¿El mito del control mental? No, Facebook no trabaja con mitos

En su columna del pasado 25 de marzo en El Mercurio [1], el periodista John Muller afirma, a propósito del caso de Cambridge Analytica, que el perfilamiento y manipulación del comportamiento de votantes en dos casos controvertidos (la elección de Trump y el Brexit) es “un poderoso mito (…), que busca eximir las responsabilidades individuales en una especie de enajenación colectiva”. Argumenta a partir de un caso específico (el del profesor Carroll) cómo estas técnicas no funcionan para todos, y termina citando un paper [2] en el que los autores sólo habrían logrado cambiar la conducta de muy pocas personas (390 de 3,1 millones), “confirmando” que estas técnicas no tienen la utilidad o efectividad que se les atribuirían.

Los efectos de la persuasión sicológica masiva son efectivamente pequeños. No existe tal cosa como el control mental completo a través de herramientas tecnológicas, excepto en la ciencia ficción. Sin embargo, las técnicas usadas por empresas como Cambridge Analytica y Facebook son reales, y tienen efectos suficientemente poderosos como para influir en una elección de presidente. El proponer que estas técnicas no son más que “un poderoso mito” es ignorar (o no entender) la evidencia científica. Y la evidencia dice que con muchos datos es posible (y relativamente sencillo) manipular tanto la conducta como las emociones de las personas.

El paper que cita Muller en realidad “demuestra la efectividad de la persuasión sicológica de masas”. Sus autores definen persuasión sicológica como la adaptación de avisos persuasivos “a las características sicológicas de grandes grupos de individuos con el objetivo de influir en su conducta” [2]. En el estudio se realizaron tres experimentos con un total de 3,5 millones de personas, y se puso énfasis en realizar experimentos que se sintieran “reales” (que en la jerga científica se conoce como “validez ecológica”) y no como un estudio científico, porque cuando las personas sabemos que estamos participando de un estudio cambiamos nuestro comportamiento. Los autores encontraron, entre otras cosas, que adaptando avisos publicitarios a dos características de personalidad específicas (la “extraversión” y la “apertura”), lograban hasta un 40% más de clicks sobre los avisos y un 50% más de compras sobre productos.

Sede.Cambridge.Analytica
Sede de Cambridge Analytica en Londres

“Sí”, podrá argumentar el lector, “pero una cosa es influir en las compras de una persona y otra bien distinta es influir en las personas para que voten por uno u otro candidato.” ¿Será cierto que Facebook o Cambridge Analytica pueden influir en el resultado de una votación a través de las redes sociales?

La respuesta es un rotundo sí. Antes de revisar la evidencia científica, intentemos explicar cómo funciona lo anterior.

Imaginemos que un candidato a presidente le paga la cuenta de la luz a todos sus votantes potenciales. Independientemente de que esto es ilegal y completamente inadecuado en la mayor parte de las democracias de occidente, pensemos un momento en qué implicancias podría tener esto. Es seguro que muchas personas necesiten que les paguen la cuenta de la luz, algunas tal vez agradezcan el gesto e incluso algunas de estas últimas quizás decidan cambiar su voto a favor del candidato. Sin embargo, como es muy difícil mantener en secreto la logística del pago de una cuenta para cada votante, si asumimos que los medios de comunicación masivos son independientes y pueden hacer bien su trabajo, entonces no hay peligro de que la sociedad no se entere de que el candidato está intentando cambiar la intención de voto a través del ilegal regalo de dinero. La sociedad, a través de la prensa y de los medios de comunicación masivos, tendría la posibilidad de discutir acerca de la situación y los oponentes del candidato podrían censurarlo, criticarlo o incluso llevarlo a la justicia.

Imaginemos ahora que el mismo candidato sabe que parte de sus votantes potenciales teme a quedarse sin trabajo. El candidato decide hacer una campaña cuyo mensaje principal es “si no vota por mí, se quedará sin trabajo”. Puede que algunas personas se rían de esto, pero para otras tendrá sentido y puede que incluso algunas (por la razón que sea) crean o decidan creer en el mensaje y cambien su intención de voto a favor del candidato.

Lo anterior no representa una amenaza para la democracia, en parte por lo ingenuo de la estrategia. Existe un escenario similar, sin embargo, que no tiene nada de ingenuo, que es perfectamente factible y que representa un serio peligro para la democracia como la conocemos.

Logo.FacebookImaginemos lo siguiente: el candidato decide que en vez de pagar la cuenta de la luz de forma masiva o de fomentar el miedo a quedarse sin trabajo de manera masiva, contrata a un ejército de minions. Cada minion observa a un y sólo un votante potencial por un par de años. Lo observa cada vez que entra a Internet a buscar cosas en Google; lo observa cada vez que publica cosas en Facebook, en Twitter o en Instagram. Lo observa cada vez que publica fotos de las cervezas que se tomó con los amigos de la oficina en el pub de la esquina. Lo observa cuando compra comida en el supermercado o remedios en la farmacia. Y decide, para cada persona, si le pagará la cuenta de la luz o de la clínica o los remedios o el supermercado. Decide también para cada persona si le hablará de lo difícil que sería quedarse sin trabajo o sin previsión social o sin auto o de cualquier otro problema que la persona considere grave. E imaginemos, finalmente, que todo lo anterior lo puede hacer en secreto, en momentos distintos para cada persona, de manera que nadie se dé cuenta.

Lo descrito en el último párrafo no es imposible. De hecho, el escándalo por el uso de datos de 50 millones de cuentas de Facebook por parte de Cambridge Analytica tiene que ver precisamente con eso: con cómo contratar minions para seguir a cada persona, para entender cuáles son sus esperanzas y miedos; y cómo (por tanto) podemos influenciar a cada persona para votar por un candidato (o dejar de votar por otro).

Los seres humanos somos seres mucho más maleables e influenciables de lo que nos gusta pensar o admitir. El 2 de noviembre de 2010, en la mitad del primer período de Barack Obama, se eligieron en Estados Unidos a todos los representantes de la House of Representatives (similar a nuestra Cámara de Diputados) y alrededor de un tercio de los senadores [3]. Con la colaboración de Facebook se realizó el siguiente experimento: a 61 millones de usuarios, escogidos aleatoriamente, se les mostró un gráfico que contenía un link para mirar su lugar de votación, un botón para anunciar que ya habías votado y las fotos de perfil de a lo más seis amigos que ya habían votado [4]. Luego de cruzar los nombres de las personas con las listas de los registros de la votación, se llegó a la siguiente conclusión: fue 0,39% más probable que asistieran a votar los usuarios a los que se les mostró que sus amigos habían votado, comparados con los usuarios a los que no se les mostró lo mismo.

L0 señalado en el párrafo anterior pueden parecer poco, pero esto significó alrededor de 60.000 votos más en el sistema, más 340.000 votos adicionales de personas que no estaban incluidas en el experimento, pero que eran amigos de aquellos que vieron la infografía y fueron a votar [5].

Donald Trump

Si pensamos que Trump ganó la presidencia de Estados Unidos a fines del 2016 por sólo 80.000 votos en tres estados específicos (Michigan, Pennsylvania y Wisconsin) [6], lo anterior cobra inusitada importancia.

Dos años después, otro grupo de investigación realizó el siguiente experimento: durante una semana se modificó el newsfeed de las cuentas de Facebook de más de medio millón de personas, divididas en dos grupos [7]. En el primer grupo (el grupo “triste”), se suprimieron posts que tenían palabras positivas; en el segundo grupo (el grupo “feliz”), se suprimieron posts que tenían palabras negativas. Se observaron entonces los posts que produjo cada grupo, buscando si predominaban las palabras positivas o negativas. El resultado: el grupo “feliz” produjo posts con más palabras felices que aquellos que no vieron ningún cambio en sus newsfeeds, mientras que el grupo “triste” produjo posts con más palabras tristes que los que no vieron cambios en sus newsfeeds.

El estudio anterior fue duramente criticado por la comunidad científica [8]; pero concluyó (en términos generales) que se puede hacer a una persona más feliz (o más triste) seleccionando los posts que ve en sus cuentas de redes sociales.

Muchos de nosotros no tenemos conocimiento (ni tiempo) para entender cómo minimizar el uso que pueden llegar a hacer las empresas ya no sólo de nuestros datos, sino de nuestras emociones y nuestra conducta. Hoy no tenemos herramientas legales para evitar que empresas como Facebook, Twitter, Instagram y otras, manipulen la conducta y las emociones de las personas para lograr fines específicos (que por lo que sabemos, puede llegar a ser la elección del presidente de Estados Unidos). La solución a esto no es sencilla. Necesitamos investigación científica que nos permita entender cómo descubrir y contrarrestar los efectos de manipulaciones como las anteriores. Necesitamos entidades independientes que sean capaces de tomar la evidencia y utilizarla para perseguir las responsabilidades individuales y jurídicas necesarias. Necesitamos, finalmente, educación y conciencia del problema por todos y cada uno de nosotros.

En nuestro país, el proyecto de modificación de la ley de protección a la vida privada puede ser una solución parcial a estos problemas, pero se requiere reexaminar sus contenidos a la luz de los nuevos escenarios que enfrentamos y, sin duda, necesitamos avanzar en la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales. Por ello, esperamos que continúe su ágil discusión en el Senado, pero dependerá de las decisiones del gobierno que recién asume, darle el impulso necesario para transformarlo en ley. Nuestra democracia así lo requiere.

 

Notas:

[1] http://www.elmercurio.com/blogs/2018/03/25/58984/El-caso-de-Cambridge-Analytica-y-el-mito-del-control-mental.aspx

[2] S. C. Matz, M. Kosinski, G. Nave, and D. J. Stillwell, “Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 114, no. 48, p. 201710966, 2017. Disponible en http://www.pnas.org/content/pnas/114/48/12714.full.pdf

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_elections,_2010

[4] R. M. Bond et al., “A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization,” Nature, vol. 489, no. 7415, pp. 295–298, 2013. Disponible en https://www.nature.com/articles/nature11421

[5] https://newrepublic.com/article/117878/information-fiduciary-solution-facebook-digital-gerrymandering

[6] https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/12/01/donald-trump-will-be-president-thanks-to-80000-people-in-three-states/

[7] A. D. I. Kramer, J. E. Guillory, and J. T. Hancock, “Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 111, no. 24, pp. 8788–8790, 2014. Disponible en http://www.pnas.org/content/111/24/8788

[8] D. Shaw, “Facebook’s flawed emotion experiment: Antisocial research on social network users,” Res. Ethics, vol. 12, no. 1, pp. 29–34, 2016. Disponible en http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747016115579535

 

Scanner de transparencia a los 109 nuevos senadores y diputados que se integran al Congreso

Este domingo 11 de marzo 155 diputados y 43 senadores serán los protagonistas de la inauguración de un nuevo período del Poder Legislativo. La novedad es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, todos ellos fueron elegidos sin sistema binominal. CIPER revisó en detalle las sociedades de los 92 parlamentarios que debutan en el Congreso y de los 17 que, luego de uno o más periodos de ausencia, retomarán su función legislativa.

Son más de 200 las sociedades vinculadas a esos 109 parlamentarios, las que operan principalmente en los rubros de comercio e inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías y consultorías, transporte, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles con las que se cruzará directamente la agenda legislativa y que les abrirá a varios congresistas flancos por potenciales conflictos de interés.

Para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), todos ellos tuvieron que cumplir con la normativa legal que los obliga a entregar una declaración de patrimonio e intereses. CIPER chequeó esos documentos e identificó a 20 parlamentarios que por distintos motivos no incluyeron en su declaración jurada sociedades en las que figuran como controladores o accionistas, vulnerando la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (promulgada en abril de 2016).

La revisión de CIPER detectó además 14 sociedades vinculadas a siete parlamentarios, que registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas básicas, como no pagar remuneraciones, exceder jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Allí destacan dos casos paradigmáticos: el senador Rodrigo Galilea Vial (IND-RN) propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

Desalojan a estudiantes de la Camara de DiputadosLa normativa exige además a diputados y senadores desprenderse de todos sus negocios –como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado. Ello, en un plazo de 120 días luego de asumir en el cargo.

Son cinco los parlamentarios que deberán acogerse a esta disposición, poniéndole término a una fuente de ingresos que en algunos casos asciende a varios millones de pesos. Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH),quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

En la nómina de los 109 parlamentarios revisada por CIPER, aparece también un puñado de diputados y senadores que han sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría General de la República o que aparecen involucrados en investigaciones del Ministerio Público. En esa última situación se encuentran los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes han sido investigados por la Fiscalía por los contratos y pagos que recibieron de empresas pesqueras que se beneficiaron con la cuestionada Ley de Pesca.

SOCIEDADES OMITIDAS

La revisión de CIPER arrojó que al menos 20 de los legisladores que se sumarán al Congreso no cumplieron con la obligación de incorporar todas las sociedades comerciales que integran y que cuentan con iniciación de actividades ante el SII.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La revisión de CIPER, detectando omisiones o imprecisiones en 20 casos de parlamentarios electos, demuestra que el control descrito en la ley no es más que letra muerta.

Inicialmente, esta investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones. CIPER tomó contacto con casi todos –solo cuatro no respondieron– y 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas.

GALILEA VIAL
Rodrigo Galilea

Entre los parlamentarios que no respondieron a CIPER se cuenta el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, quien tiene la mayor cantidad de sociedades entre los nuevos legisladores. Galilea incluyó 19 sociedades en su declaración de patrimonio, 15 de ellas en Chile y cuatro en el exterior (tres en Perú y una en Ecuador). El arco de actividades que desarrollan es amplio, lo que puede significar futuros conflictos de interés cuando legisle sobre materias que afectan sus negocios: construcción, actividad inmobiliaria, cultivo de frutales, tratamiento y distribución de aguas, inversiones y asesorías.

Galilea es también el parlamentario debutante que más sociedades ha constituido y que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio (nueve): Inversiones Futuro, Inversiones Alto Las Cruces, Diseños Mcgráfica, Agroservicios, Servicios de Comunicación Médica, Salmones Plata, Galilea Dos, Marketing ARM Internacional Chile y Servicios Comunicacionales. Como no respondió las consultas de CIPER, no se pudo establecer por qué no las consignó.

Galilea debuta en el Congreso pero no en la política. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró intendente del Maule, con la misión de liderar la reconstrucción de una región devastada por el terremoto del 27/F. Recibió duras críticas debido a que varias de las villas residenciales que sufrieron más daños fueron edificadas por su constructora Galilea S.A. (vea ese reportaje CIPER).

El nuevo senador aterriza en Valparaíso con el apoyo de importantes empresarios: Wolf Von Appen, controlador de Ultramar, y Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (supermercados Líder), figuran entre los que le aportaron dinero a su campaña. Galilea llega a la Cámara Alta precedido por su rol como director de la Zona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción y consejero nacional de la misma entidad.

OLVIDO Y CONFUSIÓN

Los parlamentarios que omitieron sociedades en sus declaraciones de patrimonio van desde el PC hasta la UDI.

BORIS BARRERA
Boris Barrera

En el flanco izquierdo figura el diputado Boris Barrera (PC, distrito de Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia). Barrera no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo. “A lo mejor me traspapelé”, dijo a CIPER, agregando que hizo su declaración el último día. Barrera ingresó a esa sociedad en diciembre de 2016, por lo que estaba obligado a declararla.

En la nómina también aparece el diputado Tomás Hirsch (PH, distrito de Peñalolén, La Reina, las Condes, Vitacura). La sociedad que omitió es FIC Digital, dedicada a la confección de material para campañas, como gigantografías y pendones. Hirsch explicó a CIPER que la empresa quebró y dejó de operar. Pero reconoció que no ha hecho el término de giro. Y mientras no haga ese trámite, debe declararla.

Karim Bianchi asumirá como diputado por Magallanes. Llega a la Cámara como independiente apoyado por el PRSD. La sociedad que no declaró es Karim Antonio Bianchi Retamales Servicios Comunicacionales EIRL. Su explicación es simple: “Se me olvidó”. Según dijo, está inactiva y nunca ha hecho una boleta.

El diputado Daniel Verdessi (DC, Los Andes, Quillota, La Ligua) participa en la sociedad Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres, pero la omitió. Explicó que está esperando aclarar si puede mantenerse dentro de la sociedad después de asumir como diputado. Si es incompatible, dijo, se retirará. Pero la norma es clara: al momento de rubricar la declaración debió incorporarla.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Jaime Mulet (Copiapó, Chañaral, Vallenar) y Pedro Velásquez (Coquimbo, La Serena, Ovalle), también omitieron sociedades. Mulet no incluyó a Atacama Innova (producción y venta de publicidad) ni a TSC Atacama (transportes). El diputado explicó a CIPER que como persona natural solo participa en tres sociedades, las que sí incorporó en su declaración. Sin embargo, las dos sociedades que omitió son controladas por las sociedades que sí declaró, por lo que debió consignarlas.

Pedro Velásquez no registró tres sociedades: Comercial e Inversiones Uriel, Servicios y Representaciones AMP Chile e Inmobiliaria e Inversiones del Rocío. “Me he dejado estar”, reconoció el diputado a CIPER. Y agregó que, aunque no tienen movimiento, no las ha cerrado y ahora lo hará.

CRUZ COKE
Luciano Cruz-Coke

El ex ministro de Cultura y diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli, Santiago, Providencia, Ñuñoa), no declaró Santa Javiera SpA (elaboración de estudios para medios sobre arte y cultura). “Está en proceso de disolución”, dijo a CIPER.

El diputado Frank Sauerbaum (RN, Chillán, San Carlos, Yumbel), quien retorna a la Cámara tras un periodo fuera del Congreso, no declaró Bío Masa Ñuble SpA (desarrollo y explotación de energía renovable). Se confundió, señaló a CIPER, porque pensó que era lo mismo que su sociedad Planta Bio-E Ñuble, ya que ambas participan en el mismo proyecto de generación de energía. Pero las dos tienen RUT diferente y están activas, por lo que estaba obligado a transparentarla.

Otros cinco diputados de RN integran la lista de los nuevos parlamentarios que omitieron sociedades: Eduardo Durán (San Miguel, El Bosque, San Ramón); Carlos Kuschel (Puerto Montt, Castro, Chaitén); José Miguel Castro (Antofagasta, Calama, Tocopilla) y Jorge Durán (Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia).

Eduardo Durán, hijo del obispo evangélico del mismo nombre, no declaró la Compañía Minera Alfa Omega. La sociedad, explicó Durán, funcionó un año y medio, hasta 2007. Ahora, dijo, está inactiva y tiene que hacer el trámite para cerrarla. Durán tampoco transparentó su participación en la Catedral Evangélica de Chile Jotabeche Cuarenta Metodista Pentecostal, la que administra el principal templo protestante del país, lo que sí debió incluir en su Declaración de Intereses.

Carlos Kuschel reconoció a CIPER que omitió declarar la Comunidad Kuschel Silva (sucesión que heredó bienes de su padre), Monte Verde (cuyo patrimonio es un predio de 111 hectáreas) y Servicios Tenglo (administra el arriendo de cabañas).

José Miguel Castrono consignó la Sociedad Transportes y Arriendo de Maquinarias José Miguel Castro Bascuñán EIRL: “No ha tenido movimiento hace años, debería estar cerrada”, dijo a CIPER.

El diputado Jorge Durán no incluyó Lavaya SpA (limpieza de vehículos y venta de artículos de aseo). Durán indicó que se pudo haber confundido porque la sociedad se creó en la misma época en que hizo la declaración. Pero la fecha de su declaración es 17 de agosto de 2017 y la sociedad se constituyó el 6 de abril de 2017, por lo que debió incorporarla. En todo caso –dijo- que se está retirando.

Jorge Alessandri
Jorge Alessandri

Los nuevos diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo (Coquimbo, La Serena, Ovalle), Jorge Alesandri Vergara (Santiago, Providencia, Ñuñoa) y Gastón Von Muhlenbrock (Valdivia, La Unión, Panguipulli), también dejaron sociedades sin declarar. A ellos se une Sandra Amar Mancilla (Magallanes), quien conquistó un escaño en la Cámara como independiente con apoyo de la UDI.

