Fiscalía investiga por lavado a una sociedad del vicepresidente de El Salvador

La Policía y la Fiscalía de El Salvador detuvieron este martes 4 de abril al empresario José Adán Salazar Umaña, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo internacional de la droga, en un caso por lavado de dinero que asciende a 215 millones 167 mil dólares, y en el que también está siendo investigado el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por su sociedad con Salazar Umaña en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V.

El caso contra Chepe Diablo, como se le conoce a Salazar Umaña, también vincula al alcalde de Metapán, hoy prófugo de la justicia, Juan Umaña Samayoa, a familiares de ambos y a las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal (granos básicos). El empresario y el alcalde han sido vinculados por informes de inteligencia del Estado como los líderes de una estructura dedicada al narcotráfico y conocida como el Cártel de Texis, según reveló este periódico en 2011.

Este martes 4 de abril, por la tarde, al preguntarle al fiscal Douglas Meléndez si la investigación en contra de Salazar Umaña vinculaba al vicepresidente Ortiz, el funcionario hizo una relación directa entre el empresario capturado, la investigación por la que se le persigue y la sociedad que continuó activa hasta febrero de 2016: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”, contestó Meléndez.

Durante 16 años, diversas agencias de inteligencia del Estado señalaron a Chepe Diablo, un empresario hotelero y mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán, como el principal líder del Cartel de Texis, una organización en la que también han sido vinculados políticos, jueces y policías.

El delito de lavado de dinero se castiga con pena carcelaria de ocho a doce años, según lo establece el Código Penal salvadoreño, y se configura cuando directa o indirectamente se oculta la procedencia de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. El fiscal Meléndez dice que, por ahora, no tienen documentado cuál es el origen ilegal del dinero que presuntamente ha sido lavado por Salazar Umaña. “¿De dónde vienen los fondos? Eso es un tema que se va a determinar directamente en el proceso, y en la investigación nuestra no hay justificación para estos fondos, son decenas de miles (de dólares)”, dijo el fiscal, que en sus investigaciones incluye la revisión de los movimientos que la sociedad fundada por Umaña Salazar y Óscar Ortiz realizó en 16 años.

En el año 2000, Salazar Umaña y Óscar Ortiz, para aquellas fechas alcalde de la ciudad Santa Tecla, fundaron la sociedad Montecristo S.A. de CV., que realizó una serie compras de terrenos en la zona costera del departamento de Usulután. La sociedad entre Salazar Umaña y Ortiz, convertido en vicepresidente de El Salvador en junio de 2014, siempre estuvo activa. Incluso se mantuvo activa después de que el Departamento del Tesoro nombrara a Salazar Umaña como capo internacional de la droga, en mayo de 2014. Montecristo estuvo activa al menos hasta febrero de 2016, según confirmó el Registro de Comercio a este periódico.

El fiscal general, Douglas Meléndez, se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña
El fiscal general, Douglas Meléndez, se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña

La Policía y la Fiscalía informaron este miércoles 5 que en el caso de lavado de dinero están siendo investigadas 26 sociedades vinculadas a Chepe Diablo y el alcalde Juan Umaña Samayoa, de las cuales 3 son con fines de extinción: Gumarsal, Hotesa y Molinos San Juan.

Hasta el momento, las autoridades han detectado que el grupo de capturados y prófugos ha tenido una ‘multiplicidad de productos financieros’ en la banca, cierre de cuentas en tiempos cortos, ‘la mayoría habiendo quedado a saldo cero’, traslado de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados ‘y, además, pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi inmediatos’, según explicó el director de la Policía, Howard Cotto.

También se señalan ’empresas fachadas’ que solo fueron creadas y nunca funcionaron, y “la compraventa de bienes muebles e inmuebles para perder el rastro del dinero”, además del uso de testaferros, principalmente de familiares. En otra conferencia celebrada al mediodía de este miércoles, el fiscal Meléndez añadió que hay empresas de “fachada o de cartón”.

“De toda la masa de decenas de millones examinada financieramente, hemos determinado una gran masa de 215 millones 167 mil 786 dólares que no están justificados o respaldados”, dijo el fiscal Meléndez, quien agregó que ya hay un ‘indicio de narcotráfico’ en una de las operaciones bancarias, pero que no podía dar más detalles al respecto.

