Corte Suprema obliga a U. Católica a pagar millonaria deuda a trabajadores de Canal 13

Desde 1981, los empleados de la Universidad Católica reciben bonos que se pagan con fondos  provenientes del Ministerio de Hacienda, tal como si fuesen funcionarios públicos. El beneficio se originó en la reforma que permitió la creación de universidades privadas y que, al mismo tiempo, determinó que el Estado debía contribuir al financiamiento de las instituciones de educación superior que ya existían en 1980. Así, cada año, durante las últimas tres décadas, los funcionarios de la UC recibieron sus aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, junto a otros beneficios del sector público. Pero no todos gozaron de estos bonos. Los trabajadores de Canal 13 nunca los recibieron. Es más, no tenían idea que contaban con ese derecho. Recién se enteraron en 2010, tras un encuentro de la Asociación de Sindicatos UC. Y lo que siguió fue una demanda que acaba de culminar con un fallo de la Corte Suprema a favor de los empleados de la estación de TV.

A unos $250 milllones se empina la suma global que debe pagar ahora la Universidad Católica. Así lo informó a CIPER el ex presidente y actual director del Sindicato de Trabajadores de Canal 13, Iván Mezzano, quien encabezaba la entidad gremial cuando se interpuso la acción judicial. Mezzano, que ha representado a los trabajadores durante todo el proceso legal, dice que la cifra se basa en el cálculo “conservador” que ha hecho el abogado que asumió la defensa de los funcionarios del canal. El dirigente explicó que la suma corresponde apenas a lo adeudado entre 2008 y 2010 –año en que la estación pasó a ser controlada por el Grupo Luksic-, debido a que las normas laborales establecen la prescripción a los dos años.

En 2010, cuando faltaban sólo algunos meses para que la Universidad Católica concretara la venta de Canal 13 a los Luksic, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Televisión de la UC fue alertado de una situación que no tenía contemplada: “Hasta antes de la venta, en agosto de 2010, nosotros teníamos el mismo RUT de la Universidad Católica. En la Asociación de Sindicatos UC, donde estaban los administrativos, otros profesionales de la universidad, la gente de la Red de Salud UC y Canal 13, nos dimos cuenta que nos habían quitado asignaciones correspondientes al decreto que da compensaciones fiscales desde 1981”, cuenta Mezzano respecto del origen del reclamo judicial que iniciaron ese año.

Fue un estatuto especial -el Decreto con Fuerza de Ley Nº4 de 1981, del Ministerio de Educación- el que estableció que el Estado debía contribuir a financiar las universidades, así como a las instituciones derivadas de esas entidades de educación superior. Y Canal 13 calificaba como una entidad derivada de la UC, por lo que sus trabajadores debieron recibir los beneficios hasta octubre de 2010, cuando la estación dejó de ser una corporación de derecho público dependiente de la universidad para convertirse en una sociedad controlada en un 67% por el Grupo Luksic.

El 7 de septiembre de 2010, los dirigentes del sindicato ingresaron al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Corporación de Televisión de la UC por el cobro de los beneficios laborales adeudados, consistentes en aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias y otros bonos especiales no imponibles contemplados en la ley. En el documento se lee:

“Desde la instauración de estos aportes fiscales a favor de las universidades, así como de los beneficios laborales que las leyes que, anualmente sobre reajustes del sector público contemplan, aplicables, por expresa norma legal, tanto al personal docente como no docente, nunca a los trabajadores del Canal 13 se les otorgó y pagó estos beneficios financiados por el Estado, pese a que dependemos directamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo objeto de una discriminación incomprensible frente a un mandato legal indubitable, financiado no con fondos propios sino con fondos públicos”.

El pago de estos beneficios debía hacerse “segmentado”, según el nivel de ingresos de los trabajadores. De esta forma, los que perciben remuneraciones más altas tienen un beneficio de un monto inferior a aquellos empleados que cobran remuneraciones menores.

El litigio se extendió por más de dos años. La resolución de primera instancia, emanada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo el 29 de enero de 2013 y ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, ya había determinado que la universidad debía cancelar los beneficios impagos a los trabajadores de Canal 13. Pero, tanto los representantes legales de la UC como de Canal 13 llevaron el caso a la Corte Suprema. En un comienzo interpusieron recursos de nulidad, solicitando invalidar el fallo. Además, presentaron un recurso por unificación de jurisprudencia donde, entre otros argumentos, acusaban que el tribunal laboral no era competente para dirimir un tema que involucra fondos fiscales y que los trabajadores de Canal 13 nunca recibieron las bonificaciones porque no se consideraba a la Corporación de Televisión como una entidad derivada de la UC. La justicia determinó lo contrario.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó el último recurso presentado por la universidad. El 1 de abril la Cuarta Sala del máximo tribunal confirmó la decisión de primera instancia. En su fallo, los ministros Patricio Valdés, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Arturo Prado, resolvieron de forma unánime en favor del sindicato. La universidad, entonces, deberá encargarse de realizar gestiones con el Ministerio de Hacienda, a objeto de obtener los fondos para cumplir con la resolución judicial:

“La Pontificia Universidad Católica de Chile, deberá pagar a los trabajadores miembros del Sindicato demandante, los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad; y bono especial, de que tratan las Leyes Nº  20.233, Nº 20.313 y Nº 20.403”, indica la resolución de los ministros.

En la UC confirmaron que dan el proceso por terminado y que están a la espera de que la sentencia sea ejecutoriada, lo que determinará la forma de pago y los montos adeudados a los trabajadores de Canal 13. A nombre de Andrés Prieto del Río, director de Asuntos Jurídicos, la Universidad Católica entregó a CIPER la siguiente declaración:

-La sentencia que acogió la demanda del Sindicato de Trabajadores del Canal 13 se encuentra a firme, no existiendo recursos pendientes, y en consecuencia, la causa se encuentra terminada en esta etapa, correspondiendo ahora iniciar la fase procesal de cumplimiento del fallo.

EL DILEMA DE LAS NÓMINAS

Para la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Canal 13 aún queda pendiente un asunto que no se logró esclarecer en el juicio. Durante el proceso, la universidad aseguró que los empleados de Canal 13 no recibieron las bonificaciones porque nunca fueron incluidos en las nóminas de trabajadores enviadas al Ministerio de Hacienda al momento de solicitar los fondos para pagar los beneficios.

El dirigente Mezzano indicó a CIPER que consultaron mediante oficio a los ministerios de Hacienda y Educación por las nóminas que les enviaba la UC. En ambas carteras se les informó que la universidad no remite el listado de los trabajadores, sino que únicamente el monto total de la suma que solicita al Estado que le transfiera. De esa manera, la autoridad delega en la universidad la facultad de determinar los trabajadores beneficiarios, sin que haya control alguno sobre ello.

“Los ministerios de Educación y Hacienda hacen fe de la universidad y seguramente de todas las universidades que tienen derecho a estos beneficios laborales. Es muy grave si la universidad no envió nóminas (de trabajadores) y sólo mandó un número, y el Estado pagó sólo en base a ese número. Esto, porque pudo haber negligencia, en el sentido de que la UC nunca mandó nuestra lista, pero también puede haber un arista más grave de malversación de caudales públicos”, afirmó Mezzano.

Entre los argumentos que esgrimió al defenderse de la demanda, la universidad aseguró que los fondos reclamados por los demandantes nunca le fueron traspasados desde Hacienda. Los fondos que recibió la UC, según explicaron sus defensores, eran para “el personal propio de la institución de educación superior, pero no para el personal de la entidad televisiva”.

Asimismo, los abogados de la universidad rechazaron “cualquier insinuación tendiente a hacer creer que aquí se habrían recibido fondos para ser repartidos indiscriminadamente en cualquier entidad relacionada con la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la práctica, estos fondos se transfieren por el Ministerio de Hacienda previa individualización de las personas a las cuales se les entrega el bono y/o aguinaldo”.

A raíz de esto, el sindicato envió una carta dirigida a la Contraloría con el fin de esclarecer si efectivamente se individualizaba a los trabajadores de la UC titulares del beneficio en la solicitud de fondos fiscales para efectuar el pago.

Canal 13 se excusó de hacer declaraciones sobre la resolución del juicio. El fiscal de la estación, Sergio Vergara, señaló a CIPER que no les corresponde referirse al proceso ya que la demanda era contra la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica y no contra la nueva sociedad que controla la estación: Canal 13 SpA.

 

Fundación Sol: Los límites de nuestra negociación colectiva y la “formalidad precarizante”

En los últimos 20 años Chile ha tenido un crecimiento económico sostenido. Se calcula que entre 1990 y 2011 el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 5,2%, siendo el más elevado de América Latina, el segundo mayor en los países de la OECD y dentro de los 25 más altos a nivel mundial. En compás con lo anterior, el PIB per cápita de Chile casi se ha cuadruplicado, pasando de los US$4.949 a US$17.361 en 2011. Hoy, ya existen estimaciones corregidas con datos del Censo 2012 que sitúan a Chile en el límite de los US$20 mil.

En 2012 la Biblioteca del Congreso desclasificó las bitácoras militares donde se registraron las discusiones sobre el Plan Laboral (…). Para sus autores: ‘La huelga es una cosa de araucanos y no deberían existir a esta altura de la evolución’, ‘la negociación colectiva no es un mecanismo para distribuir ingresos’, ‘la huelga es absolutamente imposible con la actual política económica’, ‘los salarios no tienen relación directa con el nivel de utilidades’

Por años, el mundo del trabajo se ha caracterizado en función de al menos dos segmentos claramente identificables. Uno, el del empleo formal, bastante relacionado con los sectores de alta productividad económica. Y otro, el del empleo informal, característico de los países de ingreso bajos y medios. Pues bien, siguiendo este marco conceptual, según la publicación de Panorama Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Chile es el país con mayor formalidad laboral de América Latina.

Estos datos de crecimiento económico y formalización de los empleos, dan un aparente espaldarazo al diseño institucional chileno. Sin embargo, todavía no se han problematizado lo suficiente los resultados de nuestra institucionalidad sobre el tipo de trabajo que existe: ¿Es la formalidad laboral chilena un sinónimo de empleos de calidad?

Con el retorno de los gobiernos democráticos en 1990 y luego de un período de 17 años de dictadura militar, el país comenzó un lento proceso de regulación limitada, que intentó dotar de mayor protección a un mercado del trabajo altamente liberalizado. Esto, sin cambiar en lo sustantivo el modelo normativo del Plan Laboral, impuesto durante el régimen militar. Desde entonces se mantuvo un esquema que es en sí, anti-sindical.

Los redactores de la actual legislación (un puñado de militares y civiles), tenían una visión muy peculiar de la negociación colectiva, la huelga y los sindicatos. En 2012 la Biblioteca del Congreso Nacional desclasificó las bitácoras militares donde se registraron las discusiones oficiales sobre el Plan Laboral, las llamadas “Actas del Plan Laboral”. Para sus autores: “La huelga es una cosa de araucanos y no deberían existir a esta altura de la evolución“, “la negociación colectiva no es un mecanismo para distribuir ingresos“, “las organizaciones sindicales se marginan de la actividad política“, “la huelga es absolutamente imposible con la actual política económica“, “los salarios no tienen relación directa con el nivel de utilidades“.

Con el tiempo -y he ahí la importancia de las instituciones laborales, en tanto afectan la realidad- la evidencia empírica mostraría que el Plan Laboral instaurado resultó tal como se pensaba en esas discusiones de junio de 1979. Ni el tiempo, ni la vuelta a la democracia, alteraron el leitmotiv afín al alto empresariado.

En la actualidad, nuestro país tiene un sistema de relaciones colectivas de trabajo que parece no tener símil en insuficiencias a nivel comparado. Lo que en Chile se conoce como negociación colectiva, en otros países no lo es

Es así como en la actualidad, nuestro país tiene un sistema de relaciones colectivas de trabajo que parece no tener símil en insuficiencias a nivel comparado. Lo que en Chile se conoce como negociación colectiva, en otros países no lo es. Revisemos específicamente algunas de las limitantes que tiene la negociación colectiva en la escena nacional:

1)     Se concibe explícitamente como un proceso no-distributivo de los ingresos.

2)     Se excluye a los trabajadores con contrato de obra o faena, de temporada y contratos de aprendizaje. Se excluyen también empresas pequeñas (en el caso de negociación colectiva bajo la titularidad del sindicato).

3)     Existe bi-titularidad: sindicatos y Grupos Negociadores están facultados para negociar con el empleador, lo que es un desincentivo a la acción sindical.

4)     Los beneficios obtenidos por el sindicato se pueden extender a los trabajadores no sindicalizados si se les cobra el 75% de la cuota sindical, lo cual es otro desincentivo a la acción colectiva y a la organización de los trabajadores.

5)     Se negocia a nivel de empresa, que es el nivel más fragmentado posible. Las reformas laborales de comienzos de los años 90 introdujeron la posibilidad de la negociación supra-empresarial sólo a voluntad del empleador (característica que la hace ser norma muy débil y de escasa recurrencia).

6)     Dentro de los que negocian, hay dos sistemas: con derecho a huelga y sin derecho a huelga (un “mendigar colectivo” dirían los tribunales federales alemanes). En 2011, un 31,4% de los trabajadores involucrados en negociaciones colectivas, utilizaban el modelo sin derecho a huelga. En 1990, era un 13,7%.

7)     En el caso de los que utilizan el sistema con derecho a huelga, existe un mecanismo que está orientado a permitir que las empresas eviten detener su operación. En efecto, cumpliendo con ciertas prerrogativas básicas, pueden reemplazar trabajadores desde el primer día de huelga, debiendo cancelar un monto en dinero por trabajador reemplazado al sindicato. En síntesis, el reemplazo se permite.

8)     Se prohíbe que el contenido de la negociación esté relacionado con la “facultad de administrar la empresa”, para impedir co-gestionar el negocio.

9)     Es un sistema cerrado: los beneficios de la negociación son solo para los trabajadores suscritos en la nómina que negocia y no corre para las personas que se van integrando al sindicato con posterioridad.

En consecuencia, hoy se dispone de la peor clase de negociación colectiva y ahí, con certeza, existen relaciones causales con la desigual distribución de los ingresos. De hecho, un reciente estudio de Susan Hayter, especialista de la OIT, lo expone con claridad.

(En Chile hay) una formalidad laboral de poca monta, que hace que tener contrato no entregue mínimas garantías de estabilidad económica. Los salarios se ubican en un nivel bajo: el 50% obtiene ingresos menores a $250.000 (según CASEN). Así, la realidad que vive cualquier trabajador promedio resulta poco compatible con las altisonantes cifras de crecimiento agregado o de formalización de empleos

Cuestiones como ésta configuran un puzzle de formalidad precaria. Es decir, una formalidad laboral de poca monta, que hace que tener contrato no entregue mínimas garantías de estabilidad económica. Los salarios en Chile se ubican en un nivel bajo: el 50% obtiene ingresos menores a $250.000 (cifra oficial según CASEN). Así, la realidad que vive cualquier trabajador promedio resulta poco compatible con las altisonantes cifras de crecimiento agregado o de formalización de empleos con las que se sacan cuentas alegres.

La desigualdad ha aumentado a tal magnitud en los últimos 20 años (en un 100% si medimos la brecha entre las personas que integran el 5% más rico y el 5% más pobre, datos CASEN) que siendo casi imposible frenar su visibilización, ahora se empieza a abordar en la escena pública con algunas promesas de cambios institucionales. Pero revertir la desigualdad, necesariamente requiere preocuparse por el conflicto capital-trabajo. Ese conflicto que se evita y que no se toca con tal de no afectar la captura empresarial del valor del trabajo. De no cambiar el Plan Laboral, seguiremos adecuándonos a una creciente precariedad, hoy formal e institucionalizada, una precariedad a la “altura de la evolución”.

 

Superintendencia ordena a Chilquinta restituir dineros mal cobrados a clientes industriales

Hasta 2011, Agrícola El Canelillo pagó regularmente y sin cuestionamientos las cuentas de electricidad por los suministros en un campo de 350 hectáreas que produce paltas y cítricos de exportación, cerca de Quillota. Pero fue en ese año que su gerente general Luis Macchiavello se llevó una sorpresa. Durante una consultoría para lograr mayor eficiencia energética, al revisar los gastos en electricidad, que representan el 13% de sus costos, descubrió que al menos durante los últimos cinco años le habían cobrado casi $500 mil pesos de más en la facturación. La responsable: Chilquinta, empresa distribuidora para la Quinta Región.

La suma no es significativa para el volumen de costos que maneja esta empresa, sin embargo, decidieron formalizar un reclamo por los cobros extras:

-Consideramos que no corresponde que nos hagan cobros fuera de lo que establece la reglamentación vigente, aunque se trate de montos pequeños. En todo caso, no me extrañó demasiado porque ya hemos tenido antes muchos problemas y lamentablemente, no tenemos alternativa porque Chilquinta es la única empresa distribuidora para nuestra región -dice Luis Macchiavello,

Agrícola El Canelillo se convirtió en la punta de lanza para una pelea de mayor envergadura, que hoy tiene a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) investigando a todas las distribuidoras de electricidad del país. Lo que se busca determinar es qué sistema de cálculo utilizan para aplicar los distintos tipos de tarifa eléctrica que fija la ley, en la facturación para clientes industriales, los que suman más de 92 mil a lo largo del país (ver circular de la SEC). El superintendente Luis Ávila advierte que esos mecanismos de cobro “no pueden vulnerar el derecho de los usuarios de tener una factura que represente lo efectivamente consumido”.

Lo que parecía un caso aislado, detectado por la empresa consultora Dóminet, se convirtió en el primer hallazgo de una serie de cobros indebidos que afectó no sólo a los clientes industriales de Chilquinta, sino también a quienes contrataron servicios con las empresas distribuidoras eléctricas del norte del país, del grupo CGE.

Christian Simpson y Gonzalo Barros, fundadores de la empresa consultora, implementaron el software Cuenta OK, una herramienta de contabilidad energética que permite desagregar los gastos y ahorros en electricidad de una industria.

-Sin que estuviera dentro de nuestros plantes, Cuenta OK se transformó en una herramienta de fiscalización que nos permitió detectar errores no sólo en ésta sino en otras cuentas. En el caso de Agrícola El Canelillo, durante seis meses en el año les cobraron 0,5 kW mensuales adicionales, los que en la práctica ellos nunca consumieron –indica Christian Simpson.

Chilquinta es la cuarta mayor distribuidora de electricidad en Chile, para clientes industriales. De propiedad del holding estadounidense Sempra Energy, junto a sus filiales Energía de Casablanca, Compañía Eléctrica del Litoral, Luz Linares y Luz Parral, abastecen a más de 500 mil clientes en las regiones de Valparaíso, Maule y Concepción, entre residenciales e industriales.

LA PRÁCTICA DEL “REDONDEO”

Las cuentas de los 5,5 millones de clientes residenciales no se ven afectadas por este problema, porque el sistema de cálculo es simple y directo: se cobra según lo que indica el medidor particular. En cambio, los clientes industriales –que corresponden a quienes consumen más de 2.000 kilowatts (kW)- se rigen por cobros diferenciados. Además de la energía mensual consumida, deben pagar un peaje de distribución por el transporte de electricidad que realiza Chilquinta u otra de las 31 compañías existentes en Chile. Y ese monto varía. Las industrias pueden elegir entre 10 tarifas la que más les convenga, según sus requerimientos de energía. Las irregularidades que denuncia Dóminet se producen en cuatro de ellas: las tarifas de baja tensión (BT) 3 y 4.3, y las de alta tensión (AT) 3 y 4.3. Los tres suministros de Agrícola Canelillo emplean la tarifa de peaje de distribución 4.3.

Dentro de ese rango tarifario, cada empresa distribuidora tiene sus propias fórmulas para calcular los cobros. En este caso, Chilquinta utilizó el método del “redondeo”, es decir, cuando el consumo de kilowatts arrojaba decimales, se aproximaba el cobro al entero siguiente, facturando 0,5 KW de más que se fueron acumulando en el tiempo.

La base de ese cobro para el llamado peaje de distribución es la demanda máxima de potencia en horas punta, o la potencia máxima de electricidad que una industria empleó entre las 18:00 hrs. y 23:00 hrs. de los meses de abril a septiembre. Por ejemplo, la mayor potencia diaria en horas de punta que usó Agrícola El Canelillo en abril de 2011, fue de 14 kW, que es lo que ese mes finalmente pagó como peaje de distribución a Chilquinta. El problema se produce entre octubre y marzo, los meses estipulados por la Comisión Nacional de Energía como “fuera de punta”. Para calcular el valor de este peaje se promedian las dos mayores demandas registradas entre abril y septiembre del año anterior.

Por ejemplo, si en un año esas demandas máximas fueron 100 y 102 kW, la empresa pagará 101 kW, adicionales a la energía consumida ese mes.

Los cobros no arrojaron problemas mientras el resultado dio un número entero. El problema se produjo cuando ese promedio arrojó un número decimal como resultado. Si en el ejemplo anterior las dos mayores potencias fuesen 100 y 101, la mayoría de las distribuidoras de electricidad del país cobrarían al consumidor el promedio exacto: 100,5 kW. En cambio, Chilquinta redondeó el decimal y facturó 101 kW. Esto quiere decir que mensualmente cobraron 0,5 kW adicionales que el cliente nunca consumió. Por este concepto, Agrícola El Canelillo pagó $444.465 extras en las facturaciones entre 2007 y 2011.

“NADIE NOS PUEDE OBLIGAR A REFACTURAR LOS COBROS”

El 16 de agosto de 2011, Christian Simpson y Gonzalo Barros presentaron en nombre de Agrícola El Canelillo el primer reclamo frente a Chilquinta por “redondeos” en los cobros de la demanda máxima de potencia de clientes industriales, solicitando una restitución de los $444.465 pesos cobrados erróneamente.

Un mes más tarde, el 5 de septiembre, recibieron una carta de Viviana Urtubia Urbina, jefa de Calidad de Servicio y Gestión de Presentaciones de Chilquinta Energía, quien explicaba: “Históricamente se ha trabajado con números enteros (…) Es del caso señalar que la SEC, en uso de su potestad normativa, no ha hecho referencia a cambios en la modalidad de aproximación. Además, actualmente no existen mecanismos legales que obliguen a la empresa a hacer una refacturación histórica por los montos cobrados”.

La negativa de Chilquinta a compensar $444.465 cobrados erróneamente a Agrícola El Canelillo, motivaron a Christian Simpson y Gonzalo Barros a llevar su denuncia a la máxima autoridad de electricidad en Chile: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Un año después, el 12 de noviembre de 2012, el director regional del organismo, Marcelo Abril Labra, envió la ordenanza 1930 a Chilquinta Energía, instruyendo la refacturación sin aproximación de decimales de los consumos de Agrícola El Canelillo y, en caso de detectar errores, la restitución de las sumas cobradas irregularmente por el “redondeo”.

El dictamen tuvo como base un memorando del jefe de la División Jurídica de la SEC, Sergio Corvalán Valenzuela, quien el 30 de octubre de ese año estableció que Chilquinta “ha utilizado una forma de cálculo del valor del consumo que pudiera, en principio, no cumplir los estándares de correcta medición y facturación del servicio que impone la normativa vigente”.

En opinión de Chilquinta, ninguna ley u ordenanza prohíbe el redondeo de los cobros de demanda máxima de potencia. Por eso, la compañía interpuso un recurso de reposición ante la SEC. El subgerente de Operaciones Comerciales de Chilquinta, Gabriel Navarro Bello, justificó en su reclamación que el cálculo en base a promedios “trae como consecuencia lógica del proceso matemático de cálculo la aplicación de la regla de aproximación al entero más próximo, pudiendo ser, por ende, el entero superior o el entero inferior, teniendo como referencia el decimal 0,5”.

-Es matemáticamente imposible que haya compensación para el cliente. Jamás el cálculo arrojará un decimal que se redondee hacia abajo, porque los promedios de demandas máximas siempre se calculan con números enteros. Si un mes el promedio da 100,5 lo suben a 101, aclara Christian Simpson.

Es cierto que la normativa no prohíbe explícitamente la aproximación de decimales en los cobros de energía, sin embargo, hay indicios en los artículos 221° y 222° del Decreto Supremo 327 de 1997, que fijó el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Allí se establece que los concesionarios de distribución de electricidad son los responsables de la calidad del servicio, entre los que se incluye la correcta medición y facturación de los servicios prestados. El superintendente de la SEC, Luis Avila, acota: “Corresponde que el precio que un usuario debe pagar esté directamente relacionado con lo que efectivamente haya consumido, ni un peso más ni un peso de menos, y por lo mismo, las empresas distribuidoras deben asegurarse de realizar correctamente sus procesos de medición y facturación”.

El recurso de Chilquinta no fue acogido. El 1 de abril de 2013, la SEC regional de Valparaíso confirmó el dictamen anterior, de diciembre 2012, que obliga a Chilquinta a refacturar los cobros a Agrícola El Canelillo, saldando luego los montos a favor de la empresa, si los hubiere. (ver documento SEC V Región). Chilquinta respondió oficialmente que no se pronunciará sobre el tema, porque “lo resuelto por la SEC no se encuentra ejecutoriado, existiendo recursos judiciales pendientes que la empresa ejercerá”. Mientras, el gerente general de la Agrícola El Canelillo, Luis Macchiavello, dijo que “hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Chilquinta, esperamos que se cumpla el dictamen de la SEC”.

A pesar de que Chilquinta ha defendido sostenidamente su sistema de redondeo, resulta llamativo que haya resuelto modificar el sistema de cobros a partir de diciembre de 2012, con posterioridad al reclamo de Dóminet. La jefa de Calidad de Servicio y Gestión de Chilquinta, Viviana Urtubia, adelantó el cambio de sistema, en una carta que envió a Dóminet el 5 de septiembre de 2011:

“Chilquinta Energía S.A. está en un proceso de innovación en el cálculo de las demandas leídas y facturadas, con el objeto de aplicar un redondeo a un decimal (…) Estamos en un proceso de mejora continua, haciendo las gestiones y cambios que permitan dar mayor agilidad y transparencia a todos nuestros procesos”.

Christian Simpson aporta otro antecedente. Chilquinta eliminó de su sitio web los detalles de facturación de años anteriores. Hoy los clientes sólo pueden acceder a los cobros de 2012, el año en que dejaron de aproximarse los decimales:

-Es raro. Cuando en 2012 Chilquinta deja de “redondear”, dicen que son innovadores, pero la mayoría de las eléctricas había implementado el uso de decimales hace años. A tal punto llega su defensa, que ahora borraron todas las estadísticas de los clientes anteriores al uso de decimales, pero ellos insisten en que “redondear” es correcto.

DEVOLUCIÓN EN ELÉCTRICAS DEL NORTE

Chilquinta no fue la única distribuidora que realizó cobros adicionales a clientes industriales. A partir de ese caso, Christian Simpson y Gonzalo Barros analizaron en detalle la facturación de todos sus clientes de norte a sur, entre los que se incluyen Banco de Chile y Scotiabank. “Así descubrimos que varias filiales del norte del grupo CGE cometían el mismo error de aproximación de decimales, con consecuencias nefastas para sus clientes” explica Christian Simpson, de Dóminet.

Estas son las distribuidoras Emelari, Eliqsa y Elecda, que suman 4.618 clientes industriales. Las tres empresas forman parte del holding CGE, que suma diez distribuidoras y que abastecen un 40% de las necesidades energéticas del país. A modo de ejemplo, tras analizar los consumos de la sucursal Arica de Scotiabank, comprobaron que entre diciembre de 2007 y noviembre de 2012, Emelari cobró a Scotiabank 28,5 kW adicionales por “redondeo” de demandas máximas en la tarifa BT 4.3.

Los gerentes de Dóminet de inmediato se contactaron con Emelari. Con escasas expectativas, dada la negativa anterior de Chilquinta a refacturar los cobros de sus clientes, creyeron que nuevamente sería necesaria la mediación de la SEC. Pero no fue así. Tras reunirse con Israel Luna, supervisor comercial de la distribuidora eléctrica, el 31 de diciembre Dóminet recibió una carta informando la eliminación del redondeo de decimales y la devolución inmediata de los 28,5 kW cobrados erróneamente a Scotiabank.

-Nos hicieron una exposición detallada y concluyeron que efectivamente el problema era de ellos, que lo corregirían y devolverían la plata porque era lo justo. Si CGE admitió el error y tuvo una excelente disposición para compensar a los afectados, ¿por qué Chilquinta sigue argumentando que “redondear” es correcto? –explica el gerente comercial de Dóminet.

LOS OTROS AFECTADOS POR CHILQUINTA

La Agrícola Quintil, de Quillota, es otra de las empresas afectadas por los cobros extra de Chilquinta. Cansados de pagar cuantiosas sumas a Chilquinta, en 2012 contrataron a Dóminet para reducir sus costos de electricidad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la mitad del año pagaba 0,5 kW adicionales por causa del “redondeo”:

-Al principio sólo queríamos reducir los costos de electricidad, pero cuando Dóminet revisó nuestras facturas descubrimos que Chilquinta nos cobraba mal la demanda máxima. No teníamos cómo saberlo, porque en la factura sólo aparece el total a pagar–explica Maricel Araya, gerente de Administración y Finanzas de Agrícola Quintil.

Christian Simpson admite que las facturas no permiten detectar la aproximación de decimales, principalmente porque las boletas no detallan cómo se calcula el promedio de la demanda máxima. Sin un software -como CuentaOK- que permita desglosar las facturas, comprobar el “redondeo” es prácticamente imposible. Por eso en Dóminet aseguran que hoy miles de clientes industriales de Chilquinta desconocen que durante años también pagaron demás.

A pesar de que Chilquinta sigue negándose a devolver los montos facturados erróneamente, el 15 de enero de 2013 Dóminet realizó un segundo reclamo, por las facturaciones de otros 55 suministros a los bancos de Chile y Scotiabank en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, San Antonio, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Concón. Todos utilizan las tarifas 3 y 4.3 y, de acuerdo a los cálculos de Dóminet, en cinco años pagaron $13.750.000 extras a causa del “redondeo”.

Agrícola Quintil es una empresa mediana que a causa del “redondeo” de Chilquinta vio perjudicada su estructura de costos y aún no es compensada:

-No tenemos cómo saber lo que Chilquinta nos promedia porque jamás nos han informado cómo calculan los cobros. Y en la práctica, los únicos perjudicados somos los clientes. Lo que anualmente pagamos de electricidad es el 10% del total de nuestros costos y con el redondeo más encima nos cobran más dinero del que corresponde. Es un abuso -enfatiza Maricel Araya, gerente de Administración y Finanzas de Agrícola Quintil.

La pregunta es por qué la Superintendencia no pudo detectar antes este sistema de cobro, que hoy considera indebido. “La SEC posee diferentes herramientas para realizar su labor fiscalizadora –explica el superintendente Luis Ávila-. Se solicita información a las empresas respecto de sus procesos, se reciben denuncias y reclamos que derivan en investigaciones administrativas y se realizan análisis de datos e información disponible, privilegiando aquellos mercados masivos y expuestos a mayores riesgos. En este caso, se inició la investigación correspondiente al caso puntual, y adicionalmente, se instruyo una investigación a nivel nacional, la que está en desarrollo”.