Fuenzalida dijo que no declaró Rentas Juan Manuel Fuenzalida Cobo EIRL, porque está sin movimiento comercial y no mantiene activos.

Alessandri omitió las sociedades Recreo Entretenimientos y Producciones After Office. Sobre la primera, señaló que él no es dueño director, porque la constituyó a través de otra sociedad: “No sabía que había que declararla, voy a preguntar para hacerlo bien”. Sin embargo, los registros indican que la constituyó como persona natural y que tiene su control, por lo que debió declararla. Respecto de Producciones After Office, participa en ella a través de otra sociedad: Zintex Producciones, la que sí está declarada.

En los registros revisados por CIPER Gastón Von Muhlenbrock figura con participación en Agrícola San Alberto, pero no la declaró. Von Muhlenbrock no respondió los mensajes de CIPER, por lo que no se pudo establecer por qué la omitió.

La situación de Sandra Amar es bastante menos grave que la del resto: se confundió y no declaró su empresa Sandra Haydee Amar Mancilla, Estudios, Asesorías Profesionales, Capacitación y Eventos EIRL, pero sí la consignó en su declaración de intereses, como una de las actividades económicas que realiza.

SENADORES QUE OMITIERON

Cuatro de los nuevos integrantes de la Cámara Alta también omitieron sociedades. Al ya mencionado Rodrigo Galilea, se agregan Rafael Prohens (RN, Atacama), José Durana (UDI, Arica y Parinacota) y David Sandoval (UDI, Aysén).

Rafael Prohens
Rafael Prohens

El futuro senador por Atacama reconoció a CIPER que fue un error no incluir Prohens Servicios (asesorías contables, financieras y computacionales). Formó esa sociedad con sus hermanos, dijo, y ya no trabaja con ellos: “Tengo oficina aparte”. Pero su participación societaria está vigente, por lo que corregirá su declaración.

José Durana no declaró tres sociedades: Editorial del Sur, F&S Consultores y Durana, Mc Conell Cía Limitada. La información proporcionada por su encargada de prensa indica que respecto de las dos primeras sociedades el senador cometió el error de declararlas solo como actividades económicas. Sobre la omisión de la tercera sociedad –Durana, Mc Conell Cía Limitada–, no respondió la consulta de CIPER.

David Sandoval admitió a CIPER que se equivocó al no incluir la Sociedad Comercial, Agrícola, Ganadera y Forestal Ventisquero en su declaración. Se confundió, dijo, porque al llenar el formulario del Servel el sistema le arrojaba que la sociedad llevaba muchos años inactiva, por lo que pensó que no debía incluirla. Consultando a otros parlamentarios supo que varios enfrentaron la misma situación y le explicaron que de todas maneras debía registrar la sociedad. A través de su asesora de prensa informó su intención de subsanar el error.

INFRACCIONES LABORALES

Los ajustes a la Reforma Laboral del gobierno de Michelle Bachelet están entre las prioridades de la administración de Sebastián Piñera. El nuevo equipo económico quiere introducir cambios en dos hebras sensibles: los servicios mínimos, en los que se buscará morigerar los efectos de la prohibición del reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva.

Varios parlamentarios con sociedades en rubros que requieren un fuerte contingente de mano de obra (como el agrícola y la construcción), deberán legislar sobre esas materias. Lo grave es que en el desarrollo de sus negocios personales, un puñado de ellos no se ha caracterizado por cumplir con la normativa laboral. CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas.

El caso más grave es el de Rodrigo Galilea: siete de sus sociedades acumulan 130 multas entre 2013 y 2018. Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas); Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

Info Multas OKEntre las sanciones figuran: no pago de remuneraciones, no otorgar descanso semanal compensatorio, no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo, no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, no disponer de duchas con agua fría y caliente, exceder jornada ordinaria máxima de 10 horas e implementar un sistema ilegal de distribución de la jornada laboral.

CIPER intentó comunicarse con Rodrigo Galilea, por teléfono y a través del equipo de comunicaciones de su partido. No hubo respuesta.

El diputado Boris Barrera es socio de dos empresas de mantenimiento industrial que suman en total 15 sanciones: Tecmaqin SpA y Sami Limitada. Tecmaqin acumula ocho multas de la DT, todas cursadas en 2017, por no declarar cotizaciones previsionales y no registrar contrato de trabajo de menores de 18 años, entre otras. Sami ha sido sancionada en siete oportunidades (2014 y 2015) por no otorgar finiquito de trabajo, incumplir el plazo de pago al trabajador y no presentar documentación completa.

La empresa de seguridad Zintex Eventos, cuyo controlador es el diputado Jorge Alessandri Vergara, registra tres multas entre mayo y septiembre del 2017. Alessandri señaló a CIPER: “Es una empresa de seguridad con 300 trabajadores y todo el tiempo nos están cursando multas, pero por temas menores (…) Soy uno más de los pymes de Chile que tiene que sufrir y cumplir con toda la normativa con poco personal. Encuentro súper bueno que los parlamentarios tengan experiencia emprendiendo, contratando, desvinculando, así uno puede legislar desde la experiencia”.

La sociedad RPE Maquinarias, propiedad del senador Rafael Prohens, registra tres multas en marzo de 2017 por extensión de horas de trabajo y no pago de horas extraordinarias.

-Entramos a una faena minera con un régimen 4X4, jornada que debe ser aprobada por la Inspección del Trabajo. En esa inspección nos pidieron que hiciéramos un depósito y nos dieron un número de cuenta en el BCI. Hicimos el depósito pero ellos se equivocaron y la cuenta correcta era del Banco del Estado. Por ese error la jornada no quedó aprobada y nos pasaron las tres multas. Aunque el error no fue nuestro, tuvimos que pagarlas y hacer el trámite de nuevo –explicó Prohens.

Medios y Cultura SpA, sociedad del diputado Luciano Cruz-Coke, y de la que también es socio el nuevo subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva Aldunate, ha sido infraccionada tres veces (por no entregar el trabajo convenido y no comparecer a citación). Cruz-Coke declinó abordar el problema y solo dijo que esas multas ya estaban pagadas y resueltas.

Ximena Ossandón
Ximena Ossandón

En mayo de 2014, la Dirección del Trabajo aplicó tres sanciones a la sociedad Agrícola Santa Ximena, de la que es socia la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy diputada por el Distrito 12 (Región Metropolitana) Ximena Ossandón Irarrázabal (RN). Los motivos: no informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, entre otras.

-En Agrícola Santa Ximena tengo un 0,2%, no participo ni he participado de su administración, por lo que no tengo nada que ver con esas multas -explicó a CIPER.

A la lista de sociedades de parlamentarios con infracciones de la DT se suma una empresa en la que participa la diputada por el Distrito 11 Catalina del Real (RN). La sociedad Comercial e Inmobiliaria El Coigüe registra dos multas (una por distribuir la jornada laboral en más de cinco días y otra por exceder las 12 horas diarias de permanencia en el trabajo). Del Real respondió a CIPER que esa sociedad “operaba el restorán de mi hermano, el Miraolas, entonces por eso deben ser las multas y debe estar solucionado. Yo me retiré del restorán cuando salí concejal de Vitacura”.

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Son al menos cinco los nuevos parlamentarios que figuran con sociedades que tienen (o han tenido) como clientes a organismos del Estado: Tomás Hirsch, José Durana, Jaime Mulet, Karim Bianchi y Miguel Mellado. Los contratos, en algunos casos, son millonarios.

La nueva ley de probidad y prevención de conflictos de interés obliga a que en los próximos días todos ellos se retiren de esas empresas o que estas se abstengan de hacer negocios con el Estado. La norma también incluye aquellas sociedades que exploten concesiones públicas, como las de radiodifusión.

Uno de los parlamentarios afectado es el diputado Tomás Hirsch. Desde 2006, su sociedad Matrix Limitada se ha adjudicado cerca de 200 licitaciones con municipios, universidades estatales, las Fuerzas Armadas y hasta la propia Cámara de Diputados. El monto total de las órdenes de compra cursadas a esta sociedad de comercialización de equipos e insumos para la industria gráfica, alcanza los $192 millones.

Infografía Negocios Estado OKUna segunda empresa de Hirsch, Decosolar SpA, ha obtenido $109 millones en adjudicaciones de las municipalidades de Antofagasta, Calbuco y del Parque Metropolitano, a los que les prestó servicios de iluminación. La última orden de compra data del 28 de febrero de este año.

Hirsch indicó a CIPER que para evitar conflictos de interés está vendiendo sus acciones en Decosolar. Respecto de Matrix, afirmó que permanecerá como accionista, pero que se restará de hacer negocios con el Estado.

El ex intendente de Arica y Parinacota y senador por esa misma región, José Durana, es socio de Anticípate F&S Consultores Limitada, la que registra seis órdenes de compra en 2014 y 2015 ($6,7 millones en total) por servicios de consultoría y capacitación a los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.

En F&S es socio de Durana el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esa consultora asesoró al Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Vertebral), mientras se discutía la reforma educacional. Siglos SpA, sucursal de F&S, registra otras cuatro órdenes ($1,6 millón en total).

A través de Inversiones Mallorca EIRL, el diputado por Atacama Jaime Mulet participa de la sociedad Rodríguez y Compañía, propietaria de la Radio 100.1 de Vallenar. La emisora tiene concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y entre 2015 y 2018 registra once órdenes de compra por un total de $3,1 millones con la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huasco y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. El 2 de febrero pasado Rodríguez y Compañía se adjudicó una licitación del Servicio de Salud de Atacama ($750 mil) por la compra de ocho cápsulas radiales.

Mulet señaló a CIPER que había cedido la administración y dirección de la radio a un tercero y que al asumir como diputado dará “estricto cumplimiento” a sus “obligaciones legales y constitucionales”.

Quien también participa en el rubro de la radiodifusión es el diputado electo Karim Bianchi, socio de Radio Soberanía y de Voz Austral. A través de ambas le ha prestado servicios de publicidad a municipios, Sernam, SAG y varias seremis.

Entre 2012 y 2015, Voz Austral registra 83 órdenes de compra por un total de $39 millones. Radio Soberanía, en tanto, tiene 51 órdenes de compra por $20,1 millones. Ambas sociedades también recibieron recursos públicos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales en 2017.

Bianchi señaló a CIPER que se está desprendiendo de sus negocios radiales: “Radio Soberanía se está vendiendo y toma tiempo porque depende de los plazos de la Subtel”.

Miguel Mellado
Miguel Mellado

Las comunicaciones es un rubro en el que otros nuevos parlamentarios mantienen negocios con el Estado. El diputado Miguel Mellado Suazo constituyó en 1992 –junto a los controladores de la Universidad Autónoma– la Sociedad de Televisión y Radiodifusión.De 2006 a la fecha la empresa se ha adjudicado más de 60 licitaciones por cerca de $280 millones con distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi. La sociedad también registra adjudicaciones de la Gobernación de Cautín en 2010 y 2011, justo en el periodo en que Mellado Suazo asumió como máxima autoridad de esa entidad pública.

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella, también de su administración, antes de asumir como gobernador en marzo de ese año. Mellado envió copia de los documentos legales que registran su retiro de la sociedad (ver reportaje de CIPER).

LA LUPA DE LA CONTRALORÍA

Rolando Rentería Möller (UDI), diputado electo por el Distrito 18 (El Maule), estuvo 16 años en el municipio de Linares, primero como concejal (2000-2008) y luego como alcalde (2008-2016).

En los ocho años de Rentería como alcalde, la Contraloría acumuló una larga lista de acusaciones en su contra. Entre las que más lo comprometían figuran un proceso de licitación para la mantención de las cuentas corrientes del municipio con el Banco BCI y un viaje de funcionarios y dirigentes deportivos al Mundial de Brasil en 2014.

En un informe de noviembre de 2014, el organismo contralor determinó que la contratación del Banco BCI favoreció la gestión de Rentería con diversos “aportes” monetarios a cambio de publicidad. Uno de esos aportes (mayo de 2014) sirvió para costear gran parte de la gira de 105 dirigentes deportivos, seis funcionarios municipales y dos concejales al Mundial de Fútbol. Contraloría desestimó que fuera un beneficio para la comunidad y reprochó que nunca se aclarara cómo fueron seleccionados los participantes y en qué consistieron las supuestas capacitaciones que recibieron en Brasil.

Rolando Rentería
Rolando Rentería

En 2016, el cúmulo de irregularidades detectadas por Contraloría puso a Rentería contra las cuerdas: el organismo le solicitó al Concejo Municipal evaluar una acusación contra el ex alcalde por abandono de deberes y sugirió aplicarle una sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Rentería ya había dejado el sillón municipal para asumir su candidatura al Congreso y esa sanción le habría puesto fin a su carrera política. Pero el Concejo Municipal nunca llevó adelante esa acusación. La concejala de Linares desde 2012, Myriam Alarcón (PPD), explicó a CIPER que el actual alcalde Mario Meza (RN) no puso el tema en tabla con la celeridad necesaria y que las veces en que se programó, no hubo quórum para sesionar. Finalmente, las faltas prescribieron y Rentería no pudo ser acusado.

Rentería atribuye todo a una persecución política: “Tenían claro que yo tengo la primera mayoría histórica en Linares”, dijo a CIPER. Respecto del viaje a Brasil, responsabilizó a una abogada contratada por el municipio, quien habría acreditado que todo estaba en regla. Argumentó, además, que la decisión del viaje no fue solo suya, sino del Concejo Municipal.

Quien también estuvo en la mira de la Contraloría es la diputada Andrea Parra (PPD). En 2016 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la contrató a honorarios para realizar labores de seguimiento y articulación en mesas territoriales del programa Chile Indígena.

La Contraloría descubrió numerosas irregularidades en esa contratación. La más grave: de las 16 mesas que Parra incluyó en sus reportes mensuales, nueve ya contaban con consultoras contratadas por licitación pública para las mismas labores. Además, se investigó la veracidad de las reuniones que Parra detalló en sus informes. Varios organismos negaron su existencia y una fue completamente descartada, pues la funcionaria municipal que figuraba como contraparte ya no prestaba servicios cuando Parra fechó el encuentro.

Andrea Parra
Andrea Parra

El órgano fiscalizador ordenó a Conadi restituir los $9,9 millones que le pagó a Parra entre noviembre de 2016 y abril de 2017 (ver informe). La diputada aclaró a CIPER que la sanción está en proceso, tras una apelación de la Conadi: “Solo hay un par de reuniones que no se realizaron, pero eso no implica que tengas que devolver meses de trabajo”.

La Contraloría también investigó los pagos que recibió de la Municipalidad de Linares el ahora diputado por el Distrito 17 (Maule) Hugo Rey (RN). En enero de 2017 fue contratado como “asesor técnico educativo” por más de $1 millón mensual, a pesar de que en mayo y junio debía trabajar por contrato solo ocho horas semanales. La Contraloría ni siquiera pudo comprobar si cumplió con esa jornada mínima. La investigación determinó que no se pudo acreditar la ejecución del trabajo y que Rey nunca visitó los establecimientos educacionales (ver informe).

-Yo hice las solicitudes de información a la municipalidad y me entregaron gran parte de los planes que hice, con letra manuscrita mía, y los más de 30 correos que intercambié con la Dirección de Educación. En unos días la Contraloría resolverá la apelación del municipio y no me cabe duda de que finalizará de manera favorable para mí –afirmó Hugo Rey a CIPER.

Esa no fue la primera vez que Contraloría cuestionó al ahora diputado. En 2010, cuando Rey era alcalde de Curicó, el organismo lo acusó de pagar a funcionarios por trabajos que no estaban debidamente respaldados (ver informe).

Sergio Bobadilla y Frank Sauerbaum volverán a pisar el Congreso este 11 de marzo. Ambos perdieron sus escaños en 2013, pero apenas dejaron la Cámara prestaron servicios a empresas pesqueras. Bobadilla y Sauerbaum habían integrado la Comisión de Pesca de la Cámara, instancia donde el lobby de las pesqueras se hizo sentir con fuerza para proteger sus intereses en la discusión de la cuestionada Ley de Pesca. Ambos aparecen en las pesquisas del Ministerio Público por sus nexos con Asipes.

Varios correos electrónicos publicados por CIPER dejaron en evidencia la estrecha relación entre Sauerbaum y el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. El rol de Sauerbaum consistía en enlazar a otros parlamentarios de RN con Moncada, recibir minutas y coordinar pagos por sus servicios a través de boletas presuntamente falsas de la empresa de su hermano. Por sus trabajos para Asipes, Sauerbaum recibió $6 millones en 2016.

Sergio Bobadilla
Sergio Bobadilla

Bobadilla y Asipes formalizaron su relación a través de un contrato con la consultora Bobadilla & Crovetto (de su propiedad) para la entrega de resúmenes noticiosos mensuales. Según un artículo de La Tercera, la consultora del diputado estaría siendo investigada por el Ministerio Público por asesorías a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y que fueron pagadas por Asipes.

Jorge Soria Quiroga (IND-PPD), nuevo senador por Tarapacá, fue alcalde de Iquique durante siete periodos. En 2006 Soria fue destituido como alcalde. Se le acusó de pagos irregulares por más de $100 millones hechos por el municipio a una empresa contratista cuyo dueño era cercano a Soria. En 2009 la justicia lo condenó por fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho. En 2012 la Corte Suprema revocó de manera unánime la condena y ese mismo año volvió a ser electo alcalde de Iquique.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Gerardo Varela: las redes empresariales del guardián del liberalismo que llega a Educación

Por Nicolás Sepúlveda, Mónica González  y Alberto Arellano

El nombre de Gerardo Varela Alonso no venía en ninguna de las listas entregadas por los partidos políticos al presidente electo, Sebastián Piñera, para integrar los ministerios. Instalarlo en Educación fue idea de Avanza Chile, la fundación creada por Piñera que agrupó a sus asesores más cercanos luego de dejar La Moneda al finalizar su anterior gobierno. Fue el primer nombre en que pensaron para ocupar el cargo de ministro de Educación. Quienes participaron en su designación lo definen como “un hombre de mucho carácter” y de “acción” que no se queda en la retórica incendiaria de sus columnas mercuriales.

Gabinete del presidente electo Sebastián Piñera.
Gabinete del presidente electo Sebastián Piñera.

Desde su tribuna en El Mercurio,  y también en El Líbero (medio digital del que forma parte de su propiedad a través de una sociedad familiar), ha disparado en defensa de las ideas neoliberales en educación y en contra del excesivo control fiscal sobre el pago de tributos: “La solución para la educación no es la gratuidad ni la prohibición del lucro –y menos de la selección y el copago-, sino que el desafío es como seguir atrayendo inversiones, competencia y talento”; “Lo peor es lo que ha hecho este Gobierno (Bachelet) es negar a la educación su naturaleza de bien económico”; “¡Ningún peso del Estado puede ir a entidades con fines de lucro!’, dicen. ¿Quién inventó tamaña insensatez?”, ha dicho. Sus columnas de los sábados en El Mercurio eran un plato que gozaba el entorno de Piñera.

Gerardo Varela Alfonso, el recién nombrado ministro de Educación del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, es un muy bien conectado abogado de derecha. Nieto de un ex candidato presidencial radical, Pedro Enrique Alfonso, desde la década del ‘80 que se define como un liberal. Se tituló como abogado de la Universidad de Chile en 1990 y de inmediato se integró al estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos & Compañía, uno de los más importantes de la plaza.

En 1996 ingresó como socio. Y de ahí no se ha movido. Su expertise ha sido la representación de empresarios en la constitución, fusión y adquisición de sociedades. El suyo es el mundo de los negocios. En 1998 participó como abogado en la creación de cuatro sociedades de Iberoamerican Media Holdings Chile, cuando el Grupo Prisa aterrizó en el país. También asesoró a la Universidad Católica en la venta de Canal 13 al Grupo Luksic y en la negociación con Christus por la red de salud.

