La caída del PRI

Solo dos rostros exhibe el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) para disputar cupos en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera: Alejandra Bravo y Eduardo Salas. Ambos  conforman una dupla que en el último año multiplicó sus esfuerzos para intentar ganar espacio en la coalición del nuevo oficialismo.

El resultado de la última elección parlamentaria frustró esa ambiciosa apuesta. En la noche del domingo 19 de noviembre el veredicto de las urnas evidenció la casi nula convocatoria del PRI. De los diez candidatos que presentaron a la Cámara de Diputados, no lograron elegir a ninguno y sus votos representaron el 0,66% del total nacional.

Alejandra Bravo y Eduardo Salas fueron sus principales cartas: Bravo obtuvo un 3,39% en el Distrito 8 (resultó quinta entre los candidatos de derecha) y Salas recibió el 2,4% en el Distrito 24. Ambos son pareja. Ella es la presidenta del PRI, y Salas el secretario general.

No sé sabe cuánto influyó en la decisión de voto de los ciudadanos el cuantioso financiamiento ilegal que el PRI y sus dirigentes recibieron de Soquimich y el Grupo Angelini y que terminó con su entonces presidente, Humberto de la Maza, condenado. Del aporte financiero ilegal tampoco se escapan sus actuales dirigentes. Y en el caso de Eduardo Salas, a ello se suma el plagio de los informes que entregó a la justicia para intentar justificar esos pagos.

Elaboración propia a partir de datos del Servel
Elaboración propia a partir de datos del Servel

A pesar del éxito electoral que alguna vez logró el PRI cuando un sector de los “colorines” de la DC rompió con la Falange para integrarse a sus filas, hoy es un partido al borde de la extinción. Sin peso electoral y con el triste récord de haber tenido el primer presidente de partido condenado por financiamiento político ilegal, el PRI arriesga sumar otro poco honroso título: ser un intento fracasado de quebrar a la DC por la derecha.

OPERADORES DEL PRI PAGADOS POR SQM

El PRI se armó en las oficinas de SQM”. Corría julio de 2015 cuando la senadora Lily Pérez se lanzó contra el PRI en una entrevista con la radio de la librería Qué Leo. Y lo hizo justo cuando el PRI era presentado como el nuevo integrante de Chile Vamos, la coalición de derecha con cuyo respaldo Sebastián Piñera intentaba regresar a La Moneda.

Resulta que ahora este señor Humberto de la Maza, con $100 millones de Soquimich o más, el señor (Eduardo) Salas, secretario general, también por las mismas, con sueldos millonarios pagados por Soquimich, el ex senador Adolfo Zaldívar, fundador del PRI, que falleció, también; entonces eso es el PRI: un grupo de operadores políticos pagados por Soquimich”, acusó Lily Pérez.

En rigor, el PRI no se armó en las oficinas de SQM, pero sí es uno de los partidos políticos cuyos dirigentes aparecen más involucrados con los pagos ilegales de las grandes empresas a la política. Y no solo de SQM. Los dirigentes del PRI también recibieron abultadas cifras desde empresas del Grupo Angelini.

El actual secretario general del PRI, el abogado Eduardo Salas, recibió $74 millones desde SQM, pagos que la minera rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), aduciendo que no contaban con el respaldo para ser considerados válidos. Aun así, Salas negó el ilícito. Ante el SII y también en la Fiscalía declaró que él sí prestó servicios a la minera. Incluso entregó informes que avalarían su declaración.

Los pagos irregulares que Salas recibió de SQM datan de 2010 a 2012.  Por ello, cuando Salas declaró ante el SII y la Fiscalía su inocencia, entregó los documentos originales que respaldaban su asesoría. Y afirmó que todos ellos fueron elaborados en ese mismo periodo.

CIPER revisó esos informes y se encontró con dos sorpresas. La primera, que la casi totalidad del contenido de esos documentos es un plagio de internet. Y lo que es más grave, nuestra indagatoria descubrió que parte de la información que él copió y exhibió ante las autoridades, data de 2013, es decir, fueron publicadas con posterioridad a la fecha en que recibió los pagos de la minera (entre 2010 y 2012).

SALAS COPIÓ MAL

Ante las autoridades fiscalizadoras Eduardo Salas dijo que Adolfo Zaldívar le encargó trabajos para SQM, y que el ex senador no recibió un peso por esos encargos. Todo el dinero –aseguró- fue para su bolsillo. En esa misma declaración, Salas debió reconocer que no conoció a nadie de SQM ni que tampoco había estado en sus oficinas. En total, dijo haber realizado, al menos, cuatro informes para la minera.

CIPER accedió a esos informes. “Relaciones sociales y etnicidad en el espacio Aymara en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá”, se titula el primero de los informes que Salas entregó a la Fiscalía para intentar probar que los pagos de SQM correspondían a trabajos efectivamente realizados. Es un plagio de inicio a fin. La primera parte es una copia fiel de la tesis de Sergio Avendaño Pinto para optar al grado de magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización (Universidad de Chile). El plagio es tan burdo que la única modificación que Eduardo Salas hizo a la tesis de Avendaño fue cambiar la referencia a Antofagasta por la de las regiones de Arica y Tarapacá. Hasta los objetivos generales y específicos están plagiados.

Eduardo Salas, secretario general del PRI
Eduardo Salas, secretario general del PRI

Luego el dirigente del PRI copia varios párrafos de la “Guía de Antecedentes territoriales y culturales de los pueblos indígenas de Chile”, documento elaborado por la Dirección General de Obras Públicas en enero de 2012. Este dato es clave. Salas declaró al SII que estos informes sobre pueblos indígenas fueron entregados en varias partes a SQM entre enero de 2010 y enero de 2011. Eso es imposible: uno de los informes que ocupó para construir su documento plagiado se elaboró recién un año después (2012).

Otra prueba. Hay un tercer texto que Eduardo Salas plagió. “Los aymaras del norte de Chile entre los siglos XIX y XX. Un recuento histórico” es un artículo de Alberto Díaz Araya para la revista Atenea, de la Universidad de Concepción, que se publicó en 2013. Es decir, dos años después de que el dirigente del PRI hubiera supuestamente entregado el mismo texto a SQM. Salas mintió, y mintió mal.

Otro texto de 2013 que plagió fue “Grupos de descendencia y propiedad de la tierra aymara en el altiplano del extremo norte de Chile (Región de Arica y Parinacota)”, de Cristhian Cerna, Shirley Samit e Ignacio Fradejas García, publicado en la revista Austral de Ciencias Sociales.

Salas declaró ante los fiscales que este informe se entregó en tres partes (junio y octubre de 2010 y marzo de 2011), y que “por ese concepto yo recibiría una remuneración líquida de alrededor de $39 millones. No hubo contrato escrito, solo consensual”. Luego, según el mismo Salas, SQM le solicitó, a través de Zaldívar, dos informes más por los que se le habría pagado un monto adicional.

CIPER también accedió a esos otros informes. “Configuración de los territorios, el rol de las empresas, en una visión multiescalar del desarrollo” (15 páginas), es un informe teórico respecto de la globalización donde casi todo está plagiado. El primer párrafo de la introducción está copiado textualmente de “El palimpsesto de la ciudad” de Jahir Rodríguez, autor al que no cita en la bibliografía incluida en la parte final del documento.

El desarrollo del texto es un parafraseo de “La geografía escalar del capitalismo actual”, de Sara González, investigadora de la Universidad de Newcastle. De allí Salas rescató sus citas e ideas centrales. Pero hay otros plagios. Los primeros párrafos del segundo subtítulo (“La importancia de los actores locales y su identificación”) están copiados de “Apuntes del docente”, de las profesoras Paulette Landon y Ximena Arizaga, del diplomado “Políticas sociales, desarrollo y pobreza” que imparte la Universidad Alberto Hurtado para profesionales de la Fundación Para la Superación de la Pobreza. A ellas tampoco las cita en su bibliografía.

Hay más. En ese mismo segundo subtítulo hay varios párrafos plagiados del libro “Recursos territoriales y geografía de la innovación industrial en España”, de José Luis Alonso Santos, Luis Javier Aparicio y José Luis Sánchez. No están citados.

Desde un inicio los representantes de SQM desconocieron la veracidad del supuesto trabajo de Eduardo Salas. Por ello, los $74 millones que le pagó fueron rectificados ante el SII.

Consultado por CIPER, el actual secretario general del PRI envió por correo electrónico su respuesta:

“Hace más de dos años y medio declaré ante el SII y el Ministerio Público (tengo copia de ambas declaraciones) y quedó clarísimo que yo trabajé y que no incurrí en irregularidad alguna, por eso dicha situación no prosperó en la causa. Llevo 30 años ejerciendo mi profesión como abogado tanto en el sector público como privado, he realizado cientos de informes, estudios y análisis conforme a mis capacidades profesionales que están en el ámbito del derecho público y privado, el desarrollo regional, los derechos humanos, los pueblos originarios que implican también investigaciones en el campo de otras ciencias sociales y diversas fuentes, y jamás he cometido plagio alguno”.

UNA HISTORIA OSCURA

Los ilícitos en los que habría incurrido Eduardo Salas no son historia nueva para el PRI. Su primera diputada electa fue Marta Isasi, quien está a punto de enfrentar el juicio oral por los pagos ilegales que recibió de Corpesca (pesquera del Grupo Angelini) mientras esa misma empresa le enviaba instrucciones respecto de cómo votar los artículos de la cuestionada Ley de Pesca de 2012 (ver reportaje de CIPER).

En 2008 aterrizaron en sus filas un puñado de ex militantes DC, encabezados por el fallecido Adolfo Zaldívar. Luego de su llegada, el partido fue virando hacia la derecha. La indagatoria del financiamiento ilegal de la política ha ido revelando cómo en paralelo a ese viraje, grandes empresas giraban millonarias sumas a las cuentas de militantes del PRI. Varios de ellos ya reconocieron ante la Fiscalía que se trató de pagos políticos.

Uno de sus principales dirigentes involucrados fue Humberto de la Maza, quien debió renunciar a la presidencia del PRI luego de ser el primer condenado por delitos tributarios en la investigación del financiamiento ilegal de la política desde SQM. Pero los dirigentes del PRI involucrado son muchos más.

Humberto de la Maza, ex presidente del PRI
Humberto de la Maza, ex presidente del PRI

Otro de los pagos rectificados ante el SII y por el que Eduardo Salas debió declarar ante la Fiscalía fue del Grupo Angelini. Desde Inversiones Siemel, Salas recibió $5,5 millones en noviembre de 2010, cuando el dirigente ya estaba instalado como asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno de Piñera.

Son varios los nombres asociados al PRI que recibieron dinero de empresas del Grupo Angelini, las que rectificaron esos montos ante el SII, reconociendo que se trató de pagos que no tenían respaldo en trabajos ejecutados.

Copec, otra de las empresas del grupo, le hizo cinco giros por un total de $27 millones al yerno de Humberto de la Maza, Marcelo Peñaloza Villalobos (entre 2012 y 2013). El mismo Peñaloza recibió otros $21,5 millones desde Arauco, el holding forestal de los Angelini.

Peñaloza reconoció ante la Fiscalía que esos $48,5 millones de Copec y Arauco se obtuvieron gracias a la emisión de boletas falsas: “Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

La familia de Peñaloza también se involucró en la tarea de emitir boletas falsas. Su hermana Marcia reconoció en su testimonio judicial haber emitido cinco boletas: cuatro a SQM y una a Copec. Esta última por $5,5 millones en noviembre de 2013.

Otra dirigenta del PRI, Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama durante el primer gobierno de Michelle Bachelet), recibió $5,5 millones desde Siemel en octubre de 2010.

El detalle de los pagos políticos al PRI ya fue publicado por CIPER en mayo de 2016. En el reportaje “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini” se detalla:

María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. Entre 2012 y 2014 María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI”.

Su testimonio fue clave para reconstruir la ruta que seguía ese dinero: se usó para financiar a los candidatos del PRI. A los fiscales, Correa Lasa les dijo que junto a su tío (Humberto de la Maza) distribuyeron las platas entre militantes de la colectividad. Para probar sus dichos, María Fernanda entregó al Ministerio Público copia de las transferencias electrónicas respectivas.

CONEXIÓN ZALDIVAR-ANGELINI

Diversas fuentes del PRI consultadas por CIPER coincidieron en que el contacto con el mundo de las grandes empresas era patrimonio del fallecido Adolfo Zaldívar.

-Del financiamiento del partido que venía de entes privados siempre se preocupó, y celosamente, Adolfo con la ayuda de su asesor personal -aseguró a CIPER un ex presidente de la tienda.

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que pasó en el PRI después del fallecimiento de Adolfo Zaldívar con las platas que venían del Grupo Angelini y SQM: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto con las empresas. Después, el partido se financió con la plata del Servel y no sé de dónde más”.

Adolfo Zaldivar (fuente: Biblioteca del Congreso)
Adolfo Zaldivar (fuente: Biblioteca del Congreso)

El lazo entre los hermanos Zaldívar y los Angelini es de larga data y lo describió el propio patriarca del grupo, Anacleto Angelini (ya fallecido), ante la justicia.

Angelini declaró a comienzos de 2003, a raíz de la querella que los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar presentaron contra Marcel Claude por “injurias”, luego de que el economista dijera que el que ambos senadores no se inhabilitaran en la tramitación de la Ley de Pesca de 2002, era “otro caso de corrupción”, ya que ambos tenían intereses en la industria pesquera.

