El cartel del azúcar de Guatemala

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El 18 de julio de 2012, un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país.

Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack Fonseca, escribió a Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente, Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los nombres.

Esa semana, Mossack Fonseca inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company, en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.

Como ocurriría con las 214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack Fonseca, investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.

Entre 2007 y 2015, el Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.

Foto: Víctor Peña
Foto: Víctor Peña

La creación de offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.

Además de las sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los azucareros son un grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.

En Guatemala, hay expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.

Desde 1983, siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer – Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá.

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Que 10 de los 12 ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.
Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.

La respuesta de Madre Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el abogado de la empresa, Marvin Sandoval.

LAS OFFSHORE DE MONCHO, RICHARD, ROSITA Y MAGENA

Guatemala es el cuarto mayor exportador de azúcar del mundo, tras Brasil, Tailandia e India. En la costa sur de Guatemala, bordeando el Pacífico, se ubican las 268.000 hectáreas de caña de azúcar, según el censo agropecuario de 2014. Doce ingenios procesan toda la caña del país y la convierten en azúcar, melaza, etanol, ron o, incluso electricidad. Entre ellos, el ingenio Madre Tierra.

Guatemala: plantaciones de azúcar y los 12 ingenios

MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca… Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A. (Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT Holdings Capital INC.

Los hermanos Campollo son accionistas de esta holding, según los correos de Mossack Fonseca (ver documento). Un documento muestra que el 13 de febrero de 2009 la holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de Mossack Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.

MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares, según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos (ver documento).

Otro uso que los Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo dedicada a la generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.

AZÚCAR MARCA OFFSHORE

Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.

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De todas las refinerías de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda de caña, unas 2.2 millones toneladas.

Al otro lado del espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena) que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales, según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding

Los dueños de Pantaleón están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
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Hay ingenios cuyas offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un 50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.

De los ingenios investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de Mossack Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros bufetes.

EL MONSTRUO QUE LO APLANA TODO

Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos 2.687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.

El cultivo de azúcar en Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más eficiente el corte y ahuyentar a los animales.

Tras la quema, miles de trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios en “jaulas” a bordo de grandes camiones. Es en los ingenios donde se procesa la planta y se produce el azúcar y todos sus derivados.

Dos oficinas del gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos de 2016.

Las denuncias medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.
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El atropello medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”, cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.

El río Madre Vieja, uno de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en 2010.

Este es el desvío hecho entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar

 La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.

Los responsables de esta economía boyante son 12 ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.

Los movimientos del monstruo a veces son grandes y torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.

En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva Cajolá.

NEGOCIOS INTOCABLES

Entre 2011 y 2016, los azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde tributar a la industria.

“Solo haciéndoles una auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro: “No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.

“No me gustaría generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”, añade.

Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.

Los antecesores de Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.

Los ingenios suelen utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de azúcar con el cliente final.

Foto: Víctor Peña
Foto: Víctor Peña

El exsuperintendente tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de impuestos. Simple”, dice.

Al viceministro de comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del Ministerio de Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90 para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el único puerto guatemalteco que exporta azúcar. “No nos compete el control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”, respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.

El jefe de la SAT, Solórzano Foppa, señala en la entrevista limitantes para investigar:

—Las transacciones comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las que no podemos acceder a la información.

Si sacamos las facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice el ministerio de Economía?

—No dudo que así sea. También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras herramientas. Ahora que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es cierto.

“UN CARTEL A TODA REGLA”

Depende de a quién se le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema de negocios sumamente eficiente y rentable.

Quienes sostienen que la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop). Para ellos, se trata de una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose de una posición de poder en el mercado.

La Cepal lo tiene claro desde el año 2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el informe.

En Guatemala, pese a que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa, Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.

“Somos socios para el bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”, justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en el mercado interno y controla el precio.

Boesche lo explica así: “El único control por razón constitucional es la exportación porque el ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar el mercado.

El exjefe de la SAT, Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.

De las 2.7 millones de toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos. Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar más barato.

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Expertos como Abelardo Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado local”, dice Medina.

Pero la verdadera mina de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851 millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala.

Y hasta para exportar, el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el mundo. “(Es) un cartel en toda regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.

“No tenemos elementos legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no está en funcionamiento.

ACABAR CON LA COMPETENCIA

El terrateniente y cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23 de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor área cultivada de caña.

Otras trabas la puso la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.

Los herederos de Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice en agosto de 2016.

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“La industria azucarera en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos, como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.

El crimen nunca se resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz. “Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.

Los bloqueos contra la competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la importación de azúcar cesara.

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Los azucareros se oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades como la ceguera infantil y el bocio.

El azúcar cubana se vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía. “Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.

Boesche viajó a Cuba a principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al presidente”.

Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.

Este empresario asegura que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de los grupos más poderosos”, dice.

Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.

Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua.”

LA TIERRA ES PARA EL CARTEL

Guatemala tiene el 3% de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.

Cuando Guatemala cerró 36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de 1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido mejorar el panorama.

Foto: Víctor Peña
Foto: Víctor Peña

Cuando campesinos sin tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010 en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala, la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el Estado.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750 familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se habían instalado en esas tierras se los impedían.

El episodio fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con acceso a tierra.

La comunidad es de la etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas 150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida… no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”, dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.

Los q’eqchí’ se quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900 millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.

*Con la colaboración de Jimmy Alvarado

Fuente: Imágenes satelitales de ESRI World Imagery y Google Earth. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Víctor Peña y material gráfico adicional de Efe y Raúl Sánchez. Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

Las adopciones irregulares que complican al secretario general adjunto de la ONU

Noviembre de 1981. Hombres del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional irrumpen en la habitación 338 del lujoso hotel Camino Real, en la Ciudad de Guatemala. Visten de civil. Allí detienen a cuatro mujeres canadienses listas para llevar a su país a cinco niños guatemaltecos. Una de las capturadas iba a adoptar a un recién nacido. Otra, a un pequeño de tres años y llevaría a otro bebé de menos de dos meses para una pareja canadiense. Las dos restantes portaban dos bebés para familias adoptivas en Canadá. La Policía envía a los niños al orfanato nacional Elisa Martínez mientras investiga lo que les parece una estructura de tráfico de menores. El 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, la Policía detiene en su oficina a Edmond Auguste MuletLesieur, el abogado y notario encargado de los trámites (aunque en su declaración, él diría haberse presentado por su voluntad ante la policía).

Hoy, Edmond Mulet, de lejana ascendencia francesa y familia ligada al periodismo y a la diplomacia, es una de las figuras más respetadas y admiradas dentro de la sociedad guatemalteca: lo demuestran la Orden Doctor Mariano Gálvez en grado de Paradigma que le otorgó su Alma Mater en 2013, o el nombramiento de “Personaje del Año” que le concedió el diario Prensa Libre en 2011. Este hombre delgado de 63 años, voz suave, dicción clara y modales refinados, tres veces diputado, ex presidente del Congreso, embajador de Guatemala ante Estados Unidos y la Unión Europea y ex director de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, es el diplomático guatemalteco que más alto ha escalado en la jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde que lo nombraran Secretario General Adjunto de la ONU para operaciones de paz en 2007.

Pero en 1981, Edmond Mulet Lesieur era un abogado treintañero que daba sus primeros pasos en política desde el Partido Nacional Renovador (PNR), con el cual se disponía a participar en las elecciones legislativas. Y también formaba parte de una red internacional de adopciones: Les Enfants du Soleil(Los Niños del Sol).

Unos años antes, en 1977, un cambio en la legislación guatemalteca abrió la posibilidad de que los notarios gestionaran los procesos de adopción. Gracias a eso, desde principios de los 80, las adopciones comenzaron a acrecentarse y se convirtieron en un negocio muy rentable.

A medida que Guatemala ganaba la reputación de ser un país en el que adoptar era fácil, en Europa, Estados Unidos y Canadá aumentó la demanda. También fueron subiendo las sumas que los adoptantes estaban dispuestos a pagar por un niño guatemalteco. La población, además, era vulnerable: la mitad de los guatemaltecos sumidos en la pobreza y un conflicto armado que dejaba miles de niños huérfanos y desamparados. El ansia de los abogados por hacerse cargo de procesos de adopción fue creciendo.

En los años que siguieron, se formaron numerosas redes de adopción que se infiltraron en el Estado.

En la Secretaría de Bienestar Social para obtener niños de los orfanatos nacionales.

En los Juzgados de Familia para declararlos “en abandono” con los ojos cerrados.

En la Dirección General de Migración para sacarlos del país sin la documentación requerida.

En la Procuraduría General de la Nación para agilizar los trámites de adopción.

En el Registro Civil para cambiar la identidad de los menores, en el caso de que fueran niños robados.

Así en 2008, Guatemala llegó a ocupar el primer lugar en la “exportación” de niños hacia Estados Unidos, según Unicef.

Pero aquí estábamos en el principio de todo, y aquel 24 de Noviembre de 1981, Edmond Mulet se encontraba en aprietos: detenido en la sede del Segundo Cuerpo de la extinta Policía Nacional, lo interrogaba un detective que le atribuía haber creado un “sistema de exportación de menores”.

LAS ADOPCIONES QUE NO LO ERAN

Entre los documentos que llamaron la atención del policía investigador estaban las cinco solicitudes de emisión de pasaportes para los niños, firmadas por Mulet. En la casilla “Motivo del Viaje” el abogado había escrito “turismo”. Y como dirección en Guatemala de todos los bebés figuraba la de su despacho de abogado.

Mediante un mandato legal, las familias canadienses habían encargado a Mulet la tarea de tramitar una adopción. En ese documento se designaba a Mulet como su representante legal en Guatemala.

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Detalle del mandato otorgado a Edmond Mulet

De acuerdo a la legislación vigente en 1981, una adopción requería tres pasos: un informe de una trabajadora social adscrita a un Juzgado de Menores que indicara que los adoptantes eran idóneos para hacerse cargo de un menor, un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dos testigos —cualquier persona era válida— que declararan que dichos adoptantes eran personas honorables y de buenas costumbres. Con esto resuelto, un abogado redactaba la escritura de adopción en presencia de los padres biológicos del niño y de sus padres adoptivos. La escritura se remitía al Registro Civil, que apuntaba en la partida de nacimiento del niño el nombre de sus nuevos padres. Entonces, todo estaba listo para que las autoridades de migración emitieran un pasaporte con la nueva identidad del menor, para que éste viajara a su nuevo destino.

Estos trámites solían durar aproximadamente un año. Pero en lugar de seguir el procedimiento de ley, Mulet decidió tomar atajos. Simplemente redactó por cada niño tres escrituras públicas. Una primera en la que los padres biológicos consentían la adopción, otra en la que entregaban sus hijos a una asociación llamada Los Niños del Sol, y una última en la que pedían a las autoridades de migración que facilitaran el viaje del menor a Canadá.

Con esto, Mulet se presentó ante la Dirección General de Migración y solicitó que le expidieran pasaportes para sus “turistas” recién nacidos. Se ahorraba así todos los trámites que implicaban un ligero control de la idoneidad del proceso por parte las instituciones del Estado: PGN, Registro Civil y Juzgado de Familia.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses.

En 1981, según el reporte policial, Mulet declaró al detective que él “estimaba que no había necesidad de que nuestros juzgados de Familia ni el Ministerio Público ni los padres del menor tuvieran que ver con el destino del mismo”.

De hecho, dijo, ya había mandado a otros menores al exterior siguiendo esa misma pauta.

“LOS NIÑOS DEL SOL”

Tras la investigación policial, el juez de paz Carlos Antonio Albúrez Roca, del Quinto de Paz del ramo penal, se hizo cargo de las diligencias judiciales: interrogó al abogado, a las mujeres canadienses y a las madres biológicas de los niños. Así fue develando cómo operaba Los Niños del Sol.

La asociación creada en Canadá con el nombre Les Enfants du Soleil (Los Niños del Sol) por el abogado canadiense Jean Francoeur se definía únicamente como un centro de información acerca de la adopción internacional. La práctica reveló una actividad distinta: una vez que entraban en contacto con parejas canadienses que quisieran adoptar, su función era ayudarles a reunir y legalizar en Canadá los documentos necesarios para la adopción, para luego dirigirlas hacia Edmond Mulet, que en teoría haría lo propio en Guatemala.

Lise Francoeur, esposa de Jean Francoeur, a veces incluso acompañaba a los adoptantes en el viaje a Guatemala, o trasladaba de un país a otro a los niños en caso de que las parejas no pudieran o no quisieran viajar. Lise y su madre, Simone Bédard, fueron dos de las mujeres detenidas en el hotel Camino Real en el operativo policial de noviembre de 1981. Ambas se disponían a llevar a un niño guatemalteco a Canadá para otras personas.

El juez Albúrez Roca entendió que estaba frente a una estructurada red de adopciones. Sus preguntas a las madres biológicas de los cinco niños encontrados en el hotel Camino Real buscaban determinar quién las había convencido de entregar a sus hijos. Y descubrió que a todas las había captado una misma persona: Ofelia Rosal de Gamas.

Rosal de Gamas era la jaladora de la red, es decir, la persona encargada de buscar mujeres que aceptaran dar a sus hijos en adopción. Cuñada del general Óscar Humberto Mejía Víctores, Presidente de facto de Guatemala entre 1983 y 1985, Rosal de Gamas se convertiría durante ese mismo periodo en la encargada del orfanato estatal Rafael Ayau. En 1987, dos años después de que su cuñado abandonara el poder, la policía la acusaría de encabezar otra red de adopción que tenía en ese momento en su poder a 24 niños de entre un mes y dos años.

Detalle de la declaración de Evelia

Evelia R. era una de las madres detenidas en 1981. Empleada de un salón de belleza, ganaba Q80 mensuales (hoy, alrededor de Q.1,700), una cifra insuficiente para mantener a su familia. El juez le preguntó cómo había conocido a la jaladora. Evelia le respondió que, estando embarazada, se había encontrado en el mercado con Rosal de Gamas, quien le preguntó si estaba en condiciones de dar sustento al niño que llevaba en su vientre. A partir de ese primer encuentro, se sucedieron la conversaciones con Ofelia Rosal de Gamas, quien le obsequiaba pan o tortillas. Hasta que un día Evelia le escuchó decir que podía entregar al recién nacido a quien tuviera los medios para criarlo. “Así fue como se inició todo”, puntualizó Evelia.

Otra de las madres, Delia D., servía en una casa en la que ganaba Q45 al mes (algo menos de mil quetzales actuales). Delia estaba embarazada y desesperada: el padre del niño no lo reconocería y sus patrones podían echarla de la casa. Paseaba triste por el Parque Central —relató— cuando se le acercó una persona que le preguntó por su embarazo. Al escuchar que no era deseado, le habló de Ofelia Rosal. Cuando Delia D. se encontró con la jaladora de Los Niños del Sol, Rosal le mostró diapositivas de niños adoptados que “se veían bien”. Así la convenció de que le entregara el niño al dar a luz. Delia lo hizo dos días después del parto.

Además de la pobreza y de su relación con Ofelia Rosal de Gamas y Edmond Mulet, había otro antecedente clave que unía a estas mujeres guatemaltecas: el lugar donde nacieron sus hijos. Tres de las madres biológicas —Aura R., Gladys C. y Evelia R.— dieron a luz en una casa de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Hilda Álvarez Leal, la comadrona. Los testimonios coinciden: después de entregar a sus hijos, Ofelia Rosal o su hijo, Frank Gamas, llevaban a las madres a la oficina del abogado Edmond Mulet para que firmaran las escrituras notariales.

Detalle de la declaración de Delia D. Asegura que no le dieron tiempo para leer lo que firmaba.
Detalle de la declaración de Delia D. Asegura que no le dieron tiempo para leer lo que firmaba.

Según una vecina de la partera, Hilda Álvarez Leal, falleció “hace como 30 años”. En cuanto a Ofelia Rosal de Gamas, un familiar dijo en 2013 que vivía, pero postrada en estado vegetativo tras un derrame cerebral. El hijo de Ofelia, Frank Gamas, declinó hablar sobre estos hechos. Dos años más tarde, un pariente comunicó que Ofelia Rosal había muerto.

En 2011, Plaza Pública localizó a dos de las madres biológicas. Una de ellas negó haber dado un hijo en adopción. La familia de la segunda pidió que se volviera a buscarla al día siguiente. Se cumplió, y tras someternos a un largo interrogatorio, respondieron que la mujer acababa de migrar a los Estados Unidos y no sabían cómo localizarla. Sería sexagenaria.

“YO PENSÉ QUE TODO ESTABA DENTRO DE LA LEY”

Diane W., una de las mujeres canadienses detenidas en noviembre de 1981, enfermera de 36 años, estaba casada y no podía tener hijos. A Jean Francoeur lo habían conocido ella y su marido por medio de un amigo con el que habían hablado de su deseo de adoptar un hijo. El matrimonio se comunicó con Francoeur, que les presentó la asociación Les Enfants du Soleil y les recomendó los servicios de Edmond Mulet en Guatemala.

Para iniciar el proceso, Diane W. y su marido le enviaron a Francoeur una voluminosa documentación: declaración bancaria, certificado de buena salud, certificado de infertilidad, así como el informe de idoneidad firmado por una trabajadora social canadiense.

En una carta manuscrita supuestamente destinada a “las autoridades de adopción”, los W. afirmaban ser una pareja amorosa, unida, feliz y en buena situación financiera”. Y deseaban un niño para educarlo en un “clima de amor, calor, seguridad, generosidad y amor”. En los formularios que les presentó la asociación, los padres escogían el sexo, la edad y el número de niños que deseaban. Había incluso una opción que decía: “Lo más joven posible”. La pareja optó por un niño y una niña menores de cuatro años. Otro documento que la organización Les Enfants du Soleil Hilda Álvarez Leal les hizo firmar fue un mandato para que Edmond Mulet los representara en Guatemala y cumplimentara las adopciones en calidad de abogado y notario.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses.

Diane W. le dijo al juez Guerra Figueroa que a principios de noviembre de 1981, Edmond Mulet les hizo llegar el mensaje de que había un bebé para ellos y que los trámites de adopción habían terminado. Estaba todo listo.

Monique M., otra de las mujeres canadienses detenidas en 1981 en el hotel Camino Real, junto a tres parejas de la misma nacionalidad, recibieron también por estas fechas la llamada de Francoeur: los trámites para la adopción del niño ya habían terminado y todo estaba listo.

Dado que las otras tres parejas adoptantes no podían viajar a Guatemala por razones laborales, la expedición se armó así: Lise Francoeur, como representante de Los Niños del Sol, y su madre, Simone Bédard, se harían responsables de dos niños para dos de las parejas que permanecieron en Canadá. Monique M. se encargaría de su propio hijo y de uno más, para una pareja amiga. Diane W. se llevaría al suyo.

Ante el juez Albúrez Roca, la canadiense Monique M., se mostró sorprendida cuando le mostraron que Edmond Mulet no había hecho los trámites debidos. “Yo pensé que todo estaba dentro de la ley. Para eso contraté a un abogado, que es el señor Mulet, ya que nuestra intención ha sido la buena fe y el deseo de ayudar a niños necesitados”, afirmó.

Tanto Monique M. como Diane W. dijeron al juez que ignoraban que los niños que se llevaban a Canadá no habían sido adoptados legalmente debido a que las escrituras públicas realizadas por Mulet no formalizaban las adopciones. Así lo entendió el juez Ramiro Guerra Figueroa, del Octavo de Primera Instancia, quien tomó bajo su responsabilidad el caso penal después del juez de Paz Albúrez Roca. Guerra Figueroa, hoy fallecido, retiró los cargos que pesaban sobre las mujeres canadienses y ordenó que las pusieran en libertad el 7 de diciembre, después de haber pasado quince días tras las rejas. Las madres biológicas también salieron de la cárcel.

POR PRESIONES POLÍTICAS OBTUVO SU LIBERTAD”

Edmond Mulet estuvo en aislamiento una jornada, el 25 de noviembre. Al día siguiente, todavía encarcelado, defendió su inocencia en la televisión. Dijo que todo era un show político para desacreditarlo a él y al Partido Nacional Renovador (PNR), y acusó a la policía de haberlo torturado psicológicamente. Al final proclamó: “¡Viva la inteligencia! ¡Abajo la violencia!”.

Ese mismo día, su partido se movilizó para apoyarlo.

Alejandro Maldonado Aguirre, entonces candidato presidencial por la alianza Democracia Cristiana–PNR y hoy uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resolvió anular la sentencia que en 2013 condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, denunció un “plan truculento” para destruir al movimiento.

Mientras tanto, Mulet intentaba recobrar su libertad y que se clausurara el proceso en su contra. Alegó que, como aspirante a diputado, gozaba de inmunidad, sin saber que su partido aún no había oficializado las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

Esa versión es la que todavía hoy sostiene el actual Secretario General Adjunto de la ONU: que su detención fue una maniobra organizada por la cúpula policial. La razón, explica, es que “aquel año (1981) fue la toma de la embajada de España”, en la que masacraron a37 personas, entre campesinos, estudiantes y ciudadanos españoles, y continúa: “la única persona que denunció esa toma y a Donaldo Álvarez, Germán Chupina Barahona, al presidente Lucas García y a Pedro García Arredondo, fui yo. Esto me generó problemas graves. Tenía amigos en el Gobierno y en el Ejército que me pedían que me fuera del país porque estaba en una lista”.

Las fechas no coinciden: la toma de la embajada española en Ciudad de Guatemala ocurrió casi dos años antes, el 31 de enero de 1980.

La prensa guatemalteca no recogió ninguna declaración de Mulet sobre los hechos de la Embajada. En cambio, sí hizo eco a un nada rebelde comunicado de su agrupación, el Partido Nacional Renovador, que se condenaba los “trágicos sucesos” en que murieron “apreciados altos funcionarios y personal de esta misión”, “ilustres ciudadanos guatemaltecos” y “campesinos manipulados por fanáticos extremistas de izquierda”. En ese comunicado solo se solicitaba a las autoridades que esclarecieran los hechos.

Aquel mismo 7 de diciembre en que las mujeres canadienses salieron de la cárcel, Mulet obtuvo también la libertad.

“Lo que a mí me consta”, sostiene hoy Mulet, “es que al final de esta investigación, el juez penal concluyó que todo se había hecho bien”, y en consecuencia el caso fue cerrado. Y por ello las canadienses detenidas, añade el diplomático, “se pudieron ir de Guatemala, ya con sus visas y todo en regla, a pasar la Navidad con sus hijos”.

Pero las cosas no sucedieron exactamente así.

En rigor, las mujeres canadienses sí volvieron a su país a finales de diciembre, pero sin los niños que querían adoptar. Según una de las madres adoptivas, éstos permanecieron un año completo en el hogar Elisa Martínez hasta que las adopciones se formalizaron, esta vez siguiendo el proceso legal y sin intervención de Mulet. Ese año fue de angustia para las madres adoptivas —según describió una de ellas— que creció aún más cuando, al recibir por fin a los niños en Canadá, se dieron cuenta de que durante ese tiempo algunos habían sufrido problemas de salud. Uno de ellos presentaba secuelas de poliomielitis contraída en el hogar, y otro la cicatriz de una operación en el perineo.

Y por otro lado, el juez Octavo, Ramiro Guerra Figueroa, sí encontró motivos suficientes para comenzar un juicio contra Mulet por patrocinio infiel, un delito que alude a cuando un abogado actúa conscientemente contra los intereses de sus clientes, en este caso, las mujeres canadienses que querían adoptar. Como se trataba de un delito menor, a Mulet se le concedió la libertad provisional, aun cuando se le formularon cargos.

Pero el juicio nunca llegaría a celebrarse.

La Sala Cuarta de Apelaciones declaró que el acta de apertura pecaba de “notoria inconcreción” y por lo tanto debía ser descartada. A pesar de que el juez Guerra Figueroa intentó reactivar el caso, el 10 de mayo de 1982, ya con Ríos Montt en el poder, la Sala declaró no hallar motivos bastantes para llevar el proceso a la fase pública”.

Detalle del documento policial
Detalle del documento policial

Un documento policial de junio de 1984 resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional indica que en este caso de 1981, Mulet “por presiones políticas obtuvo su libertad”.

Pero lo cierto es que con la legislación guatemalteca de la época era casi imposible sancionar a los abogados por adopciones irregulares ni perseguir con eficacia a las redes. No existían aún vías legales que permitieran enmarcar las acciones individuales de cada miembro de una red de tráfico de menores, como le llamaba la policía. Por ejemplo, a un abogado que simulara una adopción no se le podía considerar como un eslabón dentro de una organización delictiva, sino simplemente como responsable de delitos menores o faltas al código del notariado. No existía la forma de analizar en conjunto la cadena de actos de todos los miembros de la red para entender qué pretendían, sino cada uno por separado.

Además, en aquella época, sólo el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual se consideraba trata de personas. Más tarde, con la reforma al Código Penal del 2005, la adopción irregular se convirtió en una modalidad del delito de trata. Y Guatemala comenzó a ratificar un arsenal de convenios internacionales, en gran medida por el impulso de Unicef, la agencia de Naciones Unidas para proteger a los niños.

En 2011, Plaza Pública accedió a documentación de la Secretaría de Bienestar Social conservada en los Archivos de la Paz que testimonia que la asociación Los Niños del Sol también funcionó en otros países como Honduras, Salvador y Colombia. Y que, en Guatemala, esta asociación no solo captó a niños a través de una jaladora privada, como sucedió con los menores encontrados en el hotel Camino Real, sino también en orfanatos estatales como el Elisa Martínez. En estos últimos, los procedimientos empleados estaban más sujetos a la legalidad.

LA PESADILLA DE LAS CANADIENSES

Una de las canadienses que estuvieron arrestadas aquel noviembre de 1981 recuerda todo el episodio como algo tan traumático que destruyó su confianza en la gente. La prisión, los interrogatorios, las acusaciones que se formularon en su contra, resultaron demoledores: “Luego de esos 33 días en Guatemala, intentamos olvidar y aprender a vivir de nuevo”.

Porque una vez fuera de la cárcel, cuando el juez Ramiro Guerra Figueroa dejó de tratarlas como sospechosas de tráfico de menores y las declaró ofendidas por el proceder de Mulet, la situación siguió siendo tensa.

Un episodio quedó grabado en la memoria de la mujer, que recordó cómo el joven abogado Edmond Mulet llegó a su hotel en un estado “casi sicótico”:

—Lo vimos fuera de sí…, cómo nos amenazaba, aunque habló más directamente con Lise (la esposa del abogado canadiense y fundador de Les enfants du soleil, Jean Francoeur). No me acuerdo de qué le dijo, pero Lise estaba presa del pánico y nos transmitió ese miedo. Era tan grande que, cuando salíamos del hotel para ir a comer al Pollo Campero, caminábamos en parejas, espalda contra espalda, mirando hacia todos lados para comprobar que no hubiera nada amenazador.

Mulet, que ha tratado de explicar todo el caso con sosiego, se altera levemente con esta acusación: “Es totalmente falso”, replica. “Yo no he amenazado nunca jamás en mi vida a nadie. Me pregunto si ese estado de alteración no es más bien aplicable a ella misma. Estas damas canadienses estaban en una situación difícil”.

En estas circunstancias, el 22 de diciembre de 1981, las cuatro canadienses firmaron poco antes de salir de Guatemala un acta notarial por la que renunciaron a perseguir penalmente tanto “al Licenciado EDMOND AUGUSTE MULET LESIEUR como al abogado JEAN FRANCOEUR”, convencidas de que ambos “actuaron de buena fe y sin intención dolosa o culpa, por lo que la afectación a nuestros intereses en ninguna forma podemos importarla a ellos y, por ello, otorgamos a su favor el más amplio, total, y eficaz FINIQUITO”.

El acta la hicieron, además, extensiva a “LOUISE DE MOREL Y OFELIA DE GAMAS y a cualquier miembro laborante de la ASOCIACIÓN NIÑOS DEL SOL pues todos son personas bien intencionadas, motivados únicamente por fines altruistas”.

La señora LouiseDepocas de Morel a la que se hacía referencia en el documento era una amiga canadiense del matrimonio Francoeur, que radicaba en Guatemala. Según documentación conservada en los Archivos de la Secretaria de Bienestar Social, ella fungía como presidenta de la asociación Los Niños del Sol. De hecho, había sido ella quien había introducido a los Francoeur en el mundo de la adopción en Guatemala cuatro años antes.

MULET EN LOS INICIOS

En 1977, los Francoeur habían aterrizado en Guatemala con la intención de adoptar a un niño o niña. Depocas de Morel les hospedó y les presentó a los responsables del hogar estatal Elisa Martinez. La pareja se decidió por una niña. Edmond Mulet, al que habían conocido en una fiesta y que entonces tenía 26 años, fungió como testigo de las buenas costumbres y honorabilidad de los Francoeur.

En febrero de 1978, siete meses después de tener con ellos a la pequeña guatemalteca, los Francoeur adoptaron a otro niño procedente del mismo hogar. La sintonía entre el matrimonio Francoeur y Rosa Amanda de Wannan, entonces responsable del Programa de Adopciones del hogar Elisa Martínez, se desprende de las cartas contenidas en los expedientes de adopción de estos dos niños, archivados en la Secretaria de Bienestar Social. En esa correspondencia, la señora de Wannan agradece al matrimonio sus regalos, y los esposos Francoeur le envían fotos de los niños y la informan de que su “asociación de información sobre la adopción internacional sin ánimo de lucro” ya ha sido reconocida por las autoridades canadienses.

