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De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.

La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales, respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que siguió tejiendo lazos y respaldos como parte de los proyectos de reinsersión.

Una exhaustiva revisión de documentos públicos de casi un año, contrastados con entrevistas y con versiones de exparamilitares entregadas a la Fiscalía General de la Nación, le permitieron a investigadores de VerdadAbierta.com conocer el entramado de esta red.

Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la organización paramilitar fue real y eficaz.

En este especial, Verdad Abierta reconstruye cómo los paramilitares implementaron su proyecto militar, político y económico para consolidar el poder político y económico en Urabá, una región golpeada duramente por el conflicto armado en el país, donde los habitantes sufrieron las peores violaciones a los derechos humanos, desde el despojo y desplazamiento forzado, hasta desapariciones forzadas y brutales asesinatos, que incluyeron la práctica del descuartizamiento.

Tulapa: punta de lanza

Las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo y Necoclí.

Del valor estratégico de esta zona ha hecho referencia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres se le preguntó por esta zona y respondió: “¿Dónde queda Tulapa? Tulapa queda lejos de todas partes”. Y aclaró en esa ocasión que esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.

Mancuso expuso que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas, según este ex jefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.

También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.

Desde Tulapa, las Accu se tomaron Urabá a sangre y fuego. Datos de la Fiscalía muestran que en solo el primer semestre de 1995 en Necoclí se registraron 130 personas asesinadas, 122 desaparecidos y 1.300 familias desplazadas. Fue en este bautizo de sangre en esta localidad del que comenzó a emerger una estructura paramilitar que, luego, sería conocida como Bloque Elmer Cárdenas de las Accu.

El ‘paso’ del Bloque Elmer Cárdenas

En el municipio de Necoclí, los Castaño se encontraron con un joven de 22 años quien en poco tiempo tendría un acenso vertiginoso dentro de las filas paramilitares. Se trató de Freddy Rendón Herrera, quien posteriormente sería conocido con el alias de ‘El Alemán’.

Rendón, oriundo de Amalfi, de donde también eran los Castaño, se sumó con entusiasmo al naciente proyecto contrainsurgente de las Accu. En un relato de su ingreso a las filas de la organización paramilitar, ‘El Alemán’ recordó el día que llegó Carlos Castaño a Necoclí: “nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto”.

Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación Génesis.

Durante el desarrollo de estas operaciones militares murió el campesino Marino López Mena, quien, según las denuncias de sus familiares, fue retenido en las afueras del caserío de Bijao, descuartizado a machetazos, exhibido entre los pobladores de y pateada su cabeza como balón de fútbol. Si bien en las versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los paramilitares que adelantaron la operación han negado que el homicidio se haya cometido en esas circunstancias, las comunidades se sostienen en su versión.

Hasta ese momento, la estructura paramilitar que comandaba alias ‘El Alemán’ era conocida como el Frente Chocó; no obstante, la muerte de uno de sus comandantes, llamado Elmer Cárdenas, en un enfrentamiento con la guerrilla, llevó a los jefes sobrevivientes a nombrar el bloque con el nombre de su ex líder. Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte de Urabá y el Darién chocoano.

Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha relación personal

Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Cordoba, y no admitió esos acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004, como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del paramilitarismo.

Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna vertebral” de la desmovilización en Urabá.

“La idea es que se desarrollen proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos”, dijo García en 2005. “Que con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política de ‘El Alemán’ es que en cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participen las comunidades”.

Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la práctica.

En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios como patrones.

Una investigación basada en informes de riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia realizada por el programa La Noche, del canal privado de televisión RCN, concluyó que a través del PASO los paramilitares quisieron “consolidar su poder económico” y “establecer un nuevo orden social que produzca la ejecución de proyectos productivos”.

Documentos consultados y testimonios escuchados por VerdadAbierta.com indican que el Bloque Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006. Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el apoyo de Acción Social y del Plan Colombia a pesar de fuertes indicios de sus relaciones con estructuras paramilitares y cuestionados inversionistas.

Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica

La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller. Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como Clamor Campesino Caribe.

El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).

En una versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ explicó que los Promotores de Desarrollo Social eran “muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y dándoles vida jurídica”.

El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un desmovilizado: “ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema de participación ciudadana, trabajo social…” Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran “rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque”.

El testimonio de otro desmovilizado resalta que el trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas, elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias, del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90% de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización”.

Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según El Alemán, “se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal”.

Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías: “por cada municipio de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de preferencia afín a las ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político que pudiéramos poner en la contienda”. Un ex promotor social le dijo a la Fiscalía que “desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del comandante ‘El Alemán’”.

