados hacia él y aseguró que trabajó en el INE pero en funciones que no fueron remuneradas, pues su intención era “hacer un aporte al país”.

LA “AMISTAD” ENTRE RAIDE Y LABBÉ

En sus declaraciones al fiscal José Morales, Labbé insistió en que Maximiliano Raide no recibía remuneraciones, pero al hacerlo destapó un flanco mayor. El hecho de que Maximiliano Raide no trabajara oficialmente en el INE implica que no existía un contrato que lo obligara a mantener la confidencialidad de los datos que pudo conocer gracias a su cercanía con el ex director.

En su declaración ante el fiscal, Labbé explicó que contrató a Raide cuando trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Durante cuatro años, Raide llevó invitados que hablaban a los alumnos acerca de su experiencia profesional. “En ese contexto hicimos algún grado de amistad. Es una persona muy joven y muy capaz, con relaciones políticas muy transversales”, dijo el ex director del INE a Morales.

Maximiliano Raide y Antonio Hartmann formaban parte de Jóvenes Líderes, organización integrada por estudiantes de nivel socioeconómico alto que desde mediados del 2000 mantuvo cierto protagonismo en los medios, donde publicitaban sus encuentros con destacados políticos como Sebastián Piñera y empresarios de la talla de Ricardo Claro para intercambiar opiniones sobre la contingencia nacional e internacional.

Al momento de explicar su rol en el instituto, el relato es más ambiguo. Primero Labbé afirmó que fichó a la organización de Raide para incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios en el Censo 2012, cuando aún se pensaba que éste sería “de hecho”, es decir se haría durante un día festivo con encuestadores no remunerados. En el documento que el ex director del INE envió a la Cámara de Diputados tras declinar la invitación para asistir a la comisión investigadora, Labbé dedica uno de los cuatro “capítulos” a explicar estas contrataciones. Ahí fecha en agosto de 2011 el momento en que Raide y Hartman empiezan a colaborar “con el objetivo de contribuyeran a reclutar a más de 600.000 jóvenes universitarios para desarrollar el Censo y realizar actividades en terreno de difusión”. Sin embargo, fue justamente en esa fecha que Labbé decidió que el censo fuera “de derecho” y por lo tanto no se necesitaba reclutar voluntarios.

Fue en septiembre, dice Labbé en su declaración escrita, que Raide pasó a integrar el nuevo Comité de Comunicaciones y Extensión creado cuando se decidió que el censo fuera “de derecho”. Ante el fiscal definió el rol de Raide de una manera más amplia: “Después de unas reuniones acordamos que Antonio Hartmann se integrara pero Raide dijo que no podía porque era una organización transversal. Le solicité me ayudara con sus redes políticas pero él no podía aparecer. Por eso Max Raide se integró y asistía a las reuniones de comunicaciones. Él asistía una media hora y después iba a reunirse conmigo”.

En el escrito ante la Cámara, Labbé deja ver que es consciente de las contradicciones entre las razones de la contratación y el trabajo realizado por el grupo de Raide, así como de los cuestionamientos: “Ninguna de las personas mencionadas, tuvieron acceso a información reservada en relación al Censo ni al INE. Su participación fue siempre en el aspecto comunicacional y de extensión, sin perjuicio de lo dicho respecto del origen de la contratación”. Labbé hace ver además que Raide no sólo trabajó ad-honorem en el INE, sino que antes ya lo había hecho para el ex subsecretario del Trabajo Marcelo Soto.

Consultado por el rol que Raide desempeñaba en la institución, el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, dijo al fiscal Morales que se trataba “de una persona amiga del director, pero enfocada a la parte de difusión”.

Ante el fiscal Morales, el ex director del INE relató otra función más de Raide y dijo que lo presentaba como su asesor en la relación con el gobierno. “Él me buscaba relaciones o contactos con el gobierno para ciertas cosas. La colaboración de Raide con el INE fue hasta el último día de mi trabajo como director”, agregó Labbé, quien insistió que el joven no recibió ninguna remuneración.

El fiscal Morales también le preguntó a Labbé en calidad de qué aparece Raide sentado a su lado en una foto publicada por CIPER. Labbé dijo no recordarlo, pero posteriormente le asignó un rol muy importante en la modernización del INE y en que se abriera hacia las universidades. Labbé volvió sobre este punto cuando el fiscal Morales le preguntó por Juan Pablo Raide, el hermano de su asesor. Según Labbé, Juan Pablo era quien contactaba a las universidades para los convenios. Sin embargo, este último no tenía oficina, ni horario, ni correo institucional del INE.

El jefe de gabinete de Labbé, Raúl Sepúlveda, confirmó que Maximiliano Raide no recibía sueldo porque no quería ser contratado por el INE y que quienes sí lo hacían –Antonio Hartmann, Juan Pablo Raide y antes Constance Pooley– sí asistían al comité de comunicaciones que se realizaba los miércoles. En todo caso, Sepúlveda enfatizó que era la ingeniera comercial y asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, quien veía todos los temas de presupuestarios relativos a contrataciones.

En la red social profesional Linkedin, Maximiliano Raide registró ser “asesor Director en INE”, pero una vez que se destapó el conflicto en el organismo eliminó esa función.  El hermano de Raide, Juan Pablo, y Hartmann presentaron sus cartas de renuncia el 29 de abril, un día hábil después de la salida de Labbé del INE. Y un dato curioso es que ambos textos son idénticos (ver cartas de Raide y Hartmann).

EL TESTIMONIO CLAVE DE ALCÉRRECA

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión Investigadora del Investigadora del INE, diputado Juan Carlos Latorre, el testimonio de Mariana Alcérreca este miércoles 28 de agosto será de gran aporte para la indagación que hasta ahora han levantado los parlamentarios. En la sesión del martes 27 de agosto decidieron invitar a  Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, informó Latorre.

“Maximiliano Raide tuvo acceso a la información del Censo. Tuvo acceso a la síntesis de la información”, le dijo Alcérreca al fiscal, en uno de los temas más delicados de la ambigua relación de Maximiliano Raide con el INE. Esta versión debería ser ratificada por la profesional en la comisión investigadora y, de acuerdo a los parlamentarios que la integran, esperan que también clarifique la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Mariana Alcérreca es un personaje clave en esta investigación, pues en su entrevista a CIPER aseguró que Labbé fue quien materializó la manipulación de los datos del Censo 2012 y reveló que incluso la instruyó a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil personas en vez de los 15 millones 800 mil. Ella no aceptó la orden y le representó que había “engaño” al incluir a los moradores ausentes y viviendas desocupadas a la cifra de los realmente censados.

La arista de la manipulación de los datos del Censo fue abordada en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del lunes 26 de agosto. En esa ocasión, el jefe de departamento de estudios sociales del INE, el sociólogo Andrés Bustamante, aseguró en forma insistente que se le advirtió a Labbé que por recomendación de Naciones Unidas no se podía incorporar en la información definitiva del censo de población una estimación de crecimiento, de acuerdo a las nuevas casas construidas luego del pre censo.

“Quiero ser explícito en mencionar que el señor Labbé tomó la decisión de no transparentar la diferencia entre población censada y población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones respecto de que esto se tenía que hacer. Incluso, pese a recibir una minuta, una cita textual de la recomendación de Naciones Unidas, donde se decía que esto tenía que ser trasparentado. Por lo tanto, aquí no se puede decir que esto no se sabía”, sostuvo Bustamante.

Al día siguiente la comisión recibió la carta de Francisco Labbé, en que refuta todas las irregularidades de las que lo han acusado (ver carta).

COMITÉ DIRECTIVO PARALELO

Cuando la crisis del INE ya había sido destapada por los directivos que se quejaron públicamente de las decisiones que se estaban adoptando por no responder a criterios técnicos, el círculo de asesores de Labbé se estrechó aún más, quedando confinado al jefe del Proyecto Censo Eduardo Carrasco; al jefe comunicacional del INE, Sebastián Mathews; y a Maximiliano Raide. En palabras de Andrés Bustamante ante la comisión de la Cármara, “en un momento en el INE la forma de conducir las decisiones por los canales formales se fue perdiendo y se instaló una suerte de comité directivo paralelo donde estaban el señor Labbé a la cabeza, el señor Raide, el señor Mathews y el señor Eduardo Carrasco”.  Aseguró que incluso dentro del mismo comité directivo, personas que cumplían una función de asesoría directa –como el caso de Mariana Alcérreca o como Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete–, tendían a ser aislados de las decisiones más importantes”.

En lo que hasta ahora pocos han puesto el acento es en el secreto de confidencialidad que los profesionales del INE están obligados a cumplir y en la alta gravitación que puede generar en el mercado financiero la filtración de datos como los de la tasa de IPC. En la última sesión de la Comisión investigadora del INE se le consultó a Gerzo Gallardo, ingeniero comercial y jefe de Departamento de Estudios Económicos, si efectivamente Sebastián Mathews, a cargo de las comunicaciones estratégicas, pidió en una ocasión, anticipadamente los resultados de la medición del IPC. La respuesta fue categórica del profesional: “Sí, lo hizo, pero se le fue negado, por la relevancia que podría tener para especulaciones financieras”.

El tema de las filtraciones es particularmente sensible para los funcionarios del INE. Incluso el que dos diarios hayan publicado datos del censo el día del informe oficial, es considerado gravísimo. “El tema del censo es tremendo, pero que se filtraran las cifras es peor, porque el INE vive de la confianza. Si a usted le dicen el IPC es tanto, usted tiene que creerlo para que el país funcione”, explicó el 14 de agosto pasado a los diputados Juan Radrigán, jefe de Infraestructura Estadística del INE.

 

El curioso rol del diputado Edwards

Los diputados de la Concertación Juan Carlos Latorre –quien preside la comisión investigadora–, Ramón Farías y Felipe Harboe han sido los más activos en interrogar a los invitados sobre la manipulación de las cifras del censo y los contratos de Raide. En la otra trinchera ha llamado la atención la actuación del diputado RN José Manuel Edwards, quien si bien ha hecho un gran número de preguntas técnicas, ha levantado objeciones que han sido interpretadas no como una forma de proteger al gobierno, sino derechamente a Labbé y a Raide.

Durante la sesión del 14 de agosto, Harboe propuso que la investigación se separara en tres “cuadernos”: la arista principal de la manipulación de los datos del censo, la filtración y los contratos. De inmediato Edwards se paró a hablar con el secretario de comisión y luego opinó que los dos cuadernos secundarios excedían el mandato de la comisión. Al menos en dos oportunidades cuestionó que se investigara la filtración y los contratos.

Sin embargo, cuando CIPER le mencionó que su intervención había sido interpretada como una forma de proteger a Raide, Edwards aseguró que él sólo consideraba que la filtración estaba fuera del mandato y que si bien no entendía bien cuál era el reclamo respecto a los contratos, creía que estaba dentro del ámbito de la investigación: “Si hubiese triangulación de plata, yo creería que eso estaría dentro del mandato”, dijo Edwards a CIPER.

Edwards dijo que no conoce a Raide, aunque admitió que tal vez fue compañero de su hermano menor en el Colegio Apoquindo y no lo recuerda. Además, relató que pese a no conocerlo, Raide lo llamó para explicarle que no había nada irregular en su rol en el INE y le envió un documento con sus argumentos. Documento que Edwards aseguró no haber leído.

En la misma sesión del 14 de agosto, Edwards tuvo una intervención bastante curiosa: le pidió a los funcionarios del INE Radrigán y Gallardo que moderaran sus comentarios hacia Labbé: “Es tanta la subjetividad con que hablan del señor Labbé, a quien yo no conozco, que se ve como si le estuvieran pasando la cuenta”. Acto seguido, les pidió ser más “equilibrados” en sus apreciaciones.

Según consigna en su curriculum, el diputado Edwards es hijo del síndico del mismo nombre, quien tuvo a cargo la quiebra del club de fútbol de la Universidad de Chile. Su padre es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, donde según La Tercera fue uno de los profesores “que más sintonía tuvo” con Labbé. “No tengo una opinión sobre cómo lo ha hecho en lo comunicacional en estos momentos de crisis”, dijo entonces, “pero de que Labbé es un hombre serio, honorable, lo es. Su nominación como director del INE tenía mucho sentido, era el profesional indicado”.

 

 

El Banco Mundial no participará en la evaluación del Censo 2012

El Banco Mundial no participará en la evaluación del Censo 2012, pese al anuncio de que una comisión llegaría este lunes a asesorar al gobierno antes de tomar la decisión de repetir el proceso el 2015, tal como lo recomendó una comisión de expertos la semana pasada. Pese a que el propio gobierno encargó dicho informe, el ministro de Economía, Félix de Vicente, dijo que se requería una segunda opinión y que para ello había contactado al Banco Mundial y a la agencia europea Eurostat.

“Definitivamente no estaremos involucrados”, dijo a CIPER Sandra Arzubiaga, quien desde Lima es la encargada de comunicaciones del Banco Mundial para los cinco países de la región andina. “Sabemos del interés del gobierno y lo que vamos a hacer es dar algunas recomendaciones sobre posibles expertos internacionales que pueden ver el tema del censo”, agregó.

El anuncio contradice lo señalado el miércoles por el ministro de Economía, cuando anunció la llegada de los profesionales del organismo internacional. “Viene una misión del Banco Mundial que llega el próximo lunes, y en conjunto con ellos evaluaremos la opción de darle valor al censo realizado y a estos 15.700.000 chilenos censados”, sostuvo entonces el ministro.