Los integrantes de esa recién estrenada asociación en 1978 eran las mismas personas que habían participado en el proceso de adopción de los niños Francoeur, tal como se desprende del membrete de un documento contenido en los expedientes de la Secretaría de Bienestar Social:

Les enfants du Soleil                       Presidente: Louise de Morel. Guatemala.
Los Niños del Sol                             Director general: GuyDarby. Montreal.
Guatemala–Salvador                       Abogado y notario: Lic. Edmond Mulet. Guatemala
Honduras–Colombia                        Consejero jurídico: M. Jean Francoeur. Montreal
2480 Boulevard de Rome,
Brossard
Quebec

A partir de ese momento, Francoeur y Mulet, a través de la asociación Los Niños del Sol, empezaron a tramitar adopciones de niños guatemaletecos procedentes del hogar Elisa Martínez con destino a Canadá.

Según nueve expedientes de adopción de la Secretaría de Bienestar Social consultados en 2011, la asociación Los Niños del Sol inició procesos de adopción en el hogar Elisa Martínez al menos hasta finales de 1981. Los procesos siguen los pasos habituales establecidos por el programa estatal de adopciones, pero en casi la mitad de ellos se pueden identificar irregularidades. Entre la papelería se conserva correspondencia del años 1982 entre la entonces directora del programa nacional de adopciones, Blanca de Morales, y las parejas adoptantes de Canadá. En ella se deja constancia de los problemas que tienen con Mulet: una vez que los niños estaban en Canadá en régimen de prueba o colocación familiar, él, representante legal de las parejas canadienses en Guatemala, no terminaba los trámites. Según De Morales, el abogado estaba demasiado “ocupado por su actividad política”.

En las cartas, la funcionaria informa a las parejas adoptantes que ha llamado, escrito y enviado telegramas al abogado Mulet para terminar los procesos, pero que no obtiene respuesta. Solo la recibe su socio, Luis Fernando Argueta Bone, que no puede hacer nada porque él no es el representante legal de las familias.

De estas nueve adopciones mencionadas, cuatro nunca se concluyeron correctamente, según los registros de la Secretaría de Bienestar Social. A pesar de ello, en 1996 el Estado guatemalteco dio por cerrados los casos que todavía estaban pendientes, en un gesto que pretendía certificar el estatus de niños que llevaban entre 16 y 17 años viviendo con sus familias adoptivas, todavía en régimen de colocación familiar.

Plaza Pública preguntó a Edmond Mulet sobre estos casos. El abogado negó todo mal proceder: “Esos procedimientos fueron cerrados, clausurados. Los niños completaron sus trámites en Canadá. Se hicieron ciudadanos canadienses”.

Un informe de la extinta Dirección de los Archivos de la Paz —institución creada por el gobierno de Álvaro Colom y desmantelada durante el de Otto Pérez Molina—señaló que, entre 1977 y 1989, Canadá fue el país que recibió el mayor número de menores guatemaltecos procedentes del programa de adopciones del hogar Elisa Martínez. Determinar exactamente cuántas de estas adopciones fueron tramitadas por Francoeur y Mulet resulta imposible en la actualidad, puesto que las instituciones del Estado han vedado el acceso a los documentos de este archivo. Plaza Pública lo ha intentado repetidamente a través de la Ley de Acceso a la Información, pero ha sido imposible. Antonio Arenales Forno, hoy Secretario de la Paz, también abogado y antiguo compañero de partido de Mulet en el P.N.R., clausuró los Archivos de la Paz en 2012.

¿UN ASUNTO DE DINERO?

Habitualmente, cuando los abogados adoptistas son cuestionados, afirman que los motivos de su actividad son humanitarios. Edmond Mulet no es la excepción: “Si los niños están abandonados y hay alguien que los quiera adoptar, educarlos, darles una gran oportunidad en la vida”, dice el diplomático al teléfono, “es algo que hay que agradecer. La adopción le ha salvado la vida a muchos niños no sólo en Guatemala, sino en todo el mundo”. Y continúa: “Con los años, pude seguir el desarrollo de estos niños y me ha dado mucha satisfacción, porque si se hubieran quedado en Guatemala, huérfanos, abandonados, se hubieran muerto de hambre, hubieran sido niños de la calle, quién sabe qué hubiera pasado con ellos”, indica el Secretario General Adjunto de la ONU.

Sin embargo, los niños encontrados por la Policía en el hotel Camino Real no estaban abandonados ni eran huérfanos. De hecho, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 90% de los menores adoptados en Guatemala fueron entregados por sus padres biológicos o, algunas veces, por los que se hicieron pasar por ellos cuando el niño era robado.

De 1977 a 2008, Guatemala se convirtió en un mercado de niños. En los últimos años el negocio llegó a cifrar los 200 millones de dólares anuales, sin contar hoteles, viajes y demás servicios turísticos sufragados por las parejas adoptantes.

Esa opción implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción.

En aquel 1981 los jueces ya intuían que detrás de todo este aparataje de las adopciones había un interés económico. Sus preguntas a los detenidos del hotel Camino Real pretendían dilucidar quién se estaba beneficiando. Lise Francoeur declaró ante el juez que Los Niños del Sol era “únicamente un centro de información”, sin interés lucrativo, “en ningún caso una agencia de adopción destinada a buscar niños”. Pero su respuesta resultaba paradójica ya que ella y su madre habían sido detenidas por tratar de llevar a Canadá varios niños. Todas las madres biológicas respondieron al juez que no habían entregado a sus hijos por dinero, sino para que tuvieran un mejor futuro.

Fueron las mujeres canadienses quienes especificaron a cuánto se elevaban los honorarios de sus dos abogados. Diane W. dijo que a su vuelta a Canadá tendría que pagar Q800 (alrededor de Q17,500 o US$2,250 de hoy) a Mulet y otros tantos a Francoeur. Y Monique M. habló de US$800 para Mulet (equivalentes a Q800 de la época) y 800 dólares canadienses para Francoeur.

Este último dice ahora haber cobrado 400 dólares por adopción. Mulet asegura que cobraba Q400, no como honorarios, sino en calidad de gastos de operación: llamadas teléfonicas, desplazamientos, etcétera. No es lo mismo que declaró en 1981. Hace 33 años, ante el agente del Cuerpo de Detectives, el joven Mulet explicó que “naturalmente” había “cobrado sus honorarios profesionales” por su labor como “coordinador general de reclutamiento de menores”.

Jean Francoeur aseguró a Plaza Pública que esos honorarios eran lo único que se les pedía a los adoptantes. Se le preguntó entonces por los demás gastos ya que Los Niños del Sol tuvo a su cargo a los menores durante tres o cuatro meses, y contó además con los servicios de una partera. Sin olvidar la labor de Ofelia de Gamas, encargada de captar a futuras madres, pobres y necesitadas en mercados y parques. El abogado canadiense afirmó que eran organizaciones sin ánimo de lucro: “Eran religiosas las que se encargaban de los niños mientras los padres venían a recogerlos”.

Pero ni Ofelia de Gamas ni la asociación Los Niños del Sol tenían relación documentada con órdenes religiosas. En ninguno de los expedientes existen indicios de algún vínculo semejante. Además, existen testimonios de que quienes cuidaban a los niños no eran monjas, un hecho confirmado por la madre adoptiva canadiense entrevistada por Plaza Pública.

Seis años después, en 1987, Jean Francoeur declaró, en una audiencia a la que fue citado por el Parlamento de Quebec, que una adopción internacional requería de “buenos recursos financieros”. “Pasando por un organismo reconocido, cuesta US$6 mil por lo bajo”, afirmó. Ese monto equivale a unos Q120 mil de hoy.

Los parlamentarios canadienses habían convocado a Francoeur, entre otros expertos, por un asunto grave: Quebec tenía problemas porque acogía en su territorio a menores que estaban en un limbo legal, como era el caso de algunos de los niños guatemaltecos procedentes del hogar Elisa Martinez gestionados por Los Niños del Sol. Muchas de las adopciones que se legalizaban en el sistema canadiense parecían rebosar ilegalidades en los países de origen de los menores. Ante la abundancia de irregularidades, el Parlamento de Quebec se planteó una iniciativa de ley que centralizara las adopciones internacionales en un ente estatal y la sometieron a discusión. Frente a los legisladores, Jean Francoeur rechazó el proyecto y defendió con vehemencia el statu quo. Le parecía innecesario. Se trataba de un asunto de las familias y alegó que en los países de origen ya existían todos los controles pertinentes.

***

La forma que empleó Mulet para tramitar la salida de los menores encontrados en 1981 en el hotel Camino Real era tan peculiar que una juez de familia de la época quedó asombrada: un método insólito eso de sacar a los bebés como turistas, según declaró para esta investigación, pidiendo reserva de su identidad. La intención era clara, pero legalmente era imposible hablar de adopción, porque no se cumplía ni uno de los pasos requeridos

Marvin Rabanales, especialista en protección de menores y abogado del Instituto de Protección Social, organización de defensa de los derechos del niño, afirmó que, hasta la fecha, nunca había conocido un modus operandi similar: “Las escrituras redactadas por Mulet por las que los padres consienten la adopción en Canadá no constituyen una adopción. Él se limitaba a redactar un instrumento público sin eficacia”.

En 2013, al teléfono, Mulet tuvo dificultades para explicar su método desde su oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Al principio mostró su conocimiento de la ley que regulaba las adopciones: “Una trabajadora social debe dar su aprobación, el juez también tiene que saber de ese procedimiento, si no el notario no puede concluir”, dijo. Y añadió: “No tengo el expediente frente a mí, pero si a esos niños les autorizaron obtener su pasaporte y la visa, es porque cumplían con estos trámites”. Pero cuando se le recordó que esos trámites no se habían hecho y que los niños iban a viajar como “turistas” y como hijos de sus padres biológicos, y no como niños adoptados, replicó: “Ah sí, sí. También hubo casos en que los procesos de adopción se hacían en el país recipiendario. Si era la voluntad de la mamá, si daba su autorización para que los niños se fueran del país con tales papás, se podía hacer. El niño que iba a ser adoptado podía irse con los adoptantes lo antes posible, para su bienestar, su salud mental, mientras el proceso se hacía en el país”, dijo Mulet. “También había esa opción”.

Esa opción, explica Julio Prado, quien formó parte de la agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dedicada a adopciones, implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción.

Nada (ni compromisos legales ni la olvidadiza trayectoria de Mulet que había descrito la encargada del orfanato nacional) auguraba que los bebés turistas regresarían. Aunque existía un proceso similar, válido solo para los niños adoptados a través de los hogares, “esa opción” no es reconocida por ninguno de los documentos legales de la época para casos como estos.

A este argumento, Mulet respondió, durante una conversación telefónica en 2015, con una pregunta: “¿Está expresamente prohibido por la ley que un menor de edad guatemalteco residente ya en el extranjero pueda realizar el proceso de adopción en Guatemala? Yo no veoningúnproblema”. 

En 1981, en su declaración ante el juez Carlos Antonio Albúrez Roca, Mulet hizo en cambio lo que acostumbra la mayoría de los profesionales que participaban en procesos de adopciones en aquella época: refugiarse en el argumento de que, lejos de estar haciendo un trámite, sólo estaban dando fe de algo.

En una conversación telefónica con Plaza Pública, el abogado canadiense Jean Francoeur defendió a Mulet: “Él era muy honesto, muy meticuloso y trabajaba muy bien. Es casi imposible que Mulet no haya respetado las formas de su país”. Y acerca de los plazos de una adopción, Francoeur mostró su conocimiento: “Tomaba un año a partir de la recepción de los documentos que se mandaban allá”. Cuando se le dice que los documentos de los casos de 1981 atestiguan que el proceso duró mucho menos de un año, Francoeur respondió:

—No creo que sólo haya tomado dos meses. Estoy muy sorprendido porque tomaba más tiempo.

 

1984. “LA HISTORIA SE REPITE”

A pesar de los problemas con la justicia que Edmond Mulet tuvo que afrontar por su participación en las adopciones de Los Niños del Sol, el abogado siguió tramitando otras adopciones de manera independiente. En 1984, la Policía Nacional lo identificó como el líder de otra estructura que pagaba a madres vulnerables para que diesen en adopción sus hijos a familias extranjeras.

En esta ocasión, Mulet no fue acusado formalmente ni detenido. En junio de 1984, la policía capturó a dos personas, Raúl Alemán Roquel y María del Rosario Alvarado Orellana, habitantes de una zona deprimida de la ciudad de Guatemala, mientras cuidaban a un bebé que no era suyo y que iba a ser adoptado por una familia estadounidense. Según explicó María Alvarado a la policía, era el tercer bebé que cuidaba por encargo de Edmond Mulet, quien les pagaba Q50 al mes, más Q25 para alimentar a los niños que les confiaba. Y explicó que el abogado “compraba” esos niños a “mujeres solteras que resultan embarazadas y también a prostitutas”.

En esta ocasión, el proceso judicial no llegó muy lejos. Los dos capturados negaron ante el juez todo lo que habían dicho a la policía. Declararon no conocer a Mulet y menos haber cuidado otros niños para él. Negaron que el niño a quien cuidaban en ese momento fuera a ser dado en adopción, y aseguraron que lo cuidaban por hacerle un favor a su madre. Sin embargo, algunos de los datos que María Alvarado confesó a la policía —y que luego negó ante el juez— resultaron ser verídicos. Según la papelería que presentó su abogada defensora, los dos niños que en un principio dijo haber cuidado, fueron efectivamente, según los registros oficiales, dados en adopción. Esas adopciones las llevaron a cabo Edmond Mulet, en calidad de apoderado, y su socio, Luis Fernando Argueta Bone, como notario. En esta ocasión, los documentos mostraron procesos de adopción legales, con los dictámenes de la PGN y de un juzgado de familia correspondientes. Mulet no fue llamado a declarar ni inculpado por ningún delito.

Edmond Mulet dice no recordar ese episodio con la justicia. Pero admite que solía emplear cuidadoras: “Mientras se realiza la adopción, el niño ya no está con la mamá. Se deposita con una cuidadora, con una familia. Podría ser que se le pagara a una cuidadora, naturalmente, para que comprara la leche, mantener al bebe, y comprar lo que fuera necesario”.

EPÍLOGO EN HAITÍ 

Los quebraderos de cabeza de Edmond Mulet con las adopciones no acabaron en 1984. En 2011 habría de enfrentar otros, pero desde una posición muy distinta: como jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití.

En enero 2010, quince días después del terremoto que se cobró la vida de 316 mil personas, una organización de misioneros baptistas llamada New Life Children´s Refuge (Refugio de Niños Nueva Vida) fue descubierta intentando sacar hacia República Dominicana a 33 niños haitianos. Los baptistas aseguraron que los menores habían perdido a sus padres y que los llevaban a un orfanato improvisado en un hotel.

Las investigaciones demostraron que casi ninguno de esos niños era huérfano, y que los misioneros trataban de hacer “contrabando” de niños con vistas al mercado de la adopción internacional. Jean Claude Legrand, asesor de UNICEF, denunció en ese momento que las redes de tráfico para la adopción internacional se estaban aprovechando de la fragilidad de Estado haitiano y de los sistemas de control.

Edmond Mulet, recién llegado a Puerto Príncipe, se encontró entonces ante un posible dilema: un sistema que, tras el desastre, facilitara la salida de los niños hacia un supuesto futuro mejor; o un sistema que, para garantizar los derechos de todos los menores, estableciera fuertes controles para la adopción. Aunque no serviría para acabar con el tráfico internacional de menores desde Haití, según se demostraría en los años siguientes, Mulet anunció en aquel entonces que, como medida de protección, todos los procesos de adopción deberían ser aprobados personalmente por el Primer Ministro de Haití.

Post Scriptum

Un día después de sus últimos comentarios por teléfono, Mulet escribió un email. Decía: “me quedé pensando en algunas de las preguntas y respuestas, ya que habiendo pasado tanto tiempo, no tengo los hecho frescos en mi memoria. Sobre el procedimiento de que los niños pudieran viajar a su país de adopción mientras se concluía el proceso de adopción, era algo bastante común en la época, todo lo cual era avalado por jueces y trabajadora(e)s sociales. Después, ese mecanismo ya no fue aceptado, pero fue algo que se aplicó sin problemas, siempre pensando en el bienestar de los niños y para evitarles una institucionalización prolongada y dañina”.

Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra en Guatemala

Hasta hace poco, esta alianza era un recuerdo nublado porque durante 30 años, entre 1983 y 2013, la élite y Ríos Montt se distanciaron. Por diferencias que empezaron con el aumento de impuestos durante el gobierno de facto y por el apoyo empresarial al sucesor de Ríos Montt; que siguieron con la prohibición constitucional cuando Ríos Montt intentó volver a ser candidato a la presidencia, y que reventaron en 2003 cuando Ríos Montt y su partido Frente Repuplicano Guatemalteco (FRG) le arrebataron a la élite el control del Estado, en el Congreso, en el Ejecutivo y en la Corte de Constitucionalidad. Fue tal la animadversión, que el 24 de julio de 2003 grupos de choque del FRG estuvieron a punto de allanar el edificio de oficinas de la familia Gutiérrez-Bosch y la colonia emblemática de la aristocracia en la zona 14, La Cañada.

El 19 de mayo de 2013, el Cacif en pleno se opuso a la sentencia de genocidio, que sería anulada por la CC un día después.

Una década más tarde, cuando el 19 de marzo de 2013 se inició el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, la élite parecía no darle demasiada importancia. Los riosmonttistas y los hijos de militares pedían con insistencia el apoyo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El 4 de abril, Alfred Kaltschmitt, empresario influyente durante el gobierno en 1982-1983, escribía en una columna en Prensa Libre: “Lo dejaron solo. ¿Dónde está la Patrulla Aérea Civil, que llevó a cabo miles de horas de vuelo en misiones cívico-militares en las regiones de conflicto? Callados están los agroindustriales que celebraron con tanta fanfarria el final de una larga noche bélica y el inicio de una era de paz ganada a pulso contra el terrorismo subversivo”. Más tarde, Zury Ríos, la hábil política e hija de Ríos Montt, consiguió lo que una década antes era imposible: una audiencia con el sector privado para azuzarlos e inquietarlos con que después de a su padre, la Fiscalía y las organizaciones de víctimas los enjuiciarían a ellos y demandarían una reforma agraria. El Cacif recibió, a mediados de abril, a Zury Ríos y a otros hijos de militares, según un empresario que participó de las reuniones y pidió no ser nombrado para este reportaje.

La élite, no obstante, terminó de convencerse cuando se lo advirtieron los suyos. Empresarios que veían en el juicio un parteaguas en la historia del país, pues representaba un caso en el que el sector privado estaba excluido de las decisiones. A politólogos asesores del Cacif, que hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran parte seis grandes empresarios. Y leyeron a los 12 intelectuales y políticos de la élite, que publicaron un comunicado el 16 de abril, alertando sobre cómo una sentencia por genocidio sería el acabose para el Estado, para la paz política y para el prestigio de Guatemala. Entre los 12 estaban dos exvicepresidentes, seis exministros, dos exsecretarios, dos exguerrilleros y un diputado cercanos a los dos expresidentes de la élite en el actual período democrático: Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar Berger (2004-2008). Una de las signatarias del comunicado fue Raquel Zelaya, secretaria ejecutiva de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ex ministra de Finanzas y signataria de los Acuerdos de Paz; Zelaya también fue una de las integrantes del Consejo de Estado de 1982-1983 y se le preguntó si eso tuvo que ver con su firma en el comunicado. “Para nada, tengo la más firme convicción personal al respecto, lo cual no significa que niegue los hechos, ni evidentes delitos de lesa humanidad que se cometieron, pero que no llegaron al tema” de genocidio, fue su respuesta.

Los análisis de los politólogos del Cacif se dividieron en dos documentos: “El primero, en marzo, fue que en Guatemala no hubo genocidio porque no está clara la voluntad expresa de destruir a un grupo étnico. Se cometieron actos constitutivos del delito de genocidio, pero no sucedió el elemento de la voluntad de destruir a un grupo. El segundo análisis, en la primera semana de mayo, incluyó todos los fallos del proceso legal por parte del tribunal”, explica Philip Chicola, uno de los analistas del Cacif.

¿Y también que se pudiera juzgar después a empresarios cercanos al gobierno de Ríos Montt? ―se le preguntó a Chicola.

―Se comparó con otros países con sentencias por genocidio. En Alemania o Ruanda se utilizó la acusación de genocidio contra personas que facilitaron, promovieron o fueron testigos de actos de genocidio. Se hizo un análisis de la cadena de mando, y si se llegaba al Presidente (Ríos Montt), el Consejo de Estado también podría haber sido enjuiciado. En el Consejo participaban líderes académicos, sociales y empresariales. En el caso de Argentina se demandó de manera civil a proveedores del ejército argentino. En Guatemala, cualquiera que hubiera tenido cualquier colaboración con el ejército podría haber sido susceptible de demandas civiles.

Cuatro factores. Primero, las advertencias de Zury Ríos y otros hijos de militares, como Ricardo Méndez-Ruiz, –según el empresario que participó en las reuniones entre ellos y miembros del Cacif–; segundo, las intuiciones de algunos empresarios; tercero, los análisis políticos; y cuarto, el comunicado de los intelectuales, dieron pie al boicot que lograría que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia condenatoria el 20 de mayo.

Un boicot, decidido tras la sentencia del 10 de mayo, que no fue respaldado por toda la élite empresarial, según un empresario joven que participó de las deliberaciones. El 10 de mayo, cuando el Tribunal de Alto Riesgo, conformado por Yasmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, dictó la sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, algunos empresarios moderados, más jóvenes, intentaron hacer que se respetara el fallo para evitar quedar como retrógrados ante la opinión internacional. Pero al final pesó más el apoyo de los agremiados de las Cámara del Agro, de la Industria y de Comercio. Un boicot, según este empresario, que utilizó la estrategia de “populismo de derechas, del miedo, para movilizar no sólo a los agremiados, sino a toda la derecha”. Lograron unir de una manera sin precedentes en las últimas tres décadas a empresarios, militares, la academia de derechas, el Gobierno y los medios tradicionales, con la simpatía de la clase media urbana.

Las cuatro patas de la alianza en medio de una gran incertidumbre

En 1982 Guatemala era parecida y distinta a la Guatemala de 2013. Parecida en cuanto a la desigualdad, con aun más pobreza; y distinta en cuanto a los escasísimos espacios democráticos de aquella época. Cuatro guerrillas de izquierdas contaban con la simpatía de decenas de miles de guatemaltecos y de buena parte de la opinión pública estadounidense y europea, y estaban a las puertas de la Ciudad de Guatemala para intentar el asalto final del Estado. Estaban entusiasmadas por la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño. El ejército y Guatemala estaban aislados desde 1978 debido a las violaciones a los derechos humanos que la contrainsurgencia cometía contra civiles desarmados.

El general retirado, José Efraín Ríos Montt, durante el juicio por genocidio en su contra.

En 1982, la estrategia contrainsurgente que había empezado en 1978 todavía no había llegado a su plenitud. Tras cuatro años de desgaste del gobierno de Romeo Lucas García y un nuevo fraude electoral que no fue avalado por un sector del ejército ni por la élite empresarial, el 23 de marzo un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de Estado y llamó a Ríos Montt para que asumiera como jefe de Estado. Ríos Montt era un personaje que en 1974 había sido el candidato del Frente Nacional de Oposición, con el socialdemócrata Alberto Fuentes Mohr como compañero de fórmula. Ese 1974 le arrebataron el triunfo en otro fraude militar, aceptó un puesto diplomático en España y a su regreso en 1978 se convirtió en pastor neopentecostal de la iglesia El Verbo.

En 1982, tras 72 horas de incertidumbre para la élite “porque los capitanes rompieron con la jerarquía de la única institución que podía defendernos”, según un líder empresarial de entonces, empezó un nuevo capítulo de la añeja alianza entre militares y empresarios.

En esta alianza, si bien estuvo dotada de un elemento institucional y un consenso a nivel de clase, tuvo una participación personal en diferentes grados: La integraron desde demócratas cristianos que conformaron la parte desarrollista de la contrainsurgencia con puestos técnicos en el Estado, pasando por cabildeadores en Washington para romper el aislamiento al Estado y para sus exportaciones, empresarios y civiles que dieron apoyo político al formar parte del Gobierno, hasta quienes dieron contribuciones especiales o se enrolaron en la Reserva de la Fuerza Aérea y participaron en operaciones militares con sus propias avionetas.

Primera pata: Gabinete militar, evangélico y empresarial

En su primera semana en el poder, Ríos Montt envió emisarios a tocar la puerta del Cacif para pedir apoyo político. Y lo logró. Un tercio de su gabinete fue constituido por empresarios. Julio Matheu Duchez dejó la presidencia de la Cámara de Comercio y la vicepresidencia de la petrolera Basic Resources, hoy Perenco, para ser ministro de Economía; Otto Martínez Recinos, la Cámara del Agro para ser ministro de Agricultura; y Adolfo Castañeda Felice, presidente del Colegio de Médicos y hermano del líder empresarial agrícola Rodolfo Castañeda, asumió como ministro de Salud.

No fueron los únicos. El sector empresarial designó en el Consejo de Estado a otros seis empresarios de la élite. La Cámara de Industria nombró a Ramiro Castillo Love, de la Cervecería Centroamericana y a Víctor David Benchoam Perera, del Banco Industrial; la Cámara de Comercio nombró a Juan Carlos Simmons, exdirectivo de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), exgerente de Fabrigas y militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, de extrema derecha); y a Roberto Carroll Ríos Sharp, cónsul honorario de Irlanda; y la Asociación de Bancos, a Julio Vielman Pineda, representante de los bancos ante el Banco de Guatemala en varias ocasiones, y a Rafael Viejo Rodríguez, uno de los principales azucareros, según informes de El Observador. El Consejo de Estado era un ente corporativista, que asesoraba y legitimaba al gobierno en sus decisiones. Uno de sus productos estelares fue la ley que después crearía el Tribunal Supremo Electoral y la de Comisiones de Postulación, para elegir magistrados y fiscal general.

Harris Whitbeck fue testigo de Ríos Montt en el juicio por genocidio.

“Ríos Montt vino a pedir la mejor gente que pudiera garantizar la inversión nacional, pues nadie estaba invirtiendo”, recuerda en una entrevista para este reportaje Marco García Noriega, presidente del Cacif en siete ocasiones, ahora presidente de la Asociación de Azucareros (Asazgua) y del Banco Reformador. En 1982 era uno de los líderes jóvenes del sector privado.

Los empresarios compartían influencia en el Gobierno con los dos grupos más cercanos a Ríos Montt: Los militares jóvenes golpistas y los evangélicos de la iglesia El Verbo. Entre los militares destacaban el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, hoy directivo de la gremial de empresas de seguridad privada, y el subteniente Mauricio López Bonilla, hoy ministro de Gobernación. Ambos formaron parte de los ocho integrantes de la “Junta Asesora del Jefe de Estado”, recuerda Muñoz Piloña. Entre el círculo de influencia de los evangélicos estaban Jorge Serrano Elías, presidente del Consejo de Estado y luego Presidente de Guatemala, en 1992; Francisco Bianchi, secretario personal presidencial ―y suegro de Serrano-; Álvaro Contreras Valladares, hijo del fundador de Prensa Libre, Álvaro Contreras Vélez, y secretario de asuntos privados del jefe de Estado.

En el gabinete de facto había otras figuras públicas de la actualidad, como el arqueólogo Federico Fahsen en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el economista Miguel von Hoegen en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el periodista Gonzalo Asturias Montenegro, quien pasó de la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Periodistas a ser el vocero presidencial. Quienes completaban el círculo de influencia de Ríos Montt eran el periodista Alfred Kaltschmitt, que dirigía una de las fundaciones que buscaban desarrollar, en la visión contrainsurgente, el área ixil: la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (Fundapi), relacionada con la Iglesia El Verbo. Y el empresario y político Harris Whitbeck Piñol, encargado de la relación con el cuerpo diplomático y la coordinación de la ayuda humanitaria. Kaltschmitt y Whitbeck fueron testigos de la defensa de Ríos Montt en el juicio.

Sobre el Consejo de Estado, Raquel Zelaya argumenta que “por la legislación que se derivó de ese Consejo de Estado, se puede juzgar su aporte a la democratización del país. La estabilidad que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha dado a los resultados electorales y una de las mejores leyes de partidos, que luego ellos mismos modificaron velozmente. Por primera vez que se incorporó representación de la mujer y de los pueblos indígenas. Participé en la Comisión Económica y en la de Asuntos  Políticos. Coincidí allí con Óscar Clemente Marroquín, Amílcar Burgos, el doctor Soto, entre otros”.

Alfred Kaltschmitt brinda su declaración ante el tribunal.

Óscar Clemente Marroquín, actual director de La Hora, aporta otros matices al ser cuestionado sobre su participación en el Consejo. “El gobierno quiso utilizar al Consejo de Estado para legitimarse, sobre todo dando participación a los “grupos étnicos”. Mi papel fue promover la reforma política, dentro de la Comisión Política y junto Amílcar Burgos planteamos el diseño de autoridades propuestas por una Comisión de Postulación para arrebatar al sector político tradicional el control del propuesto Tribunal Supremo Electoral. Tuve algunos enfrentamientos con Jorge Serrano, presidente del Consejo, porque siempre fui crítico. No me he arrepentido nunca de haber participado. A lo mejor con información más completa de lo que ocurría, hubiera actuado de otra manera, pero de acuerdo a las circunstancias, creo que hice lo que tenía que hacer”.