Por la mañana, el director de la Policía había dicho que el incremento patrimonial no justificado ascendía a $48,1 millones, pero que este podía crecer ‘más’.

La captura de Salazar Umaña forma parte de un operativo en el que también fueron detenidas otras tres personas más. Se trata de Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, señaladas de actuar como testaferros. Estas tres mujeres son parientes Salazar Umaña, según la Fiscalía. Las autoridades también buscan a José Adán Salazar Martínez, que es hijo de Chepe Diablo.

La Policía informó que hay otras cuatro personas que también están prófugas: uno es el alcalde de Metapán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Juan Samayoa Umaña. También están prófugos el hijo, la esposa y la nuera del alcalde de Metapán (Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Aydeé Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra). El fiscal Meléndez criticó que la Policía no haya logrado ejercer todas las órdenes de captura.

Tras la captura de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Tras la captura de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Las autoridades vinculan los más de 215 millones de dólares no justificados en este caso a incrementos patrimoniales sin explicación en las cuentas del empresario y del alcalde y sus respectivos grupos familiares.

Desde la mañana del martes 4, las autoridades allanaron las instalaciones de la alcaldía de Metapán, de la empresa Industrias Gumarsal (de la familia Umaña) y las oficinas del bufete Figueroa Cruz, una firma que durante años administró los negocios del alcalde y su familia. La Fiscalía ha allanado, en total, 50 inmuebles, de los cuales 26 son negocios como hoteles y gasolineras. También hay fincas y ranchos de playa que ahora están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), pues, según explicó el fiscal Meléndez, se ha iniciado el proceso de extinción de dominio.

Las viviendas y residencias intervenidas están ubicadas en residencias privadas en el departamento de La Libertad y en San Salvador: Arcos de Santa Elena y Cumbres de la Esmeralda, de Antiguo Cuscatlán y Quintas de Gratamira en San Juan Opico.

El director de la Policía informó que los procesos de registro llegarán hasta 69 diferentes inmuebles ubicados en varios departamentos del país (Santa Ana, La Libertad, Sontonate, San Salvador, Usulután y La Paz). “De estos 69 registros, 43 lo estamos haciendo bajo la óptica de lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio, no significa que los otros no pueden ser sometidos al proceso de extinción”, dijo Cotto.

En abril de 2016, el fiscal Meléndez había cuestionado a su antecesor, Luis Martínez, por haber archivado las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Chepe Diablo. En aquella época, al ser consultado por la vinculación entre Salazar Umaña y el vicepresidente Óscar Ortiz, Meléndez respondió que no había ninguna investigación en contra de Ortiz, pero cerró diciendo que “las investigaciones son abiertas”. Un año después, el fiscal confirma que se está investigando a la sociedad Desarrollo Montecristo y enfatiza que esta investigación arrancó de cero.

“La investigación fue reabierta el año pasado por la Fiscalía. No hay certeza de por qué fue archivado el caso, fue sustraída la información que estaba en los tribunales, pero el caso lo reabrimos”, dijo Meléndez, en una breve rueda de prensa en el Hotel Capital en Antiguo Cuscatlán, uno de los negocios de Salazar Umaña que fueron allanados.

“La finalidad es obtener alguna evidencia para iniciar procedimiento de extensión de dominio”, dijo el fiscal Meléndez.

En 2014, la Fiscalía inició dos investigaciones por evasión de impuestos contra el alcalde Umaña, José Adán Salazar Umaña e industrias Gumarsal. Ambos procesos fueron cerrados después de que los empresarios pagaron multas.

El Faro intentó obtener una reacción del vicepresidente Óscar Ortiz a través de una de sus asistentes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fiscalía busca en Montecristo

Óscar Ortiz y “Chepe Diablo” son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que por años ha comprado y vendido tres terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco.

Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.

Los terrenos que Montecristo compró y luego fue vendiendo (y volviendo a comprar) a los largo de los años presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos.

Por ejemplo, la primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto del año 2000, según consta en los registros del CNR: 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Rogelio Cervantes, el tercer socio de Montecristo. Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz.

El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).

Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.

Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.

El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.

Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones (US$57.142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a US$40 mil, lo que significó una reducción de su precio de más de US$17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.

En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en US$40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: US$40 mil.

Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de US$40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: US$10 mil.