Según afirmó Arzubiaga –confirmando lo señalado a CIPER por otros dos funcionarios del Banco Mundial– la misión que llega el lunes está programada hace bastante tiempo y es parte de la visita anual que hace el organismo y que se encarga de hacer una revisión general de temas relativos a Chile, principalmente su evolución económica y financiera.

Este viernes 16 de agosto El Mercurio publicó los nombres de los dos integrantes de la misión –Carlos Silva-Jáuregui y Rong Qian–, quienes efectivamente vendrán al país y posiblemente escucharán la preocupación del gobierno chileno por el censo, pero en ningún caso realizarán una asesoría en la materia.

PREOCUPACIÓN PRESIDENCIAL

La semana pasada, la comisión de expertos entregó un crítico informe que ahondaba en los graves problemas del censo que reveló CIPER en abril. Pese a que el informe había sido encargado por el propio director del INE, Juan Eduardo Coeymans, el gobierno no se esperaba una recomendación tan radical como la realización de un nuevo censo y antes de tomar una decisión anunció que consultaría al Banco Mundial y Eurostat.

Al día siguiente, el jueves 8 de agosto, sorpresivamente el Presidente Sebastián Piñera pidió perdón a la ciudadanía por los errores cometidos en el Censo 2012, un acto inédito en su administración. Ese mismo día, Piñera recibió a la comisión de expertos de la encuesta CASEN, de la que es parte el economista Osvaldo Larrañaga, quien también participó en la evaluación del censo. Aunque el tema del encuentro era la CASEN, Piñera dedicó un tiempo considerable a consultar a Larrañaga los detalles técnicos del informe del censo, dando cuenta de que lo había leído y conocía en detalle el problema.

Ante la negativa del Banco Mundial de asesorar al gobierno, se dilata aún más la solución a un problema que tiene consecuencias importantes para la toma de decisiones gubernamentales. De acuerdo a la comisión de expertos, la información del Censo 2012 no debe ser usada para la elaboración de políticas públicas, por lo que sólo se contaría con proyecciones hechas con los datos del Censo 2002.

Director del INE: “Sería catastrófico que nos recomendaran rehacer el Censo”

El martes 6 de agosto pasado, un día antes de que la comisión revisora del CENSO 2012 entregara el lapidario informe que recomienda no usar en el futuro los datos para la implementación de políticas públicas y repetirlo “abreviadamente” en 2015, el director del INE, Juan Eduardo Coeymans, reunió a los funcionarios del organismo estatal para preparar el escenario que se avecinaba. Para entonces, todas las señales de que disponía le indicaban que era poco probable que los cinco expertos que revisaron el Censo “nos recomienden algo catastrófico como rehacerlo”, como afirmó esa fría mañana.

Afirmándose en que la crisis provocada por los cuestionamientos al Censo 2012 era principalmente “comunicacional”, Coeymans intentó tranquilizar los ánimos de los cientos de funcionarios que debieron hacer fila para ingresar a las dependencias de la Universidad Central, en Lord Cochrane 418. No se aceptó la presencia de extraños ni de la prensa. Coeymans quería absoluta privacidad y para ello escogió un salón fuera de las dependencias del INE para analizar por primera vez ante sus subalternos el terremoto que ha sacudido a ese instituto. Uno que comenzó hace poco más de tres meses tras la investigación de CIPER que reveló el 25 de abril la manipulación de los resultados del Censo 2012, lo que le costó el cargo a su antecesor: Francisco Labbé.

Precisamente para apagar ese incendio el gobierno nombró al ingeniero comercial -y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica desde 1969 hasta mayo de 2013- al frente del Instituto Nacional de Estadísticas. Apegado a ese libreto, Coeymans inició su alocución haciendo alusión al “bullying social” del que ha sido objeto el INE en estos tres meses. Con lenguaje coloquial, desestimó que estén frente a “una crisis estructural”, caracterizándola como una mera “crisis comunicacional”.

– Y por eso me traje algunos talentos para arreglar esto. Yo estoy metido de lleno en el tema comunicacional. Hubo accidentes o a lo mejor algunas malas decisiones. Hubo un exacerbamiento, tal vez nos afectó el clima político. Hay gente que no ve la importancia de un INE fuerte, respetado. Se debe reposicionar a la  institución en el nivel que corresponde en un país que va a salir del subdesarrollo -dijo.

El director del organismo, quien fue el único orador esa mañana, contó que al asumir, el Presidente Sebastián Piñera le encomendó tres tareas: el tema del IPC, dado que ha sido objeto de cuestionamientos importantes; la resolución de los problemas del Censo 2012 y la autonomía  del INE, cuyo proyecto de ley está en discusión en el Congreso.

-Le dije al Presidente: Yo soy un académico, tengo una reputación, por lo cual si encuentro algo que no corresponde, lo voy a abrir. En el fondo, sepa bien que voy a transparentar todo y de eso he tratado de convencer a la Cámara de Diputados -explicó.

Juan Eduardo Coeymans se refería a su asistencia ante la Comisión Investigadora del INE que constituyó la Cámara de Diputados luego del escándalo por la manipulación de los resultados del Censo 2012. Fue allí donde algunos parlamentarios lo cuestionaron por no poder exhibir aún resultados de la investigación sumaria que se abrió en el INE por las irregularidades del Censo.

-Este proceso toma mucho tiempo y la ignorancia hace producir preguntas inapropiadas de algunos diputados que mueven las manos –afirmó Coeymans durante su intervención, a la que CIPER tuvo acceso a través de un antiguo funcionario de planta del INE (VEA VIDEO CON LA EXPOSICIÓN DE JUAN EDUARDO COEYMANS).

Ante varios cientos de funcionarios, Coeymans dijo que cuando llegó al instituto se dio cuenta de que uno de los problemas que debería enfrentar era la desconfianza interna. Y confesó que algunos grupos le señalaron como “culpables” del deterioro de credibilidad, al grupo de los 11 profesionales directivos del INE que firmaron –antes de que estallara la crisis- una carta pública con críticas y advertencias a la forma y metodología de cómo Francisco Labbé estaba llevando el proceso censal.

-Unos grupos me decían que debía echarlos, porque han creado un problema grande. Y la verdad es que había dos alternativas: separar y quedarme con el resto del INE o apostar por trabajar juntos. Admito que ellos cometieron una gran imprudencia, pero lo hicieron con buena fe, buscando lo mejor para el INE. Todos somos humanos, nos podemos equivocar –  manifestó el director ante una audiencia que escuchaba en completo silencio.

Coeymans dijo que para “destrabar el tema censo” designó a Osvaldo Ferreiro a cargo de una comisión interna de 13 personas. A ella se sumó una segunda instancia revisora del Censo 2012: una comisión externa cuyo objetivo fue evaluar el que había sido calificado por el ex director Labbé como el “mejor censo de la historia” y cuyo informe se esperaba para el día siguiente, el miércoles 7 de agosto.

-Yo confié en esa comisión (externa), pues era absolutamente incuestionable del punto de vista de la transversalidad. Nadie iba a pensar que yo iba a tratar de tapar algo. Ellos trabajaron intensamente evaluando el proceso censal y abocándose a las recomendaciones.

Fue entonces que Juan Eduardo Coeymans les comunicó a los funcionarios del INE la primera mala noticia. Les dijo que esperaba que la conferencia de prensa en la cual esa comisión externa entregaría públicamente su informe final, fuera en dependencias del INE. Sin embargo, los cinco expertos decidieron que fuera en la Universidad de Chile.

-Yo les hice ver que eso implicaba un conflicto de interés, por cuanto uno de los miembros de esa comisión es el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (David Bravo). Les dije que eso no correspondía, pues eso es aprovecharse de un servicio que se presta al país. Desgraciadamente, hago público este reclamo por esa actitud. Y les mandé un mail pidiendo que rectificaran. Solo me dijeron que me entregarían el informe el martes. Ojalá que no me lo entreguen a las 12 de la noche, porque me voy a tener que poner a leerlo a esa hora para enfrentar a la prensa y a la Cámara de Diputados – se quejó Coeymans.

Hasta ese momento el discurso del director del INE daba una clara señal de que ignoraba las recomendaciones finales de la comisión externa de expertos. Sus palabras no obstante indicaron que abrigaba la esperanza de que esas recomendaciones fueran menos drásticas y que no lo pusieran frente al peor de los escenarios: hacer el Censo nuevamente. Por ello argumentó que el cuestionado Censo 2012 “tiene una base limpia de toda la población censada, lo que es una buena noticia. A lo mejor va a haber críticas sobre el proceso censal, sobre la calidad de los datos y creo que hay una baja posibilidad que la comisión revisora nos recomiende algo catastrófico, como rehacer el Censo. Pero les digo: es una semana que viene comunicacionalmente muy dura”.

A sabiendas de que sus palabras podían generar inquietud, Coeymans afirmó ante los funcionarios que el INE no tenía internamente “gente experta en censo” y  anunció la creación de una Unidad de Estudios Censales, para así convertir al INE en el “referente de la estadística del país”. Pero para ello, los exhortó: “Necesito la colaboración de todos ustedes para salir adelante. Juntos lo podemos lograr, divididos, no”.

ARREGLOS A LA METODOLOGÍA DEL IPC

Un acápite especial de su alocución estuvo destinado a las fuertes críticas que ha recibido la metodología de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con cierta satisfacción explicó que, al cabo de tres meses a cargo de la institución, logró llevar a la OCDE una propuesta de un nuevo IPC con la arista de “moda y temporalidad” no incluida en el actual índice. “En una situación de crisis uno tiene que transparentar y, en este momento, si hacemos un arreglo o una nueva metodología al IPC, lo peor que nos puede pasar es que nos empiecen a criticar, porque estamos haciendo una propuesta que va a subestimar o sobrestimar la inflación. La OCDE hace pocas semanas respaldó lo que estábamos haciendo”, afirmó.

Coeymans reveló ante los funcionarios que ha decidido incorporar ciertas tareas en la Unidad de Precios del INE, para fortalecer las mediciones. Una de ellas fue ampliar la muestra del ítem de arriendo del IPC, para lo cual pidió un presupuesto de $400 millones adicionales. “Estoy tomando medidas para disminuir los cuestionamientos. Y esto ha sido un logro, porque ya no nos cuestionan en el tema del IPC. Ese tema había sido abultado por la crisis de desconfianza que estamos sufriendo como institución”, manifestó.

Al día siguiente, minutos después de que la Comisión Externa entregara su informe, Juan Eduardo Coeymans afirmó: “Esperaba un tsunami, pero no de esa magnitud”.

 

CENSO 2012: Comisión de expertos ratificó errores y recomendó rehacerlo el 2015

Vea también:
El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012
Mariana Alcérreca: “En el Censo 2012 sí ha habido manipulación”

Luego de tres meses de trabajo y de un exhaustivo análisis de las bases de datos y de la metodología utilizada para el Censo 2012, los cinco expertos de la comisión revisora externa recomendaron por unanimidad repetirlo “abreviadamente” en 2015 y advirtieron que sus resultados no deben ser usados en la elaboración de políticas públicas.  El grupo de expertos concluyó que el último Censo adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales, como el porcentaje de omisión, que en 70 comunas alcanzó un 20%.

La evaluación fue entregada este miércoles 7 de agosto por una comisión de expertos que fue mandatada por el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de que estallara el escándalo por los cuestionamientos a los resultados del Censo 2012 (ver resumen ejecutivo e informe final). La comisión estuvo integrada por David Bravo, director Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Larrañaga, oficial del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del PNUD; Isabel Millán, jefa de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social; Magda Ruiz, coordinadora Área Demografía e Información sobre Población, Celade y Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El informe unánime de los expertos ratificó la investigación de CIPER (publicada en abril de 2013), que reveló que en el proceso del Censo hubo una manipulación de cifras, puntualmente referida al número total de chilenos efectivamente censados. (Ver Reportaje: El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012)

Uno de los aspectos que más preocupó a la comisión fue la tasa de omisión de la población, que a nivel nacional asciende, “conservadoramente”, a un 9,3%. Este porcentaje triplica lo obtenido en Censos recientes en otros países de Latinoamérica. Para la comisión, el Censo 2012 “no logró la cobertura suficiente para contabilizar y caracterizar la población”.

El porcentaje de omisión es significativamente más elevado en los hombres entre 40 y 59 años, así como entre hombres y mujeres de 25 a 29 años. Esto afecta la caracterización demográfica y socioeconómica que se puede realizar a partir de los datos censales, puesto que se sesgan los resultados de escolaridad, ocupación, religión y demás variables relacionadas con el sexo y edad de las personas.

Fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien junto al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, entregó las cifras en una ceremonia en el Cerro Santa Lucía en abril pasado. La difusión pública de resultados del Censo entregó información sobre totales de población y de vivienda a nivel nacional y subnacional, sin informar que estos totales incluían tanto población efectivamente censada como población estimada.

Uno de los procedimientos utilizados fue imputar un número de moradores a las viviendas deshabitadas o erróneamente calificadas como desocupadas. Según la comisión, este mecanismo no fue consensuado dentro del INE y si bien se ha aplicado en otros países, se ha hecho con cerca del 1% de moradores ausentes, mientras que en Chile se hizo con el 3,5%.