En su testimonio judicial, el fallecido empresario explicó:

“Me asocié con Jara y De la Sotta, corredores de bolsa, los cuales me hicieron préstamos para diversas actividades empresariales. Este señor De La Sotta era generalísimo de Eduardo Frei Montalva, esto fue en el año 1958, por lo cual conocí a muchas personalidades de la Democracia Cristiana, sobre todo a doña Josefina Larraín de Zaldívar, madre de los hermanos Zaldívar (…) Ella dirigía varias fundaciones de ayuda a los más necesitados y, por ello, siempre pedía mi colaboración (…) desde hace muchos años mantengo una amistad con Felipe Zaldívar Larraín (quien fue gerente general y presidente de Eperva, accionista de Corpesca, el holding pesquero de Angelini)”, según publicó en 2006 La Tercera.

En esa misma declaración, Anacleto Angelini señaló que Andrés Zaldívar tenía acciones en esa empresa, aunque minoritarias. Agregó que también conocía a Javier Zaldívar Larraín, quien había sido consultor en la Sociedad Nacional de Pesca. En el momento de la declaración, inicios de 2003, el hijo de Felipe Zaldívar (sobrino de los senadores) era el gerente comercial de Corpesca. Angelini también mencionó a otro hermano de los senadores, Rodrigo Zaldívar (fallecido), quien fue “representante por muchos años de las sociedades Eperva, que producían aceite, que vendían a terceros”.

Cuando en diciembre de 2007 Adolfo Zaldívar fue expulsado de la DC, casi toda su familia se fue con él. El senador Andrés Zaldívar fue la excepción. Pero cinco de sus hermanos se sumaron al éxodo, incluyendo a Felipe, el ejecutivo de los Angelini. De hecho, la familia publicó una carta en El Mercurio el 27 de enero de 2008 explicando los motivos de su renuncia.

Las platas que recibió el PRI de SQM también fueron millonarias. CIPER hizo una recopilación de esos pagos en el reportaje “Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos”: $20 millones para Adolfo Zaldívar, $45 millones para Humberto de la Maza, $74 millones para Eduardo Salas, $40 millones para Jorge Brito Gajardo (ex candidato a diputado del PRI), $20 millones para Cristián Brito Gajardo (ex asesor de Adolfo Zaldívar), $36 millones para Leticia Olavarría Cárcamo (ex candidata del PRI), $30 millones para María Fernanda Correa Lasa, $15 millones para Patricio Purcell, $10 millones para Rodrigo Gómez Peña (dirigente del PRI), $10 millones para Julieta Cruz Figueroa y $15 millones para Rodrigo Vásquez Poblete.

En total, el PRI recibió, al menos, $385 millones de financiamiento ilegal: $315 millones de SQM y $70 millones del Grupo Angelini.

DE LA DC A LA DERECHA

Cuando sus dirigentes dicen que el PRI es un partido que tiene al regionalismo como idea fundante, es verdad. Porque fue la elección municipal de 2004 la que vio nacer la alianza que terminaría pariendo al Partido Regionalista de los Independientes. En ella confluyeron el Partido de Acción Regionalista (PAR) de Jorge Soria y la Alianza Nacional de los Independientes (ANI), asentada en el sur del país. Obtuvieron dos alcaldes. Un año después, en las elecciones parlamentarias, repetirían la alianza obteniendo una diputada: Marta Isasi, entonces aliada de Soria.

La votación obtenida, sin embargo, no les permitió a ninguno de los dos partidos mantener la legalidad. La solución fue fusionarse. Así nació el PRI. Claro que la inyección de fuerza militante vino un par de años después, cuando Adolfo Zaldívar fue expulsado de la DC en diciembre de 2007, lo que provocó que cinco diputados y varias decenas de militantes falangistas lo siguieran. Todos aterrizaron en el PRI.

En ese grupo estaban Alejandra Bravo y Eduardo Salas, la pareja que actualmente controla el partido. Ellos asumieron el mando a la muerte de Zaldívar, en febrero de 2013. Un reportaje de The Clinic cuenta la génesis de ese poder: en el mismo velorio del ex líder DC, Eduardo Salas se acercó al entonces presidente Sebastián Piñera, “y le dijo al presidente que la izquierda se quería llevar al PRI a su sector y nosotros teníamos que impedirlo”, relató Bravo al Clinic. Días después Andrés Chadwick llamó a Salas y lo invitó a tomar té junto a Piñera.

Eduardo Salas y Alejandra Bravo con el senador Hernán Larraín, de la UDI (fuente: pricentro.cl)
Eduardo Salas y Alejandra Bravo con el senador Hernán Larraín, de la UDI (fuente: pricentro.cl)

Al momento de fallecer, Zaldívar era el embajador chileno en Argentina. Lo nombró Piñera a pocos meses de iniciado su gobierno. En paralelo, Eduardo Salas había asumido como asesor en la Secretaría General de la Presidencia. El giro a la derecha del partido ya era un hecho, y solo faltaban formalidades para que en 2015 el PRI ingresara a una alianza con la UDI, RN y Evópoli. Para mantener una posición de relativo poder en Chile Vamos, el PRI ha usado hasta ahora su definición de fuerza de centro, lo que le daba a la coalición de derecha una apertura que pretendía disputarle votos a la DC.

Todos los dirigentes o ex dirigentes del PRI consultados para este reportaje coinciden en que Eduardo Salas y Alejandra Bravo siempre fueron partidarios de aliarse con la UDI y RN. La permanente tensión entre ese grupo y los que querían quedarse en alianza con la Concertación, fue la fuerza centrífuga que fue vaciando al PRI de sus militantes destacados.

De los nueve diputados democratacristianos que adherían al sector de Adolfo Zaldívar, solo cinco lo siguieron al PRI: Jaime Mulet, Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, Carlos Olivares y Eduardo Díaz.

Cuando en 2012 dirigentes del PRI asumieron cargos en el gobierno de Piñera, los diputados Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya renunciaron: “Nosotros creíamos firmemente en la crítica al modelo económico, pero con el tiempo ciertos dirigentes empezaron a tener una suerte de complicidad con el gobierno y abandonaron esas banderas. La tentación de obtener cargos fue más grande”, señaló la diputada Sepúlveda a El Mercurio al explicar su alejamiento del PRI (noviembre de 2012).

A pesar de la sorpresa de la diputada Sepúlveda, los guiños de Adolfo Zaldívar y de su entorno al mundo de la derecha habían comenzado años antes. En 2008 Zaldívar llegó a la presidencia del Senado gracias a los votos de la entonces Alianza por Chile.

Ese mismo 2008 el PRI tenía como uno de sus vicepresidentes a Juan Carlos Moraga, un ex socialista que fue acusado por Camilo Escalona de haber sido informante de la CNI durante la dictadura. El viraje a la derecha de Zaldívar era evidente.

Un año después el PRI se declaró neutral en la elección presidencial disputada por Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Una neutralidad que no era tal y que se confirmó cuando Zaldívar expulsó a Jaime Mulet por apoyar a Frei.

Ya con Piñera en La Moneda, el PRI tuvo su recompensa. Adolfo Zaldívar sería designado por Piñera embajador en Argentina y Rodrigo de Aguirre, entonces secretario general del partido, director de Enami (junio de 2010). Por la misma época, Eduardo Salas llegaría a la Segpres como asesor.

ALIANZA ENTRE PARES

“Por ahora seguiremos igual, pero después de la segunda vuelta nos fusionaremos con Democracia Regional Patagónica para mantener nuestra legalidad en todas las regiones del país”. Ese fue el anuncio que hizo Eduardo Salas a CIPER sobre el futuro del PRI.
Agobiados por la falta de respaldo en las urnas, el PRI intenta sobrevivir. Para enfrentar la pérdida de la legalidad por la baja votación en la última elección, sus dirigentes han optado por la fusión con Democracia Regional Patagónica, constituido en el extremo sur del país por asesores de los senadores Carlos Bianchi y Antonio Horvath y que tampoco pudo conservar su estatus legal en esta elección.

El PRI y Democracia Regional Patagónica tienen otro punto en común: los asesores de Bianchi y Horvath también son investigados por financiamiento ilegal de la política, dinero entregado por empresas pesqueras del sur (ver reportaje de CIPER).
En julio de 2014 Bernardo Caro (se presentaba como asesor del senador Horvath) y Claudio Barrientos (asesor de Bianchi) fueron directores en la constitución de Democracia Regional Patagónica. Ambos recibieron pagos de Lota Protein, la pesquera noruego danesa que opera en la zona centro sur del país. Caro recibió $274 millones entre 2011 y 2013, y Barrientos recibió otros $11,1 millones en 2013. El Ministerio Público indaga si esos pagos tuvieron un fin político.

La debacle del PRI y su intento por reconstituirse quedó asfixiada en la noche del 17 de diciembre por el éxito de Sebastián Piñera en los sectores medios que el PRI defendía como su feudo. A solo horas del contundente triunfo de Piñera, los presidentes de los partidos de su coalición fueron citados a la casa del mandatario electo: Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli).

No fue solo una reunión de felicitaciones mutuas. Piñera también les pidió nombres posibles para integrar su gabinete y otros cargos de su confianza en la administración que se instalará en marzo. Y les hizo hincapié en la necesidad de que revisen con lupa los nombres que propongan para evitar conflictos de interés o personas vinculadas a hechos de corrupción.

Hubo un solo integrante de la coalición “Chile Vamos” que no fue convocado a la cita cumbre del lunes 18: el Partido Regionalista de los Independientes (PRI).

 

Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas

El Grupo Angelini es el conglomerado empresarial que proporcionó más financiamiento ilegal a la política, después de SQM. Las compañías que integran el holding matriz de Copec y Corpesca aportaron al menos $2.250 millones para intervenir en campañas electorales. La cifra se desprende de los antecedentes acumulados hasta ahora en las investigaciones del Ministerio Público, además de las rectificaciones tributarias que el propio grupo ha hecho. Pese a esa cuantiosa cifra, el Grupo Angelini solo se verá afectado judicialmente por la investigación por cohecho en la que aparece formalizada como persona jurídica su empresa Corpesca.

La Fiscalía pidió esa formalización en octubre pasado luego de que constatara los pagos ilegales que Corpesca le hizo al senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi para influir directamente en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Hasta el momento esos pagos alcanzan la suma de $260 millones (vea el reportaje de CIPER “La red de testaferros que movió más de $400 millones para el senador Orpis). Una mínima proporción del total que el Grupo Angelini habría repartido por vías fuera de la ley a políticos de casi todo el espectro ($2.250 millones), y cuyos efectos y protagonistas no serán investigados por la justicia.

Fernando Barraza, director del SII.
Fernando Barraza, director del SII.

El salvavidas se lo lanzó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien decidió no continuar a través de querellas la persecución de ilícitos tributarios relacionados con el financiamiento político ilegal, sino solo con el cobro de los impuestos adeudados. De esta forma, Barraza ató las manos de los fiscales que investigan los aportes irregulares a campañas, quienes no podrán continuar sus pesquisas.

Con su resolución, Fernando Barraza no sólo sacó al Grupo Angelini de la línea de fuego. El director del SII también benefició a figuras de casi todo el espectro político, debido a que el holding repartió el dinero de forma transversal entre personas y sociedades vinculadas a figuras del PS, PPD, DC, PRI, RN, UDI y PRO (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini).

Así, el SII le cerró la puerta a investigar los casi $358 millones que el grupo puso a disposición de personas que cumplieron roles clave en el financiamiento de la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. Lo mismo ocurre con personas relacionadas con los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN); el diputado Gabriel Silber (DC); el recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, Pedro Yaconi; el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y el ex ministro Pablo Longueira (UDI).

Seis son las empresas del Grupo Angelini que aportaron recursos a políticos y que ahora han quedado fuera del alcance del Ministerio Público: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible y Seguros Cruz del Sur (que hasta 2013 estuvo en manos del grupo).

EL DURO VOTO DE MILTON JUICA

La decisión del director del SII, Fernando Barraza, no afecta el curso de las investigaciones penales originadas en querellas y denuncias que el SII interpuso antes del golpe de timón, como las que se presentaron contra Penta y SQM. Ahora que todas esas investigaciones están entrando a su tramo final y su destino se decidirá en los tribunales superiores, nada garantiza que terminarán con sanciones.

Justo cuando el interés político se centra en la actitud que adoptarán los ministros de las cortes de Apelaciones y la Suprema, la Sala Penal del máximo tribunal ha emitido una potente señal de que, una vez que los procesos lleguen a esa instancia, podrían terminar sin provocar lesiones ni a políticos ni empresas.

Esa fue la lectura que se hizo en el mundo político y judicial cuando el pasado 28 de marzo se dio a conocer el fallo que dejó a firme el sobreseimiento del senador Patricio Walker (DC) en la investigación del financiamiento político ilegal prestado por empresas de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes).

En ese sorpresivo fallo que favoreció al senador Walker, tres ministros de la Corte Suprema ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que sobreseyó al parlamentario y otros dos magistrados consideraron que el tribunal de alzada cometió un grueso error.

Uno de los tres votos que dejó a firme el sobreseimiento fue del ministro Lamberto Cisternas, quien tiene un vínculo familiar con uno de los involucrados en los pagos ilícitos del Grupo Angelini. Su hijo, el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, es controlador del bufete Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, del que es socio el senador Alberto Espina (RN). El bufete del hijo del ministro Cisternas recibió $18,7 millones de Inversiones Siemel, empresa del Grupo Angelini. Ese pago está en la mira de la Fiscalía, no solo por el nexo entre el bufete y el senador Espina, sino porque Siemel rectificó ese desembolso ante el SII después de que se iniciaron las investigaciones por financiamiento político ilegal.

Lamberto Cisternas
Lamberto Cisternas

Los otros dos ministros que fallaron en favor de Walker fueron Haroldo Brito (cuya pareja, Lya Cabello, fue designada recientemente como fiscal de la Corte Suprema por el Senado con 30 votos a favor y una abstención) y Carlos Künsemüller.