La publicación de los 60 integrantes del Consejo está en las imágenes de este reportaje.

¿Una dictadura militar-empresarial?

El poder empresarial sobre los militares –como sucedió con prácticamente todos los gobiernos entre 1954 y 1985– era significativo. Tanto que tenían, incluso en los peores tiempos de la represión, derecho a la libre expresión, a no tener que hacer servicio militar, a poder tener grupos armados para defenderse de las guerrillas y a oponerse públicamente a las decisiones gubernamentales. Un ejemplo fue el 18 de noviembre de 1982, cuando, en un campo pagado en Prensa Libre, la Cámara de Industria le reclama al Gobierno por decisiones “inconsultas”, “incongruentes” y “preocupantes” para la economía nacional. Las críticas publicadas en los medios de la época, por cierto, nunca se refieren a la contrainsurgencia ni a la violencia contra civiles sino se centran en el estilo de gobernar de Ríos Montt, que se reflejaba en sus discursos sobre moral contra la explotación laboral o sus desplantes al papa Juan Pablo II.

El comunicado de los 12, el 16 de abril de 2013.

“Tenemos que recordar que el sector privado sufría ataques directos de la guerrilla. Desde que nos quemaban cosechas, secuestraban y asesinaban, como los casos de Luis Canella o Alberto Habbie. Algunos podrían considerar que teníamos libertades de participar o no participar (en el servicio militar), pero por otro lado estábamos metidos en el conflicto y teníamos que estarnos defendiendo de los ataques de la guerrilla. En una situación como esa no se podía tener todo”, contextualiza el empresario Marco García Noriega, quien desde hace 33 años empezó a formarse en el liderazgo del Cacif. El caso del industrial Canella aparece en el párrafo 3785 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

De hecho, la primera operación militar del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Quiché fue el asesinato del finquero José Luis Arenas, conocido como El Tigre del Ixcán, líder del Partido de Unificación Anticomunista (PUA) y dueño de más de 50 caballerías en el área ixil. Para el exguerillero César Montes, uno de los fundadores del EGP, se trató de “justicia popular contra un terrateniente feudal. Las guerrillas no atacaron a los empresarios primero, sino que los empresarios, desde los sesenta y setenta, financiaban escuadrones de la muerte contra sindicalistas, intelectuales, periodistas y revolucionarios. Empezaron los secuestros económicos (de empresarios) con (Leonel) Samayoa Brama, entregado a tiempo y con buen trato; y los finqueros cerraron filas contra las guerrillas”. García Noriega refuta el argumento: “Cuando usted se sienta una mesa de empresarios en la que el 80 por ciento tuvo familiares secuestrados o asesinados por parte de la guerrilla, es un tema muy sensible. Lo que no puede decirse es que cuando se mataba a un guerrillero era asesinato y cuando se mataba a un empresario era justicia social”.

Sobre la alianza militar, dos empresarios califican la alianza militar-empresarial como una asociación casi coyuntural. A decir de García Noriega “era una alianza de conveniencia para poder sacar el país adelante, con muchas divergencias también”. Según un empresario que era líder en los ochenta, que pidió no ser identificado, “los empresarios y los militares siempre han desconfiado uno del otro, pero se necesitaban. En un período en el que no había legitimidad de elecciones, (los militares) tenían que buscar a alguien coherente, con estructura, que generaba empleo, que tenía poder por lo que generaba. Y nosotros (los empresarios) porque los militares daban estabilidad, coherencia; con su estructura generaban tranquilidad, orden, paz, condiciones y certeza para trabajar”.

Desde el lado gubernamental, la relación se percibía de una manera distinta. Para el capitán Muñoz Piloña, “la relación era muy cordial porque los empresarios vieron que no nos estábamos corrompiendo”. Para Harris Whitbeck “la relación era buena porque los empresarios estaban agradecidos porque comprendieron que Efraín (Ríos Montt) estaba tratando de pacificar el país. En el Consejo de Estado, en el que había 30 titulares y 30 suplentes, había empresarios como Ricardo Asturias, Ernesto Viteri, Ramiro Castillo Love o Julio Vielman Pineda. También había 20 indígenas y hasta un comandante guerrillero de Todos Santos que se había colado, porque eran liderazgos escogidos por las comunidades. Mire, si Efraín (Ríos Montt) hubiera querido matar a todos, no los hubiera convocado al Consejo de Estado”.

El economista Miguel von Hoegen, quien fue secretario de Planificación (Segeplan), va un paso más allá al analizar la relación militar-empresarial: “Primero me gustaría decir que es un hecho que me molesta pero tengo que aceptar que me metí a la contrainsurgencia; a mí me interesaba aportar en la participación ciudadana y empecé en Segeplan desde 1973. Segundo, sobre la relación entre militares y empresarios, era muy amistosa y le puedo decir que toda la orientación de la política pública era para beneficiar al sector privado. Recordemos que era el período del enamoramiento de los gobiernos con el neoliberalismo por influencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher”.

Los acuerdos gubernativos que otorgan un reconocimiento militar a los empresarios que participaron de la Fuerza Aérea de Reserva.

“Era una alianza. Sabían que sólo juntos podían sacar adelante al país y ganar la guerra a la insurgencia. Tanto el sector empresarial como el militar querían aplastar a la insurgencia. Así como los esposos buscan la unidad para sacar adelante a la familia, esta alianza era para sacar adelante al país. Y ambos tenían fuerza: No es que el sector privado tuviera de títeres a los militares, ni viceversa”, continúa Von Hoegen. Cuando había puntos en los que divergían, como el tema de impuestos, ahí sí se impusieron los empresarios. “Bueno, tengo que conceder que esa batalla, la ganaron”, completa Von Hoegen, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Rafael Landívar.

Desde otra esquina de la contrainsurgencia, otros testimonios que confirman la visión de Von Hoegen son las de expatrulleros civiles, que cobraron alrededor de Q3,400 entre 2003 y 2007 en resarcimiento por los servicios prestados desde 1981. En un reportaje de Plaza Pública, varios expatrulleros que vivían en áreas cercanas a la Ciudad de Guatemala cuentan que su labor durante la guerra era la de cuidar “a gente de pisto”. O más precisamente, presentan dos casos de vigilancia de fincas en Villa Canales para que los guerrilleros no quemaran cosechas ni atacaran a sus propietarios.

Enrique Godoy García-Granados, exvicealcalde de Ciudad de Guatemala entre 2000 y 2008, periodista de radio y televisión, y proveniente de una familia patricia, recuerda que el poder en Guatemala descansó en tres pilares durante el siglo pasado (1871-1996): los militares, los empresarios y la Iglesia católica. Una alianza que tuvo sus vaivenes con la Reforma Liberal y la Revolución y que se consolidó con la Liberación en 1954, con la alianza tradicional militares-empresarios-iglesia. Pero que con el auge de la Teología de la Liberación y las iglesias evangélicas en los setentas, regresa a la versión reducida del pacto, entre militares y empresarios, entre 1974 y 1992.

Esta alianza militar-empresarial resultó en una de las dictaduras más conservadores de América Latina, que llegaron a criminalizar cualquier atisbo de protesta por injusticias o de simpatías con cambios sociales. Esta contrainsurgencia, responsable de la mayoría de los 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos y un millón de refugiados en un país, entonces, de siete millones de personas, ratificada como genocida por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU en 1999 y la sentencia de un tribunal guatemalteco. Sentencia que fue anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad.

Segunda pata: el financiamiento adicional a la contrainsurgencia

La alianza tuvo un componente financiero, aunque no como la dirigencia del Estado hubiera querido. Según el Ministerio de Finanzas, el presupuesto nacional nunca superó el 7% del tamaño de la economía durante los años setenta y ochenta, y rompieron récord en 1984, cuando bajaron a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de los más bajos del planeta. Estos ingresos reducidos y el aislamiento internacional colocaron en algún momento al gobierno de Ríos Montt contra las cuerdas.

Los delegados del sector privado ante el Consejo de Estado.

Para tener una idea de la asfixia en cooperación militar en la que se encontraba el ejército, es útil la comparación que hace Rachel McLeary en su libro Imponiendo la democracia. El Salvador llegó a recibir hasta US$196.6 millones en 1984 por parte de Estados Unidos, Guatemala sufrió un embargo militar desde 1980.

Por eso, el 11 de octubre de 1982, el Ministerio de Finanzas publicó un comunicado en el que se comprometía con el sector privado a no llevar a cabo una reforma agraria ni a estatizar la banca, y acordaba junto a “14 empresarios honorables” que todo el sector privado cumpliría con el pago de impuestos, con el retorno de capitales al país y con un “apoyo financiero específico para la erradicación de la subversión, por Q60 millones”, que eran entonces US$60 millones y que representaba el 70 por ciento del presupuesto militar aprobado para 1982. Q60 millones de 1982, equivaldrían en junio de 2013 a Q1.3 mil millones. El memorando tenía el cálculo de lo que debía pagar cada cámara: Q24 millones la Cámara de Comercio, Q15 millones la Cámara de Industria, Q9 millones la Cámara del Agro, y Q12 millones la Asociación de Bancos, lo que sumaba los Q60 millones, según la publicación de la revista Inforpress del 9 de diciembre de 1982. El comunicado fue transcrito por Fernando Valdez y Mayra Palencia en la página 56 del libro Los dominios del poder: la encrucijada tributaria, de 1998.

Entre estos 14 empresarios honorables se encontraban: Juan Francisco Reyes López, expresidente del Cacif y exvicepresidente durante el gobierno del FRG (2000-2004); Juan Miguel Torrebiarte, del Banco Industrial; Juan Maegli, de Cementos Progreso; Mario Granai, del Banco G&T Continental; Ernesto Rodríguez Briones, del Banco Industrial; José Toledo, del Ingenio Magdalena; y Carlos Springmühl, del Banco Industrial y presidente de la Cámara de Industria. Rodríguez fue fundador de Distelsa y del Centro de Estudios Económicos Sociales, en 1958 –del que luego surgiría la Universidad Francisco Marroquín-, y Springmühl fue uno de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, en 1971.

Estos siete nombres aparecen en la página 159 del tomo III del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi) de la Iglesia católica, publicado en 1998. La fuente que cita el Rehmi es el libro El recurso del miedo, de Carlos Figueroa Ibarra, publicado en Costa Rica en 1991. La revista Inforpress del 9 de diciembre también recuerda que grupo fue mencionado en un telenoticiero. No se encontró ninguna referencia escrita de los otros siete integrantes. El grupo de “los catorce” también se menciona en el libro de Valdez y Palencia, publicado en 1998. Se intentó conversar con los siete. Rodríguez ya falleció; Maegli y Springmühl no aceptaron por problemas de salud; y no se recibieron respuestas por parte de Torrebiarte, Granai y Toledo. Reyes López fue el único que respondió: “Yo me recuerdo que el general Ríos me pidió que hiciera una reunión con dirigentes empresariales en la Casa Presidencial y derivado de eso puede haberse suscrito ese memorando (de 1982), pero no me recuerdo más. En Casa Presidencial hablamos de que había que aumentar la carga tributaria para poder crear programas sociales que redujeran la pobreza y los problemas sociales. Me recuerdo que en la reunión hablaron Carlos Springmühl, Juan Maegli. Pero no me acuerdo si se dio toda la contribución, ni qué decía el documento que usted me menciona. Usted entenderá que con mis 75 años no me recuerdo de detalles”.

Consultado sobre los siete nombres, Enrique Godoy apunta el origen de este grupo de empresarios: “No era que vinieran por sectores, sino que eran empresarios caficultores, que su prosperidad vino originalmente del café y que luego migraron a la industria o a la banca. Y tenían sus fincas en las regiones en las que estaba la guerrilla con más fuerza: San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Ellos lograron convencer a los terratenientes de la Costa Sur de la amenaza guerrillera y de aportar a la contrainsurgencia. Este aporte extraordinario, por cierto, ha sido normal en toda América Latina. El último caso fue el de Colombia con Álvaro Uribe”.

Cuánto de los Q60 millones solicitados fueron entregados voluntariamente para la contrainsurgencia entre diciembre de 1982 y junio de 1983 es algo que no está claro.

En su libro Imponiendo la democracia: Las élites y el fin del conflicto armado, Rachel McLeary, afirma que el aporte ofrecido no se pagó. García Noriega respondió que no recuerda si hubo una contribución, pero considera que ésta no se dio porque la inversión de los empresarios se concentraba en la defensa de sus familias y sus propiedades. Dos líderes empresariales en 1982, consultados para este reportaje dijeron que recordaban que hubo un pago, pero que no sabía de cuánto. En cambio, según el Rehmi, los Q60 millones fueron entregados en su totalidad. El coronel Leonardo Figueroa Villate, ministro de Finanzas entre 1982 y 1983, respondió a Valdez y Palencia en 1998 que los empresarios sí habían contribuido, pero no especificó con cuánto: “Sí, siempre hay gente que quiere colaborar y otras que no, pero sí hubo en aquella época”. Von Hoegen, entonces en Segeplan, cree que sí se dio el aporte extraordinario: “Hay que recordar que en ese momento no se sabía que era la parte final de la guerra y se necesitaba dinero para financiar la guerra y obras para quitar las banderas de la guerrilla”.

El capitán Muñoz Piloña, probablemente el militar con más influencia en el gobierno de Ríos Montt y a cargo de la “supervisión” de los ministerios de Salud y Economía, resume la relación financiera con un ejemplo: “Cada vez que no había para pagar planilla de todo el Estado, el ministro de Finanzas llamaba al de Economía, el de Economía hacía un par de llamadas a sus amigos y de pronto, ya había dinero para pagar la planilla”. El ministro de Economía, Julio Matheu, expresidente de la Cámara de Comercio hasta antes del gobierno de Ríos Montt, era el delegado principal del Cacif en el Gabinete.

En los documentos oficiales del Ministerio de Finanzas, constan donaciones del sector privado al gobierno, entre 1982 y 1983, por únicamente Q10.6 millones (unos Q216 millones de junio de 2013). Se solicitó al Ministerio de Finanzas una copia del memorando citado por Valdez y Palencia, al que tuvieron acceso cuando hicieron el libro, pero del que no tienen una copia. Valdez no recuerda el nombre de los otros siete empresarios que firmaron el apoyo al comunicado.

De lo que sí hay constancia es de una diferencia millonaria para la época entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado por el Ministerio de la Defensa en 1982 y 1983. Para 1982 se habían aprobado Q86 millones y se gastaron Q164 millones; y en 1983 se aprobaron Q142 millones y se ejecutaron Q184 millones de entonces. Diferencias que suman Q100 millones y que pudieron provenir,principalmente, de transferencias desde otros ministerios o entes autónomos y,en menor medida, de donaciones de los pocos gobiernos amigos, como Israel o Taiwán; o, efectivamente, de aportes del sector privado.

Según los documentos de Finanzas, tanto las transferencias entre ministerios como las donaciones empresariales son recurrentes ―como las “regalías voluntarias” de las mineras que entran a las arcas del Estado como donación―. Aunque para fines contrainsurgentes sólo se han dado en 1982-83 y en 1954, según los testimonios empresariales.

Tercera pata: el cabildeo en Washington

En donde se puede probar que los empresarios pusieron fondos de sus bolsillos y buena parte de su capital político fue en los esfuerzos por acabar con el aislamiento internacional que lideró Estados Unidos durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter. El embargo contra el ejército de Guatemala pronto se tradujo en un aislamiento comercial y político que empezaba a afectar al sector privado guatemalteco, que sufría trabas técnicas para dificultar el ingreso de los productos al mercado estadounidense e inversiones de empresarios de ese país en Guatemala.

Este trabajo fue canalizado por medio de la Asociación de Amigos del País, el equivalente político de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), fundada en 1984. Consistía básicamente en “romper el canal diplomático” entre la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Departamento de Estado por medio de cabildeos con tomadores de decisión en Washington: senadores, congresistas y la Casa Blanca. El empresario García Noriega, quien ha presidido en siete ocasiones el Cacif, lo explica:

¿Cómo fue el trabajo empresarial para romper el aislamiento?

–Fue empezar a tocar figuras claves rompiendo el esquema del Departamento de Estado, yendo a hablar directamente con los senadores, congresistas, gente influyente dentro de los partidos Republicano y Demócrata. Es decir, fue un esfuerzo bastante grande.

–Para tener una idea del tamaño, ¿qué números recuerda?

–Cuando a mí me tocó, íbamos a Washington y teníamos unas 25 reuniones en cuatro días. Senadores habían diez o quince (de 100 miembros del Senado). El Departamento de Estado nos recibía también. Había gente también del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. También de la cámara de comercio americana-guatemalteca.

–¿Cómo un grupo de guatemaltecos logra que los reciba gente tan importante en Estados Unidos?

–Porque hay siempre conexiones. Alguien conoce a alguien. O son proveedores. O son empresas norteamericanas que son importantes donantes (en la política) en Estados Unidos y presentaban. O algunos que fueron compañeros de senadores cuando estudiaron en Estados Unidos. Y ese senador llevaba otros diez o doce de su grupo. Y luego fue más institucional el tema. Lo importante era romper los canales oficiales de que el embajador reportaba al Departamento de Estado. De esta manera, había una relación más fluida, las citas se hacían de otra manera. Y siempre hubo mucho interés, era increíble. (…) Una cosa puede ser la opinión de una embajada, pero no significa que sea la opinión oficial de un gobierno. Hay que distinguir. Cuando viene el Departamento de Estado o el presidente de Estados Unidos en Washington y dice algo, es una opinión oficial sobre Guatemala.

El campo pagado empresarial en noviembre de 1982 cuestionando al gobierno.

Muñoz Piloña recuerda uno de estos cabildeos: “Una vez en septiembre de 1982, Juan Maegli y los de la Asociación Amigos del País, que era algo como lo que ahora es Fundesa, me invitaron a ir con ellos a Miami a una reunión del Caricom (Comunidad de Estados del Caribe). Y el indito, yo, no sabía nada de esas cosas. Yo iba de patojo ignorante. Ahí pasaron dos cosas muy interesantes. Juan Maegli me presentó al Primer Ministro de Belice y estuve hablando con un senador demócrata que sólo había escuchado la visión de la guerrilla sobre el conflicto. Al senador le conté que eran inventos lo de las bayonetas de los fusiles galil o que la masacre de Dos Erres nunca existió, pues fueron a buscar las evidencias en ese momento alguien del gobierno y alguien de la embajada estadounidense y no encontraron nada, fue una masacre de escritorio. Y cambió su visión. (…) Mire, (los empresarios) me atendieron a cuerpo de rey. Yo no sabía de esos viajes, yo era un hombre de campo, de montaña, de trabajo, pero en esta oportunidad vimos que ellos realmente abren espacios a nivel internacional. Estaban bien coordinados, mis respetos”.

Whitbeck también recuerda este trabajo junto a la Asociación de Amigos del País, desde tiempos de Lucas. “No sé si ayudó (a romper el aislamiento), pero sí logramos que nos escucharan y que vinieran a ver la realidad de nuestro país”.

La estructura de cabildeo es algo que se mantiene hasta la actualidad y se activa con asuntos trascendentales por parte de diferentes sectores del empresariado. Van desde las negociaciones para aranceles al azúcar hasta descalificaciones al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con la contratación del exdiplomático Robert Gelbard. En los años ochenta, el cabildeo logró alivianar las trabas comerciales contra productos guatemaltecos y que se considerara al ejército como un interlocutor para el proceso de paz.

La última pata: avionetas y bombas para ganar la guerra

Pero el apoyo político en el gabinete y el Consejo de Estado, la contribución extraordinaria para la insurgencia, y el cabildeo internacional no fueron lo único que aseguró la victoria del ejército y de los empresarios sobre las guerrillas de izquierdas. Tres documentos: una recopilación de la historia moderna de la proempresarial Asociación de Amigos del País; un libro agotado de un militar retirado; y un documento secreto desclasificado, Órdenes Generales del Ejército, del National Security Archives, mencionan otro factor como determinante: la Fuerza Aérea de Reserva.

Antes de que nadie vaticinara que los procesos para llegar a un juicio por genocidio tendrían éxito, en 2008, el mayor de infantería Gustavo Díaz López escribió Guatemala en llamas, una visión político-militar del conflicto, un libro en el que se hace un balance sobre el conflicto armado. En la página 204, recuerda los factores que les hicieron ganar la guerra: “En este período (1982) se produjeron dos hechos muy importantes para inclinar el curso de la guerra a favor de las fuerzas gubernamentales. El primero consistió en la organización formal de la Reserva Aérea, constituida por pilotos civiles que aportaban su tiempo y sus aeronaves en apoyo de las operaciones militares. (…) El segundo fueron el retorno a filas de miles de reservistas”.

Díaz López es un representante institucional del ejército durante el último cuarto de siglo. Se graduó de la Escuela Politécnica en 1970, fue oficial en la dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, director de la escuela de Inteligencia, jefe de la sección de Operaciones Psicológicas del Ejército, oficial del Estado Mayor de la Base Militar de Tropas Paracaidistas, cofundador de las Unidades de Asuntos Civiles del Ejército, miembro de la comisión redactora del capítulo sobre el ejército en la Constitución de 1984, delegado con rango de embajador ante la Asamblea General de la ONU en 1986 y representante militar ante el Grupo Contadora para la Paz en Centroamérica. También fue director general de Caminos y cuenta con varias condecoraciones militares. En 1989 fue uno de los militares que intentó derrocar a Vinicio Cerezo y en 1992 fue nombrado por Ramiro de León Carpio como gerente de Guatel. Tiene estudios de ciencias políticas en la UFM. En 2013, hizo una “consultoría militar” para la defensa sobre las “falaces acusaciones del MP en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez”.

En 1996, la Asociación de Amigos del País, muy cercana a la élite empresarial, ya había afirmado en Historia General de Guatemala: “La Fuerza Aérea estaba prácticamente inutilizada por carecer de repuestos. Tal deficiencia se resolvió parcialmente con las reservas de la entidad civil del Aeroclub. En efecto, en 1983 operaban solamente seis helicópteros militares”, publicaron en la página 126 del tomo VI.

La misma Fuerza Aérea de Reserva que mencionaba Kaltschmitt en su columna de 2013. Kaltschmitt accedió a una entrevista por correo electrónico, pero no respondió a las preguntas.

En su libro, Díaz López se adentra en detalles de esta fuerza de aire de los empresarios. “Estos pilotos civiles ejecutaban misiones muy riesgosas transportando personal y abastecimientos, apoyando a la población civil en caso de desastres y participando también en peligrosas misiones de reconocimiento aéreo y en algunas de bombardeo y ataque de posiciones enemigas. Ante la carencia de material que sufría la Fuerza Aérea, los aviones de la Reserva Aérea eran acondicionados para el lanzamiento de improvisadas bombas consistentes en obsoletas minas alemanas antitanque, de la Segunda Guerra Mundial, a las que se les agregaba un mecanismo de detonación por tiempo, además desde la compuerta de lanzamiento se hacía fuego con armas automáticas. En 1982, la Reserva Aérea se concentró en la Base de Paracaidistas (en el Puerto de San José), aproximadamente treinta y cinco aviones de diferentes tamaños y capacidades, con los que transportó hacia la pista de aterrizaje de Nebaj, una unidad de fusileros paracaidistas con sus trenes de combate, para lanzar operaciones ofensivas contra el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Triángulo Ixil”.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refiere al lanzamiento de bombas en el área ixil. Puede diferenciarse entre las bombas de 500 libras, lanzadas desde aviones militares como los Pilatus, comprados a Suiza, y las bombas que podían ser lanzadas desde helicópteros.

Sin especificar de qué tipo de bombas se trataba, en su tercera conclusión, la CEH estableció que en el área ixil se bombardeó a la población que se desplazaba, huyendo de las masacres. Además, en el párrafo 3322, del capítulo 2, publicó que “la población perseguida era bombardeada durante el desplazamiento, como sucedió en Bicalamá, Sumal I, Xecotz, Tzalbal, Xexucap, y Acul, todas aldeas de Nebaj. De la misma manera en Chajul, durante 1982 y 1983 fueron bombardeadas las aldeas de Santa Rosa, Xajboj, Xeputul, Santa Clara, Cabá y Xaxmoxam”. “Hasta vienen helicópteros, aviones para venir a bombardear estos lugares aquí, pero la verdad como le digo pues que tal vez el ejército también ya no mira bien, ya no controla bien a quién es el que está bombardeando sino que está bombardeando ya a la población, a la pobre gente”, dice el testimonio colectivo de Bicalamá. El de Sumal I añade: “Si el bombardeo directamente o sea represión comenzó dura en esta comunidad fue en el 83 cuando los aviones bombardearon, quiere decir que el ejército esperaba la población así en los guatales, mientras que el avión bombardea en los guatales para que salga la población y el ejército los recibía y los mataba, aquí en Visumal murieron gentes carbonizadas por el ejército”.

En una entrevista para este reportaje, Díaz López aseguró que sólo se bombardeó a fuerzas guerrilleras y ahondó en la explicación sobre el papel de la Fuerza Aérea de Reserva.

–¿Cómo se da esta participación de la Fuerza Aérea de Reserva?

–El embargo de Estados Unidos durante Carter (desde 1978) fue haciendo crisis porque todas las aeronaves eran estadounidenses y no teníamos repuestos. El coronel René Morales y el civil Gustavo Anzueto Vielman invitaron a pilotos civiles a incorporarse al esfuerzo de guerra. En ciertos momentos incluso participaron en acciones de combate, en ataques a campamentos subversivos o bombardeos a los campamentos.

–Con el lanzamiento de bombas, como usted escribió en su libro.

–Claro, usando tecnología arcaica, pero al fin y al cabo efectiva. Utilizando minas antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Ahí le habían adaptado algunos dispositivos de tiempo, una mecha, y se lanzaban desde el aire. Eran cosas muy rudimentarias, pero eran útiles. Pero yo diría que el mayor esfuerzo de los pilotos de la Reserva Aérea consistió en apoyar el aspecto moral.

–¿Cómo así moral?

–Incide en los combatientes ver morir a la gente sin apoyo médico, siempre golpea. Por eso es parte de la táctica guerrillera golpear e irse, porque logran un estado moral, anímico, duro en las tropas, porque saben que siempre están expuestos. Pero una cosa era estar expuesto y saber que lo iban a rescatar (aviones) y otra era sólo estar expuesto. También la parte logística, transportar abastecimientos, personal que tenía que llegar o salir de las áreas de operaciones.

–¿Por qué fue determinante?

–Porque cuando no teníamos aviones ni helicópteros, ellos estaban ahí. Ellos ponían la aeronave, a veces el combustible. Hay una serie de factores alrededor de eso. Ante todo saber que se tiene la capacidad de hacer algo que se necesita. Hubo una operación entre 1981 y 1982 cuando se recuperó la pista de aterrizaje de Nebaj. El EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) la había tomado y no permitía ningún aterrizaje. Y los paracaidistas necesitaban ser transportados y llegar. Y la Reserva Aérea utilizó más o menos 35 naves; no había ninguna del ejército. (…) Aunque eran ineficientes en el sentido de precisión, como el cálculo de la trayectoria, que no era técnico sino improvisado. Pero siempre hay un efecto. Definitivamente las explosiones afectan al adversario. Aunque no se tenga la certeza, siempre hay un efecto psicológico. (El plan Fortaleza 87 del ejército, citado por el CEH, recoge esta estrategia: “El empleo de bombardeo aéreo y/o artillería como operaciones psicológicas deberá planificarse y podrá solicitarse al Estado Mayor de la Defensa Nacional como acción psicológica por parte de los comandos de las zonas y bases militares”).

–En el 2013, se ha detectado que incluso los drones de EE.UU., aviones pilotados a control remoto, con imágenes nítidas de satélite, fallan y no matan siempre a militantes de Al Qaeda, sino que en un 25 por ciento son víctimas civiles. En 1982, el porcentaje de víctimas civiles no combatientes, con este tipo de ataques, debe haber sido mucho mayor.

–El tema de los bombardeos no era indiscriminado, sino sólo en casos en los que alguna unidad militar estaba empeñada en combate. Generalmente fuera de donde había población. Nunca vi un bombardeo sobre área poblada. Estuve en algunos en áreas montañosas. En donde alguna patrulla entablaba combate y pedía apoyo aéreo. No digo que no pudo haber pasado, puede ser, pero yo no, yo nunca lo vi. Sí lo vi muchas veces en áreas no de población civil, sino de puras fuerzas guerrilleras y ejército. La imprecisión de la Reserva… es que no era esa su misión principal. Lo que se hacía era abrir la compuerta de carga y llevar a un tirador para ametrallar, y a veces el uso de las minas. Pero aún en el apoyo de la Fuerza Aérea, las bases de combate eran de la Fuerza Aérea. Pero como llegamos a tener sólo dos aeronaves, por eso necesitábamos de la Fuerza Aérea de Reserva. Por eso es que posteriormente la Reserva Aérea recibió un reconocimiento. Les dieron grado militar a los pilotos.

Los Acuerdos Gubernativos 153-82 y 154-82, del 20 de julio de 1982, que forman parte de la Orden General del Ejército para Oficiales 19-82, dan cuenta de este reconocimiento militar firmado por el entonces Presidente de la República y Comandante General del Ejército, José Efraín Ríos Montt.