Lo más cuestionado fue, sin embargo, la forma en que se estimaron las viviendas no censadas, es decir, aquellas que simplemente no fueron contabilizadas por los encuestadores. Primero se hizo una proyección del número de viviendas y luego se las “pobló” al imputárseles información de viviendas efectivamente censadas. La conclusión de la comisión es lapidaria:

“Este procedimiento fue de iniciativa del entonces director del INE (Francisco Labbé) y no corresponde a ninguna práctica establecida en los procesos censales; entre otras razones porque los censistas tienen la instrucción de incluir cualquier nueva construcción que aparezca en los recorridos censales y porque en el pre-censo se identifican las obras en construcción. La comisión considera que la imputación de estas viviendas no es admisible”.

La comisión determinó que la entrega oficial de datos del INE omite información esencial y “no cumple con los estándares de transparencia que requiere la función pública”. Pero además, la comisión estableció que la dirección del INE desatendió las opiniones de profesionales de la institución, como lo reveló Mariana Alcérreca a CIPER. De hecho, el informe de la comisión deja constancia que en la primera entrega de resultados hay una referencia que pasa inadvertida respecto a que la información entregada es sólo una estimación de la población, calificación que los expertos atribuyen explícitamente a Alcérreca.

Una vez conocido el informe de los expertos, el actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, lo calificó como “un tsunami”. Y afirmó que someterá sus recomendaciones a la evaluación de una comisión internacional, antes de decidir si se realiza o no un nuevo Censo. Lo mismo hizo horas más -y luego de una sesión extraordinaria del Comité Político en La Moneda-, el ministro de Economía, Felix de Vicente.  Sin aceptar preguntas, leyó un comunicado de prensa en el que informó que esperaran los informes ya solicitados a la Comisión Estadística de la Unión Europea y el Banco Mundial.

NUEVO CENSO

David Bravo, economista y director de Microdatos de la Universidad de Chile e integrante de la comisión, fue enfático cuando se le consultó si el Censo 2012, que tuvo un costo total de $30 mil millones, sirve de algo: “El Censo debe repetirse, pues los problemas descritos comprometen seriamente el logro de sus principales objetivos, que son contar y caracterizar a la población y viviendas a nivel de país, regiones, provincias, comunas y zonas urbana y rural”. (Ver entrevista en recuadro ).

La recomendación de la comisión revisora es realizar un Censo abreviado de población y vivienda en 2015, donde se recolecte información mínima. Esto implica que el instrumento deberá tener una un menor número de preguntas que las incluidas en el cuestionario de 2012.

La sugerencia es que el Censo abreviado sea “de hecho” (se encuesta a las personas donde pasaron la noche anterior) y en un día declarado feriado, metodología que se había usado hasta el Censo 2002 y que fue modificada para el Censo 2012.

Entre los problemas detectados por la comisión destaca el muy escaso tiempo de preparación -ocho meses-, que se contó después del cambio de metodología desde un censo “de hecho” a un censo “de derecho”. Esta decisión, determinó la comisión, fue adoptada por el director del INE, Francisco Labbé, y su entorno más cercano. Dicha falta de tiempo derivó en la no realización de una prueba piloto general del Censo, que habría evitado los problemas que se constataron y habría permitido una oportuna resolución.

Según el informe, los funcionarios del INE relataron que una de las razones para cambiar la forma en que se realizaba el Censo fueron las protestas estudiantiles: “La razón subyacente de parte del director del INE para cambiar la metodología censal fue la inconveniencia de depositar la realización del censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el año 2011. Realizar un censo de hecho tenía el riesgo de entregar a los estudiantes una eventual capacidad de veto del proceso”.

Además, los expertos advirtieron que el INE contó con insuficiente financiamiento, lo que habría incidido en falta de  recursos materiales y humanos para la normal operación del Censo.

La razón principal de la falta de recursos fue la subestimación de los mayores gastos asociados a un Censo prolongado “de derecho” y que se extendió a cuatro meses y la reticencia de la dirección del INE a solicitar recursos adicionales. Esto, pese a que desde un comienzo la Dirección de Presupuesto (Ministerio de Hacienda) asignó un monto menor al que el propio INE creía necesario para llevar a cabo la nueva modalidad del Censo, recortando desde $6.800 millones a $6.000 millones el suplemento solicitado.

El mal clima organizacional en el INE fue otro de los factores detectados por la comisión de expertos como una de las causas de los problemas del Censo 2012. Fuertes divisiones internas y un estilo de conducción vertical habrían impactado negativamente en la planificación y realización del proceso.

El informe reconstruye los conflictos al interior de la institución. Si bien estos se arrastraban desde la administración anterior, el mayor quiebre entre el ex director Francisco Labbé y los equipos del INE se produjo en junio de 2012, cuando éstos cuestionaron el proceso de levantamiento de datos y la alta tasa de moradores ausentes que estaban registrando. El resultado fue la marginación de los funcionarios de la siguiente etapa, el que Labbé realizó con su núcleo más cercano.  El reporte no se refiere a este grupo, el que según detectó CIPER en su primera investigación, incluía a Maximiliano Raide, como el principal asesor de Labbé, quien no se tituló de abogado y recibía su sueldo a través de terceros.

Los relatos recopilados por la comisión de expertos agregan que en el círculo íntimo de Labbé se produjeron fuertes discusiones respecto a si había que distinguir a la población efectivamente censada de la población estimada. Hubo varias explicaciones para haber optado por lo primero, entre ellas la crisis provocada sobre la confiabilidad de los datos de la encuesta Casen que se vivía en esos días. El resultado fue extender la crisis de confiabilidad a uno de los organismos más respetados de Chile, el INE.

La labor de los funcionarios del INE es destacada por el informe de los expertos como un factor clave que evitó un “desastre”: “La confluencia de los factores citados resultaron en un proceso censal plagado de problemas y dificultades, que a juicio de distintos entrevistados pudieron haber originado un “desastre” en el Censo. Que en este contexto se haya llegado a una cobertura poblacional cercana al 90% se puede explicar por el trabajo y dedicación de muchos funcionarios del INE, sin cuyo aporte los resultados habrían sido definitivamente inferiores”.

POLÍTICAS PÚBLICAS EN PELIGRO

Los expertos recomendaron que para fines del uso de datos oficiales y de política pública, no se utilicen los datos del proceso 2012 y se espere a tener los resultados del Censo abreviado propuesto. En el intertanto, propusieron seguir utilizando las proyecciones de población disponibles y se recomienda su actualización para el total de la población nacional en el curso del presente año con apoyo técnico del Centro Latinoamericano de Demografía de la Cepal (Celade).

Por razones de transparencia y fe pública, los expertos recomendaron disponer el acceso de investigadores y público interesado a las bases de datos de la población efectivamente censada en 2012. Para ello, el INE debe asegurar la consistencia de estos datos y proveer la documentación requerida.

Además, los expertos sugieren no volver a publicar en la página web del INE las estadísticas de totales poblacionales que incluyan las estimaciones por población en viviendas no censadas y con moradores ausentes resultantes del proceso censal 2012.

Paras evitar problema como los detectados, los expertos recomendaron que se inicien pronto los preparativos del Censo 2022.

David Bravo: “El Censo 2012 fue un proceso fallido”

-¿Cómo puede influir para el diseño de políticas públicas el uso de los datos que arroja el Censo 2012?
Estamos recomendando que para las preguntas relacionadas con pueblos originarios, población discapacitada o migración, no se utilice el Censo 2012, puesto que no son confiables los datos para extraer conclusiones, porque las tasas de omisión son muy altas y heterogéneas en algunas comunas. Por lo tanto, ciertos fenómenos que se pueden estar estudiando para el diseño de políticas públicas, como religión, discapacidad, parejas del mismo sexo, que pueden estar más manifiestamente visibles en algunas comunas, si en ellas hubo muy baja cobertura, obviamente los datos no son confiables.

Por la urgencia de ese tipo de preguntas es que recomendamos hacer un censo lo más abreviado posible y lo antes posible, siempre que se haga bien.

-Los $30 mil millones utilizados en este proceso censal, ¿se fueron al tarro de la basura?
Fue un proceso fallido. Y será el gobierno o la administración próxima la que tomará la determinación que mejor le parezca. Nosotros llegamos hasta acá. Trabajamos intensamente tres meses durante tres días a la semana, invertimos mucho tiempo y tuvimos mucha información. Y es por eso que presentaremos un conjunto de anexos para que la opinión pública pueda por sí misma hacer su propia evaluación.

¿En esta comisión participó el actual director del INE o ustedes sesionaron solos?
Los cinco miembros de la comisión aceptamos integrarla en la medida que fuera autónoma del INE y del gobierno. Para la etapa de audiencias, el director del INE manifestó el interés de estar en algunas. Por ejemplo, cuando acudió Francisco Labbé o las personas que acusaron al director. Y establecimos un procedimiento en el que a los invitados le preguntábamos si para ellos era molesto que estuviera el director y algunos invitados dijeron que todo lo contario, que les encantaría que estuviera.

-¿Cuál fue la recepción que tuvo Juan Eduardo Coeymans del trabajo que ustedes desarrollaron en estos tres meses y de las conclusiones a las que iban llegando en ese periodo?
Nosotros no hicimos discusión delante del director del INE o de Osvaldo Ferreiro, el nuevo jefe del Censo y quien nos facilitó mucho el trabajo. Y todas las deliberaciones la comisión las hizo por su cuenta. Ese fue e el procedimiento usado para mantener la autonomía de la comisión.

-Juan Eduardo Coeymans  se reunió el martes 6 de agosto con los funcionarios del INE en la Universidad Central y adelantó sus aprensiones por el trabajo de la comisión.
Esperamos que lea el informe y nos gustaría escuchar su opinión en un ámbito más formal.

-¿Cuál es el número de preguntas mínimas que debiera contemplar el nuevo Censo?
Probablemente se deberán acortar las preguntas, pero no entramos en ese tipo de detalles de número. Eso tiene que quedar a la discusión de los funcionarios del INE y a la institucionalidad que existe al interior de ese organismo para desarrollar este Censo, una vez que definan que esta es la manera de proceder, si es que eso resuelven.

-Hasta ahora no sabemos cuántos somos los chilenos. Entonces, ¿qué se hace en la planificación de políticas públicas hasta llegar a un nuevo Censo?
Para políticas públicas se deberían usar –si se requieren datos censales- los datos del Censo 2002 proyectados, por eso es fundamental que Celade pueda actualizar sus estimaciones ojalá dentro de este año.

-¿Hasta cuándo están actualizadas las estimaciones de Celade?
Hay proyecciones de población para 2012 y 2013, pero necesitamos que Celade con el INE trabajen para incorporar todos los datos sobre migraciones y estadísticas vitales disponibles a la fecha, de manera tal que las proyecciones se hagan sobre la base más certera posible hoy día y no se espera hasta cinco años más. En lo que se refiere a otros aspectos, que requieran caracterizar a la población, tendremos que trabajar con las encuestas que estén disponibles, pero los datos 2012 no son confiables para el diseño de políticas públicas.

-El Censo es la base para todas las estadísticas que se realizan en el país. ¿Qué ocurrirá con las demás estudios que deben basarse en este último Censo 2012?
Pienso que como marco muestral de información se pueden rescatar los datos. Hay algunas fórmulas de solución planteadas en el informe, pero es vital tener un censo bien realizado y eso explica nuestra recomendación.

-¿Cómo afectará para el cálculo del IPC el fallido Censo 2012?
El IPC se calcula a partir de una encuesta de presupuesto familiar. La encuesta de presupuesto familiar se diseña a partir de una muestra representativa, cuyos marcos muestrales son los datos censales. Por lo tanto, la próxima medición, la próxima canasta, se debía basar en los datos censales correctos. De manera que, el nuevo censo debe ser realizado de manera urgente y no esperar hasta el año 2022, fecha en que correspondía realizar el siguiente censo. Realizar un censo va a significar actualizar el marco muestral del cual se hacen las principales encuestas en Chile.

 

Renuncia grupo de asesores de confianza del ex director del INE

A una semana de que CIPER publicara los antecedentes sobre la manipulación de las cifras del Censo 2012 y la entrevista a la ex asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, siguen las repercusiones y los cambios en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La llegada del nuevo director interino, Juan Eduardo Coeymans, marcó un punto de inflexión en la crisis que atraviesa el organismo estadístico no sólo por los problemas del Censo, sino también por los cuestionamientos al cálculo del IPC.

El tema ha sido centro de atención no solo para la prensa nacional, sino también para prestigiosas revistas y diarios ingleses que recogieron los cuestionamientos publicados por CIPER. Uno de ellos es The Economist  (ver artículo) que abordó el tema bajo el sugerente título “¿Cuántos son los chilenos?” y que plantea que “la reputación de Chile está puesta en tela de juicio en lo relativo a la estadísticas oficiales”.

Juan Eduardo Coeymans, economista de la Universidad Católica, se constituyó inmediatamente después de su designación, el 29 de abril, en el edificio corporativo del INE para ponerse al frente de la institución. Tras el feriado del 1 de mayo, el nuevo director divulgó un comunicado de prensa en el que anunció la suspensión transitoria del sitio web www.censo.cl y de las ediciones impresas relacionadas que aún no se han distribuido: “Hasta que se haya llegado a la convicción de que son cifras con niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad”.