Desde noviembre de 2017 preside el Observatorio Judicial, una iniciativa nacida de la mente de Hernán Büchi, quien la socializó con Luis Larraín, y que prosperó en las oficinas de Libertad y Desarrollo, uno de los principales centros de pensamiento de la derecha política y económica. El objeto de esa entidad es fiscalizar la actuación de los jueces para evitar que sus fallos se basen en su “parecer ideológico”, según declaró a revista Capital Fernando Barros, otro de los integrantes del grupo en el que también participan Alfredo Alcaíno, Roberto Guerrero y José Miguel Aldunate, entre otros. Ellos buscan combatir el llamado “activismo judicial” (ver Nota de la Redacción).

Una de las preocupaciones de estos abogados es combatir la norma anti-elusión nacida de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet. “No se entiende nada, es una profecía de Nostradamus”, declaro Varela a revista Capital al ser consultado por el Observatorio Judicial. La idea de Varela al respecto queda más clara aún en la columna que publicó en El Mercurio el 26 de julio de 2014: “No hay que confundir la ‘evasión’ tributaria, que es un delito, con la ‘elusión’, que es un derecho”.

El Diario Oficial es generoso en la entrega de información sobre su participación en trámites empresariales. En paralelo cultivaba una valiosa red de contactos en el mundo empresarial. Era el mejor amigo de Felipe Cubillos (el hermano de Marcela, la nueva ministra de Medio Ambiente) desde que fueron compañeros en la universidad. Cubillos,  fallecido en septiembre de 2011 en un accidente aéreo (el mismo donde murió el animador Felipe Camiroaga) lo invitó a trabajar en Escuelas para Chile (formó parte del directorio y fue su encargado legal), una organización de facto apéndice de Desafío Levantemos Chile, que se creó con los excedentes de la Teletón realizada luego del terremoto de 2010 y que se ocupó de reconstruir escuelas en la zona afectada por la tragedia. En esa cruzada trabajó mano a mano con Lázaro Calderón, controlador de Ripley, y con Carlos Alberto Délano, uno de los controladores de Penta que cayó en desgracia en las investigaciones por financiamiento irregular de la política.

Con Cubillos eran amigos y socios. El Diario Oficial registra dos sociedades en la que compartieron propiedad y que registran movimientos hasta 2010: Inversiones Los Galgos y el Instituto Tecnológico del Salmón. Tras la muerte de Felipe Cubillos, Varela se convirtió en su albacea. En Inversiones y Asesorías El Navegante, la sociedad familiar de Cubillos, Varela quedó facultado para realizar trámites administrativos en conjunto con alguno de los integrantes del clan familiar.

Durante el funeral de Cubillos, Varela habló: “Los amigos queríamos que Felipe fuera presidente de Chile. Yo le iba a escribir sus discursos”, dijo en la ocasión, según relata el libro “Felipe Cubillos: el desafío del hombre que quiso ser un héroe”. El nuevo ministro de Educación tiene experiencia como ghost writer, ha escrito discursos para Sebastián Piñera y para Laurence Golborne, según el mismo Varela relató a revista Capital en 2015.

Club de Golf Cachagua (Fuente: clubdegolfcachagua.cl)
Club de Golf Cachagua (Fuente: clubdegolfcachagua.cl)

En la UDI comentan que el nuevo secretario de Estado forma parte del círculo de amigos de Sebastián Piñera, con quien comparte veraneos en Cachagua. En ese balneario es un habitué desde hace décadas: forma parte del directorio del Club de Golf, cuya cuota de incorporación es de 1.200 UF ($31 millones al valor actual).

Su trabajo junto a Felipe Cubillos levantando colegios en el sur de Chile no es su único nexo con la educación. También formó parte del directorio de Educa UC, una iniciativa afiliada a la Universidad Católica que administra diez colegios particulares subvencionados y particulares pagados en Maipú, Vitacura, Puente Alto, San Bernardo, Rengo, Los Andes, Paine, La Florida y Macul.

El vínculo con Cubillos era profundo y sus círculos siguen convergiendo. Quien fuera el mecenas del creador de Desafío Levantemos Chile, el empresario Nicolás Ibáñez, es también quien sustenta la Fundación Para el Progreso, el think tank liberal que es dirigido por Axel Kaiser y donde Varela es secretario del directorio. En ese mismo centro de pensamiento colabora Roberto Ampuero (senior fellow), el nuevo canciller. Esta semana esa organización colaboró en las actividades en Chile de Antonio Ledezma, el dirigente opositor venezolano que visitó el país y se reunió con el presidente electo.

Gerardo Varela también participa en otros directorios. Hasta hoy aparece como presidente de Soprole (ingresó al directorio en 2002 y ejerce como presidente desde 2010), representando los intereses de Fonterra, de los inversionistas neozelandeses que controlan la empresa de lácteos. En los directorios de Soprole (también participa en Sociedad Procesadora de Leche del Sur y Soprole Inversiones) es compañero de José Ramón Valente, el recién nombrado ministro de Economía, y de Tomás Walker Prieto, hermano de los senadores Ignacio y Patricio, del diputado Matías y del también nuevo ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Además, figura en registros oficiales como director en Avla S.A., empresa de servicios financieros donde comparte mesón con Juan Carlos Jobet, ministro del Trabajo del primer gobierno de Piñera. Hasta 2015 también integró, como vicepresidente, el directorio de Campos Chilenos, empresa tras las marcas Iansa, Cannes, Minninos, Patagonia Fresh e Icatom. Hasta 2011 también fue director de Kastel S.A.

En 2014, Varela aparece en documentos oficiales como abogado de Larraín Vial, mientras el presidente de su directorio era José Miguel Barros, hermano de su esposa, Elna Barros. Poco antes figura en documentos de la SVS representando los intereses de la familia Calderón en juntas de accionistas de Ripley.

Colegio San Marcos de Macul de la red Educa UC.
Colegio San Marcos de Macul de la red Educa UC.

La designación de Gerardo Varela como nuevo ministro de Educación fue leída como una declaración de guerra por los dirigentes del movimiento social por la educación. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló a T13 que están preocupados porque “es una persona ultra ideologizada a favor de la doctrina neoliberal, él ha hecho declaraciones en materia educacional en favor del lucro, propiciando una prioridad de la educación privada sobre la pública”.

En la Confech también se encendieron las alarmas. El vocero y presidente de los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Felipe Godoy, dijo a El Mostrador que “esto va a implicar un choque (…) porque demuestra una total desconexión de este Gobierno con los movimientos sociales y con lo que quiere Chile”.

El ex presidente de la FEUC durante el reventón estudiantil de 2011, y actual diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson, dijo a CIPER: “Creo que su nombramiento es una clara muestra de que las señales de ‘unidad y transversalidad’ fueron vacías y que apostará por la polarización a través de una visión conservadora y mercantilizada de la educación”.

En una columna de El Mercurio del 12 de noviembre de 2016 Varela se dirigió a los diputados que emergieron del movimiento educacional, y les habló firme: “Chile aprovecharía mejor su inteligencia si se van a la calle y buscan trabajo. Aprenden lo que es ser empleado, tener un jefe jodido y trabajar en equipo. Después se independizan, discurren una idea novedosa, le piden plata al banco y se arriesgan creando una empresa, para que sepan lo difícil que es emprender con éxito. Así, en vez de transpirar arrancando del guanaco, lo hacen juntando plata para pagar el IVA y los sueldos a fines de mes y enfrentan a la burocracia estatal que ahoga al más entusiasta emprendedor”.

EL VÍNCULO CON SOUTHERN CROSS

En su rol como abogado corporativo (experto en fusiones y adquisiciones) y socio del estudio Cariola, Díez, Pérez-Cotapos, Varela ha participado de la constitución en Chile –y otros países– de distintas compañías internacionales radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán (Reino Unido), Panamá y Delaware (Estados Unidos).

Raúl Sotomayor, Southern Cross
Raúl Sotomayor, Southern Cross

Son precisamente los vínculos con sociedades domiciliadas en esta última jurisdicción los que entregan pistas sobre la relación profesional que el abogado forjó con los socios del fondo de inversión más grande de América Latina: Southern Cross, creado por el empresario argentino de origen japonés Norberto Morita.

En 1999 Morita –conocido por comprar barato empresas que están en la UTI para luego venderlas– adquirió La Polar para rescatarla de la quiebra y ocho años más tarde la vendió, aunque figuró en el directorio de la multitienda hasta 2009.

En abril de 2015 y tras el estallido del mega fraude protagonizado por los socios de La Polar (2011), la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa de $37 millones impuesta por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Morita y su socio chileno Raúl Sotomayor Valenzuela por falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

Es precisamente Raúl Sotomayor Valenzuela quien comparece en la notaría junto al abogado Gerardo Varela en una de las escrituras de Inversiones Charrúa Chile, sociedad constituida a través de Charrua Investments LLC, una sociedad domiciliada en Delaware y vinculada al fondo Southern Cross. En la escritura de constitución de esa sociedad se deja constancia que el socio administrador Charrua Investments LLC entrega poder y designa transitoriamente como mandatarios para administrar a su filial chilena al abogado Varela y otras tres personas.

Delaware es un estado conocido por sus opacas leyes y el secretismo con el que protege la identidad y los pactos entre los accionistas de las sociedades que allí se crean. Si bien no suele figurar en listas internacionales de paraísos fiscales, Delaware en la práctica opera como uno más. Gerardo Varela mantuvo hasta junio de 2006 el 0,01% de Inversiones Charrúa. Fue ese mes cuando ingresó a la propiedad de esa sociedad otra compañía domiciliada en Delaware: Little Charrua LLC.

Quien también aparece en las escrituras de constitución de esa sociedad junto a Varela es el argentino Horacio Reyser Travers, ex socio de Southern Cross, quien actualmente se desempeña como secretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno del presidente Mauricio Macri. De acuerdo a una publicación del medio argentino Perfil fechada en diciembre de 2016, Reyser fue investigado por presunta estafa y administración fraudulenta tras detectarse que habría enviado información privilegiada y sensible del Estado a privados durante las negociaciones que el gobierno de Argentina llevó a cabo con el emirato de Qatar. Al momento de los hechos, Reyser se desempeñaba como asesor de Macri en materia de inversiones.

Inversiones Charrúa participa del negocio de la transmisión eléctrica (generación, suministro y venta). En 2009, y con un capital de más de $7 mil millones, figuró como socia mayoritaria de la sociedad Energía Andes Sur Limitada.

Ubicación proyecto termoeléctrico.
Ubicación proyecto termoeléctrico.

Pero los vínculos de Gerardo Varela con Southern Cross son más profundos. También se dan en el ámbito de la generación energética y van más allá de la constitución de sociedades. Desde 2011 el abogado asumió como director de la sociedad Nueva Energía de Chile S.A., constituida en 2009, donde comparte mesa con uno de los socios de Southern Cross, Raúl Sotomayor. A través de la sociedad Río Seco S.A., Nueva Energía de Chile es titular del proyecto“Central Termoeléctrica Pacífico” (CTP), localizado en la Región de Tarapacá a 63 kilómetros de Iquique. CTP contempla la construcción y operación de dos unidades de generación en base a carbón bituminoso con una capacidad de 350 mega watts que serán inyectados en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

A través de distintas sociedades el proyecto termoeléctrico es controlado aguas arriba de Río Seco por el fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III LP. Tras ser rechazado en noviembre de 2009 por la autoridad ambiental, el 11 de mayo de 2011, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional le dio luz verde a la central termoeléctrica en medio de una férrea oposición de la comunidad y de distintas agrupaciones sociales.

Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por oposición del municipio de  Iquique debido a que la Dirección de Obras aún no ha aprobado al anteproyecto de construcción de la central.

En abril de 2012, Gerardo Varela fue ratificado en su rol como director de Nueva Energía de Chile y en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) la nómina de directores integrada por el nuevo ministro de Educación y por Raúl Sotomayor no registra modificaciones (ver aquí).

OTRAS HUELLAS OFFSHORE

Las huellas que vinculan a Gerardo Varela en su rol de abogado con paraísos fiscales no terminan en Delaware. El nuevo ministro de Educación aparece además como director de una sociedad panameña creada en septiembre de 2015. Se trata de Paytrue S.A., sociedad creada en Montevideo (Uruguay) en enero de 2003 y que en septiembre de 2015 abrió una sucursal en Panamá, quedando registrada como sociedad extranjera con un capital de US$10 mil.

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

En las escrituras de constitución de la sucursal panameña de Paytrue (26 de agosto de 2015), orientada a ofrecer soluciones de pago, figura Gerardo Varela como uno de sus directores, junto a los empresarios chilenos José Antonio Jiménez Martínez, Alejandro Mehech Bonati y Franco Mellafe Angelini, entre otros. De acuerdo a la información recogida por CIPER, la sociedad panameña se habría constituido para participar de una licitación pública en ese país.

En su rol de abogado Gerardo Varela  también aparece en diciembre de 1999 constituyendo “Rayovac Chile Sociedad Comercial Limitada”, la que se creó de la mano de la sociedad Rayovac Latin America Ltd, sociedad registrada en Islas Caimán como “exempt company”, es decir constituida para hacer negocios fuera de esa jurisdicción y que no cuenta con empleados ni oficinas. Varela mantuvo hasta abril del 2000 un porcentaje simbólico (el 0,01%) de las acciones de Rayovac Chile.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las operaciones de planificación tributaria que utilizan como centro sociedades ubicadas en paraísos fiscales significan una merma en la recaudación de impuestos a nivel global que anualmente puede llegar a los US$240 mil millones.

A los polémicos dichos que ha vertido en medios de comunicación sobre educación –a la que considera un bien económico–, se suma una serie de declaraciones que el nuevo ministro ha hecho en materia tributaria en las que sugiere, por ejemplo, que los contribuyentes no están obligados a respetar el “espíritu” de la ley y que el aprovechamiento que éstos hagan de los vacíos en las normas tributarias para disminuir su carga impositiva no debiera ser perseguido por la autoridad.

Los ciudadanos no somos administradores transitorios de dineros fiscales respecto de los cuales debamos rendir cuentas, sino que tenemos el derecho de apropiarnos y beneficiarnos del producto de nuestro trabajo o inversión, y por eso el pago de impuestos es de derecho estricto (…) Recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente, más todavía es invocar una obligación moral de hacerlo”, señaló en una carta al director de El Mercurio el 14 de noviembre de 2017, en pleno debate por las empresas “zombi” compradas a comienzos de los ’90 por diversos empresarios, entre ellos Sebastián Piñera, para disminuir el pago de impuestos (ver reportaje de CIPER).

Días después ahondaría en una columna escrita en el mismo medio señalando que “cuando hay áreas grises en la ley, estas deben interpretarse siempre a favor del derecho de propiedad y no a favor de pagar impuestos, es decir, a favor de la persona y no del fisco”.

PATRIMONIO FAMILIAR

Parte de su patrimonio, Varela lo organiza en torno a su sociedad familiar Inversiones Bula Matari –constituida en 1995–, donde actualmente él participa junto a su señora y sus tres hijos. A nombre de esa empresa registra su casa en Cachagua (cuyo avalúo fiscal alcanza los $272 millones) y un departamento en Vitacura. El patrimonio familiar también incluye otro departamento en Vitacura a nombre de su señora, Elna Barros, el que está avaluado por el Fisco en $442 millones. Hay que considerar que el avalúo comercial de una propiedad (el precio por el que puede llegar a venderse) puede triplicar el valor que le asigna el Estado.

Gerardo Varela.
Gerardo Varela.

El capital societario de Inversiones Bula Matari actualmente también es elevado. El 28 de abril de 2014 esa sociedad lo aumentó vertiginosamente, pasando de $1 millón a $2.700 millones, los que se enteraron con aportes de capital y reinversiones en la sociedad. En registros oficiales no hay más detalles al respecto.

A la misma sociedad Inversiones Bula Matari, Varela la uso como vehículo de participación en otro negocio que no queda completamente claro al revisar la información disponible en el Diario Oficial. En agosto de 2003 creó, en sociedad con Asesorías e Inversiones La Capellanía,  la firma Forestal Estero El Rincón. El capital inicial fue elevado: $3.150 millones. Siete meses después, esa misma sociedad modificó su giro y su nombre a Inversiones B.O. y el objeto ahora es la inversión inmobiliaria y financiera. El capital aumentó a $9.538 millones. Todo derivó en que en 2012 la firma adquirió una papelera: Papeles Bío Bío, la que actualmente exporta el 55% de su producción a países como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Paraguay. Notas de prensa mencionan a los empresarios Juan Obach y Héctor Bacigalupo como los controladores del grupo. No hay registros que indiquen que el nuevo ministro de Educación siga vinculado a ese negocio.

También con su sociedad familiar, Inversiones Bula Matari, participa en WK Autos e Inversiones CSK, las que forman parte de una red de empresas formadas por el estudio de abogados del que es socio. Según El Líbero, Bula Matari es parte de los propietarios de ese medio de comunicación digital

 * NOTA DE LA REDACCIÓN: En la versión original de este reportaje, se mencionó que quien había ideado el Observatorio Judicial, en el que participa Gerardo Varela, era Felipe Larraín, el nuevo ministro de Hacienda. Fue un error, ya que quien desarrolló esa idea fue el presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín.

Instagis: el “gran hermano” de las campañas políticas financiado por Corfo

Al tener precargado el padrón electoral, [es posible] descubrir la concentración de votantes, su caracterización socioeconómica y tendencia política, para desarrollar un trabajo territorial eficiente dentro de su comuna”.

Para un aspirante a concejal, alcalde, parlamentario o incluso para un candidato a presidente, conocer la ubicación y tendencia política de un grupo de votantes meses antes de una elección puede transformarse en una poderosa arma de campaña.

Instagis, tal como promueve en su página web, ofrece eso y más. Su negocio consiste en cruzar distintas bases de datos con información de usuarios en redes sociales para predecir patrones de comportamiento, de consumo e incluso preferencias políticas. Así, cada vez que usted interactúa en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram, uno de los “robots” de Instagis puede monitorear ese contenido para luego cruzar la información con su RUT y domicilio, aunque estos últimos son datos personales que debiesen estar protegidos, pero los vacíos legales hacen que en la práctica no sea así. El resultado: un mapa georreferenciado con información respecto de cuáles son, por ejemplo, sus inclinaciones políticas, dónde se concentran los delitos en una comuna determinada o si es o no usted un fanático de las pizzas o el sushi.

Quiénes son y dónde viven los adherentes, detractores e indecisos de un candidato que aspira a un cargo público en un distrito determinado, es vital para saber qué y cuántas puertas tocar o qué mensajes enviarles por redes sociales.

Más de una docena de municipios liderados por alcaldes de distintos sectores de la política han utilizado el software de Instagis para gestionar a través de mapas georreferenciados sus planes de seguridad ciudadana o desarrollo comunitario, pero es en el ámbito electoral y de la mano principalmente de candidatos de Chile Vamos donde la empresa ha alcanzado notoriedad.

INSTAGIS FOTOSHOPS
“Sabemos el qué sobre el quién… en todas partes” (Fuente: Instagis)

Instagis, que ha recibido en dos oportunidades inyecciones de dineros de Corfo –poco más de $1.400 millones en total–, fue desde las primarias de julio del año pasado pieza clave en la estrategia de campaña del comando del presidente electo Sebastián Piñera. También fue utilizada por varios candidatos de Renovación Nacional (RN) y la UDI electos en las municipales 2016 y parlamentarias 2017. Aunque hay quienes no le atribuyen un papel determinante en los resultados electorales, lo cierto es que tras firmar contrato con Instagis, RN se transformó en el partido más votado de Chile en las municipales de 2016. Y ocho de los diez candidatos de Chile Vamos a alcalde o concejal que utilizaron el software de la empresa en esa misma elección, salieron triunfadores.

El contrato de RN con Instagis se firmó en septiembre de 2016 con el objetivo de perfilar a los “votantes de las comunas objetivo del cliente”. En ese documento se detalla que la empresa monitoreará distintas “fan pages” de Facebook donde se publiquen contenidos políticos y “donde los usuarios que las siguen realizan interacciones públicas que revelan sus tendencias”, para luego cruzar los nombres de esas personas con los del padrón electoral “obteniendo el RUT de los fans para cruzarlos con otras capas de información pública”.

