El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.
Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

capredena-cdtesTambién figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

PISAGUAA la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

VJARAEl coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

caso-fragatasEn la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

capredenaEn febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

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General (R) Ricardo Hargreaves Butrón

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

ACADEMIA GUERRAUn ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

clase-academia-guerraOrtega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

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En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

Las interrogantes de la hermética compra de los helicópteros Black Hawk de la FACH

La mañana del jueves 31 de marzo, en pleno desarrollo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Jorge Robles Mella, recibió la visita de tres gestores de intereses. El encuentro se concretó en el chalet C del recinto ferial de Pudahuel y se extendió por poco más de una hora. La cita quedó registrada en la plataforma de lobby de la institución, donde también se informó escuetamente sobre la materia tratada en esa reunión: “Problemas de mantenimiento del helicóptero S-70 de la Fach y saludo protocolar con motivo de la Fidae”.

De lo que no quedó rastro en el registro de la audiencia fue de a quién representaban y para quién trabajaban las personas que visitaron al general Robles. En el documento sólo se especificó que los asistentes venían en representación de sí mismos (ver registro de audiencia). Pero las tres personas que se presentaron ese día a las 09:45 en el recinto de la Fidae no asistieron únicamente como personas naturales. Dos de ellos, Adam Schierholz y Freddy Hernández, son altos ejecutivos y representantes para América Latina de la norteamericana Sikorsky (filial de la multinacional Lockheed Martin), un peso pesado en el negocio de la fabricación y venta de helicópteros, entre ellos del popular Black Hawk. El tercer integrante del comité: Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ese episodio, Campos Montecinos pasó a retiro.

 Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)
Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)

La cita que reunió a fines de marzo en la Fidae al general Robles con Schierholz, Hernández y Campos, sería un hecho aislado si no fuera porque justo en esos momentos la Fach analizaba las ofertas presentadas por cuatro compañías –Sikorsky, entre ellas– para concretar una millonaria compra de seis helicópteros multipropósito medianos, en un proceso formal de adquisición iniciado en septiembre de 2015. Cinco meses más tarde de esa reunión en la Fidae –y a un año de abierto el proceso de adquisición–, la Fach anunció el 3 de septiembre pasado que había concretado la compra de seis helicópteros Black Hawk S-70i a Sikorsky (ver nota).

Ya en 2009 la institución había hecho público su interés por integrar a su potencial bélico una partida de helicópteros multipropósito. Para entonces, el lobby de Sikorsky ya operaba al más alto nivel: un cable de Wikileaks muestra cómo a principios de ese año el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo gestiones comerciales ante altas autoridades del país en favor de los Black Hawk.

Según un artículo de El Mostrador de julio de 2009, Patricio Campos Montecinos también habría realizado gestiones en esa fallida venta. Al ex general de la Fach ya se le identificaba como el lobista clave del proveedor de armas Conrado Ariztía O’Brien, propietario de la empresa que históricamente ha tenido la representación de Sikorsky en Chile: I-Systems. Según el registro de proveedores vigente de la Fach, I-System sigue siendo el representante oficial de Sikorsky (ver documento) y Conrado Ariztía su gerente general y representante legal (ver documento). Además de la compañía norteamericana, la empresa de Ariztía –que ha cerrado millonarios contratos con las Fuerzas Armadas y de Orden–, es la que representa en nuestro país a más de una docena de fabricantes internacionales de material de guerra (ver recuadro).

Conrado Ariztía siempre ha intentado tener un bajo perfil, condición que perdió cuando en 2003 la investigación por la polémica compra de 25 aviones Mirage identificó a una de sus sociedades offshore con domicilio en Bahamas, como una pieza del entramado financiero por el que circularon las comisiones irregulares recibidas por civiles y autoridades de la Fach.

El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”.