Coeymans informó que “paralelamente, se ha iniciado desde el lunes 29 de abril una auditoría interna sobre el proceso censal, cuyos métodos se someterán a evaluación por expertos externos”.

Consciente del daño a la credibilidad institucional que se ha producido tras los antecedentes entregados por CIPER, el economista se comprometió  a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de los productos del INE y a reforzar todos los mecanismos de validación, para así asegurar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales (ver comunicado INE).

EL GRUPO DE LOS CUATRO

De acuerdo a las instrucciones entregadas por quien fuera su jefe durante solo unas horas, el renunciado ministro de Economía y actual precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, Coeymans deberá solucionar el tema del cuestionamiento respecto de la metodología del IPC, hacer una auditoría a las bases de datos del Censo 2012 y apresurar la tramitación del proyecto de ley para dotar de autonomía al INE, cuya discusión debe darse en las próximas semanas.

Al menos públicamente, el ex ministro Longueira no hizo referencia a la necesidad de transparentar las contrataciones que hizo Labbé para el Censo 2012. En los hechos y según confirmó CIPER, ya no forman parte de la plantilla de asesores tres de los cuatro funcionarios que participaron de las decisiones más relevantes sobre cómo y qué informar públicamente respecto a las cifras del Censo 2012: Eduardo Carrasco, Maximiliano Raide y Carmen Paz Maldonado. Un cuarto asesor de Labbé, Sebastián Mathews, presentó licencia médica.

CIPER intentó comunicarse con la encargada de comunicaciones del INE, Carmen Paz Maldonado, pero desde la sede central del instituto se informó que ella había renunciado al cargo y que la reemplaza la periodista Paula Villarroel, quien durante toda la mañana estuvo reunida en el gabinete del nuevo director.

Carmen Paz Maldonado es periodista de la empresa Vox Comunicaciones, la que inicialmente asesoró al INE en las estrategias para difundir las cifras del Censo 2012. Tras el despido de la periodista Marcela Martínez, quien era jefa de comunicaciones del organismo técnico, asumió Maldonado ese cargo, cumpliendo media jornada y  recibiendo honorarios por $2 millones. Es decir, compartía sus funciones en el INE con su rol en la empresa VOX Com, que tiene entre sus clientes a  ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos Claro y Asociados,  Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras. Precisamente esta dualidad de funciones resultaba compleja, considerando que la periodista tenía acceso privilegiado -antes de que se conocieran públicamente- a los datos estadísticos más sensibles que genera el INE.

Lo que aún no está claro es si el nuevo director puso término a la asesoría comunicacional de Vox Com. El contrato lo suscribió en 2011 Francisco  Labbé con Gabriele Lothholz, gerenta y dueña de la empresa. El primer año se le pagó $27 millones y en 2012 la cifra ascendió a $33 millones.

El ingeniero comercial Sebastián Mathews fue jefe de Comunicaciones e imagen corporativa del INE hasta el año 2012 y luego continuó como uno de los asesores más estrechos de Labbé. Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos aumentaron año a año, hasta llegar a un sueldo de $3.678.667 en 2013. Su última aparición pública fue el viernes 26 de abril, cuando regresaba junto al entonces director del INE desde la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, en Pucón. Su situación actual está en suspenso, pues en el INE se informó que se encuentra con licencia médica desde el lunes 29 de abril.

Una de las decisiones más importantes en las que participó Matthews fue la presentación de 16 millones 600 mil personas como censadas, sin precisar que la cifra correspondía a 15 millones 800 mil personas efectivamente empadronadas y el resto a una proyección de los habitantes de viviendas con moradores ausentes.

Uno de los puntos que deberá dilucidar la auditoría interna es quiénes y cómo se filtraron las cifras globales del Censo 2012 a la prensa. Todos los funcionarios del organismo que tuvieron acceso a los datos de esta encuesta suscribieron una declaración de confidencialidad, entre ellos Sebastián Matthews. Según constató CIPER con funcionarios del INE, el ingeniero comercial intentó recuperar el documento de confidencialidad del Censo, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados positivos.

Quien sí renunció este lunes 30 de abril en forma definitiva fue el jefe de proyecto Censo, Eduardo Carrasco, responsable de la ejecución y publicación de los datos.

Quien también desapareció de las oficinas centrales del paseo Bulnes, donde está ubicado el INE, fue Maximiliano Raide, quien años atrás destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre ejecutivo y lobista bien contactado. Jóvenes Líderes es una organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1, quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, para intercambiar opiniones sobre la contingencia.

Sin título profesional y con estudios de derecho en la Universidad de Los Andes, Raide habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé, aunque no aparece en los registros ni en ninguna dotación del INE, a pesar de que gozaba de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva del organismo.

Sus honorarios se le pagaron a través de contratos triangulados de dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibía mensualmente $1.674.001 y Antonio Hartmann Ramírez, quien percibía $2.225.522 como asesor económico.

Raide despareció también de las oficinas del INE, pero al igual que el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, Carmen Paz Maldonado, Sebastián Mathews, su hermano Juan Pablo y Antonio Hartmann deberán atestiguar en las próximas semanas cuando el fiscal José Morales los llame a declarar en el marco de la investigación por la manipulación de los datos del Censo. El viernes 26 de abril el fiscal Morales encargó a personal policial incautar sus computadores, teléfonos celulares y documentos.

 

Mariana Alcérreca: “En el Censo 2012 sí ha habido manipulación”

Vea también el reportaje: “El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012
Descargue la declaración pública que emitió el director del INE, Francisco Labbé, tras la publicación del primer reportaje de CIPER

Mariana Alcérreca (41 años) es ingeniero comercial de la Universidad Católica y ocupa un cargo clave en Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El organigrama dice que es asesora del director, pero los 1.800 funcionarios del INE saben que ella es la eficiente “gerenta” por la cual pasan todas las decisiones importantes. Desde ese lugar ella ha sido protagonista en primera fila de la crisis que se fue incubando en la institución a partir de las decisiones de su director, Francisco Labbé y de sus tres asesores.

En esta entrevista la ingeniera comercial desmenuza los errores estadísticos del Censo 2012 y revela paso a paso cómo se fue materializando la manipulación de los datos, incluyendo una conversación con Francisco Labbé, en la que le instruye a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil en vez de 15 millones 800 mil personas. “No te dispares en los pies”, fue la frase con la que acompañó la orden. Consciente de que ello sería un engaño grave, se las arregló para dejar la huella de que eso no era efectivo.

Muy directa y franca, cuando CIPER la abordó en el curso de esta investigación, dijo de inmediato que ella es una mujer de derecha y que no quería hablar desde el anonimato, que siempre ha dicho lo que piensa y, que esta vez, por la gravedad de la situación, con mayor razón está dispuesta a dar la cara para proteger lo que considera esencial: las bases de datos, estadísticas, índices y encuestas más sensibles del país. Y al grupo profesional que está detrás y al que ella respeta y conoce muy bien. Es la primera vez que trabaja en la administración pública, siempre ha sido consultora independiente en el mundo privado. Hasta ahora. Cuando se siente obligada a dar un paso al frente.  Ella no hubiera querido nunca dar esta entrevista, y de eso no hay ni una sola duda. Y reitera que quiere dejar constancia que ni el Presidente Piñera ni el ministro Pablo Longueira intervinieron ni alteraron jamás la autonomía técnica del INE.

-Mariana, usted es asesora del director del INE, un rol clave en una institución que maneja y debe cautelar parte de los datos más sensibles del país. Nuestra investigación indica que al interior del INE se vive un terremoto, pero desde mucho antes. Testimonios de profesionales y jefes de los equipos técnicos indican cómo han sido dejados al margen de las decisiones por el director.  Usted ha dicho que no quiere hablar off de record. ¿Por qué decide dar esta entrevista?
Porque antes traté de dar todas las alertas posibles tanto dentro de la institución como en el Ministerio de Economía, y no me escucharon. Y  he llegado a la convicción de que se tiene que saber la verdad. Porque el INE es una institución técnicamente autónoma, que resguarda un patrimonio de gran valor para el diseño de todas las políticas públicas del país. Y como estoy convencida también de que el ministro de Economía no ha dado ninguna instrucción al INE para avalar los errores técnicos que se han cometido, respondo a esa autonomía técnica que debe tener el INE y su personal, y actúo en consecuencia.

-¿Ha sentido vulnerada esa autonomía técnica en estos días?
No, lo que ha estado ocurriendo dentro del INE es otro problema: el desmantelamiento de la institucionalidad técnica. Solo en el proceso del Censo yo puedo dar fe del desmantelamiento técnico. En el Censo sí ha habido manipulación. Y los equipos técnicos del INE permanente no han participado en absolutamente nada que tenga que ver en lo que ha pasado después del levantamiento (el trabajo en terreno del Censo).

-¿Eso significa que hasta la etapa del levantamiento el equipo técnico del INE participó normalmente de todo el proceso del Censo?
En el levantamiento participamos todos. Yo también salí a censar cuatro edificios completos. Y lo mismo ocurrió en lo que fue el diseño del cuestionario, en la decisión del cambio de metodología y en estudiar los impactos del cambio metodológico. Había un comité técnico paralelo al comité directivo del Censo. Por ese mismo comportamiento impecable desde el punto de vista profesional y técnico no me parece justo que se ensucie a la institución por el actuar de tres o cuatro personas.

-Para que todos podamos entender bien los problemas que afectan al Censo es importante reseñar lo que se hizo cronológicamente.
El Censo empieza en 2008 con los primeros trabajos en la parte cartográfica y geográfica, que es básicamente ubicar las casas en un plano para poder saber a dónde hay que llegar. Antes de que yo llegara al INE, empieza también todo lo que es diseño del cuestionario.

-¿Cuándo ingresa usted al INE?
Yo llegué al INE en octubre de 2010, como asesora part time del director nacional para hacer el plan estratégico de la institución. Y en mayo de 2011 el director me pide que me quede full time en un nuevo rol: responsable de la gestión interna. El plan estratégico –que es la definición del plan en estos tres años- se lo presentamos al Presidente de la República y a partir de mayo-junio de 2011 asumo full time este cargo más de “gerente”.

-Y cuando usted llega, ¿en qué etapa está el Censo?
Terminándose la etapa del cuestionario y ya trabajándose las estrategias de comunicaciones, reclutamiento y levantamiento. En ese minuto todavía estaban los distintos equipos del INE participando: de informática, el equipo técnico en la parte del cuestionario y había un equipo especial para el levantamiento. Estaba también trabajando el equipo de geografía y de cartografía. Ya había empezado el pre-censo: estaban en terreno. En ese momento llego. Y es ahí cuando sale el jefe anterior del Censo y queda a cargo del proceso Eduardo Carrasco, quien ya era asesor del Censo. En ese momento los de informática dejan de participar en el proceso y toma esa área una persona de confianza de Carrasco.  Todo estaba funcionando normalmente. Tuvimos consultorías externas que vinieron a revisar los procesos, y fue a fines de agosto de 2011 cuando empezamos a vislumbrar la posibilidad de hacer un cambio metodológico.

-Un cambio metodológico importante, ¿cuál fue la razón de que se hiciera?
Porque se nos fue haciendo nítido que era un suicidio hacer un Censo con voluntarios y en una cantidad que hacía imposible abarcar el total de casas que se necesitaba.

-¿Cuál fue el cambio metodológico que se propuso ejecutar para este Censo?
Cambiar un “censo de hecho”, que se hace en un día y en el que la gente se censa donde durmió la noche anterior; a un “censo de derecho”, donde la gente es censada en su lugar de residencia habitual, y que se hace en más días. Metodologías para hacerlo hay muchas, y del estudio que hicimos en el INE estimamos que lo más conveniente eran tres meses lo que requeríamos.

-¿No afectaba el cambio la comparabilidad con los anteriores censos?
No, las ventajas eran clarísimas metodológicamente hablando: en los censos anteriores se había preguntado respecto de la comuna de residencia habitual de las personas. Por lo tanto, no se iba a perder la comparabilidad de los datos, que es la pregunta más importante cuando uno cambia metodología. Ahora, no se podía comparar exactamente con los tabulados de los censos anteriores, sino que el Censo anterior había que reprocesarlo sobre la base de esa pregunta: la comuna de residencia habitual. Y eso hace que las cifras sí sean comparables. Nosotros presentamos la propuesta a la Comisión Nacional Censal y el cambio se decide en septiembre de 2011.

-Es una propuesta del equipo técnico del INE…
Quiero ser transparente: la propuesta nace del director del INE y de su jefe del proyecto, Eduardo Carrasco, apoyados por mí, que les ayudé a elaborar las minutas técnicas con las que fuimos a defender el cambio al Ministerio de Economía y a la Presidencia de la República. Después se comunicó al resto del equipo, que estuvo de acuerdo al analizar los cambios que implicaba esa decisión. Eran cambios tanto en el cuestionario como en la metodología de levantamiento, pero factibles de ejecutarse en esa etapa. Además, definitivamente era la única forma de hacer el Censo.

-Porque el peligro mayor que ustedes veían era no alcanzar a censar todas las casas. ¿Hubo cuestionamientos a esa decisión?
Esa propuesta fue aceptada por el ministro de Economía primero, por la Presidencia, y finalmente por la Comisión Nacional Censal. A mediados de septiembre de 2011 sale públicamente el INE en conferencia de prensa anunciando el cambio de metodología y el por qué. No hubo mayores críticas al proceso. Porque lo principal, la comparabilidad de los datos,  estaba garantizada.