Entre los reconocidos están algunos miembros de la élite guatemalteca. Encabezan los tenientes de Reserva en el Arma de Aviación: Gustavo Anzueto Vielman, Francisco Octavio Aragón González y Héctor Morataya Morales. Anzueto Vielman, a quien su estado de salud no le permitió dar una entrevista para este reportaje, fue uno de los líderes de la extrema derecha durante los años ochenta. Fue candidato presidencial por la Central Aranista Nacional (CAN), con la que llevó a cabo la primera propuesta libertaria diseñada por Manuel Ayau y los líderes de la Universidad Francisco Marroquín, según recuerda Juan Carlos Simmons, desde el segundo 2.30 de este video.

En la lista de 103 integrantes de la Fuerza Aérea de Reserva había empresarios y pilotos de los empresarios, a quienes se les confirió el título de subteniente de Reserva en el Arma de Aviación. Entre los empresarios resaltan el cafetalero Max Quirin Schoder, quien ha fue representante del Cacif ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala durante varios períodos y ahora es su representante ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Quirin no quiso responder para esta entrevista. O Raúl Minondo Herrera, uno de los arquitectos que diseñaron el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, el edificio central de la Universidad de San Carlos y el del hospital Herrera Llerandi. Minondo, quien ya falleció, militó en el Movimiento de Liberación Nacional.

También formaron parte Carmelo Torrebiarte, de Fundesa; y Rodrigo Sánchez Ayau, quienes declinaron dar declaraciones para este reportaje. Otros empresarios reconocidos por Ríos Montt fueron Adolfo Fumagalli Saravia, de la Hidroeléctrica Patulul; José Manuel Herrarte Orantes, administrador de la reserva privada Tapon Creek en Izabal, según el CONAP; René Morel Altenbach, dueño de un taller aeronáutico; William Stixrud Herrera, quien presidió la Asociación Nacional del Café en los años noventa; o Francisco Font Elías y el finquero Jorge Herman Fuxet, cuya familia tiene una planta procesadora de energía renovable en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Font y Herman ya fallecieron.

Varios –en su mayoría pilotos de los empresarios– han sido candidatos a alcaldes, a concejales o a síndicos. Unos de los que militaron en partidos fueron Jorge Alberto Rosal Zea, del Partido Patriota, asesinado en 2002, o José Adán Regalado Salguero, ganadero y gobernador de Petén durante el gobierno del FRG. Otros han sido acusados de volar aeronaves ilegales, como el fallecido Antonio Arévalo, quien también era concejal en Cobán. Faustino Padilla Carrillo, también de Cobán, se dedicó a elaborar vinos de arándano. Rafael Arreaga Martínez es el actual presidente de la Cámara Guatemalteca de la Educación. Antonio Pozuelos Leal es el actual subdirector de Aeronáutica Civil.

García Noriega relativiza el tema de las bombas. “No sé, pero (si se dio) tuvo que haber sido muy precario porque la gran mayoría de los empresarios no tenía formación militar como para dirigir ataques aéreos. Era una fuerza rudimentaria de defensa. Si se tiraba una bomba no era aquel bombardeo que tiraba mil bombas. Aquí tal vez una bomba que tiraban de la puerta, viendo de no caerse de la avioneta, si había eso. No veo a ninguno de los que conozco que vuela que fuera un asunto de aviones artillados. No existía tal cosa. Tal vez la parte logística de transporte de personas era la parte más importante. La otra era insignificante”.

Harris Whitbeck recuerda una anécdota sobre el precario estado de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), que obligó al llamado a la Fuerza Aérea de Reserva. “En una ocasión la FAG nos prestó un helicóptero para llevar a un grupo de senadores y congresistas gringos al Altiplano. Y cuando íbamos a despegar de regreso, el helicóptero estuvo a punto de estrellarse. Tanto que nos tuvieron que dejar a los guatemaltecos y llevarse sólo a los estadounidenses, pues estábamos en una zona guerrillera. Cuando ya llegamos todos a la capital y nos fuimos a tomar unos tragos al Camino Real, le dije al congresista Jim Sensenbrenner (por Wisconsin) que era culpa de los Estados Unidos, que no nos vendía repuestos, que estuviera en tan mal estado la FAG”. Sobre las bombas lanzadas desde avionetas privadas, respondió: “No me consta. Él (mayor Díaz) sabría más que yo. Mi relación con la Fueza Aérea de Reserva fue la labor humanitaria, sacar heridos o darnos jalón para llegar a esas áreas en conflicto. Yo nunca oí sobre las bombas y no me consta”.

El periodista Óscar Clemente Marroquín, que formó parte del Consejo de Estado, secundó el testimonio del mayor Díaz López: Conozco alguna gente que formó parte de esa “reserva” y que comentaban sus acciones de combate. No pocos fanfarroneaban con su “heroísmo”.

Entre quienes pilotearon las aeronaves, Héctor Fernando Castillo Herrarte, empresario algodonero que participó también en la Cámara del Agro, accedió a conversar. La Cámara del Agro, cuyos agremiados se trasladaban en avionetas y helicópteros a sus fincas, tenían las visiones más conservadoras sobre el país y fueron el principal respaldo del ejército en esta batalla.

Castillo Herrarte niega haber visto a algún empresario haber lanzado bombas desde sus avionetas.

–El mayor Gustavo Díaz escribió que en 1982 la Fuerza Aérea de Reserva inclinó la balanza a favor del ejército. ¿Cómo surgió?

–Te cuento. La Reserva de la Fuerza Aérea es un comando especial que existía de la época de la Liberación, cuando se decidió que pilotos civiles volaran aviones militares. Fue así como algunos pilotos volaron aviones militares y nunca participaron en operaciones (en los cincuenta), pero recibieron los entrenamientos. Y el gobierno de Ríos Montt decidió hacer una excepción. Esto porque el gobierno de Estados Unidos durante el presidente Carter embargó la venta de repuestos militares. Y en una acción muy patriótica, diría yo, empezaron a apoyar a la Fuerza Aérea. El presidente Romeo Lucas dijo en una ocasión en una cadena de radio nacional que no necesitábamos de los Estados Unidos. Muchos lo acusaron de loco, pero realmente les demostramos que no necesitábamos. En aquel momento, Ríos Montt decidió darnos un grado militar de reserva porque nosotros desde la época de Kjell (Laugerud, 1974-1978) ya veníamos volando para el ejército, transportando medicinas, médicos, algunos oficiales, que los llevábamos a diferentes lugares y puntos, raciones del ejército que no tenían cómo transportarlas y la mayor parte de las obras estaban en operaciones fuera de las bases militares. Como Nebaj, que era un lugar sumamente caliente. Entonces nosotros ayudamos, desde antes que nos nombraran Reserva Aérea. Luego Ríos Montt, por medio del comandante de la Fuerza Aérea y algunos de nuestra gente, nos dio un grado militar.

–¿Algunos de su gente como Gustavo Anzueto Vielman?

–Como Gustavo Anzueto. Decidieron darnos un grado y uniformes militares porque volábamos en áreas de conflicto y si por alguna razón aterrizábamos, que los soldados supieran quiénes éramos porque si no, nos iban a matar si nos encontraban a media selva o en una pista. Para darnos esa seguridad nos nombraron subtenientes de reserva de la Fuerza Aérea. Nosotros éramos subtenientes pero a quienes venían volando desde los cincuenta los nombraron tenientes.

–¿Cuántos empresarios participaban?

–Yo diría que éramos como 70 aviones con empresarios volando. Algunos tenían pilotos porque ellos no volaban. Había gente que decía, yo no vuelo pero ahí está mi avión. Había muchos pilotos. Pero no era una Reserva Aérea identificada con el sector privado. Muchos agarraron sus cosas y se fueron a vivir a Miami, como lo hicieron muchos empresarios de El Salvador. En la Reserva Aérea vas a encontrar personas del sector privado que se preocuparon por la situación que estaba viviendo el país. Te voy a decir algo, yo, personalmente, apoyé al ejército porque sabía que el ejército estaba librando una lucha por nosotros, los guatemaltecos, y todos los guatemaltecos deberíamos haberlo apoyado. En una oportunidad hicimos un desfile de toda la aviación nacional, en tiempos de Lucas, dándole apoyo al ejército. Con avionetas del sector privado hicimos un círculo que salía del aeropuerto al parque central dando vueltas y nunca se rompía, avión con avión. Unos 80 aviones y 20 o 30 helicópteros, todos apoyando al gobierno y al ejército. Porque el ejército realmente libró una batalla contra todo.

–El mayor Díaz afirma en su libro que lanzaron bombas.

–Yo no ví a ningún empresario lanzarlas. Lo que te puedo decir con claridad es que si el sector privado apoyaba al ejército era porque el ejército estaba cumpliendo con un mandato constitucional. Querían tomar el poder (las guerrillas) y si uno ve las elecciones, simpatía hacia el izquierdismo no existe. Siento que nos fijamos demasiado en el pasado cuando estamos viviendo el presente. Hay un dicho que es que es para que no se vuelva a repetir, pero esto no se va a volver a repetir siempre y cuando no venga un grupo de aprovechados a querer aprovecharse del que ha trabajado y ha llevado una vida ordenada.

Capítulo para la historia, lejos de cualquier corte

El sector privado parece haber acertado en considerar este juicio como una batalla determinante. Y respira tranquilo tras haberla ganado. Para el empresario cuarentañero que estuvo en las deliberaciones tras el 10 de mayo, “la sentencia representaba un cambio de época, un momento en el que se sacaba al Cacif de la toma de decisiones trascendentales. Y eso se evitó con esta oposición”. Se evitó también escribir de nuevo la historia desde los tribunales, colocando a uno de los jefes de Estado que ganó la guerra en los ochenta, a costa de una estrategia genocida, entre los criminales de guerra. Eso sí, los empresarios reconocen que al presionar tan explícitamente a la Corte de Constitucionalidad en esta ocasión, dejaron una buena parte de su capital político y su imagen internacional en este pulso.

La alianza que ganó la guerra en los años ochenta tuvo en su centro a militares y empresarios. Empresarios que se involucraron en distintos niveles. Desde tecnócratas de centro, medios de comunicación, patrulleros de autodefensa civil, ciudadanos que delataban o se hacían de la vista gorda cuando miraban o escuchaban crímenes de lesa humanidad hasta empresarios que volaron sus propias avionetas y lanzaron bombas. Los militares repetían en sus documentos que no podrían ganar la guerra aislados de la sociedad y necesitaban de la participación de buena parte de la ciudadanía. Y los abogados que han juzgado genocidios en el mundo repitieron en el juicio que ese delito es imposible sin una complicidad de parte de la sociedad. La historiadora Marta Casaús lo considera la última escala del racismo.

La inversión de capital político de los empresarios fue suficiente para que este capítulo del pasado, de la alianza militar-empresarial, poco conocido entre la ciudadanía, no tenga consecuencias penales ni civiles tras el boicot a la sentencia. El Ministerio Público no quiso dar declaraciones sobre los temas tratados en este reportaje. Quizás algún día sea parte de un libro de texto.

 

Constancia de corrección: A pesar de que en el acuerdo gubernativo de la Reserva Aérea aparece el nombre de Francisco Font Elías, se había publicado con otro nombre en el texto de la nota. Fue corregido.

 

Vea aquí el artículo original en Plaza Pública

 

Un cuento de hadas sin final feliz

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Vestido con un impecable traje azul de la firma Salvatore Ferragamo, el general Otto Pérez Molina recibía la banda como nuevo líder de la nación junto a su flamante vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ningún otro mandatario se estrenó en ese enorme complejo deportivo, los últimos tres prefirieron el más modesto y tradicional, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en honor al Premio Nobel y construido por un celebrado arquitecto de Guatemala. La vicepresidenta también vestía alta costura, de la casa española Rosa Clará.

El atuendo de ambos sobrepasó los 10 mil dólares, en un país donde la mitad de ciudadanos malvive con menos de dos dólares diarios. En contraste con el ambiente de despilfarro, Otto Pérez habló casi media hora de rescatar a las instituciones públicas del desorden y la corrupción, y lograr un país más equitativo.

En el extranjero, la elección de Otto Pérez se vio como un retroceso. Exmilitares de su entorno, incluyendo oficiales de línea dura, regresaban al poder,encabezados por quien fue jefe de inteligencia e instructor de la temible Escuela Kaibil (en el corazón de la selva del Petén), donde se forman las fuerzas especiales guatemaltecas.

Para muchos guatemaltecos, sin embargo, Pérez fue un militar moderado, de los llamados constitucionalistas, que apoyó el golpe para derrocar al General Efraín Ríos Montt en 1983. También se enfrentó al autogolpe del Presidente, el ingeniero Jorge Serrano,cuando éste intentó en 1993 anular el Congreso, al estilo del peruano, Fujimori. El centro-derecha y buena parte de la población urbana lo eligieron en respuesta a los escándalos de corrupción en el anterior gobierno de Álvaro Colom,  el primer presidente de izquierda en 30 años, en el que participaron ex guerrilleros, incluyendo su ex esposa.

El porte fornido y digno del militar Pérez Molina,con pelo cano y una personalidad calmada, inspiró confianza a los votantes. Con todo, la personalidad y educación del nuevo mandatario contrastan con su vicepresidenta Baldetti, una finalista de Miss Guatemala y dueña de salones spa. Se catapultó en política en el dos mil, al ayudar a Pérez Molina a crear el Partido Patriota, y fue elegida diputada en 2004, especializándose en atacar a los demás de actos de corrupción. Hoy en día, Roxana Baldetti se autodenomina la madre del partido, que creó con tácticas intimidatorias y componendas.

Polémica y rígida, Baldetti es la primera mujer en ocupar tan alto cargo de gobierno. Es conocida en círculos políticos como una implacable enemiga que no perdona. De porte robusto y con 50 años, tiene adicción por la cirugía plástica, dietas y tratamientos de adelgazamiento. Pérez Molina y Baldetti trabajaron más de dos décadas para alcanzar el poder. No habrían conseguido los dos puestos más altos del país, el uno sin el otro. Los dos se complementan. Fueron elegidos por ser lapareja política perfecta.

Este “cuento de hadas” se trasformó rápido en una historia tenebrosa. Los rumores sobre una relación sentimental entre ambos aumentan con los días. “Parecen un pareja casada”, dice una fuente que ha presenciado los desmanes en Palacio. Los berrinches de la vicepresidenta son conocidos, y también los portazos cuando se enoja con Pérez Molina. El Palacio Presidencial parece más un hogar disfuncional que un centro de decisiones políticas.

Pero la tragedia política de Guatemala es más seria que el cuento de la pareja. Desde la firma de los acuerdos de paz que terminaron en 1996 con la guerra civil, han desfilado gobiernos civiles que aceptan dinero lícito e ilícito en sus campañas, que deben pagar con favores al tomar posesión. Así se hundió el gobierno de Álvaro Colom. Dos de sus Ministros fueron encarcelados por malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.

LA PIÑATA EN LA PRESIDENCIA

Guatemala esperaba un cambio del gobierno de Pérez Molina. Ganó con una campaña anticorrupción, pero las promesas se esfumaron en solo 13 meses. El Presidente y su vicepresidenta se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias, y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. Los casos están relacionados con obras públicas, asignación de contratos de medicinas para el Estado e, incluso, en programas contra la pobreza. Además, la vicepresidenta creó en su propia oficina, una Secretaría contra la corrupción que es utilizada para atacar a la oposición e intimidar a sus propios Ministros.

Los críticos del gobierno se centran en “la voracidad” y supuesta corrupción de la vicepresidenta, Baldetti pero, en realidad, nada en el gobierno ocurre sin el consentimiento de Pérez Molina.

La vicepresidenta se labró una imagen a lo “KIRCHNER”, y de firme ejecutiva que decide sin importarle a quién atropella. La antes candidata a reina de belleza se enfrenta sin tregua a sus adversarios con estrategias políticas, legales y administrativas. Mientras, Pérez Molina es quien apacigua a políticos y contrincantes con egos ofendidos. Su palabra tiene peso, y su personalidad suaviza los desmanes de Baldetti, quien aparece como el “Rasputín” del gabinete.

En un año, Pérez Molina ha construido una reputación internacional como líder regional al promover, retóricamente, la despenalización y regulación del mercado ilegal de narcóticos. Su discurso ha desarmado a Washington, que no ve con buenos ojos la ausencia de una firme política antidroga en Guatemala, por donde circula el 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

LA ESTELA DE CORRUPCIÓN

Pero la ecuanimidad de Pérez Molina no tapa lo que ya es una presidencia en crisis. Su compañera de fórmula aparece como la principal artífice de una estela de corrupción que asombra incluso a los guatemaltecos, testigos de décadas de enriquecimiento ilícito de sus gobernantes.

A semanas de asumir el segundo puesto del país, Baldetti utilizó 15 mil quetzales de fondos públicos para comprar chocolates finos, perfumes franceses y Ron Zacapa Centenario para obsequios. Era el comienzo de una lista de supuestos abusos revelados en la prensa y que circulan por los pasillos del Palacio Presidencial y el Congreso. El entorno de la vicepresidenta incluye miembros del Partido Patriota y amigos de su infancia, beneficiarios de contratos y nombramientos que han terminado envueltos en tráfico de influencias y corrupción. Además, se sospechan conexiones con implicados en blanqueo de dinero, identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

LA OPOSICIÓN RESPONDE

Las otras instituciones del Estado guatemalteco no se han quedado calladas. La congresista Delia Back, del partido de la oposición LIDER, que perdió las últimas elecciones presidenciales en la segunda vuelta, por un 10 por ciento de los votos, es la enemiga número uno de Baldetti. De hecho, la vicepresidenta es su “bestianegra”. Menuda, con pelo liso y rasgos indígenas, Back y sus compañeros diputados presentaron tres demandas por corrupción ante a la Corte Suprema de Justicia en contra de Baldetti.

La Corte las desestimó alegando falta de fundamento. Si se aceptaban, las acusaciones se hubieran enviado al Congreso, único órgano con facultad de levantar la inmunidad al ejecutivo. Las apelaciones de los diputados pasaron a la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal de Guatemala, donde se presentó un amparo contra la decisión de la Corte Suprema.

Las acusaciones del Congreso tienen poco impacto, ya que los partidos acostumbran a utilizar el órgano legislativo para atacar a los adversarios. Con frecuencia son denuncias sin pruebas, por lo que suelen desestimarse. Para Back, esta vez, las demandas tienen peso y darán resultado. De todos modos, aún si no se llegara a nada, el estilo de vida lujosa de Baldetti, no es congruente con su salario, ni con sus modestos orígenes.

LOS MILLONES DE LA VICE PRESIDENTA

La Colonia Primero de Julio es un barrio obrero de la ciudad en la zona 19. Construido en 1966, fue el primer proyecto de vivienda popular gubernamental, gracias a una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Al visitar sus calles, se percibe la agradable visión de los arquitectos que construyeron las casas al pie de una montaña, rodeadas de vegetación.  Pero esa visión se frustró, la basura se acumula en las calles cercanas a la montaña, y hay incursiones de ladrones de barrios aún más pobres. En los estrechos pasadizos sin luz, las paredes de las casas están despintadas o llenas de grafitis.

La excepción es un angosto callejón que se sale de lo común. Aquí se encuentra la casa donde creció Roxana Baldetti con sus dos hermanos. Está pintada de naranja, el color del Partido Patriota. Fue en esta pequeña morada donde su madre, Gladys, vivió hasta su muerte en enero del 2010. Baldetti nunca habla de su padre, que algunos informes mencionan como hijo de inmigrantes italianos.

Su madre sacó a sus hijos adelante con un salón de belleza. La casa es aún propiedad de la familia de Baldetti. Los vecinos recuerdan a la vicepresidenta como “guapa y amigable”, pero se distanció al entrar en política, se quejan. Cuando falleció su madre, doña Gladys, fue velada en los Funerales Reforma de la zona 9, una empresa de categoría, muy lejos de donde vivió toda su vida. Unos años después, Baldetti supuestamente adquirió un nuevo domicilio en Ciudad San Cristóbal, un barrio de clase media.

De estas humildes raíces, Baldetti es hoy dueña de una considerable fortuna estimada en varios millones de dólares, tres mansiones en los mejores barrios de la capital, una casa de descanso en el Puerto San José, y dos fincas en Tecpán, Chimaltenango. “¡La vida en Guatemala es para vivirla y eso es lo que estoy haciendo! Salvaje, joven y libre,” escribe el joven Mario, el hijo de 22 años de Baldetti, en su cuenta Instagram, que muestra un derrochador tren de vida. Otras entradas muestran sus salidas al extranjero con un grupo de amigos, con los que viaja en jet privados contratados para la ocasión. Un frecuente viajero para su corta edad, pues pasó el año nuevo y el Carnaval en Río de Janeiro; montó en un elefante en la India; o realizó recorridos turísticos por Reino Unido e Italia. Mario Paz Baldetti y sus amigos viajan asiduamente a Nueva York y a Miami, una ciudad en la que supuestamente alquila la discoteca LIV en el Hotel Fontainbleau de South Beach, donde una fiesta privada puede costar 30 mil dólares, de acuerdo a versiones de algunos de sus amigos.

Atrás quedó aquella década de los años 90 y principios de 2000 cuando Baldetti afrontó demandas por impago de un préstamo con la financiera Óptima por la compra de un vehículo, y señalamientos de morosidad en tarjetas de crédito.

Desde su elección, la vicepresidenta reside con su hijo Mario y otro hijo mayor en una majestuosa mansión en la calle Los Eucaliptos, en la carretera a El Salvador, una de las mejores zonas de la capital. La residencia es parte de un exclusivo complejo con mucha seguridad, donde también reside el ex Presidente, Álvaro Colom, y la élite adinerada de Guatemala. La casa está valorada en dos millones de dólares. Frente a su casa adquirió un terreno de 10 mil varas cuadradas (apróximadamente 10 mil metros cuadrados) en 3 millones de dólares. Recientemente adquirió otra residencia situada en Zona 14, valorada en 1 millón y medio de dólares, que sus hijos utilizan como una vivienda alternativa, según fuentes de Palacio. Sus viviendas de descanso también son señoriales. Al parecer, la familia Baldetti es dueña de una finca cafetalera en Tecpán, donde además poseen una mansión campestre para cría de caballos de pura sangre.

También adquirieron una residencia playera, en la exclusiva zona marina de Juan Gaviota, en la costa del Pacífico, valorada en más de 439 mil dólares. Solamente en gastos de mantenimiento de esta propiedad, la familia Baldetti gasta cerca de 12 mil quetzales al mes, de acuerdo a información del centro turístico. Según un diagrama obtenido por El Periódico, la vicepresidenta movió hace cinco años cientos de miles de dólares en cuentas en quetzales y dólares para pagar ésta casa, cuyo valor de compra era seis veces su salario anual en ese tiempo.

Baldetti se traslada a la playa y a sus fincas a bordo de su helicóptero privado, un L´Ecuriel, que compró por 3 millones de dólares el año pasado, como consta en la demanda en su contra presentada en los tribunales. Según círculos cercanos a la vicepresidenta, la aeronave fue un regalo de la empresa constructora de la familia Guerra, financistas del Partido Patriota y reconocidos constructores, a quienes el Gobierno asignó obras públicas por valor de 330 millones de quetzales en 2012.

Las fincas de Tecpán fueron supuestamente un obsequio de Fernando Jarquín, otro financista cercano a la campaña del Partido Patriota, cuya familia aín aparece como propietarios en la Dirección de Catastro de Bienes, según fuentes de la región. Jarquín es uno de los mayores proveedores de medicina para el Estado.

En una entrevista de Prensa Libre del 23 de junio pasado, el empresario desmintió haber financiado al Partido Patriota y consideró su relación con el gobierno solo empresarial. Por su parte, Baldetti también rechazó haber recibido donaciones del empresario a la campaña, y negó conocerlo. “Conozco a su hermano porque me presentó al que ahora es mi esposo, hace 25 años,” insistió Baldetti.

COMPAÑIAS DE CHAMPÚ DAN DINERO

La riqueza de Baldetti extraña a muchos, aún en Guatemala, donde los últimos cuatro gobiernos civiles han sido acusados de robar del erario público. El mejor ejemplo es el ex presidente, Alfonso Portillo, que fuera absuelto en primera instancia por malversar 120 millones de quetzales. Portillo está pendiente de extradición hacia Estados Unidos, donde se le acusa de asociación delictiva por evadir unos 70 millones de dólares de los fondos públicos de Guatemala a cuentas radicadas en Estados Unidos.

La declaración de bienes de los altos cargos no es pública en Guatemala, pero la simple suma de los sueldos públicos de Baldetti de los últimos 10 años no cuadra. El total de sus salarios durante los últimos 9 años es cerca de 540 mil dólares. Pero en el mismo periodo supuestamente ha acumulado un conjunto de propiedades que valen más de 10 millones de dólares.

Según Baldetti, sus ganancias vienen de su patrimonio: los dividendos de unas compañías que producen champús y un salón de belleza. Pero un recorrido por varias de las direcciones consignadas en el registro de la propiedad como sedes de sus fábricas y negocios, y su salón de belleza los encontró mayormente vacías o abandonadas.

La vicepresidenta presume de riqueza. “Tengo bonita casa, mi casa en la playa, que no me la ha pagado la política, un lote de joyas y caballos”, resumió Baldetti al periódico Siglo Veintiuno, durante la campaña presidencial en 2011.

LA VENTA DEL ESTADO

Sin quererse identificar, amigos y enemigos de Baldetti describen las formas en que la vicepresidenta podría lucrarse del gobierno: “coimas” (porcentaje) en jugosos contratos para construir carreteras, compras estatales de medicinas o fertilizantes. Supuestamente su fortuna provendría sobre todo del control tras bambalinas del contrabando, trasiego, aduanas, puertos y aeropuertos, con el posterior blanqueo del dinero en Panamá.

Otra parte del dinero parece proceder de millonarias comisiones que Baldetti habría recibido cuando recaudó fondos para el Partido Patriota, apuntan las fuentes. La aportación a las campañas no es pública en Guatemala y la mayoría de contribuyentes dan sus cuotas en efectivo.

En una de las demandas de la congresista Back ante a la Corte se acusa a la vicepresidenta del cobro de comisiones por “el derecho de piso”, o usufructo, otorgado por el gobierno a una empresa española en la empresa Portuaria Quetzal, uno de los puertos más grandes de Guatemala. Ese dinero le dio a Baldetti la posibilidad de adquirir bienes y propiedades, aseguran los documentos.

“Yo siempre me he quedado maravillado. Creo que la persona que buscaría de asesora financiera sería ella”, dijo Mario Taracena, diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, del ex presidente, ÁlvaroColom, al ser consultado sobre la fortuna de Baldetti.

Algunos de sus críticos ponen en duda si, tal vez, algunas de sus propiedades fueron compradas con dinero de conocidos narcotraficantes. Nada ha sido probado.

Guatemala siempre ha sido un enclave para el tráfico de drogas. Durante la guerra civil, altos oficiales del Ejército controlaron las rutas y el acceso de cárteles internacionales. En apariencia, Pérez Molina se mantuvo limpio durante esos años, pero muchos de sus compañeros militares hicieron fortuna con el tráfico ilegal. Ex militares dicen que en el Ejército guatemalteco era difícil no codearse con los corruptos.

LA REINA DEL SUR GUATEMALTECA: AMIGOS INCÓMODOS A LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

En la fiesta de cincuenta años, Baldetti sirvió licores finos a los invitados, políticos del Partido Patriota y amigos de la vicepresidenta, incluyendo al mandatario Pérez. Entonces, llegó una visita inesperada, una amiga incómoda: Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien no entró a la celebración pero saludó a la vicepresidenta fuera de la casa, según asistentes a la fiesta.

Chacón Rossell es conocida en Guatemala como la “Reina del Sur”, una mujer que pasó desapercibida por años, codeándose con las clases pudientes de Guatemala. La Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero de Estados Unidos (OFAC, en inglés), avisó a Guatemala hace un año, que Chacón Rossell blanqueaba millones de dólares en ventas de drogas, y que manejaba precursores para anfetaminas. Aunque supuestamente estuvo en su fiesta, Baldetti niega conocer a la traficante.

Hayron Eduardo Borrayo y Mirza Silvana Hernández de Borrayo, son dos presuntos financistas del PartidoPatriota. Andrés Hernández Carvajal, es el esposo de Chacón Rossell, de origen hondureño.

“La detección (por OFAC) de una persona cercana a ellos mandó una señal al gobierno de Otto Pérez Molina”, dijo un ex militar influyente en ese momento. El anuncio de Estados Unidos indujo al Estado guatemalteco a abrir una investigación “de oficio” el 20 de enero de 2012,  pero un año después Guatemala aún no ha enjuiciado a Chacón Rossell.

PILOTO PRESIDENCIAL, OTRO INCÓMODO

El caso que más salpicó al Presidente y vicepresidenta es el de su piloto presidencial Guillermo Abraham Lozano Bauer, cuya compañía, Aerocentro, estuvo involucrada en el narcotráfico en Honduras en 2012. Lozano fue financista del Partido Patriota durante las elecciones y trasladó en helicóptero a la ahora pareja presidencial guatemalteca durante la campaña política. Al ganar las elecciones, su empresa, Aerocentro, fue contratada en 79 ocasiones por entidades públicas guatemaltecas. Fuentes cercanas a la presidencia, mencionan que Lozano es el interlocutor de Baldetti en sospechosos manejos de contratos en el aeropuerto y puertos.

