El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo.distribucion_agua_2 No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

sequia_3La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012.  En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

distribucion_agua_4En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

biobio_gob_regionalEn los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío  (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

aljibe_1El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

escasez_aguaEn la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado  “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados. Y se hace además un  llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

gobernacion_PetorcaEl 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

EMBALSE RECOLETA005.JPGAquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Nota de la Redacción (Actualización): El 15 de enero de 2019, Radio Biobío informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios en contra del empresario transportista Germán Faúndez, quien desde 2012 habría presentado facturas y declaraciones tributarias falsas, lo que le habría causado al Fisco pérdidas por $1.215 millones (sangonera la verde sitios para solteros). 

“Cada vez serán necesarias más y más habilidades para tener un trabajo decente”

Vea también “Estudio prevé que el 50% de los trabajadores chilenos será reemplazado por máquinas

Existe un amplio consenso en que la automatización del trabajo es creciente e inevitable. El dato más actual al respecto lo publicó CIPER la semana pasada: un estudio de la consultora McKinsey Global Institute que estima que el 49% del empleo en Chile tiene posibilidades de ser automatizado en los siguientes 20 a 40 años. Si eso nos lleva a una sociedad más próspera y equitativa, está por verse, pero antes de que tengamos claridad sobre aquello, la entrada constante de robots y programas avanzados en el mercado del trabajo tiene varios elementos desconcertantes que están reordenando el escenario social. Uno de ellos es este: es posible que la industrialización ya no sea una vía para que países como Chile se desarrollen.

En anteriores entrevistas con CIPER, investigadores como Ha-Joon Chang (economista de la Universidad de Cambridge) o Ben Ross Schneider (politólogo del MIT) han mostrado que todos los países que durante el siglo XX alcanzaron el desarrollo lo hicieron industrializándose decididamente (lo que muchas veces implicó que los estados usaran políticas agresivas para conseguir que los privados dejaran de producir materias primas y saltaran a las manufacturas).

Japón en las décadas del 40 y 50, Corea y Taiwán en los años 60 y 70, China e India en la última década, lograron incrementar su riqueza aumentando la variedad y complejidad de lo que producían. En esto fue clave la expansión del sector manufacturero, que para Chang es “el verdadero centro de aprendizaje del capitalismo”, pues allí las personas aumentan sus habilidades, se organizan de forma más compleja e incrementan “el conocimiento colectivo del país”. Para Chang ese conocimiento es el sello del verdadero desarrollo y por eso, argumenta, aunque durante algún tiempo un país que vende cobre y uno que produce tecnología pueden crecer a buen ritmo, en el largo pazo el crecimiento del que vende materias primas es más voluble, menos fuerte y queda atrás, (ver grafico).

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Estas ideas están en el subconsciente chileno y cada vez que el precio del cobre tiembla emerge una pregunta esperable en un país que ya perdió una oportunidad con el salitre: ¿por qué no fuimos capaces de usar la bonanza del cobre para salir de las materias primas?

Pero lo automatización acelerada de las industrias parecen estar cambiando los términos de esa pregunta, haciendo el camino al desarrollo menos evidente y el resultado más incierto. Martin Ford autor del libro El ascenso de los robots (elegido en 2015 el libro del año por el Financial Times) dijo a CIPER que “es posible que China sea el último país en lograr desarrollarse a través de la estrategia de industrialización”.

Citando al economista Dani Rodrick, Ford remarca que muchos países que intentaban ese camino, como México e incluso India, se están desindustrializando prematuramente. ¿Por qué? Hay varios factores, pero Ford cree que el central es la automatización. Las nuevas tecnologías bajaron tanto los costos de producir que están anulando la gran ventaja que tenían esos países: su mano de obra barata. Sobre todo ahora que esta no es tan barata. En el caso chino reportes indican que entre 2003 y 2010 el salario mínimo de sus obreros se triplicó, aunque según la revista Forbes sigue siendo un 1/5 del precio de la mano de obra norteamericana. La conclusión de esto parece paradójica: el robot no es tan competitivo como un trabajador mal pagado, pero si este último comienza a mejorar sus condiciones laborales y, por consiguiente, su calidad de vida (al fin y al cabo las políticas de industrialización se hacen para eso), el robot empieza a ser una buena opción.

En parte por esto, desde 2009 las industrias textiles que habían partido a China, India y México, comenzaron a volver a Estados Unidos. ¿Significa eso que vuelven los empleos? No. Ford lo ilustra con el caso de la firma Parkdale Mills, en Carolina del Norte: si en 1980 esta gigante algodonera hubiera querido tener su nivel de producción actual, habría requerido 2.000 operarios. Pero hoy solo necesita 140 (si se toma el tiempo de ver el video promocional de esta textil tendrá una idea de lo que significa la desaparición del trabajo por efecto de la automatización). Para no perder terreno, China está elevando la apuesta: cero  trabajadores. Cero. Empresas como Foxconn que provee de componentes electrónicos a Apple y Samsung ya han remplazado –en los últimos 2 años- al 60% de sus trabajadores con robots. Y está construyendo enormes plantas totalmente robotizadas, “complejos que funcionan día y noche con las luces apagadas y sin ningún operario adentro”, describió Ford en una charla reciente.

Por supuesto que una industria robotizada de todos modos genera beneficios para la localidad en la que está instalada, en términos de necesidades de transporte, producción de insumos, puntos de venta. Pero, debido a los bajos salarios en los que debe mantenerse y la poca mano de obra que necesita emplear, está lejos de ser el “centro de aprendizaje del capitalismo” que valoraba Chang. Es decir, este centro productivo ya no es aquel lugar donde las comunidades aprendían a hacer cosas nuevas y que permitía mover economías enteras hacia arriba.

Si Chile decidieran ahora intentar desarrollarse por la vía de la industrialización, honestamente, veo difícil que lleguen a la meta”.

-La estrategia de muchos países para prosperar ha sido industrializarse. Pero creo que en el mediano plazo la automatización va a cerrar ese camino. Países como Japón y Corea hicieron su transición al desarrollo con la industria cuando la tecnología era todavía una herramienta para aumentar la productividad de las personas y no un reemplazo de estas. En el caso de China el proceso la sorprendió a medio camino y el impacto que ha tenido la robótica en su economía ha sido muy fuerte. Es inquietante la cantidad de trabajadores que está perdiendo su sector industrial y no sé si logre desarrollarse. En el caso de Chile, si decidieran ahora esa vía, honestamente veo difícil que lleguen a la meta. No puedo decir que no, pero me parece que ese camino al desarrollo se ha cerrado: grandes industrias con gran cantidad de empleados ya no son necesarias -dijo a CIPER.

Pero la robótica, que aparentemente pone una barrera en la vía industrial al desarrollo, también amenaza nuestro tradicional camino de exportar materias primas. El citado informe McKinsey estima que en la minería chilena el 52% de los 100 mil puestos de trabajo que se ofrecen son susceptibles de ser reemplazados por sistemas automatizados; y un porcentaje similar estima la consultora para la industria pesquera y la forestal. Esos sectores probablemente sigan siendo buenos negocios, pero la riqueza que ahí se genere se puede concentrar aún más.

Ford cree que tenemos que ponernos a reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo en serio. “Estamos en la cima de una enorme ola disruptiva que tiene el poder de poner una enorme presión sobre nuestras sociedades”, dijo a CIPER. Estima que los países cuya prosperidad ha estado basada en usar trabajadores mal pagados recibirán un impacto especialmente fuerte.

EMPLEO PARA LOS MEJORES

Martin Ford es ingeniero en computación de la Universidad de Michigan y hace 25 años dirige su propia empresa en Silicon Valley. Desde ella ha sido testigo directo de la velocidad con que avanzan las máquinas y como los empleos desaparecen. Remarca un hecho que se suele pasar por alto: los empleos que se han perdido en el mundo en la última década, particularmente desde la crisis subprime de 2008, son empleos “para gente normal, con habilidades normales”, describe. Los que han surgido, en cambio, son un puñado de empleos de alta exigencia y una gran masa de subempleos.

Ford explica el problema con tres compañías simbólicas: General Motors (GM), Google y McDonald’s. La primera, en su periodo de máximo esplendor, en 1979, llegó a tener 840 mil empleados, detalla Ford. Google en cambio, aunque genera un 20% más de utilidades de lo que nunca produjo GM, nunca ha ofrecido ni un 5% de los puestos de trabajo de GM. Ford cree que las empresas exitosas del futuro serán más como Foxconn, la algodonera Parkdale y Google, y menos como GM.

Robot manoMcDonald’s es identificado por Ford como un modelo clásico de la empresa que ofrece empleos precarios –él los llama “trabajos de última opción”– que no tienen seguridad social y que se han masificado desde 2008. Relata que en 2011 McDonald’s ofreció por internet 50 mil empleos y en un día le llegaron un millón de postulaciones. “Entrar a McDonald’s era en ese momento más difícil que ser aceptado en Harvard”, escribió en su libro El ascenso de los robots.

-GM daba empleo a mucha gente con habilidades promedio y ese es el tipo de trabajo que ha ido desapareciendo- detalló a CIPER. Y agrega: “Eran empleos que estaban en general bien remunerados y mejoraban de acuerdo a la productividad del trabajador. Los empleos que surgen, en cambio, son en su mayoría de baja calidad, sin seguridad, part-time (venta comida rápida, retail, etc); y unos pocos muy bien pagados, como los que ofrece Google a personas con muchas habilidades”.

A Ford le parece que los robots y programas acrecentarán este proceso en el rubro de los servicios: “Muchos de los trabajadores de esos sectores que ya tienen trabajos precarios, pueden experimentar un descenso social y algunos probablemente van a dejar de trabajar definitivamente. Existe el riesgo de que, con el paso del tiempo, más hogares terminen viviendo con ingresos que están muy cercanos a la subsistencia”.

De esta forma, estima que a diferencia de lo que se ha soñado por décadas, la tecnología, como está siendo administrada, no traerá prosperidad para todos sino para unos pocos: “Desafortunadamente, cada vez serán necesarias más y más habilidades solo para tener un trabajo decente. Y eso no es sostenible. Los países deben generar economías que ofrezcan condiciones razonables para todos, no para unos pocos”. Sabe que la exclusión actual de grandes sectores en el mercado laboral de Estados Unidos no se debe solo a la tecnología, pero cree que ella está jugando un rol cada vez mas importante, lo que explicaría una parte del respaldo que tuvo Donald Trump, pues “un 60% de la población no ha participado en el crecimiento económico, se ha quedado atrás”.

LO MISMO SE DIJO DE LA LOCOMOTORA

Las personas suelen rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos y piensan que ese botón de pánico se ha apretado muchas veces antes. Lo cierto es que desde los primeros telares industriales destruidos por artesanos que temían quedar desempleados la promesa de que las máquinas aliviarían el trabajo de la humanidad y traerían mayor bienestar ha convivido con el miedo a que generen desempleo y pobreza. Por supuesto, ninguna de las dos predicciones se ha cumplido plenamente.

Ford cree que la esperanza que muchos tienen en la automatización del trabajo proviene de un período especial en el que las máquinas aumentaron la productividad de los trabajadores y estos, a su vez, obtuvieron una participaron en la riqueza que estaban ayudando a crear. Ese periodo va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década del 70 (ver gráfico). En esos 30 años tanto la productividad como la retribución recibida por los trabajadores se duplicaron. Sin embargo, a partir de 1973 productividad y salarios se desacoplaron. Mientras en los siguientes 40 años la productividad volvió a duplicarse, los salarios apenas se movieron un 12%.

Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

Ford piensa que el trabajo fue reemplazado por capital (máquinas) y que la productividad creciente que generaron las máquinas se la han llevado sus dueños. Eso es coincidente con las cifras que han mostrado recientemente los economistas Michael Jacobs y Mariana Mazzucato: mientras el PIB del Estados Unidos aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53 mil. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional del 10% al 20% (ver Rethinking Capitalismintroducción en Inglés).

Contra la idea de que la productividad siempre producirá mejoras salariales, Ford piensa que lo que ocurrió entre 1945 y 1973 fue algo inaudito, una breve época dorada que hemos asumido erróneamente como algo natural. Citando a Jared Diamond (autor del libro Colapso: por qué una sociedades perduran y otras desaparecen) Ford explica que ese error es similar al que cometieron los primeros colonos que llegaron a Australia y se encontraron con un vergel: Levantaron granjas, sembraron, trajeron ganado, asumiendo que lo que veían eran las condiciones normales. Pero al cabo de una década se dieron cuenta de que el clima normal era árido y que habían tenido la suerte -o la mala suerte- de llegar en un extraño e irrepetible periodo verde.

Ford sostiene, y esta es su tesis central, que el período en que las máquinas, el aumento de productividad y los mejores salarios parecieron estar atados, es esencialmente un periodo dorado que no se va a repetir porque el desarrollo tecnológico actual y futuro puede aumentar la productividad al estilo Foxconn, sin nosotros.

Por supuesto, admite Ford, se han creado empleos que ni se soñaban al inicio de esta era, como los diseñadores de software. Pero remarca que los empleos creados al alero de esta industria son todavía marginales en términos de puestos de trabajo. En Estados Unidos, explica, a pesar de la explosión tecnológica el 90% de los trabajadores sigue empleado “en actividades que se crearon hace 100 años” (ver charla y gráficos a partir del minuto 18). La mayoría de los norteamericanos trabaja “haciendo alimentos, manejan autos, vendiendo productos, haciendo labores administrativas en oficinas”.

Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”

Los temores de Ford se potencian porque junto a la habilidad creciente de las máquinas para reemplazarnos, la economía del mundo tiene cada vez más dificultades para generar empleos y él no cree que haya motivos para esperar que eso cambie en el futuro. En el caso de Estados Unidos, durante la primera década del 2000, en parte como resultado de la crisis de 2008, se crearon cero nuevos empleos, situación grave para un país que necesita, solo para dar cuenta del crecimiento natural de la población, un millón de puestos al año.

El mismo problema detecta un reporte del economista norteamericano Shawn Sprague, quien muestra que en los 15 años que van entre 1998 y 2013 la riqueza generada por la economía creció en US$3,5 billones. Pero eso se logró sin que fuera necesario emplear más horas de trabajo. Lo que desde el punto de vista de la productividad es muy bueno (se generó más riqueza con la misma cantidad de trabajo), desde el punto de vista del empleo es grave: en esos 15 años la población de ese país creció en 40 millones y las nuevas empresas que surgieron no absorbieron nada de esa mano de obra.

Lo que Ford observa es que hasta ahora la tecnología está destruyendo empleos, pero, contra lo que los optimistas esperan, los trabajos nuevos son pocos y precarios.

EL ATAQUE A LAS CLASES MEDIAS

Otro de los elementos desconcertantes que plantea la automatización es este: durante décadas la literatura económica y los discursos políticos han insistido en que el desarrollo de los países y el bienestar de las familias depende de que las personas mejoren sus habilidades. Sin embargo, el avance de la automatización ha dejado en evidencia que buena parte de las habilidades laborales que se requieren hoy –sobre todo en empresas verticales como las chilenas– son en esencia rutinas y actividades previsibles, que se pueden aprender en la práctica (el famoso learning by doing) o memorizándolas. “Y tanto lo rutinario como lo previsible se puede abordar a través de series de instrucciones (algoritmos), lo que implica que pueden ser llevadas a cabo por un robot o un programa. Y eso podría ocurrir pronto”, dice Ford a CIPER.

Esto plantea un gran desafío para los sectores medios que han llegado a su posición social a través de la educación y que hoy invierten fuerte en la formación de sus hijos esperando que ellos sigan subiendo. Piensan que la educación los mantiene fuera del alcance de las aristas peligrosas de la tecnología, pero Ford discrepa: los programas que se están desarrollando tienen una enorme capacidad de aprender y adaptarse, y eso mejorará cada año. “Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”, escribe en su libro.

El sociólogo norteamericano Randall Colling va más allá. En un artículo publicado en 2014 (The end of middle-class work: no more escapes) argumenta que mientras la tecnología del siglo XX golpeó a los obreros, la ola de este siglo atacará a “las clases medias que habían adoptado el estilo de vida neoliberal de trabajo duro y buena paga”. La invasión robot, estima Collins, generará un desempleo del 50% al 70% hacia la mitad del siglo XXI, golpeando sobre todo a aquellos que creyeron que a través de altos gastos en educación y de un trabajo disciplinado lograrían escapar del estancamiento que afecta a las clases trabajadoras.

robotPor supuesto, la fuerza del impacto de la automatización dependerá mucho de las habilidades que tenga la clase media de cada país. La creatividad, la mirada crítica, la adaptación a ambientes cambiantes, son todavía habilidades difíciles de reproducir para una máquina. Pero no es claro que se estén incentivando en el sistema educativo chileno. Así se sugiere en un estudio reciente de los sociólogos Manuel Canales, Cristián Bellei y Víctor Orellana (¿Por qué elegir una escuela particular subvencionada? Sectores medios emergentes y elección de escuela en un sistema de Mercado, 2016) quienes afirman que en la elección académica que hacen las familias “los criterios educacionales son supeditados a la búsqueda de segregación socioeducativa”. Estiman que esa segregación es tan importante que “la excelencia académica resulta crecientemente irrelevante para oferentes y demandantes”, lo que ayuda a explicar porqué “el mercado escolar chileno no ha mejorado el desempeño de los estudiantes”.

Con esos énfasis dominando en el sistema escolar no parecen tan sorprendentes los resultados que se registran en los niveles más altos de la formación. En 2013 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile llevó adelante un estudio que medía la capacidad lectora y las habilidades matemáticas de los adultos. Detectó que el 65% de los que recibieron educación superior se ubicó en los dos niveles más bajos de ambas habilidades, mostrando capacidades equivalentes a las de niños educación básica. Un dato anexo empeora ese resultado. Al comparar con los datos obtenidos 15 años antes, en 1998, no se registró una variación importante. Eso, a pesar de que en esa década y media la educación superior explotó, subiendo de 264 mil a 1.033.886 estudiantes y el Estado entregó a las universidades $450 mil millones a través del Crédito con Aval del Estado, el famoso CAE. Estos resultados se repitieron sin mayores cambios en 2016 en el estudio PIAAC, encargado por la OCDE.

Resulta evidente que una masa trabajadora con habilidades de niños de educación básica no parece una difícil competencia para lo que los robots y programas ya son capaces de hacer. Por otra parte, el lento avance que hemos logrado durante nuestros años de bonanza económica hace pensar que no podemos esperar grandes mejorías en la formación escolar que permitan hacer frente a los cambios que McKinsey anuncia para los próximos años.

¿QUIÉN CONSUMIRÁ SI SOLO LOS ROBOTS TRABAJAN?

Otro razonamiento que lleva a muchos a rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos es este: si la mayoría queda sin empleo ¿quién comprará los productos que hagan estos robots?

Como plantea el economista británico Anthony Atkinson en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015), ese asunto eventualmente será muy relevante. Pero en el camino ocurrirá lo que hoy: muchas empresas harán buen dinero ahorrándose mano de obra y manteniendo ventas altas. Es razonable esperar que el reemplazo paulatino de empleados no genere grandes quiebres, como no ocurrió nada con la desaparición de los correctores de prueba en los medios de comunicación escritos (salvo el aumento de las faltas de ortografía, como lo evidencia este artículo); tampoco ocurrirá nada con la eventual desaparición de los médicos radiólogos ante software capaces de interpretar mucho mejor los exámenes. Como ocurre hoy, según describe el economista  Ha-Joon Chang, las personas que quedan al margen son forzadas a sentirse culpables de su fracaso, pues el sistema económico hace descansar la responsabilidad del éxito sobre el individuo. Eso no tiene por qué cambiar.

Durante ese proceso, como lo sugiere el informe McKinsey, las utilidades de las empresas serán mayores debido a la baja del costo salarial: en el caso chileno, el informe estima que la industria del retail y el comercio en general se ahorrarían en remuneraciones US$9 mil millones si se reemplazara el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados; la industrias manufactureras se ahorrarían US$6 mil millones.

Eventualmente, llegaremos a un punto como el que plantea la pregunta. Y las respuestas para ese evento son variadas y completamente especulativas.

Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, la crisis de empleo y consumo generada por la automatización se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo.

Para algunos autores, como el citado sociólogo Randall Colling, estaremos entonces en la crisis final del capitalismo y su reemplazo por algún tipo de socialismo donde las máquinas produzcan para todos. Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, esta crisis del empleo y el consumo se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo. Para Streeck no habrá socialismo, sino un largo periodo de incertidumbre e inestabilidad. “El final del capitalismo puede ser imaginado como una muerte por cientos de cortaduras y heridas, o por la multiplicidad de enfermedades, cada una de las cuales será más difícil de tratar en la medida en que requiere de que todas se traten al mismo tiempo”, escribió Streeck en su reciente libro Como terminará el capitalismo (Editorial Verso, 2016).

Bill Gates, el fundador de Microsoft, que se define como un tecno-optimista, cree en cambio que la invasión de los robots generarán un desempleo temporal, el que podría solucionarse reeducando a las personas para nuevos trabajos o incentivando a que se dediquen a áreas en que son necesarias e irremplazables, como el cuidado de los niños. Para financiar eso Gates propone que las empresas que usen robots paguen impuestos por cada trabajador que reemplazan. Cabe destacar que una propuesta similar  fue rechazada en el Parlamento Europeo hace una semana, debido a la presión de la industria robótica, la cual argumentó  que ese impuesto haría perder competitividad y amenazaría los empleos que hoy ofrece el sector.

Ford concuerda con Gates y cree que algún tipo de impuesto es necesario. Argumenta, como la economista Mariana Mazzucato, que dado que la tecnología es en gran medida el resultado de grandes cantidades de inversión pública, debe ser entendida como un bien público, y su uso debe pagar un derecho. Los dineros recaudados, estima, habría que usarlos en garantizar a todas las personas un ingreso universal que les permita vivir y consumir. No se trata de un ingreso para reinventarse, porque a Ford no le parece realista que un taxista pueda reconvertirse en ingeniero informático, sino de un “salario” permanente para que las familias no sean arrastradas a la pobreza.

Un salario como ese puede argumentarse desde muchos puntos de vista: como un derecho por ser humano o como una parte del desarrollo tecnológico que le pertenece a todos. Pero no se puede esconder un hecho difícil de digerir: sería un ingreso que se entregaría porque muchas personas no podrían hacer nada productivo. ¿Qué viabilidad tiene eso? La naturaleza extermina a las especies que no pueden proveerse de alimento y la raza humana ha probado ser incluso más implacable que eso.

Ford sabe que un sueldo así sería impensable de conseguir en Estados Unidos y en muchos países neoliberales. Argumenta, sin embargo, que Friedrich von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, contempló es tipo de ingreso cuando una sociedad enfrenta una amenaza de la cual los individuos no pueden protegerse por su cuenta.

Para Ford es difícil encontrar una mejor definición que esa de lo que la creciente automatización del trabajo representa.

El otro negocio ilícito que Matte le endosó a un gerente que terminó en la cárcel

Han pasado 40 años desde el día en que Patricio Gómez Bahamonde huyó a la Argentina. Su abrupto viaje fue decisión del directorio de la empresa en la que se desempeñaba como gerente de Finanzas. Buscaban ganar tiempo para negociar con los acreedores el pago de millonarias deudas cuyas garantías él había firmado. “Te traemos de vuelta el lunes”, cuenta que le aseguraron. Pero lo que prometía ser un fin de semana largo en Buenos Aires, se extendió por meses. Los dueños de Aceros Andes simplemente se desentendieron del asunto y Gómez terminó en la cárcel.

Patricio Gómez había decidido no hacer nunca públicos los detalles de su historia. Hasta que a fines de 2015, cuando estalló el escándalo de la colusión de los precios del papel tissue, por los diarios y la TV se enteró de cómo el empresario Eliodoro Matte Larraín les endosaba a los ejecutivos de la CMPC la responsabilidad de ese ilícito. Y supo de su explicación: pese a ser el presidente de la compañía –controlada históricamente por su familia– él nunca se enteró de nada.

Patricio Gómez, entonces gerente de Finanzas de Acero Andes.
Patricio Gómez, ex gerente de Finanzas de Acero Andes.

Por esos días, Gómez cumplía 45 años de matrimonio. Su mujer le pidió un solo regalo: que hablara, que Matte no podía nuevamente descargar la responsabilidad en sus subalternos, que debía saberse que no era la primera vez…

La historia que relata Patricio Gómez es un thriller de negocios. En la trama de la caída de Aceros Andes, propiedad de los grupos Matte y Gianoli-Mustakis, el rol de Eliodoro Matte era hasta ahora desconocido. Desde 1968 y hasta septiembre de 1976, Gómez fue gerente de Finanzas de la empresa líder en América Latina en la fabricación de piezas pesadas para la minería y la reposición de línea férrea.

–La formaron con la habilidad propia de los Matte: ellos nunca colocan plata, logran que otros lo hagan y hacen figuras legales de tal modo de optimizar su rentabilidad. Aportaron las fundiciones, los equipos y en vez de inyectarle capital de trabajo, hicieron emisiones de bonos o de ventures de esa época, con mucho éxito en el mercado, porque estaba respaldado por la familia Matte. Usaban y usan la imagen de que son serios, rectos y honestos –relató Patricio Gómez a CIPER.

La victoria de Salvador Allende significó un punto de quiebre en el hasta entonces exitoso desarrollo de Aceros Andes. Fue una de las primeras empresas intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular, la que pasó a ser manejada por el interventor Manuel Salgado Suárez. Pese a ser opositor, Gómez se quedó en la firma, mientras los dueños se borraron del mapa. Y así fue hasta después del Golpe de Estado de 1973, cuando recibieron la empresa en estado calamitoso, pues la producción prácticamente se había paralizado durante la UP. Sus dueños veían al régimen militar como la tabla de salvación, y al principio lo fue.

Eliodoro Matte hijo había dejado Chile en septiembre de 1970, pocos días después del triunfo de Allende, para estudiar un MBA en la Universidad de Chicago. Matte, quien ha reconocido en privado y en público que Augusto Pinochet era el hombre público que más admiraba, tras el golpe se sumó a su gobierno. Primero fue jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, luego gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Foto: La Segunda 12 de julio 1977.
Foto: La Segunda 12 de julio 1977.

En 1976, Matte dejó el sector público y se integró al directorio de CMPC, el que entonces presidía su padre, Eliodoro Matte Ossa. También ingresó al directorio de Aceros Andes (entre otros negocios familiares). Pero las políticas económicas de sus compañeros Chicago Boys pondrían en aprieto a la compañía.

Matte tenía sólo 31 años y en Aceros Andes compartía directorio con hombres públicos y de negocios de vasta trayectoria. El presidente era Constantino Mustakis Botasilini, cabeza del grupo Gianoli-Mustakis; y el vicepresidente, Manuel Mardones Restat, hombre de confianza histórico del Grupo Matte. El resto del directorio lo integraban el ex ministro Ernesto Pinto Lagarrigue y el abogado Carlos Torretti, entre otros.

Aceros Andes fue creada en tiempos del apoyo del Estado a la producción nacional, con fuertes barreras a la mercancía extranjera, bajo la lógica de la sustitución de las importaciones. El gobierno militar impondría la política contraria: una baja sostenida de los aranceles para abrir la economía chilena al mundo.

Gómez cuenta que hasta se reunieron con los ministros Chicago Boys que manejaban la economía, creyendo que la influencia del ex presidente Jorge Alessandri –entonces presidente de la CMPC–, solucionaría el asunto. Pero la respuesta fue que la baja de aranceles era una decisión irrevocable y que “las empresas que tienen que cerrar se cierran”.

La prensa de la época entrega otra versión: le atribuye la crisis de Aceros Andes a la brusca caída en la demanda de Ferrocarriles del Estado, el principal cliente de la empresa. Otro de los duros efectos de la fuerte contracción presupuestaria del Estado.

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Como encargado de las finanzas de Aceros Andes, Patricio Gómez debía gestionar los créditos que le permitían a la compañía financiarse. Operaban tanto con instituciones formales, como el Banco Sudamericano, relacionado societariamente con el mismo Grupo Matte; como con financieras informales, las que se multiplicaban en aquellos días de regulaciones mínimas.

–La empresa tenía un endeudamiento bastante alto, pero estaba basado en el prestigio de la familia Matte, porque no teníamos garantías. Yo pedía plata y me la daban. Estábamos endeudados con todos los bancos y con las financieras. Todo sobre la base del prestigio, porque siempre la empresa había cumplido en todo –relata el ex gerente.

En su rol de apoderado de la compañía, Gómez debía firmar los cheques que se dejaban en garantía por los créditos. La segunda firma era la de su asistente, el ingeniero comercial Fernando Garrido Taraba. Los cheques quedaban en una notaría acompañados de un escrito donde se señalaba que la firma era a título personal, pero por instrucción del directorio de Aceros Andes. Con el tiempo, reconoce Gómez, se dio cuenta de que esa “precaución” no tenía validez legal.

En septiembre de 1976 ya era claro que la empresa tenía graves problemas financieros. Pero Gómez dice que estaba tranquilo, pensaba que, finalmente, podrían pagar las deudas porque contaban con el respaldo de la familia Matte. En una reunión extraordinaria de directorio, se acordó notificar a los bancos y financieras de que iban a cesar sus actividades y congelar los pagos a la espera de una solución. Fue Gómez, junto al gerente general de Aceros Andes, George Le Blanc Donaldson, quienes dieron las explicaciones a los ejecutivos de las instituciones acreedoras.

–Se produjo un altercado, había molestia. Nos miramos las caras, tratamos de dar explicaciones, pedimos que nos dieran tiempo, que íbamos a ver cómo resolvíamos la situación. Hasta que el señor Prieto, de la Financiera Fusa, se paró y dijo: Yo aquí no veo presente a ningún miembro de la familia Matte. Yo he puesto dinero porque está la familia Matte detrás, y los que están en representación de los bancos también. Ustedes son empleados. Nosotros queremos a la familia Matte diciendo “nosotros respondemos”, como buenos empresarios. Vamos a hacer lo siguiente, mientras no dé la cara la familia Matte, yo voy a ejecutar al señor Gómez, que está aquí presente, lo voy a perseguir, lo van a tomar preso, y que la familia Matte responda por el señor Gómez. Pido a los que están aquí, que hagan lo mismo y ejecuten al señor Gómez” –, recuerda el entonces gerente de Finanzas, quien estaba desesperado ante la ausencia de al menos un representante de los dueños de la empresa.

Esa misma tarde se realizó una nueva reunión extraordinaria del directorio a Aceros Andes, a la que asistió Eliodoro Matte. Gómez recuerda que los directores le aseguraron que lo iban a respaldar, pero para que no lo metieran preso, necesitaban sacarlo del país para negociar con los acreedores.

Era un día miércoles. Le compraron un pasaje en Lufthansa a Buenos Aires para esa misma noche y le aseguraron que al lunes siguiente estaría de regreso. El alivio que sintió cuando al pasar por Policía Internacional constató que aún no había una orden en su contra, se esfumó cuando se encontró al interior del aeropuerto con uno de los representantes de los bancos a quienes ese mismo día les había dicho que iba a responder por las deudas. Le prometió que el lunes estaría de vuelta en Chile.

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Con poco dinero en el bolsillo, se hospedó en un hotel de la capital argentina a la espera de instrucciones. Pero éstas nunca llegaron. Tenía 32 años, su esposa en Chile estaba embarazada, mientras él seguía prófugo de la justicia en Argentina. Lo único claro era que su ausencia le quitaba a la empresa la presión de los acreedores, pues no tenían cómo exigir el pago de las deudas.

Han pasado cuatro décadas, pero en este punto del relato Patricio Gómez aún se emociona.

–Nunca más supe de la familia Matte, se desligaron, se desentendieron de mí. Un hermano mío, abogado, fue a hablar con el abogado de Aceros Andes, quien se lavó las manos totalmente. Ana María, mi esposa, estaba embarazada y todo sin un peso– recuerda.

Cuando ya estaba cansado de mandar recados a Santiago, apareció en Buenos Aires un hombre de confianza de los Gianoli-Mustakis con dinero para tres meses. Le pidió que se quedara tranquilo y en silencio mientras se resolvían las cosas en Chile. Patricio Gómez accedió, pero exigió que enviaran a su esposa y a sus dos hijos a la Argentina.

Ya con su esposa e hijos a su lado, Patricio Gómez supo –a través de Constantino Mustakis– que con el pasar de los días el control de la empresa lo tomó el grupo Gianoli-Mustakis, porque los Matte desconocieron las deudas. Además, querían evitar cualquier daño a la imagen de la familia. El argumento que dieron fue que Patricio Gómez era un excelente profesional, pero que producto del cansancio y el estrés había excedido sus atribuciones, cometiendo el ilícito de firmar cheques en garantía por los créditos, sin consultar al directorio.

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Mientras tanto, en Buenos Aires, la espera de Patricio Gómez se seguía alargando. Hasta que llegó un momento en que éste decidió que su mujer volviera a Chile para dar a luz en su país. Estaba desesperado: “Quedó claro que yo estaba abandonado y que mientras yo no fuera detenido esto no iba a reventar”.

Entonces, en abril de 1977, cambió como pudo su aspecto, se consiguió un pasaporte falso e ingresó clandestinamente a Chile. Quería estar presente cuando naciera su hijo. Durante semanas se escondió en distintas casas, al tiempo que buscaba asesoría legal y el mejor momento para entregarse a la justicia. También hizo otras gestiones.

–Llamé a Eliodoro Matte varias veces. Nunca me contestaba. Al final, lo ubiqué una noche en su casa. Tuvimos una conversación muy larga. Me dijo que si de él dependiera, respondía por las deudas, pero que había personas en la familia que mantenían la posición de dejarme botado – aseguró Gómez a CIPER.

Con la inflación, el monto de la deuda se había multiplicado, por lo que su confianza en que su “irreprochable conducta anterior”, la atenuante que lo salvaría de una condena de cárcel alta, se diluía. Como Gómez no tenía dinero para pagar su defensa, en Aceros Andes le prometieron que le pondrían un abogado. Tampoco cumplieron. Gómez dice que sólo lo dijeron para dilatar su situación de “fugado”. Finalmente el estudio de Alfredo Etcheberry ofreció  representarlo gratis y el caso lo asumió el abogado Carlos Balbontín (ambos fueron contactados sin éxito para este reportaje).

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El 20 de julio de 1977, los abogados dejaron a Gómez y a su ayudante Garrido –quien había permanecido prófugo en Chile durante 10 meses– en la puerta de los juzgados del crimen para que se entregaran. Inmediatamente fueron fichados, declarados reos y enviados incomunicados a la Cárcel Pública. “Reo Gómez, dígame dónde está la plata de Aceros Andes, porque dicen que usted es responsable”, lo encaraba la jueza Juana González, titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, quien asumió la causa.

Y aunque Gómez dice haberle explicado con el mayor detalle posible a la jueza el tejemaneje financiero de la empresa, muy pronto se dio cuenta de que su situación empeoraba. Como los directores de Aceros Andes insistían en que él había firmado a escondidas los cheques de garantía de los créditos, la jueza pidió los libros de actas del directorio. Allí debía estar la constancia de que Gómez había firmado con autorización de los directores y en su rol de apoderado de la empresa. Pero del libro de actas no había rastro: había desaparecido. Era su palabra contra la de directores, hombres de gran influencia y prestigio.

Para entonces, el caso de Aceros Andes ya era un escándalo en el mundo de los negocios. Las imputaciones eran por fraude, quiebra fraudulenta y giro doloso de cheque. Los querellantes acusaban que, sabiendo que la empresa estaba en bancarrota, sus dueños se endeudaron gracias a que la compañía parecía tener respaldo económico, engañando a sus financistas.

En una entrevista con la periodista Raquel Correa, publicada en revista Cosas, el abogado Nurieldín Hermosilla, representante del 38% de los pasivos, decía que en toda su carrera no había visto un caso en que los dueños de una empresa se negaran a resolver una situación en que bastaba que dos importantes grupos económicos se allanaran a cubrir una deuda pequeña en relación a su patrimonio. Avalaba sus dichos el que durante ese período de no pago de los compromisos, los Matte y los Mustakis habían realizado millonarias inversiones en otras empresas. “Y, sin embargo, no cubrieron la deuda, lo que afectó directamente a los dos ingenieros que habían firmado los cheques y al gerente general”, afirmaba Hermosilla.

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La última acotación del abogado en la citada entrevista, resulta interesante para los efectos de esta historia: “La culpa recae legalmente en los giradores personales, Gómez y Garrido. Pero mi impresión es que ellos no son moralmente culpables, sino quienes estaban detrás de ellos y los dejaron abandonados”.

En esa misma entrevista, Hermosilla afirmó que los empresarios Matte y Mustakis se creían “dioses del Olimpo” y “pecaron de soberbia”: “Es la primera vez en la historia financiera del último tiempo en que aparece el propósito de eludir maliciosamente el cumplimiento de obligaciones financieras. Además, los perjudicados y los autores del perjuicio se mueven en un círculo muy estrecho, lo que hace que ésta sea como una pelea entre hermanos, resultando por eso más terrible”.

EL MISTERIO DEL LIBRO DE ACTAS

Otro de los hitos de esta historia que Patricio Gómez no olvida fue el día en que la jueza Juana González lo citó y lo sorprendió con un paquete envuelto en papel café entre sus manos: era el libro de actas que hasta ese día estaba desaparecido. La jueza le dijo que alguien lo había entregado anónimamente en el tribunal.

Gómez cuenta que después le dijeron que fue la avaricia de Eliodoro Matte padre la que provocó que misteriosamente apareciera el libro que lo salvaría. Quien lo hizo llegar al tribunal habría sido su secretaria de toda la vida, a quien no le pagó lo que le debía por años de servicio. Nunca se supo con certeza si fue ella, pero sí quedó claro que lo escondieron para que los directores pudieran endosarle la responsabilidad a sus subalternos, evitando así pagar las deudas sin ir a la cárcel.

incomunicados-ejecutivos-aceros-andesEl libro de actas salvó a Gómez y Garrido. Los documentos demostraban que el directorio autorizó todos los créditos y también los cheques que se firmaron para respaldarlos. La jueza González estaba indignada. “Los voy a meter a todos presos”, cuentan que proclamaba en esos días. Pero lo hacía al interior de su despacho, ya que estaba consciente del poder que ostentaban los dos grupos económicos responsables de las deudas de Aceros Andes; y sobre todo, de su situación precaria, pues era el periodo más duro de la dictadura y ella era una mujer de izquierda.

Finalmente la jueza González ordenó que la policía detuviera a Constantino Mustakis, Manuel Mardones y George Le Blanc. El 9 de agosto de 1977, los dos directores y el gerente general de Aceros Andes quedaron incomunicados en la Cárcel Pública.

“No se atrevió a meter preso a Matte”, dice Gómez, quien sí recuerda muy bien el careo que decidió la jueza y que lo hizo enfrentarse al empresario. Según los diarios de la época, el careo tuvo lugar el viernes 12 de agosto de 1977. Gómez recuerda que hacía frío cuando lo fueron a buscar a Capuchinos y lo llevaron engrillado al tribunal. CIPER intentó acceder al expediente que contiene el registro oficial de la época, pero tras varias semanas de búsqueda, en el Archivo Judicial informaron que éste se encuentra perdido. Desapareció. Otro misterio.

Cuarenta años después, Gómez reconstruyó para CIPER el diálogo que tuvo con Matte durante ese careo:

Jueza: Identifique a la persona que está al frente.

Matte: El señor Gómez.