En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.

En abril de 2016, cuando el vicepresidente Óscar Ortiz fue consultado por su sociedad junto a Cervantes y Chepe Diablo, él respondió que cuál era el problema, si no había nada ilegal en ella. “Qué tiene de ilegal eso, pues. Tenés alguna cuestión ilegal”, dijo.

Esta es la primera vez que las autoridades mencionan en sus investigaciones a la sociedad fundada por Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes. En los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, no aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo en la trama del Cartel de Texis, que opera en el occidente del país en una zona conocida en el mundo del crimen como “El caminito”.

 

*Con reportes de Nelson Rauda

Ver la versión original de este reportaje en El Faro.

Las deudas de los firmantes

Vea aquí la versión original publicada por El Faro

Por Carlos Dada

Hace algunas semanas una periodista estadounidense me preguntó, habida cuenta de la situación de El Salvador, cómo podrían dimensionarse justamente los Acuerdos de Paz. La pregunta tenía mucho sentido. El Salvador tiene hoy una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con índices igual de altos de impunidad; un sistema político y judicial corrupto e ineficiente; un Estado ausente para un gran porcentaje de sus habitantes y una población consecuentemente emigrante. La democracia sigue en un estado de inmadurez tal que, para el festejo de los veinticinco años, el Gobierno anunció la llegada de un nuevo enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, cuya misión será ayudar a las partes —gobierno y oposición política— a dialogar y resolver los problemas más urgentes del país, porque las posiciones políticas de ARENA y el FMLN parecen, en casi todos los tópicos, irreconciliables.

Exceptuando el periodo de posguerra, en que los millones de dólares de la cooperación internacional llegaron para apoyar la reconstrucción, el país ha tenido un crecimiento económico casi nulo y los únicos amortiguadores para una criminal desigualdad han sido las remesas enviadas por el veinticinco por ciento de la población salvadoreña que vive fuera del país; los fondos, significativamente menores, de la cooperación internacional; y el endeudamiento.

Los hospitales públicos ofrecen una atención de tan mala calidad que hasta los empleados de la Asamblea exigen como prestación un seguro médico privado; mientras los más pobres parecen condenados a la enfermedad perpetua debido a la falta de medicinas, de médicos, de clínicas…

El futuro no parece mejor: la producción intelectual y cultural es tan pobre que cualquier aporte, por mediocre que sea, es celebrado como un auténtico logro. Y lo es. La Universidad de El Salvador carece de fondos suficientes para la investigación académica integral. Hay escuelas públicas que no tienen ni bancas para los alumnos y el sistema público difícilmente podrá graduar a estudiantes preparados para lo que el país requiere. Tampoco es que los estudios garanticen una mejor calidad de vida. Apenas la quinta parte de los adultos en edad productiva posee un empleo digno y el Estado es el mayor empleador; los empresarios se niegan a aumentar un salario mínimo miserable mientras elevan

los precios de sus productos. La economía nacional está basada en el consumo, sostenido por las remesas.

Visto así, es difícil encontrar algún avance en un cuarto de siglo. ¿Qué celebramos entonces?

Le respondí a la periodista que basta ver un poco la historia nacional para darnos cuenta de que las razones sobran para celebrar y seguir celebrando aquellos acuerdos, incluso bajo las terribles condiciones que enfrenta cada día la mayoría de la población.

Ahora vivimos en un país en el que el ejército está apartado de la vida política y las primeras generaciones de oficiales graduados después de la guerra pronto ocuparán los altos mandos. Desde el fin de la guerra no hay fraudes electorales. La izquierda, por primera vez en la historia, alcanzó el poder y sus victorias en las urnas han sido reconocidas y respetadas; hoy un excomandante guerrillero preside el país y gradúa a las nuevas generaciones de oficiales militares; y hay una verdadera independencia de poderes. En El Salvador previo a aquel acuerdo, El Faro no hubiese podido existir y yo tampoco podría ejercer mi derecho a la libertad de expresión y a la crítica abierta. Y eso no es poca cosa. La cárcel de Santa Tecla, que antes fuera centro de torturas y de reclusión de presos políticos, hoy es un museo y centro cultural. En El Salvador ya no hay violencia política.