Jorge Robles Mella
Jorge Robles Mella

El anuncio por la prensa de la decisión de la Fach levantó polvo. Representantes de una de las compañías internacionales en carrera –la italiana Finmeccannica, ex Augusta Westland–, acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición. El 7 de septiembre pasado, los abogados de Finmeccannica presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento y solicitaron invalidarlo. También pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Pese a que la decisión de comprar los Black Hawk fue comunicada como un hecho consumado, desde la Fach señalaron a CIPER que no se referirían al tema debido a que el “proceso de adquisición aún está en ejecución con la empresa seleccionada” y a que están “a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto de una presentación que efectuó otra empresa participante”.

A la compra de estos helicópteros, se suma otra fuerte inversión anunciada a principios de marzo por el general Jorge Robles y que se materializará en el curso de los próximos dos años: la adquisición de dos aviones Basler BT-67 para reforzar los vuelos de la Fach a la Antártica, compra que rondaría los US$20 millones (ver aquí). La fabricante de los BT-67, la estadounidense Basler Turbo Conversions, también tiene intermediario en Chile. Su nombre: Patricio Campos Montecinos (ver documento).

UN LARGO PROCESO

Uno de los principales focos de atracción de la Parada Militar del 19 de septiembre pasado fue el fugaz sobrevuelo por la elipse del Parque O’Higgins del helicóptero de asalto Black Hawk S-70 de la Fuerza Aérea. Hasta ahora, es la única aeronave en su tipo con la que cuenta la Fach y fue adquirido en 1998, bajo la comandancia en jefe del ex general Fernando Rojas Vender.

Rojas Vender, que asumió su cargo en 1995, fue uno de los más cercanos contactos de Conrado Ariztía en la Fach desde que el intermediario de armas creara I-Systems en noviembre de 1985.

Fue el propio general Rojas quien en 1999 piloteó el Black Hawk adquirido un año antes a Sikorsky en un viaje histórico que conectó Punta Arenas con la base Amundsen-Scott en el Polo Sur (territorio antártico estadounidense). La proeza de Rojas Vender fue difundida por la empresa norteamericana en un comunicado en el que se aseguró que la Fuerza Aérea de Chile planeaba adquirir una nueva partida de helicópteros S-70 en los próximos años (ver nota en inglés).

Pero no fueron sólo loas las que cosechó Fernando Rojas Vender durante su mandato. Su gestión se vio empañada cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros oficiales de la institución, importaron muebles de rattán para uso personal haciéndolos pasar por pertrechos militares. Un artículo del diario La Nación (2008) agrega que en ese entonces también se cuestionó que la Fach favoreciera regularmente a la agencia de viajes de Conrado Ariztía –Turismo Marina Travel, creada en 1991– con compras de pasajes aéreos para el personal de la institución.

De la adquisición de una nueva partida de helicópteros Black Hawk que Sikorsky daba como segura en 1999, no se supo más hasta diez años después. En 2009 la Fach estaba en plena campaña para adquirir helicópteros destinados a transportar tropas y a operar en tareas de rescate ante desastres naturales. Sikorsky –ya representada por la empresa de Conrado Ariztía– no se guardó municiones en su intento por vencer a su principal oponente en esa posibilidad de negocio: los Mi-17 fabricados en Rusia.

Paul Simons
Paul Simons

Un cable de Wikileaks fechado el 24 de febrero de 2009 da cuenta de las gestiones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, ante distintas autoridades para promocionar los helicópteros de Sikorsky: “El embajador Simons ha hecho convincentes presentaciones a nombre de Blackhawk (sic) tanto al comandante en jefe de la Fach (Ricardo Ortega) como al ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Sin embargo, pareciera que la decisión no es inminente” (ver cable en inglés).