Jueza: Levante la cabeza y mírelo.

Matte: Hola, Patricio.

Jueza: Usted declaró que el señor Gómez estaba enfermo, con surmenage, pero yo veo en el libro de actas que usted sabía todo. ¿Es falso? ¿Miente el señor Gómez o lo que está escrito es verdad?

Matte: Es verdad.

Jueza: Pero levante la cara y míreme a mí.

Matte: Todo fue así. Perdona, Patricio.

Jueza: Acá no hay perdón. ¿Usted declara que todo lo que dijo el señor Gómez es verdad?

Matte: Sí.

El diario La Segunda de ese día 12 de agosto de 1977, informa que Matte concurrió a tribunales y que esa tarde podría ser careado con Gómez. El diario también recoge la versión de que Constantino Mustakis habría ofrecido pagar de su bolsillo un millón de dólares para llegar a un acuerdo con los acreedores, pero que Matte no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Solo respondería con sus acciones de Aceros Andes. Pese a ello, Mustakis fue el que pagó con cárcel.

CIPER intentó tener la versión de Eliodoro Matte sobre este episodio, pero el empresario hizo saber que estaba retirado y ya no daba entrevistas.

EL FIN DEL CHEQUE EN GARANTÍA

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Durante los primeros días de septiembre de 1977, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de las defensas de los cinco detenidos por la quiebra de Aceros Andes. El Mercurio cubrió la noticia día a día y, cuando salió el fallo, lo publicó completo. El titular fue: “Importante fallo se dictó sobre el cheque en garantía”.

Un titular extraño, pero que en parte se explica porque ese dictamen judicial, en los hechos, provocó un cambio de jurisprudencia que marcó un hito en el sistema financiero. Al sentenciar que en el caso de Aceros Andes los cheques no podían ser considerados como “el cuerpo del delito”, dejó establecido que estos documentos financieros solo pueden usarse para pagar obligaciones y no como garantía de compromisos futuros (como créditos).

Gracias a eso, a los dos ejecutivos de Aceros Andes que habían firmado los cheques que garantizaban las deudas de Aceros Andes (Patricio Gómez y Fernando Garrido), se les levantó el procesamiento por giro doloso y quedaron libres. El fallo estableció que actuaron “en representación de Aceros Andes S.A. no en pago de obligaciones, sino para garantizar la cancelación de los pagarés representativos de los créditos”.

Los ministros determinaron además: “Se encuentra establecido en el proceso, en el estado actual de la investigación, el hecho de haberse intentado retardar la quiebra de Aceros Andes S.A. obteniendo fondos para ésta mediante el arbitrio ruinoso de obtener créditos con vencimiento a treinta días, con interés de 10% mensual o más, suscribiéndose, al efecto, pagarés”.

Respecto a Mustakis, Mardones y Le Blanc, el fallo señala que los antecedentes permitían presumir con fundamentos que los  “tres inculpados autorizaron expresamente la realización de aquellos actos tendientes a obtener fondos con el fin ya indicado, por lo que debe considerárseles autores” de delitos contenidos en la Ley de Quiebra, descartando la figura de estafa. Gracias a esto, los ex directivos quedaron libres, aunque aún en calidad de reos.

eliodoro-mattePara Patricio Gómez el fallo fue una revancha. Estando preso, recibió la visita de un recadero de los dueños de Aceros Andes, quienes le ofrecían medio millón de dólares para que se declarara culpable y liberara el directorio. “Sabe qué más, la honestidad no se transa”, asegura Gómez que fue su respuesta. Cuando lo liberaron, varios abogados le ofrecieron querellarse contra el Grupo Matte por injuria, calumnia y los perjuicios causados. “Me negué y volvería a hacerlo”, dice.

Aunque al principio le costó, Gómez pudo reconstruir su prestigio y su carrera como ejecutivo de grandes empresas de distintos grupos económicos. Uno de sus trabajos más importantes fue en una gran minera extranjera. Lo primero que dijo en la entrevista laboral fue que había estado preso, y explicó las razones. Lo contrataron. Años después, su jefe le entregó un documento: era una carta de recomendación firmada por un alto ejecutivo del Grupo Matte, en la que certificaban su honestidad.

“Nunca me pagaron un peso, lo único fue la carta”, dice Patricio Gómez casi al terminar su relato. Porque al final, es inevitable volver sobre el hito que lo hizo desistir de no hablar nunca públicamente de cómo vivió él y su familia la quiebra de Aceros Andes: el estallido de la colusión de la CMPC en el precio del papel tissue. Leer junto a su mujer que Matte nuevamente insistía en que los miembros del directorio no sabían nada, que fue un asunto de los gerentes, quienes además se fueron con millonarias indemnizaciones, los indignó. Y fue entonces que decidieron que debían contar su historia.

El negocio inmobiliario que dirigentes empresariales hicieron con los bienes de INACAP

En 2005 y 2006, cuando Inacap concretó una millonaria compra-venta de terrenos con la Inmobiliaria Río Napo, el empresario José Antonio Guzmán Matta, ex presidente de Endesa y Enersis, estaba sentado a los dos lados del mostrador. Al tiempo que era propietario de Río Napo, ejercía como presidente del directorio de Inacap. Guzmán Matta había llegado a dirigir la corporación educacional en 1997, un año después de haber dejado la presidencia de la principal organización gremial empresarial del país: la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Desde que en 1989 el régimen militar le cedió el control de Inacap a la CPC, se tornó habitual que sus dirigentes se turnaran los cupos en el directorio de Inacap. Guzmán Matta no solo había presidido la CPC durante seis años (1990-1996), sino que también había estado entre 1989 y 1990 a la cabeza de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la gremial que controla a través de su brazo inversor la AFP Habitat, la que el empresario también presidió entre 2006 y 2014.

CIPER revisó el destino de 51 propiedades que a lo largo del país han funcionado como sedes de Inacap, el instituto profesional fundado en 1966 por el gobierno de Frei Montalva (a través de la CORFO) como la casa de estudios gratuita de los trabajadores. En esa búsqueda, descubrimos que, de esos 51 inmuebles, hay 14 que fueron vendidos.

José Antonio Guzman Matta
José Antonio Guzman Matta

Entre esos bienes destacan cuatro propiedades en una exclusiva ubicación de Las Condes que Inacap vendió en una sola operación –y a un precio irrisorio- a quien fuera presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (1983-1985) y presidente de la AFP Habitat (1986-1999), el empresario Germán Molina Morel.

En momentos en que Inacap se apresta a ingresar al sistema de gratuidad, en virtud de la ley que despachó el Congreso y que le permite a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) acceder a ella, el manejo que hicieron los empresarios con los bienes de la entidad, muchos de ellos entregados por la CORFO, no ha sido hasta hoy parte del debate.

Los tres planteles que hoy forman parte del Grupo Inacap –IP, CFT y la Universidad Tecnológica-, suman una matrícula de 122 mil alumnos. Es el segundo grupo de educación superior en el país, tras las universidades e institutos del Grupo Laureate.

En 2005 y 2006, José Antonio Guzmán Matta presidía el directorio de la Corporación Inacap, y estuvo al tanto de dos polémicas decisiones del directorio de la entidad: la venta, bajo el precio del avalúo fiscal, de un valioso terreno en Talcahuano y la compra de otro en Maipú (Santiago). En ambas operaciones inmobiliarias la contraparte de Inacap fue la Inmobiliaria Río Napo, una empresa del Grupo Guzmán & Larraín, fundado en 1980 por Guzmán Matta y su socio, Juan Larraín Doggenweiler.

El negocio inmobiliario que hizo Inacap con al menos 14 de sus 51 propiedades, vuelve a poner sobre el tapete el rol de los empresarios en el plantel. Una investigación publicada por CIPER en septiembre mostró que el Estado mantiene aún un cupo en el directorio de la Corporación Inacap. Pero hasta ahora esa participación no se ha traducido en una fiscalización a las operaciones inmobiliarias u otras decisiones clave que esa corporación ha adoptado desde que en 1989 pasó a ser controlada por los gremios empresariales (ver reportaje “Pugna por rol público de Inacap: La tutela del Estado que pone límite al control empresarial”) 

NEGOCIOS IBAN…

Inmobiliaria Río Napo era dueña desde mayo de 2002 de un extenso paño en la comuna de Maipú. Por las dos parcelas, que sumaban 74 mil metros cuadrados, pagó 144.000 UF ($2.345 millones de la época) a la Inmobiliaria Prodeco, de la familia Del Río Goudie. El precio está ligado a la estratégica ubicación que tenían  las dos parcelas -en Américo Vespucio a pasos del centro comercial Arauco Maipú- en una de las comunas con mayor explosión demográfica.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2006, Inacap le compró a Río Napo una cuarta parte del terreno (18 mil metros cuadrados), en 115.556 UF, ($2.100 millones de la época). Y allí construyó una de sus sedes.

En la escritura de esa operación (Notaría de Iván Torrealba), aparece la Inmobiliaria Inacap Zona Centro (hoy disuelta) adquiriendo el lote 57-A/5-B/1 del terreno original que compró Inmobiliaria Río Napo en 2002. El pago se concretó en dos partes: primero Inacap pagó 36.100 UF ($640 millones de la época), el 12 de octubre de 2005, al firmar la promesa de compra venta. Y las otras 79.456 UF ($1.459 millones de entonces) se pagaron en septiembre de 2006.

Fue un negocio redondo para Río Napo, ya que con la venta del terreno a Inacap recuperó la inversión total que hizo al comprar las dos parcelas, a pesar de que al centro educacional le vendieron solo una cuarta parte del terreno.

alto-el-rosalLo que hoy se levanta en esos paños revela que la Inmobiliaria Río Napo apostó fuerte en Maipú. Al lado de la sede de Inacap en esa comuna, hoy aparece el Centro Comercial El Rosal, con un supermercado, una farmacia, un servicentro, una tienda de productos para el hogar y otros comercios más pequeños. Al costado sur poniente de la sede de Inacap,  la inmobiliaria de Guzmán Matta compró otro terreno donde construyó el condominio El Rosal de Vespucio, con 234 viviendas de más de 100 m2. Al poniente del conjunto habitacional para clase media, la misma inmobiliaria sumó otro proyecto de similares características: Alto El Rosal.

José Antonio Guzmán Matta aseguró a CIPER que él se abstuvo de participar en los directorios de Inacap en los que se decidió concretar el negocio con Río Napo. Y reconoció que desde el otro lado del mesón sí participó: “Somos dos socios no más, y no hay otra alternativa. En Río Napo participé en la aceptación de la oferta de Inacap”, señaló.

El empresario relató que en mayo de 2005 su inmobiliaria llamó a licitación por cuatro lotes que tenían en la comuna de Maipú, y que Inacap se interesó en uno de esos terrenos, el que finalmente le vendieron. Según su versión, en parte de pago se aceptó un terreno que Inacap tenía en desuso en Talcahuano.

…NEGOCIOS VENÍAN

El terreno de Inacap en Talcahuano –y que entonces habría estado abandonado, según aseveró a CIPER el ex presidente de Inacap- está ubicado en Las Golondrinas 180, un barrio universitario e industrial. La escritura del 12 de octubre de 2005 (Notaria de Iván Torrealba) da cuenta que la Inmobiliaria Río Napo le compró ese terreno al grupo educacional por $640 millones (ver escritura).

Según el registro del Servicio de Impuestos Internos (SII) el avalúo fiscal de esa propiedad en 2005 era de $922 millones (ver certificado). Eso significa que Inacap le vendió a Río Napo un terreno en Talcahuano por casi $300 millones menos del avalúo fiscal, siendo que normalmente el precio comercial de un inmueble alcanza, a lo menos, al doble del precio avaluado por el Estado.

La propiedad que Inacap le vendió a Río Napo en Talcahuano era parte de los bienes que tenía el CFT de la corporación, tal como lo evidencia el Decreto Nº 338 del Ministerio de Educación del 1 de septiembre de 2000. En ese documento oficial aparecen las sedes que tenía a esa fecha Inacap en todo el país, con sus respectivas direcciones, y que eran de su propiedad.

El inmueble de Talcahuano formaba parte del patrimonio de Inacap desde 1968, dos años después de que fuera creado por la CORFO. Para que la corporación pudiera vender esa propiedad a Río Napo fue necesario un paso previo, el que tuvo lugar el año 2000. El 19 de enero de ese año, la Corporación Inacap le cedió el inmueble de Talcahuano a la Inmobiliaria Inacap Zona Sur, una de las varias sociedades relacionadas  que entonces utilizaba la corporación para administrar sus propiedades. El “aporte”, como se lo califica en la inscripción respectiva, fue avaluado en $303 millones (ver inscripción).

El negocio para la inmobiliaria de José Antonio Guzmán Matta se concretó con la construcción de un moderno conjunto habitacional  en el terreno que había sido de Inacap, y que está ubicado a solo metros del Club Hípico de Talcahuano. Los departamentos del condominio Jardines del Sur, con dos torres de edificios de 15 pisos cada uno, se vendieron en un rango de entre 1.300 UF y 1.560 UF. La ubicación es privilegiada: a pocos metros de las sedes regionales de las universidades Federico Santa María y Andrés Bello, y de la actual sede de Inacap que se instaló a pocas cuadras.

José Antonio Guzmán Matta señaló a CIPER que efectivamente existía un conflicto de interés cuando entre 2005 y 2006 Inacap concretó los negocios con su inmobiliaria y él presidía la corporación educacional. “Yo me marginé de esas decisiones, y eso consta en las actas. Esto fue una gestión de la administración de Inacap a la que le interesaba el terreno en Maipú por su ubicación estratégica”, afirmó.

Guzmán Matta agregó que la antigua sede de Inacap en Maipú estaba ubicada frente al templo votivo de la comuna, pero que fue abandonada cuando se construyó el actual edificio de Américo Vespucio con calle La Reforma. El empresario aseveró que los negocios de Maipú y Talcahuano fueron parte de la misma operación:

Probablemente a Inacap le interesaba el terreno en Maipú y ofreció pagar con el terreno de Talcahuano, porque ya no le interesaba debido a que en esa ciudad había construido otra sede. Seguramente se pagó una parte con ese terreno y otra parte en plata”, dijo a CIPER.

Jardines del Sur, Talcahuano (Foto promocional, precios y tamaños).
Jardines del Sur, Talcahuano (Foto promocional, precios y tamaños).

Para Guzmán Matta ese fue un mal negocio de su inmobiliaria (Río Napo): “En Talcahuano alcanzamos a hacer dos torres que se vendieron apenas, y tuvimos que bajar muchísimo los precios. Las otras dos torres proyectadas no se construyeron nunca. Fue un mal negocio. El gran ganador en todo esto fue Inacap.

En su comunicación con CIPER, el ex presidente de la Corporación Inacap reconstruyó los pasos de esas transacciones inmobiliarias y relató que, en junio de 2004, Inacap decidió poner a la venta varios terrenos que poseía en el país. Para ello, en diciembre de ese año abrieron licitaciones, pero se declararon desiertas. El segundo intento por vender esos bienes se concretó en febrero de 2005 y sí hubo oferentes. Entre ellos, la Inmobiliaria Río Napo de su propiedad. En principio, Inacap acordó venderle dos terrenos: el de Talcahuano y otro donde había funcionado el CFT de Viña del Mar (Álvarez 402). Pero un directorio de Inacap realizado el 30 de marzo de 2005, en el que Guzmán Matta aseguró no haber participado, revocó la decisión y esa venta no se concretó.

Cuando Inacap se mostró interesado en adquirir uno de los lotes ofertados por Río Napo en Maipú –agregó Guzmán Matta-, el directorio de la corporación decidió ofrecerles el terreno de Talcahuano como parte de pago. Respecto de por qué esa propiedad se vendió a un precio bastante menor al avalúo fiscal, el empresario señaló que a su inmobiliaria le interesaba solo el terreno de Talcahuano, y no los edificios que Inacap tenía construidos en él. 

EL NEGOCIO DE GERMÁN MOLINA MOREL

De los 51 edificios donde han funcionado sedes de Inacap y que CIPER revisó para saber cuál es su actual propietario, 14 hoy aparecen con otros dueños. En los terrenos e inmuebles que fueron vendidos por la administración empresarial de Inacap, ahora se levantan proyectos inmobiliarios, un centro comercial, oficinas de empresas y facultades de otras entidades de estudio privadas.

Varios de los “beneficiados” con  las propiedades que Inacap vendió,  son empresarios que han ocupado cargos relevantes en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), uno de los gremios que controla Inacap desde que en 1989 la última administración de la CORFO en dictadura les cediera el control del plantel a los empresarios.

Eso es exactamente lo que ocurrió con cuatro propiedades que Inacap vendió en 2005, las que están ubicadas en Camino El Alba entre las numeraciones  8552 y 8654, una exclusiva ubicación en Las Condes (Santiago). La escritura respectiva registra que el 5 de diciembre de 2005, la Inmobiliaria Molina Morel las adquirió en un total de 28.560 UF: $513,7 millones de la época.

Resulta difícil entender la lógica con que el directorio de la Corporación Inacap, presidido en 2005 por José Antonio Guzmán Matta, decidió esa operación inmobiliaria. Porque diez años antes la corporación educacional había adquirido esas mismas cuatro propiedades en $658 millonesun monto que aumentó a $704 millones cuando Inacap tasó esos inmuebles en 1999. Es decir, Inacap le vendió a Molina Morel esas cuatro propiedades en un valor que estaba casi $200 millones por debajo de su propia tasación. Y ello, sin considerar la plusvalía que adquirieron esos exclusivos terrenos en Las Condes en esos años.

Germán Molina Morel recibe medalla de oro de la CCHC (Fuente: CCHC)
Germán Molina Morel recibe medalla de oro de la CCHC (Fuente: CCHC)

Así lo revelan las escrituras que CIPER rastreó y que encontró en la Notaría de Iván Torrealba. El 25 de julio de 1995 la Corporación Inacap compró a distintos vendedores esas cuatro propiedades por un monto total de 55.003 UF ($658 millones de la época). Cuatro años más tarde, la propia corporación educacional le subió el valor a los inmuebles de Camino El Alba: a $704 millones. Esta última cifra quedó estampada en las escrituras que materializaron el traspaso que hizo Inacap de esos bienes a una de sus sociedades relacionadas: Inmobiliaria Inacap Zona Centro. Eso ocurrió el 29 de noviembre de 1999. La última operación ocurrió en 2005, con la venta de esas propiedades a Molina Morel en $513,7 millones.

La Inmobiliaria de Molina Morel levantó allí un edificio de ocho pisos, con departamentos de entre 102 y 140 m2. La ubicación no podía ser más estratégica al momento de ponerlos a la venta: frente a la estación de Metro Los Domínicos, a pasos de la plaza del mismo nombre y al lado de un supermercado. En el registro del SII, uno de esos departamentos aparece con un avalúo fiscal de $94 millones. Si tomamos en cuenta que el avalúo comercial es, al menos, el doble de ese valor, con la venta de tres departamentos la inmobiliaria pudo recuperar su inversión inicial.

El negocio lo hizo Germán Molina Morel, quien además de haber ejercido la presidencia de la CChC,  fue durante 17 años (1966-1983) presidente de la Mutual de Seguridad de la CChC, institución que su hijo -José Molina Armas- , también presidió entre 2004 y 2010. La dilatada trayectoria gremial del empresario Germán Molina Morel en el negocio inmobiliario le valió que en 2001 la Cámara Chilena de la Construcción le entregara una medalla de oro.

En la Región Metropolitana, Inacap vendió otra propiedad con una ubicación estratégica a grupos que tienen una activa participación en los gremios empresariales. La sede que tenía en Padre Hurtado 875 (Las Condes) ocupaba 47.990 m2 y fue vendida en 2005 a Plaza Vespucio S.A. por $5 mil millones. Actualmente el propietario es Plaza Cordillera S.A. Ambas sociedades pertenecen al Grupo Mall Plaza, cuyo control está en manos de las familias Cuneo-Solari y Del Río Goudie. Mall Plaza depende de Desarrollos Inmobiliarios, sociedad que a su vez es filial de S.A.C.I. Falabella, la que integra la Cámara Nacional de Comercio, una de las entidades que participa en el control de Inacap.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, denunció hace un mes en CIPER que la falta de regulación de los procesos de cambio de uso de suelos en los planes reguladores comunales, permitió que el Grupo Mall Plaza tuviera luz verde para construir el Mall Plaza Los Domínicos en el terreno que originalmente pertenecía a Inacap, en Padre Hurtado 875. El centro comercial se construyó luego que la autoridad cambiara el uso de suelo de educacional a comercial.

Edificio Camino El Alba
Edificio Camino El Alba

Otra propiedad que Inacap tenía en Santiago está ubicada en Ñuñoa (Almirante Zañartu 980), y fue vendida a Penta Vida en 2014 por 110.000 UF ($2.500 millones de entonces). Los dueños de la empresa aseguradora, Carlos Délano y Carlos Lavín, participan de las gremiales empresariales a través de la Asociación de Bancos, donde el Banco Penta es socio. Esa agrupación, a su vez, es miembro de la CPC.

En la dirección Álvarez 402 de Viña del Mar, donde antes funcionó una sede regional del CFT Inacap (inmueble que estuvo a punto de ser vendido a Inmobiliaria Río Napo, según afirmó a CIPER Guzmán Matta), ahora figura el edificio Viña Park (127 departamentos), proyecto de la Inmobiliaria Centro Viña, negocio del empresario farmacéutico Guillermo Harding, a través de Socofar e ISN Inmobiliaria. El edificiofue construido por Claro Vicuña, controlada por una sociedad de las familias Claro, Vicuña y Del Río Ebensperger. Tanto la constructora Claro Vicuña como ISN Inmobiliaria son socias de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso.

El edificio que antes utilizó Inacap en Valparaíso, en Avenida Argentina 864, ahora es ocupado por la municipalidad. El propietario es CORFO. La única sede que actualmente tiene Inacap en esa región, está ubicada cerca de la Caleta Portales, en la Avenida España, en la conexión de Valparaíso y Viña del Mar.

VENTAS DE IQUIQUE A PUERTO MONTT

Una de las sedes que ocupó Inacap en Iquique, el edificio emplazado en calle Pedro Lagos 715, actualmente pertenece a la Inmobiliaria JK. Esa empresa es de Alfonso Urrejola Frías y Rados Glasinovic Steinberg, y forma parte del Consorcio Inmobiliario Rados, cuyo gerente comercial es Patricio Pavés Soto, actual presidente de la Cámara de la Construcción de Iquique. El edificio de 900 metros cuadrados, ubicado en pleno centro de esa ciudad, era arrendado por  Rados en 155 UF mensuales en 2011 (ver folleto).

También en Iquique, Inacap vendió el inmueble ubicado en Aníbal Pinto 375, actual sede de Aguas del Altiplano, filial de la empresa sanitaria Aguas Nuevas. En ese edificio de fines del siglo XIX la sanitaria inauguró en julio de 2007 su sede “Casa del Agua”. Por la propiedad de Aguas del Altiplano han pasado el Grupo Solari, el Grupo Santander y el grupo japonés Marubeni junto a Innovation Network Corporation. Estos dos últimos compraron a fines de 2010 las acciones de la compañía. Aguas del Altiplano es socia de la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique. La actual sede de Inacap en esa ciudad se emplaza en la Avenida La Tirana, en el acceso sur de la ciudad.

En La Serena, Inacap vendió al menos dos propiedades. La antigua sede, ubicada en Balmaceda 2420, ahora aparece en los registros del SII como propiedad de Inversiones San Javier, perteneciente a la empresaria local Alicia Findel. Tampoco está ya en manos de Inacap el inmueble de calle Alcalde Larraín 1187, actualmente propiedad de María Mery Larraguibel, quien lo ha arrendado como hogar universitario a la Municipalidad de Montepatria.

En el sur del país las ventas se repiten. En Curicó, donde antes funcionó la sede de Inacap (Merced 333), actualmente se emplaza una facultad de la Universidad Católica del Maule. En 2010, Inacap le vendió esa propiedad a la sociedad Alto Aragon, un negocio de los agricultores locales José, María y Marcela Puertas Esteban.

En Concepción, Inacap era dueña de una propiedad ubicada en Camilo Henríquez 34, donde actualmente se levanta un barrio residencial. No obstante, CIPER no encontró ninguna huella de la venta o traspaso de ese inmueble. Lo que sí hallamos fue la escritura que da cuenta de cómo se adquirió el terreno sobre el que se construyó el nuevo edificio de Inacap en Talcahuano, ubicado a un costado de la Autopista que une a esa ciudad con Concepción. El terreno se compró en 2002 a la empresa Ingeniería y Construcción San Andrés, propiedad de la familia Imschenetzky Ebensperger, oriunda de la Región del Bío Bío y que ha hecho de los casinos de juego y las ventas inmobiliarias su nicho de negocios.

De hecho, la sede de Inacap está emplazada a un costado del Casino Marina del Sol, el primero que la familia de origen ruso controló en Chile y en un sector donde los Imschenetzky buscan, en alianza con el empresario Abraham Senerman, construir una ciudad empresarial. La escritura respectiva indica que los Imschenetzky le vendieron a Inacap en diciembre de 2002 el terreno de 40 mil m2 en 85.400 UF ($1.395 millones de la época). Cabe recordar que la antigua sede en Talcahuano, Inacap se la vendió a la Inmobiliaria Río Napo, de propiedad de Guzmán Matta, en $640 millones en 2005.

En Temuco, la propiedad ubicada en la calle Dreves 988, donde antes funcionó la sede local de Inacap, actualmente opera como edificio de la Universidad Santo Tomás (cuyo CFT e inmobiliaria local son socias de la Cámara Chilena de la Construcción). El Banco Santander aparece como propietario del inmueble.

En Puerto Montt,  la sede de Inacap funcionaba en calle Quellon 301, pero ahora el inmueble figura bajo el dominio de Inversiones e Inmobiliaria TSG, sociedad que pertenece a la familia Jaque Rocha, la que administra colegios en la Región Metropolitana. Actualmente Inacap opera en Puerto Montt, en Avenida Padre Harter 125.

El actual presidente del directorio de la Corporación Inacap es Lorenzo Constans, quien siguió la misma ruta que José Antonio Guzmán hasta llegar a la cabeza del plantel. Constans presidió la Cámara Chilena de la Construcción entre 2008 y 2010, de allí saltó a la presidencia de la CPC (2010-2013) y desde 2013 dirige la corporación educacional. CIPER intentó obtener de Constans la versión de las autoridades de Inacap sobre las ventas de sus propiedades, muchas de las cuales fueron entregadas por la CORFO cuando se fundó el instituto. No hubo respuesta.

 

¿QUÉ ROL CUMPLE EL DIRECTOR DE SERCOTEC?

Los senadores socialistas Carlos Montes y Alfonso de Urresti han propuesto que el Estado recupere sillones en el directorio de Inacap, para velar que este cumpla con su rol histórico de ser el plantel que forma a los trabajadores. Y a pesar de que fuentes del gobierno aseguraron a CIPER que “han existido conversaciones” con la CPC, hasta ahora nada se ha concretado.

CIPER descubrió que Inacap constituyó a inicios de este año dos sociedades sin fines de lucro para tomar el control de su CFT y su IP y así poder optar a la gratuidad, ya que actualmente esos dos brazos del Inacap original son controlados por sociedades con fines de lucro, lo que no es permitido por los requisitos que impone la gratuidad. Esas dos nuevas sociedades mantienen el esquema de control donde los gremios empresariales tienen seis asientos en el directorio y el Estado solo uno, a través de Sercotec. Actualmente en ese cupo está Sara Cabrera.

OAS: Las redes políticas en Chile de la empresa que pagó millonarias coimas en Brasil

¿Cuándo será definida la elección?

La primera vuelta  será el día 17/11 y es posible que se resuelva para esa fecha con la victoria de Bachelet. En caso que esto no ocurra tenemos dos situaciones distintas. Segunda vuelta Bachelet X (versus) cualquier otro candidato, sin duda Lula va a hacer un gesto por ella. Bachelet X (versus) Marco, vamos a quedar en una situación difícil.

El mensaje es parte de una conversación por WhatsApp, fechada el 6 de noviembre de 2013, entre dos de los máximos ejecutivos de la constructora brasilera OAS, la que desde hace dos años está en el centro de la diligencias de la operación “Lava Jato”, donde se investiga una gigantesca red de corrupción que tiene como protagonista a la estatal Petrobras. El Ministerio Público Federal de Curitiba acusa a OAS de haber pagado alrededor de US$8,6 millones en coimas para beneficiarse con contratos de Petrobras. La compañía también está siendo investigada –por fraudes en licitaciones y presuntos ilícitos en el financiamiento de la política– en Perú, Argentina, Uruguay y Chile.

Marco Enríquez-Ominami
Marco Enríquez-Ominami

Quien pregunta por las elecciones en Chile en ese breve diálogo es José Adelmario Pinheiro Filho –Leo Pinheiro– ex presidente de OAS, condenado en 2015 a 16 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en el marco de la operación “Lava Jato”. Su interlocutor: Augusto César Ferreira e Uzeda –César Uzeda–, ex director internacional de la compañía y quien viajó en 2013 de Santiago a Sao Paulo en un jet privado junto al entonces candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami y su asesor, Cristián Warner.

La empresa brasilera facilitó luego el avión durante tres meses a la campaña de Enríquez-Ominami y pagó $59 millones a una sociedad ligada a Warner que fue utilizada para canalizar gastos electorales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) los acusa a ambos de fraude al Fisco por haber pedido al Servicio Electoral (Servel) el reembolso de $170 millones para cancelar los servicios de un publicista brasilero que en realidad habrían sido pagados directamente por OAS.

CIPER, gracias a la colaboración de IDL-Reporteros de Perú, tuvo acceso a los miles de mensajes de texto que Pinheiro intercambió entre 2013 y 2014 con varios de sus colaboradores a través de tres teléfonos celulares Iphone, los que fueron incautados en noviembre de 2014 cuando fue detenido por la Policía Federal en la séptima fase de la operación “Lava Jato”.

Numerosos mensajes hacen referencia a Chile y también a un misterioso personaje apodado Brahma –en honor a la marca de cerveza del mismo nombre–, chapa con la que en ocasiones la alta dirección de la compañía brasilera se refería al ex Presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva , según confirmó la Policía Federal. El ex mandatario está bajo investigación de la justicia de Brasil luego de que el Ministerio Público lo acusara de aceptar 3,7 millones de reales (cerca de US$1,1 millón) en sobornos que se cree provienen de las arcas de la constructora brasilera.

En el diálogo por WhatsApp, César Uzeda analizaba los escenarios electorales en Chile porque OAS estaba preparando una visita de Lula a Santiago. Pinheiro y Uzeda tiraban líneas sobre las características de la reunión que el ex presidente de Brasil sostendría en Santiago con algunos empresarios: “Brahma quiere hacer la presentación el 24, 25 o 26 de noviembre en Santiago. Sería una mesa redonda con 20 a 30 personas”, le comentó Pinheiro a Uzeda el 12 de noviembre de 2013. El director internacional de OAS le respondió: “Creo que los convidados dependerán de los resultados de las elecciones el domingo próximo, tal vez un almuerzo con participación de empresarios, políticos con orientación más de izquierda e intelectuales. Someteríamos a los convidados a la crítica previa de él”.

El resultado de las elecciones del 17 de noviembre le evitó una situación incómoda a OAS. Enríquez-Ominami no pasó a segunda vuelta y Lula visitó el comando de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet en el barrio Italia (Providencia) para entregarle su apoyo.

Quien también aparece mencionado en los mensajes de texto contenidos en los teléfonos de Leo Pinheiro es el recaudador de fondos para la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, quien visitaría obras de la empresa en Río de Janeiro a fines de 2014. “Él viajó por interés personal y financió el viaje con sus propios recursos”, señaló a CIPER su abogado Claudio Pavlic. De acuerdo a los mensajes de texto a los que tuvo acceso este medio, ejecutivos de OAS pidieron al propio Leo Pinheiro que confirmara el viaje de Martelli a Río.

Leo Pinheiro
Leo Pinheiro

En una serie de mensajes enviados al ex director de OAS por el representante en nuestro país de la brasilera, Marcel Corazza, se menciona como contacto en Chile a un tal “Giorgio”. Ese nombre, junto al de “Pedro”, aparece en varias conversaciones que dan cuenta de las intensas gestiones que durante el segundo semestre de 2014 llevó a cabo OAS con miras a la licitación de la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

En ese momento el asesor jurídico de OAS en Chile era Pedro Yaconi, pero él negó ser el “Pedro” que hizo gestiones para esa licitación. El abogado de Martelli indicó que su cliente  tampoco se vinculó con ese proceso, aunque reconoció que sí sostuvo reuniones con OAS en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), de la que es socia la concesionaria del aeropuerto.

Martelli se encuentra formalizado por su participación en el esquema de financiamiento irregular de la precampaña de Bachelet a través de SQM, empresa que también rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos facturas de una sociedad de Pedro Yaconi, por no tener constancia de que hubiera prestado servicios. Martelli y Yaconi se conocen al menos desde 2009, cuando participaron del equipo recaudador de la campaña de Eduardo Frei, cuyo financiamiento también está siendo investigado por el Ministerio Público, aunque los delitos estarían prescritos.

LA AGENDA DE LULA EN CHILE

La visita de Lula da Silva a Chile comenzó a tomar forma a principios de noviembre de 2013. De acuerdo al historial de mensajes de los teléfonos móviles de Leo Pinheiro a los que tuvo acceso CIPER, el 6 de noviembre el entonces mandamás de OAS le comunicó al director internacional de la compañía, César Uzeda, que Lula podía hacer una presentación en Chile el día 26 de ese mes.

El ex Presidente de Brasil ya tenía agendada para el 27 una conferencia en Santiago en el marco del seminario “Desarrollo e Integración en América Latina”, organizado por  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Lula da Silva y Ricardo Lagos (Fuente:Cepal)
Lula da Silva y Ricardo Lagos (Fuente:Cepal)

Descontando la invitación de la Cepal, de los mensajes a los que tuvo acceso CIPER se infiere que OAS tuvo un activo rol en la organización de la agenda de actividades que Lula tuvo en Chile la última semana de noviembre.

Nuestro amigo Brahma puede hacer una presentación el día 26/11. ¿La elección será definida cuándo? ¿A quién podríamos convidar? No a un público grande. 20 a 30 personas tipo mesa redonda. Tema: relación Brasil-Chile”, le escribió Leo Pinheiro a Uzeda el 6 de noviembre.

César Uzeda respondió dos horas después indicando que la primera vuelta de la elección presidencial en Chile sería el 17 de noviembre y que era probable que se resolviera con la victoria de Michelle Bachelet. Luego detalló los escenarios posibles en caso que ello no sucediera y la situación incómoda en que estaría OAS si ella y Enríquez-Ominami pasaban a segunda vuelta.

Antes de su viaje, Lula le preguntó a Leo Pinheiro qué obras tenía OAS en Chile. Éste, a su vez, le pidió a Uzeda que le informara al respecto.

¿Estamos construyendo hoy alguna obra en Chile además del hospital? Si es positivo ¿Cuáles? Valor, etapa y localización. Brahma necesita saber.

–Construcción del Puente Chacao, entrega 4/11, mayor obra pública de Chile este año, valor 800 MM. Ejecutamos Mapocho Limpio (concluida), estamos ejecutando el Hospital de Rancagua (90%) –respondió Uzeda.

Fue también en un jet facilitado por OAS que Lula llegó a Santiago el martes 26 de noviembre de 2013. El día anterior, Pinheiro le escribió a Uzeda pidiendo detalles del viaje que estaban a punto de emprender. “Colocamos un avión a disposición de Lula para salir mañana a mediodía. Sería bueno que usted chequeara con Paulo Okamoto (presidente del Instituto Lula) si es conveniente irnos en el mismo avión. En caso contrario nos vamos el miércoles”, respondió Uzeda.

Según se desprende de los mensajes revisados por CIPER, Pinheiro y Uzeda no viajaron en el mismo avión que Lula rumbo a Santiago. Los ejecutivos despegaron 24 horas después que el ex Presidente.

Fue ese mismo 26 y a pocas horas de aterrizar en nuestro país que Lula llegó hasta el comando de la entonces candidata de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet para entregarle su respaldo de cara a la segunda vuelta, en que enfrentaría a Evelyn Matthei. Al final de la cita, que se extendió por cerca de una hora, el ex líder sindicalista describió a Bachelet como una candidata que “tiene el corazón para cuidar a todos, en especial a las personas más pobres”.

Al día siguiente, Lula participó de la apertura del seminario de la Cepal, donde compartió una mesa con la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, y el ex Presidente  Ricardo Lagos. Ambos ex mandatarios hicieron un llamado a avanzar en la integración de la región.

La mañana del 28 de noviembre Lula asistió acompañado de Leo Pinheiro a un desayuno de la CPC con 30 empresarios en el restorán Osadía, ubicado en la comuna de Vitacura. A la cita llegaron varios pesos pesados del mundo empresarial: Eliodoro Matte (CMPC), Horst Paulmann (Cencosud), Jorge Errázuriz (Celfin Capital) y Juan Eduardo Errázuriz (Sigdo Koppers), entre otros. En la foto oficial del evento, también aparecen dos emblemáticos recaudadores de fondos para campañas concertacionistas: Jorge Rosenblut, quien asistió en calidad de presidente de Endesa, y Pedro Yaconi, quien lo hizo como abogado del extinto estudio jurídico Hermosilla, Levi, Yaconi, Donoso y abogados.

Pedro Yaconi figura en las investigaciones por el financiamiento irregular de la política desde que en mayo de 2015 quedara al descubierto que una de sus sociedades, Rinvesa, emitiera una factura por $30 millones a Soquimich, la que fue rectificada ante el Servicio de Impuestos Internos. Según publicó el diario electrónico El Mostrador, el documento fue emitido en 2009, cuando Yaconi –hombre de confianza del ex Presidente Eduardo Frei– participaba del comité de finanzas del comando que buscaba sentar nuevamente en La Moneda al entonces candidato DC.

Yaconi no era un desconocido para los ejecutivos de OAS. Versiones recogidas por CIPER indican que quien se encargó de la logística y de afinar los detalles del evento cuyo protagonista estelar era Lula da Silva, fue la empresa de comunicaciones Azerta, ligada a la lobista y experta en comunicación estratégica Cristina Bitar. De hecho, Bitar también estuvo presente en el desayuno. Desde Azerta informaron a CIPER que efectivamente realizaron gestiones para organizar el desayuno y que lo hicieron por encargo del propio Yaconi. Fue el abogado quien puso a Azerta en contacto con el representante de la filial de OAS en Chile, Jaume Serret, quien actuó como contraparte de la empresa de comunicación estratégica en este tema. Azerta facturó por sus servicios a OAS Chile.

Desde la CPC informaron a CIPER que su participación en este capítulo se restringió a hacer recomendaciones, sugerir nombres y contactar a algunas personas.

El vínculo entre Pedro Yaconi y los directivos de OAS se profundizó en abril de 2014 cuando el abogado asumió como asesor jurídico de la empresa brasilera en Chile (ver reportaje de CIPER).

Lula da Silva y Michelle Bachelet
Lula da Silva y Michelle Bachelet

La tarde de ese mismo 28 de noviembre, el ex Presidente de Brasil se reunió en La Moneda y por más de una hora con el entonces Presidente Sebastián Piñera, cita en la que también estuvo presente su ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. También asistieron George Lamazière, embajador de Brasil en Chile, Paulo Okamoto, presidente del Instituto Lula, y Marco Aurelio García, quien fue asesor internacional de Lula y también de la ex Presidenta Dilma Rousseff.