Lozano sirvió como piloto privado para el ex Presidente hondureño, Manuel Zelaya. Lo trasladó junto a su familia a Guatemala, después del golpe de estado en 2009. Y cuando Zelaya decidió regresar a Honduras y refugiarse en la embajada de Brasil, Lozano lo transportó a ese país sin activar la detección de los radares internacionales. En diciembre del año pasado, dos altos funcionarios de Aerocentro fueron detenidos en Honduras por vínculos al narcotráfico. La Policía hondureña encontró residuos de anfetaminas en uno de los helicópteros de la flota de Aerocentro.

PRIMERA MUJER EN EL CARGO

La oficina de vicepresidenta en Guatemala ofrece un gran poder a quien la ocupa. Cuando Baldetti asumió el cargo, se celebró que fuera la primer mujer en ejercerlo. Se esperaba que mejorara la situación de las mujeres en un país donde el feminicidio bate records.

Pero el liderazgo de la vicepresidenta chocó rápido con otros miembros del gabinete. En un año, Baldetti ha llegado a controlar todos los ministerios que manejan los más jugosos contratos del Estado, colocando a funcionarios leales a ella, pese a sus oscuros antecedentes. La situación de las mujeres sigue igual, y las promesas de parar la corrupción se olvidaron. Nadie pudo imaginar que el cuento de hadas se esfumaría en el primer año.

SU LIDERAZGO EN EL GOBIERNO

Efraín Medina, ex rector de la Universidad Nacional de San Carlos, es un académico respetado y honorable. Pérez Molina lo seleccionó como Ministro de Agricultura, en contra de la opinión de Baldetti, que tenía a otros candidatos en mente. Según fuentes cercanas al gabinete, fue el primer tropiezo.

Baldetti insistió en que se incluyera a su padrino de bodas, Roberto Linares, como Vice Ministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según fuentes de Palacio. Medina no aceptó, y pidió que Pérez Molina interviniera. Para su sorpresa, el Presidente dijo que no había nada que discutir. Medina no insistió. Eligió a los otros miembros de su equipo técnico, y el Presidente los aprobó.

El día de la juramentación, una sorpresa aguardaba a Medina en el Palacio Presidencial. Sus candidatos llegaron, pero los guardias tenían órdenes de no dejarlos entrar. Había otro grupo de seleccionados, escogidos por la vicepresidenta. Solo cuando Medina amenazó con renunciar, Pérez Molina ordenó que se juramentara su equipo. En vez de excusarse, Baldetti explotó, afirman los presentes. Se fue airada, y no participó en el acto.

Medina renunció a su cargo en diciembre del año pasado sin dar explicaciones. Sufrió muchos otros abusos y desmanes de la Vicepresidencia para controlar los contratos de ese ministerio. Baldetti ganó la batalla. El viceministro Roberto Linares, su candidato y padrino de boda, continuó en el puesto aunque está envuelto en escándalos por sobrepagos en compras del Estado desde mayo del año pasado. Según productores de arroz, en dos ocasiones, Linares compró granos básicos para un programa de ayuda alimenticia a los pobres, pagando un millón de quetzales de sobreprecio.

Otro ministro que tuvo problemas fue Francisco Arredondo, nombrado para la cartera de sanidad, donde los contratos son millonarios. Duró solo dos meses, y dimitió alegando problemas de salud, aunque las compras irregulares de medicamentos fueron determinantes en su retiro. La oficina de la vicepresidenta intentó atacar a Arredondo por malversación de fondos, pero la acusación no avanzó ya que las compras de esos medicamentos las habían hecho en el gobierno anterior y Arredondo no tuvo nada que ver en la decisión de compra. En realidad, Baldetti quería a alguien de su equipo en este ministerio.

El sucesor es Jorge Villavicencio, amigo de infancia de Baldetti, desde sus días en el barrio de clase trabajadora Primero de Julio. Llegó al puesto a pesar de 22 sanciones y acusaciones por robo de material quirúrgico, y una demanda por la muerte de un paciente entre 2005 y 2006, cuando fue director del Hospital Roosevelt, el nosocomio nacional de la capital.

Baldetti quiere gobernar con amigos y seguidores. En enero pasado, nombró ilegalmente, retorciendo la ley, a Juan de Dios Rodríguez, otro servidor público leal a la pareja presidencial como presidente de la directiva del IGSS, el sistema de salud nacional que cubre a empleados privados y públicos, a cambio de cuotas de los patronos y trabajadores. Rodríguez, amigo de la vicepresidenta y de Otto Pérez, sustituiría a Luis Reyes Mayén, un tecnócrata que había estado al frente de esta entidad desde 2008, y cuyo cargo no caducaba hasta septiembre de este año. La junta directiva del IGSS se negó a hacer el cambio y el nombramiento de Rodríguez se dilató.

El IGSS es la institución que compra la mayor parte de medicinas en el país. Tiene fondos de pensiones y reservas de alrededor de 20 mil millones de quetzales. Lo que está en juego son intereses derivados de los depósitos en los bancos y comisiones de la compra de medicinas.

El martes 2 de abril, Rodríguez se apoderó de las instalaciones del IGSS en una operación tipo comando militar con personal del servicio secreto presidencial y cambió cerraduras. Detuvo ilegalmente a miembros de la directiva para que convocaran a una reunión y lo nombraran presidente con el debido proceso.

OTRO TROFEO

Estados Unidos y otros países han utilizado la administración tributaria para enjuiciar a narcotraficantes por evasión de impuestos. Y según sectores allegados a Miguel Gutiérrez, el ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), enfrentado con Baldetti el último año, la vicepresidenta quería escoger un director afín a su círculo para poder atacar a sus enemigos y ayudar a sus amigos en el control fiscal. Gutiérrez fue sustituido en el cargo por una persona afín a Baldetti.

LA COMADREJA ENCARGADA DE LAS GALLINAS

Desde el principio, Baldetti creó un sistema anticorrupción que ella gestiona desde la Vicepresidencia. La Secretaría de Control y Transparencia se fundó un mes después de tomar posesión para, supuestamente, evitar malversaciones de los miembros del gobierno y el Congreso. Un arma perfecta para atacar a sus enemigos políticos, según sectores del Congreso. La oficina solo persiguió a funcionarios de su propio partido no alineados con ella, y a un selecto grupo de contrarios al Partido Patriota.

La oposición criticó a la Secretaría por duplicar la labor de la Contraloría General de Cuentas y de la Comisión Extraordinaria Nacional de Transparencia del Congreso, dos entidades independientes del control de Baldetti.

“Queremos evitar la corrupción,” declaraba la vicepresidenta al describir su nueva Secretaría. “Aquel funcionario que no haya cumplido con las normas de control y transparencia no se irá a su casa, sino que estará en los tribunales”.

La Secretaría se autodestruyó al investigar a la diputada Julia Maldonado, a quien acusó de desviar 4 millones 200 mil quetzales del Consejo Nacional de la Juventud. Maldonado alegó en la Corte de Constitucionalidad que la Secretaría era ilegal. La Corte estuvo de acuerdo y cerró la dependencia.

El atrevimiento le costó caro a Maldonado. La vicepresidenta consiguió que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad como diputada, y ordenar a un juicio penal por malversación de fondos. “Hubo injerencia en la decisión de los magistrados”, declaró el parlamentario opositor, Roberto Villate.

Baldetti no se dio por vencida al tener que cerrar la oficina. Unas semanas después de la decisión de la corte, creó otro organismo también ubicado en la Vicepresidencia. Bajo su dirección, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) tiene funciones parecidas que la antigua secretaría y una vigencia de seis años.

En una entrevista con periodistas en diciembre, Andrés Castillo, presidente de la principal patronal privada CACIF, estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte y dijo que era mejor fortalecer a la Contraloría General de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a las entidades públicas.

UN TERREMOTO Y LAS CASAS BALDETTI

De hecho, Baldetti ignoró las operaciones sospechosas de un programa anti-pobreza controlado por su oficina. El Fondo Nacional Para la Paz (Fonapaz),  se cerró este año bajo cargos de corrupción.

Las irregularidades de Fonapaz eran obvias, numerosas denuncias destaparon la podredumbre, y resultó implicado su propio director, Armando Paniagua, un ex militar cercano a la vicepresidenta.

El 7 de noviembre de 2012 Guatemala sufrió un temblor de 7 grados que destruyó parcialmente la ciudad de San Marcos, a 300 kilómetros de la capital. El sismo causó 42 muertos y miles de damnificados, y dañó 10 mil viviendas. El plan de rescate ofrecería nuevas casas encomendadas a Fonapaz.

Meses después se presentaron las viviendas, llamadas Casas Baldetti. La maniobra era obvia, utilizar un programa del gobierno como un anuncio partidario y personal. Cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y política. Baldetti debió cambiar el nombre, y fingió ignorar que se identificara el proyecto con su apellido.

Mucho más serio fue lo descubierto en los libros de contabilidad de la organización. Por ejemplo, las láminas que compraba Fonapaz para construir techos de las viviendas tenían menor grosor y eran más costosas que las especificadas por los constructores. Del presupuesto de Fonapaz para construcción –82 millones de quetzales, o 10 millones de dólares–, la mitad fueron otorgados a constructoras con conexiones directas a su director, Armando Paniagua, o a partidarios del Partido Patriota, se reveló a finales del 2012.

Fonapaz fue clausurado oficialmente en enero de este año. Detractores de Baldetti dicen que la organización era el mejor ejemplo de cómo la vicepresidenta utiliza obras públicas con fines proselitistas y corruptos.

La clausura no terminó con esa práctica: recientemente los periódicos guatemaltecos anunciaron que siete alcaldes del departamento de Quetzaltenango abandonaban sus partidos y se integraban al Partido Patriota. Según el artículo, solo así el gobierno financiaría la construcción de un mercado en una comunidad, y una carretera en la otra. Además, los alcaldes debían apoyar a la continuidad de la vicepresidenta como secretaria general del partido. En otro país, esta maniobra hubiese sido calificada como tráfico de influencias y sujeta a acciones penales.

COMO GOBIERNAN: EL PRESIDENTE TEFLÓN Y LA EVITA GUATEMALTECA

Los guatemaltecos aplaudieron cuando Pérez Molina fue recibido en Davos durante la reunión del World Economic Forum. El Presidente guatemalteco se codeó con personalidades internacionales como el financista, George Soros y el Presidente de Israel, Shimon Peres.

Su intervención en tan selecto grupo, se centró en la guerra contra las drogas. Pérez Molina defendió la despenalización, por la incapacidad de los países latinoamericanos para afrontar el crimen organizado. Pero mientras hablaba en Suiza, su gobierno incumplía los acuerdos internacionales antinarcóticos. En el año que lleva en el poder, las incautaciones de cocaína bajaron 70 por ciento, y las de anfetaminas 91 por ciento. En el 2011 se confiscaron un poco más de 550 mil unidades de anfetaminas y en el primer año de Pérez Molina, solo se requisaron 13 unidades.

Otto Pérez trasforma su imagen y, de paso, la del militar latinoamericano. Escucha impasible reclamos y halagos por igual. En realidad, nunca se sabe en qué está pensando, coinciden amigos y enemigos. Muchas veces, los mismos interlocutores interpretan su silencio. “Parece inteligente porque se queda callado”, dice un amigo cercano. Para otros, los silencios de Pérez Molina son una herencia de las tres décadas dedicadas al mundo de la inteligencia militar, a la costumbre de controlar sus reacciones y emociones, que son mínimas. A esto suma una gran habilidad para evitar mancharse. Muchos han acusado a Pérez Molina de participar en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, pero nadie lo ha probado. En el juicio de genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, un testigo protegido ha declarado que los soldados que cometían las masacres del ejército en Nebaj, Quiché, recibían órdenes del Presidente Pérez Molina. Pero hasta ahora, el único proceso en el que se le acusó legalmente fue el del comandante guerrillero Efraín Bámaca. Capturado por militares bajo el mando de Pérez Molina en marzo de 1992, se esfumó tras su detención. El caso fue cerrado en febrero del año pasado por la Corte de Constitucionalidad, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido una investigación.

AIROSO EN CASO DE CORRUPCIÓN

Igualmente, Pérez Molina salió airoso en 2008 de un conocido asunto de corrupción con depósitos del congreso guatemalteco en la casa de bolsa Mercado de Futuros, MDF, que sumaban un poco más de 80 millones de quetzales. Varios diputados fueron inculpados y el dinero nunca se recuperó. Pérez supuestamente recibió un pago de 688 mil 500 quetzales que él confirmó haber recibido, pero argumentó que fue un préstamo de la institución. Autoridades financieras guatemaltecas aclararon que MDF no tenía facultad de otorgar créditos. Juan de Dios Rodríguez, el hoy presidente de la directiva del IGSS fue quien supuestamente salvó a Pérez del escándalo produciendo un pagaré por el monto que Pérez recibió. Según investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, que ve la prevención del lavado de dinero en Guatemala, de ese dinero, Pérez Molina emitió un cheque a nombre de la compañía de equipos de Aire Acondicionado y Servicios S.A. para pagar el sistema que se instaló en la casa de playa de Roxana Baldetti. Sospechosamente, Raúl Girón, gerente de MDF, era consuegro de Baldetti en esa época.

Las incursiones de Pérez Molina en los foros internacionales tienen un doble papel: le dan un púlpito internacional donde puede lavar su imagen de militar guatemalteco y prueban que pertenece a una nueva clase de uniformado centroamericano con credenciales de dignatario moderno y democrático. “Ha logrado lo que otros presidentes guatemaltecos no han logrado,” dijo un analista. Con ese mismo fin, su gobierno promovió la firma de su país del tratado de la Corte Penal Internacional, que el congreso guatemalteco aprobó el año pasado.

Pérez Molina llegó al poder acompañado de al menos doce militares retirados, casi todos expertos en inteligencia y de la última tanda que peleó en la guerra civil. Su llegada al poder coincide con un histórico momento: por primera vez la justicia intenta sancionar el sangriento pasado, y altos militares, que fueron sus superiores, enfrentan juicios por abusos y genocidio. Para Pérez Molina no hubo genocidio en Guatemala y nadie sabe si las nuevas acusaciones que han salido en el juicio de Ríos Montt tendrán repercusiones legales para el Presidente.

Su ascenso al gobierno suscitó diferentes interpretaciones en el país y en el extranjero, pero Pérez Molina no hubiera llegado al ejecutivo sin crear su propio Partido Patriota. Sus andanzas en anteriores gabinetes siempre se frustraron por injerencias de militares de la “línea dura”, como los generales retirados, Francisco Ortega Menaldo y Juan Callejas y Callejas, quienes por varias décadas han sido mencionados como supuestos líderes de bandas del crímen organizado en Guatemala. Se supone que Baldetti sigue teniendo una estrecha relación con Ortega Menaldo, la cual construyó desde que trabajó en el gobierno del ex presidente Serrano en los años noventa.

Aprovechando el descrédito de una sucesión de mandatarios civiles que tomaron ventaja y no revirtieron la corrupción y la ineficacia del Estado, los ex militares encabezados por Otto Pérez Molina llegaron al gobierno para reformar la política de seguridad nacional, y limpiar la percepción del Ejército como violador de derechos humanos. Ellos son militares que respetan la Constitución. Pero su misión ha sido desviada por la burocracia civil controlada por Baldetti. “Son boicoteados”, explica un analista político cercano al Mandatario.“Muchos no tienen acceso al Presidente”.

La unión de Baldetti con Pérez Molina comenzó en 1993 con una confrontación. Baldetti era la subsecretaria de comunicación social, encargada de censurar a la prensa durante el frustrado autogolpe del Presidente, Jorge Serrano Elías para tomar absoluto poder, al disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pérez Molina era el joven oficial de inteligencia cercano a Ortega y Callejas y Callejas, quienes lo promovieron para que fuera jefe de la inteligencia militar en 1991 y su “delfín” presidencial. También lideró la oposición junto a otro grupo de militares, algunos de los cuales están hoy en su gabinete.

Baldetti salió mal parada de ese incidente. Tras la caída de Serrano, fue acusada de robar material de la oficina de comunicación social y Pérez Molina estaba encargado del caso. Sin embargo, la causa penal contra Baldetti fue cerrada sin explicación. Pérez Molina y Baldetti sellaron así el principio de una duradera relación que maduró durante la década de maratónicas sesiones para construir el Partido Patriota.

LA EVITA BANANERA

En la casa Presidencial hay una permanente pelea entre diferentes sectores por obtener la atención del Presidente. En los últimos meses, aumentan los relatos de cómo amigos cercanos de Otto Pérez intentan sin éxito rescatar a su viejo amigo militar de la influencia de la vicepresidenta.

Siempre gana Baldetti. La Vicepresidenta aún hace berrinches demorando actos oficiales, como el día de la Independencia, en septiembre y el aniversario del tercer Baktún en la provincia de Petén, porque estaba enojada con la presencia de la esposa de Pérez Molina. Por eso se calientan los ánimos con el rumor de un dúo presidencial unido por algo más que una relación profesional.

LA ESPOSA DE PÉREZ

Nadie sabe qué va a pasar. Algunos columnistas acusan a Pérez Molina de encubrir la presunta actividad corrupta de la vicepresidenta y sus seguidores por cuestiones del corazón. Todo aderezado por la faceta de Baldetti como mujer adicta a dietas y tratamientos de belleza, además de su lujoso tren de vida.

La estrecha relación del Presidente con su compañera de fórmula ya causó problemas con la esposa de Pérez, Rosa Pérez Leal, una mujer tradicional, hija de militares y con fuertes conexiones dentro del Ejército. “Las esposas de los militares que están con Otto Pérez se ven retratadas en Doña Rosita”, dice una fuente cercana. “Ellas han promovido una batalla campal contra la vicepresidenta entre sus esposos, y el presidente está en el medio”. Pero la batalla principal será, sin lugar a dudas, la corrupción.

Buscando a Óscar II: La cacería de los Kaibiles y un final inesperado

(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica.

El verano del 2000, Óscar vivía cerca de Boston cuando recibió una carta que lo dejó perplejo.

Un primo suyo en Zacapa le había enviado una copia de un artículo publicado en un diario de la Ciudad de Guatemala. Describía la investigación de Romero en busca de dos jóvenes que habían sobrevivido a la masacre y habían crecido en familias de militares.

“El Ministerio Publico busca a raptados en Las Dos Erres”, decía el encabezado. “Sobrevivieron a la matanza”.

La nota explicaba que los fiscales habían identificado a ambos jóvenes. Uno de ellos, Óscar Ramírez Castañeda, vivía en algún lugar de los Estados Unidos. Era posible que por la corta edad que tenía cuando todo sucedió, no recordase nada de la masacre o del secuestro por parte del teniente, mencionaban los fiscales.

El periódico mostraba una foto de Óscar a los 8 años. El artículo contenía más información sobre Ramiro, ya que los fiscales habían logrado interrogarle antes de que consiguiera asilo en Canadá.

La foto mostraba a Ramiro como cadete, sosteniendo un rifle y vestido con el mismo uniforme del Ejército que había asesinado a su familia. El texto mencionaba que existía la sospecha de que ambos chicos, que tenían ojos verdes y piel clara, eran hermanos.

“La orden era acabar con todos los habitantes de Dos Erres”, decía el artículo. “Nadie puede explicar por qué el teniente Ramírez Ramos y el sargento López Alonzo tomaron la decisión de llevarse a los dos niños”.

Óscar estaba desconcertado y llamó a una tía en Zacapa:

-¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué sale mi foto en el periódico? –le preguntó.

Su tía había leído el artículo y le dijo que no sabía qué pensar de las acusaciones, salvo que eran falsas. Insistió en que el teniente era su padre y que no pensase más en eso. Según ella, la historia era un intento de la izquierda por manchar el nombre de un honorable soldado.

En medio de los conflictos ideológicos de Guatemala, era posible. Muchas familias afiliadas al Ejército o a partidos políticos de derecha sentían que la izquierda había distorsionado la historia de la guerra civil. Se quejaban de que los guatemaltecos y los críticos extranjeros exageraban los abusos de las Fuerzas Armadas mientras desestimaban la violencia de la guerrilla.

La tía de Óscar le convenció de que las acusaciones eran demasiado extrañas como para ser creíbles.

-Si de verdad tengo un hermano, como dicen, que me busque. Él sabrá si es mi hermano o no -le dijo a su tía.

Las memorias de Óscar respecto a su niñez más temprana eran borrosas. Nunca había sabido nada de su madre y no tenía recuerdos reales del teniente. El joven había crecido en una casa de dos cuartos, en una granja de la región seca y caliente de Zacapa. Su familia cultivaba tabaco y cuidaba el ganado. La matriarca de la familia era su abuela Rosalina, quien lo crió tras la muerte del teniente Ramírez. Óscar la consideraba como su madre.

Rosalina era cariñosa y estricta, Óscar siempre tenía tareas que hacer. Ordeñaba a las vacas a las cinco de la mañana, trabajaba el campo después de la escuela e intentaba hacer cigarrillos, aunque nunca fue su fuerte. Amaba la vida en la granja, montar a caballo, caminar en el campo. Sus tías se aseguraban siempre de que fuera limpio y bien vestido a la escuela.

Los Ramírez eran personas trabajadoras y esforzadas. Uno de los tíos de Óscar era un reconocido doctor. Dos de sus tías eran enfermeras. La familia, sus vecinos y amigos sentían mucha admiración por el padre de Óscar, el teniente, por su generosidad y sus proezas en el campo de batalla. Había ayudado a pagar la educación de sus hermanos y había llevado a sus compañeros combatientes de Nicaragua para establecerse en Zacapa. Un campo de fútbol de una escuela militar llevaba su nombre en su honor.

Sin embargo, Óscar nunca mostró interés en seguir los pasos del teniente. Sus tías le intentaron convencer de ir a un colegio militar, pero a él no le gustaba recibir órdenes. Tenía un espíritu independiente.

Se graduó de la escuela preparatoria con un titulo de contador. Fue difícil conseguir empleo. Tras la muerte de su abuela, tuvo alguna disputa con familiares por la herencia. Decidió probar su suerte en Estados Unidos. En 1998, Óscar viajó al norte como muchos otros guatemaltecos. Entró a México y cruzó ilegalmente la frontera hacia Texas.

Tras una breve estancia en Arlington, Óscar se estableció en Framingham, Massachusetts. El suburbio al oeste de Boston albergaba una comunidad grande de centroamericanos y brasileños. Encontró empleo en un supermercado. La paga y las prestaciones eran sólidas y nadie lo molestaba por su situación como inmigrante indocumentado.

Pronto su nueva vida lo fue consumiendo. Se reunió con Nidia, su novia de la adolescencia, quien había llegado también de Guatemala. En 2005 se mudaron a una pequeña casa de dos pisos en un complejo residencial.

Nidia dio a luz a dos niñas y un niño, inteligentes y dinámicos que hablaban fácilmente tanto el inglés como el español. Su familia mantenía ocupado a Óscar: la iglesia, las lecciones de natación, las barbacoas. Ascendió como asistente del gerente en el supermercado, pero perdió su trabajo durante una campaña contra inmigrantes en el 2009. Encontró dos empleos: como supervisor en una compañía de limpieza en las mañanas y en un restaurante de comida rápida por las tardes.

Óscar era educado y tranquilo. Hablaba bien inglés. Los clientes frecuentes del restaurante mexicano donde trabajaba llegaron a pensar que era el dueño. A pesar de la precaria vida como inmigrante indocumentado, Óscar gozaba de buena salud y no le faltaba comida en su casa. Se consideraba un hombre feliz.

El artículo en el periódico le había generado dudas. Sin embargo, conocía su país, un lugar donde los misterios abundan y donde las acusaciones y sospechas rebasan a los hechos.

Con el paso de los años, pensaba cada vez menos en ese episodio de su vida.

LA CACERIA AVANZA HACIA EL NORTE

Frustrados por el limbo en el que se encontraba el caso de Dos Erres, activistas guatemaltecos iniciaron un proceso en contra de su propio gobierno en un tribunal internacional.

La acción legal generó la publicación del listado de Kaibiles sospechosos. Algunos habían muerto, pero había otros fugitivos. De pronto, una ayuda de un lugar inesperado apareció: En Washington, D.C. la unidad especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), cuya misión es encontrar a los criminales de guerra que llegan a los Estados Unidos, se interesó en el caso.

Jon Longo, un agente de ICE en West Palm Beach, Florida, de estatura baja y una barbita en el mentón, recibió el caso. Este estadounidense de ascendencia italiana y originario de la ciudad de Boston, tenía 39 años y apenas dos en ese trabajo. Sin embargo, contaba con una maestría en psicología y había trabajado durante ocho años como terapeuta en una prisión. Tenía experiencia para hacer hablar a los criminales.

Investigadores de ICE sospechaban que Gilberto Jordán, uno de los Kaibiles incluidos en la lista, vivía en la comunidad de Florida de Playa Delray, ubicada a media hora en auto desde la oficina de Longo. Jordán trabajaba como cocinero en dos country clubs de la zona. Longo recibió órdenes de investigar a Jordán. Si este participó en la masacre, Longo debía armar un expediente legal en su contra utilizando las leyes estadounidenses.

Jordán no podía ser juzgado por asesinato. Se había convertido en ciudadano de Estados Unidos y no podía ser deportado a Guatemala para enfrentar un proceso en ese país. Estados Unidos tampoco lo podía juzgar por un delito cometido muchos años antes en un país extranjero.

Longo revisó las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Jordán, de 53 años, había declarado en sus formularios de naturalización que no fue miembro de las fuerzas militares ni cometió delitos en Guatemala. Si era cierto que había sido miembro del Ejército o había participado en el ataque a Dos Erres, entonces había mentido en su declaración para conseguir la ciudadanía. Había violado la ley estadounidense. Longo quería armar el caso de la manera más simple. Se preguntó a sí mismo: “¿Cómo pruebo que cometió esos delitos?”.

El agente Longo se metió a fondo en los documentos del caso sin perder de vista su meta. Jordán dejó Guatemala poco tiempo después de la masacre y entró por Arizona, sin documentos. En 1986 obtuvo su residencia legal en el país, gracias a una amnistía migratoria que se aprobó en Estados Unidos. Obtuvo su ciudadanía en 1999. Tenia tres hijos grandes, uno de ellos era miembro de los Marines de Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak.

Longo pidió el expediente militar de Jordán y confirmó las sospechas acerca de su pasado como soldado Kaibil. En Houston, agentes de ICE detuvieron a López Alonzo, otro de los sospechosos en el caso Dos Erres. López Alonzo era el ex-panadero de la patrulla que se llevó a Ramiro, el niño de 5 años que fue robado. López Alonzo ya había sido deportado de Estados Unidos y volvió a entrar. ICE lo acusó de regresar a Estados Unidos sin documentos por segunda vez.

Longo entrevistó a López Alonzo sobre Dos Erres a principios del 2010. También interrogó a Pinzón e Ibáñez, los Kaibiles arrepentidos que eran testigos. Le hablaron de las acciones de Jordán durante la masacre. En mayo de ese año, Longo estaba listo para arrestar a Jordán. Sin embargo, los fiscales estadounidenses le indicaron que necesitaba evidencias más contundentes que probaran que Jordán había participado en la masacre y que había mentido. Sin una evidencia sólida, como una confesión, la fiscalía no lo podría acusar.

Longo y sus superiores decidieron que era tiempo de visitar a Jordán en su casa. Era una medida arriesgada. Los asesinos tienden a confesar más fácilmente en las películas que en la vida real. Especialmente aquéllos con entrenamiento en operaciones clandestinas y en guerra psicológica.

Longo planificó su encuentro con mucho cuidado. Se enfrentaría a un soldado bien entrenado que podría estar armado. Reclutó a un agente de ascendencia latinoamericana, quien también era veterano de las fuerzas especiales, para que el encuentro fuera más amigable.

Como permite la ley federal, ICE armó una estrategia para acercarse al fugitivo. Jordán había sido miembro de la guardia presidencial en su país. Así que le preguntarían sobre el reciente arresto en Estados Unidos del ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, por corrupción y lavado de dinero. Después, le preguntarían sobre Dos Erres. Si Jordán no quería hablar tendrían que retirarse.

En la mañana del día del encuentro, Longo ordenó que agentes de ICE siguieran a la esposa de Jordán, quien trabajaba limpiando casas en el área cercana. Los agentes de ICE, por su parte, pensaban visitar a Jordán en su trabajo. Pero justo ese día decidió descansar en casa por enfermedad. Así que con sus chamarras con insignias de ICE, los agentes se presentaron en la casa de Jordán en un barrio modesto multiétnico de Florida. La pick-up de Jordán estaba estacionada frente a la entrada de su cochera. Antes de bajarse de sus vehículos, los agentes dieron dos vueltas a la casa. La primera vez la puerta de la cochera estaba abierta. En la segunda, estaba cerrada.

Longo llamó a Jordán por teléfono y se identificó como un agente federal. Jordán lo invitó amablemente a su casa. Cuando el equipo tocó a la puerta, nadie respondió. Longo volvió a llamarle, pero esta vez no recibió respuesta. El tiempo avanzaba. Los agentes tenían las manos sobre sus revólveres.

“No tenemos una orden de cateo”, pensó Longo. “Quizás tiene un cañón allí adentro”.
Longo llamó a los agentes que vigilaban a la esposa de Jordán. Les pidió que la abordaran y le explicaran la situación. La esposa aceptó llamarlo. Jordán respondió a la llamada como un hombre acorralado.