A mediados de ese mismo año, la Fach anunció que había desechado la oferta de Sikorsky en favor de los Mi-17 rusos. Según publicó El Mostrador, el secretario de Comercio  de Estados Unidos, Gary Locke, envió una misiva a la Cancillería en la que habría manifestado su descontento por la decisión. En otro cable de Wikileaks, fechado el 24 de julio de 2009, el embajador Simons se refiere al impasse diplomático: “mientras la carta expresa decepción por la falta de un proceso de licitación abierto, en la prensa (el hecho) fue caracterizado como una queja de Estados Unidos ante la elección del modelo ruso por sobre el Black Hawk” (ver cable en inglés).

La compra de los helicópteros Mi-17 nunca se concretó. Una fuente de defensa señaló a CIPER que la adquisición fue objetada por la Contraloría en la puerta del horno: la Ley Reservada del Cobre no contemplaba entonces el financiamiento de material para operaciones ante catástrofes naturales.

INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO

Seis años después de la fallida compra del 2009, la Fach abrió un nuevo proceso de adquisición de helicópteros multipropósito medianos para tareas de rescate. A través de una “carta de requerimientos”, el 17 de septiembre de 2015 invitó a seis empresas a participar en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales. CIPER solicitó por Ley de Transparencia conocer las bases y matriz de evaluación con las que la Fach llamó a concurso, además de la lista de participantes (proveedores) del proceso de adjudicación. En un documento enviado a este medio el 4 de agosto, la Fach justificó la contratación por trato directo señalando que se trataba de “una inversión de carácter secreto”. En ese mismo documento denegó la solicitud de información debido a que “su divulgación genera el riesgo de afectar la seguridad de la Nación y hacer público el potencial bélico de la institución, exponiendo las capacidades estratégicas propias de la defensa” (ver documento). Lo curioso es que según versiones de prensa divulgadas por la propia Fach, los helicópteros serán utilizados como apoyo para rescate en zonas afectadas por desastres naturales. Además, uno de los participantes del proceso de adquisición asegura que no se les pidió cotizar equipamiento bélico para las naves.

Según la indagación de CIPER, sólo cuatro de las seis compañías contactadas por la Fach enviaron sus propuestas: Sikorsky con los Black Hawk S-70i; la italiana Finmeccannica con los AW 149; la franco-germana-española Airbus Helicopters con los Cougar; y Rosoboron Export, que comercializa los Mi-17 fabricados por la rusa Mil.

Fuentes que participaron del proceso, afirmaron a CIPER que se sorprendieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la Fach a las compañías que invitó a concursar. “Por ejemplo, establecieron un rango extremadamente amplio para la capacidad de carga del helicóptero: entre 6.500 y 13.000 kilos”, señaló a CIPER uno de los ejecutivos de las empresas participantes que pidió reserva de su identidad. Dentro de ese rango, explicó, algunos de los proveedores tienen más de un modelo, y no se entregaron detalles que permitieran concluir cuál era el adecuado para los requerimientos. La misma fuente aseguró que durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota. Desde la institución declinaron hacer comentarios.

José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer
José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer

Fue justo en mitad del proceso de selección (31 de marzo de 2016) que Patricio Campos Montecinos y dos altos ejecutivos de Sikorsky visitaron al comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles, en una audiencia en la que no quedó registro de la representación que ejercían. Coincidentemente, ese mismo día, el ministro de Defensa José Antonio Gómez recibió en audiencia a la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, y al embajador de ese país en Chile, Michael Hammer, en una reunión que tuvo como propósito “fortalecer los lazos bilaterales”, según un comunicado de la propia cartera.

El ministro Gómez –a quien le correspondió aprobar el proyecto de adquisición de helicópteros de la Fach– no estuvo disponible para atender las consultas de CIPER. Desde su entorno aseguraron que en la reunión de fines de marzo con Deborah Lee James no se tocó el tema de los helicópteros Black Hawk.

El embajador Hammer respondió a las consultas de CIPER por escrito, poco antes de dejar la representación diplomática en Chile. No confirmó ni desmintió haber hecho gestiones en favor de Sikorsky: “Una de las principales funciones de las embajadas de Estados Unidos en el exterior es apoyar el comercio y la inversión y, en este contexto, nos reunimos habitualmente con empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Chile”, dijo.