Tal como sucedió con el evento de la CPC, en el origen de esa reunión también intervino OAS. Semanas antes de la visita, César Uzeda le había hecho ver a Pinheiro la necesidad de gestionar una reunión entre Lula y Sebastián Piñera: “Un encuentro con Piñera con nuestra presencia, también sería muy importante, somos la única empresa brasilera actuando en Chile. Tema y formato a desarrollar y sugerir”, le escribió el 6 de noviembre

En esa fecha, el consorcio conformado por OAS y las constructoras Comsa (española) y Echeverría-Izquierdo (chilena), avanzaba contrarreloj en la construcción del Hospital de Rancagua. La obra fue adjudicada por el Servicio de Salud O’Higgins en diciembre de 2009 y debió estar lista en julio de 2012. El recinto de salud pública fue inaugurado recién en abril de este año, en medio de acusaciones relacionadas a fallas estructurales en la construcción y al no pago de multas por atraso (ver aquí).

El 9 de diciembre, once días después del paso de Lula y los directivos de OAS por Chile, un consorcio compuesto por la constructora brasilera y la coreana Hyundai se adjudicó la construcción del Puente de Chacao, la mega obra que unirá a Chiloé con el continente y cuyo costo asciende a $360 mil millones. Pese a que ocho consorcios preclasificaron para participar de la licitación abierta el 21 de mayo de 2013 por el MOP, solo el consorcio en el que participa OAS presentó propuesta.

Tras estallar el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras en Brasil, OAS se vio obligada a vender parte de sus activos para amortiguar la restricción de créditos bancarios provocada por el escándalo.

En febrero de este año, OAS –asesorada por el abogado Pedro Yaconi– finiquitó la venta del 33% que tenía en el consorcio que construía el cuestionado Hospital de Rancagua. El comprador fue la constructora Echeverría-Izquierdo, que ya integraba el mismo consorcio. En los últimos meses, Pedro Yaconi ha estado concentrado en liquidar el 49% de participación que OAS aún mantiene en el Puente de Chacao.

EL AEROPUERTO DE SANTIAGO

Según la información a la que tuvo acceso CIPER, luego de su prolífica visita a Santiago a fines de noviembre de 2013, Leo Pinheiro aterrizó en Chile en otras cinco ocasiones. La última, a pocas semanas de que fuera detenido por la Policía Federal el 14 de noviembre de 2014 en Brasil.

Pinheiro registra un paso por Chile el 18 de febrero de 2014. Al día siguiente emprendió rumbo a Lima. Allí, y según han revelado reportajes del medio de investigación peruano IDL-Reporteros, Pinheiro sostuvo negociaciones con el alcalde de Lima, Luis Castañeda (a pocos meses de ser electo), relativas al mega proyecto vial Línea Amarilla. adjudicado en 2009 a una empresa controlada por OAS.

El siguiente viaje de Leo Pinheiro a Chile tuvo lugar en abril de 2014. El mandamás de OAS llegó proveniente de Perú. No hay registro de su agenda de reuniones en nuestro país, ni tampoco de las personas que lo acompañaron en su paso por Chile ese 9 de abril.

Con la licitación del Puente de Chacao adjudicada, OAS fue por más. Los mensajes de textos de los celulares de Leo Pinheiro sugieren que durante prácticamente todo 2014, las preocupaciones de la brasilera en Chile se concentraron en otro de los proyectos emblemáticos licitados por el MOP en los últimos años: la concesión del Aeropuerto de Santiago, obra que involucra recursos por casi US$580 millones.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)
Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Por esos días Invepar, empresa que reúne las inversiones de OAS en concesiones y en cuya propiedad también participan algunos fondos de pensión brasileros, estaba en pleno proceso de recopilación de antecedentes para inscribirse en el registro especial internacional de preclasificación para ese proyecto. Los antecedentes de Invepar habrían sido presentados al MOP el 22 de abril. La filial de OAS quedó en carrera junto a otros ocho consorcios.

Tras su paso por Chile en abril, Pinheiro compartió algunas reflexiones de su visita con el hijo del dueño de OAS, Antonio Carlos Mata Pires, y con el entonces presidente de Invepar, Gustavo Rocha. Lo que les comunicó, entrega luces respecto del propósito de la visita del ex director de OAS a nuestro país: “Tuve una información hace poco con personas ligadas a la Presidenta, que el grupo controlador (chileno) del aeropuerto es de ultra derecha, no goza de la simpatía de ella. Vamos a tener cuidado”, les advirtió. Pinheiro se refería al consorcio SCL controlado por Agunsa (Agencias Universales S.A.), de propiedad de la familia Urenda.

El 14 de agosto Pinheiro volvería a Chile –previo paso por Perú– y habría sostenido reuniones con algunos arquitectos españoles por la licitación del aeropuerto. De acuerdo a los mensajes de texto contenidos en los teléfonos móviles de Leo Pinheiro, las conversaciones relativas a este proyecto se reactivaron en octubre.

El 16 de ese mes, el director operacional de OAS en Chile y Argentina, Marcel Henrique Corazza, le escribió a Pinheiro –que ese mismo día había aterrizado en Chile– señalándole que “Giorgio” y “Pedro” estarían disponibles para una reunión en Santiago el miércoles 22 de octubre por la noche. Luego le comunicó su preocupación porque los plazos de entrega de la propuesta para el aeropuerto se estrechaban: “Dr. Leo, lo que me preocupa es que la presentación de la propuesta está por mientras para el 18/11, y si de la reunión surge algo nuevo, el plazo de implementación puede ser corto”.

No hay constancia de que la reunión se haya llevado a cabo. De lo que sí hay registro es de que Pinheiro –acompañado de Antonio Carlos Mata Pires–, volvió a aterrizar en Santiago el 22 de octubre, día en que estaba programada la cena con “Giorgio” y “Pedro”.

El 24 de octubre Corazza le volvió a escribir reportándole de las gestiones que realizaba para intentar conseguir una reunión con los propietarios de Agunsa: “Dr. Leo, hablé con Giorgio respecto de la reunión con Urenda, principal accionista de Agunsa (operador actual del aeropuerto de Santiago). Él indicó que efectivamente Pedro es el mejor camino para llegar a ellos (personalmente me gustaría transmitir algunos detalles que me comentó Giorgio respecto de la situación de él). En contacto con Pedro, él confirmó que tenemos posibilidad de promover una reunión. Quería chequear contigo si utilizamos ese camino y si podemos intentar agendar para la semana que viene”.

El 30 de octubre Marcel Corazza recibió una buena noticia: la licitación del aeropuerto se había aplazado en un mes. Así se lo comunicó a Pinheiro: “Dr. Leo, hoy obtuvimos una información lateral de Pedro de que la licitación del aeropuerto será prorrogada en 30 días. Pedro todavía no ha conseguido reunión con Agunsa, pero sigue en campaña. Le mantengo actualizado”.

Desde Agunsa aseguraron a CIPER que nunca se han reunido con gente vinculada a Invepar ni a OAS,  y que tampoco fueron contactados por ellos solicitándoles una cita.

CIPER se contactó con el abogado de OAS en Chile, Pedro Yaconi, quien negó haber hecho gestiones a nombre de Invepar u OAS para la licitación de la concesión del aeropuerto de Santiago. También descartó haber intentado acercamientos con el grupo Agunsa.

EL VÍNCULO MARTELLI

El último mensaje referente a Chile contenido en los celulares de Leo Pinheiro está datado un día antes de que fuera detenido por la policía. El mensaje del 13 de noviembre de 2014 resulta clave, pues entrega pistas respecto de la identidad de “Giorgio” quien, junto a “Pedro”, hizo gestiones para Invepar y OAS de cara a la licitación del aeropuerto de Santiago.

En el mensaje, el asesor de Pinheiro, Marco Ramalho, le comunicó a su jefe que Marcel Corazza, el representante de OAS en Chile, lo contactó preguntándole si podía confirmar “la ida del Dr. Giogio (sic) Martelli a Porto Maravilha el día 26 de noviembre”. Una persona que conoce cómo opera OAS en Brasil, dijo a CIPER que la empresa acostumbraba a invitar a colaboradores de distintos países a visitar las obras de revitalización urbana que emprendía de la mano de un consorcio en Río de Janeiro con motivo de las Olimpíadas.

GIorgio Martelli
GIorgio Martelli

No hubo respuesta a ese mensaje. A las pocas horas la policía cayó sobre el director de OAS. Invepar, en tanto, se bajó de la carrera por la concesión del Aeropuerto de Santiago. La licitación fue finalmente adjudicada al consorcio ítalo-galo Nuevo Pudahuel, en febrero de 2015.

El abogado de Giorgio Martelli, Claudio Pavlic, respondió a las consultas de CIPER respecto de los vínculos del operador político con OAS. Pavlic señaló que Martelli efectivamente estuvo en algunas reuniones con la empresa brasilera en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), una entidad público-privada en la que participa el municipio de esa comuna y varias empresas, entre ellas la concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En las fechas en que “Giorgio” y “Pedro” hacían gestiones para OAS, el concesionario del aeropuerto de Santiago era SCL (Agunsa) y el proceso de licitación estaba en pleno desarrollo. Consultado respecto del tipo de labores que realizó Martelli para ese proyecto en el que OAS presentó antecedentes, el abogado Pavlic indicó que su cliente “no tuvo relación con esa licitación”.

El abogado confirmó la ida de su cliente a Porto Maravilha en Río de Janeiro y aseguró que Martelli cubrió el financiamiento del viaje con sus propios recursos:

–Él estuvo viviendo en Río de Janeiro en el año 2000 y visitó el proyecto por interés personal. El objetivo de la visita fue técnico, para conocer el proyecto y hacerle una propuesta de plano urbano a OAS. Finalmente nunca presentó la propuesta debido a los problemas en los que se vio involucrada la compañía en Brasil –dijo Pavlic.

MARCO, EL CHILENO

El 23 de enero de 2013, Leo Pinheiro envió un breve mensaje de texto a su asesor Marco Ramalho: “Me manda el nombre de Marco (Chileno)”.

Marco Enríquez-Ominami”, contestó Ramalho.

Según se desprende de los mensajes, Leo Pinheiro hizo la consulta mientras se reunía en Sao Paulo con Paulo Okamoto, director del Instituto Lula, quien hoy también enfrenta cargos por corrupción.

Pocas semanas después de ese breve diálogo, el 15 de febrero, Marco Enríquez-Ominami hizo un viaje relámpago a Brasil para reunirse con dos cercanos colaboradores de Lula da Silva. Se trataba de Luis Favre y Valdemir Garreta, quienes asesoraron al ex mandatario cuando obtuvo la presidencia en 2002.

Marco Enríquez-Ominami
Marco Enríquez-Ominami

En esos meses –enero y febrero de 2013– la empresa Cono Sur Research SpA, cuyo representante legal es el ex jefe de campaña de Enríquez-Ominami, Cristián Warner, emitió dos facturas a OAS, por un total de $59 millones. La información fue revelada por AhoraNoticias, al dar a conocer la declaración del contador de Cono Sur Research, Jorge Contreras Soto, en la investigación del financiamiento político irregular de SQM. Contreras también estaba a cargo de la contabilidad de Cristian Warner Comunicaciones EIRL, la que está siendo indagada por haber recibido $390 millones que fueron rectificados por SQM. Warner y Enríquez-Ominami están formalizados por delitos tributarios derivados de esos pagos. En el marco de esa investigación, que lleva el fiscal Pablo Gómez, se revisó la contabilidad de Cono Sur Research y se encontraron los registros de OAS.

Pocos meses después de que se emitieran esas facturas, y tal como reveló La Tercera, OAS le facilitaría un jet privado al candidato presidencial del PRO para sus actividades de campaña dentro de Chile. Fue el propio Uzeda quien reconoció después que la compañía le había entregado la aeronave a Enríquez-Ominami por una “amistad personal” (ver artículo de La Tercera).

Hasta entonces, el candidato del PRO insistía en que el avión lo había pagado su comando y que el gasto se había declarado ante el Servicio Electoral (Servel). Aunque el arrendamiento no figuraba en su rendición electoral, el PRO aseguraba que era parte del gasto hecho por Cono Sur Research ($170 millones) para contratar los servicios del publicista brasileño Duda Mendonça. La versión comenzó a derrumbarse tras el reconocimiento de Uzeda de que el uso del avión era una donación de OAS. Tras declarar ante el Ministerio Público en septiembre pasado, el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, afirmó que el partido “entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami”.

El 28 de octubre pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una querella en contra de Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner y Sergio Novoa (dueño de Cono Sur) acusándolos de que los $170 millones rendidos por Cono Sur Research al Servel no corresponden a servicios prestados y que la factura fue utilizada para obtener fraudulentamente la devolución del Fisco. “Existen suficientes antecedentes en la carpeta investigativa que permiten sostener que la asesoría prestada por Duda Mendonça al candidato Enríquez Ominami fue financiada directamente por una empresa extranjera, esta es, OAS S.A. Brasil y que en la realidad Cono Sur Research SpA no hizo los pagos cuyos reembolsos solicitó”, acusa el CDE en su querella.

La causa que indaga respecto de los vínculos entre Enríquez-Ominami y OAS la lleva la  fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien en agosto pasado realizó un requerimiento de información a la justicia brasilera pidiendo antecedentes que puedan dar luces sobre la ramificación en Chile de uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Brasil.

Los antecedentes aún no son remitidos a Chile.

*Para este reportaje CIPER contó con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú.

 

Un par de preguntas a Andrónico Luksic, el hombre público

Seguro que no fui el único que celebró la decisión de Andrónico Luksic de tomar abiertamente su rol público y defender sus ideas (ver entrevista). Pocos empresarios de su posición tienen la serenidad necesaria para hacerlo. En particular, lo celebro pues creo que entre lo más nefasto del período de la Concertación estuvo su política de trastienda, donde (quizás por la inseguridad ideológica de los renovados) todo se negociaba primero entre bambalinas y sacristías, para luego llamar lo que ahí se acordaba “políticas de consenso” (hoy las llaman acuerdos entre los que están “dentro del diálogo”).

En esa entrevista Andrónico dice, con razón, que dado el momento complejo del país los distintos actores deberían contribuir con su visión. Por eso, aprovecho el nuevo escenario para “entrar en el dialogo” (según il capo del segundo piso de otra era i burocrati burocrate– sólo los extremistas se quieren quedar fuera). Desde esa perspectiva, tengo un par de preguntas para Andrónico sobre asuntos que hace tiempo me dan vueltas en la cabeza.

1.- ¿Cómo se puede justificar que el 1% más rico se apropie de la tercera parte del ingreso nacional? Empresarios chilenos vs. coreanos.

a).- La primera pregunta que le quisiera hacer a Andrónico es lo que creo el tema fundamental a la base de nuestra fragilidad económica actual, a lo cual Andrónico le quita el cuerpo en su entrevista: ¿cómo puede ser posible que en una economía como la chilena el 1% más rico se apropie de alrededor de la tercera parte del ingreso, y cómo puede ser que ese 1% crea (ilusoriamente) que eso es sustentable en el tiempo, a pesar de los costos crecientes asociados con eso para el resto del país? No olvidemos que en economías con bastante más dinamismo, como la coreana y la taiwanesa, sus homólogos se llevan apenas un tercio de eso (11% o 12%). ¿Cuál podría ser la lógica de tamaño contraste? Sin duda muchas otras oligarquías en el mundo (incluso en Asia) quisieran ganar en las dimensiones chilenas, pero las coordenadas son otras.

José Gabriel Palma (Foto de Rafael Palma)
José Gabriel Palma (Foto de Rafael Palma)

El caso de Corea es particularmente relevante ya que hasta no hace tanto (años 80) teníamos niveles de productividad promedio muy similares. Si comparamos todo el período neo-liberal chileno (42 años), mientras nosotros sextuplicábamos el PIB, Corea, creciendo a una de las tasas más altas de mundo, lo multiplicó por 16. Y si comparamos desde 1980, cuando ambas economías tenían niveles similares de desarrollo (hacia fines del período de los duros de los Chicago-Boys, aquellos yihadistas que confundían arrogancia con conocimiento), mientras Corea crece a una velocidad casi sin paralelos, nuestro país está en el lugar 23 de la tabla de posiciones. Incluso durante nuestros años más dinámicos (1986-1998) ambas economías crecían a tasas similares; la diferencia fue que a ellos no se les acabó el oxígeno después de eso, ni siquiera con su crisis del ’97 (el contraste entre ser corredores de maratón y de media distancia).

Entonces, ¿por qué la elite capitalista coreana se premia con tan poco por lograr tanto, mientras que nuestra oligarquía se lleva tres veces más de la torta a pesar de su falta de dinamismo? ¿Será pura glotonería?

Como decíamos, en 1980 las productividades medias en ambos países eran similares, y estaban en alrededor de un quinto de Estados Unidos (Chile 21% y Corea 19%). En esa época, Corea ya había cerrado su brecha productiva con nosotros, pues cuando comenzó a industrializarse en los ‘60 su productividad promedio era apenas la mitad de la nuestra.

En los 34 años siguientes (1980-2014), mientras nosotros apenas cerrábamos la brecha con EE.UU. en algo minúsculo (2 puntos porcentuales, llegando al 23%), Corea logró avanzar 15 veces más, llegando a la mitad de la del país del norte (si usamos en cambio dólares PPP, la situación no es diferente, pues nosotros cerramos la brecha en tan sólo 3,7 puntos porcentuales). De seguir a estas velocidades, Corea se demoraría 60 años en cerrar totalmente su brecha productiva con EE.UU., mientras nosotros necesitaríamos más de un milenio.

Pregunta para Andrónico: ¿No crees que las recompensas para el 1% en ambos países deberían ser al revés, con el 1% chileno premiándose con mucho menos que el coreano y no con tres veces más?

La diferencia es incluso más notable si se compara lo que se apropia el 0,1% de los más altos ingresos: mientras en Chile esa pequeña minoría se cree con el derecho divino de llevarse un 20% del ingreso nacional (hasta un 22% en 2008), en Corea ellos se conforman con 5 veces menos (4,4%). El contraste con lo que se apropia el 0,01%, el entorno de Andrónico, compuesto en Chile por alrededor de unas 300 familias, ya llega al extremo pues en nuestro país ese grupo ínfimo acarrea con un 11,5% del ingreso total del país (13,6 en 2008), mientras que en Corea ese grupo –quizás los empresarios más exitosos del mundo– se quedan satisfechos con un séptimo de eso (1,7%)

Al margen de los inevitables problemas de medición y comparación entre países, ¿cuál podría ser la lógica de ese contraste alucinante, otra que ser una falla teutónica de mercado, la cual estaría a la base de los problemas económicos de nuestro país, algunos de los cuales Andrónico menciona en su entrevista?

img-plant-korea-giheung_n¿Cuál podría ser la racionalidad que lleva al Sr. Samsung a llevarse para la casa (en términos genéricos) una retribución relativa 7 veces menor que nuestros empresarios, a pesar de ser capaz de competir mano a mano con Apple en celulares, con Intel por el chip más rápido del mundo, y de tener junto a LG el dominio absoluto del mercado mundial de pantallas planas (y por desarrollar tecnologías más avanzadas, no por colusión)? Mientras tanto, algunos de sus homólogos chilenos se llevan tantas veces más por hacer cosas tan básicas como cobre concentrado, un barro con un contenido de metal de aproximadamente un 30%, resultado de una flotación rudimentaria del mineral bruto pulverizado.

¿O cuál podría ser la lógica que hace a Mr. Hyundai tan pudoroso mientras construye autos con tecnologías de punta? Sus homólogos chilenos, mientras tanto, se llevan algo sideralmente mayor por hacer astilla de madera y pulpa para diarios. ¿Y por qué los dueños de astilleros de barcos en Corea, como los Daewoo, son igual de recatados mientras construyen los barcos más grandes, complejos y tecnológicamente avanzados de la historia? Los criollos, en cambio, exigen tantos múltiplos más para ellos por producir salmones de 3 kilos, con sus correspondientes piojos y extra dosis de antibióticos. Y el que se dedica a la pesca (literalmente) se ríe de los peces de colores, pues en Chile si una familia califica dentro de esas 300, se puede llevar gratis cuotas pesqueras a perpetuidad, y con el aplauso cerrado de la barra brava neo-liberal de la Concertación (bueno, unas cuantas propinas ayudan).

¿Será que todas estas fallas sísmicas de mercado son el simple resultado que a tanto chileno se le olvidó lo que era la vergüenza, aquella emoción que antaño nos recordaba que éramos humanos?  Cómo nos recuerda Jorge Bergoglio, la corrupción de todo tipo (incluida la ideológica) es una droga que produce dependencia.

¿Cómo puede ser posible que en una economía como la chilena el 1% más rico se apropie de alrededor de la tercera parte del ingreso, y cómo puede ser que ese 1% crea (ilusoriamente) que eso es sustentable en el tiempo, a pesar de los costos crecientes asociados con eso para el resto del país?

El contraste es notable; mientras el empresario coreano se lleva tan poco por invertir tanto, desarrollar tanta tecnología y hacer cosas tan majestuosas, el autóctono del supermercado se siente merecedor de la tajada del león a pesar de ser incapaz de tener siquiera leche fresca entre sus productos (demasiado esfuerzo). El mismo empresario que para poder subir márgenes a esos niveles cósmicos tiene que echarle a perder el paladar a sus consumidores –y venderles frutas y verduras con gusto a cartón, pero a precio de las mejores del mundo– en un país donde sí se puede producir las mejores del mundo.

De igual forma, ¿por qué será que un dueño de banco coreano exige márgenes tanto menores por contribuir al gran desarrollo industrial de su país, a diferencia del nuestro que no sabe qué hacer con toda la plata que gana prestando a tasas muchas veces usureras, a clientes a veces cautivos y en algunos casos con el aval del Estado? Y para qué hablar de los desafortunos de Aguas Andinas y Alto Maipo, o de las ganancias fáciles de Aguas de Antofagasta (concesiones transables, tan legales como absurdas). O de las diferencias en ambos países en calidad y precio del Internet.

¿Y por qué será que en Corea empresarios coreanos compiten con el sector público por quien contribuye más a crear uno de los mejores sistemas educativos del mundo a todo nivel y no sólo para la elite? Y en un país donde al comenzar su proceso de industrialización en los ’60, casi un tercio de la población era analfabeta.

¿Y por qué será que Corea gasta 11 veces más que nosotros (como porcentaje del PIB) en investigación y desarrollo, gasto que en parte fundamental hace el sector privado? En Chile quizás esa insignificancia basta y sobra para las cosas a las que se dedican nuestros grupos económicos.

Hay que preguntarse una y otra vez a qué se deberá que muchos de nuestros grandes empresarios se sientan con derecho a tanto, a cambio de tan poco esfuerzo tecnológico, por tan poca imaginación productiva y por tan mínima diversificación de nuestra economía. Y por qué en Chile pueden salirse con la suya. Dado nuestro ingreso por habitante, Chile es una de las economías menos diversificadas del mundo. Como dicen en inglés, ¿por qué se sentirán con derecho divino a tanto, por tan sólo recolectar la fruta que está al alcance de la mano?

¿Tendrá todo lo anterior algo que ver con que Corea (junto a Taiwán) –con su esfuerzo, imaginación, capacidad para tomar riesgos, sentido común en la tajada del gran capital y su relación con eficiencia productiva– tengan, junto a su asombroso éxito económico, la mejor distribución del ingreso “mercado” del mundo? (aquella antes de impuestos y transferencias). Una que es mucho más equitativa que la de cualquier país de la Unión Europea –Alemania incluida– o de los famosos países nórdicos, célebres por su equidad. Sólo un reducido grupo de ex-países comunistas (se cuentan con los dedos de una mano) todavía les hacen pelea. ¿Nosotros? Ranking 120 en esa variable y después de cinco gobiernos de la así llamada “centro-izquierda”.

Y desde el punto de vista de la distribución después de impuestos y transferencias, el “Coeficiente Palma” nos indica que el 10% más rico de nuestro país se lleva aproximadamente 3 veces más que el 40% más pobre; en Corea este coeficiente es 1,1. Esto es, mientras en Corea el 10% más rico se lleva prácticamente lo mismo que el 40% más pobre, en Chile pone el grito en el cielo si no está alrededor de 3 veces sobre eso (la OECD entrega dos estimaciones diferentes para el “Palma ratio” de Chile, una arriba y una abajo del 3).

Lo que queda claro es que incluso dentro del capitalismo hay formas muy distintas de hacer las cosas. Una con eficiencia, mayor equidad, empresarios schumpeterianos y un Estado capaz de disciplinar al gran capital y de darles derechos muy bien definidos a los medianos y pequeños productores. En Corea, por ejemplo, para poder instalar un supermercado había primero que compensar a los almacenes del barrio que iba a afectar (¡qué poca modernidad la de estos coreanos!). En tanto, en Japón, una de las primeras medidas de la política industrial de la posguerra fue que nadie podía demorarse más de 90 días en pagarle a un proveedor.

 El 10% más rico de nuestro país se lleva aproximadamente 3 veces más que el 40% más pobre; en Corea este coeficiente es 1,1. Esto es, mientras en Corea el 10% más rico se lleva prácticamente lo mismo que el 40% más pobre, en Chile pone el grito en el cielo si no está alrededor de 3 veces sobre eso.

La otra forma de hacer las cosas dentro del capitalismo es la que tenemos a la vista y presencia en nuestro país. Aquella en la que los del 1% pueden ganar tanto por tan poco esfuerzo productivo (con tan pocos desafíos productivos). En eso, la apropiación privada de la renta de los recursos naturales juega un rol fundamental, y recordemos que aún en nuestra Constitución, que por muy ilegítima y tramposa que sea es aún la que nos rige, y es la que Andrónico apoya, los dueños de esos recursos somos todos los chilenos. Bueno, como sabemos, en Chile esa afirmación no vale ni el papel en el que está escrito. A eso se suma la gran variedad de fallas de mercado (como la increíble falta de competencia entre los grandes), y la variedad y bien imaginativa gama de distorsiones −muchas hechas artificialmente a la medida, como la facilidad con que los grandes pueden estrujar a los medianos y chicos, y el tener un Estado “subsidiario” (aquél que se debería llamar así porque su rol fundamental es “subsidia que te subsidia” al gran capital).

Por eso digo que a los economistas que inventaron y justificaron esta segunda forma de hacer el capitalismo, en lugar de llamarse ingenieros comerciales, se deberían llamar ingenieros de sistema (otros, menos generosos, quizás los llamarían sastres que hacen buenos trajes a la medida, incluidos para ellos).

Que haya países donde las cosas están aún peor, es sólo el consuelo del mal de muchos…

b.- ¿Será que nuestro 1% se lleva tanto “por ser los mejores”? ¿O porque el traje esta hecho a la medida?

Quizás Andrónico, igual que el resto del 1%, malentendió a Darwin, y cree que lo que él decía era que sobresalía “el mejor”. Sí, sin duda en este modelo el 1% más rico en Chile ha sobresalido con lujuria, pero para el ex-Cambridge “el más fuerte”, o “el con más habilidades para sobrevivir y sobresalir” nunca tuvo una connotación valórica. Esa calificación siempre se la han dado los que por cualquier razón están arriba −y su inevitable enjambre de aduladores− para justificar sus excesos. Para Darwin, dado un medio ambiente específico, sobresalen aquellos que tienen las habilidades y energías específicas relevantes. Cambie el medioambiente y el cuento es otro y el resultado puede ser uno muy distinto.

Daré un ejemplo personal. Si me ponen en un medioambiente académico típico, no me es tan complicado sobrevivir; pero cuando un día por despistado tuve que pasar casi toda una noche solo en la selva cerca de Tikal, mis habilidades y conocimientos eran, literalmente, los más inútiles y mi capacidad de sobrevivencia nula (el que me encontró hizo un solo comentario respecto a mi torpeza en ese medioambiente: ¡hombre blanco tenía que ser!).

PobrezaEn otras palabras, si cambiamos el medioambiente y transformamos nuestro capitalismo de segunda división en uno de primera, competitivo, con un Estado que respete la propiedad social de los recursos naturales (incluyendo un royalty de verdad), y que le imponga un dinamismo y diversificación productiva asiática a la economía, lo más probable es que el 1% en Chile termine llevándose sólo algo cercano al 10% del ingreso. Eso sucedía en EE.UU. antes de Reagan, y en el Reino Unido era incluso bastante menos que eso antes de la Thatcher. Y alrededor de eso es hoy día en Corea (12%), Taiwán (11%), o Alemania (13%),mientras que en Dinamarca es aún menos.

Además, no es muy claro cuántos de los actuales grupos económicos del país sobrevivirían en un mundo realmente competitivo y civilizado. Y para qué decir en uno en el cual la política industrial o comercial los llevase a tener que sobrevivir produciendo en Chile (vía controles a la salida de capital, como en tantos países asiáticos) e industrializando lo puramente extractivo, y sin poder apropiarse de gratis de las rentas de los recursos naturales, y con respeto a la naturaleza y al bienestar de los consumidores.

Por eso, uno de mis intentos por descifrar lo que es el neo-liberalismo analiza su especificidad desde este punto de vista: es una ideología y una praxis político-económica e institucional que intenta crear, en forma totalmente artificial, un medioambiente a la medida de las habilidades y singularidades de un tipo específico de gran capital. Un medioambiente que le dé todas las ventajas para sobresalir al capital rentista, al financiero-especulador, a los trader, los depredadores, y todo aquél que se esconde de la competencia internacional operando en el sector de no-transables de bajo desafío tecnológico.

Pero ese medioambiente les hace la vida difícil a muchos, incluido el capital realmente productivo, en especial el de la manufactura; aquél que vive en un mundo realmente competitivo, donde hay que trabajar mucho e innovar constantemente para poder ganar al menos un poco…

Si cambiamos el medioambiente y transformamos nuestro capitalismo de segunda división en uno de primera, competitivo, con un Estado que respete la propiedad social de los recursos naturales (incluyendo un royalty de verdad), y que le imponga un dinamismo y diversificación productiva asiática a la economía, lo más probable es que el 1% en Chile termine llevándose sólo algo cercano al 10% del ingreso.

En el Brasil pre-neoliberal, por ejemplo, la manufactura representaba mas del 30% del PIB; hoy es menos del 10%. ¿Tendrá eso algo que ver con su desastre económico actual? Pero, ¿cuál sería el problema si según el último informe Forbes en ese país el número de nuevos millonarios (con más de US$30 millones en activos netos sin contar su residencia principal) centa-millonarios, o billonarios creció en 273%, 274% y 256%, respectivamente desde que el “Partido de los Trabajadores” (!) tomó el gobierno? Y la inversión por trabajador en todo el período neo-liberal (PT y boom de los commodities incluidos) fue menor que la que había en Brasil en 1980. De hecho, en 2013, con la economía ya entrando en crisis, en Brasil surgía un nuevo millonario de este tipo cada 27 minutos. Aun así, en Brasil su 1% se lleva menos que el chileno (29%).

Básicamente, lo que hemos hecho en Chile no es más que crear una entelequia (primero a la fuerza y con abierta corrupción, y luego con la colaboración de los renovados y su “tercera vía”) que le permita al 1% llevarse para la casa un tercio del ingreso nacional con un mínimo de esfuerzo. Desde este punto de vista, la complejidad de lo real se puede sintetizar así: en la (auto-construida) selva neo-liberal, el capital (de ese tipo) es rey e increíblemente móvil. Si alguien todavía cree que la teología matemática, esa que hoy en muchas partes pasa por “ciencias económicas”, tiene alguna evidencia empírica o teórica de verdad para apoyar eso desde el punto de la eficiencia, debería estudiar un poquito más Asia, aquellos que por su envidiable pragmatismo ideológico son los eternos herejes del neo-liberalismo.

c.- La genialidad de Roosevelt y Keynes vs. la mediocridad neo-liberal posterior.

A riesgo de que algunos ya abandonen la lectura de la columna (pues ya es algo más larga que un tweet), quiero recordar que también hubo otro medioambiente capitalista diferente al neo-liberal, el cual FDR y Keynes ayudaron a crear (en forma igualmente artificial). En aquél contexto, el espacio de maniobra del gran capital era muy claro y preciso: para el capital del sector real, si quieres hacer plata, ningún problema, pero tienes que hacer algo socialmente útil, ¡y en tu país! Para el sector financiero, como decía Keynes, su labor era generar crédito, y sólo en la medida que fuese “el pavimento a lo largo del cual pudiese viajar el sector productivo; y los banqueros, de saber su deber, sólo deberían proporcionar esos medios de transporte en la medida en la cual el sector productivo pueda generar pleno empleo”. Para luego añadir: “y que las finanzas sean primordialmente nacionales”. Para el trabajo: ustedes tienen el derecho de propiedad de recibir una proporción adecuada del progreso económico que ustedes mismos ayudan a generar; tanto así, que en EE.UU. el ingreso del 40% más pobre creció más rápido que el del 1% más rico hasta Reagan (y también más rápido que el ingreso del 0,1% y el 0,01%). En cambio, desde entonces (1979-2014), el ingreso promedio del 40% ha caído, mientras que el del 1% prácticamente se duplicó, el del 0,1% más que se triplicó, y el del 0,01% más que se quintuplicó. De república bananera.

Lo que hemos hecho en Chile no es más que crear una entelequia (primero a la fuerza y con abierta corrupción, y luego con la colaboración de los renovados y su “tercera vía”) que le permita al 1% llevarse para la casa un tercio del ingreso nacional con un mínimo de esfuerzo.

Mientras tanto, en el período keynesiano las economías industrializadas crecían tanto en producto como en productividad a tasas jamás antes logradas, o después sustentadas; esto con pleno empleo y baja inflación. Y el CEO de Goldman Sachs no tenía la patudez de decir (como ahora) que su trabajo era equivalente “a hacer la misión de Dios en la tierra” (probablemente eso justificaría su remuneración celestial). Por su parte, las contribuciones corporativas a los fondos de pensión de los 100 CEO de las corporaciones más grandes de EE.UU. tampoco equivalían al stock de ahorros de pensión de 116 millones de sus compatriotas, como ocurre ahora.

Pero claro, nuestro desafío no es resucitar ese pasado irreplicable, o copiar mecánicamente experiencias asiáticas (usar mecánicamente información de un pasado casi siempre irreplicable es el pecado original de la econometría). Pero sí hay que dejar de lado ese cuento neo-liberal criollo que, a pesar de toda la evidencia disponible, insiste en decir que hay una sola forma de hacer las cosas, la nuestra, y que por “puro mérito” ella beneficia tanto a tan pocos. Como dice la canción, eso es “teatro, puro teatrofalsedad bien ensayada, estudiado simulacro… fue tu mejor actuación… perdona que ya no te crea, pues (a estas alturas ya es bastante obvio que) lo tuyo es puro teatro”.

También hay que dejar atrás la amnesia neo-liberal que prefiere olvidar que en ese pasado el 1% más rico en EE.UU. ganaba menos de la mitad de lo que gana ahora como proporción del ingreso, proporción que incluso caía en el tiempo. De Reagan, Thatcher y la caída del Muro de Berlín en adelante, en cambio, cuando el poder del capital de ese tipo (sub-prime) se re-legitima en forma casi mítica, y los proyectos alternativos se desintegran, surge este nuevo modelo: un paraíso para los especuladores, rentistas, traders y depredadores, gracias al cual esa proporción se pegó un salto mortal hasta el momento de estallar la crisis financiera de 2007/2008.

cobreNo sólo este numerito fue un traje hecho a la medida, sino que terminó siendo un componente central de dicha crisis. Ahora lo que se lleva el 1% ya está casi de vuelta a esa tomadura de pelo, y con una fragilidad financiera internacional peor que la anterior, y gobiernos y bancos centrales que ya se gastaron toda su pólvora e imaginación.

Probablemente gracias a su sabiduría milenaria (y errores del pasado) mucho de Asia se salvó de ese fundamentalismo, pues mientras todo occidente (norte y sur, en especial el mundo anglo-ibérico) se tragaba la píldora de que esa ficción era la obra de Dumbledore, ellos sabían instintivamente que si venía de donde venía, sólo podía ser una construcción de Voldemort.

Básicamente, si hoy EE.UU. tuviese el mismo PIB (algo no muy difícil), pero la distribución del ingreso fuese la misma que tenía cuando ganó Reagan (fruto del “momento Trump” de su época, cuando las fuerzas progresistas eran igualmente incapaces de ofrecer una alternativa viable y creíble para los descontentos de entonces), el 1% más rico ganaría hoy día harto menos: más de 2 billones (millones de millones) de dólares menos de lo que gana ahora. Esa cantidad es equivalente a casi 10 PIB chilenos (dependiendo del tipo de cambio que se use). Y el resto de la población ganaría esa cantidad por sobre lo poco que le queda (y podría tener menos problemas para pagar por su vivienda, salud, educación, pensión, etc.).

En otras palabras, el 1% más rico en los EE.UU. capturó más de dos tercios del crecimiento total de los ingresos reales por familia durante los últimos 20 años. Por su parte, el decil más alto llegó a llevarse más de la mitad del total de los ingresos del país, un nivel mayor al de cualquier otro año desde 1917, superando incluso a 1928, año tope de la burbuja del mercado de valores de los “roaring 1920”.

Ese ha sido siempre el drama del capitalismo: su gran motor para desarrollar las fuerzas productivas viene sólo de la competencia, pero en mercados competitivos se trabaja mucho y se gana poco. En los mercados oligopólicos, desregulados y depredadores, en cambio, se puede ganar mucho trabajando poco, pero a gran costo en términos de eficiencia, equidad y medioambiente.

¿Alguien (sin demasiados conflictos de interés) puede realmente creer que eso no es algo artificialmente construido para dicho fin, a costos crecientes desde el punto de vista de la eficiencia? Así, hoy tenemos el absurdo de una economía norteamericana casi estancada, pero con un sector corporativo con record histórico de utilidades y también con un nivel de deuda en record histórico. Lo mismo ocurre con la inversión privada, pero en el otro sentido (casi un record por lo bajo). Hay que dar reconocimiento donde ellos se merecen: la imaginación neo-liberal para crear artificialmente un medioambiente con esa esquizofrenia, de que se puede ganar tanto con tan poco esfuerzo −y en democracia− es realmente admirable.

Ese ha sido siempre el drama del capitalismo: su gran motor para desarrollar las fuerzas productivas viene sólo de la competencia, pero en mercados competitivos se trabaja mucho y se gana poco. En los mercados oligopólicos, desregulados y depredadores, en cambio, se puede ganar mucho trabajando poco, pero a gran costo en términos de eficiencia, equidad y medioambiente.

Esa tensión (muy bien predicha por Adam Smith) ha sido central en los 300 años de historia capitalista. Los Chicago (me refiero a los de verdad, no a los sacristanes criollos) tenían eso muy claro, y siempre estaban al lado de los mercados oligopólicos con el argumento de que mercados que requieren grandes niveles de inversión tienen que dar mínimas garantías de retorno al capital; y si hay demasiada competencia, eso no sucede. Sin embargo, no sólo al argumentar esto minimizaban el enorme costo de la concentración económica, sino también se olvidaban del problema de los incentivos: una vez que los mercados están tan concentrados y desregulados, ¿quién o qué los obliga a invertir?

d.- La arrogancia del poder absoluto y la resignación de los renovados.

