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Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión

La asesoría tributaria que le ahorró $41 mil millones en impuestos a la ANFP

“Este es un día sumamente importante para el fútbol y bastante esperado para gran parte del país”. Así presentó el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, el resumen ejecutivo de la auditoría forense realizada por Deloitte. Un informe destinado a transparentar las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Pero que, al mismo tiempo, abrió un flanco que la directiva del fútbol prefiere no ahondar: el perdonazo a la gigantesca deuda tributaria de la asociación que gestionó su defenestrado ex presidente, Sergio Jadue, y que benefició a los dirigentes de todos los clubes que hoy pretenden mostrar al calerano como único culpable de los turbios manejos del fútbol.

Cuando Jadue tomó el timón de la ANFP, el Servicio de Impuestos Internos (SII) le exigía pagos, por diversas contingencias tributarias, que sumaban $43.709 millones. Pero al final solo se cancelaron $2.455 millones, lo que representa poco más de un 5% del monto original. En la auditoría forense que Salah presentó a la prensa el miércoles 25 de mayo pasado no hay mención alguna a los $41.254 millones que la ANFP se ahorró en impuestos adeudados, más las multas e intereses, que le cobraba el SII.

Solo en las últimas páginas del dossier que Salah entregó a los periodistas aparecía, de manera tangencial, una pequeña hebra que podía relevar esta generosa rebaja que hizo el SII a los empresarios del fútbol. Esa pista era un gasto objetado de $218 millones que había sido pagado por la directiva de Jadue al bufete de abogados tributaristas Aste, Jaramillo y Celaya (AJC).

La objeción a este desembolso provocó un duro enfrentamiento público entre Deloitte, la consultora que hizo la auditoría forense, y AJC, dos firmas que disputan el mercado de asesorías tributarias para grandes contribuyentes (ver recuadro).

Reunion de Directorio de la Anfp para conocer Auditoria ForenseCIPER siguió el rastro de este pago objetado y constató que AJC trabajó para la ANFP desde 2011 hasta fines de 2015 (incluso cuando Jadue ya se había entregado a la justicia de Estados Unidos). En ese periodo el bufete resolvió diversos problemas que la asociación arrastraba con el SII, algunos desde fines del siglo pasado. CIPER tuvo a la vista documentos que confirman que AJC consiguió reliquidaciones y condonaciones que evitaron el ingreso a las arcas fiscales de más de $41 mil millones que debía cancelar la ANFP.

Esta mega-rebaja tributaria le permitió a Sergio Jadue levantar el embargo que en 2011 el SII impuso a los flujos del Canal del Fútbol (CDF) y, posteriormente, a los terrenos que la ANFP posee en Quilín. Además, gracias al perdonazo Jadue pudo contar con fondos para repartir más de $23 mil millones a las sociedades anónimas que administran los clubes, las que tampoco pagaron impuestos pues se acogieron a una franquicia tributaria que obliga a invertir estos recursos exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil. Una obligación cuyo cumplimiento sigue en duda (ver reportaje de CIPER).

Desde 1999 la ANFP mantenía un conflicto con el SII debido a que la asociación hacía uso de una antigua exención tributaria destinada a organizaciones que promueven el deporte sin fines de lucro. En opinión de Impuestos Internos, la ANFP ya no podía acceder a este beneficio porque dejó de estar compuesta por clubes sin fines de lucro y ahora sus integrantes son sociedades anónimas. Sólo por este motivo, la ANFP llegó a adeudar $38.987 millones en 2010. CIPER revisó la documentación que acredita que, mediante reliquidaciones y condonaciones, la asociación pagó sólo $1.712 millones, equivalentes a un 4% del monto que le cobraban inicialmente.

La asesoría tributaria objetada en la auditoría forense también resolvió una disputa por impuestos impagos que enfrentó a la ANFP con VTR, y que involucraba el pago de $4.722 millones. Además, regularizó otros problemas tributarios complejos, como los impuestos impagos por el contrato del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Jorge Sampaoli, que simulaba ser un contrato por derechos de imagen, pero que encubría el pago de remuneraciones (ver reportaje CIPER).

DEUDA ORIGINAL Y FLUJO DEL CDF

El principal problema de la ANFP con el Fisco no nació con la administración Jadue. La ANFP acumulaba impuestos impagos por un total de $38.987 millones, correspondientes a impagos por transacciones y utilidades, desde el período tributario de 1999 hasta 2010. La disputa se originó porque la asociación se consideraba amparada por la Ley 8.834 de 1947, que deja exenta de tributos a las entidades deportivas sin fines de lucro, derecho que no era reconocido por el SII. Para solucionar este entuerto se contrató al bufete AJC. La asesoría determinó que la ANFP dejó de ser beneficiada con esa exención en 2005, cuando la ley dio origen a las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). Los consultores sugirieron reconocer la deuda solo a contar de ese año, pero renegociar con el SII.

cdfEn el acuerdo logrado con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII se estableció que la ANFP no debe pagar impuestos por los dineros que le entrega el CDF (sobre $32 mil millones anuales). Esto, porque los profesionales de AJC convencieron al SII de que el CDF y los clubes son los que deben pagar tributos por esos dineros, ya que la ANFP actúa sólo como mandataria de ellos: recibe los fondos desde el CDF y se los traspasa a los equipos.

Tras un largo proceso de negociación con el SII, la ANFP concretó el acuerdo. Esto la benefició con una potente reliquidación de la deuda: de los $38.987 millones originales pasó a una deuda de $6.453 millones, pero además obtuvo una condonación del 90% de los intereses y multas. De esta manera llegó a cifra definitiva que terminó pagando: $1.440 millones.

Adicionalmente, los asesores de la ANFP lograron convencer al SII de que los dineros que recibe del CDF tienen que ser considerados como “gastos”, debido a que solo los recibe y luego traspasa a los clubes, por lo que no le corresponde tributar por esos flujos. Esta nueva lectura de los impuestos que deben pagar los dineros del CDF disminuyó en $600 millones la carga impositiva de la ANFP entre 2011 y 2014.

VTR Y DERECHOS TELEVISIVOS

Antes de la puesta en marcha del CDF la transmisión del fútbol chileno se comercializaba al mejor postor por cifras mucho menores a las que se manejan hoy. En diciembre de 1994 la ANFP, presidida por Ricardo Abumohor, le entregó a Cable Express los derechos del campeonato nacional. En la negociación se decidió no gravar con IVA los pagos, pero quedó estipulado en el contrato que si el SII exigía cancelar ese impuesto, Cable Express se haría cargo.

Y así sucedió. En noviembre de 1999 el SII contactó a la ANFP para exigir el pago del IVA por la venta de derechos televisivos. La ANFP se hizo la desentendida durante años, hasta noviembre de 2011, cuando la Tesorería General de la República embargó los flujos del CDF para saldar la deuda, más intereses y multas: $4.722 millones en total.

Para entonces los clubes de Primera A y Primera B se sustentaban principalmente gracias a los dineros del CDF, por lo que el embargo era un problema mayúsculo para la entonces naciente administración de Sergio Jadue. Frente a la emergencia, la ANFP puso en acción a sus asesores tributarios: consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín (ver reportaje CIPER).

SIIUna vez aceptada la propuesta de reemplazo de embargo, los abogados comenzaron las negociaciones con VTR (sucesora de Cable Express) para que pagara la deuda, pero la empresa lo fue aplazando. La demora se debía a que VTR esperaba conseguir una condonación de intereses y multas, pero esas tratativas se congelaron en 2012 tras conocerse la controversial “mega-condonación” concedida por el SII a Johnson’s.

Ante esta situación, los abogados de la ANFP iniciaron un juicio ejecutivo para que VTR reconociera la deuda. La situación se agravó cuando la Tesorería volvió a pedir el embargo de los flujos del CDF el 5 de octubre de 2012. Pero eso nunca se ejecutó. Y si bien VTR desconoció la deuda en el juicio ejecutivo, el 17 de octubre le pagó al Fisco $1.360 millones, correspondientes a la reliquidación de la deuda, más una condonación.

LA PELEA POR LA ANFP

El round entre Deloitte y AJC, debido a la auditoría encargada por la ANFP generó un fuerte remezón entre los asesores de grandes contribuyentes que planifican rebajas de impuestos. Deloitte sostuvo que la ANFP había hecho pagos por $418 millones al bufete AJC, pero que no había encontrado antecedentes que justificaran el pago de $218 millones de ese total.

En una carta a El Mercurio, Christian Aste, miembro del bufete AJC, ex socio de Deloitte y responsable de las regularizaciones tributarias de la ANFP en el periodo de Sergio Jadue, apuntó a que el informe de la auditoría buscó enlodar la seriedad de su nombre y una oportunidad para quedarse con el cliente: “Un principio básico de auditoría es confirmar con la contraparte. Yo fui socio de Deloitte y tengo un prestigio que a nadie le permitiré comprometer. Lo mínimo era pedirme información”, se lee en la publicación.

Consultado por CIPER, Aste dijo que el CEO de Deloitte, Jorge Rodríguez, le respondió su carta con un e-mail en el que le explicó que enfatizaron el caso de los pagos hechos por la ANFP a AJC por los problemas de control interno de la asociación, debido a que los acuerdos fueron concretados por correo electrónico y no por un contrato. Sobre este punto, Aste dijo que le parecía “curiosa” la objeción: “Cuando fui socio de Deloitte pactaba servicios bajo el mismo sistema: por correo electrónico. Y tengo los medios para probarlo”.

CIPER solicitó una entrevista con un responsable de Deloitte para abordar este tema, pero la respuesta de la encargada de comunicaciones fue negativa: “Tenemos como política no emitir comentarios sobre procesos realizados a clientes”.

En la ANFP señalaron que “el informe final desarrollado por la empresa auditora Deloitte recoge las observaciones e incorpora las inquietudes y antecedentes entregados por el señor Cristián Aste”. Dicho informe, cuyo contenido aún no es público, fue entregado por Deloitte después del resumen ejecutivo que se dio a conocer la prensa y en la ANFP no informaron si los antecedentes aportados por Aste fueron suficiente para subsanar los cuestionamientos iniciales.

 

(Esta nota fue actualizada el 16/6/2016)

La confesión de Jadue en EE.UU.: “Participé de un esquema para defraudar al aceptar sobornos”

El juez del Distrito Este de la Corte de Nueva York Raymond. J. Dearie aceptó la solicitud de CIPER de liberar la transcripción de la audiencia en que el 23 de noviembre de 2015 el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, se declaró culpable de haber conspirado para cometer delitos de crimen organizado (racketeering conspiracy) y de haber sido parte de una conspiración para realizar fraude con transacciones bancarias (wire fraud) en perjuicio de la FIFA, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Jadue admitió explícitamente haber recibido sobornos para adjudicar la transmisión televisiva de los principales torneos de fútbol de América y arriesga hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, aunque por haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía es probable que la sentencia sea mucho más leve.

La transcripción de la audiencia tiene 36 páginas en Inglés, pero el juez Dearie accedió también a liberar un documento anexo (identificado como exhibit 3) que contiene la confesión de Jadue en Español. En esa declaración de una carilla y media, Jadue confiesa haber recibido sobornos de empresas para obtener los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana y la Copa América, incluyendo la Copa América Centenario que comienza este 3 de junio en Estados Unidos.

Respecto al primer cargo, de crimen organizado, Jadue reconoció lo siguiente:

Comenzando aproximadamente en 2012, yo acordé con ejecutivos de marketing deportivo y oficiales de fútbol afiliados a FIFA y Conmebol varios esquemas involucrando el pago y recibo de sobornos en conexión con Ia venta de derechos de los medios de comunicación y marketing de torneos de fútbol.

En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos sobornos de las compañías de marketing de deportes, las cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de Ia Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario”.

En cuanto al segundo delito, de fraude con transacciones bancarias, Jadue confesó:

Desde aproximadamente 2012 a 2015, yo, a sabiendas e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, acordé participar en un esquema de defraudar a FIFA, Conmebol y Concacaf de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos. Yo y otros oficiales de fútbol mantuvimos posiciones de autoridad y confianza dentro de estas organizaciones de fútbol. A pesar de esto, compañías de marketing deportivo nos hicieron pagos de soborno para obtener y mantener los derechos de marketing en el torneo de Copa América, incluyendo una edición del torneo programada a ser jugada en los Estados Unidos en 2016. Para llevar a cabo el esquema, yo, junto con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras localizadas en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir los pagos de soborno”.

Raymond J. Dearie (Fuente: New York Law Journal)
Raymond J. Dearie (Fuente: New York Law Journal)

Jadue no mencionó en su confesión a las compañías que pagaron los sobornos, pero la investigación de la Fiscalía de EE.UU. reveló que se trató de la empresa  Datisa, que opera con el nombre de fantasía de WeMatch. El ex presidente de la ANFP tampoco identificó a los otros dirigentes deportivos que participaron del fraude ni dio a conocer el monto de la coima que recibió. Sin embargo, en noviembre de 2015 el ex presidente de la ANFP aceptó que la Fiscalía le incautara hasta US$2,2 millones, equivalente al soborno recibido. Parte de ese dinero se obtuvo desde la cuenta R201414K1 del Banco UBS a nombre de la sociedad Lisburn Strategies Inc., domiciliada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas (ver reportaje de CIPER:  Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS).

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos similares en contra de los más altos dirigentes de la Conmebol y la Concacaf. No obstante, en su confesión  Jadue enfatizó que los co-conspiradores no revelaron a los comités ejecutivos de esas instituciones, así como tampoco al comité de la FIFA, los sobornos que recibían.

Sergio Jadue –que hoy se encuentra domiciliado en Miami- deberá presentarse nuevamente ante el juez Dearie a las 10 de la mañana del próximo 17 de junio en una audiencia en que se dictará sentencia o se controlará el avance del caso. Ese mismo día, no lejos de la Corte de Nueva York, en el Metlife Stadium del vecino estado de New Jersey, se jugará una llave de los cuartos de final de la Copa América Centenario, por cuyos derechos de transmisión Jadue cobró una coima.

ESTADOS UNIDOS CONTRA SERGIO JADUE

El 20 de abril pasado, CIPER presentó una solicitud formal al juez Dearie para que liberara la transcripción de la audiencia en que Jadue se declaró culpable y cuyo contenido había sido declarado confidencial. Se comunicó también la petición a la Fiscalía y al abogado de Jadue en Estados Unidos, William Brodsky,del bufete Fox, Hovan & Camerini. El 2 de mayo ambas partes accedieron a dar a conocer una versión editada –en la que se tarjan textos que aún requieren reserva– de la transcripción. No fue hasta este miércoles 1 de junio que el juez Dearie resolvió acoger la solicitud de CIPER y dar a conocer el documento.

La transcripción tiene cerca de seis de las 36 páginas completamente tarjadas y el relato de la audiencia no permite deducir de qué se habló en los momentos que se mantienen en secreto. De todos modos el documento reproduce en detalle todo lo que pasó en el resto de la audiencia, que duró una hora.

Además del abogado Brodsky, Jadue estuvo acompañado por su defensor chileno, José Pablo Forteza, del estudio Insunza. Brodsky explicó al juez que también asistía el abogado argentino Santiago Sáenz Valiente, quien estaba pasando un tiempo en su bufete para aprender los procedimientos judiciales estadounidenses.

Durante la audiencia, según describen los documentos liberados, el juez Dearie hizo gala de su sentido del humor en un par de momentos, como cuando le explicó a Jadue que los dos delitos por los que estaba acusado implicaban conspiraciones.

–¿Cuál es, señor, según su entendimiento, la naturaleza de una conspiración? ¿Qué es una conspiración? –preguntó Dearie.

Es llegar a un acuerdo con varias otras personas para cometer un crimen –respondió Jadue, con la ayuda de un traductor.

Dos A+ hoy, eso es –replicó el juez utilizando la nomenclatura de notas escolares que equivale a un 7. –Está en lo correcto. Quiero enfatizar que el crimen es el acuerdo.

sergio-jadue-blatterGran parte del tiempo de la audiencia el juez Dearie lo dedicó a explicar pedagógicamente a Jadue la naturaleza de los delitos por los que estaba por declararse culpable y en asegurarse de que entendía cada una de las implicancias que tendría asumir esa responsabilidad. Antes de comenzar, le preguntó por su salud física, emocional y mental, si estaba bajo algún tipo de medicación, si alguna vez había tenido problemas con el alcohol o las drogas, y si era capaz de concentrarse en lo que le estaba diciendo.

Luego, le explicó en detalle que al aceptar los cargos renunciaba al derecho de ser juzgado por un Gran Jurado –lo que obligaría a la parte acusatoria a probar los delitos– escenario en el que eventualmente podría ser declarado “no culpable” aún si hubiera cometido los delitos. Al renunciar a ese derecho, él como juez procedería como si dicho jurado hubiera presentado una acusación en su contra para llevarlo a juicio, pero tal juicio no se llevaría a cabo.

A continuación se produjo un largo diálogo entre las partes que fue censurado en la transcripción, tras lo cual el juez dijo que aunque normalmente leía los cargos, en esa ocasión se trataba de 17 páginas, por lo que pidió a la asistente del fiscal de distrito, Kristin Mace, que los resumiera. Fue después de que la abogada describiera los cargos de conspiración para el crimen organizado y conspiración para el fraude bancario que se produjo el diálogo en que el juez Dearie le preguntó a Jadue si sabía lo que era conspirar.

Pese a que la audiencia se produjo luego de que Jadue llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se supone que se negoció la condena que ésta pedirá el próximo 17 de junio, el juez Dearie se preocupó de que quedara claro que él es quien determina la sentencia. Y que en este caso la ley estipula que la pena máxima es de 20 años, con hasta 3 años libertad vigilada después. Además, arriesga una multa de hasta US$ 250 mil, o el doble de las ganancias que obtuvo al cometer los delitos (US$4,4 millones). Si va a la cárcel, es virtualmente inevitable que después sea expulsado de Estados Unidos, advirtió el juez.

Luego de escuchar el detalle de las penas que arriesgaba, Jadue pidió un minuto para hablar con su abogado, tras lo cual la transcripción tiene dos páginas tarjadas.

Hacia al final de la audiencia, el juez le preguntó a Jadue si se declaraba culpable de cada uno de los cargos, a lo que éste asintió. Aseguró, además, que nadie lo había presionado para que lo hiciera ni le había prometido nada que no se hubiera dicho en la audiencia.

Dígame, ¿qué es lo que hizo?”, le preguntó el juez a Jadue. Entonces el ex presidente de la ANFP relató el detalle de los delitos que aceptaba haber cometido, tal como está transcrito al comienzo de esta nota (ver documento con la confesión completa y la transcripción de la audiencia). El juez Dearie aceptó su declaración de culpabilidad.

LA ERA NEGRA DE JADUE EN LA ANFP

Sólo habían pasado seis días desde su caótica salida de Chile cuando Sergio Jadue se enfrentó al juez Dearie. Atrás quedaba el mito de la era de excelencia dirigencial, respaldada por su éxito económico, contratos millonarios y gloria deportiva con la conquista de la primera Copa América en la historia de Chile. Se iniciaba una de las épocas más oscuras del fútbol nacional. Su caída destapó una caja de Pandora que expuso todas las malas prácticas con las que la administración Jadue actuó: préstamos millonarios a los clubes por sobre lo permitido, contratos exorbitantes y desventajosos para la ANFP.

Los contratos del ex entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, se transformaron en la arista más dolorosa para la hinchada y la ANFP, pues terminaron con su salida de “La Roja”. Llegaron a ser más de seis las modificaciones del vínculo laboral que beneficiaron al argentino. Entre ellas, un anexo de contrato para prestar servicios al Instituto Nacional del Fútbol (INAF) para revisar la malla curricular y realizar charlas. No existe informe que avale que el trabajo se haya realizado. Es más, el rector del INAF, Martín Mihovilovic, dijo a CIPER que sólo se trató de un informe oral. Hoy existe una querella interpuesta por la ANFP por este tema (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas‘”).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

Incluso, la ANFP debió rectificar declaraciones tributarias del entrenador por la fórmula de pago que se tenía establecía. En concreto, la mitad del sueldo que recibía el cuerpo técnico se pagaba como “derechos de imagen” a sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio). Una fórmula que los ayudó a evadir impuestos, pero que luego regularizaron con un contrato de trabajo y un pago rectificatorio al Servicio de Impuestos Internos (SII) (vea reportaje de CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal“).

Parte de las malas prácticas de la era Jadue fueron expuestas por un informe de la consultora Deloitte, cuyo resumen ejecutivo fue dado a conocer el 25 de mayo pasado, aunque el documento íntegro sólo será entregado al fiscal Carlos Gajardo, quien indaga eventuales delitos cometidos durante la gestión de Jadue en la ANFP. Deloitte detalló desórdenes contables en la corporación, dineros entregados al portador, millones de pesos sin rendir, tarjetas de crédito para uso personal de la familia de Jadue y servicios contratados con precios inflados, entre otras irregularidades. Un verdadero despilfarro de dinero que los llevó a contratar un avión privado durante el Mundial de Brasil, en el cual incluso se realizó un viaje con un solo pasajero: Nibaldo Jaque, entonces secretario general de la ANFP (vea reportaje de CIPER “El avión privado que arrendó Jadue y que le costó a la ANFP $138 millones”).

Pero antes de que se destaparan las irregularidades en Chile, el ex presidente de la ANFP cayó en las manos de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien destapó la red de corrupción del fútbol internacional más grande desde el bullado caso de Joao Havelange. Su investigación tiene en vilo a quienes fueron las principales autoridades de la Conmebol por haber pactado pagos por unos US$100 millones en coimas a cambio de derechos televisivos y comerciales. Uno de ellos es Jadue, quien ante las evidencias llegó al acuerdo con la Fiscalía que lo tuvo en noviembre ante el juez Dearie.

Sergio Jadue estuvo involucrado en la negociación de los contratos realizados por la Conmebol. Así lo relató en el Consejo de Presidentes del 18 de diciembre de 2012 (ver acta), cuando presentó el contrato de la selección chilena con MegaSports, jactándose de su experiencia de negociación de contratos en el ámbito internacional:

Quiero señalar que yo presidí la comisión de negociación con FOX en la Conmebol para la venta de los derechos de la Copa Libertadores, contrato el cual terminaba el año 2018 y FOX hizo una oferta para subir 10 millones de dólares al año desde ahora hasta el 2022 solamente para crecimiento de cuatro años”, dijo el calerano (vea reportaje de CIPER “FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF”).

El 14 de junio Chile tiene agendado su último partido de la primera fase de la Copa América Centenario. Enfrentará a Panamá en Filadelfia. Tres días después, el 17 de junio, Sergio Jadue se presentará nuevamente frente al juez Dearie, en Nueva York, audiencia en la que es posible que escuche la sentencia por sus crímenes.