El voto de minoría que rechazó el sobreseimiento de Patricio Walker fue redactado por el ministro Milton Juica y lleva también la firma del magistrado Jorge Dahm. El escrito de Juica fue particularmente duro y calificó como “una falta grave” la actuación de los ministros de Coyhaique que libraron al senador Walker de la investigación penal.

A juicio de Juica y Dahm, el razonamiento de los magistrados aiseninos que fueron respaldados por la Sala Penal de la Corte Suprema, da pie a la “impunidad”, pues permite dejar al margen de la investigación a un sospechoso en una etapa muy temprana de la indagatoria, impidiendo que el Ministerio Público despliegue todas las facultades que por ley se le han entregado para perseguir los ilícitos penales:

El necesario corolario de lo planteado por los recurridos (los ministros de Coyhaique que sobreseyeron al senador Walker) no es otro que la impunidad, y de ahí la extrema gravedad del error cometido, pues impide al Ministerio Público investigar los hechos como le ordena la Constitución y la ley bajo el expediente de aplicar una institución -el sobreseimiento- que resultaba a todas luces inaceptable, apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”, se lee en el voto de minoría (vea aquí la resolución de la Corte Suprema, con el voto de minoría a partir de la página 16).

El fallo que sobreseyó al senador Patricio Walker, y particularmente el voto de minoría redactado por Milton Juica, es observado con atención en los círculos del Poder Judicial. Así también ocurrió con el posterior movimiento del director del SII que cerró la puerta a la investigación penal del financiamiento ilegal de la política. Ambos episodios, aunque parecen aislados, se aprecian como eslabones de un movimiento amplio que, desde distintos frentes judiciales y políticos, buscaría aminorar los efectos de las investigaciones de los aportes ocultos a la política, al iniciarse una nueva campaña presidencial y parlamentaria.

La resolución de Fernando Barraza fue puesta bajo la lupa no solo en el Ministerio Público, que se vio bloqueado para profundizar las investigaciones, sino también en la Contraloría General de la República. Este último organismo emitió un duro pronunciamiento el pasado lunes 24 de abril, advirtiendo al SII que sus decisiones deben ajustarse al “principio de imparcialidad” y a criterios “objetivos que le otorguen legitimidad”.

Milton Juica
Milton Juica

Las recientes declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, y el pronunciamiento del contralor Jorge Bermúdez, se alinean con los duros cuestionamientos dirigidos a Fernando Barraza en los últimos días. Las críticas apuntan a que, siendo Barraza un funcionario de confianza de las autoridades políticas, está sepultando la posibilidad de ampliar una investigación que podría afectar al corazón de La Moneda.

Las dudas sobre la objetividad técnica con que Barraza manejó el tema, se acrecentaron con la reciente intervención en TVN del ex director del SII, Michel Jorrat, quien ratificó en pantalla lo que CIPER ya había publicado en julio de 2015: fue presionado desde La Moneda, cuando el Ministerio del Interior era encabezado por Rodrigo Peñailillo (PPD), para que el SII no avanzara en la investigación a SQM, empresa que financió ilegalmente la pre-campaña de la Presidenta Bachelet (vea el reportaje de CIPER “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM).

LA NUEVA HEBRA QUE LLEVA A LA MONEDA

La controversial decisión del director del SII se conoció cuando en la investigación de la Fiscalía habían emergido nuevos antecedentes que vinculan al Grupo Angelini con el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet. En enero pasado la declaración de Claudio Santis complicó a La Moneda. El sociólogo, quien se desempeña en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom), señaló ante los fiscales que parte de sus honorarios por el trabajo que realizó para la pre-campaña de la Presidenta, fueron pagados por Harolds & Johns Business and Law.Entre fines de 2011 e inicios de 2013, ese estudio jurídico recibió $140 millones provenientes de dos empresas del Grupo Angelini: Copec y Cruz del Sur.

La sociedad Harolds & Johns fue constituida en 2007 por Harold Correa y Alex Matute, dos estrechos colaboradores del principal responsable de la pre-campaña de Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. La declaración del sociólogo Santis indica que parte de su trabajo para el comando de campaña, como analista de medios, fue cancelado por Harolds & Johns, y que en la coordinación de sus pagos participaron tres figuras claves encargadas por esas fechas de preparar el retorno de Michelle Bachelet a Chile: Rodrigo Peñailillo, María Angélica “Jupi” Álvarez y Giorgio Martelli.

Claudio Santis declaró que fue Peñailillo quien inicialmente lo contactó para que hiciera análisis de la agenda informativa de noticieros televisivos y para que midiera el tratamiento a la figura de Bachelet:

Al tiempo después me llama (Giorgio) Martelli, quien me dice que quería formalizar este trabajo que estuve realizando por un par de meses; él me manda un contrato de trabajo de fecha 1 de mayo de 2012, a honorarios, a mi correo electrónico, con fecha 30 de julio de 2012, para que lo revise; el monto de $400.000, que aparecía en ese contrato, yo lo había conversado antes con María Angélica Álvarez (…) La primera boleta de honorarios la llené en base a las indicaciones que me señaló por correo electrónico María Angélica Álvarez; la hice por $400.000, de fecha 7 de junio de 2012 y la emití para Harolds & Johns”, señaló Santis en su declaración.

Rodrigo Peñailillo
Rodrigo Peñailillo

El testimonio vino a confirmar las sospechas que ya abrigaba la Fiscalía: de la empresa de Correa y Matute sí salieron recursos para financiar la pre-campaña de Bachelet. Ya había indicios. Peñailillo prestó asesorías a ese estudio jurídico entre junio de 2012 y enero de 2014, durante todo el periodo que abarcó la última campaña presidencial. Sus honorarios eran de $3 millones líquidos (recibió un total de $57 millones). Alex Matute dijo al Ministerio Público que no había informes que respaldaran el trabajo de Peñailillo. Lo mismo declaró el ex ministro en agosto de 2015: “No elaboraba informes. Participaba en reuniones con Alex y Harold en este estudio, que tiene varios años, y (en las) que obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa”.

El Ministerio Público también detectó traspasos de dineros entre Harolds & Johns y la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), creada por Giorgio Martelli para canalizar pagos a los colaboradores de la pre-campaña. AyN recibió $12 millones de la sociedad de Correa y Matute en junio de 2012. En 2013 el préstamo fue a la inversa, esta vez por $10 millones.

En mayo de 2015 la Fiscalía interrogó a Martelli por los pagos de Harolds & Johns a Claudio Santis y le exhibió un correo electrónico que Santis le envió con la boleta emitida en julio de 2012. Ese mail iba con copia a María Angélica Álvarez. Martelli señaló ante los fiscales:

Esto corresponde a una boleta electrónica que Claudio Santis emitió a la empresa Harolds & Johns y Santis me la reenvió con copia a María Angélica Álvarez y yo ordené pagarla con transferencia electrónica de la cuenta corriente de AyN por el monto de $500.000”.

CIPER revisó declaraciones de Claudio Santis, Harold Correa, Alex Matute y Rodrigo Peñailillo, y del cruce de esa información se concluye que antes de la boleta que Santis emitió para Harolds & Johns y que Martelli pagó con dineros de AyN, el sociólogo extendió otra que sí debió pagar el estudio jurídico de Matute y Correa. De hecho, Alex Matute dijo a la Fiscalía estar molesto por haber perdido esos $400 mil. Según su versión, Santis no cumplió con los trabajos comprometidos.

Tras el pago que recibió de Harolds & Johns, Santis fue contratado por AyN entre el 31 de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2013, periodo en que el profesional pasó a formar parte del comando oficial de Michelle Bachelet. Según declaró Santis, enviaba sus trabajos a asesores directos de Bachelet, como Rodrigo Peñailillo, Robinson Pérez, María Angélica Álvarez y la periodista Paula Walker.

El 16 de febrero pasado Alex Matute y Harold Correa declararon ante el Ministerio Público. Ambos dijeron que sí emitieron informes que justifican los pagos que recibieron de las empresas del Grupo Angelini, que esos informes y la contabilidad de su empresa fueron entregados al SII a inicios de 2016 y que esa indagatoria del organismo tributario continúa abierta, por lo que guardaron silencio ante los fiscales. Agregaron que enviaron cartas a Cruz del Sur y a Copec para que les levantaran el secreto profesional y así poder exhibir sus informes a la Fiscalía, pero que no habían tenido respuesta. Dijeron que lo mismo hicieron con el Colegio de Abogados, pero que tampoco les respondieron.

LOS $358 MILLONES QUE NO SE INVESTIGARÁN

Los $140 millones que Harolds & Johns recibió del Grupo Angelini fueron entregados contra seis facturas: cuatro a Cruz del Sur (emitidas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012) y las dos restantes a Empresas Copec (el 6 y el 25 de marzo de 2013). Esas seis facturas fueron rectificadas ante el SII, reconociendo las empresas que no existe respaldo que acredite que se trató de pagos por servicios efectivamente prestados.

GIorgio Martelli
GIorgio Martelli

El Grupo Angelini también destinó $218 millones a la sociedad creada por Giorgio Martelli: AyN. Así, suman $358 millones los aportes del holding que estaban en la mira de la Fiscalía bajo la sospecha de haber sido entregados ilegalmente a la pre-campaña presidencial, pero que ya no podrán ser investigados por la decisión del SII de no insistir en la vía penal para aclarar los hechos.

En todo caso, desde el inicio de la investigación de las platas políticas, el SII no ha dejado abierta ninguna puerta que permita al Ministerio Público investigar los aportes a campañas del Grupo Angelini. A pesar de que tempranamente se estableció que ese conglomerado financió casi la mitad del presupuesto de AyN, no hubo ni una sola acción del SII que incluyera esos pagos.

En la querella que el SII presentó el 22 de septiembre de 2015 contra Martelli –como representante legal de AyN– solo incluyó los pagos que esa sociedad recibió de SQM Salar y no hizo mención a los $218 millones que también había recibido de Copec, Forestal Arauco y Seguros Cruz del Sur (cuando aún pertenecía al Grupo Angelini), los que después fueron rectificados. De hecho, Impuestos Internos incluyó un párrafo en su querella para asegurarse de ponerle cerrojo a una posible expansión de la acción judicial: “La presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose solo a los hechos que en su texto se detallan”.

A inicios de abril, La Tercera dio a conocer la resolución del SII de no interponer nuevas querellas y publicó una nómina de once empresas que, debido a esta decisión, no serán investigadas por el Ministerio Público. Cinco de ellas pertenecen al Grupo Angelini: Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Empresas Copec, Inversiones Siemel y Abastible. Si bien en esa lista no apareció Seguros Cruz del Sur, hasta ahora el SII no ha presentado querellas que apunten a los pagos hechos por esa empresa a Harolds & Johns.

La investigación de la Fiscalía contiene testimonios que ponen luz sobre la relación entre el Grupo Angelini y el estudio de Correa y Matute. Rodrigo Guzmán Leyton era gerente de Administración y Finanzas de Seguros Cruz del Sur cuando el Grupo Angelini vendió esa empresa al Grupo Security. Actualmente continúa trabajando allí. En septiembre de 2015 declaró a la Fiscalía sobre los pagos que la aseguradora hizo a Harolds & Johns: “No me consta que los informes por estas facturas existan, pero no puedo asegurar que no existan. Nunca supe a qué correspondían estos pagos”. Agregó que estos fueron autorizados por José Tomás Guzmán (entonces presidente del directorio) y que no encontró copias de los supuestos informes.

El contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, también declaró en el Ministerio Público: “Nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Jorge Rosenblut
Jorge Rosenblut

El nexo entre el Grupo Angelini y Harolds & Johns fue Giorgio Martelli. Así lo declaró él mismo a los fiscales en junio de 2015:

José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes. Alex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

El propio Martelli reconstituyó la escala de contactos que le permitió a la pre-campaña obtener los dineros del Grupo Angelini y en su testimonio apuntó a Jorge Rosenblut:

Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución del financiamiento entre las empresas del Grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut” (vea el reportaje de CIPER: “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”).

Cuando quedó claro que todos estos antecedentes no podrán ser profundizados por la Fiscalía, debido a la reciente decisión del director del SII, el ministro Milton Juica emitió una declaración tan dura como su voto de minoría en el fallo que sobreseyó al senador Walker. En una entrevista con Radio ADN, Juica, quien oficia como vocero de la Corte Suprema, señaló que en la Reforma Procesal quedaron temas pendientes, como la facultad para que el Ministerio Público pueda iniciar la persecución penal en todo tipo de delitos, incluidos los tributarios, sin depender del SII: “Aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente. El Congreso debiera cambiar esta normativa. A esta altura de los sucesos, en que se han advertido delitos gravísimos de corrupción, el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar”, aseguró el magistrado.

Ex gerente de Corpesca formalizado por soborno fue premiado con $10 millones mensuales por Angelini

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, luego de que fuera formalizado por soborno y delitos tributarios durante una audiencia que comenzó el martes 24 de mayo y terminó el miércoles 25, pasado el mediodía. También se presentaron los cargos contra el senador Jaime Orpis, a quien la Fiscalía acusa de cohecho, fraude al Fisco y fraude tributario, por haber recibido $233 millones de Corpesca cuando Mujica era gerente.

El ejecutivo debió dejar el cargo en mayo de 2013, luego de que CIPER revelara que había realizado pagos irregulares a la entonces diputada Marta Isasi en el marco de la votación de la Ley de Pesca (ver reportaje). En esa ocasión, Mujica admitió que Corpesca había pagado asesorías a un colaborador de Isasi y que había hecho aportes a otros candidatos que no identificó, por lo que se convirtió en blanco de las pesquisas del Ministerio Público (escuche ese audio). Mujica parecía haber pagado un alto costo profesional, porque se vio obligado a renunciar tras casi tres décadas vinculado a la plana ejecutiva del Grupo Angelini.