La investigación de la SEC está muy avanzada. Ya informaron las 31 distribuidoras eléctricas sobre las fórmulas que utilizan para los cálculos en el consumo industrial. En la Superintendencia adelantaron que si detectan cobros con sistema de “redondeo”, como en el caso de Chilquinta y CGE, seguramente aplicarán la misma medida: refacturar y restituir cobros indebidos.

 

Universidades privadas con más recursos son las más beneficiadas con la Ley de Donaciones

Entre 2001 y 2011, las universidades chilenas recibieron $191 mil millones de pesos gracias a la Ley de Donaciones. Estos dineros no fueron equitativamente repartidos entre las casi 60 instituciones que existen en el país. Más de $88 mil millones (el 46 % del total), se concentraron en sólo dos planteles: la Universidad de Los Andes ($45 mil millones) y la Pontificia Universidad Católica de Chile ($43 mil millones): ambas instituciones privadas, católicas y enfocadas a la formación de jóvenes de altos ingresos. Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED), en 2012 el 85% de los alumnos de primer año de la U. de los Andes provino de colegios particulares pagados. En el caso de la PUC, los egresados de establecimientos particulares pagados representaron el 66,5 % del total de alumnos provenientes de la Enseñanza Media.

El 46 % del total de las donaciones entre 2001 y 2011 se concentraron en sólo dos planteles: la Universidad de Los Andes ($45 mil millones) y la Pontificia Universidad Católica de Chile ($43 mil millones): ambas instituciones privadas, católicas y enfocadas a la formación de jóvenes de altos ingresos

En las lista de las 10 instituciones que más donaciones recibieron entre 2001 y 2011, están también, pero bastante más atrás, las universidades de Chile (con $26,3 mil millones), Alberto Hurtado ($9 mil millones), Del Desarrollo ($7,3 mil millones), Técnica Federico Santa María ($6 mil millones), Adolfo Ibáñez ($5,8 mil millones), Austral ($4,4 mil millones), Andrés Bello ($4 mil millones) y Finis Terrae ($4 mil millones).

La sobre representación que tienen universidades dirigidas a educar a los jóvenes de más altos ingresos muestra que la Ley de Donaciones ha tenido la consecuencia de incrementar la desigualdad en la Educación Superior. Un aspecto preocupante de esta consecuencia es que el propio Fisco ha contribuido a financiar parte de los miles de millones que han beneficiado a estas instituciones privadas.

Para entender por qué el Fisco termina financiando a las instituciones que el donante decide,  hay que decir que sin el beneficio tributario a las donaciones, una empresa que desea regalar $200 millones a una institución universitaria, debería pagar, además, un 35% de ese dinero en impuestos, pues el Fisco consideraría la donación como un gasto no necesario para producir la renta. En la práctica, el Fisco lo vería como un retiro de utilidades. Por lo tanto, si el grupo Penta (que es uno de los cinco mayores donantes del periodo 2007-2011) quisiera regalar $200 millones a la Universidad Del Desarrollo (que es controlada por el mismo grupo Penta), eso le costaría a la empresa $270 millones ($200 millones  por la donación y $70 millones por el impuesto). En esas circunstancias, por muy noble que parezca una causa, hay un gran desincentivo para donar.

Para revertir esta situación se estableció un régimen de donaciones (art. 69 de la Ley 18.681, promulgada en 1987 durante el régimen militar y modificada en 2008), que tenía como objetivo central obtener recursos para fines educacionales otorgando al donante beneficios tributarios. Se esperaba que estos fondos produjeran mejoras en la infraestructura e investigación de universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado, aliviando la carga del Estado con financiamiento privado.

Según explica el abogado Francisco Saffie, profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y director académico del Magíster en Derecho Tributario de la misma universidad, desde entonces, una empresa que dona $200 millones para  fines educacionales, puede usar $100 millones como un crédito contra el impuesto que debería pagar: “Esto quiere decir que llegado el momento, si tuviese que pagar $100 millones en impuestos de primera categoría, ya no tendrá que hacerlo porque el Fisco entiende que se usaron en la donación. Además, la empresa podrá usar parte de lo donado (en este ejemplo, parte de los otros $100 millones) como ‘gasto aceptado’. Es decir, como un gasto necesario para producir la renta, lo que tiene el efecto de disminuir la base sobre la cual se calcula el impuesto (de primera categoría) que debería pagar”.

Saffie precisa que “si la empresa del ejemplo tenía utilidades por $1.000 millones, gracias a ese gasto aceptado, su base imponible se reduce a $980 millones, y su impuesto a pagar será de $196 millones. De ellos ahora puede ocupar $100 millones como crédito. En definitiva sólo paga $96 millones en impuestos (sin olvidar que gastó otros $100 millones en la donación)”.

Esto quiere decir que cuando una empresa desembolsa $200 millones, por una parte recibe una ayuda del Fisco pues disminuye su base imponible en $20 millones. Por otra parte, y esto es lo más complejo, hay $100 millones –que sin la Ley de Donaciones habrían ido a parar al Fisco- que el privado destina a financiar el proyecto educacional  que estime conveniente, sin que el Fisco tenga nada que decir.

Dicho de otro modo, la ley ha servido como un instrumento que le entrega a los privados la facultad de decidir a quién beneficia, a quién le da el dinero. Y como una parte de estos dineros provienen de una reducción de impuestos, al final de la cadena, el Fisco contribuye económicamente al mismo fin que el privado determina.

El análisis de las cifras de las donaciones entre 2001 y 2011, obtenidos a partir de un requerimiento del diputado Mario Venegas a la División de Educación Superior (DIVESUP), muestran que, en la práctica, los privados han estado decidiendo ayudar no a las instituciones más deficitarias sino a las más sólidas y el Fisco los ha apoyado en esa tarea. Según datos del Ministerio de Hacienda, mientras las universidades han recibido en 11 años $191 mil millones por donaciones de fondos privados, el Estado ha dejado de percibir cerca de $4 mil millones anuales, al menos desde 2007, cuando la Ley de Donaciones flexibilizó los requisitos para obtener exención tributaria. Desde 2007, por la vía de la Ley de Donaciones, las universidades recaudaron $94.840 millones.

No terminan ahí los reparos al actual sistema de donaciones.  Pues si bien el instrumento legal no fue diseñado para que entes privados lucraran, el mal uso ha hecho que algunos privados, utilizando los beneficios de esta ley, financien actividades que van en su propio interés con dineros que debieron estar destinados exclusivamente a fines educacionales.

CIPER comprobó que en los últimos 11 años al menos ocho universidades han recibido un total de 104 donaciones (por un monto de $ 5.646.307.999) de parte de empresas relacionadas con su propiedad. Se trata de las universidades Del Desarrollo, Viña del Mar, Pedro de Valdivia, UCINF, SEK, Miguel de Cervantes, Autónoma y Mayor (VER CUADRO).

La ley ha servido como un instrumento que le entrega a los privados la facultad de decidir a quién beneficia, a quién le da el dinero. Y como una parte de estos dineros provienen de una reducción de impuestos, al final de la cadena, el Fisco contribuye económicamente al mismo fin que el privado determina

En estas operaciones no solo habría beneficios tributarios involucrados. En las investigaciones judiciales iniciadas luego de que estallara el escándalo de la compra y venta de acreditaciones de universidades e institutos de Educación Superior, han surgido serias sospechas de que, por la vía de la venta de inmuebles -construidos con platas de donaciones de empresas relacionadas-, algunas instituciones habrían transgredido la prohibición de lucrar estipulada en la ley.

Esta podría ser la situación de la Universidad de Viña del Mar, la que recibió entre 2002 y 2009 $2.161.058.480 millones en donaciones de dos de sus empresas relacionadas (Banco del Desarrollo, $1.021.058.480 e Inversiones Norte Sur S.A. $1.040.000.000) para infraestructura (VER CUADRO DE DONACIONES EMPRESAS RELACIONADAS). Cuando en 2009 esa universidad fue vendida al Grupo Laureate, esa infraestructura nueva, cuya construcción se hizo con beneficios tributarios, contribuyó a aumentar el precio de venta y aumentó las ganancias de los vendedores, el Grupo Caruz.

El mecanismo irregular ya había sido detectado por las autoridades de educación hace más de una década. Pilar Armanet, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, lo describía en 2003 como una estrategia de las inmobiliarias ligadas a las universidades para construir bajando los costos a la mitad:

-Básicamente, lo que hacen es construir infraestructura de forma que las inmobiliarias ponen la mitad de la plata y la otra mitad la pone el Fisco. Es una figura enteramente legítima. Se hace en todas partes, no para evadir impuestos, sino para eludirlos –explicaba Armanet.

Cuando Armanet hizo esa declaración, de los casi $60 mil millones recibidos por las universidades entre 2001 y 2003,  $23.200 se destinaron a la construcción o readecuación de infraestructura, es decir, el 38,7%. Mucho más que el monto destinado a becas ($13.861 millones), investigación académica ($8.000 millones), extensión ($2.742 millones) y adquisición de libros y bibliografía (sólo $585 millones, menos del 3% de lo destinado a infraestructura). (Ver gráfico con la evolución del tipo de donaciones de los últimos 11 años)

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Una situación  que calza con la descripción hecha por Pilar Armanet es la de la Universidad del Desarrollo (UDD), entidad donde el 72% de los  alumnos de primer año proviene de colegios particulares pagados.

Durante los últimos cinco años esa institución recibió enormes recursos de parte del Grupo Penta, controlador de la UDD. Estas donaciones se canalizaron a través de algunas de las 12 empresas del Grupo, como Penta Vida Compañía de Seguros ($868 millones), AFP CUPRUM ($830 millones), Isapre Vida Tres ($467 millones), Grupo Security ($370 millones) y Compañía de Seguros Generales Penta Security ($330 millones); totalizando $3.500 millones en traspasos.(El detalle de todas las empresas puede revisarse en la tabla que CIPER elaboró con las empresas relacionadas que han donado a universidades en los últimos 11 años).

Los accionistas mayoritarios de Penta son Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Ambos, además, son miembros del consejo directivo de la UDD. En 2011, CIPER consultó al gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, acerca de los aportes hechos por el holding a la UDD. Este negó tajantemente que los accionistas de Penta que forman parte de la UDD se hayan donado a sí mismos:

-Todo se ha invertido en la universidad para que crezca. Y se ha invertido en cosas específicas de la universidad, como becas para los estudiantes, edificios, un laboratorio. Ha ido todo transformándose en un bolo que crece y cada vez demanda más. Y bueno, los directorios de nuestras empresas en muchos casos son mixtos y les ha parecido bien, han aprobado las donaciones a la UDD dado los resultados que ha tenido y la buena causa. Acá no ha habido un fin de beneficiarse en términos económicos. No hay ninguna información o antecedente en ese sentido –expresó. (Vea reportaje)

Una donación detectada por CIPER muestra una realidad distinta a la expresada por Tocornal. Se trata de $90 millones entregados en 2008 por AFP Cuprum a la UDD para la construcción del edificio de postgrado de la universidad, que se ubica al interior de su Campus San Carlos de Apoquindo (Av. La Plaza 686). Ese campus fue vendido el 4 de mayo de 2009 -según consta en la inscripción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) del 8 de junio de 2009- por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. a la Inmobiliaria Ainavillo S.A., sin registrarse nuevos cambios en la propiedad desde entonces.

Ainavillo es la inmobiliaria que desde la creación de la UDD le ha arrendado los inmuebles. Según confirmó Manuel Antonio Tocornal a CIPER, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín poseen “un porcentaje minoritario en la Inmobiliaria Ainavillo”.

Se tiene así una operación que resulta muy beneficiosa. Cuprum –sin que sus afiliados pudiesen opinar sobre esa donación- donó $90 millones y recibió beneficios tributarios. Por otra parte, la UDD construyó su edificio con dinero de Cuprum y con aporte fiscal. Luego, el edificio se lo vendieron a una inmobiliaria que le cobró arriendo a la UDD por el uso de esa infraestructura.

La figura es exacta con lo que Armanet describía en 2003: empresas que aportan a las universidades para construir a mitad del costo gracias a la deducción de impuestos.

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

Un caso más claro es la operación que detectó CIPER en la Universidad Pedro de Valdivia. En esa casa de estudios -donde se ha visto desde documentadas acusaciones de coimas para conseguir la acreditación institucional ante la CNA, hasta la inédita prisión preventiva de su rector y dueño Ángel Maulén- CIPER encontró una curiosa donación que parece ser parte del pago que hizo el citado Maulén al anterior dueño de la universidad, y que corona una serie de traspasos irregulares narrados por CIPER en un reportaje anterior.

Según los datos oficiales del CNED, la Universidad Pedro de Valdivia inició sus actividades en 1988. Pero esa fecha es un error más de un sistema que se rige por la formalidad. La verdad es que lo que se inició en 1988 fue la universidad Mariano Egaña, de propiedad de Juan Germán Cerón López, un proyecto que nunca pudo consolidarse y que en 2006 estaba en una crisis terminal. Lo único que tenía la universidad, aparte de deudas y alumnos, era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Este fue uno de los motivos que hizo que Ángel Maulén, que buscaba ser dueño de una universidad, se interesara por la Mariano Egaña. Si Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado al menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.

En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó la entrada de Ángel Maulén a la Corporación.

Una de las zonas nebulosas de este acuerdo lo constituyen las condiciones económicas de este ingreso. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido a Maulén asientos en el directorio de la Corporación –lo que prohíbe la ley- paralelamente al ingreso de Maulén y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa (y varios familiares de ambos), se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.

La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la Universidad Mariano Egaña aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974. El comprador fue el citado Cerón, por  un precio de $378.431.794. Parte de la deuda ($174 millones) se saldó cuando Cerón vendió a la recién creada UPV una marca que el mismo Cerón había creado. El resto de la deuda ($232 millones) debía pagarlo al Banco Santander en 96 cuotas. Sin embargo, el mismo día en que la nueva universidad de Maulén vendió los dos terrenos a Cerón, ambas partes firmaron un contrato de arrendamiento por las dos propiedades por 240 UF mensuales (más de $4 millones). Esto significa que la UPV pagaba por arriendo a Cerón lo suficiente como para que este comprara los dos inmuebles de Eledoro Yáñez.

Pero eso no es todo. En 2006 la UPV recibió desde sus empresas relacionadas $61 millones de pesos. El dinero fue destinado para la readecuación de infraestructura de la sede que Cerón arrendaba a la UPV. Esto quiere decir que si las donaciones efectivamente se utilizaron para la remodelación de ese campus, el beneficiado directo con los aportes fue Cerón y no la universidad.

CONTRAPRESTACIONES

Hay una última estrategia usada para aprovechar al máximo las donaciones y a la cual se trató en un momento de poner freno. Consistía en que una inmobiliaria donara recursos a una universidad para construir un edificio y la universidad, a su vez, contrataba a la misma inmobiliaria para levantar su edificio. Los beneficios para el donante resultan evidentes. La inmobiliaria no solo aumenta sus utilidades gracias a este contrato con la universidad; sino que financia la construcción con dinero que, de no haber existido la donación, correspondían al Fisco. Es decir, el Estado termina financiando gratuitamente inversiones que en el mercado financiero habrían tenido un costo.

Algunos otros excesos que se cometían con los beneficios tributarios para la educación trataron de ser controlados con la entrada en vigencia en 2003 de la Ley 19.885, que normó el uso de todas las donaciones que den a origen a beneficios tributarios, condenando a quienes intenten conseguir contraprestaciones o favores a través de sus aportes y estableciendo como sanción la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Hasta entonces se usaba que el donante pidiera a cambio de la donación, la prestación de algunos servicios como becas de estudio, cursos de capacitación, traspaso de bienes o prestar servicios financiados con la donación, etc. Dicha ley fue propuesta por el ex presidente Ricardo Lagos  y el efecto fue inmediato. De $15 mil millones donados en 2003, se cayó a $10 mil millones al año siguiente.

Sin embargo, la limitación de las contraprestaciones recibió férreas críticas sobre todo desde cierta intelectualidad universitaria que la calificó como un “retroceso para la Educación Superior”. El entonces vicepresidente del Consejo de Rectores, Sergio Lavanchy, en noviembre de 2003 declaró a La Tercera que el endurecimiento de restricciones “va a producir una inhibición (de las empresas), y en la práctica la Ley de Donaciones dejará de operar”.

Las críticas surtieron efecto y la ex presidenta Michelle Bachelet promulgó, el último día de 2008, la Ley 20.316, que buscaba darle un nuevo impulso a estos aportes. En el mensaje presidencial que inició la tramitación de la ley, Bachelet destacaba que las sanciones impuestas en 2003 para quienes efectuasen contraprestaciones “operan como desincentivo a las donaciones”, razón por la cual se decidió disminuir las penas para este ilícito desde el presidio menor en sus grados medio a máximo, al de mínimo a medio. Además, la nueva ley acortó el periodo de prohibición de contraprestaciones, desde el año a los seis meses anteriores a la donación.

En la práctica, la Ley 20.316 fue el catalizador que las universidades buscaban. En 2010, el año siguiente de su entrada en vigencia, se recibieron mil millones de pesos más que en 2009, pasando de $14.742 a $15.823. En los años siguientes la cifra siguió aumentando y en 2011, el último año informado por el Mineduc, los aportes alcanzaron una cifra record: $25.708 millones, el monto más alto de los últimos 11 años. Nuevamente, los proyectos destinados a infraestructura fueron los más beneficiados. Si en 2008, antes de la última modificación a la Ley de Donaciones, se recibieron $9.909 millones para estos proyectos, en 2011 la cifra aumentó a $11.400 millones.

PENSAR COMO EL DONANTE

Si se toman en cuenta sólo los últimos cinco años de donaciones (2007-2011), la concentración que muestran los recursos es aún mayor. De los $94.840 recibidos por las universidades entre 2007 y 2011, el 52% terminó en las arcas de las universidades De los Andes y Católica de Chile.

Entre sus 10 mayores donantes de la Universidad Los Andes figuran Elina Gianoli Gianza ($3.373 millones), Eduardo Fernández León ($3.179 millones) su esposa, Valerie Mc Auliffe ($2.256) y sus hijos Tomás ($2.694) y Eduardo ($1.823) millones, respectivamente

La más beneficiada es nuevamente la U. de los Andes. En esos cinco años este plantel controlado por el Opus Dei obtuvo un total de $26 mil millones, muy arriba de universidades con más años de existencia y un mayor número de alumnos, como la Universidad de Chile, que si bien se ubica en el tercer lugar de este ranking (ver cuadro de universidades con mayores aportes en los últimos cinco años), obtuvo $8.468 millones menos que el plantel del Opus Dei. Una diferencia que aumenta a $18.643.794.873, cuando se comparan los aportes recibidos entre ambas universidades durante los últimos 11 años.

Pero la Universidad de Los Andes destaca no solo por los montos, sino por el tipo de donantes. Mientras la mayoría de los planteles recibe colaboraciones económicas de grandes empresas, como mineras y bancos, en esta casa de estudios las empresas son superadas por los regalos provenientes de personas naturales.

Entre sus 10 mayores donantes entre 2007 y 2011, en primer lugar figura Elina Gianoli Gianza ($3.373 millones), miembro del Grupo Pirola Gianoli, controladores de Molibdenos y Metales S.A. (MOLYMET) y accionistas de ENTEL y Minera Pucobre. La siguió de cerca Eduardo Fernández León ($3.179 millones), también socio de ENTEL, Pucobre, Inmobiliaria FFV y Banmédica. Su esposa, Valerie Mc Auliffe, donó otros $2.256 y sus hijos Tomás y Eduardo, $2.694 y $1.823 millones, respectivamente. Todos ellos son parte de la Asociación de Amigos de la Universidad de Los Andes.

En la lista de los 10 mayores donantes de esta casa de estudios figuran sólo dos empresas: Larraín Vial Servicios Profesionales e Inversiones Teval S.A. sociedad que, a través del fondo de inversiones Halcón, fue propietaria del 15% de la Universidad Santo Tomás, que luego vendió a Juan Hurtado Vicuña y Linzor Capital.

Entre los restantes miembros de la Asociación de Amigos que entregaron grandes sumas a título personal a la Universidad de Los Andes, destacan José Antonio Garcés Silva ($1.889 millones), accionista de Embotelladora Andina; Carmen Izquierdo Menéndez ($1.200 millones), hermana de Matías Izquierdo Menéndez, uno de los fundadores de la universidad y miembro del directorio de su Asociación de Amigos; y Luis Enrique Yarur ($693 millones), presidente y controlador del banco BCI.

Gracias a su asociación de amigos, la universidad saltó desde la pequeña casa cerca del Parque Bustamante que ocupaba en los ’90, a un campus de 52 hectáreas en San Carlos de Apoquindo. Eso explica que de los $26 mil millones recaudados en cinco años por esta casa de estudios, $22 mil se usaran en proyectos de infraestructura (casi el 85% del monto total recibido). La cifra está muy por arriba de los $2.842 destinados a becas o los $366 millones para el mejoramiento de programas académicos y docencia.

La PUC, en tanto, tiene como sus principales donantes a grandes empresas. De los $23.404 millones que obtuvo entre 2007 y 2011, $2.400 fueron aportados por Minera Los Pelambres, la empresa del Grupo Luksic que además controla el 67% del Canal 13, ligado a la casa de estudios. La siguen de cerca Celulosa Arauco y Constitución S.A., de propiedad de Anacleto Angelini, con $2.009 millones; Copec S.A. ($1.799 millones); y el Banco Santander ($1.488). Con $556 millones y en el octavo lugar de mayores donantes de la PUC, se ubica Axxion S.A., el holding  de Sebastián Piñera que en 2010 vendió a la familia Solari tras asumir como Presidente. Todos los aportes de Axxion a la PUC fueron realizados por sus actuales dueños.

Al igual que la U. de los Andes, la PUC destina grandes montos a proyectos de infraestructura: En cinco años, recibió $9.900 millones para financiarlos.  Sin embargo, destinó una cifra similar ($9.500 millones) a la inversión en mejoramiento de programas académicos y docencia. Otros $3.200 los usó para becas y ayudas estudiantiles.

En contraste con estos montos está lo recibido por las universidades públicas. Entre las 20 universidades con más aportes, sólo hay tres estatales: las universidades de Chile, de Santiago y de Antofagasta. De las 16 estatales existentes en Chile, nueve obtuvieron sumas bajo los $100 millones. Las que consiguieron menos aportes fueron la UMCE y  U. Arturo Prat, con $25 y $19 millones, respectivamente. En ambas más del 95% de la matricula viene de colegios municipales y particulares subvencionados, según datos del CNED.

Pero la alta concentración de las donaciones no es el único problema de este sistema. Pues allí donde el dinero llega en mayor cantidad, una parte de la libertad académica se resiente.

Así lo dijo a CIPER el economista de la Universidad de Chile Eugenio Figueroa, cuando intentaba explicar por qué las universidades hacen tan poca investigación sobre cómo realmente funcionan los impuestos, cómo se elude, cómo se evade y quienes lo hacen.

-El gran problema es que las universidades están capturadas. ¿Qué cree usted que me diría una empresa minera si le digo que quiero estudiar las rentas de las mineras? O si me dan recursos, ¿puedo sacar las conclusiones objetivas? No, me acabo como profesional y como economista. Porque me tildan de revolucionario, comunista, lo que sea. Por decir simplemente las verdades más claras y prístinas para cualquier economista. No hay plata para estudiar las cosas que el país necesita que se estudien y uno diga lo que se debe decir. Esta universidad era distinta hace 30 ó 40 años, y ha ido perdiendo esa libertad. Eso le ha pasado a todas las universidades del país, y se lo digo yo que soy un liberal absoluto. Creo absolutamente en el mercado. Estudié en la Universidad de Maryland, que es una universidad absolutamente neoclásica. ¿Qué se necesita?: generar una academia que esté financiada independientemente de los poderes económicos”.

Si el dinero llega a las universidades que piensan en la línea de los donantes, hay un fuerte incentivo para que las otras instituciones tiendan a pensar del mismo modo. ¿Eso es lo que se busca con la Ley de Donaciones?

Para Figueroa, el hecho de que los principales donantes de las universidades de Chile y Católica sean empresas mineras (Escondida, BHP Billiton y Los Pelambres) hace que éstas pierdan su independencia. “En eso no hay vuelta. La pierden directa o indirectamente. Mire donde está la gente de la Concertación, vaya a ver cuántos están en los directorios de las grandes empresas. ¿Dónde están los subsecretarios del gobierno anterior? En BHP Billiton y otras empresas similares. Muchos de ellos están bien evaluados porque se portaron bien y cuando había que hacer ciertas cosas, poner una regulación, por ejemplo, miraban para el lado. Eso es normal, es humano. Es así y va a seguir siendo así mientras seamos seres humanos”.

El argumento de Figueroa se basa en el hecho bastante evidente de que un donante no regalará su dinero a las instituciones que difunden ideas contrarias a las suyas. Desde esa perspectiva, el creciente peso que tienen las donaciones en las finanzas de las universidades comienza a transformarse en un incentivo para que el pensamiento se vuelva homogéneo y se frene la libertad que se espera que tengan estas instituciones. Si el dinero llega a las universidades que piensan en la línea de los donantes, hay un fuerte incentivo para que las otras instituciones tiendan a pensar del mismo modo.

¿Eso es lo que se busca con la Ley de Donaciones? Lamentablemente el tema de la libertad académica y su relación con el financiamiento ni siquiera se ha asomado en el intenso debate que se ha generado en torno a la Educación Superior en los últimos años.

MINERAS Y BANCOS: LOS GRANDES DONANTES

La única universidad estatal que destaca en la lista de las favorecidas por la Ley de Donaciones es la Universidad de Chile, que entre 2007 y 2011 recibió $11.090 millones de Minera Escondida, la cuprífera de capitales australianos que controla BHP Billinton. Esta es la donación individual más alta realizada por una empresa en los últimos cinco años.

Minera Escondida es la que más aportes ha realizado  a la Educación Superior en el mismo periodo (Ver cuadro de mayores donantes en los últimos cinco años). Entre 2007 y 2011 regaló en total $12.748 millones a las universidades, monto similar al que destinó el Fisco en 2010 al Crédito con Aval de Estado para alumnos de primer año ($13.089 millones).

De los 20 mayores donantes entre 2007 y 2011, Minera Escondida es la única que sólo aportó a planteles pertenecientes al CRUCH. Además de los $11.090 millones que en cinco años entregó a la Universidad de Chile, también entregó cuantiosas sumas a las universidades Católica de Chile ($785 millones), Católica del Norte ($736 millones) y de Antofagasta ($125 millones). La Universidad Católica del Norte, como se desprende del detallado informe de donaciones entregado por el Mineduc, recibió $182 millones para proyectos de investigación relacionados mayoritariamente con la minería, una de las principales áreas de estudio del plantel.

La Minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic, también figura entre los principales donantes a universidades. Sus aportes los hace a través del Grupo Antofagasta Minerals. Entre 2007 y 2011, entregó $2.558 millones, ubicándose en el cuarto lugar del ranking de empresas que más aportes realizan a universidades.

El plantel favorito de Pelambres es la PUC, casa de estudio a la que entregó el mayor aporte recibido por esa institución en los últimos cinco años: $2.400 millones, más del 93% del total de donaciones de la minera al sistema universitario. Otros $150 millones fueron distribuidos entre las universidades de Chile, La Serena, Católica del Norte, Adolfo Ibáñez y USACH.

Los bancos también entregan millonarios ingresos a las universidades. Uno es el Santander, de propiedad del empresario español Emilio Botín y que en 2009 se adjudicó la licitación para ser uno de los tres bancos que administró el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante 2010.

Entre 2007 y 2011, el Banco Santander donó en total $6.362 millones, instalándose en el segundo lugar de las empresas que más aportes realizaron a universidades en ese periodo. $1.488 entregó a la Universidad Católica de Chile para el mejoramiento de programas académicos, actividades de extensión, infraestructura y becas. Otros $1.459 llegaron a la Universidad de Chile para los mismos proyectos que en la PUC.

Entre los 20 mayores donantes a universidades de los últimos cinco años, Banco Santander es la empresa que aporta al mayor número de planteles. Además de la PUC y la U. de Chile, otras 48 instituciones de Educación Superior se beneficiaron con sus millonarios aportes.

Otro de los bancos que destaca dentro de los principales donantes es el BCI, de propiedad de la familia Yarur, que entregó $1.063 millones a 16 universidades. La que más recibió fue la PUC, con $279 millones.

En el ranking también resalta Celulosa Arauco y Constitución S.A., de propiedad de Anacleto Angelini, que donó $2.615 millones y ostenta el tercer lugar de mayores donantes entre 2007 y 2011. La UC fue la principal beneficiada, recibiendo $2 mil millones.

Si bien estas empresas entregaron a las universidades cifras no inferiores a los mil millones de pesos, al comparar sus donaciones de los últimos cinco años con las utilidades acumuladas por esas empresas en ese mismo periodo, el porcentaje que donan es ínfimo. Ninguna aporta más del 0,5% de sus utilidades de los últimos cinco años y, en muchos casos, la cifra ni siquiera representa el 0,1% de sus ganancias. Tal es el caso de Minera Los Pelambres, cuyos $2.558 millones donados representan el 0,06% de sus ganancias entre 2007 y 2011.

 

El millonario doble cobro que hizo Salfacorp por daños del terremoto en obras de Talcahuano

La madrugada del 27 de febrero de 2010, luego de que el suelo se sacudiera con una fuerza abrumadora en la Región del Bío Bío, una enorme masa de agua avanzó por la bahía de Talcahuano como si fuera un tren sin frenos. Justo donde tocó tierra, la Constructora Salfa S.A. –empresa que forma parte del grupo Salfacorp– llevaba poco más de medio año construyendo dos ambiciosos proyectos que mejorarían las condiciones viales de esa ciudad. Uno de ellos era la interconexión entre el sector Tumbes con el centro de Talcahuano. El otro, la habilitación del primer tramo de un nuevo corredor para el transporte público. Entre los dos, sumaban una inversión pública que superaba los $13.900 millones. Al igual que gran parte de la zona, las dos obras quedaron cubiertas esa mañana bajo un manto de agua, tierra, rocas, escombros y embarcaciones que horas antes flotaban en el mar y que después de las olas, terminaron apiladas unas sobre otras encima de la calzada.

De eso, se acaban de cumplir tres años. A pesar de que un lanchón terminó estrellado sobre un muro de tierra armada que la empresa levantaba en la calle Gálvez y de la destrucción de los recolectores de aguas lluvias que ya se habían construido, al poco tiempo las obras se reanudaron con nuevos plazos y un presupuesto algo más abultado.

Para cubrir los daños y sacar adelante los proyectos, el Serviu Regional del Bío Bío decidió suscribir dos nuevos convenios con Constructora Salfa para ejecutar aumentos de obras y obras extraordinarias. A través de esos documentos, el servicio no sólo extendía el cronograma de las obras, sino que además comprometía a la empresa el pago de casi $573 millones extra.