Nuestra elite capitalista cometió el mismo error elemental; incluso logró acumular aún más, pero se hizo incapaz de adaptarse al cambio. En su voracidad se hizo incapaz de transformarse en el tiempo, algo esencial para hacer eso más sustentable.

El error garrafal de esta forma de acumulación y dominación fue su ilusión (bordeando en lo psicótico) de que este modelo era sustentable en el tiempo. Después de todo creían que habían logrado construir algo tan maravilloso que era el fin de la historia.

Nuestra elite capitalista cometió el mismo error elemental; incluso logró acumular aún más, pero se hizo incapaz de adaptarse al cambio. En su voracidad se hizo incapaz de transformarse en el tiempo, algo esencial para hacer eso más sustentable. Va a quedar grabado en la historia política de Chile que uno de los errores históricos más garrafales de la oligarquía nacional fue rechazar la oferta de este gobierno: hagamos reformas mínimas para que todo pueda seguir casi igual (pero sin algunas de sus peores aristas). La miopía de la codicia y la arrogancia oligárquica pudo más.

Si este gobierno hasta les ofreció aprobar el vergonzoso Tratado del Transpacífico (TPP), cuyo objetivo real era generar el mejor hedge posible contra el cambio y ceder soberanía política-económica gratis a cortes con el sello de Mickey Mouse, a niveles que hubiesen sido impensables en toda nuestra histórica política nacional −al menos desde que Aníbal Pinto autorizó a Diego Barros Arana a ceder tanto cuanto fuese necesario de la Patagonia con tal de que Argentina no apoyase a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico (ver aquí sobre el TPP). Dudo que esta oportunidad abierta por el gobierno actual se repita, pues a la collera ya se le arrancó el novillo.

Lo que es difícil de comprender no es por qué este ciclo político-económico comienza a desintegrarse, sino cómo duró tanto tiempo.

Lo que es difícil de comprender no es por qué este ciclo político-económico comienza a desintegrarse, sino cómo duró tanto tiempo. Sin tener el espacio necesario para analizar esto como se merece, creo que Freud nos da una buena pista (cosa que pasa a menudo). En un artículo escrito en medio de la Primera Guerra Mundial describe lo que considera ser las tres características básicas de los seres humanos cuando actúan ya sea como individuos o como grupo, en cuanto a su capacidad para comprender y actuar sobre el mundo real:

a) su ambivalencia con la realidad relacionada con un miedo a lo desconocido, un temor al retorno a un caos primitivo donde puede existir una fuerza desconocida que destruya la comprensión y elimine el significado; la sensación es que puede existir un peligro real de que lo que por el momento es incomprendido terminará convirtiéndose para siempre en incomprensible.

b) Su ingenuidad y predilección por las ilusiones (y los cuentos de tanto cuenta-cuentos).

Y c) su agresión innata.

En lo ideológico, la genialidad de la “nueva izquierda” fue jugar con lo primero para contener el cambio, y con lo segundo para justificar su inacción (la “Tercera Vía” fue parte del cuento). Desde este punto de vista, los renovados cumplieron con su rol de contención; el que falló fue su collera y por eso se les arrancó el novillo. Si la oligarquía tan solo hubiese entendido a Darwin: “El que sobresale no es el más fuerte, ni siquiera el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio”.

Pero claro, adaptarse al cambio en un modelo como el chileno era difícil. ¿De cuántas maneras se puede crear un medioambiente tan peculiar? Con mercados financieros todopoderosos, mercados laborales tan “flexibles”; falta de competencia a niveles antes impensables; sistemas de pensiones tan lucrativos para tantos, excepto para los pensionados; seguros privados de salud tan insalubres; un capital extranjero que pudo remitir al exterior utilidades equivalente a prácticamente un PIB entero entre 2002 y 2014 (y en su mayor parte por incomodarse en hacer cobre concentrado); estados tan eunucos que entre otras cosas podían seguir facilitando la apropiación privada indebida de la renta de los recursos naturales (minería, agua, pesca y más; el verdadero robo del siglo, pues legal o no, eso es lo que es). Un Estado tan esterilizado que no es capaz siquiera de obligar a los que se han adjudicado las concesiones de caminos a armonizar sus cobros vía un tag nacional. Algo para el Guiness Book of Records, sección costos sociales inútiles (tiempo inútilmente perdido en peajes).

2.- El problema de modelos con baja entropía: como todo orden siempre tiende al desorden, las formas de dominación deben sofisticarse constantemente. ¿Es posible hacer eso en este modelo?

Lo anterior nos lleva a la segunda pregunta para Andrónico: ¿de cuántas formas se puede adaptar algo así para que el 1% pueda seguir llevándose un tercio del ingreso año a año? Como diría un estadístico: ¿cuántos grados de libertad puede haber en un modelo así dado su rigidez intrínseca? O como diría un físico: ¿de cuántas formas se puede construir una estructura tan específica, con tan poca entropía? ¿De cuántas formas se puede crear algo tan bondadoso para algunos, al margen de su ineficiencia intrínseca, y en democracia? ¿De cuántas formas se puede construir algo así para limitar el acceso de otros a las rentas, construyendo tan efectivamente lo que Douglass North llamaba un “Limited Access Order? ¿De cuántas formas se puede re-arreglar los componentes de un modelo así sin cambiar su estructura (sin desordenarlo)?

Andrónico Luksic
Andrónico Luksic

Como bien dice Andrónico en la entrevista mencionada (aunque en otros términos) es obvio que en Chile este tipo de dominación y acumulación se desintegra (y no sólo aquí). Pero ni la derecha ni la “nueva izquierda” han aportado una sola idea original –que sea creíble y viable– que ayude a hacer esto sustentable, algo no tan extraño en el caso de los últimos, pues cuando dos polos opuestos piensan lo mismo, en realidad sólo uno es el que está pensando.

Por un lado, la “nueva izquierda” representa cada día menos a los descontentos, lo que es un componente esencial del tipo de dominación tan efectiva que nos trajo hasta aquí. Como ya he mencionado en otras columnas, citando a Adorno, Chile es laboratorio de eso de que la forma más efectiva de dominación es aquella que delega a los representantes de los dominados la violencia en la que descansa. Por otro, cada día es más obvio que la derecha no puede dominar efectivamente sin la ayuda de los renovados: ¿qué van a hacer las AFP para continuar con la tomadura de pelo actual cuando los servicios de esos generosos ministros y ex-ministros de la Concertación/Nueva Mayoría ya nos les sirvan?

En esa perspectiva, se entiende muy bien por qué para un número creciente de empresarios la alternativa Lagos (al margen de las mejores intenciones que pueda tener el candidato) aparece como la mejor (¿única?) forma de reconstruir el sistema de dominación y acumulación actual. Una alternativa que quizás podría volver a reagrupar a los agobiados, y a la cual los dueños del capital le podrían volver a delegar, y con tranquilidad, el manejo de las instituciones necesarias para implementar dicha dominación, pues pueden confiar que ellos jamás se van a olvidar quienes son (sub-contratados), y de cuál es su rol en el sistema.

Sin embargo, creo que esa ya es misión imposible. Desde mi perspectiva, de ganar Lagos la próxima elección, a pesar de sus formidables habilidades políticas, quizás no va a poder hacer más que dilatar una compleja pero imparable desarticulación de un sistema de dominación y acumulación que hace rato ya topó fondo, aquél que creaba consensos en torno a una ideología que se puede resumir en el lema: “Teme al 1%, honra al mercado” (lo que en Chile llamamos eufemísticamente “mercado”).

Creo que para lo que queda del orden actual el problema de fondo no es que haya quedado en evidencia que el rey no tenía ropa; el problema es que quedó en evidencia que el prócer de los renovados se viste con ropa ajena.

Por tanto, sería realmente interesante conocer en forma más específica cómo Andrónico visualiza un futuro que sea para él sustentable, pues este sistema de dominación hace aguas ya que cada día se hace más difícil mediatizarlo. No es muy difícil darse cuenta que los que están descontentos ya no quieren ser representados por sub-contratados; y es complicado que el gran capital, de querer continuar con su tajada del león, pueda dominar directamente en democracia. ¿Tendrá Andrónico alguna idea de cómo salir del entuerto desde el punto de vista empresarial, fuera de continuar con la creciente fuga de capitales, aquello que se prefiere llamar inversión chilena en el extranjero?

En un mundo globalizado, de existir un Estado con un mínimo de respeto de sí mismo, Chile podría ser una base ideal para un programa “asiático” de diversificación productiva, en especial basada en la industrialización del sector primario-exportador. Pero eso les exigiría harto más a los grupos económicos, y los premiaría con bastante menos.

Peor aún, ¿alguna idea fuera de continuar endeudándose en el extranjero en dólares para luego sacarlos de Chile al resto de la región, en especial a países donde este sistema de dominación y acumulación tan primitivo parece tener todavía para rato? Como Andrónico sabe mejor que nadie, la deuda corporativa chilena en dólares ha sido la tercera que ha crecido más en el mundo emergente desde 2007 (después de China y Turquía): alrededor del 20% del PIB. Pero la inversión privada chilena está por el suelo. ¿Será que la solución para los problemas actuales de nuestro país, como parece sugerir en su entrevista, es que los pasivos se queden aquí, pero los activos emerjan en otra parte donde supuestamente hay más “garantías”? Él la llama “internacionalización” de su grupo, porque Chile le quedó chico. Para él (poco agradecido) Chile ya no es un país tratando de transformarse en nación; parece que es sólo un mercado limitado para lo que él hace.

En un mundo globalizado, de existir un Estado con un mínimo de respeto de sí mismo, Chile podría ser una base ideal para un programa “asiático” de diversificación productiva, en especial basada en la industrialización del sector primario-exportador. Pero eso les exigiría harto más a los grupos económicos, y los premiaría con bastante menos. Pero entonces seríamos, y no sólo en el futbol, campeones de América.

José Ortega y Gasset nos decía que el principal problema de América Latina era que había demasiados individuos satisfechos consigo mismo y con demasiado narcisismo, pues les gustaba mirar la realidad como espejo de auto contemplación. Toda la razón: basta mirar nuestro 1% y tanto político de la ex Concertación. Para él ese era un gran obstáculo, pues faltaba descontento, motor del progreso. Yo generalizaría eso, pues no solo el descontento puede crear dinámicas transformadoras muy interesantes, sino también otros aspectos de aquello que es parte de esa tendencia natural (tanto en el mundo físico, como en el social) del orden en transformarse constantemente en desorden y de subir su entropía. El descontento es un componente fundamental de eso en lo social, pero no el único. Y es esa tendencia al desorden lo que genera los nuevos desafíos que requieren de una continua sofisticación de nuestras formas de dominación y acumulación.

De ser así, nuestro problema no puede ser más obvio: nuestra Latinoamérica neo-liberal –¡y ciertamente la otra!– reprueba ese examen. Y la “nueva izquierda”, por los fantasmas de su pasado (todavía persecutorios), por su tendencia intrínsecamente conservadora, por una no despreciable cuota de conflictos de interés (anzuelos que les tiró la oligarquía) −y por tanto consejero con poca Imaginación (consultores) para el cambio− trata (y por un tiempo con mucho éxito) más bien de contener ese nuevo desorden que de encausarlo hacia formas más sofisticadas de desarrollo.

Creo que hay muchas similitudes en la falta de imaginación productiva de nuestros grandes empresarios (grandes en tamaño), y la falta de imaginación social de los renovados. Quizás por eso fueron, y por tanto tiempo, tan buena collera. ¡Pero ahora se le despabiló el novillo! Asia, en cambio, con sus errores, saca buena nota en todo esto. ¿Qué opinará Andrónico de estos asuntos?

Sociólogo alemán explica cómo la concentración de la riqueza minó la democracia y el Estado de Bienestar

Europa sintetiza hoy muchas de las esperanzas, tragedias y contradicciones del mundo moderno. Basta mirar sus fronteras donde millones de familias sirias, afganas, iraquíes y libias esperan en campos de refugiados o mueren en el Mediterráneo intentando entrar a la que consideran la tierra de la seguridad. Los europeos han cerrado la frontera. Se sienten inseguros de su propio futuro y eso reduce la empatía y enfría el corazón. Hace casi dos meses los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (el famoso Brexit) con el voto de 17 millones entre los que había desde nacionalistas xenófobos a simples trabajadores (usuales adherentes de la izquierda) hastiados del triunfo del mundo financiero y la decadencia industrial. Muchos creen que si se repitiera esa votación en cualquier país de Europa, los resultados no serían distintos pues en gran parte de ese continente las clases medias y populares se sienten acorraladas entre una elite cada vez más rica y las masas de inmigrantes cuyos países han sido destruidos.

La riqueza tienen un gran peso en esta tragedia, subraya el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, director hasta el año pasado del prestigioso Instituto Max Planck para los Estudios de la Sociedad: “Los oligarcas de esos países que han sido devastados viven hace tiempo en Londres o en Nueva York. Y obviamente tienen buenas amistades con aquellos que invaden sus países y destruyen sus estados y sociedades”, dijo Streeck en un cuestionario que respondió para CIPER.

Son las clases medias y los pobres los que se ahogan en el Mediterráneo, o resisten con sus hijos atrapados en ciudades como Aleppo.

Debajo de conflictos que desde Chile tendemos a ver sólo como problemas de nacionalidades o religión, rezuma el viejo tema que, según Streeck, sigue siendo central para entender el mundo moderno: la acumulación de la riqueza.

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa

¿Qué puede hacer Europa con esos millones de desplazados que no son muy distintos a usted que lee o a mí que escribo? Sólo el año pasado Alemania recibió un millón de inmigrantes cuando Ángela Merkel decidió abrir la ruta a través de los Balcanes. Pero este año Merkel promovió un acuerdo europeo para que los cuatro millones que siguen esperando entrar sean llevados a campos de refugiados en Turquía, lo que fue denunciado por Médicos sin Fronteras como una política inhumana.

Otros países europeos han hecho cosas más controvertidas. El gobierno danés aprobó una ley para incautar a los refugiados bienes por más de US$1.500  y según informa CNN publicó anuncios en diarios de El Líbano, donde hay un millón de refugiados sirios, advirtiendo que no eran bienvenidos.

El caso danés es interesante, pues el ex candidato estadounidense, el demócrata Bernie Sanders, lo enarboló en su campaña como el modelo de organización social que debía seguir Estados Unidos. Sanders se hizo eco de las investigaciones del economista Miles Corak, quien en 2013 se preguntó si EE.UU., pese a que llevó la concentración de la riqueza a niveles inéditos en la historia de la humanidad (ver entrevista a Jeffrey Winters), seguía siendo la tierra de las oportunidades, el lugar en donde independiente de su origen social una persona podía prosperar trabajando duro. Corak mostró que el hijo del pobre estadounidense tiende a seguir siendo pobre y que el hijo del rico se mantiene en la riqueza (lo que no es muy distinto a Chile según los economistas Javier Núñez y Cristina Risco: con una probabilidad del 56% el hijo del rico seguirá perteneciendo al 10 % más rico de la población mientras que en Europa esa persistencia intergeneracional de la riqueza se reduce al 2%).

Donald Trump
Donald Trump

Coincidiendo con las investigaciones de la OECD, Corak concluyó que para vivir el “sueño americano” de surgir a punta de esfuerzo había que irse a Dinamarca. Allí, donde los impuestos están entre los más altos del mundo, la equidad en la partida del hijo de un ingeniero y el de un taxista permite que el esfuerzo individual haga una diferencia.

Pero las familias que esperan con angustia en las fronteras de Europa una oportunidad para trabajar duro, enfrentan algo que el estudio de Corak no dice: el sueño danés es sólo para los daneses. O para los europeos y los ricos del mundo.

Hay una contradicción evidente en esto. El Estado de Bienestar está basado en el concepto de justicia social, que les reconoce a las personas derecho a cierto estándar de vida sólo por su condición de seres humanos. La fuerza moral de esta idea se cae a pedazos cuando es incapaz de proteger a niños, pues gran parte de esta discusión de la desigualdad se trata de eso: del destino de los niños ricos y pobres; del niño sirio Alan Kurdi muerto en una playa turca; del niño Omar Daqneesh rescatado de un bombardeo en Aleppo, cuyo rosto cubierto de sangre y polvo nos pregunta qué estamos haciendo; o de los cerca de 10 mil niños que han llegado a Europa solos, de los que no se sabe nada y que según la policía pueden haber caído en redes de abuso sexual.

Los estados de bienestar de Europa, cuyo discurso es proteger a las personas, ¿no pueden dar a la crisis de los refugiados una respuesta distinta a la de Donald Trump, quien prometió levantar un muro para defender a EE.UU. de la inmigración latinoamericana? ¿Cuál es la posición de la izquierda europea?, no la de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, quien se plegó irresponsablemente a la guerra contra Irak convocada por George Bush (como lo ha mostrado el informe Chilcot), sino de la izquierda que defiende la justicia social.

La pregunta hoy, incluso en países tradicionales de capitalismo democrático, es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet

Streeck, uno de los más respetados intelectuales de esa izquierda europea, no está por abrir las fronteras. Al menos mientras esa no sea una decisión democrática de los europeos. Y hoy claramente no lo es. Así lo explicó a CIPER:

-En el corto plazo la respuesta europea a la crisis debe ser ayudar a los sirios y a otras personas que están sufriendo, proveyendo infraestructura a los campos de refugiados en Turquía y Jordania y donde sea, incluyendo escuelas, hospitales y re-asentando a los más vulnerables en Europa occidental, por ejemplo, a las familias con niños pequeños o personas que tienen enfermedades. Pero la inmigración regular hacia los mercados de trabajo europeos debe ser examinada por separado, y debe ser regulada de manera que las condiciones de trabajo dignas y salarios dignos se puedan garantizar para todos, viejos y nuevos residentes, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde eso está garantizado para los primeros. Luego de eso necesitamos prepararnos para ayudar a los sirios, iraquíes y afganos y otros a reconstruir sus países una vez que la guerra termine y las fuerzas de ocupación se hayan ido.

Para subrayar la diferencia entre esta postura y la de Donald Trump, Streeck precisa que el rechazo a los inmigrantes que vocea el candidato estadounidense es, en realidad, engañoso. “Tengo la impresión de que la economía americana no podría existir sin inmigración de trabajadores de baja calificación provenientes de América Latina”, dijo a CIPER.  Y agregó que si líderes como Trump demonizan a esos inmigrantes no es porque no los quieran, sino “porque eso les permite a las empresas contar con trabajadores incapaces de reclamar derechos sociales, usar los servicios sociales u organizarse en sindicatos”. Por ello, Streeck cree que si Trump gana las elecciones no hará nada en contra de la inmigración.

La situación en Europa –afirma Streeck- es distinta:

-Muchos países tienen salarios mínimos y extendidos estados de bienestar y no pueden, por muchos motivos, aceptar una doble situación del mercado de los trabajadores en la que los derechos sociales de los inmigrantes no sean reconocidos.

Angela Merkel
Angela Merkel

Dado lo anterior, si Europa no limita el número de inmigrantes, pone una presión enorme sobre su Estado de Bienestar (que, como se verá luego, está ya malherido) y sobre las remuneraciones de sus clases medias y pobres. Son estos grupos los que se han comenzado a oponer a la inmigración. Su reacción, dice Streeck, “ha sido demonizada” por empleadores y dirigentes políticos, “como un nuevo despertar del nacionalismo”. Pero Streeck no ve en esa reacción nacionalismo, como tampoco ve humanitarismo en muchos empleadores y políticos que argumentan a favor de abrir las fronteras.

Para el sociólogo alemán muchos empresarios simplemente quieren que más inmigración “ayude a que los salarios bajen y así prevenir lo que llaman ‘cuellos de botella’ que es cuando la falta de mano de obra empuja las remuneraciones hacia arriba”.

Y sobre la decisión de Merkel de 2015 de abrir las fronteras, Streeck dice: “Dudo que sea beneficioso para Siria, África Occidental o Pakistán si nosotros descremamos sus economías y absorbemos a todos sus trabajadores capacitados, a sus científicos y emprendedores. Mi corazonada es que detrás de la política de refugiados alemana hay un vampirístico deseo de absorber los trabajadores calificados de los países que sufren todavía guerra y pobreza. Esto no puede ser en el interés de esos países”.

-Durante siglos Europa ha explotado los recursos de Asia, África y Latinoamérica. ¿No cabe esperar que Europa se haga cargo más activamente en los problemas de pobreza y de refugiados?

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa. No soy filósofo así que no puedo decir si hay una obligación moral que constriña a los países occidentales a simplemente abrir sus fronteras. Como cientista y economista político puedo decir que, aunque uno puede razonablemente argumentar a favor de esa obligación, las mayorías políticas en Europa no la van a aceptar y se rebelarán, como ya lo están haciendo. Entonces, hay que encontrar otras maneras. Hay que destacar, por ejemplo, que los Estados Unidos, cuyas tropas están presentes en casi todos los lugares donde hay problemas, no han aceptado todavía a un solo refugiado de Siria. Ni siquiera dejan entrar a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan. Esos ciudadanos afganos ahora se presentan en las fronteras alemanas como refugiados. ¿Están obligados los europeos a dejarlos entrar? Tenga en cuenta también que Alemania y otros países europeos han fracasado hasta ahora en hacerles ver a sus aliados estadounidenses que sus intervenciones militares sin sentido son la mayor fuente de personas que abandonan sus países de origen en el Oriente Medio. Cuando haya paz ahí, habrá una inversión significativa, el comercio mejorará y esos países podrán empezar a desarrollarse de nuevo.

MATANDO AL ESTADO DE BIENESTAR

Pese a sus contradicciones, Europa sigue siendo la inspiración de muchas de las reformas que algunos quisieran aplicar en Chile. Desde la educación finlandesa (pública, gratuita, sin selección de alumnos, ni competencia entre colegios y de alta calidad), hasta el sistema de salud inglés que garantiza atención sin costo a todos sus ciudadanos, o las ya citadas pensiones danesas. Muchas políticas europeas desafían las convicciones económicas que han gobernado Chile desde la dictadura. Las marchas estudiantiles de 2011 por la educación universitaria gratuita y las actuales manifestaciones en contra del sistema de AFP se alimentan de esa fuente.

Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores, no hace diferencia quién es elegido ni cómo

Wolfgang Streeck cree que esas políticas son cada vez más difíciles de sostener y piensa que los chilenos debemos asumir que ya no podremos construir un Estado de Bienestar como el que disfrutaron los europeos en los último 50 años.

-Dado que el Estado de Bienestar está retrocediendo en el centro, ¿cómo podría emerger de nuevo en la periferia? -dijo Streeck a CIPER.

En un reciente artículo Streeck argumenta que parte de ese retroceso tiene que ver con cómo se construyó la Unión Europea (UE): “En vez de proteger a los ciudadanos del huracán que han provocado los mercados (especialmente en la crisis financiera de 2008), se transformó en un poderoso motor de liberalización al servicio de una profunda reestructuración de la vida social”. Y puntualiza que fueron los británicos los que durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher “bloquearon el desarrollo de la UE como un estado supranacional de protección” y que en estos años padecieron lo que habían alimentado: su país se transformó en dos naciones, “una de ganadores que usan el mundo  de la globalización como una extensión de su jardín, y la de los perdedores, expulsados del acceso a los bienes comunes”.

Lo mismo –dice Streeck- ha ocurrido en muchas partes de Europa, y en vez de estar los latinoamericanos avanzando hacia ese modelo, es Europa la que retrocede; son sus instituciones públicas las que se debilitan y se vuelven impotentes para regular los mercados y proteger a sus ciudadanos (“Hay sociedades capitalistas altamente desarrolladas que presentan similitudes preocupantes con los llamados países del Tercer Mundo”, dijo en una entrevista reciente).

Bernie Sanders
Bernie Sanders

Europa, en la práctica, parece encaminarse hacia una democracia a la estadounidense, modelo que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sintetizó cuando en 2007 le preguntaron qué candidato presidencial apoyaba: “Tenemos la fortuna, gracias a la globalización, de que las decisiones políticas han sido largamente reemplazadas por las fuerzas del mercado global. Dejando el tema de la seguridad de lado, es difícil que algún candidato haga una diferencia. El mundo es gobernado por las fuerzas de mercado”.

Streeck afirma que los que se oponen a esa limitación de la soberanía nacional y buscan reponer el poder que alguna vez tuvo la democracia sobre los mercados –por ejemplo, el ex candidato presidencial Bernie Sanders, el movimiento “Podemos” en España, el laborismo de Jeremy Corbyn en Inglaterra, o Syriza en Grecia- “son combatidos con dientes y uñas. Los bancos centrales y las organizaciones internacionales como la Unión Europea están todavía pensando cómo suprimir o esterilizar estos movimientos”, dijo Streeck a CIPER.

En su último libro Comprando Tiempo: la crisis retrasada del capitalismo democrático (Verso, 2014), Streeck analiza cómo las democracias capitalistas europeas llegaron al punto en el que “la democracia representativa ya no representa nada” según afirma el sociólogo francés Christian Laval .

En esencia, Streeck sostiene que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora las democracias europeas han enfrentado cuatro crisis importantes. De las tres primeras supieron salir manteniendo la apariencia de que el capitalismo podía seguir proveyendo crecimiento material para todos”. De la última crisis (2008), Streeck no ve solución clara. De hecho, cree que la crisis sólo la ha pospuesto, y que las naciones desarrolladas están comprando tiempo.

NO MAS SINDICATOS

La historia económica que reconstruye Streeck en su libro  se enfoca en la tensión que existe entre trabajadores y capitalistas por la distribución de la riqueza. Y muestra como, década tras década, los que viven de su trabajo van perdiendo poder frente al 1%  más rico. Más allá de lo discutible que pueden ser las interpretaciones que hace Streeck, su reconstrucción tiene la virtud de que vincula importantes fenómenos sociales (como reducciones tributarias, decadencia de los sindicatos y endeudamiento de las personas)  que usualmente tienden a considerarse por separado.

Sostiene que tras la Segunda Guerra Mundial emergieron en Europa democracias que lograron establecer paz entre trabajadores y capitalistas a través de equilibrar los mercados con políticas de protección. Estos estados intervenían en la economía para generar crecimiento y corregir las consecuencias sociales de éste. Se financiaban principalmente con impuestos sobre los más ricos, lo que también tuvo el efecto de hacer que la desigualdad de ingresos no fuera tan alta.

Siguiendo la terminología del economista Joseph Schumpeter, Streeck denomina a este tipo de democracias Estado Recaudador (Tax State).

A fines de los ’60 el crecimiento económico de estos estados empezó a tambalear y la presión de trabajadores y sectores medios por más prosperidad -dice Streeck- amenazó a estas democracias con la primera gran crisis de legitimidad. Esa crisis logró ser aplazada de un modo inesperado: con inflación. “El truco fue posponer el emergente conflicto entre los recursos que recibía el capital y el trabajo introduciendo recursos adicionales, aunque estos existieran solo en el papel moneda y no en la realidad”, escribe Streeck en su libro.

La solución de hacer aparecer que la torta era más grande, a través de imprimir más billetes, duró poco tiempo pues las tasas de inflación se dispararon en todo el mundo: mientras el Reino Unido superaba el 20% anual a mediados de los ‘70, Estados Unidos se acercaba casi al 15% al comenzar la década de los 80. Dice Streeck que la reacción de los capitalistas fue entonces volcarse hacia el neoliberalismo; romper con el Estado de Bienestar que había permitido su crecimiento y la paz social hasta entonces y empujar organizadamente hacia la liberalización del capitalismo y la expansión de sus mercados en el ámbito local e internacional. Es entonces que el equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital comenzó a inclinarse a favor de los segundos.

En el plano político este proyecto se hizo posible con el ascenso al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y de Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990), ambos llevaron adelante un programa neoliberal caracterizado por la rebaja tributaria y la reducción de la intervención pública en la economía. Esa política fue exitosa en controlar la inflación, pero generó tasas crecientes de desempleo (en EE.UU. llegó al 20 % a comienzos de los ‘80) y volvió a encender la tensión entre trabajadores y capitalistas.

Streeck escribe que Reagan y Thatcher usaron entonces el poder del Estado para “disciplinar a las organizaciones de trabajadores”, las cuales hasta ese momento (siguiendo las ideas del economista John Maynard Keynes) se consideraban claves para redistribuir  la riqueza, producir demanda agregada y crecimiento económico. Streeck menciona dos momentos cruciales. El primero es la huelga de los controladores aéreos estadounidenses de 1981. A las 48 horas de iniciada la huelga, Reagan despidió a todos los controladores y los reemplazó permanentemente. Joseph Mccartin, profesor de historia de la universidad de Georgetown, resalta que hasta esa huelga los sindicatos estadounidenses eran una fuerza política importante y que su rápida derrota mandó un potente mensaje a todo el país sobre la inseguridad de los trabajos y sobre el nulo rol que le asignaba a los sindicatos el emergente modelo neoliberal.

Creo que no hay correcciones de mercado posibles sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros

El segundo episodio es la huelga de los mineros del carbón en el Reino Unido. Se inició en 1984 cuando Thatcher anunció el despido de 20 mil trabajadores de las minas que manejaba el Estado y 120 mil mineros británicos paralizaron sus actividades. Lo que a Reagan le tomó menos de una semana a Thatcher le tomó un año. Finalmente no solo terminó despidiendo a más de 90 mil trabajadores y privatizando las minas que eran rentables, sino que fijó en el debate público una imagen de los sindicatos que sigue resonando hoy: los llamó el “enemigo interno”. En un discurso ante los miembros de su partido, Thatcher dijo: “Tuvimos que enfrentar a un enemigo externo en las Falklands”, pero en el caso del carbón “la lucha fue contra un enemigo interno mucho más difícil de vencer y más amenazante contra la libertad” (Ver “El enemigo interno” de Seulmas Milne).

Desde entonces la fuerza sindical comenzó a decaer en todo el mundo. Incluso fueron dejados de lado por la academia, como remarca Streeck en una entrevista de 2011. En la primera edición del manual de Economía Política de Smelser y Swedberg, dice Streeck: “No había una sola mención a los sindicatos en todo el libro… y es imposible entender el debilitamiento social de la economía de la post guerra sin tener en cuenta qué posibilidad hay de negociar colectivamente o de que las organizaciones sociales intervengan en los mercados de acuerdo a sus objetivos políticos”. (Para las siguientes ediciones de ese manual le pidieron a Streeck que escribiera de los sindicatos).

La desaparición de ese concepto tiene ejemplos recientes en Chile: hace menos de un mes el Tribunal Constitucional borró la palabra sindicato de la reforma laboral que, en los discursos, pretendía mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores.

Para Streeck la eliminación de los sindicatos ha sido muy dañina para la democracia:

-Creo que no es posible hacer correcciones a los mercados sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar de igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros. La declinación de los sindicatos en las últimas dos o tres décadas ha implicado la declinación de la democracia-dijo a CIPER.

Streeck resaltó, además, otra correlación: “Hay que destacar que la declinación de los sindicatos ha ocurrido también de la mano de la declinación del crecimiento económico, lo opuesto de lo que los neoliberales habrían esperado”.

Las cifras del Banco Mundial le dan plausibilidad a su observación. Mientras en la década del 60 y 70 –cuando los sindicatos eran fuertes- la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde 1980 hasta 2010 (periodo en que el neoliberalismo venció a los sindicatos) la economía creció 1,4% al año.

ENDEUDAR AL ESTADO

Mientras el poder de las organizaciones laborales menguaba, otro fenómeno desbalanceó aún más el escenario a favor de los dueños del capital. El cientista político Jeffrey Winters lo analiza en detalle en su libro Oligarquía: es la aparición -a mediados de los ‘50- de una industria de la defensa de la riqueza, integrada por profesionales de clase media altamente preparados que diseñan estrategias jurídicas para que los más ricos logren pagar menos impuestos y argumentos políticos  para que las medidas que los benefician parezcan beneficiosas para todos. Esa industria –dijo Winters a CIPER– empujó y justificó la expansión de los paraísos tributarios que han permitido que las elites de todo el mundo reduzcan al máximo su contribución a las sociedades en las que hacen sus negocios y prosperan.

Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)
Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)

Para Streeck, la drástica reducción en la recaudación tributaria tuvo un efecto central en el “Estado Recaudador”. Debió comenzar a endeudarse con el sistema financiero internacional para seguir financiando su operación y la protección social (la cual se hizo más necesaria debido el aumento del desempleo). Las democracias capitalistas europeas pasaron así de ser Recaudadoras a Deudoras. Y a partir de ese momento, dice Streeck, dejaron de estar enfocadas en los intereses de sus ciudadanos para buscar satisfacer las necesidades de los inversionistas que les prestan y que hacen las inversiones que los estados ya no tienen dinero para hacer.

Esos inversionistas son esencialmente buscadores de utilidad, pero tienen un ojo puesto en el riesgo. Y el riesgo, cuando se financia la deuda de un país o se invierte en él, es la posibilidad de que por la vía de la democracia  los gobiernos cambien las reglas y la tasa de utilidad se reduzca. Los estados se vuelven así -dice Streeck- custodios de reglas y condiciones que sean amistosas con los inversionistas. Los reclamos de las personas se vuelven populistas, poco serios, peligrosos.

Streeck menciona en su libro a Calpers y PIMCO, dos grandes fondos especializados en el mercado de los bonos públicos (es través de la emisión de bonos que los gobiernos recolectan un porcentaje del dinero que necesitan para financiarse). Los ministros de Hacienda se juntan con los gerentes de estos fondos para recibir “asesoraría sobre una correcta política fiscal” donde “lo correcto” es aquello que permite a estos fondos hacer inversiones de largo plazo. Para evitar que las democracias, a través de las burocracias estatales, tomen medidas que amenacen las rentas de esos fondos, Streeck dice que las políticas neoliberales crearon instituciones independientes (como los bancos centrales) inmunes a los resultados electorales, “transfiriendo las decisiones económicas a comités de expertos” y dando garantía a los dueños del capital de que la democracia “no intervendrá en la economía”.

ENDEUDAR A LAS FAMILIAS

La solución del endeudamiento público volvió a posponer la crisis del sistema. Pero a mediados de los ‘90 las deudas públicas llegaron a tal nivel (especialmente en EE.UU.) que los inversores comenzaron a preocuparse de la real capacidad de los países de devolver los préstamos. La solución fue comenzar a desmantelar el Estado de Bienestar, lo que fue llevado adelante en Estados Unidos por el demócrata Bill Clinton y en el Reino Unido por el nuevo laborismo de Tony Blair. Así, dice Streeck, mientras la derecha recortó los impuestos, lo que recortaron los demócratas y la izquierda inglesa fueron los programas sociales.

Esos recortes en el Estado de Bienestar generaron un vacío de protección pública potencialmente explosivo. Dice Streeck que este vacío se resolvió otra vez recurriendo a la ilusión de riqueza: se facilitó el acceso al crédito a las familias.

Desde Ronald Reagan en adelante se había promovido en Estados Unidos y luego en Europa una creciente desregulación financiera, y eso hizo posible que en los ‘90 se masificara el endeudamiento de las personas. En el corto plazo, opina Streeck, esto permitió a las familias seguir obteniendo salud, educación y otros bienes públicos que estaban siendo recortados.

Es interesante destacar que el modelo de suplir con deuda lo que el Estado no provee es la esencia en Chile de políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo con el cual el Presidente Ricardo Lagos buscó que los más pobres pudieran estudiar en la universidad facilitándoles mecanismos para endeudarse con el sistema financiero. En parte por la mala calidad de la educación que se ofrecía, por las altas tasas de interés que cobraban los bancos y porque los trabajos para los estudiantes que se formaban no existían (ver entrevista a Ben Ross Schneider), esa estrategia terminó generando al primer gran cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno desde el fin de la dictadura.

A nivel internacional el modelo del endeudamiento de las familias estalló en la crisis financiera de 2008, provocada porque los bancos hicieron grandes negocios ofreciendo créditos hipotecarios a personas que no podían pagar y luego se vendieron unos a otros esos grupos de deudores. Los estados debieron salir al rescate de sus sistemas financieros.

A partir de esta reconstrucción de la historia económica desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, Streeck argumenta que tanto la inflación, como el endeudamiento público y el privado fueron métodos a los que se recurrió para generar la ilusión de que el sistema generaba crecimiento y prosperidad para todos, cuando en realidad los dueños del capital recibían una cantidad cada vez mayor de la riqueza que se producía.

Sobre esa base Streeck argumenta que no es el Estado de Bienestar el que ha quebrado a los países. La actual crisis de las finanzas públicas, afirma, “no es el resultado de un exceso de democracia redistributiva sino de una baja general en los niveles de tributación” y también “del endeudamiento en que incurrieron los estados para salvar al sistema financiero”. Fue el mercado operando sin regulaciones ni contrapesos políticos lo que trajo a Europa hasta este punto.

No solo el Estado de Bienestar ha sido horadado. Streeck cree que el capitalismo se ha puesto en una posición en que puede autodestruirse, pues ya no puede proveer crecimiento para todos y, a la vez, permitir la alta acumulación de los dueños del capital. En un artículo de 2014 (“¿Cómo terminará el capitalismo?”) afirma que “el avance capitalista ha destruido ya prácticamente todas las agencias que pudieran estabilizarlo a base de limitarlo”. Para Streeck este sistema es como un reactor nuclear que necesita refrigeración. Necesita fuerzas compensatorias que contengan la acumulación sin freno a través de controles y equilibrios sociales. Esas fuerzas ya no existen y “el capitalismo puede auto-debilitarse por un exceso de éxito”, dice.

En este escenario de completo dominio de los mercados, Streeck estima que se han incubado tres grandes problemas de largo plazo para los cuales no hay aún una solución clara: la reducción de las tasas de crecimiento que han venido cayendo desde los ‘80; el incremento de la concentración de la riqueza y un aumento de la deuda pública (en “¿Cómo terminará el capitalismo?” presenta gráficos que ilustran estas variaciones).

En su opinión, en el pasado las democracias sortearon las crisis de legitimidad y mantuvieron la paz entre trabajadores y capitalistas creando la ilusión de crecimiento a través de la inflación, del endeudamiento público y de los hogares. Hoy enfrentan un callejón que parece sin salida: no hay a quién mas endeudar. ¿Cómo generar crecimiento ilusorio o real que siga posponiendo el conflicto social?

Estados Unidos ni siquiera ha dado refugio a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan

Wolfgang Streeck es pesimista. Cree que estos tres problemas se potencian entre ellos: “Cada vez hay más evidencia de que la desigualdad creciente puede ser una de las causas del declive del crecimiento” y que “el bajo crecimiento, a su vez, fortalece la desigualdad al intensificar el problema de la distribución”. Y argumenta que el endeudamiento con el que se buscó “compensar a los asalariados y a los consumidores por la creciente desigualdad provocada por el estancamiento de los salarios y los recortes de los servicios públicos”, ha llegado a un límite pues no logró reactivar el crecimiento. “¿Puede continuar indefinidamente lo que parece ser un círculo vicioso de tendencias dañinas? ¿Existen fuerzas contrarias que puedan romperlo y qué ocurrirá si estas no se materializan, tal como ha sucedido durante casi cuatro décadas?”, se pregunta en  su artículo “¿Cómo terminará el Capitalismo?”.

Contra la idea extendida de que el capitalismo llega a puntos críticos y luego alcanza un nuevo equilibro, Streeck percibe un declive gradual, aplazado pero inexorable. Y si  las tasas de crecimiento siguen cayendo en Europa y el sistema “no es capaz de producir ni siquiera una ilusión de crecimiento sostenible, llegará el momento en que el camino del capitalismo y la democracia se separen”. Esto es, que las democracias de estos países terminen siendo completamente neutralizadas para que los mercados puedan operar sin restricciones de derechos ni obligaciones con la sociedad.