La verdad es que Mujica nunca quedó a la deriva. Sólo se cambió de piso en el edificio institucional del Grupo Angelini, donde se le proporcionó un “paracaídas dorado”: siguió siendo un ejecutivo de confianza del conglomerado y en agosto del año pasado fue contratado como gerente general de otra empresa del mismo grupo.

Roberto Angelini
Roberto Angelini

En su declaración del 10 de diciembre pasado, Roberto Angelini Rossi, presidente de Corpesca y de sus empresas matrices, señaló ante la Fiscalía: “Hoy no tengo ninguna relación con él (Mujica). Francisco cometió estos errores de público conocimiento (…). Se le pagaron a Francisco Mujica todas las indemnizaciones que por contrato correspondía. Con él la compañía no ha tenido ningún vínculo posterior. Cuando se retiró de Corpesca, sí permaneció unos meses más como director de Astilleros Arica, hasta que la empresa pasó a manos de Corpesca. Hoy no tenemos con Francisco Mujica ninguna relación”.

El 5 de enero de este año, transcurrido casi un mes de su declaración, Roberto Angelini remitió a la Fiscalía dos documentos que corrigen sus anteriores afirmaciones. El primero es un certificado que indica que Mujica fue director de Astilleros Arica no sólo “unos meses más” después de su desvinculación de Corpesca, sino que se mantuvo en ese cargo durante 22 meses, hasta marzo de 2015, cuando la pesquera compró el astillero, que ya estaba en manos de la matriz de Angelini (Antarchile). El segundo, es la copia del contrato de trabajo con el que Mujica asumió en agosto del año pasado como gerente general de Agrícola Trani, sociedad domiciliada en El Golf 150, el edificio desde donde opera el Grupo Angelini.

En la fecha que Roberto Angelini se desdijo de no tener “ninguna relación” con Francisco Mujica, la indagatoria del Ministerio Público ya contaba con antecedentes de que la desvinculación era más aparente que real. De hecho, cuando los funcionarios de la PDI recibieron la orden de citar a Mujica para prestar testimonio, finalmente lo encontraron en El Golf 150: allí donde se ubica el edificio institucional del Grupo Angelini.

El contrato con Agrícola Trani, de duración indefinida, le asignó a Francisco Mujica un sueldo base mensual de $9,6 millones, además de una gratificación legal anual equivalente a tres sueldos base. A eso se agrega que, cuando Mujica dejó la gerencia de Corpesca, según lo que declaró a los fiscales, recibió una indemnización legal: “Fueron 300 y tantos millones de pesos”, dijo.

Agricola Trani se constituyó recién el 23 de junio de 2015 como una sociedad por acciones, cuyo único accionista era Inversiones Trentino, una sociedad creada hace una década por Inversiones Angelini y Compañía. La escritura señala que el objeto social de Trani es la “explotación agrícola y forestal”, así como cualquier negocio ligado a la actividad agroforestal. Poco más de un mes después de su creación, el 4 de agosto de 2015, Trani fichó a Mujica como su gerente general.

Durante la audiencia de este miércoles 25, la defensa de Mujica mencionó que su cliente ya no trabajaba en Corpesca y que se dedicaba a negocios agrícolas. CIPER consultó a su abogado, Jorge Bofill, si seguía siendo gerente general de Agrícola Trani, a lo que respondió: “No me parece relevante. Él está cuestionado por su gestión en Corpesca y no en otra empresa. No tengo idea si el contrato sigue vigente”.

Bofill, Mujica y Orpis
Jorge Bofill, Francisco Mujica y Jaime Orpis

Uno de los abogados querellantes coincidió con Bofill en que el asunto no era importante en esta etapa, pero remarcó que podría convertirse en una pieza clave en una próxima audiencia, si la Fiscalía pide la formalización de Corpesca como persona jurídica. Según la indagatoria de CIPER, esa solicitud será hecha por el Ministerio Público en los próximos días. Una presentación que se ve reforzada por la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en enero pasado por la responsabilidad de la pesquera en el delito de soborno.

En ese escenario, el que Francisco Mujica, responsable de los pagos a Orpis e Isasi, siga vinculado estrechamente al Grupo Angelini podría jugar en contra de la empresa. Y si se acredita su responsabilidad, la pesquera arriesga multas y la prohibición de hacer contratos con el Estado, entre otras sanciones.

Roberto Angelini, al declarar en la Fiscalía, dijo que conocía a Mujica desde la universidad. Y el mismo Mujica, en su declaración del 3 de agosto pasado, señaló que había comenzado a trabajar para las pesqueras del Grupo Angelini en 1986. Una férrea relación de confianza que no pudo ser quebrada ni siquiera por una investigación del Ministerio Público por soborno.

Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini

El Grupo Angelini es bueno para encabezar rankings. Desde hace décadas forma parte del top ten de los grupos empresariales chilenos más ricos. La cuantía de sus inversiones en las industrias forestal, energética y pesquera lo mantienen anclado desde hace años como uno de los pesos pesados a la hora de sumar influencias.

De allí que no sea extraño que el holding de los Angelini esté a la cabeza de otro ranking: el de las grandes empresas que han financiado ilegalmente la política. Durante 2015 el holding debió rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) pagos emitidos por cinco de sus empresas: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (hasta junio de 2013, cuando la vendió al Grupo Security). Según publicó Revista Qué Pasa, solo Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca sumó otros $260 millones. Información recabada por CIPER agrega otros $370 millones rectificados por Siemel y $120 millones de Cruz del Sur. En total, más de $2.250 millones en aportes irregulares a la política.

Roberto Angelini
Roberto Angelini

Los pagos realizados por el Grupo Angelini siguieron la tónica de Soquimich: repartir a distintos sectores políticos. En los datos recopilados por CIPER aparecen aportes a a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Marco Enríquez Ominami; a dirigentes de la UDI, a una sociedad ligada a Renovación Nacional, a militantes DC, a un asesor de un senador PPD, y a una red de boleteros que utilizó boletas falsas para financiar el PRI.

A pesar de lo abultado de la cifra ($2.250 millones), que los ubica solo por debajo de SQM entre quienes más dinero irregular entregaron, hoy solo una de las empresas del holding enfrenta una querella del SII: Corpesca, la empresa pesquera del grupo que es investigada hace más de un año por delito tributario y eventual soborno, en el que están involucrados el desaforado senador Jaime Orpis (quien renunció a la UDI) y la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje de CIPER).

Recién a fines de 2015, el SII le solicitó a las otras empresas de los Angelini el detalle de su contabilidad para revisar los pagos irregulares, tal como publicó La Tercera. Pero por ahora, no hay acciones legales del SII aunque esos pagos sí están siendo investigados por el Ministerio Público. Tampoco ha sido posible conocer el detalle de los dineros rectificados por Copec y Arauco, las dos empresas que ostentan la mayor cantidad de correcciones tributarias del holding. En un procedimiento inédito, el SII no envió a la Fiscalía el listado con esos pagos rectificados, una información que el Ministerio Público sí ha recibido cuando ha requerido el detalle de otras empresas indagadas.

Información recabada por CIPER da cuenta del millonario aporte hecho por Copec, Arauco y Cruz del Sur a sociedades ligadas a la precampaña presidencial de Michelle Bachelet (más de $360 millones), una hebra de la indagatoria que vuelve a poner en el foco al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y a sus más cercanos colaboradores, como Harold Correa, quien también integra la G 90 del PPD. 

En una rectificación hasta ahora desconocida realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del Grupo Angelini- aparecen nuevos pagos a una sociedad donde participa el senador Alberto Espina (RN), y otra relacionada con la cónyuge del diputado Gabriel Silber (DC), Cristina Orellana. Estos nombres se suman a otros dirigentes políticos que aparecen como sospechosos de recibir las platas políticas de los Angelini: Felipe Harboe (PPD), varios dirigentes del PRI, miembros del grupo de boleteros organizado por “Titi” Valdivielso, la estrecha asesora de Pablo Longueira, y una sociedad perteneciente a Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, y cercano colaborador del ex presidente.

EL CAPITULO BACHELET

La primera rectificación realizada por dos empresas del Grupo Angelini -Copec y Celulosa Arauco- fue enviada por el SII a la Fiscalía sin el listado de los pagos corregidos. Es decir, en el expediente judicial de la investigación no aparecían los beneficiados con los aportes irregulares realizados por ambas firmas.

Fue el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien dejó en evidencia esa anomalía al declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura el 1 de septiembre de 2015: “Nosotros le entregamos al SII un listado resumen con el detalle de RUT de las empresas o personas cuyos gastos se rectificaron por cada año tributario, documento que no veo en la rectificación que usted me muestra”.

A pesar del “extravío” de ese listado, CIPER pudo reconstruir parte de los pagos rectificados por Copec y Arauco. Entre ambas empresas aparecen aportes para Asesorías y Negocios (AyN), la empresa creada por Giorgio Martelli para financiar la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, tarea que tuvo entre sus responsables al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. AyN recibió pagos irregulares de tres empresas de los Angelini: Copec, Arauco y Cruz del Sur, firma que hasta junio de 2013 fue propiedad del grupo.

Según información sistematizada por CIPER, Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios.

Según declaró Giorgio Martelli ante el Ministerio Público, fue el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, quien hizo el puente para que el Grupo Angelini entregara recursos: Rosenblut “me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Jorge Rosenblut
Jorge Rosenblut

Cuando declaró Jorge Rosenblut, aseguró que “en uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli telefónicamente”.

Rosenblut había realizado la misma gestión con Patricio Contesse, entonces gerente general de Soquimich, gracias a lo cual AyN recibió otros $245 millones desde la filial SQM Salar.

José Tomás Guzmán Dumas, el hombre que acordó con Rosenblut el aporte a la precampaña de Bachelet, fue la mano derecha de Anacleto Angelini, el fundador del grupo fallecido en 2007 (ver reportaje de CIPER “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”)

Desde 1991 Guzmán fue parte del directorio de Arauco, de donde se retiró a fines de diciembre de 2015. Meses más tarde también abandonó el directorio de Corpesca. El abogado de 86 años se mantiene en la vicepresidencia de Copec. Hasta ahora, la Fiscalía no ha podido confrontar la versión de Martelli ya que Guzmán retrasó su testimonio (presentó un informe médico que advertía de antecedentes de párkinson, diabetes y osteoporosis, lo que le imposibilitaría acudir a un interrogatorio), aunque luego asistió el 22 de septiembre de 2015, pero optó por guardar silencio.

Cuando en junio de 2013 el Grupo Angelini vendió Cruz del Sur al Security, solo un alto funcionario siguió trabajando en la compañía: Rodrigo Guzmán Leyton, quien era gerente de Administración y Finanzas de Cruz del Sur, cargo que mantuvo cuando esta cambió de dueño. En las dos declaraciones que prestó ante los fiscales (4 y 10 de septiembre de 2015) apuntó a José Tomás Guzmán como el único responsable de los pagos cuestionados:

“Nunca supe a qué correspondían estos pagos, más que una asesoría al directorio. En todas estas facturas la solicitud de pago y quien envía la factura para que se pague es don José Tomás Guzmán Dumas (…) Tal como consta en los documentos que se me exhiben, la factura Nº 105 de diciembre de 2011, dice en forma manuscrita un visto bueno de la presidencia, es decir José Tomás Guzmán y además una tarjeta del presidente José Tomás Guzmán. Esa era la forma que tenía él de mandar la factura, autorizar y solicitar el pago”.

El ejecutivo de Cruz del Sur autorizó a la Fiscalía a que accediera a dos cuentas de correo electrónico que utilizó mientras la compañía estuvo en poder de los Angelini (entre octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2013). No fue posible. Los detectives mandatados para esa diligencia informaron que el archivo que contenía esa información fue destruido en octubre de 2015 por orden de la unidad de servicios tecnológicos de Security. Esa diligencia deja en evidencia que la Fiscalía sigue indagando los pagos irregulares de las empresas de Angelini, a pesar de no existir ninguna querella del SII al respecto.

HAROLDS & JOHNS & BILLS QUESTIONED

La cadena de contactos que permitió que el Grupo Angelini financiara de forma ilegal la política no se detuvo en Asesorías y Negocios. Fue el controlador de esa sociedad, Giorgio Martelli, quien en su declaración del 4 de junio de 2015, abrió otra compuerta: “Quiero precisar respecto a mi relación con José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, que este me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes (José Tomás Guzmán y Álex Matute). Álex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

Fue así que se abrió la investigación judicial a Harolds & Johns Business and Law, constituida en febrero de 2007 por Harold Correa y Alex Matute Johns. Desde entonces, ambos se han dedicado a representar en Chile a empresas extranjeras en licitaciones de distintos organismos públicos.

El testimonio de Martelli fue corroborado ante la justicia por el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien entregó más antecedentes de los dineros que la empresa entregó y rectificó a Harolds & Johns: “Creo que fueron dos facturas, no recuerdo quien puso la ‘mosca’ en esas facturas, pero debe ser uno de los tres gerentes de la empresa, no recuerdo montos y las razones las tiene el gerente de finanzas”. El ejecutivo de Copec agregó: “Yo nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Aunque Vargas no lo recordaba, CIPER sí halló la información. Son dos facturas por $16 millones cada una emitidas por Harolds & Johns a Copec el 6 y 25 de marzo de 2013, cuando los pagos a Asesorías y Negocios habían cesado. Cruz del Sur fue más generosa, a través de cuatro facturas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012, le entregó $110 millones a Harolds & Johns. En total, entre Copec y Cruz del Sur el Grupo Angelini pagó $142 millones a la sociedad de Harold Correa y Álex Matute.