Pero los festejos, a estas alturas, deberían ir acompañados de reflexiones serias sobre aquellos Acuerdos y sobre su relación con la situación actual. Al fin y al cabo, hoy es lo que sigue de ayer. Esas reflexiones deberían nutrir el debate público y aportar, también, al cúmulo de lecciones aprendidas en las experiencias de transiciones de la guerra a la paz, una materia en la que El Salvador sigue siendo referente.

A LA ESPERA DE JUSTICIA

Hay que comenzar situando los acuerdos de Chapultepec en su debido contexto. Fueron, en el momento de su firma, probablemente los mejores acuerdos alcanzados hasta entonces para finalizar un conflicto. Se nutrieron de todas las lecciones aprendidas y por eso, y por la voluntad de las partes, el conflicto armado terminó de manera definitiva.

Un cuarto de siglo después, la humanidad ha aprendido y avanzado mucho también en materia de mediación de conflictos, de acuerdos de paz y, sobre todo, de justicia transicional. Ahora tenemos muchos más elementos para saber qué, del proceso de negociación y de lo que terminó plasmado en el papel, tiene relación directa con la situación que enfrentamos hoy en El Salvador.

Celebración de la firma del acuerdo en 1993
Celebración de la firma del acuerdo en 1993

Aquellos Acuerdos, negociados y firmados entre las partes que hicieron la guerra, se sostenían, en la práctica, sobre cuatro pilares fundamentales: el fin de la guerra; el retiro de las Fuerzas Armadas de la vida política; la inserción del FMLN al sistema de partidos; y el desmantelamiento de los cuerpos de seguridad pública y paramilitares, sustituidos por una policía civil. Estos fueron los cuatro puntos cuyo cumplimiento era imprescindible para no romper la paz pactada. Todos los demás acuerdos estaban subordinados y, en algunos casos, fueron sacrificados. El primero de ellos fue el relativo a la justicia.

En el punto cinco del capítulo uno, referido a la Fuerza Armada, las partes acordaron lo siguiente: “Se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esta naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”.

Cinco días después del Informe de la Comisión de la Verdad, en marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la amnistía, vigente desde entonces hasta el año pasado. La Ley de Amnistía General obviamente contradecía los Acuerdos; pero, a pesar de los reclamos del FMLN, ninguna de las partes firmantes lo consideró un atentado a lo acordado, y el presidente Cristiani se negó a vetarla. La Ley fortaleció uno de los problemas estructurales más urgentes de erradicar: la noción de que cuando se tiene suficiente poder alguien puede cometer una masacre contra mil civiles, asesinar a sangre fría a menores, a estudiantes, a intelectuales, a obreros, a empresarios, a alcaldes, y no sufrir ningún castigo. Mientras tanto, las cárceles seguían llenas de rateros; de pobres. La falta de entereza de los firmantes para defender este punto dejó gravísimas consecuencias para la posguerra: la continuación de la impunidad como decreto. Como ley.

Visto hoy, uno de los principales problemas de aquel acuerdo fue haberse negociado, comprometido y firmado por las partes que hicieron la guerra, sin el involucramiento del resto de los sectores sociales y, sobre todo, sin la participación de las víctimas. Y sin respeto para ellas, perpetuando la violación al más elemental de los derechos humanos: el derecho a la dignidad. A que todo ser humano sea reconocido como sujeto de los mismos derechos que los demás.

El castigo a los perpetradores de crímenes de guerra es acaso el más complicado de los puntos de una negociación para finalizar un conflicto. ¿Cómo pedirle a alguien que firme su renuncia al poder que otorgan las guerras a sus comandantes, a cambio de un asiento ante un tribunal? Este problema es, desde luego, prácticamente insalvable cuando las únicas partes involucradas en la negociación y en la toma de decisiones sobre el acuerdo final son los perpetradores. Y ese fue el caso salvadoreño.

La Comisión de la Verdad emitió un Informe que en su momento fue, y sigue siendo, un documento fundamental para asignar responsabilidades sobre crímenes de guerra, para que los victimarios dejaran de ocultarse en la generalización del “aquí todos matamos”, tan común para justificar los horrores del conflicto. Ciertamente la Comisión obtuvo su mandato de los Acuerdos de Paz. Pero la aprobación de la Ley de Amnistía evitó que los responsables enfrentaran la justicia, y el presidente Alfredo Cristiani la apoyó. Sus defensores dicen que no existían las condiciones políticas para vetarla, sobre todo porque el fundador de su partido, Roberto d’Aubuisson, aparecía señalado como líder de las estructuras paramilitares conocidas como los Escuadrones de la Muerte y como responsable del asesinato del arzobispo Óscar Romero; y el Informe responsabilizaba a las Fuerzas Armadas y a las estructuras paramilitares de la mayoría, la abrumadora mayoría, de los crímenes.