Expertos consultados por CIPER, señalan que la “fórmula” ofrecida a RN por Instagis –que es solo una de una docena de empresas que comercializa ese tipo de servicios en Chile– transita por una delgada línea que aprovecha los forados de una normativa (Ley 19.628 “Sobre protección de la vida privada”), que desde su promulgación en 1999 “estuvo más orientada a regular el negocio del tráfico de datos personales, antes que a proteger los derechos fundamentales de las personas”, señala Pablo Viollier, miembro de la fundación Derechos Digitales de América Latina.

Lo más llamativo de este contrato es que Instagis le ofreció un “precio preferencial” a RN ($18 millones) bajo condición de que la empresa pudiese conservar los resultados de ese trabajo, los que “podrá comercializar sin restricción para los fines que estime conveniente”.

Viollier advierte que en el caso de esa cláusula se podría configurar una vulneración a la privacidad de las personas: “Aquí se está autorizando la venta de propaganda política y eso pasa por un tratamiento indebido de los datos personales de los ciudadanos”, indica el especialista. Viollier agrega que la tendencia política de una persona es una información considerada en la legislación como “dato sensible” y que eso choca directamente con la prerrogativa contemplada en la misma ley sobre fuentes accesibles al público, una excepción que abre la puerta para que prácticamente todo dato personal que circule en la web sea susceptible de ser utilizado por terceros.

En el caso de obtener datos que permitan perfilar las preferencias políticas, el experto señala que “es discutible si se aplica la excepción de fuente accesible al público, porque la inclinación política de una persona puede ser considerada un dato personal sensible, y en ese caso se requiere de la autorización del titular o habilitación legal. Es algo que tendrían que resolver los tribunales porque está sujeto a interpretación”.

instagis_n4YCrFySocios de Instagis han reconocido en entrevistas que uno de los insumos más valiosos para alimentar sus sistemas de predicción territorial son las bases de datos que les entregan sus propios clientes. Un punto que podría resultar delicado si se toma en cuenta que la empresa trabaja con más de una docena de municipios a lo largo de Chile y que ha obtenido contratos con organismos públicos como el Servicio Electoral (Servel); el sistema de Compras Públicas y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Desde su creación en enero de 2013, Instagis ha tenido un ascenso prometedor. En junio de 2013 se convirtió en el segundo proyecto nacional en ser admitido en el grupo 500 Startups, una prestigiosa aceleradora de negocios de Silicon Valley, la meca del emprendimiento tecnológico en California. Con oficinas en Santiago y San Francisco, Instagis es administrada a través de una sociedad matriz –Instagis Inc.– que de acuerdo a la indagación de CIPER está registrada en Delaware (Estados Unidos), estado que en la práctica opera como paraíso fiscal.

Parte importante del explosivo crecimiento de la empresa en Chile y en el extranjero –tiene clientes en Brasil, Centroamérica y Estados Unidos– se debe a una cuantiosa inyección de capital con dineros del Estado. Fue en diciembre de 2015 cuando recibió $1.396 millones de manos de Genesis Ventures, una administradora de capital de riesgo a la que en mayo de 2013 Corfo le abrió una línea de crédito por UF 306 mil ($7.020 millones) para invertirlos en proyectos innovadores con potencial de crecimiento (ver recuadro).

La consultora Genesis arrastra un pasado polémico. Genesis Ventures es la sociedad encargada de administrar los fondos para capital de riesgo de su matriz Genesis Partners, empresa en cuya propiedad y administración participó el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y de la que recibió pagos por medio de boletas falsas (entregadas por su cuñada Carolina de la Cerda) por $24 millones mientras cumplía labores como funcionario público.

Tras su forzada salida del gobierno, luego de que quedara al descubierto su rol protagónico en las irregularidades que derivaron en la invalidación de la primera licitación del litio, Wagner regresó en 2013 (y hasta 2014) a Genesis en calidad de socio y director. En ese periodo recibió otros $31,5 millones por la misma vía, es decir, a través de boletas de su cuñada, tal como declaró De la Cerda ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) (ver reportaje de CIPER).

DE SANTIAGO A DELAWARE

Hasta abril de 2016, la empresa Instagis fue controlada por la sociedad El Postino S.A., creada en febrero de 2005 por el ingeniero comercial Julián García Núñez y en cuya constitución participaron otras dos sociedades ligadas al también ingeniero comercial Fernando Ovalle Vial y al diputado electo por el Distrito 10 Jorge Alessandri Vergara (UDI), hermano del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Jorge Alessandri –quien utilizó el software de Instagis para su campaña a diputado– no es un advenedizo en la política. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como director de Programación del ex presidente Sebastián Piñera y también como concejal de la Municipalidad de Santiago (2008-2012). Jorge Alessandri –quien creó una empresa de seguridad en 1999 con ex comandos del Ejército– señaló a CIPER que su participación en la sociedad El Postino terminó “años antes” de la creación de Instagis en enero de 2013.

delaware (1)En noviembre de 2015, a menos de dos años de su creación, Instagis aumentó su capital de $5 millones a $708 millones. Seis meses más tarde, en mayo de 2016, el capital se duplicó alcanzando los $1.410 millones. Detrás de ambas capitalizaciones estuvo la sociedad Instagis Inc., creada en septiembre de 2013 y radicada en Delaware, tal como muestran los registros a los que CIPER accedió.

Delaware es un destino apetecido por startups internacionales con planes de expansión en Estados Unidos, especialmente a la hora de ejecutar rondas de levantamiento de fondos para financiamiento y desarrollo. Ese estado ofrece a inversores que quieran colocar su capital de riesgo en este tipo de emprendimientos, procedimientos simplificados que hacen expedito el proceso de inversión. Cuenta además con una corte especial dedicada a resolver disputas corporativas.

Pero Delaware tiene otra cara dada por las exenciones tributarias que ofrece a las empresas que allí registran su domicilio fiscal –no hay impuestos a los activos intangibles, como la propiedad intelectual, ni tampoco a las ganancias generadas fuera del territorio–, por sus opacas leyes y el secretismo con el que protege la identidad y los pactos entre los accionistas de esas empresas. De hecho, el estado no exige que se informe sobre los nombres de los dueños de las sociedades que allí se constituyen. Ello explicaría por qué, por ejemplo, los documentos de inscripción de Instagis Inc. revisados por CIPER no muestren quién o quiénes están detrás de esa sociedad (ver documento).

Que Delaware no sea considerado formalmente un paraíso fiscal  y que en la práctica opere abiertamente como tal, ha sido el gancho idóneo para las más de un millón de sociedades y/o empresas que se han instalado en esa jurisdicción. En Delaware, así como sucede con la mayoría de los paraísos fiscales del mundo, el número de sociedades allí registradas supera al de residentes.

Para Instagis, que recibió una cuantiosa inyección de dinero del Estado chileno, esa ambigüedad también ha resultado cómoda. Y esto porque en el reglamento del programa de Corfo que aportó los casi $1.400 millones a Instagis (a través de la administradora Genesis Ventures)  en diciembre de 2015 se instruye explícitamente que “las sociedades extranjeras en que invierta el fondo, directa o indirectamente, no podrán estar domiciliadas ni ser residentes de países o territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos”.

En rigor, Instagis cumple con la letra de la norma, pues pese a sus beneficios tributarios y al secreto que pesa sobre la identidad de los beneficiarios de las sociedades allí inscritas, Delaware no es considerado paraíso fiscal o régimen tributario preferencial por la autoridad tributaria chilena.

El 20 de abril de 2016, Instagis Inc. –laque físicamente opera en San Francisco (California) y Santiago– tomó formalmente control de su subsidiaria chilena Instagis SpA, reemplazando a El Postino como socio administrador de esa sociedad.

EL “GRAN HERMANO” DE RN

La noche del 23 de octubre de 2016 marcó una jornada histórica para Renovación Nacional (RN). El resultado de las elecciones municipales de ese domingo dejó a RN como el partido más votado de Chile –poco más de 800 mil votos–, con 47 alcaldes y casi 450 concejales electos. Alimentaron los festejos varias victorias en municipios estratégicos, como la de Felipe Alessandri en Santiago o la de Daniel Agusto en Calama, enclave de la centro izquierda desde 1992.

Mario Desbordes.
Mario Desbordes

Tras las elecciones, la mesa directiva de la tienda de Antonio Varas salió fortalecida. Al día siguiente algunos medios informaron que la dirección del partido presidida por Cristián Monckeberg iría a la reelección y que incluso se evaluaba que el secretario general de RN, Mario Desbordes, encabezara la lista como presidente (ver artículo). Aunque eso no ocurrió, Desbordes, uno de los principales estrategas de la campaña que llevó al partido a su peak electoral, sumó galones.

Parte del éxito de RN está vinculado a un contrato firmado por el propio Desbordes, en representación de Renovación Nacional, el 5 de septiembre de 2016 con Instagis. El objetivo: perfilar votantes en comunas con candidatos a alcalde y concejal del partido para planificar acciones en terreno (como puerta a puerta), barridos telefónicos y campañas digitales ultra segmentadas.

En concreto, Instagis ofreció a RN un mapa de votantes, con “la dirección y comuna de las personas según padrón auditado 2016”; su “probabilidad de preferencias políticas” y el “GSE (Grupo Socioeconómico) para todos aquellos miembros que, según información pública disponible, residan en una manzana que haya sido censada el 2002”.

–Ocupamos intensamente la herramienta de Instagis en las municipales de 2016. A través de Facebook, por ejemplo, se perfilan a los electores de una comuna determinada y se detectan cuáles son abiertamente de derecha, de centro o de izquierda, y cuáles son neutros. Con eso trabajamos un mensaje específico para los de derecha, otro para los neutros, no molesto ni pierdo tiempo con los de izquierda, y si tengo los recursos puedo traducir eso en un trabajo de campo también aplicado con las mismas lógicas –señaló a CIPER el secretario general de RN, Mario Desbordes.

Al enviar publicidad digital o tocar puertas de hogares estratégicamente seleccionados, los encargados del despliegue territorial del partido de centro derecha no se enfrentarían a completos desconocidos. Instagis ofreció individualizarlos por RUT, segmento socioeconómico y grado de adherencia política a los candidatos (a alcalde y/o concejal) que se postulaban en su comuna. A las capas de información recogidas a partir de distintas bases de datos –públicas y del propio partido– Instagis agregó las interacciones con contenido político de esos mismos individuos en Facebook.

Por esa base de datos electoral, Renovación Nacional pagó $18 millones. Un “precio preferencial”, tal como se estipula en el contrato, que significó que RN aceptara como condición base de la oferta que Instagis pudiera guardar “una copia de las probabilidades ajustadas que podrá comercializar sin restricción para los fines que estime conveniente” (ver contrato).

1840917En concreto, carta blanca para vender datos personales como el RUT, domicilio y la tendencia política –este último calificado en la ley como “dato sensible”– de cientos o miles de ciudadanos que fueron perfilados al detalle y sin saberlo, a quienes quieran comprar esa información con fines que nadie conoce.

Para el experto de la fundación Derechos Digitales de América Latina, Pablo Viollier, esa cláusula contractual refleja lo débil de la legislación chilena sobre protección de la vida privada y lo retrasada que está en relación a los estándares internacionales como los que rigen en la mayoría de los países de la OCDE.

–La Ley 19.628 no busca proteger a los individuos del tratamiento que hacen terceros de sus datos, sino regular el mercado de tratamiento de datos personales. No existen sanciones efectivas por vulnerar la norma; no se regula el flujo transfronterizo de los datos personales, ni el uso que se hace de datos para marketing directo sin autorización del titular. Tampoco existe una autoridad pública de control que fiscalice –señala Viollier.

La ineficacia de la ley a la hora de proteger derechos básicos de los ciudadanos sobre todo en lo que respecta a aquellos datos que la normativa define como “sensibles” –aquellos que refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad como sus creencias, convicciones religiosas y opiniones políticas– tiene una explicación.

Especialistas apuntan al agresivo y exitoso lobby que desplegó a fines de los ’90 la industria del marketing durante la tramitación de la norma. “La ley chilena sobre protección de datos personales fue redactada a instancias de la asesoría de los grupos y empresas interesadas en asegurar el lucrativo negocio que constituye el procesamiento de datos personales, lo que se sumó a la ignorancia inexcusable de los parlamentarios (…).  Nos referimos a la empresa DICOM; a la Asociación de Marketing Directo de Chile; a la Cámara de Comercio de Santiago y a la Cámara Nacional de Comercio de Chile”, expuso el abogado chileno Renato Jijena en el Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, realizado en Monterrey (México) en octubre de 2010.

INTELIGENCIA ELECTORAL

Mario Desbordes no fue el único que solicitó los servicios de Instagis en Renovación Nacional para apuntalar la carrera municipal de 2016. En las planillas de gasto electoral del Servel figuran contratando los servicios de la empresa de software territorial tres candidatos a alcalde, todos electos, de la misma colectividad: Felipe Alessandri (Santiago), Raúl Torrealba (Vitacura) y Felipe Guevara (Lo Barnechea).

Además de RN, Instagis también se granjeó clientes entre candidatos de la UDI y algunos independientes adscritos al pacto Chile Vamos. Joaquín Lavín invirtió $4,5 millones en el arriendo del software para su exitosa campaña en Las Condes. Cathy Barriga, nuera de Lavín, y José Manuel Palacios también acudieron a Instagis en las campañas con las que ganaron las alcaldías de Maipú y La Reina, respectivamente. Quien también contrató los servicios de la empresa que provee de inteligencia electoral fue el ex subsecretario de Prevención del Delito del gobierno de Sebastián Piñera, Cristóbal Lira, que resultó electo concejal por Lo Barnechea.

alcaldes y piñera
Felipe Alessandri, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín y Raúl Torrealba han contratado servicios con Instagis para campañas políticas. Evelyn Matthei lo hizo para reforzar la gestión municipal en materia de seguridad ciudadana.

La performance de Instagis en las municipales de 2016 fue prácticamente redonda. Solo dos candidatos que contrataron sus servicios, Cristian van Rysselberghe (Concepción) y Juan Francisco Galli (candidato a concejal por Vitacura), no lograron su cometido. De cara a 2017, Instagis sería número puesto en la centro derecha para las parlamentarias y presidenciales.

Para las elecciones de noviembre pasado, por ejemplo, la UDI puso a disposición de sus candidatos al parlamento y a CORE, el software de Instagis con datos georreferenciados de los electores de todos los distritos del país. En estas presidenciales, la herramienta de la empresa radicada en Delaware fue utilizada desde muy temprano por el comando de Sebastián Piñera.

El registro de gasto electoral del Servel indica que para las primarias presidenciales de Chile Vamos, Piñera desembolsó al menos $20 millones por el arriendo de la licencia del software de Instagis. La misma herramienta sirvió de insumo para el desarrollo de distintas estrategias desplegadas post primarias por el comando del abanderado de la centro derecha.

Tal como informó La Tercera, con la herramienta de Instagis se logró clasificar a los posibles votantes en “piñeristas”, “indecisos” y “perdidos” y a cada segmento se les envió mensajes específicos para reforzar, inclinar o dar vuelta su postura. Los mapas de georreferenciación de votantes de Instagis también habrían servido como insumo para orientar los barridos masivos en hogares –cerca de 150 “puerta a puerta” diarios– que hicieron brigadistas del comando de Piñera en la segunda vuelta para conquistar votos.

¿Cuánto influyó el software de predicción electoral en la aplastante victoria de Sebastián Piñera en segunda vuelta? Difícil saberlo. Lo concreto, es que los análisis post elecciones sugieren que Piñera no solo aseguró los votos obtenidos de todo su sector en primera vuelta, también que su campaña fue efectiva en movilizar a nuevos votantes (350 mil nuevos sufragios válidamente emitidos) y también en sustraer una significativa cantidad de electores de la Democracia Cristiana y en menor medida de candidatos de la izquierda.

Los datos proporcionados por Instagis no solo fueron importantes en el diseño del despliegue territorial de la centro derecha en las elecciones de 2016 y 2017. Tanto en las municipales de 2016, como en las parlamentarias pasadas, sirvieron también como insumo para el desarrollo de la campaña de marketing digital que llevaron adelante candidatos de Chile Vamos y en particular de Renovación Nacional.

El mismo día que el partido liderado por Cristián Monckeberg firmó contrato con Instagis (5 de septiembre de 2016), su secretario general, Mario Desbordes, contrató los servicios de Pablo Matamoros, socio de Magdalena Piñera (hija de presidente electo Sebastián Piñera) en la empresa de marketing digital Amna. Matamoros ya había participado como encargado digital de la campaña de Piñera en 2009 y fue asesor digital de La Moneda bajo el mandato del hoy presidente electo.

Los resultados del 19 de noviembre pasado dejaron nuevamente a RN como el partido más votado con seis senadores y 36 diputados electos. Al día siguiente, Matamoros partió a dar charlas a España donde fue presentado como el “arquitecto de la campaña ganadora de Chile”. El organizador de una de las presentaciones que hizo Matamoros en Madrid publicó en Twitter tras el evento: “Lo más curioso de la charla de ayer de Pablo Matamoros fue comprobar que Chile nos ha adelantado como país en conocimiento y aplicación de estrategias de big data e hipersegmentación y que los partidos de allá gastan más en publicidad online. Y les funciona”.

facebus–Lo que hizo Instagis en estos dos años de campaña fue entregarnos audiencias segmentadas para Facebook, para que nosotros pudiésemos incluir o excluir audiencias y ejecutar inversiones en esa plataforma. Gente más de derecha, gente más de izquierda o, por ejemplo, gente que le gusta Sebastián Piñera o el deporte, con esa información puedes gestionar distintos planes de inversión –dijo Pablo Matamoros a CIPER.

Matamoros, quien actuó como contraparte de Instagis en RN, indicó que la empresa fue una pieza más de un engranaje mucho más complejo en la exitosa gestión de la campaña digital del partido.

Mario Desbordes reconoce que el software de Instagis pudo ser importante en el éxito de las municipales de 2016, aunque señala que para las parlamentarias de noviembre no habría resultado “decisivo”.

–Fue una herramienta más. En el partido instalamos un grupo de personas encabezada por Pablo Matamoros que complementó, por decirlo de alguna manera, el trabajo de Instagis. Pablo era su contraparte técnica y además de manejar los vínculos con otras empresas, como Facebook o Google, en aquellos lugares donde Instagis no tenía suficiente densidad como para influir en el resultado de la elección, él y su equipo fueron construyendo un perfilamiento de votantes –señaló Desbordes, quien agregó que este tipo de herramientas de georreferenciación y segmentación de audiencias no tienen mayor incidencia en una campaña “si es que antes no se arma una buena lista de candidatos y no se negocian bien los cupos[parlamentarios]”.

PAN CALIENTE

Si en el nicho de las campañas políticas Instagis ha logrado éxito, es en el negocio de la seguridad donde la empresa ha obtenido rentabilidad. Instagis ha vendido programas para la gestión de “seguridad ciudadana” a varios municipios de la Región Metropolitana entre los que se cuentan Las Condes, Santiago, Providencia, Maipú y Ñuñoa.

El desarrollo del software de seguridad ciudadana de Instagis también contó con el aporte de Corfo, a través de Innova Chile. En noviembre de 2015 Instagis recibió $35,5 millones para sumar a un ingeniero informático a su equipo y así “crear un modelo de predicción territorial capaz de anticiparse a los acontecimientos delictuales que acontecen diariamente en el territorio”, tal como se lee en documentos de Corfo que CIPER tuvo a la vista.

Esos mismos documentos registran el avance del proyecto y dan cuenta de las dificultades que tuvo Instagis para alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Parte de ellas se debieron al retraso en la obtención de datos delictivos de Carabineros, lo que los obligó a recurrir a otras fuentes de información. El modelo tuvo que ser testeado con datos de la ciudad de San Francisco (California). Producto de esas dificultades Instagis reportó haber desarrollado “trabajos complementarios” en el área de seguridad. Uno de ellos fue el Mapa del Delito, una plataforma web con data delictual a disposición de la ciudadanía y que utiliza información disponible en la página web de distintas comisarías de Carabineros.