 

El avión privado que arrendó Jadue y que le costó a la ANFP $138 millones

Eran las 2:19 de la madrugada del 26 de junio del 2014, cuando el avión Piper matrícula CC-PZB de la empresa Transportes Australis tocó la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La aeronave venía de Cabo Frío, Brasil, donde estuvo 15 días a completa disposición de la directiva y de funcionarios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) durante el mundial de fútbol. Por ese servicio, la ANFP tuvo que desembolsar $138 millones.  

Ese y otros montos –además de las rutas que siguieron los dineros de la ANFP bajo el periodo Jadue– son objeto de una auditoría forense a cargo de Deloitte, que busca establecer responsabilidades en el escándalo financiero que estalló en la corporación a raíz de las malas prácticas contables y administrativas de la pasada administración.  Los primeros resultados de la auditoría se pondrán a disposición del Consejo de Presidentes de la asociación el miércoles 25 de mayo.

Uno de los gastos que están bajo la lupa de los auditores de Deloitte es precisamente el del servicio de aerotaxi que contrató la ANFP durante el Mundial de Brasil 2014. CIPER habló con el piloto del vehículo aéreo, Luis Faúndez, y con uno de los socios de Transportes Australis, Pablo Vargas, quienes afirmaron que el servicio fue contratado para saltarse las demoras en los aeropuertos por la gran cantidad de gente que estaría viajando y siguiendo el mundial de fútbol.

El piloto de la nave dijo a CIPER que el avión tenía que estar disponible 24/7 frente a cualquier solicitud del directorio. Y así fue. La bitácora de vuelos del avión muestra desplazamientos que llaman la atención (ver infografía con los trayectos).

Uno de ellos es el vuelo que la aeronave realizó el 22 de junio entre Cabo Frío y Sao Paulo, solo un día antes del partido de Chile contra Holanda en la fase de grupos. El contrato de la ANFP con Transportes Australis, gestionado por Mauricio Etcheverry –mano derecha de Jadue en la ANFP–, establecía un cobro por horas efectivas de vuelo (US$4.500 la hora) y no por pasajero. Lo llamativo de ese viaje del 22 de junio, que tuvo un costo de US$13.500 ($7,4 millones), es que se realizó con un solo pasajero a bordo: Nibaldo Jaque. Los motivos del costoso y exclusivo traslado del ex secretario general de la ANFP en el avión Piper –con capacidad para ocho pasajeros–, aún están bajo una nebulosa.

Sergio Jadue, Mauricio Etcheverry y Nibaldo Jaque
Sergio Jadue, Mauricio Etcheverry y Nibaldo Jaque

De acuerdo a El Mercurio, Jaque está en la mira de la actual dirigencia de la ANFP por los millonarios préstamos entregados a Deportes Concepción –club donde Jaque fue accionista– durante el período de Sergio Jadue. Según la misma nota, Jaque sería el primer querellado desde la caída de Sergio Jadue (ver reportaje de CIPER).

CIPER revisó las bitácoras de viaje del avión, los trayectos que realizó y quiénes lo abordaron (tripulantes y pasajeros), durante el periodo que estuvo en Brasil. La indagación da cuenta que la aeronave despegó 14 veces de aeropuertos brasileros, cumpliendo 44,2 horas de vuelo efectivas y trasladando durante esas dos semanas a 12 dirigentes y funcionarios de la ANFP.

Además de Nibaldo Jaque, la nómina de pasajeros que utilizaron la aeronave incluye al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue y al ex vicepresidente del organismo –y uno de los primeros dirigentes en traicionar la confianza del calerano–, Cristián Varela.A ellos se sumó una corte de funcionarios de la ANFP cercanos a Jadue, encabezada por Alfredo Asfura,  Yamal Rajab (* ver Nota de la Redacción) y José Antonio Acosta, entre otros (ver lista de pasajeros).

El misterioso viaje de Jaque no es la única interrogante que se abre en este polémico episodio que vuelve a protagonizar la antigua dirigencia de la ANFP. La investigación de CIPER detectó que la empresa que prestó el servicio de aerotaxi en Brasil, Transportes Australis, está vinculada al ex presidente del Canal del Fútbol (CDF) Alberto Eguiguren, quien también es hombre de confianza del propietario de Santiago Wanderers, Nicolás Ibáñez. Una de las empresas que aparece como socia constituyente de Transportes Australis es Inversiones Australis, sociedad creada en enero de 2010 por Asesorías e Inversiones Los Espinos, de propiedad de Eguiguren, y VG Noramco, uno de cuyos socios es Pablo Vargas.

Consultado por CIPER, Alberto Eguiguren negó ser socio de Transportes Australis, asegurando que la sociedad “pertenece a un cliente de mi oficina de abogados”. Además fue tajante al señalar que no realizó gestiones para favorecer a la empresa aérea en este negocio:

–Yo no tuve ningún rol en este negocio. No lo conversé con el señor Jadue, como tampoco con algún otro dirigente o funcionario de la ANFP –dijo el abogado a CIPER.

Alberto Eguiguren fue uno de los primeros dirigentes en salir en defensa de Sergio Jadue cuando estalló el caso FIFA en 2015. En una entrevista a El Mercurio de julio de 2014, señaló: “Creo que (la ‘comisión sobornos’ liderada por Jaime Estévez) le va a dar la razón a Sergio y la tranquilidad para poder seguir libre de comentarios de personas malintencionadas que lo único que buscan es su salida y dañar su imagen. Son personas que buscan el poder, que tienen ambición y que quieren la figuración que les da este tipo de cargo”, sentenció.

SOBREVOLANDO BRASIL

Habían pasado cinco días desde la llegada de la selección chilena a Toca da Raposa II, su lugar de concentración durante el torneo, cuando el avión Piper CC-PZB de Transportes Australis despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con rumbo a Brasil. Era el  10 de junio de 2014 y en el avión sólo iban sus pilotos. Según información solicitada por CIPER a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la nave realizó una parada en Foz de Iguazú, para cargar combustible, antes de llegar a su destino final: Belo Horizonte (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente de su llegada a tierras cariocas, el avión volvió a despegar. Esta vez con destino a Cuiabá, sede donde Chile jugaría el 13 de junio su partido inaugural contra el combinado australiano. En ese vuelo iban los funcionarios de la ANFP Alejandro Montoya, Yamal Rajab, Patricio Jerez, José Luis Pino, Marco Antonio Alfaro Maulén y algunos miembros del cuerpo técnico.

seleccionLos viajeros eran los integrantes del llamado “grupo de avanzada” de la ANFP, quienes debían llegar con antelación a las sedes donde jugaba la selección nacional para asegurarse de que todo estuviera preparado para el arribo de los jugadores. El avión regresó el mismo día a Belo Horizonte solo con la tripulación a bordo (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente, el 12 de junio de 2014, el avión viajó desde Belo Horizonte a Sao Paulo para recoger a Sergio Jadue, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Alfredo Asfura y al periodista José Antonio Acosta. Todos ellos habían asistido a la jornada inaugural del mundial de fútbol en el Arena de São Paulo. Inmediatamente fueron trasladados a Cuiabá justo a tiempo para el primer partido de Chile (vea bitácora de viaje).

Según la información recogida por CIPER, el avión pasó dos noches en Cuiabá, y el 14 de junio los pilotos lo condujeron a Cabo Frío, donde quedó aparcado a la espera de nuevos desplazamientos. Al día siguiente, la nave realizó un viaje a Belo Horizonte solo con la tripulación (vea bitácora de viaje).

El 16 de junio el avión se trasladó a Río de Janeiro, sede en la que dos días después Chile enfrentó a España. Entre los pasajeros se encontraban Manuel Ojeda, Felipe Passi, Patricio Jerez, José Luis Pino y Marco Antonio Alfaro Maulén (vea bitácora de viaje).

Ese mismo día el avión retornó a Belo Horizonte, solo con la tripulación. Y al día siguiente se desplazó a Cabo Frío a la espera de instrucciones.

Para entonces, Chile había jugado dos partidos (contra Australia y España) y su juego deslumbraba a espectadores y comentaristas. El equipo liderado por Bravo, Sánchez, Vidal y Medel marchaba puntero en su grupo, junto a Holanda, y había eliminado al campeón del mundo vigente, España.

El último partido de la fase de grupos fue contra Holanda (23 de junio) en Sao Paulo. Tres días antes, el avión privado contratado por la ANFP se trasladó desde su hangar en Cabo Frío al “búnker” de La Roja en Belo Horizonte. Desde allí emprendió nuevamente viaje a Sao Paulo con  Manuel Ojeda, José Antonio Acosta, Patricio Jerez, José Luis Pino y miembros del cuerpo técnico a bordo. La aeronave volvió ese mismo día a Cabo Frío sin pasajeros.

EL VUELO EXCLUSIVO DE JAQUE

El avión alcanzó a estar dos días en Cabo Frío antes de emprender un nuevo vuelo. Fue un día antes del último partido por la fase grupal que enfrentó a Chile con Holanda el 22 de junio en el Arena de Sao Paulo. Este podría haber sido uno más de la decena de viajes que realizó la aeronave en Brasil con miembros de la ANFP, a no ser porque a bordo iba un único pasajero: Nibaldo Jaque (vea bitácora de viaje).

El viaje de Cabo Frío a Sao Paulo duró poco más de tres horas y tuvo un costo para la ANFP de US$13.500 ($7,4 millones). Si bien no existen vuelos comerciales desde Cabo Frío a Sao Paulo, el desplazamiento de Jaque costó más de 60 veces el valor de un pasaje aéreo en un vuelo comercial estándar de Santiago a Sao Paulo (US$220, aproximados).

Nibaldo Jaque
Nibaldo Jaque

Luis Faúndez, piloto del avión privado, dijo a CIPER que este viaje estaba programado desde un comienzo y que desconoce cómo Jaque llegó a Cabo Frío, lugar desde donde el avión despegó. Pero sí asegura que ellos no lo trasladaron al punto de partida. La bitácora de vuelo del avión Piper confirma lo dicho por Faúndez.

CIPER intentó contactar a Nibaldo Jaque, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

EL REGRESO Y EL COSTO FINAL

El 25 de junio, tres días antes del partido por octavos de final de Chile frente a Brasil, el avión privado que se arrendó para trasladar a funcionarios y dirigentes de la ANFP, regresó a Chile. Los registros de la DGAC, muestran que el avión matrícula CC- PZB aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 2:19 am del 26 de junio.

A bordo solo iban los tripulantes de cabina. El viaje era largo, por lo que el avión realizó dos paradas: primero en Asunción (Paraguay), por combustible; y otra en Córdoba (Argentina), por el clima. En total, más de 10 horas de vuelo.

Según la bitácora de la aeronave de Transportes Australis contratada por la ANFP, el avión realizó 14 viajes en Brasil (con y sin pasajeros), completando 44,2 horas de vuelo efectivas. El costo total fue de US$198.900, sin incluir las tasas de aeropuerto (FBO) y el arriendo de un teléfono satelital (obligatorio por regulación aérea). En total, la ANFP desembolsó US$242.109 ($138 millones), por el servicio de aerotaxi.

Tres días más tarde de la llegada del avión a Santiago, el 28 de junio, el travesaño de la Arena Mineirao impidió que Chile continuara con su participación en el Mundial de Fútbol. Nadie imaginó que dos años después del regreso de los directivos de la ANFP a Chile, el aerotaxi que los trasladó por Brasil durante el Mundial provocaría fuertes turbulencias.

Según los antecedentes recogidos por CIPER, la auditoría forense de Deloitte incluirá en la lista de operaciones financieras que podrían configurar delito la contratación de este avión privado. En esa auditoría es probable que se dilucide el oneroso gasto en que incurrió la ANFP para asegurar que un grupo reducido de sus directivos llegara con todas las comodidades a los partidos que jugó Chile en Brasil. Y también, por qué Nibaldo Jaque fue el único que tuvo el privilegio de utilizar el avión para viajar solo desde las hermosas playas de Cabo Frío a Sao Paulo para presenciar el cierre del grupo B del campeonato mundial.

Nota de la Redacción:

Transportes Australis entregó a CIPER la nómina oficial de los directivos y funcionarios de la ANFP que utilizaron su avión durante la primera fase del Mundial de Fútbol 2014. En ese documento, aparece como pasajero de uno de los vuelos (realizado el 11 de junio de 2014 desde Belo Horizonte a Cuiabá) el coordinador de transporte de la ANFP durante el torneo, Yamal Rajab. Con posterioridad a la publicación de este reportaje, Rajab se contactó con CIPER para señalar que él finalmente no se embarcó en ese vuelo, y que otro funcionario tomó su lugar. Para respaldar sus dichos, envió a este medio un correo electrónico interno de la ANFP, fechado el 10 de junio de 2014, en el que aparece una lista de los pasajeros que abordaron el vuelo del día 11, y en ella en lugar de Yamal Rajab figura Manuel Ojeda, también funcionario de la ANFP.

Las pruebas de que los dirigentes del fútbol fueron cómplices del hoyo financiero que dejó Jadue

El 3 de noviembre de 2014 Sergio Jadue se sentía protegido en su templo de Quilín. Ese día, fue reelecto por unanimidad a la cabeza de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y su administración solo recibía elogios de sus pares. Jadue fue alzado como el artífice de los mejores contratos de la historia de la asociación y, con la ayuda de una generación dorada de jugadores que ya había brillado en el Mundial de Brasil, nada podía fallar. Un año más tarde, un misil disparado por el FBI desde Nueva York y que llevaba la marca de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), derrumbó su templo.

A partir de ese momento, los dirigentes de los 32 clubes del Consejo de Presidentes de la ANFP intentaron crear una muralla entre ellos y las millonarias coimas que el propio Jadue confesó  haber recibido, y los desfalcos que fueron apareciendo en la asociación. Ese muro ya no existe. Porque lo que Jadue hizo durante los cinco años que estuvo al mando de la asociación (2011-2015), tuvo el beneplácito y el silencio de todos. Para ello, hizo uso de su mejor jugada: repartir los millonarios ingresos que recibía la ANFP entre los clubes asociados, además de otorgarles créditos blandos que sobrepasaron los límites establecidos.

En total, las sociedades anónimas del futbol ingresaron a sus arcas más de $42 mil millones entre créditos y contratos de “La Roja”, a lo que se suma la suculenta cifra que proviene del Canal del Fútbol (CDF), la que solo en 2015 les significó otros $32.800 millones. Así, a fines del 2014, la ANFP se había transformado en un verdadero banco que entregaba dinero a cambio de subordinación y silencio.

Las consecuencias de todo aquello están hoy a la vista: un déficit que, según la directiva actual, supera los $9 mil millones. Entre los dirigentes de clubes y de la ANFP hay unanimidad: Sergio Jadue es el único culpable. Distintos directivos aseguraron a CIPER que nunca supieron de las maniobras realizadas por la directiva anterior, porque “la información era entregada por Jadue de manera confusa y en medio de ‘fuegos de artificio’, una estrategia que el calerano manejaba como un maestro”.

anfpLa indagación de CIPER desmiente esa versión. Porque tanto el directorio pasado como el Consejo de Presidentes de la ANFP –del cual eran parte cinco miembros del actual directorio (ver nómina)– fueron informados y alertados del profundo hoyo financiero que se estaba acumulando.

Una de las pruebas de ello está en un puñado de documentos de la ANFP que CIPER revisó: estados financieros anuales, informes semestrales, controles de finanzas y las actas del directorio y del consejo de presidentes donde estos informes fueron presentados.

Allí figuran los seis aumentos de remuneraciones del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli entre 2012 y 2015, los millonarios créditos a los clubes que sobrepasaban el máximo autorizado; y también, como lo informó La Tercera, las abultadas cifras que estaban gastando los clubes por sus plantillas técnicas y de jugadores. Un gasto sin control que dejó a 11 clubes con pérdidas que superan los $12 mil millones durante 2015, según informó El Mercurio.

La revisión que hizo CIPER de esos archivos confirma la estrategia utilizada por Jadue: muestra cómo desde que se instaló en el timón de la ANFP en 2011, se dispararon los préstamos que se otorgaban a los clubes. Si en 2011 alcanzaban a $550 millones, en 2014 llegaron a $2.153 millones. En total, durante todo el período de Jadue, la ANFP prestó más de $6.500 millones a los clubes asociados.

El resultado de ese despilfarro quedó a la vista de todos a fines de 2014: al 31 de diciembre de ese año, los clubes adeudaban $3.428 millones a la ANFP (ver documento). Según el estatuto de la ANFP, el máximo de préstamos a cada club no puede superar los $50 millones (lo que da un total de $1.600 millones al año). Cuando se informó a los directivos de los 32 clubes que la deuda llegaba casi a los $3.500 millones, todos supieron que la norma se había violado. Pero nadie dijo nada.

Pero eso no es todo. Porque los clubes seguían fuertemente endeudados y estaban acosados por las empresas de factoring. La prueba es que, a fines de 2013, la ANFP solicitó un crédito al BBVA y al Banco Penta por US$30 millones en total, para saldar las deudas que tenían algunos clubes con los factoring. La garantía para los bancos -y que se dejó establecida en acta- fueron las próximas cuotas que los clubes recibirían del CDF, con la condición de que el máximo que podía alcanzar el préstamo por club sería de US$1 millón (ver documento).

El acuerdo no fue respetado. Porque Unión La Calera, el club que presidió Jadue y que le permitió ser elegido presidente de la ANFP, recibió US$2 millones, el doble de lo establecido, un “regalo” que no le impidió descender esta temporada a Primera B. Los mismos US$2 millones recibió Deportes Concepción,  club que fue propiedad de Nibaldo Jaque, secretario general de la ANFP y el más estrecho aliado de Jadue. Nadie sabe qué hizo ese club con la danza de millones que llegaron a sus arcas. Hoy, sus jugadores están impagos, el club expulsado del fútbol profesional por morosidad y su sede cerrada. Pero la ANFP no ha presentado querella por sus deudas, para que sea la justicia la que identifique quién o quiénes se quedaron con esos millones.

No solo los clubes de Jadue y Jaque se beneficiaron de estos últimos préstamos. También lo hizo Ñublense, el club propiedad del hermano del tesorero de la ANFP, Alexander Kiblisky, el que obtuvo US$1,2 millones, sobrepasando también el límite acordado. Del resto de los 32 clubes, 18 solicitaron el máximo (US$1 millón), mientras que Curicó y San Felipe pidieron US$400 mil y US$500 mil, respectivamente (ver nómina).

AQUÍ NO SE PAGAN IMPUESTOS

La directiva de Sergio Jaduetuvo un trofeo mayor de dinero a repartir: los contratos por derechos correspondientes a la selección nacional. Fue la mejor arma de Jadue para obtener sumisión y silencio de los 32 clubes. Entre 2012 y 2015 repartió casi $23 mil millones: $10 mil millones del contrato con MegaSports, $2 mil millones del contrato con Nike, $8.500 millones por adelanto y entradas de la Copa América y $1.600 millones que en los balances solo se registra como “flujo ANFP”.

Todos estos dineros tuvieron un beneficio adicional: no pagaron impuestos porque se entregaban a los clubes a cambio de una promesa que la ANFP garantizó: fomentar el desarrollo del fútbol joven. Una promesa que todo indica que no se cumplió.

La fórmula que acordaron en la ANFP para repartir estos dineros, que provienen del valor en alza que fue teniendo la selección nacional en el mercado, fue que debían ser rendidos a final de cada año para su revisión. CIPER tuvo acceso a la documentación oficial respectiva y ella indica que a fines de 2015 más de la mitad de los $23 mil millones repartidos, no ha sido rendido. Un dato grafica la falta de control: en 2012 ni un solo club rindió los $1.600 millones repartidos por ese concepto.

LA “FÓRMULA” DEL FÚTBOL JOVEN

La regencia de Jadue partió con una promesa clave que fue tomada del programa con el que su “padrino” Jorge Segovia (principal controlador de Unión Española y de la Universidad SEK), llegó en 2010 a la presidencia de la ANFP, de la que debió salir al poco tiempo en medio del primer escándalo: “La selección chilena, un aporte de todos”.  El incentivo que acompañó ese slogan fue que los excedentes de la selección “deben ser distribuidos entre todos los asociados en forma igualitaria” (ver reportaje CIPER “Las platas de la Roja: El botín detrás de la guerra del fútbol).

copaEn esa época (2010), los ojos del mundo del fútbol estaban puestos en el grupo de los 23 jugadores de la selección chilena y que se convirtieron en el mayor susto de la España campeona del mundo en Sudáfrica. Una generación dorada que, por su calidad y personalidad, iba a traer contratos millonarios para la ANFP. La promesa que Jadue les puso a los clubes sobre la mesa el día de su elección, los engolosinó  a todos. Y así fue, porque los millones llegaron.

La primera remesa de dólares llegó en noviembre de 2012. Sergio Jadue se presentó ante el directorio (conformado por Jorge Segovia, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Jaime Baeza y Alexander Kiblisky, quien se excusó ese día) con una oferta que dejó boquiabierta a todos. Había llegado a un acuerdo por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena para las clasificatorias a Rusia 2018 por US$106 millones. El oferente: MegaSports, perteneciente a Carlos Heller, entonces solo dirigente de Azul Azul (sería presidente a partir de abril de 2014) y cabeza del Grupo Bethia.

El acta de esa sesión dice: “El presidente explicó la oferta que hizo la empresa (MegaSports) y detalló cuáles son los derechos que pretende adquirir. Asimismo, las reuniones que hubo y los derechos que se excluyeron”. El acuerdo contó con la aprobación unánime del directorio, el que elogió la gestión de Sergio Jadue (vea acta).

Casi un mes después, el 18 de diciembre de 2012, se realizó el Consejo de Presidentes donde Jadue informó de la oferta. Apoyado en un powerpoint, explicó los beneficios: “es casi un cien por ciento de aumento” comparado con la administración pasada. Y detalló: por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena se pagarían US$20 millones al contado al momento de suscribir la firma, y el resto (US$86 millones) en 48 cuotas iguales y sucesivas.

Pero eso no fue todo lo que revisaron los dirigentes de los 32 clubes. El segundo punto de la tabla fue la fórmula de reparto de esos dineros. Un obstáculo impedía concretar la promesa hecha por Jadue. Por ser una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no podía repartir dineros entre sus asociados. Y se hacía prácticamente imposible al considerar que la mayor parte de los 32 clubes asociados eran sociedades anónimas que sí tienen fines de lucro. Todos sabían que  Impuestos Internos (SII) estaba encima: había iniciado una cobranza asociada a las transacciones y utilidades de la ANFP (se cerró el 27 de enero de 2014 con un pago de $1.691 millones, menos del 5% de lo que debieron pagar, ver reportaje de CIPER “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII).