-Nuestro deber como Serviu es terminar la obra completa como corresponde. Si un terremoto causó daños que no son responsabilidad del contratista, tenemos que cubrir los montos para poder darle término a la obra –dice Ricardo Troncoso, contralor interno del Serviu VIII Región.

Las bases de las licitaciones que dieron origen a los contratos de esas obras, indican que la constructora no sería responsable de los daños producidos en “caso fortuito o de fuerza mayor”. En ese sentido, el pago adicional por parte del Serviu resulta procedente ante los perjuicios ocasionados por el terremoto y el tsunami en los dos proyectos que estaban en curso en plena zona de catástrofe. El problema es que, para conseguir ese pago, Constructora Salfa omitió información clave que le permitió no sólo no evitar gastos en reparaciones de los daños, sino que además, obtener ganancias.

CIPER conversó con funcionarios del Serviu que aseguran que la orden que recibieron cuando se les encargó evaluar los daños en las obras tras el terremoto, era clara: si el contratista contaba con seguros involucrados, no correspondía pagar. Lo mismo dicen empleados de la constructora consultados para este reportaje. Por eso resulta extraño que, a pesar de que días después del sismo la empresa informó a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que todas sus obras “cuentan con los seguros de todo riesgo de construcción (…) y seguros de activos con especial cobertura de incendio y terremoto”, cuando el Serviu le consultó si contaba con esos seguros la respuesta fue negativa.

Según consta en los informes técnicos de los daños de cada uno de los proyectos (ver informe Nº2 e informe Nº3), eso ocurrió las dos veces que la directora de las obras le preguntó a la empresa por seguros que cubrieran los daños del terremoto. Lo mismo pasó una tercera vez en julio de 2010, cuando a través de un correo electrónico la Constructora Salfa indicó que el único seguro que tenía era el que le exigían los contratos y que sólo cubría daños a terceros.

La información entregada por la empresa fue determinante para que el Serviu cursara los pagos por aumento de obras y obras extraordinarias a fines de 2010. Lo que en esa repartición no sabían era que ambas obras estaban cubiertas por pólizas para todo riesgo por Chilena Consolidada. Tampoco que entre mayo y junio de 2010, esa compañía aseguradora indemnizó a Salfa por los daños causados el 27/F con más de $852 millones.

Por los mismos daños, Constructora Salfa obtuvo una doble indemnización por más de $1.425 millones. Ya sea el Serviu o la aseguradora, alguien pagó de más. Así fue que la empresa constructora más grande del país, que según sus memorias corporativas obtuvo en 2010 y 2011 utilidades por $22.122 millones y $15.933 millones, respectivamente, sacó provecho económico de los daños que sufrieron las dos obras públicas que construía en Talcahuano, luego de pasar por alto lo establecido en el artículo 517 del Código de Comercio: un “seguro es un contrato de mera indemnización, y jamás puede ser la ocasión de una ganancia”.

EL ORIGEN DE LAS OBRAS

El primero de los proyectos que comenzó a ejecutarse fue el denominado “Mejoramiento interconexión sector Tumbes-Centro de Talcahuano” (ver video). El 20 de mayo de 2009, la Constructora Salfa se adjudicó la construcción de las obras luego de presentar la oferta económica más barata entre las 11 empresas que participaron en la licitación: poco más de $5.022 millones. Tres semanas después, el Serviu Regional del Bío Bío suscribió con la constructora el contrato que regiría las relaciones entre ambas instituciones durante los 480 días que duraría la obra. Ese documento, entre otras cosas, señalaba que la empresa debía hacer entrega de una boleta de garantía por el 3% del monto total del contrato (unos $150,7 millones) y además, presentar ante el Serviu una póliza de seguros en UF, también por el 3% del monto del contrato, para responder por daños que pudiera causar a terceros por las obras.

Un día antes de la firma de aquel contrato, el 8 de junio de 2009, la misma constructora ganó otro concurso público organizado por el Serviu para mejorar la calidad vial de Talcahuano. Esta vez, para construir en un plazo de 650 días el primer tramo de un corredor para el transporte público, una vía que se extendería entre la Plaza El Ancla y la calle Hualpén (ver video). Entre las 12 ofertas que llegaron, la de Constructora Salfa nuevamente fue la más económica: $8.898 millones. Aunque las obras eran distintas, el contrato que se firmó el día 30 de ese mes estipulaba las mismas condiciones respecto a la boleta de garantía y la póliza de seguros contra daños a terceros.

Con un presupuesto total de más de $13.900 millones, la empresa del grupo Salfacorp comenzó la ejecución de las obras según los cronogramas acordados con el Serviu.

Para el viernes 26 de febrero de 2010, la ruta que uniría el sector Tumbes con el centro de la ciudad ya mostraba un 22% de avance. Frente a la Gobernación Marítima del Puerto de Talcahuano, la empresa había comenzado la construcción de un muro de tierra armada que proyectaría la calle Gálvez hacia los cerros. También había avanzado en cortes y movimientos de tierra, en la pavimentación de parte de la ruta y en la instalación de soleras al borde de la avenida Los Almirantes. Como el pago por parte del Serviu, según los contratos, sería por estados de avance, ese servicio ya había cancelado el 19,9% del monto total del proyecto, equivalente a unos $999.482.667.

En el caso del corredor para el transporte público, Constructora Salfa ya mostraba un avance en las obras del 9,8%, por lo cual había cobrado casi $842 millones (9,46% del presupuesto del proyecto). Para entonces, ya había desviado el tránsito con señalización provisoria y había puesto en marcha las faenas de ejecución de calzadas, la construcción de colectores de aguas lluvia y la colocación de soleras.

Esa noche, a las 3:34 de la madrugada, la tierra comenzó a moverse. En cosa de segundos vino el remezón de 8,8 grados Richter junto a un sonido que parecía un bramido. Un par de horas después, en medio de las intermitentes réplicas, el mar se salió de la costa para entrar a la ciudad y destruir todo a su paso. Al mismo tiempo que parte de las obras viales que llevaba a cabo la Constructora Salfa quedaban sumergidas y paralizadas, 18 personas perdían la vida en Talcahuano.

PÓLIZAS DE MÁS

El caos que se desencadenó el 27/F hizo imposible que las obras continuaran. Durante los días que siguieron, las fuerzas de todo Talcahuano se centraron en remover los escombros y buscar a los cientos de desaparecidos que figuraban en las primeras nóminas que manejaba el gobierno. La reanudación de las tareas de construcción encomendadas por el Serviu a Salfa no era prioridad.

En todo caso, desde el punto de vista económico, para la empresa tampoco había apuro. El 18 de agosto de 2009, siete meses antes del terremoto, Chilena Consolidada emitió a favor de Constructora Salfa una póliza para todo riesgo de construcción (registrada en la SVS bajo el código POL192140) para proteger el proyecto vial que uniría Tumbes con Talcahuano. Ese seguro, que tenía validez hasta el 30 de abril de 2010, cubría dos ítems: valor de obra y “adicional terremoto”. El monto asegurado para cada uno de esos puntos era de 239.168 UF, que a la fecha que se emitió la póliza equivalía a $5.011.169.912.

La construcción del corredor del transporte público también estaba cubierta. A fines de 2009, la constructora contrató con la misma compañía aseguradora otra póliza para todo riesgo, vigente hasta el 30 de septiembre de 2010. A diferencia del seguro anterior, éste cubre tres ítems: valor de obra (425.490 UF), “RC Construcción + Extensiones” (30.000 UF) y “adicional terremoto” (425.490 UF).

Lo extraño es que Salfa no tenía la necesidad de contratar esos seguros. Si bien el Reglamento para Contratos de Ejecución de Obras del Ministerio de Vivienda no dice nada sobre quién se hará cargo de costear los daños por fuerza mayor que no sean responsabilidad del contratista, y en los contratos que la empresa firmó con el Serviu el único seguro que se exige es para cubrir daños a terceros, las reglas estaban claras desde incluso antes que se licitaran ambos proyectos.

Las bases administrativas que emitió el Serviu a comienzos de 2009 para abrir las dos licitaciones, y que fueron tomadas de razón por la Contraloría Regional del Bío Bío (ver resolución Nº 19 y resolución Nº 31), no sólo contienen el detalle de las obras contempladas en los proyectos, los requisitos para postular a su adjudicación y las condiciones de los contratos. También señalan que el contratista será el responsable del cuidado de las obras y de los daños que pudieran producirse, “salvo caso fortuito o de fuerza mayor”.

Como el terremoto y el tsunami del 27/F caben dentro de esa última categoría, el mandante de las obras tenía la obligación de correr con los gastos de reparación de los perjuicios producidos. Por lo tanto, una vez cubiertos los daños por el Serviu, la aseguradora nunca debió pagarle a Constructora Salfa. O en caso inverso: si Chilena Consolidada liquidaba las pólizas contratadas, el Serviu debió haber considerado los daños como ya pagados y no haber contratado aumento de obras y obras extraordinarias. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro: Salfa cobró ambas indemnizaciones, las que suman más de $1.425 millones.

EL SEGURO NEGADO TRES VECES

Después del terremoto, las obras estuvieron detenidas durante todo marzo de 2010. Recién entonces, de acuerdo a la minuta que el Serviu Regional del Bío Bío hizo llegar a CIPER, ese servicio encargó los informes técnicos para evaluar los daños en las dos obras encomendadas a Constructora Salfa. El primero de esos informes, sobre la condición de las obras entre Tumbes y Talcahuano, fue realizado en abril de ese año y lleva la firma de Verónica Silva, la funcionaria que el Serviu nombró como directora de las obras desde que se adjudicaron los proyectos.

El documento indica que el muro de tierra armada proyectada que la empresa construía en la calle Gálvez fue impactada por un lanchón que lo destruyó parcialmente. También menciona derrumbes del talud del cerro en distintos puntos de la ruta construida y el deterioro de las soleras puestas en avenida Los Almirantes. Como todos los daños señalados en el informe “son ajenos a la responsabilidad del contratista”, Silva recomienda aumentar el plazo para la entrega de la obra en 21 días y la contratación de aumento de obras y de obras extraordinarias por $115.443.276.

Varios funcionarios del Serviu consultados por CIPER, aseguran que antes de realizar ese tipo de informes, la orden verbal que salió desde la División Jurídica del servicio en la VIII Región fue que consultaran con las empresas contratistas sobre la existencia de seguros para todo riesgo de construcción. Que en caso de haberlos, el Serviu no pagaría, ya que los daños se encontrarían cubiertos por seguros particulares.

Ante esa solicitud, funcionarios de Salfa que conversaron con CIPER bajo el compromiso de reserva de su identidad, aseguran que hubo una reunión donde el gerente general de la empresa y vicepresidente ejecutivo de la unidad de Ingeniería y Construcción de Salfacorp, Fernando Zuñiga –quien además posee el 0,8% de las acciones de Salfacorp a través de la sociedad Futuro S.A.–, ordenó negar la existencia de las pólizas contratadas en 2009 con Chilena Consolidada.

Aunque en el primer informe no dice nada sobre la ausencia de seguros, empleados del Serviu y de Salfa coinciden en que sí se le preguntó en esa oportunidad a la constructora y que la respuesta fue negativa: que no existían seguros comprometidos para cubrir los daños del terremoto.

En mayo de ese mismo año, Silva consultó nuevamente a Constructora Salfa si había contratado alguna póliza para todo riesgo; esta vez, para elaborar el informe de los daños ocasionados en el corredor para el transporte público. La respuesta fue nuevamente negativa. A diferencia del documento anterior, este sí especifica la supuesta inexistencia del seguro contratado: “De acuerdo a lo indicado por el contratista, no existen seguros por daños de obras por efecto de terremoto y tsunami”, dice el informe. Esa información resultó clave para que la funcionaria recomendara aplazar la entrega del proyecto terminado en 115 días y contratar un aumento de obras y obras extraordinarias calculadas en $422.187.588.

Antes de que el Serviu aprobara los dos convenios que le entregaban a Constructora Salfa casi $573 millones extra para que repararan los daños provocados por el terremoto, el 12 de julio de 2010 la empresa negó a través de un correo electrónico por tercera vez la existencia de los seguros, a pesar de que ya habían sido cobrados.

LAS CARTAS DE 2012

El 10 de mayo de 2010, el mismo mes que Silva consultó a Constructora Salfa por segunda vez si contaba con seguros para todo riesgo para cubrir los daños en las obras, la empresa recibió la liquidación de la póliza Nº 2343064, correspondiente al proyecto de mejoramiento de la ruta entre el sector Tumbes y el centro de Talcahuano. El documento señala que las pérdidas registradas alcanzan un valor de 9.285,69 UF. Como la póliza contratada “contempla un deducible de 2% del monto asegurado progresivo de las obras, que corresponde a 1.174,79 UF (esto es, 2% del monto asegurado 239.168 UF con un avance de obra de 24,56%)”, la pérdida a indemnizar cierra en 8.110,90 UF, equivalente $170.666.151 a esa fecha.

Casi un mes después, la constructora recibió la liquidación del seguro que cubría los siniestros en el otro proyecto que ejecutaba en Talcahuano. Aunque las condiciones eran las mismas, el documento se diferencia del anterior básicamente en los montos calculados de las pérdidas. Esta vez, el valor final a indemnizar se alzó hasta las 32.289,62 UF, que a esa fecha equivalían a poco más de $682 millones.

Como la constructora no informó al Serviu sobre esos pagos –que suman casi $853 millones–, tras los informes técnicos de los daños y la supuesta inexistencia de seguros, a fines de 2010, mandante y contratista firmaron dos convenios para sellar la contratación de aumentos de obra y obras extraordinarias (ver convenios ad-referendum 4 y ad-referendum 2). El pago de $573 millones extra por parte del Serviu, se fueron realizando mediante estados de pago de acuerdo al avance de las obras entre octubre de 2010 y noviembre de 2011.

Ya con los dineros transferidos, Constructora Salfa continuó las obras hasta terminarlas sin que en el Serviu se supiera que además habían cobrado a Chilena Consolidada una millonaria indemnización por los daños del terremoto. Pero durante el primer semestre de 2012, la información llegó a oídos de funcionarios de esa repartición pública.

Para aclarar la situación, el 7 de mayo de 2012, el jefe del Departamento Técnico del Serviu Regional del Bío Bío, César Faúndez, envió dos cartas a la constructora exigiéndole, “para ejecutar la liquidación contable” de las obras, una declaración jurada ante notario donde indicara que no contaban con seguros para todo riesgo. Los oficios iban destinados al gerente general de Salfa Infraestructura, Emilio Valdatta, el mismo ejecutivo que dirigía la Constructora Kodama cuando en 2011 se hizo público el pago irregular de $17.000 millones a esa empresa por parte del Serviu. Aunque ese pago fue congelado, el casó terminó con la renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y con una investigación judicial que sigue en etapa de investigación.

Como luego de recibir esas dos primeras cartas, Constructora Salfa no respondió, cinco meses después el Serviu reiteró la solicitud por medio de otros dos oficios, esta vez, con la firma de Marcelo López como director subrogante del servicio. Nuevamente no hubo respuesta.

Según fuentes del Serviu consultadas por CIPER, ante la insistencia del servicio, ejecutivos de Constructora Salfa se reunieron con el director del Serviu VIII Región, Sergio Jara. Aunque no pudimos obtener detalles de lo conversado en esa oportunidad, desde entonces que el Serviu desistió de la solicitud. Según explica Ricardo Troncoso, contralor interno del servicio, la decisión se tomó luego de analizar los contratos y llegar a la conclusión de que “no correspondía hacer exigencias adicionales porque no lo contemplaban ni las bases de licitación pública ni el contrato de construcción ni el DS 236”.

Troncoso señala que, de acuerdo a las bases de los contratos, ellos estaban obligados a pagar los daños del terremoto para sacar las obras adelante. Y que por eso, a pesar de que recién el pasado 7 de febrero recibieron copia de las pólizas contratadas por la empresa, no insistieron para obtener la declaración jurada. En todo caso, eso no significa que el doble cobro por parte de Constructora Salfa esté exento de irregularidades.

-Aquí el seguro es el que se ve afectado, ellos pagaron mal. Si el seguro hubiera actuado de manera diligente, hubiera solicitado las bases del contrato y se hubiera percatado de que el Serviu estaba obligado a cancelar los siniestros que no son responsabilidad del contratista. Con ese antecedente, el seguro jamás hubiera pagado porque no había perjuicio para la empresa, no sufrió daños. Ellos (Chilena Consolidada), probablemente, van a perseguir a la constructora para que les retribuya lo que cobraron indebidamente. Si esto se alegara en un tribunal, nosotros no tendríamos nada que ganar, porque estamos obligados a cubrir esos costos. Pero la empresa aseguradora sí podría tener la posibilidad de ganar y recuperar algo. Porque en estos casos, nadie puede lucrar o aprovecharse del daño –asegura Troncoso.

Empresa de la Universidad de Harvard es procesada por tala ilegal de bosque nativo en Chiloé

En diciembre de 2011 un grupo de pequeños propietarios agrícolas se acercó a la oficina de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) en Ancud para compartir una preocupación: una empresa había comprado terrenos colindantes a los suyos y estaba cortando bosque nativo para plantar eucaliptus. Javier Sanzana, uno de los ingenieros forestales de la AIFBN que trabaja en el programa de asistencia técnica a comunidades campesinas, decidió chequear en terreno en los predios ubicados en las localidades de Aguas Buenas, Choroihué y Belben, en la zona central de Ancud. Lo que vio no dejó lugar a dudas: “Estaban los restos de los árboles recién cortados”, recuerda. Sanzana constató también que en algunas zonas se había plantado eucaliptus a menos de un metro de cauces de agua y que los desechos del corte del bosque habían obstruido algunos de ellos.

Tras comparar con fotografías satelitales anteriores del terreno, se sistematizaron los datos y se elaboró un informe de Monitoreo Forestal que se entregó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en abril de 2012. “Se observaron amplios sectores plantados extensamente con eucaliptus, sustituyendo para ello bosque nativo, existiendo además otros sectores de praderas y matorrales arbustivos igualmente plantados sin respetar los sectores de protección de cursos de agua”, se explica en el texto (ver el documento).

Entre junio y noviembre de 2012, funcionarios de la CONAF inspeccionaron varios predios colindantes en la zona de Ancud y cursaron ocho infracciones. Siete de ellas fueron por incumplimiento de reforestación (se plantaron eucaliptus aunque el Plan de Manejo de Bosques aprobado por la CONAF obligaba a poner especies nativas). La octava fue por tala rasa ilegal de bosque nativo. Todos eran propiedad de la misma empresa: Agrícola Brinzal.

Según datos de la CONAF, aportados por Brinzal, ésta es propietaria de 22 predios en Chiloé, ocupando una superficie total de 2.216,7 hectáreas. La información extraída por los ingenieros de la AIFBN desde el Conservador de Bienes Raíces de Ancud -incluida en su ya citado informe de Monitoreo Forestal-, indica que Agrícola Brinzal tendría 24 predios en la zona, adquiridos desde 2010, sumando una superficie aproximada de 2.800 hectáreas.

CIPER solicitó a CONAF, por medio de la Ley de Transparencia, información sobre las infracciones cursadas a Brinzal y a otras empresas del mismo propietario. La Corporación respondió enviando copias de todas las actas de inspección que originaron infracciones (vea los documentos) y un cuadro explicativo que informa la etapa en que se encuentran esos procedimientos, si originaron una causa judicial y si se aplicaron sanciones (vea ese cuadro).

De acuerdo con el cuadro enviado por CONAF, las fiscalizaciones determinaron dos tipos de infracciones: al artículo N° 17 del Decreto Ley N° 701 (1974), por incumplir compromisos de reforestación con especies nativas en una superficie de 73,5 hectáreas, correspondiente a cinco predios colindantes entre sí. La otra infracción es al artículo N° 51 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, por “cortas ilegales de bosque nativo a tala rasa sobre una superficie de 76,84 hectáreas, con el objeto de sustituir dicho bosque nativo por plantación de Eucaliptus”. La información entregada por CONAF señala que estas infracciones dieron origen a dos causas (Rol 101330-3 y Rol 101329) en el Juzgado de Policía Local de Ancud.

Estos antecedentes también figuran en una carta remitida por CONAF a la Cámara de Diputados, fechada el 19 de junio de 2012, en respuesta a un requerimiento formulado por parlamentarios (ver la carta de CONAF a la Cámara).

CONAF propuso una multa para la empresa de $ 425,9 millones por la tala rasa ilegal y de 15 UTM por hectárea por el incumplimiento en la reforestación (equivalente a $ 44,1 millones). El total de las multas propuestas suma poco más de $ 470 millones.

Además, CONAF informó que ha denunciado a Agrícola Brinzal en las localidades de Fresia (Región de Los Lagos) y Lago Ranco (Región de Los Ríos) por incumplimiento de reforestación. La primera causa está en trámite y en la segunda, el tribunal condenó a la empresa a reforestar con ulmo el mismo terreno afectado (1,2 hectáreas). La Corporación también indicó que otra empresa del mismo propietario, Agrícola Duramen Limitada, fue denunciada por “corta no autorizada” en Purranque (Región de Los Lagos), juicio que culminó con una multa de $1,2 millones y la obligación de reforestar la superficie afectada (2 hectáreas).

Lo que nadie sabía, hasta ahora, es que estas empresas -Brinzal y Duramen- son controladas por una de las más prestigiosas universidades a nivel mundial: Harvard.

LA AGRÍCOLA CHILOTA

La sanción que derive del juicio contra Brinzal es clave para CONAF, porque hace más de una década que en Chiloé no se procesaba a una empresa dueña de grandes extensiones de terreno por la tala ilegal de bosque nativo. “A nosotros lo que nos interesa es que se foreste, nos interesa recuperar bosque. Pero lo que también nos interesa es que esto se haga bien y tiene que hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con que se haga una sustitución de bosque nativo, o se plante de mala forma, o no se respeten los planes de manejo que están presentados ante la Corporación”, explica Jorge Aichele, director de CONAF de Los Lagos.

El ingeniero Sanzana asegura que antes de Brinzal no se habían visto talas masivas por parte de empresas en Chiloé: “Antes han sido operadores o consultores más pequeños, pero esta es una empresa grande que compra predios, los planta masivamente y sustituye, en algunos casos, bosque nativo con plantaciones exóticas”. El presidente de la junta de vecinos de la localidad de Belben, Carlos Muñoz Grandón, dice que su comunidad está preocupada porque los eucaliptus se están plantando muy cerca de sus terrenos. “El impacto es grande, es enorme, desde las fumigaciones hasta cuando crezcan los eucaliptus, porque tendremos un tremendo problema con la distribución del agua. Eso va a afectar la producción de animales y leche, que es a lo que la gente aquí se dedica”, asegura Muñoz.

La AIFBN recibió denuncias de que Brinzal ofrecía comprar predios más caros si estaban “limpios de bosque”; es decir, listos para plantar especies más propicias para comercializar madera (como el eucaliptus, que crece más rápido que las especies nativas).  Jorge Aichele no tiene claro si los bosques fueron cortados por trabajadores de Brinzal o si esta empresa adquirió los terrenos ya talados. De todos modos, afirma que la responsabilidad en las infracciones detectadas es de Brinzal, ya que el propietario del terreno debe asegurar que se cumplan en todo momento los planes de manejo comprometidos con CONAF.

De acuerdo al monitoreo que hizo la AIFBN, en la zona de bosque nativo que fue talada había coigüe, canelo, tepú, ulmo y tepa. El director regional de CONAF, Jorge Aichele, descarta la posibilidad de que toda la madera obtenida de la tala del bosque nativo tuviese un valor comercial alto. Pero el daño ambiental sí es importante.

Las causas contra Agrícola Brinzal en Ancud están en manos del abogado de CONAF Francisco Urrutia Ganoa. En ellas, ya se tomaron las declaraciones de las partes y se rindieron las pruebas. CONAF presentó fotografías satelitales y llevó como testigos a sus fiscalizadores y a propietarios de predios de esa zona. La información proporcionada por la corporación indica que la causa por incumplimiento de reforestación ya se encuentra lista “para que el juez dicte sentencia”. Respecto del juicio por tala rasa ilegal, señaló que “el tribunal decretó inspección personal en los predios para la primera semana de marzo de 2013”.

PROPIEDAD DE HARVARD

Los registros del Diario Oficial indican que Agrícola Brinzal está controlada por la sociedad Phemus Corporation. Este es un fondo de inversión de la Universidad de Harvard que es administrado por Harvard Management Company (HMC). Esta última es la entidad encargada de rentabilizar el patrimonio de la universidad y para eso invierte a largo plazo en distintos rubros y lugares del mundo. Según se lee en la página web de HMC, su objetivo es “abrir las puertas de Harvard a alumnos que de otro modo no podrían estudiar aquí, así como ayudar a financiar descubrimientos significativos en la investigación científica”. En 2004 los fondos de Harvard desembarcaron en Chile creando sociedades agrícolas para invertir en el sector forestal.

Al momento de crear Agrícola Brinzal, el representante de Phemus Corporation en Chile era el abogado René Fuchslocher Raddatz, quien fue candidato a concejal en Puerto Montt por la UDI en 2008. En esa ciudad tiene hoy su estudio jurídico “Fuchslocher, Bogdanic & Asociados”. El abogado describe su experiencia profesional reciente como enfocada a “la adquisición de grandes superficies agrícolas, forestales y costeras con interés turístico o acuícola, la aplicación de herramientas legales tendientes a su saneamiento, y la gestión de planes de desarrollo productivo en ellas, todo bajo un prisma tributario”.

Fuchslocher dijo a CIPER que trabajó en la creación de las sociedades de Harvard junto al abogado Roberto Edwards Smith, quien representó a Harvard Private Capital Holdings Inc. Ambos abogados, en representación de los fondos de inversión de Harvard, crearon en diciembre de 2004 la sociedad Inversiones Tres Cumbres Limitada. Un mes más tarde, en enero de 2005, crearon Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A. A través de esas dos sociedades formaron, en febrero de 2005, Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Crecer Limitada y Agrícola Duramen Limitada con un capital de $1 millón cada una (ver registros del Diario Oficial). En noviembre del año pasado Agrícola Duramen absorbió, por fusión, a Agrícola Crecer (ver publicación en el Diario Oficial).

El abogado Fuchslocher aseguró que ya no tenía la representación legal de estas empresas. “Básicamente eran sociedades constituidas afuera (Phemus Corporation y Harvard Private Capital Holdings Inc.), y nos dieron a nosotros el mandato para iniciar actividades (en Chile). Pero, físicamente, hasta donde yo sé, esas no tuvieron ninguna operación comercial, aparte de haberse usado para constituir otras sociedades. La idea original de esto era que estas sociedades compraran predios agrícolas para forestar, pero no sé qué hayan hecho más allá con esto”, explica.

Fuchslocher confirma que las inversiones son de Harvard y agrega que el hombre que lleva los negocios forestales de esa universidad en Chile es Jorge Ross Amunátegui: “Él era el contacto directo que tenía este fondo en Chile, nosotros fuimos el estudio de abogados que nos encargamos de estructurarlos para efectos prácticos, pero nada más. Respecto a la operación, Jorge (Ross Amunategui) siempre se encargó de todo”.

La conexión de Jorge Ross con el rubro de las inversiones forestales data al menos de 1987. En octubre de ese año, Ross Amunátegui figuraba con la representación, administración y uso de razón social, de Inversiones y Comercio Contao Limitada, creada en Chile por la Simpson Timber Company, una compañía de productos forestales de Estados Unidos (ver extracto del Diario Oficial).

En marzo de 1988 la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) creó la sociedad Celulosa del Pacífico S.A. con la norteamericana Simpson Latin America Ltd. En los registros de constitución de esa sociedad no figura Jorge Ross. Sí aparece en agosto de 1989, cuando representó a Simpson Paper Company en la creación de Forestadora Simpson Chile Limitada (ver ese registro). A través de esta última sociedad, Ross Amunátegui participó en negocios con la CMPC.

Efectivamente, en octubre de 1989, Forestadora Simpson Chile Limitada y la CMPC crearon la sociedad Forestal Angol Limitada, con un capital de $1.400 millones. En febrero de 1998 la empresa Simpson vendió a Inversiones CMPC S.A. su participación en la propiedad de Forestal Angol (50% de la sociedad), la que tenía un capital de más de $14.122 millones. En abril de ese año la CMPC transformó  a Forestal Angol en una sociedad anónima cerrada de nombre Papeles Angol S.A. Ross representó a la norteamericana Simpson en sus negocios con la papelera al menos hasta noviembre de 1997, de acuerdo a los extractos publicados en el Diario Oficial (ver documentos).

De acuerdo a los registros del Diario Oficial, en 2005 Jorge Ross constituyó dos sociedades vinculadas al negocio forestal, pero a título propio y ya no en representación de terceros. El 29 de marzo de 2005, a través de la sociedad Inversiones Río Enco, junto a Patricia Moreno, a través de Inversiones Río Toltén, crearon Capital Forest Consultores Limitada, con el objeto de prestar “asesorías en materia forestal, inmobiliaria, económica, financiera y legal, tanto en Chile como en el extranjero”. Tres meses después, el 13 de junio de 2005, Ross y Moreno, a través de las mismas sociedades, crearon Llanoverde S.A. para “la prestación de toda clase de servicios destinados a la plantación, mantención y explotación forestal, de servicios agrícolas, inmobiliarios, agropecuarios, administrativos y contables, respecto de predios que administre” (ver extractos del Diario Oficial).

Los documentos oficiales de las sociedades que controlan Agrícola Brinzal muestran que desde 2009 están domiciliadas en la oficina de Jorge Ross, en Vitacura. CIPER fue hasta esa dirección a fines de enero pasado, donde informaron que Ross estaba de vacaciones y que a cargo de las empresas sólo había un contador. Este último explicó que la única persona que podía atender consultas era Ross, quien tampoco respondió los correos electrónicos que se le enviaron. El martes 5 de marzo CIPER contactó telefónicamente a Ross en su oficina, para que se refiriera a la relación de Brinzal con Harvard y manifestara la posición de la empresa respecto de las infracciones cursadas por CONAF. Él mismo nos respondió y pidió que lo llamáramos por la tarde de ese día. No volvió a contestar y aunque se le dejaron nuevos recados en una grabadora, no hubo respuesta.

BRINZAL RECIBE SUBSIDIO ESTATAL

En la escritura de constitución de Brinzal quedó registrado quiénes tenían la administración y el uso de la razón social de la empresa. En primer lugar, aparecía el neozelandés Andrew G. Wiltshire, quien comenzó su carrera en el Servicio Forestal de Nueva Zelanda a cargo de la planificación y el manejo de bosques. Desde 2001, Wiltshire trabaja en HMC, la corporación que administra e invierte los dineros de la Universidad de Harvard y que maneja un fondo de  US$ 30,7 billones según datos de septiembre de 2012 (ver el reporte anual de HMC). Wiltshire fue director del área de Recursos Naturales e Inversiones Forestales de HMC y hoy, según la información publicada en la web de HMC, está a cargo de los “activos alternativos” de la compañía. En la administración original de Brinzal también figuraba Jack R. Meyer, Michael S. Pradko y Sheila Mathews, todos relacionados con HMC. De hecho, Meyer fue presidente de esa corporación de Harvard.