Las gestiones de Martelli ante José Tomás Guzmán se produjeron mientras se desarrollaba la precampaña de Bachelet. La contabilidad de AyN dio cuenta de que esa empresa de papel financió el trabajo político del grupo que allanó el camino para el regreso de la actual Presidenta desde Nueva York. Entre quienes recibieron pagos de esa sociedad se cuentan el ex director del SII, Michael Jorratt; la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, María Estela Ortíz; la prima de la mandataria, Alicia Galdames Jeria y otras personas que fueron pagadas por AyN durante la precampaña. Entre los beneficiados también figura el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Rodrigo Peñailillo
Rodrigo Peñailillo

Peñailillo recibió cuatro pagos de AyN entre enero y mayo de 2012 por un total de $16 millones. Cuando declaró ante los fiscales, Peñailillo afirmó que, con posterioridad a mayo de 2012, trabajó para Harolds & Johns (“creo que por más de un año”). En su declaración del 17 de junio de 2015 señaló que firmó un contrato con la empresa de Correa y Matute, pero no informó sobre los honorarios recibidos. En otra declaración, el 7 de agosto de 2015, descartó que elaborara informes para justificar los pagos: “Participaba en reuniones con Álex y Harold en este estudio que tiene varios años y obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa. En relación a mis funciones están mencionadas en el contrato de trabajo que traeré a la Fiscalía, a través de mi abogado”. El año pasado Álex Matute también reconoció el vínculo laboral indicando que fue una asesoría “muy bien valorada” por sus clientes.

El 27 de agosto de 2015 Harold Correa acudió a la Fiscalía como imputado y guardó silencio. Lo mismo hizo su socio, Álex Matute, quien fue citado el 25 de agosto de 2015. En paralelo, el Ministerio Público le ordenó a la PDI el 4 de agosto solicitar en la oficina de Harold & Johns en Santiago (José Miguel de la Barra), la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. No hubo resultados.

En noviembre de 2015, el abogado de Harolds & Johns, Marcelo Torres, le pidió a Alejandro Alzerreca (gerente general de Seguros Vida Security, empresa que en 2013 compró Cruz del Sur al Grupo Angelini) que autorizara el levantamiento de la confidencialidad. Una vez que ello ocurriera, sus representados declararían ante los fiscales y presentarían los trabajos que supuestamente justificaron el pago de $110 millones desde Cruz del Sur. Hasta hoy no hay novedades.

Contactados por CIPER, ni Harold Correa ni Álex Matute quisieron referirse a este tema. Fuentes de esa oficina señalaron que el abogado Marcelo Torres se juntó con un representante del Grupo Angelini, el que le habría manifestado la intención de reconocer que los trabajos que justificaron los pagos desde Cruz del Sur y Copec estaban respaldados por informes.

Desde julio de 2014, Álex Matute es fiscal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Después de abandonar el Ministerio de Educación a mediados del año pasado, Harold Correa solo aparece como director suplente de la Fundación por la Democracia (PPD).

PAGOS RELACIONADOS AL SENADOR HARBOE

Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich,mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.

Según el entorno del senador Harboe, la principal asesoría de Arrieta fue en materias relacionadas con la protección de datos personales, un proyecto de ley que tenia a cargo la esposa de Harboe, Katia Trusich, mientras era subsecretaria de Economía del actual gobierno (hasta enero de 2016). En esa función, Trusich también contrató a Arrieta como su asesor.

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Felipe Harboe

Cuando el 21 de agosto de 2015 Arrieta fue citado a la Fiscalía, optó por guardar silencio: “No cuento con autorización de mis clientes que sindican las facturas 102, emitida a Celulosa Arauco; y 100, emitida a Copec, que me releven de mi secreto profesional”. El abogado no accedió a levantar su secreto bancario, ni a entregar la contabilidad de su sociedad y tampoco accedió a la revisión de sus correos electrónicos.

El vínculo de Arrieta con el senador Harboe va más allá de las asesorías: durante la campaña senatorial de 2013 el entonces candidato PPD arrendó tres sedes en la Región del Bío Bío a Asesorías e Inversiones Arrieta por un total de casi $9 millones.

Una investigación de CIPER detectó otro vínculo del matrimonio Harboe-Trusich con el Grupo Angelini: la sociedad Bioambar Spa, una filial de la Pesquera Iquique-Guanaye, propiedad de los Angelini. Katia Trusich participa de Bioambar a través de Alpha Omega. Consultada por CIPER, la entonces subsecretaria de Economía aseguró que no participa en Bioambar de forma directa y que esa inversión la hizo en 2010 para apoyar una investigación en nutracéuticos. Trusich agregó: “A la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades” (ver reportaje de CIPER).

OTROS PAGOS SIN RESPALDO

Arauco también corrigió los $30 millones que en abril de 2012 pagó a Cristián Warner Comunicaciones, la empresa de quien fuera la mano derecha de Marco Enríquez Ominami, que hoy es investigado por la Fiscalía por otros pagos de SQM que no tienen respaldo. Lo mismo ocurre con la corrección que hizo Copec a los pagos a otra sociedad ya investigada por recibir platas políticas ilegales desde Penta: Asesorías e Inversiones La Manada, ligada a Pablo Zalaquett (UDI).

El contador general de Copec, Ricardo Vargas, mencionó en su declaración el 1 de septiembre pasado, que también se rectificaron algunos pagos a C2P la consultora del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi, quienes investigado por facturas emitidas a Aguas Andinas y SQM. Yaconi fue miembro del comité de financiamiento de la fallida candidatura presidencial de Frei en 2009.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)
Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Respecto de los pagos a Yaconi, Ricardo Vargas aseguró: “Hay una situación excepcional en los gastos rectificados, y se trata de dos o tres facturas que rectificamos, fue un contrato de estudio de carbón que hizo C2P, y en ese caso gente de la Gerencia de Estudio dijo que ese trabajo se hizo pero que se perdieron los informes”. Según La Tercera, los pagos de Copec a C2P alcanzaron los $50 millones.

En esa misma declaración el contador de Copec se refirió a otros pagos vía boletas falsas a personas del entorno de Pablo Longueira: Nicolás Guíñez Ramírez y Patricio Lazcano Silva. CIPER ya había informado de las boletas emitidas a Copec por estas personas (ver reportaje). En su declaración, Vargas también nombró a Cristóbal Aninat y Compañía Consultores, propiedad de quien fuera coordinador del comando presidencial de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Bachelet entre 2006 y 2010.

En el verano pasado La Tercera dio cuenta de otra rectificación de Copec ante el SII. Ella incluyó más de $150 millones pagados entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), sociedad de Renovación Nacional, según declaró su secretario general Mario Desbordes, y que también es indagada por recibir en el mismo periodo $137 millones rectificados por SQM. Desbordes aseguró al matutino que fue llamado a declarar por el SII y que haría llegar la documentación que respaldaría la prestación de servicios a esas dos empresas.

SIEMEL Y SU VÍNCULO CON ESPINA Y SILBER

Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton. La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones.

Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).

Alberto Espina
Alberto Espina

En la corrección tributaria presentada en abril, Siemel señaló no tener respaldo para justificar cuatro pagos por un total de $68,2 millones al estudio Zepeda & Compañía (entre noviembre de 2010 y agosto de 2013). Alberto Espina participó junto al abogado Carlos Zepeda en la creación de ese estudio jurídico que quedó registrado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993.

Al correr de los años los miembros del bufete cambiaron, pero el senador Espina se mantuvo allí hasta el 9 de julio de 2013, cuando en la Notaría de Iván Torrealba en Santiago estampó su salida del staff: vendió el 10% de sus derechos a Inversiones y Rentas Tongoy, propiedad de Zepeda. Las facturas del estudio que Siemel rectificó (todas por $18,7 millones) fueron emitidas el 3 de noviembre de 2010, el 10 de junio de 2011, el 3 de abril de 2012 y el 12 de marzo de 2013, cuatro meses antes de que el senador se retirara de ese bufete.

A fines de ese 2013 el senador Alberto Espina ingresó a otro estudio de abogados a través de su sociedad familiar Inversiones y Rentas El Peral (posee el 50% de sus acciones, su esposa María Elena Donoso Peña el 47% y cada uno de sus tres hijos un 1%). Según registro de la Notaría de Cosme Gomila, el 20 de diciembre de 2013 esta sociedad pagó $700 mil para adquirir el 10% de Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, bufete controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Este nuevo staff de abogados -donde participa Espina- aparece en la segunda rectificación presentada por Inversiones Siemel en septiembre pasado. Allí figura el pago de $18,7 millones sin registro contable a Cisternas & Compañía, realizado el 12 de mayo de 2014. El monto es el mismo que Siemel pagó cuatro veces entre 2010 y 2013 al estudio donde participaba Espina y el ya fallecido abogado Carlos Zepeda.

El equipo del parlamentario comentó a CIPER que el senador no podía contestar preguntas, pero aseguraron que no tiene ningún tipo de participación administrativa en Cisternas & Compañía. Una declaración jurada de intereses que Espina registró en la Notaría de Cosme Gomila el 28 de diciembre de 2013, le otorgó un mandato a Gonzalo Cisternas para que administre sus intereses en la sociedad. Un fideicomiso.

Consultado por CIPER, Gonzalo Cisternas descartó que el pago de Inversiones Siemel haya sido un aporte al senador Espina: “Se trata de un servicio profesional que efectivamente se encargó por empresas del Grupo Angelini, que efectivamente yo realicé, y que están bajo el amparo del secreto profesional. No sé por qué ellos rectificaron. Me imagino que pensaron que ese trabajo no cumplía con los requisitos legales para ser un gasto necesario para producir la renta”.

Desmenuzando las dos rectificaciones de Siemel se puede trazar otra línea de continuidad entre quienes aparecen recibiendo esos dineros. En la rectificación de abril destaca el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana, sociedad que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones. Según explicaron desde ese think tank, en ese tiempo era dirigido por Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC), quien utilizó una línea de financiamiento desde empresas. Desde enero de 2014, aseguraron, se cortó la llave de los dineros empresariales.

Si bien Democracia y Comunidad no aparece en la segunda rectificación de Siemel (septiembre), sí figura Asesorías y Servicios e Inversiones Vichuquén, la que recibió la misma cuota mensual que la firma de los Angelini le pagada a Democracia y Comunidad: $3 millones entre enero y octubre de 2014 (en total $30 millones). Los pagos a Vichuquén comenzaron justo cuando Democracia y Comunidad dejó de percibir aportes desde Inversiones Siemel. El único accionista de esta sociedad es el hermano de Cristina Orellana, Víctor Antonio Orellana Quezada, quien la constituyó poco antes de comenzar a recibir los pagos desde Siemel: el 19 de noviembre de 2013.

Contactada por CIPER, Cristina Orellana aseguró que ella no maneja información sobre las relaciones que su hermano, quien es empresario, tiene con las empresas. Descartó que se trate de platas políticas y solicitó que sean las empresas las que aclaren las rectificaciones tributarias que realizan.

No es la primera vez que Cristina Orellana aparece vinculada a pagos irregulares a la política. En diciembre de 2015, CIPER reveló que Inversiones Caburga, del Grupo Said, corrigió ante el SII un pago por $16,6 millones a Orellana en 2013. En esa ocasión, la actual directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señaló: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mí Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No le puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

El otro pago que se repite en las dos rectificaciones que hizo Siemel en 2015, es a Eugenio San Martín(DC), quien fue director del Sename y que el 17 de enero de 2014 recibió de la firma de los Angelini $6,6 millones. Ya en la primera rectificación de Siemel apareció otro pago a San Martín por otros $6,6 millones (3 de mayo de 2013).

LA CAJA DE PANDORA DE SIEMEL

La primera rectificación de Siemel incluyó a otras personas ligadas a la Democracia Cristiana. Es el caso de la abogada Carolina Tello Rojas, quien emitió una boleta por $7 millones el 1 de julio de 2011. Desde 2014, Tello asesora al diputado por Aysén, Iván Fuentes (independiente). Consultada por CIPER, declinó referirse a este asunto.

Gabriel Silber
Gabriel Silber

Otras fuentes consultadas aseguraron que ella formaba parte de una red de boleteros que creció en la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana al final del primer gobierno de Bachelet, cuando el Seremi era Antonio Saavedra Veas (DC), quien ha sido miembro del tribunal supremo de ese partido. Saavedra afirmó a CIPER que no tiene ninguna relación con esa red de boleteros.

Saavedra Veas aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asesor externo de la bancada DC al menos hasta el primer semestre de 2014 y también registra pagos por asesorías al diputado Gabriel Silber (DC)y al ahora ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio (DC). Saavedra fue uno de los asesores legislativos detectados por CIPER que cumplían un doble rol al asesorar bancadas de forma externa y, al mismo tiempo, prestar asesorías individuales a parlamentarios (a través de su Consultora Antonio Saavedra Veas EIRL), lo que está prohibido (ver reportaje). Antonio Saavedra es jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas del Registro Civil.

Asesoría Jurídica Dalmacia aparece también en la rectificación de mayo de Inversiones Siemel, con $6 millones pagados en agosto de 2013. El principal accionista de Dalmacia es el ex diputado Zarko Luksic (DC), quien aseguró a La Tercera que él sí realizó una asesoría jurídica a Siemel.

La rectificación de mayo de 2015 también corrigió pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien fuera encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI).

La primera rectificación de Siemel ante el SII arroja misterios. Uno de ellos es el rol que juegan en esta trama distintas empresas de León Hugo Correa Rueda, las que aparecen con $89 millones corregidos (Inmobiliaria Correa y Compañía, Inmobiliaria e Inversiones Correa y Farms Chile). Consultado por CIPER, el empresario inmobiliario señaló: “Ningún pago ha tenido un fin político. A mí no me gusta la política, nunca he pertenecido a un partido y nunca lo haré. Son informes que se remitieron por conceptos de tasación de nuestra inmobiliaria. Habría que preguntarle a la empresa Siemel por qué rectificó estos pagos” (revise el listado con ambas rectificaciones de Siemel).