-Con el cambio metodológico, ¿se alteró el clima y los acuerdos al interior del INE respecto del proceso del Censo?
En absoluto. Nosotros teníamos un comité directivo del Censo donde participaban las cabezas del INE en cada uno de sus ámbitos y que se reunía una vez a la semana y del que yo era secretaria ejecutiva. En paralelo, comienza a funcionar un comité técnico donde participa el equipo de Estudios Sociales de la Subdirección Técnica y de Levantamiento de Hogares de la Subdirección de Operaciones, para analizar todos los impactos que pueda tener el cambio en el cuestionario y en los resultados de los datos. Ahí están las minutas semanales de cada una de esas sesiones de evaluación del proceso, donde están registrados los cambios necesarios al cuestionario.

-¿Cuáles eran los peligros más importantes para evitar inexactitudes en los resultados del Censo que se vislumbran con el cambio metodológico?
El riesgo más grande es duplicar gente, o que te falte gente. Tiene que ver con la movilidad: todos los que se cambiaron de casa durante el periodo censal. Entonces, se establecieron todos los protocolos de qué hacer en el caso de, por ejemplo, que tú llegues a una casa y la persona te diga: “Yo ya fui censada en mi casa anterior”. Se empiezan a hacer las definiciones de, por ejemplo, qué pasa con los trabajadores temporeros, con las faenas mineras, con el servicio doméstico, cómo tienen que responder, en qué casos son los residentes habituales de un lugar versus los residentes habituales de otro. Así se hacen los distintos protocolos que nos permitan ir abordando caso a caso.

-¿Y cuándo surge el primer problema?
Cuando empieza el levantamiento tuvimos dificultades. Como comité directivo del Censo nunca logramos ver el plan de operaciones: cómo se iba a levantar. Por ejemplo, en Santiago era súper importante censar en fines de semana y horarios no hábiles, y ahí sí que cometimos un error. Dividimos la Región Metropolitana en cuatro regiones con cuatro cabezas que al mes de levantamiento nos dimos cuenta que había que transformar en ocho: era demasiado grande y no estábamos logrando cubrir lo que se esperaba. Cuando empezamos a levantar, el equipo informático del Censo diseñó un sistema que nos permitía tener control sobre lo que estaba pasando en terreno: cada día los encargados de local tenían que registrar en el sistema cada una de las encuestas que se iban llenando (un portafolio tiene más menos 15 cuestionarios, son más o menos 15 viviendas, cuántas se habían logrado cerrar, cuántas habían quedado pendientes para una próxima visita, etc.). En ese minuto, al equipo técnico del INE no se le da acceso a ese sistema de control diario de la operación. Nadie del equipo técnico tuvo la clave. Hicimos varias reuniones para poder ir viendo los avances. Empezamos a hacer reuniones semanales donde cada jefe de zona en Santiago iba a explicando qué porcentaje de cobertura llevaba, teníamos informes diarios desde las direcciones regionales, de manera que ante un problema que se generaba en una región, poder encontrar una solución y repartirla a todo el país en la medida que fuera aplicable. Actuamos bastante ágilmente en ese sentido, pero no con toda la transparencia debida porque no todos tenían acceso a la información.

-¿Cuánto le cuesta al Estado de Chile realizar el Censo?
Sólo para los trabajos de 2012 fueron $16.700 millones. En el INE hicimos la comparación de cuánto cuesta el Censo en otros países, y el estándar va, si mal no recuerdo, entre 3 y 5 dólares por persona censada. Nosotros estábamos dentro del rango, no estábamos haciendo un derroche de plata.  Así, todos los problemas se fueron solucionando, hasta que, a medida que nos íbamos acercando a la fecha final, nos damos cuenta que no llegamos…

-¿Qué significa “no llegamos”?

Que no vamos a lograr cubrir el total de las viviendas del país en el periodo que nos habíamos propuesto. Nosotros propusimos, en principio, terminar el 30 de junio de 2012. Y no llegábamos. Empezamos a ver las curvas de rendimiento y evidentemente al principio uno avanza más rápido y al final más lento. Porque al principio ninguna casa está censada y luego tienes que ir repasando, falta una casa en esta cuadra, otro departamento en otra esquina. Cuando comenzamos a hacer los primeros cierres de datos, nos damos cuenta de dos hechos: uno, estábamos llegando a un dato de población considerablemente menor al que las proyecciones de población para el 2012 nos decían. Y dos, había preocupación por dos indicadores bien importantes en un Censo: la cantidad de viviendas con moradores ausentes -casas que tú ves que hay gente que vive ahí, pero no están– y  la cantidad de viviendas desocupadas. Entonces vino un fuerte apretón operativo para disminuir esos porcentajes muy altos y para asegurarnos que estaban correctas esas cifras de viviendas desocupadas y de viviendas con moradores ausentes.

-¿Cómo fue ese apretón?
Tenemos una reunión en la que el equipo técnico con los datos del sistema, proyectan las cifras hacia el final del proceso y dicen: “Vamos a llegar a 15 millones 800 mil personas censadas”, más el porcentaje de moradores ausentes -en ese minuto estábamos cerca del 4%-, más aproximadamente 10% de viviendas desocupadas…

¿Estamos hablando de qué fecha?
Junio de 2012. Porque el 30 de ese mes teníamos que cerrar, y finalmente nos extendimos todo el mes de julio censando. Pero en esa reunión nos damos cuenta de que definitivamente estamos muy lejos de las cifras de proyecciones de población. Hablamos con la gente de Demografía, la que nos dice que eso es explicable porque los supuestos sobre los cuales se construyen las proyecciones de población pueden no estarse cumpliendo. Por la metodología que yo logré entender en ese minuto, había supuestos que no se estaban dando y por lo tanto era factible encontrar menos población de la que se suponía por las proyecciones.

HAY QUE SINCERAR LA CIFRA CENSADA

-Vamos a los números, comparemos las proyecciones con los datos duros que el levantamiento les empieza a arrojar en junio de 2012.
Según las proyecciones de población este país debería tener 17 millones 400 mil habitantes. Y con los datos a la vista, si sumábamos los que habíamos censado, más los moradores ausentes, estábamos llegando a 16 millones 384 mil. Metodológicamente, no es raro que la cifra de 17 millones 400 mil no se cumpliera. Ahí se produce un quiebre importante entre el director y los equipos técnicos porque al director le cuesta explicar esta diferencia y la gente del mundo técnico exige la rigurosidad técnica que corresponde. La diferencia entre la cifra de población a la que nosotros vamos a llegar y las proyecciones, debía ser explicada al país. Y formas de explicarlas hay. Había que sincerar la cifra censada real y decir que el resto, para llegar a los 16,3 millones, eran estimados. En el fondo, hay que decir cuantos formularios contestados realmente tenemos y cuanta población estamos estimando. La respuesta del director fue sacar al equipo técnico del INE del Censo, el que revisa todos los productos del INE, con el argumento de que ellos están boicoteando el Censo, lo que no comparto en lo absoluto porque fueron un tremendo apoyo en todo el proceso.

-Si se entiende la importancia del Censo en la decisión de políticas públicas, lo que corresponde en el proceso es absoluta transparencia de los datos.
Así es, sin olvidar que, además, los censos son bien observados desde todos los organismos internacionales porque son metodologías tan universales y que permiten comparar índices y muchos indicadores. Si queremos comparar Chile con cualquier otra economía, con cualquier otro país, los datos censales son clave para ello. Por eso es muy importante que las cifras sean puras. En ese minuto se produce una discusión técnica muy acalorada en la que se ubican por un lado, Marcela Cabezas -entonces subdirectora técnica- y Andrés Bustamante, jefe de Estudios Sociales; y por el otro, el director.

-¿Qué ocurrió cuando terminó el levantamiento?
Termina el levantamiento y el sistema nos arroja 15 millones 800 mil personas de población. Ese sistema es conteo manual. O sea, yo te censé en tu casa, me dijiste que en tu casa había dos hombres y dos mujeres, yo anoté el total de los 15 cuestionarios, cuántas mujeres, cuántas hombres, qué total había en el portafolio y eso se digitó. Es como el conteo a boca de urna en el contexto de las elecciones. Y con eso se entregan las cifras preliminares del Censo el 30 ó 31 de agosto de 2012. La población censada son los 15 millones 800 mil. Si asumimos que hay un porcentaje de viviendas con moradores ausentes y estimamos esa población, deberíamos llegar a un total de población estimada de 16 millones 400 mil personas. La diferencia es si tú dices que los 16 millones 600 mil es población censada o dices que es población estimada, cifra que incluye los censados más la estimación de las personas en las viviendas con moradores ausentes. Si tengo efectivamente censados 15 millones 800 mil o tengo 16 millones 600 mil. Ahí comienza la discusión, de qué cifra y cómo se va a entregar. Y ahí ya no participa el equipo técnico: estaba marginado.

“NO SEAS HUEVONA, NO TE DISPARES EN LOS PIES”

-¿Quiénes participaban en esa reunión?
El director, Eduardo Carrasco, yo y, a veces, los dos asesores del director: Maximiliano Raide y Sebastián Mathews. Sebastián estaba a cargo del tema comunicacional. Y ahí viene el problema grande que se produce porque yo me mantuve en la posición del equipo técnico: mostremos los 15 millones 800 mil efectivamente censados, y digamos qué le sumamos para llegar al total de 16 millones 600 mil. Y el director me dice: “No, vamos a decir que censamos 16 millones 600 mil”. Yo digo: “Pero es que eso no es verdad”. Y él me dice, textual: “No seas huevona, no te dispares en los pies”.  Yo lo miro y digo: “Prefiero ser huevona a mentirosa”. Entonces me dice: “Todo depende de cómo tú lo presentes”. Pero como a mí me tocó escribir el documento de entrega de resultados preliminares, registré siempre “población estimada” y nunca “población censada”…

-Eso lo comprenden solo los entendidos…
Lo entienden solo algunos y, por supuesto, no fue como salió en la prensa. Si usted se fija (lee el documento): “Los resultados del Censo 2012 indican que la población estimada en Chile es de 16.572.475 habitantes”. Ahí hay un segundo problema que se nos presenta: que como cobertura de viviendas estábamos llegando a más de un 100%, cosa que es imposible de explicar, se decidió hacer un ajuste que está explicado en el mismo documento: “A las viviendas totales del pre-censo se le sumó una estimación de la construcción de viviendas entre que terminó el pre-censo en esa comuna y la fecha del censo en esa comuna”.  Y por lo tanto, aumenta el total de viviendas y disminuye a menos de cien por ciento la cobertura. ¿Qué es importante decir? El dato de cobertura de viviendas no mide la calidad de un Censo. Según todos los papers internacionales lo que mide la calidad de un censo es la omisión de población, no de viviendas, porque uno no tiene ningún dato que le permita decir con exactitud cuántas viviendas hay. Como se habló de una cobertura del 98% de las viviendas, a partir de ahí el director y sus asesores empiezan a hablar del “mejor Censo de la historia de Chile”, porque la información que existe de los censos anteriores te hablaba de coberturas menores.

-¿Y se estaba comparando cobertura de viviendas con omisión de personas?
Lo que no es comparable. Solo podemos estimar la omisión total en personas una vez que se hacen los ajustes de población, un trabajo que hace el equipo de Demografía en conjunto con Celade (Centro Latinoamericano de Demografía). Además, la bibliografía que hay al respecto indica que la calidad de un censo es muy difícil de medir. ¿Cómo dimensionas si, por ejemplo, la capacitación a los censistas mejora la calidad de los datos? Se supone que uno debiera decir que sí. ¿Pero cómo la mides? Por eso, el único dato oficial para medir la calidad del Censo es la omisión de población.

-¿Cómo se define “omisión de población”?
Con el Censo anterior, con los datos de estadísticas vitales de nacimientos y muertes en el periodo, y si estás tomando las edades de las personas diez años atrás y las proyectas diez años más, puedes estimar sin necesidad de un censo cuánta población habrá en Chile. Eso es lo que hace Demografía. El principal trabajo de los demógrafos es estimar los cambios demográficos en la población y, por lo tanto, ser capaz de decir cuál es población estimada en un momento del tiempo en el país. Con ese ajuste, que se hace posterior al Censo y en conjunto con Celade, uno llega a decir “la población proyectada para el año 2012 es X número”. Ese número, menos el dato de población censada, te dice cuántos chilenos no censaste. Y eso te dice qué porcentaje es la omisión. Pero aquí el problema es que salimos a la opinión pública con una población censada de 16 millones 600 mil, cuando en realidad debimos decir que la cifra de población censada es de 15 millones 800 mil, más el porcentaje de viviendas con moradores ausentes, lo que hace que la población estimada sea de 16 millones 600 mil.

-¿Y por qué no salió así en los diarios?
Porque hubo una decisión del director del INE, Francisco Labbé, y de Eduardo Carrasco de no decirlo así porque era dispararse en los pies. Porque esa fue la estrategia de comunicación que se adoptó para sustentar el anuncio de que este era “el mejor Censo de la historia”.

-¿Hizo algo cuando usted supo que esa cifra errónea iba a ser entregada por el propio Presidente Piñera?