La web Mapa del Delito fue lanzada en enero de 2016 de la mano de la Asociación de Municipalidades (Amuch) presidida entonces por el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), quien actualmente enfrenta acusaciones de fraude al Fisco en el llamado Caso Basura.  En el lanzamiento de la plataforma, Olavarría señaló: “Este mapa que es práctico y sencillo de utilizar, nos muestra la realidad de la delincuencia a nivel local, en cada comuna y contribuye a tomar mejores decisiones” (ver aquí).

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A poco menos de dos años de su lanzamiento, la plataforma Mapa del Delito está caída (aunque no estaba comprometida en el proyecto original presentado a Corfo). El 10 de octubre pasado Corfo aprobó el cierre del proyecto de Instagis, estableciendo que en “términos conceptuales” se había logrado ejecutar el 100% de las actividades y gastos, así como alcanzar el 100% de los objetivos y resultados”.

En ese mismo documento, se reportó que entre agosto de 2016 y agosto de 2017 las ventas de Instagis “se incrementaron en un 160%, producto del aporte del proyecto”.

Instagis también cuenta con otra plataforma de gestión territorial llamada “Civic Brain”, para que los municipios puedan comunicarse de forma segmentada con los habitantes de la comuna. Providencia, Zapallar, Coquimbo, Santiago y Lo Barnechea ya cuentan con ese software.

Son cerca de 15 los municipios –liderados por alcaldes de distintos sectores políticos– los que en los últimos dos años han contratado servicios con Instagis. También lo han hecho organismos públicos como el Servicio Electoral (Servel); el sistema de Compras Públicas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Entre 2015 y 2016, Instagis registra ventas en el portal Mercado Público por más de US$1 millón ($620 millones al cambio actual).

Desde el Congreso también se han requerido los servicios de la empresa. El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, pagó $4,1 millones porestudios sobre “Delitos en Chile”. Lo hizo con dineros de las asignaciones que mensualmente se destinan a los diputados para costear informes elaborados por asesores externos ($2,4 millones). Lo que hizo Instagis fue levantar información y generar gráficos a partir de las estadísticas de delincuencia de Carabineros alojadas en el sistema PACIC (Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros).

Quien también solicitó los servicios de Instagis fue el diputado (ex RN) José Manuel “Rojo” Edwards. El informe, también pagado con asignaciones del Congreso, data de diciembre de 2016 y se titula “Segmentación y análisis de habitantes del distrito para comunicación de políticas públicas”. Edwards, quien se postuló a senador por La Araucanía en las parlamentarias de noviembre sin éxito, pagó $4,6 millones por ese informe.

CIPER se contactó con Instagis en varias oportunidades para aclarar una serie de interrogantes relacionadas a la comercialización de datos catalogados como “personales” y “sensibles”, a los aportes de Corfo y a su domicilio fiscal en Delaware. No hubo respuesta.

LAS PLATAS DE CORFO A GENESIS

genesisEl 22 de marzo de 2013 el Comité de Capital de Riesgo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) autorizó la entrega de una línea de crédito por UF 306 mil ($7.020 millones), al “Fondo de Inversión Privado Genesis Ventures,” especialmente creado por la administradora de fondos Genesis Capital S.A. para este programa.

Este fondo combina el financiamiento de sus propios aportantes (Genesis Capital y personas naturales) para invertir en empresas que por su producto, idea o proyecto, tienen un gran potencial de desarrollo como negocio, pero que como están recién partiendo requieren de apoyo profesional y especializado: además de recursos, el fondo entrega soporte técnico, operacional,  directorio, adaptación a normas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y otros reguladores o inversionistas extranjeros, pero sobre todo, redes.

De acuerdo a documentos legales revisados por CIPER, entre los aportantes privados del fondo se encuentran sociedades ligadas al ex presidente de la Sofofa, Hermann von Muhlenbrock, y a los empresarios José Manuel Urenda y Andrés Olivos, entre otros.

Esta línea de financiamiento de Corfo es un crédito blando, que se paga al momento de la liquidación del fondo. Para este caso es de 10 años plazo y el préstamo tiene una tasa de interés del 5,01% y por cada UF que pone el fondo, Corfo pone dos. La administradora puede gastar hasta el 2,5% del total en costos de administración.

A junio de 2017 este fondo había invertido  UF 197.599 y le queda por completar un saldo de UF 234.065 que según el acuerdo debe estar colocado o invertido a más tardar el 30 de mayo de 2018.

De acuerdo con información de Corfo, este fondo ha realizado cuatro desembolsos:

  • Amipass: empresa que administra vales de comida en red. Es la mayor del país y es considerada una de las inversiones más exitosas de Genesis  Venture. La inversión fue de UF 71.062 y se hizo el 30 de enero de 2014.
  • Fer Creaciones: empresa de bolsas recicladas en la que el fondo invirtió UF 46.980 el 9 de julio de 2013.
  • InstaGIS Inc: la inversión se hizo sobre la matriz de la firma (sociedad en el extranjero) la que a su vez invirtió los recursos en la empresa constituida en Chile (Instagis SpA). El fondo colocó en esta firma UF 54.485 el 17 de diciembre de 2015.
  • Sociedad Alimenticia Los Sauzales: maneja la franquicia del restaurante de carnes Outback Steakhouse. La inversión fue de UF 61.539 y se materializó el 6 de marzo de 2014.

 

La ruta de los US$534 millones de Glencore Chile enviados como “préstamo” a Bermudas

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El 21 de octubre de 2014 un correo electrónico con carácter de urgente llegó a las oficinas del bufete de abogados Appleby en Islas Bermudas. Se solicitaba diligencia para inscribir dos sociedades offshore en ese paraíso tributario, las que debían estar activas cuanto antes para una operación que se materializaría en pocas semanas: el 29 de noviembre.

Para los ejecutivos de Appleby esa solicitud no podía esperar. El email había salido de la casa matriz en Suiza de uno de sus clientes más importantes, el gigante mundial de los commodities Glencore. Con 90 oficinas en 50 países, más de 200 mil empleados y cerca de 150 operaciones mineras, agrícolas y petroleras en los cinco continentes, la multinacional anglo-suiza es una de las productoras e intermediarias de materias primas –cobre, zinc, cobalto, carbón, petróleo y trigo, entre otras– más grandes del mundo, con ingresos cercanos a los US$170 mil millones en 2016.

APPLEBY CAIMAN INTERIOR (arch-godfrey.com)Solo 35 minutos se demoraron los ejecutivos de Appleby en responder: “Gestionaremos inmediatamente la reserva de los nombres”.

Luego de tomar el control de la multinacional minera Xstrata en mayo de 2013, Glencore puso en marcha una compleja reestructuración de sus activos a nivel global, sujeta a un cronograma de fusiones, millonarias transferencias y tomas de control accionario, que utilizaría como centro neurálgico el paraíso fiscal de Bermudas. El objetivo: reducir su nivel de deuda a través de una nueva estructura organizacional y tributaria. Así quedó expuesto en los documentos del bufete Appleby sobre Glencore, a los que tuvo acceso CIPER.

En los engranajes de ese plan, montado como las piezas de un reloj, cumplieron un rol estratégico las operaciones en Chile de la multinacional anglo-suiza.

El detalle de las maniobras tributarias que utilizó Glencore y su subsidiaria corporativa chilena para ejecutar su ambicioso plan, se encuentra en un centenar de registros entre los 6,8 millones de documentos del bufete Appleby filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con CIPER y otros 94 medios de 67 países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En Chile y tras un cambio societario en 2014, la multinacional dejó a Glencore Inversiones Chile SpA como controladora de sus operaciones cupríferas Lomas Bayas, Altonorte y Punitaqui. Aparte de lo que puso en manos de esta subsidiaria chilena, Glencore posee además el 44% de la minera Inés de Collahuasi y el 66% de Energía Austral, un joint venture que se creó para desarrollar el ambicioso y polémico proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, en Aysén.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)
Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Cumpliendo como un reloj suizo con el plan diseñado, el 29 de noviembre de 2014, Glencore Inversiones Chile SpA envió US$534 millones a una sociedad offshore que acababa de ser constituida por Appleby en Bermudas: Ronlis Limited, una de las dos sociedades que habían solicitado inscribir en esa jurisdicción y con premura ejecutivos de Glencore a fines de octubre.

Ronlis quedó inscrita en los registros de Bermudas como una compañía de exploración de petróleo. En los hechos, tras recibir los dineros desde Chile, actuó como pivote para la ejecución de sucesivas transferencias de acciones entre varias filiales de Glencore en Australia.

Glencore Inversiones Chile SpA había sido constituida, solo meses antes de la millonaria operación, por otra offshore de Bermudas: Glencore Holdings (Bermuda) Limited, la misma que quedó como controladora de Ronlis, la destinataria de los millonarios fondos que salieron de Chile.

El Diario Oficial y los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, indican que Glencore Inversiones Chile fue constituida con un capital de US$10 mil. A comienzos de noviembre de 2014, pocas semanas antes del envío de los US$534 millones a Bermudas, Glencore Holdings (Bermuda) Limited aumentó el capital de Glencore Inversiones Chile a US$582 millones. Registros notariales en Santiago muestran que los dineros de la súbita capitalización provinieron de las operaciones chilenas de la poderosa firma minera y agrícola.

Un acta del directorio de Ronlis –a la que tuvo acceso CIPER–, indica que apenas 24 días después de la inyección de los US$582 millones a Glencore Inversiones Chile, US$534 millones fueron transferidos como préstamo desde esa subsidiaria chilena a Ronlis, la nueva sociedad creada en Bermudas.

Los documentos de Appleby filtrados indican que el “préstamo” de US$534 millones debía hacerse con “excedentes” de las operaciones chilenas de la transnacional. Esa es la instrucción detallada en un cronograma preparado por el staff de asesores tributarios de Glencore: La compañía holding de Chile prestará US$ 534 millones de sus excedentes de caja a Ronlis.

GlencorePara efectos tributarios, lo que hizo Glencore fue convertir parte del excedente de sus operaciones en Chile en un “préstamo” para la offshore Ronlis, el que quedó registrado en nuestro país como una cuenta por cobrar. Dos expertos tributarios consultados por CIPER señalaron que esta operación amerita ser revisada con lupa por el Servicio de Impuestos Internos (SII), porque podría estar encubriendo un retiro de utilidades por el que no se pagaron tributos.

Alimentan esa sospecha dos factores. El primero es que aún no se ha pagado el “préstamo”, pese a que originalmente se estipuló que esa deuda debía ser saldada antes del 31 de julio de 2015, según registros de Appleby. El segundo factor, es que los documentos filtrados indican que los US$534 millones fueron ocupados por la sociedad constituida en Bermudas (Ronlis) para adquirir acciones de una empresa australiana de la misma multinacional.

Según los tributaristas consultados por CIPER, este movimiento entre Chile y Australia, con escala en un paraíso fiscal, pareciera tener un objetivo: disminuir la carga tributaria.

En la práctica, dijo uno de los especialistas, al presentar la operación como un préstamo, la subsidiaria chilena aparece cambiando un activo por otro. De esta manera, aunque el dinero fue enviado a un paraíso fiscal, sigue contabilizándose en Chile como una deuda por cobrar. Pero si en realidad fue un retiro de utilidades, debió pagar el impuesto correspondiente: en Chile esta figura se grava con una tasa del 35%.

Glencore cumple con sus obligaciones tributarias en línea con las leyes y regulaciones de los países y territorios donde opera”, señalaron a CIPER desde la compañía.

TEMIBLE PARAÍSO

Ubicada en el Atlántico, Bermudas es uno de los vértices del infame triángulo donde se ha perdido el rastro de decenas de aviones y barcos. Para muchos, un lugar temible.

Flag of Bermuda1Pero para la industria de la defensa de la riqueza, este territorio británico de ultramar es todo lo contrario: un paraíso para la ejecución de sofisticados esquemas de planificación tributaria que minimizan el pago de impuestos.

En Bermudas –una jurisdicción cero impuesto, calificada como el paraíso fiscal más “agresivo” del mundo (ver aquí)– cuantiosos flujos de dinero también “desaparecen” y quedan fuera de los radares de las autoridades tributarias. Google, en 2014, se ahorró varios miles de millones en impuestos triangulando dineros desde una filial holandesa a una sociedad de fachada en Bermudas.

A diciembre de 2014, Glencore contaba con 14 sociedades en paraísos fiscales, 11 de ellas en Bermudas. CIPER consultó a la compañía sobre la utilidad que le han prestado a sus inversiones en Chile las sociedades en ese paraíso fiscal. Desde Glencore señalaron que la decisión de utilizar esas entidades offshore era anterior a la compra de Xstrata en 2013, “por lo tanto, no estamos en condiciones de informar las motivaciones originales de esta decisión de inversión”.

Lo concreto, es que tras la adquisición de Xstrata en mayo de 2013, Glencore siguió creando sociedades en esa jurisdicción. Así sucedió con Ronlis Limited, inscrita a principios de noviembre de 2014 por los abogados del bufete Appleby, a petición de Glencore. Su capital autorizado: US$100 millones. Una segunda sociedad quedó inscrita en fecha idéntica en Bermudas: Glencore International Investment Limited (GIIL), con un capital autorizado de US$10 mil millones.

La respuesta de Glencore a CIPER abre más interrogantes. Fue en julio de 2014 –más de un año después de la fusión con Xstrata– que Glencore Inversiones Chile SpA quedo inscrita en la 22ª Notaría de Santiago. Como único accionista de esa sociedad aparece Glencore Holdings (Bermuda) Limited, lo que evidencia que la firma suiza sí tomó una decisión al respecto: continuar gestionando sus inversiones en Chile utilizando ese paraíso fiscal con posterioridad a 2013.

Glencore pagó US$4.307 al bufete Appleby por la creación de la offshore Ronlis. Una vez activa y de acuerdo al plan de reestructuración de la transnacional, esa sociedad debía recibir dinero para adquirir acciones en una filial australiana. La instrucción desde la matriz fue clara: “Utilizar los fondos de excedente de la operación chilena para Glencore Queensland”, según se lee en un documento de los archivos filtrados de Appleby.

Altonorte (Fuente: Glencore).
Altonorte (Fuente: Glencore).

El plan se cumplió con precisión. CIPER siguió la ruta de los US$534 millones enviados a Bermudas el 29 de noviembre de 2014, para identificar el origen de los dineros. Una escritura de Glencore Inversiones Chile da cuenta que 24 días antes del envío a Bermudas (5 de noviembre), esa filial aumentó su capital de US$10 mil a más de US$582 millones.

En esa misma escritura se detalla que esos dineros en su mayoría provinieron de aportes hechos por cuatro de sus operaciones mineras en Chile: Glencore Exploraciones Limitada (US$232,5 millones); Energía e Inversiones Limitada (US$157,7 millones); Complejo Metalúrgico Altonorte (US$175,7 millones) y Compañía Minera Lomas Bayas (US$8,4 millones).

La primera reunión de directorio de Ronlis Limited se llevó a cabo 15 días después de ese aumento de capital, el 20 de noviembre de 2014. Tuvo lugar en las oficinas de Glencore en Londres y en ella participó parte de la plana mayor de la multinacional, entre ellos los jefes de finanzas e impuestos.

En la reunión de ese directorio se resolvió que la nueva sociedad offshore Ronlis Limited recibiera en calidad de “préstamo” US$534 millones de la recientemente capitalizada Glencore Inversiones Chile SpA. Así se lee en el acta respectiva, a la que tuvo acceso CIPER. En otro documento interno quedó establecido que la operación financiera debía materializarse el 29 de noviembre, antes que cayera la medianoche en Sydney (Australia). Y así se hizo.

Con los dineros de esa operación –denominada internamente “Chile Holdco Transaction” (transacción del holding de compañías chilenas)–, se ejecutó la compleja reestructuración de los activos de Glencore en Australia, utilizando a la bermudeña Ronlis como bisagra y a la subsidiaria chilena como caja.

EL CIRCUITO AUSTRALIANO

Una vez que los dineros chilenos estuvieron bajo el control de Ronlis, la sociedad de Bermudas partió por suscribir 169 millones de acciones clase “B” en la australiana Glencore Queensland (GQL), las que fueron adquiridas a otra filial de la multinacional de nombre GHP 104 160 689 Pty Limited.

Operación de Glencore en Australia (Fuente: Glencore).
Operación de Glencore en Australia (Fuente: Glencore).

A través de sucesivas operaciones de intercambio de acciones, Ronlis transfirió sus títulos en GQL a Glencore Investments Australia (GIHA), a cambio de acciones en esa misma compañía. Luego intercambió sus títulos en GIHA por acciones en una tercera sociedad, Glencore Investments Pty Limited (GIPL). Finalmente, GIPL transfirió sus 18 compañías filiales a una nueva sociedad matriz (GOH 128 115 140  PtyLimited). Esta fue la punta del iceberg que terminó por reunir los activos de Glencore en Australia, completando el proceso iniciado con el “préstamo” chileno.

En el set de documentos filtrados desde el bufete Appleby que dan cuenta de la operación, quedó consignado que la deuda de US$534 millones originada en Chile, debía ser pagada por Ronlis antes del 31 de julio de 2015. En el intertanto, el crédito quedaría sujeto a una tasa de interés igual a 6 meses Libor, más un 0,88%”, lo que equivale a 1,35%.

De acuerdo a la indagación de CIPER, el préstamo aún no se paga. “La deuda se mantiene vigente, devenga intereses a tasas de mercado y será repagada por Ronlis Ltd en su fecha de maduración”, confirmaron desde las oficinas de Glencore en Santiago. Respuesta similar se recibió desde su casa matriz en Suiza, tras las consultas enviadas por ICIJ, CIPER y medios asociados.

BERMUDAS CON ESCALA EN PANAMÁ

Respecto del uso del paraíso fiscal de Islas Bermudas como plataforma de inversión del gigante de las materias primas, Glencore aseguró no haber “desviado beneficios imponibles desde Chile a sus accionistas” y que “Glencore Holdings (Bermuda) Ltd. ya no cuenta con acciones en Glencore Inversiones Chile SpA”.

En sus respuestas, la multinacional aseguró que había re-domiciliado todas las entidades que tenía en Bermudas –con excepción de tres–, “las que ahora son residentes fiscales en Suiza o Reino Unido” (ver respuesta completa de Glencore Chile).

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

Tal como indicaron desde la compañía, la sociedad que desde Bermudas controlaba a Glencore Inversiones Chile SpA, ya no tiene injerencia sobre sus operaciones en este país. Pero hay un matiz: el control de Glencore Inversiones Chile fue trasladado desde Bermudas a Panamá, paraíso fiscal que en 2016 –y tras la investigación global de los “Papeles de Panamá”– quedó expuesto y fuertemente cuestionado por su secretismo y privilegios tributarios (ver aquí).

En julio de este año, la sociedad panameña Lixul S.A.(también denominada Panamá Chile) tomó control de la filial corporativa de Glencore en Chile. Documentos oficiales del Registro Público de Panamá, indican que Lixul fue inscrita en esa jurisdicción el 30 de diciembre de 2016, por la firma de abogados Patton, Moreno & Asvat y que surgió de la división de la sociedad Glencore Holdings (Panamá) S.A.

En las escrituras de constitución de Lixul figura como accionista mayoritario (99,9% de las acciones) Glencore International Investments Limited (GIIL), la misma sociedad que, junto a Ronlis, fue creada con urgencia en Bermudas en octubre de 2014, al inicio del plan de restructuración.

EL LOBBY POR RÍO CUERVO

Fundada en 1974 por el fallecido magnate Marc Rich –quien por años estuvo en la lista de los más buscados del FBI–, Glencore carga con un negro historial ambiental y laboral en Latinoamérica y África. Ha sido además investigada por presunta evasión tributaria en Italia, Australia y Zambia, entre otros países (ver “Las operaciones para adueñarse de una mina en la República Democrática del Congo”).