De acuerdo a la información publicada en el Diario Oficial, en 2006 un chileno ingresó a la administración de Brinzal: el ingeniero forestal Álvaro Aguirre Simunovic. El encargado de comunicaciones de Harvard, Kevin Galvin, señaló que Aguirre no respondería las preguntas de CIPER. La base de datos de internet “One Source”, que permite localizar ejecutivos en Estados Unidos, indica que Aguirre dirige el portafolio de inversiones forestales de Phemus Corporation, pero Galvin no quiso confirmar esa información por razones de “privacidad”.

Justamente el mismo año en que Aguirre se sumó a la administración de Brinzal, la empresa acordó un aumento de capital desde $1 millón a $1.400 millones. Lo mismo hicieron y por idéntico monto Agrícola Crecer y Agrícola Duramen, las otras empresas controladas por Harvard, exactamente el mismo día (ver registros del Diario Oficial). El 30 de junio de 2011, se repactaron los estatutos de Agrícola Brinzal y se acordó un aumento de capital desde $1.401 millones a más de $2.322 millones. Es el último registro que aparece de Brinzal en el Diario Oficial, donde Álvaro Aguirre Simunovic seguía figurando en la administración, y las sociedades controladas por Harvard seguían apareciendo como dueñas de la agrícola (ver extracto del Diario Oficial).

Desde 2007, al menos, Agrícola Brinzal ha accedido, vía concurso público, a beneficios que entrega todos los años el Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, administrado por CONAF. Los interesados en adjudicarse este fondo deben presentar “una solicitud acompañada de un proyecto de Plan de Manejo, que deberá detallar la o las actividades a realizar y la superficie a intervenir”, según indica la ley que regula este beneficio. Brinzal recibió entre 2007 y 2010 alrededor de $114 millones por bonificaciones forestales (vea la base de datos de beneficiarios del Ministerio de Agricultura 2007-2009 y el resultado de las postulaciones al Fondo de Conservación,Recuperación y Manejo del Bosque Nativo 2010).

LAS RESPUESTAS DE HARVARD

La entidad que dirige los destinos de la Universidad de Harvard, y de la que depende HMC, es President and Fellows of Harvard College, la que en una declaración que abarca desde julio de 2010 a junio de 2011 -hecha para fines tributarios en Estados Unidos- informó que Harvard tiene la propiedad del 99,99% de Agrícola Brinzal y que su participación de ese período en los activos de la empresa correspondió a US$ 8.099.525, unos $ 3.820 millones. En esa declaración, Harvard indicó que su participación en los ingresos totales de Agrícola Brinzal de ese año fue de US$ 515.744, unos $ 243 millones (ver una copia de la declaración). Una declaración en términos similares hizo Phemus Corporation, el fondo de inversión de Harvard que constituyó sociedades en Chile (vea el documento).

En su declaración, la Universidad de Harvard reconoce tener al menos once sociedades en Chile: Inversiones Tres Cumbres Limitada, Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A., Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Duramen Limitada, Agrícola Crecer Limitada (absorbida en 2012 por Duramen), Agrícola Fundo Bucalemu Limitada, Agrícola Rapel Limitada, Agrícola Retiro Limitada, Agrícola Ribera Limitada, Clag (Chile) SpA y Sociedad Explotadora Agrícola SpA.

CIPER contactó a Kevin Galvin, a cargo del departamento de comunicaciones de Harvard, para preguntar si estaban al tanto del proceso judicial que enfrenta Agrícola Brinzal y para confirmar si esa empresa sigue en manos de la universidad. La respuesta fue escueta: “HMC tiene una política de no comentar inversiones específicas o estrategias de inversión”. En todo caso, en el Diario Oficial no hay registro de que los fondos de inversión de Harvard se hayan desvinculado de Brinzal. Por lo demás, la declaración jurada tributaria de 2011 hecha por Harvard acredita que ese año, cuando se hicieron las primeras denuncias ante la AIFBN por los ilícitos detectados posteriormente por CONAF, la empresa era controlada por los fondos de inversión de la universidad.

Consultado por las políticas ambientales que guían las inversiones de Harvard, Galvin respondió citando la información publicada en el reporte anual de HMC: “Por la naturaleza de nuestra misión, estamos preocupados de tener una gestión responsable y sostenible. Nuestros gerentes y nosotros mismos nos guiamos por un alto estándar en áreas como la gestión responsable del medio ambiente, prácticas laborales y buenos gobiernos corporativos”. CIPER revisó ese reporte y en él no hay detalles que describan sus políticas ambientales ni las particularidades del “alto estándar” que menciona ese texto.

LOS BOSQUES INTERNACIONALES DE HARVARD: DENUNCIAS EN ARGENTINA

Harvard no solo ha invertido en los bosques de Chile. También ha intervenido en negocios forestales en Nueva Zelanda, Rumania, Brasil, Ecuador, Panamá, Letonia y Argentina, entre otros países, según la declaración jurada tributaria de 2011 realizada por Phemus Corporation.

Al igual que en Chile, en Argentina las autoridades que fiscalizan el sector forestal también denunciaron irregularidades en predios controlados por la universidad. Un reportaje del diario Tiempo Argentino, escrito por el periodista Fernando Pittaro y publicado el 9 de octubre de 2011, citó un informe técnico del 22 de septiembre de 2010, suscrito por la Administración de Parques Nacionales, que da cuenta de que Empresas Verdes Argentinas S.A. (Evasa) y Las Misiones S.A., ambas controladas por Harvard, incumplieron la Ley Nacional de Bosques.

El artículo de Pittaro afirma que en esas empresas han participado los chilenos Jorge Ross Amunátegui y Álvaro Aguirre Simunovic, los mismos que están relacionados con Agrícola Brinzal en Chile. CIPER constató que ambos han participado en Las Misiones S.A.: Ross como presidente y Aguirre como director. De acuerdo a lo publicado por el Boletín Oficial argentino, en julio de 2012 Aguirre renunció al directorio de Las Misiones S.A. y también al de Forestal del Río S.A., otra empresa que figura en ese registro oficial presidida por Ross.

CIPER solicitó a la Administración de Parques Nacionales de Argentina información sobre los incumplimientos de las empresas de Harvard en ese país. La respuesta de Lorena Paszko, en representación de la Delegación Regional NEA (Nordeste Argentino) de esa entidad, indica que “una parte de las forestaciones de la empresa EVASA se encuentran instaladas dentro de la Reserva Provincial Iberá y en una zona de interés para el establecimiento de un corredor biológico que comunique dicha reserva con el Parque Nacional Mburucuyá, ubicado al norte de la misma”.

Según explica la funcionaria, “el remplazo de las áreas de pastizales existentes entre ambas reservas interrumpe la conexión ambiental y atenta contra la conservación de especies de  flora y fauna amenazadas como lo son: los palmares de ‘yatay poñí’; una especie de ave típico de pastizales húmedos, como lo es ‘el yetapá de collar’, y el cérvido más grande de Sudamérica: ‘el ciervo de los pantanos’”.

Lorena Paszko envió a CIPER una copia del informe oficial que, según explicó, “da cuenta de los problemas ambientales detectados y las irregularidades que la empresa debería corregir para adecuarse a la legislación vigente en la Provincia de Corrientes” (vea el documento). Ese informe estableció que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida por la ley” y que, además, incumplió la reglamentación que exige “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”.

El reportaje publicado por Tiempo Argentino en 2011 dio cuenta de la fuerte presencia de Harvard en la zona de Corrientes, señalando que desde 2009 explota más de 84.260 hectáreas en los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.

 

Starbucks y las amargas happy companies

Sentencia condenatoria de Starbucks
Vea la lista de empresas condenadas por prácticas antisindicales.

En Starbucks Coffee a los trabajadores los llaman “partners”, pues según la cultura corporativa de la empresa las relaciones laborales deben ser horizontales y están marcadas por el afecto y la confianza.

Este año Starbucks enfrentó en Chile su primer proceso de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores de Starbucks que cuenta con 200 socios, en su mayoría estudiantes universitarios. Ese sindicato (fundado en 2009), es el único que la empresa tiene en América Latina y es uno de los pocos en los 44 países en los que la empresa opera.

La negociación colectiva se inició en abril y los trabajadores pidieron un alza de salarios según IPC, bonos básicos (como transporte y colación) y que la empresa proveyera la ropa de trabajo que hasta hoy deben pagar los empleados. Los “partners” de Starbucks reciben un salario cercano al sueldo mínimo, que si se avalúa en horas es de $ 1.200, menos de lo que la empresa cobra por un café. Mientras, Starbucks Chile aumento en 147 % sus ganancias(1) .

La empresa se negó a todas las reivindicaciones. Los trabajadores optaron por hacer presión con 20 días de huelga legal. Como no obtuvieron respuesta, tres de sus dirigentes decidieron realizar una huelga de hambre y acampar a la salida del local ubicado en el elegante barrio Isidora Goyenechea, en Vitacura.

Durante el conflicto, la compañía pudo reemplazar sin problemas trabajadores en huelga y logró el funcionamiento normal de los 31 locales, con la contratación de trabajadores antes de la negociación, gracias a lo cual se ahorró las 4UF por cada trabajador reemplazado que exige la ley (Chile es uno de los pocos países en el mundo donde se permite el reemplazo de trabajadores en huelga).

Esta estrategia fue complementaria con otras medidas tomadas durante el proceso de negociación, como el reparto y lectura en voz alta en cada local de documentos orientados a explicar sesgadamente la negociación a los empleados.

Con este frente adverso, el sindicato no pudo obtener ganancias concretas tras su negociación, no obstante, el 17 de agosto consiguió una histórica y primera condena por prácticas antisindicales a su empresa empleadora.

La jueza a cargo, Paola Díaz, concluyó que la documentación de la empresa en los locales hacía referencia al sindicato como “mecanismo de presión externo” y entregaba información inexacta y tendenciosa sobre lo que significa la negociación colectiva y la huelga. Además, la empresa evidenciaba desigualdad de trato respecto a los ascensos de los trabajadores sindicalizados y los que no eran parte de la organización. También consideró que esta animosidad contra el sindicato es una política internacional de la empresa, evidenciada en los dichos del CEO de Starbucks en internet, Howard Schultz, quien indica “el manejo benévolo gerencial debería hacer a los sindicatos superfluos”; y de la vocera de la compañía, Tara Darrow, en su exaltación de la tradición de comunicación directa con los empleados y no a través de sindicato.

El comportamiento agresivo de una empresa de aspecto tan amigable se puede entender ahondando en las tendencias en gestión de recursos humanos que se han impuesto desde hace por lo menos tres décadas.

“La jueza consideró que la animosidad contra el sindicato es una política internacional de la empresa, evidenciada en los dichos del CEO de Starbucks, Howard Schultz, quien indica “el manejo benévolo gerencial debería hacer a los sindicatos superfluos”.

Hacia fines de los ‘70, desde que se difundieron las elogiadas relaciones laborales japonesas, especialmente en Estados Unidos, comenzó a hablarse de una nueva meta a seguir: una “Gestión 2.0”, que logra la implicación subjetiva de los trabajadores en las metas y valores de la empresa, que no descansa tanto en el control directo, sino en la persuasión y en el compromiso moral del empleado. Bajo esta visión llegó a cambiarse el nombre de los departamentos de personal por “Gestión de Recursos Humanos”, entendida como una función gerencial especializada en la motivación de las personas para el incremento del desempeño, favoreciendo relaciones altamente individualizadas.

Es así como en la retórica empresarial se dio origen a la “era de la colaboración” y la “happy company”, con políticas activadoras del compromiso: valores u actitudes que la empresa promueve para el desarrollo del trabajo, como la “autonomía responsable”, y diversos estímulos: gimnasia laboral, yoga, baile entretenido, premiaciones y reconocimientos a los trabajadores ejemplares, denominaciones armónicas de “líderes” y “colaboradores” para referirse a jefes y empleados (con algunas variaciones: Scotiabank llama a los trabajadores “scotiabankers” y Starbucks “partners”, por ejemplo) y beneficios sociales (como descuentos y casas de veraneo) a los cuales se llama “salario emocional”. Estas políticas generan ciertas mejorías para las personas y sin duda sensaciones más placenteras, de ahí que se diga que se trata de una “humanización del trabajo”.

No obstante, tienen su contracara. Se generan en el contexto de una creciente presión en el trabajo, con bajos sueldos, donde se ve más bien un efecto sustitución del “salario real” por el “salario emocional”, y en donde, en virtud de una filosofía del consenso entre trabajadores y dirección, se genera una especie de cruzada religiosa para combatir cualquier atisbo de “amenaza interna” (ya sea monopolizando la relación con los empleados para marginar al sindicato o integrándolo de manera subordinada a las funciones de gestión empresarial).

Este último aspecto se muestra con claridad en el caso Starbucks, donde todo es emocional y cálido hasta que se habla de sindicato. La ficción del consenso social es tan dominante en la empresa, que nubla cualquier posibilidad de negociación. Años atrás, en una conferencia en la universidad Adolfo Ibáñez, el gerente general Eduardo Caneo, declaraba: “decimos partners porque en esta empresa somos todos iguales. La idea la profundiza en la demanda señalando que la armonía y comunicación fluida con sus “partners”, se ve retratada en “desayunos y pizzetadas, entre otras actividades, en donde participa la gerencia y donde los partners tienen la oportunidad de plantear su requerimientos y sugerencias”.

Se trata de un poder discreto, una manipulación simbólica que a través de un paternalismo renovado disimula las asimetrías de recursos en las relaciones laborales y la enorme distancia de poderes existente, reservando para la empresa la facultad absoluta de dirección y evitando que surja cualquier oposición. Todo esto opera de forma sutil, claro está, hasta que alguien no responda a los estímulos y los contraríe de frente; ahí reaparece la coacción, especialmente si se trata de un colectivo.

La jueza al respecto fue elocuente: “desde antiguo los empleadores han defendido la individualización de las relaciones”, pues “pone a la empleadora en una cómoda situación de predominio y decisión (…)”. De ahí el mérito y la importancia de esta sentencia, que logra desnudar un hecho invisible, bajo el ropaje de la colaboración.

Notas:

1) Este dato se encontraba disponible en la página del Sindicato de Starbucks Chile, la cual fue retirada de funcionamiento esta semana por razones desconocidas.

La Polar: Un mapa para entender cómo se fraguó y ejecutó el lema de “llegar y llevar”

Hay dos formas de acercarse al gran fraude de La Polar. Una de ellas es mantenerse lo suficientemente distante de tanto bombardeo informativo, transitando por un camino más simple. Quedándose con la historia de un grupo de gerentes inescrupulosos que, buscando reconocimiento público o dinero –o, mejor aún, las dos cosas juntas-, engañan a clientes, accionistas, directores, auditores, empresarios, colegas y a todas las autoridades e instituciones crédulas, haciéndoles creer que habían inventado un círculo con cuatro esquinas. Y que lo vendían baratito, a tres cuotas precio contado si lo paga con la tarjeta. Sin intereses ni letra chica. Sólo por hoy.

La otra forma es tratar de comprender la compleja trama que un grupo de profesionales y empresarios altamente calificados –y no sólo de La Polar- puede llegar a urdir cuando la pillería, el exitismo y la ambición pervierten el pensamiento.

En esta edición, intentamos aportar la información necesaria para aquellos que desean tomar la segunda opción.

Elaboramos una detallada secuencia temporal donde se van sucediendo nombres, fechas, sociedades, compra y venta de acciones, relaciones, aparentes coincidencias que le fueron dando cuerpo y alma a este enorme fraude. Un mapa en el tiempo que entrelaza paso a paso los vericuetos de las decisiones que fueron adoptando sus principales protagonistas.

¿Qué auditaban los auditores? ¿Qué controlaban los fiscalizadores? ¿qué dirigían los directores? ¿Qué modelo de gestión desarrollaban los ejecutivos? En esta progresión en el tiempo se desnudan por sí solas las acciones y omisiones de quienes estaban embobados admirando la chaqueta de moda en la vidriera, mientras le robaban los pantalones sin sacarle los zapatos.

Hay muchos que ante este temporal no se atreven a sacar la cabeza. CIPER solicitó entrevistas con los gerentes de inversiones de las AFP más comprometidas con inversiones en La Polar: Provida (Joaquín Cortez), Capital (Rodrigo Nader), Cuprum (Eduardo Steffens) y Habitat (Alejandro Bezanilla). Todas han optado por callar.

Debe haber una explicación para que los ejecutivos de AFP Capital hayan decidido deshacerse poco antes del descalabro de un 25% de sus títulos de la multitienda, bajando de 12.484.901 acciones a 9.099.057. Así aminoraron sus pérdidas.

Lo mismo sucede con Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. La auditora Price Waterhouse Coopers, que fue escogida en una licitación en que no fue la empresa que presentó la oferta más baja, y que también le hacía otros trabajos a La Polar, tejiendo una red de relaciones que le hacía difícil conservar independencia, ha señalado que le dieron información falsa. ¿Es suficiente excusa? No. Por ello, también enfrenta acciones judiciales en su contra.

De seguro entre los directores de París, otro de los grandes del retail nacional, deben haberse encendido las alarmas ya que es la misma empresa auditora – Price Waterhouse Coopers-, la encargada de revisar sus cuentas.

Los directores de La Polar se escudan en lo mismo: les dieron información manipulada. Pero varios de ellos se endeudaron en grandes cantidades para comprar acciones. Y también vendieron. ¿No podían ver? ¿O no quisieron ver?

Generamos también un gráfico donde se evidencian cada una de las empresas que fueron constituyendo siete altos gerentes de la Polar. A través de ellas, se compraban y vendían acciones de la compañía, y a una velocidad vertiginosa cuando la debacle se hizo imparable. Todas eran sociedades con fines de mucho lucro. (Vea el multimedia: Las sociedades de los gerentes de La Polar)

Y por último, ofrecemos un segundo gráfico, donde el entendimiento se pone a prueba. Porque aquí las sociedades de unos se fusionan con las sociedades de los otros para crear terceras sociedades que compran y venden acciones entre ellos mismos.

Para confundir, para pagar menos impuestos, para gestionar en forma profesional un fraude de alta rentabilidad, pero con demasiado riesgo y que dejó a miles de pequeños inversionistas y a los fondos de previsión con pérdidas cuantiosas. La confianza ha sido quebrantada y tomará años y muchas medidas rectificatorias antes de que se inicie su recomposición.

Revise además

  • Hitos en una línea de Tiempo» La Polar: Historia de una gran estafa
  • El imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores

    Vea además La gigantesca red de empresas de la ACHS

    Los sonidos al interior del yacimiento anticipaban lo que ocurriría. Durante esa mañana del 5 de agosto de 2010, varios de los mineros que trabajaban en la mina San José sintieron cómo las paredes crujían. Era un ruido que ya habían oído antes, algo así como un rugido. “La mina empezó a avisar que había problemas”, le diría unos meses después uno de los trabajadores al diputado Carlos Vilches, miembro de la comisión investigadora que indagó lo que allí pasó. Los mineros más experimentados sabían lo que significaba, así que a las 11:00 pidieron permiso a sus jefes para salir. No se los dieron. Tres horas después, el ruido se transformó en un estruendo. 33 hombres quedaron allí, encerrados a 700 metros bajo tierra. No fue uno, sino que tres derrumbes, todos simultáneos. Al mismo tiempo, a 800 kilómetros al sur, en Santiago, otra estructura también colapsaba.

    Como la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., dueña de la mina San José, es una de sus casi 40.000 empresas afiliadas, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) debía monitorear sus faenas para detectar posibles fallas de seguridad que atentaran contra la vida de sus trabajadores. También era su responsabilidad verificar que los propietarios de la mina modificaran las fallas para que no ocurrieran accidentes. Sin embargo, fallaron: los riesgos ya habían sido detectados y las señales que anticipaban un desastre estaban frescas.

    Sólo un mes antes, una roca se desprendió del techo de la misma faena y cayó sobre Gino Cortés, uno de los perforistas de la mina, destruyéndole su pierna izquierda. Tuvieron que amputársela. Y un mes antes de eso le había tocado a otro trabajador, Jorge Galleguillos, aunque él sólo se lesionó la parte baja de su espalda. Ambos tuvieron suerte: entre 1996 y 2007, siete trabajadores murieron en accidentes laborales en los yacimientos de esa compañía.

    Lo de Cortés y Galleguillos era sólo un accidente laboral más, como cualquiera de los 254.138 que ocurrieron el año pasado en el país. En cambio, lo de agosto fue distinto. No sólo porque se transformó en una noticia mundial, sino porque dejó en evidencia las falencias históricas que existen en materia de seguridad laboral en Chile, un área donde la ACHS es el principal referente, controla el 53% del mercado y recibe ingresos anuales por casi $204.000 millones (aproximadamente US$ 403 millones).

    En los días siguientes, mientras el gobierno hacía intentos desesperados para saber si los 33 mineros seguían vivos, la ACHS desplegaba un enorme mecanismo de control de daños y seguridad. Pero lo que ahora cuidaba era su propia supervivencia. Una enorme carpa, un policlínico, ambulancias y un contingente formado por médicos, psicólogos, prevencionistas y periodistas, todos con los símbolos de la ACHS, llegaron al campamento que se instaló afuera de la mina. Allí donde se concentró el foco de las cámaras con transmisión directa a todo el mundo, la ACHS posicionó su marca como sinónimo de excelencia en seguridad. En los tribunales, uno de sus abogados recogía antecedentes sobre las acciones legales que se preparaban. Había que blindarse ante lo que venía. La ACHS capitalizó la tragedia a través de un excelente manejo comunicacional, un área donde la mutual tiene gran experiencia.

    Aunque el de las mutuales es un mercado cerrado donde el ingreso de nuevos competidores está prácticamente bloqueado por ley desde fines de los ‘60, y su cartera de clientes es cautiva, en los últimos diez años la ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing. Entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad superó al monto que resulta de la suma de lo que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes.

    Pero fuera de cámaras, para la ACHS el colapso de la mina fue un punto de quiebre. Al mando de Eugenio Heiremans, un empresario que se mantuvo por más de medio siglo como presidente de la mutual, se configuró una estructura de poder que se ha perpetuado mediante influencias políticas, redes comerciales y elecciones de directorio manejadas completamente por su administración. Los hombres que lo acompañaron durante los últimos 40 años, son los mismos que hoy se encuentran al mando de un modelo de negocio que ha logrado mantenerse fuera de toda fiscalización y crecer en un mercado completamente alejado de su objetivo: prevenir riesgos laborales y cubrir la atención médica de los trabajadores que se accidenten.

    CIPER investigó la gigantesca red de empresas y sociedades que articularon directores y ejecutivos de la ACHS con los beneficios y capitales que les asegura la ley a las mutuales como administradoras de uno de los logros más importantes de la sociedad chilena en materia de seguridad social: el seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. De ese derecho de los trabajadores, la mutual ha creado una industria que en la última década le ha reportado ingresos por unos $1.464.030 millones (alrededor de US$ 3.101 millones), según sus balances oficiales.

    Como la ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya sea directa o a través de otras empresas relacionadas. La maraña de empresas es tan grande y enredada, que resulta difícil definir con certeza hasta dónde se extiende. Algunas son asociaciones comerciales; otras sólo son sociedades de fachada que persiguen beneficios tributarios, a través de las cuales la ACHS, exenta de pagar IVA y gravámenes aduaneros, recupera el IVA que de forma directa no podría.

    La estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores.

    Las mutuales son financiadas por el sector privado. Todas las empresas en Chile están obligadas a pagar mensualmente a la mutual que estén afiliadas una cotización general para cubrir en caso de accidentes de sus trabajadores los tratamientos, rehabilitación y el período de invalidez que corresponda. Ese monto actualmente corresponde al 0,9% del sueldo imponible de sus empleados. El fondo empresarial se complementa con una cotización adicional –que tiene un tope del 3,4% de los sueldos imponibles–, dependiendo del riesgo que signifique para sus trabajadores desempeñarse en una empresa. A ello se agrega una cotización extraordinaria, vigente desde 1998 y que corresponde al 0,05% del sueldo imponible de cada trabajador.

    La compañía propietaria de la mina San José estaba afiliada a la ACHS desde 1988. Todos los meses le transfería esos dineros para que velara por la protección de sus trabajadores. Como la mutual se hace cargo de una responsabilidad que para las empresas es una carga, prácticamente no se meten con ella. Ni siquiera cuando deben elegir cada tres años un nuevo directorio para la ACHS: aunque todas sus empresas afiliadas tienen poder de voto, en las elecciones el resultado siempre ha sido el mismo. Algo que podría cambiar el próximo martes 28 de junio.

    El derrumbe de la mina San José dejó en evidencia que la ACHS, responsable de la protección de más de dos millones de trabajadores, no cumple su función. Pero el martes 28 de junio sus empresas afiliadas podrán pedir cuentas. Ese día se realizará la elección para definir el directorio del próximo trienio. Si la maquinaria que se ha implementado durante las últimas elecciones –y que hoy está en plena marcha– funciona, el resultado ya está escrito. Al interior de la ACHS todo está dispuesto para que Jorge Matetic, el actual presidente, y los demás directores se mantengan en sus cargos. Así ha funcionado desde hace décadas.

    PODER FÁCTICO

    El 42% de las empresas en Chile paga mensualmente a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) las cotizaciones para velar por la prevención de riesgos en el trabajo y la cobertura de los accidentes que ocurran. Para eso fue concebida cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) la creó en 1958, época en que la tasa de accidentes laborales bordeaba el 35%. Pero la más grande de las mutuales hace ya varios años que dejó de ser sólo una mutual.

    Lo que partió en 1968 con la Ley 16.744 como uno de los puntos clave del sistema de seguridad social chileno, comenzó a mutar hacia un negocio en 1977. Para entonces, la ACHS ya contaba con cerca de 300.000 trabajadores afiliados e ingresos por poco más de $241 millones. Un año antes, “tras profundos estudios”, su directorio decidió abrir sus instalaciones para atender a pacientes particulares. Al principio, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) se lo prohibió. Como su rol exclusivo por ley era la prevención de accidentes laborales y prestar asistencia médica a los trabajadores que se accidenten en sus funciones, las mutuales no podían atender pacientes que no fueran beneficiarios del seguro. En sólo unos meses quedaría en evidencia que la opinión del presidente de la ACHS pesaba mucho más que la negativa de la SUSESO, fiscalizadora de las mutuales.

    Eugenio Heiremans fundó la ACHS y fue su presidente hasta 2010, cuando renunció un par de meses antes de morir. En una entrevista publicada en El Mercurio en 1993, el actual ministro de Defensa y entonces diputado de Renovación Nacional, Andrés Allamand, denunció que él era uno de los “poderes fácticos” del empresariado. El escándalo político fue enorme. Allamand pagó por su osadía. Pero lo que Heiremans hizo con la ACHS es una prueba de que sí lo era.

    Ya a fines de los años 50, Heiremans se tuteaba con el poder como presidente de la SOFOFA. Después del Golpe de Estado, según su relato, pasó dos semanas reactivando el sector industrial. Para mediados de los ‘70, no sólo era el vicepresidente de Pizarreño, directorio que encabezaba el ex presidente Jorge Alessandri, sino que además era miembro del Consejo de Estado de la Junta Militar. Por eso no le costó mucho revertir el veto de la SUSESO.

    En junio de 1977, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto ley que permite a las mutuales “extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello”. La norma también las faculta para “celebrar los convenios que sean necesarios”. A partir de este decreto, las mutuales tuvieron el campo libre para atender pacientes particulares utilizando instalaciones que han sido construidas, compradas y mantenidas gracias a las cotizaciones de los trabajadores afiliados, un fondo que por ser parte del régimen de prestaciones de previsión social, es público.

    Fue entonces que la ACHS dejó de ser sólo una entidad administradora del fondo empresarial destinado a proteger a los trabajadores de accidentes laborales. Lo que vino no sólo fue una ampliación del giro hacia la salud privada, sino que también el comienzo de un camino que le daría a las mutuales, y principalmente a la ACHS, completo control sobre una industria que actualmente le reporta a las tres mutuales (ACHS, Mutual de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajador) ingresos anuales por $405.144.000.000 (unos US$ 800 millones). De ese monto, el 53% ingresa a las arcas de la ACHS.

    CONTROL TOTAL

    -Déjennos manejar a nosotros el negocio y que no existan interferencias. Fiscalicen lo necesario, pero que entren a fiscalizar en la administración, no estoy de acuerdo. Si nos siguen molestando con controles y todo eso, bueno, pasará a manos del Estado y tendrá que administrarlos con la eficiencia que administran los hospitales –señaló Heiremans en una entrevista publicada en El Mostrador a mediados de 2004.

    Lo que dijo Heiremans en esa entrevista fue la filosofía que imperó en el sistema durante los 52 años que se mantuvo como presidente de la ACHS y cabeza de una estructura clave en el lobby que hizo de las mutuales una zona prácticamente intocable, tanto desde afuera como también en su concepción interna.

    El sistema para elegir el directorio de la ACHS es cualquier cosa menos democrático. Su estructura es paritaria y lo componen seis miembros titulares y seis suplentes. La idea es que allí tengan presencia las empresas afiliadas y sus trabajadores. Los directores que representan a los trabajadores surgen por votación directa de sus representantes en los comités paritarios. Los empresarios deben enviar un voto-poder para elegir a los miembros del directorio que los representarán por períodos de tres años. Pero en vez de poner un nombre en el documento, los empresarios suelen entregar su voto-poder a los agentes de la mutual, que antes de las elecciones se encargan de recogerlos por todo el país. En ese período, que culmina este fin de semana, la prevención queda relegada y las agencias se convierten en captadoras de votos en blanco. La orden que reciben los agentes es que induzcan el voto por la directiva vigente o, que en su defecto, los recopilen en blanco.

    Al final el efecto es el mismo: en la ACHS se inscribe el nombre que decidió la dirección. Así, la estructura de poder ha logrado perpetuarse por más de cuatro décadas, consolidando un grupo de ejecutivos que se ha adueñado de la enorme red de negocios que la ACHS ha acumulado a punta de beneficios y un capital asegurado por ley.

    De la mano de Heiremans, la ACHS adquirió completo control de su rubro. Aparte de atender pacientes privados en sus instalaciones y de quedar exentos de pagar parte de sus ingresos al sistema de salud público, distintas modificaciones legales de los últimos años de la dictadura dotaron a las mutuales de un enorme poder de negociación que les sirvió de base para hacer crecer su negocio. Una de ellas traspasó la responsabilidad de determinar el grado de incapacidad por accidente o enfermedad laboral desde el Compin a las mutuales. Después se las facultó para definir si sus empresas afiliadas cumplen o no los requisitos para acceder a una rebaja de la cotización adicional. Esto convirtió a las mutuales en juez y parte: con su propia evaluación podían determinar no sólo las pensiones que pagaban a los trabajadores con incapacidad, sino que también la tasa de cotización de las empresas. Ese poder no sería tocado por nadie.