Streeck dijo a CIPER:

-El capitalismo contemporáneo en los llamados países avanzados parece requerir de un Estado que discipline y por lo tanto que no se vuelva un Estado Social. Y los estados han entendido que ellos deben disciplinarse a sí mismos sino serán abandonados por el capital móvil. Esto es lo que está detrás del actual vaciamiento de las instituciones democráticas, incluso en los países tradicionales de “capitalismo democrático”. La pregunta hoy es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet.

CRECIMIENTO DE QUIÉN

Wolfgang Streeck
Wolfgang Streeck

Sobre el futuro, en una entrevista reciente Streeck argumentó: “Mi hipótesis es que atravesaremos un largo periodo de transición, en el que no sabemos hacia dónde vamos. Es un mundo de incertidumbre, desorden, desorientación, en el que todo tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Nadie sabe cómo salir del problema, solo vemos que crece”.

En esa incertidumbre, que eventualmente puede terminar en métodos estilo Pinochet, sugiere que es necesario fortalecer la democracia. Pero, ¿cuáles son las características que una democracia debe tener? La pregunta es interesante para un país como Chile que durante mucho tiempo ha asociado democracia con votar y que este año ha discutido sobre la estructura y los contenidos de una nueva Constitución.

-¿Tiene en mente un modelo de lo que la Constitución debe decir o representar para defender la democracia?
Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores y la voluntad de los inversionistas extranjeros, no hace diferencia quién es elegido ni cómo. La democracia debe tener un efecto. Y cuando ese efecto es real y no una apariencia, involucra la soberanía, interna y también externa. Dada la magnitud de los problemas de hoy no pongo mucha fe en el tema constitucional. En cambio, lo que me parece esencial es movilizar a las personas y la libertad de movilizarse; también la libertad de prensa, incluyendo la existencia de una prensa independiente, alternativa en la prensa escrita y en los medios digitales. Y no menos importante libertad académica para enseñar e investigar. Estos son recursos para movilizar y contra movilizar mucho más importantes que, digamos, si hay una segunda cámara parlamentaria o no.

-En su libro usted destaca la necesidad de instituciones democráticas que limiten los mercados. Los economistas neoliberales argumentan que limitar los mercados implica limitar el crecimiento. Para mantener el sistema democrático, ¿cree que hay que aceptar que el crecimiento va a reducirse?
La pregunta es siempre “crecimiento de qué” y “para quién”. El crecimiento en los países de la OECD ha estado declinando por varias décadas, mientras que las utilidades se han incrementado, especialmente en finanzas, con la consecuencia de un explosivo crecimiento en la desigualdad. El crecimiento económico no necesariamente significa que los beneficios escurran a toda la sociedad y sino escurre el crecimiento no es necesariamente algo deseable. El crecimiento puede caer de todos modos. Recuerde a los celebrados BRICS (Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica) los cuales, con la excepción de China, son considerados hoy casos perdidos.

-En su reciente libro Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?, el economista Anthony Atkinson afirma que reducir la desigualdad es un objetivo que los países deben perseguir aunque el costo sea reducir el crecimiento. Sostiene que “una torta mejor repartida” es preferible a una más grande distribuida con los niveles actuales de desigualdad. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que renunciar a niveles de crecimiento es políticamente posible en países como Chile que aún no alcanzan el desarrollo?
Estoy de acuerdo con Atkinson, especialmente porque un crecimiento inequitativo puede no ser sustentable social y políticamente. Pero, ¿se puede basar una política de equidad social a expensas de crecimiento o de la promesa de crecimiento? No sin gran apoyo “desde abajo”, y aún así esto puede ser difícil. Respecto de Chile yo no sé mucho de su situación. En otros países uno puede tener dudas si las clases medias realmente necesitan más autos alemanes, ropa interior francesa, series de televisión americanas o pilas de poleras baratas de Tailandia. Pero este es un punto discutible ya que la clase media casi siempre tendrá suficiente influencia política para conseguir por sí mismos lo que desean.

-En su libro El Estado emprendedor, Mariana Mazzucato argumenta que para que los países crezcan el Estado debe involucrarse en el desarrollo de las industrias nacionales para producir economías innovadoras. Aunque eso suena bien desde la macroeconomía, en términos de los equilibrios políticos el acuerdo Estado-Empresa puede ser una pesadilla para los ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted las políticas industriales que consideran a los países como equipos productivos?
Probablemente es cierto que las políticas industriales pueden desarrollar empresas y sectores, y contribuir a la prosperidad económica. Pero eso no es nada nuevo y la pregunta es por qué eso no ha detenido la marcha hacia el neoliberalismo. Sin tener en cuenta los intereses económicos y el poder, esos libros son fantasías tecnocráticas que hacen a las personas olvidar el mundo real. La idea de los países como equipos productivos es un lenguaje de propaganda para los consultores de negocios, ansiosos de disfrutar su momento de fama antes de que sean rápidamente olvidados. El capitalismo es sobre acumulación de capital, no entre los países, sino entre los capitalistas.

 

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Jeffrey Wintersprofessor de la universidad estadounidense Northwestern y Anthony Atkinson, professor de la London School of Economics y Fellow of Nuffield College de la universidad de Oxford, que busca ampliar el debate actual sobre la concentración de la riqueza y su impacto en la economía y en la democracia.

 

Los documentos del Departamento de Justicia en que Lan reconoce “sobornos” a sindicalistas

La millonaria multa que Latam (ex Lan) aceptó cancelar a fines de julio en Estados Unidos prometía cerrar un capítulo negro que la aerolínea arrastra hace diez años, cuando realizó pagos para poder consolidar su entrada al mercado argentino que han sido cuestionados. Pero el tema estuvo lejos de cerrarse. Una denuncia en Argentina puso ahora el foco en el ex Presidente Sebastián Piñera, quien al momento de los pagos era accionista y director de Lan, y de paso reactivó la investigación que se lleva a cabo en Chile por los mismos hechos (ver recuadro).

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

Ante el revuelo público, Latam se apuró y el martes 9 de agosto emitió un comunicado en que “señala enfáticamente” que Piñera y otros directores “no tienen ninguna participación y ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza”. Además, asegura que tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en Inglés) como la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo que fiscaliza el mercado de valores en ese país, “concluyeron que no hubo infracción a la normativa que prohíbe el pago de cohecho a autoridades con el objetivo de obtener una ventaja comercial. En este sentido, la compañía descarta absolutamente haber realizado algún pago a un funcionario público argentino”.

La declaración de Latam llama la atención por dos cosas. Por un lado, una de las condiciones de la salida a la que accedió el gobierno estadounidense compromete a la empresa a no emitir comunicados o declaraciones respecto a la investigación sin que el DOJ revise el contenido del texto. Esta exigencia no habría sido respetada por la aerolínea.

La compañía está de acuerdo en que si ella o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas emite un comunicado de prensa o realiza cualquier conferencia de prensa en relación a este acuerdo, la compañía deberá primero consultar con la Oficina (la Sección Fraude de la División Criminal del DOJ) para determinar (a) si el texto de la propuesta comunicado o declaración a la prensa son verdaderos y precisos respecto a los asuntos entre la Oficina y la compañía; y (b) si la Oficina tiene alguna objeción en que se dé a conocer”, dice el acuerdo suscrito por Latam en Estados Unidos.

CIPER consultó a la Gerencia de Comunicaciones Externas de Latam si el DOJ había visado la declaración y la respuesta fue que “ésta hace mención a contenidos de la declaración pública del pasado 25 de julio, que fueron autorizados por el DOJ”. Sin embargo, al comparar ambos comunicados es claro que los contenidos son diferentes y que el primero –que tuvo la venia del DOJ– es menos específico y ni siquiera menciona la palabra cohecho o niega el pago a un funcionario público (ver declaración del 25 de julio y declaración del 9 de agosto).

Por otra parte, ambas declaraciones omiten un aspecto central de la trama: aunque los cargos formulados acusan fallas de control interno y la inclusión de datos falsos en los registros contables de la empresa, Latam reconoció explícitamente en el acuerdo judicial que firmó con el DOJ haber hecho pagos a dirigentes sindicales de la compañía en Argentina, los que en ese documento fueron calificados como sobornos. Quien recibió dichos pagos como intermediario fue un asesor de la Secretaría de Transporte argentina. Dicho asesor actualmente está con arresto domiciliario por haber sido testaferro del entonces secretario de Transporte para recibir coimas de una empresa española.

El director ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford, Evan Epstein, explica que el acuerdo entre Latam y el DOJ se dio en el marco de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés) de Estados Unidos, que sanciona la corrupción y el soborno a funcionarios públicos en otros países. El experto considera que si la declaración pública de Latam no contó con el visto bueno del DOJ se trataría de una acción “poco prudente” y podría estar incumpliendo el acuerdo con el organismo.

Es difícil prever si esa falta de prudencia tendrá consecuencias, pero no es descartable que el DOJ no apruebe los términos y exija, por ejemplo, que Latam emita un nuevo comunicado rectificando el anterior.

Dicho acuerdo con el DOJ evitó a Latam ir a juicio en Estados Unidos. A cambio aceptó pagar US$12,75 millones de multa penal. Además, negoció con la SEC pagarle el equivalente a los US$6,74 millones que obtuvo gracias a su cuestionada actuación en Argentina, más US$2,7 millones en intereses. Un total de US$ 22,2 millones.

HISTORIA DEL MILLONARIO PAGO

Lan llegó a acuerdos tanto con el Departamento de Justicia como con la SEC. El primero tuvo un marco judicial, bajo la jurisdicción del Distrito del Sur de Florida. Ahí se ratificó el llamado “Deferred prosecution agreement”, en que el DOJ presentó los cargos pero postergó por tres años la acusación. Las partes firmaron un acuerdo en que la empresa reconoce los hechos que se le imputan, paga una multa y se compromete a desarrollar un plan para mejorar sus prácticas internas. Si se respetan los términos del acuerdo, los cargos serán levantados después de tres años.

El primer adjunto del documento judicial es la llamada “Declaración de hechos” (Statement of facts), en que se detallan todos los datos relevantes para el DOJ. Al firmar, la empresa admite que el contenido de la declaración es verdadero y correcto, e incluso acepta que aún cuando la autoridad decidiera seguir con la acusación judicial, Lan no va a contradecir los hechos contenidos en la declaración (ver documento).

Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)
Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)

El documento no identifica a las personas mencionadas en la acusación y sólo describe sus funciones. Se sabe, por la investigación judicial que hubo en Argentina, que quien representó a la empresa en las negociaciones para hacer los pagos irregulares fue Ernesto Ramírez, ex ejecutivo de Lan Cargo y ex vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Lan, quien hoy es gerente en una filial de la aerolínea en Estados Unidos llamada Connecta Corporation.

Su contraparte sólo es identificada como “consultor” en el documento, pero se trata del español Manuel Vazquez, quien es descrito como “asesor de la Secretaría de Transporte de Argentina durante el periodo relevante. Fue designado en ese puesto en virtud de una resolución no publicada”. El acuerdo al que en paralelo llegó Lan con la SEC entrega otro dato relevante sobre el consultor: fue contratado el 31 de diciembre de 2005 como un asesor “ad-honorem” del gabinete y renunció el 2 de julio de 2009 (ver documento). En ese mismo periodo Ricardo Jaime dirigía la Secretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio de Vido.

Todos estos datos contenidos en la “Declaración de hechos”, aunque no mencionan nombres, le bastaron a Evan Epstein para calificar al consultor que recibió el dinero como “funcionario público extranjero argentino”. Así lo hizo en una columna que escribió sobre este tema y que publicó el pasado 1 de agosto el Centro de Gobierno Corporativo de la Pontifica Universidad Católica (vea esa columna). Según explica Epstein, la aplicación de la ley FCPA implica que haya un funcionario público extranjero involucrado, pues es una ley que busca combatir el cohecho de empresas estadounidenses o con vínculos con Estados Unidos (las acciones de Lan se transaba en la bolsa de Nueva York) en otros países.

De hecho, en el comunicado que difundió el lunes 25 de julio la propia DOJ calificó al receptor de los pagos hechos por Lan como un “asesor de la Secretaría de Transportes” (ver comunicado).

En opinión de un penalista local que ha estudiado la ley FCPA, Vazquez puede ser considerado funcionario público porque según muchas legislaciones “lo que determina el carácter público es la función y no es relevante si se trata de una función que se ejerce de planta, contrata, honorario o incluso si se desempeña ad honorem”.

La “Declaración de hechos” del DOJ describe el aterrizaje de Lan en Argentina a mediados de la década pasada y especifica que entre 2004 y 2005 mantuvo discusiones con funcionarios de la Secretaría de Transporte para poder ingresar a ese mercado. Finalmente, fue autorizada a comprar la aerolínea local Aero 2000 y el gobierno cambió las normas internas para que Lan pudiera ser el accionista controlador a pesar de ser inversionista extranjero. Las autoridades le permitieron operar nuevas rutas y cobrar precios más altos por sus pasajes. A cambio, Lan debía contratar personal de otras dos aerolíneas que ya no operaban: Lafsa y Southern Winds.

Los problemas con los nuevos empleados se fueron agudizando en torno a sus contratos colectivos, que establecían que sólo realizarían una función muy específica. Los sindicatos amenazaban con exigir la aplicación de esta regla, lo que encarecería los costos laborales de la aerolínea.

Para terminar con las demandas sindicales, Lan pagó a un tercero –el asesor gubernamental y “consultor” Manuel Vazquez– más de US$ 1 millón. El documento del DOJ, que Lan acepta como verdadero, califica el acto como soborno: “En septiembre y octubre de 2006, Lan negoció y ejecutó un acuerdo de consultoría ficticio por US$ 1,15 millón para canalizar sobornos a dirigentes sindicales. Como resultado de estos pagos corruptos, los sindicatos de Lan accedieron a no aplicar la regla de función única por un determinado número de años y aceptaron incrementos de salarios substancialmente menores que los que habían demandado”.

Para esconder el pago, Vazquez redactó un acuerdo de consultoría falso, según el cual debía hacer un estudio sobre rutas aéreas y un análisis legal para la empresa, los que nunca se realizaron. Un párrafo clave del documento del DOJ, cuya veracidad es ratificada por Lan, da cuenta de que un alto funcionario gubernamental argentino estuvo al tanto de la negociación del acuerdo: “El 2 de octubre de 2006, el consultor envió por email al ejecutivo de Lan Cargo el borrador del acuerdo, copiando a un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Transporte. Entre otras responsabilidades, el alto funcionario estuvo involucrado en las negociaciones de Lan con sus sindicatos”.

En ese borrador no figura Vazquez, sino su empresa Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA), la misma que había utilizado para recibir coimas para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime (ver el borrador del contrato de consultoría publicado en 2011 por The Clinic).

El texto del DOJ especifica que un ejecutivo de Lan Cargo (Ramírez) llegó al acuerdo con el falso consultor y éste fue aprobado por un ejecutivo de Lan “a pesar de que ambos sabían que la descripción en el acuerdo de los servicios que la compañía del consultor proveería era falsa. Ambos entendían que el verdadero propósito del borrador del acuerdo era usar al consultor para interceder en nombre de Lan ante los dirigentes de los sindicatos argentinos. El ejecutivo de Lan Cargo sabía y pretendía que el consultor usara parte del dinero que recibió, según el borrador del acuerdo, para sobornar a los dirigentes sindicales para que aceptaran términos más favorables para Lan. El ejecutivo de Lan también sabía que el consultor podría entregar parte del dinero a los dirigentes sindicales”.

Ignacio Cueto
Ignacio Cueto

Según la SEC, fue el CEO de Lan, Ignacio Cueto, quien aceptó el trato y no habría informado a otros ejecutivos de la compañía de que los servicios eran ficticios. En febrero pasado, Cueto se convirtió en el primer chileno en ser sancionado bajo la ley FCPA, tras llegar a un acuerdo con la SEC que incluyó el pago de una multa por US$75 mil por estos mismos hechos (ver documento).

De acuerdo a los documentos del DOJ y la SEC, el pago de los US$1,15 millón se realizó entre octubre de 2006 y enero de 2007. Lan realizó las transferencias a través de una cuenta en el Citibank de Atlantic Inversion Investments LLC (AAI), una de sus subsidiarias, que está registrada en el Estado de Delaware (considerado un paraíso fiscal por el nivel de secretismo con que opera y donde hay más sociedades registradas que habitantes). El dinero se recibió en una cuenta del banco Wachovia en Roanoke, Estado de Virginia, a nombre del “consultor” Vazquez y su esposa. En noviembre de 2006, AAI transfirió otros US$58 mil a una sociedad propiedad de la esposa y el hijo de Vazquez, y que está domiciliada en Costa Rica.

La investigación de las autoridades estadounidenses no sigue la ruta del dinero tras la transferencia a Vazquez, por lo que no se sabe cuánto se pagó a los dirigentes sindicales ni si otras personas recibieron parte del millonario monto desembolsado por Lan.

En Argentina las sospechas apuntan a que el ex secretario de Transporte de la era Kirchner, Ricardo Jaime, pudo haber recibido parte del dinero pagado por Lan. Esa tesis fue sugerida en el libro “El ReKaudador… Ricardo Jaime la cara de la corrupción en la era kirchnerista”, del periodista argentino Omar Lavieri. En septiembre de 2011 The Clinic publicó un extracto del libro, texto que reveló las coimas del ex secretario de Transporte que llevaron a Jaime a la cárcel.

Sobre los pagos de Lan a Vazquez, el libro de Lavieri revela que las transferencias se realizaron días después de que la aerolínea recibiera su autorización definitiva por parte del gobierno argentino, en septiembre de 2006. Además, se detallan las numerosas audiencias de Ricardo Jaime con ejecutivos de Lan, entre ellas una de julio de 2006, del secretario de Transporte con Ernesto Ramírez, Sebastián Piñera e Ignacio Cueto.

LOS PRONTUARIOS DEL “CONSULTOR” DE LAN Y SU JEFE

En mayo de 2003, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, nombró a Ricardo Jaime como Secretario de Transporte de la Nación, cargo que mantuvo hasta julio de 2009. Su asesor de estrecha confianza durante esos años fue Manuel Vázquez, abogado español y reconocido lobbista. Ambos fueron protagonistas de un bullado caso de corrupción con maquinaria ferroviaria.

De acuerdo a un reportaje publicado por La Nación de Argentina, el proceso tiene su origen en febrero de 2005, cuando el gobierno trasandino firmó un Acuerdo de Cooperación en Materia Ferroviaria con España y Portugal. Gracias a este trato, desde 2005 hasta 2010, alrededor de 600 vagones y locomotoras fueron importados a Argentina, dice el diario, citando un informe de la Auditoría General de la Nación de ese país. La maquinaria estaba en pésimas condiciones y hoy, en su gran mayoría, se encuentra apilada en depósitos ferroviarios como chatarra. El pago del gobierno argentino por estas compras, según el fallo judicial divulgado por La Nación, superó los 100 millones de euros.

Ricardo Jaime
Ricardo Jaime

Además del deplorable estado de los trenes, explica el artículo, dichas compras escondieron millonarios pagos por “comisiones” a la empresa Controles y Auditorías Especiales (CAESA), manejada por el asesor Manuel Vázquez. Se trata de la misma empresa que recibió los pagos de LAN y que hoy está bajo la lupa de la justicia a ambos lados de la cordillera.

Estos y otros hechos ocurridos durante la administración de Jaime han motivado la apertura de numerosas causas contra él y contra Vázquez por enriquecimiento ilícito, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, entre otros delitos. La fiscalía argentina sostiene que el patrimonio del ex secretario kirchnerista al dejar su cargo incluía un yate, un jet privado, más de 15 vehículos y varias propiedades en Argentina y Brasil, según informó La Nación.

En abril de este año, en la causa por el fraude ferroviario, la justicia ordenó la prisión preventiva para ambos por “peligro de fuga”. Jaime se entregó voluntariamente y Vázquez fue apresado por Gendarmería mientras se escondía en un clóset de su casa, según La Nación.

A fines de 2015, Jaime había sido condenado a seis años de prisión por su responsabilidad administrativa en la “Tragedia de Once”, el accidente ferroviario  que cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012. Unos meses antes ya había recibido otra condena a un año y medio de cárcel por haber cobrado coimas a las empresas ferroviarias que debía controlar y en 2014 fue sentenciado por intentar robar evidencia durante un allanamiento en su casa.

Según Infobae, Ricardo Jaime se transformó en el primer funcionario kirchnerista preso por delitos de corrupción y será el primero en declarar como imputado ante un fiscal extranjero, cuando el persecutor chileno Andrés Montes viaje a Argentina para interrogarlo. Actualmente, Jaime se mantiene en prisión preventiva en el penal de Ezeiza y Manuel Vázquez cumple arresto domiciliario total.

El dolor de cabeza de Piñera

Luego de que el 25 de julio se diera a conocer el acuerdo de Latam en Estados Unidos, una extraña nueva arista del caso se abrió en Argentina. La venezolana Gledys Stailer Cadenas Vega interpuso el 5 de agosto una denuncia contra Julio de Vido, Ricardo Jaime y Manuel Vazquez, en la que incluyó a Sebastián Piñera e Ignacio Cueto. Según informó T13.cl, la mujer había demandado en 2013 a la aerolínea “debido a que le habrían cobrado en reiteradas oportunidades un mismo pasaje y le habrían perdido su equipaje”. Ahora acusa que Piñera “habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez”.

El ex Presidente debió salir a desmentir públicamente la acusación, la que tildó de “irresponsable” o “malintencionada”. Si bien Piñera era accionista y director de Lan cuando ocurrieron los pagos a Vazquez, no es mencionado ni en los documentos del DOJ ni de la SEC, que sólo responsabilizó a Ignacio Cueto por los hechos.

Pese a que no se conocen las motivaciones de la venezolana ni los antecedentes que maneja, su denuncia tuvo efecto inmediato. En Argentina, la acusación es investigada por el fiscal Ramiro González, y en Chile se reactivó nuevamente la indagatoria del fiscal Andrés Montes, quien viajará a Buenos Aires a interrogar a Ricardo Jaime y Manuel Vazquez.

La investigación chilena se inició en 2010, luego de una denuncia del entonces diputado Jorge Burgos por los hechos que hacían noticia en Argentina. La causa cayó en manos del fiscal José Morales, quien incluso fue a Buenos Aires a hacer diligencias. Sin embargo, luego archivó el caso por estimar que estaba fuera de jurisdicción.

En 2014 la causa se reabrió en Chile luego de que un informe de la OCDE cuestionara que en “el caso aerolínea” no se haya entrevistado a testigos ni se haya hecho un esfuerzo por indagar si la orden de pagar los US$1,15 millón a Vazquez se dio desde nuestro país. No se supo de avances hasta ahora, cuando se anunció que el fiscal Montes interrogaría a Vazquez y Jaime, detenidos en Argentina.

Al borde de la huelga: la historia del primer sindicato de una corredora de bolsa en Chile

El sindicato de trabajadores de la corredora de bolsa Banchile Inversiones nació el 5 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Sindicato N° 1 del Banco de Chile, con 64 socios fundadores. Ese día nos transformamos en la primera corredora de bolsa con sindicato. Nuestro nacimiento como organización obedece a muchas necesidades de los trabajadores y al único fin de proteger y promover nuestros derechos en atención a la sobrecarga, desigualdad e injusticia que vive hoy esta compañía.

La carga laboral ha crecido mucho. Banchile Inversiones posee sobre el 25% de todos los fondos mutuos que se transan en las corredoras de Chile, pero está funcionando con poco más de 900 personas para resolver trabajo que fácilmente puede ser de 1.300 empleados. A esto se suman los salarios precarios, que apenas exceden el mínimo. Tenemos ejecutivos o asesores de inversión que ganan alrededor de $300.000 de sueldo base (más comisión, sólo si se cumple el 85% de la meta), aun siendo profesionales que cuentan con la Acreditación de Conocimientos para la Intermediación de Valores (ACIV), entregada por las bolsas de valores de Chile y regulada por la Superintendencia de Valores y Seguro (SVS). Injusto, si lo contrastamos con el sueldo de algunos gerentes de Banchile que ganan hasta $9 millones líquidos al mes, más que la Presidenta de la República.

No fue un inicio pacífico el de nuestra organización. De hecho, aún se respira el estado de shock por parte de quienes nos dirigen, sobre todo en el proceso de negociación colectiva en que nos encontramos. Está fresco el recuerdo de las primeras semanas, cuando nuestros compañeros nos buscaban en los baños de la compañía para asociarse al sindicato, todo esto por el temor que despertó entre ellos la evidente molestia de la gerencia general.

Lo que vino más adelante tampoco fue muy auspicioso. Luego de esperar un mes y medio para poder recibir la primera nómina de trabajadores para descontar las cuotas sindicales, la empresa fue rechazando mes a mes a un significativo número de socios, argumentando que ellos estaban contratados bajo el otro rut de la compañía –Banchile Administradora General de Fondos S.A.–, y por ende, sólo considerarían a los contratados por Banchile Corredores de Bolsa S. A.

En la práctica, ambas razones sociales ocupan el mismo logo, el mismo domicilio, el mismo sitio web, comparten servicios –varias gerencias, la división tecnológica y contraloría, entre otras– y los trabajadores de ambas son contratados por la misma unidad.

Tras la nula voluntad de la empresa de aceptar a todos nuestros socios, el 4 de marzo de este año interpusimos una demanda contra Banchile por multirut y subterfugio. La decisión fue arriesgada, a pesar de tener la certeza de que ganaríamos ese pleito jurídico, nadie nos aseguraba que la empresa no nos entramparía recurriendo a todas las circunstancias jurídicas de apelación con el fin de aplazar el veredicto hasta en un año y medio. Finalmente acordamos la unidad económica de ambos rut bajo sentencia judicial el 27 de abril (ver fallo que certifica el avenimiento).

A esa altura, ya nos habíamos visto en la obligación de informar al Sr. Andrónico Luksic, vicepresidente de la Corporación Banco de Chile, el trato poco deferente de la empresa con el sindicato y sus dirigentes a través de una carta enviada en diciembre de 2015. En respuesta, recibimos el 4 de enero una carta firmada por él con un saludo diplomático y amable hacia nuestra organización, lo que puso paños fríos al ambiente de temor que se respiraba entre los trabajadores que anhelaban ingresar al sindicato (ver carta de Andrónico Luksic).

En la carta que enviamos al Sr. Luksic manifestamos también nuestra preocupación frente a la decisión de la empresa de descontarnos todas las horas que ocupábamos para el trabajo sindical, llegando a tener liquidaciones de sueldo con pago cero, a diferencia de lo que ocurre en los otros tres sindicatos de la Corporación Banco de Chile –Bae, Citibank y Chile– que no sufren estos descuentos. Nunca obtuvimos su respuesta en este punto específico y hoy la empresa continúa realizando las mismas prácticas de amedrentamiento.

A principios de mayo, y apenas a una semana de haber logrado nuestro triunfo por multirut, el directorio de la Corporación Banco de Chile decidió desvincular al gerente general de Banchile, Andrés Bucher, y un mes después a la gerente general de Recursos Humanos, Mariette Guillón. El mensaje era claro: si la empresa podía desvincular a estos dos gerentes, la vulnerabilidad permeaba para los trabajadores comunes y corrientes.

A pesar de todo, nuestra organización continuó creciendo y organizamos mesas de trabajo por cargos específicos con el fin de recopilar las necesidades de nuestros trabajadores y de esa forma elaborar el proyecto de contrato colectivo, el que nos tiene hoy en medio del primer proceso de negociación colectiva. Ya habíamos superado el temor de vivir en la clandestinidad, pero al entregar la primera nómina de descuento de socios, nos encontramos con otro problema.

La empresa tenía un gran número de trabajadores con el artículo 305 en sus contratos de trabajo. Este artículo alude a que la persona no puede negociar colectivamente con la empresa por la naturaleza de su cargo. Fueron muchas las oportunidades en que solicitamos a la compañía que corrigiera los contratos o realizara las aclaraciones correspondientes, ya que el artículo legalmente no correspondía y nos impedía incorporar a nuestra organización a más de un tercio de los trabajadores.

Hubo que solicitar a la Dirección del Trabajo que fiscalizara y que finalmente informara que este artículo no correspondía en los contratos de los trabajadores con cargos como ejecutivos y jefaturas que no fueran apoderados de la empresa. La Dirección del Trabajo a esa altura ya conocía a nuestra compañía, puesto que en la primera fiscalización por multirut ya había descubierto una deuda previsional por parte de Banchile (que se encontraba en Dicom por este motivo), y fuimos los dirigentes quienes aportamos con esta información a la empresa para que pudiera regularizar su situación.

El 10 de mayo de 2016 hicimos entrega de nuestro proyecto de contrato colectivo con una adhesión de 480 socios de un total de 940 trabajadores. El proceso de negociación no ha estado exento de rudeza e intransigencia por parte de la empresa, quienes de 60 puntos en nuestro petitorio, sólo accedieron a aprobar o mejorar siete, siendo que varios de estos beneficios ya existían antes de nuestra formación.

Después de ocho reuniones de negociación, esta intransigencia y subestimación por parte de Banchile nos llevó a alinearnos como organización y votar el día 26 de julio por huelga con un 90% de los socios, por sobre el 10 % que aceptó esta última oferta. Es una señal clara de descontento por la desigualdad, injusticia y poca consideración de quienes nos dirigen. Afortunadamente, al día siguiente, la empresa recurrió a los Buenos Oficios para evitar la huelga, una instancia que nos otorga la posibilidad de continuar negociando hasta el 2 de agosto, pero ahora con la Dirección del Trabajo como intermediaria.

Al mismo tiempo, estaremos atentos a los resultados del juicio que enfrenta actualmente el Banco de Chile por aumentos unilaterales en las metas de sus trabajadores. Tenemos un 60% de ejecutivos sindicalizados y en castigo les han aumentado las metas sobre el 30%. Normalmente el aumento es semestral, pero este año, por primera vez en la historia de la empresa, se hizo de manera trimestral, lo que hace pensar que en septiembre subirán de nuevo.

El argumento para no mejorar la oferta durante la negociación colectiva era que el país está creciendo muy poco y que hay inestabilidad. Si el escenario es incierto, ¿por qué castigan a sus ejecutivos subiendo las metas? La respuesta de Banchile a esta pregunta ha sido un silencio rotundo.

Banchile ofrece entre $55 mil y $60 mil de aumento a quienes ganan menos de $1 millón y excluye a quienes ganan más que eso, es decir, a un tercio de nuestros socios. Esperamos que esta vez la empresa, cuya utilidad en el 2015 superó los $25 mil millones, ofrezca más del 1,2% de sus utilidades para distribuirlos con sus trabajadores por un contrato a 4 años.

Deseamos que efectivamente la empresa no desaproveche esta oportunidad de generar y consolidar buenas relaciones laborales con su sindicato y sus trabajadores, como lo debería realizar una compañía que dice aspirar a estar entre los mejores lugares para trabajar, participando en el ranking de “Great place to work”. En 2004 nuestro puesto ahí fue el N°9. El año pasado bajamos al N° 29 y este año difícilmente apareceremos entre las mejores 50.

Vía X contra el tiempo: lleva al TDLC su round con VTR y cuestiona al fiscal económico

Pasada la medianoche de este martes 12 de julio, VTR le bajará el switch a los canales Vía X, Vía X HD, Zona Latina y ARTV. Las cuatro señales de la productora TVI, propiedad del empresario Luis Venegas, sufrirán el apagón definitivo que las borrará de la programación del principal operador de TV cable del país, a menos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decida darles oxígeno en el último minuto. El pasado miércoles 6 el abogado de TVI, Rodrigo Gil, jugó la única carta que le queda para obligar a VTR a mantener los canales en su parrilla: una demanda en el TDLC (vea la demanda). Su acusación se funda en que VTR, al poner fin a su contrato con la empresa de Venegas, habría transgredido una restricción que le impuso ese mismo tribunal en 2004, cuando se fusionó con Metrópolis.

Gil pidió además una precautoria para evitar el apagón, la que, de acogerse, mantendría a TVI conectada a un respirador mecánico al menos mientras dure el juicio.  Pero el viernes 8 el TDLC respondió que considera insuficientes los antecedentes que se adjuntaron a la solicitud de la medida cautelar (vea la respuesta del tribunal). El duro revés empujó a los abogados de Venegas a una frenética carrera para presentar nuevos documentos y pedir una reconsideración. TVI está en la UTI.

Felipe Irarrázabal
Felipe Irarrázabal

Aunque la suerte que pueda correr la petición de la precautoria aún no está sellada, la demanda de TVI contra VTR ya está en curso. Pero la causa del abogado Gil llega hasta los ministros del TDLC con un punto en contra: una resolución del fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, fechada el 26 de mayo pasado, que tuvo el efecto de una tempranera puñalada para la estrategia judicial que la empresa de Venegas planificaba desplegar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La resolución de Irarrázabal se originó por la denuncia que TVI presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) después de que VTR le comunicó el fin unilateral del contrato que las amarraba. En su denuncia, TVI pidió que se iniciara una investigación contra VTR por “abuso de posición dominante”, lo que finalmente Irarrázabal desestimó. Una decisión esperada por la mayoría de los especialistas en libre competencia, debido a que VTR sólo ostenta un 33% del mercado de la TV pagada y los canales de TVI son también distribuidos por otros cable operadores menores, lo que hacía difícil sostener la tesis del abuso por posición privilegiada.

Pero en su resolución el fiscal también se pronunció sobre un aspecto que no le había sido requerido por los denunciantes. Al final de su escrito, Irarrázabal agregó un párrafo que tituló “comentario adicional”, en el que desestimó que VTR haya incumplido una restricción que el TDLC le impuso en 2004 y que es, precisamente, el corazón del litigio que ese tribunal debe zanjar ahora (vea la resolución).

El abogado Gil estima que con esta resolución el fiscal “cruzó la línea de lo prudente”. En primer término, dice, porque en su escrito Irarrázabal incluyó un punto que a su juicio es “falso”. Se refiere al “considerando Nº 4” de la resolución, donde se asegura que TVI cuestionó cada una de las razones que VTR expuso ante la fiscalía para justificar el fin del contrato: “Esto es falso, porque nosotros nunca presentamos ningún documento a la FNE que tratara de controvertir las razones de VTR, nunca supimos de las razones que VTR entregó a la fiscalía, nos enteramos de ellas cuando vimos la resolución del fiscal. O sea, es físicamente imposible, no hay documento que pruebe que las controvertimos, cuestionamos o respondimos”.

En segundo lugar, TVI sostiene que el “comentario adicional” que incluyó el fiscal y que desestima que VTR haya transgredido la restricción que le impuso el TDLC, es erróneo y no aborda el aspecto central que está en juego, por lo que su único efecto práctico fue “blindar” al cable operador en la causa que ahora se abre en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Cuando en 2004 ese tribunal aceptó la fusión entre VTR y Metrópolis,  puso condiciones. Entre otras restricciones, le prohibió que negara “injustificadamente” la compra de servicios a los programadores  (vendedores de señales) o que les ofreciera precios fuera de mercado. Es esta restricción la que TVI afirma que fue incumplida, porque asegura que VTR le puso fin a su contrato sin manifestar justificación.

Programa "El Interruptor" del canal Via X
Programa “El Interruptor” del canal Via X

En su comentario, el fiscal Irarrázabal determinó que no hay incumplimiento de esta restricción, porque VTR no está obligada a cumplir con la condición de “must carry” (llevar a todos los programadores en su parrilla) ni con la de “duty to deal” (obligación de  contratación). Pero la defensa de TVI alega que en este caso lo que está en discusión no es la supuesta obligación de “subir” a una empresa a la parrilla, sino la forma en que se “bajó” a una con la que ya hay un contrato, por lo que el fiscal no apuntó a lo esencial: si VTR justificó o no su decisión de poner fin anticipado al contrato.

El aterrizaje del round entre VTR y TVI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es la quinta escala de un conflicto que partió en diciembre pasado y que ya ha dejado huella en cuatro sedes: el 22º Juzgado Civil, la FNE, el Sernac y un juicio arbitral en curso. Pero, a diferencia de las estaciones anteriores,  esta vez los antecedentes que acompañan su ingreso al TDLC pondrán indirectamente bajo el microscopio la actuación del fiscal nacional económico.

El cuestionamiento llega justo en el momento de mayor empoderamiento  de Irarrázabal, tras lograr la aprobación de la nueva ley para fortalecer la libre competencia, que otorga mayor poder al fiscal nacional económico. Entre otras cosas, le entrega a la FNE exclusividad para iniciar acciones penales contra quienes vulneren la normativa, similar a la titularidad que tiene el SII para querellarse por delitos tributarios.

ABOGADO DE JOHN MALONE

En abril de 2010, cuando Felipe Irarrázabal Philippi asumió la Fiscalía Nacional Económica, un reportaje de CIPER destacó que recién pasaría su prueba de fuego cuando a su escritorio llegaran causas que afectaran a los clientes que defendió como abogado especializado en libre competencia (vea el reportaje “Los complicados conflictos de interés que enfrenta el nuevo fiscal nacional económico”).

Las normas que rigen a la administración pública obligan a los funcionarios a abstenerse en casos que involucran a personas o entidades  a las que han prestado servicios profesionales en los últimos dos años. En concordancia con aquello, el fiscal se abstuvo de participar en investigaciones que en sus primeros años al mando de la institución afectaron a algunos de sus ex clientes, como sucedió con Cencosud y John Malone, el controlador de VTR. Superada la barrera legal de los dos años, este es el primer caso de alta connotación pública en el que el fiscal ha debido tomar decisiones respecto a un ex cliente, John Malone, que sigue siendo el hombre fuerte de VTR.

John Malone (Foto: prensario.net)
John Malone (Foto: prensario.net)

Respecto de Cencosud (matriz de Jumbo y Santa Isabel), el fiscal se inhabilitó cuando figuró en la investigación iniciada en 2011 por la colusión de supermercados. Aunque la resolución en la que formalizó su abstención no menciona razones específicas, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, informó que Irarrázabal había hecho asesorías jurídicas a algunas de las empresas investigadas. Además, su hermano es gerente general corporativo de los supermercados Tottus, del Grupo Falabella.

En 2010 ya había sucedido algo similar con Malone. El 100% de la propiedad de VTR es de Liberty Global, conglomerado que controla John Malone, un agresivo inversionista al que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, llamó “el Darth Vader del cable”. Malone es presidente de Liberty Global y, según información proporcionada por VTR Chile, maneja el 24,9% del poder de voto en ese directorio.

En 2008 la FNE acusó Malone de haber infringido una de las restricciones impuestas a los controladores de VTR por su fusión con Metrópolis: la que les prohibía adquirir participación en el rubro de la TV satelital o vía microondas. El inversionista había comprado acciones de la compañía de TV satelital Directv, por lo que en diciembre de 2011 el TDLC lo sancionó con una multa de 4 mil UTA (unos $1.873 millones al valor de esos días). En ese proceso lo defendió Irarrázabal, quien en abril de 2010 abandonó su representación para convertirse en fiscal y de inmediato se inhabilitó en ese caso. Dos años después, Malone suscribió una conciliación con la FNE y nunca pagó la millonaria multa. La Corte Suprema aprobó ese acuerdo. Con Irarrázabal inhabilitado, quien negoció el “perdonazo” fue su subalterno Jaime Barahona (vea la sentencia de la Corte Suprema).