LOS MILLONES QUE RECIBIÓ EL PRI

Los últimos dos pagos rectificados por Inversiones Siemel en mayo de 2015 corresponden a personas ligadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), fundado por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar luego de quebrar con la DC: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones en octubre de 2010, y Eduardo Salas Cerda, con otros $5,5 millones en noviembre del mismo año.

Pero el financiamiento ilegal que proporcionó el Grupo Angelini al PRI no solo provino de Inversiones Siemel. Así se desprende al desmenuzar el listado completo de las rectificaciones que hicieron ante el SII las empresas del grupo. Copec realizó cinco pagos entre 2012 y 2013 a Marcelo Peñaloza Villalobos,por un total de $27 millones. Otros $21,5 millones le giró Arauco al mismo Peñaloza en igual periodo. Además de las boletas falsas que Peñaloza emitió a Copec y Arauco, hubo otras dos para SQM, empresa que aportó más de $350 millones ilegales al PRI.

Marcelo Peñaloza está casado con la hija de Humberto de la Maza, quien fuera presidente del PRI hasta fines de 2015, y en su declaración judicial reconoció que las boletas por esos $48,5 millones eran falsas. El 17 de agosto de 2015, Peñaloza contó en la Fiscalía:

“Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

En la emisión de boletas falsas para financiar al PRI, Peñaloza involucró a parte de su familia. El 17 de agosto de 2015, su hermana Marcia Peñaloza Villalobos reconoció ante la Fiscalía la emisión de cinco boletas falsas que le solicitó su hermano: cuatro a SQM y una a Copec, esta última por $5,5 millones (noviembre de 2013).

Lo mismo ocurrió con la ingeniero comercial María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, quien reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza -entre 2012 y 2014- en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI.

Alejandra Bravo
Alejandra Bravo

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que motivó a los Angelini a financiar el PRI: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto  con las empresas. Después del fallecimiento de Zaldívar el partido se financió con la plata del Servel y no sé de donde más”.

A pesar de los datos acumulados, la Fiscalía solo formalizó a boleteros vinculados al PRI por las boletas falsas emitidas a Soquimich. Ninguna mención se hizo de los dineros irregulares que empresas del Grupo Angelini cancelaron. Luego de la formalización (2 de diciembre de 2015), Humberto de la Maza, acusado de ser el controlador de la red ilícita, debió cumplir arresto domiciliario nocturno. La ex intendenta de Atacama, Julieta Cruz, quedó con firma mensual y arraigo nacional; los hermanos Marcelo y Marcia Peñaloza con firma quincenal y arraigo nacional, mientras que las hermanas María Fernanda y Carola Correa Lasa solo con firma quincenal.

Si bien Humberto de la Maza fue reemplazado por Alejandra Bravo en la presidencia del PRI, otro de los boleteros, Eduardo Salas Cerda, continúa como secretario general y Gilda Schiaffino sigue siendo la tesorera del partido, a pesar de los testimonios judiciales que la apuntan como la persona que muchas veces acompañó a los boleteros a cobrar los vales vista de Copec, Arauco y SQM por sus boletas falsas.

Otro miembro de la red de boleteros que se utilizó en el PRI para financiarse ilegalmente, es Patricio Purcell, quien ya fue denunciado por el SII el 2 de abril de 2015, por los dineros irregulares que recibió de SQM. Según Qué Pasa, Purcell también tiene dineros rectificados por Arauco.

 

EL PODER DE LOS ANGELINI

El ranking de los grupos económicos chilenos que trimestralmente elabora la Universidad del Desarrollo, ubicó al Grupo Angelini en el tercer lugar entre quienes poseen mayor patrimonio, ingresos y activos, siendo superado solo por el Grupo Luksic y el Grupo Matte. Al 31 de diciembre de 2015, el grupo alcanzaba 20 mil millones de dólares en activos, según reportó AntarChile, el holding a través del cual controlan sus principales negocios.

A través de Empresas Copec el Grupo Angelini controla Arauco, Copec, Abastible, Terpel y la Minera Invierno. En el sector pesquero posee  Corpesca, Iquique-Guanaye y Orizon y participa también en la propiedad de Colbún y Metrogas, entre otros. A través de varias de estas compañías el grupo posee inversiones en Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá, México, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Plantas Valdivia y Nueva Aldea de Celco arriesgan clausura por graves faltas ambientales

La tarde del 18 de enero de 2014, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, Héctor Pérez Farías observó con detención el cuerpo de José Emanuel, su hijo de 12 años. Numerosos granos de color rojo se extendían por la zona abdominal, lumbar y por las extremidades del niño, provocándole una picazón que lo llevó a pedir ayuda a sus padres.

Al preguntarle qué había hecho, dónde había estado, José Emanuel contó que por la mañana había ido a bañarse al Río Cruces junto a unos amigos. Lo hacía de forma habitual, pero ese día le llamó la atención la temperatura del agua, que estaba más alta de lo normal. Con el correr de las horas los padres de José Emanuel se enteraron a través de unos vecinos que ese día había aparecido una gran cantidad de peces muertos en el mismo sector.

José Emanuel se había bañado en las cercanías del Puente Rucaco, 800 metros río abajo del lugar donde descarga sus Residuos Industriales Líquidos (RILes) la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del Grupo Angelini. La misma planta fue condenada en 2014 con $5.200 millones de multa por derramar residuos contaminantes en el Río Cruces, lo que derivó en la muerte de miles de cisnes de cuello negro.

Celulosa Nueva Aldea (Fuente: bioBbiochile.cl)
Celulosa Nueva Aldea (Fuente: biobiochile.cl)

La denuncia de Héctor Pérez por las lesiones que sufrió su hijo se sumó a las de otros vecinos y organizaciones como Acción por los Cisnes, lo que gatilló el inicio de una investigación de  la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Por esos mismos días, unos 400 kilómetros al norte, en la comuna de Ránquil, región del Biobío, se acumulaban las denuncias de los vecinos de otra de las plantas de Celco, Nueva Aldea. Desde 2013 acusaban derrames, malos olores y ruido excesivo, por lo que la SMA también abrió un expediente en su contra.

Los resultados de ambas investigaciones se dieron a conocer entre enero y febrero de este año, cuando la superintendencia formuló cargos contra las plantas Nueva Aldea y Valdivia. Por el tenor de las faltas –calificadas de graves y gravísimas, respectivamente- además de millonarias multas ambas plantan arriesgan perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que las obligaría a dejar de funcionar. Sería otro duro golpe para este gigante forestal que en 2014 obtuvo utilidades por US$ 437 millones y desde la muerte de los cisnes es uno de los símbolos de la magnitud del daño ecológico que puede producir la industria de la celulosa.

Además de los cuestionamientos ambientales, el Grupo Angelini está actualmente en el ojo de dos investigaciones penales por el financiamiento irregular de la política. Celco, junto a Copec, Siemel, Cruz del Sur y Corpesca entregaron fondos a la pre-campaña electoral de Michelle Bachelet por fuera de las normas del Servel (ver reportaje: La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet). Además, Corpesca es la protagonista de una investigación en que se indagan los delitos de cohecho y fraude al fisco, por los pagos realizados a la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje) y al senador Jaime Orpis (ver reportaje) en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca

PLANTA VALDIVIA OTRA VEZ BAJO LA MIRA

A raíz de los daños que sufrió el pequeño José Emanuel, el 12 de febrero de 2014 su padre interpuso una querella por lesiones menos graves contra Celco en la Fiscalía Local de Mariquina, a la que se sumaron dos adultos y un niño que también sufrieron las consecuencias de bañarse en el río (ver querella).

Un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó los antecedentes del caso en Fiscalía y en octubre de 2015 citó a declarar a siete trabajadores de la empresa, que ya habían prestado su testimonio ante el Ministerio Público.

Roberto Angelini
Roberto Angelini, vicepresidente de Celco

La fiscal instructora de la SMA a cargo de las preguntas era Carolina Silva Santelices. Frente a ella, los trabajadores –junto a sus abogados– negaron reiteradamente recordar los hechos, hasta que la fiscal los enfrentó a las declaraciones que ellos mismos prestaron en la causa penal que lleva la Fiscalía Local de Mariquina.

Uno de los últimos en declarar fue Mauricio Ceverio Hidalgo, operador que estuvo a cargo de los residuos líquidos de la empresa un día antes de las lesiones de los bañistas y la aparición de los peces muertos, el 17 de enero de 2014.

Ese día un peligroso líquido, conocido en la industria de la celulosa como licor verde, llegó a la zona de tratamiento de efluentes de la planta. En este lugar, los trabajadores se encargan de recibir, controlar y tratar los residuos líquidos del proceso de producción y verterlos al Río Cruces una vez que estén dentro de los parámetros que exige la normativa chilena.

Este líquido de color verde es una solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas o daños en los pulmones si se inhala. Los trabajadores que estuvieron a cargo del tratamiento de efluentes ese día reconocieron la presencia de licor verde en el flujo de RILes, pero las declaraciones se contradicen al momento de responder cómo procedieron.

El operador de efluentes Mauricio Ceverio aseguró ante la Fiscalía que cuando se percató de la presencia del líquido, le ordenó realizar una “inspección visual” y mediciones al volante de efluentes Juan Echeparreborde. Según Ceverio, los controles indicaron que los parámetros estaban dentro del rango exigido, por lo que no fue necesario derivar el flujo a la laguna de derrames, un sector donde es enviada el agua para tratarla cuando hay parámetros alterados.

Para terminar, el trabajador abrió el estanque TK 15.000, que contiene agua de río, para “aumentar el caudal” de los residuos y el resto del proceso siguió normalmente, enviando el flujo hacia el Río Cruces.

La declaración se contradice con la versión que entregó el aludido, Juan Echeparreborde. En su testimonio el trabajador reconoce la llegada del licor verde, pero asegura que no realizó ninguna medición, ya que no recibió ninguna instrucción al respecto (ver declaraciones).

Este hecho es la acusación más grave y lidera las 11 infracciones que detalló la SMA en la formulación de cargos que realizó el 8 de enero de este año contra la planta (ver documento).

Según la normativa que regula el funcionamiento de la planta, la empresa debió activar sus sistemas internos para controlar el derrame de licor verde e informar inmediatamente, en un máximo de 24 horas desde que ocurrió el accidente, a la autoridad ambiental, lo que habría podido mitigar el daño.

Ninguna de esas cosas ocurrió y la SMA catalogó ambas infracciones como “gravísimas”. Además de las acusaciones de dos adultos y dos niños de haber sufrido lesiones en la piel, entre los miles de peces que murieron ese día había dos especies en conservación, catalogadas como vulnerables desde 2008.

La empresa ya presentó sus descargos ante la SMA, alegando vicios formales en el procedimiento y negando cada una de las acusaciones. Respecto a la más grave, la empresa asegura que no debía reportar el derrame del lictor verde porque no afectó al efluente, ya que se trató sólo de una contingencia operacional y se recuperó prácticamente la totalidad de la sustancia, cumpliéndose los límites de descarga permitidos.

Las infracciones detectadas por la SMA vuelven a poner sobre la mesa los daños ambientales que ha provocado Celco en Valdivia, luego de que en 2004 las descargas de la planta provocaran la muerte de miles de peces y cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en el Río Cruces.

cisnes-cuello-negroTras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que  Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.

La SMA también consideró que la planta cometió infracciones al superar el límite de descargas de algunos parámetros, además de cuestionar la forma en que se realizan las muestras. Este punto es crítico para Celco, pues actualmente se encuentra enfrentada con el Ministerio de Medio Ambiente en el Tribunal Ambiental de Valdivia, intentando detener la nueva norma de la calidad del agua que rige sobre el Río Cruces. Según la empresa, con los nuevos parámetros es imposible que una planta opere en la zona (ver reportaje de CIPER: Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua).

Ahora, con las faltas graves y gravísimas de las que la acusa la SMA, la empresa arriesga la revocación de la RCA, la clausura o multas de hasta 40.000 unidades tributarias anuales (UTA), unos $21.600 millones. El dictamen de la superintendencia debiera conocerse antes de seis meses, tras lo cual tanto la autoridad como la empresa pueden recurrir al Tribunal Ambiental.

EL OTRO FOCO CRÍTICO

Más al norte, Celco mantiene abierto otro foco de acusaciones graves por daños medioambientales. A 50 kms. de Chillán, en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, se encuentra otra de sus plantas más importantes: el complejo Nueva Aldea, que produce más de 1 millón de toneladas de celulosa kraft al año.

En octubre de 2013, la oficina de la SMA en la Región del Biobío recibió numerosas denuncias de los habitantes del sector donde se encuentra emplazado el complejo por derrames en el ducto que transporta los residuos líquidos de la empresa hasta el mar. Los vecinos acusaron pestilencia, dolores de cabeza y animales enfermos por consumir el líquido, el que terminó cayendo en un estero del lugar, además de posibles filtraciones en tierras agrícolas y contaminación de napas subterráneas.

Funcionarios de la Seremi de Salud, de la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Capitanía de Puerto Lirquén realizaron inspecciones ambientales a raíz de las denuncias, con las que se pudo verificar dos derrames -el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2013- y fallas en los sistemas de alerta instalados en el ducto para reaccionar a tiempo frente a este tipo de emergencias.

En las mismas pericias se comprobó que la temperatura de los residuos líquidos depositados por la empresa en el mar superaba en más del doble a la temperatura que debe tener el efluente al entrar en contacto con el medio marino según la norma vigente. Además de otras infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como inexistencia de cerco vegetal que aísle el perímetro del depósito de residuos industriales no peligrosos y la deficiente construcción del ducto de descarga al mar, que es visible desde la playa a pesar de que la norma exige que no lo sea.