    -La modificación de la ley que se hizo durante el régimen militar fue algo que a la larga demostró que no benefició al trabajador y sólo sirvió para engrosar las arcas de las mutuales –dijo a CIPER el ex diputado Patricio Cornejo, quien en 2003 presentó sin éxito un anteproyecto para modificar el sistema de mutuales.

    Si al comenzar los ’90 alguien pensó que el poder de Heiremans disminuiría, se equivocó. La ACHS ya contaba con casi un millón de trabajadores afiliados, ingresos anuales sobre los $23.000 millones, una tasa de accidentabilidad constantemente a la baja e inversiones en dos sociedades externas.

    Durante los siguientes 20 años, la SUSESO apenas la fiscalizó. Una fuente consultada por CIPER dice que ahí “a Heiremans todos le temían”. Para mantener su estructura y su posición, la ACHS integró a sus filas a distintas autoridades de la Concertación. Algunos se sumaron de forma directa a puestos de gerencia o plana ejecutiva, mientras que otros se instalaron en algunas de las más de cien empresas que forman el intrincado imperio de negocios que la mutual consolidó durante el último cuarto de siglo (ver infografía).

    Entre los nombres, se cuentan dos ex ministros de Salud de los gobiernos de la Concertación: Alex Figueroa Muñoz (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), fue auditor de unidades médicas de la ACHS; Jorge Jiménez de la Jara (Patricio Aylwin), fue presidente de Clínica Los Coihues S.A; y el ex director del INP, Ernesto Evans, que al dejar su cargo asumió un puesto ejecutivo dentro de la mutual. No son los únicos.

    En abril de 2005, el sindicato de trabajadores de la ACHS le envió una carta al entonces superintendente de seguridad social, Javier Fuenzalida Santander. En ese documento, los trabajadores le pedían a la SUSESO que investigara la creciente externalización de servicios que la ACHS venía implementando desde hacía algunos años. Para entonces ya había externalizado los servicios de aseo, lavandería, seguridad y alimentación, así como el transporte de pacientes. Esto último está a cargo de ESACHS S.A., una empresa creada a fines de 2004 donde el directorio y la gerencia están a cargo de ejecutivos de la mutual. Para los trabajadores, era “preocupante que se formen este tipo de empresas que nacen exclusivamente para burlar la ley y lucrarse a costa de un beneficio que deja todo a la lógica del mercado”.

    “Creo que es necesario recordarle que el artículo 12 de la Ley 16.744, señala claramente (sobre las mutuales) en su letra b) que dispongan de servicios médicos adecuados, propios…, y en su letra d) que no sean administrados directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro”, señala la carta del sindicato.

    La SUSESO nunca investigó y Javier Fuenzalida se mantuvo como superintendente de seguridad social hasta octubre de 2008. Tras cuatro años en el cargo, renunció e ingresó a la red de empresas que controla la ACHS. Ahora es gerente general de ESACHS S.A.

    LA SUSESO NO FISCALIZA

    Supuestamente, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sólo tiene autorización para atender pacientes particulares en “sus establecimientos”. De acuerdo a su memoria institucional de 2009, eso significaría que la ampliación de sus servicios solamente podría realizarse en las tres clínicas, 97 policlínicos y un hospital que tiene repartidos por el país y sólo cuando tenga el espacio disponible para hacerlo. Pero no es así. Como no hay ninguna ley ni reglamento que permita o impida a las mutuales crear sociedades anónimas o comprar acciones en clínicas privadas, la mutual considera todos los lugares donde posee acciones, es socia o tiene algún tipo de convenio como “sus establecimientos”. Bajo esa lógica fue que en 1986 la ACHS comenzó una ofensiva para impulsar un modelo de negocios que elude la fiscalización y rompe la regla básica que tiene como corporación: el principio de no lucro.

    -La creación de empresas relacionadas ha escapado de toda fiscalización. Por esa vía las mutuales se metieron en el campo de las clínicas privadas usando todos los recursos que vienen del seguro obligatorio. Pero no hay fiscalización efectiva. Casi no se sanciona a las mutuales y “desde arriba” llegan instrucciones de que ciertas áreas, como los gastos de administración o de prevención de riesgos, no sean pesquisadas –dice uno de los 18 funcionarios con que cuenta actualmente la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para fiscalizar a las mutuales.

    A diferencia de las mutuales, que como corporaciones están obligadas a reinvertir sus excedentes, las sociedades anónimas pueden repartir sus utilidades entre sus accionistas. Cada vez que una mutual constituye una sociedad, la SUSESO interviene para verificar el origen del capital inicial. Y ahí se acaba la fiscalización. Como las empresas que nacen son sociedades anónimas, la SUSESO no puede fiscalizarlas: pasan al ámbito de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero la ley de sociedades anónimas es clara al establecer que sólo son objeto de fiscalización las sociedades anónimas abiertas. Como todas las sociedades donde la ACHS tiene algún tipo de participación son cerradas, carecen de cualquier tipo de control.

    -La única forma en que una empresa relacionada con una mutual pueda ser fiscalizada por la SUSESO, es que la mutual posea más del 50% de la participación. Pero eso casi no ocurre –agrega el fiscalizador de la SUSESO.

    Muy pocos conocen la red de empresas que controla la ACHS. Mientras que la mayoría de los documentos de la mutual están en bases de datos, las escrituras de las sociedades son guardadas en un archivo aparte al que sólo tiene acceso Alfredo Grasset, fiscal de la ACHS durante los últimos 25 años. CIPER tuvo acceso a sus balances financieros entre 1975 y 2009, y en todos ellos sólo aparecen 31 sociedades donde la ACHS posee acciones en forma directa, con una inversión que en 2009 superó los $13.729 millones. Si se consideran las que figuran en el libro de empresas relacionadas que la mutual publicó el año pasado, la cifra de empresas vinculadas sube a 44. Pero tampoco son todas.

    Durante los últimos 25 años, la ACHS ha invertido millonarias sumas, incluso fuera de su giro, para constituir sociedades anónimas, las que a su vez han dado origen a otras sociedades, creando una maraña de relaciones comerciales que se extiende por todo el país. CIPER rastreó en el Diario Oficial todas las conexiones de negocio que se han creado en ese período. En total, en ese registro aparecen una fundación sin fines de lucro y 103 sociedades vinculadas. Algunas son empresas en sociedad con inversionistas privados que operan instalaciones independientes como clínicas particulares, donde se atiende con precios de salud privada. Otras son sociedades anónimas que funcionan en las mismas instalaciones de la ACHS, vendiendo sus servicios como empresa privada pero utilizando las dependencias de la mutual. Mientras que unas funcionan como asociaciones comerciales con socios reales, otras sólo persiguen beneficios tributarios, con socios que sólo sirven de fachada bajo un control exclusivo de la mutual.

    EXPANSION SIN LIMITE

    La mayoría de los servicios que presta la mutual han sido externalizados. Los exámenes de imagenología se han centralizado principalmente en Sorema S.A., que aparte de funcionar al interior del Hospital del Trabajador de Santiago, es una de las dos empresas donde la ACHS posee más del 50% de participación y a través de la cual ha extendido su presencia en al menos otras ocho sociedades anónimas. Los exámenes de laboratorio están a cargo de Bionet S.A., una sociedad que creó la ACHS junto al grupo controlador de la Clínica Arauco, donde además la mutual tuvo acciones al menos hasta 2006. Los servicios de ambulancias los controla ESACHS S.A., la empresa que actualmente dirige el ex superintendente Fuenzalida. En ésta última la ACHS también posee más de la mitad de las acciones, por lo que la SUSESO puede fiscalizarla: como el 99% de la acciones son de la ACHS y el 1% restante es de Sorema S.A., la ACHS es su única controladora.

    Entre las sociedades identificadas por CIPER figura un colegio, ocho inmobiliarias y al menos 23 sociedades creadas para ofrecer servicios de imagenología. Pero de estas últimas, no sólo la ACHS hace uso. También lo hacen las 34 clínicas y centros de salud privada donde la mutual comparte sociedad con su principal competidora (la Mutual de Seguridad), otras clínicas, Isapres o grupos de médicos.

    Para expandirse en el mundo de la salud privada, desde 1991 la ACHS ha invertido por varias vías. Una de ellas ha sido la compra de acciones en clínicas que ya existían. Así entró a Clínica Magallanes S.A., Corporación Médica de Arica S.A., Clínica El Loa S.A. y Clínica Los Andes S.A., entre otras. Eso mismo hizo con las empresas del médico y empresario Ernesto del Solar Benavente. A través de Interclínica S.A., Serviclínica S.A. y Servisalud S.A., la ACHS junto a Del Solar han creado en conjunto al menos otras 18 sociedades dedicadas a ofrecer prestaciones de salud a pacientes particulares. Pero la verdadera ofensiva vino de la mano de su principal competidora, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

    En 1991 las dos mutuales se unieron para crear Hospitales de la Seguridad S.A. (Hoseg S.A.) con un capital inicial de $5.000 millones que aportaron en partes iguales. A través de ella sólo se crearon cuatro sociedades, entre las que se cuentan Clínica Los Coihues S.A. y Clínica Puerto Montt S.A. Aunque estuvo a punto de disolverse en 1999 por problemas entre las dos mutuales, la experiencia de esta primera sociedad terminó en 2006, cuando Hoseg fue absorbida junto a la totalidad de sus activos por la empresa Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. Pero el escenario no cambiaba: al igual que Hoseg, Inmobiliaria Clínicas Regionales era propiedad de la ACHS y la Mutual de Seguridad, y durante los años siguientes la usarían para expandirse aún más. Entre 2003 y 2011, Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. ha participado directa e indirectamente en la creación de otras 20 sociedades anónimas. Para diciembre de 2010, la empresa dirigida por el hijo de Eugenio Heiremans, Fernando Heiremans Bunster, ya contaba con un patrimonio de $28.151 millones (poco más de US$ 60,1 millones).

    Al principio, con la incursión de la ACHS en la salud privada parecía que se desataba una guerra. En 1993, la Asociación Gremial de Clínicas, Hospitales y Otros Establecimientos de Salud Privada solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que interviniera a las mutuales. Según la gremial, su ingreso al mercado de la salud privada violaba las leyes de libre competencia, ya que funcionaban como clínicas, pero con los beneficios de ser una mutual. Alegaban que las mutuales actuaban fuera de sus fines y que disponían de un patrimonio garantizado por ley llamado “de afectación”, el que debía administrarse restrictivamente. Pero la FNE, a cargo entonces del abogado Rodrigo Asenjo, rechazó al año siguiente la solicitud por falta de mérito. Según uno de los abogados que alegó contra las mutuales, fue debido a la influencia de Heiremans en el gobierno. Después las clínicas llevaron el juicio hasta la Corte Suprema, pero el fallo final fue a favor de las mutuales.

    Luego de la decisión de la Suprema, la agrupación de clínicas decidió no insistir. Seis años después, en 2000, la asociación gremial se dividió en dos: Clínicas de Chile A.G. y la Asociación de Clínicas y Prestadores de Salud Privados A.G. Actualmente, entre las empresas asociadas a la primera figuran Clínica Regional del Elqui S.A., Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Magallanes S.A. En la segunda, la lista incluye la Clínica San José de Arica –propiedad de Corporación Médica de Arica S.A.– y la red de laboratorios Bionet S.A. Estas cinco empresas forman parte de la red de negocios de la ACHS y en todas ellas figuran como directores o gerentes los mismos ejecutivos de la mutual que han conformado el núcleo de poder que encabezó Eugenio Heiremans durante los últimos 40 años.

    EL JUEGO DE LOS CAMBIOS DE SILLAS

    El 22 de octubre del año pasado, mientras los medios aún respiraban la efervescencia del dramático rescate de los 33 mineros de la mina San José, los principales diarios financieros del país titularon con una noticia que venía desde la cúpula de la ACHS: después de 52 años como presidente de la mutual, Eugenio Heiremans había renunciado. Tenía 87 años. Junto a él, también se fue el gerente general desde 1985 y segundo al mando, Eduardo Undurraga. Su salida significó el inicio de una pugna interna que, con la salida posterior de varios hombres clave en su estructura, se presentó como el fin del grupo de poder que se mantuvo desde los ’70. Pero sólo fue un movimiento de piezas para dejar a las mismas personas con el control del negocio.

    Unas semanas antes de los cambios, la ACHS contrató la asesoría de la consultora Virtus Partners para evaluar sus procesos y estrategias administrativas. La consultora llegó recomendada por el director suplente, Fernán Gazmuri. Entre los documentos que revisaron se cuentan sus balances financieros: todos hechos a la medida y sin ninguna observación que indicara alguna irregularidad. En los últimos años son dos empresas las que se han encargado de esa tarea. Una es KPMG. La otra es Price Waterhouse Coopers, la misma consultora hoy cuestionada por auditar los balances de La Polar.

    -Virtus llegó para evaluar la administración. Después de revisar una inmensidad de documentos, resultó que todo lo de atrás estaba mal y que había que cambiar por completo la dirección. Fue entonces que Virtus entró y lo que ahora hay en la ACHS es una doble administración. Y aunque se fueron algunos, lo cierto es que la mayoría de los que estaban desde hace años siguen allí –dijo a CIPER un alto ejecutivo de la mutual que pidió mantener su nombre en reserva.

    Por el estilo de dirección que siempre tuvo, la ACHS sin Heiremans era una institución sin cabeza. El mismo día que Heiremans y Undurraga presentaron su dimisión, los directores decidieron que al primero lo reemplazaría Jorge Matetic, uno de los miembros más antiguos del directorio. El cargo de Undurraga lo ocuparía interinamente el fiscal Alfredo Grasset hasta que llegara un nuevo gerente general. Al mismo tiempo, Fernán Gazmuri pasó a ser director titular de la mutual. Esos sólo fueron los primeros pasos en la reestructuración del organigrama.

    Los cambios siguieron con la entrada del ex ejecutivo de Corpbanca, Cristóbal Prado, como nuevo gerente general –recomendado por Virtus– y varios despidos. Entre otros, se fueron el gerente de asuntos corporativos, Ángel Mansilla; el gerente de personas, Juan Francisco Urmeneta; el gerente de planificación, Rodolfo Retamales; y el gerente prevención y yerno de Eugenio Heiremans, Martín Fruns. Con sus salidas, parecía que el equipo que acompañó por más de 40 años a Heiremans se alejaba definitivamente de la mutual. Pero los cambios son un mero maquillaje. Mientras que en el directorio siguen los mismos que han estado allí desde hace más de 10 años, tanto los ejecutivos desvinculados como los que siguen en la ACHS aún controlan la enorme máquina de negocios que consolidó la mutual.

    A medida que se iban creando sociedades, la ACHS fue instalando a varios de sus hombres en sus directorios y gerencias. En esa lista, el de Eduardo Undurraga fue uno de los nombres que más se repitió. Como una de sus tareas fue representar a la ACHS y algunas de sus empresas relacionadas en la constitución de distintas sociedades, Undurraga llegó a ocupar un asiento en al menos seis directorios. Aunque se fue de la ACHS, sigue ocupando esos cargos.

    Mansilla y Retamales tampoco se han desvinculado del todo. El primero aún comparte con Undurraga en el directorio de Clínica Magallanes S.A., además de participar en Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Regional de Curicó S.A. Por su parte, Retamales figura como director de dos de las clínicas relacionadas a la ACHS y de la Fundación Científica y Tecnológica de la ACHS (Fucyt), donde lo acompaña Martín Fruns.

    El cargo que Fruns dejó vacante ahora lo ocupa el antiguo gerente de la ACHS en la II Región, Pedro Cárdenas Olmos, quien además es uno de los directores de Clínica El Loa S.A. Pero Cárdenas no es el único de los ejecutivos de la ACHS que se repartieron en las empresas y que aún son parte de la estructura de la mutual.

    El ex senador UDI, Eugenio Cantuarias, entró a trabajar a la ACHS en 1988. El cargo que tiene como director de la empresa pública que controla el Puerto de Talcahuano (cuyo directorio está presidido por el recién renunciado vicepresidente de La Polar, Heriberto Urzúa) no le impide ser además gerente de empresas asociadas de la ACHS, director de Bionet S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Clínicas del Sur SpA y presidente de Fucyt y ESACHS S.A. En esta última empresa también aparece el nombre de Mario Bravo, ex gerente de Administración y Finanzas y ahora gerente de clínicas regionales en la mutual y director de otras 13 sociedades, entre las que está Sorema S.A. Además de ellos, al menos otros cinco gerentes de la ACHS poseen cargos directivos en sociedades relacionadas.

    El periodista Alejandro Pino Uribe también es director de tres sociedades vinculadas a la mutual. Por 24 años fue gerente de la ACHS en la región de Coquimbo, pero ahora se mudó más al norte. Cuando en agosto de 2010 colapsó la mina San José, Pino fue enviado a Copiapó para hacerse cargo de la gerencia en la III Región, el epicentro del desastre interno que se desató en la mutual.

    EL FANTASMA DE LA MINA SAN JOSÉ

    Muchos ya los daban por muertos. Incluso el ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que eran pocas las posibilidades de sacar con vida a los 33 desde el fondo de la mina San José. Pero el 22 de agosto de 2010, a dos semanas del derrumbe, la situación cambió. Ese día, una de las sondas que buscaban hacer contacto con los mineros llegó hasta donde estaban atrapados. Minutos más tarde, el Presidente Sebastián Piñera levantó en su mano una bolsa plástica con un mensaje: “Estamos bien el refugio los 33”, decía el papel con letras rojas.

    Cuatro días después, la ACHS entregó el informe que le solicitó la comisión investigadora del derrumbe de la Cámara de Diputados. En ese documento, la mutual indica que entre 2006 y el día del accidente se realizaron 88 actividades preventivas en las faenas de la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., de las cuales 17 se habían llevado a cabo durante 2010. La última fue dos días antes del derrumbe, el 3 de agosto, cuando se habría realizado un informe técnico sobre los niveles de presión sonora en la mina.

    CIPER le consultó a un grupo de mineros de la San José sobre esas actividades preventivas. Uno dijo que nunca vio “a nadie de la ACHS visitando la mina”. Otro indicó que “las charlas de seguridad eran todas arriba, afuera de la faena, en la oficina del jefe de turno”. Y una paramédico, que también trabajó en la ACHS, aseguró que la mutual “se dedicaba a hacer muestras de gases o equipos de protección personal, pero en cuanto a los trabajos internos de la mina, no tenía injerencia”.

    En enero de 2011 la comisión investigadora del Congreso despachó su informe final, donde responsabiliza principalmente a los dueños de la mina, “quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”. Pero el mismo documento señala que las responsabilidades también recaen en la ACHS.

    De acuerdo a la ley, el principal objetivo que debe tener la ACHS es la prevención de riesgos en el trabajo. Pero el verdadero foco de la mutual está en sus negocios. Y eso no sólo queda demostrado por lo que pasó en la mina San José, sino que por su funcionamiento normal con cualquiera de sus casi 40.000 empresas afiliadas, las que podrán cambiar la situación el próximo martes 28 de junio, cuando se realice la asamblea que definirá el nuevo directorio.

    -Muchos ejecutivos de empresas intentan reducir al mínimo la inversión en seguridad de faenas para incrementar sus utilidades. El sistema reacciona ante esta realidad entregando a entidades intermedias, denominadas “mutualidades”, la facultad de promover y supervigilar la adecuación de las faenas laborales de las empresas a la normativa vigente, a fin de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad laboral. La relación que existe entre la mutual y la empresa es una comercial, en que la empresa es el contratante y mandante de la mutual, razón por la cual un incremento de exigencias de seguridad laboral planteadas por la mutualidad respectiva podría motivar el cese de su relación contractual con la empresa exigida. Esta situación de “promoción contenida o consensuada” entre mutual y empresa apareja un efecto indeseado para los trabajadores, donde éstos sufren la peor parte: su desprotección –dice el informe final de los parlamentarios.

    (*) En esta investigación colaboró el periodista Rodrigo Baires

    Los nexos del Gobierno con las empresas de la reconstrucción

    Se cumplía justo un mes del terremoto cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su última visita a la Octava Región, anunciaba el programa gubernamental Manos a la obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Pero no dijo nada sobre cómo se iba a implementar. Cuatro días más tarde, Radio Bío Bío informaba que tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales necesarios a los municipios: Homecenter Sodimac, Easy y Construmart.

    El gobierno justificó la decisión por el tamaño de las compañías y la rapidez con que podían repartir los materiales para la tarea de emergencia. Sin embargo, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat. Por supuesto, el anuncio provocó el inmediato reclamo de los dueños de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de las zonas devastadas, que podrían haber participado en una eventual licitación. Acusan que el mecanismo empleado es discriminatorio y que no se condice con el discurso gubernamental de apoyo al sector que representan. Y aseguran que están en condiciones de suministrar los insumos a los municipios de las zonas afectadas que los requieran.

    Ante el aumento de las críticas, el gobierno tuvo que reaccionar con un plan B. El jueves 1 anunció que se transferirían fondos para que las intendencias compraran más materiales a las ferreterías locales: “Escuché el planteamiento de las ferreterías regionales y me pareció sensato. Cuando las cosas son sensatas, cuando van en la línea correcta, no nos demoramos tiempo y tomamos las decisiones en forma inmediata”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

    La decisión no influye en el convenio con las tres grandes cadenas, dos de las cuales han estado estrechamente ligadas a autoridades del gobierno en los últimos años. Y una de ellas, de cierta forma, en las últimas semanas.

    Las antiguas empresas de los ministros

    El sábado 6 de marzo, Sodimac donó públicamente mil millones de pesos en la cruzada a nivel nacional Chile ayuda a Chile. Luego puso en pie una campaña que consistía en que por cada ladrillo que se comprara en sus tiendas, la empresa pondría otro para la reconstrucción. Ahora, por el convenio del programa Manos a la obra, se asegura ingresos por ventas cercanos a los $2.666 millones.

    Lo que no se ha dicho es que hasta sólo días antes de que asumiera en su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008 Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.

    El 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó la desvinculación que Moreno hizo de Inversiones Dersa Tacas Tres Ltda., una sociedad que nació de una división de Dersa S.A. en octubre del año pasado y que es parte del grupo de accionistas de S.A.C.I. Falabella. En ese movimiento, Moreno retiró la suma de $5.802.856.219.

    Por otro lado, la empresa Falabella-Sodimac también se ha visto vinculada en las últimas semanas, aunque no con el gobierno, sí con el Presidente. El Grupo Bethia, ligado a la accionista de Falabella Liliana Solari, fue el que compró la semana pasada el 99,9% de los derechos de Axxion, una de las dos sociedades a través de las cuales Sebastián Piñera mantenía sus acciones de LAN. Según la memoria de 2008 de Sodimac, ese mismo grupo posee el 12,61% de su capital social.

    El otro ministro que ha estado ligado a las empresas designadas para la reconstrucción es el titular de Minería, Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional ha estado ligado al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann. En diciembre de 2008 presentó su renuncia como gerente general corporativo ante el directorio de Cencosud, aunque ésta se hizo efectiva recién al finalizar enero de 2009.

    La expansión de Chicharro

    Construmart, antes de ser Construmart, era Chicharro S.A. Es la tercera de las tres grandes cadenas que se adjudicaron directamente el programa de reconstrucción del Gobierno y la única que no registra ningún tipo de vínculo con sus miembros.

    Nació en 1986, bajo el nombre de Calixto Chicharro S.A. y un capital que sus socios, Oscar Legarreta Ruiz y Calixto Chicharro e Hijo Ltda., fijaron en $45 millones. Cinco años después, ese monto se había multiplicado hasta llegar a los mil millones de pesos. Desde entonces, la empresa fue en franco crecimiento.

    Para 1995, cuando cambió su nombre a Chicharro S.A., la empresa ya contaba con más de $2.000 millones de patrimonio. Tres años después, luego de fusionarse con Comercial Eguiguren S.A. y Comercial Corbella Ltda., se convirtió en Construmart S.A. En 2006, cuando se dividió por segunda vez, quedó con un capital superior a los $34 mil millones, después de reducirlo para otorgar parte a la sociedad que nacía: Construmart Emprendimientos S.A. Actualmente, según su sitio web, con 28 sucursales (tanto de tiendas Construmart como Ferrexperto) tienen presencia en 11 de las 15 regiones del país.

    Las tres sociedades que ligan al nuevo gobernador de Bío Bío con la red clandestina de Paul Schäfer

     

    Sólo unas horas bastaron para que el nombramiento de José Miguel Stegmeier Schmidlin como nuevo gobernador del Bío Bío, una de las zonas más devastadas por el terremoto, se convirtiera en un conflicto de proporciones para el nuevo gobierno. Y ello porque Stegmeier figura como uno de los socios de tres de las empresas clave en la red financiera que tejió el otrora líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, para sacar dineros de Chile en forma ilegal y luego volver a invertirlos en el país: Hemlock, Tierra del Sur y Tierra Negra. Esta es la investigación que CIPER realizó desde el año pasado y que devela su participación en la trama que protegió al hombre que abusó de niños durante más de 40 años.

    Con una amplia sonrisa la intendenta de la Región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, se instaló ante la prensa local el jueves 18 de marzo para presentar a los gobernadores provinciales que la secundarán en la crucial tarea de reconstruir una de las zonas más castigadas por el terremoto. Los cuatro ungidos posaron junto a ella para la foto de rigor. Por su estatura y contextura uno de ellos sobresalía en el grupo. Pero José Miguel Stegmeier Schmidlin no sólo adquirió notoriedad por su estampa, sino porque horas después se convirtió en uno de los primeros dolores de cabeza que enfrenta el nuevo gobierno.

    Stegmeier es socio fundador de la agrícola Tierra Negra, mencionada en los expedientes del ministro en visita Jorge Zepeda como una de las sociedades que ayudaron a ocultar la fortuna que Paul Schäfer sacó ilegalmente de Colonia Dignidad, como se acredita en el fallo del 26 de agosto de 2006 del mismo juez (sobre el tráfico de armas del polémico enclave). El antecedente fue informado inicialmente por el diario La Nación, en mayo de 2006, y luego por CIPER, en un artículo publicado en marzo de 2009.

    La noche del mismo jueves, a horas de su nominación como gobernador de la provincia del Bío Bío, su historial fue difundido por el diario electrónico El Mostrador, provocando una marejada que obligó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a declarar que Stegmeier sería convocado a La Moneda para que aclarara sus reales vínculos con los negocios de Schäfer.

    Si en La Moneda hubieran hecho el simple acto de poner en Google el nombre de Stegmeier habrían surgido todos los antecedentes anteriormente mencionados, incluyendo el fallo de Zepeda, lo que les habría posiblemente evitado el conflicto que se originó.

    Porque el vínculo entre Colonia Dignidad y este connotado empresario agrícola y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura es bastante más estrecho de lo que ha aparecido hasta ahora. Así lo pudo comprobar CIPER al seguir la pista entre julio y septiembre de 2009 de las inversiones que vinculan a Stegmeier con las platas ocultas del enclave que controlaba Schäfer. No sólo Tierra Negra lo une a esta red financiera. CIPER descubrió que figura en otras dos entidades comerciales que manejaron un fundo cuyo valor comercial supera los $700 millones, dinero que los actuales dirigentes de Villa Baviera reclaman como propio ya que sería parte del botín que ocultó Schäfer en el extranjero.

    Se trata de las sociedades Tierra del Sur y Hemlock (Yukon) Farms, esta última creada en Canadá, precisamente uno de los países por donde circularon los dineros sacados de Chile ilegalmente, según confesó ante el ministro Zepeda uno de los mas estrechos colaboradores de Schäfer, el doctor Harmut Hopp.

    La confesión del doctor Hopp

    La hebra que liga a Stegmeier con Schäfer comenzó a desenredarse en mayo de 2006, cuando La Nación publicó una parte de las declaraciones hechas por el propio Hopp ante el ministro Jorge Zepeda en el proceso por tráfico de armas en Colonia Dignidad. Tres meses más tarde, el juez incluyó el testimonio del doctor Harmut Hopp, en la sentencia que dictó en uno de los tantos juicios en contra del grupo que controlaba Schäfer.

    Hopp reconoció ante Zepeda que le consiguió un pasaporte falso al líder investigado por abuso reiterado de menores, para facilitar su fuga. Para ello usó recursos que fueron a dar al paraíso financiero de las Islas Saint Kitts. En su declaración, Hopp reveló parte de la red bancaria y de las operaciones financieras que permitieron movilizar ilegalmente capitales utilizados posteriormente para sostener a Schäfer y a sus guardias mientras se mantuvo prófugo en Argentina.

    hartmut-hopp-2“Existían dos o tres cuentas en el extranjero, las que iban cambiando de titular. Refiere (Hopp) que esto ocurrió hasta el año 2000. Expresa que luego estos fondos fueron entregados a terceras personas que los han manejado en forma independiente. Y no tiene participación ni conoce de esos manejos. Asevera que el señor José Miguel Stemaier (sic) era uno de los que manejaba estas inversiones. Las restantes personas que administraron los recursos son Enrique Veloso y Edgardo Neumann. No sabe si se maneja sólo estas cuentas o lo hace conjuntamente con estas otras personas”, registra la sentencia de Zepeda.

    El dictamen señala, además: “Añade (Hopp) que hay cuentas en islas del Caribe. Que se efectuaron los depósitos a nombre de una sociedad, la que posteriormente trasladó el dinero a Chile, y se compraron propiedades al igual que en Chile. Se trata de un campo de nombre Tierra Negra, ubicado en Los Ángeles hacia la Cordillera, de un valor de US$ 1.000.000 a esa época. Dicha propiedad, se adquiriría con cargo a fondos que se encuentran en Canadá“.

    El fundo “La Rinconada”

    De acuerdo con los registros del Diario Oficial, la Sociedad Agrícola e Industrial Tierra Negra Limitada fue constituida el 19 de mayo de 1998 por los empresarios agrícolas José Miguel Stegmeier Schmidlin, Edgardo Roberto Neumann Muñoz y el abogado Enrique Veloso Schlie, los mismos nombres que señaló Hopp. El capital inicial fue de $12 millones. La sociedad registra un fugaz paso del holandés Huib Tollenaar Goedhart, fitopatólogo, ex académico de la Universidad de Concepción, empresario agrícola y quien hasta el año pasado asesoraba en materias de su especialidad a los administradores de Colonia Dignidad. Tollenaar ingresó a “Tierra Negra” el 2 de marzo de 1999, con un aporte de capital de $50.552.833, pero se retiró sólo cuatro meses después, el 25 de junio de 1999.

    La inscripción de la sociedad comercial Tierra Negra (RUT 77.169.040-8), seguía vigente al menos hasta mayo del año pasado, de acuerdo al certificado extendido por el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles a solicitud de CIPER.