Además de impulsar y aprobar la Ley de Amnistía, la derecha emprendió una agresiva campaña contra la Comisión de la Verdad y contra sus miembros, acusándoles de simpatizar con el FMLN y de entregar un documento sesgado en su contra.

El hecho de que las condiciones políticas fueran adversas al cumplimiento de esa parte de los Acuerdos puede explicar la Ley de Amnistía, pero no impide señalar su responsabilidad sobre la impunidad y el irrespeto a los derechos de las víctimas.

Desde entonces el mundo ha avanzado mucho en procesos de pacificación. Ahora es indeseable una negociación que no sea ampliamente socializada y que no contemple más allá del fin del conflicto: la posguerra y la administración de un tipo de justicia. Esta es la justicia transicional que no ocurrió aquí y que tiene por objeto justamente evitar lo que sí ocurrió aquí: la ausencia del reconocimiento de los crímenes, del reconocimiento de las víctimas, de justicia. Y por tanto la dificultad del sistema judicial de recuperar la confianza ciudadana y de dejar lecciones para la posteridad. Si algo sobrevivió en El Salvador durante el paso de la guerra a la posguerra fue la impunidad. Y el desconocimiento de los derechos de las víctimas. Eso es herencia directa de aquellos Acuerdos, de las ausencias en ellos y de la falta de cumplimiento de los mismos.

En Colombia, antes incluso de emprender las negociaciones finales, el Congreso aprobó una ley de víctimas que reconocía su condición como tales, indispensable para restaurar su dignidad. El acuerdo alcanzado contempla algún tipo de castigo para los perpetradores, cuya pena disminuirá si confiesan y piden perdón. Colombia se nutrió de experiencias anteriores, particularmente de Sudáfrica y Ruanda.

En El Salvador, los crímenes de guerra han sido materia política y no judicial. Cuando ARENA gobernaba, cada vez que uno de estos crímenes era mencionado con volumen suficiente como para entrar en la agenda nacional (como durante las campañas electorales o cuando ARENA intentó que la Asamblea otorgara a Roberto d’Aubuisson el título de Hijo Meritísimo), los afectados denunciaron siempre persecución política y respondieron que “ellos (los otros) también cometieron crímenes”.

Hoy el FMLN, desde el poder, ha defendido la Ley de Amnistía al grado de dar protección a militares retirados requeridos por la Interpol, acusados en tribunales internacionales por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA, perpetrado en 1989. Durante ocho años al frente del Ejecutivo, los exguerrilleros no han sido capaces siquiera de retirar de las instituciones armadas los nombres de criminales de guerra. Particular mención merece el coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl, que perpetró la masacre de El Mozote, y cuyo nombre lleva aún la Tercera Brigada de Infantería con sede en San Miguel. Veinticinco años después del fin del conflicto, aún no hay sentencia capaz de obligar al ejército a abrir sus archivos.

En julio pasado la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, veintitrés años después de su aprobación. Dos meses más tarde, un juez de San Francisco Gotera ordenó la reapertura de las investigaciones de la masacre de El Mozote. A pesar de la contundente y voluminosa documentación y evidencia sobre la autoría, el juez no ha procesado a ninguno de los militares responsables del crimen (más de un millar de efectivos del Batallón Atlacátl participaron en ese operativo bajo el mando del coronel Domingo Monterrosa).

LA LETRA PEQUEÑA DEL ACUERDO

La imposibilidad de hacer justicia a las víctimas no fue la única deuda del proceso de paz. Los Acuerdos tampoco contemplaron reformas estructurales en materias económica y social, a pesar de que ello había sido parte importante de las causas del conflicto. Basados en el principio de que se enfrentaría una situación excepcional –miles de combatientes debían ser incorporados a la vida productiva y, por tanto, a pesar de las necesidades del resto de la población, había que darles prioridad para reinsertarlos económicamente– los Acuerdos se concentraron en la desmovilización y en destinar recursos del Estado para la integración al aparato productivo de los excombatientes, aunque incluso esto fue deficiente, porque apenas contemplaron el traspaso de tierras a favor de ellos.