El 3 de septiembre pasado, la Fach dio a conocer que la ganadora del proceso de adjudicación de los seis helicópteros multipropósito medianos había sido Sikorsky, empresa que en Chile es representada por el intermediario de armas Conrado Ariztía. Cuatro días más tarde, la italiana Finmeccannica presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se invalidara la adjudicación. Acusó falta de transparencia en el proceso y, entre otras cosas, que en ningún momento –pese a la insistencia del fabricante italiano– la Fach dio a conocer los contenidos y fundamentos de la matriz de evaluación” que se utilizó para calificar las propuestas de los proveedores (ver escrito).

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y será el máximo tribunal el que resolverá en última instancia. Paralelamente, los abogados de Finmeccannica presentaron los antecedentes en la Contraloría General de la República, la que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la compra.

La decisión de la Fach también ha levantado críticas entre expertos en defensa que ponen en cuestionamiento la pertinencia de la adquisición. El analista Eduardo Santos calificó la compra de los helicópteros de Sikorsky como un error. “Desde el punto de vista técnico la Fach no ha sido muy cuidadosa con sus compras. El Black Hawk técnicamente es un muy buen helicóptero, no tengo nada que decir. Pero no es el que hoy necesita Chile, porque esa capacidad ya la tiene el Ejército con los helicópteros Cougar. Se trata de una duplicación de capacidades, con dos modelos distintos, lo que da cuenta de la falta de conducción conjunta de nuestra fuerza militar”, señaló Santos a CIPER.

LA DUPLA ARIZTÍA-CAMPOS

La reunión del ex general de aire Patricio Campos y los altos ejecutivos de Sikorsky con el general Robles en pleno proceso de selección de proveedores, agrega un nuevo capítulo al polémico historial de Conrado Ariztía, representante de la compañía norteamericana, con la Fach.

Tanto Ariztía como Campos –a quien distintas fuentes identifican como el principal lobista del intermediario de armas– no han sido personajes secundarios en el círculo de la Fuerza Aérea. El primero se ha posicionado desde los ’80 como uno de los proveedores favoritos de la Fach; el segundo llegó a ser quinta antigüedad de la institución y encabezó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Conrado Ariztía salió del anonimato al estallar el caso Mirage. En 1994, cuando la Fach decidía la compra de los aviones que reemplazaría a la flota de Hawker Hunter, el intermediario representaba a Sagem, empresa subsidiaria de Dassault, el fabricante francés de los aviones Mirage. Y aunque la Fuerza Aérea finalmente se decidió por los 25 aviones Mirage V de la empresa belga Sabca –también filial de Dassault y representada por el lobista checo y amigo de Ariztía, Carlos Honzik–, el negocio lo benefició de todos modos: la tecnología de los aviones belgas estaba obsoleta. Según un artículo del diario La Nación, en 1996 Sagem se ganó un contrato de más de US$20 millones para proveer a la Fuerza Aérea de esa tecnología. Entre 1995 y 1997, Ariztía recibió un total de US$1,8 millón de la empresa Sagem en cuentas en el extranjero.

black-hawk-sikorsky-wikimediaEl estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

En 2003, cuando los tribunales belgas levantaron el secreto bancario de cuentas relacionadas a algunos de los protagonistas del escándalo de los Mirage, se conoció que Conrado Ariztía había recibido US$1,7 millón en una cuenta de la sociedad offshore Intercountry Holdings de su propiedad. Quién giró esos dineros fue precisamente su amigo Carlos Honzik, encargado de repartir los US$15 millones iniciales.