Con el paso de los meses las denuncias continuaron, esta vez por permanentes ruidos molestos en las inmediaciones de la empresa y malos olores en el sector de Quillón y Ñipas, donde los vecinos manifestaron dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas e irritación en ojos y nariz. Además se detectó contaminación atmosférica producto de la disposición no autorizada de cal.

La SMA recopiló e investigó las denuncias que se extendieron hasta 2015 y el 17 de febrero de este año formuló cargos contra Nueva Aldea, resumiendo en ocho puntos las graves falencias que descubrió en el funcionamiento de la planta (ver documento).

Además de los derrames, la empresa fue acusada de emitir en septiembre de 2015 una cantidad indeterminada de dióxido de cloro sin tratamiento, el que al contacto con el aire se transforma en cloro gaseoso, catalogado como gas tóxico según la normativa chilena

Otra de las acusaciones apunta al origen de los malos olores denunciados por los vecinos. La SMA determinó que la emisión de gases pestilentes sin tratamiento -gases TRS- directamente a la atmósfera supera los límites impuestos por la norma, que permite estos “venteos” solo en situaciones de emergencia.

Para tener una idea, solo en enero de 2015 la empresa informó 85 venteos, alcanzando un promedio de 38 venteos mensuales entre enero y septiembre de ese año.  La SMA calificó estas emisiones como “condiciones operacionales que se reiteran numerosa y temporalmente y que van más allá de una situación de emergencia”.

Los hechos son catalogados como “graves” por la superintendencia, debido al daño que implican para la población aledaña, ubicada a menos de un kilómetro, y por el incumplimiento de las medidas que exige la RCA para minimizar y reparar estos problemas.

El proceso sancionatorio está recién comenzando, pero al igual que en Valdivia, podría implicar la revocación de la RCA, la clausura o la multa de hasta 36.000 unidades tributarias anuales, casi $19.400 millones. Celco tiene hasta el 2 de marzo para presentar un programa de cumplimiento y hasta el 9 de marzo para presentar sus descargos, para luego seguir el mismo camino que la investigación en Valdivia.

 

Este reportaje fue actualizado el 1/3/2016

Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua

A 12 años del desastre ecológico que terminó con la vida de miles de cisnes cuello negro en Valdivia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) publicó en noviembre pasado una norma de calidad del agua que, por primera, vez regula específicamente la cuenca del río Valdivia. Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo Angelini y que fue encontrada culpable por la Corte Suprema de contaminar el agua y causar la muerte de los cisnes, inició ahora acciones legales para invalidar la nueva regulación, alegando que le sería imposible adecuarse a las nuevas exigencias.

Esta Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que en caso de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. El objetivo es conservar el entorno, que incluye al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter y su humedal, en un estado lo más cercano posible al que tendría sin la presencia humana. Pero las nuevas exigencias han generado rechazo entre las empresas asentadas en la zona, crispando el clima. Tanto, que en menos un mes ya habían ingresado tres reclamos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Además del que presentó Celco, también reclamaron la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos (Codeproval, de la que también es parte Celco) y Forestal Calle Calle.

cisnes-volando-ríocrucesLa dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

Desde Celco indicaron a CIPER que, con esta nueva norma, cualquier descarga de sustancias al río va ser inviable y que, incluso, la operación de la planta corre un riesgo importante en su funcionamiento a largo plazo.

La empresa, que en 2014 fue condenada a pagar $5.200 millones por los daños ambientales causados al río, hace clara su posición en el escrito presentado ante el tribunal ambiental:

Los parámetros de calidad de las aguas considerados en la norma, tendría como única consecuencia (indirecta) aumentar aún más las ya altísimas exigencias impuestas a Planta Valdivia y, por cierto, la imposibilidad técnica de adaptarse a ellas”, dice el escrito firmado por los abogados representantes de Celco, Mario Galindo y Andrés Bordalí (ver documento).

EL DECRETO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En abril del 2014, unos meses después de que Celco fuera encontrado culpable de la contaminación del río Cruces –parte de la cuenca del río Valdivia–, se estaba por dar el paso más significativo para la protección de la cuenca de la Región de Los Ríos. Tras el visto bueno de la Contraloría, estaban listos para su publicación en el Diario Oficial los decretos que normaban las aguas que atravesaban por la cuenca de Valdivia, además de Biobío y Maipo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió detener el proceso y volver a revisar su contenido, impidiendo la entrada en vigencia de las normas para la protección de estos caudales.

Las alarmas se habían encendido en el Ministerio de Medio Ambiente cuando una profesional alertó a las jefaturas de que el decreto Nº55/2013, que regulaba las aguas de la cuenca del río Valdivia (ver documento), había sufrido cambios de última hora que relajaban las exigencias. Hubo modificaciones entre el anteproyecto que se envió al Consejo de Ministros y también entre el acuerdo que éste organismo envió al Presidente Sebastián Piñera y el documento que finalmente se envió a la Contraloría. A la luz del resultado final, las sospechas eran que el más beneficiado era Celco, justamente la empresa que había generado el desastre ambiental que justificaba la norma.

En concreto, habían flexibilizado los parámetros normados y la posición del área de vigilancia RC II, el punto cercano a la planta de Celco. Los parámetros normados en el anteproyecto eran 17 (ver documento), no obstante, en el decreto enviado por la administración de Sebastián Piñera sólo se mencionaban 15. Aunque se agregaban dos nuevas sustancias, se eliminaron de la lista cuatro: sodio, calcio, magnesio y potasio. Y también se descartaron las mediciones “totales” en el lecho del río por las “disueltas”, que son las que se miden en el cauce, como fue el caso de los metales (cobre, aluminio y hierro). Además, se modificaron los límites permitidos de algunas sustancias. Por ejemplo, el sulfato pasó de un rango de entre 3  y 7 mg/litro en el anteproyecto, a entre 5 y 10 mg/litro en el decreto de 2013.

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El nuevo gobierno también detectó importantes cambios en las coordenadas establecidas para la toma de muestras del río Cruces. De hecho, este cambio -dice el ministerio en su escrito ante el Tribunal Ambiental de Valdivia- se realizó entre la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros y la toma de razón de Contraloría. En específico, se modificó el punto final del área de vigilancia RCII, dejando a la planta de Celco en el inicio del área de vigilancia RCIII. Las muestras se toman en el punto de término de cada zona, en consecuencia, este cambio significaba que el control de la norma se desplazaba a aproximadamente 20 Km aguas abajo de las descargas de la Planta Valdivia de Celco, en vez de los tres establecidos originalmente. En ese momento, Carla Peña, seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, explicó esta situación a La Tercera:

Entre la firma del ex presidente y la toma de razón de Contraloría, se estableció finalmente que el punto de muestra sería a 20 km, por lo tanto la disolución que van a tener los metales pesados será mayor y no podremos dar cuenta del impacto de Celco en la zona.

El ministerio trabajó dos años para establecer nuevas NSCA, retomando gran parte de los elementos establecidos en el anteproyecto original, además de agregar metales pesados y sodio (ver documento). En su respuesta al Tribunal Ambiental en la causa ingresada por Celco, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado Valdivia, Natalio Vodanovic (en representación del MMA), explicó las medidas tomadas (ver documento):

  • Modificación de áreas de vigilancia: En el decreto del 2013, las dos fuentes más importantes que descargan al río, tanto de forma puntual como difusa (Celco y el poblado de San José de la Mariquina), quedaban en la misma área de vigilancia (RCIII), con la única posibilidad de ser controladas aproximadamente 20 km aguas abajo, en el sector de Cahuincura. Esta distribución no permitía evaluar por separado los potenciales impactos que estas fuentes podrían generar en la calidad fisicoquímica del río así como en el ecosistema asociado.
  • Parámetros normados: Se restableció la propuesta contenida en el anteproyecto de la norma, considerando la importancia de los metales totales en los ecosistemas acuáticos y la calidad natural e histórica para sulfato, cloruro, sodio y oxígeno.
  • Niveles de calidad: Se mejoraron los niveles de calidad ambiental del oxígeno, sulfato, sodio, cloruro, fosfato y metales, en consideración a los niveles establecidos en el anteproyecto, a la calidad actual de las aguas de la cuenca y considera una clase óptima y media para su monitoreo.

Celco alega que estas normas establecidas en el Río Cruces están entre las más estrictas a nivel mundial y hacen inviable las descargas de la compañía, ya reguladas por su Resolución de Calificación Ambiental (RSA).

El ministro (S) de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explica que esta no es una norma de emisión (como la que tiene aprobada la empresa), sino que regula la calidad de las aguas. “La norma está diseñada para proteger los ecosistemas de los ríos de Valdivia y no tiene relación con una fuente (de descarga) en particular”, asegura. Enfatiza que se continuará defendiendo en tribunales la vigencia de la regulación, un mensaje que transmitió este jueves 11 a las comunidades de la zona de Valdivia.

planta-valdiviaAunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

CELCO: NO HAY TECNOLOGÍA QUE PERMITA CUMPLIR LA NORMA

El escrito presentado por Celco ante el Tribunal Ambiental de Valdivia plantea un escenario dramático para la compañía. Como ejemplo, argumentan que las exigencias superan incluso las de la regulación del agua potable en Chile. Si bien esto es cierto, desde el gobierno replican que ambas normas no son comparables y que, por ejemplo, el agua potable contiene cantidades de cloro que son inocuas para el ser humano y serían dañinas para ecosistema acuático.

En su reclamo, la empresa argumenta que no existe coherencia entre el costo económico y social y el beneficio estimado de la norma:

–Por una parte, no se observan beneficios ambientales claros (se debe tener presente que, según último reporte de la Universidad Austral de Chile, la calidad ambiental del río es buena) y, por la otra, dada la imposibilidad técnica de hacer cumplir la norma (no existe tecnología disponible para la industria de producción de celulosa que permita cumplir con los estándares).

Según argumentan desde la empresa, el río en su estado natural (arriba de la descargas de la planta) ya se encuentra saturado según los estándares de la nueva norma. “¿Qué esperan que pase río abajo?”, se preguntan. Pero las autoridades ambientales replican que los estudios utilizados para elaborar la regulación dan cuenta de que eso no es efectivo.

En su defensa, fuentes de la empresa usan la carta de los beneficios sociales y económicos que significa el funcionamiento de la planta Valdivia para la región. Argumentan que la sustentabilidad no es sólo ambiental, sino que debe considerar otros componentes. Celco emplea a 5 mil personas en la región, entre trabajadores de la planta y la actividad forestal ligada a ésta.

“Estamos dando la pelea en tribunales para convocar a un proceso participativo que apunte a tener una norma donde se proteja la calidad de agua del río, su flora y fauna y la salud humana, y que de alguna una forma sea compatible con el desarrollo social y económico de la región”, explican en Celco.

Pese al escenario fatal que esboza el escrito presentado por la empresa en tribunales, fuentes de la compañía reconocen que existe un “plan B”, que es el no menos polémico ducto que descargaría los desechos de la Planta Valdivia hacia el mar a través de la bahía de Mehuín. Si bien ya cuenta con autorización ambiental, esa alternativa también despierta la férrea oposición de las comunidades locales.

Colusión del papel liquida subsidio que benefició por décadas al Grupo Matte

Herido de muerte está el subsidio forestal instaurado en 1974 por la dictadura militar, gracias al cual los grupos económicos Matte y Angelini ingresaron a sus negocios cerca de US$600 millones que el Estado les traspasó a sus empresas madereras durante 40 años para financiar plantaciones de bosques de pino y eucaliptos. Fue también el incentivo para la creación de un modelo de negocios exportador, con una altísima concentración de la propiedad en manos de ambos grupos, que abarca la producción de celulosa, papel y maderas elaboradas.

El escándalo por la colusión del papel higiénico -cuya materia prima sale de los bosques- que tiene como protagonista al Grupo Matte y a su holding CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), tuvo entre sus efectos congelar -en el gobierno y en el Congreso- los intentos por prorrogar hasta 2018 el subsidio conocido como Decreto Ley 701.

Eliodoro Matte
Eliodoro Matte

Uno de los impulsores originales de ese subsidio -que no se renueva desde 2013- fue Julio Ponce Lerou, cuando era el principal ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y también yerno de Augusto Pinochet. Ponce Lerou es hoy el controlador de las empresas Soquimich, las que tienen tres frentes abiertos en la justicia: están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política, por las irregularidades del llamado “Caso Cascadas” y por los severos cuestionamientos que han surgido al contrato suscrito con el Estado para explotar el Salar de Atacama.

“Ahora que se ha conocido la colusión del Grupo Matte esperamos terminar definitivamente con este subsidio”, dijo a CIPER el senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), quien formó la llamada “Coalición contra la prórroga del Decreto Ley 701” junto a los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Eugenio Tuma (PPD), Alejandro Navarro (MAS), cinco ONG y las fundaciones Pumalín, Terram y WWF Chile (World Wildlife Found).

Esta agrupación logró paralizar el proyecto de ley enviado en mayo de 2015 por la Presidenta Bachelet, que extendía el subsidio desde 2016 al 2018, con un presupuesto de $35 mil millones (US$50 millones). La iniciativa legal había sido aprobada en julio pasado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con los votos desde la UDI al PS, sin que se hiciera previamente una discusión de fondo.

Fueron las gestiones de esta coalición contra el DL 701 las que lograron frenarlo antes que continuara su tramitación en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. “Con la colusión ya no hay piso político para la prórroga”, insistió De Urresti, situación que reconoció la semana pasada el ministro de Agricultura, Carlos Furche.

Forestal Mininco y Agrícola Monte Aguila -las empresas del Grupo Matte que concentran el patrimonio de bosques en Chile- recibieron dineros del DL 701 incluso recientemente, según informó la CMPC en su Memoria Anual de 2014. En total fueron $350 millones si se suman los aportes de los últimos años. Un monto pequeño comparado con los subsidios recibidos por las grandes empresas forestales entre 1974 y 1998.