No contaban con la astucia del calerano (o de sus gestores, el más importante Jorge Segovia, entonces aún vicepresidente de la ANFP) y de la directiva que lo secundó. Porque en esa misma sesión en que el consejo de presidentes aprobó el contrato con MegaSports,  Sergio Jadue presentó la fórmula que permitiría sortear el obstáculo por la “vía legal”: los dineros se repartirían con excepción tributaria bajo el objetivo de promover el desarrollo del fútbol joven.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

Jadue llevó a esa sesión a un asesor tributario, quien explicó el modelo a los presidentes: “Todos los ingresos que son propios de la ANFP van a tener que pagar impuestos. Entonces, qué se me ocurre a mí, apelando a la realidad de la corporación: lo que se tiene que hacer es asumir ciertos gastos que son propios de los clubes y que son necesarios para que el ‘producto selección’ pueda venderse a mejor valor, que es mejorar los cadetes. Esto, lógicamente, tienen que resolverlo ustedes, pero a mí se me ocurre que tiene una buena defensa (ante el SII) que la ANFP asuma los gastos de financiamiento de los cadetes de los clubes y directamente con rendición de gastos de los clubes y, de esa forma, logramos ‘netear’ el ingreso de la ANFP y no le generamos el ingreso tributario a los clubes”. Así registró el acta la “fórmula” acordada.

Un ejecutivo de la ANFP que fue parte de la elaboración de este plan, explicó a CIPER por qué el fútbol joven era la solución perfecta: “Entregaba la justificación ideal para el SII, que era la formación de futuras estrellas del balompié nacional. Un reparto del dinero que era justificado y que tiene que ser rendido”.

LA PELOTA GIRA CON NIKE

Con la fórmula establecida, sólo faltaba que llegaran los demás contratos. En el intertanto, había que mantener el reparto funcionando, por lo que se distribuyeron los dineros que entregó la Conmebol para organizar la Copa América en Chile, y los ingresos por venta de entradas del mismo evento.

La bicicleta funcionó en perfectas condiciones hasta marzo de 2015, cuando se anunció el proceso de licitación para vestir a “La Roja”. Fueron invitadas a participar las marcas deportivas Under Armour, Brooks, Penalty, Puma, Nike y Adidas. De ellas, sólo llegaron los sobres con ofertas de las tres últimas (ver documento).

Un ejecutivo de la ANFP fue el encargado en abril de 2015 de abrir los sobres ante el consejo de presidentes. Puma ofreció un pago anual de 81.875 UF ($2.055 millones), Nike ofertó 182.449 UF ($4.479 millones) por año y Adidas 176.176 UF ($4.422 millones) también anual. Además, dos empresas ofertaron un pago up front (por adelantado) por la firma del contrato: la de Nike fue de 80.650 UF ($2.026 millones) y la de Adidas, 56.650 UF ($1.421 millones). Adidas y Puma ofertaron contratos por cuatro años, mientras que Nike ofreció ocho años.

Sergio JadueAl finalizar la presentación de las ofertas, Sergio Jadue dijo las palabras mágicas: “Como nosotros tenemos presupuesto, los up front lo vamos a repartir en reparto igualitario a los clubes para que ustedes lo utilicen de buena manera”. La opción de Nike fue elegida en forma unánime por el consejo porque era la que repartía el mayor monto de manera inmediata.

Solo Jorge Lafrentz, representante de Santiago Wanderers, esbozó una tímida cautela sobre los montos que se estaban repartiendo: “Es delicado hablar el tema de montos, porque, lo que ocurre, es que en la imagen popular creen que hay danzas de millones y millones y millones de dólares; que todos los clubes con esto se hacen ricos; y hay que ser muy cuidadosos y austeros en la comunicación de las cifras para que no exista mala interpretación, porque, por otra parte, hay distribución del Canal del Fútbol” (ver acta).

Lafrentz tenía razón. El 12 de agosto de 2015, dos días después de la firma del contrato, se repartieron $2.026 millones. La demora entre la adjudicación (abril) y el inicio de contrato (agosto) tuvo una explicación que fue un presagio de la tormenta que se les vendría encima solo meses más tarde: “Debido a que Nike está siendo investigada a propósito del caso FIFA y FBI en la venta de derechos indumentaria deportiva de la selección de Brasil”, le explicó al directorio de la ANFP, el secretario ejecutivo. Por esta misma razón, la casa matriz de Nike en Estados Unidos, pidió que el contrato tuviera una fiscalización externa. La ANFP no lo creyó necesario y no aceptó.

Hoy el problema principal para la ANFP no es Nike, sino poder demostrar que los dineros repartidos entre los 32 clubes sin pago de impuestos, bajo la promesa de que se utilizarían en la promoción y desarrollo del fútbol joven, efectivamente tuvieron ese destino. El dinero reservado para las divisiones inferiores de los clubes, se encuentra en tela de juicio. Y ello, porque en algunos clubes simplemente esa inversión no se ve.

Durante los cinco años de Jadue se repartieron unos $714 millones por club por ese concepto. Y la responsabilidad no es solo de la ANFP. Administrativos de la asociación que tuvieron relación con esas rendiciones, aseguraron a CIPER: “En Impuestos Internos sólo se hace una revisión documental, pero nadie, ni la ANFP ni la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o el Ministerio de Justicia, que recibe las rendiciones y memorias anuales, revisa si la compra de indumentaria, comida o tanta otra cosa que se dice en el papel, es real o no”.

Directivos de la ANFP reconocieron a CIPER que no tienen la capacidad de fiscalizar de verdad cómo se invierte el dinero del fútbol joven, por lo que solo realizan una revisión documental de los gastos. Lo mismo que luego hacen funcionarios del SII.

CIPER tuvo acceso al instructivo que entregó la ANFP para estas rendiciones (ver instructivo). El proceso consta de dos etapas: la primera, es una planilla excel modelo que incluye tablas por remuneraciones, honorarios, facturas y un resumen de todos los gastos. En la segunda fase, se envían copia de todos los documentos a la ANFP, donde quedan archivadas. En el propio instructivo se incentiva el relajo: allí se estipula que el club que no cumpla con la rendición deberá devolver sólo el 20% de la “cifra no rendida”.

CIPER solicitó a la ANFP acceso a estas rendiciones de fútbol joven. No hubo respuesta. También consultó al SII detalles sobre la fiscalización de estas rendiciones. Tampoco hubo respuesta.

CIPER tuvo acceso a un correo electrónico de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, enviado a miembros del directorio el 27 de noviembre de 2015. Allí se detallan todas las rendiciones que han hecho los clubes de los dineros entregados para el desarrollo del fútbol joven, además de la identificación de aquellos que están en deuda. En total, de los casi $23 mil millones que se repartieron durante el mandato de Sergio Jadue, más de $12 mil millones aún no se rendían (ver nómina).

TODOS SABÍAN

El 24 de abril de 2015 todos los miembros del Consejo de Presidentes de la ANFP recibieron el estado financiero del período 2014. Allí, nuevamente había constancia del déficit acumulado. En el acta respectiva consta que solo un consejero (identificado como representante de la U. de Chile) expresó su preocupación por las cuentas de la ANFP. Específicamente, sobre el aumento de costos en la selección chilena:

Nos gustaría poder preguntar acerca de un incremento importante que ha habido en los costos de la selección nacional. ¿Cómo se ve eso hacia el futuro y cómo ven ustedes esa situación? Porque una parte importante del aumento de los costos de la asociación tiene que ver con eso”, dijo el consejero.

Al parecer, la respuesta por parte de la directiva fue insatisfactoria, porque el consejero insistió: “Nosotros no tenemos ningún problema respecto a la aprobación del gasto que se hizo, más bien, saber cuáles son las razones por las cuales ha aumentado el gasto en la selección. Porque de acuerdo a la cifra que nosotros disponemos, ha aumentado de los $6 mil millones (en 2011) a $11.500 millones (en 2014)” (ver acta).

Fue el propio Sergio Jadue quien le respondió: “Básicamente, en gastos en jugadores, los premios, premios del cuerpo técnico que no estaban presupuestados, la gira que se realizó de los trabajos preparativos para el mundial, etc. Ese es más o menos el desglose de los ítems más importantes de lo que usted hace mención”.

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

En ese momento, Sergio Jadue ya había negociado dos nuevos aumentos con Jorge Sampaoli, además de otro monto de US$200 mil que se incluyó en un anexo y que obligaba al DT a realizar charlas y revisar la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), una tarea que cumpliría en un “informe oral” (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’”).

En el mismo informe financiero de abril que conocieron todos los dirigentes, aparecen las “cuentas por cobrar a clubes”. Fue la fórmula de ocultar en el balance los préstamos que la ANFP había entregado a los equipos, vulnerando incluso las normas que imponían límites. En el “estado financiero” que revisó CIPER, ese ítem corrobora el explosivo aumento del endeudamiento de los clubes: los préstamos no pagados pasaron de $334 millones en 2013 a $3.428 millones en 2014. No hubo un solo directivo de club que reclamara o que alertara sobre ese monto. Solo silencio y aprobación. Todos aceptaron el balance (ver “estado financiero”).

Meses más tarde, en agosto del 2015, los directivos de los clubes tuvieron otro remezón cuando recibieron el estado financiero del primer semestre de ese año, con los flujos de caja proyectados (del 31 de julio hasta diciembre). Para que nadie dijera que no entendió, el informe fue acompañado de una presentación en powerpoint. Allí se incluyen los $149 millones que la ANFP pagó a los abogados estadounidenses que Jadue contrató para su defensa en el “escándalo FIFA”. Y los  $960 millones más que se le pagarían a Sampaoli y su cuerpo técnico en la nueva adecuación del contrato. Una modificación que le significaría a la ANFP pagar otros $400 millones en impuestos, como consta en el informe.

Sobre el déficit acumulado, ese informe es muy claro. Tras la Copa América y considerando los premios que se debían pagar a los jugadores por haber salido campeones en ese torneo continental, el flujo de caja proyectado a diciembre preveía un déficit de $3.477 millones (ver documento). Una vez más, nadie dijo nada.

Debieron pasar más de dos meses -y cuando ya era evidente que Sergio Jadue se hundía junto a los otros directivos de la Conmebol- para que en el directorio de la ANFP se escuchara una voz disidente. En noviembre de 2015, cuatro miembros de la directiva de la asociación por primera vez le enrostraron a Jadue haber negociado solo con Nibaldo Jaque un contrato. Hasta ese momento nunca les importó que Jadue gestionara solo los contratos de MegaSports, los aumentos para Sampaoli y tampoco que decidiera unilateralmente los montos de los préstamos a clubes. Y fue la renovación que Jadue hizo con Santa Mónica (por US$3 millones), empresa española dedicada a la compra y venta de derechos comerciales deportivos, la que encendió la primera mecha en el directorio (ver contratos con Santa Mónica).

Jadue abandono la reunión abruptamente y evidentemente ofuscado. Días después viajó a Estados Unidos donde confesó haber recibido US$2,2 millones en coimas como vicepresidente de la Conmebol (vea reportaje de CIPER: “Sergio Jadue: el juego sucio que le reportó US$2,2 millones).

Si para muchos la imagen de Jadue, saliendo de Chile rodeado de carabineros, marcó el fin de una etapa, lo que los dirigentes del fútbol chileno no pueden decir es que recién ese día empezaron a saber lo ocurrido. Como se ha dicho, todos supieron en distintos momentos el déficit que se estaba acumulando. Y muchos de ellos participaron de las decisiones que beneficiaron a sus clubes y que dejaron un forado en la corporación que hoy lideran.

Arturo Salah asumió como presidente de Blanco y Negro S.A. (Colo Colo) en abril de 2013, meses después del primer reparto de la ANFP a los clubes por el contrato de MegaSports. En el período de Jadue, Colo Colo recibió $714 millones para el fútbol joven. A noviembre de 2015, Blanco y Negro aún no había rendido $378 millones, correspondiente a los repartos de 2012, 2014 y 2015.

Arturo Salah
Arturo Salah

Durante su período como presidente de la concesionaria del Club Social y Deportivo Colo Colo, Salah estuvo presente en dos repartos de dineros por fútbol joven (segundo anticipo de MegaSports y primer anticipo de la Copa América 2015) y fue parte del consejo de presidentes que acordó pedir un crédito por US$30 millones a los bancos BBVA y Penta para saldar los factorings.

En similar situación están Aldo Corradosi (Audax Italiano y actual tesorero de la ANFP) y Juan Carlos Silva (Deportes Iquique, actual director de la ANFP), ambos también empezaron a acudir al consejo en 2013, como representantes de sus clubes (no eran presidentes). Y a diferencia de Salah, allí se mantuvieron hasta su elección en el actual directorio, por lo que participaron en un total de cinco reparticiones de dineros (se agrega el segundo anticipo por la Copa América y el contrato con Nike). En noviembre de 2015, Audax Italiano aún no había rendido $308 millones del fútbol joven, mientras que Deportes Iquique estaba al día.

La complicidad de Sebastián Moreno (Cobresal) y de Gaspar Goycoolea (San Luis), secretario general y vicepresidente respectivamente de la actual directiva que encabeza Salah, es mayor: estuvieron desde el principio y participaron de la decisión de la fórmula del “fútbol joven” con la cual se evitaba pagar impuestos por los dineros que la ANFP repartiría entre los clubes. Ambos llevaron a sus clubes la primera tajada del contrato con MegaSports. Moreno fue presidente de Cobresal desde junio de 2012 hasta enero de 2016, cuando entró junto a Salah a la directiva de la ANFP. Goycoolea fue presidente de San Luis desde 2008 hasta julio de 2014. Su club se benefició en 2013 con un préstamo de $55 millones.

El “crédito” de US$1 millón que le entregó la ANFP a Sampaoli sin garantía

La Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) no tiene en su poder ningún documento que obligue legalmente a Jorge Sampaoli a devolver los $730 millones (US$1 millón, al valor de enero de 2016) que le pagaron junto con su indemnización y que supuestamente el entrenador reintegrará cuando encuentre un nuevo trabajo. El reembolso de este dinero, que corresponde a más de la mitad del total que recibió al poner fin a su relación laboral con la asociación, pende únicamente de la buena fe del director técnico. La única carta que tiene la ANFP en su mano es que en el finiquito firmado por ambas partes se menciona un acuerdo para que Sampaoli reintegre el dinero. Pero, según confirmó a CIPER un alto dirigente de la asociación, ese documento no constituye garantía alguna para forzar la devolución.

Ejecutivos que tuvieron acceso a los pagos que hizo la ANFP a Sampaoli mientras este se desempeñó como DT de la selección, confirmaron a CIPER que la cifra de su finiquito sobrepasa al menos en $793 millones lo que efectivamente le correspondía como indemnización legal.

Los mismos ejecutivos corroboraron que hasta mayo de 2015 la mitad del sueldo del entrenador se pagó como “derechos de imagen”. Y confirmaron que se hizo así para rebajar impuestos. Los pagos los hizo la ANFP a una sociedad que Sampaoli constituyó en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Ese dinero se depositaba cada mes en una cuenta de una sucursal del banco suizo UBS en Estados Unidos. Estos pagos eran tramitados, en representación de Sampaoli y de sus colaboradores (Sebastián Becaccece y Jorge Desio), por el abogado Álvaro Rosenblut, socio del bufete Albagli Zaliasnik.

Arturo Salah
Arturo Salah

El acuerdo que puso fin a la gestión de Sampaoli en la Roja fue suscrito el 19 de enero pasado por el entrenador y el presidente del fútbol profesional, Arturo Salah, y significó un pago para el entrenador de $1.342 millones. Así lo acreditó la semana pasada un artículo de The Clinic que difundió copias de los tres cheques que suman ese monto y que fueron entregados por la ANFP al director técnico. La versión oficial de la asociación para explicar esa cifra indicó que el argentino había renunciado a la totalidad de sus premios por el título de la Copa América, que sumaban unos US$2,8 millones.

Los dineros pagados a Sampaoli, según la declaración que publicó en enero el propio sitio web de la ANFP, incluyeron “indemnizaciones legales, que comprenden vacaciones, remuneración por los días de enero y premios que se le adeudaban por los últimos partidos clasificatorios”. Pero estos ítems solo suman $612 millones, por lo que aún no se explica a título de qué la ANFP le entregó los restantes $730 millones (un millón de dólares, según el cambio de la época), como una suerte de “crédito” sin interés, bajo el compromiso incierto de que el entrenador debe restituirlos cuando encuentre un nuevo empleo.

Ejecutivos que conocieron las cuentas entre la ANFP y Sampaoli, señalaron a CIPER que el último sueldo mensual que recibió el director técnico fue de US$158.333 líquido. Efectivamente, esa es la cifra contenida en el aumento de sueldo que Sergio Jadue pactó con Sampaoli en mayo de 2015 y que estaba vigente a la fecha en que se firmó el finiquito. Al cambio del 19 de enero de este año, ese monto en dólares equivalía a $115 millones mensuales (cerca de $120 millones bruto).

Al desvincularse de la asociación, el director técnico debió recibir una indemnización de tres sueldos por sus tres años de servicio en la selección chilena ($360 millones), un sueldo por vacaciones pendientes y el pago correspondiente a los 18 días que trabajó en enero ($69 millones). Esto da un total de $549 millones. Sin embargo, la ANFP le entregó $793 millones adicionales, los que se desglosarían en $63 millones por saldos de premios pendientes de partidos clasificatorios y los ya mencionados $730 millones correspondientes a una suerte de “préstamo” hasta que encuentre un nuevo trabajo.

La sospecha que circula entre los dirigentes del fútbol, es que los $730 millones adicionales encubren el pago de una parte de los premios de la Copa América. La ANFP ha defendido este acuerdo señalando que fue beneficioso para el fútbol nacional, pero sin entregar detalles que avalen esa afirmación.

En una entrevista concedida a El Mercurio de este domingo 24 de abril, Arturo Salah nuevamente le hizo una finta a este tema: “Lo que firmamos fue un arreglo conveniente para la ANFP por el riesgo patrimonial que había”, dijo Salah, evitando entrar en detalles. De esta forma, se alineó con lo que ya había declarado el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, quien señaló que esa asociación podía perder hasta US$10 millones si llevaba a juicio a Sampaoli, aunque nunca se ha explicado la razón de tan nefasto pronóstico legal.

Una declaración que la ANFP envió en respuesta a las consultas de CIPER, por medio de su agencia de comunicaciones, tampoco despeja estas incógnitas: “La negociación final con Sampaoli resguardó los intereses de la ANFP, disminuyendo los riesgos que representaba pagar un monto mucho mayor a raíz de los complejos contratos firmados anteriormente (entre el DT y la asociación)”. Esta respuesta insiste en que hay un “mutuo acuerdo” entre Sampaoli y la ANFP que obligaría al ex entrenador a devolver el millón de dólares cuando firme un nuevo contrato, pero no se hace cargo de la consulta de fondo respecto de la existencia de documentos que establezcan una garantía para asegurar ese reembolso.

LA RUTA DEL DINERO

Para manejar su dinero, Jorge Sampaoli resultó ser tan obsesivo como lo es para analizar el fútbol y siempre se preocupó de manejar sus remuneraciones directamente con el ex presidente de la ANFP, el defenestrado Sergio Jadue. En los tres años que el argentino dirigió la Roja consiguió modificar en siete ocasiones el contrato para reajustar sus ingresos. No obstante, hay un documento que firmó Jorge Sampaoli con el ex mandamás de la ANFP que no se ha hecho público y al que CIPER tuvo acceso. Se trata de un “precontrato de trabajo” firmado el 21 de noviembre de 2012 por Jadue y el cuerpo técnico, y que demuestra que el monto originalmente pactado como sueldo fue dividido después en dos contratos diferentes, con el objeto de rebajar el pago de los impuestos.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

En el precontrato (vea acá ese documento) los tres integrantes del cuerpo técnico aparecen como personas naturales y se establece un pago total por remuneraciones de US$900 mil líquidos anuales y otros US$900 mil por los derechos de imagen. Nada de eso se hizo. Se optó por suscribir dos contratos distintos: uno laboral y otro por derechos de imagen. Sólo en el primero, Sampaoli y sus ayudantes figuran como personas naturales. En el segundo aparecen sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio).

Los pagos efectuados a las sociedades constituidas por los miembros del cuerpo técnico en un paraíso fiscal, fueron revelados por CIPER en diciembre pasado (vea el reportaje “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal). Luego, The Clinic expuso íntegramente el contrato entre la ANFP y estas sociedades.

Para cobrar los montos comprometidos en este contrato por derechos de imagen, que encubría el pago del 50% de las remuneraciones del cuerpo técnico para evitar el pago impuestos, Sampaoli contó con los servicios del abogado Álvaro Rosenblut.  En los últimos días hábiles de cada mes, Rosenblut enviaba a la ANFP un correo electrónico con una factura para cobrar la “comercialización y licencia de derechos de imagen” de cada uno de los miembros del cuerpo técnico (vea las facturas de las tres sociedades).

En los correos, que CIPER tuvo a la vista, Rosenblut indicaba cómo realizar el pago y pedía que, una vez efectuada la transferencia, se le notificara a través de un e-mail,en el que debía incluirse “el código de rastreo y número de la nota de depósito”. CIPER intentó comunicarse durante tres días seguidos con el abogado Rosenblut, dejando cada vez mensajes en su oficina, pero no obtuvo respuesta.

Los pagos solicitados por Rosenblut se hacían a nombre de la sociedad de Sampaoli constituida en Islas Vírgenes, pero el dinero se depositaba en una cuenta de la sucursal del banco suizo UBS ubicada en la ciudad estadounidense de Stamford. Así lo indican los datos contenidos en los formularios enviados por Rosenblut a la ANFP para hacer las transferencias.

anfpEl UBS es el mismo banco donde Sergio Jadue tenía los US$2,2 millones que recibió en coimas por los derechos televisivos y comerciales de las copas América, América Centenario, Libertadores y Sudamericana (vea el reportaje de CIPER “Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS”).

El sistema de pagos dirigidos a las sociedades creadas en Islas Vírgenes funcionó hasta mayo de 2015. En esos días, una asesoría tributaria contratada por la ANFP indicó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podía sancionar gravemente este vínculo contractual, ya que disfrazaba el pago de remuneraciones y premios como “derechos de imagen”, rebajando el pago de impuestos de manera indebida (vea el reportaje de CIPER “La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII).

Por esta razón, a contar de mayo del año pasado, se finiquitó el contrato con estas sociedades offshore y se unificaron todas las remuneraciones en un solo contrato laboral. En esta normalización, Sampaoli aprovechó de negociar otro aumento de sueldo, el que además incluyó un nuevo reajuste a partir de diciembre de 2015. Así se llegó a la cifra de US$158.333 líquidos mensuales que el entrenador cobraba al momento de su finiquito.

Aunque el nuevo directorio de la ANFP que encabeza Arturo Salah ha manifestado su sorpresa por el déficit de $ 9 mil millones que dejó la gestión de Sergio Jadue, lo cierto es que al menos desde agosto de 2015 todos los dirigentes del fútbol estaban en conocimiento de esas cifras. Ese mes se expusieron, primero ante el directorio y luego frente al Consejo de Presidentes, las cuentas de la corporación, donde ya se proyectaba que a diciembre de 2015 el déficit sería de $4 mil millones. Eso, sin contar los premios de la Copa América para los jugadores, que sumaban otros $5 mil millones. Además, todavía estaba pendiente el pago de más de $4 mil millones por los premios para el cuerpo técnico por el título del torneo continental, monto que finalmente no se pagó.