En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue financiado por un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las alcaldías.

Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su control. Como declaró un desmovilizado: “en el norte de Urabá teníamos relación con todos los concejales de los municipios del norte con absolutamente todos, reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados ante el concejo municipal”.

Asocomún: ‘Ong de los paras’

El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ y hermano de alias ‘El Alemán’.

De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor central del “desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas, mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales, económicos, educativos, de salud y ambientales”. Para lograr ese propósito buscó “canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun, buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e internacional”.

Se creó entonces el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias Guardabosques, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.

Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región.

También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República, en “reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades”.

‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.

Ever Velosa, alias ‘HH’, jefe del Bloque Bananero del Urabá, declaró ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que ‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño y era “una persona que era escuchada y respetada en las autodefensas”. Estas sospechas fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Pero sería a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerían los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la sentencia dictada contra el ex senador Antonio Valencia Duque, quien admitió sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia anticipada.

En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.

Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006, que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste renunció por las investigaciones de la parapolítica.

Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con ‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron acuerdos políticos. Lo que se recuerda en la zona es que los participantes de estas reuniones salían con “Biblia y poncho en la mano”.

Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá. El valor constatado por VerdadAbierta.com de varios de esos contratos asciende a 1.607 millones de pesos.

Asocomún también parece haber recibido fondos del Plan Colombia por vía indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID. Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la iniciativa.

Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización, informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización gestora acompañante”.

Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún fue desastrosa, dejando “a la deriva su participación en la coordinación de las actividades restantes de la alianza”. También denunciaron que Asocomún “no realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían establecidos en la zona de la alianza. Esto propició que las dos personas renunciaran a sus cargos desde finales de diciembre 2008 y entablaran un demanda jurídica contra Asocomún”.

Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Según las explicaciones de un desmovilizado, “esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el señor ‘Alemán’, Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud nos iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá”.

Otras denuncias ante la Fiscalía añaden que en la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.

La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona “dineros que extrajo contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y alcantarillado, el contrato de recolección de basura” y hasta el “contrato para la construcción del parque de la no violencia”.

Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.

El negocio de la Multifruits

Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y presencia en su junta directiva.

Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez, Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.

Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además, fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del 2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar Elmer Cárdenas.

Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao” de 279 hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34 millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende pues este paramilitar había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.

En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.

Campesinos desplazados consultados por VerdadAbierta.com en Urabá denunciaron que el manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.

“Pero los campesinos empacaban y empacaban plátano y él nunca rebajaba la cuenta. Entonces la gente se mareó de esa vaina y no quiso empacar más”, dijo un desplazado quien insistió en la reserva de su identidad. “Este señor Monsalve hizo una reunión y decía que vendían a las buenas o las malas y a muchos de los que debían más le quitaron los títulos de las fincas”. Según este campesino, unos 300 campesinos se endeudaron con ‘Germán Monsalve’ y por lo menos 120 familias tuvieron que dejar sus tierras.

Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del 2004 por Jose Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que “la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí” y se comprometió a entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.

Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de madera por parte de Maderas del Darién S.A.

La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del 2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600 hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach, representante legal de la compañía.

Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente participación en actividades controversiales, Del Monte canceló los contratos con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en septiembre de 2007.

Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias ‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits. Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.

El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun en el proceso de comercialización y le agradeció por ser “la entidad que permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo comunitario de perfil privado”.

Plan Colombia: Madera y Caucho

Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro.

Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda, que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y Caucho San Pedro.

Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración, el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos caucheras.

Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La Gironda surgieron en el 2003 como proyectos pilotos del Programa Familias Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún como “colaborador clave” para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y Necoclí.

Es así como en el 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas, realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.

En una entrevista con VerdadAbierta.com realizada en 2009, alias ‘El Alemán’ reconoció la participación del bloque en proyectos productivos ligados a la erradicación de coca y admitió que fueron coordinados por su hermano ‘Germán Monsalve’: “Arrancó el proceso, yo entré a mediar porque los cachacos no querían erradicar y me tocó que las tropas nuestras arrancaran la coca. … Empezaron a trabajar en Asocomún y le dije a mi hermano que trabajara con ellos”.

Cuando VerdadAbierta.com solicitó una entrevista con representantes de USAID pidiendo aclaraciones, primero insistieron en recibir las preguntas por escrito y finalmente se negaron a responder.

Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapa, “se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación”.

Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, el mandatario la calificó como la “mamá de las Familias Guardabosques”.

Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los proyectos del Urabá.

En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.

Según la revista Cambio, las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria Eugenia Restrepo y la mafia. Citando fuentes anónimas de inteligencia, la revista resaltó: “En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba [a las autoridades] por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don Mario’”.

Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.

La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema contra el ex senador Ramón Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”.

La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. La sentencia rastreó la trayectoria de un pacto donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas de Valencia.

Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto que, según la Corte, “explica por qué posteriormente el congresista tuvo un inmenso crecimiento electoral en esas localidades”. De hecho, los votos obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.

El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que “la inclusión del Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque”.

Otra guerra en Colombia: Represión militar beneficia a mineras que extraen oro

En la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de la tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran. Investigación especial de Semana.com.

Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.

Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro).

No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.

Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión.

Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).

Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.

Los mineros artesanales

Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.

Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.

Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas.

Fusilado y sin registro

Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol.

Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.

El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.

Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).

“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares.

Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército).

La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros)

Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado.

Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso.

Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.

La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar).

Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe)

Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.

Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First). El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados.

En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola.

La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.

Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Además, según explicaron  voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas.

La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar.  Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país.

La AngloGold  no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia.

Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.

Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí  mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región.

El caso García

Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).

El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras.

El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar. El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc.

La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.

Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación.

Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración)

En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias.

Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47.

Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto.

Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército).

Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video)

Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.

Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.

La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.

A juzgar por los hechos aquí descritos,  hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.

Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.

¿La última oportunidad para la paz con las FARC?

El rescate de Íngrid Betancourt, los estadounidenses Keith Stansell, Tomas Howes y Marc Gonsalvez y los 11 militares y policías colombianos que estaban en poder en las FARC, es el más reciente y contundente golpe propinado por el gobierno a una guerrilla, ya diezmada y con graves problemas de comunicaciones y provisión. Usaron la más inhumana estrategia de todas para conseguir poder político: el secuestro y utilización de rehenes. Ese camino les fue fructífero y pusieron a los presidentes europeos, a congresistas estadounidenses, y a los presidentes vecinos a pedir por su liberación. Ahora que perdieron a sus principales rehenes, se quedaron desprestigiadas y seguramente no recibirán del mundo más que portazos. ¿Persistirán en la lucha armada o podrán aprovechar esta última oportunidad para proponer una paz sin condiciones?

No les queda demasiado aire para sostener su soberbia armada. En el último año, los golpes recibidos por las FARC han sido seguidos y grandes. El primer eslabón importante de la cadena de golpes que el gobierno le ha propinado a las FARC comenzó con la muerte de Tomás Medina, alias el Negro Acacio. En septiembre del año pasado, durante un bombardeo del Ejército, cayó junto a otros 16 guerrilleros en el Guaviare. Según fuentes militares el Negro Acacio controlaba el tráfico de cocaína en las selvas del Vichada, Vaupés y Guaviare, y manejaba una gran parte del flujo de caja del grupo guerrillero.

Un mes después, en el área rural del Aceituno, municipio de El Carmen de Bolívar, cayó en otra operación militar, Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’. Según fuentes militares, 18 guerrilleros murieron al lado del combatiente. Caballero militó más de 25 años en las filas de las FARC, luego de haber pertenecido a la juventud comunista en Barrancabermeja, y en los últimos 11 operaba en la región de la costa utilizando como escondite estratégico los Montes de María. Martín Caballero fue el captor de Fernando Araújo, el actual canciller, quien logró escapar después de seis años de estar en poder del grupo guerrillero.

Pero los golpes a las FARC no pararon ahí. La captura de Martín Sombra, un guerrillero de los más antiguos, que estuvo en Marquetalia e hizo parte de los orígenes de las FARC, fue otro revés importante a la moral y la confianza de esta guerrilla. Martín Sombra tuvo por varios años la responsabilidad de custodiar a Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y Clara Rojas, quien dio a luz con su asistencia a Emmanuel. El niño que estaba al cuidado de un guerrillero de bajo rango, fue confiado a una familia campesina que lo entregó a Bienestar Familiar. La mentira de que sería liberado por la guerrilla junto a Clara Rojas, Gloria Polanco y Orlando Beltrán, y el anuncio del gobierno de que el niño no estaba en poder de las FARC sino que desde hacía meses atrás estaba en manos del Estado, significó un golpe más a la credibilidad del grupo insurgente.

Luego vino lo el marzo negro para las FARC. El 1 de ese mes, en un bombardeo de tropas colombianas a un campamento del grupo guerrillero en territorio ecuatoriano, cayó el segundo del secretariado: Raúl Reyes. No había pasado una semana, mientras el país asistía al diferendo diplomático derivado de la violación a la soberanía del país vecino, cuando se conoció la noticia de que Manuel de Jesús Muñoz, conocido con el alias de Iván Ríos e integrante del Secretariado, había sido traicionado por su jefe de seguridad, alias Rojas. Por una recompensa ofrecida por el gobierno, Rojas asesinó al más joven de los integrantes de la cúpula guerrillera.