En ese momento, logramos que esas cifras preliminares no fueran entregadas ni por el Presidente ni por el ministro de Economía. Eran los últimos días de agosto de 2012 y el problema por la cifra de la Casen había explotado en esos días. Dijimos: “ninguna cifra que entregue el gobierno es buena en este momento”, por lo tanto, esta información la entrega el INE directamente. En ese minuto yo enciendo la alerta.

-¿Dentro del INE?
Sí, en una reunión con el director, Eduardo Carrasco, Sebastián Matthews y Max Raide, además de Raúl Sepúlveda, yo les digo: Director, es su decisión, pero este problema va a estallar en marzo cuando tengamos que entregar las cifras oficiales y la base de datos. Porque, dado que en este caso particular están las direcciones, en la base de datos no se pueden duplicar ni inventar direcciones. Eso sí que sería fácil de detectar. Simplemente, estamos trasladando de fecha el problema: de agosto a marzo. A esas alturas, el equipo técnico del INE ya no existía en el trabajo del Censo y se empieza a trabajar con el escaneo de todos los formularios en una empresa externa, la que finalmente hace entrega de la base de datos total con todos los formularios escaneados. ¿Qué pasa entre agosto de 2012 y enero de 2013? No tengo idea. ¿Cómo se hicieron las validaciones? No lo sé. ¿Cómo se hicieron las imputaciones de los datos en aquellas casas donde las personas no responden? Tampoco lo sé, ni yo ni nadie del equipo técnico del INE. En principio, el acuerdo era que las reglas de validaciones e imputaciones se trabajaban en conjunto con el equipo técnico. Lo que no se cumplió.

-¿Por qué ese secreto para un trabajo tan técnico como importante? ¿Cuál es su explicación?
Ni el director ni sus tres asesores, Eduardo Carrasco incluido, quisieron que ese trabajo lo viera el equipo técnico, porque se iban a dar cuenta de cuáles eran los errores más graves que había en el proceso del Censo. A mí tampoco me dan acceso. De hecho, a mí me entregan en un momento un documento sobre cómo van a validar e imputar datos y les digo: “Yo no entiendo de esto y no lo voy a validar. No me pidan la firma para esto. Yo se lo paso al equipo técnico”. Y me responden: “No, no, no, el equipo técnico no puede tener esto”. Y no lo firmé.

-¿El equipo técnico no reclama, no pide integrarse al trabajo de validaciones e imputaciones como estaba establecido?
Sí, reclamaron, y en reiteradas oportunidades porque era una situación absolutamente fuera de lo normal. Fue ahí que el director decidió despedir a la subdirectora técnica Marcela Cabezas. No lo hizo en agosto del año pasado porque ella técnicamente es intachable y, mal que mal, el equipo técnico lleva todos los otros productos del INE: IPC, encuesta de seguridad ciudadana y todas las cifras sensibles, empleo, sectores económicos, encuesta suplementaria de ingresos.

-¿No hubo un problema ideológico en las disputas entre el director y la subdirectora técnica Marcela Cabezas?
No, jamás. Porque esto es matemática. ¿Qué podría tener que ver sumar personas con un problema político?

“TENGO UN RESPETO ABSOLUTO POR EL PRESIDENTE PIÑERA”

-Usted es una mujer de derecha y partidaria del Presidente Sebastián Piñera, ¿no es así?
Sí, efectivamente soy una mujer de derecha y partidaria de este gobierno, pero primero soy profesional. Y tengo un respeto absoluto por el Presidente Piñera. Me tocó participar en varias reuniones con él, y me asombra y me admira su capacidad de retención, de análisis de la información que se le presenta, la velocidad a la que es capaz de ir entendiendo las situaciones. Él me genera una gran admiración.

-Si ni usted ni el equipo técnico del INE saben cómo finalmente se imputó el Censo 2012, ¿quién lo sabe?
Eduardo Carrasco y su equipo. Nosotros en enero tenemos una primera reunión para definir la fecha de entrega de datos. Siempre habíamos hablado de marzo. Esa fue una promesa que se hizo a la Presidencia y que se mantuvo a pesar del cambio de metodología. El equipo de Censo se comprometió a entregarle la base de datos al área de Comunicaciones del INE el 15 de febrero. Yo no estuve en Chile para esa fecha, me tocó viajar con el director a la conferencia estadística de Naciones Unidas. Y la fecha no se cumplió. Volvimos el 3 de marzo: “¿Qué pasa con la base de datos?”, preguntamos. Nos responden: “No está lista todavía, no hemos visto un solo dato”. Y yo le digo al director: “No se case con ninguna fecha mientras no vea la base de datos”. Teníamos un compromiso con el Presidente y un compromiso con los indicadores internos de medición de gestión del INE de que no podía ser más de 240 días después de finalizado el proceso de levantamiento, por lo tanto, no nos podíamos pasar del 28 de marzo. Y a esas alturas, yo no había visto ni un dato. Sin embargo, sabía que ya estaban circulando algunos, por ejemplo, el porcentaje de católicos, el porcentaje de personas que había declarado que convivía con parejas del mismo sexo. Datos relativamente simples de sacar de una base de datos.

-¿Eran filtraciones hacia qué personas o entidades?
Internas, que desde el Proyecto Censo se las hacían llegar directamente al director.

-¿Las pidió el propio director?
Entiendo que sí. De hecho, en el Congreso me tocó un día escuchar al director entregando el porcentaje de católicos. “No, si no bajan tanto los católicos, solo un 2% no más respecto al Censo anterior”, le dijo en el Congreso a un abogado de la Secretaría General de la Presidencia. Le dije luego que eso no debe hacer, que no corresponde que el director del INE esté adelantando cifras. Finalmente, el director hace un viaje a Arica a mediados de marzo y el jefe del Censo, Eduardo Carrasco, se sienta conmigo y me dice: “Mariana, tengo un problema, con la base de datos estoy llegando a 16 millones 300 mil”. Le respondo que es grave porque cómo vamos a llegar a menos población que la que dijimos en agosto. ¡Imposible! “La diferencia la hacen esas personas de aquellas viviendas con moradores ausentes que estimamos en la primera vez”, agrega. ¿El director sabe?, le pregunto. “No”, dice. El director llega al día siguiente. Me voy a su oficina y le digo lo que pasa. De inmediato Labbé llama a Eduardo Carrasco. Y escucho que le dice: “Pero esto hay que arreglarlo, tienen que ser más, agrega la población”.

-¿Eso es lo que usted escuchó que le dijo Francisco Labbé a Eduardo Carrasco cuando el primero supo que había una diferencia con la cifra preeliminar de personas censadas entregada en agosto de 2012?
Así es. Estábamos a puertas cerradas en la oficina del director. Y es precisamente ese diálogo lo que me hace estar dando esta entrevista que créame no hubiera querido nunca dar.

ENGAÑO CON LOS MORADORES AUSENTES

-¿Esa es la certeza -después de que conoció el proceso paso a paso- que la lleva a decir que la cifra final del Censo 2012 fue manipulada?
Sí.  Primero hay engaño al incluir a los moradores ausentes a la cifra de los realmente censados, pero aquí se agrega población directamente.

-¿No intentó hacer algo para parar esa manipulación?
Absolutamente, claro que lo intenté y en las instancias correspondientes. Primero, con el director y Eduardo Carrasco, no pude, y entonces empezó en paralelo el tema comunicacional para determinar cómo íbamos a entregar los datos. Y los asesores comunicacionales de Labbé deciden que hay que decirle a la Presidencia y al ministro de Economía que entreguen los datos. Me niego rotundamente.

-¿Por qué se negó?
Porque no se puede exponer al Presidente y al ministro, sin que sepan la información real de la manipulación de datos, a salir dando cifras erróneas. Yo tengo que proteger al gobierno y a la institución para la que trabajo, que es técnica y del Estado de Chile. Lo dije en reiteradas oportunidades. No me quisieron escuchar. Tuvimos una reunión interna y el director estuvo de acuerdo en ese minuto. De hecho, sacó a Sebastián Matthews como encargado de Comunicaciones y puso a Marcela Martínez como responsable de la entrega de los datos del Censo. Porque la decisión era sacar al Presidente y al ministro del escenario de la entrega. Misteriosamente, a la semana siguiente, nos llaman del Ministerio de Economía a una reunión. Va Marcela Martínez, el director y yo. En esa reunión está el jefe de gabinete del ministro y gente de comunicaciones del ministerio, y se habla de cómo se van a entregar las cifras y empiezan a armar el “evento” donde el Presidente entregará las cifras del Censo al país. Allí digo: “Me parece que es un riesgo que el Presidente y el ministro den los datos del Censo”. Mi argumento, sin decir nada de la manipulación, fue que en un año electoral, en un periodo donde la oposición ha estado constantemente atacando todas las cifras que salen del gobierno, tenemos que blindar al gobierno, que todos los flancos lleguen al INE, el que técnicamente podrá defenderse, pero no tenemos por qué exponer al ministro y al Presidente a entregar datos que después pueden ser cuestionados con verdades o mentiras.

-¿Cuál fue la respuesta del equipo del Ministerio de Economía?
En ese minuto me hacen callar, diciéndome: “No te atrincheres. Si hicimos el mejor Censo de la historia, si logramos contratar a esa cantidad de gente, si tuvimos un índice inédito de cobertura, por qué como acto republicano, el Presidente no va a dar las cifras”. Y agregan: “A no ser que haya alguna información que nosotros no tengamos”. El director calla. Volvemos al INE, me encierro con el director en su oficina y le digo: “Director, usted y yo sabemos que va a haber críticas a los datos. Usted y yo sabemos que sí estamos escondiendo algo. No puede permitir esto”. No me escucha. Dos días después, nos citan a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, a Programación. Y escucho cómo se va a montar el evento. Ahí mi angustia fue horrorosa. Tanto que lo único que dije en esa reunión fue: “Es primera vez que en los censos el Presidente entrega los datos”. Una persona de Programación dice: “Es importante lo que tú estás diciendo”. Pero ahí quedó. Volvimos al INE. Nuevamente intenté convencer al director. Éste me hace callar, me dice que el capitán de un barco y los líderes no pueden mostrar angustia. Poco después, tomo el teléfono y llamo a la única persona  del Ministerio de Economía con la que tengo cercanía y le cuento el problema: “Ayúdame, hay que parar este evento. No puede estar el Presidente con el ministro dando los datos, porque hay información que no corresponde”. Para entonces, ya teníamos un informe de un consultor internacional en demografía que había mirado la base de datos y que nos había dicho que los índices de masculinidad que estaba dando la base de datos no tenían una explicación demográfica, que no se explicaba por qué había 200 mil hombres menos. Y estima que la “omisión de población” estaría cercana al 4,8%. Con ese índice de omisión, en ese mismo minuto, el Censo pasaba de ser el mejor de la historia a ser el peor, por lo menos de los últimos tres.

-Ese informe, ¿quién lo conoce?
Ese documento lo conoce todo el equipo de Demografía y el director. Por lo que sé, este demógrafo no tuvo acceso tampoco a la base completa del Censo, le pasaron solamente la parte demográfica. Entonces, él asumió que los 16 millones 600 mil que le estaban reportando, era población censada. Incluso así estimó la omisión en un 4,8%A la espera de lo que me dijera la persona a la que llamé del Ministerio de Economía, me fui a la oficina del director: “Renuncio, no me la puedo con esta mentira. Hasta aquí no más llego”, le digo. Y su respuesta fue: “No te puedes ir, porque si te vas ahora dejamos en evidencia que hay un problema. ¿Qué quieres que haga para que te quedes?”. Le respondo: “Quiero que diga la verdad”. Él tomó el teléfono y se comunica con el jefe de gabinete del ministro. Le explica que hay un informe de un demógrafo que dice que faltan 200 mil hombres. Es todo lo que dice. Para entonces, mi único objetivo  era bajar al Presidente y al ministro Longueira de esto. El evento estaba fijado para dos días después. Si los datos los entregaba el INE, adentro nos hacemos responsables, pero no queda manchado el sistema completo. Entonces, del Ministerio de Economía llaman al director y le dicen que el rumor es que Mariana Alcérreca renunció porque le faltaban 200 mil hombres. Y agregan: “Mira la histérica”. Finalmente, el acto se hizo tal cual estaba planificado. Yo dije que no quería participar. Lo que terminó por saturarme y de clarificar que todo estaba mal hecho fue que el día anterior al acto tenemos la información de la filtración a la prensa…

-Se hizo investigación interna por esa filtración.
Se dio la instrucción de que se iniciara el 18 de abril. Nos costó mucho convencer al director.

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS  Y ASESORES

-¿Hay personas que no son funcionarias y que conocieron los datos?
Hay una persona no funcionaria que conoció los datos: Maximiliano Raide. Cuando el problema de la filtración estalló, Raide no había firmado el documento de confidencialidad, porque no es funcionario pero sí lo había hecho Sebastián Mathews y éste empezó a exigir que le devolvieran el documento. Fue el fiscal del INE el que me lo dijo: “Mariana, Sebastián mandó a su secretaria a pedir que le devolvieran el papel de confidencialidad que él había firmado”. Le dije que por ningún motivo se lo devolvieran, que eso era lo que correspondía.