CIPER tuvo a la vista el informe de las finanzas de la ANFP que se presentó al directorio y al Consejo de Presidentes en agosto de 2015. Allí están incluidas las cuentas hasta el 31 de julio y su proyección hasta diciembre de ese año. En el detalle que explicó el millonario déficit que ya afectaba a la ANFP, se informó que cerca de $1.300 millones se debían al aumento de sueldo para el cuerpo técnico pactado en mayo de 2015.

En el informe que fue leído a los dirigentes de todos los clubes se señalaba expresamente que uno de los factores que gatillaron el déficit fue el “incremento de sueldo del cuerpo técnico de la selección absoluta” por $960 millones. También se informó que esto traía aparejado un incremento de $400 millones en los impuestos que debían pagarse por los reajustes de las remuneraciones de Sampaoli y sus colaboradores.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli
Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Finalmente, el déficit también fue acrecentado por US$500 mil ($350 millones) que la ANFP debió pagar al SII a fines del año pasado. Con ese monto se rectificaron los impuestos impagos de las remuneraciones del cuerpo técnico que habían sido encubiertas como “derechos de imagen” y pagadas a las sociedades offshore de Sampaoli y sus ayudantes.

De esta forma, de los $9 mil millones de déficit que declara la ANFP, unos $1.700 millones corresponden a dineros relacionados con pagos para Sampaoli y su cuerpo técnico: $960 millones de aumento de sueldo en 2015, $400 millones en impuestos asociados a ese incremento de remuneraciones y $350 millones por la rectificación tributaria del contrato irregular por “derechos de imagen”.

Tras revisar el informe financiero expuesto al Consejo de Presidentes en agosto de 2015, tampoco se explica el asombro que han manifestado los actuales dirigentes por la contratación de abogados estadounidenses para representar a Sergio Jadue y a la ANFP en el juicio por los sobornos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En la misma presentación se expuso a todos los dirigentes de los clubes que parte del déficit se debía al pago de $149 millones para estos abogados (vea el reportaje de CIPER “La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa en EE.UU.”).

“Panamá Papers”: los sobornos a la Conmebol por los derechos de la Copa Libertadores

Un cántico de cancha suena muy fuerte en cada partido de la Copa Libertadores: “Dale, dale… queremos la Copa”. La que se llevó la Copa Libertadores -y por 15 años- fue la empresa T&T, que nació de la unión entre las otrora poderosas Torneos y Competencias, de Argentina, y Traffic, de Brasil.

El viernes 22 de agosto de 2003 fue un buen día para Nicolás Leoz, entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Ese día aseguró, a nombre de la Conmebol, un contrato de cesión de los derechos de televisión de la Copa Libertadores de América entre 2004 y 2010. Posteriormente, el contrato se extendió en dos ocasiones luego de que T&T pagara millonarias sumas de dinero. La Copa Libertadores quedó en manos de este grupo empresarial desde su edición 2004 hasta la del 2018.

La Conmebol cedió los derechos de televisión de la Libertadores por esas 15 temporadas por un total de US$262,1 millones, con dos primas de extensión de contrato que totalizaron US$8 millones. La primera extensión se firmó en 2008 (por las temporadas 2011-2014) y la segunda en el 2013, antes de que Nicolás Leoz dejara la presidencia (por las ediciones 2015-2018).

Sede Conmebol
Sede Conmebol

La acusación dada a conocer por la justicia de Estados Unidos el año pasado afirma que la empresa T&T coimeó a Leoz y a otros directivos de la Conmebol para asegurarse los derechos del certamen más importante de la Confederación Sudamericana.

Según los documentos de Estados Unidos y los contratos a los que accedió el diario paraguayo ABC Color, otros dirigentes beneficiados en este esquema son: el uruguayo Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol (sucedió en 2013 a Nicolás Leoz); el eterno secretario general, el argentino Eduardo De Luca y el ex vicepresidente de la FIFA y titular de la Asociación de Fútbol Argentino, el fallecido Julio Grondona.

A simple vista, todos estos acuerdos parecen tener un sustento legal, excepto por un detalle. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en la acusación presentada en mayo de 2015 -y ampliada en noviembre, cuando fue detenido Juan Ángel Napout en Zurich- que dos empresas vinculadas con T&T, llamadas Somerton y Valente (domiciliadas en paraísos fiscales) sirvieron como intermediarias para pagar sobornos a dirigentes de la Conmebol. Uno de ellos sería Nicolás Leoz, quien hoy cumple prisión domiciliaria y está a la espera de una extradición a Estados Unidos.

LAS “JOYAS” DE LA CONMEBOL

Para entender las negociaciones de la Conmebol con las diferentes empresas es importante saber que la entidad matriz del fútbol sudamericano tiene tres competencias emblemáticas a la hora de comercializar los derechos: Copa América, eliminatorias mundialistas y la Copa Libertadores de América.

Alejandro Burzaco
Alejandro Burzaco

La empresa Torneos & Traffic estaba liderada por Alejandro Buzarco, hoy procesado también como Leoz, Napout y otros ex dirigentes de la Conmebol involucrados en varias causas que van desde conspiración ilegal para delinquir hasta el pago de sobornos. T&T era gestionada por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y tuvo su sede primero en Islas Caimán (paraíso fiscal) y luego, a mediados de la década pasada migró a Holanda, donde levantó serias sospechas de conducta empresarial fraudulenta.

Traffic, por su parte, estaba comandada en los ’80 por José Hawilla, quien según la acusación de Estados Unidos pagó sobornos a Leoz y a otros directivos de la Conmebol para hacerse con los derechos de transmisión de la Copa América desde 1987 hasta 1995. El mismo Hawilla ha confesado haber hecho esos pagos.

En el documento de la acusación de Estados Unidos se detalla que el 23 de enero de 1991 se firmó en Asunción (sede de la Conmebol) un contrato entre Traffic y la confederación. Este documento se suscribió en las oficinas del Banco do Brasil de Asunción, cuyo edificio es propiedad de Nicolás Leoz.

Como anécdota, la acusación de EE.UU. añade que ese mismo día –miércoles 23 de enero– en el evento de la firma del contrato todos los directivos, tanto de la Conmebol como de Traffic, firmaron el acuerdo, salvo Leoz, el hombre clave para que se hiciera efectivo el documento.

El ex titular de la Conmebol tenía planeada otra estrategia. El documento de acusación de la justicia de Estados Unidos la describe así: “En ese tiempo, el cómplice 2 (José Hawila) firmó el contrato en nombre de Traffic, así como también dos directivos de la Conmebol. El acusado Nicolás Leoz no firmó ese día. Luego, en una reunión privada, Leoz le dijo al cómplice 2 (José Hawila) (…) que el cómplice 2 (Hawila) haría mucho dinero con los derechos que estaba adquiriendo y que Leoz no creía justo que él no ganara dinero (por la firma del contrato)”.

Y continúa: “Leoz le dijo al cómplice 2 que él no iba a firmar el contrato si el cómplice 2 (José Hawila) no acordaba pagarle una coima. Luego de que el cómplice 2 hubo acordado hacer el pago, Leoz firmó el contrato. El cómplice 2 pagó una suma en dólares de seis dígitos (NdR: cientos de miles de dólares, no especificados en el documento) a una cuenta elegida por Leoz”.

Hawila, con los años, dejó la dirección de Traffic a uno de sus fieles aliados: José Margulies, también conocido como “José Lázaro”, quien era dueño de las empresas “coimeadoras” como Somerton y Valente. Esta relación se desprende de la investigación internacional “Panamá Papers”,  del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y de los documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

CONTRATO SE RESCINDIÓ

copa_libertadoresMonserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmemobol, confirmó a ABC Color a través de un correo electrónico que el contrato con T&T fue rescindido el año pasado durante la presidencia de Juan Ángel Napout, quien ahora también está procesado por el escándalo de los sobornos. La Conmebol recién cortó lazos con T&T cuando se dio a conocer el caso “FIFA Gate”, a mediados del año pasado.

Ahora la dueña de los derechos de televisión es Fox International Channels (FIC) del conglomerado estadounidense 21st Century Fox. Ellos pagaron, según Conmebol, US$450 millones por los derechos de la Copa Libertadores, la Recopa y la Copa Sudamericana de los años 2016, 2017 y 2018. ABC Color ya había publicado en noviembre pasado que la Conmebol rechazó una oferta de Global Sports (del empresario Francisco Casal) por los derechos de televisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entre 2015 y 2020 por un total de US$805 millones (vea un reportaje de CIPER sobre la relación que existe entre T&T y Fox).

PARA QUÉ SERVÍAN SOMERTON Y VALENTE

José Marguiles, la mano derecha de José Hawilla, que quedó a cargo de la gestión de Traffic, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobornó a directivos de la Conmebol a través de sus empresas personales: Somerton y Valente, constituidas en paraísos fiscales, las islas Turks and Caicos, un territorio de ultramar del Reino Unido, y Panamá, respectivamente.

Somerton era una sociedad ficticia creada en los años 80, pero que recién tuvo dueño real en el nuevo siglo. Fue esta sociedad la que suscribió un contrato con T&T para organizar la logística de la Copa Libertadores, como los viajes y organización de los equipos.

En los papeles, Somerton servía para la “estructuración, planeamiento, desarrollo y supervisión de los servicios de transmisión y logística, desplazamiento de los equipos a los estadios”.

Inicialmente, el contrato entre T&T (alianza de Buzarco y Margulies) y Somerton (Margulies) iba hasta la edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, en 2011 se produce un quiebre. Fue el mismo Margulies quien cedió los derechos de su empresa Somerton a otra sociedad de su propiedad llamada Valente, domiciliada en Panamá. Esto ocurrió en 2011 y Valente cumplía, en los papeles, la misma función que Somerton. El detalle es que Valente tenía como accionistas a todos los parientes de José Margulies; como su esposa, Nirvana  Margulies y sus hijos Elis Regina Margulies y Claudio Fabián Margulies.

Esto demuestra cómo la Conmebol, entonces de la mano de Nicolás Leoz, cedió los derechos de la Copa Libertadores a una compañía que creaba sociedades a placer para manejar el dinero sucio.

Nicolás Leoz
Nicolás Leoz

La cesión de los derechos a T&T tiene otro trasfondo. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sociedades de Marguiles –Somerton y Valente- eran las compañías a través de las cuales se pagaron los sobornos a los directivos de la Conmebol para garantizarse los derechos de televisión de la Copa Libertadores. Entre estos directivos están el paraguayo Nicolás Leoz, el uruguayo Eugenio Figueredo, el eterno presidente del Futbol Argentino, el ya fallecido Julio Grondona, y el ex tesorero de la Conmebol, el boliviano Romer Ozuna.

El texto de la justicia de Estados Unidos afirma que tanto Somerton como Valente, las empresas de Margulies, usaban entidades financieras estadounidenses para pagar los sobornos. En otra parte de la acusación se cuenta que esos pagos se hacían a través del National Delta Bank a la sede de Nueva York del Banco do Brasil, desde donde llegaba el dinero a Paraguay.  Otro de los bancos con los que operaban las empresas de Margulies era el Standart Chartered de Nueva York. Es por eso que Estados Unidos abrió la investigación fiscal.

RESPUESTAS DE LA DEFENSA

El abogado Ricardo Preda, del equipo legal de Nicolás Leoz, afirmó al diario ABC Color que se encuentra centrado en el proceso de extradición del ex titular de la Conmebol, ya que el gobierno de Estados Unidos lo requirió luego de imputarlo. Esta fase del proceso, explicó, nada tiene que ver con los hechos que pudo o no haber cometido Leoz en el sentido de recibir coimas de parte de estas empresas. Y recordó que en Paraguay no hay castigo penal por recibir dinero como coima entre empresas privadas o particulares, como se entiende en este caso, ya que la Conmebol no es una entidad pública. Estados Unidos sí castiga esta figura.

Preda comentó que el proceso de extradición de Leoz no lo obliga a reconocer o no su culpabilidad. Consultado sobre si Leoz se manifestó sobre su culpabilidad o no en el juicio, el abogado respondió que ni siquiera le ha preguntado eso ya que no es necesario para el proceso legal que actualmente enfrenta.

Vea aquí el artículo original 

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“The Panama Papers”: Los secretos de chilenos en paraísos fiscales salen a la luz

Vea además: “Los reportes de Mossack Fonseca que develan su relación con Gonzalo Delaveau”
Vea también: “Respuesta de CIPER a Hernán Büchi”

El bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) –utilizado por clientes de más de 200 países y territorios para crear sociedades pantalla en paraísos fiscales y jurisdicciones con sistemas tributarios blandos–, está en el centro de una polémica mundial. Y no solo por la investigación que hace semanas inició el Ministerio Público de Brasil, tras detectar que sociedades creadas por Mossfon en Panamá habrían servido para blanquear dineros desviados de la estatal Petrobras en la “Operación Lava Jato”.

El domingo 3 de abril, la delicada situación que enfrenta la firma de abogados creada en 1977 tomó un color aún más oscuro. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER– dejó al descubierto los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con un sinnúmero de “clientes” incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drogas y proveer de armas a países azotados por guerras internas.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

Mossack Fonseca también tiene un capítulo chileno. Aunque formalmente abrió oficinas en nuestro país en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas, sus vínculos con Chile son de larga data y abundantes. Hasta ahora CIPER ha identificado que desde fines de los ‘70 a la fecha, la firma panameña ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).

En algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. Valiéndose del secreto bancario y la opacidad que impera en esos territorios, uno de los propósitos de estas estructuras de papel es resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran.

Los registros que investigó CIPER y más de un centenar de medios de 76 países, corresponden a 11,5 millones de archivos secretos de Mossack Fonseca que abarcan desde 1977 a 2015. Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el que los compartió con ICIJ que organizó el trabajo colaborativo de investigación internacional.

Los más de 11 millones de archivos de Mossfon –que contienen certificados, pasaportes, actas de directorio, documentos legales y correos electrónicos, entre otros- permiten penetrar los esquemas de ingeniería tributaria que ofrece la compañía. Y, en muchos casos, esos registros proporcionan la llave para develar el secreto mejor guardado de esas sociedades: la identidad oculta de sus beneficiarios finales.

La investigación realizada por 376 periodistas de todo el mundo –entre ellos el equipo de CIPER- ilumina el oscuro y gigantesco subsuelo del mundo financiero internacional. Según cálculos conservadores del economista francés Gabriel Zucman (autor del libro “La riqueza escondida de las naciones: cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”), en los paraísos fiscales están alojados bajo secreto –y en ocasiones de manera ilícita–, cerca de 5,8 billones de euros, lo que representa el 8% del patrimonio financiero mundial.

En Chile no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales. La única aproximación posible es a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones. En 2015, según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a CIPER, existían US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. La cifra equivale al total de los préstamos que hizo en el mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en toda América Latina y el Caribe.

Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno,quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado (ver reportaje de CIPER); el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.    

Mención aparte merecen los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el polémico bufete panameño. Allí se encuentra el presidente de Chile Transparente (capítulo chileno de Transparencia Internacional), Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.

Pese al secreto y al amplio pliego de resquicios que hacen de un paraíso fiscal un poderoso imán de capitales, abrir y mantener sociedades en esas jurisdicciones no es ilegal. Pero los hechos y los mismos registros de Mossack Fonseca demuestran que los paraísos fiscales han sido suelo fértil para albergar dinero proveniente de actividades ilícitas y para burlar o disminuir la carga tributaria –vía elusión o evasión– que deben pagar los capitales en los países donde éstos fueron generados.

La información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto.

De las cerca de 200 entidades offshore vinculadas a Chile y que han sido creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015, alrededor de 70 están aún activas según los registros a los que tuvo acceso CIPER. A la mayoría de sus beneficiarios CIPER les envió una carta explicándoles de qué trataba la investigación y preguntándoles si sus sociedades offshore siguen activas; si éstas son poseedoras de cuentas corrientes; y si los dineros vinculados a esas cuentas se habían acogido o no a la repatriación de capitales durante 2015.

De las 50 cartas enviadas (muchos de los clientes de Mossack Fonseca tienen más de una sociedad),12 fueron contestadas.

 “UNA GRAN LAVADORA DE DINERO”

La firma de abogadosMossack Fonseca fue fundada en 1977 en Panamá por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, quien el 11 de marzo congeló su función de ministro consejero del gobierno del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, luego de que su firma fuera acusada de ser el eslabón de una operación de lavado de dineros provenientes del gigante brasilero Petrobras. Uno de los fiscales del caso, Carlos dos Santos Lima, catalogó a la firma como una “gran lavadora de dinero” (ver aquí).

Mossfon se define como una compañía líder en proveer servicios legales, fiduciarios y contables a clientes de todo el mundo. Cuenta con cerca de 500 colaboradores y 44 oficinas. En simple, lo que hace la firma es ofrecer a personas naturales y jurídicas la creación de estructuras offshore –sociedades, fideicomisos y fundaciones de interés privado– en territorios con sistemas poco transparentes para la administración de sus capitales bajo total discreción. Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada (USA), Panamá y Seychelles, son un puñado de las más de 15 jurisdicciones con las que trabaja Mossack Fonseca.

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Los registros a los que tuvo acceso CIPER por intermedio del diario Süddeutsche Zeitung e ICIJ, dan cuenta que desde su fundación a la fecha, Mossack Fonseca ha creado al menos 214.488 entidades offshore para clientes de más de 200 países y territorios.

Desde hace algunos años, Mossfon se ha visto envuelta en sucesivas polémicas. Fue el intermediario para la creación de 123 sociedades de papel domiciliadas en el estado de Nevada (Estados Unidos), cuya propiedad ha sido atribuida al empresario vinculado a la familia Kirchner Lázaro Báez.

Los archivos filtrados de Mossack Fonseca también conducen a sociedades creadas por el círculo cercano del Presidente ruso Vladimir Putin, se adentran en los secretos de la FIFA yevidencian cómo familiares de líderes mundiales, como el Primer Ministro británico David Cameron, y celebridades como Lionel Messi, han encontrado en los paraísos fiscales un albergue confiable para depositar sus riquezas.

Los documentos también conectan a la firma con al menos 33 personas naturales y jurídicas incluidas en listas negras del gobierno estadounidense por sus vínculos comerciales con carteles de droga en México y con traficantes de diamantes en África, con organizaciones terroristas como Hezbollah, y con países como Corea del Norte e Irán (ver reportaje central de ICIJ).

LOS CHILENOS DE MOSSFON

El martes 22 de marzo, CIPER contactó por teléfono y correo electrónico al abogado tributarista Juan Cristóbal Recart (del estudio Recart, Bilbao, Villalobos), quien desde diciembre de 2012 representa a Mossack Fonseca en Chile. El propósito era pedirle su versión sobre la información a la que tuvimos acceso. El  abogado se excusó señalando que el jueves de esa semana tenía un viaje, aunque se mostró dispuesto a conversar a su regreso (con posterioridad a la publicación de este reportaje). CIPER insistió en la urgencia de la cita, pero Recart no volvió a responder.

Yate "Anakena" (Royal Huisman)
Yate “Anakena” (Royal Huisman)

De quien sí recibimos respuesta fue de Felipe Lyon, en calidad de apoderado de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio S.A.P. y beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 1994. Aladin Marine Corporation sería la propietaria del yate “Anakena” (40 metros de eslora y 150 toneladas), propiedad de Edwards, y construido por el prestigioso astillero holandés Royal Huisman.

En su respuesta a CIPER, Lyon –quien junto a María Luisa del Río, esposa de Edwards, tiene desde diciembre de 2014 poder para representar a esta sociedad– señaló que Aladin Marine Corporation era “una sociedad holding de inversiones” y que la totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos. Agregó además que las inversiones de la sociedad en el extranjero, se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con ingresos provenientes de “su trabajo (de Edwards) en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia”.

La empresa norteamericana a la que refiere Lyon es Pepsico Inc., compañía de la cual Agustín Edwards fue vicepresidente entre 1970 y 1975. Edwards llegó a Estados Unidos en septiembre de 1970, pocos días después de que Salvador Allende fuese electo presidente. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados Unidos revelaron la reunión clave que tuvo Edwards con el jefe de la CIA, Richard Helms el 14 de septiembre de 1970. Esa mañana, Edwards tomó desayuno en Washington con Henry Kissinger, entonces asesor de Seguridad del presidente Richard Nixon y fue el propio Kissinger quien le pidió al jefe de la CIA que se reuniera ese mismo día con Edwards para que lo informara de la situación en Chile. En esa reunión participó además de Helms y Agustín Edwards, el presidente de Pepsi Cola, Donald Kendall (amigo de Nixon).

La desclasificación del “memcon”, la transcripción oficial de lo que se habló en esa reunión, reveló que la cita fue clave en el impulso que se le dio a partir de ese día a la acción desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende. Al día siguiente (15 de septiembre), el propio Nixon ordenó a Helms iniciar un conjunto de acciones encubiertas para “hacer que la economía chilena chille” y así provocar un golpe para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia (ver reportaje de CIPER).

Alfredo Ovalle
Alfredo Ovalle

Agustín Edwards no es el único empresario chileno con vínculos con Mossack Fonseca. Los registros secretos del bufete panameño muestran cómo el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, montó una compleja estructura offshore en Panamá para administrar los capitales que generan sus inversiones en Chile, principalmente las relacionadas al grupo minero Las Cenizas.

En 1976 Ovalle, junto a su socio Raimundo Langlois Vicuña (ambos abogados), crearon la primera de una serie de empresas con el jefe del Departamento Financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de Armada y amigo de Manuel Contreras. Algunas de esas sociedades fueron constituidas cuando Olavarría controlaba el aparato financiero de la policía secreta del régimen de Pinochet. Ovalle fue también el nexo entre Olavarría y el ex presidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany, a quien había conocido en Nueva York en la década de los ‘60. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamádestinadas a financiar la Operación Cóndor (ver reportaje de CIPER).   

Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle creó en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated.

Sierra Leona es a su vez propietaria o tiene participación en una serie de empresas mineras, agrícolas y de inversiones en Chile de las que Ovalle es dueño.  En octubre de 2008 todas las acciones de Sierra Leona fueron traspasadas a una nueva estructura creada en Panamá por el ex timonel de la CPC: la Fundación Bello Amanecer. En palabras de la propia firma Mossack Fonseca, una fundación offshore ofrece la posibilidad de mantener con mayor resguardo “la confidencialidad respecto del propietario de los capitales, incluso una vez disuelta”, “puede funcionar como un holding” y “como vehículo para recaudar royalties y otro tipo de retornos”, entre otros beneficios.

Raimundo Langlois
Raimundo Langlois

Alfredo Ovalle ha tomado todas las precauciones para mantener su identidad lo más desconectada de las entidades offshore que controla. La administración de Sierra Leona está en manos de un “directorio pantalla” conformado por ejecutivos de la propia Mossack Fonseca. Los mismos nombres se repiten una y otra vez en los directorios de cientos de sociedades creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales. Este directorio ficticio, con poderes para representar a la sociedad, recibe instrucciones de manera remota (por email) para formalizar en actas las decisiones que se toman en Chile respecto de reestructuraciones, aumentos de capital, apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras.