    Tal como lo declaró Hopp ante el magistrado Zepeda, Tierra Negra tenía además una propiedad al interior de Los Ángeles cuyo valor bordeaba el millón de dólares de la época. Efectivamente, según una escritura protocolizada ante el notario Raúl Hernán Morales Adriasola y fechada el 27 de agosto de 1998, Tierra Negra compró a la Sociedad Agrícola y de Transportes Weldt y Peña Limitada el fundo “La Rinconada” en $ 450 millones. Dicha cantidad fue cancelada al contado. La cifra es equivalente a US$ 954.886 al cambio de agosto de 1998, lo que confirma el valor que Hopp mencionó ante el juez Zepeda.

    Hasta mediados de 2009, Dicom registraba ese bien raíz agrícola como propiedad de Tierra Negra. Pero la verdad es que hacía ya un tiempo que el predio no estaba en manos de esa sociedad.

    En su investigación, CIPER descubrió que el fundo “La Rinconada” fue traspasado a otra sociedad en la que también aparece Stegmeier. Según la inscripción que figura en el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles , “La Rinconada” se vendió en junio de 1999 a la sociedad Tierra del Sur, aunque curiosamente la inscripción sólo se materializó en 2002. ¿Quiénes conformaban Tierra del Sur? Dos hombres con un apellido ya familiar en esta historia: José Miguel Stegmeier, en representación de la canadiense Hemlock (Yukon) Farms, y su hermano Guillermo Alberto Stegmeier Schmidlin. El precio pagado por el fundo: $ 480.069.953 (equivalentes a US$ 995.990, al cambio de junio de 1999)

    El contacto canadiense

    El 28 de mayo de 1999, exactamente un año después del nacimiento de Tierra Negra, se constituyó la Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Tierra del Sur Limitada. Así consta en los registros del Diario Oficial. Sus socios son Helmock (Yukon) Farms, representada legalmente por José Miguel Stegmeier, y Guillermo Alberto Stegmeier. El capital social consignado en la constitución de Tierra del Sur asciende a $600 millones, de los cuales Hemlock (Yukon) Farms aportó $599.000.000 y Guillermo Alberto Stegmeier, un millón.

    La escritura de constitución de Hemlock (Yukon) Farms, protocolizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, fue suscrita en Vancouver, Canadá, el 7 de diciembre de 1998 y establece como socio fundador a Gareth C. Howells, abogado, domiciliado en 200-204 Lambert Street, Vancouver. El documento especifica que podrán realizarse “Juntas de accionistas en Santiago de Chile, Vancouver, Columbia Británica o lugares que los directores pudieren determinar a su absoluta discreción”. El único ejecutivo que registra la escritura de la sociedad es José Miguel Stegmeier Schmidlin.

    La traducción, visada por el consulado chileno en Canadá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, fue protocolizada el 19 de abril de 1999 en la notaría de Raúl Undurraga Lazo. A partir de ese momento, la sociedad quedó habilitada para operar en Chile.

    PAUL-SHAFER-2Y aquí los caminos comienzan a tornarse confusos. Según los documentos públicos disponibles, Hemlock (Yukon) Farms registra domicilio comercial en Chile en la calle Callao 2970, Oficina 907. A fines de 2009, la citada dependencia era ocupada por un joven profesional español, recientemente instalado allí, quien informó que arrendó la oficina luego que la dejara un abogado. CIPER intentó ubicar sin éxito al abogado. Finalmente, la propietaria de la oficina 907 indicó que adquirió el inmueble en 2006 y que nunca lo arrendó a una sociedad llamada Hemlock (Yukon) Farms. En síntesis, hoy no existe rastro del domicilio legal de la entidad en Chile, pese a que la empresa operaba activos por cifras cercanas al millón de dólares.

    Un certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones extendido por el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles en mayo de 2009, indica que a esa fecha el predio registraba dos hipotecas y una prohibición de enajenar, todas a favor del Banco BICE

    “La Rinconada” experimentó otros cambios. En julio del año pasado fue vendido al empresario agrícola Alfredo Scholz Brandt, de Los Ángeles. Contactado por CIPER, un sorprendido Scholz indicó que pagó $770 millones por esas 220 hectáreas, que la negociación se hizo a través del BICE y que las compró porque están a dos kilómetros de otro fundo de su propiedad. La escritura fue firmada por los hermanos José Miguel y Guillermo Alberto Stegmeier en representación de Tierra del Sur. Scholz aseveró que no ha tenido ni tiene ninguna relación con Colonia Dignidad.

    Las acusaciones de los colonos

    empresas-colonia-dignidad1En agosto de 2009 el vocero de los nuevos dirigentes de la ex Colonia Dignidad, Martin Matthussen, confirmó a CIPER que los directorios de las empresas matrices que componen el holding de Villa Baviera -Cerro Florido y Abratec- acordaron iniciar acciones para recuperar los dineros que Schäfer sacó fuera del país y que calculan, a lo menos, en unos US$ 3 millones.

    Fue una decisión provocada por los serios problemas financieros que atraviesan las empresas de los ex colonos. La falta de liquidez los llevó el año pasado a firmar un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el que hipotecaron predios por un valor cercano a los US$ 6 millones para garantizar el pago de indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales cometidos por Schäfer y de violaciones a derechos humanos ocurridas en Dignidad. A cambio, consiguieron que el CDE levantara los embargos que pesaban sobre Cerro Florido y Abratec para tener acceso a créditos.

    – No es leyenda que Schäfer sacó una gran maleta con dólares. Muchos la vimos en su habitación y él explicaba que era un resguardo para todos, en la eventualidad que fuera necesario huir o cerraran o bloquearan las cuentas corrientes. Cuando finalmente escapó, desapareció también esa maleta -cuenta Matthussen.

    El vocero de los colonos señaló que descartaron persuadir al ex jerarca encarcelado de devolver el dinero, pues dice que en todos los careos judiciales sus respuestas se limitan a dos frases:”No sé nada de esto” y “no sé de qué me hablan”.

    martin-mattusen– Con certeza no le importa nada lo que pueda ocurrir con Villa Baviera o las personas que lo siguieron por 40 años. A través de las personas que volvieron de Argentina (los colonos que lo protegieron en su fuga) supimos que, como fugitivo, Schäfer gastaba en un mes el mismo monto que toda la villa en Chile en igual período. Asumimos así que mucho del dinero ya se consumió. Otra parte del botín está en las propiedades adquiridas en Argentina durante su escape o en la propiedad de Islas Saint Kitts y cuentas bancarias en paraísos fiscales aludidas por el doctor Hopp en sus declaraciones judiciales -dice Matthussen.

    Respecto del rastreo de los fondos que Hopp sostuvo que están en manos de Tierra Negra, Matthusen señaló “Tenemos pistas, pero no quiero hablar de ellas para no romper las posibilidades de recuperar parte o el total de esas platas”. Aunque asegura que no ha conversado directamente con José Miguel Stegmeier, confirma que se han tendido puentes con él a través de terceras personas: “Existe el contacto y es un tema delicado. Es muy difícil demostrar cómo salieron los recursos de Villa Baviera. Dependemos de las negociaciones en curso para rescatar esos dineros”.

    Personeros vinculados a Villa Baviera indican que en la actualidad esos contactos informales en busca de un acuerdo prejudicial no han prosperado. Y no descartan seguir acciones legales.

    Veloso y Neumann, socios con memoria frágil

    CIPER intentó contactar en Los Ángeles y Chillán a los socios de Tierra Negra. El fitopatólogo Huib Tollenaar hace 10 ó 15 años abandonó la docencia, según informaron en la sede Chillán de la Universidad de Concepción. Su esposa informa al teléfono que a Tollenaar “no le gustan las entrevistas” y “nunca recibe periodistas”.

    El abogado Enrique Veloso Schlie, se pone al teléfono tras varias visitas frustradas a su oficina en Los Ángeles. Y declara: “Mire, yo no tengo nada que ver con esa empresa, que por lo demás, ya se terminó”. Al comentarle que tenemos a la vista el certificado de vigencia de la sociedad y registros de sus operaciones hasta el 2002 y que su nombre figura en esos documentos, la información lo irrita y concluye, airado:

    – No sé si estará grabando esta conversación y seguramente van a tomar mi nombre otra vez para desprestigiarme en un tema en el que no tengo nada que ver. Nunca tuve que ver con platas de Colonia Dignidad o sus negocios. Hable con José Miguel Stegmeier. Él puede darle las explicaciones que busca.

    El agricultor Edgardo Neumann contestó telefónicamente a CIPER mientras disfrutaba de un fin de semana de descanso en las Termas de Chillán. Cordial y distendido, señaló:

    Tierra Negra… eso fue hace mucho tiempo. Y me creó puros problemas con unos créditos bancarios. Pero… esa sociedad ya no existe.

    Al preguntarle por qué Tierra Negra vendió su patrimonio -el fundo “La Rinconada”- a Tierra del Sur y quiénes son los socios de Hemlock (Yukon) Farms, sin perder el tono amable, Neumann aseguró que no recordaba nada vinculado a esa sociedad y sus bienes. En el segundo llamado la conversación fue más tensa:

    -No se de qué me está hablando. No sé nada de la Colonia Dignidad ni de sus sociedades ni nada que tenga que ver con ellos. Esa sociedad Tierra Negra… no recuerdo cuál es su situación actual. Hable con José Miguel Stegmeier. El quedó a cargo de liquidar ese asunto.

    Registros de la PDI indican que, en 1996, pesquisas a las patentes de los vehículos que entraban a Villa Baviera vincularon a Edgardo Neumann, director de la Sociedad Agrícola del Bio-Bio, con el enclave de Schäfer. Los mismos registros señalan que entre 1997 y 2004, el mismo tiempo en que el líder alemán eludía a la justicia chilena ocultándose en Argentina, prácticamente realizó un viaje al mes a Buenos Aires. Uno de esos viajes ocurrió entre el 4 de diciembre de 1997 y el 9 de enero de 1998; coincidiendo con la compra de la finca La Solita, en Chivilcoy, el último refugio de Schäfer y sus guardaespaldas en Argentina.

    El diario La Tercera del 20 de marzo de 2005 consigna que el fallecido Juan Carlos Calandrino, ex piloto de carreras residente en Chivilcoy, llegó a establecer una relación de amistad con Peter Schmidt, jefe de seguridad del fugitivo pederasta. Calandrino reveló a periodistas del programa “Contacto” (Canal 13) que Peter Schmidt lo visitó “acompañado de un chileno de apellido Neumann”.

    El ex colono Willy Malessa, señaló a CIPER que en enero de 1998, cuando él y su familia abandonaron la Colonia, recibieron ayuda de Edgardo Neumann:

    -Subimos hacia zonas altas precordilleranas, a un terreno en Alto Bio Bio del agricultor Edgardo Neumann, donde vive un señor llamado Toño Farías. En ese tiempo teníamos que esconder a los niños, pues el Sename nos los quiso quitar. Allí vivimos con los niños en carpas y llegaron los Neumann y se quedaron un día y una noche.

    Malessa también indica que recibieron ayuda de Stegmeier: “Luchamos por una casa que no nos daban y entonces, José Miguel Stegmeier se sintió comprometido, compró una casa en La Cataluña y nos la pasó para vivir”.

    Stegmeier: “No comento negocios privados”

    José Miguel Stegmeier es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y director de la Sociedad Agrícola del Bío Bío, además de hermano del obispo de Villarrica, Francisco Stegmeier Schmidlin.

    En agosto de 2009, tras un largo periplo de encuentros y desencuentros telefónicos, finalmente logramos localizarlo. Nos respondió que era imposible reunirse con nosotros pues estaba viajando entre Santiago y Punta Arenas. Finalmente, y nuevamente a través del teléfono, accedió a hablar de Tierra Negra:

    – Encantado de conversar con usted, pero no veo razón de comentar por la prensa mis negocios particulares. Y Tierra Negra nada tiene que ver con recursos de Colonia Dignidad. Es un negocio entre privados, así que, a menos que usted tenga pruebas en sentido contrario, esta conversación no ayudará a su trabajo.

    ¿Entonces el doctor Hopp mintió en sus declaraciones ante el juez Zepeda?
    No conozco esas declaraciones ni estoy interesado en ellas.

    Nosotros estamos interesados en conocer su vínculo con la sociedad Hemlock (Yukon) Farms y los capitales que por su intermedio ingresaron a Chile.
    No comento mis negocios privados. No tengo la obligación ni interés en informar cómo invierto mis capitales.

    ¿Ha sido citado a declarar por el juez Zepeda respecto a Tierra Negra?
    No estoy involucrado en ningún caso policial.

    En la tarde del viernes 19 de marzo Stegmeier debió desplazarse con urgencia a La Moneda donde lo esperaba el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Y esta vez sí deberá explicar cómo y con quiénes armó su red de negocios privados y dónde se originaron los capitales de Hemlock, Tierra del Sur y Tierra Negra.

    El lento camino de la justicia

    hernan-fernandezEl abogado Hernán Fernández, representante de la mayoría de los querellantes por abusos sexuales cometidos por Paul Schäfer, indica que respecto de las denuncias de Hopp y las pistas que apuntan a Tierra Negra “reiteradamente expusimos la necesidad de investigar el tejido económico de la Colonia Dignidad y las acciones realizadas para ocultar bienes que sirven para sostener a los prófugos de la justicia. Estos movimientos de dinero permitieron que los jerarcas que huyeron a Alemania u otros países de América vivan en la opulencia, como lo hicieron Schäfer y sus custodios durante siete años en Argentina”.

    Fernández afirma que un conjunto de diligencias solicitadas desde el 2005 en representación de sus patrocinados y referidas a delitos económicos y de lavado de dinero se han visto limitadas porque “el juez Zepeda negó diligencias que luego las cortes han otorgado en estas materias, o las cumple parcialmente, ralentando los procesos a través de un trámite lento y engorroso”.

    Sobre las declaraciones formuladas a CIPER por Stegmeier, Neumann y Veloso, desconociendo su participación en los delitos que les imputó Hopp, afirma:

    -La pregunta es por qué, desde 2006 a la fecha, no se avanza en la investigación. Las pruebas se obtienen investigando y si el tiempo no avanza a favor del esclarecimiento de los hechos, avanza a favor de quienes cometen los delitos.

    cnn-stegmeier-schaferNota de la redacción:Luego de la publicación de este reportaje, el Gobierno declinó en la designación de José Miguel Stegmeier como gobernador del Bío Bío. Cuando se le preguntó por sus nexos con el ex jerarca de la Colonia Dignidad, Paul Schäfer, lo negó todo. Sin embargo, el lunes 22 de marzo CNN Chile publicó una foto en la que aparecen ambos hombres, uno al lado del otro. La imagen había sido publicada por Newsweek en su edición del 30 de junio de 1997. Para ver la imagen en el sitio de CNN Chile haga click aquí.

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    Ex hombre de confianza de Schäfer habla por primera vez: pide su parte tras millonario acuerdo entre Villa Baviera y el CDE

    Willy Malessa fue uno de los hombres de confianza de Paul Schäfer cuando éste mantenía el férreo control de los habitantes de Colonia Dignidad y sus finanzas. En su libro póstumo Delirios e indignidad: el estéril mundo de Paul Schäfer, Herman Schwember, delegado del gobierno durante 2006-2007 para contribuir a la reinserción social de los habitantes de Villa Baviera, se refiere a Malessa como uno de los miembro de los cuerpos de seguridad de Paul Schäfer “que negociaron su impunidad a cambio de entregar información sobre sitios en que se ocultó evidencia o efectuar delaciones de terceros”.

    Hoy, Malessa vive en Los Ángeles y dirige su propia maestranza. Por primera vez da una entrevista y reconoce que él entregó al juez Jorge Zepeda el sitio donde fueron enterrados los motores de vehículos arrebatados a prisioneros políticos llevados por la Dina a Colonia Dignidad, desde donde desaparecieron:

    -Le dije a Zepeda “le diré todo lo que sé y si es delito, entonces debe encarcelarme”. Parece que no era delito enterrar motores y me dejó libre. Pero las personas creen que pueden seguir juzgándome cada día. Aunque algunos han llegado a respetarnos- afirma.

    Malessa, su esposa y su hija, ya no viven en Villa Baviera. Como muchos ex colonos, decidieron irse cuando Schäfer estaba prófugo. En 1990, aún bajo el mando del jerarca pedófilo, había 304 residentes en el enclave. Hoy quedan 184. De los que partieron, 82 están en Alemania, uno en Austria y 37 en otros sitios de Chile. La mayoría de ellos sigue siendo accionista de las empresas de Villa Baviera y se enteraron por la prensa que esas sociedades firmaron un acuerdo -el pasado 21 de agosto- con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

    El documento legal estipula que las sociedades de los ex colonos garantizaron el pago de indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales y violaciones de Derechos Humanos perpetradas en Dignidad. Para asegurar las reparaciones, hipotecaron cuatro predios a favor del fisco -tasados en más de US$ 6 millones en total. A cambio, el CDE levantó los embargos que afectaban a las empresas de la Villa Baviera para evitarles la quiebra, debido a la aguda crisis económica que las afecta (vea el artículo publicado en marzo por CIPER sobre la situación de estas sociedades).

    En momentos que el acuerdo con el CDE saca a las empresas de la ex Colonia del inminente desplome, los llamados “disidentes” que ya no residen en Villa Baviera se deciden a hablar y también esperan su parte. Se preguntan si recibirán indemnización, pues se consideran víctimas del régimen de Schäfer. Incluso Malessa, el informante del juez Zepeda sindicado como responsable de la seguridad del jerarca antes de su fuga, cree tener derecho a una reparación.

    Al testimonio del matrimonio Malessa ante CIPER, se suman los de Dirk Collen y Georg Laube, otros ex colonos que ahora viven en Los Ángeles. Los dos últimos sostienen que en Villa Baviera pocas cosas han cambiado desde la salida de Schäfer. Aseguran que aún impera un credo religioso apocalíptico -el “Movimiento de la Lluvia Tardía” (ver recuadro)- que considera el sexo como algo pecaminoso y a las mujeres como personas de segunda categoría, similar al que predicó Schäfer. Y acusan que los actuales líderes son hijos de los antiguos jerarcas y que la persona que controla las finanzas es la misma que operaba con el predicador pedófilo.

    Bautismo masivo

    Georg (48) y Dirk (39) son hijos de colonos que en 1961 llegaron a Chile para instalarse en la Región del Maule, siguiendo los postulados de la secta creada en Alemania por el pastor Hugo Baar y el carismático predicador protestante Paul Schäfer. Georg se inclina levemente a la derecha cada vez que habla y pone su mano tras el oído, en un esfuerzo evidente por mejorar la audición: “Es un recuerdo que me dejó la infancia en la Colonia –explica-, porque una vez me castigaron tanto que sangré de este oído. Desde entonces, casi no oigo por él”.

    -Me fui de Villa Baviera definitivamente en febrero pasado porque nada ha cambiado de verdad. Mandan los hijos de los que mandaban en mi infancia. Todavía firma cheques Gesa Kunde, una mujer que en tiempos de Schäfer maltrató cruelmente a las niñas. Soy socio de las empresas, tengo acciones; pero nunca nos informaron de este acuerdo que levanta los embargos. No pudimos opinar, ni sabemos si nuestra situación se considera entre los que serán indemnizados -cuenta Laube.

    Cuando habla de su posible derecho a una reparación monetaria, Georg enfatiza que creció en la Colonia contra su voluntad y que fue víctima de malos tratos. “Ahora estoy casado, tengo tres hijos; dejé la Colonia porque estoy en desacuerdo con los directivos, pero… no tengo nada. Trabajo con Dirk, como socios, pero ni siquiera hice octavo básico, aunque una licencia dice que sí, pero es mentira. Nos dieron la licencia con una trampa y yo la uso porque si no, ni siquiera obtendría permiso de conducir. Hasta febrero administré (en Villa Baviera) mil hectáreas agrícolas por un sueldo de $500 mil y entré en conflicto porque reclamé la mala administración, que hace perder dinero a las empresas cada año”.

    A juicio de Laube, en la Villa persisten la estructura y valores sembrados por Schäfer: “Los que integran la directiva son de la secta del pastor Ewald Frank y en su religión, las mujeres son gente de segunda clase, el sexo es pecado y todo eso. A Frank no lo dejaron entrar a Chile el 2005, pero en 2003 bautizó en el río Perquilauquen a más de 170 colonos de todas las edades. Ahí me di cuenta que nada había cambiado”.

    En todo caso, a diferencia de lo que estipulaba el sistema de Schäfer, hoy los matrimonios viven juntos y las parejas no requieren autorización de los dirigentes para establecer relaciones afectivas. Y, contrario a lo que ocurría en el pasado, los hijos no son separados de sus padres (vea el artículo de CIPER
    Los secretos del código moral que se desplomó en Colonia Dignidad).

    La embajada alemana, relata Georg, patrocinó la presencia de un pastor luterano y él optó por esa religión: “A partir de entonces me echaron a un lado, porque creen que el pastor pasa información a la embajada y piensan que soy parte del espionaje. Reclamé al directorio. Les dije: ‘Ignoro por qué Gesa Kunde no está procesada como los jerarcas, aunque cometió los mismos delitos y, además, es parte de la mala administración responsable de las pérdidas que nos afectan a todos’. Después, me fui”.

    Derechos de aguas

    Dirk Collen contrajo matrimonio este año con una chilena. En Villa Baviera lo acusan de haberse apropiado de maquinaria agrícola y derechos de aguas a partir de los cuales formó diversas sociedades.

    -Mi padre fue uno de los que compraron el fundo El Lavadero (el predio que dio origen a Colonia Dignidad) y recibió instrucciones de Schäfer para inscribir a su nombre derechos de aguas que él detectó. Es verdad que ahora son el patrimonio de la familia, lo que me parece justo, porque todos trabajamos para eso. Hay muchas personas con derechos de aguas a su nombre en la Colonia. Un tema que deberán tener en cuenta quienes compren y vendan tierras de la Villa Baviera- indica Collen.

    Collen asegura que se retiró de la Villa con poco más de 20 años y $5.000 en el bolsillo. “Yo quería una vida y cuando Schäfer escapó, elegí no seguir ni un día más en un lugar donde siempre estuve forzado”.

    Respecto del acuerdo entre el CDE y los actuales directivos de la organización, afirma: “Mantengo mis acciones, que son recompensa por trabajar sin remuneración alguna desde los 7 años, no tener educación y haber aprendido el español y conocer a mis padres cuando era adulto. Como accionista, debieron informarme y consultar mi opinión sobre ese acuerdo. ¿Quién decide quiénes son las víctimas? ¿Seré indemnizado? No lo sé, pues me estoy enterando por la prensa de una decisión que también tiene que ver conmigo. ¿Le parece justo?”.

    Por los hijos

    Ante el llamado telefónico de CIPER, Malessa inicialmente se muestra a la defensiva: “Nunca he dado una entrevista. ¿Para qué? Si va a internet encontrará kilos de basura sobre mí”. Después de unos segundos, y tras enterarse del millonario acuerdo para las indemnizaciones, se decide y nos cita en un café. Llega con su esposa, Edeltraud Helga Bohnau. Y ella propone que la entrevista sea en su casa.

    “¿Por qué acepté la entrevista? Porque tenemos dos hijos y no queremos que sientan vergüenza de sus padres”, comienza diciendo Willy. Y de inmediato complementa: “Porque nunca supe de este acuerdo con el CDE. Llegué a Chile a los 10 años, sin mis padres, viví años de miseria en la Colonia y ahora me entero, otra vez, de decisiones sobre las que jamás nos informaron o consultaron, aunque tengo acciones de las empresas y más de media vida en esa organización”.

    Helga y Willy dicen que su reclamo tiene que ver con un patrimonio irrecuperable: el respeto social: “¿Cómo me indemnizan y quién puede hacerlo por aparecer como un criminal, violador de los Derechos Humanos? Mis propios hijos vivieron la más cruel de las infancias. Mi niña fue castigada brutalmente y nosotros lo supimos demasiado tarde. Recién comienza a recuperarse de lo que sufrió”, enfatiza Malessa.

    Willy asegura que no tuvo que ver con torturas ni desapariciones y -como muchos en la ex Colonia- insiste una y otra vez en que “ni sabía que eso pasaba”. Pero algo sabía. Y él reconoce que ya se lo dijo al juez Zepeda.

    La carta

    El matrimonio Malessa-Bohnau relata a tropezones, por su mal español, los abusos que él sufrió a manos de Schäfer y el sufrimiento de ella, tempranamente separada de su familia; el amor que vivieron extrañamente en un lugar donde eran castigadas las relaciones entre hombre y mujer, intentos de fuga que fracasaron e hijos que les fueron arrebatados.

    Helga y Willy juran mil veces que no tenían cómo saber de otras torturas que no fueran las propias. Tratar de distinguir a través de su testimonio entre víctimas y victimarios, entre verdades y mentiras, se torna inútil. Al final, la conclusión de Malessa: “Su justicia no me imputó delitos y me dejó libre. Esa es una verdad. ¿O los chilenos no creen en sus jueces?”.

    Al terminar la entrevista Helga exhibe una declaración preparada en 2007 que no lleva firmas, pero ella asegura que fue redactada con otros que, como ellos, reclaman también ser indemnizados. La nota ahonda sobre la situación de Malessa y Erwin Fege, ex encargado del sistema de espionaje electrónico y de los perros adiestrados. Según ese texto, ambos fueron injustamente acusados por los jerarcas, ante el ministro Zepeda, como responsables de violaciones de Derechos Humanos y tratados como “traidores” por pedir una indemnización por los años que trabajaron sin remuneración para Schäfer.

    Fege compró un campo en Purranque y creó la sociedad Agroindustrial Tierra Nueva. Según la versión que él entregó a CIPER en marzo pasado, se fue de Villa Baviera junto a cinco familiares y cada uno recibió $25 millones de la ex Colonia por haber trabajado sin sueldo. El pago fue hecho por los ex jerarcas cuando aún manejaban las empresas de Dignidad. Los actuales administradores de las sociedades indican que no hay registro del pago de esas indemnizaciones en la contabilidad.

    Vocero: “Un acuerdo justo para todos”

    Martin Matthusen, presidente de Inmobiliaria Cerro Florido Limitada -empresa propietaria de todos los inmuebles de la ex Colonia- y actual vocero de Villa Baviera, escucha preguntas que evidentemente le resultan ingratas: ¿Autoritarismo ejercido por los hijos de los viejos jerarcas? ¿Fanatismo religioso a la antigua usanza? Y responde con calma:

    -Nadie es responsable de quiénes son sus padres. No comparto lo que mi padre (Albert Mathussen) hizo. No podría. Nos puso al cuidado de Schäfer, con todo lo que eso implica. Pero, es mi padre. Y muchos hemos asumido el deber de cuidar de nuestros padres y preservar el patrimonio que construyeron, que nos da la oportunidad de rehacer, para todos los que crecimos aquí, una vida en condiciones dignas. Es nuestra herencia. Y de autoritarismo, nada. En la vida corriente aquí cada uno hace lo que quiere. Pero en la vida laboral hay jerarquías, orden y disciplina. De otro modo, cualquier proyecto empresarial fracasa.

    Mathussen se muestra dispuesto a explorar fórmulas para indemnizar a ex residentes de Dignidad: “Tengo que aceptar que los que están fuera de la Villa, así como los que aún vivimos aquí y los que se fueron a Alemania, también son víctimas. La pregunta es cómo llegar a un acuerdo que sea justo para todos. Y eso es una fase posterior, que debemos abordar. El sentido del acuerdo actual es reconciliarnos con el Estado de Chile (…). Queremos marcar hitos que hagan patente nuestro repudio a Schäfer y solidarizar con las víctimas. Tenemos claro que cada uno de los que vivieron y nacimos aquí también somos víctimas. Esta situación la vamos a abordar, pero en otro momento.

    -¿Qué pasa con la continuidad de la doctrina religiosa de Schäfer? ¿No es similar a los postulados del pastor Ewald Frank y el llamado “Movimiento de la lluvía tardía”?
    -No tenemos que ver con Ewald Frank como organización. Yo soy un cristiano, creyente, y no me declaro parte de ninguna institución religiosa.

    – En el 2003 hubo una ceremonia bautismal en el río Perquilauquen liderada por Ewald Frank. ¿Participó de ella?
    -Creo que… los ritos religiosos son parte de la vida privada y que no deben ser tema para la prensa.

    – Salvo cuando hablamos de la continuidad de una organización como Dignidad, que se basó en una visión apocalíptica, en función de la cual un grupo de “elegidos” buscaba la salvación, liderados por un predicador que abusó de niños y permitió violaciones de derechos humanos.
    – Obviamente la gente mayor tiende a ver lo esencial en la religión, mientras los más jóvenes tendemos a ser más racionales y a buscar respuestas religiosas cada uno donde quiera. Entre los directivos actuales hay quienes simpatizan con distintas religiones y muchos, entre los cuales me cuento, que por malas experiencias pasadas, somos muy distantes de las militancias religiosas.

    -Otras sospechas apuntan en el sentido de que es tan grande el patrimonio que aún si se indemnizara a todos los querellantes actuales y a todos los ex colonos, quienes se queden hasta el final en las empresas administrarán una potencia económica en la región.

    -Es una presunción exagerada. Hay muchas deudas por pagar. El levantamiento parcial de los embargos nos aporta una buena oportunidad de salir adelante, pero no nos deja sentados en una olla de oro.

    El “Movimiento de la Lluvia Tardía

    William Branham (1909-1965) relató por años cómo en 1946 se le apareció el ángel que le dio la misión de “llevar un don de sanidades a las naciones”, especialmente a la costa occidental de Estados Unidos. Un encargo que cumplió dando origen al “Movimiento de la Lluvia Tardía”, que espera la segunda venida de Jesús para llevarse a los elegidos. De acuerdo con su doctrina, se desencadenará entonces “el tiempo de la gran tribulación” y Dios aniquilará a los no elegidos por haber desobedecido su mandato. La lluvia temprana -en analogía con los ciclos agrícolas- culminó con la venida de Cristo. La lluvia tardía, precederá el apocalipsis.

    A la muerte de Branham las instrucciones del ángel se cumplían no sólo en la sede del movimiento en Jeffersonville (EE UU), sino a través de una red constituida por sus seguidores en los cinco continentes y que cuenta entre sus misioneros al pastor germano Ewald Frank, cuya Freien Volkmission (Misión Libre del Pueblo) opera desde la ciudad alemana de Krefeld. Allí Frank acogió en 1996 a Albert Schreiber, prófugo de Colonia Dignidad.

    Schreiber huyó de Chile tras negarse a entregar a la justicia menores abusados por Schäfer y encubrir las agresiones sexuales del jerarca a un niño bajo su tutela legal. Schreiber fue contador de los negocios de Dignidad y hacia de traductor entre el director de la Dina, Manuel Contreras, y la jefatura de la Colonia, por lo que pudo ser un importante testigo para aclarar delitos económicos y la suerte de detenidos desaparecidos. Falleció en 2008 en Alemania, víctima de un cáncer.