-Vinieron a matarme -le dijo a su mujer por el teléfono.

-No. Son americanos –le explicó la esposa.

-Están armados -respondió Jordán.

Al final, la tensión se disipó y Jordán abrió la puerta e invitó a los agentes a entrar. Era bajo de estatura. Su pelo canoso tenía un corte militar. Su cara era arrugada. Vestido con una gorra de beisbol, camiseta y jeans, parecía estar descansando. Se sentaron en la cocina alrededor de una mesa de madera rústica. Fotos de sus hijos colgaban en la pared. Comenzaron hablando de trivialidades en una mezcla de inglés y español. Pronto llegó a casa su esposa.

Jordán aceptó responder a las preguntas de los agentes y firmó un formulario de Derechos Miranda, dejando claro que sabía que tenía el derecho legal de no contestar si no quería. Admitió que fue un Kaibil. En su casa no exhibía ningún recuerdo militar porque a su esposa le daba miedo. Ella había escuchado historias de ex soldados atacados en los Estados Unidos por guatemaltecos que odiaban a los militares.

Longo había entrevistado a muchos asesinos en su vida profesional. Jordán no tenía la facha de ser uno. Aunque tranquilo y reservado, parecía querer hablar. “Nos está soltando pequeños pedazos de información”, pensó Longo.

-Tuve problemas en Guatemala. La gente dice que hice cosas. Hubo una masacre -dijo Jordán.

-¿Dónde? –le preguntó Longo.

-En un lugar llamado Dos Erres.

Longo no lo apresuró. La conversación volvió al tema de la masacre. Jordán respiró profundo y entonces, contó la historia de Dos Erres. Les describió la carnicería alrededor del pozo.

“Todos”, dijo Jordán, y luego hizo gestos para indicar que tiraron a las victimas dentro del pozo. Comenzó a llorar…

-Tiré a un bebe en ese pozo –dijo Jordán.

Y contó cómo lloró en el momento en que mató al bebe. Negó haber violado a mujeres o a niñas. Su mujer escuchaba compungida. “Ahora ya sabe de Dos Erres”, explicó Jordán.

“Sabía que este día iba a llegar”, les dijo. Longo pensó que el hombre se había quitado un gran peso de encima.

Después de 45 minutos de conversación, Longo agradeció a Jordán su franqueza. Su corazón latía fuerte. Salió al lado de la cochera y llamó a una fiscal federal para informarla de la declaración de Jordán. La fiscal sabia que Longo quería meter preso a Jordan en el acto. Pero le dijo a Longo que no le arrestara. Quería dejar constancia clara que la confesión fue voluntaria y sin ninguna presión.

-Dile que se presente en tu oficina mañana por la mañana, para una entrevista formal -le dijo la fiscal.

Al día siguiente, los agentes arrestaron a Jordán cuando se presentó con su abogado a la cita. En pocas semanas, decidió admitir su culpabilidad del delito de haber ocultado información y proporcionado declaraciones falsas en su forma migratoria.

La fiscalía quería que recibiera la sentencia máxima. En el juicio en una corte de Florida, Ramiro Cristales se presentó como testigo. Viajó desde Canadá donde vivía como refugiado. Longo pensó que encontraría a un hombre acabado, pero Ramiro era un joven guatemalteco de 33 años lleno de valentía y madurez.

En su testimonio, Ramiro detalló cómo los Kaibiles entraron en la casa donde vivía con sus padres y sus seis hermanos. Los golpearon y los aterrorizaron.

-Comenzamos a rezar porque ellos nos dijeron: “si creen en Dios recen, porque nadie los va a salvar” -atestiguó.

No se sabe la precisión de los recuerdos que Ramiro tiene de ese día. Contó ante la Corte que durante la masacre, se quedó en la iglesia con las mujeres y los niños. Los soldados tiraron a sus hermanitos al pozo.

La condena por el crimen de Jordán rara vez resulta en más de seis meses de cárcel. Pero el juez del Distrito, William J. Zloch, estaba impactado por lo que escuchó en el juicio. Cuando el abogado de Jordán argumentó que su cliente no era un peligro para la comunidad, el juez se enfadó aún más:

-¿Después de todas estas acusaciones?, ¿cuánto más tiene que cometer después de este incidente? ¿Cuántas otras cabezas tiene que aplastar? ¿Cuántas otras mujeres tienen que ser violadas? ¿A cuántas otras personas tienen que disparar? ¿Cuántas? -demandó saber el juez Zloch.

En septiembre 2010, Jordán recibió la sentencia máxima por el crimen: 10 años en una prisión federal.

Los investigadores de ICE volvieron a revisar la lista de Kaibiles y los buscaron en todo Estados Unidos. En el Condado de Orange en California, agentes de ICE encontraron a Pimentel, el ex-sargento que días después de las violaciones y asesinatos en Dos Erres había partido a la academia militar estadounidense en Panamá. Pimentel había recibido una condecoración del Ejército de Estados Unidos por sus servicios. Cuando lo encontraron, vivía sin documentos y trabajaba en mantenimiento. Fue deportado a Guatemala para enfrentarse a la justicia.

Investigadores federales también averiguaron que Sosa, el sub-teniente que supuestamente tiró la granada en el pozo de Dos Erres, era ciudadano estadounidense y un reconocido instructor de artes marciales en el Condado de Orange. Sosa se había mudado a Canadá, donde lo detuvieron y ahora está en prisión, esperando ser deportado para un juicio en California por falsificación de su forma migratoria. López Alonzo, el Kaibil que raptó a Ramiro, también se declaró culpable en Houston y aceptó atestiguar contra Sosa, su antiguo oficial superior.

COCORICO 2

Las detenciones en Estados Unidos dieron nuevos aires a la investigación de la fiscal Sara Romero.

El Ejército de Guatemala recibió con mejor actitud las indagaciones de autoridades estadounidenses que las de sus propios fiscales. Entregaron documentos sobre los comandos fugitivos detenidos por ICE. Los investigadores estadounidenses, por su parte, compartieron los documentos con sus colegas en Guatemala. La confesión de Jordán reforzó el caso contra más de una docena de sospechosos fugitivos.

La atmósfera en Guatemala había cambiado. Para finales de 2010, el Presidente Álvaro Colom nombró un nuevo fiscal general. Claudia Paz y Paz era la primera mujer del país en ese cargo. Paz y Paz comenzó una campaña sin precedentes contra los violadores de derechos humanos. Acusó al ex dictador Ríos Montt de genocidio y de crímenes de “lesa humanidad”.

Además, la Corte Inter Americana de Derechos Humanos en Costa Rica había fallado a favor de los activistas de derechos humanos guatemaltecos. El edicto forzaba a la Corte Suprema de Guatemala a continuar con el caso de Dos Erres.

En el 2011, después de 15 años de investigación, la fiscal auxiliar Sara Romero ordenó nuevos arrestos. La policía capturó a tres de los Kaibiles implicados en el caso y a Carías, el ex comandante de Las Cruces.

Los investigadores se enfrentaban a situaciones hostiles y peligrosas. Un testigo fue asesinado. Familias de militares, en los barrios de Ciudad de Guatemala donde vivían los ex militares sospechosos, amenazaban a la policía cuando llegaba a buscar criminales de guerra. El coronel Roberto Aníbal Rivera Martínez, quien como teniente había sido comandante de la patrulla de Dos Erres, pudo huir cuando las autoridades llegaron a su casa ya que tenía un túnel conectado a otro inmueble. Los fiscales sospechaban que algunos de los fugitivos de Dos Erres, y otros casos, vivían protegidos en bases militares o en áreas dominadas por militares.

Uno de los Kaibiles detenidos habló de los dos niños robados en su declaración en Ciudad de Guatemala. El juez supervisor ordenó a Romero que redoblara sus esfuerzos para encontrar a Óscar. Años atrás, la renuencia de la familia de Óscar en Zacapa había acabado con la esperanza de encontrarlo. La historia que se publicó en el periódico tampoco ayudó al caso de la fiscalía.

Ahora, existía otra oportunidad. En mayo del 2011, Sara Romero regresó a Zacapa, donde Óscar creció. Otra vez visitó a su tío, el reconocido doctor en esa región. En la primera visita hacía unos años, el doctor la había acusado de difamar el nombre del teniente Ramírez con sus preguntas sobre el origen de Óscar. Esta vez, el médico parecía algo más cooperativo. Le dijo que Óscar vivía en los Estados Unidos con su esposa e hijos, pero que no tenía su número telefónico. Sin embargo, le dio una pista: “El apodo de su mujer es La Flaca”.

Con ese detalle, Romero y sus investigadores preguntaron al dueño de una pequeña tienda, quien les ayudó a encontrar a los familiares de la esposa de Óscar en un caserío cercano. La fiscal entrevistó a la familia de la esposa y ellos le dieron el correo electrónico de Óscar. La dirección tenía la palabra “Cocorico2”. Romero entendió que Óscar utilizaba el mismo apodo que el teniente Ramírez.

Unos días después, el mismo Óscar llamó a Romero al escuchar de su visita a sus suegros. Ella no quiso hablarle mucho. No quería tirarle una bomba así por teléfono.

Romero se sentó frente a su computadora a escribirle un correo electrónico. Se esmeró en encontrar las palabras adecuadas que le explicaran a Óscar que su vida hasta ahora había sido una mentira. Romero sabía que Óscar vivía en Estados Unidos sin documentos. Se imaginó su existencia tan lejos de su patria. Pensó en cómo lo impactaría el mensaje.

Sara Romero continuó con su mensaje. Y comenzó así: “Usted no me conoce”. (Ver carta completa)

Cuando Óscar terminó de leer el mensaje en Framingham, su cabeza se volvió un torbellino de pensamientos confusos. La fiscal insinuaba que había tenido una vida completamente diferente hasta los tres años. Lo encontraba difícil de creer. No podía recordar ninguna imagen de Dos Erres. La familia que conocía como la suya en Zacapa lo había tratado como uno de ellos.

Luego volvió a pensar en el artículo en el periódico sobre él y Ramiro de hacía una década. Ésa fue la historia que sus familiares de Zacapa le dijeron que era impensable. Sus dudas de aquella época surgieron de nuevo.

Óscar volvió a llamar a Romero y aceptó hacerse una prueba de ADN. El 20 de junio del 2011, Fredy Peccerelli, un investigador de derechos humanos guatemalteco, lo visitó en Framingham. Estaba allí para recoger la evidencia que determinaría la identidad verdadera de Óscar para siempre.

Peccerelli tenía la cabeza rapada, el físico de un levantador de pesas y un acento de Bensonhurst, el barrio italiano de Brooklyn, New York. Parecía más un héroe de acción que un científico y luchador de derechos humanos.

Nacido en Guatemala y criado en Brooklyn, Nueva York, Pecerelli, a sus 41 años es uno de los mejores antropólogos forenses en Latinoamérica. Su organización, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), apoya en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos haciendo exhumaciones en sitios donde ocurrieron masacres y en cementerios clandestinos. Las pruebas de ADN se llevan a cabo en un laboratorio de alto nivel científico localizado detrás de unas paredes altas con concertina de seguridad, en la Ciudad de Guatemala.

En 2010, la Fundación de Peccerelli analizó los restos de Dos Erres recolectados por el equipo argentino en 1995. El equipo de Peccerelli utilizó nueva tecnología sofisticada para extraer ADN de los familiares de las victimas de Dos Erres y buscar conexiones.

Cuando Peccerelli se encontró con Óscar, intentó imaginarse cómo había sobrevivido cuando era un niño. ¿Había visto a toda su familia ser asesinada? Peccerelli quería proteger a Óscar. El joven se mostró precavido. Peccerelli le dijo que él sabía lo que significaba ser un inmigrante escondido en las sombras. Su padre había sido un abogado en Guatemala. Cuando Peccerelli era un niño, su familia tuvo que huir por amenazas de muerte y se trasladó a los Estados Unidos.

Poco a poco, Oscar se sinceró. Le contó sobre su odisea de Guatemala a Estados Unidos. Peccerelli tomó la muestra de ADN. Después, Oscar y su esposa prepararon una gran cena para todos los presentes.

Peccerelli había pasado toda su vida profesional uniendo las piezas de esqueletos destruidos. Hoy, por primera vez, estaba frente a una evidencia viviente. Tenía la rara oportunidad de hacer preguntas importantes.

En otros casos de robo de niños por soldados, los menores habían sufrido abusos, como Ramiro. Algunos habían sido forzados a dormir con los animales y a trabajar 20 horas al día. Peccerelli estaba fascinado al escuchar esta experiencia de primera mano.

-¿Cómo te trataron? -le preguntó a Oscar.

-Donde yo crecí, crecí bien -le respondió Oscar de forma serena y lacónica-. No fui tratado diferente de los otros niños.

Peccerelli regresó a Guatemala para terminar la prueba de ADN. Se quedó con la impresión de que Óscar quería saber más, pero al mismo tiempo tenía muchas dudas.
En algún lugar de su alma Peccerelli pensó: Oscar no quiere que esto sea verdad.

LAS PENAS NADAN

Óscar esperó alrededor de seis semanas los resultados de la prueba de ADN. El 7 de agosto, Peccerelli le llamó desde Ciudad de Guatemala. Le explicó que las pruebas habían descartado una de las teorías de la fiscalía: que Óscar y Ramiro podían ser hermanos.

-Gracias…No me sorprende –le dijo Óscar.

Peccerelli hizo una pausa. Porque había más:

-Óscar, encontramos a tu padre biológico. Es un señor llamado Tranquilino.

Óscar volteó para mirar a Nidia. Le dijo las palabras que aún le costaba creer: “Encontraron a mi padre”.

Tranquilino Castañeda había sido un campesino en Dos Erres. Había escapado de la masacre porque se encontraba trabajando la tierra en otro pueblo. Por casi 30 años, pensó que los militares habían asesinado a su esposa y a sus nueve hijos. Óscar era el más joven de ellos: Su nombre real era Alfredo Castañeda.

Peccerelli, Aura Elena Farfán y otros investigadores armaron una conversación en video entre los dos sobrevivientes.

Óscar pudo ver a su padre a través de la pantalla de la computadora. Castañeda era un hombre larguirucho de 70 años, con un sombrero vaquero. Su rostro evidenciaba décadas de trabajo, soledad y tristeza.

Los investigadores habían tomado muestras del ADN de Castañeda, pero nunca le contaron sus sospechas sobre quién era Óscar. Cuando tenían la certeza y decidieron contarle, llevaron a un médico por si las dudas. Una de las investigadoras de derechos humanos acercó la silla del hombre a la suya y se inclinó:

-Le voy a contar algo… ¿Conoce a esta persona? ¿Al tipo que aparece en la pantalla? –le dijo.

-No, no tengo idea de quién es -contestó Castañeda.

-Es su hijo.

Castañeda se quedó pasmado. Su reacción fue más bien triste y de desconcierto que de alegría. El grupo se juntó a su alrededor mientras el viejo se tomaba un trago de licor.

El padre miraba la pantalla sin dar crédito. Intentó comparar el rostro del hombre a cuatro mil kilómetros de distancia con el del niño regordete y pequeño que recordaba. Mientras los demás miraban con lágrimas en los ojos, Castañeda llamó a su hijo por su verdadero nombre.

-Alfredito… ¿Cómo estás?

La conversación era emotiva e incómoda. Óscar no sabía qué decir. Castañeda le preguntó si recordaba que le faltaban sus dientes delanteros cuando era pequeño. El joven le dijo que lo recordaba. Pasaron tiempo sólo mirándose uno al otro.

Padre e hijo hablaron de nuevo por teléfono y por Skype. Pronto se encontraron hablando cada día, conociéndose más, llenando las tres décadas que pasaron separados.

La familia del teniente estaba igualmente sorprendida, pero no tenían rencor aparente. Invitaron a Castañeda a visitarlos a Zacapa y se maravillaron al ver la semejanza entre el viejo y el hombre que conocían como Óscar. Castañeda se unió a una barbacoa que organizaron los Ramírez. En fotos que la familia le envió a Óscar su padre lucía años más joven.

Castañeda quedó destrozado por la pérdida de su familia. Tras la masacre, se refugió en una choza en la selva. Nunca se volvió a casar y bebió tanto como una persona puede llegar a beber.

-Pensé que podría ahogar mis penas, pero no se puede: ¡Las penas nadan! –les dijo Castañeda.

La nueva y profunda relación de Óscar con su padre lo llevó a otro mundo. Tuvo mucho que pensar. Aunque hablaba fácilmente de algunos temas –el trabajo, el fútbol, la vida como un inmigrante indocumentado- le tomó un gran esfuerzo abrirse a las maravillas y traumas de su pasado.

La persona con la que pudo hablar sobre el tema fue Ramiro, el otro sobreviviente raptado. Tuvieron largas charlas por el teléfono. Se hacían preguntas sin respuesta.

¿Por qué los soldados les habían perdonado la vida? ¿Qué clase de hombre asesina familias pero decide salvar y criar a un niño?

Durante las dictaduras en Argentina y El Salvador, el robo de infantes de familias de izquierda se volvió un tráfico organizado y a veces rentable. Por su ideología, los secuestradores querían eliminar otra generación de futuros subversivos, raptándolos y vendiéndolos a familias de derecha.

En Guatemala esos crímenes eran más oportunistas y menos sistemáticos. Los investigadores oficiales estimaban que los militares habían secuestrado a más de 300 niños durante la guerra civil. En una sociedad pobre y rural, la historia de Ramiro, de maltratos y abusos, era algo común.

La experiencia de Óscar resaltaba porque su familia lo había tratado bien. Los investigadores piensan que el teniente lo llevó a su casa para darle el gusto a su madre, quien se quejaba de no tener un nieto.

Óscar finalmente entendió que su padre “adoptivo” supervisó los asesinatos de sus hermanos y de su madre. Leyó sobre los horrores de la masacre. Se dio cuenta de que una foto en el álbum del teniente –con soldados posando con un aparente prisionero atado—mostraba una escena que pudo ser igual que la del “guía” asesinado después de Dos Erres.

Sentado en la mesa de la cocina, examinó tranquilamente el álbum de fotos. Pensó en dos hechos: El teniente lo había salvado y la familia Ramírez lo había tratado como uno de los suyos.

-Aún es un héroe para mí. Lo veo de la misma forma como lo hacía antes… Él estaba en el Ejército, allí te dicen cosas y tienes que hacerlas. Especialmente en tiempos de guerra, aunque no quieras -dijo Óscar

Para los investigadores, Óscar se había convertido en un poderoso testigo al que había que proteger. Peccerelli lo ayudó a encontrar a un importante abogado estadounidense. Scott Greathead, un socio de la firma Wiggin and Dana, en Nueva York, tenía una trayectoria de activismo en derechos humanos en Latinoamérica por las ultimas tres décadas. Entre sus casos más importantes, Greathead representó a familias de monjas de Estados Unidos que fueron violadas y asesinadas por soldados salvadoreños en 1980.

Greathead y sus colegas en Boston compilaron una demanda en busca de asilo político para Óscar bajo los argumentos de que sería un objetivo potencial si volvía a Guatemala.

DOS GUATEMALAS

En agosto pasado, una corte guatemalteca declaró culpables de asesinato y violación de los derechos humanos a tres ex soldados del escuadrón de Dos Erres. Recibieron sentencias de 6,060 años de prisión, equivalente a 30 años por cada una de las 201 victimas, más treinta por “crímenes de lesa humanidad”.

La corte condenó y sentenció al coronel Carías, el ex teniente y comandante local que ayudó a planear y encubrir el asalto, por los mismos crímenes. También recibió seis años adicionales por el saqueo a la aldea.

Hace dos meses otra corte de Guatemala sentenció a 6,060 años de cárcel a Pimentel, el ex-instructor de la Escuela de las Américas, quien fue arrestado y deportado por agentes de ICE en California. Durante el juicio, los fiscales incluyeron la historia de Óscar por primera vez, añadiendo la prueba de ADN como evidencia.

La fiscal general Paz y Paz dijo que las condenas sentaron un mensaje sin precedentes.

“Es muy importante por la gravedad de los hechos”, dijo en una entrevista. “Antes, parecía imposible”.

El caso de ninguna manera queda cerrado. Siete sospechosos continúan prófugos, incluyendo dos altos mandos del escuadrón. Las autoridades piensan que pueden estar en los Estados Unidos o en Guatemala, protegidos por poderosos nexos con el Ejército y el crimen organizado.

Las condenas han provocado resentimientos. Los críticos alegan que el enfoque de la izquierda en casos de derechos humanos está lejos de la realidad. La mayoría de los guatemaltecos menores de 30 años están más preocupados por la inseguridad, la pobreza y el desempleo, según el reciente Presidente electo Otto Pérez Molina, un ex general y miembro, en un momento, de la escuela Kaibil.

Cuando se trata de perseguir las atrocidades, el Presidente sigue una estrecha línea. El hombre de 61 años hizo su campaña electoral con una plataforma de mano dura contra el crimen. Pérez Molina jugó un papel importante durante las negociaciones de paz en los años 90. Desde entonces ha tratado de mantener el perfil de un militar moderado. Tras una incertidumbre inicial acerca de sus intenciones, expresó su apoyo a la fiscal general Paz y Paz, y al equipo especial de la ONU encargado de investigar la corrupción.

Por otro lado, Pérez Molina acusa a la izquierda de exagerar los abusos por parte del Ejército y de perder de vista el contexto histórico de las atrocidades. Sostiene que Guatemala, como el resto de Centroamérica, tiene retos más inmediatos.

“Hay casos emblemáticos, como Dos Erres”, mencionó Pérez Molina en una entrevista. “Creo que las cortes son las que se deben encargar de dar respuestas. Los casos emblemáticos deben conocerse, pero no es el camino o la ruta que debe seguir Guatemala al estancarse en estas peleas en los tribunales”.

Centroamérica se ha convertido en la primera línea en la guerra contra el narcotráfico al sur de México. La administración de Obama está luchando contra el crecimiento de las mafias en Guatemala, Honduras y El Salvador por el tráfico de cocaína y de migrantes. Los ataques amenazan con rebasar la región. La taza de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes en Guatemala es casi diez veces la de Estados Unidos. Se combina con una tasa de impunidad de 96 %. Los números en Honduras y El Salvador son peores.

En respuesta, Pérez Molina busca una cooperación regional y apoyo de EE.UU., así como una mayor participación del Ejército. Cree que se deben desplegar fuerzas Kaibiles en misiones quirúrgicas contra el crimen, algo opuesto al combate frontal que lleva a cabo México contra los cárteles.

Los legisladores norteamericanos y activistas de derechos humanos están preocupados por la entrada de militares en la guerra contra las drogas, especialmente los Kaibiles. Podría significar nuevos abusos contra civiles. Sin embargo, Pérez Molina dice que las críticas se quedaron atadas al pasado.

-Pensar que el Ejército en el 2012 es el mismo que existió en los ’70 u ‘80, es un gran error –dice el Presidente.

Los militares insisten en que las Fuerzas Armadas se han reformado. Niega acusaciones de que altos mandos han interferido en las investigaciones, como el caso de Dos Erres.
Los investigadores siguen creyendo que el Ejército –o facciones del mismo—aún están jugando un rol siniestro.

Días después del veredicto del caso Dos Erres, un auto se acercó a Peccerelli mientras conducía con un antropólogo norteamericano en Ciudad de Guatemala. Un hombre en el otro coche se asomó por la ventana y acuchilló un neumático de Peccerelli. Temiendo una emboscada, este huyó a toda velocidad.

Algunos días más tarde, una carta amenazante llegó a casa de su hermana. Describía los movimientos recientes de Peccerelli cuyo trabajo como forense dio evidencia clave durante el proceso de Dos Erres. Prometía venganza por las sentencias dictadas.

“Por tu culpa, los nuestros van a sufrir”, decía la nota. “El neumático no fue nada. La próxima vez será tu cara. Hijo de puta, los tenemos vigilados a todos, a tus hijos, tus coches, tu casa, escuelas…Cuando menos te lo esperes, morirás. Entonces, revolucionarios, tu ADN no servirá para nada”.

La fiscalía dice que las amenazas no los detendrán.

-Estamos haciendo esto, justamente para que no haya dos Guatemalas. Para que no haya una Guatemala con acceso a la justicia y otra donde los ciudadanos no tengan ese acceso –afirmó la fiscal Paz y Paz.

Óscar conoce hoy las dos Guatemalas. Aún intenta entender qué significa todo esto. Dos Erres fue una de las 600 masacres durante la guerra. El patrón recurrente en el mapa: Mujeres violadas, niños masacrados, poblaciones enteras borradas. Óscar está listo para testificar en futuros juicios.

-Para mí sí es importante investigar Dos Erres porque estoy conectado a esto. Probablemente si no me hubiera sucedido a mí, habría dicho “mira la violencia en Guatemala hoy, esos otros temas ya son algo pasado. Antes pensaba que la guerrilla y el Ejército se mataban entre sí durante la guerra. Pero no sabía que masacraban a gente inocente. Imagino que hay una conexión entre la violencia del pasado y la del presente. Si no agarran a esta gente, seguirá extendiéndose. La gente hace lo que quiere –dice Óscar.

El padre de Óscar no hace mucha introspección política. Su nueva misión es conocer a su hijo en persona. Peccerelli y la activista Farfán planean llevarlo a los Estados Unidos pronto. La espera lo tiene ansioso. Aún sufre problemas con el alcohol y a veces también con su memoria.

Hay cosas que no ha olvidado. Durante una conversación en Ciudad de Guatemala, Castañeda hizo una petición repentina:

-¿Puedo dar los nombres de mis hijos? –preguntó.

Y recitó la lista: Esther, Etelvina, Enma, Maribel, Luz Antonio, César, Odilia, Rosalba…Y Alfredo, el menor, ahora conocido como Óscar. “Creo que es mi deber mencionarlos porque eran mis hijos. De los nueve, uno sigue vivo. Todos los demás han muerto”.

Buscando a Óscar I: La increíble historia del niño que sobrevivió a la masacre de Dos Erres en Guatemala

(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica.

Vea también: Buscando a Óscar II: La cacería de los Kaibiles y un final inesperado

La llamada de Guatemala puso a Óscar en guardia. “Unos fiscales vinieron a buscarte”, le dijeron familiares de su pueblo. “Son gente influyente de Ciudad de Guatemala. Quieren hablar contigo”.

Óscar Alfredo Ramírez Castañeda tenía mucho que perder. A pesar de que vivía sin documentos en los Estados Unidos, a sus 31 años había logrado crear una vida estable. Tenía dos empleos a tiempo completo para mantener a sus tres hijos y a su mujer, Nidia. Se habían establecido en una casa pequeña pero alegre en Framingham, un barrio obrero de Boston.

Óscar generalmente se esforzaba por mantenerse lejos de las autoridades. Sin embargo, llamó a la fiscal de Ciudad de Guatemala. Ella le dijo que quería hablar de un tema delicado sobre su niñez y de una masacre ocurrida durante la guerra civil de Guatemala. Prometió explicarlo todo en un correo electrónico.

Días después, Óscar se sentó frente a su computadora en su sala repleta de juguetes, trofeos de escuela, fotos de familia, un crucifijo y recuerdos de su país. Había llegado a casa tarde, después del trabajo. Nidia, con siete meses de embarazo, descansaba en un sillón cercano. Los niños dormían arriba.

Los ojos verdes de Óscar miraron la pantalla. El correo había llegado. Respiró profundo y dio clic.

“Usted no me conoce”, empezaba la larga misiva que le cambiaría la vida.

La fiscal decía que estaba investigando un episodio violento de la guerra, un caso que la había afectado profundamente. En 1982, una patrulla de comandos especiales había asaltado el pueblo de Dos Erres y había masacrado a más de 250 hombres, mujeres y niños.

Dos niños pequeños que sobrevivieron fueron robados por los comandos. Veintinueve años después, quince desde que la fiscalía había empezado la búsqueda de los asesinos, la fiscal había llegado a la conclusión de que Óscar era uno de los dos niños secuestrados.

“Yo tengo conocimiento que usted fue muy querido y bien tratado por la familia con quienes se crió. Yo espero que después de todo esto que le estoy contando, usted tenga la suficiente madurez para asimilarlo de una manera adecuada. Yo lo hago de su conocimiento en base al derecho a saber la verdad que tienen todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, escribió la fiscal.

“El punto, Oscar Alfredo, es que usted, aunque no lo sabía, fue una víctima de ese triste hecho que le comento, al igual que ese otro niño que le cuento que encontramos, así como los familiares de las personas que fallecieron en ese lugar”.

Para entonces, Nidia leía por encima de su hombro. La fiscal dijo que podía acordar una prueba de ADN para confirmar su teoría. Le ofreció un incentivo: ayudar a Óscar con su proceso migratorio en los Estados Unidos.

“Esta es una decisión que usted debe tomar”, acotó.

Óscar repasó imágenes de su niñez rápidamente en su cabeza. Se esforzó por relacionar las palabras de la fiscal con sus propios recuerdos. No conoció a su madre, tampoco a su padre, quien nunca se casó. El teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos había muerto en un accidente cuando él apenas tenía cuatro años. La abuela de Óscar y sus tías lo habían criado inculcándole un profundo respeto hacia su progenitor.