CIPER solicitó una entrevista con el fiscal Irarrázabal para consultarle sobre los fundamentos de su reciente resolución favorable a VTR y un eventual conflicto de interés entre este caso y los servicios que prestó a John Malone. A través del Departamento de Relaciones Institucionales de la FNE, el fiscal respondió que no concedería la entrevista, que los fundamentos de su decisión se basan en una “minuta de archivo” publicada en la web de la entidad (vea ese documento) y que no estaba inhabilitado para actuar en este caso, de acuerdo a las leyes que regulan esta materia.

La defensa de TVI dejó constancia de sus críticas a Irarrázabal en la demanda que presentó ante el TDLC, donde calificó su actuación de “exceso manifiesto”. Y agregó que “dado que el actual fiscal nacional había sido el abogado de John Malone ante este mismo H. Tribunal, esta parte asumía que se abstendría de conocer este asunto. Ello no ocurrió y por el contrario dictó una resolución que esta parte no comparte por variadas razones”.

Programa "Arte en Acción" del canal ARTV
Programa “Arte en Acción” del canal ARTV

Un punto clave para el futuro del juicio en el TDLC es que el fiscal ya dejó por escrito su parecer acerca de que VTR sí tenía justificación para poner fin al contrato, un antecedente que puede resultar lapidario para TVI. La apreciación del fiscal se basó en la mencionada “minuta de archivo”, preparada por la Unidad de Abusos Unilaterales de la FNE, la que tuvo a la vista documentos e informes técnicos aportados por VTR cuyas conclusiones fueron consideradas por Irarrázabal como “razones objetivas que justificarían su decisión de poner fin al contrato”. Estos estudios encargados por VTR apuntan a una baja sostenida de rating y pérdida de calidad de los canales de TVI desde 2010 en adelante, además de aumentos en los costos de programación que pondrían fuera de mercado los precios que cobra la empresa de Venegas.

Esas “razones objetivas” son cuestionadas por la defensa de TVI, que alega que la FNE no le dio la oportunidad de retrucar las acusaciones de VTR. De hecho, nunca las conoció. Pero ante el TDLC, TVI reclama que el contrato con VTR data de 2013 y que medido desde esa fecha el desempeño de sus canales es positivo.

En su resolución de mayo, el fiscal Irarrázabal también acogió la versión de VTR respecto de que este no tuvo la intención de cortar de raíz el contrato y que ofreció a TVI mantener en la parrilla sus dos señales que le parecían más atractivas (Vía X HD y ARTV). La queja de Rodrigo Gil es que, a diferencia del tratamiento que el fiscal dio a los argumentos expuestos por VTR, en su resolución solo mencionó los de TVI de manera tangencial en el controversial “considerando Nº 4”, presentándolos equívocamente como una respuesta a VTR.

LA “CONDICIÓN QUINTA”

Especialistas en libre competencia, que pidieron la reserva de sus nombres admitieron que el alegato de TVI ante el TDLC, basado en el supuesto incumplimiento de la restricción impuesta en 2004 a VTR, podría tener asidero. “Es, al menos, una materia controversial y defendible ante el tribunal”, señaló un abogado conocedor del rubro.

La limitación a la que se hace referencia está contenida en la “condición quinta” de la Resolución Nº 1 de 2004 del TDLC, que aprobó la fusión de VTR y Metrópolis (vea esa resolución, página 51). La unión de ambas compañías le entregó a VTR casi el 80% del mercado de la TV de pago. A pesar de esta alta concentración, la operación se autorizó porque introduciría competencia a Telefónica –un gigante que entonces corría solo­–  en los rubros de banda ancha y telefonía. Pero para evitar que VTR abusara de su privilegiada posición en el mercado de TV cable, la “condición quinta” le prohibió “negar injustificadamente la compra” a programadores que venden señales o producciones de televisión pagada u ofrecerles “un precio que no tenga relación con las condiciones de competencia del mercado”.

El 3 de diciembre pasado VTR envió a Luis Venegas la carta que puso fin al contrato. En apenas un párrafo, la carta comunicaba “nuestra voluntad de poner término al contrato (…) de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de su cláusula 4.1” (vea la carta). Dicho párrafo estipula que “cualquiera de las partes podrá ponerle término al mismo contrato mediante aviso por carta certificada a la otra parte con 60 días de anticipación a la fecha del término anticipado”. Luego, establece que previo a la fecha de término las partes evaluarán “la mutua conveniencia” de mantener vigente el contrato bajo nuevos términos y condiciones.

vtrDel tenor literal de este párrafo se entiende que la entrega de la carta es el acto que pone fin al contrato y, al no contener esa comunicación una razón o explicación, la defensa de Venegas estima que la decisión de no seguir comprando los servicios de TVI es injustificada e incumple, por lo mismo, la “condición quinta”.

La defensa de VTR ha desestimado esta interpretación de TVI. Y tiene un precedente a su favor. En el 22º Juzgado Civil, donde se discutió una medida prejudicial precautoria solicitada por TVI para detener el apagón de sus señales, VTR convenció al juez de que la carta enviada el 3 de diciembre no fue el corte definitivo del contrato, sino solo el aviso de que se le pondrá fin en 60 días, si es que en ese mismo lapso no se llegaba a un acuerdo para mantener el vínculo comercial bajo nuevos términos. Por lo tanto, el proceso de término, alega VTR, dejó un espacio en el que se explicitaron ante la contraparte las razones que justificarían el quiebre.

En las distintas instancias donde le ha correspondido defenderse, VTR ha documentado la existencia de comunicaciones previas y posteriores a la carta del 3 de diciembre, en las que se expuso a Luis Venegas la disconformidad con el desempeño de sus señales, por lo que a juicio del cable operador no puede alegar que la medida es injustificada. CIPER tuvo acceso a documentos que prueban que en septiembre de 2014 ejecutivos de VTR expusieron a Venegas la necesidad de introducir mejoras en sus canales. No obstante, la defensa de TVI indica que el contrato contiene condiciones precisas que debían cumplirse si VTR estimaba necesario comunicar un deterioro en la calidad, variedad y atractivo de sus canales, procedimiento que a juicio de la empresa de Venegas no se cumplió.

Luis Venegas
Luis Venegas

“VTR no puede argumentar ante el TDLC que la razón por la cual quiere ponerle término a la transmisión es una baja en la audiencia, calidad o variedad de los canales, porque el contrato contenía una regulación especial para estos casos: la cláusula 1.3, que señala que en caso de baja de audiencia, calidad o aceptación, VTR tendría que haber seguido un procedimiento muy regulado, con informes de terceros independientes designados de común acuerdo, para acreditar esa supuesta baja. Y, aún en ese caso, debería haberle dado a TVI un período de 90 días para tomar medidas. Nada de eso se hizo”, sostiene Rodrigo Gil.

TVI también ha señalado que VTR le ofreció dar continuidad a las cuatro señales, pero solo pagando por  dos de ellas: Vía X HD y ARTV. Esto significa que los canales Vía X y Zona Latina –aquellos por los que TVI cobra más caro a VTR– se transmitirían a “precio cero”, lo que es considerado por la empresa de Venegas un nuevo incumplimiento de la “condición quinta”, que prohíbe a VTR ofrecer precios fuera de mercado. En su defensa, VTR ha señalado que jamás ha ofrecido a TVI transmitir sus señales a precio cero y que solo propuso seguir con los canales Vía X HD y ARTV porque son los que tienen mejor desempeño, pero que se encontró con la negativa de Venegas. A juicio de VTR, Venegas está forzando una “venta atada” de todos sus canales,  lo que está prohibido.

La “condición quinta” fue estipulada por el TDLC cuando VTR ostentaba cerca del 80% del mercado de la TV de pago, pero ahora su participación bordea el 33%, por lo que algunos especialistas estiman que VTR debió haber pedido al tribunal que levantara esa restricción hace ya varios años, precisamente para evitar un conflicto como este. Pero la condición está vigente y VTR debe cumplirla, por lo que está en manos del TDLC ponderar si el corte del contrato se justificó o no. En todo caso, cuenta con el as que le proporcionó el fiscal Irarrázabal con su “comentario adicional” que ya desestimó el incumplimiento de esta restricción.

Ante el nuevo frente abierto por TVI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, VTR emitió una declaración, la que fue citada en la edición del diario Pulso del lunes 11: “Somos una empresa rigurosa en el cumplimento de la legalidad y respetuosa de las instituciones. Hasta ahora todas las instancias formales, judiciales y de libre competencia, han confirmado que hemos actuado bien. En esta reciente demanda, el tribunal rechazó el mismo día la solicitud de TVI de suspender su reemplazo. También lo hizo el juez arbitral de la causa y la justicia civil”.

Más allá de lo que finalmente dictamine el TDLC, lo que está claro es que la sobrevivencia de TVI depende de la continuidad de su contrato con VTR. Aunque sus canales son distribuidos por otros cable operadores, VTR le genera un ingreso de casi $180 millones mensuales que resultan cruciales para sostener la empresa.

Información proporcionada a CIPER por VTR indica que el corte de las señales está programado para la madrugada de este miércoles 13. Ante la inminencia del apagón, la condición de TVI es crítica. Aún cuando este juicio o el arbitraje que están en curso le resulten favorables, sobrevivir hasta el término de ambos procesos promete ser una larga marcha por el desierto.

 

N. de la R.: Entre los años 2012 y 2013 CIPER mantuvo un convenio con el canal Via X de TVI para difundir sus investigaciones en el programa Cadena Nacional.

Carta de Aguas Andinas y respuesta de Ciper

Señora directora
Ciper Chile
Mónica González

Me dirijo a usted a propósito del artículo publicado sobre la rotura de la matriz de Providencia. Sobre el mismo, creo necesario aclarar algunas afirmaciones realizadas en el reportaje que pueden llevar a interpretaciones equivocadas. La primera tiene relación con la duda que plantea el reportaje sobre si el pago que realizan los clientes de Aguas Andinas por el concepto de reposición de redes efectivamente se está invirtiendo para ese fin y, la segunda, con el cuestionamiento a la diligencia con la que actuó la compañía en la búsqueda de la filtración en el Museo de los Tajamares.

Respecto de la primera afirmación, nos gustaría aclarar que la tarifa que pagan los clientes de Aguas Andinas, la que por cierto está entre las más bajas de Chile y de los países de la OCDE (Informe Gestión de Sector Sanitario de la SISS 2014; The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities 2015), incluye una serie de contraprestaciones que requieren de un volumen de inversión que en el período 2000 – 2015 ascendió a US$ 2.300 millones y sólo en 2015, a US$185 millones. El año pasado, cerca del 21% de la inversión anual se destinó a la distribución de agua potable, que abarca la mantención, renovación de las redes y todo lo necesario para llevar este servicio a dos millones de hogares.  Asimismo, Aguas Andinas no sólo cumple a cabalidad con el Plan de Desarrollo de la SISS  (en noviembre de 2009) sino que en forma adicional cuenta con una metodología de reposición propia, que monitorea una serie de variables que redundan en mayores compromisos de inversión en redes de distribución. Junto con ello, realiza una gestión operativa que ha permitido en su red de 15.000 kilómetros de agua potable, reducir la tasa de roturas a 7,9 roturas por 100 km, nuevamente, entre las más bajas del mundo.

Si la empresa no realizara las inversiones antes mencionadas, tanto en las redes como en el sistema de agua potable en su conjunto, no sería posible entregar un servicio con una continuidad del 99,9%, muy bien evaluado por el regulador, tal como consta en el Informe de Gestión de la SISS 2014.

Respecto de la diligencia en la búsqueda de la filtración del Museo de los Tajamares, desde el primer día en que la empresa fue notificada, se iniciaron los trabajos de búsqueda de esta filtración bajo superficie, no visible, con tecnologías acústicas que son las que se utilizan en todo el mundo para estos fines. Al no ser suficientes, la compañía solicitó autorización a las autoridades de salud para realizar un piloto de detección de fugas con gas helio. ¿Por qué seguimos estos pasos? Porque sin saber el punto específico de la filtración, la alternativa era cerrar la avenida Providencia y comenzar a romper el pavimento hasta dar con la fuga con todo el impacto que conlleva.

Lamentamos profundamente lo ocurrido, pero las roturas son incidencias que pasan en Chile y en el mundo. Por eso, junto con hacer nuestros mejores esfuerzos por minimizar estos eventos, cuando ocurren nuestra posición siempre ha sido la de no eludir las responsabilidades que nos puedan corresponder. Este caso no fue la excepción. Desplegamos todos los recursos disponibles, en primer lugar, para asistir a los vecinos afectados directamente, invertimos más de 450 millones de pesos en la repavimentación de la Avenida Providencia y lo hicimos en un tiempo récor, trabajando 24 horas en jornada doble, haciendo posible la entrega 5 días antes del plazo programado. Asimismo, desde el primer momento nos pusimos en contacto con el Metro y la Ilustre Municipalidad de Providencia para abordar el tema de los daños.

Pese a los esfuerzos que destinamos a la prevención, no existen sistemas infalibles, y por eso, cuando enfrentamos una emergencia, nuestra principal preocupación es responder, mitigar y sobre todo asistir a quienes fueron impactados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Anita Olate
Gerente corporativa de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

 

RESPUESTA DE CIPER A AGUAS ANDINAS

El primer hecho cierto que CIPER identificó en su reportaje “Aguas Andinas: rotura en Providencia desnuda graves fallas del modelo de regulación” (20 de junio de 2016) es que los clientes de las sanitarias pagan mensualmente en la tarifa una cuota destinada a que estas empresas realicen la reposición de la red de agua potable a medida que las cañerías se acercan al final de su vida útil, la que se estima en 50 años. En el caso de Aguas Andinas esa cuota asciende a $323 mensuales para una boleta de 15 metros cúbicos de consumo, lo que si se multiplica por los clientes que esa sanitaria tiene en Santiago (1.768.892 entre hogares y empresas), arroja US$ 10 millones anuales.

A continuación, CIPER expuso en el reportaje que existe la sospecha de que Aguas Andinas y otras sanitarias no invierten la totalidad de ese dinero que pagan sus clientes en reposición de la red y que la cuota no utilizada se transforma en utilidades para la empresa. Esta sospecha no salió de la mente de los periodistas de CIPER, sino que fue fundamentada en declaraciones que hizo a CIPER la ex titular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinosa; a lo que se agregan afirmaciones del mismo tenor (y reproducidas en el reportaje en cuestión) del presidente de la Federación de Sindicatos de las Empresas Sanitarias, Hugo Maturana, y el testimonio de la asociación de funcionarios de la SISS ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el desempeño de la SISS en la IV Región, todo lo cual quedó plasmado en las conclusiones de dicha comisión (ver Conclusiones del informe de la Comisión Especial).

Con posterioridad a la publicación del reportaje de CIPER, el nuevo superintendente de la SISS, Ronaldo Bruna, concedió una entrevista al diario El Mercurio (2 de julio de 2016) en la que reafirmó esas mismas sospechas. Al describir sus “grandes preocupaciones”, Bruna expresó que una de ellas es la reposición de infraestructura: “Creo que las empresas están al debe. Si se mira cuál es el stock de redes de las sanitarias de agua potable, hay 40 mil kilómetros. En 2014 en ese ítem se renovaron solo 160 km. ¿Cuánto tiempo demorarían a esa misma tasa en reponer toda la red? La respuesta en caso del agua potable es de 250 años”.

En el reportaje en cuestión, CIPER hizo el mismo ejercicio que el superintendente Bruna e informó que en 2014 Aguas Andinas repuso 26 kilómetros de su red de 11 mil kilómetros, solo el 0,22% de cañerías y matrices. A ese ritmo demoraría 454 años en reponer toda su red.

Durante el desarrollo de la investigación del reportaje citado, Aguas Andinas informó por escrito a CIPER que en 2015 destinó US$39 millones a la mantención de la red, renovación y “todo lo necesario para llevar este servicio a dos millones de hogares”, cifra que fue consignada en el reportaje. Sin embargo, en ese escrito la empresa no desglosó el monto específico que gastó en la reposición de la red, e incurre en la misma omisión en la carta que ahora envía a CIPER.

El superintendente Ronaldo Bruna afirmó en su entrevista con El Mercurio que las inversiones de las sanitarias privilegian servicios adicionales, por ejemplo, una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, porque eso les permite cobrar un monto adicional en las tarifas. “Pero veo un grado de falencia en la reposición de infraestructura”, enfatizó.

Aguas Andinas destaca en la carta enviada a CIPER su baja tasa de roturas de cañería (7,9 por cada 100 kilómetros de red), antecedente que también fue informado en el reportaje de CIPER, pero nada señala sobre el alto volumen de “agua potable no facturada” de la compañía. El 30,5% del agua que produce Aguas Andinas no puede ser cobrada, ya que en su mayor parte se pierde por roturas o fisuras en la red y sistemas de producción (ver Informe de Gestión de la SISS). 

Finalmente, CIPER cree necesario insistir en la urgencia de revisar la regulación a que están sujetas las empresas sanitarias en el país. Y ello, por la reiteración de los problemas que en el último tiempo ha experimentado Aguas Andinas y otras sanitarias, los que han afectado gravemente la vida de los habitantes de Santiago y también de Valparaíso. Como se sabe, el pasado 22 de junio la rotura de una matriz de agua potable de la empresa Esval en el Cerro Polanco de Valparaíso, inundó la avenida Argentina y alrededores provocando un caos similar al que se vivió en Santiago el 9 de junio.

Mónica González
Directora de CIPER

Aguas Andinas: rotura en Providencia desnuda graves fallas del modelo de regulación

Cada vez que uno de los casi dos millones de clientes que Aguas Andinas tiene en Santiago paga su cuenta mensual, está entregando $323 para que la empresa cuente con el dinero destinado a reponer las cañerías y  así asegurar la continuidad del suministro a los consumidores. Pese a ello, en la madrugada del 9 de junio un río de agua potable se abrió paso bajo la avenida Providencia y trastocó de un golpe la vida de gran parte de los habitantes de la ciudad.

La sospecha que quedó flotando fue que la sanitaria española (controlada por Aguas de Barcelona) no cumplía adecuadamente con las medidas comprometidas con el Estado para prevenir el deterioro de las matrices y restituirlas antes de una rotura. Y ello, a pesar de que anualmente Aguas Andinas recibe de sus clientes US$10 millones para ese fin, según los cálculos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) entregó a CIPER.

Lo inaudito es que no existe certeza sobre el uso de esos dineros, como se desprende de las palabras de la ex titular de la SISS, Magaly Espinosa, quien afirmó que no se puede fiscalizar lo que hay bajo tierra. A ello se suma lo que la actual autoridad de la SISS reconoció a CIPER: legalmente no puede obligar a las sanitarias a reponer una determinada cantidad de matrices.

Santiaguinos sin metro en Providencia
Santiaguinos sin metro en Providencia

El 9 de junio el agua socavó parte del pavimento de Providencia y penetró a la línea 1 del Metro, que debió suspender desde las primeras horas de ese jueves los viajes entre las estaciones de Los Héroes y Los Leones, afectando a 300 mil usuarios. La mayoría llegó atrasada a su trabajo luego de bregar con indignación por obtener un medio de transporte o simplemente caminar. Enormes embotellamientos de tránsito se registraron entre el barrio alto y el centro de la ciudad, que incluso demoraron las salidas de los vuelos desde el Aeropuerto Merino Benítez, porque tripulaciones y pasajeros no pudieron llegar a tiempo.

Un completo caos cuyos costos materiales aun no terminan de calcularse. Y con un agravante: la Municipalidad de Providencia advirtió a la empresa el 28 de abril -42 días antes- que se había detectado una filtración de agua en el mismo sector donde finalmente se produjo la rotura de la matriz de fierro fundido.

Durante 42 días la sanitaria no fue capaz de identificar el punto de rotura. Aun así los daños morales o extra contractuales –como los atrasos y la alteración que sufrieron los habitantes de Santiago- difícilmente podrán ser indemnizados mientras no se modifique la actual legislación, dijo a CIPER el abogado de la organización de consumidores Conadecus, Mario Bravo Rivera (ver recuadro).

Autoridades gubernamentales expresaron a CIPER su molestia por la “poca diligencia” de la Superintendencia de Servicios Sanitarios frente a la alerta previa de filtraciones en Providencia. Más que molestia es la que existe, ya que en la SISS aseguraron que recibieron la denuncia el 12 de mayo –dos semanas después de que la municipalidad detectara la filtración- y que de inmediato oficiaron a la empresa sanitaria. A los errores de Aguas Andinas hay que agregar que no dieron aviso oportuno del colapso al Centro de Alerta Temprana (CAT) de la ONEMI.

La falla del ducto, que nace en los estanques de avenida Antonio Varas, y sus efectos, que todavía se prolongan por las obras de repavimentación de Providencia, son una alerta roja sobre el precario mantenimiento preventivo de las redes de agua potable que le corresponde efectuar a Aguas Andinas, la escasa reposición de cañerías y la débil fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esa entidad estatal tiene la responsabilidad de vigilar que las concesionarias cumplan sus compromisos de inversión, la misma que los clientes pagan de sus bolsillos al estar incluidos en la cuenta mensual.

Lo ocurrido también es una advertencia sobre el modelo desregulador que se impuso en el sector sanitario para favorecer las privatizaciones de las antiguas empresas estatales, el que opera sobre la base del “autocontrol” de las mismas compañías.

En 2014, Aguas Andinas apenas repuso el 0,22% de su red de cañerías, por debajo del promedio nacional de las sanitarias, y tuvo una pérdida de agua potable calculada en 30,5% de su producción, la mayor parte atribuible a roturas en sus estanques y ductos de distribución. La empresa respondió a CIPER que las inversiones en reposición que ha realizado le permiten exhibir una tasa de roturade 7,9 casos cada 100 kilómetros de red, “similar a la de países desarrollados de la OCDE”.

Sin embargo, ya en 2014 la entonces superintendenta de la SISS, Magaly Espinosa Sarría, admitió a CIPER que las persistentes altas utilidades de las principales sanitarias indican que esas empresas están convirtiendo en ganancias el dinero destinado a reposición. Solo desde 2010 a 2015 Aguas Andinas obtuvo utilidades por $701.705 millones.

Una comisión de la Cámara de Diputados, que investigó el desempeño de la SISS ante los numerosos reclamos y fallas de servicio de la sanitaria Aguas del Valle, concluyó recientemente que esa superintendencia no ha cumplido debidamente su misión ni se ocupó de hacer un análisis crítico del sector, contentándose con aplicar la legislación. Ella tiene su base en el Decreto Ley N° 70, firmado por Augusto Pinochet en 1988. Esas normas posteriormente fueron profundizadas en la Ley 19.549, dictada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en cuya elaboración y tramitación le cupo un papel clave al actual presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, entonces subsecretario de Obras Públicas.

SOSPECHAS SOBRE LAS SANITARIAS

Los trabajadores de las propias sanitarias aseguran que estas empresas incumplen la tarea de reponer matrices y cañerías, porque les sale más barato esperar a que se rompan o fallen. Hugo Maturana, presidente de la Federación de Sindicatos de las Empresas Sanitarias (Fenatraos), dijo a The Clinic: “No se han ido renovando los acueductos de forma oportuna. Como son reparaciones de alto costo, las empresas las dejan no más, a ver si aguantan”.

El dirigente también acusó a la SISS por no fiscalizar la renovación de las redes en forma oportuna y criticó que las inversiones de las sanitarias se incluyan en la tarifa –mediante alzas en los precios- y que no salgan de las ganancias de las empresas. “Es absurdo, además de ser clientes cautivos tenemos que darles (a las sanitarias) seguridad en las utilidades”, dijo (ver entrevista en The Clinic). 

Hugo Maturana
Hugo Maturana

Las sospechas de Maturana ya habían sido confirmadas por los funcionarios de la SISS en noviembre de 2015, cuando la directiva que los agrupa (Anfussa) concurrió a declarar ante la Comisión Especial Investigadora del rol de la SISS y de ECONSSA respecto de los problemas generados por la empresa Aguas del Valle. En esa ocasión, la presidenta del gremio, Jacqueline Torres, remarcó entre los principales problemas del sector sanitario la “escasa reposición de redes de agua potable” y el “detrimento progresivo de la calidad del servicio” (ver sesión 7ª. de la Comisión Especial). 

En 2015, cuando se acercaba el fin de su desempeño como superintendenta de Servicios Sanitarios tras nueve años en el cargo, Magaly Espinosa dejó por escrito los temas que a su juicio requieren un mejoramiento del marco regulatorio de las sanitarias. Entre ellos, señaló “los bajos niveles en inversión de reposición de infraestructura” y la falta de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de fijación de tarifas (ver presentación del Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014). 

Consultada en 2014 por CIPER sobre una explicación para las altas utilidades que arrojaban año a año las empresas sanitarias Aguas Andinas y ESVAL (Región de Valparaíso), Espinosa respondió:

-Yo haría un análisis de su calidad de servicio y cómo está su nivel de reposición de la infraestructura, porque eso a mí me indica que la empresa está recibiendo toda la cuota de reposición y si la está manteniendo como utilidad. Y si las utilidades se mantienen siempre altas es que no se está reinvirtiendo a los niveles que el modelo espera que se reinvierta (ver reportaje de CIPER). 

Las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja –presidida por el diputado Miguel Alvarado (PPD)- fueron más categóricas. Después de escuchar a autoridades, trabajadores y organizaciones ciudadanas, llegó al convencimiento de que a las sanitarias les conviene económicamente esperar a que las cañerías colapsen y solo después reponerlas “lo que hace inviable una acción verdaderamente preventiva de las empresas sanitarias” (ver Conclusiones del informe de la Comisión Especial). 

CIPER consultó a Aguas Andinas por la inversión realizada año a año, desde 2010 a 2015, en reposición de cañerías y matrices. La respuesta, por escrito, no entregó los detalles solicitados. La empresa aseguró que en 2015 invirtió US$185 millones y que el 21% de ese monto “se destinó a la distribución de agua potable” (que incorpora renovación, mantención y otros). Ello equivale a US$39 millones, pero la sanitaria no informó cuánto destinó solo a reposición de la red.

Eso sí, Aguas Andinas enfatizó que “esas inversiones más la gestión operativa que realiza la compañía en su red de agua potable han permitido lograr una tasa de 7,9 roturas por cada 100 kilómetros, entre las más bajas de la industria local y muy similar a la que presentan países desarrollados de la OCDE”. Las estadísticas de la SISS indican que esa tasa correspondió en 2014 a 941 roturas. 

POSIBLE AGRAVANTE

“Es claro que los hechos ocurridos (en Providencia) son de exclusiva responsabilidad de la empresa Aguas Andinas”, afirmó por escrito la jefatura de la SISS a CIPER (en esos mismos días, el economista Ronaldo Bruna fue nombrado superintendente por la Presidenta Bachelet en reemplazo de Magaly Espinosa). La SISS agregó que “si no ha habido una adecuada reposición y ocurre un hecho que afecta la calidad de servicio, dicho evento es evidentemente un agravante a los procesos de sanción que se levanten en contra de una sanitaria por estas situaciones”.

La SISS ordenó una fiscalización especial por la rotura para determinar las causas de la falla, identificar las responsabilidades y establecer si se cometieron infracciones susceptibles de ser sancionadas. Y aunque se anunció que la sanitaria podría recibir una multa máxima de $548 millones, autoridades consultadas por CIPER lo dudan, ya que pese a la rotura de la matriz no hubo suspensión del suministro de agua potable para los consumidores.

El ducto de fierro fundido de 1,10 metro de diámetro que colapsó puede tener una vida útil de hasta 80 años, lo que depende del material, las condiciones de instalación, la presión a la que está sometida, la calidad del suelo y del agua. Según la SISS, no se consideraba su reposición por parte de Aguas Andinas.

Ejecutivos de Aguas Andinas consultados por CIPER, respondieron por escrito que para definir las redes que deben reponerse se califican los sectores en función del número de “roturas no programadas” ocurridas en el último año, una fórmula definida por la SISS.

LA PLATA QUE PONEN LOS CLIENTES

En el último proceso que estableció las tarifas de Aguas Andinas para el quinquenio 2015-2020, la SISS y la sanitaria acordaron que el costo total de largo plazo para producir agua potable y recolectar y tratar las aguas servidas alcanza a $311.117 millones anuales, ingresos que están incorporados en las cuentas que pagan los clientes de la sanitaria mes a mes. De ese monto, informó la SISS a CIPER, “el 2,5% corresponde a reposición de redes y conducciones de distribución de agua potable”, lo que equivale a $7.778 millones.

aandinasPor eso, si se considera una cuenta tipo mensual de 15 metros cúbicos de consumo en período de no punta de $12.965, aproximadamente $323 corresponden a reposición de cañerías. Aguas Andinas tiene 1.768.892 clientes (hogares y empresas) por lo que anualmente recibe dentro de la tarifa al menos $6.856 millones para restituir redes (US$ 10,2 millones al año).

En su Informe de Gestión 2014, la SISS calculó que ese año Aguas Andinas repuso 26,7 kilómetros de cañerías de agua potable, solo el 0,22% de su red que tiene una longitud de 11.971 km. Ese porcentaje de restitución de cañerías fue inferior en 2014 al promedio de reposición de las concesionarias del país, que alcanzó el 0,4% de las redes. Sanitarias de gran tamaño -como ESSBIO y ESVAL- superaron en 2014 a Aguas Andinas, reponiendo el 0,71% y el 0,51% de sus cañerías respectivamente (ver Informe de Gestión 2014). 

Según la tabla de Vidas Útiles Técnicas, incluida en el estudio de la SISS para establecer la tarifa a cobrar por Aguas Andinas, las tuberías y obras civiles de conducción de agua potable tienen una vida útil de 50 años, por lo que se deduce que, en promedio, la empresa tendría que reponer el 2% de su red (240 km) cada año para en medio siglo lograr la restitución total.

Adicionalmente, el agua potable no facturada es otro indicador de filtraciones y roturas de las cañerías. Aunque la tasa de roturas de Aguas Andinas es baja (7,9 por cada 100 km) ya que la SISS considera que menos de 20 colapsos por cada 100 km indica “que las redes cuentan con altos estándares de integridad en sus tuberías”, la sanitaria capitalina registra que en 2014 el 30,5% del agua potable que produjo no fue facturada. Un poco menos que el promedio nacional no facturado por las empresas concesionarias (33,65%); y muy por sobre Aguas Manquehue que no cobra solamente el 9,8% de su agua potable (ver Informe de Gestión de la SISS). 

El cálculo de la SISS es que el 74% del agua que no es cobrada “corresponde a pérdidas físicas y se genera por roturas de cañerías”. En este caso, Aguas Andinas no facturó en 2014 nada menos que 130 millones de metros cúbicos de agua por daños en su red. Para la SISS, una empresa eficiente debería tener un máximo de 15% de agua potable no facturada. Aguas Andinas duplica persistentemente ese límite, aunque lo redujo levemente desde 2009 cuando marcaba un 31,9% de agua no facturada.

SUPERINTENDENCIA EN DEUDA

La ex superintendenta Magaly Espinosa –hoy asesora del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- reconoció las dificultades para fiscalizar el cumplimiento de las sanitarias en la reposición de cañerías. “Las redes están bajo tierra y no podemos vigilar cómo están sino hasta que se produce la falla. Es complejo controlar y generar sistemas de fiscalización que garanticen eso”, dijo a la revista peruana Proyecta a comienzos de 2016.

Magaly Espinosa
Magaly Espinosa

Bajo el mandato de Espinosa, la SISS ya había sido duramente cuestionada en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, la que luego de escuchar a la superintendenta y a los principales directivos de la entidad reprochó “la falta de rigurosidad de la superintendenta saliente y su equipo directivo, quien ha expresado a esta Comisión no disponer del marco regulatorio adecuado ni de los presupuestos que requiere este sector”.

Espinosa había explicado a los diputados que la medición de calidad del servicio de las sanitarias se basa en el “autocontrol” de las empresas, a través de la información que entregan a la SISS, datos que se comprueban con análisis y fiscalizaciones de la superintendencia, especialmente en cuanto a las normas de calidad del agua potable. La diputada Yasna Provoste (DC) le respondió que la SISS “ha mantenido un sistema tarifario poco participativo y no ha existido para las empresas una exigencia categórica de reinversión de utilidades en renovación de redes”.

Incluso los trabajadores de la superintendencia fueron categóricos al exponer las debilidades de la fiscalización ante los parlamentarios. “Lo más grave que hemos visto es la nula participación que tiene la ciudadanía en los procesos tarifarios”, dijo la presidenta del gremio Jacqueline Torres. Y enfatizó que más de la mitad de los reclamos contra las sanitarias son respondidos en contra de los clientes “porque la legislación no permite hacer algo que favorezca al usuario”.

La SISS aseguró a CIPER que las multas aplicadas a las sanitarias por roturas de cañería aumentaron de apenas nueve en 2012, cuando se registraron 9.400 roturas en todas las sanitarias, a 34 multas en 2015, año que registró 8.200 roturas (ver gráfico SISS a continuación).

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Pero insólitamente el modelo concesionario heredado de Pinochet y reforzado por la Concertación, impide a la SISS fijar a las sanitarias el nivel de reposición de las redes. Son las propias empresas las que diagnostican el estado de su infraestructura y, a partir de ello, definen cuánto reponer. Una cifra que queda comprometida en su programa de inversiones cada cinco años. Desde la SISS se explicó a CIPER que sus funcionarios pueden hacer observaciones a los autodiagnósticos de las sanitarias “pero no está dentro de sus atribuciones el determinar los niveles de reposición que cada empresa compromete”. La SISS solamente puede fiscalizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas y aplicar multas en caso de que no se respeten.

CIPER consultó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios si hay normas técnicas para la reposición de las matrices, como la que colapsó estrepitosamente en Providencia. La respuesta fue que el Instituto Nacional de Normalización no ha establecido un estándar en el caso de la reposición de cañerías de agua potable ni por vida útil ni por tipo de material.

Las debilidades del modelo fiscalizador de la Superintendencia de Servicios Sanitarios podrían corregirse si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que en su conclusión propone oficiar a la Presidenta Bachelet para solicitarle que presente un proyecto que modifique la Ley 18.902 que creó la SISS. Y detalla que, entre otras materias, se fortalezcan los derechos de las personas ante las empresas sanitarias, se modernicen los procedimientos de fiscalización y se fije la obligatoriedad de las empresas de ejecutar las inversiones que requieren para otorgar un servicio de calidad “considerando que el ente regulador (SISS) no ha sido lo suficientemente proactivo en la promoción de las reformas necesarias”.

Caos sin compensación

La Ley del Consumidor no contempla la posibilidad de demandar cuando los ciudadanos se ven afectados indirectamente por la falla de una empresa de servicio, como la ocurrida con Aguas Andinas en Providencia. La única opción es recurrir al Código Civil para exigir indemnización por la responsabilidad extracontractual, pero el resultado es muy incierto, explicó a CIPER el abogado Mario Bravo Rivera, de la organización de consumidores Conadecus.

-La legislación del consumidor no contempla situaciones como esta. Solo cuando existe una relación directa con el proveedor se puede presentar una demanda colectiva, por ejemplo, si no llega agua. Entonces, la única posibilidad es recurrir al Código Civil, individualmente, el que establece la responsabilidad extracontractual por un hecho doloso o culposo, pero en los daños indirectos, morales, como la pérdida de tiempo o la imposibilidad de llegar a un lugar, no hay jurisprudencia clara de los tribunales sobre cuándo se puede indemnizar -dijo Bravo.

Distinto es el caso de los afectados directamente por la rotura de la matriz, como el Metro, que vio afectadas sus instalaciones y tuvo que suspender el servicio en parte de la línea 1. Aguas Andinas se comprometió a resarcir los daños. En el caso de la Municipalidad de Providencia, que vio afectado el Museo de los Tajamares, dijeron a CIPER que están a la espera de calcular los destrozos para decidir la presentación de la demanda contra la sanitaria.

Autoridades gubernamentales señalaron a CIPER que la Intendencia Metropolitana carece de atribuciones para demandar en este tipo de casos y también el SERNAC, porque no hubo suspensión del suministro de agua potable.

Papel mojado

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Han pasado siete meses de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia de Chile. Y los resultados demuestran lo lejos que estamos de ser un país que pueda ser tomado en serio cuando habla de libre comercio, mercados abiertos, ética empresarial o respeto a los consumidores.

La Comisión de Ética de la Sofofa levantó la suspensión a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), protagonista de la colusión del papel. La CMPC no sólo fue reincorporada a la organización de los grandes empresarios industriales. Además, se puso término al proceso iniciado al develarse la colusión, en noviembre de 2015.

Tal cual. Se puso término. De castigos o sanciones, ni hablar.

Recordemos por un momento qué hizo la CMPC, según propia confesión de la empresa tras ser descubierta por la Fiscalía Nacional Económica. Desde 2000, CMPC formó un cartel junto a Pisa (luego SCA) para subir los precios de productos de consumo básico y repartirse cuotas de mercado, evitando el ingreso de la competencia y perjudicando directamente a los consumidores.

En términos elegantes, se coludieron. En términos más directos, les metieron la mano al bolsillo a los consumidores. Les robaron. Nos robaron. Así define la colusión la directora del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz: «La colusión es una manera elegante de decir robo. Es un robo a mano armada contra los consumidores».

A los guardianes de la ética del gran empresariado, ese «robo a mano armada» no les merece reproche alguno. Ni una clase de ética. Ni una palmada en el trasero. Nada. La resolución se tomó por unanimidad.

La Sofofa tiene un código de ética. Data de 1957. Y estipula, entre otras cosas, que «los miembros de la Sofofa encuadrarán sus actividades dentro de las siguientes normas»:

– «Resguardar los intereses del consumidor» (al que CMPC le robó);

– No «perder de vista que es la competencia, limpia y legal, la que mejor asegura la supervivencia del régimen de empresa privada» (competencia limpia que es el antónimo de la colusión);

«Respetar las leyes y sus reglamentos» (que prohíben la colusión);

– «Considerar, por sobre cualquier otro factor, el interés nacional» (sin comentarios).

En resumen: cuando se trata de una empresa importante, de uno de los grupos económicos más poderosos del país (el Grupo Matte), los compromisos éticos de la Sofofa con el país son sólo humo.

Argumenta la Comisión de Ética que «la empresa afectada (ojo con el término: ¡¡afectada!!) procedió a implementar un conjunto de medidas», como participar en una mesa con el Sernac para evaluar compensaciones, contratar una asesoría externa y renovar su directorio.

Interesante. CMPC no ha devuelto un solo peso de lo que nos «robó a mano armada» durante una década de colusión a todos los consumidores de papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables, o sea, a todos los chilenos. A más de medio año de develarse los hechos, ni siquiera se ha comprometido a alguna fórmula, monto o plazo de pago. Pero para la Sofofa, sentarse a una mesa a conversar del tema ya es suficiente para cerrar el caso sin ninguna sanción.

Sobre los cambios internos, sólo un par de datos. La Papelera paga los honorarios de los abogados de los ejecutivos involucrados en la colusión. Y a al menos tres de esos altos ejecutivos les sigue pagando sueldos, por medio de contratos de honorarios por «asesorías externas».

Nada tan inusual, considerando que el confeso cerebro de la colusión, Jorge Morel, dejó la gerencia general de la CMPC en medio de las felicitaciones del directorio de la empresa, el que dejó «expresa constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada».

Morel, por supuesto, ha exculpado al directorio y a quien fuera su presidente, Eliodoro Matte, de cualquier participación en el cartel.