Verónica Baraona
Verónica Baraona

Capítulo aparte merece el agresivo lobby que ha desplegado en los países donde mantiene activos. Chile no es la excepción. Entre los principales ejecutivos chilenos de la multinacional figura la abogada Verónica Baraona, quien, a su vez, ocupa desde 2014 un asiento en el directorio de la minera estatal Enami, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet.

Baraona, quien en los registros de Appleby figura como PEP (Persona Políticamente Expuesta), asistió como gestora de interés de Glencore a una reunión con la ministra de Minería (y presidenta del directorio de Enami), Aurora Williams, en pleno trámite de aprobación ambiental de Río Cuervo.

La central Río Cuervo (US$730 millones de inversión) fue aprobada en septiembre de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén. Dos años antes, en noviembre de 2011, el abogado chileno de Glencore, Carlos Prat, contactó al Appleby para la inscripción de una sociedad en Bermudas. “Estamos contra el tiempo”, se lee en un correo electrónico enviado el 22 de ese mes al cuartel de ese bufete en Hamilton (capital de Bermudas) desde las oficinas de Glencore en Las Condes (Chile).

South America Energy (Bermuda) Limited, quedó inscrita a los pocos días en esa jurisdicción, convirtiéndose en la matriz de la sociedad Energía Austral Joint Venture Limited (conformada por Glencore y la australiana Origin Energy), titular del mega proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, en la Patagonia chilena.

Después de la aprobación inicial de Río Cuervo en 2013 a nivel regional, el proyecto escaló al Comité de Ministros tras una serie de reclamaciones de agrupaciones regionales.

Las alarmas se activaron en Glencore. El comité estaba en plena etapa de análisis y deliberación, cuando ejecutivos de la multinacional fueron recibidos por tres de los ministros clave que integran esa instancia.

El primero fue el entonces ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, quien el 19 de octubre de 2015 recibió al abogado Carlos Prat. El motivo de la audiencia de lobby: revisar el “estado actual del proyecto central Río Cuervo y potencial desarrollo futuro”.

Tras Badenier fue el turno de la ministra de Minería Aurora Williams, quien recibió a ejecutivos de Glencore el 10 de noviembre. Carlos Prat concurrió esta vez acompañado de la abogada de la compañía Verónica Baraona. No hubo mayor presentación. Baraona y Williams compartían mesa en el directorio de Enami desde mayo de 2014.

Baraona conoce bien el engranaje del Estado. Entre 1993 y el 2000, fue jefa de Gabinete de Marta Larraechea, esposa del entonces presidente Eduardo Frei y, en paralelo, trabajó en Enami. En el año 2000, el nuevo presidente (Ricardo Lagos) la designó superintendenta de Servicios Eléctricos, cargo que ejerció solo siete meses. Renunció al negarse a devolver la indemnización que recibió por haber trabajado 10 años en Enami, lo que fue calificado como irregular. A pesar de ello, en 2006 la entonces presidenta Bachelet la nombró subsecretaria de Justicia y luego, en 2008, asumió como subsecretaria de Minería. En 2014, la mandataria la puso en el directorio de Enami.

Comité de Ministros
Comité de Ministros durante trámite de Río Cuervo

La última reunión de lobby oficial de Glencore tuvo lugar el 5 de enero de 2016. El entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, recibió a quien ejercía como vicepresidente de proyectos de Glencore, Donald Brown, acompañado del abogado Prat. El motivo de la cita: “Avances y análisis de la línea de transmisión (central Cuervo)”.

Solo 13 días más tarde (18 de enero), el Comité de Ministros integrado por Badenier, Williams, Pacheco y los titulares de Economía, Agricultura y Salud, resolvieron mantener la luz verde al cuestionado proyecto. No estaba dicha la última palabra. Nuevas reclamaciones de agrupaciones de Aysén fueron acogidas por el Tribunal Ambiental de Valdivia, la instancia definitiva.

El lobby no se concentró solo en Santiago. En agosto de 2014, Energía Austral le entregó $8 millones a la Municipalidad de Aysén para financiar un viaje de dirigentes sociales a la laguna de San Rafael. Acompañados de un ejecutivo de la filial de Glencore, participaron en la travesía el alcalde de Aysén, Óscar Catalán (UDI), cuatro funcionarios municipales y dos concejales. En la nómina de invitados figuraba también el diputado por la zona, David Sandoval (UDI).

Como la Municipalidad de Aysén también participa del proceso de evaluación de Río Cuervo, la Contraloría impugnó en dos oportunidades las donaciones que ha recibido de la filial de Glencore. A diciembre de 2014, los dineros entregados al municipio sumaban más de $45 millones (cifra obtenida por CIPER vía Ley de Transparencia).

En septiembre pasado, antes de que el Tribunal Ambiental de Valdivia se pronunciara, Energía Austral anunció ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se desistía del proyecto hidroeléctrico.

Hay total hermetismo sobre las razones de esa decisión. El mismo que hasta hoy pesaba sobre los secretos tributarios de la multinacional en Chile y que los millones de documentos del bufete Appleby permiten sacar a la luz.

Intervención de Cooperativa Financoop pone en jaque nuevo banco de Vicente Caruz

Cuando el 14 de agosto pasado el Ministerio de Economía resolvió intervenir la Cooperativa Financoop, la cuarta más grande del país, la noticia no provocó mayor revuelo. A pesar de que la medida generó un “corralito” de $43 mil millones que hoy tiene a más de dos mil personas y sociedades con sus depósitos congelados y sin garantía de devolución. Lo que en ese momento no se supo, es que la decisión de la autoridad económica de bajarle la cortina a esa cooperativa, tuvo otro efecto financiero: puso en jaque al nuevo banco que el ex controlador del Banco del Desarrollo, Vicente Caruz, planeaba inaugurar a fines de este año.

“El objetivo es hacer un banco competitivo y, al mismo tiempo, con contenido social. Aunque seremos un banco distinto, vamos a competir con todo el sistema bancario”,  anunció en julio de 2016 el empresario Vicente Caruz en el diario La Tercera. En la misma nota, fijó para fines de este año la apertura de su nueva entidad financiera. En paralelo, a través de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, de la que es socio, compraba participaciones en otras dos cooperativas y negociaba con otras entidades similares, paso necesario para hacer viable su nuevo banco.

Vicente Caruz
Vicente Caruz

Con sus más de 50 mil clientes, Financoop era la punta de lanza del proyecto bancario del grupo liderado por Caruz. Solo le faltaban la licencia y el capital inicial.

Creada en 2006 por Caruz -y sus socios de la Sociedad de Inversiones Norte Sur– Financoop no había hecho otra cosa que crecer en los últimos nueve años. Tanto, que en julio pasado ya era considerada la cuarta cooperativa más grande del país (por detrás de Coopeuch, Oriencoop y Capual), con créditos por $46.447 millones y depósitos por $44.460 millones. Además, tenía oficinas en cinco regiones y una red de acuerdos con cooperativas de todo el país que le permitía distribuir en otras 13 ciudades –desde Arica a Osorno- productos financieros, como créditos con aval del Estado o préstamos para pequeños empresarios.

Un deterioro patrimonial que pone en riesgo la viabilidad de la entidad, fue el argumento que esgrimió el Ministerio de Economía para decretar la intervención de Financoop. El 14 de agosto el 23 Juzgado Civil de Santiago decretó la paralización de la cooperativa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del proceso.

Financoop “incurrió en una irregular práctica contable respecto de su cartera crediticia, que trae como consecuencia que los resultados que presenta no reflejan la crítica situación económica que realmente tiene”, se lee en el libelo acusatorio del CDE.  Y la acusó de haber implementado “una estrategia que impide evidenciar el problema real de los créditos impagos”, los que cuantificó en $13.645 millones.

El CDE solicitó al tribunal que decrete la disolución de la cooperativa, retenga sus bienes (oficinas y equipos avaluados en $293 millones) y sus inversiones financieras (otros $1.278 millones depositados en al menos cinco bancos) y le prohíba celebrar cualquier tipo de contrato. También le pidió nombrar un interventor.

La versión de los ejecutivos de Financoop es distinta. En conversación con CIPER, dos de ellos, que pidieron reserva de su identidad, afirmaron que el 28 de mayo pasado se había alcanzado un preacuerdo con el gobierno para revertir la situación. Ello se haría mediante la creación de una fundación -al alero de Financoop- que recibiría todos los créditos malos, limpiando así los balances de la institución. Esta fórmula de separar los pasivos contaminados es la misma que usó la banca chilena durante las crisis del ‘82 para seguir operando.

Los mismos ejecutivos de Financoop dijeron a CIPER que ese acuerdo fue ratificado el 2 de mayo, cuando ofrecieron al gobierno un plan de capitalización por US$2 millones, con el compromiso de reinvertir las utilidades durante los próximos años. Y que incluso le plantearon acogerse a la Ley de Quiebras y reorganizarlo todo.

Eso fue exactamente lo que hicieron los controladores de Financoop en estos últimos días. El interventor nombrado por el tribunal, Juan Manuel Valenzuela, llevaba apenas unas horas apersonado en las oficinas de la cooperativa, cuando los accionistas de Financoop acudieron al 30 Juzgado Civil de Santiago para intentar acogerse a la Ley de Quiebras y así evitar su disolución. La jugada de los dueños de Financoop generó una compleja situación legal que dejó en una difícil situación al Ministerio de Economía, aún bajo la conducción de Luis Felipe Céspedes.

-La Cooperativa (Financoop) quiere burlar las acciones judiciales ya iniciadas mediante el proceso de reorganización –fue la opinión entregada por abogados del CDE a CIPER.

1111-820x385Ese no fue el único movimiento estratégico realizado por los controladores de la cooperativa intervenida. El jueves 24 de agosto, su abogado Rodrigo Zegers, solicitó al 23 Juzgado Civil que se oficie al CDE para que ponga a disposición del tribunal el currículum vitae y los antecedentes que tuvo en cuenta al proponer como interventor al abogado Valenzuela. En el oficio, afirman que Valenzuela tiene vínculos laborales y de amistad con el jefe del área de fiscalización y supervisión de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía,  Zoran Ostoic.

Así, Financoop y el Ministerio de Economía están enfrentados a tres bandas en tribunales. En el 29 Juzgado Civil de Santiago se discute si la cooperativa debe entregar o no la nómina de depositantes -como lo ha pedido el gobierno desde el 10 de abril- “con el fin de proteger los depósitos de los ahorrantes”, según dijo a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili. Mientras que en el 23 Juzgado se tramita la disolución de la cooperativa y en el 30 Juzgado, la decisión de acoger o no la quiebra.

Si el tribunal decide disolver Financoop, la cooperativa será liquidada; pero si acepta su reorganización, ésta podría seguir operando. Para el proyecto bancario de Caruz, la primera salida sería la sepultura. Además de los US$30 millones de capital mínimo inicial que hay que documentar para abrir un banco en Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) califica la reputación de los dueños, con especial atención en que no hayan estado involucrados en escándalos financieros, antes de aprobar una solicitud.

En 2007, Vicente Caruz y sus socios de Inversiones Norte Sur vendieron en US$1.170 millones el Banco del Desarrollo a los canadienses de Scotiabank. El mercado esperaba su retorno al negocio en cualquier momento. Durante 25 años, el empresario fue la cara pública del Banco del Desarrollo, primero como su gerente general y después como su presidente. Su participación en el sistema financiero, su cercanía con la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica, uno de sus grandes clientes, lo convirtieron en un personaje influyente en esa industria.

UN TERCIO DE LOS CRÉDITOS EN PROBLEMAS

Hasta antes de su caída, Financoop era la envidia del sector. La cooperativa tenía oficinas modernas, su personal era mayoritariamente universitario y su agresiva estrategia comercial denotaba la llegada de un actor más competitivo a un sector caracterizado por un estilo tradicional y reposado de hacer negocios.

Cuando comenzaron los primeras señales de que Financoop estaba en problemas, varios ejecutivos del rubro se los atribuyeron a la audacia de la cooperativa. Otros, a dos dictámenes de la Contraloría General de la República que fueron una verdadera desgracia para el sector. Entre 2009 y 2010 los montos que las cooperativas podían descontar por planilla de los créditos entregados a sus afiliados, bajaron desde un 40% hasta el 15% para el sector público, y hasta 25% en los privados y las Fuerzas Armadas. Hasta 2010, el 60% de los clientes de Financoop trabajaba para el Estado.

Natalia Piergentili
Natalia Piergentili

El dictamen de Contraloría obligó a todo el sector a ingeniar nuevas fórmulas para diferir el impacto de las nuevas normas. De haberlo hecho de golpe varias cooperativas habrían desaparecido.

Pero los problemas de Financoop no se originaron en el cambio de las reglas. Había desorden y cuentas poco claras. Un informe sobre el estado de la cartera de créditos, emitido en mayo de este año por el experto Sergio Álvarez, responsabiliza a la administración de la cooperativa de haber creado subsegmentos de la cartera para ir trasladando los préstamos impagos “de modo de no reflejar el riesgo efectivo de ellas”.

En el documento de 28 páginas, el experto da cuenta de situaciones irregulares, como calificar de “vigentes” a créditos que nunca pudieron ser cobrados. Tampoco había información fidedigna de un sector de la cartera de clientes y las cuotas pagadas con cheques protestados fueron contabilizadas como canceladas. Nadie persiguió la recuperación de ese dinero. Financoop, dice en su informe Sergio Álvarez, ni siquiera contaba con un software básico “similar al de las empresas del ramo”, para registrar como se debe, las operaciones y las alertas de cobro.

El experto concluyó que, de los $13.645 millones de créditos con problemas, que equivalen al 30,9% de todos los préstamos otorgados por Financoop, en el mejor de los casos se podrían recuperar $8.073 millones y $4.142 millones en el peor escenario.

“El origen de la cartera con deterioro es en general de una antigüedad mayor a tres años y ella se incubó en sistemas de información poco robustos, insuficientes controles internos y debilidades en la gestión que han permanecido a lo largo del tiempo”, describió el experto.

Todas las irregularidades descritas recuerdan el millonario monto de los créditos incobrables que los ejecutivos de La Polar siguieron registrando por años como “activos por cobrar” y que provocaron en 2011 el estallido de uno de los mayores fraudes financieros del país.

-Se revisó exhaustivamente desde 2010 hasta 2017, y se encontró que entre 2013 y 2014 ya existían señales de una mala práctica en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos, y por ende de las provisiones. Se les solicitó rectificar, lo que se hizo efectivo. Pero es solo hasta el año 2017 que se encuentra claramente un deterioro de la cartera de Financoop –explicó a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili.

ALERTAS EN ABRIL

Abril de 2016 fue clave para Financoop. El 21 de ese mes, ingresaron a su consejo Daniel Albarrán (ex gerente general del Banco de Desarrollo y ex subsecretario de Pesca), Ernesto Livacic (ex superintendente de Bancos) y Richard Muñoz (consultor). Los tres se sumaron a Sergio Fernández (ex diputado DC), Hugo Trivelli (ex presidente de EFE), Carlos Mladinic (ex ministro de Agricultura) y Juan Carlos Accorsi. Todos ex socios o ejecutivos ligados a Norte Sur, al mismo Caruz y/o a la Democracia Cristiana.

A esa fecha, además, se había producido un distanciamiento entre Caruz y sus socios de Norte Sur, lo que se tradujo en la salida de esa sociedad de Financoop. Su participación fue comprada en unos $400 millones por la francesa SIDI, una sociedad de inversión de la ONG Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.

En Financoop, SIDI actuaba en bloque junto a Caruz. Con los votos de esa entidad, Accorsi y Mladinic obtuvieron sus asientos en el consejo.

Aunque la ley prohíbe que una misma persona o grupo maneje más del 10% de la propiedad de una cooperativa, en la práctica, Financoop era dirigida por los ex dueños del Banco de Desarrollo. Junto a los franceses y otros pequeños minoritarios controlaban en torno al 40% de la institución. El otro 60% está en manos de 50 mil socios de la cooperativa, la mayoría pasivos. Hay que recordar que cuando una persona pide por primera vez un crédito a una cooperativa debe hacerse socio de ésta comprando una o más cuotas, por lo que la mayor parte de los “asociados” no ejerce derechos por su participación.

2015 -En abril de este año, parte del directorio de Financoop, que estaba recién asumiendo, comentó a la división que detectaron un criterio de provisionamiento que les parecía irregular. Por ello, solicitaron una auditoría externa. Esto nos alertó de que el informe de auditoría que teníamos respecto del cierre del año anterior (2016) no reflejaba la verdadera situación de la cooperativa y nos hizo solicitar información -mediante oficio- para verificar la veracidad de la información recibida. Se solicitó, entre otros antecedentes, la remisión de los archivos contables y monto de las provisiones asociadas a cada crédito, además del archivo de captaciones y la cuenta de capital de cada socio –señaló a CIPER, la subsecretaria Piergentili.

El 7 de abril de 2017, Livacic y Albarrán llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Economía para reunirse con Zoran Ostoic; la jefa de la división de empresas de menor tamaño, Alejandra Dagnino; y el coordinador de los asesores del ministerio, Juan Cristóbal Marshall. Dijeron que iban a informar de los problemas. En ese encuentro también participaron dos funcionarios de la SBIF, pese a que por tener un patrimonio inferior a UF 400.000 (US$ 16,4 millones), Financoop es fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y no por la Superintendencia de Bancos.

Según relatan en Financoop, luego de esa reunión siguieron comunicándose con la autoridad e incluso se habla de un encuentro informal el sábado 8 de abril entre miembros del Consejo de Administración de Financoop y Ostoic en un café de Ñuñoa. Allí los directivos de la cooperativa habrían informado al funcionario de la Decoop -–ex jefe de gabinete de la alcaldesa Carolina Tohá en Santiago- sobre el plan de la administración para fortalecer a la cooperativa.

-La información recibida el 18 de abril fue insuficiente para analizar la cartera de colocaciones, fundamentalmente por la falta de información respecto de las provisiones -reiteró la subsecretaria Piergentili a CIPER.

Unos días después, el 28 de abril, la nueva administración de la cooperativa decidió despedir al entonces gerente general, Patricio Riquelme, argumentando “falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo”, según se lee en el escrito de Financoop en el que solicita levantar las medidas prejudiciales.

El 15 de mayo de 2017, el Consejo de Financoop decidió rechazar el balance de 2016 y contrató al economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, para que emitiera una opinión sobre el plan de fortalecimiento, el que consideraba un aumento de capital de US$2 millones.

-Entre el 6 y el 7 de julio de 2017 se realizó una fiscalización in situ donde se revisaron diversas materias contables, en especial la cartera de créditos y materias legales, tras lo cual, y el posterior análisis de la información, se pudo conocer el alcance del problema patrimonial de Financoop. Antes de eso, y con las consecutivas prórrogas y entregas no satisfactorias de material, no había información concluyente para evitar que la cooperativa siguiera operando con normalidad -explica Piergentili.

La decisión de bajarle la cortina a Financoop –reiteró la subsecretaria de Economía-, se debió a la ausencia de información y a la “imposibilidad de determinar con certeza su daño patrimonial”.

“CORRALITO” MILLONARIO Y SIN GARANTÍA

Tras la decisión del 23 Juzgado de decretar una serie de medidas prejudiciales precautorias en contra de Financoop, $43.206 millones quedaron retenidos a la espera de las próximas decisiones. Es un “corralito” que afecta a 2.174 clientes, de los cuales más de la mitad corresponde a personas naturales que tenían depósitos a plazo entre $500 mil y $10 millones. El resto, son ahorrantes entre $10 millones y $120 millones, divididos entre personas y sociedades de diverso tipo.

Las atractivas tasas de interés -40% más altas que el promedio de la banca- actuaron como un poderoso imán para los inversionistas que confiaron en esa cooperativa. La mayoría de ellos no aquilató el riesgo que implica confiar su dinero a una entidad que no cuenta con la garantía estatal a los depósitos.

Lo grave es que la cartera de Financoop la componen mayoritariamente trabajadores y jubilados de casi 200 instituciones (sindicatos y asociaciones de diversas áreas de la economía), quienes por ahora tienen sus ahorros inmovilizados.