Según la familia, el teniente había sido un héroe. Se graduó como el primero en su clase, se convirtió en un soldado de élite y había ganado medallas en combate. Óscar atesoraba la boina militar roja y su añejo álbum de fotos. Le gustaba hojear las imágenes que mostraban a un oficial fornido de sonrisa joven, en un tanque, cargando la bandera.

El sobrenombre del teniente era un diminutivo de Óscar: Cocorico. Y Óscar se llamaba a sí mismo “Cocorico Dos”.

Si las sospechas de la fiscal eran correctas, Óscar no sabía quien era. No era el hijo de un honorable soldado. Era la víctima de un secuestro, un trofeo de batalla, la prueba viviente de una masacre.

A pesar de lo abrumador de la revelación, Óscar tuvo que admitir que no era del todo una sorpresa. Diez años antes, alguien le había enviado un artículo de un periódico guatemalteco sobre Dos Erres. Mencionaba su nombre y el supuesto rapto. Pero su familia en Guatemala lo había convencido de que la idea era descabellada, un mero invento de la izquierda.

Lejos de la cruda realidad de Guatemala, Óscar decidió olvidarse de la historia. El país que había dejado detrás era uno de los más desesperados y violentos en todo el continente americano. Alrededor de 200 mil personas murieron en la guerra civil que terminó en 1996. Los militares, acusados de genocidio, todavía conservaban mucho poder.

Ahora, el caso estaba arrastrando a Óscar al interior de la lucha que Guatemala libraba al enfrentarse con su pasado trágico. Si se realizaba la prueba de ADN y los resultados eran positivos, su vida se transformaría de manera peligrosa. Se convertiría en una evidencia de carne y hueso en la búsqueda de justicia para las víctimas de Dos Erres. Tendría que aceptar que su identidad, su vida entera, había estado basada en una mentira. Además, se convertiría en un posible objetivo de las fuerzas poderosas que buscaban mantener enterrados los secretos de Guatemala.

Los guatemaltecos se encontraban en un dilema similar. Estaban divididos acerca de cómo castigar los crímenes del pasado en una sociedad rebasada por la impunidad. Los asesinos y torturadores uniformados de los ‘80 habían contribuido a crear las mafias, la corrupción y el crimen que azotaban a los pequeños países de Centroamérica. La investigación de Dos Erres era parte de la batalla contra la impunidad, de la lucha por un mejor futuro. Pero las pequeñas victorias tenían grandes costos potenciales: represalias y conflictos políticos.

Al igual que su país, Óscar tenía que elegir si quería enfrentar una verdad dolorosa.

“NO SOMOS PERROS PARA QUE NOS MATEN”

El otoño de 1982 fue tenso en Petén, una región al norte de Guatemala, cerca de México.

Las tropas militares en la zona combatían al grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La campaña de contrainsurgencia era metódica y brutal. El dictador Efraín Ríos Montt, un general que había tomado el poder en marzo, después de un Golpe de Estado, arrasaba con poblados rurales sospechosos de alojar y proteger a los rebeldes.

Aunque habían ocurrido enfrentamientos cerca de Dos Erres, la aldea estaba escondida en un área remota y selvática y era relativamente tranquila. Había sido fundada apenas cuatro años antes, mediante un programa de reparto agrario del gobierno. A diferencia de las áreas donde los rebeldes reclutaban agresivamente entre los indígenas del país, los habitantes de Dos Erres eran principalmente ladinos (guatemaltecos de ascendencia blanca e indígena). Las sesenta familias que vivían en este terreno muy fértil, cultivaban frijol, maíz y piñas. Los caminos no estaban pavimentados, pero había una escuela y dos iglesias, una católica y otra evangélica. El nombre del pueblo, Dos Erres, homenajeaba a sus fundadores, Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes.

El encargado militar de la región, el teniente Carlos Antonio Carías, pidió que los hombres de Dos Erres participaran en una patrulla de autodefensa civil armada de la base militar ubicada en el pueblo de Las Cruces, localizado a unos 11 kilómetros de distancia. Los hombres de Dos Erres se resistían a hacerlo, preferían ser parte de una patrulla que protegiera a su comunidad. El teniente Carías tomó a mal esta posición de los residentes. Se tornó agresivo y acusó a la gente de Dos Erres de refugiar a guerrilleros. Prohibió a los habitantes que participaran en las ceremonias de juramento a la bandera, y, como evidencia de su supuesta traición, mostró a sus superiores un costal de cosecha inscrito con las iniciales FAR, alegando que se trataba de la insignia guerrillera. En realidad, el costal pertenecía al cofundador de la aldea, Ruano, y eran sus iniciales.

En octubre, el Ejército sufrió una humillante derrota en la cual guerrilleros mataron a un grupo de soldados y robaron alrededor de veinte rifles. A principios de diciembre, inteligencia militar indicó que las armas robadas estaban en el área de Dos Erres. El Ejército envió a sus comandos especiales, los Kaibiles, a recuperar las armas y a darles a los habitantes un castigo.

Los comandos representaban la punta de lanza de una ofensiva anti-guerrillas que ya había recibido varias condenas internacionales. En la lengua indígena Mam, Kaibil significa “aquél que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres”. Con un entrenamiento notoriamente duro en técnicas de supervivencia, contrainsurgencia y guerra psicológica, los Kaibiles eran considerados como las fuerzas especiales más violentas de Latinoamérica. Su lema: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame”.

El plan incluía encubrir la identidad de los invasores. El 6 de diciembre de 1982, en una base en Petén, se formó un escuadrón de veinte Kaibiles disfrazados como guerrilleros: con camisetas verdes, pantalones de civil y brazaletes rojos. Cuarenta efectivos uniformados que les acompañarían tenían órdenes de apoyarles con un cerco de seguridad y evitar que alguien entrara o saliera. De todo lo que sucediese en Dos Erres, se responsabilizaría a la izquierda.

Las tropas salieron a las 22:00 en dos camiones civiles. Condujeron hasta la medianoche. Después incursionaron durante dos horas por la densa y húmeda selva. Eran guiados por un guerrillero cautivo obligado a participar en la misión.

En las afueras de la aldea el escuadrón de ataque se desplegó como siempre: por grupos de asalto, municiones, apoyo de combate, perímetro y mandos.

El grupo de mando tenía un operador de radio que se comunicaría durante la operación con mandos superiores situados en otros lugares. El grupo de asalto consistía en expertos en interrogación, lucha y asesinato. Incluso sus mismos compañeros en el escuadrón mantenían su distancia con los miembros de este grupo por considerarlos psicópatas.

Los Kaibiles escogidos para esta misión secreta eran la élite de la élite. A los 28 años, el teniente Ramírez era el más experimentado de todos.

Conocido como Cocorico o El Indio, Ramírez se había graduado como el mejor de su clase en 1975. Había ganado una beca para entrenamiento avanzado en la Escuela de Lanceros, en Colombia, pero se había metido en problemas por ir de fiesta y malgastar fondos. Fue suspendido del Ejército por seis meses y peleó como mercenario en Nicaragua en 1978, con las fuerzas del dictador Anastasio Somoza Debayle, un aliado de los Estados Unidos. Washington reforzó el rol de Guatemala como un bastión estratégico en la lucha contra el comunismo cuando los Sandinistas derrotaron a Somoza el año siguiente. Creció el temor de que hubiera un efecto dominó en la región.

Ramírez volvió a Guatemala y se unió a una unidad de artillería. Herido y condecorado en noviembre de 1981, comenzó a participar en operaciones encubiertas contra la guerrilla, muchas veces vestido de civil. Se creó una reputación por su crueldad. Un compañero suyo lo consideraba “un criminal uniformado”. Otros veteranos, en cambio, admiraban su habilidad en el campo de batalla y la lealtad a sus tropas.

Cocorico era también un hijo entregado: le enviaba mensualmente dinero a su madre, quien se quejaba frecuentemente de que el teniente seguía soltero y no le había dado un nieto.

Ramírez se convirtió en instructor en la escuela de entrenamiento Kaibil, en Petén. En 1982, el régimen de Ríos Montt cerró la escuela y creó una patrulla itinerante de instructores: tenientes, sargentos y cabos, todos hábiles combatientes. Ramírez era el subcomandante de la unidad, la cual podía desplegarse rápidamente como una fuerza de ataque en las zonas de control guerrillero.

El escuadrón invadió Dos Erres a las 2:00.

Los comandos derribaron puertas y sacaron a las familias de sus casas. Aunque los soldados estaban preparados para un enfrentamiento, no hubo resistencia. No encontraron ninguno de los rifles robados.

Llevaron a los hombres a la escuela, y a las mujeres y a los niños a una iglesia. La violencia comenzó antes del amanecer. César Ibáñez, uno de los soldados, escuchó los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Varios soldados vieron al teniente César Adán Rosales Batres violar a una niña de 10 años frente a su familia. Imitando a su superior, otros militares empezaron a violar a mujeres y niñas.

Al mediodía, los Kaibiles ordenaron a las mujeres violentadas que prepararan comida en una pequeña casa de rancho. Los soldados comieron en turnos de cinco. Las jóvenes lloraban mientras servían comida a Ibáñez y a los demás. De regreso a su puesto, Ibáñez vio cómo un sargento llevaba a una niña por un callejón.

El sargento le dijo que habían empezado “a vacunar”.

Los militares llevaron a las personas una por una al centro de la aldea, cerca de un pozo sin agua de 12 metros de profundidad. Favio Pinzón Jerez, el cocinero del escuadrón, y otros soldados les aseguraron que todo estaría bien. Serían vacunados. Se trataba de una medida de salud preventiva. No era nada para preocuparse.

Gilberto Jordán fue el primero en derramar sangre. Cargó a un bebé, lo llevó hasta el pozo y lo arrojó hacia su muerte. Jordán lloró cuando mató al niño. Sin embargo, con la ayuda de Manuel Pop Sun, otro soldado, siguió arrojando niños al pozo.

A los adultos les vendaron los ojos y los hicieron arrodillarse, uno a uno. Los interrogaban acerca de los rifles y los nombres de los líderes guerrilleros. Cuando los habitantes protestaban que no sabían nada, los soldados les golpeaban en la cabeza con un mazo, un martillo de metal. Luego, los arrojaban al pozo.

“¡Malditos!”, gritaban las víctimas a sus ejecutores.

Ibáñez tiró a una mujer al pozo. Pinzón, el cocinero, siguió llevando allí a las victimas, junto al sub-teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio lleno, un hombre que cayó encima de la pila de cadáveres pero seguía vivo, logró quitarse la venda de los ojos:

-¡Mátenme! -les dijo a los militares.

-¡Tu madre! -contestó Sosa.

-¡La tuya, hijo de la gran puta! -gritó el hombre en respuesta.

Pinzón observaba. Sosa se enfureció, le disparó al hombre y para asegurarse, lanzó una granada al interior del pozo. Unas horas más tarde, los cuerpos se desbordaban.

La masacre continuó en otras partes del pueblo. Salomé Armando Gómez Hernández, de 11 años, vivía en otra aldea cerca de Dos Erres. Esa mañana temprano, había viajado a caballo con su hermano de 22 años para comprar medicina en Las Cruces. Cuando llegaron a Dos Erres alrededor de las 10:00 para visitar a un tío, los militares metieron a Gómez Hernández a la iglesia junto a las mujeres y los niños. A través de los tablones, vio cómo los soldados golpeaban y disparaban a la gente. Su hermano y su tío fueron asesinados.

Por la tarde, los asaltantes juntaron alrededor de cincuenta mujeres y niños y los llevaron caminando hacia las montañas. Gómez Hernández se puso al frente de la fila, sabiendo que se dirigían a su muerte. Los demás también lo sabían.

“No somos perros para que nos maten en el monte. Sabemos que nos van a matar, ¿por qué no lo hacen aquí mismo?”, dijo una mujer.

Un soldado se abrió paso violentamente entre los prisioneros hasta llegar a la mujer y jalarla del cabello. Gómez Hernández vio la oportunidad de escapar y huyó. El eco de los disparos sonaba tras él. Se escondió entre la maleza y escuchó.

Uno a uno los soldados mataron a los prisioneros. Gómez Hernández escuchó los gemidos de la gente agonizando. Un niño llamaba a su mama. Los militares ejecutaron a los pequeños con los rifles. A cada uno, un tiro. Fueron entre cuarenta y cincuenta disparos en total.

Al caer la noche, en el pueblo sólo quedaban cadáveres, animales y soldados. El escuadrón se resguardó esa noche en las casas abandonadas. Llovía. Gómez Hernández pudo volver al pueblo, con trabajo, tropezándose entre la oscuridad y el lodo. Pasó entre los cuerpos de sus vecinos esparcidos por las calles y caminos. Escondido entre el pasto alto, escuchó risas.

“Ya los terminamos, muchá. Y vamos a seguir buscando”, dijo un militar.

Gómez Hernández finalmente regresó a Las Cruces.

Cinco prisioneros más sobrevivieron a la matanza de los Kaibiles. Tres mujeres adolescentes y dos niños pequeños aparentemente habían logrado esconderse en algún lugar. Al ponerse el sol, fueron hacia el centro de la aldea. Los soldados los llevaron a una casa que habían convertido en el puesto de mando. Los tenientes decidieron no matar inmediatamente a los recién llegados.

La mañana del 8 de diciembre, el escuadrón se dirigió hacia las montañas selváticas con los nuevos prisioneros. Vistieron con uniformes militares a las adolescentes. El teniente Ramírez se hizo cargo del pequeño de tres años. El panadero del escuadrón, Santos López Alonzo, se llevó al niño de cinco años. Esa noche, tres oficiales arrastraron a las jóvenes entre la maleza y las violaron. A la mañana siguiente las estrangularon y las fusilaron.

Perdonaron las vidas de ambos niños porque tenían piel blanca y ojos verdes, atributos bien valorados en una sociedad estratificada por divisiones raciales.

El teniente Ramírez le dijo a Pinzón y al resto que llevaría al niño más pequeño a su pueblo, Zacapa, situado al este del país. Lo vestiría al estilo de la región: “Como un vaquero: botas vaqueras, pantalones y una camisa”.

Días después, un helicóptero aterrizó en una llanura. Estaba ahí para recoger a Pedro Pimentel Ríos para su siguiente misión. Iba rumbo a Panamá para servir como instructor en la Escuela de las Américas, la base militar de los Estados Unidos donde se entrenaron a muchos militares latinoamericanos implicados en atrocidades. Los niños fueron subidos al helicóptero y llevados a la base Kaibil.

En la selva la patrulla iba a pie. Seguían las indicaciones del guerrillero guía que estaba atado a una larga cuerda. Las provisiones ya escaseaban. Mientras se encontraban sentados alrededor de una fogata, el teniente Ramírez le dijo a un subordinado, Fredy Samayoa Tobar, que tenía ganas de comer carne.

-¿De dónde se supone que voy a sacar la carne? -preguntó Samayoa.

-Corta un pedazo de ese guía y tráemelo -contestó Ramírez.

Samayoa tomó su bayoneta y le cortó unos treinta centímetros de la espalda al guía. Y le llevó el pedazo al teniente.

-Oh no, no, no, tienes que ejecutarlo, está sufriendo -le dijo Ramírez.

El soldado mató al guía. El teniente no se comió la carne.

El comando llegó cerca del pueblo de Bethel, donde encontraron una tienda y robaron cerveza, cigarrillos y agua. Se encontraron también con unos campesinos, a los que decapitaron.

Cuando el escuadrón regresó a la base, más de 250 personas habían muerto. Los Kaibiles llamaron a la misión “Operación Chapeadora”. Habían “podado” a todo aquél que se había puesto en su camino.

Cuatro días después de la masacre, el teniente Carías, comandante en Las Cruces, llevó tropas en camiones y tractores a Dos Erres. Saquearon los vehículos, propiedades y robaron a los animales. Luego quemaron la aldea.

Carías se encontró con los aterrorizados familiares de los desaparecidos. Algunos estuvieron lejos de Dos Erres ese día, otros vivían en pueblos cercanos. Acusó a la guerrilla del incidente.

Quién hiciera demasiadas preguntas, amenazó Carías, moriría.

PRUEBA VIVIENTE

Tras unas pocas semanas, la embajada estadounidense en Guatemala se había enterado de lo sucedido en Dos Erres.

Una “fuente confiable” les había dicho a los oficiales de la embajada que soldados disfrazados de rebeldes habían asesinado a más de 200 personas. Era el último de una serie de reportes recibidos en los que se culpaba a los militares por las masacres al interior del país. El 30 de diciembre tres oficiales estadounidenses fueron a Las Cruces, y las entrevistas realizadas a los locales levantaron más sospechas.

El equipo sobrevoló Dos Erres en helicóptero. El piloto de la Fuerza Aérea de Guatemala se negó a aterrizar, pero las casas quemadas y los campos abandonados eran una evidencia suficientemente clara de que se habían cometido atrocidades. En un cable diplomático excepcionalmente sincero enviado a Washington, los diplomáticos aseguraron que “lo más probable es que la entidad responsable de este incidente sea el Ejército de Guatemala”.

El gobierno estadounidense mantuvo el secreto hasta 1998. No se tomó ninguna medida contra el Ejército ni el escuadrón Kaibil. Los Estados Unidos continuaron apoyando a los gobiernos represores pero anti-comunistas de Centroamérica.

Tendrían que pasar catorce años hasta que alguien intentara hacer justicia por Dos Erres. En 1996, después de más de tres décadas de guerra civil, las hostilidades cesaron con un tratado de paz entre los rebeldes y militares de Guatemala. Ambos bandos acordaron una amnistía que exculpaba a los combatientes, pero permitía juzgar las atrocidades.

Existía, sin embargo, una duda considerable sobre si el nuevo gobierno sería capaz de llevar a juicio esos casos. Los perpetradores de algunos de los peores crímenes de guerra mantenían su poder en las Fuerzas Armadas o en mafias del crimen organizado que crecieron rápidamente. Los cárteles de droga reclutaron ex Kaibiles como sicarios e instructores.

La investigadora que se enfrentó a este peligroso encargo fue Sara Romero.

Romero era una mujer pequeña y tranquila al expresarse. Parecía más una oficinista o una profesora que una luchadora contra el crimen de primera línea. A sus 35 años era una fiscal novata. Se había graduado en la escuela de leyes el año anterior y había sido asignada a una comisión especial de derechos humanos en la Ciudad de Guatemala. Aunque los crímenes de guerra habían quedado sin resolver durante años, estaba decidida a continuar las investigaciones sin importarle los obstáculos. De otra forma, pensaba, la impunidad seguiría enquistada en la sociedad guatemalteca.

Se le asignó el caso de Dos Erres. Hubo cientos de masacres durante el conflicto y Naciones Unidas concluyó que el Ejército fue responsable de al menos el 93 % de las muertes. Además la ONU declaró que los asesinatos sistemáticos de indígenas podrían llegar a ser un genocidio.

Romero tenía poca información. Los militares insistían que el caso de Dos Erres había sido obra de la guerrilla. Gracias a la declaración de Gómez Hernández (vea la declaración), el sobreviviente que tenía 11 años durante la masacre, la fiscal supo que el Ejército había tenido algo que ver. Pero aún necesitaba más pruebas.

Después de un trayecto de ocho horas en autobús a la región en el norte del país, Sara Romero llegó a la escena del crimen. Un manto de silencio cubría las ruinas. Entrevistó a sobrevivientes que estuvieron fuera de la aldea el día de la masacre. La mayoría tenía miedo de hablar. Susurraban que temían la ira del teniente Carías, quien todavía seguía como comandante en Las Cruces. Sospechaban que él había orquestado el ataque al haberse enfrentado con los habitantes de Dos Erres.

Romero se dio cuenta que era difícil reconstruir hasta los hechos más elementales, como la identificación de las víctimas. Para realizar un censo, pidió a la que fue maestra de la escuela de Dos Erres, una lista de todos los niños y familiares que pudiera recordar.

Sin víctimas confirmadas ni testigos sólidos, Romero nunca podría resolver el caso. Pero encontró a una aliada: Aura Elena Farfán.

De aspecto digno, Farfán tenía el pelo gris y un carácter tan dulce como inflexible. Lideraba una asociación de derechos humanos en Ciudad de Guatemala para víctimas del conflicto. A pesar de las amenazas, había interpuesto una demanda criminal responsabilizando al Ejército de la masacre en Dos Erres. En 1994, había llevado con ella a un equipo voluntario de antropólogos forenses argentinos para exhumar los restos. (Ver acta de defunción de N.N.)

Los argentinos –con habilidades afinadas investigando su propia “guerra sucia”—trabajaron rápidamente y en condiciones riesgosas. El batallón en Las Cruces los acosó siguiéndoles y tocando música militar a muy alto volumen. La exhumación extrajo e identificó los restos de cerca de 62 personas, muchos de ellos bebes y niños.

Farfán pudo conseguir un gran logro para la fiscalía. A menudo daba entrevistas en la radio del Petén, donde invitaba a que los testigos se involucraran en el caso. Después de una de esas transmisiones, representantes de Naciones Unidas le avisaron que un ex soldado quería hablar sobre Dos Erres. Viajó a la casa del hombre, donde se presentó disfrazada con lentes oscuros, un sombrero rojo y un chal. Una representante española de la ONU seguía sus pasos para protegerla.

La puerta se abrió. Allí estaba Favio Pinzón Jerez, el ex cocinero robusto y con bigote del escuadrón Kaibil, desayunando con sus hijos. Después de su sorpresa inicial, recibió a Farfán.

Pinzón le contó que había dejado el Ejército y ahora trabajaba como chofer en un hospital. Nunca logró ser Kaibil de verdad. No aguantó el duro proceso de entrenamiento. Por ser un humilde cocinero fue maltratado por el resto de soldados de la patrulla Kaibil. Era el eslabón débil en el código de silencio de los guerreros. Dos Erres era un fantasma que le perseguía.

-Quería hablar con usted porque esto que tengo aquí en el corazón, ya no lo aguanto más -le dijo Pinzón a Farfán.

Le contó la historia de la masacre y le dio los nombres de cada miembro del escuadrón. La conversación duró horas. Farfán se sintió abrumada, con una mezcla de disgusto y gratitud. Fue incapaz de estrechar la mano del soldado, aunque vio que su arrepentimiento parecía sincero.

Poco después, Pinzón le presentó a Farfán otro veterano: César Ibáñez. La activista convenció a los dos hombres de testificar ante Sara Romero. Contaron sus historias fríamente, sin asomo de emoción. Habría sido imposible conocer los detalles de la masacre si los dos hombres no hubieran hablado, por lo que se les concedió inmunidad y fueron reubicados como testigos protegidos.

Los investigadores habían encontrado obstáculos y amenazas por parte del Ejército desde un principio. Ahora contaban con testimonios de primera mano que implicaban a la patrulla Kaibil en el crimen.

Había una nueva línea de investigación: el robo de los dos niños por el teniente Ramírez y Santos López Alonzo, el ex panadero de la unidad.

Romero pensó que encontrar a los dos muchachos era un punto crítico, un milagro. Debían conocer la verdad: vivían con las personas que habían asesinado a sus padres. Ninguna otra atrocidad de derechos humanos registrada contaba con este tipo de evidencia.

En 1999, Sara Romero y otro fiscal fueron a casa del panadero López Alonzo, cerca de la ciudad de Retalhuleu. Su oficina contaba con tan pocos recursos que no había apoyo policiaco ni armas. Romero tenía sus reservas por tener que enfrentarse a este militar con acusaciones tan graves. Sabía que los Kaibiles se jactaban de ser considerados máquinas de matar.

Cuando vio al soldado sentado en la entrada de su modesta casa, todos sus miedos desaparecieron. “Se le ve un hombre sencillo, un campesino humilde”, pensó.

Las fotos familiares en casa de López Alonzo confirmaron sus sospechas de que estaba en el lugar indicado. Era un maya de piel oscura y cinco de sus hijos se parecían a él. El sexto chico, llamado Ramiro, tenía piel blanca y ojos verdes.

-Mi hijo mayor tiene una historia muy triste -le dijo López Alonzo a la fiscal.

Confesó que tras la masacre se había quedado con Ramiro y lo había tenido viviendo en la escuela militar por tres meses. Trajo el niño a casa y a su esposa le contó que había sido abandonado (vea partida falsa de nacimiento de Ramiro). López Alonzo dijo que había enlistado a Ramiro, ya con 22 años, en el Ejército. Se negó a revelar la ubicación del chico. Cuando la oficina de la fiscal empezó a indagar, el Ministerio de Defensa le preguntó a Ramiro si tenía algún problema con la ley. En vez de cooperar, el Ministerio le movió de una base a otra.

Los investigadores estaban preocupados de que Ramiro se encontrara en un grave peligro si los militares se enteraban de que era prueba viviente de una atrocidad. Eventualmente, los fiscales lo encontraron y se lo llevaron. Ramiro les contó que tenía recuerdos de la masacre y del asesinato de su familia.

La familia Alonzo lo había tratado mal, declaró, lo golpeaban y lo usaban casi como su esclavo. Durante un episodio de ira, López Alonzo, borracho, le disparó con un rifle. Las autoridades le convencieron de que abandonara las Fuerzas Armadas y le ofrecieron asilo político en Canadá.

La búsqueda del otro joven fracasó.

Los fiscales averiguaron que el nombre del chico era Óscar Alfredo Ramírez Castañeda. Su presunto raptor, el teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos, había muerto ocho meses después de la masacre cuando dormía sobre un camión que transportaba madera para construir una casa. Murió instantáneamente cuando el camión volcó.

Una hermana del teniente fue interrogada en Zacapa en 1999 y confesó que Ramírez había traído el niño a casa a principios de 1983, alegando que Óscar era el hijo que había tenido con una mujer fuera del matrimonio. Los fiscales encontraron un acta de nacimiento pero ninguna evidencia de que la madre realmente hubiera existido. La hermana admitió que había oído que el niño era de Dos Erres.

Óscar había dejado el país para ir a Estados Unidos. Como su familia no quería ayudar en la investigación, Sara Romero se vio obligada a cancelar la búsqueda.

En el intertanto, los investigadores avanzaron en otras pistas. Habían identificado a varios ejecutores del escuadrón Kaibil. En el 2000, un juez decretó órdenes de arresto para 17 sospechosos de la masacre.

En medio de la realidad sofocante de Guatemala, los resultados eran decepcionantes. La policía no lograba llevar a cabo los arrestos. Los abogados de la defensa bombardearon al tribunal con documentos y apelaron a la Corte Suprema. El alegato de la contraparte fue que sus clientes estaban protegidos por leyes de amnistía, argumentos inexactos que estancaban las investigaciones.

Sara Romero se estrelló con el poder del Ejército. Parecía que la justicia se le escapaba, como lo había hecho Óscar.

(*) Con reportes por Habiba Nosheen, especial para ProPublica, y Brian Reed, This American Life

(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica.

NO SE PIERDA LA SEGUNDA PARTE Y FINAL: Buscando a Óscar II: La cacería de los Kaibiles y un final inesperado

Jonathan no tiene tatuajes

El cuarto alguna vez fue blanco. Es un cuadrado casi perfecto, tres por tres. La puerta es de metal, negra y maciza, como si se quisiera esconder algo valioso. La ventana, alargada y estrecha, con barrotes. Entra poca luz. El moblaje es mínimo, solo una camilla oscura con apoyabrazos y cinturones que permite suponer que aquí hubo muertos.

Las únicas tres condenas a muerte por inyección letal que se han ejecutado en América Latina se consumaron en esta salita de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Guatemala. Un tal Manuel Martínez fue el primero, el 10 de febrero de 1998. Además de autoridades, periodistas y un pastor evangélico, su agonía la vieron a través de un cristal renegrido la esposa –con quien había contraído matrimonio unas horas antes– y los tres hijos de la pareja. Una familia completa reunida en el Módulo de la Muerte para ver morir al padre condenado por un séptuplo homicidio.

Más de una década después, otra familia se reúne en el mismo lugar. La forman un pandillero llamado Neck –el rostro tatuado, 36 años de condena–, la esposa, la hija y Jonathan, el hijo que quiere ser como su papá. Como Pavón permite a las visitas quedarse el fin de semana, raro es el sábado en el que no duermen los cuatro sobre el mismo colchón en un cuarto contiguo al de la camilla.

Pero hoy es miércoles y Jonathan no ha venido. A esta hora, cuarto para la 1, debe de estar preparándose para ir a clases. Estudia quinto grado. Acaba de cumplir 13 años y ya le sombrea el bigotillo. Es un muchacho despierto, de mirada fija y locuaz, con una voz que le ha desarrollado más que el cuerpo. Su profesora dice que es muy bueno dibujando.

—Y vos que sos del Barrio –pregunto a Neck–, ¿no te llegaría que Jonathan también lo fuera?
—Preguntáselo a ella –señala con la mirada a su esposa–, a ver qué te dice.
—Es un problema que tenemos, porque a Jonathan le llama mucho la atención ser 18, igual que su papá. Incluso se pinta en las piernas el 1 y el 8.

Jonathan no tiene tatuajes.

*

Su ficha en la Dirección General del Sistema Penitenciario asegura que nació un día 13, en septiembre de 1979. Pero Neck no siempre fue Neck. Durante 13 años se llamó Erick Gerardo Vallecillo Alarcón, sin más, el menor de tres hermanos, hijo de una alcohólica llamada Blanca Inés y de un padre de cuyo nombre no quiere acordarse.

Neck nació sin tatuajes.