Ya sabemos que, gracias a la comprensiva legislación concordada por el Presidente Ricardo Lagos, la Alianza, la Concertación y los grandes empresarios (¡vaya cartel!) en 2003, la colusión no es un delito en Chile, sino sólo una falta que se sanciona con multas de un monto ridículo.

En países que se toman el libre mercado en serio, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia o Canadá, estos carteles se persiguen como «un crimen, tal como el robo o el hurto, aunque los carteles provocan un daño económico mucho mayor» (la cita es de Gregory J. Werden, consejero económico senior del Departamento de Justicia de Estado Unidos).

En Chile, en cambio, la ley de 2003 fue justificada por el gobierno de Lagos diciendo que los delitos contra la libre competencia «resultan incompatibles actualmente con el complejo escenario en que se desenvuelven los agentes económicos».

Y, a ocho años del escándalo de las farmacias, la norma que repone el delito de colusión sigue su tránsito cansino por el Congreso. Cuando se trata de delitos cometidos por ejecutivos de los grandes grupos económicos que financian la política, no hay agendas cortas ni urgencias que valgan. Todo debe hacerse con extremo cuidado, pausa y estudio.

En Estados Unidos, un ejecutivo confeso de colusión como Morel, estaría en serio riesgo de pasar 10 años tras las rejas. En Chile, en cambio, el ex gerente general no parece demasiado preocupado. Ha sido citado dos veces ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero ni siquiera se ha presentado. La última vez se excusó diciendo que iría a Europa a visitar a su hija.

El Estado no castiga criminalmente. Y sus pares no castigan ni ética ni socialmente.

Toda la prédica sobre libre mercado y defensa a los consumidores en Chile no es más que papel mojado (y coludido).

Los secretos tributarios que revelan las reuniones de Mossack Fonseca con bufetes chilenos

Durante más una década, agentes del bufete de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) aplanaron las calles de Santiago visitando firmas de abogados, estudios contables e instituciones financieras. El objetivo: captar nuevos clientes. La tarea no era fácil. Para los representantes de la firma panameña dedicada a crear sociedades de fachada en paraísos fiscales, el chileno, comparado con sus vecinos latinoamericanos, había ganado fama de conservador en el manejo de su riqueza.

Así y todo, Mossack Fonseca logró que más de un centenar de chilenos o extranjeros con inversiones en Chile abrieran cerca de 200 sociedades offshore domiciliadas en Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas y otro puñado de paraísos fiscales (ver reportaje de CIPER). La cifra, que abarca desde la década de los ’80 hasta antes de estallar el escándalo mundial de los Papeles de Panamá”, no es despreciable: Perú y Paraguay, según han reportado medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en esos países, exhiben cifras similares. Solo Argentina sale de ese marco con 270 sociedades offshore.

Buena parte de los beneficiarios de estas sociedades las crearon valiéndose de intermediarios o facilitadores. Ese es el apelativo para los abogados, estudios jurídicos, oficinas contables o instituciones financieras (corredoras de bolsa y bancos), que hacen de eslabón entre empresarios e inversionistas con el bufete panameño para la apertura y, en algunos casos, administración de sociedades offshore. Son ellos, los intermediarios, los primeros clientes de Mossack Fonseca. Para contactarlos, cada año, ejecutivos del bufete viajaban de Panamá a Chile con una agenda cargada de reuniones. Una rutina que cambió en 2010, cuando la firma tuvo un representante permanente en Santiago.

A partir de 2003, las visitas a Chile del equipo de agentes de Mossack Fonseca se intensificaron. El mercado chileno había comenzado a repuntar. Así lo evidencian los números: si entre 1978 y el año 2000 el bufete panameño había abierto solo 50 sociedades vinculadas a chilenos o extranjeros con negocios en Chile, entre 2001 y 2015 la cifra se triplicó.

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

Los viajes se extendían por una o dos semanas, a razón de ocho reuniones por día. Así, en el transcurso de los últimos 15 años, Mossack Fonseca golpeó puertas en más de 150 oficinas de abogados, contadores y entidades financieras en nuestro país, ofreciendo ultra confidenciales métodos para refugiar dineros en algún paraíso fiscal. Desde Fundaciones de Interés Privado (FIP) –para planificar sucesiones o herencias ahorrando impuestos– hasta los “innovadores” Life Insurance Wrappers, una suerte de armadura a prueba de balas que protege patrimonios incluso frente a requerimientos judiciales de embargo.

En el historial de intermediarios recurrentes de Mossack Fonseca en Chile figura el estudio Cariola, Díez, Pérez Cotapos y Cía. con una decena de sociedades creadas en la década de los ’80; el estudio Prieto y Cía., con seis sociedades en 1997 para los protagonistas del “Caso Chispas” en Islas Vírgenes; el abogado Gonzalo Delaveau Swett,que aparece vinculado a cinco sociedades con domicilio en Bahamas, algunas constituidas cuando era miembro del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz; el bufete Larraín, Rencoret, Lackington y Urzúa, que intermedió en la creación de cinco sociedades en Panamá; y los abogados de Vial y Cía., ligados como gestores a cinco offshore en Bahamas, Seychelles e Islas Vírgenes (ver intermediarios).

Entre los clientes “top” de Mossack Fonseca se encuentra también la extinta corredora de Bolsa Raimundo Serrano Mac Auliffe, propiedad de Tomás Serrano Parot, condenado en 2015 a presidio por estafa reiterada. Serrano fue hasta hace poco controlador de Unión La Calera y hombre de estrecha confianza del ex mandamás de la ANFP, Sergio Jadue, quien también presidió ese club de fútbol y recibió pagos de una consultora ligada al ex agente de Bolsa (ver reportaje de CIPER).

Serrano defraudó en más de $12 mil millones a cerca de 350 clientes de su corredora. Entre 2001 y 2009 (año en que se conocieron las fraudulentas maniobras del empresario), la empresa de Serrano gestionó siete sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas con Mossack Fonseca. La mayoría muestra al mismo director: Sebastián de Rementería Videla, quien era el gerente de la corredora.

En mayo de 2001, un mes antes de que se gestionara a través de Serrano Mac Auliffe la primera sociedad offshore con Mossack Fonseca, Serrano y de Rementería constituyeron en Chile la empresa Los Choros Power & Gas. Los Choros, junto a Accent Trading Inc., sociedad registrada por el bufete panameño en Islas Vírgenes Británicas, fueron identificadas por el Ministerio Público como dos de las piezas clave del millonario esquema de defraudación que diseñó el empresario.

LANGOSTINOS PANAMEÑOS

Al mediodía del 20 de abril de 2001, Sebastián de Rementería, gerente internacional de la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe y Jorge Fuenzalida Barraza, gerente comercial y director de la empresa (condenado junto a Tomás Serrano Parot por fraude), llegaron al exclusivo restaurante La Toja, en Ciudad de Panamá. Ambos ordenaron langostinos, la especialidad de la casa.

Sobre la mesa, junto a los crustáceos, había folletos de Mossack Fonseca. Tres ejecutivos de la firma panameña los acompañaban en el distendido almuerzo, donde la conversación giró en torno a los instrumentos de planificación tributaria que ofrece la firma. “Se mostraron interesados en licencias bancarias y fondos mutuos”, dice un registro del bufete en el que quedó constancia de lo conversado en la cita. CIPER encontró cientos de registros como éste en los más de 11 millones de documentos filtrados del bufete panameño. A través de ellos CIPER pudo rehacer la huella del recorrido de los agentes de Mossack Fonseca por las oficinas de cientos de potenciales intermediarios chilenos.

Tras el banquete en La Toja (Panamá), Fuenzalida y de Rementería visitaron las oficinas de Mossack Fonseca ubicadas en una lujosa zona de la ciudad. El día terminó con un tour por las concurridas esclusas de Miraflores, donde se puede ver subir y bajar los barcos que transitan por el Canal de Panamá.

En 2001, los negocios en Chile del publicista Tomás Serrano iban en subida. Ese año, la recientemente constituida sociedad Los Choros Power & Gas anunció que tomaría el control de la Empresa Eléctrica del Norte Grande (Edelnor), en una transacción cercana  a los US$4,5 millones.

Canal de Panamá
Canal de Panamá

Dos meses después de la visita a Centroamérica de los gerentes de Serrano Mac Auliffe, la corredora gestionó la apertura de la primera de siete sociedades offshore con Mossack Fonseca: Kenville Group Corp., registrada el 20 de junio de 2001 en Panamá. Kenville fue constituida con un directorio de fachada proporcionado por los mismos ejecutivos de Mossfon. Meses después el directorio fue cambiado y en su reemplazo ingresaron: Sebastián de Rementería y las sociedades Inversiones San Martín Limitada y Accent Trading. San Martín fue constituida en enero de 1995 por de Rementería y por el publicista y empresario Andrés Vicuña Escala. Vicuña, al igual que Tomás Serrano, también estuvo vinculado a Deportes Unión La Calera. En octubre de 2015, según registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el publicista vendió 51% de las acciones de ese club a Andes Inversiones Deportivas, sociedad ligada a los argentinos  Sebastián y Ricardo Pini (ex controladores de Rangers de Talca).

Según los registros de Mossack Fonseca, Accent Trading fue registrada en Chile el 21 de febrero de 1996. San Martín y Accent figuran en los registros de la firma panameña con domicilio en Nueva York N°9, piso 13, Santiago. La misma dirección donde funcionaba la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe.

REGALOS PARA TODOS

Para los representantes de Mossack Fonseca, el aspecto, la ropa, los modales de los interlocutores y la decoración de las oficinas que visitaban, funcionaban como un semáforo. Todos los reportes de los ejecutivos de Mossfon tras sus reuniones con bancos, bufetes de abogados y estudios contables, comienzan con las impresiones que les dejaba el primer contacto con el cliente y su lugar de trabajo. “Los tres socios eran ya de edad avanzada (…), oficina de nivel medio, ya que está en el centro de Santiago y por la decoración se aprecia que no han invertido mucho en ella”, reportó en una oportunidad una agente de Mossfon luego de visitar un estudio de contadores chilenos. No hicieron negocios con ellos.

Los gerentes y las  oficinas de la corredora Serrano Mac Auliffe en calle Nueva York, causaron impresiones opuestas entre los vendedores de sociedades de fachada de Mossfon.

Representantes de Mossack Fonseca visitaron en tres oportunidades las oficinas de la corredora en Chile. El 18 de marzo de 2003, la agente Betty Motta –tal como lo anotó en su agenda con color rojo– llegó con regalos para de Rementería, Fuenzalida y Serrano. A los clientes importantes, se les entregaba como cortesía un abre cartas, lápices o libros con fotografías de Panamá. “El señor Fuenzalida quedó encantado con el regalo”, se lee en el reporte de Motta a sus superiores. Allí también consignó que el ambiente de la oficina era “profesional”, que la decoración era “excelente” y que Fuenzalida era un tipo de apariencia “cordial” y“de muy buen aspecto”.

Jorge Fuenzalida y Tomás Serrano
Jorge Fuenzalida y Tomás Serrano

Para entonces, la corredora había abierto una segunda offshore en Panamá: Harton Global Corporation, registrada por Mossack Fonseca el 13 de agosto de 2001. Nuevamente aparece como director el gerente internacional de la corredora Sebastián de Rementería y como asociados figuran Accent Trading e Inversiones San Martín.

Una tercera sociedad gestionada a través de la corredora de Serrano, Adelton Investments Inc., fue registrada por Mossack Fonseca en Islas Vírgenes Británicas el 5 de marzo de 2002. En ella también figura Sebastián de Rementería como director. La cuarta sociedad quedó registrada el 11 de abril de 2003 en Islas Vírgenes: Accent Trading Inc. (mismo nombre que la sociedad ya mencionada). Como primeros directores figuran Sebastián de Rementería y el ciudadano peruano Modesto Daniel Hernández Guerrero. Las acciones fueron emitidas a nombre de dos empresas domiciliadas en Lima: IFNI S.A.C. y Sofía Antonia S.A.C. En registros comerciales de Perú, de Rementería aparece como gerente general de Sofía Antonia, la que opera en el rubro inmobiliario.

El gerente de negocios internacionales de Serrano Mac Auliffe se había instalado en Lima, desde donde donde administraba la corredora de Bolsa Cartisa Perú, otro de los emprendimientos del ex controlador de Unión La Calera Tomás Serrano (fue vendida en 2010 al grupo peruano Iaccsac).

La quinta sociedad fue VBE Inc. (Veintitantas Banderitas Entertainment Inc.), creada el 22 de abril de 2003 también en Islas Vírgenes, y con de Rementería y Andrés Vicuña como directores.

Newcastle Engineering Group Inc., fue registrada por Mossfon tres meses después, en el mismo paraíso fiscal (julio 2003). Las acciones de esta sociedad se emitieron a nombre del ingeniero peruano José Antonio Cabia Vega, quien fue representante de Cartisa Perú, la corredora de Serrano en Lima.

El 27 de abril de 2009 se creó en Islas Vírgenes la última de las siete sociedades que la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe gestionó a través de Mossfon: Kelter Management Corp. En ella figura la madre de Sebastián de Rementería como directora.

Solo 18 días después de la apertura de esta sociedad, estalló la bomba en Santiago. El 15 de mayo, un cliente de la corredora de Tomás Serrano, que tenía casi $2 mil millones de acciones en custodia, puso una denuncia en la Fiscalía. Los dineros no estaban. Tampoco los de varias decenas de clientes a los que durante años les habían enseñado balances adulterados. Fueron $12 mil millones los que se esfumaron.

Mientras el Ministerio Público investigaba, Sebastián de Rementería –quien no figuró entre los acusados–, siguió gestionando las sociedades abiertas por Mossack Fonseca a través de la corredora Serrano Mac Auliffe. El 23 de mayo de 2011 escribió a los ejecutivos de Mossfon en Panamá, solicitando que Accent Trading Inc. (Islas Vírgenes), emitiera un “poder amplio de representación de la sociedad (dedicada a invertir en valores), que incluya el cobro de cheques, a nombre mío, Sebastián de Rementería”.

Accent Trading Inc. es la sociedad que la Fiscalía identificó como uno de los dos vehículos –junto a Los Choros Power & Gas– con los que Serrano y Fuenzalida desfalcaron a sus clientes en $12 mil millones.

El poder que de Rementería le pidió a Mossfon dice así: “Otorgamos poder a Juan Sebastián de Rementería para administrar y representar a la compañía sin limitación alguna (…) El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por el apoderado para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país”.

Recién el 17 de marzo de 2014 –casi cinco años después de que se iniciara la investigación judicial– los ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá se enteraron a través de sus representantes en Chile, de que sus clientes Serrano y Fuenzalida eran protagonistas de uno de los fraudes financieros más bullados de los últimos años.

Recomiendo renunciar como agentes registrados considerando que se encontraron resultados negativos del cliente y sus contactos”, escribió un funcionario de Mossfon en un correo electrónico. En esos momentos, dos de las siete sociedades creadas por la corredora de Tomás Serrano en Islas Vírgenes aún permanecían activas.

En abril de 2015, Tomás Serrano Parot y el gerente comercial de la corredora, Jorge Fuenzalida Barraza, fueron condenados con cárcel por los delitos de uso indebido de custodias, estafa y entrega maliciosa de información falsa.

SECRETO FINANCIERO

Me reuní con un socio y director del área Tax&Legal de Deloitte Chile (…) Me explicó que tiene varios clientes que quieren sacar sus dineros afuera a algún paraíso fiscal como Panamá, y que no quieren que los mismos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia. También quieren absoluta confidencialidad (…) Habló sobre la evasión de impuestos y sobre sus políticas de no hacerlo en Deloitte, pero que en estos casos en particular no se podía hablar de evasión, porque el dinero jamás entraría a Chile”.

El párrafo corresponde a un documento enviado en marzo de 2012 a Panamá por la abogada chilena y representante permanente de Mossack Fonseca en nuestro país, Carmen García. La relación de Mossfon con Deloitte era de antigua data. Los ejecutivos del bufete habían visitado a la auditora en 2001, 2003 y 2005. Tras la primera visita, dejaron por escrito la siguiente impresión: “Ambiente: profesional; Decoración: excelente; Trato: muy Cordial; Apariencia: muy buena”.

A comienzos de mayo de 2012, Mossack Fonseca incorporó en Panamá Alpha Centauri Group S.A., sociedad vinculada a dos de los socios fundadores de la auditora Deloitte & Touch en Chile: Álvaro Mecklenburg Riquelme (en mayo de 2015 se retiró de Deloitte) y Patricio González Greco. En 2012, González aparece como el tenedor del 100% de las acciones de la sociedad. Un certificado firmado por dos ejecutivos de Mossack Fonseca con fecha 30 de abril de 2015, muestra a Mecklenburg como el único accionista de Alpha Centauri.

MOSSACKSegún los registros de Mossack Fonseca, luego de la apertura de la sociedad, Mecklenburg y González viajaron a Panamá en junio de 2012 y fueron recibidos en el aeropuerto por un miembro de la firma panameña, quien los trasladó al Hotel Le Meridien, a orillas de la bahía de la ciudad. Poco después, Alpha Centauri abrió cuenta corriente en el Banesco de Panamá.

Mossack Fonseca no escatimó esfuerzos en complacer a los socios de la firma. Desde Chile, la representante de Mossfon había hecho hincapié en que Mecklenburg “era uno de los pesos pesados en temas tributarios”, y que la sociedad Alpha Centauri era “la prueba que nos está haciendo Deloitte” para ver si seguiría trabajando con ellos.

CIPER conversó con el abogado Mecklenburg, quien señaló que no recuerda conocer a Carmen García. Por ello, dijo, no podía hacerse cargo de las palabras que la abogada dejó registradas en su reporte. También dijo no recordar tener algún tipo de vínculo con Alpha Centauri Group, y aseguró que mientras estuvo en Deloitte jamás trabajaron con paraísos fiscales o diseñaron prácticas de evasión tributaria.

No hay constancia en los registros de Mossack Fonseca de que Mecklenburg o González hayan gestionado la creación de nuevas sociedades.

De lo que sí quedó constancia en esos millones de archivos, es de las numerosas gestiones realizadas por el abogado Jorge Raúl Hernández González para la creación de una serie de entidades offshore. Según los registros del bufete panameño, fueron abogados de Deloitte quienes habrían propiciado el vínculo entre Hernández y Mossfon. De hecho, en uno de los documentos de Mossack Fonseca se menciona a Hernández como “abogado consejero” de la auditora. CIPER no pudo comprobar ese vínculo. Lo cierto es que Hernández González quedó registrado en los sistemas de Mossack Fonseca como “cliente independiente” (no vinculado a Deloitte).

Entre 2003 y 2014, Hernández gestionó la creación de una decena de sociedades offshore en Panamá con Mossfon como agente registrado (vinculadas a sus hermanos, y a inversionistas y empresarios agrícolas): Alto Consulting Group (2003), Inversiones Santo Tomás (2003), Colonel Holdings Inc. (2008), Aleron Properties (2009), Cineactiva (2009), Forestal SPT (2009), Peteroa (2009), Mibrigth Inc. (2014), Ansa Consulting Group (2014) y Cagh S.A. (2014).

Como abogado, Hernández no solo ha incursionado en el ámbito tributario, también en el penal. En 2007, la Defensoría Penal Pública le adjudicó una licitación por $83,5 millones a Servicios Profesionales Vizcarra Limitada, sociedad constituida en enero de 2005 por Hernández González y Andrea Vizcarra Catalán.

PRINCIPIO DE BUENA FE

En agosto de 2011, Carmen García, representante de Mossack Fonseca en Chile, visitó un importante estudio de abogados en Santiago. A pesar de que no concretaron ningún negocio (razón por la que no se menciona el nombre del bufete), el reporte que hizo García de esa reunión ofrece un buen ejemplo de los instrumentos de planificación tributaria con los que intentaban seducir a los posibles intermediarios.

A uno de los abogados de ese estudio, García le ofreció utilizar los Life Insurance Wrappers (“seguros de vida de colocación privada”), como fórmula para refugiar capitales de manera segura en algún paraíso fiscal. Este instrumento permite abrir cuentas bancarias en el extranjero sin tener que revelar la identidad del beneficiario, pues en la práctica una compañía de seguros actúa como tal. Esto hace que esos fondos queden blindados y sean prácticamente inembargables. También permite realizar planificación tributaria con las herencias, pues quien recibe los dineros del seguro lo hace “por derecho propio” y no como heredero.

En el informe que Carmen García escribió después de la reunión a sus superiores en Panamá, se lee: “Hablamos sobre las fundaciones y los Life Insurance Wrappers, producto que le pareció interesante, pero señaló que él ya sabía cómo operaba y que seguía siendo peligroso traer dineros a Chile a través de este vehículo, pues si los montos eran significativos, el Servicio de Impuestos Internos con seguridad iba a revisar los oficios en que se está actualmente basando la buena fe tributaria”.

SIIEse año 2011, las gestiones en Chile de los agentes de Mossack Fonseca se enfrentaron a un obstáculo. Desde al menos cuatro estudios jurídicos se les señaló a los representantes del bufete panameño que los chilenos ya no estaban tan interesados en sacar sus capitales de Chile y que lo que buscaban ahora era traerlos de vuelta. Y que para hacerlo, muchos de sus clientes esperarían a la promulgación de la ley de repatriación de capitales que ya se discutía en el Congreso.

El 29 de noviembre de 2011, el socio de un estudio jurídico que tampoco sirvió de intermediario para Mossack Fonseca, le comentó a Carmen García que tenía dos clientes que querían repatriar sus dineros, pero que no habían encontrado un método seguro para hacerlo. “Eran clientes muy desconfiados y él creía que iban a esperar hasta que se promulgara la ley que propone que los dineros de chilenos ingresados desde el extranjero solo paguen 6% de arancel de internación”, se lee en el informe de García.

En marzo de 2012, la agente chilena de Mossfon recibió similar respuesta de otro prestigioso bufete de abogados: “(El cliente) dijo que ahora el interés es traer de vuelta los dineros en el extranjero y no sacarlos. Señaló que era muy posible que se aprobara la Ley de Retorno de Capitales, aunque no creía que el gobierno iba a regalarlo con el 6%, sino más bien alrededor del 12%”.

El artículo 24° transitorio de la Ley 20.780  abrió en 2015 la ventana que muchos esperaban para regularizar sus dineros en el extranjero, pagando un impuesto preferencial y único de solo 8% sobre esos activos no declarados (por la vía “tradicional” ese impuesto podría haber alcanzado un 40%). Al 31 de diciembre de 2015, casi ocho mil personas se habían acogido a este beneficio, lo que le permitió al Fisco recaudar más de US$1.500 millones.

El “perdonazo” tributario impulsado por el Ministerio de Hacienda, eximió de toda responsabilidad penal, civil o administrativa a los contribuyentes que se acogieron a esta amnistía.

LOS OTROS JUGADORES

El tradicional bufete Cariola, Díez, Pérez Cotapos y Cía., fundado a comienzos del siglo pasado, fue por años un activo intermediario de Mossack Fonseca. Entre junio de 1982 y noviembre de 1987 abrió 11 sociedades en Panamá. Por la antigüedad de esas entidades offshore –la mayoría de ellas se encuentra inactiva–, en los registros de Mossfon no figura la identidad de sus beneficiarios.

No obstante lo anterior, en esos mismos registros aparece este estudio de abogados haciendo gestiones para una de esas 11 sociedades hasta 2007. En septiembre de ese año, el bufete Mossack Fonseca recibió instrucciones para que Dunhill Properties S.A., emitiera poderes a favor de tres abogados de Cariola: Sebastián Obach González, Gonzalo Varela Alfonso y Juan Esteban Montero León.

Gonzalo Delaveau Swett es otro de los abogados que sirvió de intermediario con Mossfon para que clientes chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país crearan sociedades en paraísos fiscales. Hastaprincipios de abril Delaveaufue el presidente de Chile Transparente. Tras la publicación del capítulo chileno de los “Papeles de Panamá” (ver reportaje de CIPER), en el que quedó en evidencia el importante vínculo del abogado con cinco sociedades en Bahamas ligadas a la minera Andes Copper, Delaveautuvo que renunciar. Parte de estas sociedades se abrieron desde el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, del que el abogado fue socio. En los registros de Mossack Fonseca, el estudio aparece además vinculado a la sociedad Cape Horn Group Limited, creada en Bahamas en 2002 (inactiva desde 2011).

A fines de los ’90, el estudio Prieto y Cía. –fundado por el consejero legal de ICARE, Patricio Prieto Sánchez–, intermedió en la gestión de siete entidades en Islas Vírgenes Británicas vinculadas a José Yuraszeck y los protagonistas del llamado “Caso Chispas” (ver reportaje). Desde esa firma de abogados, se instruyó a ejecutivos de Mossack Fonseca realizar sucesivos y millonarios aumentos de capital para esas sociedades, las que luego emitieron acciones a nombre de las empresas chilenas de los ex ejecutivos de Enersis. “Prieto y Cía. no participó en la creación de esas sociedades y las actuaciones que nos encargaron nuestro clientes, encuadradas dentro de la legalidad chilena, llevaron finalmente a solicitar la disolución de varias de ellas”, señalaron a CIPER representantes del bufete.

Al igual que la mayoría de los estudios jurídicos ya mencionados, la firma Vial y Cía. figura recurrentemente en los rankings de la guía británica Chambers & Partners, la que distingue a los mejores bufetes de la región. Fundada por el abogado Felipe Vial Claro, en los registros de Mossack Fonseca aparece como intermediaria de cinco sociedades offshore creadas entre 1994 y 2005 en Islas Vírgenes, Bahamas y Seychelles. Una de esas sociedades –aún activa– es Aladin Marine Corporation, propiedad del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

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Mossack Fonseca no es la única compañía que ofrece en Chile la apertura de sociedades en paraísos fiscales para realizar planificación tributaria. En diversos documentos del bufete panameño a los que accedió CIPER, numerosos abogados contactados por Mossfon mencionan que también trabajan con otras compañías: CITCO, Commonwealth Trust Limited (CTL), Alcogal y Amicorp, entre otras. “Incorporan entre 10 y 15 sociedades offshore al año. Eligen con quién hacerlo dependiendo de la preferencia de su cliente”, escribió la ejecutiva de Mossfon Betty Motta tras una visita realizada al estudio de Vial y Cía., en marzo de 2003.

La competencia era fuerte y el mercado chileno estrecho. La misma representante de Mossfon informó, luego de otra visita de negocios realizada a Chile también en marzo de 2003, que los abogados de un estudio con el que no hicieron negocios, utilizaban los servicios de la compañía panameña Alcogal, competencia de Mossfon, y que su mayor preocupación respecto de las fundaciones de interés privado era mantener la confidencialidad del beneficiario final y no perder el control sobre los activos. Betty Motta les entregó a sus interlocutores un dato que era la garantía del secreto: “Ramsés Owens (uno de los abogados principales de Mossack Fonseca), había ayudado a escribir la ley”.

El estudio chileno Larraín, Rencoret, Lackington y Urzúa (Lackington se retiró y se incorporó a Labbe, Ovalle, Guglielmetti & Lackington, estudio que también registra sociedades con Mossfon), es otro de los bufetes que ha sido intermediario de Mossack Fonseca. “Se trata de un estudio de primera línea en Santiago, con veinticuatro abogados, excelente presencia, ubicado en el sector de negocios más prestigioso de Santiago”, escribió la ejecutiva de Mossfon, Sara Montenegro, tras una visita a sus oficinas en diciembre de 2010. La firma aparece como intermediaria de cinco sociedades offshore registradas entre 2005 y 2010 en Panamá.

Cuevas Abogados, bufete creado en 2002 por Gustavo y Álvaro Cuevas, también ha gestionado sociedades con Mossack Fonseca. “Están muy satisfechos con nuestro servicio y mencionaron que les gustaría incrementar el negocio con nosotros”, reportó el agente de Mossfon Amauri Batista tras visitar a los abogados de esta firma en abril de 2008. Son cuatro las sociedades en las que Cuevas abogados aparece como intermediario. Todas fueron constituidas en Panamá entre 2006 y 2009. Desde Cuevas Abogados, respondieron a CIPER: “Ponemos en conocimiento que Cuevas Abogados asesora clientes nacionales y extranjeros con actividades en múltiples jurisdicciones, lo que ameritaba, en algunos casos en el pasado, la constitución de entidades offshore por diversas y legítimas causas (…) Nuestro estudio ha desarrollado su trabajo en un ámbito de pleno respeto a la ley chilena y de acuerdo a las normativas del Servicio de Impuestos Internos (SII)” (ver respuesta completa).

Le interesó especialmente la Fundación de Interés Privado panameña, pero me dijo que sería más fácil venderla dando una idea de cómo funciona el comprar una sociedad y hacer una planificación, y más o menos qué porcentaje de impuestos pueden ahorrarse (…) la conversación me dejó bastante pensativa respecto de cuál sería el justo límite para dar información a los clientes”, escribió Carmen García en el reporte de una reunión que tuvo en enero de 2012 con un abogado de Ovalle y Cía.

Este estudio jurídico fue intermediario de tres sociedades creadas por Mossack Fonseca en 2005, 2011 y 2015 en Panamá. A comienzos de este año Ovalle y Cía. se hizo conocido luego que dos de sus abogados fueran formalizados por presunta prevaricación en el llamado “Caso CAVAL”.

Desde Ovalle y Cía. respondieron a CIPER: “Nuestra oficina no tiene dentro de sus áreas de práctica profesional el ofrecer a sus clientes el trasladar sus capitales a sociedades en el extranjero. Ahora, en las sociedades que nos consulta, de una de ellas no tenemos registro. En las otras, se trató de clientes que ya tenían sociedades de esa naturaleza  y que decidieron ingresar capitales al país o bien desarrollar nuevos negocios, en un caso sin nuestra asesoría (año 2015) y en el otro a través de una sociedad  en cuya formación participamos (año 2005)”.

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Municipalidad de Temuco gastó $100 millones en capacitaciones a bordo del Crucero Skorpios

El Crucero Skorpios II  tiene cinco cubiertas. Entre ellas se reparten más de 50 cabinas, dos salones con bar y un amplio comedor. Cada año, entre mayo y septiembre, este barco zarpa desde Puerto Montt hacia el sur a recorrer el fiordo de Quintupeu, una ruta de volcanes, cascadas y acantilados, además de visitar pueblos y aguas termales. El viaje dura dos días y una noche, y bordea los $200.000 por persona (así es el Skorpios II).

Este es el barco que arrienda la Municipalidad de Temuco cada año -desde 2013- para realizar capacitaciones a sus funcionarios. Cada viaje le cuesta por lo menos $14 millones al municipio, y como en los últimos tres años lo ha arrendado en siete ocasiones, ha debido desembolsar $100 millones en total.

El pago de estos viajes en el Skorpios II no sale directamente de la caja de la Municipalidad de Temuco. Los tres viajes de 2013 y 2014 los pagó el Instituto Profesional La Araucana, entidad con la que el municipio firmó tres contratos directos para realizar capacitaciones por $17,5 millones cada una.

Los otros cuatro viajes de 2015 y 2016 fueron cancelados por la empresa Capacitaciones Leik Limitada (Chile Trainers). Para ello, la municipalidad licitó sus capacitaciones a través de Mercado Público y todas fueron adjudicadas a esta empresa. Los montos de esos contratos fluctúan entre $17,8 millones y $35,9 millones.

Miguel Becker Alvear
Miguel Becker Alvear

En todos estos contratos la mayor parte del gasto se destina al pago del Skorpios: entre el 70% y el 80% del total. El resto corresponde al  pago por el entrenamiento a los funcionarios municipales.

Una de las capacitaciones de 2015 incluyó dos viajes a bordo del Skorpios II, lo que elevó el gasto del curso en $28 millones. El monto fue pagado con dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

El alcalde de Temuco, Miguel Becker Alvear (RN), justifica los gastos ya que, según explicó a CIPER, el objetivo es hacer capacitaciones “distintas” y el precio le parece “adecuado”.

Miguel Becker hizo noticia el viernes 3 de junio por oponerse a la propuesta de quitar el título de Ciudadano Ilustre de Temuco al ex general Augusto Pinochet, comparando la situación con el Premio Nobel del poeta Pablo Neruda. “A mí no me parece ese premio de Neruda, ¡que lo devuelva!”, dijo a SoyChile.cl.

ARRIBA DEL SKORPIOS

Lo que ocurre arriba del barco fue relatado a CIPER por el propio alcalde Miguel Becker:

-A cada capacitación asisten 90 funcionarios. Nunca se debe repetir nadie, salvo el alcalde, que ha viajado en todos los viajes. Y créeme que el primero fue entretenido, el segundo no mucho, el tercero ya no me entretuvo nada y el séptimo mucho menos.  Y no es un crucero: es un lugar donde la gente se capacita y es mejor que un hotel para que no se me escapen.

El edil explicó que los 90 funcionarios se dividen en cuatro colores y se distribuyen entre los dos bares que tiene el barco:

“Se hace un trabajo en alianza y se prepara un sketch, con presentaciones para la noche del día viernes. Lo que se hace es de alguna forma representar las cosas que no hacemos bien y, después, se hace una representación de cómo se pueden hacer mejor. Entonces se hace un tipo role play, en que hay personas que son las que atienden la municipalidad y otras que llegan a requerir el servicio. Y claro, a veces resulta bien duro ver cómo hay personas que incluso se logran identificar y se comprometen a cambiar. Ahí,  después de que se hace un análisis de la presentación, empieza esto de cómo mejorar”, explica el alcalde.

aguas termales
(Fuente: web Cruceros Skorpios)

-El recorrido del Skorpios incluye visitas a aguas termales y a ciertos pueblos. ¿Eso también está incluido en la capacitación?
-Sí, sí. Se hace prácticamente fuera de horario, digamos. Se baja a las termas durante dos horas y en Horno Pirén durante dos horas también, una cosa así.

-¿Y también incluye el bar abierto y la cena bailable que ofrece el barco?
-El bar no es tan abierto.

-¿Cómo es entonces?
-No, porque yo lo he restringido durante todos los viajes. El servicio se supone que en el papel está disponible, pero yo lo he tendido a restringir.

-¿Quién tomó la decisión de realizar estas capacitaciones a bordo de un crucero?
-Es parte de la Comisión de Capacitación de la municipalidad. Con el propósito de hacer un tipo de capacitaciones distintas, y con un precio que nos parece adecuado, quisimos hacer esta capacitación en el Skorpios.

VIAJES AUSPICIADOS POR EL FAEP

La crisis que se ha arrastrado durante los últimos años en la educación pública también golpea a Temuco. Hace 10 años la matrícula municipal bordeaba los 25 mil alumnos, hoy son casi 10 mil menos. La mitad de estos niños ha emigrado durante la gestión del alcalde Miguel Becker, que asumió en 2008 (vea la evolución de la matrícula).

Para establecimientos municipales y particulares subvencionados, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), elabora anualmente el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), que refleja la condición de vulnerabilidad asociada a los estudiantes de cada establecimiento. Según los registros de la Junaeb, el IVE 2016 alcanzó el 67,1% en Temuco. Si reducimos la medición solo a los colegios municipales, la cifra supera el 80% y hay cinco colegios de esa ciudad que alcanzan el 100%.

Una de las capacitaciones licitadas en 2015 se destinó a perfeccionar a los directores y jefes de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) de los colegios y funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DAEM). Serían en total 180 funcionarios por lo que el cronograma incluyó dos viajes a bordo del Skorpios II.

El contrato se firmó con la empresa Capacitaciones Leik el 7 de julio de 2015 por un total de $35,9 millones (vea el contrato). En las bases de la licitación se destaca en letras negritas: “El municipio mantiene dos reservas para las fechas indicadas para el viaje en el barco Skorpios II, por un valor de $14.000.000 (cada una), la que será transferida al oferente que se adjudique la presente propuesta” (vea las bases).

Los $28 millones que pagó la municipalidad por los dos viajes en el Skorpios II, fueron pagados con dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Este fondo estatal está destinado al apoyo de la gestión de los municipios en materia educativa. Temuco recibió en 2015 más de $2.170 millones del FAEP, los que se podían gastar, entre otras cosas, en capacitaciones para los funcionarios de la educación.

Escuela Mollulco de Temuco
Escuela Mollulco de Temuco

El alcalde de Temuco explica que ese gasto fue rendido y aprobado por el Ministerio de Educación. Pero, en la práctica, lo que la Municipalidad de Temuco rindió fue la capacitación de sus funcionarios, a través de informes y fotos, sin detallar que casi el 80% del costo correspondía a los dos viajes en el crucero Skorpios II.

-Yo lo justifico plenamente, porque sí se hizo un muy buen trabajo con los directores y con los jefes de UTP, sí se logró el objetivo absolutamente y, de acuerdo a lo que tengo en una calculadora aquí, los $28 millones divididos en 200 personas que habrían viajado, son alrededor de $140 mil por persona- fundamenta el alcalde Becker.

-¿Y nadie en el Concejo Municipal o en otro ámbito de Temuco le ha formulado una crítica por las capacitaciones en el Skorpios?

-Estos gastos son públicos, la gente los conoce, los sabe, y lo que está viendo es que la ciudad está mejorando en todos los aspectos. No creo que vayan a cuestionar por $200 mil una capacitación de un director de un establecimiento educacional que ha tenido buenos resultados.

Becker cuenta que incluso ha mandado a algunos directores de colegios a Estados Unidos a capacitarse. Una actividad que ahora ha extendido a los alumnos:

“Estoy mandando a 30 alumnos destacados de los terceros medios de nuestros liceos a Nueva York, durante casi un mes. Eso nos cuesta cerca de $160 millones. Me podría llamar por eso también. Ahora, usted me puede decir: ‘¿por qué no hizo esta capacitación de Inglés en la comuna de Lautaro, donde tienen un muy buen profesor de Inglés? Y la respuesta es: porque quiero que los niños conozcan una realidad distinta, que vayan a Nueva York. En Boston, van a ir a visitar la Universidad de Harvard y espero abrir los ojos de niños del área rural muy carenciados”.

CONTRATACIÓN A DEDO

El proceso para elegir a la empresa que realizó las tres primeras capacitaciones entre 2013 y 2014 no fue público. El municipio de Temuco seleccionó de forma directa al Instituto Profesional La Araucana para que se hiciera cargo de los cursos.

El primer contrato se firmó el 24 de abril de 2013. Allí solo se detalla que la capacitación para 90 funcionarios municipales se realizará de forma íntegra a bordo del barco los días 26 y 27 de julio, por $17,5 millones (vea el contrato).

En esa oportunidad, el barco utilizado fue el  Skorpios III, más grande y más caro que el Skorpios II. Pero en el contrato no hay registro del mayor desembolso que le significó a la municipalidad este viaje. Como el precio está incluido dentro del costo general de la capacitación, el barco lo pagó directamente el Instituto Profesional La Araucana.

El decreto N° 279, que autorizó la contratación directa de La Araucana, establece que la municipalidad solo cotizó con esta empresa e incluye su propuesta: una capacitación de “Liderazgo y Trabajo en Equipo”  100% práctica, a través de “juegos de roles y cuestionamientos propios”, de casi cinco horas de duración entre los dos días de viaje (vea el decreto y la propuesta).

Carolina Aedo Sabugal
Carolina Aedo Sabugal

Para los dos contratos siguientes, de mayo y septiembre de 2014, el Instituto Profesional La Araucana presentó un programa creado por Chile Employment, compañía de reclutamiento, selección y capacitación de personal de Temuco. Dos relatoras de esa misma empresa fueron contratadas por La Araucana para que impartieran los cursos. Una de ellas, la psicóloga Carolina Aedo Sabugal, directora y dueña de Chile Employment, tendría un rol protagónico en los contratos de 2015 y 2016.