Entre los afectados también figuran otras cinco cooperativas que mantenían parte de sus ahorros en la entidad: Andescoop (Los Andes), Bansur (Osorno), Islacoop (Isla de Maipo),  Mujercoop  (Santiago) y Santa Inés (Viña del Mar). En total, las cinco registran depósitos a plazo por  unos $1.770 millones que ahora también están inmovilizados.

OPERACIÓN BDS

“Esta invitación, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), tiene dos dimensiones. La primera, es invitarlas a unirse como parte de los emprendedores nacionales que sumen sus esfuerzos de capital para dar vida a esta entidad, en una forma y modalidad que se ajuste a la ley y la normativa. La segunda invitación a las CACs, es a generar una red de alianzas con BDS, que de origen a una relación virtuosa”, dice la carta que entre fines de 2016 y hasta hace algunas semanas recibieron varias cooperativas del país y a la que tuvo acceso CIPER.

LivacicLa firma el gerente del Proyecto BDS o Banco del Desarrollo Social, Ernesto Livacic, quien además es miembro del consejo directivo de Financoop. En paralelo a la carta, Livacic se reunió con ejecutivos de cooperativas, ofreciéndoles participar en el proyecto del nuevo banco. En concreto, les propuso convertirse en accionistas de la nueva entidad, a través de la entrega de recursos, a cambio del acceso a productos financieros tan atractivos para este segmento, como tarjetas de crédito e hipotecas, entre otras alternativas de financiamiento.

Según recogió CIPER entre los representantes de las cooperativas que recibieron a Livacic, la propuesta consistía en replicar el modelo de corresponsalías bancarias: ellas pondrían a sus clientes y sucursales a disposición del BDS y cobrarían una comisión por servicios y todo lo que permita la norma. BDS pretendía aprovechar el atractivo mercado que atienden las cooperativas: 1,7 millón de personas según cifras del Ministerio de Economía. Un pilar de clientes para cualquier banco que está partiendo.

Todas las cooperativas que mostraron interés en el nuevo banco (BDS) impulsado por los controladores de Financoop, recibieron además de la carta formal de invitación un Memorándum de Entendimiento (MoU), que no consideraba compromisos de inversión pero sí, un extenso párrafo con exigencias de confidencialidad. Se esperaba, que las conversaciones culminaran “con la conformación de una alianza formal durante el primer semestre de 2017. En paralelo, estamos trabajando para solicitar en esa fecha la solicitud de licencia bancaria a las autoridades”.

En ese documento (MoU), se informa que el proyecto del BDS es propiedad de la sociedad Desarrollo y Redes, vehículo de inversión que en 2014 crearon Vicente Caruz y sus ex socios del Banco del Desarrollo.

Al momento de la intervención de Financoop (14 de agosto), Caruz ya contaba con el visto bueno de dos cooperativas: Bansur y Concredicoop. Para concretar el negocio, Caruz ingresó a ambas como socio durante 2016.

En Bansur, cooperativa con base en Osorno, el empresario ocupa un puesto en su consejo gracias a la participación del 4% que compró como persona natural. A Concredicoop, cooperativa de la Región Metropolitana, ingresó Financoop también en 2016, pagando $190 millones por su participación (4%). El 24 de marzo de este año, esa cooperativa vendió parte de su cartera de créditos por un monto de $1.591 millones, la que también presentaba problemas.

El 25 de abril pasado, desde el Ministerio de Economía, Zoran Ostoic preguntó por oficio a Financoop las razones de su inversión en Credicoop. “Esto se fundamenta en la esencia de las cooperativas”, fue la respuesta de sus ejecutivos.

-No se estaba en conocimiento del proyecto del banco de Financoop, considerando, además, que la constitución de bancos no es algo que corresponda a la DAES -afirmó a CIPER la subsecretaria Piergentili.

El negocio de la sequía II: Las redes políticas del “barón del aljibe” en el Biobío

Vea también: El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

Como ustedes saben, todos los problemas se vinieron a raíz del reportaje de CIPER, que fue un reportaje que nos perjudicó como empresa (…) Tenemos que cambiarle el rumbo al enfoque y eso significa que vamos a repartir estanques a familias (…) vamos a beneficiar con estanques de 200 y 500 litros (…) Con unos 100 estanques repartidos en la región le vamos a cambiar la cara a este reportaje perjudicial y de ser, según el reportaje, una empresa de lucro, pasamos a ser una empresa de lucro igual, pero una empresa que se preocupa de la gente.

La cita corresponde a un audio revelado el 6 de junio por el diario La Tribuna (Biobío). Allí se escucha a una ejecutiva de la sociedad Antártida de Chile,  dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes, instruir a un grupo de choferes repartir gratuitamente estanques de almacenamiento de agua a un centenar de vecinos de la región.

Entrega-de-aguaUna estrategia para sacudirse de un reportaje de CIPER publicado el 21 de marzo, en el que se reveló que de los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez, a través de dos de sus empresas: Antártida de Chile y Transporte y Logística Chile.

Faúndez –quien desde al menos 2010 concentra el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en este ítem– opera como el titular exclusivo de los millonarios contratos que la Intendencia del Biobío ha adjudicado para el reparto de agua en todas las comunas de la región (ver reportaje).

El reportaje de CIPER también provocó una reacción de la Intendencia del Biobío. A fines de mayo pasado, y por primera vez en los últimos siete años, el gobierno regional le adjudicó un contrato de transporte y distribución de agua potable a una empresa que no pertenece a Faúndez. A la Constructora Regional Chile y por $800 millones se le entregó el suministro de agua potable con camiones aljibe (por tres meses) a los vecinos de las comunas de Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa.

Ese contrato le significó a Faúndez perder cinco de las más de 40 comunas donde el millonario negocio de reparto de agua está bajo su control. La pérdida del monopolio no duró mucho tiempo. Un mes después de la adjudicación, el contrato con Constructora Regional fue revocado. La decisión fue confirmada a CIPER por autoridades de la Intendencia del Biobío, las que acusan a la empresa de “incumplimientos”. Los representantes de esa empresa declinaron referirse al tema.

Tras el abrupto término de ese contrato, la indagación de CIPER arroja que la distribución de agua potable en esas comunas fue reasignada a empresas de Germán Faúndez.

Faúndez, controlador de más de una decena de sociedades, la mayoría constituidas en los últimos cinco años, es un empresario influyente en la Octava Región. Desde hace varios años lidera la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío. Desde su posición de empresario y dirigente gremial, Germán Faúndez ha forjado vínculos con distintas autoridades de la región, entre los que destacan el diputado Cristián Campos (PPD) y el senador Alejandro Navarro (PAIS), ambos parlamentarios por la Octava Región.

Diputado Cristián Campos.
Diputado Cristián Campos.

Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloríapara que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez (ver el oficio).

-Faúndez me comentó que se había reunido con varias autoridades y que tenía un conflicto, porque se le adeudaban dineros por unos servicios que había prestado y, obviamente, así como hago tantos oficios para otras personas, también lo hice para él -puntualizó el diputado Campos a CIPER.

Cristián Campos -44 años y diputado desde 2010- ha tejido una vasta red de nexos políticos en la Región del Biobío, los que cruzan al Seremi de Transporte y llegan hasta la propia intendencia, donde su cuñada es jefa de Administración y Finanzas (también concejala PPD, el mismo partido de Campos, por Talcahuano), área que gestiona y fiscaliza los millonarios contratos con Faúndez para la distribución de agua potable en las cuatro provincias de la región.

FIN AL MONOPOLIO

El 31 de mayo pasado, la empresa Constructora Regional fue seleccionada por la Intendencia del Biobío para proveer el abastecimiento de agua en camiones aljibe en las comunas de Arauco, Cañete, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En el portal Mercado Público aparece que esa empresa presentó su propuesta el 18 de mayo, quedando en evaluación junto a otras dos ofertas, una de ellas del empresario transportista Germán Faúndez.

Desde 2010 y hasta esa fecha, la totalidad de los contratos para la distribución de agua en la región –una de las más golpeadas por la crisis hídrica que desde hace años azota al país– fueron adjudicados por trato directo a dos empresas de propiedad del dirigente gremial Germán Faúndez: Transporte y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile.

distribucion_agua_4Solo entre ambas concentraron más del 25% de los $92 mil millones que el Estado ha invertido a nivel nacional en los últimos siete años para enfrentar la falta de agua en 175 comunas de todo el país. Lo grave es que la indagación de CIPER indica que en esos mismos siete años la Intendencia del Biobío no ha ejercido control sobre los recursos invertidos para el pago de camiones aljibe en la región. Un ejemplo: según datos entregados por la propia intendencia a CIPER, en 2013 se gastaron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas con agua potable. Al año siguiente, el monto casi se duplicó –llegó a $6.562 millones–, pese a que el suministro solo cubrió a 41.784 personas, 3.500 menos que en 2013.

Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, CIPER solicitó por Ley de Transparencia la copia de todos los contratos adjudicados por la Intendencia del Biobío a Germán Faúndez. La revisión de esos documentos arrojó nuevos datos.

La primera sorpresa fue que Faúndez no solo consolidó su monopolio sobre la distribución de agua potable con camiones aljibes a través de dos de sus empresas (Transporte y Logística Chile y Antártida de Chile). Desde septiembre de 2016, el empresario penquista opera en ese negocio del agua con una tercera sociedad: Tierra de Chile, constituida en agosto de 2015 con su esposa y su hijo, con un capital de $50 millones. El 21 de septiembre de 2016 la Intendencia y Tierra de Chile firmaron contrato para el reparto de agua durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre), en 11 comunas de las provincias de Concepción y Arauco. El monto del contrato, entregado al margen de licitación pública, fue de $662,5 millones (ver documento).

En ese contexto, el ingreso de Constructora Regional al mercado rompía el histórico monopolio del clan Faúndez en el negocio del reparto de agua en el Biobío. El 30 de junio, sin embargo, la intendencia decidió rescindirles el contrato. CIPER consultó por los motivos de la decisión y la respuesta fue que la empresa no había acreditado una serie de exigencias, y que “algunos documentos se encontraban vencidos, tales como revisiones técnicas de los vehículos y certificados de sanitización” (ver respuesta de la Intendencia del Biobío).

Desde la intendencia señalaron que el contrato había sido readjudicado a la empresa que en el proceso original de postulación había quedado “en segundo lugar”: Tierra de Chile, propiedad de Germán Faúndez.

ALJIBES, CAMPAMENTOS Y ALDEAS

La nueva indagatoria de CIPER arrojó otras sorpresas respecto de sus contratos con instituciones del Estado. Además de hacerse del monopolio del lucrativo negocio de la distribución de agua potable en el Biobío, su especialidad son los “trabajos de emergencia” para organismos públicos. De ello da cuenta un contrato adjudicado por el Serviu a Inversiones Chile en noviembre de 2012 para la erradicación y cierre de 67 aldeas en varias comunas de la región. El monto: $1.140 millones, fondos que le fueron asignados por trato directo, al igual que los más de $23 mil millones transferidos a tres empresas de Faúndez desde la intendencia para el reparto de agua.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.
Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

CIPER encontró además un segundo contrato entre Inversiones Chile y el Serviu regional: en agosto de 2013 se benefició de una licitación pública por $150 millones para la “Mantención y Reparación de Aldeas” en las comunas de Arauco, Cañete y Lebu (ver documento). A esa licitación, Faúndez se presentó señalando que su empresa, constituida dos años antes (junio de 2011), contaba con “amplia experiencia en trabajos de emergencia, tanto en aldeas como en campamentos, y otras tareas encomendadas por la Onemi”.

La “experiencia” invocada por Faúndez quedó en entredicho en la ejecución de los trabajos. La Contraloría levantó una serie de cuestionamientos que quedaron consignados en el informe con el que respondió al requerimiento ya mencionado del diputado Campos sobre las razones del no pago de deudas a dos empresas de Faúndez.  En ese informe (3 de noviembre de 2015) se señala que Inversiones Chile ejecutó los trabajos ordenados por el Serviu en noviembre de 2012 sin haber formalizado contrato alguno con la entidad pública.

“El Serviu de la Región del Biobío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento”, se lee en el informe.

No obstante operar al margen de la regulación administrativa, el 8 de julio de 2014 Inversiones Chile emitió una factura por $1.140 millones, la que fue aprobada por el Serviu del Biobío. Pero la factura no pasó los controles de la intendencia regional, responsable de allegar los fondos al Serviu para el pago. La razón: “La ausencia de un contrato de ejecución de obras en el que se establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas”.

Tras el rechazo de la intendencia a finiquitar el pago, se procedió a verificar la ejecución de los trabajos. “Algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas”, fue una de las principales conclusiones del informe técnico realizado. En virtud de las carencias y errores en la ejecución del contrato, finalmente, Faúndez solo recibió $851 millones de los $1.140 millones que había facturado.

PADRINO POLÍTICO

Pamela Cortés Cisternas es jefa de Administración y Finanzas de la Intendencia del Biobío, una pieza clave en la gestión de los contratos del gobierno regional con proveedores. Uno de ellos es Germán Faúndez, con adjudicaciones por más de $23 mil millones. La indagación de CIPER indica que fue esa misma funcionaria quien notificó a los representantes de Constructora Regional el cese de su contrato a fines del mes pasado, lo que dio paso una vez más a la entrega de ese  trabajo a Faúndez.

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).
Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés es cuñada del diputado Cristián Campos (PPD), quien haciendo uso de sus facultades parlamentarias envió en 2015 un oficio a la Contraloría para destrabar los millonarios pagos que dos entidades públicas de la región adeudaban a Germán Faúndez. El vínculo de Campos y Cortés no es solo familiar. La jefa de Administración y Finanzas de la intendencia es también concejala PPD por Talcahuano y el diputado fungió como su “padrino político” durante la exitosa campaña que en 2016 la convirtió en autoridad edilicia de esa comuna de la Octava Región.

Pamela Cortés está emparejada con el Seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada (PPD), un histórico colaborador de Cristian Campos. De hecho, Arriagada relevó a Campos en su rol como administrador de la Municipalidad de Hualpén, cuando el hoy diputado se postuló en 2009 al Congreso.

Fue precisamente en el ejercicio de sus labores como administrador municipal de Hualpén que Cristian Campos fue acusado por el Ministerio Público de apropiarse de dineros fiscales por la vía del pago de horas extraordinarias sin respaldo. Fue formalizado en agosto de 2014, cuando pactó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, tras la devolución de $4,6 millones.

El diputado Cristián Campos fue consultado por CIPER sobre su relación con el empresario Germán Faúndez, calificada por varios actores importantes de la región como “fluida”. Junto con descartar un nexo “especial” con Faúndez, Campos afirmó:

-Lo que pasa es que conozco a todos los actores de la región. Él es el presidente del gremio de los camioneros, y si me pregunta por el presidente de la Cámara de Comercio también lo conozco. Los conozco a todos.

Respecto del oficio que envió a Contraloría solicitando respuesta por los millonarios pagos adeudados a Faúndez, Campos señala que en el ejercicio de su cargo es usual que reciba a personas de la región para conocer sus inquietudes:

Germán Faúndez (Fuente:  Revista Nos)
Germán Faúndez (Fuente: Revista Nos)

-Faúndez me pidió una audiencia. Yo atiendo lunes y viernes a todo el mundo, así que no tengo problema en hacer ese tipo de consultas y peticiones, más allá de la persona que lo esté solicitando. Usted puede revisar, he enviado cerca de 200 oficios consultando por cosas específicas para distintas personas que me lo han solicitado.

La página web de la Cámara de Diputados registra todas las audiencias públicas de Campos desde marzo de 2015 a la fecha (cumpliendo con el dictamen de la Ley de Lobby). En ese periodo no hay registro de que el diputado haya recibido a Germán Faúndez.

A pesar de no aparecer registrado en sus audiencias, el diputado Campos también afirmó a CIPER que algunas veces ha recibido al empresario Faúndez acompañado de Juan Araya (presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones), quienes le plantearon el tema “del impuesto específico” y que, en el último tiempo, había escuchado su postura sobre “el tema del cobro de los peajes, de cómo eso afecta la actividad que ellos realizan”.

Cristián Campos insistió que no tiene mayor vínculo con Faúndez, aunque dijo conocerlo incluso desde antes de que fuese electo diputado (2009). Versiones recogidas por CIPER señalan haberlos visto comiendo junto a otras personas en el “Tiralomo”,  una conocida parrillada de Concepción:

-Yo he ido a reuniones con Germán, pero también con otros empresarios del mismo sector, Marcos Vergara, por ejemplo, que lo conozco muy bien y que es del mismo rubro. No tengo problema en decir que como Concepción es tan chica, las reuniones se han hecho en mi oficina o en un restorán.

PARA EVENTOS SOLIDARIOS RECURRIMOS A ÉL

El senador por la Octava Costa, Alejandro Navarro (PAIS), conoce a Germán Faúndez desde aproximadamente una década. “Esporádicamente, en temas especiales que tienen que ver con eventos solidarios en beneficio de los  habitantes de la región, recurrimos a él”, dijo a CIPER.

Senador Alejandro Navarro.
Senador Alejandro Navarro.

A fines de 2014, el senador hizo entrega de sillas de ruedas en Concepción y Chillán, las que fueron donadas a la comunidad por una fundación estadounidense. En el acto de entrega en Chillán, el senador agradeció a Germán Faúndez: “Las sillas fueron traídas desde Estados Unidos y gracias al apoyo del dirigente Germán Faúndez, presidente de la Federación de Transportistas de la Región del Biobío, llegaron hasta acá”, dijo en esa oportunidad.

Navarro, a su vez, ha apoyado causas del dirigente transportista en varias instancias. Figura junto a Faúndez en una demanda por $150 millones –a la que también se sumó la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío– contra la sociedad Camino de la Madera, por el mal estado de la carretera del mismo nombre que está bajo su concesión. También, desde al menos 2011, ha acusado la existencia de un “cartel del combustible” en la Región del Biobío, problema que fue tratado en una sesión especial del Senado el 19 de abril de 2012. Al día siguiente, en Concepción, Navarro dio una vocería junto a Germán Faúndez donde criticaron “la fijación y regulación de precios”.

Meses antes, en diciembre de 2011, Navarro y Faúndez se habían reunido para “dar a conocer los beneficios de la aprobada ley de reintegro de impuesto específico del petróleo diesel para empresas de transporte de carga”, según la propia página web del senador (ver aquí).

Consultado respecto de los millonarios dineros transferidos por la intendencia a empresas ligadas a Faúndez para el reparto de agua en camiones aljibe, Navarro señaló: “He sido crítico de esa transferencia”.

Aun así, el senador Navarro acompañó en 2015 a Faúndez y otros transportistas a una reunión con el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, para que el organismo público acelerara los pagos que se le adeudaban al empresario por trabajos de distribución de agua. “Fui a esa reunión para evitar un corte del servicio producto del no pago”, señaló a CIPER.

 

Pesca ilegal, la campaña de la industria

Chile está en deuda con la conservación de sus peces y el consumo de productos del mar, pero para salir de este problema a veces ponemos la carreta delante de los bueyes o apuntamos al blanco equivocado. Así, nunca podremos avanzar o tal vez no se quiera avanzar. Reflejo de esto es la campaña de Asipes contra la pesca artesanal de botes de madera que subsisten pescando Merluza Común para alimentar a Chile en cinco regiones.

Mientras ha quedado develado el grave daño que la flota industrial ocasiona sobre la biomasa de Merluza Común que, como se aprecia en el siguiente link, por años han sido devueltas muertas al mar, peor aún, amparado por la autoridad y sus estudios de monitoreo.

Hoy ocurre que no existe urgencia real para proteger los recursos pesqueros. Se toma tiempo para levantar datos e información que nunca se encuentra y, entre medio, se da libertad de acción a los actores industriales que utilizan las artes de pesca más depredadores del sector, como lo es la pesca de arrastre.