Casi todo lo demás lo delegaron a un Foro Económico y Social que sería conformado por representantes del gobierno, del sector obrero y de las gremiales empresariales. No era difícil prever, aun antes de estampar las firmas, que ese Foro no funcionaría, porque quedaría en manos de aquellos que se habían beneficiado históricamente de la estructura económica y social: los grandes empresarios y los representantes del gobierno de Arena, que defendían los mismos intereses y que no estaban dispuestos a perder sus privilegios y su capacidad de controlar la economía mediante la concentración de capital y la utilización del Estado. Ese fue el primer Foro, la primera comisión, que no funcionó en la posguerra.

Además, el Gobierno había emprendido ya un desmantelamiento del Estado, cuyos únicos beneficiarios eran los grandes empresarios y el presidente mismo, incluyendo la privatización de la banca, aprobada el 29 de noviembre de 1990. Los acuerdos de Chapultepec se limitaron a consignar tímidamente que “La política de privatización fomentará la participación social de la propiedad promoviendo el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas”. Pero eso no estaba en los planes de la administración Cristiani, ni de los grandes empresarios que le eran cercanos.

El mediador de Naciones Unidas, Álvaro de Soto, uno de los pocos de entre aquellos que participaron en las mesas de negociación que parece hoy dispuesto a revisar el proceso, publicó el año pasado un artículo, escrito en conjunto con la investigadora Graciana del Castillo, en el que dice: “apenas seis días después del inicio de los Acuerdos de Paz, y aparentemente imperturbada por ello, la junta de directores del Fondo Monetario Internacional aprobó discretamente un programa de reformas y estabilización económica para El Salvador típicamente neoliberal. Ni el FMLN ni la ONU sabían que el Gobierno tenía un claro entendimiento con el FMI, según el cual los gastos relacionados con el proceso de paz tendrían que ser financiados por ahorro público adicional, recolocación del gasto público o recursos externos…”

Los años de la guerra
Los años de la guerra

No es extraño, pues, que el presidente Cristiani se resistiera a que los asuntos económicos y sociales se incluyeran en el documento final. A ello paradójicamente pudo haber ayudado el hecho de que el FMLN, que llevaba años aspirando al triunfo militar de la revolución (y por tanto a la imposición de un sistema socialista), no tuviera mayores ideas para negociar reformas económicas estructurales en un sistema capitalista.

Dicen de Soto y Del Castillo que las experiencias adquiridas en países como el nuestro demuestran que la posguerra necesita de medidas económicas especiales, porque a las necesidades de reconstrucción hay que agregar las necesidades normales del desarrollo. Los autores responsabilizan a Naciones Unidas y a los organismos financieros internacionales de no haber sido capaces de prever esta situación ni montar una estructura para ello, ni de ver la posguerra como un periodo que requiere de la normalización de las dinámicas económicas. Lo cierto es que De Soto y del Castillo pecan de exceso de elegancia. No fue solo responsabilidad de Naciones Unidas, sino, y sobre todo, del gobierno Cristiani y del FMLN. Este último, además de mostrarse incapaz de articular propuestas, se negó también a ceder espacios para que otros las articularan.

El FMLN se integró rápidamente a la vida política con la intención deliberada de copar todos los espacios correspondientes a la oposición. Se fue devorando al resto de la izquierda por eliminación o prepotencia e impidió hasta donde pudo el crecimiento de las nuevas ideas que no emanaran de su seno. ARENA hizo lo mismo en la derecha.

Como escribió Roberto Turcios la semana pasada: “Tal vez el espíritu de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales fue superior al de la implementación, pues no había una generación de demócratas para realizarlo”.

Los dos partidos firmantes de Chapultepec encontraron rápidamente cuán rentable era la polarización política, que les daba el monopolio en su lado del espectro; y se negaron a liderar uno de los principales propósitos de los Acuerdos de Paz: la reunificación de la sociedad. Los gobiernos de ARENA entendieron el fomento a la cultura de paz como dejar de hablar de la guerra, de investigar sus hechos o de discutir esos años. Evitaba, dijeron todas las administraciones areneras, “reabrir heridas”, a pesar de que estas claramente no habían cerrado.