Su primera casa –hogar es demasiado cálido– estaba en Guamilito, un céntrico barrio de San Pedro Sula. Después de saber de lo que ha sido capaz, cuesta imaginarse a Neck con camisita celeste y pantaloncitos gris plomo, su uniforme en la escuela José Trinidad Cabañas. Cuesta imaginarlo como un niño que sumó y restó, rió, traveseó, beisboleó, soñó. Todo eso duró demasiado poco. En 1992 su madre murió. Su padre se alcoholizó aún más. Lo corrieron de casa. Y se tiró a la calle. Ya solo podía prosperar.

Erick Gerardo cayó en la colonia Francisco Morazán, la Mora. Allí estaba bien parada la pandilla Barrio 18, y no había cumplido los 14 cuando ya caminaba con ellos. Con los meses, afloró la fidelidad hacia los dos números, lo golpearon durante 18 segundos y lo rebautizaron: Neck.

La nueva vida ofrecía ventajas. Se movía dinero y el dinero movía todo lo demás: la comida, el alcohol, las prostitutas, la marihuana, el techo. Y había hermandad. Una vez cayó preso y un par de homeboys (compañeros de la pandilla) lo rescataron. Lo hicieron cuando lo trasladaban a pie hacia unos tribunales. Llegaron, cuadraron a los agentes y los amarraron con sus mismas esposas. Ni siquiera hubo que asesinarlos.

Problemas con la justicia fueron los que lo obligaron a dejar su hogar en San Pedro Sula. Siempre protegido por los dos números, durante dos años estuvo rebotando entre Honduras, El Salvador y Guatemala, donde en el año 2000 lo condenaron a 21 años de prisión por homicidio en grado de tentativa, robo agravado y amenazas. Los minutos se hicieron horas; y las horas, días.

El odio a muerte entre el Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) suena eterno, pero comenzó a inicios de los noventa. Ambas son de la zona sur del condado de Los Ángeles (Estados Unidos), ambas rinden tributo a la Mafia Mexicana, y ambas llevan con orgullo el número 13 que las identifica como sureñas. En esa su guerra fratricida, de hecho, ha habido treguas, como las que aún mantienen en las cárceles estadounidenses; entonces se dice que se corre el Sur. Pero Centroamérica es otra historia. El 15 de agosto de 2005 la Mara Salvatrucha extendió su guerra con el Barrio 18 a los únicos lugares de Centroamérica donde aún se mantenía el pacto de no agresión: los centros penales de Guatemala. Se rompió el Sur, y Neck lo vivió en carne propia en una cárcel llamada El Infiernito.

—Ese día solo los locos del Barrio fuimos los paganos, ¿mentendés?

A plena luz del día se le acercaron dos y con un cuchillo hechizo le abrieron el cuello y la cabeza una y otra y otra vez. Neck terminó siendo un número más en el balance oficial de 35 muertos y 80 heridos –casi todos dieciocheros– que resultó de ese primer día de guerra abierta.

Se recuperó a tiempo. El 22 de octubre 19 presos de El Infiernito se escaparon por un túnel de 120 metros que cavaron en 10 meses bajo el piso. Fue la fuga más sonada de la última década, en la que los fugados incluso dejaron escrito en la pared un mensaje para ridiculizar al Gobierno. Neck fue uno de esos 19.

El escándalo propició que se elaborara una baraja de cartas con los rostros y se repartiera entre los policías. A Neck lo recapturaron el 7 de noviembre en los suburbios de Ciudad de Guatemala.

—Ese día, ¿mentendés? Estaba así, impaciente por querer salir, y todavía le pregunté a una bicha: ¿no hay juras (policías)? No, me dice. Ah, entonces voy a traer el fusil (un AK-47). Yo llevaba 30 tiros, ¿va? para el AK, ¿mentendés? Porque lo tenía a cargo, ¿mentendés? Yo ahora he cambiado bastante, pero era del pensar de que no me iban a agarrar vivo, ¿mentendés? Porque laneta, si yo iba a morir, me iba a llevar a por lo menos tres o cuatro puercos conmigo, ¿mentendés? Pues sí, yo iba para la casa del homeboy, y como a media cuadra me cuadraron dos juras. Que si la hacen bien, si hubiera entrado en la casa, ahí hubieran encontrado no solo el AK, ¿mentendés? Y yo hubiera tenido una gran bronca encima, hasta con el Barrio, ¿mentendés?

De nada sirvió la baraja. A pesar de que estaba más cerca de los 30 que de los 20, la cédula que el Barrio le facilitó y su aire juvenil lograron que durante tres días uno de los más buscados permaneciera detenido pero anónimo en un centro para menores de edad. Cuando las autoridades al fin se enteraron de que era el Neck, hubo un motín para evitar el traslado. Lo tuvo que sacar el Ejército.

El balance de la fuga fueron 17 días de libertad, una mano huesuda tatuada en el rostro y un XVIII en la frente, 15 años más de condena por evasión y transporte de armas de fuego y una mal disimulada sensación de arrogancia.

Desde entonces está encerrado.

*

Jonathan es muy bueno dibujando. Le fascina, dice Silvia Henríquez Orozco, su profesora de quinto grado en la escuela pública donde estudia. Por lo demás, se le atragantan casi todas las materias, con frecuencia falta a clases, y cuando asiste raro es que no se le haya olvidado algún cuaderno. En julio lo cambiaron de grupo porque fotografió debajo de la falda de una compañera con un teléfono celular.

Los dibujos que hace no son paisajes ni flores ni familias felices ni santaclaus. Le gusta dibujar calaveras, letras y números góticos y una mano huesuda y con largas uñas que tiene el dedo índice extendido y los otros cuatro retorcidos para formar un ocho.

En la escuela Jonathan no saben que el padrastro es pandillero, que su condena concluye en el año 2036 y que esa mano huesuda que tanto dibuja es un íntimo tributo a Neck y a todo lo que representa.

*

Brigitte De la Hoz nació en 1981 hija de un policía y de Delmi Castro. Su padre es hoy apenas un recuerdo; murió cuando tenía 3 años. Su madre es poco más que una voz distante y unos dólares remesados; cuando enviudó, huyó hacia Estados Unidos. Sin padre ni madre, Brigitte y su hermana menor se criaron con una tía abuela a la que comenzaron a llamar Mamá Corina.

Su niñez la pasó en La Chácara, una colonia marginal donde el Barrio 18 tenía y tiene presencia, pero su sentimiento hacia los dos números se quedó nomás en la simpatía. Sin padres y con un carácter como el suyo, Brigitte se propuso tomar desde muy joven las riendas de su vida, y la consecuencia fue su maternidad precoz: con 15 años ya había parido a Jonathan; con 16, a Susana. Pero ni siquiera esto suavizó su temperamento, sus malas palabras, su propensión a la violencia. Mamá Corina, que es un pedazo de pan, cree que solo ella la aguanta.

—Solo yo la aguanto porque ¡ja! la Brigitte tiene un carácter…

La persona con la que se casó en 2007 también la aguanta, a su manera. Pero antes está 2006, un año convulso. Lo inició encarcelada. Había estado presa ya, otras cuatro veces, entradas siempre de menos de siete días. Esta vez fueron casi cuatro meses.

—¿Y por qué, si puedo preguntar?
—Porque le volé un pedazo de cabeza a una chava y le corté todo el cuello con un espejo.
—¿Y ella murió?
—No, gracias a Dios que no.

En marzo recobró la libertad. Pero al poco ella y Jonathan y Evelyn Susana y Mamá Corina tuvieron que dejar La Chácara. El cuñado de Brigitte asesinó a una persona y creyeron que irse era lo mejor. Se trasladaron a Chinautla, en la zona norte de la capital. Recién instalados supo del asesinato de la que era su pareja hasta entonces. El año no suspiró sin un nuevo ingreso en la cárcel, esta vez como visitante.

*

Neck y Brigitte se conocieron en el Preventivo para Hombres de la Zona 18 a finales de 2006. Ella llegó vestida de luto: falda negra, suéter negro. Acababa de morir su pareja. Su estancia en la cárcel obedecía nomás al deseo de acompañar a su hermana menor, que visitaba al padre de sus hijos. Neck y Brigitte cruzaron miradas.

Brigitte lo contará así:
—Llegamos al penal a ver a mi cuñado. Y cuando vi que él pasó… a mí sí me gustó desde que lo vi, y donde se dio la vuelta y le vi el tatuaje de la cara. ¡Ihhh…! Pero si es 18, sí ¿va? Y cabal, vi que era 18. Y en la misma me dijo mi hermana: mirá quién está ahí, el chavo de los tatuajes en la cara. ¿Y lo conocés?, le dije ¿Y no es el que salió en la tele, el que se hizo pasar por menor?, me dijo.

Neck lo contará así:
—El cuñado de ella la anduvo ofreciendo, que ya estaba soltera, ¿mentendés? Que iba a venir una cuñada a verlo, y al que más miedo tenían en el sector era a mí. Y llegó y dijo hey, que va a venir mi cuñada, va a venir mi cuñada.

Brigitte se convirtió en la haina de Neck. Así llaman en la pandilla a la pareja de un pandillero cuando ella no es miembro activo.

Pero cuando está delante de otras personas le dice esposa. Entendido. Porque ella es su esposa.

Neck y Brigitte se casaron en el mismo penal en que se habían conocido cuatro meses atrás. Sucedió el 14 de febrero de 2007. Los casó un pastor evangélico, en un día de visita.

—Ni cuarto nos dieron –dirá él.
—Ajá –asentirá ella.

*

Ingresar en Pavón resultó menos complicado que lo que creía. Apenas un registro superficial, sin escáneres ni perros ni aparatos de esos que se alteran cuando sienten el metal cerca. Podría haber entrado con un par de gramos de cocaína en el bolsillo y nadie se habría dado cuenta.

Hoy es un miércoles nublado de julio, día de visita. A este lado de la puerta principal hay pegados a las vallas un centenar de internos que esperan a una madre, a una esposa, a unos hijos. Detrás, a cien metros, están las oficinas administrativas, un edificio estirado y de una sola altura con una torre alta y acristalada a la mitad. Parece un aeropuerto de provincias.

Gustavo Cifuentes –pequeño, compacto, piel clara, pelo negro– saluda a diestra y siniestra. Gustavo es una de esas personas cuya biografía no cabría en un libro. Con 38 años encima, es un pandillero calmado del Barrio 18 al que todos conocen como Mish, su viejo nombre de guerra. Le entregó tanto al Barrio que pudo salirse de la pandilla sin bronca. Es generoso, extrovertido y le gusta bromear cuando está contento. Ahora trabaja para la Asociación para la Prevención del Delito (APREDE) y para el Ministerio de Cultura y Deportes. Desde esas dos trincheras lucha por un imposible: mejorar las condiciones de los conocidos que tiene dentro de los penales y evitar que los de afuera que están a un paso de convertirse en delincuentes lo den.

Sin Mish habría sido imposible conocer –conocer– a Neck.

Entre el gentío junto a la puerta de entrada reconozco la mano huesuda en el rostro debajo de una cachucha. Me acerco. Tiene cara de marido preocupado.

—Ahora no, carnal, que no quieren dejar entrar a… –su voz se aleja con él, que intenta buscar un mejor lugar para saber qué está pasando.

Afuera del penal, en la fila de entrada para las visitas, arranca un tumulto. Desde adentro comienzan los sueltalaijoeputa, los dejenlapasar. Parece como si se organizara un linchamiento. El detonante resulta ser Brigitte, que ahora grita con lágrimas en los ojos, sin saber contra quién descargar su furia.

Hace unos minutos, cuando bajaba del taxi que la trajo, vio que se llevaban detenida a su hermana menor porque en el registro le habían hallado unas botellas de alcohol. Iracunda, se abalanzó como una leona sobre la agente que la escoltaba y le lanzó un manotazo en el rostro. Tuvieron que detenerla entre tres custodios. Por ese arrebato luego no querían dejarla entrar.

Pero la visita se respeta en Pavón, es sagrada, y desde adentro se ve lo que ocurre en la fila de ingreso; por eso arrancó el tumulto, que solo se calma cuando permiten el ingreso de Brigitte y de todo lo que trae: comida, una mesa playera y unas sillas verdes de plástico.

Cuando más tarde la veo, sigue preocupada por lo de su hermana. Es la primera vez que nos saludamos y que puedo mirarla con detenimiento. No es muy alta y tiene el pelo y los ojos de un negro intenso. Carga unas libras de más, pero las mueve con sensualidad, como una buena bailarina de samba; tiene 28 años y la redondez aún le sienta bien. Ahora viste jeans y unas botas altas con tres dedos de tacón. Va escotada, una o dos tallas menos en el brasier, para que se vea bien su nombre tatuado en su pecho. Para Neck, Brigitte es la mujer más bonita del mundo.

Ha venido sola, sin Jonathan.

*

Juan Francisco Escobar está sentado en una silla fuera del cuarto en el que duerme. Es un tipo enorme, con barba, el pelo amarrado y largo. Antes de dedicarse al narcotráfico había sido paracaidista, de las fuerzas especiales. Escobar juega con un mapache, su mascota. Lo enrabia, lo agarra con su manota por el cuello y lo agita como si fuera un trapo. Se llama Tuco. Dice que los mapaches son buena compañía, que ayudan a sobrellevar, que los consigue en un plis-plas cuando tiene un comprador.

—Si querés uno, te lo vendo por 100 quetzales (unos 12 dólares). Los estoy dando por 150 o 200, pero a ti te haría precio. Dame 100 ahora y te lo tengo para cuando vengás.

Estamos dentro de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.

La revista Gatopardo publicó un artículo sobre Pavón en marzo de 2007. El llamado de portada era “La prisión donde mandaban los presos”. Así, en pasado. La nota narraba cómo a finales de 2006 más de 3,000 policías y soldados con tanquetas, ametralladoras y helicópteros ejecutaron el Operativo Pavo Real. El Gobierno vendió la idea de que todo regresaría a su cauce, de que Pavón volvería a ser un penal en el que las autoridades autorizan y los presos obedecen. Fue todo un golpe de efecto. Su promotor, el director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, oficializó pocas semanas después su candidatura a la Presidencia. Como consecuencia de la avalancha mediática orquestada que acompañó al operativo, Pavón conserva aún hoy una imagen de que el Gobierno tiene el sartén por el mango. Nada más lejos de la realidad.

Comparada con otras cárceles, Pavón es generosa con sus internos: sus cifras no indican hacinamiento, disponen de una radio interna, de talleres y tierras de cultivo, y se permiten visitas tres días por semana, con posibilidad incluso de que los familiares se queden los sábados. Los presos caminan a sus anchas y hay decenas de tiendas de comida, billares, milpas, un auditorio y una cancha de fútbol. También hay una regla no escrita que compromete a asesinos, narcotraficantes y violadores con una máxima: la visita se respeta. El resultado de ese orden, impuesto por los propios internos, es un aparente clima de tranquilidad.

—Hay muchas mujeres que cuando vienen de visita se ponen las joyas al entrar y se las quitan al salir –dice satisfecho Noel de Jesús Beteta, uno de sus internos más famosos.

Pero de esa sensación a que el Estado tenga absoluto control hay un abismo. En los tres días que pude ingresar, además de que me intentaran vender un mapache, presencié consumo de marihuana y crack, me invitaron a tomar chicha, y comprobé que disponer de un teléfono celular es tan sencillo como tener un cepillo de dientes.

*

Está endiabladamente bien hecha y es como un imán. Se la mandó tatuar como mecanismo de defensa, para que no lo reconocieran cuando se fugó de El Infiernito. Por más que uno lo intente, cuesta dejar de mirar esa mano huesuda con forma de 18 tatuada en la cara. La tiene en su lado derecho. Nace de la yugular y se extiende sobre su pómulo con textura, profundidad y detalle. El dedo índice llega hasta encima de la ceja; y el dedo gordo, hasta los labios. Alguien podría considerarla una obra de arte, pero para él es una condena a ser inconfundible, a ser dieciochero a perpetuidad. Neck es un hombre pegado a una mano huesuda.

—¿Y tiene algún significado especial?
—Mala suerte, ¿mentendés? –responde, una manera de decirme que deje de preguntar, que no conviene hablar de los tatuajes.

Pienso en que Jonathan debe de dibujar realmente bien, como dice su maestra, si es capaz de replicar esta mano huesuda en sus cuadernos.

Hace más de una hora que los custodios nos encerraron en el Módulo de Aislados de Pavón, el sector en el que están algunos de los prisioneros más peligrosos y/o inadaptados de todo el penal. Casi todos son del Barrio 18 o de su entorno. Mish se ha echado a dormir, y ahora estoy con Neck y Brigitte sentado alrededor de la mesa de plástico verde. Ella pregunta la hora –faltan minutos para mediodía–, y pide permiso para levantarse y comenzar a preparar la comida. Al poco regresa, y deja un repollo sobre la mesa, justo delante de Neck.

—No me lo vayas a deshojar todo –eleva la voz Brigitte, y sigue con lo suyo sobre una repisa que le sirve de mesa de cocina.

Neck me ofrece otro vaso de naranjada, y continúa con su vida. La conversación está resultando amena y fluida, como si agradeciera el simple hecho de que alguien se haya molestado en preguntar. Decide liarse un puro. Conseguirlos aquí adentro es tan sencillo como disponer de 2 quetzales (US$0.25). Lo ofrece. Neck conserva ese rasgo de ruralidad que lo empuja a uno a compartir lo que tiene, por poco que sea.

—…entonces tiré el cuete (arma), ¿mentendés? –divaga Neck.
—Mirá, Gordo –interrumpe Brigitte, casi un grito–, necesito aquel traste verdecito, porfa. Ah, y me traés una cebolla también, porfa.
—Va.
—Una así –extiende sus dedos–, más o menos, porque va a servir para la ensalada y para el chirimol.

Lo llama Gordo nomás por molestar. Neck mide en torno al metro setenta y cinco, pero es delgado como cebollín. Si dejamos a un lado los tatuajes, es bien parecido, un cazador. Tiene una cara simétrica, imberbe, la sonrisa como gesto dominante y de cada una de sus orejas cuelga un arete. El pelo le gusta llevarlo corto, lo justo para tapar las marcas en su cabeza. Su cuello está también surcado por cicatrices y en el brazo derecho tiene un balazo calibre 22. Pese a sus 30 años de vida y 10 en prisión, conserva un aire adolescente en su mirada, en su vestir y en su caminar.

—…pues ese día –retoma la plática y el repollo cuando regresa con el traste– perdimos una nueve milímetros, una Baby Glock, ¿va? Porque uno cuando…
—¡Todo me lo deshojaste ya, vos! –grita Brigitte, el enojo en la mirada– ¡Medio repollo vamos a hacer!

Neck calla y me mira cómplice, como pidiéndome disculpas. No replica. Se levanta y sale a buscar la cebolla.

*

Los internos lo conocen como el Módulo de Aislados o simplemente el Módulo. Se trata de la estructura que el Gobierno de Guatemala construyó en 1997 para aplicar la inyección letal. Además del cuarto cuadrado tres por tres con la única camilla para inyecciones letales de América Latina, se construyeron una serie de salas adicionales: una amplia y acristalada para presenciar la ejecución; otra para que el reo pasara sus últimas horas; otra más como confesionario; otra chiquita para el verdugo… Y como si se avergonzaran, lo edificaron alejado de todo, en una esquina de Pavón, y lo rodearon con un muro gris de siete metros de altura. Entre 1998 y 2000 ejecutaron a tres: Manuel, Luis Amílcar y Tomás. La estructura luego cayó en desuso hasta inicios de 2008, cuando se rehabilitó para volver a recibir a condenados a muerte. Se pintó y se reacondicionó, pero la aplicación de la pena máxima volvió a congelarse. Entonces, alguien tuvo la idea de convertirlo en el lugar de confinamiento para presos problemáticos.

Para ingresar al Módulo hay que llamar a los custodios que están en la entrada del penal, a más de cien metros. Llegan, abren la puerta, se entra, ellos se van y cierran la puerta con llave. Mish es bien recibido aquí porque casi todos son del Barrio 18, como él, y por cosas como esta: cuando ayer vinimos por primera vez, trajimos cuatro gallinas vivas. Despescuezaron de inmediato a dos para el almuerzo.

De los diez que están estos días de julio solo cuatro pueden salir y moverse por el resto de Pavón. Neck es uno de los privilegiados. Por eso y también por las visitas constantes. Rara es la semana en la que Brigitte no llega al penal tres días. Los hijos, Jonathan y Evelyn Susana, llegan los fines de semana.

—¿Y qué haces con tu familia cuando te visita?
—Salimos –dice Neck– y vamos arriba, al campo, jugamos un cacho, hacemos algo de comer… Y nos venimos a dormir ya un poquito tarde, para que no se aburran tanto aquí adentro, ¿mentendés?

Una familia se esfuerza por tener vida al interior de este edificio que el Estado guatemalteco construyó para matar.

*

Huele a carne frita, suena a carne friéndose. Brigitte cocina en el pasillo. Lo hace sobre una resistencia eléctrica incrustada en medio bloque de concreto. Neck continúa hablando, sentado y con los brazos cruzados, en este cuarto del Módulo que hace las veces de vestíbulo. Ya me ha convencido con creces de que los delitos por los que está condenado son una fracción mínima de todo lo que ha hecho en su vida.

—Por decírtelo así, no te pueden comprobar nada, ¿mentendés? ¿Cómo te lo van a comprobar si no te han encontrado en el hecho?

Brigitte llega con un pequeño plato blanco en su mano, y sobre el plato, una moronga humeante. Por la cara que pone Neck debe de ser uno de sus platos favoritos. Brigitte se sienta a la par de su esposo, le sujeta la mano que no usará para comer, y se la comienza a acariciar. Pregunto si han pensado en tener algún hijo. “En esas vueltas ando”, dice Neck, la boca llena. Si de elegir se trata, prefiere que sea varón, como Jonathan.

De la nada aparece Mish. Se apoya en el vano y se dirige a Neck.

—Llecuneva hocunoras encerracunado, ¿no puecuneden sacunacar a Cocunoco un racunato?
—No, no… No. Ahí que se quede, carnal. El vato ahí que se quede, mucha plancha ya.

Mish no insiste. Da media vuelta y desaparece rumbo hacia las celdas. Ante mi gesto de desconcierto, Neck explica que con esas palabrejas le ha pedido que dejen libre un rato a Coco, uno de los internos del Módulo al que los demás han encerrado bajo llave. Los pandilleros operan aquí adentro igual que afuera, con rígidas normas de disciplina interna.

Brigitte, sin ser pandillera activa, también ha entendido todo lo que dijo Mish.

La jerigonza se la volveré a escuchar en distintas situaciones durante los próximos días. Se trata de un sistema de comunicación entre pandilleros, compartido por dieciocheros y por salvatruchos, que garantiza intimidad en presencia de oídos extraños. Más preocupante que conocer o no lo que dicen, pienso, es el hecho de nunca antes haber tenido referencia alguna sobre este sistema, ni en libros o investigaciones supuestamente especializadas. Me pregunto cuánto se han molestado las sociedades centroamericanas en conocer el fenómeno de las maras.

Parecunece que pocunoco.

*

Las noches que Brigitte pasa separada de su esposo transcurren en Tierra Nueva I, una colonia en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Pertenece al municipio de Chinautla, pero está más volcada hacia Mixco. Ahí vive desde hace tres años junto a sus hijos y a Mamá Corina.

La colonia no tiene mayores secretos. Es una carretera principal asfaltada y decenas de calles polvosas que salen de forma perpendicular y que lo llevan a uno a la escuela, al estadio de fútbol, al mercadito. A ambos lados de cada una de esas arterias, una casa tras otra, de bloque y tejado de lámina la mayoría, sin parques, sin árboles. La escuela de parvularia tiene en su muro un gran mural que dice En el alma del niño sembramos las doradas semillas del bien. Pero a pesar de esta siembra, Tierra Nueva I, como casi todo Mixco, es tierra de pandillas. Y Jonathan tiene 13 años.

—¿Y está fuerte el Barrio en Tierra Nueva? –pregunté a Brigitte.
—Sí, pero gracias a Dios mis hijos no salen a la calle. De la escuela para la casa; y cuando no, en la casa de su tía pasan.

Mamá Corina tiene 81 años, el pelo blanco como la espuma y lucidez de sobra. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero intentó criar a Brigitte y su hermana, y ahora hace lo propio con Jonathan y su hermana. Mamá Corina desde hace años mira a su alrededor, y en su propia casa se siente como la última de una estirpe.

—Antes no era así. Mi papá jamás –y remarca el jamás– trató mal a mi mamá. Cuando murió, mi mamá mi dijo que fue un hombre que nunca le dijo ni babosa.

Ahora se queja de que Brigitte es muy enojada, de que levanta seguido la mano a sus hijos, de que Jonathan pega a su hermana, de que la hermana pega a Jonathan…

Los cuatro viven hacinados en un condominio. Alquilan por 500 quetzales (US$60) al mes una pieza sin ventanas de apenas 5 por 4 metros. El baño es compartido con los vecinos. Las celdas del Módulo son más grandes que el cuarto en el que viven.

*

—No confío en nadie. He visto a muchos compadres asesinar a sus mismos compadres, ¿mentendés? Por una mujer, por varas, por vicio… Incluso adentro del Barrio ya no confío en nadie, ¿mentendés? Porque hasta tu homeboy… Si vos vas para arriba, ¿mentendés? Existe aquello de… ¡la maldita envidia! ¿Mentendés?

Es lo que me respondió Neck hace un rato, justo antes de sentarnos a almorzar. Le había preguntado si no tiene algún homeboy al que considera un buen amigo.

Su familia es desde hace meses el único pilar emocional para sobrellevar el encierro, aunque quizá no sea él quien más se esté beneficiando de la relación. Brigitte ha conseguido una figura paterna para sus hijos, sobre todo para Jonathan. Neck se ha convertido en un referente al que escucha y al que llama papá cuando no tendría por qué hacerlo. Hay sintonía.

Brigitte lo cuenta mientras recoge platos después del almuerzo. Se calla cuando aparece en el Módulo el director del penal, David Barillas, que asumió el cargo hace un par de meses. Tiene 37 años, pero parece mayor, quizá por su evidente sobrepeso. Es moreno y viste informal: camisa de botones, pantalón, tenis. Lo acompaña un joven agente uniformado y de gesto serio del Sistema Penitenciario.

Mish aprovecha para proponer una idea: que la dirección permita a los internos del Módulo montar una pequeña granja de conejos. Neck y Brigitte tienen su propia propuesta: instalar un puesto de venta de comida arriba, junto al resto de puestos. Brigitte cocina realmente rico, de eso se gana la vida. El director Barillas escucha con aparente atención, asiente y les invita a que envíen las propuestas por escrito, una manera elegante de evadir el tema.

En unas semanas tendré la oportunidad de preguntar al ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio, si cree en la rehabilitación. Responderá como un político: “Si bien es cierto que el porcentaje de personas que logran una reinserción social completa es bajo, todos los reclusos tienen el derecho a la oportunidad de rehabilitarse para retomar su puesto en la sociedad productiva y así mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias”. Retomar su puesto en la sociedad, dice.

Salimos del Módulo con el director Barillas poco antes de las 2 de la tarde. El matrimonio se queda adentro. A ella espero verla mañana en Tierra Nueva I, pero sé que pasará tiempo hasta que vuelva a ver a Neck.

*

Han transcurrido más de seis semanas desde mi última visita al Módulo. Aquí adentro ha habido cambios. La milpa que rodea el edificio está pidiendo ser doblada y junto a la entrada hay una mata de güisquil que florea. Ya no son 10 sino 13, y el aumento ha obligado a ocupar como dormitorio el cuarto cuadrado tres por tres de las inyecciones. A la camilla le han arrancado la parte acolchada para ablandar el suelo sobre el que uno de los nuevos duerme.

En el penal el director ya no es David Barillas.

También encuentro distinto a Neck. La mano huesuda sigue en su sitio, cautivadora siempre, pero él luce demacrado, el pelo más largo y desordenado, los ojos hinchados como solo los hinchan las lágrimas o el crack. Parece incluso más bajo, más poca cosa.

Me pide que le describa cómo es Tierra Nueva I. Él no conoce las calles por las que a diario caminan su esposa y sus hijos. Hablamos sobre Jonathan, sobre la visita a su escuela, sobre los dibujos que escandalizan a su profesora. Resuenan las palabras que Brigitte dijo en la visita anterior: él le hace ver a Jonathan todas las consecuencias que trae ser pandillero.

—¿Y qué tipo de consejos le das? –pregunto.
—Que no ande con gente que anda tatuada, que no ande con gente que sabe que roba…

Neck baja la mirada, se empequeñece, consciente quizá de que su siguiente frase debería ser: “Que no ande con gente como yo”.

—A él le digo que como persona se tiene que desarrollar, ¿mentendés? Tiene que aprender a hablar y a expresarse.
—¿Y qué te gustaría que fuera de mayor?

Neck calla un par de segundos, tres, cuatro. Baja la mirada de nuevo. Al fin responde que le gustaría que Jonathan se convirtiera algún día en médico o en arquitecto. Pero su respuesta me suena improvisada y hueca, como si nunca antes nadie le hubiera preguntado algo parecido, como si nunca antes hubiera pensado que existe un futuro.

Galería Fotográfica:

*Fotos: Donna De Cesare.

* Los nombres de algunos personajes y lugares de este relato se han modificado por razones de seguridad.
* Esta crónica es parte de un proyecto coordinado por la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil con el auspicio de Cordaid.