    Al pastor Frank acudieron también otros colonos a inicios de esta década, invitándolo a suplir con su liderazgo espiritual el vacío dejado por el predicador Schäfer. Entre 2003 y 2005 el “hermano Frank” ingresó a Chile reiteradamente y bautizó en el río Perquilauquen a 175 colonos, incluido entre ellos el doctor Hartmut Hopp, quien ofició de vocero de la Colonia tras la huída de Schäfer. El 18 de octubre de 2005, cuando venía a oficiar el matrimonio de Hans Schreiber (hijo de Albert), el gobierno de Ricardo Lagos prohibió su entrada porque “su presencia altera el orden público”.

    El “Movimiento de la Lluvia Tardía” cree en la “doctrina de la semilla de la serpiente”, de acuerdo a la cual Eva tuvo relaciones sexuales con el ofidio. Así fue engendrado Caín y quienes descienden de esa relación “están destinados al infierno”. Según explica el ex colono Georg Laube, esto obliga a las mujeres a un rol subordinado y sumiso, para que se mantengan alejadas de la tentación, la soberbia y la vanidad (vea la versión en español de la web del movimiento). La discriminación de la mujer también fue parte central de la prédica de Schäfer, con lo que sustentó una imagen pecaminosa del sexo, la obligación de los esposos de vivir separados y que los hijos crecieran alejados de sus padres, todo lo cual facilitó sus agresiones sexuales a menores.

    Los secretos del código moral que se desplomó en Colonia Dignidad

    Las estrictas normas de Villa Baviera -que incluían castigos físicos, separación de padres e hijos y un extenuante trabajo sin remuneraciones- comenzaron a resquebrajarse el mismo día en que Schäfer huyó en 1997. Pero debieron pasar casi nueve años para que la generación de colonos más jóvenes rompiera los códigos y desplazara a los viejos jerarcas. La lenta apertura que permitió a una veintena de jóvenes estudiar en el exterior, dejó en evidencia ante los ojos de la “segunda generación” cómo el ex líder los explotó para incrementar la fortuna que ocultó en el extranjero. Esta es la historia del quiebre generacional que desembocó en la reciente oferta de las empresas de Villa Baviera para pagar más de $1.400 millones en indemnizaciones a 11 víctimas sexuales de Schäfer.

    El restorán de Colonia Dignidad: una fábula alemana que merece conocerse detalle a detalle. Así tituló el vespertino La Segunda un reportaje de tres páginas y 16 fotos, en su edición del viernes 22 de enero de 1988. Promocionaba no sólo las bondades gastrónomicas del “casino-familiar” emplazado en Bulnes, sino también su disciplina y moralidad. Firmado por la periodista Luz Maria Astorga, reparaba con entusiasmo en el letrero del acceso a la zona de camping: Sólo para matrimonios y familias. Y profundizaba en su relato: Se exige carnet de identidad y libreta de familia, porque según el administrador “la moral es siempre una”. Entonces, si el turista cumple los requisitos, puede acercarse a la ribera del Itata (…) En el restorán, mozos jóvenes, de pelo cortísimo y cuellos anchos, visten chaqueta blanca, pantalón azul marino, zapatón negro o sandalias café. Rubios, rubicundos, hablan despacio (…). Con una demanda altísima, el personal de planta no da abasto y es por esto que cada sábado y domingo llegan 30 jóvenes desde la colonia.

    Aquel administrador tan celoso de las buenas costumbres era Gerhard Mücke, hoy condenado en primera instancia como cómplice de los ataques sexuales contra niños cometidos por el predicador evangélico Paul Schäfer, el autoritario regente de la Colonia Dignidad durante casi cuatro décadas. Y aquellos mozos adolescentes, silenciosos y rubicundos -varios de ellos también abusados en su infancia por el ex jerarca- hoy cuentan los verdaderos detalles que valía la pena conocer de aquella “fábula alemana”:

    -Nosotros trabajábamos toda la semana -recuerda Martin Matthusen- arreglando caminos, cosechando, reparando techos, lo que fuera. No parábamos. Y el fin de semana, en vez de descansar, nos subían a un bus y nos llevaban a trabajar en el restaurante de Bulnes. Volvíamos el domingo de noche, cansados. Y a esa hora Schäfer nos interrogaba, uno a uno, por separado, sobre lo que habíamos hecho, si sabíamos de algo malo hecho por otra persona y si en el restaurante de Bulnes la gente nos hacía preguntas sobre Villa Baviera.

    Las extrañas reglas del juego

    Martin Matthusen Gerlach tiene ahora 40 años y se convirtió en presidente del directorio de Cerro Florido, una de las principales empresas de Villa Baviera. Y ha sido el artífice, junto a los miembros del directorio de Abratec S.A. -el otro brazo fuerte del holding- de la oferta al gobierno de un pozo superior a $ 1.400 millones para indemnizar a las víctimas sexuales de Paul Schäfer. A cambio, piden que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desista de las medidas judiciales precautorias que mantienen bajo embargo todos sus bienes -incluidas las 16.000 hectáreas de sus terrenos- lo que tiene a sus empresas al borde de la quiebra ( ver reportaje “Crisis en ex Colonia Dignidad desata pugna por la fortuna que ocultó Schäfer)

    Matthusen y los otros 12 miembros de los directorios rechazan las acusaciones que indican que el patrimonio con el que desean reparar los abusos del ex jerarca puede ser fruto de actos ilícitos, como el mal uso de franquicias tributarias destinadas a beneficencia o el tráfico de armas. A su juicio, la “segunda generación” de Villa Baviera también fue víctima de los abusos de Schäfer y trabajó entre 30 y 40 años, sin remuneración, para construir el holding que hoy los ex colonos que permanecen en la ex Colonia Dignidad aspiran a administrar sin trabas judiciales.

    En 1985, cuando se inauguró el casino-familiar de Bulnes, Matthusen era un quinceañero. Formaba parte de un grupo de unos 30 jóvenes de entre 14 y 20 años. Hans Schreiber Nill (37 años), ahora miembro del directorio de Abratec, también era parte de ese grupo:

    -Era como una especie de cuadrilla de trabajo -recuerda Schreiber- y a donde nos mandaban, íbamos. Trabajábamos todo el día en el campo o en un camino o arreglando cañerías. Y yo iba feliz. Pensaba que así era la vida, que todo eso era normal.

    El descanso, las vacaciones, el premio, consistía en que el grupo partiera al interior del fundo a acampar en medio del bosque nativo. Las fogatas al aire libre eran la entretención suprema. Y el castigo físico -la receta de Schäfer para sacarles el demonio- iba desde golpes con palos o mangueras de goma, hasta la aplicación de sedantes y electroshock.

    img_0043Hoy, Hans Schreiber sabe que no fue normal que los hicieran trabajar siendo menores de edad. Tampoco que no les pagaran, que no les dieran vacaciones, que los sometieran a castigos físicos y que no les dejaran asistir al colegio ni vivir con sus padres. Eso, a pesar de que su papá -Albert Schreiber- fue un colono de extrema confianza de Schäfer, al punto que hacía los depósitos en efectivo en fondos mutuos, desde donde se sospecha que el jerarca sacó ilegalmente la fortuna que hoy mantiene oculta en el extranjero.

    -Yo creo que en toda mi vida no conviví más de diez semanas con mi papá y mi mamá. Después que se fue Schäfer, mi papá tuvo problemas con la justicia y regresó a Alemania con mi mamá y un hermano. Entonces lo fui a ver. Y después, cuando nos avisaron que ya estaba muy grave, en la villa hicieron una colecta para que volviera a visitarlo con otro hermano. Y eso sería todo lo que viví con ellos -rememora Schreiber.

    Martin Matthusen -cuyo padre también murió- cuenta que sus papás fueron perfectos desconocidos para él hasta casi los 30 años:

    -No nos estaba permitido hablar a solas con nuestros padres. Yo sabía quiénes eran mis papás, pero no me hacían cariño o cosas así. A veces, uno se encontraba en el comedor con ellos y eso era todo. Pero yo notaba que mi mamá me miraba más, así como de reojo. Recuerdo que, una vez, ella estaba trabajando en la carnicería y me dio unos trocitos más grandes para comer. Si nos pillaban, eso era una falta grave.

    Bajo el régimen impuesto por Schäfer, los matrimonios vivían separados. Los niños más pequeños crecían en un pabellón especial a cargo de “tías”. Después, las chicas y los jóvenes eran separados y residían en dormitorios colectivos, en habitaciones con dos o tres camarotes donde sólo tenían una silla para dejar su ropa y no podían cerrar la puerta con llave. Incluso, estrechar lazos entre hermanos del mismo sexo era castigado. Nadie podía salir del fundo sin un permiso de Schäfer y sólo podían hacerlo de a dos, como mínimo, siempre que no fuesen personas muy cercanas entre ellos, para que se delataran si hacían contacto con extraños. La amistad sólo era permitida entre miembros del mismo sexo y el “enamoramiento” sin permiso se castigaba duramente.

    Hasta la fuga del jerarca -en 1997- existían muy pocos televisores y sólo en manos de algunos dirigentes (como el propio Schäfer y el doctor Harmut Hopp). Los jóvenes asistían a una “escuela interna”, sin acreditación de acuerdo a las leyes educacionales chilenas. Entre 1961 y 1998 sólo dos personas -una de ellas el doctor Hopp- pudieron estudiar. A los que estaban en edad de trabajar, jamás les pagaron un sueldo, aunque firmaban todas las liquidaciones como si lo hubiesen recibido. Y recién en 1990 comenzaron a pagarles remuneraciones y las imposiciones previsionales.

    La plaza pública

    Cuando la tarde cae en Villa Baviera los hombres y las mujeres vuelven del trabajo en el campo. Los talleres, la cocina industrial, la carnicería y la panadería se apagan y sólo quedan algunos operarios limpiando las maquinarias. Pasadas las 18:00 los cuidados jardines que rodean la antigua residencia de Schäfer y el salón donde dictaba sus prédicas -ahora transformado en el restaurante Zippelhaus-, se convierten en una verdadera plaza pública. Los matrimonios jóvenes -es un decir, porque bordean los 40 años- salen a pasear con sus hijos. A tomar un poco de aire antes de encerrarse en los pequeños departamentos que habilitaron en el antiguo pabellón de dormitorios, donde apenas cabe su cama, las cunas de sus hijos y un par de muebles.

    Los ancianos se sientan en los bancos o caminan bajo un largo parrón de pilares blancos. La característica que los une es que todos desvían la mirada ante la presencia de un extraño y rehuyen la conversación y sobre todo las fotos.

    -Están cansados de la prensa después de tantos años de allanamientos… y… también les da vergüenza haber aceptado todo lo que pasó –le dice a CIPER un joven colono.

    -Todavía hay algunos que creen que el tiempo pasado era mejor, pero ya están completamente retirados de todo. Les molesta la música hasta tarde y que se beba alcohol cuando se hacen matrimonios –acota otro colono.

    Los eventos y casamientos aún son una novedad y llenan el predio de extraños. Se hacen en una carpa similar a la del casino de Bulnes y son parte de un plan para desarrollar el turismo. Lo impulsa Anne Schnellemkamp (32 años), quien inauguró el Zippelhaus, capacitó al personal y consiguió apoyo de Sercotec para iniciar las obras que convertirán el principal edificio de la villa en un hotel. Los turistas ocuparán las antiguas oficinas de la era Schäfer, ubicadas sobre la gran cocina y contiguas al inmueble que albergó la sala de vigilancia (la central de las cámaras, micrófonos y sensores ocultos, que contaba con un pasadizo secreto al estilo del Súper Agente 86).

    Hasta 1997 los matrimonios entre los colonos los autorizaba Schäfer. Después de su fuga, “un consejo de ancianos” mantuvo el régimen hasta 2004-2005. A Martín Matthusen, por ejemplo, los jerarcas le prohibieron casarse con la mujer que él amaba. “La niña más bonita de la villa”, dice y esboza una sonrisa recordando que después logró casarse con ella. Estos gestos fueron profundizando una brecha generacional que comenzó a abrirse el mismo día en que Schäfer huyó.

    -Era un domingo. Y cuando esa noche volvimos de Bulnes, no se hizo la reunión en la que nos interrogaba. Pero no nos dimos cuenta de inmediato. Pasó el lunes, el martes y recién el miércoles comenzó a correr el rumor de que se había ido…-recuerda Matthusen

    Desde entonces, poco a poco, el control se relajó. Los reportes diarios de toda la actividad económica que el predicador exigía, pasaron al olvido. “Antes, después del trabajo, el descanso consistía en ensayar en la orquesta, porque todos tenían que tocar dos o tres instrumentos. Y después del ensayo, Schäfer predicaba en el mismo salón de actos”, cuenta un asesor de los ex colonos.

    En esas intervenciones, Schäfer los enviaba a dormir convencidos de que el sistema los protegía de las tentaciones del demonio, cuyo reino imperaba más allá de las vallas con sensores y del alcance de los perros adiestrados dispuestos a disuadir a los que querían entrar o salir sin permiso. Debían dar gracias, porque su pesado trabajo diario no sólo era recompensado con comida y una cama, sino con la satisfacción de aportar a la mantención de una comunidad profética y a su obra de beneficencia.

    Agresiones sexuales

    En 1998 y 1999 se produjo un hito: algunos jóvenes fueron autorizados a salir del enclave para regularizar sus estudios secundarios. Por primera vez el grupo convivió con gente normal y, sobre todo, con personas del sexo opuesto, sin más límites que los que ellos quisieran establecer.

    -Yo también soy víctima -señala Thomas Schnellenkamp (39 años), miembro del directorio de Abratec- , aunque nunca recurrí a la justicia. Los jóvenes de Villa Baviera fuimos víctimas de un sistema totalitario. A los 33 años terminé mi cuarto medio y sólo recientemente, en diciembre, me titulé como ingeniero comercial en la Universidad del Bío Bío. Me casé y ahora me siento feliz. Tengo una hija y la segunda está por llegar. Años atrás para mí no existía la posibilidad de tomar esas decisiones. Paul Schäfer no me lo habría permitido. Y yo ni me habría atrevido a preguntarle.

    A comienzos de esta década, 20 jóvenes fueron autorizados a seguir estudios superiores. Pero no pudieron escoger sus carreras. Anna Schnellemkamp soñaba con ser profesora básica, pero la enviaron a estudiar Cocina Internacional a Inacap. Terminó con el premio a la excelencia académica de su promoción, pero cuenta que “prácticamente estudié llorando”.

    Sólo la mitad de los que partieron a estudiar, volvió. Los que regresaron mencionan como principal motivo la “compasión”, un rasgo acentuado por el origen religioso de la comunidad, aunque hoy nadie está obligado a participar en los oficios:

    Anna Schnellenkamp-Vi a los jóvenes que se habían quedado trabajando acá -dice Anna- sin poder estudiar y sentí compasión. Sentí una responsabilidad con ellos, con los que quedaron muy tristes cuando nosotros partimos a estudiar. Cuando volví me quedé para ayudarlos porque nadie se preocupaba ni de sus horarios de trabajo ni de sus días libres.

    La otra razón que los ata a la villa es la gran cantidad de ancianos que necesitan atención y que durante años trabajaron sin remuneración para la comunidad. Nunca fueron del grupo de jerarcas y ya no tienen parientes. La comunidad está compuesta por 87 personas laboralmente activas y 97 pasivas, de las cuales 62 son ancianos. Para atenderlos, los ex colonos organizaron la Fundación Perquilauquén, que cuenta con 119 socios que costean los gastos médicos de la población pasiva y pagan el bus que lleva a los escolares de la zona a la escuela local.

    La oportunidad de regularizar la enseñanza media y luego matricularse en instituciones de otras ciudades (Concepción, Chillán y Santiago) para cursar la superior, les abrió los ojos. Los varones comprendieron que la nula formación que tenían en temas sexuales había facilitado a Schäfer abusar de ellos. “Yo supe a los 28 años, que eso estaba relacionado con tener hijos. No sabía nada”, dice uno de ellos.

    Aunque hasta hace muy poco había muchos que negaban los abusos de Schäfer, ya en los procesos seguidos en los años 60 “por sodomía” en Dignidad -y que fueron sobreseídos-, hay testimonios que corroboran las insólitas formas en que los jerarcas abordaban los temas sexuales. Un informe de la Juventud DC de Parral enviado al entonces Presidente Eduardo Frei Montalva en 1967, reproduce las declaraciones judiciales del joven fugado de la Colonia, Wolfgang Muller, quien reveló haber sido sometido y haber presenciado en Villa Baviera prácticas homosexuales: “Esos hechos no trascendieron a las demás personas de la colonia y, por lo que yo sé, sólo lo supo Schmidt (se refiere a Hermann Schmidt Georgi, brazo derecho de Schäfer y presidente de la Sociedad Benefactora Dignidad). En cuanto a las preguntas que el tribunal me hace acerca de si la directiva de la colonia toleraba actos homosexuales (…), puedo declarar que en los casos que he relatado no se tomó ninguna medida para sustraernos a estas inclinaciones ni se nos aconsejó en ese sentido”.

    La vigilia permanente

    La explanada a la entrada de Villa Baviera que cada semana recibía a cientos de personas que solidarizaban con Dignidad cuando en 1990 el gobierno inició los trámites para quitarle la personalidad jurídica, hoy está cubierta de arbustos. La galería de concreto, el escenario, la caseta para la amplificación y una suerte de arco del triunfo en estructura de acero que Schäfer mandó a hacer en tiempo récord, ahora forman un reino donde los monarcas son el óxido y la maleza.

    Ni siquiera quedan rastros de los grupos de “Amigos de Villa Baviera” que entonces proliferaron en Talca, Parral, Chillán, Concepción y sus puntos intermedios. Ni de los políticos que solidarizaban en ese mismo escenario o través de los diarios, denunciando la acción gubernamental como una “campaña política” y un atentado a la propiedad. También como un golpe al ejemplo de moral que imperaba en el reducto.

    Paul SchafferEl principal espaldarazo que recibió Schafer ocurrió el 21 de marzo de 1991, cuando casi la totalidad de los senadores de derecha presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular el decreto que ponía fin a Dignidad. Fueron 17 los senadores que lo firmaron. Uno de los que rehusó suscribirlo fue Sebastián Piñera, a pesar de las fuertes presiones que ejercieron sus colegas de bancada. Tres meses más tarde el tribunal desestimó el recurso , pero tanto RN como la UDI apuntalaron con gran despliegue en los medios todas las estrategias judiciales que dilataron la cancelación hasta 1996.

    Esos años de ventaja que logró Schäfer gracias a ese fuerte apoyo político y múltiples recursos judiciales, le permitieron abusar de 11 menores, delitos por los cuales hoy está encarcelado. En efecto, una de las estrategias ideadas por el ex jerarca para demostrar que en la villa no había secretos, fue abrirla a niños de escasos recursos de las zonas aledañas (Catillo, San Fabián y San Carlos), con los que formó la “Juventud en Vigilia Permanente”, la que operó entre 1991 y 1996. Todos los menores abusados eran hijos de familias que apoyaban la mantención de Dignidad. Por eso, el ex jerarca no pudo acusar una “campaña política” cuando 26 de estas familias -aunque sólo 11 lo ratificaron en una querella- denunciaron que sus hijos habían sido abusados por el líder de la Colonia.

    El predicador había pasado varios años sin niños en Villa Baviera. Quizás como una forma de evitar la tentación, prohibió los matrimonios de personas en edad fértil y entre 1984 y 1996 no hubo nacimientos en Dignidad. Y tal vez por eso, cuando en 1991 decenas de menores entraron al recinto, se descontroló. Si antiguamente tomaba precauciones -le llevaban los niños hasta un baño aledaño a su habitación y protegido por múltiples sensores externos de movimiento-, en los años de la Vigilia Permanente organizó hasta “duchas colectivas”. Parece un contrasentido, pero los peores crímenes sexuales de Schäfer -como lo ha denunciado el abogado de sus víctimas, Hernán Fernández-, fueron cometidos cuando ya había retornado al país la democracia.

    La multiplicación de las sociedades

    Después de la fuga de Schafer -en 1997- la autoridad recayó en un grupo de fundadores compuesto, entre otros, por Hans Riesland, Hans Blanck, Gerd Seewald, Kurt Schnellemkamp, Karl Van Der Berg y Rudolph Collen. A ellos se sumaba, aunque era de una generación posterior, el doctor Harmut Hopp. En un comienzo ellos decidían sobre los matrimonios y quiénes y qué podían estudiar. Pero el grupo fue perdiendo poder. Los golpes más duros al antiguo régimen fueron la fuga de Riesland a Alemania, la condena por evasión tributaria a Schnellemkamp, el encarcelamiento de Hopp, la muerte de Blanck y la salida de Collen, que se radicó en Los Ángeles (Bío Bío). Además del descubrimiento de los contenedores con armas enterrados en el predio y el encarcelamiento del propio Schäfer (2005).

    En 1998 ya había dejado la villa el encargado de seguridad de Schäfer, Erwin Fege Fabian, quien manejaba el sistema de espionaje electrónico y los perros adiestrados. Fege se avecindó en Purranque, donde compró un campo e instaló la sociedad Agroindustrial Tierra Nueva. Según señaló a CIPER, partió con otros cinco familiares y todos pidieron $25 millones por los años que trabajaron sin remuneraciones para la Colonia. Martin Matthusen asegura que en la contabilidad de las empresas no hay registro de ese pago.

    Los largos años de allanamientos y juicios, convencieron a muchos colonos de que debían irse. De los 304 que había en 1990, 82 han viajado a Alemania, uno a Austria y 37 se radicaron en diversos puntos de Chile. Otros también se convencieron de que las las sociedades vinculadas al holding serían liquidadas por los embargos judiciales impuestos por el Estado. Y, por lo mismo, residentes y ex residentes de Villa Baviera, a pesar de que mantienen sus acciones del holding, formaron otras 17 sociedades comerciales.

    No obstante el millonario patrimonio, hay ex colonos que viven situaciones económicas complicadas. Son aquellos que en la época de Schäfer, cuando se formaron las sociedades matrices del holding, no pudieron comprar el mínimo de 360 acciones que se requería o bien no fueron considerados por la jerarquía para participar en el negocio. Estas sociedades anónimas matrices son Agripalma, Bardana y Cinoglosa (ABC), propietarias en partes iguales de Cerro Florido y en un 70% de Abratec (el 30% restante pertenece a 76 ex colonos accionistas). Si se comparan las nóminas de accionistas (AgripalmaBardanaCinoglosa AbratecNómina de los accionistas que tienen mayor propiedad sobre estas empresas) con la lista histórica de los residentes de la villa, se observa que hay a lo menos 40 ex colonos que no tienen propiedad en las empresas aunque muchos de ellos aportaron a ese patrimonio trabajando durante 30 ó 40 años sin sueldo. Siete de ellos son representados hoy por el abogado Hernán Fernández, quien exige una indemnización para sus clientes. Franz Baar (55), uno de los que reclaman su parte, vive hoy junto a una ex colona en una mediagua sin servicios básicos, en el riguroso clima de la Carretera Austral.

    Tanto en Villa Baviera -que pasó el martes 24 de marzo sin electricidad por un corte ejecutado por no pago de facturas-, como en otros puntos de Chile, Alemania y otros países, hay muchos ex colonos con los ojos puestos en el ansiado levantamiento de las medidas cautelares sobre sus 16 mil hectáreas y bienes muebles. Un pozo de dinero los espera. Pero la última palabra, de no fructificar la negociación en curso con el gobierno, la tendrán los tribunales.

    Documentos falsificados

    En abril de 1988, Schäfer ordenó constituir Abratec S.A., la que compró casi todos los bienes muebles de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad (SBED). En noviembre de 1989, a sólo días de que Patricio Aylwin se convirtiera en Presidente electo, Schafer puso en marcha la segunda parte del plan que dio origen al holding de Villa Baviera, creando las sociedades anónimas Agripalma, Bardana y Cinoglosa (ABC). Aylwin había sido el político que más tenazmente había procurado cerrar la Colonia en los años 60. Y tal como lo previó Schafer, una vez instalado en La Moneda, volvería a la carga.

    El capital de ABC quedó conformado por inmuebles que pertenecían inicialmente a una sociedad llamada Cerro Florido Colectiva Civil. El patrimonio de está última eran las 22 propiedades que estaban en manos de la SBED (las casi 15 mil hectáreas del fundo de Villa Baviera, el fundo de Bulnes y la casa en Campos de Deportes 817), porque estos inmuebles no pertenecían a esa corporación -como creía el gobierno- sino a 30 colonos que eran cercanos a Schäfer.

    El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intenta probar que hubo contratos simulados para traspasar inmuebles comprados con dinero de la SBED a manos de los 30 colonos que dieron origen a Cerro Florido. Eso, a objeto de evitar que tales bienes pasaran a una institución de beneficencia al cancelarse la personería de la SBED. El litigio ya lleva 13 años y el CDE ha logrado que los bienes de Cerro Florido y Abratec permanezcan bajo embargos que impiden enajenarlos o darlos en garantía. Sin embargo, es altamente probable que el CDE pierda ese litigio (actualmente apeló al sobreseimiento definitivo).

    La defensa de Cerro Florido y Abratec alega que de 19 juicios donde se ha discutido si su propiedad tiene origen legítimo, en 18 se ha fallado a su favor. Pero en esos procesos tampoco se ha podido probar que las compras de los terrenos que dieron origen a las sociedades no se hicieron con dinero de la SBED. Y no se puede probar porque Dignidad no llevaba contabilidad. Sus jerarcas argumentaron que al ser una institución de beneficencia, estaban exentos de impuestos. Por ello, estimaron que no era necesario documentar sus movimientos financieros.

    No obstante, en un juicio por fraude tributario -que terminó en condena ratificada por los tribunales superiores- la sentencia escrita en abril de 2003 por la jueza María Luisa Riesco incorporó dos elementos que apuntan directamente a que no se realizaron algunas de las operaciones comerciales que dieron origen al patrimonio de Cerro Florido, ABC y Abratec. En efecto, citando una pericia de los auditores Víctor Campos y José Varela, la jueza indica que el único balance de ingresos y egresos proporcionado por la SBED fue el correspondiente a 1989. En ese balance no aparecen los ingresos por la venta de cuatro inmuebles que hizo ese mismo año la SBED a algunos de sus socios. Inmuebles que al año siguiente aparecen aportados por sus nuevos dueños a la constitución de Cerro Florido.

    El 2 de agosto de 1989 se redujo a escritura pública la sesión de directorio de la SBED y el punto único de la tabla fue la venta de propiedades a miembros de la misma corporación: “En estas condiciones -escribió la magistrada- se vendió, el 22 de septiembre de 1989, al señor Harmut Wilhelm Hopp Miottel, la hijuela 1 de la colonia en $ 4.000.000; a Georg Schmidtke Miottel, Friedhelm Bensch Laube, Siegmar Helmut Wellnitz Zupp, Brigitte Malessa y Edith Malessa, la hijuela 7, El Bosque, en $ 12.500.000; a Wolfgang Zeitner Bohnau, Erwin Fege Fabian y Siegfried Laib el predio El Litral de Bulnes en $ 3.000.000; a Peter Schmidt Spinti y Ulrich Schmidtke Miottel, el inmueble de Campo de Deportes 817, Santiago, en $ 10.000.000. Cada uno de los compradores anteriores concurrieron a la constitución de Cerro Florido Sociedad Colectiva Civil”.

    Los ingresos de esas ventas no figuran en el balance de 1989 de la SBED, lo que a juicio de los peritos es la evidencia de que las transacciones no se realizaron. La jueza Riesco, al redactar su sentencia, hizo suyo ese razonamiento: “En consecuencia, los peritos opinan que los $ 50.500.000 que componen el capital de Cerro Florido Sociedad Colectiva Civil, no están constituidos por aportes reales, al menos de los reconocidos como tales por la técnica contable y, por lo tanto, tampoco tendrían validez las empresas Agripalma S.A., Bardana S.A y Cinoglosa S.A”.

    No es todo. Al vender sus activos fijos a Abratec en 1990, la SBED rebajó el precio en más de $141 millones. La justificación fue que Abratec se haría cargo de deudas que la SBED tenía con algunos de sus miembros por préstamos cuyos comprobantes eran contratos privados que databan de los años 60. Los originales de esos documentos estaban en la causa que lleva el CDE por contratos simulados. La jueza Riesco los pidió y los sometió a pericias en el Archivo Nacional las que arrojaron presunciones fundadas de que los papeles eran falsos. Además, la jueza comprobó –mediante información proporcionada por el Registro Civil– que los alemanes pusieron sus números de cédula en los contratos, en circunstancias que a la fecha de firmar esos documentos aún no tenían carné de identidad.

    Si el CDE está buscando pruebas de que hubo contratos simulados en el origen de ABC, Cerro Florido y Abratec, al menos respecto de la última encontrará municiones en la sentencia de la jueza Riesco: “(La SBED) presentó al Ministerio de Justicia un estado de situación en el que no se incluían sus bienes raíces en el activo y se aumentaba el pasivo mediante supuestos préstamos que le habrían efectuado algunos colonos por $ 385.910.804, créditos que pretendió acreditar ante el 14º Juzgado del Crimen de Santiago (la causa en la que litiga el CDE) con documentos cuya falsedad se encuentra suficientemente probada en este proceso”.

    Crisis en la ex Colonia Dignidad desata pugna por la fortuna que ocultó Schäfer

    La nueva generación de líderes de Villa Baviera administra un tigre de papel: empresas con millones de dólares en patrimonio, pero ahogadas por deudas y sin crédito porque sus bienes están embargados en un juicio con el Estado. Ya le cortaron el suministro eléctrico a su fundo de Parral y están en riesgo de quiebra. En ese escenario, los nuevos dirigentes anuncian acciones judiciales contra los aliados de Paul Schäfer que saben dónde está el dinero que el antiguo jerarca sacó del país y calculan que unos US$ 3 millones pueden ser repatriados. Además, ofrecieron al gobierno pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos a menores cometidas por Schäfer (con un fondo superior a $ 1.400 millones) y de violaciones de derechos humanos ocurridas en la colonia. A cambio, piden que se levanten las medidas judiciales precautorias que paralizan sus empresas.

    Este martes 24 de marzo fue uno de los días más negros para los 184 ex colonos que aún permanecen en la Villa Baviera. Poco después de las 11:00, a la ex Colonia Dignidad le cortaron la electricidad por no pago. El pánico cundió entre los residentes. Para muchos fue la señal de que ya no queda otra salida que abandonar el lugar. La mayoría son ancianos que ya no tienen parientes en Alemania y parejas jóvenes que sólo finalizado el régimen de terror que instaló Schäfer pudieron formar las primeras familias que viven como tales: sin pedir permiso para dormir juntos y con sus hijos bajo el mismo techo. Son estos últimos los que han tratado de mantener a flote el holding de empresas que administra el fundo de 14.000 mil hectáreas en Parral, la venta de áridos en Bulnes y los restaurantes que han dado fama a los productos alimenticios premium que se comercializan en el Jumbo y Lider bajo la marca Villa Baviera, entre otras actividades.