Sierra Leona ha abierto cuentas corrientes con distintos bancos, como el HSBC, Credit Suisse y Multibank, domiciliados en Panamá. En los papeles de Mossack Fonseca no existen registros que permitan cuantificar el monto de los capitales que Ovalle maneja en ese país, aunque un correo electrónico de octubre de 2012 ofrece una aproximación.

El 16 de octubre, un alto ejecutivo de Mossfon le escribió a una subgerente del Credicorp Bank de Panamá explicándole que tenía un cliente chileno muy importante (Alfredo Ovalle) que necesitaba abrir una cuenta corriente. “Las sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos. ¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? (…) El promedio sería de 1MM anualmente (NdR: un millón de dólares)”.

Ni Alfredo Ovalle ni Raimundo Langlois respondieron a CIPER.

Hernán Buchi
Hernán Büchi Buc

Otro de los clientes de Mossack Fonseca es el ex ministro de Hacienda de Pinochet, ex candidato presidencial y director de Soquimich (dejará el cargo a fines de abril), Hernán Büchi Buc. En los registros del bufete panameño, Büchi aparece como accionista de Compton Investment Inc., sociedad registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia. La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay, y según los registros aún se mantiene activa. En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.

La abogada Urrutia respondió a las consultas de CIPER: “No soy ciudadana chilena y, dado mi estatus, no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”. Además señaló que la sociedad de Seychelles no tiene cuentas bancarias en ninguna jurisdicción offshore.

COBRE, CARBÓN Y APUESTAS

Entre los papeles de Mossack Fonseca hay registro de una serie de otras sociedades offshore vinculadas a empresarios y abogados chilenos. Entre ellos figura el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett. El abogado mantiene una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando integraba el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Delaveau, socio del estudio Honorato-Delaveau, es también director de la minera Andes Copper, compañía de capitales canadienses y titular del proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en Putaendo (V Región). El proyecto –que contempla la instalación de una hidroeléctrica de pasada– tiene en pie de guerra a la comunidad local por el uso intensivo que hará la minera de los recursos hídricos de la zona.

Gonzalo Delaveau
Gonzalo Delaveau

Mossack Fonseca aparece como el agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas: Turnbrook Corporation (mayo de 2006), DK Corporation (mayo de 2011),  Heatlhey International Inc. (agosto de 2011), Turnbrook Mining Ltd. (diciembre de 2011) y Vizcachitas Ltd. (existe desde 2006, pero fue incorporada en diciembre de 2013 a los registros de Mossfon).

Según información financiera de Andes Copper, Turnbrook Mining Ltd. posee el 51,6% de la minera, en la que también participa como director el empresario chileno Eduardo Covarrubias Noé.

Ambos, Delaveau y Covarrubias, contestaron a CIPER señalando que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. El presidente de Chile Transparente dijo que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.

El empresario Isidoro Quiroga Moreno, dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín, también recurrió a los servicios de Mossack Fonseca. Quiroga, con importantes inversiones en los rubros minero, hidroeléctrico y salmonicultura, entre otros, ha logrado amasar parte de su fortuna en el desregulado mercado del agua en Chile. Una investigación de CIPER reveló que Quiroga es propietario de enormes cantidades de agua desde Antofagasta a Coihaique. En los últimos años, Quiroga ha ingresado a su holding cerca de US$25 millones por la venta de derechos de agua entregados gratuitamente por el Estado (ver reportaje de CIPER).

Asesorías e Inversiones Benjamín participa de tres sociedades offshore creadas en Panamá y que en 2012 se incorporaron al portafolio de  Mossack Fonseca: Carbones Andinos, Metalúrgicos de Colombia y Rivergate Properties.

La respuesta del empresario a CIPER señala: “El año 2008, a través de una filial de Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., celebré determinados contratos mediante los cuales ingresé, junto a otros inversionistas chilenos y colombianos, a la propiedad de esas sociedades. Se trató de una inversión en capital de riesgo para el desarrollo y potencial explotación de minas de carbón ubicadas en Colombia”. Luego puntualizó que los resultados de su inversión no fueron los esperados “generando solo pérdidas para mí y los demás inversionistas que participaron de este negocio”.

Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladores del Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC (con inversiones también en Perú) y dueños de Australis Limitada, dedicada a la comercialización de máquinas tragamonedas y mesas de juego, han tenido una prolífica relación con Mossack Fonseca. Según sus estados financieros, el Casino de Talca obtuvo ganancias por sobre los $1.200 millones en 2015. En los papeles del bufete panameño, los hermanos Fuentealba aparecen vinculados –como propietarios o representantes– a seis sociedades offshore con domicilio en Nevada, Panamá e Islas Vírgenes Británicas: Bluefield Management LLC (septiembre de 2002), Lyon Investment Group LLC (julio de 2004), Ivory Holding Services (septiembre de 2004), Drywood Ventures (agosto de 2005), Astoria Company Design (agosto de 2005) y Lynton Trading Ltd. (octubre de 2010).

casinoEn mayo de 2012, uno de los accionistas minoritarios del Casino de Talca impugnó los estados financieros de la compañía, acusando que el arriendo de los tragamonedas se hacía a precios fuera de mercado, que se habían pagado asesorías sin aprobación del directorio y que existían deudas por pagar que no correspondían al casino, sino a sus socios mayoritarios. El tenedor de una de esas deudas, por un monto de $2.304 millones, era precisamente la Corporación Meier SAC, según informó El Mostrador.

Lientur Fuentealba respondió a CIPER señalando que hace 15 años planificó proyectos de negocios en el extranjero para lo que creó algunas sociedades como vehículos de inversión. Agregó que esos proyectos de negocios ya no están vigentes y si bien señala “no recordar los nombres de las sociedades, ni haber participado en ellas”, asegura que todas “se sometieron plenamente a la legalidad”.

RIPLEY Y ANDES TASK

Jorad Trading Inc. y Woodfell International Corp., registradas por Mossack Fonseca en agosto de 2002 y abril de 2012 respectivamente en Islas Vírgenes Británicas, son sociedades ligadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón Voloshinsky. A través de Inversiones R Matriz Limitada y de Inversiones International Funds S.A., la familia Calderón controla el 53% de las acciones de la empresa de retail Ripley Corp., la que en 2014 obtuvo utilidades cercanas a los $44.600 millones.

Ripley Corp. es, a su vez, propietaria del 40% de Woodfell International, sociedad que comercializa la marca de ropa Forever 21 en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Los registros de Mossfon indican que Jorad Trading se dedica al negocio de la exportación e importación en Chile, Perú y China.

En diciembre del año pasado, el SII se querelló contra Alberto Calderón Crispín, uno de los fundadores y accionistas principales de Ripley (padre de los hermanos Calderón Voloshinsky), por una serie de operaciones que tuvieron lugar en 2008. Se le acusa de que junto a su fallecido hermano Marcelo habrían constituido una sociedad acogida a un régimen simplificado de tributación, pese a que no cumplía con los requisitos, con el fin de no pagar los impuestos a utilidades generadas durante la venta de un paquete de acciones. En su primera denuncia, de 2014, el SII calculó que se habían evadido US$22,3 millones. La querella incluye a Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañoboitía, ambos directivos del Grupo Saieh (principal financista de CIPER), que fue el que compró las acciones de Ripley Corp.

Desde Ripley no respondieron a CIPER. La empresa también está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que rectificó ante el SII una serie de pagos por servicios no prestados y que habrían servido para financiar campañas políticas.

El escándalo del financiamiento irregular de la política y que investiga el Ministerio Público llegó hasta las oficinas de los ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá, A fines de 2015, evaluaron integrar a su portafolio a la sociedad offshore Unioncuatror Ventures Corp., con registro en Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario de Unioncuatror es el contralor de Sigdo Koppers y propietario de la empresa Andes Task Consulting, Alejandro Reyes Pizarro.

ripleyAndes Task saltó a la palestra a mediados de 2015 cuando se descubrió que los pagos de bonos por desempeño de los dos principales ejecutivos de Chilevisión, canal de TV que en 2010 aún controlaba el ex presidente Sebastián Piñera, se hicieron a través de otras empresas, entre ellas Andes Task. Lo grave fue que los dos ejecutivos reconocieron no haber prestado servicios para esas empresas y que facturaron para ellas por instrucciones del gerente de Bancard, sociedad de Piñera. La historia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación en los que se recogió la tesis de que Andes Task habría sido parte de un esquema de triangulación de dineros para financiar la campaña del ex presidente.

En esos momentos en el bufete panameño se evaluaba la incorporación de Unioncuatror a su portafolio, por lo que los ejecutivos de Mossack Fonseca decidieron averiguar si el propietario de esta sociedad era el mismo que el de Andes Task. En los registros filtrados está el correo electrónico con la respuesta que envía la empresa que hizo el vínculo entre Unioncuatror y Mossack Fonseca: se trata de la misma persona, pero Alejandro Reyes es un cliente de nuestra entera confianza. Y agrega: “si alguno de los rumores mencionados por este blog de internet (NdR: se refiere a un artículo de El Mostrador) tuviese alguna posibilidad de ser cierto, se hubiera recomendado dejar de trabajar con el cliente”.

En los registros de Mossfon no es posible confirmar si la sociedad quedó finalmente bajo su dominio.

AUTOS, FÚTBOL Y AVIONES

Los registros de Mossack Fonseca muestran también cómo importantes empresarios extranjeros han solicitado sus servicios para crear sociedades offshore que controlen sus inversiones en Chile. El caso más llamativo es el del magnate ecuatoriano Juan Eljuri Antón, titular de uno de los grupos empresariales más importantes de ese país (con cerca de 160 empresas, según artículos de prensa local).

Eljuri es el beneficiario final de la sociedad panameña Bostick International, la que a su vez es propietaria del 100% de las acciones de Autoeastern Chile SpA., constituida en nuestro país en enero de 2015, y representante de Nissan. En su respuesta a CIPER, el gerente general de Autoeastern, Eduardo Saucedo, señaló que la sociedad “fue constituida para formar parte de una sociedad chilena que gira en el rubro de la venta y distribución de vehículos. Bostick no mantiene cuentas corrientes ni fondos de ninguna naturaleza ni en Panamá ni en ningún paraíso fiscal”.

René Kreutzberger, hermano y socio del popular animador de televisión “Don Francisco”, es otro de los empresarios que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca para administrar sus inversiones. Kreutzberger, su esposa e hijos, aparecen como beneficiarios de: el trust Mashe Nishar registrado en Islas Vírgenes Británicas (2011) y las empresas filiales con domicilio en la misma jurisdicción Gracias a la Vida (2011) y Kingsfield Enterprise Limited (2012). Una tercera sociedad, Producciones RK Group Inc. (2012), tiene domicilio en Panamá. Parte de estas sociedades, según los registros de Mossack Fonseca, se dedican a administrar negocios inmobiliarios en República Dominicana. Kreutzberger, quien ha constituido en Chile una serie de sociedades de inversión, agrícolas, de comercio y producción televisiva, no respondió a CIPER.

Los clientes chilenos “insignes” de Mossack Fonseca no se remiten únicamente al ámbito empresarial. La firma panameña ha sido utilizada por reconocidos futbolistas en varias partes del mundo. Los registros de Mossfon evidencian que cerca de 20 jugadores de equipos como el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid, han tocado las puertas del bufete para crear sociedades offshore. Uno de ellos es la estrella blaugrana y de la selección argentina, Lionel Messi, quien enfrenta acusaciones en España por delitos tributarios (ver historia de ICIJ sobre la FIFA).

Iván Zamorano
Iván Zamorano

En la lista de estrellas del fútbol que han abierto sociedades offshore con Mossack Fonseca, figura el ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano. Aunque su sociedad Fut Bam International Ltd, creada en 1992 en Islas Vírgenes Británicas no está activa desde 2005, fue a través de ella que administró sus derechos de imagen mientras fue jugador del Real Madrid (1992-1996). Fut Bam otorgó custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (US$ 1,3 millón aproximado).

Otra de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca para clientes chilenos fue Air Management Inc., creada en Panamá en febrero de 2002, cuyo titular fue el fallecido empresario Jurgen Paulmann, fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline. Directores de esa sociedad –que fue disuelta en noviembre de 2006- eran José Manuel Rebolledo (fue presidente de la aerolínea) y Juan Fernando Uauy (fue accionista de Sky).

LÍOS NOVENTEROS

Quien también aparece en los papeles de Mossack Fonseca con una sociedad inactiva (desde abril de 2009) es el ex gerente general de Edesur, filial de Enersis, Alfonso Torrealba Ugarte. En septiembre de 1997 Torrealba creó la sociedad Discosa International Corp. en Islas Vírgenes Británicas, justo un mes después de que un grupo de ejecutivos de Enersis (“los gestores clave”) –entre los que se encontraba José Yuraszeck, Marcos Zylberberg y el propio Torrealba– concretara la millonaria operación de venta de acciones preferentes a la española Endesa, capítulo conocido como el “Caso Chispas”.

Luis Enrique Yarur
Luis Enrique Yarur

En mayo de 1999, los protagonistas del jugoso negocio por el que serían sancionados años después, crearon Prospecta, con una capital de US$3,5 millones y a través de la cual se presume canalizaron las platas obtenidas de manera irregular tras la venta de las acciones. Es precisamente a través de una dirección de email de esa sociedad (prospecta.cl) que Torrealba se comunicó con los ejecutivos de Mossack Fonseca. Discosa International era la titular de una cuenta corriente que el ex ejecutivo de Enersis abrió en la sucursal del banco HSBC en Suiza. Allí, al menos hasta 2007, Torrealba tenía depositado cerca US$1 millón, de acuerdo a datos filtrados de esa entidad financiera (ver reportaje de CIPER).

En los registros de Mossack Fonseca también aparece con una sociedad inactiva desde 2008, Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Yarur fue el beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. En los archivos de Mossfon hay registros que dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados (uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones) en 1996 por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y en los que actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del que históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.

Dos años antes, coincidentemente con la creación de Westhill, Luis Enrique Yarur había iniciado la toma de control del BCI comprando acciones, según versiones de prensa, a un precio 50% inferior al valor de su transacción en Bolsa. Según El Mostrador, la operación habría sido concretada fuera del país, evitando así el pago de impuestos en Chile.

GIMNASIA TRIBUTARIA

En febrero de 2015, el economista Claudio Agostini enumeró una serie de maniobras elusivas posibles de realizar utilizando sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. Entre ellas, evitar el pago del impuesto a la herencia, la prestación de servicios ficticios a sociedades relacionadas al mismo propietario con domicilio en Chile o que esas mismas sociedades offshore funjan como prestamistas de las sociedades locales con altas tasas de interés, permitiendo que los dineros salgan legalmente del país. También se refirió a la utilidad que prestan las sociedades offshore a altos ejecutivos de grandes compañías para recibir millonarios bonos exentos del pago de impuestos (ver entrevista en CIPER).

En efecto, en algunos de los millones de archivos secretos de Mossack Fonseca se discuten esquemas de planificación tributaria que apuntan en esa misma dirección. En abril de 2006, tras visitar distintos estudios de abogados chilenos, la ejecutiva de Mossack Fonseca que condujo las reuniones informó a su casa matriz que una de las oficinas que visitó estaba muy interesada en lograr un acercamiento con ellos: “Varios clientes quieren sacar sus dineros a algún paraíso fiscal como Panamá, y no quieren que los mismos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia. También quieren absoluta confidencialidad”.

Claudio Agostini
Claudio Agostini

Las prácticas elusivas a que se refiere Agostini quedan en evidencia en varios de los correos electrónicos del registro de Mossfon. En 2009 una empresa mexicana de outsourcing quería pagar bonos a sus ejecutivos, lo que implicaba un gasto mensual de US$350 mil. Mossfon le sugirió crear sociedades en Chile que facturaran a la empresa mexicana para así aminorar la carga tributaria (Chile y México tienen un tratado para evitar la doble tributación). En el correo electrónico que CIPER halló en los registros de Mossack Fonseca se lee: “Gracias al tratado, la retención en México es nula o muy mínima (…) sé que lograremos hacer que en Chile el impuesto sea nulo o muy bajo. El dinero podría triangularse hacia Paraguay, pero previendo que a la larga se puede enviar a Panamá para depositarse en las cuentas offshore de los ejecutivos de esta empresa”, escribió un abogado del bufete panameño.

Los tratados para evitar la doble tributación que ha firmado Chile con 25 países (ver listado aquí), le abrieron el apetito a los abogados de Mossack Fonseca que vieron en nuestro país una plataforma para “triangular dineros”. Así queda en evidencia en un correo electrónico de abril de 2010 enviado por una alta funcionaria de Mossfon a un abogado de un estudio chileno: “La idea del uso de la sociedad de Chile es poder facturar desde allí hacia países que hayan firmado para evitar doble tributación. Al facturarse por servicios, trabajos y comisiones, la retención impositiva en el país desde donde viene el pago sería cero, o una retención impositiva muy baja (…) en Chile sabemos que habrá que recibir el dinero y realizar entonces una planificación tributaria”.

Otro ejecutivo de Mossack Fonseca que interviene en esta misma cadena de correos, cita el caso de un cliente de Ecuador que quiere reducir sus compromisos tributarios: “Lo único que necesita el ecuatoriano es poder recibir una factura de una empresa chilena, por cifras que rondan los US$500.000 o US$1 millón, y demostrar de alguna forma que el dinero se ha enviado a esa empresa chilena (…) Sabemos que se trata de una forma quizá un tanto ‘agresiva’ de eludir el pago de tributos. Nuestras disculpas por lo atrevido de este esquema”.

Otros correos dan cuenta de los métodos de Mossack Fonsaca para garantizar el secreto de sus prácticas. El 25 de mayo de 2012, el entonces embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, se contactó directamente con uno de los fundadores de la firma, Jurgen Mossack. Le contó que iba a recibir a una delegación de la Cámara Chilena de la Construcción, varias empresas con una facturación que “oscila entre US$100 millones y US$150 millones”, y le solicitó analizar la posibilidad de que algún ejecutivo de Mossfon los instruyera sobre el “marco legal para las inversiones privadas”.

El embajador Labbé adjuntó una lista con las visitas que conformarían la delegación. Al ver que en la nómina venía un periodista de El Mercurio, uno de los ejecutivos de la firma envió un correo electrónico interno advirtiendo: “Lamentablemente no podremos tocar esquemas de planeación tributaria, para no ser malinterpretados”.

PANAMÁ, LA VEDETTE

La información analizada por CIPER revela que la plaza preferida por los clientes de Mossfon vinculados a Chile es Panamá: los registros históricos arrojan hasta el momento 91 sociedades offshore ligadas a chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país. Le siguen las Islas Vírgenes Británicas, con 55 sociedades; Bahamas con 16; Seychelles con 15 y Nevada con 14. El resto de entidades se reparten entre Anguila, Wyoming (USA)y Costa Rica. La mayoría de estas jurisdicciones integran la lista de países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N° 628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver decreto).

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CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a Impuestos Internos los montos declarados en 2015 por chilenos en paraísos fiscales. La cifra alcanza a $7.618.899.844.633 (equivalentes a US$11.204 millones) y corresponde a 408 contribuyentes con inversiones en 20 territorios. Los dineros se encuentran concentrados principalmente en tres jurisdicciones: Panamá con $2.605.969.731.405 (US$3.832 millones), Islas Caimán con $2.071.289.206.861 (US$3.046 millones) e Islas Vírgenes Británicas con $1.539.211.891.834 (US$2.263 millones) (ver respuesta del SII).

La concentración de sociedades en Panamá que muestran los registros de Mossack Fonseca y de capitales, según la información del SII, no es casual. El país centroamericano es el único de Latinoamérica que se ha negado a avanzar en la eliminación del secreto bancario. Así lo señaló a El Pulso en su última visita a Chile el director del centro de políticas y administración fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, responsable de impulsar una estrategia multilateral conocida como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting),  que busca avanzar en el intercambio automático de información para combatir la raíz de la elusión tributaria.

El presidente panameño Juan Carlos Varela, hasta hace poco asesorado por uno de los propietarios de la firma de abogados, Ramón Fonseca, señaló que su país continuará subscribiendo acuerdos de intercambio de información, pero solo bilaterales y con sus principales socios comerciales. Así, descartó sumarse a esta iniciativa multilateral.

CÓMO CREAR UNA OFFSHORE

Crear una sociedad offshore en un paraíso fiscal toma poco tiempo. Cinco o seis días hábiles hasta que quede inscrita en la jurisdicción escogida. En casos de mayor urgencia, Mossack Fonseca ofrece una vía express, adquirir una “shelf company”: una “sociedad de reserva” ya inscrita en algún paraíso fiscal, con un directorio nominal ya conformado y “virgen” desde el punto de vista comercial.

Los costos varían dependiendo del tipo de estructura offshore que el cliente pida. Tomemos el ejemplo de Panamá con una “shell company: una sociedad totalmente nueva. Según la tabla de precios de Mossack Fonseca para “clientes profesionales” (estudios de abogados que actúan como intermediarios entre el beneficiario y la firma panameña), adquirir una sociedad en Panamá cuesta US$1.235. Los honorarios de mantenimiento ascienden a US$495 anuales y si el cliente solicita que Mossfon le provea de una junta directiva que simule ser su administradora, se agregan otros US$800 anuales.

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

A veces son los mismos beneficiarios los que se contactan directamente con Mossack Fonseca, aunque es recurrente que sean abogados o estudios jurídicos los que intermedian esa relación, preocupándose del pago de anualidades, legalizaciones, entrega de poderes, obtención de certificados e incluso facilitando sus nombres para integrar directorios.

En la lista de estudios jurídicos que han intermediado entre Mossfon y clientes chilenos para la creación de sociedades offshore figuran: Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía.; Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz (hoy Guerrero Olivos);  Vial y Cía.; Cuevas Abogados; Ovalle y Cía.; y Mena y Guijón abogados, entre otros.

El costo de creación de una sociedad offshore –con directorio incluido– asciende a cerca de US$2.500. Con eso ya se puede operar. Los beneficios que entregan estas sociedades -que no realizan ningún tipo de actividad económica en el país donde residen- son múltiples (juega a crear una sociedad offshore aquí).

* Participó en esta investigación la periodista Catalina Albert.

ICIJ publicará la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.

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FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF

La compra del Canal del Fútbol (CDF) está en su recta final y aún no hay certeza de cómo se cerrará un negocio que está valorado en US$900 millones, el más importante del fútbol criollo. En la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) poco se comenta sobre el tema: “Hay cosas más importantes”, es la respuesta cuando se pregunta en la sede de Quilín por el estado del negocio. Como si la instalación del nuevo DT de la Roja tuviese más peso en los clubes que los más de $40 mil millones que les reparte por año el CDF. Esa sola cifra indica que no hay algo más gravitante para los dueños de los equipos que el cierre de este contrato, que debe quedar finiquitado el próximo 31 de marzo. De hecho, hay clubes que arriesgan la quiebra sin los dineros que reciben del CDF, como sucede con Wanderers.