-¿Por qué el director no quiso instruir una investigación por la filtración a El Mercurio?
El día de la entrega de los resultados nos llegó un mail de la Presidencia, de María Irene Chadwick, la jefa de contenidos, preguntando “quién filtró los datos”. En paralelo, cuando en esa mañana se ven los datos en El Mercurio, me llega un mail de Andrés Bustamante, jefe de Estudios Sociales, diciendo: “En la prensa dicen una serie de cosas que no son ciertas”; y un mail de Demografía que señala todos los errores  publicados en El Mercurio.

-Déme por favor un ejemplo.
La tasa de fecundidad: la calcularon simplemente tomando el total de hijos y el total de mujeres en edad fértil, y lo dividieron, por desconocimiento de cómo se calcula y por no preguntar a la gente de Demografía. Y ese cálculo erróneo lo hizo el propio director. Y lo sé porque a la semana, en una reunión con el equipo de Demografía, cuando nos dicen por qué hay un error y cómo se calcula la tasa de fecundidad –que se calcula desde las estadísticas vitales- el director dijo que la cifra entregada la había calculado él mismo. La filtración la hizo alguien que tuvo acceso al documento de síntesis de los resultados que se iba a entregar al día siguiente. Allí estaba la errónea tasa de fecundidad que después debió corregirse, al igual que las otras cifras con errores.

-Según su experiencia, ¿pueden personas que no están sujetas al secreto profesional, a la confidencialidad, tener acceso a informes tan sensibles como empleo, IPC, a los informes de mercado del INE?
Es algo que incluso con solo el sentido común se responde: ¡no!

-Se lo pregunto también porque el director, junto con despedir a Marcela Cabezas, la subdirectora técnica, despidió además a la encargada de Comunicaciones, Marcela Martínez, a la que acaba de reemplazar la periodista Carmen Paz Maldonado, quien pertenece a una empresa de comunicación estratégica, Vox Com, la que tiene clientes del mundo financiero.
Así es. Y el director está consciente de ello. Pero creo que él confía que si le dijeron que no iban a traspasar datos hacia afuera anticipadamente, así será. Lo que me parece un poco peligroso para el nivel de confidencialidad que se debe respetar al trabajar en el INE. Pareciera que al director eso no le preocupa tanto. Lo que más ha resaltado en su gestión es “el mejor Censo de la historia” y el proyecto de ley: el INE autónomo. Ahí focalizó exclusivamente sus esfuerzos.

TRES FE DE ERRATAS

-Mariana, en la sucesión de errores que usted ha relatado y por las declaraciones de los jefes técnicos luego del despido de Marcela Cabezas, queda claro que en el centro del problema ha estado la gestión del director, Francisco Labbé. ¿Cuál es el problema con el director?
El director quiere que su censo sea “el mejor de la historia”, y lo sostiene como sea. No se quiere reconocer que aquí hubo errores. Porque posiblemente el problema es mucho más simple de resolver. Si la base original existe, la base de los 15 millones 800 mil, podríamos perfectamente tener buenos datos, pero se le agregaron datos a esa base. Entonces las tres fe de erratas que han salido, con varias correcciones cada una -el 3, 9 y 22 de abril- se deben a que no hicieron bien la cuadratura.

-Explíqueme eso por favor…
Por ejemplo, el equipo de Demografía nos dice que en los tabulados entregados las mujeres que no declararon fecundidad son un millón 100 mil. Con simple criterio y sentido común, ¿cómo un millón 100 mil mujeres a las que le hacen la pregunta “tiene o no tiene hijos vivos”  no la contestan? Al menos, raro. ¿Por qué yo voy a querer negar mis hijos? Analizamos los censos anteriores, de 1992 y 2002, y esa cifra gira en torno a las 300 mil. ¿Cómo llegábamos a un millón 100 mil? Fe de errata: bajaron a 200 mil. Lo que nosotros suponemos que ocurrió es que ese millón 100 mil se debe a todas las mujeres que agregaron en la base como moradores ausentes y las otras que agregaron.

-¿Cuál es la importancia de llegar a registrar datos con la mayor exactitud en un censo? Se lo pregunto porque para algunos las objeciones suyas y del equipo técnico podría ser la pataleta propia de un tecnócrata que se ha enamorado de la función pública.
Mire, es la primera vez que trabajo en la función pública y le debo decir que si no he concretado mi renuncia es por lo mismo que le dije al director: “no me voy, porque aquí hay 1.800 personas que se merecen lo mejor de nuestro trabajo”.  Respecto al fondo de su pregunta: efectivamente el dato de población total se puede corregir, porque con las proyecciones de población y el trabajo que va a hacer ahora Demografía y Celade, el dato de población total vamos a poder tenerlo. Pero hay muchos otros datos relevantes que sí dependen de la rigurosidad de los datos del Censo.

-¿Cuáles por ejemplo?
Están todos los datos de vivienda. De hecho es “Censo de Población y Vivienda”. Mire, el Censo se usa como pivote para todas las políticas públicas. Además, se usa como insumo para la repartición de recursos para cada uno de los poblados y comunas. Y lo más importante: el Censo y el pre-censo son herramientas fundamentales para construir el marco general desde donde se obtienen todas las muestras de levantamiento de todas las encuestas oficiales sociales del INE y del gobierno, del Estado: encuesta de seguridad ciudadana, encuesta de empleo, la CASEN. Todas las encuestas sociales que sacan muestra desde el INE, tienen como pivote el pre-censo y el Censo para un marco muestral completo. Ese tipo de decisiones se toman con el Censo, decisiones que afectan la vida de las personas en cada comuna del país. Todas las políticas públicas pasan por el Censo.

“AHORA TENGO QUE RENUNCIAR”

-Pareciera por sus dichos que usted sí se enamoró de la función pública que se hace en el INE.
Tengo que ser una agradecida, porque me tocó el año pasado participar en la Conferencia Estadística de la OCDE y hubo un tema muy importante respecto del censo en los diferentes países. Porque los censos son muy caros, y si no son para contar población, entonces la pregunta que un país se debiera hacer es ¿para qué lo hacemos? Y la conclusión que saca la Comisión Estadística de la OCDE es que finalmente el gran objetivo de un censo es para construir los marcos muestrales de vivienda que te permiten hacer todas las estadísticas sociales y las expansiones de la población. ¿Y cómo le explicas a un gobierno que el INE y todas las estadísticas públicas necesitan esa cantidad de recursos?

-Mariana, ¿está consciente que con esta entrevista la pueden despedir?
Absolutamente. Es más, estoy consciente que con esta entrevista tengo que renunciar. Me parece que ya dije en todas las instancias lo que tenía que decir. Y no me escucharon.

-Finalmente, ¿siguen faltando 200 mil hombres?
Creo que sí. No tengo acceso a la base de datos. Según el consultor internacional son poco más de 4,8% de los 16 millones 600 mil los que faltan. Pero creo que esa cifra será aún mayor después que se haga la auditoría que se debe hacer. No tengo idea qué base de datos se va a entregar a la opinión pública. Tampoco la que se le va a entregar a Demografía y a Celade para que trabajen en conjunto las proyecciones. Son profesionales que nunca supieron que en ese total de población ya estaban incluidos los moradores ausentes y que también hay población agregada. Por eso doy esta entrevista. Porque no se puede tocar al INE y su credibilidad. Es parte del patrimonio de este país. En el INE he constatado cómo un conjunto de 1.800 personas está convencida que mientras mejor haga su trabajo, con independencia de todo compromiso ajeno a su función, se puede aportar a mejorar la vida de la gente. Son 1.800 personas que trabajan honestamente y muy bien. ¡No pueden destruir esos equipos! Por favor, entiendan lo que está en juego.

 

El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012

Vea además: Renuncia grupo de asesores de confianza del ex director del INE

Fue a fines de junio de 2012 cuando al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estalló el primer conflicto. La dura discusión que se instaló entre el equipo técnico de la entidad y su director Francisco Labbé, fue zanjada por éste con la marginación del cuerpo técnico del proceso de análisis y decisiones en torno al Censo 2012. Y culminó ahora, diez meses más tarde, en un cuestionamiento a la credibilidad del organismo estatal que elabora los índices más sensibles del país, debido a las evidencias de que las cifras del Censo fueron manipuladas.

Todo habría sido distinto si se hubiera puesto atajo a tiempo a la decisión de Labbé de presentar los 16 millones 600 mil habitantes “estimados” en el Censo, como efectivamente censados. Una decisión motivada por su deseo declarado de ser el protagonista del “mejor censo de la historia de Chile”, para lo cual debía exhibir a lo más una “omisión” del 2%,(cantidad de gente a la que no se llegó) lo que fue provocando una cadena de errores que hoy tiene al INE paralizado y al Censo 2012 y también al IPC, otro de sus productos estrella, bajo severo cuestionamiento.

Todos los protagonistas entrevistados por CIPER coinciden en que el hito de la crisis tuvo lugar en una de las últimas reuniones del equipo del Censo 2012 en la que participó el cuerpo técnico del INE. Fue allí que se asumió por primera vez que las cifras preliminares indicaban una enorme diferencia de habitantes respecto de las proyecciones de más de 17 millones para 2012. Y también, que debía reforzarse el trabajo para bajar los altos índices de casas ocupadas pero con moradores ausentes.

Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.

En esa reunión, los miembros del equipo técnico del INE insistieron en que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es posible entregar una cifra de población total que considere una cifra de moradores ausentes o de viviendas que no fueron censadas por falta de cobertura. Pero, en ese caso, debe quedar absolutamente clara la diferencia entre esa estimación y la población efectivamente censada. Otro de los puntos que advirtieron fue que, cualquier tabulado posterior, debe hacerse sobre la “población censada” y no sobre la población estimada por falta de cobertura.

Labbé desestimó cada una de las advertencias e incluso exigencias del cuerpo técnico y decidió marginarlo del proceso. Acto seguido, concentró toda la toma de decisiones de la última etapa del Censo 2012 -validaciones e imputaciones- en un reducido grupo de tres asesores personales. Fue ese team el que decidió presentar la cifra de 16 millones 600 mil personas como efectivamente censadas, sin precisar que la cifra correspondía a las 15 millones 800 mil personas realmente empadronadas, a la que se sumaron los 600 mil moradores ausentes.

Una prueba de ello está en la respuesta que entregó el jefe del Censo 2012 del INE, Eduardo Carrasco, a la jefa de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), Carolina Casas-Cordero, el pasado 5 de abril (ver correos).

Su pregunta fue precisa: “El día de ayer me pareció escuchar al ministro Longueira decir que los resultados entregados sobre el Censo 2012 corresponden a una “muestra censal”, que los resultados definitivos serán entregados en un año más, y que por lo tanto, no se podrían realizar -a partir de los resultados entregados ayer- estimaciones de PIB per cápita, entre otros. Revisé el documento “Resultados XVIII Censo de Población y Vivienda” y no encontré ninguna referencia que indique que los resultados publicados hayan sido estimados a partir de una muestra. Tal vez interpreté mal el comentario del ministro. 1. ¿Me puedes aclarar si la  fuente de los datos publicados corresponde al total de las viviendas censadas (4+ millones de viviendas) o corresponde a una muestra del total de las viviendas censadas?”.

La respuesta de Carrasco fue categórica: “Con respecto a tus consultas del correo adjunto, las respuestas son las siguientes: 1.- Los datos entregados y publicados el día martes 2 de abril corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012. 2.- Lo que se tendrá a fines de año, una vez determinada la omisión censal, son las nuevas Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad para total país, región, provincia y comuna, y que son las que se deben utilizar para el cálculo del PIB per cápita. Lo anterior fue lo que señaló el señor ministro de Economía Pablo Longueira”.

La afirmación de Carrasco, de que los datos entregados y publicados corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012”, no hacen más que ratificar que las cifras abultadas han sido presentadas como las cifras oficiales y definitivas.

Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637.

Una cifra para la cual no hay ninguna explicación hasta ahora es la del 45% de inmigrantes con estudios superiores. A pesar de que la cifra hace ruido usando sólo el sentido común sobre la ola migratoria de los últimos años, existen serias dudas entre los expertos de si se construyó la variable –indispensable- para obtener un resultado más exacto o simplemente la cifra se desprende de un tabulado directo de la pregunta 28 del Censo.

Las tres fe de erratas, cada una con varias correcciones (3, 9 y 22 de abril – ver nota de prensa), que ha debido realizar el INE desde que entregara las cifras del Censo 2012, el 2 de abril pasado, le han dado la razón a su equipo técnico: no era posible agregar datos estimados a la base de datos principal del Censo. Porque tal como ellos lo advirtieron, los datos erróneos ensucian el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, las que se verían afectadas por un efecto dominó distorsionador de la fotografía que se supone es la más exacta de la sociedad chilena. Y que, además, debe durar diez años.

Esos errores metodológicos, como la supuesta “pérdida” de más de 200 mil hombres en las cifras oficiales, afectan al propio Presidente de la República, y al ministro de Economía, Pablo Longueira, quienes sin tener conciencia de los errores estadísticos, anunciaron desde el Cerro Santa Lucía, el 2 de abril, las cifras oficiales del Censo 2012.

Los 200 mil hombres “perdidos” bien podrían corresponder a uno de los aspectos más polémicos de este Censo: las omisiones. Un informe hasta ahora desconocido (ver documento), elaborado por el consultor internacional en Demografía, Eduardo Arriaga, sobre la base de datos de las 16 millones 600 mil personas, estimó una omisión censal de 4,8% aproximada, una cifra muy alta para los estándares promedio. Y eso que nadie le advirtió que la cifra incluía la estimación de moradores ausentes.