    El holding cuenta con un patrimonio cuantificado judicialmente en millones de dólares, pero paulatinamente se fue convirtiendo en un tigre de papel, cada vez más asfixiado por las deudas. Primero, porque Schäfer y su círculo íntimo sacaron ilegalmente del país gran parte del capital. Y luego, porque el Estado logró -desde 1996- el embargo de todos sus bienes, por lo que las empresas de Villa Baviera no pueden acceder a créditos para renegociar sus deudas, renovar maquinarias y financiar nuevos negocios.

    A mediados de marzo los colonos se enteraron de que sólo era cuestión de días para tocar fondo. La alarma la encendió la compañía Luzparral al negarse a renegociar por tercera vez una deuda de $ 28 millones. El consumo mensual del enclave va de $ 8 millones en verano a $14 millones en invierno, y eso que poseen una turbina que abastece el 50% de la energía que requieren. El martes 24, la compañía bajó el switch y paralizó la fábrica de cecinas, la panadería y pastelería, la cocina industrial, la lechería, el nuevo restaurante Zippelhaus y, lo más grave para la comunidad, el antiguo hospital (hoy convertido en posta). Las peores consecuencias fueron para los más ancianos que reciben atención médica permanente, en una vecindad donde la población pasiva (97 personas) supera a la activa (87).
    Lo irónico es que uno de los nuevos negocios que tienen en carpeta y no han podido financiar por los embargos, es la construcción de tres centrales hidroeléctricas de pasada en el río Perquilauquén.

    La crisis ya había provocado que los directorios de las principales compañías del holding –Cerro Florido y Abratec– buscaran urgentes fórmulas para asegurar la continuidad de giro. Una de ellas es intentar recuperar al menos parte del capital que Schäfer se llevó al extranjero. A los contactos informales con quienes aparecen como partícipes del secreto mejor guardado por el ex líder del enclave alemán, ha seguido la notificación de que se procederá judicialmente contra ellos si no cooperan.

    Operación retorno

    Martin MatthusenPeter Schmidt cree que todos los que seguimos viviendo en Villa Baviera somos traidores”. Martin Matthusen Gerlach pronuncia la frase después de un breve silencio, como queriendo marcar distancia entre él y Schmidt, uno de los hombres que Paul Schäfer preparó para que algún día encabezara la conducción y el control que el anciano predicador pederasta mantuvo durante casi cuatro décadas en la ex Colonia Dignidad. De hecho, Schmidt encabezó el grupo que lo protegió en su fuga a Argentina.

    Matthusen es uno de los líderes de la llamada “segunda generación” de los colonos asentados en la precordillera de Parral y que hace sólo dos años tomó el timón de las sociedades y empresas que conforman el imperio económico que fundó Schäfer. Una camada de cuarentones que finalmente desplazó del poder a los viejos jerarcas del círculo íntimo de Schäfer, lo que incluyó “invitar” al conocido doctor Harmut Hopp a irse de Villa Baviera a mediados de 2008.

    Que Matthusen (40 años) hable de Schmidt (55) es una escena cargada de simbolismo. El ungido que no llegó al trono, en boca de aquel que animó la rebelión. Y Matthusen no pronuncia ante CIPER los nombres de Schmidt y Schäfer en vano, sino para clavar una estaca en el corazón económico del antiguo régimen, destinada a sofocar cualquier posibilidad de resurrección del patriarcado, rescatar los millones de dólares que el fundador de Colonia Dignidad ocultó, reparar a sus víctimas y asegurar la continuidad de las empresas de Villa Baviera.

    Matthusen, actual presidente de Cerro Florido, anuncia que los directorios del holding han decidido exigir legalmente la devolución de los millones de dólares -cuyo monto será imposible de determinar, según fuentes judiciales- que Schäfer sacó del país. Por lo mismo instruyeron a su abogado -el penquista Enrique Monasterio- para que actúe en consecuencia si al cabo de 60 días los sospechosos de conocer el paradero de los dólares no se allanan a restituirlo. Entre los hombres que serían blanco de estas acciones se cuenta a Schmidt y a Hopp, además de los empresarios agrícolas José Miguel Stegmeier y Edgardo Neumann, dos de los pocos chilenos del círculo íntimo de Schäfer.

    La operación recuperación va acompañada de otro hecho simbólico. Cerro Florido y Abratec, ofrecieron al gobierno garantizar el pago de las indemnizaciones que dictaminen los tribunales para reparar a las víctimas de abusos a menores cometidos por Schäfer. A $ 1.400 millones alcanzan las indemnizaciones a las 11 víctimas que arrojó la condena de primera instancia y que deben pagar Schäfer y otros 22 acusados de facilitar sus agresiones sexuales a niños. Y los colonos están dispuestos a garantizar un pozo superior ante el evento de que aparezcan nuevas víctimas de abusos sexuales o de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Villa Baviera en dictadura. Así lo informaron a CIPER partícipes del actual diálogo con un representante de La Moneda.

    Treinta sociedades

    Este “gesto de reconciliación con Chile”, como insisten en llamarlo los líderes de la “segunda generación”, se resume en la oferta que reservadamente han lanzado al gobierno los directorios del holding: indemnizar a las víctimas de Schäfer a cambio de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se desista de las medidas judiciales precautorias que mantienen paralizado su patrimonio.

    El holding de Villa Baviera está compuesto por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Florido Limitada (agrícola, forestal y propietaria de todos los inmuebles de la ex colonia); Abratec S.A. (extracción de áridos, transportes y restaurantes); Productora y Distribuidora de Alimentos Prodal Limitada (elaboración y distribución de productos de panadería, pastelería, rotisería y quesos); Transportes Powertur Limitada (movimiento de carga en carretera) y Sociedad El Quilén Colectiva Civil. Todas ellas pertenecen a tres sociedades madres: Agripalma S.A. , Bardana S.A. y Cinoglosa S.A. , las que coloquialmente -con esa obsesión por el orden tan alemana- son llamadas ABC por los ex colonos.

    Sumergirse en los archivos del Diario Oficial y de los conservadores de bienes raíces para conocer todas las propiedades y sociedades conformadas por los ex colonos desde1988 -cuando crearon la primera- es complejo. En esos registros oficiales CIPER detectó 45 inmuebles y 30 sociedades comerciales vinculadas a residentes y ex residentes de Villa Baviera. Además de las nueve sociedades que integran el holding, hay otras 21 de los más diversos rubros que tienen como socios a residentes y ex residentes de la ex Colonia Dignidad. Y las fronteras son difusas, porque varias de ellas han prestado servicios o arrendado bienes al holding.

    Algunas fueron creadas por consejo de los abogados y asesores tributarios contratados en la época de Schäfer, como una herramienta que permitiera evitar nuevos embargos. Pero otras sociedades son obra de la iniciativa personal de ex colonos que buscaban nuevas formas de subsistencia. Y ello porque desde fines de los años 90 y hasta 2005, cuando se sucedían los allanamientos y los bienes fueron afectados por las precautorias judiciales, muchos se fueron convenciendo de que las empresas del holding sucumbirían y finalmente el Estado se quedaría con su patrimonio.

    A pesar del oscuro panorama, salvo los jerarcas que traspasaron acciones a sus hijos cuando se vieron envueltos en diversos juicios por ilícitos de la era Schäfer, prácticamente todos los accionistas han mantenido sus títulos en ABC. Todos los ex colonos -incluidos los que se han ido de Villa Baviera- saben que si se levantan los embargos esas tres letras serán la llave para un futuro construido sobre millones de dólares en propiedades y negocios.

    Representante de Bachelet

    En octubre pasado, el recién llegado embajador de Alemania -Michael Glotzbach- se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet. El diplomático le manifestó la preocupación de su gobierno por la situación que afecta a los ciudadanos de su país que han decidido quedarse a vivir en Villa Baviera. De los 304 colonos bajo el control de Paul Schäfer en 1990, hoy sólo quedan 184 residentes: 120 abandonaron el lugar (82 de ellos partieron a Alemania, uno a Austria y 37 a otras zonas de Chile).

    En 1990 prácticamente toda la población era activa y no había menores de 12 años, porque el jerarca había prohibido nuevos matrimonios. Hoy en Villa Baviera sólo 87 personas trabajan (64 lo hace para el holding y 23 en el exterior). La población pasiva está compuesta por 97 residentes: 31 menores (sólo tres en edad escolar), 54 pensionados, 2 con pensión en trámite, 4 minusválidos, una persona postrada, un enfermo crónico, 2 universitarios y 2 dueñas de casa.

    Si la carga para mantener a la población pasiva es demasiado alta para el grupo activo, hay un problema mayor: la explosión de matrimonios y nacimientos tras la caída de Schäfer ha generado hacinamiento. Los antiguos dormitorios colectivos que separaban a hombres de mujeres, han sido adaptados por las nuevas familias como departamentos. Las cortinas fijan las separaciones interiores, no tienen cocina y usan un baño común. La estrechez los ha llevado -orientados por el fallecido delegado especial del gobierno, Hermann Schwember- a formar un comité habitacional para pedir acceso a subsidios.

    Prosperidad es una palabra ajena a la Villa Baviera. Su población ha vivido un proceso de empobrecimiento relativo que no dice relación con el patrimonio acumulado por Schäfer y que los ex colonos reclaman. Por eso, el embajador alemán manifestó a la Presidenta la preocupación de su gobierno por la situación crítica en que viven sus ciudadanos -especialmente los ancianos- y ella se comprometió a buscar una solución. La mandataria nombró al abogado Luciano Fouillioux, asesor del Ministerio del Interior y ex subsecretario de Carabineros, para buscar una fórmula. Pero no una cualquiera.

    La meta de la Presidenta es asegurar el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos. Fouillioux ha avanzado en la materia. La idea es que Cerro Florido ceda en garantía de pago varios terrenos, los que ya fueron tasados por un organismo aceptado por el representante de la mandataria. Esos terrenos debiesen ser administrados por un tercero que asegure el pago de las reparaciones cuando los tribunales cierren los procesos.

    El Informe Chadwick

    Frente a las dudas del gobierno -razonables si se toma en cuenta que durante casi tres décadas Villa Baviera entorpeció la acción policial y ocultó evidencias-, la embajada alemana encargó al abogado y síndico de quiebras Hermann Chadwick Larraín que elaborara un informe sobre la situación financiera de las empresas del holding. Un estado de situación que diera garantías al gobierno sobre la veracidad de la crisis que acusan los ex colonos. Chadwick ya había intervenido las empresas de la villa en agosto de 2005, cuando una jueza de Parral le asignó esa tarea tras aceptar una solicitud del CDE. Pero el ministro en visita Jorge Zepeda -que desde entonces tiene exclusividad para llevar los procesos de la ex colonia, salvo aquellos por abusos a menores- anuló esa orden y Chadwick debió dejar la tarea a los 21 días.

    Chadwick puso fin a su fugaz intervención, pero uno de sus auditores se quedó a trabajar con los alemanes. Se trata de Patricio Reyes Rojas, el mismo contador procesado en el caso Inverlink y que Chadwick integró a su equipo cuando asumió como síndico de una de las quiebras relacionadas con ese grupo económico. Reyes Rojas fue gerente de Finanzas de Cerro Florido hasta septiembre del año pasado, cuando Chadwick recibió el encargo de la embajada alemana. Entonces el síndico volvió a llevarlo a su corral para que trabajara en el informe. Aunque hay miembros del directorio de Cerro Florido que dicen que Reyes les indicó que había sido absuelto en el proceso por Inverlink, fuentes judiciales confirmaron que sólo salió ileso de los cargos por ilícitos tributarios, pero que sigue procesado en el “cuaderno principal” por estafa e infracción al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. El nombre de Reyes fue recordado con insistencia en la noche del martes 24, la primera que Villa Baviera pasaría en penumbras, porque él renegoció con Luzparral la deuda por el consumo eléctrico.

    Alemanes son expertos en reparación de maquinaria,pues no pueden renovarlaReyes Rojas fue clave en la elaboración del Informe Chadwick. Aportó los flujos de caja de las empresas proyectados hasta diciembre de 2009, concluyendo que acumularán un déficit negativo superior a los $ 1.300 millones si no obtienen recursos frescos para reprogramar sus deudas y financiar inversiones. El informe de Chadwick es categórico: “Urge alzarlos (los embargos) mediante la implementación de un acuerdo reparatorio (…) esto debe hacerse con extrema urgencia”.

    “Buenas conversaciones”

    El primer movimiento de la operación para repatriar los dineros que Schäfer ocultó en el extranjero, apuntó a Peter Schmidt Spinti. A través de personas que dan confianza a ambas partes, le han pedido que les ayude a repatriar un monto que debiese bordear el millón de dólares, con el que Schmidt compró propiedades en Argentina donde se refugió Schäfer para escapar de la justicia chilena. Con estos dineros, asegura Matthusen, Schmidt adquirió a su nombre una finca en Chivilcoy (Buenos Aires).

    -En una primera instancia agotaremos todos los medios extraoficiales. Primero conversaremos, y si eso no da ningún gesto positivo en 60 días, haremos las denuncias para recuperar esto judicialmente -explica Matthusen.

    La operación recuperación incluye al doctor Hopp. El médico confesó ante el ministro Zepeda su participación en maniobras orquestadas por Schäfer para sacar dinero del país, hacer millonarias inversiones en el exterior y conseguir pasaportes.

    Las declaraciones de Hopp fueron incorporadas por el ministro Zepeda en su sentencia por el juicio por fabricación de armas en Villa Baviera. En ellas, el médico indicó que con dinero de los ex colonos (resultante de su trabajo no remunerado durante más de tres décadas) y que supuestamente conformaba un “pozo para emergencias”, se abrieron cuentas en Centroamérica, Canadá, Uruguay y en las Islas Saint Kitts. A estas últimas –dijo al juez- viajó personalmente en procura de un pasaporte para Schäfer, operación que requirió comprar un inmueble en ese lugar avaluado en unos US$ 250 mil.

    Siegfried Laube, presidente de Abratec S.A.Hopp sitúa en 1997 la fecha en que Schäfer dio la última cuenta de ese pozo, cuando dijo que bordeaba los US$ 10 mil por colono. En la época, los residentes de Villa Baviera superaban las 300 personas, por lo que el pozo podría empinarse sobre los US$ 3 millones. En su declaración, Hopp afirmó que parte de ese dinero fue administrado por José Miguel Stegmeier, Edgardo Neumann y Enrique Veloso, los que habrían comprado un campo en Los Ángeles -denominado “Tierra Negra”- por “un valor de US$ 1 millón”. Y los registros del Diario Oficial indican que en mayo de 1998 los tres crearon la sociedad Agrícola Tierra Negra Limitada.

    Stegmeier ya es objeto de acciones judiciales interpuestas por el abogado Hernán Fernández, defensor de los menores abusados por Schäfer y uno de los artífices de la captura del predicador. Fernández señaló que espera que la justicia aclare si el empresario jugó algún rol en la administración del dinero que usó Schäfer para ocultarse. En 2005 se filtró a la prensa que informes policiales indicaban que Neumann viajó una vez al mes a Buenos Aires entre 1997 y 2004, el mismo periodo en que Schäfer se ocultó en Argentina, y que en ocasiones lo acompañaron Veloso y Stegmeier. Una de esas salidas coincide con la fecha en que fue comprado el terreno en Chivilcoy.

    -Algunas conversaciones (para recuperar los dineros en el exterior) ya están iniciadas. Con Peter Schmidt hay buenos avances…, más no quiero detallar -indica Martin Matthusen.

    Un punto que puede enturbiar la posibilidad de que el gobierno cierre un acuerdo con los ex colonos es que las investigaciones que aún lleva el ministro Zepeda demuestren que parte del dinero que Schäfer sacó del país -y que también podría estar en el origen del patrimonio de las actuales empresas de Villa Baviera- proviene del tráfico internacional de armas.

    Aunque Zepeda condenó a cuatro personas (Hopp, Schaffer, Kurt Schnellemkamp y Karl Van Der Berg) por fabricar armamento, hasta el momento de dictar esa sentencia no había encontrado evidencias de que la Colonia vendiera armas. Sí encontró pruebas de que Gerhard Mertins, uno de los más reconocidos traficantes a nivel mundial, fue un asiduo visitante de Dignidad. Así lo confesó el propio Schäfer a Zepeda.

    Peter SchmidtMertins conoció a Schäfer porque fue compañero en la fuerza área nazi del segundo hombre de Colonia Dignidad: Hermann Schmidt Georgi (padre de Peter Schmidt). De hecho, un equipo de Dignidad viajó a una mina de oro de Mertins en Durango (México), que curiosamente se llamaba “Parral”, para instalar antenas de radiocomunicación y sistemas electrónicos de vigilancia. Manuel Contreras, el ex jefe de los aparatos represivos de Augusto Pinochet y también asiduo visitante de Schäfer, reconoció al mismo Zepeda que Mertins, con quien viajó a Europa, fue proveedor de armas del gobierno militar y que la colonia “regaló” helicópteros a Carabineros.

    Martin Matthusen rechaza que el dinero que está en el exterior y los bienes de Villa Baviera provengan del tráfico de armas

    -Todo es fruto del trabajo de nosotros y de nuestros papás. Yo, y muchos conmigo, queremos construir nuestro futuro acá. Tenemos hijos chicos. Queremos que ellos no sufran esa mochila de la Colonia Dignidad de abusos a menores, violaciones de derechos humanos y todas las atrocidades que nosotros, aunque inocentes, estamos pagando ahora. Nosotros condenamos, repudiamos y no tenemos responsabilidad mínima en todo eso. Para terminar con esto, debe hacerse a satisfacción de los que sufrieron alguna consecuencia negativa de parte de integrantes de Villa Baviera. Pero todos los de mi edad, hombres o mujeres, también fuimos víctimas. Sufrimos castigos físicos, abuso, arresto domiciliario, trabajo duro no remunerado. No recibíamos nada más que comida y una pieza donde dormir. Fue un sufrimiento, en mi caso, de 28 años, porque a esa edad por primera vez salí solo de la Villa Baviera.

    La cuestión previa

    Frente a estos gestos de la “segunda generación” de Villa Baviera, el gobierno alberga dos grandes dudas respecto de avalar la fórmula de “indemnizaciones por embargos”. La primera dice relación con asumir un acuerdo que termine beneficiando a autores de abusos o ilícitos económicos. Y ello porque en las nóminas de accionistas de ABC hay personas acusadas como cómplices de Schäfer -tanto en su fuga como en sus ataques sexuales a menores-, las que se beneficiarían con el levantamiento de las medidas precautorias. De hecho, Peter Schmidt es uno de los ex colonos que concentra más acciones (4,24% en Bardana y 3,16 % en Cinoglosa).

    La otra interrogante es que no está claro cuánto del patrimonio de las empresas de Villa Baviera se originó con dineros que fueron defraudados al fisco por exenciones tributarias y franquicias aduaneras que Schäfer usó para capitalizar los negocios y no para la beneficencia. Precisamente, esto originó que en 1990 el gobierno de Patricio Aylwin iniciara el proceso para cancelar la personalidad jurídica de la entonces Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad -lo que recién se concretó en 1996-, cuando se demostró que sólo el 9,8% de los ingresos de sus negocios se destinaban al hospital y la escuela.

    Respecto del primer punto, los líderes de Villa Baviera reconocen que hay personas acusadas junto a Schäfer que son accionistas del holding, pero afirman que la justicia tiene las herramientas para obligarlas a responder con su patrimonio personal para reparar los daños a las víctimas.

    -El punto es que la suma de los bienes individuales de los procesados no permite pagar los montos fijados en la condena de primera instancia por abusos a menores. De hecho, Schäfer no figura como dueño de nada y debe pagar $770 millones. Entonces, esos $1.400 millones de indemnización no son más que un monto nominal incobrable si las empresas de Villa Baviera no garantizan completar el total –explica un asesor de los colonos.

    Lechería de Cerro FloridoLa segunda duda es la más delicada desde el prisma político. Avalar un arreglo de esta naturaleza podría interpretarse como el reconocimiento por parte del gobierno de que todos los bienes de Villa Baviera fueron obtenidos de manera legítima. Durante años, el CDE ha intentado demostrar que gran parte de esos bienes fueron adquiridos con dinero proveniente de negocios que montó la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad (SBED), gracias a que compraba e internaba maquinaria libre de impuestos, no declaraba renta y por casi 40 años no pagó remuneraciones ni leyes sociales a sus integrantes.

    La defensa de las empresas de Villa Baviera insiste en que los bienes que dieron origen a ABC -los inmuebles que hoy están en manos de Cerro Florido- siempre pertenecieron a personas naturales, socios de la SBED, que los entregaron en usufructo a esa corporación de beneficencia. Y estiman que entre 1988 y 1991 -cuando se formaron las sociedades matrices del holding- lo que se hizo fue restituir el usufructo de las tierras a sus legítimos dueños. El CDE disiente e intenta probar que se trató de contratos simulados, orquestados con el fin de traspasar irregularmente los bienes para evitar que fuesen entregados a otra entidad de beneficencia -y que se restituyera el perjuicio al fisco- cuando se canceló la personería a la SBED.

    Las previsiones del gobierno apuntan a que es altamente probable que el CDE pierda el juicio -el Consejo apeló al sobreseimiento- y que los embargos sean levantados. Por eso se decidió explorar la posibilidad de garantizar las indemnizaciones. La reparación a las víctimas mitigaría una derrota judicial después de 19 años de diversos litigios con la ex Colonia Dignidad. A favor de materializar el millonario acuerdo corre el apuro de los alemanes que enfrentan el riesgo cierto de la quiebra. Pero en La Moneda también saben que no se puede estirar mucho la cuerda, porque si se produce la quiebra no estará dentro de las prioridades de los acreedores saldar la deuda moral con los menores abusados.

    El desastre de las siembras

    Quienes conocen los archivos contables con los que se elaboró el Informe Chadwick, dicen que el principal problema del holding fueron las pérdidas de los tres últimos años en el rubro agrícola.

    Markus Blanck– Las empresas no tienen capital -explica una fuente que analizó esos documentos- y viven de lo que generan mes a mes. ¿Dónde está el capital? Pensamos que se lo llevó Schäfer. Los resultados del área agrícola en los últimos tres años han sido muy malos y han generado un resultado global negativo. Los precios del rubro no acompañaron (la leche y el trigo bajaron, mientras los fertilizantes, la energía eléctrica y el petróleo subieron). Cerro Florido sólo tiene acceso al crédito más caro, que es el de los proveedores de fertilizantes.

    Los directores de Cerro Florido, Markus Blanck (35 años, jefe del área agrícola) y Reinhard Sholz (53, jefe del área forestal) corroboran lo anterior:

    -Los cultivos han dado pésimos resultados -dice Sholz- por la sequía y por la crisis económica. El precio es muy malo y los fertilizantes subieron hasta tres veces.

    Markus Blanck señala que “en total tenemos 800 hectáreas de cultivo, 150 de ellas con riego, más 200 en pradera”. Para esa superficie se requieren unos $ 700 millones por año para fertilizantes. A eso suma la maquinaria que no han podido renovar : “Tenemos sólo un tractor trabajando, para las mil hectáreas. La máquina cosechadora está embargada y obsoleta”.

    El área forestal ha mantenido en pie a Cerro Florido, pero los bosques maduros están prácticamente agotados. Sólo les quedan 14 hectáreas de pino y -lo más atractivo- 58 de raulí. “Pero es poco lo que ganaremos con la explotación del raulí, casi $ 10 millones al mes. No alcanza para rellenar los hoyos de los fertilizantes”, dice Sholz.

    Abratec S.A, es la “vaca lechera” del holding. Aunque su rubro de mayor fama es el gastronómico, por el restaurante de Bulnes, el negocio estrella para efectos de las utilidades del holding son los áridos. Durante dos décadas fue un verdadero monopolio que abastecía la construcción desde Los Ángeles a Talca. Era imposible competir con sus precios, por un factor tan simple como ilegal: a los alemanes no les pagaban sueldos ni leyes sociales.

    A mediados de los ‘80, Abratec se consolidó en las ligas mayores de la construcción al asumir dos tareas monumentales en las obras de la represa Colbún Machicura: la perforación de un túnel y la excavación del canal que va de Machicura a Talca. Pero hoy su pozo de áridos en el río Itata (Bulnes) se agota. De hecho, está solicitando a la Conama que le apruebe una Declaración de Impacto Ambiental para explotar por varios años un pozo que está un par de kilómetros aguas arriba, aunque ya cuenta con los permisos municipales para trabajar por un año esa área:

    Reinhard Sholz-El 2004 fue un año muy difícil, porque Petreos, que habitualmente nos compraba, dejó de hacerlo. Buscaron otro proveedor y de un día para otro estábamos sin venta. Nos salvó la construcción de la fábrica de celulosa de Arauco en Nueva Aldea y salimos de ese hoyo. Cada año hay flujo de caja en verano, pero en invierno baja mucho. Y tenemos muchos sueldos que pagar. En Bulnes la nómina es de 163 trabajadores y en Parral son casi 80- explica Siegfried Laube (58), presidente de Abratec.

    El patio de maquinarias -todas embargadas- de la empresa se fue convirtiendo en un cementerio de chatarra. Camiones y retroexcavadoras que alguna vez representaron una fortuna, hoy sólo podrían ser vendidos por kilo. “Con el embargo no podemos renovar y trabajamos con máquinas de hasta 1964”, indica Laube.

    En las últimas semanas la decepción imperó en Villa Baviera, porque los ex colonos estaban esperanzados en que el Informe Chadwick daría paso a la cooperación económica del gobierno alemán, por intermedio de su embajada, pero eso no ocurrió. “El informe -señala Blanck- tiene algunas sugerencias buenas, pero yo pensaba que nos ayudaría a obtener un crédito para que pasen estos tiempos difíciles. No fue así”.

    Controlando la corrupción

    Huella digital

    En diversos indicadores de efectividad del estado de corrupción y su percepción, nuestro país aparece en niveles que son satisfactorios. Pero aún está lejos de niveles óptimos. Moverse en esa dirección es imprescindible. Para lograrlo, se requiere de un Estado institucionalmente más sofisticado que el actual y también más profesional. Después de todo, el presupuesto para 2008 de US$ 34 mil millones hay que contrastarlo con uno de US$ 6 mil 400 millones en 1990.

    No sólo han crecido los recursos administrados por el Estado, sino también el monto y número de los contratos que asigna. Intentar influir en esa decisión se vuelve ahora más atractivo que antaño y, por tanto, si antes era necesario reformar el Estado ahora es urgente e indispensable.

    Los hechos recientemente ocurridos en el Registro Civil son una clara señal de ello. La manera en que se llevó a cabo el proceso de licitación de una nueva plataforma tecnológica para el servicio, dista de ser propia de un Estado moderno. Los hechos que marcaron dicho proceso son ahora objeto de una investigación que sigue su curso en la justicia y sobre la que es aventurado todavía sacar conclusiones categóricas, pero ciertamente hay irregularidades que invitan a la sospecha y que CIPER ha documentado de manera amplia.

    Más allá de este caso particular, no cabe duda que el Estado chileno es aún institucionalmente débil y ello representa una invitación a la corrupción. En particular, para que algunas empresas en lugar de competir por calidad y precio lo hagan “capturando” a los encargados de adjudicar los valiosos contratos estatales.

    Es sabido que las empresas pueden obtener sus ganancias a través del mercado o por medio de rentas. La búsqueda de rentas tiene diversas dimensiones. Hay dos habituales. En la primera, se inscriben todas aquellas regulaciones que desalientan la competencia, asignan subsidios injustificados a una empresa o generan privilegios especiales para sus operaciones. Una segunda dimensión a través de la cual se accede a rentas, es a través de la obtención de contratos de manera corrupta, en particular, por medio de coimas o donaciones a campañas políticas, etc. En ambos casos, se requiere de “habilidades de gestión política” más que empresarial. Típicamente, en estas situaciones no se crea riqueza y, por tanto, la comunidad no obtiene beneficios de esta acción empresarial. Esta distinción se ha planteado desde hace tiempo pero quizás pocos lo han hecho tan lúcidamente como Mancur Olson o William Baumol.

    “Rara vez se pone el acento en que un Estado débil también puede ser capturado por las empresas para sus propios intereses. Desde el punto de vista del país, esto último es tanto o más peligroso que lo primero porque invita a una cultura de obtener ganancias por medio de rentas antes que a través de intercambios libres y voluntarios de mercado. El resultado es un país que crea poca riqueza y, por tanto, poco progreso”.

    La necesidad de modernizar el Estado ha tenido como argumento principal en nuestro país la captura que del mismo pueden hacer los políticos para sus intereses de corto plazo, los que no siempre coinciden con los del país. Pero rara vez se pone el acento en que un Estado débil también puede ser capturado por las empresas para sus propios intereses. Desde el punto de vista del país, esto último es tanto o más peligroso que lo primero porque invita a una cultura de obtener ganancias por medio de rentas antes que a través de intercambios libres y voluntarios de mercado. El resultado es un país que crea poca riqueza y, por tanto, poco progreso.

    Afortunadamente, la forma de solucionar ambas capturas, en los aspectos medulares, no es distinta. Para avanzar en ello es indispensable hacer una distinción conceptual -en Chile raramente considerada- entre Estado y Gobierno. Los regímenes presidenciales tienen la característica que la máxima autoridad elegida es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y, por ello, la distinción tiende a diluirse. Ésta, en cambio, es muy clara en los regímenes parlamentarios.

    Esa particularidad no debería inhibirnos a tener un Estado más profesional y fuerte. Es indispensable, entonces, avanzar hacia un servicio civil que en muchos países alcanza hasta el nivel de nuestros subsecretarios. Un aspecto fundamental de una iniciativa de esta naturaleza es que la gestión y ejecución de las políticas públicas, de la administración de los programas y de las operaciones habituales del Estado, entre otros aspectos, esté claramente separada de los gobiernos de turno y de la influencia política. Una reforma de esta naturaleza, que parece obvia, no deja de ser resistida. Después de todo, hay intereses que son afectados: aquellos de los políticos y otros grupos de interés que pueden verse beneficiados del esquema actual.

    Los servicios civiles han sido cuestionados porque si bien ayudarían a avanzar en el control de la corrupción, serían lentos en poner en marcha la maquinaria del Estado al servicio de los gobiernos. Pero este cuestionamiento ha sido abordado a través de transformaciones institucionales innovadoras realizadas por Australia, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros países. Y ello se ha hecho sin renunciar al concepto que ha orientado históricamente a los servicios civiles.

    En Chile se han dado pasos muy tímidos en esa dirección, pero aún son muchas las reparticiones donde el “apellido” (la afiliación partidaria) determina el ocupante del cargo. Avanzar hacia un Estado profesional, independiente y transparente tiene, además, externalidades positivas que rara vez se advierten en el debate público. Entre otras, un mayor control de los servicios públicos, una cuidadosa atención a que las leyes no abran espacio a actos discrecionales, una especial preocupación por asegurar buenos diseños institucionales y una mayor transparencia en la gestión de las diversas instituciones. Se conforma así un contexto que limita la corrupción y aumenta la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.