La ANFP ya formalizó su intención de adquirir el 20% del CDF que está en manos de inversionistas liderados por Jorge Claro. El tema es cómo se va a financiar esa adquisición, pues el porcentaje que controla Claro está valorado en US$180 millones. Una posibilidad es recurrir a un préstamo sindicado (otorgado por varios bancos). Otra es concesionar la señal a una cadena internacional por un periodo de tiempo, a cambio de que facilite el financiamiento de la compra. Una tercera vía es vender completamente el CDF y repartir el dinero entre los clubes, oferta que ha sido formulada por las cadenas Turner y la catarí BeIN Sports.

El tema fue uno de los puntos centrales abordado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en su sesión de este jueves 4 de febrero, la primera dirigida por Arturo Salah. Entre los clubes, el ofrecimiento más seductor es el de la cadena FOX. CIPER consultó tanto a FOX como a la ANFP si esta oferta se había formalizado, pero de la primera no recibió respuesta y en la segunda informaron que no hablarían por el momento sobre los detalles del negocio.

directorioanfpNo obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

Algunos clubes conocieron en reuniones informales la oferta de FOX en 2015. Los detalles del ofrecimiento se esparcieron entre los integrantes del Consejo de Presidentes. En ese círculo se señala que el lobby a favor de la cadena estadounidense lo lideran Mario Conca -hombre de confianza del dueño del club Universidad de Chile, Carlos Heller– y Cristián Varela, socio de la productora ChileFilms (ver reportaje de CIPER “Cristián Varela, dueño de ChileFilms: el primer ganador de la Copa América”).

La oferta de FOX es repartir $45 mil millones anuales a los clubes, con un aumento de 5% cada año, a cambio de la concesión del CDF por 12 años. La fórmula se basa en una agresiva planificación tributaria destinada a rebajar el pago de impuestos del CDF para aumentar la cifra a repartir entre los clubes (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF). Lo que seduce a los clubes es mantener el nivel de ingresos actual y no perder la propiedad de esta verdadera mina de oro del fútbol local.

En medio de las turbulencias provocadas por la caída del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, el 26 de noviembre FOX anunció que desistía de pujar por el CDF. No obstante, volvió a la carga tras la llegada del nuevo directorio comandado por Arturo Salah. Pero la ANFP tendrá que medir muy bien sus pasos antes de embarcarse en un negocio con FOX, debido a que el nombre de esa cadena ya figura en la carpeta de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien investiga los sobornos pagados a los dirigentes de la FIFA y de la Confederación Sudamericana (Conmebol).

En esa pesquisa sobre la Conmebol apareció el nombre de una empresa constituida en el paraíso fiscal de Islas Caimán en 1997: T&T Sports Marketing. En la propiedad de T&T se unieron dos gigantes de los negocios oscuros ligados al fútbol latinoamericano: la brasileña Traffic y la argentina Torneos. Es la huella de T&T la que ha salpicado ahora a FOX.

El 3 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió sus acusaciones en la investigación a la Conmebol e indicó que “tres ejecutivos asociados con T&T” sobornaron a lo menos a 15 dirigentes sudamericanos para obtener los derechos de las copas continentales de clubes (Libertadores y Sudamericana). Uno de esos ejecutivos -se lee en el documento- es el argentino Alejandro Burzaco, controlador de la empresa Torneos, quien ya declaró ante la justicia de Estados Unidos. Es decir, T&T habría sido el brazo operativo que pagó las coimas a la plana mayor de la Conmebol, entidad en la que participaba el chileno Sergio Jadue, quien recibió US$2,2 millones en sobornos.

Sede Conmebol
Sede Conmebol

Según señala la investigación de la fiscal Lynch, T&T Sports Marketing es propiedad de Torneos y “un grupo de inversores que incluye una filial de una importante compañía de Estados Unidos cuya identidad es conocida por el gran jurado”.

Esa filial de una “importante compañía” es Fox Pan American Sports, una subsidiaria del conglomerado 21st Century Fox.Según documentación entregada por la propia cadena FOX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), T&T es considerada como subsidiaria de 21st Century Fox (Ver el documento). Esa información fue proporcionada a la SEC en 2014.

Según reportó Wall Street Journal el año pasado, Fox Pan American Sports adquirió en 2011 el 50% de T&T. En la misma nota del diario se cita a una portavoz de Fox que argumenta que la compañía no tiene control operacional sobre T&T.

En todo caso, ya en 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), había acreditado que la cadena FOX, a través de Pan American Sports, era propietaria del 50% de T&T Sports Marketing. El porcentaje restante pertenecía a Torneos y, en menor medida, a un fondo de inversión. A pesar de los vínculos establecidos en los documentos de la SEC de Estados Unidos y en los registros de la CNDC argentina, la acusación de la fiscal Lynch no se dirige ni contra FOX ni contra T&T (Ver documento).

CIPER pidió entrevistas y envió preguntas a los responsables de FOX para Latinoamérica, pero no obtuvo respuesta.

CAMBIO EN EL EQUIPO

Fox Pan American Sports, la propietaria del 50% de T&T, es operada por la cadena estadounidense a través de Fox International Channels (FIC). El 12 de enero pasado el mercado internacional de la TV fue sacudido por una noticia que no estaba en los cálculos de los entendidos: el máximo jefe de FIC, el argentino Hernán López, abandonó ese puesto y anunció que se dedicaría a montar un negocio personal de podcast en línea.

López es considerado un crack del negocio de la TV. Tras cinco años como CEO de Fox International Channelsy 18 trabajando para FOX, se estima que fue el principal artífice de la expansión global de esa cadena, que pasó de facturar US$30 millones a US$3 mil millones por año, como él mismo lo deja entrever en su carta de despedida.

En FOX justificaron su salida como parte de la reorganización que realizará la compañía para manejar los 350 canales que posee en el mundo. Sin embargo, ejecutivos ligados a los negocios de la TV estiman que la inesperada salida de López podría ser parte de una operación de “control de daños” en caso de que la investigación de la fiscal Lynch se oriente a escarbar en la relación de T&T con Fox International Channels, el brazo del grupo FOX que dirigía el argentino.

LA GÉNESIS DEL NEGOCIO

El vínculo entre FOX y T&T se empezó a tejer a principios de 2002. Entonces se forjó una alianza comercial entre Liberty Media, PSE Holdings e International Sports Programming, las que constituyeron Fox Pan American Sports en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, donde se registran más corporaciones que habitantes.

camaradosCDFSegún la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya Caras y Caretas, el acuerdo entre las tres empresas fue el siguiente: Fox aportaba dinero y sus activos de los canales Fox Sports Latin America y Fox Sports World Español, mientras que Liberty colocaba capital efectivo y PSE Holdings entregaba su participación de 50% en T&T Sports Marketing. Al mismo tiempo, Liberty ya tenía acciones de Torneos, empresa que controlaba una porción de T&T.

En 2004 la CNDC argentina revisó la concentración económica que significaría esta alianza. Fue entonces cuando dejó establecido que FOX tenía el 50% de las acciones de T&T y que por su ingreso a esa compañía había negociado “los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la nueva Copa Panamericana” (Ver documento). De esta manera, se daba la paradoja de que la empresa que compraba los derechos televisivos de los torneos continentales de clubes -T&T, perteneciente a Fox- los revendía a su propio socio mayoritario.

T&T es la predecesora de la empresa investigada por pagar coimas para quedarse con los derechos de la Copa América: Datisa, cuyo nombre de fantasía es WeMatch. De hecho, Datisa reúne en su propiedad a tres compañías, dos de las cuales eran las controladoras originales de T&T: Traffic y Torneos. A ellas se unió la argentina Full Play. Los sobornos por la Copa América fueron acordados por Datisa y los dirigentes de la Conmebol.

FOX, Datisa y Full Play no son las únicas compañías que tienen vínculos con T&T Sports Marketing. De manera indirecta, DirecTV tambiénmantiene lazos con T&T. La operadora de televisión satelital, que cuenta con casi 20 millones de suscriptores en Latinoamérica, es propietaria de un 40% de Torneos, la que a su vez participa en la propiedad de T&T y Datisa. Incluso, DirecTV tiene registrada a T&T como una subsidiaria ante la SEC estadounidense (Ver ese registro de la SEC).

EL FACTOR URUGUAYO

El vínculo de FOX con el fútbol sudamericano ya suma casi 15 años. Desde 2002 transmite sus torneos continentales y últimamente agregó partidos clasificatorios para el Mundial. De hecho, puede transmitir en la TV por cable los partidos que la Roja juega en Chile gracias a un acuerdo entre Fox Sports y MegaSports, la empresa de Carlos Heller que ostenta los derechos de la selección nacional hasta Rusia 2018 (vea reportaje de CIPER “Copa América: las huellas en Chile de los empresarios del fútbol internacional acusados de corrupción).

Si FOX pudo transmitir entre 2002 y 2015 las copas Libertadores y Sudamericana, fue porque T&T le vendió los derechos de esos torneos. La Conmebol le había entregado a T&T la exclusividad de esas competencias hasta 2022. Así, FOX no sólo es dueña del 50% de T&T, sino que también era su mejor cliente. Esta suerte de “intermediación” de T&T, que recibía los derechos de la Conmebol para entregárselos a FOX, navegó sin contratiempos hasta 2015, año en que se destapó en Estados Unidos el pago de los sobornos. En noviembre del 2015 la confederación decidió suspender el trato que tenía con T&T hasta 2022 y renegociar directamente los derechos con Fox International Channel (FIC) (Ver el contrato 2002 y la renegociación con FIC).

Wilmar Valdez, presidente AUF.
Wilmar Valdez, presidente AUF.

En declaraciones recogidas por el diario uruguayo El Observador, el ex timonel interino de la Conmebol tras las detenciones de sus dirigentes titulares, Wilmar Valdez, señaló que la confederación resolvió renegociar los derechos de los torneos continentales con FOX a fines de 2015, debido a que temía acciones legales de la cadena, que quedaba fuera del negocio por la salida de T&T. La Conmebol renegoció con Fox International Channels (FIC), cuando todavía la dirigía el argentino Hernán López, y le entregó a FOX los derechos de las copas hasta 2018. Desde 2019, dijo Valdez, el negocio será licitado.

Gran parte de la documentación que acredita las irregularidades de la relación entre T&T y la Conmebol ha visto la luz gracias a las recientes investigaciones de la prensa de Uruguay, impulsadas por un proceso judicial que se inició por la acusación del empresario de la TV local Francisco “Paco” Casal. El dueño del canal GolTV denunció que la Conmebol decidió entregar los derechos de las copas continentales de clubes a T&T a pesar de que él había hecho una oferta sustancialmente mayor.

La acusación de Casal es tramitada en la Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay. Según alega el dueño de GolTV, la decisión de la Conmebol de rechazar su oferta y vender los derechos a T&T en US$372 millones, privó a la confederación de recibir US$433 millones adicionales. Casal sostiene que esto constituye un ilícito que lesionó el patrimonio de la Conmebol, de sus asociaciones nacionales federadas y de los clubes, que no recibieron todo el dinero que les correspondía por participar en esos torneos.

Inicialmente, siete clubes de Uruguay, incluido el popular Peñarol, respaldaron la denuncia. Pero luego desistieron y la acusación ahora sólo está apadrinada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas (Mufp). Dirigentes de clubes uruguayos han revelado que fueron sometidos a presiones por Gorka Villar -ejecutivo de la Conmebol e hijo del presidente del fútbol español, Ángel María Villar-, quien los habría amenazado con dejar al fútbol uruguayo fuera de las competencias internacionales si persistían en estas denuncias.

Fue en Uruguay también donde el miércoles de esta semana la U. de Chile enfrentó a River Plate de Montevideo, en la primera acción de un elenco nacional en esta nueva versión de la Copa Libertadores. Allí, las radios chilenas que quisieron transmitir el cotejo se encontraron con la negativa de FOX. Según una nota de El Dínamo, la cadena les cobraba US$70 mil (unos $50 millones) por los derechos de transmisión del torneo. En los círculos de la ANFP algunos interpretaron este round como un adelanto de los obstáculos que pueden suscitarse si no hay un buen entendimiento con la cadena en el negocio del CDF.

El popular relator de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, no se amilanó con ese golpe: “Llegó el canal fome y nos está matando”.

La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa en EE.UU.

Dos son los contratos que encendieron las alarmas en el Ministerio de Justicia cuando sus funcionarios revisaron las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En ambos detectaron una posible lesión al patrimonio de la asociación, por lo que exigieron a la nueva directiva, presidida por Arturo Salah, que informe sobre los alcances de esos contratos y que se querelle en caso de que se constaten irregularidades. En el primero, la acción judicial podría afectar al ex presidente de la entidad, Sergio Jadue. El segundo conduciría a la ANFP a un nuevo round con Jorge Sampaoli después de la dura negociación por el término de su labor.

El primero de estos contratos es el que la ANFP firmó con el bufete de abogados estadounidenses Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, por US$250 mil. Este fue el monto por el que se contrató una consultoría jurídica que debía determinar cómo podía afectar a la ANFP y a Sergio Jadue en particular la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre los sobornos a los dirigentes de la FIFA y Conmebol. Lo que llamó la atención de los funcionarios de Justicia es que la prestación beneficiaría a Jadue aún cuando ya no ostentara el cargo de presidente del fútbol chileno (Ver contrato). A la luz de lo que hoy se sabe, Jadue lo firmó sabiendo que era culpable y que estaba siendo investigado por el FBI, por lo que tenía claro que este sería un servicio pagado con platas de la ANFP y que solo lo beneficiaría a él.

El segundo contrato que está en la mira del ministerio es el que estipuló un pago de US$200 mil a Jorge Sampaoli para que revisara la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF). Hay indicios contundentes de que el entrenador no realizó la labor en los términos pactados, por lo que en el Ministerio de Justicia han pedido que la ANFP acredite que los servicios efectivamente se realizaron (ver reportaje CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’).

Dos miembros del actual directorio de la ANFP -Juan Carlos Silva y Andrés Fazio- informaron a CIPER que, aunque siguen rastreando la documentación interna, no hay pruebas de que Sampaoli haya cumplido con los servicios para el INAF descritos en el contrato. Por eso, es altamente probable que la ANFP vuelva a enfrentarse con Sampaoli por la eventual restitución de los US$200 mil. Incluso, apurada por el Ministerio de Justicia, podría llevar el tema hasta los tribunales. De lo contrario, la secretaría de Estado podría actuar contra el actual directorio de la asociación por no cautelar el patrimonio de la ANFP. La asociación es una corporación sin fines de lucro bajo la tuición del Ministerio de Justicia y, por lo mismo, debe responder todos sus requerimientos.

Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP
Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP

El Ministerio de Justicia también pide que la ANFP aclare si efectivamente fueron restituidos los pagos que recibió el directorio de Sergio Jadue. La secretaría de Estado estimó que esos desembolsos eran improcedentes, por tratarse del directorio de una corporación sin fines de lucro, y ordenó su reintegro.  Juan Carlos Silva dijo a CIPER que, salvo el caso de Jadue, todos los restantes miembros del directorio que encabezó el calerano ya restituyeron el dinero, operación que se completó el viernes 15 de enero, cuando el ex secretario general de la ANFP, Nibaldo Jaque, depositó poco más de $8 millones en las cuentas de la ANFP.

Respecto de los $34 millones que Jadue debe restituir por estos pagos improcedentes, el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, señaló a CIPER que en los registros de la asociación sólo figura el ingreso de un cheque del ex presidente por ese monto, pero que nunca se cobró. El cheque, dijo, no lo han podido encontrar en la ANFP.

Juan Carlos Silva, actual director de la ANFP, dijo que espera concordar esta semana con su contraparte del Ministerio de Justicia cuál es la vía que deben utilizar para comunicarse con Jadue, a objeto de pedirle que deposite el dinero para subsanar el problema. Sergio Jadue está bajo protección de las autoridades de la justicia de Estados Unidos, por lo que Silva indicó que desean aclarar si para comunicarse formalmente con él deben hacerlo por medio del consulado o por otra vía.

Andrés Fazio dijo a CIPER que el extraviado cheque de Jadue fue fechado en septiembre. Por ello, señaló que aunque lo encontraran, no podrían depositarlo, debido a que ya caducó. La explicación que han recibido sobre las razones por las que no se cobró el documento cuando fue emitido, sostuvo Fazio, apunta a que se resolvió guardar el documento a la espera de la resolución definitiva de la apelación que el mismo Jadue hizo frente al dictamen del Ministerio de Justicia que exigió la restitución de los fondos.

Por todas estas razones, el Ministerio de Justicia ofició el viernes 15 de enero a la ANFP para que en un plazo de diez días hábiles clarifique sus cuentas y verifique si los contratos con Sampaoli y los abogados de Estados Unidos afectaron el patrimonio de la asociación. Ahora la pelota está en los pies de la nueva directiva encabezada por Arturo Salah. Uno de los profesionales que ha revisado las cuentas y contratos que se firmaron bajo la gestión de Sergio Jadue, comentó: “No sabemos cuántos muertos más vamos a encontrar en el clóset de la ANFP”.

Hasta el momento, la respuesta de la ANFP al ministerio ha sido parcial. El encargado de llevar la relación con esa secretaría de Estado es uno de los directores de la asociación, Juan Carlos Silva, quien informó a CIPER que el pasado miércoles 27 de enero solicitó una prórroga para recabar todos los antecedentes que se le piden.

US$105 MIL PARA ABOGADOS DE EE. UU.

En el contrato de asesoría legal firmado el 24 de junio de 2015 con el bufete Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, se acordó que la cifra a pagar sería US$250 mil (cerca de $160 millones al cambio de esa fecha). El servicio contratado fue una consultoría sobre los alcances de la investigación del pago de sobornos en la FIFA y la Conmebol, lo que incluía la revisión de hasta 15 mil documentos de las carpetas investigativas de la acusación realizada por la fiscal estadounidense Loretta Lynch.

Sergio Jadue, ex timonel ANFP
Sergio Jadue, ex timonel ANFP

Los abogados debían evaluar cómo estas pesquisas podían afectar a la ANFP o a su presidente Sergio Jadue. Pero la asesoría para Jadue, según dice el contrato, se realizaría aunque él ya no fuera presidente de la asociación. El propio Jadue, que en esa fecha –fines de junio de 2015- estaba en pleno conocimiento de que se le investigaba por las coimas pagadas en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos comerciales de la Copa América, la Libertadores y la Sudamericana, es quien aparece firmando el contrato.

La firma contratada se describe como un bufete tipo “boutique”: pequeño, pero exclusivo. Fue creada en 2009 para resolver disputas en cortes de Estados Unidos para clientes “americanos o extranjeros” y cuentan con asistencia en español.

CIPER envió consultas por correo electrónico al bufete, preguntando si habían cobrado el dinero, si efectuaron los servicios descritos en el contrato, si entregaron un producto de la consultoría y quién era su contraparte en la ANFP. Aníbal Sabater, uno de los abogados que según el contrato se haría cargo del servicio, sólo respondió escuetamente: “Los servicios a que hace referencia no se llevaron a cabo y no realizamos ningún servicio profesional a la asociación o individuo a que hace referencia”.

No obstante la respuesta de Sabater, Andrés Fazio indicó a CIPER que la ANFP alcanzó a pagar un adelanto de $105 mil dólares por el contrato de los abogados (sobre $66 millones). También señaló que hasta ahora no han encontrado registro de que se ese dinero haya sido restituido, tampoco informes que sean producto de esta consultoría o de otro comprobante que acredite que efectivamente se prestó, aunque sea en parte, este servicio. Asimismo, no hay rastros de que el contrato se haya anulado, dijo Fazio. Agregó que siguen buscando en los registros de la ANFP referencias a este desembolso, pero que de persistir las dudas sobre el destino del dinero se interpondrán querellas y se intentará recuperar los fondos, porque de no hacerlo el nuevo directorio puede ser considerado por el Ministerio de Justicia como co-responsable de esta posible pérdida patrimonial de la ANFP.

CIPER verificó que ante la justicia estadounidense, Sergio Jadue es representado por William M. Brodsky, del bufete Fox, Hovan & Camerini, junto al argentino Santiago Sáenz Valiente y al chileno José Forteza Gómez. Al menos en la documentación pública del caso no aparece el bufete Chaffetz Lindsey ni Martin J. Auerbach. No es primera vez que Brodsky toma un caso relacionado con el fútbol profesional, pues ya representó a la FIFA en un polémico litigio contra Mastercard.

EL INFORME DE SAMPAOLI

El otro documento que está bajo el microscopio es un anexo del contrato de comercialización y licencia de los derechos de imagen de Jorge Sampaoli. Este contrato lo firmó la ANFP con la sociedad que ostentaba esos derechos: Alta Lake Investing Limited, constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaolí, quien firma el contrato. Este acuerdo por derechos de imagen en realidad encubrió el pago del 50% de las remuneraciones y premios por desempeño del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Sampaoli. De esta forma, no se pagó el impuesto a la renta por esos ingresos, lo que fue sincerado por la ANFP en diciembre de 2015, cuando canceló US$500 mil al Servicio de Impuestos Internos para regularizar la situación (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

El anexo de ese contrato que ahora está en la mira de las autoridades fue publicado originalmente en The Clinic. Se firmó el 1 de julio de 2014, apenas dos días después del retorno de la Roja a Santiago tras su emocionante desempeñó en el Mundial de Brasil. El servicio que se pactó fue (Ver anexo contrato INAF):

Realizar un análisis detallado de la malla curricular de la carrera de Director Técnico impartida por el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y una propuesta formal de las rectificaciones y modificaciones que se deben incorporar con el objeto de fortalecer y mejorar la metodología de enseñanza (…). El informe se deberá entregar y aprobar por el INAF durante el año 2014”.

Ese contrato incluyó otros dos servicios: una clase magistral de Sampaoli a los entrenadores de Primera A y Primera B de no menos de dos horas y dos charlas de más de 45 minutos que la ANFP podría comercializar.

Tanto Juan Carlos Silva como Andrés Fazio señalaron a CIPER que hasta el momento no han encontrado registros que comprueben que estos servicios (análisis de la malla del INAF con una propuesta de rectificación, una clase magistral para entrenadores de equipos profesionales y dos charlas que serían comercializadas) efectivamente se realizaron.

El pasado 20 de enero, Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Andrés Fazio informó que en los archivos de la ANFP figura una nota de débito extendida por la sociedad constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaoli por US$200 mil, pero la glosa indica que se pagó por servicios que no tienen relación alguna con lo que fue contratado. El vicepresidente de la asociación se excusó de entregar detalles sobre estos servicios, pues indicó que aún están investigando y que podría entorpecer la auditoría forense sobre las cuentas de la ANFP que debía partir el martes 2 de febrero y que fue pedida en el informe del ex contralor Ramiro Mendoza.