Hasta 2013 el Estado subsidió la forestación de 1,2 millón de hectáreas por la vía del DL 701 (modificado en 1998 y 2011) entregando a grandes, medianos y pequeños propietarios un total de US$ 875 millones de dólares.

El mercado forestal chileno está dominado por dos actores principales: Arauco (Angelini) y Mininco (Matte), al que se suma bastante más lejos Masisa (de capitales suizos). Junto a ellos coexisten las empresas que califican de medianas si sus ventas no superan las 100 mil UF anuales y los pequeños productores que poseen máximo 12 hectáreas de riego. La llamada “Agricultura Campesina”, con 278 mil familias, ha tenido un menor acceso pues mayoritariamente produce leña y carbón.

Quienes se llevaron el gran pedazo del subsidio estatal han sido los dueños de los grandes predios, los mismos que actualmente son propietarios de las industrias que producen maderas, papel y celulosa. Así lo estableció en 2014 un estudio realizado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, por encargo de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (ver documento de evaluación).

En 1983, por ejemplo, los pequeños madereros recibieron $136,5 millones por los escasos 120 subsidios que les fueron otorgados. En cambio, los grandes y los medianos se llevaron $7.834 millones por los 2.327 subsidios que el Estado les entregó ese año (calculados a $ de 2010).

Aunque esta enorme desproporción se redujo parcialmente a partir de 1998, con el cambio normativo (Ley 19.561) que buscó beneficiar con el bono a un mayor número de pequeños propietarios, finalmente éstos sólo recibieron el 39,2% de los 186.384 bonos de forestación concedidos desde 1976 a 2012. Medido en dineros públicos, los pequeños sólo consiguieron el 33,8% de los subsidios pagados entre 1982 y 2012, un avance si se considera que hasta 1997 los grandes y medianos se llevaron el 94,2% de las platas del Fisco para plantar bosques.

“Impedir la prórroga del bono es un paso indispensable para decidir un nuevo modelo que se haga cargo de los efectos negativos del DL 701”, aseguraron a CIPER representantes de la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Reconocen que también hubo efectos positivos, como la recuperación de terrenos deforestados y la creación de un polo exportador que no existía y que en 2014 alcanzó los US$ 6.094 millones en ventas al exterior.

René Reyes, vicepresidente de la agrupación, acusa que el modelo que inspiró el bono está agotado: “Causó más concentración de la propiedad de la tierra en beneficio de unos pocos, está afectando los recursos hídricos y eliminó la biodiversidad en grandes extensiones del país”.

EL YERNO DE PINOCHET Y EL BONO

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou había trabajado para la CMPC en Concepción. Para entonces ya estaba casado con Verónica Pinochet Hiriart y después del golpe su suegro lo catapultó a la jefatura máxima de la Conaf en 1974, desde donde impulsó el subsidio forestal al tiempo que aumentaba su patrimonio personal con negocios paralelos y ponía en práctica una contrarreforma agraria para devolver predios a los antiguos propietarios expropiados, según documenta el libro “A la sombra de los cuervos” (agosto 2015) de Javier Rebolledo. (Ver reseña del libro).

En esa misma época, el joven ingeniero Eliodoro Matte -hijo del dueño de la CMPC- volvía a Chile desde la Universidad de Chicago y fue fichado por el régimen militar en el Ministerio de Salud, donde preparó la privatización de Laboratorios Chile.

Julio Ponce Lerou
Julio Ponce Lerou

En rigor, fue el ex ministro de Economía de Pinochet, Fernando Léniz Cerda, el creador del subsidio forestal, lo que no era extraño pues Léniz había sido ejecutivo de la CMPC, presidente del gremio maderero (CORMA), y venía madurando esa idea desde el gobierno de Frei Montalva.

A Ponce Lerou le correspondió operativizar el bono y, al mismo tiempo, privatizar el gigantesco Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de la estatal Corporación de Fomento (CORFO), que tenía 360 mil hectáreas de extensión. En 1984, en plena dictadura, las denuncias impulsadas principalmente por el empresario Ricardo Claro, sobre cómo Ponce Lerou había usado a terceras personas para explotar la madera del Complejo Panguipulli en beneficio personal, provocaron un gran escándalo y su salida de varios directorios de empresas públicas.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –“El trabajo decente en la industria forestal de Chile” (2012)- apunta a que en los primeros años después del golpe militar, el nuevo gobierno se apoderó de predios asignados por la reforma agraria: “Tanto las tierras expropiadas a campesinos como a comunidades mapuches fueron rematadas y compradas por sectores empresariales, quienes a su vez adquirieron el patrimonio e infraestructura maderera y celulósica liquidada por el Estado”.

Según el informe de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura, Ponce Lerou salió de la CONAF en 1980 como propietario de numerosos fundos. Durante su gestión -de 1976 a 1980- se entregaron 3.389 bonos por el DL 701, y solo 106 de ellos beneficiaron a pequeños propietarios.

De allí, el yerno de Pinochet saltó a la gerencia de empresas CORFO, desde donde encabezó el traspaso a privados de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, ambas hoy de propiedad del Grupo Angelini; y de Inforsa, ahora en manos del Grupo Matte.

MILLONARIA INYECCION

Inicialmente, el DL 701 financió el 75% de los costos netos de la plantación de bosques hechas por particulares. El subsidio se pagaba por una sola vez. A ello se sumó un bono por la administración del proyecto en los llamados “terrenos con aptitud forestal”, que se cancelaba cada año. Y finalmente, se agregó una rebaja a las contribuciones del terreno forestado y otra rebaja al impuesto a la renta por los futuros ingresos del propietario, cuando el bosque estuviera produciendo (lo que se calculaba unos 20 años después de la plantación).

Como el pago demoraba unos dos años en materializarse -eran requisitos para obtenerlo presentar un plan de manejo y un estudio técnico- los pequeños propietarios no tuvieron espaldas financieras para hacer frente a los gastos iniciales. De esta manera, el subsidio del Estado fue capturado casi totalmente por las grandes empresas hasta 1997.

El informe de la Dirección de Presupuesto de 2005, que evaluó el DL 701, concluyó: “Durante los primeros años los beneficiarios de la bonificación y de los bonos de administración y poda fueron las empresas forestales y los empresarios agrícolas que tenían importantes extensiones de aptitud forestal”. Sólo el 5,8% de la superficie beneficiada pertenecía a los pequeños madereros.

Según las estadísticas de la CONAF, entre 1976 y 1997 se bonificaron 944.176 hectáreas para forestación (ver tabla). Eso se tradujo en que hasta 1997 el Estado entregó a los privados US$ 369 millones, de los cuales escasos US$ 18,5 millones fueron para los propietarios de menor tamaño. (ver artículo de La Tercera).

30.07.03.faenas en el bosqueEn 1998 la nueva Ley 19.561 modificó el DL 701 para focalizar el bono en los pequeños productores, incrementándoles el subsidio hasta el 90% de los costos de plantación. A los grandes propietarios les rebajó el bono al 50%. Gracias a ello, desde esa fecha hasta 2010, las Pymes forestales obtuvieron el 49% de los US$ 476 millones que entregó el Fisco. Pero los grandes y medianos empresarios forestales continuaron llevándose la mayor parte, desbalance que se acentuó de 2011 a 2013, periodo en el que se repartieron US$ 30,9 millones, de los cuales el 61% fue para las empresas dominantes. Una discriminación que se mantuvo a pesar de que un nuevo cambio al DL 701 amplió los beneficios a las comunidades indígenas.

En total, durante los últimos 40 años el Estado transfirió a las grandes y medianas empresas del rubro US$ 612 millones, mientras las pequeñas y los campesinos de la “Agricultura Familiar” obtuvieron US$ 263 millones. Eso, sin contar la rebaja de contribuciones y el beneficio tributario a largo plazo.

Según el informe UC/Dirección de Presupuesto de 2014, los bonos de forestación por hectárea variaron en esas cuatro décadas desde $76 mil hasta $520 mil, medidos a valor del año 2010.

Todo este gigantesco financiamiento público permitió a los grupos Matte y Angelini incrementar su patrimonio a costa del Estado e incluso les posibilitó incrementar considerablemente sus tierras, pues hasta fines de los años 90 las hectáreas eran baratas en el sur, afirma René Reyes, de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.

 LAS HECTAREAS DEL GRUPO MATTE

En 1974 la CMPC inicia su “vasto programa de plantación de pino radiata”, según consigna en la Memoria Anual de 2011. Al ejercicio de 2014, el holding reconoció que poseía 476 mil hectáreas en Chile a través de Forestal Mininco y Forestal Monte Águila, aparte de las 160 mil que tiene en Brasil y Argentina. Estas cifras la ubican como la segunda empresa con más bosques en Chile después del Grupo Angelini (Forestal Arauco), cuyas plantaciones suman 725 mil hectáreas. El total de hectáreas plantadas en Chile es de aproximadamente 3 millones, equivalentes a 30 mil kilómetros cuadrados, que es la superficie de la Región del Maule.

En la ExpoCorma de 2013 las grandes empresas y el gremio maderero manifestaron su interés por el futuro del Decreto Ley 701 y su preocupación por el retraso de la prórroga.

-En el sector forestal creemos que se puede plantar más, pero hoy todos los proyectos de ley se politizan, es tremendo, y nadie mira qué es lo que gana el país –afirmó Gonzalo García, secretario general de la CMPC y ejecutivo clave del Grupo Matte.

A su vez, el gerente de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber, señalaba entonces que “es una lástima” que el DL 701 se haya demorado, “especialmente porque beneficia a los pequeños productores. Esto no beneficia a las grandes empresas forestales, porque ellas no hacen uso del DL 701”.

“PATETICA” APROBACION DE DIPUTADOS

En mayo pasado, pese a las voces críticas, la Presidenta Bachelet envió el proyecto de ley para prorrogar el DL 701 hasta 2018. En el mensaje a la Cámara de Diputados argumentó que su programa de gobierno había contemplado extender el beneficio y así generar condiciones para discutir una nueva ley de fomento forestal. Cabe recordar que en la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, que lleva a cabo el Ministerio Público, se ha acreditado que varias personas que participaron en el programa de gobierno de Bachelet, fueron pagadas –a través de la sociedad Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli- por el Grupo Angelini.

El proyecto lo tramitó la Comisión de Agricultura, cuyos diputados escucharon los argumentos a favor del bono del ministro de Agricultura, Carlos Furche, y del director de Conaf, Aarón Cavieres: plantar 39 mil hectáreas generará 5 mil nuevos puestos de trabajo. En julio, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes en esa oportunidad: José Pérez Arriagada (PR y presidente de la comisión), Loreto Carvajal  (PPD), Felipe Letelier (PPD), Christian Urízar (PS), Pedro Alvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI) e Ignacio Urrutia (UDI). Cuatro de los parlamentarios representan distritos de las regiones del Maule y Bío Bío, en ambas los dos grupos dominantes del rubro poseen extensas plantaciones forestales.

Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti

Según un informe que presentó la diputada Carvajal, prácticamente no hubo discusión. Ella hizo “alusiones” a las críticas sobre la falta de claridad del beneficio para los pequeños y medianos productores. El diputado Diego Paulsen (RN), quien se inhabilitó de votar por tener intereses en el rubro maderero, pidió aclarar si el DL 701 estaba priorizando a las Pymes “y no, como ha ocurrido hasta ahora, a grandes empresarios forestales”, dijo. A su vez los diputados Pérez, Barros y Urrutia, pidieron legislar a la brevedad el proyecto para apoyar a los pequeños productores, mientras Letelier reconocía que la prórroga al subsidio habría requerido un mayor análisis.

“Patética” fue el calificativo que le adjudicó el senador Alfonso de Urresti (PS) al episodio de la Cámara: “La prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla porque en ese momento habíamos hecho una presentación al gobierno, haciendo ver que requería de la consulta indígena. El subsidio ha sido vendido como una panacea y la realidad es que el modelo que se construyó con él está en crisis y no se puede prorrogar sin hacer una evaluación seria de sus resultados”, dijo a CIPER.

CRECE EL RECHAZO

El escándalo por la colusión del papel higiénico del Grupo Matte dio nuevos bríos a los críticos del DL 701, que esperan impedir que resucite. René Reyes, vicepresidente de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, opinó que “hay escaso piso político para aprobar la prórroga de un subsidio que beneficia a empresas que se coluden, como es CMPC”.

Sus partidarios replican que la consecuencia de no prorrogarlo es que disminuirá la cantidad de nuevas hectáreas forestadas. Reyes lo reconoce, pero dice que la agrupación que representa lo ve “como una oportunidad para discutir un nuevo modelo forestal que considere el cambio climático, la diversificación productiva en torno a otras especies y la necesidad de disminuir la alta concentración de la propiedad forestal”.

Camila Merino Ministra de trabajoPor el rechazo definitivo también están la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, la Confederación de Trabajadores Forestales y 27 destacados académicos de la Universidad Austral.

Los trabajadores ponen el acento en preparar la ley que creará el Servicio Forestal que reemplazará a la Conaf, y una nueva normativa de fomento que considere a la agricultura familiar campesina y a los trabajadores, con uno de sus focos puestos en superar las desigualdades de este sector de la economía.

El análisis de los académicos es lapidario: piden el fin del DL 701 y su mirada apuesta al medio ambiente a largo plazo. En su reemplazo piden una legislación que incentive el bosque nativo, ayude a recuperar la biodiversidad y la disponibilidad de agua, ya que los estudios en Chile y el mundo pronostican la disminución de las lluvias y la mayor recurrencia de las sequías en la zona central y sur del país. Como antecedente de los efectos negativos del bono creado por Pinochet, advierten que reemplazar un 10% de bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptos hace disminuir en 20% la disponibilidad de agua en verano, como ya ha ocurrido en la Región del Maule.