El programa “Comunicación y Gestión del Trabajo en Equipo”, creado por Chile Employment, agregó dos jornadas de trabajo, una previa y otra posterior al viaje en el barco. También detalló unidades temáticas, metodología y cronograma. Parte de ese plan de trabajo fue ocupado posteriormente por la Municipalidad de Temuco para crear las bases de las futuras licitaciones (vea el programa).

En 2014, a pesar de aumentar la cantidad de jornadas y de relatores, el precio se mantuvo en los $17,5 millones por capacitación. A diferencia del contrato de 2013, estos sí incluyeron un desglose del presupuesto. En base a estos documentos es posible afirmar que el arriendo del barco representó el 80% del monto final: $14 millones (vea el presupuesto de los contratos).

ADJUDICATARIA CONOCIDA

Las tres capacitaciones de 2015 y 2016 fueron licitadas a través del portal Mercado Público y en las tres ocasiones la beneficiada fue Capacitaciones Leik Limitada, más conocida como Chile Trainers. Pero existía un vínculo previo entre esta empresa y el municipio. Una de sus dueñas ya había estado a bordo del Skorpios II.

La directora y dueña de Chile Employment, Carolina Aedo Sabugal, también es dueña de Capacitaciones Leik junto a su esposo, Leik Patrick Caro Berenguer. La empresa fue constituida en 2013.

Su nombre solo aparece en el programa de capacitación que presentó el Instituto La Araucana en mayo de 2014, aunque también realizó la capacitación de septiembre del mismo año. Así lo demuestra ella misma en los anexos técnicos de la primera licitación que ganó su empresa, en mayo de 2015. Allí, para acreditar su experiencia como relatora, adjuntó las boletas que emitió al Instituto Profesional La Araucana por liderar las dos capacitaciones de 2014 a bordo del crucero (vea las boletas).

En dos de las tres licitaciones que ganó, la empresa de Carolina Aedo compitió contra otras propuestas, pero la ventaja era clara. El municipio de Temuco creó las bases técnicas ocupando los mismos contenidos que fijó Chile Employment para capacitar a los funcionarios en 2014, el mismo programa que aplica la empresa de los mismos dueños: Capacitaciones Leik (vea el programa).

LA ADVERTENCIA DE CHILECOMPRA

Para la licitación de 2016, Carolina Aedo siguió presentando el mismo programa que utilizó en la capacitación que el municipio pagó a La Araucana. Solo el precio cambió: subió a $21,6 millones. Esta vez, el costo del crucero también aumentó y alcanzó los $15 millones.

Un mes antes de que el Skorpios II iniciara una nueva travesía con los funcionarios municipales de Temuco, el municipio recibió una notificación del Observatorio de ChileCompra. En el documento, que fue recibido en la alcaldía el 22 de abril, se advirtió sobre el contenido de una denuncia anónima que cuestionaba el gasto de las capacitaciones. Allí se lee:

“El Observatorio de ChileCompra expresa que no obstante cada organismo es autónomo en la decisión de contrataciones y gastos de su presupuesto, le recomendamos evaluar la pertinencia de continuar con este proceso, considerando los posibles inconvenientes y cuestionamientos públicos, en particular dada la actual política de ahorro del gasto público y los mensajes de austeridad entregados a la ciudadanía por parte de nuestras autoridades”.

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(Fuente: web Cruceros Skorpios)

La respuesta del alcalde de Temuco se despachó el 29 de abril. Allí explica: “La política de capacitación del municipio está refrendada por las correspondientes partidas presupuestarias (…) la cual es autorizada por el concejo municipal y cuyo detalle de actividades también ha sido conocida oportunamente por dicho cuerpo colegiado municipal” (vea la respuesta completa).

La revisión de las actas del Concejo Municipal de Temuco que hizo CIPER, indica que la única contratación que pasó por dicha instancia fue la capacitación que se hizo en julio de 2015. Precisamente los dos viajes que se hicieron en el Skorpios II y que se pagaron con fondos del FAEP. El acta del consejo realizado el 16 de junio de 2015, revela que la decisión contó con el apoyo unánime de los concejales.

Los otros cinco cruceros a bordo del Skorpios se hicieron sin pasar por la aprobación del consejo ya que el costo de cada capacitación no superaba las 500 UTM (sobre los $20 millones desde 2013).

“Si Chile quiere crecer tiene que superar las limitaciones del neoliberalismo”

Hay algo en la vida de Ha-Joon Chang que probablemente muchos chilenos quisieran experimentar. No es el hecho de que sea un economista súper ventas, capaz de explicar en forma simple lo que muchos de sus colegas no pueden; ni tampoco, que enseña en la Universidad de Cambridge, donde Darwin, Newton, Russell, Keynes, Maxwell, Dirac y tantos otros incubaron muchas de las ideas que han dado forma al mundo moderno.

Lo realmente envidiable está en que es coreano y tiene la experiencia de ver cómo su país dejó la pobreza en solo una generación. Su infancia transcurrió en una Corea aún devastada por la guerra y al cumplir 40 años (2003), ya era ciudadano de una de las naciones más prósperas del planeta.

En su libro Malos Samaritanos (RHbooks, 2007) recuerda que a comienzos de 2000 visitó en Seúl una exposición de fotos de Corea de los años de su infancia, cuando nada permitía pensar que había caminos para salir de la pobreza. Entonces era un lujo tener baño al interior de la casa, los colegios amontonaban 90 niños por sala y la economía se basaba en la pesca y en la fabricación de pelucas y textiles baratos. Durante los años 60 uno de los ingresos más importantes del país fue el pago que recibía de Estados Unidos por el envió de tropas a la guerra de Vietnam.

Mientras Chang observaba esas postales de su pasado oyó a un par de veinteañeras comentar: “¿Cómo puede eso ser Corea? ¡Parece Vietnam!”.

Lo que a Chang le era tan familiar, se había vuelto irreconocible para la generación siguiente. La gran cantidad de dinero disponible en la vida de esas jóvenes (y los bienes y oportunidades que éste permite) eran la explicación más evidente para esa distancia generacional. En términos del PIB per cápita, Corea saltó de US$82 en 1960 a US$15.000 en 2003 (en el mismo periodo Chile pasó de US$550 a US$4.000). Chang estima que en esos 40 años el poder de compra de los coreanos creció 14 veces, un salto que al Reino Unido le tomó dos siglos (desde el inicio de la revolución industrial a nuestros días), mientras que a Estados Unidos le demandó un siglo y medio. Ese descomunal crecimiento es conocido como el “milagro coreano”.

Pero la cantidad de dinero no es lo único por lo que esas jóvenes no reconocían a su nación en esas fotos. Había otro elemento, que para Chang constituye una moraleja central del caso coreano y lo diferencia de países como Chile, que habiendo partido antes se han quedado atrás. El país de las fotos solo sabía pescar y pelear. Las jóvenes que miraban esas fotos, en cambio, eran parte de una generación que podía construir barcos, celulares, computadores y autos. En una generación Corea había logrado transformar su estructura productiva, haciendo aparecer empresas innovadoras como Samsung, KIA, LG o Hyundai. El aumento del PIB era solo la consecuencia de ese proceso, el verdadero milagro.

Ha Joon Chang
Ha Joon Chang

En su libro Economía para el 99 por ciento de la población (Debate, 2015), Chang ahonda en estas ideas. Para mostrar lo engañoso que es mirar solo el aumento del dinero, explica que entre 1995 y 2010 el país cuyo PIB más creció en el mundo fue Guinea Ecuatorial, en el centro de África: 18,6% al año, el doble de lo que ha crecido China en las últimas dos décadas. ¿Por qué no se habla del milagro de Guinea? Simplemente porque su crecimiento se debió al descubrimiento de petróleo. “Nada en su economía cambió. Guinea ni siquiera tiene tecnología para extraer su propio petróleo”, argumenta Chang. Peor aún, dado que su elevado PIB “no se consiguió como resultado de que sus ciudadanos mejoraran su habilidad de producir”, cuando el petróleo se acabe o el precio caiga “volverá a ser uno de los países más pobres del mundo”.

Chang menciona que eso fue exactamente lo que le ocurrió a Chile a comienzos del Siglo XX, cuando la desarrollada industria alemana logró producir salitre sintético y nuestra economía se derrumbó. Recientemente el economista Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, advirtió que podemos estar repitiendo esa historia. Nuestro crecimiento, dijo Hausmann, ha estado sostenido por el alto precio del cobre y ahora que el precio baja, no hay nada que lo sostenga. Así como Guinea no puede extraer su propio petróleo, Hausmann ha subrayado que son empresas extranjeras las que controlan nuestra minería, a pesar de que hace más de cien años que dependemos de ese negocio (ver entrevista en CIPER). Otros investigadores han destacado, además, que no somos capaces de refinar nuestro cobre.

Para Ha-Joon Chang es un error creer que un PIB alto implica un “desarrollo económico”. Sostiene que esto último se logra solo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas: cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo.

Para conseguir eso no da lo mismo qué producen los países. Aunque una industria de pescado puede ser tan rentable como una industria electrónica, la primera requiere y promueve menos habilidades productivas y organizativas que la última. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero, el verdadero centro de “aprendizaje del capitalismo”.

En Chile, sin embargo, el análisis del gobierno y los empresarios no identifica como algo particularmente malo el que Chile siga ligado a la producción de materias primas. El tema casi no es mencionado en la batería de propuestas para mejorar la productividad que se discuten, en parte porque se ha asentado la idea de que lo que conviene es aprovechar las ventajas comparativas de Chile (lo que naturalmente tenemos: cobre, frutas, mano de obra barata), pues “llevar una fruta con embalaje adecuado a Europa, cuidando la cadena de frío, puede generar tanta agregación de valor como exportar un refrigerador”, según explicó la ex directora de ProChile Alicia Frohmann en 2006.

Tanto empresarios como gobierno creen que es urgente mejorar la productividad, entendida como hacer más cosas con menos insumos. Y el problema de productividad se atribuye a que nuestra fuerza de trabajo está mal preparada y a la excesiva burocracia estatal para generar nuevos emprendimientos. Un diagnóstico que justifica, en parte, la fuerte inversión en educación superior (gratuidad universitaria y programas de generación de capital humano avanzado como Becas Chile). Y también explica que la mayoría de las propuestas para aumentar la productividad que discuten gobierno y empresarios apunten a la eliminación de trámites.

Ha-JoonChang cree que el énfasis en la educación está errado. Porque aunque el conocimiento es esencial para innovar, lo que logra cambiar la estructura productiva de un país no es el conocimiento individual, sino el conocimiento colectivo: “Ahí está la gran diferencia entre un país rico y un país pobre”, dice.

Para ilustrar esto cuenta que cuando llegó al Reino Unido a hacer su doctorado se sorprendió con la mala formación de muchos trabajadores del sector servicios. “Entraba a una tienda, compraba tres cosas de 1,15 libras y para cobrarme usaban la calculadora. Me preguntaba: ¿cómo es posible que un país con gente así sea tres veces más rico que Corea? Luego entendí que justamente ahí estaba la clave. Lo relevante no es el conocimiento individual. De hecho, en términos individuales, las personas en países pobres tienden a ser mucho más listas porque necesitan sobrevivir. Lo que hace al Reino Unido más próspero es que colectivamente es más inteligente. Es decir, detrás de toda la gente mal preparada hay una enorme infraestructura, tecnología, organizaciones privadas, regulaciones públicas adecuadas, una red organizada productivamente mucho mejor que en otros países. A eso llamo “conocimiento colectivo”.

Sobre la estrategia chilena comenta:

-Indudablemente para desarrollase se necesita educar bien a las personas. Pero es una fantasía creer que las personas mejor educadas van a crear sus propios trabajos. Esa fantasía se alimenta de la creencia de que Sillicon Valley fue hecho por gente muy bien preparada, como Steve Jobs. Pero Sillicon Valley no se creó así: ahora sabemos que buena parte de eso es resultado de la inversión en la industria militar norteamericana (ver entrevista a Mariana Mazzucato).

Sobre la gratuidad universitaria: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde las personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que han hecho se va a perder”.

Por eso, Chang argumenta que es un error pensar que con muchos profesionales y técnicos Chile se va a transformar en Alemania o Estados Unidos: “Lo que hace diferente a Chile de esos países no es solo la cantidad de doctorados sino que Estados Unidos tiene a la Boeing y Alemania a la Volkswagen; y cada una de esas empresas está ligada a una red de firmas medianas y de proveedores pequeños”. Esa compleja red de relaciones entre empresas, donde participa el Estado en diferentes proyectos, permite que el conocimiento productivo eche raíces en la sociedad.

Un país donde el conocimiento NO está enraizado es Filipinas. Allí, dice Chang, se han instalado importantes compañías internacionales que exportan tecnología de punta; pero no expanden la tecnología a las empresas locales, no están integradas con el resto de la economía: solo usan la mano de obra barata del país. “Los filipinos no organizaron su industria tecnología, no internalizan la tecnología que producen y, en el momento en que esas empresas se vayan, los filipinos volverán a la agricultura”, explica.

Un país donde el conocimiento sí está enraizado es Alemania: después de la devastación tras la Segunda Guerra, seguía siendo considerado un país desarrollado, mientras que Perú y Chile no. ¿Por qué? Porque pese a la destrucción, los alemanes tenían conocimientos y formas de producir que les permitieron salir adelante muy pronto.

-Usted puede producir cientos de PhD en ciencia, en ingeniería, o en economía, pero ellos podrán hacer poco si no están reunidos, organizados en emprendimientos colectivos y trabajando juntos para crear desarrollo económico. Porque en la economía moderna el desarrollo de las habilidades productivas mayoritariamente ocurre adentro de las empresas antes que a nivel individual. Y si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder -dijo Chang a CIPER.

POBRES: FLOJOS O TONTOS

Para Ha-Joon Chang el error que comete la política pública chilena se explica en parte porque, siguiendo las ideas neoliberales, descarga toda la responsabilidad del desarrollo en los individuos. El análisis dominante sobre nuestra baja productividad responsabiliza esencialmente a los trabajadores mal preparados. Por debajo de ese argumento oficial, emerge cada tanto una acusación moral: la flojera. A veces se dice directamente (como lo registró la encuesta CEP en 2015, donde el 40% de los chilenos atribuyó la pobreza a la flojera). Otras, se sugiere en discursos bien intencionados del tipo “no hay excusas para que te vaya mal” (ver entrevista a Matías del Río).

Dado que el peso se pone en el individuo, dice Chang, el sistema hace creer a las personas que todo depende de ellos y que si no triunfan es porque “o son flojos o son tontos”. Ese discurso se usa en contra de naciones enteras cuando se quedan atrás. Se culpa a su cultura: dilapidadores, poco serios, bananeros. Chang contra argumenta: “Los alemanes culpan a los griegos de su situación alegando que son flojos pero quieren vivir como alemanes. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la OCDE, los griegos trabajan 30% más que los alemanes y 40% más que los holandeses (oficialmente los más flojos de Europa). La misma opinión tienen los norteamericanos de los mexicanos aunque estos últimos son los que más trabajan en la OECD. ¡Los mexicanos trabajan más que mis compatriotas de Corea!”, dijo Chang en una conferencia reciente.

Para el académico el problema no es -como se hace creer- un asunto de la ética del trabajo, sino de cuán productivo es ese trabajo. Y esa productividad, dice, rara vez es responsabilidad de las personas, sino que depende esencialmente del equipamiento, de la forma en que están organizadas las empresas y operan las instituciones. “Si el país no puede proveer eso, la gente trabajará muy duro sin que su trabajo rinda”, dijo a CIPER. Y agregó: “Si a alguien hay que culpar en México o Grecia es a las personas ricas y poderosas de esos países que, teniendo control sobre los determinantes de la productividad, han hecho poco para proveerlos en la cantidad necesaria”.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)
Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

En este punto Chang coincide con lo expresado por el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, quien explicó a CIPER que la baja formación de los trabajadores no es un problema con el que las empresas se encuentran, sino que, en buena medida, ellas mismas lo producen. Y ello, porque se concentran en la explotación de materias primas, las cuales ofrecen pocos buenos trabajos (quedan en manos de una elite, como mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman) y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad.

Dado que esa es la realidad del mercado laboral chileno, los jóvenes pobres que invierten en educarse no encuentran empleos acorde a su preparación y, como advierte Chang, la inversión que han hecho se pierde. Schneider argumenta que ese fracaso desincentivará a la siguiente generación a formarse mejor con lo que el problema de las habilidades persiste. El académico del MIT es tajante: el sistema capitalista chileno (al que por su concentración llama “jerárquico” o “familiar”) no tiene capacidad por sí solo de salir de esa trampa de bajas habilidades.

A pesar de lo injusto del análisis, el que se insista en situar la responsabilidad en la espalda del individuo, es para Chang una estrategia política: “Al hacer que las personas se culpen y se sientan avergonzadas de su situación, estas pierden fuerzas y argumentos para cambiar el sistema”. Si en cambio -agrega- tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción, “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Pero, ¿qué cambios cree Chang que se deben empujar? La respuesta tiene que ver, al menos en parte, con cómo Corea logró generar ese conocimiento colectivo partiendo desde tan abajo.

MARCHA FORZADA AL DESARROLLO

Durante décadas economistas y sociólogos han buscado aprender y reproducir las claves de la prosperidad coreana.

En los ‘80 estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial argumentaron que el “milagro” se debía a las políticas de libre mercado que esas mismas instituciones fomentaban, en especial a la reducción de la interferencia del gobierno en la economía y a la eliminación de las barreras arancelarias. Robert Wade, sociólogo de la London School of Economics, afirma en su libro Gobernando al Mercado (Princeton University Press, 1990), que esta interpretación reforzó las convicciones anti Estado de estos organismos y los hizo justificar el imponer políticas neoliberales a los países que no querían aplicarlas.

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Fue así que se conoció en Chile el “milagro coreano”. En los ‘90 el slogan “Chile, jaguar latinoamericano”, reforzó la impresión de que nuestro modelo era el mismo que habían seguido ellos y, por lo tanto, llegar a la misma meta era sólo cuestión de tiempo.

En la última reunión de ICARE en abril pasado, gobierno y empresarios analizaron algunos de los problemas de la baja productividad chilena (ver entrevista), y el ejemplo de los tigres asiáticos sirvió para ilustrar otro tipo de moraleja económica.

El economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, mostró el gráfico que aparece aquí arriba en el que se compara la velocidad de crecimiento de diez naciones desarrolladas entre 1750 y hoy. El Reino Unido (UK) es el primero en iniciar su desarrollo a mediados del Siglo XVIII, gracias a la revolución industrial. Creciendo en promedio 1,5 % anual, UK demoró dos siglos en llegar al elevado PIB per cápita que hoy tiene. Luego comenzó a crecer Estados Unidos, a un 2% anual en promedio; Francia y Alemania a un 2,5%; hasta llegar a China que durante los últimos 20 años ha crecido a un 8% anual.

Ramos resaltó el hecho de que mientras más tarde comienzan los países su desarrollo, más rápido crecen. Eso se explica -afirmó- por lo que los norteamericanos llaman “catch up”, esto es, la copia inteligente de tecnología. “Los norteamericanos crecieron más rápido que los ingleses porque no tuvieron que inventar la máquina a vapor sino que la compraron y la incorporaron a su producción”, explicó Ramos. Del mismo modo actuaron japoneses, coreanos y chinos: aprovecharon la tecnología existente desarrollada por franceses, alemanes y noruegos. Parten su desarrollo usando la tecnología más avanzada.

Esta “copia inteligente” -argumentó Ramos- es el motivo por el que la productividad chilena creció en los ´90. Por ejemplo, cuando se incorporó a la agricultura el riego por goteo inventado por los israelíes. O la introducción de tecnología para la exportación de vino que trajeron empresas españolas en los´80 y que permitió que Chile comenzara a exportarlos. Ramos recomendó volver a esa estrategia para recuperar la productividad perdida (ver a partir del minuto 5 para precisiones técnicas del gráfico).

Tanto los énfasis del FMI de los ´80 como los de Joseph Ramos apuntan a partes relevantes del “milagro coreano” y del desarrollo de las naciones más prósperas. Pero dejan fuera un aspecto sin el cual, en opinión de Chang, ni Corea ni ninguno de los otros países que aparecen en ese mismo gráfico se habrían desarrollado como lo hicieron: el rol del Estado. Al menos durante los primeros 30 años de su despegue, el gobierno coreano dirigió “agresivamente las actividades de las empresas privadas, ordenándoles hacer determinadas cosas y prohibiéndoles otras”, escribió Wade en Gobernando al Mercado, uno de los primeros textos que cuestiona la versión de que los tigres asiáticos son el resultado de políticas neoliberales.

Para el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, esta fuerte presencia pública dirigiendo a los actores hacia metas colectivas que podían no coincidir con sus intereses particulares, no es exclusiva de Corea. “Una profunda consideración de las políticas industriales exitosas en el Siglo XX difícilmente puede ignorar esta característica coercitiva”, sostiene Schneider en su libro Capitalismo Jerárquico en Latinoamérica (Cambridge University Press, 2013) (ver entrevista).

En el “milagro coreano” la participación del Estado es tan central que la similitud con el “jaguar” chileno debe reducirse sólo al hecho de que ambos países despegaron económicamente bajo dictaduras (aunque la de ellos fue bastante menos cruenta y nuestro despegue fue bastante menos espectacular y menos largo. Ver gráfico). Mientras Pinochet entregó el escenario económico a empresas y replegó al Estado, la dictadura de Park Chung-Hee no confió en las empresas y no estuvo dispuesta a que, como resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, el país siguiera siendo productor de pelucas y pescados. En consecuencia, alineó las fuerzas del mercado hacia una meta nacional: la creación de industria pesada, química y electrónica.

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Muchas de las políticas coreanas se sintetizan en el esfuerzo que hizo ese gobierno para construir una moderna fundición de acero, pieza central de su plan de industrialización. Corea pidió recursos a Estados Unidos, Alemania, Francia y al Reino Unido, pero la idea estaba fuera de la lógica económica: era un país pobre, con mano de obra sin especialización y sin los recursos naturales necesarios. En el artículo “La peor proposición de negocios del mundo”, Chang recuerda que, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, “un país como Corea, con mucha mano de obra y poco capital, no debe hacer productos que consuman capital intensivamente, como el acero”, por lo que la recomendación era que desarrollara su industria pesquera.

Como se ha visto, ese argumento se usa en Chile para estimar que no es necesariamente malo que Chile dependa de los commodities.

Para hacer apetitoso el proyecto de la fundición de acero a los privados, el gobierno coreano ofreció subsidios, construcción gratuita de la infraestructura necesaria y rebajas tributarias, pero no hubo inversionistas interesados. Finalmente fue el propio Estado el que pago la planta, usando recursos de la indemnización que pagó Japón por haber hecho del país una colonia durante 35 años.

La refinería comenzó a operar en 1973 y para 1990 era una de las compañías de acero líderes del mundo. Fue privatizada en 2001 no porque operara mal sino porque, cuenta Chang, el ascenso de las políticas neoliberales -que también llegó a Corea- convenció al Estado de no dedicarse a esas cosas. En 2014 era la cuarta productora de acero del mundo.

Ese éxito se repite con distintos énfasis en muchas otras empresas asiáticas donde el Estado empuja la inversión privada en una dirección o la reemplaza cuando esta no aparece. Otro ejemplo es Toyota, que en 1933 era productora de textiles, hasta que comenzó a recibir grandes cantidades de recursos del Estado japonés para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y supervigiló estrictamente los planes y metas de esta transformación. Lo mismo ocurre en Singapur.

Chang argumenta que si uno lee solo The Economist parece que Singapur es el resultado del libre mercado. Pero no se dice que el 90% de la tierra es del gobierno, que el 85% de las casas son provistas por una corporación gubernamental y que el 22% de la riqueza es producida por empresas estatales, entre las que se incluye una línea aérea nacional.

¿Qué significa esto? ¿Qué los gobiernos tiene más intuición para los negocios que los privados? Por supuesto que no. De hecho, junto a esta lista de éxitos públicos se podría agregar otra igual o más larga de fracasos públicos. Pero entonces, ¿cómo hay que entender el éxito de los “tigres asiáticos”? Y en lo que respecta a Chile: ¿se puede crecer copiando solo la mitad privada del modelo? ¿Es posible que sea eficiente el catch up tecnológico sin la clara orientación con que estos países lo usaron?

Con el TPP los países ricos están pateando muy lejos la escalera que los llevó al desarrollo.

No hay respuesta única. Muchas entidades internacionales, luego de asumir que “las buenas políticas neoliberales” no explicaban el desarrollo de los tigres, comenzaron a preguntarse cómo es que se desarrollaron a pesar a sus malas políticas, ironiza Chang.

La duda se acrecienta cuando este economista muestra en su prolífica obra que el Estado ha estado presente como factor clave en el desarrollo de todos los países que hoy son prósperos, desde el Reino Unido y Estados Unidos (el más proteccionista del mundo en todo el Siglo XIX, dice Chang) hasta Finlandia, Noruega e Italia, que usaron las barreras arancelarias para proteger las industrias que querían desarrollar, crearon empresas públicas cuando las necesitaban y “se involucraron en dirigir el flujo del crédito bancario hacia las industrias estratégicas”, según escribe en Malos Samaritanos.

La duda se acrecienta cuando la economista Mariana Mazzucato explica que la tecnología que hace inteligente a los Ipad no es resultado de la investigación e inversión privada, sino del financiamiento público de Estados Unidos para desarrollar su industria bélica y la exploración espacial. Ese financiamiento se irrigó por todo Sillicon Valley, haciéndolo próspero e innovador. Mazzucato llega a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

Para abordar estas dudas, Mazzucato sugiere que el Estado no trata de levantar negocios específicos, ya que en todos estos ejemplos hace algo aún más complejo: movilizar todo un sector de la economía ya sea extendiendo el período de gloria de una industria o creando un nuevo sector tecnológico. Esas tareas son mucho más riesgosas y conllevan un alto número de fracasos. Dado que el capital de riesgo privado no entra en esas inversiones (como lo ilustra el caso de la fundición coreana), su tasa de acierto parece más alta.

Por eso mismo, repara Mazzucato, no hay capital de riesgo en el origen de Sillicon Valley, ni en el despegue de Corea. Y por eso Toyota no decidió por sí sola correr el riesgo del saltar de la textil al negocio automotriz, sino que fue un proyecto público. Para Mazzucato esto refuerza la idea de que el Estado tiene un rol central no solo en mover la frontera del conocimiento (es el gran generador de la innovación), sino en crear el medio ambiente económico necesario; el “conocimiento colectivo” necesario para que otras empresas surjan.

En ese sentido, Corea es para Ha-Joon Chang, el resultado de “una inteligente mezcla de incentivos de mercado y dirección pública”. Es decir, de un pluralismo metodológico que él denomina “planificación indicativa” como alternativa al libre comercio y a la planificación centralizada. Al presentar al Estado como un lastre -sostiene- lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (Patear lejos la escalera del desarrollo, Anthem Press, 2003). A su vez, al promover solo el libre comercio (es decir, ausencia de monopolios, libre entrada y salida de empresas y mercancías, claros derechos de propiedad, etc.), lo que se promueve es el estancamiento.

La actitud correcta para un país que busca el desarrollo -dice Chang- es tener una caja de herramientas variadas donde no hay actores ni políticas que sean per se malas. Y eso no es un decir: para él incluso el acuerdo de precios entre empresas, como la colusión del papel tissue, los pollos y las farmacias y que han causado indignación en Chile, pueden ser buenas políticas para un país.

-En Corea esos acuerdos se hicieron muchas veces. También en Japón, Alemania y en muchos países que buscan desarrollar industrias. El punto es que, cuando esas industrias están creciendo, si enfrentan una guerra de precios o la competencia internacional, pueden colapsar con lo que todo el capital invertido se pierde. Por supuesto, esos acuerdos se hacen con objetivos sociales claros y con una amplia regulación y control estatal.

Es lo que sucedió con las aglomeraciones empresariales coreanas (chaebol), donde el Estado aseguraba cierto nivel de precio, protección del comercio internacional y financiamiento, a condición de que, dentro de un plazo, las empresas produjeran cierto tipo de bienes con mayor contenido tecnológico y demandando insumos a las empresas nacionales, presionando por el desparrame tecnológico y generando mayores y mejores empleos. La economista Alice Amsden (junto con Chang y Wade,) se refieren a esta política como de “zanahoria y látigo“: de apoyo a la empresa pero bajo criterios de desarrollo nacional impuestos desde el Estado.

-En Chile, los acuerdos de precios que hemos conocido parecen llevar a que las empresas se mantengan en el negocio de las materias primas.

-Claro. Mi punto es que las diferentes estrategias las puedes transformar en algo productivo. Si a una empresa se le ofrecen cinco años de estabilidad en los precios a cambio de que invierta en tecnología, eso puede terminar en algo positivo para el país.

Gabriel Palma
Gabriel Palma

En ese sentido, Chang cree que nuestro crecimiento ha sido bajo durante mucho tiempo porque estamos chocando contra una pared hecha con los límites que el neoliberalismo impone. Piensa que Chile tiene que sacudirse de la mirada unidimensional y analizar más abiertamente sus problemas y posibilidades:

-Crecer solo al 3,5% durante el boom de los commodities, un boom que no ha tenido precedentes, muestra que ustedes no han conseguido dar un salto en el desarrollo. En la agricultura no han salido de los berries… Como dice Gabriel Palma, ustedes van incluso para atrás (ver columna). Mi impresión es que están chocando contra una pared que ha sido construida políticamente y si quieren ir más allá y crecer, tiene que superar las limitaciones que el neoliberalismo le pone a las políticas de desarrollo.

LO QUE HIZO COREA, PROHIBIDO EN CHILE

Superar esas barreras a Chang no le parece fácil, pues a través del Acuerdo Transpacífico (TPP) impulsado por Estados Unidos y que firmó Chile a comienzos de año (falta la ratificación del Congreso), nuestro país continúa limitando su batería de estrategias.

El chileno José Miguel Ahumada estudia su doctorado con Ha-Joon Chang como profesor guía. Su tema es justamente el efecto de los acuerdos internacionales firmados por Chile en las políticas industriales y pro-desarrollo (desde el TLC con Estados Unidos al TPP). Ahumada dice que estos acuerdos “vuelven ilegal prácticas que les permitieron a los países desarrollados llegar al sitial que tienen”. Y explica que el boom económico de Chile desde mediados de los ‘80 a mediados de los ‘90, estuvo vinculado a políticas públicas importantes, como “los controles de capitales, subsidios a las exportaciones (por ejemplo, el llamado reintegro simplificado) y fuertes inversiones públicas en sectores con potencial dinamismo”. Sin embargo, esas políticas se dejaron de lado a cambio de la promesa de acceder a nuevos mercados a través de estos tratados.

Se creía, explica Ahumada, que “al abrir más mercados iba a crecer la capacidad exportadora, lo que implicaría generar economías de escala y a su vez incentivar a las empresas a diversificar sus exportaciones. En teoría, estos acuerdos permitirían llegar a una segunda fase exportadora y pasar por ejemplo, de vender duraznos frescos a venderlos enlatados”.

Pero esa segunda fase se abortó a comienzos de 2000. Ahumada estima que fue crucial el hecho de que estos tratados redujeran la intervención pública. Por ejemplo, luego del TLC con Estados Unidos se ha hecho muy difícil controlar el flujo de capitales especulativos, algo fundamental para mantener el dólar en un nivel que permita exportar. Y agrega que si ahora quisiéramos enmendar el rumbo y aplicar las políticas industriales que usó Corea para su despegue, nos encontraríamos con que el TLC con Estados Unidos y las normas de la OMC las prohíben: “Por ejemplo, requerir contenido nacional a una inversión extranjera, exigirles transferencia tecnológica u obligar a las empresas internacionales la contratación de mano de obra nacional”. Y señala que el TPP y los acuerdos comerciales anteriores han sido buenos solo para los productores de materias primas:

-Las exportaciones no se han diversificado desde los ´90 mientras la productividad está en caída libre. Después de estos tratados, ¿quiénes exportan hoy? El 70% de lo que Chile vende afuera lo produce el 0,1% de las empresas. Y ese 0,1% esta desconectado de la matriz productiva nacional, como pasa en Filipinas. No hay un encadenamiento productivo, con Pymes integradas de modo que el beneficio de la exportación se irradie hacia otras empresas. Las empresas exportadoras son básicamente enclaves concentrados en materias primas. Y mientras ellas se benefician con estos tratados, las pequeñas y medianas empresas tienen que competir con las importaciones que entran sin barreras arancelarias. Ese es el alegato de las Pymes y la agricultura tradicional que no han sido considerados porque políticamente son muy débiles. Quienes han empujado estas negociaciones son las grandes empresas, los Matte, los Angelini, etc., pues estos tratados benefician el crecimiento rentista.

La conclusión de Chang es que con estos tratados “las naciones ricas patean aún más lejos la escalera que los llevó al desarrollo”.

A LOS QUE AMENAZAN CON IRSE

Hace un par de semanas Ha-Joon Chang firmó -junto a 300 destacados economistas de todo el mundo (entre ellos Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Mariana Mazzucato y Angus Deaton)- una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido instándolos a presionar para terminar con los paraísos tributarios. La carta fue una reacción al escándalo internacional que provocaron los “Panamá Papers” . “Estos paraísos son criaturas que sirven a los grandes poderes y son absolutamente abusivos. Lo que vemos en los ‘Panamá Papers’ es que estos lugares son simplemente canales para una masiva ilegalidad y corrupción”, dijo Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia.

Si las personas tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción del país “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Ha-Joon Chang afirma que los usuarios de esos paraísos son free riders (personas que se aprovechan del esfuerzo de los demás): “Prosperan en un país, usando su infraestructura, su sistema judicial, su mano de obra, sus consumidores, pero se niegan a colaborar con el desarrollo de ese país”.

-El argumento de quienes usan esos paraísos fiscales suele ser que allí tienen seguridad jurídica y bajos impuestos. Usan esos reductos para decir que si en Chile les suben los impuestos, se van.
-Déjenlos irse entonces. No va a pasar nada. Primero, no todas las personas ricas son free riders; los que se queden van a pagar más impuestos y contribuir mejor a su sociedad. Pero no creo que se vayan muchos. Si los bajos impuestos fueran lo mejor, por qué no están con sus empresas en Jamaica, que tiene unas tazas de 5%; o en Albania, que tiene un impuesto corporativo de 10%. Yo creo que los países pueden decirles a esas personas, “si usted está involucrado en transacciones con paraísos tributarios, tiene que pagarnos más impuestos”. Y si se van, creo que es mejor tener menos dinero un tiempo pero contar con gente que esté dispuesta a colaborar y trabajar en democracia. Eso va a traer prosperidad.

-Usted boga por un sistema productivo donde Estado y empresas se vinculen y trabajen juntos, ¿no conduce eso a más corrupción?
-La corrupción está en todos los sistemas. Corea tiene mucha y es un asunto difícil de abordar. En mi país el sector defensa y la infraestructura han sido muy vulnerables. Pero se logró proteger a las manufacturas, de modo que los planes y metas se llevaran efectivamente adelante y se usaron adecuadamente los recursos. Hay que asumir que no se puede eliminar la corrupción. Lo que se puede hacer es proteger más las áreas que son importantes para la economía.

-¿Hay que pensar en algo así como una corrupción sustentable?
-Jajaja, en cierto sentido. Si mira la historia de los países desarrollados, descubre que fueron muy corruptos, mucho más de lo que hoy puede ser Chile, y a pesar de eso lograron desarrollarse. El punto es que por la amenaza de corrupción no puedes renunciar a hacer política industrial. Todo tiene riesgos, pero los países necesitan esas políticas para crecer.

ALEMANES “POCO HONESTOS” Y JAPONESES “FLOJOS”

Pese ha haber sido mucho más pobre que Chile, hoy Corea no solo es más próspera sino que está resolviendo mejor algunos problemas en los que estamos entrampados. Es un país tres veces más productivo y mucho menos desigual: mientras el 70% de los trabajadores chilenos gana menos de $454.031, el ingreso promedio (datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2013), lo que en términos de GINI se refleja en un coeficiente 0,51; los coreanos exhiben una distribución después de impuestos cercana a la de los países nórdicos: 0,35.

Por esos resultados parece un modelo deseable de imitar. Sin embargo, es válido preguntarse cuánto del desarrollo de Corea es realmente reproducible y cuánto está indisolublemente ligado a su cultura.

Para Chang, la cultura no es una limitación al hablar de desarrollo económico. En su libro Malos Samaritanos recuerda que los alemanes, antes de iniciar su despegue y desarrollar una eficiente y ordenada cultura productiva, tenían fama de deshonestos entre los más ricos de Europa; y los japoneses, antes de iniciar su despegue a comienzos del Siglo XX, tenían fama de flojos.

malos-samaritanos-libro“Es un error tratar la cultura como un destino. La cultura -o lo que aparece como tal- puede ser resultado de las condiciones económicas”, dijo Chang a CIPER. Explica, por ejemplo, que las naciones agrarias usan el tiempo en forma muy distinta a la precisión que requiere la industria, y eso puede ser interpretado como flojera, cuando es el resultado de un tipo de producción. Así también, la introducción de una nueva forma de producir, cambia la cultura: potencia algunas habilidades y opaca otras. “Los coreanos no siempre fuimos como somos ahora”, puntualiza.

En ese proceso la política juega un rol importante. Tanto en Chile como en Corea las dictaduras usaron activamente el miedo y el control de la prensa para fijar valores sociales y comportamientos económicos. En Chile se introdujo la idea de que el desarrollo era el resultado del libre mercado y que cualquier participación del Estado, más allá de su rol subsidiario, era ineficiente. En Corea ese poder se usó para transformar el ahorro y la inversión en tareas patrióticas. Chang recuerda, por ejemplo, que se incentivaba a los niños a denunciar a quienes fumaban cigarros extranjeros pues “cada céntimo debía dedicarse a la compra de maquinarias e insumos para desarrollar la industria”. Durante mucho tiempo, cuando Chang veía a alguien fumar, sentía que aunque no estuviera cometiendo un delito grave, esa persona era en cierta medida un traidor.

Por último, es necesario destacar que pese a su gran prosperidad, Corea convive con un grave problema de salud mental. Tiene las tasas de suicidio más altas entre jóvenes en la OECD. Un grupo de alto riesgo son los que han desertado de Corea del Norte buscando libertad. Corea del Sur vive la paradoja de haber dejado atrás la pobreza que hace difícil sobrevivir, pero sigue siendo una sociedad donde la vida parece ser muy dura.

Más pobres, menos organizados, trabajando más horas que ellos, los problemas de salud mental de los chilenos son también de campeonato mundial, incluyendo la tasa de suicidio de jóvenes. Peor, esos problemas no llegan por igual a todos, sino que siguiendo el nivel de ingreso, Chile está desigualmente deprimido.

Nota de la Redacción: En la conversación con Ha-Joon Chang participó José Miguel Ahumada. La redacción y edición de esta entrevista es entera responsabilidad de Juan Andrés Guzmán.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Mariana Mazzucato, RM Phillips Professor en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex (ver entrevista en CIPER) y Ben Ross Schneider, Ford International Professor en Ciencia Política en el MIT (ver entrevista en CIPER), que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y qué vías hay para enfrentar ese problema.