La polarización alcanzó sus peores niveles durante el gobierno de Francisco Flores, cuando éste canceló incluso las conmemoraciones de la firma de los Acuerdos de Paz. Había prometido “cruzar el puente” para tender su mano a la oposición; lo que hizo, en cambio, fue engañarlos –a ellos y al resto del país– ocultando el proyecto de dolarización; y acto seguido apartarlos de todo el proceso de reconstrucción y de manejo de fondos, tras los terremotos de enero y febrero de 2001.

UN PAÍS DE MUCHAS CULPAS

No es entonces casual que un cuarto de siglo después los salvadoreños continuemos divididos. No ha habido en las extremas liderazgo político capaz de asumir el compromiso de reunificación social. No ha habido reflexión pública sobre aquellos Acuerdos. No ha habido siquiera reconocimiento de las causas que nos llevaron a la guerra.

A principios de este año, en un foro sobre los Acuerdos de Paz realizado en la Universidad de Nueva York, el excomandante guerrillero Facundo Guardado dijo que la única causa de la guerra era la imposibilidad de la participación de ideas distintas a las del régimen en la vida política. Es decir, según Guardado, aquello fue una lucha popular contra la dictadura militar porque no permitía la democracia. Desde luego es una aseveración muy corta. Si bien este fue el principal motivo para que algunos se incorporaran a la lucha armada, no era ni el único motivo ni fueron sus convencidos los únicos que se incorporaron a la lucha. La resistencia contra la represión fue uno de los principales motivos para que muchos otros salvadoreños empuñaran las armas; y de entre ellos no fueron pocos quienes lo hicieron tras haber sufrido la muerte o la desaparición de algún familiar.

Profesionales, obreros y campesinos, y entre ellos miles de mujeres, se unieron a la revolución por la justicia social y por el fin de la explotación; no pocos inspirados en la doctrina social de la Iglesia católica. No era democracia el principal motivo por el que sacrificaron sus vidas. Era la posibilidad de una vida digna. Hasta el coronel Molina, penúltimo presidente de la dictadura, reconoció esto. Los campesinos, dijo, no se habían beneficiado nunca del producto de su trabajo. En otras palabras, habían sido explotados.

Es innegable que las condiciones en que vivían en aquellos años los campesinos han mejorado, sobre todo en lo concerniente a las libertades civiles. Pero la paz no les ha ofrecido mucho más.

En estos veinticinco años de posguerra y vida democrática, la mejor perspectiva para la mayoría de la población es emigrar. El heredero del Acuerdo de Chapultepec no fue, como afirmaron y probablemente anhelaban los firmantes, el pueblo salvadoreño. Fueron las dos fuerzas políticas que lo firmaron. Son ellas las que lo secuestraron. Son ellas las que fallaron.

También falló Estados Unidos, el gran pirómano del conflicto, que lo alimentó con millones de dólares. Que en 1992, en boca de su vicepresidente Dan Quayle, se comprometió a hacer aportes significativos al proceso de reconstrucción nacional. Y que lo primero que hizo fue iniciar las deportaciones masivas de pandilleros formados en las calles de Los Ángeles, cuando el país no tenía ninguna capacidad de recibirlos. Aquellos pandilleros habían llegado años antes a California, siendo niños, huyendo del conflicto que ellos, los Estados Unidos, financiaban.

Las deportaciones no han cesado. Estados Unidos es corresponsable también de esta violenta posguerra, pero tampoco ha demostrado ninguna capacidad de autocrítica cuando se trata de reflexionar sobre lo que nos pasó después de la firma de aquellos acuerdos, de los que hoy cumplimos veinticinco años. Pero no serán los primeros acusados. Porque sería eximirnos, a todos los salvadoreños, de nuestra propia responsabilidad, que es la principal.

Alba tiene ocho offshore en Panamá y así reduce impuestos en El Salvador

El PH 909 es un edificio de 17 pisos al este de la ciudad de Panamá. La oficina principal está ocupada por un banco; en la entrada principal, a la derecha, hay un pasillo y un recepcionista que controla el ingreso hacia el ascensor. Por este pasillo desfilan elegantes hombres y mujeres de negocios que contratan abogados para crear en Panamá, uno de los paraísos fiscales más importantes del continente, empresas y cuentas bancarias al servicio de empresas y particulares de otros países. En el sector se los conoce como “servicios offshore”.