-Las dudas que tiene el Ministerio de Justicia sobre una posible lesión al patrimonio de la ANFP en este contrato por US$200 mil con la sociedad que representa Sampaoli, ¿es una duda que el nuevo directorio comparte?

-Totalmente. No corresponde la glosa al carácter del contrato y se cancela sin haber respaldo de las acciones que se solicitaban en el contrato –respondió Fazio.

Consultado por una posible querella contra Sampaoli y los dirigentes o funcionarios de la ANFP que autorizaron esos pagos, Fazio no lo descartó. Según señaló, van a esperar el informe de la auditoría forense para interponer todas las acciones legales que resulten pertinentes.

PROBLEMAS DE CAJA

El martes 19 de enero, cuando se anunció el acuerdo para poner fin al vínculo contractual con Sampaoli, Andrés Fazio por primera vez dio luces sobre el déficit económico que enfrenta la ANFP: “Lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”, dijo entonces.

chile_campeónEn conversación con CIPER, Fazio entregó nuevos detalles sobre la situación de las arcas de la ANFP. Según explicó, 2015 fue el año en que la asociación cosechó los mayores ingresos en toda su historia: US$50 millones (unos $35.500 millones), lo que se explica por los fondos que dejó la Copa América y que se sumaron a otros ingresos regulares, como el contrato por derechos de imagen y comercialización de la Roja, así como por la indumentaria del conjunto nacional.

Pero, el mismo Fazio informa que 2015 también fue el año en que más se gastó: US$60 millones, lo que dejó un déficit de US$10 millones (cerca de $7.110 millones) que el directorio espera superar en tres años. El dirigente señala que muchos gastos originados en 2015 no fueron provisionados, entre ellos los premios a los jugadores de la selección por el título continental que aún no se han pagado (y que suman un total de $5 mil millones).

El cuadro financiero de la ANFP se agrava si se toma en cuenta que la asociación enfrenta una serie de gastos millonarios que no estaban previstos originalmente. Uno de ellos fueron los US$500 mil (cerca de $350 millones) que pagó al SII para regularizar los impuestos que no se pagaron entre 2012 y 2014 por remuneraciones a Sampaoli camufladas como “derechos de imagen”. Ese medio millón de dólares sólo corrigió la situación hasta diciembre de 2014, por lo que todos los ingresos del cuerpo técnico de la Roja por los derechos de imagen en 2015 deben pagar el impuesto a la renta completo.

En la conversación con CIPER Fazio agregó un dato que puede reabrir las disputas con Sampaoli: la ANFP está solicitando opiniones a expertos tributarios respecto de a quién le corresponde pagar esos impuestos de 2015, si a Sampaoli o a la asociación.

Por último, en las cuentas de la ANFP no estaba previsto pagar impuestos por las utilidades que dejó la Copa América. Las ganancias que arrojó el Comité Organizador Local (COL) de ese torneo sumaron más de $10 mil millones. Bajo la gestión de Sergio Jadue esos excedentes fueron disfrazados como gastos por cobrar transferidos a la ANFP para no pagar impuestos. La revisión que hizo el equipo del ex contralor Ramiro Mendoza dejó en evidencia que ese tratamiento contable no resistía análisis. Lo mismo estimaron otras dos consultoras de expertos tributarios requeridas por la ANFP.

Si a los premios adeudados a los jugadores por el éxito obtenido en la Copa America se suma el pago de impuestos correspondiente a 2015 que no estaba previsto y que deben ser cancelados en abril próximo, los números de las cuentas de la ANFP estarán tan rojos como la camiseta de la selección.

Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas “perdidas”

Vea también: “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII

Después de poner fin a la compleja, dura y mediática negociación con Jorge Sampaoli, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, debe concentrarse en problemas mucho más urgentes y graves que la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja. El acuerdo con Sampaoli aparentemente descomprimiría el ambiente en que aterrizó el nuevo directorio de la ANFP, porque la partida del seleccionador es la arista que más interesa a la hinchada dentro de la crisis del fútbol y, por lo mismo, monopolizó el enfoque de la prensa. Pero eso no ocurrió.

Arturo Salah despidiéndose de Jorge Sampaoli
Arturo Salah despidiéndose de Jorge Sampaoli

En la sede de Quilín se siguen viviendo días cargados de tensión, debido a que enfrentan un ultimátum del Ministerio de Justicia que les dio diez días -a contar del viernes 15- para aclarar las cuentas de la asociación y un compromiso con el ex contralor Ramiro Mendoza -hasta ahora incumplido- para publicar su informe sobre las irregularidades en los dineros de la Copa América.

Cumplir con los compromisos contraídos tanto con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, como con el ex contralor Mendoza, equivalen a incubar una tormenta perfecta que promete volver a sacudir a la ANFP tanto o más que por su reciente round con el cuerpo técnico de la selección.

En ambos casos quedarán expuestas impactantes irregularidades que hasta ahora solo han corrido como trascendidos en la prensa. Entre las más graves están:

  • No hay documentos que acrediten que los $19 mil millones declarados como ingresos por las entradas de la Copa América corresponden a la suma que efectivamente se recaudó, por lo que existen fundadas sospechas de que en este ítem pudo haber desvíos de dinero.
  • No hay huellas de los US$491 mil (unos $350 millones) entregados por la Conmebol junto con el dinero del premio al ganador del torneo continental.
  • La falta de justificación de un contrato por US$200 mil (unos $140 millones), firmado inmediatamente después del Mundial de Brasil, para que Sampaoli prestara una asesoría al Instituto Nacional del Fútbol (INAF), cuyo único producto fue un escueto “informe oral”.
  • Irracionales premios pactados con el cuerpo técnico para la Copa América Centenario 2016 (que se jugará en Estados Unidos) y el Mundial de Rusia 2018 por cifras astronómicas para el mercado local, discordantes con las escuálidas arcas de la ANFP.

A este cuadro se suma que el defenestrado ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, ha estado colaborando activamente con la investigación del Ministerio Público sobre las cuentas de la asociación, a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Esto promete destapar nuevas irregularidades, ya no relacionadas únicamente con los sobornos repartidos por la Conmebol en el exterior, sino con el manejo de dineros y negocios de la ANFP en Chile que podrían salpicar a otros dirigentes que hasta ahora han librado de las acusaciones.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

El acuerdo para desvincular al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli consiste en que el entrenador cancelará a la ANFP solo US$1 millón de los US$6,3 millones estipulados originalmente en su cláusula de salida. Además, renunciará a sus premios por la Copa América, que suman US$2,4 millones. Finalmente, la asociación le pagará su finiquito y vacaciones pendientes, que alcanzan a US$1,8 millón. En el balance final, Sampaoli se vio obligado a cancelar un total de US$1,6 millón (equivalentes a unos $1.161 millones) para liberarse de su compromiso con la selección chilena.

El acuerdo incluye al preparador físico Jorge Desio, pero deja fuera al ex asistente técnico de Sampaoli y actual entrenador de la Universidad de Chile, Sebastián Beccacece, quien mantiene su litigio con la ANFP por el pago de su cláusula de salida.

En todas las negociaciones siempre se tuvo en cuenta que ya a comienzos de diciembre pasado la ANFP tuvo que desembolsar US$500 mil, lo que no tenía contemplado originalmente, para rectificar los impuestos no pagados por el contrato de derechos de imagen de Sampaoli, el que fue suscrito por el entrenador a través de una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal).

A pesar de que la ANFP recibió US$7,5 millones de la Conmebol para organizar la Copa América y supuestamente otros $19 mil millones por venta de entradas para ese mismo torneo, las finanzas de la asociación se encuentran en estado de emergencia. Eso obligó a Salah a ser inflexible en la mesa de negociación para que el saldo final de la despedida de Sampaoli arrojara números azules para la ANFP.

El estrecho margen financiero de la asociación fue admitido por el vicepresidente de la entidad, Andrés Fazio, el mismo martes 19 cuando ya se veía una luz al final del túnel en la negociación con Jorge Sampaoli: “Ha sido un proceso muy duro, pero lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”.

EL ULTIMÁTUM DE LA MINISTRA

El viernes 15 de este mes el Ministerio de Justicia despachó un oficio a la ANFP  en el que le dio un plazo de diez días para presentar un estado de las cuentas de la corporación que acredite si las dietas pagadas al directorio que lideró Sergio Jadue fueron devueltas a la asociación. Fue una denuncia enviada al ministerio sobre la ilegalidad de pagar dietas al directorio de una corporación sin fines de lucro -como lo es la ANFP- lo que dio inicio a la inspección de las cuentas y contratos de la entidad en la secretaría de Estado.

Sergio Jadue recibió sobre $34 millones desde febrero a agosto del año recién pasado por este concepto, lo que fue considerado inadmisible por el Ministerio de Justicia -que tiene la tuición sobre las corporaciones sin fines de lucro- y que ordenó la restitución de esos fondos. Pero todavía no recibe respuesta que acredite si ese dinero realmente se reembolsó a las arcas de la ANFP.

Ministra de Justicia, Javiera Blanco
Ministra de Justicia, Javiera Blanco

El miércoles 13, Salah se reunió con la ministra Javiera Blanco, ocasión en que la secretaria de Estado exigió formalizar la respuesta a los requerimientos ministeriales. Dos días después, el viernes 15, el ministerio despachó el oficio a la ANFP en el que le dio el plazo de 10 días para regularizar la situación. El ultimátum se cursó porque hasta ahora las respuestas que ha recibido esa cartera desde la ANFP se consideran claramente insatisfactorias.

La ministra espera, además, un compromiso público de la asociación para transparentar su administración. Basada en que se trata de una corporación sin fines de lucro, Javiera Blanco ha hecho ver que para mantener ese estatus legal la ANFP debe presentarle un detallado cronograma de trabajo con acciones tendientes a fortalecer la fiscalización pública de sus cuentas. Y para el ministerio ese cronograma no puede extenderse más allá de marzo de este año.

Para el ministerio es imperioso que Salah demuestre la voluntad real de la ANFP de hacer un giro radical al caos que ha imperado en las cuentas. Lo que se espera es que la ANFP presente acciones legales contra quienes resulten responsables de eventuales ilícitos en el manejo de los fondos de la asociación. De no hacerlo, el ministerio podría interpretar que el nuevo directorio no está cautelando el patrimonio de esa corporación.

Las rigurosas exigencias de la ministra Blanco se deben a que el Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia ha revisado minuciosamente las cuentas y contratos de la ANFP. Y en ese examen ya se detectaron anomalías que justificarían que el ministerio pida la cancelación de la personalidad jurídica de esa corporación (Ver reportaje CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura).

LA COLABORACIÓN DE JADUE

Entre las sorpresas que han arrojado las revisiones de las cuentas que se han hecho en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía se menciona una ampliación del contrato de Jorge Sampaoli, fechada el 1 de julio de 2014, inmediatamente después del retorno de la Roja tras su emotivo desempeño en el Mundial de Brasil. El seleccionador recibió US$200 mil por analizar la malla curricular de la carrera de entrenador impartida por el INAF. No existe comprobante alguno que acredite si Sampaoli ejecutó esa labor.

Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que desconocía los valores pactados por ese servicio, que no lo pagó el instituto y que se incluyó en los contratos del entrenador con la ANFP, por lo que cree que el dinero salió directamente de las arcas de la asociación. Además, afirmó que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Jorge Sampaoli
Jorge Sampaoli

Otro pacto acordado entre Sergio Jadue y Jorge Sampaoli que resulta llamativo para quienes han revisado los contratos de la ANFP, es el que se suscribió el 3 de diciembre de 2013 y que fijó los premios a pagar al cuerpo técnico por la Copa América Centenario 2016, que se jugará en Estados Unidos, y por la clasificación y desempeño en el Mundial de Rusia 2018. Los valores acordados oscilaban entre US$6 millones y US$10 millones, lo que no guarda proporción con los ingresos proyectados por la ANFP para ese periodo.

Uno de los integrantes del directorio que encabezó Jadue dijo a CIPER que el calerano firmó ese contrato sin informar los detalles y que causó mucho revuelo cuando se conocieron los montos involucrados. De hecho, fue motivo de discusión, porque la proyección de los ingresos no permitía comprometer cifras tan altas. La respuesta de Jadue, según relata el mismo dirigente, fue que nunca se pagarían esos montos porque Sampaoli dejaría la selección antes del Mundial de Rusia.

Cercanos a Sergio Jadue han dicho que sus aportes a la investigación en Estados Unidos no han sido significativos, pues la información que ha entregado no se aparta de lo que ya declaró el ex dirigente colombiano Luis Bedoya. Esto le traería problemas para optar a beneficios en la justicia estadounidense (como una eventual rebaja de pena o cumplimiento en libertad). Por lo mismo, se espera que Jadue comience a entregar datos sobre dineros y tratos de la Conmebol que favorecieron a chilenos. Y eso afectaría a dirigentes que estuvieron vinculados a la gestión de esos fondos o a negocios financiados con esos recursos.

Desde su residencia temporal en Miami, el calerano ha estado en constante comunicación con Chile. Uno de los destinos de sus mensajes ha sido el Ministerio Público, pues también está colaborando con la investigación que lidera el fiscal Carlos Gajardo. En esa pesquisa, el fiscal Gajardo ya tiene acreditado el paradero de los US$2,2 millones detectados inicialmente por la justicia de Estados Unidos y que corresponde a sobornos que Jadue recibió en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos televisivos y comerciales de la Copa América, Copa Centenario y Copa Libertadores.

EL POSTERGADO COMPROMISO CON MENDOZA

El lunes recién pasado se cumplió un mes desde que el ex contralor Ramiro Mendoza entregó oficialmente el informe que le encargó la propia ANFP sobre las cuentas de la Copa América. Un lapso de tiempo bastante extenso si se toma en cuenta que los dirigentes de la asociación se comprometieron con Mendoza a hacer público el informe, lo que hasta ahora no ocurre.

La publicación del texto de 38 páginas, más una serie de anexos, dejaría en evidencia las sospechas de que no se registraron en la contabilidad todos los ingresos producidos por la venta de entradas. Además de aportar US$7,5 millones para organizar el torneo, la Conmebol dejó en manos de la ANFP el negocio de los boletos. De acuerdo con el informe de Mendoza, no hay indicios de las razones técnicas por las cuales el directorio de la ANFP, que al mismo tiempo ofició como Comité Organizador Local (COL) de la Copa América, entregó el negocio a la empresa TicketPro en una licitación privada de la cual no hay registros. Lo que sí quedó claro fue la familiaridad y escasa rigurosidad con que los ejecutivos de TicketPro y los encargados de la contabilidad de la ANFP manejaron las cuentas.

Según el rastreo hecho por Mendoza, los ingresos por venta de entradas que se anotaron en la contabilidad alcanzaron a poco más de $19 mil millones. De esta suma, se depositaron $4.400 millones directamente en las cuentas de la ANFP, a pesar de que debían ser entregados al COL. Además, el formato de rendición pactado originalmente (después de cada partido) fue alterado sin explicación alguna y se aceptó que TicketPro rindiera de manera global al final del torneo.

Ramiro Mendoza
Ramiro Mendoza

La irregularidad más grave detectada por el equipo del ex contralor en relación a la venta de boletos fue que los comprobantes de los ingresos son correos electrónicos y una planilla Excel con anotaciones incomprensibles, sin el nombre del responsable de su confección ni de su autorización.

Por lo anterior, el informe de Mendoza señala que no le fue posible pronunciarse sobre la veracidad de los antecedentes de estos ingresos. Esto significa que los ingresos por venta de entradas pudieron ser superiores, pero que no se anotó el total en las cuentas del COL. De hecho, ese es uno de los focos en que se ha centrado la atención del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía.

Asimismo, de la revisión hecha por el ex contralor se desprende que no hay claridad respecto del destino de US$491 mil que la Conmebol envío junto con los US$4 millones pactados como premio por ganar la Copa América. El destino de estos recursos, así como la verdadera cifra recaudada por los tickets de ese torneo, es parte de lo que debe aclarar Arturo Salah con urgencia ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía mientras busca reemplazante para la banca de la Roja. Según publicó The Clinic este miércoles 20, la ANFP ya habría resuelto anunciar este lunes 25 la licitación de una auditoría forense, medida que fue sugerida por el ex contralor Mendoza, para aclarar las cuentas de la Copa América.

Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII

Vea tambiém: “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal”

El lunes 4 de enero la prensa deportiva se concentró en la votación que ungió a Arturo Salah como el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y en cómo este abordaría la crisis por la continuidad del seleccionador Jorge Sampaoli. Pero en ese primer lunes de 2016 otra noticia gestada en la sede de Quilín pasó inadvertida: se cumplían seis meses desde que el capitán Claudio Bravo levantó la Copa América y, por lo mismo, era el día en que debía dejar de existir la corporación que administró los millonarios fondos de ese torneo: el Comité Organizador  Local (COL), que cerró con utilidades por más de $10.440 millones.

Arturo Salah
Arturo Salah

La norma señala que a seis meses de cumplido el fin para el que fue creada la corporación, esta debe cerrarse. Pero ese lunes no hubo lápida para el COL. Por el contrario, la ANFP le arrimó un tubo de oxígeno: el martes 29 había acordado pedir la prórroga de las funciones del COL, con el propósito de ganar tiempo para regularizar el pago de impuestos por las utilidades que dejó la copa, una obligación que inicialmente se pretendía eludir, lo que quedó al descubierto con la revisión de las cuentas tras la caída de Sergio Jadue.

La Copa América Chile 2015 se financió con un aporte de US$7,5 millones remitidos por la Confederación Sudamericana (Conmebol) y con $19.403 millones por la venta de entradas. Descontados los gastos, los “excedentes” se empinaron por sobre $10.440 millones. Para no presentarlos como utilidades, se anotaron en la contabilidad del COL como “cuentas por cobrar”. De esa manera se transfirieron a la ANFP intentando eludir las obligaciones tributarias.

El COL, contrario a lo que planificó inicialmente la ANFP, debe pagar impuestos. Así lo estimaron tres equipos de especialistas, dos de ellos requeridos por la misma ANFP y el tercero por la comisión revisora de las cuentas de la Copa América que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza. CIPER tuvo a la vista las conclusiones de dos de estos consultores.

Este desembolso obligatorio achicará aún más la caja con la que contará Arturo Salah, debido a que la ANFP ya tuvo que pagar US$500 mil a Impuestos Internos (SII) para regularizar los tributos adeudados por los pagos al cuerpo técnico de la Roja. Esto, pues los “derechos de imagen” y premios pagados a Jorge Sampaoli y sus ayudantes en 2013 y 2014 fueron depositados por la ANFP en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes sin cancelar todos los impuestos en Chile.

Como no estaba en los cálculos de la ANFP, este nuevo gasto por los tributos del COL agrega pimienta a las negociaciones entre Salah y un Sampaoli disgustado por las filtraciones de sus contratos. Esto, porque con el antecedente de que la ANFP deberá seguir abriendo la chequera ante el SII, si el entrenador se empecina en partir es esperable que el nuevo presidente del fútbol endurezca su posición para cobrarle la cláusula de salida. Diversos medios han señalado que esta compensación bordea los US$6 millones, aunque no se ha entregado una cifra oficial.

OPERACIÓN RELÁMPAGO

El trámite para pedir la extensión deL COL se decidió y se puso en marcha en tiempo récord. El martes 29 de diciembre, después de reunirse con expertos tributarios que explicaron la necesidad de prolongar la vida del COL -para reformar sus estatutos y así ordenar sus cuentas y pagar en regla los impuestos-, dirigentes de la ANFP aprobaron reducir a escritura pública y protocolizar ante notario un acuerdo destinado a prorrogar la existencia legal del Comité Organizador Local como corporación sin fines de lucro. Según explicó a CIPER una fuente que conoció estas tratativas, en estos días el escrito debía ser presentado a la Municipalidad de Peñalolén, en cuya jurisdicción se emplazan los campos de Quilín y donde se habían hecho los trámites que dieron origen a la misma corporación en 2013. La operación debía ser visada por el nuevo directorio que lidera Salah. Hasta el jueves 7 de enero el equipo a cargo del trámite no había recibido orden contraria.

anfp-sede-quilin-2La solicitud de ampliación de la vigencia del COL será gestionada por la Municipalidad de Peñalolén cuando, en paralelo a ese proceso, el Ministerio de Justicia mantiene en suspenso si pide la clausura de la personalidad jurídica de la propia ANFP. La asociación también es una corporación sin fines de lucro y sus cuentas y balances han sido rigurosamente fiscalizados por la cartera que dirige la ministra Javiera Blanco después del escándalo desatado por la entrega de Sergio Jadue a la justicia de Estados Unidos (ver reportaje de CIPER sobre la fiscalización del ministerio a la ANFP).

Se espera que la nueva directiva de Salah plantee a la ministra un calendario acotado para normalizar y transparentar las cuentas y procedimientos internos de la ANFP, si la asociación quiere seguir gozando de la calidad de corporación sin fines de lucro.

Fue en la misma reunión del pasado martes 29 de diciembre donde los expertos tributarios informaron a la ANFP que para pagar los impuestos del COL era necesario realizar cambios a sus estatutos. Y para concretar esas reformas –expusieron- urgía solicitar la prórroga de la vigencia del COL antes de que se cumpliera el plazo del lunes 4 de enero. Quedaban apenas tres días hábiles. De ahí el apuro. Y también la reserva: nadie quería manchar con un tema tan amargo como la elusión de impuestos el día de las votaciones para elegir a la nueva directiva.

Con esta, ya son cuatro las veces en que la ANFP, desde que asumió Sergio Jadue como presidente en 2011, tramita millonarias regularizaciones tributarias: la primera fue por el cobro de una deuda de IVA que llegó a sumar más de $4 mil millones y que inicialmente ocasionó el embargo de las platas del Canal del Fútbol (CDF) y luego de los terrenos de Quilín; la segunda fue para conseguir una condonación que permitió a la ANFP rebajar una deuda tributaria de $38 mil millones hasta cancelar solo $1.400 millones; después vino la reciente rectificación de US$500 mil por los impuestos que no se pagaron al depositar en Islas Vírgenes los bonos del cuerpo técnico que encabeza Sampaoli y, finalmente, esta operación que recién se puso en marcha para prolongar la existencia del COL y regularizar los impuestos por las utilidades de la Copa América.

CIPER analizó cada una de estas intervenciones que le han permitido a la ANFP, con distintos mecanismos de rebajas y beneficios, poner al día obligaciones tributarias impagas, algunas originadas en los años 90. En el análisis de estas operaciones, CIPER estableció que la ANFP no paga impuestos por las ganancias que le deja la selección nacional -y que reparte entre los clubes-, bajo el subterfugio de que los equipos las utilizan de manera exclusiva para fomentar y desarrollar el “fútbol joven”, un objetivo que genera la exención, pero cuyo cumplimiento nadie fiscaliza.