Patricio Campos Montecinos era la quinta antigüedad de la Fach y director de la DGAC cuando pasó a retiro en septiembre de 2002. Hasta entonces, su carrera había avanzado sin problemas. Fue agregado aéreo en Brasil cuando Heraldo Muñoz era embajador en ese país. Fue ratificado en 1999 por Eduardo Frei como comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea y luego por Ricardo Lagos cuando fue nombrado director de la DGAC. El año 2000 fue designado por el entonces comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos, como encargado de recopilar información para la Mesa de Diálogo (constituida en 1999) sobre el paradero de los 55 detenidos desaparecidos atribuidos a la Fuerza Aérea. Dos años después fue procesado por el ministro Mario Carroza por obstrucción a la justicia, cuando se supo que, de los 23 casos que recabó, sólo entregó 18 nombres.

La información que tenía sobre los otros cinco –Juan Orellana, Ignacio González, Ricardo Weibel, Víctor Vega y José Sagredo– fue omitida y destruida por Campos. En septiembre de 2002, el diario La Nación publicó una serie de reportajes que terminarían por sepultar su carrera. En ellos se reveló la supuesta rearticulación del Comando Conjunto dentro de la Fach para desvirtuar y ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Colmillo Blanco” –nombre que le dieron al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, para protegerlo–, denunció además que la esposa de un general de la Fach había participado en el grupo como agente: Viviana Ugarte Sandoval, también conocida como la “Pochi”, que en agosto pasado, según informaron medios de prensa fue condenada a siete años de presidio por asociación ilícita y cómplice de los secuestros de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches en 1976.

Poco después de la publicación de La Nación, Campos Montecinos, esposo de la “Pochi”, colgó su uniforme. El ex general de la Fach fue absuelto en diciembre de 2007. En 2005, el cambio al Código Procesal Penal estableció que el delito de obstrucción a la justicia sólo correspondía a casos en que se obstaculizara la investigación del Ministerio Público, y no de los Tribunales de Justicia, como era en el momento en que se acusó e investigó a Patricio Campos (ver dictamen).

CIPER intentó contactar a Patricio Campos y a Conrado Ariztía en distintos teléfonos, sin éxito. La casa donde históricamente funcionó I-Systems (comuna de Ñuñoa), hoy está sin muebles, ni moradores. De acuerdo a la versión entregada por vecinos, esa casa se vendió hace una semana.

LAS REPRESENTACIONES DE CONRADO ARIZTÍA

El negocio de la intermediación de armas es tan competitivo como jugoso. Así lo reconoce un comerciante de material bélico, quien señaló a CIPER que normalmente la comisión que se les paga por representar los intereses de compañías internacionales asciende al 2% de la venta. “Los norteamericanos pagan un poco más, depende de cada caso”, señaló.

I-Systems es un actor relevante en este mercado. No sólo representa a la norteamericana Sikorsky, también a una decena de compañías internacionales, principalmente italianas. Entre ellas Whitehead Sistemi Subacquei, fabricante de torpedos; Oto Melara, que produce las espoletas para municiones aéreas; y Simmel Difesa, fabricante de municiones y explosivos. También es intermediario de la australiana Codan, fabricante de sistemas de comunicación, y de la alemana Linsrechts, que produce sistemas de ayuda para el aterrizaje de helicópteros (ver todas las representaciones de I-Systems).

La DGAC ha sido otro nicho rentable para la empresa de Conrado Ariztía. Según registros del portal Mercado Público, entre 2006 y 2014, el organismo dependiente de la Fach le ha adjudicado 13 licitaciones a I-Systems –principalmente equipos de comunicación y repuestos–, por más de US$ 560 mil ($373,5 millones, al valor actual). Otras de las instituciones que han requerido de los servicios de la empresa de Ariztía son Carabineros, la Armada y Gendarmería.

De todos modos, esos montos son solo la punta del iceberg del millonario negocio que montó Conrado Ariztía en las últimas tres décadas. Producto del férreo secreto que aún impera en muchas de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas –tal como lo demuestra la reciente adquisición de helicópteros de la Fach–, no es posible aproximarse al volumen de dineros generados por sus actividades de intermediación.