El 26 del mismo mes se produjo el deceso de Manuel Marulanda Vélez, el líder guerrillero más importante para las FARC. Si bien no fue un golpe de las autoridades, fueron éstas las que hicieron el anuncio y con ello se anotaron el golpe.

A este hecho se sumó la entrega de Nelly Ávila Moreno, alias Karina, la comandante del frente 47 de las FARC y única mujer integrante del Estado Mayor Central de esa organización. Con ella el Estado Mayor perdió ocho de sus 31 integrantes. En el imaginario del grupo guerrillero, se había urdido la imagen mítica de que Karina era una mujer inquebrantable. Sin embargo, en declaraciones a la prensa dijo que había preferido seguir el consejo de su compañero ‘Rojas’, quien le había sugerido que se entregara a cambio de los beneficios de la desmovilización, porque el frente al cual pertenecía estaba totalmente liquidado y las FARC no tenían futuro.

Qué dicen los analistas

“Las FARC tienen que replantearse toda su actuación. Tienen que hacer un alto en el camino, porque sin estos secuestrados no pueden presionar al gobierno”, dijo el ex asesor de paz, Carlos Eduardo Jaramillo, ante la noticia del rescate militar a los secuestrados políticos más importantes para la guerrilla. Jaramillo explicó que las FARC tienen que cambiar su estrategia militar y política.

“El hecho de que los secuestrados que quedan en poder de las FARC no sean de relevancia política, puede derivarse en su utilización en la estrategia de guerra. Pero no podrán seguir utilizando el secuestro como arma política”, advirtió el ex asesor de paz.

Sobre la operación militar dijo que de ser como la describió el Ministerio de Defensa, había un evidente resquebrajamiento del grupo guerrillero. “Si los soldados lograron infiltrar a los captores de los secuestrados y la operación fue tan impecable, hay que quitarse el sombrero. Eso fue de una pulcritud que sólo se ve en las tropas israelíes. Las FARC tienen que barajar las cartas. Tal vez dentro del grupo guerrillero continúe la expurgación que comenzó desde que murió Ríos y hayan algunas muertes entre ellos mismos”, argumentó Jaramillo.

Sin embargo, el ex asesor de paz advirtió que para que el país encontrara la paz había que esperar mucho tiempo. Para Jaramillo, las FARC van a tratar de sobreponerse separando lo que significa el golpe para sus metas militares, de lo que significa para sus intereses políticos.

Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y analista político, en entrevista con Semana.com calificó el rescate como “un golpe audaz. Más que de fuerza militar fue un golpe de inteligencia. Nos tiene felices a todos porque no hubo muertos, aunque esta no ha sido la actuación más recurrente del Ejército”, dijo.

“Este es un duro golpe, que repercute en la desmoralización de la guerrilla, pero no es el fin del fin. Ojalá les sirva para que analicen que la confrontación bélica no es la salida y dejen en libertad a los demás secuestrados y se decidan por una salida política”, añadió Lozano.

Lozano enfatizó en la necesidad de no abandonar el intercambio humanitario, para liberar a los que quedan, y la salida negociada para salir del conflicto. Sin embargo, dijo que pese a que las FARC han recibido reveses de gran calado, todavía no estaban derrotadas.

La emoción que ha causado en todos los colombianos el rescate de los secuestrados, y las sensatas palabras de Betancourt que llamaron a la paz, pueden servir de detonante para que los miembros del secretariado de las FARC, hoy universitarios en su mayoría, comprendan que su lucha armada es estéril.

Pero si nada los conmueve, como ya hemos visto tantas veces, puede que al hacer un análisis realista de su situación consideren que quizás su única salida es una propuesta generosa de paz. Y la única manera como los colombianos consideremos siquiera realizar una negociación de paz con las FARC sea si liberan inmediatamente a los demás rehenes políticos y militares en sus manos.

Si persisten en su guerra, en cambio, lo más probable es que muy pronto, el país sólo vuelva a hablar de las FARC cuando muera otro de sus jefes o cuando lancen algún cilindro en un pueblo, y el mundo, simplemente los olvide.

Semana.com:El más completo informe multimedia publicado sobre el estado actual de la organización guerrillera. ¿Cómo han planeado su guerra de 44 años en las conferencias?¿Coinciden los frentes aún activos con el narcotráfico? ¿Secuestran todavía? ¿Cuántos jefes de su estado mayor han salido del juego y cuántos les quedan? ¿Qué futuro les espera?