La argucia del financiamiento del “fútbol joven” ya había sido detectada por CIPER en las donaciones que irregularmente recibieron las sociedades anónimas que controlan los clubes, a pesar de que ese beneficio está reservado por ley solo para entidades sin fines de lucro. Esto motivó que el Instituto Nacional de Deportes bloqueara el acceso de 17 clubes de fútbol profesional al sistema de donaciones (vea el reportaje de CIPER). Entre estos se contaba Colo Colo, que entre 2010 y 2012 recibió más $1.600 millones en donaciones irregulares y cuya sociedad administradora –Blanco y Negro– participó en ese sistema al menos hasta 2013, cuando ya era presidida por Arturo Salah, el ahora flamante timonel de la ANFP.

LAS UTILIDADES DEL COL

Después de que en mayo del año pasado el FBI dio a conocer su investigación sobre los sobornos pagados en la FIFA y en la Confederación Sudamericana (Conmebol), la ANFP, todavía presidida por Jadue, pidió a especialistas tributarios que revisaran las cuentas con el dinero que había enviado la Conmebol para la organización de la Copa América. En junio se recibió la respuesta: el COL debía pagar tributos como todo contribuyente afecto a la Ley de Impuesto a la Renta. La cuantía de esos tributos quedaba supeditada a establecer en qué calidad había recibido el COL los US$7,5 millones entregados por la Conmebol.

Las noticias empeoraron: el COL no podía acogerse a beneficios tributarios porque fue creado por personas naturales, Sergio Jadue, Óscar Fuentes, Rodrigo Grumberg, Jaime Baeza y Norman Bull. Si la entidad la hubiese fundado otra corporación sin fines de lucro, como la propia ANFP, podría haber obtenido rebajas de impuestos. Eso, en virtud de la Ley 8.834, una norma de 1947, que estableció exenciones del impuesto a la renta para las entidades sin fines de lucro que fomenten el deporte.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

Una vez establecido que el COL debía pagar impuesto a la renta, era necesario determinar a cuánto alcanzarían los tributos. Para aclararlo, se requería despejar si el COL era el propietario de los recursos o solo los administraba por mandato de la Conmebol.

Los diversos especialistas tributarios que han analizado el problema, dan por sentado que la Confederación Sudamericana es la única entidad que puede organizar campeonatos de fútbol profesional a nivel del subcontinente y, además, se reserva la comercialización de todos los derechos que deriven de estos torneos. En síntesis, asumen que la Copa América le pertenece a la Conmebol y que el COL solo funcionó como un intermediario que la organizó. Por eso, los expertos estiman que tanto el COL como la Conmebol deben pagar impuestos en Chile, pero sostienen que la cantidad que corresponde a cada una solo se podrá determinar una vez que el COL rinda formalmente a la confederación el dinero que gastó y se establezca el destino de las utilidades.

Para algunos de los especialistas consultados por la ANFP, la única forma de que el Comité Organizador Local aparezca formalmente como administrador de los recursos por mandato de la Conmebol, es especificándolo en los estatutos del COL. Por eso, indican, se requiere efectuar una reforma a esos estatutos que incluya, además, el mecanismo a través del cual el COL tendría que rendir los gastos ante la confederación. Solo manteniendo con vida al COL se podrían efectuar estas modificaciones tendientes a aclarar el supuesto mandato de la Conmebol, regularizar las cuentas, rendir los gastos y finalmente determinar la suma que se debe pagar al SII.

 UNA DEUDA DE LA PREHISTORIA DEL CDF

La primera vez que la ANFP se vio enfrentada al SII bajo la gestión de Sergio Jadue ocurrió en 2011. Ese año la Tesorería General de la República embargó el flujo de dinero desde el Canal del Fútbol (CDF) hacia la ANFP. La deuda se originó en 1994 por un contrato firmado entre la asociación, entonces presidida por Ricardo Abumohor, y la desaparecida Cable Express, por los derechos de TV del fútbol local.

Ricardo Abumahor
Ricardo Abumohor

La operadora de cable aseguró que la operación no pagaba IVA y Abumohor, precavido, puso en el contrato que en caso de que el SII exigiera el pago sería Cable Express la que se haría cargo o costearía los gastos de un eventual juicio. Además, pidió boletas de garantía reajustables para asegurar que no habría perjuicio para la ANFP.

En 1999 el SII pidió a la ANFP que rectificara los pagos de IVA y se originó un litigio que involucró a VTR, sucesora legal de Cable Express. En 2011, producto de esta deuda, la Tesorería embargó los flujos del CDF a la ANFP por una cifra superior a los $4 mil millones, lo que puso en riesgo la continuidad de prácticamente todos los clubes de Primera A y Primera B.

Los abogados de la ANFP consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín. Luego, apuraron a VTR para que se hiciera cargo del pago de la deuda, pero la empresa lo fue aplazando a la espera de conseguir una condonación de intereses y multas por parte del SII. Esas conversaciones se trabaron porque a mediados de 2012 se conocieron las irregularidades de la “megacondonación” concedida por el SII a Johnson’s, lo que ralentizó todos los procesos de condonación.  En medio de este tironeo, en la ANFP detectaron que en administraciones anteriores no se habían renovado las boletas de garantía, por lo que el panorama pintaba bastante oscuro para el directorio de Sergio Jadue.

El incordió se extendió hasta octubre de 2012 cuando los abogados de la ANFP consiguieron que VTR se allanara a cancelar lo adeudado, pero después de lograr una sustancial rebaja de las multas e intereses. La cifra que en definitiva se pagó fue de $1.360 millones.

IMPUESTOS IMPAGOS DESDE 1999

En paralelo a exigir el pago del IVA por el contrato de los derechos de TV, el SII también inició la cobranza de impuestos asociados a las transacciones y utilidades de la ANFP en el periodo 1999-2010. El monto exigido por el SII llegó a sumar más $38 mil millones.

La asociación se defendió con el argumento de que estaba exenta de pagar impuestos, sobre la base de la ya mencionada ley promulgada en 1947. La norma favorece a entidades asociativas con personalidad jurídica que fomenten el deporte y que no tengan fines de lucro. Sobre este último requisito, los expertos consultados por el directorio de Jadue estimaron que la ANFP dejó de cumplirlo desde 2005, cuando se formaron las sociedades anónimas deportivas con fines lucrativos y fueron aceptadas en la asociación.

Los abogados de la ANFP, en negociaciones con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, tuvieron que aceptar que no correspondía la exención en virtud de la ley de 1947. Pero defendieron la tesis de que esta exención había corrido hasta 2005, por lo que los tributos se adeudaban desde ese año, y que los dineros que recibía la asociación (del CDF y de la selección nacional,  principalmente) pertenecen a los clubes que la integran, por lo que la ANFP solo actúa como mandataria que reparte esos recursos entre sus miembros. Impuestos Internos aceptó esta interpretación, por lo que estos flujos se consideraron como “gastos” y no como utilidad.

El litigio por los impuestos impagos entre 2005 y 2010 se cerró el 27 de enero de 2014 con una fuerte condonación de multas e intereses. La suma final que pagó la ANFP fue de $1.691 millones, menos del 5% de la cifra original. Pero el resultado no le gustó a Sergio Jadue, quien manifestó su molestia por escrito, en un correo dirigido a varios dirigentes y funcionarios de la ANFP, por no haber obtenido una rebaja más amplia. Luego se regularizaron los impuestos correspondientes a 2011, 2012 y 2013, donde se aplicó la tesis de que los flujos eran “gastos”, por lo que la ANFP incluso consiguió que le rebajaran impuestos y terminó pagando una cifra definitiva de $1.440 millones para subsanar todas sus diferencias con el SII.

El triunfo de la ANFP fue dejar sentado ante el SII que el dinero que recibe del CDF es “gasto” y que los impuestos por esos recursos deben pagarlos el mismo Canal del Fútbol y los clubes destinatarios de los fondos. El ahorro es significativo: en 2014 el CDF repartió entre los clubes más de $47 mil millones. Las sociedades anónimas que manejan los equipos profesionales no quieren pagar impuestos por cifras tan altas, por lo que la ANFP estudia modificar su trato con el CDF, a objeto de aumentar el valor de los derechos de imagen del fútbol local. Así la mayor parte del dinero que les llegaría a los clubes desde el canal sería por concepto de pago de esos derechos y no como utilidades a repartir, lo que disminuiría sensiblemente la tributación (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF”).

EL ARDID DEL “FÚTBOL JOVEN”

Después de salvar con éxito su largo round con el SII por los impuestos impagos, la ANFP nuevamente requirió los servicios de expertos en materia tributaria. Esta vez para consultarles si la asociación, siendo una corporación sin fines de lucro, podía repartir dinero entre los clubes que la integran. Los fondos que reparte la ANFP entre sus miembros provienen de dos fuentes: el CDF y los ingresos que deja la selección nacional.

La respuesta de los especialistas indicó que con el dinero del CDF no habría problemas, ya que se entiende que los clubes le ceden a la ANFP la administración de sus derechos de imagen y luego reciben el pago del canal por intermedio de la asociación. En todo caso, para asegurarse de no volver a tener problemas con el SII, se modificaron los estatutos de la ANFP a objeto de incluir formalmente en ellos que la asociación recibe el mandato de los clubes para intermediar los recursos.

Los especialistas en planificación tributaria fueron más cautelosos para tratar el tema de los ingresos que deja la selección de fútbol. Lo consideraron un activo de la ANFP que le genera ingresos. La Roja, dijeron, es un producto de la ANFP. Y ejemplificaron con que la asociación no recibe ni requiere mandato de terceros para comercializar los derechos de la selección nacional, ni para fijar los pagos que se hacen a su cuerpo técnico ni a los jugadores. Y esto es un problema, porque si la ANFP reparte entre los clubes los dineros que produce la Roja -como lo ha hecho-, se convierte en una corporación sin fines de lucro que de manera irregular genera utilidades y las reparte entre sus integrantes que además, son sociedades anónimas.

Para manejar esta situación, se propuso otra modificación de estatutos. Esta reforma se basa en la siguiente tesis: la selección nacional es un activo que pertenece a la ANFP y que genera gastos por la necesidad de contar con jugadores de buen nivel, por eso se justifica que la asociación entregue dinero a los clubes para fomentar el hallazgo y desarrollo de valores jóvenes. Así, las utilidades que genera la selección se pueden repartir a los clubes bajo el compromiso de que sólo se deben invertir en el “fútbol joven”, como se denomina ahora a las series infantiles y juveniles.

En enero de 2013 la ANFP generó un instructivo sobre el tratamiento contable que los clubes deben dar a los dineros que reciben de la selección, de tal forma de unificar el registro de entrega y rendición. Además, se hizo un seminario en la ANFP al que asistieron dirigentes y funcionarios de los clubes para explicarles estos cambios.

Carlos Heller
Carlos Heller

Cada club debía firmar un convenio con la ANFP, donde se comprometía a recibir los fondos generados por la Roja y dedicarlos exclusivamente a la formación de nuevos futbolistas. Las rendiciones de cuentas de los equipos debía pedirlas la gerencia de la ANFP, que bajo la gestión de Sergio Jadue estaba en manos de Rodrigo Grumberg. Sin embargo, profesionales que participaron en este proceso de adecuación de los estatutos y de las cuentas dijeron que no hay certeza de que se hayan cumplido los convenios.

La falta de rigurosidad en el registro y uso del dinero generado por la selección quedó en evidencia  en el último Consejo de Presidentes que encabezó Sergio Jadue, el 6 de noviembre pasado, cuando rindió cuentas de la Copa América y aseguró que ya se habían repartido a los clubes $3.200 millones generados por ese torneo. El calerano fue duramente interpelado, ya que ese dinero en realidad provenía de la selección: correspondía a una cuota de los derechos de TV y comercialización de la Roja que paga MegaSports. Esa empresa, cuyo dueño es Carlos Heller, el controlador de Azul Azul, propietaria del club Universidad de Chile, desembolsó un total de US$106 millones por esos derechos hasta el Mundial de Rusia 2018.

DEPÓSITOS EN ISLAS VÍRGENES

El 22 de diciembre pasado, CIPER reveló que la ANFP había pagado US$500 mil al SII para regularizar la situación tributaria de los dineros que había depositado en sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, propiedad de Jorge Sampaoli y sus ayudantes, Sebastián Beccacece y Jorge Desio. Esa fue la tercera vez, bajo la gestión de Sergio Jadue, que el directorio de la asociación recurrió a expertos tributarios para rectificar el pago de impuestos.

Sampaoli
Jorge Sampaoli

Inicialmente, CIPER informó que los depósitos en Islas Vírgenes que fueron regularizados con el pago de US$500 mil al SII, correspondían a un contrato por derechos de imagen del cuerpo técnico de la Roja que incluía los premios de la Copa América. Pero eso era inexacto. En realidad, como lo aclaró un reportaje posterior de The Clinic, los dineros que fueron rectificados corresponden al pago por derechos de imagen que Sampaoli y sus colaboradores percibieron entre los años 2013 y 2014, además de los premios por la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y por haber escalado hasta la segunda ronda en ese mismo torneo.

Todos estos pagos en Islas Vírgenes hechos hasta fines de 2014, que totalizan más de US$6,1 millones, pudieron acogerse al beneficio de repatriación de capitales incorporado de manera transitoria en la reforma tributaria. Este “incentivo” para declarar el dinero que se encontraba en el extranjero estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 y permitía regularizar la situación tributaria de esos fondos pagando una tasa de solo 8%.

Todo lo que Sampaoli y sus ayudantes percibieron como ingresos desde 2015, no tendrá ningún beneficio tributario. El último cambio en sus contratos se efectuó el 16 de noviembre pasado y estipuló que Sampaoli recibiría US$59.234 mensuales y que los premios por la Copa América totalizarán US$6,2 millones (US$3,1 millones para el entrenador y US$1,5 millón para cada uno de sus colaboradores).

Este jueves 7 de enero en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, el subdirector de Fiscalización del SII, Norberto San Martín, explicó a los parlamentarios que los impuestos por las rentas de Sampaoli y su cuerpo técnico –ya sea como sueldo, premio o derecho de imagen- deben ser cancelados por la ANFP, en calidad de empleadora, según informó el diputado Matías Walker.

De acuerdo con esta interpretación, es la asociación la que debe cancelar los impuestos por los derechos de imagen y los premios de la Copa América pactados con el entrenador y sus ayudantes en 2015. Con esos nuevos millonarios montos que deberá pagar la ANFP al SII, a Salah se le achica la caja disponible para negociar con Sampaoli una eventual cláusula de salida.

ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal

Medio millón de dólares (alrededor de $350 millones) desembolsó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para regularizar el contrato por “derechos de imagen” que había suscrito el defenestrado presidente de esa organización, Sergio Jadue, y el equipo técnico de la selección nacional, que encabeza el entrenador Jorge Sampaoli. De esta forma, a los casi US$6,2 millones en derechos de imagen y premios pagados a Sampaoli y sus colaboradores entre 2013 y 2014, se sumaron ahora otros US$500 mil.

El problema se originó porque este contrato por los derechos imagen, que incluyó el pago de los premios del cuerpo técnico de la Roja por la clasificación a Brasil 2014 y por haber escalado hasta octavos de final de ese torneo, se efectuó directamente entre la ANFP y tres sociedades off shore constituidas en un paraíso fiscal, las cuales debían recibir el dinero destinado a Sampaoli y sus colaboradores: el ayudante técnico Sebastián Beccacece y el preparador físico, Jorge Desio.

Dos personas que conocieron estos pagos señalaron a CIPER que las tres sociedades fueron constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, lo que fue ratificado por un reportaje de The Clinic que publicó íntegramente el contrato, donde se identifican estas sociedades creadas en el paraíso fiscal (vea una copia de ese contrato). Las mismas fuentes indicaron que el contrato presentaba una grave anomalía, pues estipulaba que los pagos eran por los “derechos de imagen” del cuerpo técnico y no por los premios acumulados gracias a la clasificación de la Roja en Brasil y a su actuación en ese Mundial. Esta anomalía provocó que se pagaran menos impuestos que si se hubiese declarado el objeto real del contrato. Luego, el dinero se envió a las cuentas de las sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli
Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Pocos días antes de dejar abruptamente el país el 17 de noviembre pasado, Sergio Jadue intentó arreglar el entuerto. Para ello, el contrato con Sampaoli fue revisado minuciosamente por profesionales especializados en derecho tributario. “Si bien todo el proceso de pago pasó por el Banco Central y no hay irregularidad en el hecho de que se esté pagando a una sociedad en el extranjero, el problema es que se modificó el verdadero objeto del pago”, señaló a CIPER un especialista que conoció los antecedentes.

Se inició entonces una negociación con Sampaoli respecto a quién debía cancelar los impuestos adeudados. El entrenador se negaba a hacerse cargo del gasto, cuenta un dirigente que presenció las tratativas, porque la fórmula había sido ideada por la ANFP. La tensión llegó a tal punto que, según informó la misma fuente, Sampaoli habría amenazado con no viajar a Uruguay, donde Chile jugaría el último partido de este año en el proceso de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Ante la presión, la ANFP accedió a pagar los tributos, Sampaoli viajó con la Roja a Montevideo y ese 17 de noviembre marcó dos hitos: Chile perdió categóricamente  ante Uruguay y Jadue sorpresivamente partió a entregarse a la justicia estadounidenses por haber recibido sobornos en la Confederación Sudamericana (Conmebol).

BENEFICIO TRIBUTARIO

Para sanear tributariamente el contrato de Sampaoli, la ANFP aprovechó un artículo transitorio de la Reforma Tributaria sobre repatriación de capitales. Se trata de un “incentivo” que hasta el 31 de diciembre de este año permite declarar las rentas que se encuentran en el extranjero, pagando una tasa de sólo 8%, lo que regularizó los dineros que en su origen no habían tributado correctamente. La norma no exige que los fondos reingresen al país después de acogerse al beneficio.

CIPER tuvo a la vista la documentación donde quedó registrado el pago al SII por más de $350 millones, equivalentes a US$500 mil, que hizo la ANFP.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

Una fuente que conoció el proceso de rectificación ante el SII, explicó que son tres las sociedades que recibieron los pagos de la ANFP y cada una de ellas es representada por los integrantes del cuerpo técnico de la selección. La de Sampaoli recibió el 50% del pago (es decir, unos US$3 millones), mientras que las de Beccacece y Desio cobraron el 25% cada una (alrededor de US$1,5 millón).

El sistema tributario chileno se rige por el principio de “renta mundial”, por lo que cualquier persona domiciliada en el país debe declarar todos sus ingresos, aunque el contribuyente sea extranjero o el dinero se encuentre en otra jurisdicción. Además, se considera renta de fuente chilena -que por lo tanto debe tributar en el país- aquella que provenga de cualquier actividad desarrollada en Chile. Es decir, sí o sí esta renta del cuerpo técnico, correspondiente a sus premios por el desempeño en el proceso del Mundial Brasil 2014, debió declararse en el país.

De acuerdo a alguien que conoció la operación, que el dinero haya terminado en un paraíso fiscal, aunque provocó una baja en los impuestos, no tenía como fin principal pagar menos tributos. De hecho, asegura, el ahorro finalmente fue marginal, pues se pagó primero por los supuestos “derechos de imagen” y luego se agregó el 8%. El objetivo era cumplir una exigencia de Jorge Sampaoli, quien quería manejar su dinero en el exterior porque eso le daba mayor flexibilidad, dadas las restricciones cambiarias existentes en Argentina.

La salida ideada para arreglar la irregularidad podría acarrearle otros problemas a la ANFP. Según explicó un abogado tributarista, si el pago a Impuestos Internos fue realizado por la asociación, el SII puede aceptarlo, pero la ANFP no tendría justificación contable haber incurrido en el desembolso, pues el impuesto era en realidad adeudado por Sampaoli y su equipo.

Los premios para el equipo técnico de la Roja ya habían hecho noticia la semana pasada, cuando se supo de modificaciones al acuerdo inicial sobre los bonos por desempeño que se le pagaron en la reciente Copa América. Originalmente, la ANFP destinó US$800 mil para Sampaoli y sus colaboradores como premio por el torneo continental, pero ahora se conoció la existencia de un contrato suscrito el 30 de septiembre pasado (casi tres meses después de terminado el certamen) que elevó la cifra a más de US$6 millones.

Tanto el Ministerio de Justicia, que está revisando todos los contratos y documentos contables de la ANFP para resolver si pide la cancelación de su personalidad jurídica (ver reportaje de CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura), como la comisión que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza, ya habían puesto bajo la lupa los contratos entre Jadue y Sampaoli.

INVASIÓN A LA PRIVACIDAD

El entrenador de la selección nacional ha dado dos entrevistas -una a Canal 13 y otra a TVN- en las que se ha quejado de que la prensa ha invadido su privacidad al informar sobre el contenido de los contratos que firmó con la ANFP.

“Se habla más de contratos que de otra cosa. Hay una norma que se ha quebrantado, que es la confidencialidad de los contratos. Se están invadiendo temas privados que yo no puedo salir a aclarar a cada rato”, dijo el director técnico a Canal 13.

Los alcances de los contratos suscritos por el cuerpo técnico de la Roja también han sido noticia por la renuncia del ayudante de Sampaoli, Sebastián Beccacece, quien dejó el banco de la selección adulta para migrar al de la Universidad de Chile. Para materializar su renuncia, su contrato con la ANFP estableció una clausula de salida, que le impone a Beccacece pagar US$2,3 millones a la asociación para poder finiquitar la relación antes del término de contrato. Sampaoli y su ayudante han argumentado que este pago no debe hacerse, porque existiría un acuerdo de palabra entre Jadue -cuando era presidente de la ANFP- y Beccacece para eximir al ayudante técnico de esa clausula de salida. El Consejo de Presidentes de la ANFP no avaló esa versión y exigió, en su sesión del jueves 17 de diciembre pasado, que Beccacece pague la suma acordada.

anfp-sede-quilin-2La tensión entre el cuerpo técnico y la ANFP por estos desencuentros ha ido en aumento. La prensa deportiva especula que Sampaoli -nominado en la terna para definir al mejor entrenador de 2015 a nivel mundial- podría terminar renunciando a la Roja para emplearse en un club europeo. De hacerlo, y con el precedente de lo decidido por el Consejo de Presidentes en el caso de Beccacece, lo más probable es que la ANFP le exija a Sampaoli que pague su propia cláusula de salida, que se eleva a unos US$6 millones, según cifras citadas por La Tercera. Y si se produce esa controversia, posiblemente la hasta ahora exitosa relación de Sampaoli con el fútbol chileno terminará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA (TAS).

CIPER intentó obtener una versión oficial de la ANFP, donde el gerente de comunicaciones, Héctor Olave, argumentó que la entidad no se puede a referir al tema, ya que se trata de un contrato entre privados sujeto a cláusulas de confidencialidad. Para conocer la versión de Sampaoli se tomó contacto con la jefa de prensa de la selección nacional, María José Vasconcelos, quien informó que el entrenador se encuentra de vacaciones y no es posible contactarlo.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 13 de enero de 2016.