La alta omisión que registró el Censo 2012, tiene para uno de los mayores expertos del INE en estadísticas sociales un claro significado:

-Se debe a que el levantamiento fue muy mal diseñado y como tienen que construir una imputación muy a la rápida, que pasa a llevar todas las recomendaciones metodológicas del Celade (Centro Latinoamericano de Demografía), ello ineludiblemente redunda en una alteración de la estructura de población.

LA ENTRELINEA DESCONOCIDA DEL IPC

El cuestionamiento a la hasta ahora sólida institución pública -la que entrega el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cifras de seguridad ciudadana y de empleo, entre otras- irrumpe en los precisos momentos en que ésta estaba a punto de lograr la tan ansiada independencia y autonomía a través de una ley que la normara. Un hito que se uniría a la celebración de sus 170 años. A menos de una semana que la Comisión de Economía del Senado inicie la votación de la idea de legislar, la manipulación del Censo 2012 así como los cuestionamientos al IPC, presagian una turbulenta discusión parlamentaria.

Al igual que con el Censo, y tal cual lo pronosticó el equipo técnico del INE hace unos meses, las objecciones a la precisión del IPC terminaron por estallar. Hacía ya algún tiempo que el mercado evidenciaba síntomas de nerviosismo al respecto. Y se entiende: el IPC es la herramienta con la que se calcula la inflación, la UF, los arriendos, dividendos, variación de sueldos y otros indicadores financieros. Al interior del INE estaban conscientes de qué había problemas con el IPC. Los testimonios recogidos por CIPER indican que éstos se arrastran desde 2011 y que ya en 2012 se hicieron algunos ajustes metodológicos. Pero los problemas persistían.

Durante un año se trabajó en el INE en determinar con exactitud la raíz del problema. Hasta que llegaron al convencimiento de cuál era la causa del problema en el ítem “vestuario”. Y trabajaron en la solución, un cambio metodológico que fue conversado con el Banco Central y con un operador del mercado antes de presentársela al director. Siempre teniendo presente que se hacía necesario un ajuste más profundo al momento de cambiar los componentes de la canasta.

La idea del equipo técnico era anunciar los cambios de este “ajuste de temporada”, como lo llamaron, el 1 de abril y llamar a un comité técnico externo para mostrárselos, y así contar en agosto de 2013 con un nuevo IPC. Pero el plan se desmoronó: el director rechazó tajante la existencia de problemas metodológicos y también se negó a convocar a un comité externo técnico. Una idea que refrendó en entrevista con Que Pasa, cuando afirmó “la metodología del IPC es perfecta”. Trece días más tarde, cuando ya distintos actores del mercado advertían del problema e incluso El Mercurio lo abordó en su editorial del miércoles 24 de abril, Labbé asumió la duda sobre su precisión, aceptando que una comisión de expertos revise su metodología. En entrevista con el mismo periódico, afirmó: “Sin la caída del IPC que provoca el precio del vestuario, la inflación en 2012 en lugar de 1,5%, habría sido de 1,9%”.

Un economista del INE, especialista en IPC, afirmó a CIPER:

-Lo que ha dicho el director en esa entrevista es muy grave tanto para el Ministerio de Hacienda como para el Banco Central, porque el órgano oficial de la estadística en Chile no puede cuestionar la cifra oficial del IPC que la misma entidad que dirige sancionó. Podría dar origen a demandas de cualquier inversor institucional por daños económicos. ¡Qué irresponsable!

En la extensa entrevista con El Mercurio (24 de abril), Labbé por primera vez se hizo cargo de los cuestionamientos al IPC al admitir diferencias reales de hasta cuatro décimas de punto porcentual. Sus dichos están generando gran ruido en el mercado, al ratificar los cuestionamientos metodológicos ya expresados por el BCI, Géminis y por economistas como Eduardo Engel y Jorge Selaive, quien sostiene que el INE puede estar utilizando precios de productos desactualizados, subestimando la inflación anual en 1,5 puntos porcentuales.

LA CARTA DE LOS 11

En medio del cuestionamiento público tanto por la precisión del Censo como del IPC, se conoció una carta firmada por 11 de los 14 jefes técnicos operativos y de infraestructura estadística del INE. La suscribieron el 17 de abril, un día después del despido “por temas de feeling” de la subdirectora técnica, Marcela Cabezas. La carta evidenció la magnitud de la enfermedad que hoy paraliza al INE.

En la carta, los profesionales detallan los puntos negros de la gestión de Labbé, la que califican como la “amenaza de un retroceso en el manejo de los temas técnicos…, además de generar incertidumbre en relación al resto de los productos estadísticos actuales y a los futuros proyectos institucionales, lo que no es sano para la institucionalidad estadística del país”.

La misiva fue entregada personalmente por los firmantes a Labbé, quienes profundizaron en ese cara a cara sus duras críticas. A diferencia de lo que Labbé informó después, de que se había producido un acercamiento, la sensación que impera en el equipo técnico es que la crisis recién comienza (ver carta).

JÓVENES LÍDERES

Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO;  el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.

Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos han aumentado año a año por lo que hoy registra $3.678.667 al mes (ver documento). Maximiliano Raide (31 años) no aparece en ninguna dotación del INE a pesar de que goza de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva. Por ello, no fue posible encontrar sus honorarios en Gobierno Transparente. Sin embargo, la investigación de CIPER indicaría que sus honorarios actuales, que alcanzan a $3.900.000, se le pagan a través de contratos con dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibe honorarios por $1.674.001, pero que nadie conoce en la institución; y Antonio Hartmann Ramírez, quien recibe $2.225.522 como asesor económico, aparece sin título profesional en Gobierno Transparente en el año 2012, aunque el 2013 se registra como ingeniero comercial. También es un “fantasma” en el INE. Los informes de actividades de ambos son visados mensualmente exclusivamente por el director.

En 2012, Raide habría recibido honorarios por $3. 896.000, a través de otros dos contratos triangulados a nombre de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111 por mes; y el mismo Hartmann, con honorarios que ascendieron en 2012 a $2.225.522.

Raide, quien tampoco tiene título profesional y que registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé. A pesar de que sigue siendo un misterio la razón por la que no ha firmado contrato en el INE; su rol de asesor del director lo exhibe profusamente, al menos hasta hace pocos días. En Linkedin, registró ser “asesor Director en INE”. En la reciente actualización que hizo a su perfil, eliminó esa función en el INE.

Es muy probable que esa repentina decisión obedezca a la investigación que se inició al día siguiente de la carta de los 11 jefes del INE,  por la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial. Una “fuga” que fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, al director Labbé, en mail del 1 de abril pasado, en el que afirma: “Lamentablemente, y tal como le anticipé después de la reunión que tuvimos en La Moneda, El Mercurio publicará cifras del Censo mañana. Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”.

La preocupación por la filtración de datos del Censo también fue motivo de inquietud en La Moneda. Así lo prueba el correo enviado por María Irene Chadwick, encargada de Programación de la Presidencia, al director del INE, a la asesora del director Mariana Alcérreca y a Marcela Martínez, el mismo día de la entrega de los datos por el Presidente. Allí se lee una línea corta y precisa: “¿Quién pasó los datos del Censo a los diarios?” (ver correo).

Juan Radrigán, jefe del Departamento de Infraestructura del INE, envió un mail a la plana directiva del INE pidiendo la instrucción inmediata de un sumario por la filtración de datos a El Mercurio. Días más tarde, e inmediatamente después de haber exigido a su vez que se hiciera esa investigación interna, Marcela Martínez, simpatizante del gobierno de Piñera, fue despedida sin previo aviso. En el INE todos alabaron su profesionalismo.

No es la misma percepción que se recoge en las oficinas del INE cuando se habla de Maximiliano Raide. Por no estar sujeto a contrato en el INE, Raide no firmó la declaración de confidencialidad de los datos del Censo que todos los funcionarios que tuvieron acceso a ellos debieron firmar. Sí lo hizo su amigo Sebastián Mathews, quien por estos días, y según constató CIPER con funcionarios del INE,  ha intentado por todos los medios recuperar el documento que suscribió.

Tanto Raide como su amigo Antonio Hartmann forman parte de Jóvenes Líderes, organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1 quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, como Ricardo Claro, Cristián Larroulet o Sebastián Piñera para intercambiar opiniones sobre la contingencia. Por esos años, Raide destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre lobista bien contactado y ejecutivo joven.

A los  25 años, en revista Capital, aseguraba que cumplidos los 30 años debería tener resuelto si sería un empresario, un ejecutivo o un hombre público. Hasta ahora aparece más inclinado a lo último. Así lo muestra la foto que registra el momento de la entrega de los resultados preliminares del Censo 2012, donde figura en la testera junto a su jefe y amigo, Francisco Labbé, Eduardo Carrasco y Sebastián Mathews.

EL ROL DE VOX COM

Además de sus tres estrechos asesores, Labbé ha enfrentado los avatares del Censo y de esta crisis institucional con el apoyo de Vox Comunicaciones, agencia de la que Gabriele Lothholz es socia y gerenta general. Hasta febrero de 2010, el candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, tuvo una participación en Vox Com, a través de Inversiones e Inmobiliaria Kos Limitada. Pero una vez que Piñera le ofreció ser ministro de Minería vendió sus 275 acciones, según registra su declaración de patrimonio. Lo anterior no ha impedido que siga ligado a esta agencia estratégica. Profesionales del INE y de fuera de la institución aseguran que una llamada del ex ministro fue clave en la decisión de Labbé de quedarse con la asesoría comunicacional de Vox Com para las actividades del Censo, desechando la propuesta entregada por la agencia de Cristina Bitar y la presentada por la periodista Isabel de Gregorio durante el segundo semestre de 2011. Golborne y Lothholz son muy amigos, además de ex socios. Se conocieron en Cencosud cuando ambos eran ejecutivos de la empresa de Paulmann. Gabrielle fue gerente de Asuntos Corporativos entre 2005 y 2009. En 2010, asumió como asesora del Magister de Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad de Los Andes, la misma en la que estudió Maximiliano Raide. En ese proyecto Vox Com figura como empresa asociada.

Para evitar pasar el contrato por Contraloría, Labbé no hizo licitación: le paga a Vox Com a través de contratos primero con Gabriele Lothholz, su gerenta y dueña, la que recibió en 2011 más de $27 millones del INE, mientras que en 2012 figura con $33 millones. En diciembre de 2012 se agregó a los pagos para Vox Com la periodista que se hizo cargo de la cuenta del INE en dicha empresa: Carmen Paz Maldonado, a quien se le pagan honorarios por $2.000.000 por media jornada.

Desde hace unos días Carmen Paz Maldonado ha reemplazado a la anterior jefa de Comunicaciones, Marcela Martínez, lo que significa que tiene a su cargo la contingencia y tiene acceso a los principales productos del INE, su patrimonio más sensible para el funcionamiento del mercado. De hecho, la regla número uno de quienes han pasado por comunicaciones en el INE es que las cifras estadísticas no se anticipan nunca a la prensa y las coyunturas deben ser entregadas con horario y calendarios comprometidos anticipadamente.

Por lo mismo, resulta muy complejo que haya una periodista de Vox Com a cargo del manejo de esas cifras cuando entre sus clientes se encuentran empresas como ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos  Claro y Asociados, Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras.

Fue la misma Carmen Paz Maldonado quien respondió la solicitud de CIPER de entrevista con Francisco Labbé. No fue posible realizarla, dijeron, porque el director del INE se encontraba aún el jueves 25 en Pucón, en una actividad del instituto.

A las críticas que recaen sobre Francisco Labbé por estar desmantelando los equipos técnicos, mala gestión, ignorancia de los productos del INE y de las funciones de sus encargados, así como por haber dado acceso a datos sensibles y estratégicos a gente externa con claros vínculos con el mundo empresarial, además de pagarles por trabajos no especificados sumas que están en los más alto del escalafón, se suma otra contratación polémica. Esta vez no es un cargo en Santiago, sino en la Región del Maule, donde figura el único relacionador público contratado por el INE en regiones. Es el técnico agrícola y primo de Francisco Labbé Opazo, Hernán Opazo, quien percibe honorarios por $1.433.250.

En el discurso público, Labbé ha sido categórico: “Los resultados del Censo 2012 son una poderosa herramienta que permitirá diseñar políticas públicas adecuadas y, con ello, producir avances importantes en la calidad de vida de la población”. Una declaración de principios que hoy se ve seriamente amenazada –con las consecuencias para el diseño de las más importantes políticas públicas- por una manipulación de datos cuyos efectos múltiples recién empiezan a evidenciarse.

El desenlace de esta historia está por verse. Hay quienes aseguran que la gravedad de lo sucedido impone una urgente auditoría para recuperar la base de datos original del Censo, sin datos erróneos anexados y así parar la cadena de desaciertos. Otros indican que ya es tarde porque tanto en Chile como en el extranjero ya miran de reojo el Censo, el IPC y comienzan a hincarle el diente a otros productos del INE. Para muchos sin embargo, incluidos economistas y especialistas del mundo académico, hay que actuar urgente para recuperar sus equipos y salvar al INE de la crisis. Una decisión que está en manos del ministro Longueira, quien acaba de inaugurar en Pucón la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, con Francisco Labbé en la testera.