Hemos llevado las cosas al límite y puesto en serio riesgo nuestros peces y a quienes vivimos de ellos. Además, gracias a la cuestionada Ley de Pesca el 60% de la merluza común estáen manos de UNA empresa del Bío Bío y un par de familias, mientras el otro 40% se tiene que repartir entre más de 10 mil pescadores artesanales de cinco regiones.

Algo anda mal en esta Ley de Pesca y ya todos lo saben. Es una dolorosa contradicción sostener que debemos aumentar el consumo de pescado en Chile y, a la vez, intentar que los pescadores artesanales sean criminalizados y encarcelados por llevar este pescado a la mesa de la familia chilena. La Ley de Pesca debe ser corregida, sin duda, pero para bien, poniendo la carreta detrás de los bueyes.

Es urgente revisar los derechos otorgados a las empresas que, además, son investigadas por financiar ilegalmente la política. La merluza común debe ser redistribuida, incluso por justicia debería ser exclusivamente para la pesca artesanal y asíalimentar a Chile y a nuestra gente con todas las de la ley.

 

El “corralito legal”: ¿Quién gana cuando las AFP se hacen ricas?

La norma rectora de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es el Decreto Ley N°3.500 de 1980, el que en términos simples establece que son “empresas privadas con fines de lucro” y las únicas que pueden hacerse cargo de administrar el 10% obligatorio de cotización para ahorro previsional al que están obligados en Chile los trabajadores dependientes.

Esta norma es la que configura lo que el economista Andrés Solimano llama “corralito legal”, puesto que los fondos previsionales quedan encerrados en el sistema sin la opción de moverlos hacia un administrador sin fines de lucro (Pensiones a la chilena, la experiencia internacional y el camino a la desprivatización. Editorial Catalonia 2017). La riqueza y el consecuente poder que este sistema genera, ha sido definido por el historiador británico Robin Blackburn como capitalismo gris: una estrategia de acumulación basada en los flujos financieros globales, donde se incluyen estrategias de inversión relacionadas con prestaciones, como la pensión de vejez, donde los trabajadores tienen un vínculo de propiedad muy tenue con el dinero que les pertenece y donde los fondos son administrados muchas veces por empresas cuyos entramados societales suelen ser opacos, complejos de comprender y analizar.

Por administrar ese dinero las AFP cobran una comisión, que sale del salario imponible del trabajador y que se define como un “costo de administración”. No es la única comisión: las AFP también cobran un porcentaje de la pensión por pagarla, como en el caso de Retiro Programado, la Renta Temporal; y también una comisión por la administración del Ahorro Previsional Voluntario (APV). El “Cuadro 1” muestra el detalle para cada tipo de comisión mencionada.

grafico 1

Las comisiones pagadas por los cotizantes pueden alcanzar un volumen bastante relevante en relación a los ingresos ordinarios de las AFP. Al observar  los estados financieros del sistema publicados por la Superintendencia de Pensiones, se constata que al 31 de diciembre de 2016 las comisiones corresponden nada menos que a un 89,4% del total de los ingresos ordinarios de las AFP (para este cálculo se consideran las comisiones por depósitos de cotizaciones obligatorias y APV; las comisiones por retiros programados y por rentas temporales, calculadas sobre los ingresos ordinarios más la rentabilidad del encaje (ver notas).

Este negocio cautivo es muy rentable. Sus cuantiosos ingresos logran cubrir las operaciones necesarias para el ejercicio y dejar un saldo de ganancia relevante para la industria. Un ejemplo: durante los 90 primeros días del este año (primer trimestre), las seis AFP que componen el sistema se llevaron ganancias diarias por $1.290 millones. En estos años marcados por el bajo crecimiento económico (hoy bordea el 1%) y por el debate sobre las bajas pensiones, la prosperidad de las AFP no se ha detenido: si se compara marzo del año 2016 con marzo de 2017, se observa que las ganancias de los dueños de las AFP se han incrementado en un 42%. Hoy son 5.281.494 trabajadores los que cotizan en las AFP, de los cuales el 97,4% corresponde a trabajadores dependientes. Las AFP están muy interesadas en incorporar a los trabajadores independientes al esquema y así incrementar el monto que reciben por comisiones.

En el “Cuadro 2” se puede apreciar la utilidad final del ejercicio después de impuestos (columnas “resultado del ejercicio” para primer trimestre de 2016 y 2017). La información muestra que las AFP Hábitat y ProVida experimentaron los aumentos más fuertes en sus resultados en los periodos comparados.

grafico 2

Un aspecto central para entender la riqueza que se acumula en este negocio se origina en la baja cantidad de competidores que se disputan el 10% del sueldo de los trabajadores. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, entre 1981 y 2017 la cantidad de AFP existentes tuvo un crecimiento inicial para luego reducirse drásticamente. En 1990 existían 14 AFP. El  punto de mayor cantidad de oferentes se alcanzó entre 1993 y 1994, con 21 administradoras. Luego, desde 1995, la tendencia fue decreciente, llegando en 2017 a las seis AFP vigentes que aparecen en la tabla.

Algo importante de tener en cuenta es que la fuerte apertura internacional de los fondos de pensiones, así como el creciente volumen de capital que estos fondos representan, despertó el interés de compañías extranjeras en el mercado previsional chileno. Eso explica la estructura de sociedades que está detrás de las AFP que hoy operan en el mercado.

Un mecanismo para lograr evaluar con mayor grado de certeza lo que implica el volumen de ganancias antes descrito para la industria de las AFP, consiste en observar la rentabilidad sobre patrimonio que han obtenido, pues esta se puede entender como la utilidad de la empresa en relación a su tamaño. Al realizar este análisis obtenemos que en los últimos 20 años la rentabilidad sobre el patrimonio del sistema de AFP alcanza un promedio anual de 25,7%, lo cual es elevadísimo para cualquier tipo de negocio.

grafico 3

¿QUIÉN GANA?

El “Cuadro 2” también muestra que todas las AFP aumentaron sus ganancias entre 2016 y 2017. La empresa que alcanzó el mayor aumento fue PlanVital, la cual logró un incremento de cotizantes al adjudicarse la última licitación de cartera de los nuevos trabajadores que ingresasen al sistema, debido a ofrecer la comisión más baja del mercado.

En marzo de 2016, esta empresa reportó exiguas ganancias ($57.917.000). Un año después alcanzó $1.888 millones (lo que implica ganar más de $20 millones de pesos diarios en el primer trimestre del 2017).

¿Quiénes están detrás de esta AFP? O dicho de otro modo, ¿quién gana cuando esta AFP gana? La memoria institucional de 2016 indica que Asesoría e Inversiones Los Olmos S.A. acumula un 86 % de las acciones de la AFP PlanVital. Los Olmos, a su vez, es controlada por la Sociedad de Islas Vírgenes Británicas Atacama Investments Ltd., la cual depende societariamente de Assicurrazioni Generali SPA, compañía italiana que forma parte de uno de los conglomerados de fondos de seguros más grandes del mundo (ver siguiente cuadro).

grafico 4

MODELO EN FAMILIA

AFP Modelo, que aumentó sus ganancias en un 46% entre 2016 y 2017, tiene una propiedad accionaria más compleja: el 86,53% de sus acciones se reparten entre tres entidades; Inversiones Atlántico Limitada (55,57%), Inversiones Atlantico-A Limitada (17,47%) e Inversiones Atlantico-B Limitada con 13,49%. En estas tres entidades encontramos a miembros de la familia Navarro Haeussler como accionistas.

Esta AFP es una de las que tiene bajo su administración la menor cantidad de activos de los fondos de pensiones, con un 3,8% que representa US$7.077.158.000 al mes de marzo de 2017. Esta empresa es controlada por Inversiones Atlántico Limitada (IAL), que tiene un 55,57% de participación accionaria sobre la AFP. IAL es, a su vez, controlada por sus principales socios: Andrés, Pablo y María Cecilia, todos Navarro Haeussler. Entre estas tres personas controlan el 62% del total de la sociedad de Inversiones Atlántico Limitada.

EL HABITAT GIGANTE

La AFP Hábitat acumula la mayor cantidad de activos entre las administradoras de fondos de pensiones: un 27,2% de todos los que controlan las AFP, lo que corresponde a cerca de US$50.657 millones. ¿Quién se beneficia con este gigante? Hábitat escontrolada por dos grandes conglomerados: Inversiones La Construcción (ILC), la que posee el 40,29% de las acciones de la AFP (a través de Inversiones Previsionales Dos S.p.A); y Prudential Chile, filial de la compañía estadounidense Prudential, que posee el mismo porcentaje de acciones (a través de Inversiones Previsionales Chile S.p.A.).

Cabe señalar que Inversiones La Construcción es controlada en un 67% por la Cámara Chilena de la Construcción, y gestiona otras instituciones como RedSalud, ISAPRE Consalud, Confuturo y Corpseguros.

AFP ProVida y Cuprum son controladas por las compañías aseguradoras estadounidenses MetLife, Inc. y Principal, Inc. respectivamente. En las memorias del año 2016 de ambas AFP es posible observar sus complejas estructuras accionarias. Algo a destacar es que, finalmente, detrás de Metlife y Principal existe una difusa red de inversores en los que la propiedad se atomiza y diluye. Respecto de los activos totales de los fondos de pensiones, estas AFP no están en el mismo nivel. ProVida administra el 25,8% de los activos totales (US$48.050 millones) y Cuprum un 20,2% (US$37.620 millones).

AFP Capital concentra el 19,6% de los activos de los fondos de pensiones. Su controlador es SURA Asset Management Chile S.A, con un 99,7% de la propiedad accionaria. Esta compañía, la que se define como “líder en pensiones en Latinoamerica”, tiene participación en países como Colombia, El Salvador, Perú, México y Uruguay, donde existen diversos esquemas de pensiones, desde modelos mixtos contributivos, hasta privados (como México, El Salvador y por supuesto Chile). SURA Asset Managment, es filial del Grupo SURA y cuenta entre sus inversionistas minoritarios a la Corporación Internacional Financiera (IFC, por su sigla en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial. SURA Asset Managment es una empresa del Grupo SURA, conglomerado colombiano que ha logrado gran expansión en Latinoamérica.

Un asunto que no se debe dejar de lado es que existe una suculenta recompensa por encabezar  los directorios de las AFP. Son ellos los que deciden dónde y cuánto se invierte con el fondo total de pensiones que hoy acumula US$188.363 millones, un monto que equivale al 74,8% del PIB chileno.

Los datos expuestos indican que, a marzo de 2017, tres compañías de seguro estadounidenses (Metlife, Prudential y Financial) controlan el 73,2% de esos activos (US$136.328 millones): algo así como el 54% del PIB. Se debe considerar, además, que esas compañías de seguro no solo ganan por ser dueñas de las AFP: también son instituciones pagadoras de pensiones en modalidad Renta Vitalicia, lo que muestra la alta concentración de capitales en muy pocas empresas.

Se puede observar, a partir de lo expuesto, que las AFP son empresas que reparten una abundante prosperidad a sus dueños, lo cual se aprecia en las altas ganancias que obtienen, principalmente gracias a las comisiones que pagan los cotizantes del sistema, más los resultados del encaje y otras fuentes de negocios. La prosperidad que reporta a sus controladores no se condice con lo que ofrecen en materia de pensiones.

La medida propuesta por el gobierno para aumentar las pensiones, se basa en aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador en hasta 5 puntos porcentuales por sobre la tasa actual, pero manteniendo el esquema de capitalización individual como eje central del financiamiento de pensiones. Esto no resuelve el problema de las bajas pensiones y no toca el entramado de “capitalismo gris” -como diría Blackburn- que aquí se ha descrito.

NOTAS:

[1] El encaje corresponde a una reserva que deben establecer las AFP para cumplir con la garantía mínima. Esta reserva se invierte bajo la misma estrategia de los multifondos.

El exitoso lobby que tumbó artículos clave de la Reforma al Código de Aguas

En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.

sequiaUno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.

De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.

En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos (ver recuadro).

La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.

Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá.  Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.

Patricio Crespo, ex presidente de la DGA.
Patricio Crespo, ex presidente de la SNA.

Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.

Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.   

El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.

Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.

Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.

Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.

EL “FRENAZO” DE HACIENDA

El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).
Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.

También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.

En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.

En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.

Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.

Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas  subterráneas del país– no se tocan con la reforma.

El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.

El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título ¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco (ver aquí).

LA ARREMETIDA DEL AGRO

El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).

La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua (ver aquí). Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.

riego copesaEl 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.

En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.

Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.

CAMPAÑA 360°

Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).
Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.

La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.

Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.

La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI) (ver Nota de la Redacción).

A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.

descargaEl senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados (ver reportaje: La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile).

SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA

Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.
Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.

Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.

Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.

El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.

Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.
Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco (ver reportaje de CIPER).

En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.

Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó  al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.

LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO

Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.

Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.

Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.

También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.

La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo se mencionó originalmente que varias de las reuniones sostenidas por Fernando Peralta habían sido gestionadas por la agencia B2O, que tiene entre sus clientes a la SNA. Desde la agencia B2O señalaron a CIPER que si bien es correcto que asesoran a la SNA, no han hecho ninguna gestión para la Confederación de Canalistas (CONCA) en el contexto de la reforma al Código de Aguas. Tal como está registrado en la página de lobby de la Cámara de Diputados, las reuniones de Peralta con varios parlamentarios fueron solicitadas por María de los Ángeles Naudon quien, de acuerdo a su página de Linkedin, se desempeña como directora de Brand Relations de la citada agencia. Sin embargo, desde B2O afirmaron a CIPER que Naudon dejó de trabajar en la agencia “hace cuatro o cinco años”. 

Corte Suprema zanjó polémica disputa por derechos de agua en Petorca

Tras una larga batalla judicial, el 3 de mayo pasado la Corte Suprema mantuvo a firme la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de revocar una serie de derechos de agua entregados en carácter de provisorios a un puñado de empresarios con negocios agrícolas en Petorca, una de las provincias que enfrenta una situación crítica de escasez de agua en Chile.

La resolución N° 1.703 de la DGA data del 13 de junio  de 2014 y en ella se dejaron sin efecto diversos derechos provisionales de agua otorgados por ese organismo sobre acuíferos de los ríos La Ligua y Petorca. El motivo: esos derechos de agua, entregados de manera provisoria, estaban afectando a los tenedores de derechos definitivos otorgados con antelación, entre ellos, pequeños agricultores de la zona.

Entre esos derechos provisorios se encontraban 104,3 litros por segundo de agua entregados entre 2004 y 2007  a la sociedad Agrícola Cóndor, propiedad del ex ministro del Interior bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Otra de las empresas cuyos títulos de agua quedaron comprometidos por la decisión de la DGA fue Agrícola los Graneros, propiedad del cuñado del ex ministro, Osvaldo Junemann.

Ambas empresas habían sido sancionadas con antelación por la DGA (y también por la justicia) por infracciones al Código de Aguas.

Tras la resolución de la DGA, Agrícola La Loica –continuadora de Agrícola Cóndor–, y Agrícola Los Graneros interpusieron sendos recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a su favor. Ambas sociedades fueron representadas en tribunales por el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó como director de la Dirección General de Aguas (ver reportaje de CIPER).

Las causas se elevaron a la Corte Suprema luego de que la DGA presentara dos recursos de casación en el fondo buscando desestimar la sentencia anterior. El 3 de mayo, el máximo tribunal falló a favor de la DGA por lo que su decisión de revocar los derechos de agua entregados a las empresas de Edmundo Pérez Yoma y de Osvaldo Junemann se mantuvo a firme.

De acuerdo al fallo, la Dirección General de Aguas “obró en el marco de las facultades que la ley expresamente le acuerda y habiendo comprobado en forma previa, mediante Informes Técnicos que constituyen suficiente e idónea fundamentación especializada, la concurrencia del presupuesto de hecho que contempla el artículo 66 del Código de Aguas consistente en que la mantención de los derechos provisionales sí ocasiona perjuicios en los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad” (ver sentencia de reemplazo).

El dictamen fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Arturo Prado. Prado fue el único ministro de la sala que votó en contra de la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

A continuación, les dejamos el reportaje de investigación publicado por CIPER el 19 de marzo de 2014 (“DGA revoca derechos de agua a ex ministro Pérez Yoma y otros empresarios en Petorca”), a pocos días de que la DGA anunciara la decisión de anular los derechos de agua provisionales entregados en Petorca.

***

En Petorca el agua está cerca de acabarse. Encarna el rostro más dramático de la soterrada crisis hídrica que vive el país. A pocas horas del cambio de mando, la Dirección de Aguas dejó sin efecto los derechos provisorios de connotados empresarios y políticos ligados a la DC por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos. Son los mismos que han sido acusados de usurpación de agua y que han enfrentado a la justicia por distintas infracciones. Éste es sólo un nuevo capítulo de una larga disputa que no es únicamente atribuible a la falta de lluvias.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.
Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).
Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.
El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

Ex ministro Edmundo Pérez  Yoma.
Ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

sequia_3Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver recuadro) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

EMBALSE RECOLETA005.JPGLa DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

Francisco Echeverría, ex director de la DGA:“El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión”

echeverria-¿En qué se basa la decisión de revocar los derechos provisorios?
Hicimos una serie de estudios con bastante profundidad en el sector. Estos arrojan que en todos los escenarios los derechos provisionales están afectando seriamente el ejercicio de los derechos definitivos previamente constituidos en los acuíferos.

-¿Qué impacto tendrá esta medida?

Lo que busca es que los derechos definitivos, aquellos otorgados con antelación a la resolución de zona de restricción, puedan volver a ejercerse. Y también busca la sustentabilidad del acuífero. Si bien el sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona no lo podemos revertir con esta medida en un 100%, la situación mejora considerablemente. Lo que nosotros no podíamos hacer era dejar estos derechos provisionales en ejercicio, ya que efectivamente estaban causando perjuicio a terceros.

-¿Por qué se toma esta decisión ad portas del cambio de gobierno?
La verdad es que la DGA es un organismo técnico. No tiene que ver con una situación de cambio de gobierno. La DGA tiene que tomar decisiones en la medida en que tenga la información técnica que justifique esas decisiones. Hay que tener un sustento técnico contundente y eso apareció recién ahora con los estudios que comenzaron a realizarse varios meses atrás.

-Lo pregunto porque hay personas ligadas al actual gobierno entrante que se ven comprometidas con esta decisión.

Contamos con los informes recién ahora y nuestras decisiones siempre han sido técnicas. El artículo Nº 66 del Código de Aguas permite a la DGA limitar o dejar sin efecto los derechos de agua provisionales si es que se comprueba la afectación de derechos definitivos,  y eso es lo que ocurre en esta situación. El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión.

-¿No existían ya los antecedentes para haberla tomado mucho antes? Hay personas que vienen pidiendo la revocación de estos derechos desde 2010.
La verdad es que por mucho que uno hubiera visto estas situaciones de escasez en la provincia, ciertamente uno los podría haber asociado a la sequía que ya por quinta temporada afecta al país. Lo que nosotros necesitábamos era determinar que la situación era estructural. Aquí, haya o no sequía, los derechos provisionales están afectando a los derechos definitivos.

-¿Desde cuándo el ejercicio de derechos provisionales está afectando la disponibilidad de agua en la zona?

Todos los pozos de monitoreo que hemos estudiado van en franco descenso y eso a partir de que empiezan a ejercerse los derechos provisionales y empieza a haber un desarrollo más intensivo de la producción en el sector. Hoy, los estudios nos muestran que los derechos provisionales están siendo satisfechos y los derechos definitivos no lo están siendo por culpa del ejercicio de los primeros. Y eso no lo podemos permitir desde un punto de vista técnico y jurídico.

-¿Fue un error haber entregado esos derechos provisionales?

Las modelaciones dan cuenta de que sí. A lo mejor, eso no se sabía al momento en que se otorgaron. Aquí tenemos un hecho patente basado en informes técnicos: y es que efectivamente los derechos provisionales estaban causando perjuicio y había que dejarlos sin efecto.

-¿Podría quedar esta medida sin efecto a futuro?

Mientras se mantenga como área de restricción, no deberían volver a otorgarse derechos provisionales en la zona porque el acuífero está sobre otorgado y no hay mayor disponibilidad de agua.