El piso 16 del PH 909 es la sede de Arias, Alemán & Mora, la firma de abogados que, en 1998, creó empresas para que Carlos Perla y Mario Orellana, expresidente y exgerente de la empresa pública de aguas en El Salvador, ANDA, ocultaran sobornos por nueve millones de dólares durante el tercer gobierno del partido Arena. Aquellas empresas están hoy inactivas porque Perla fue condenado por corrupción, mientras que Orellana es prófugo. Se le busca por lavado de dinero.

PrintHan pasado los años, pero el edificio PH 909 es como un imán que sigue atrayendo a otros salvadoreños ansiosos de llevar su dinero a Panamá, un país caluroso en el que los propietarios de empresas offshore no pagan ningún impuesto. Dos pisos abajo del bufete que atendió a los exfuncionarios de ANDA, en el 14, está Infante & Pérez Almillano, otra firma legal, relacionada con la creación de empresas de Miguel Menéndez, Mecafé, según ha revelado la investigación de los #PanamáPapers.

Infante & Pérez Almillano es también el bufete que Alba Petróleos de El Salvador contrató para representar a una de las ocho empresas filiales offshore que tiene en Panamá.

Alba Petróleos es una empresa semipública, creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para importar combustible subsidiado desde Venezuela. La empresa pública venezolana PDVSA es dueña del 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el Frente son propietarias del 40% restante.

Desde su nacimiento en 2006, Alba Petróleos de El Salvador compra combustible subsidiado al gobierno venezolano gracias a que el Estado salvadoreño, por medio de las municipalidades, se ha comprometido a pagar una deuda con PDVSA que en el año 2014 ya alcanzaba los 943.4 millones de dólares. El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas.

Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas.

En enero de 2014, El Faro ya publicó que una buena parte de las ganancias de Alba Petróleos se había destinado a financiar el nacimiento de una veintena de empresas manejadas por familiares, socios y abogados relacionados con José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN. Pero además de en sus inversiones en El Salvador, Alba Petróleos ha utilizado su dinero para montar ocho empresas en Panamá: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, Subes Panamá, Alba Refining Company Latin América, Apalsa Marítima y Apes Inc. (Ver documentos)

También en estas compañías son directivos o apoderados familiares, socios y abogados relacionados con el dirigente del FMLN José Luis Merino. En Apes Inc., por ejemplo, su hermano Sigfredo Israel Merino recibió el 20 de abril de 2011 un poder para abrir cuentas bancarias, comprar o vender bienes muebles o inmuebles.

Otra figura clave en el manejo de las empresas panameñas del grupo Alba es José Mauricio Cortez Avelar, asesor de Alba Petróleos. En El Salvador, Cortez Avelar ha trabajado como notario para Alba Alimentos, empresa que preside José Luis Merino; mientras que en Panamá aparece, por ejemplo, como directivo de Guazapa, de Atlantic Pacific Logistic, de Apalsa Marítima y de Inversiones para el Desarrollo Internacional. Consultado al respecto, Cortez Avelar confirmó que es directivo de empresas panameñas, pero afirmó que, por tratarse de cuestiones de su trabajo, no podía conceder entrevistas para profundizar sobre las mismas. “Algo sé, pero entenderá que por la confidencialidad de mi trabajo no puedo hacer ningún comentario”, dijo.

Alba Petróleos comenzó a invertir en Panamá en 2008. El 8 de septiembre de ese año tres alcaldes del FMLN crearon con un capital de 10 mil dólares Apes Inc., empresa que en sus primeros tres meses de operaciones recibió más de medio millón de dólares desde Alba Petróleos en El Salvador en concepto de préstamos. En los años siguientes, la empresa semipública salvadoreña también haría préstamos a otra empresa en Panamá ligada al FMLN: Atlantic Pacific Logistic. Para 2014, los préstamos de Alba Petróleos a estas dos empresas ascendían a 290.6 millones de dólares. De ese dinero, por estar radicadas en Panamá, estas empresas no pagan ni un centavo de impuestos. Ni renta ni IVA por sus operaciones o por la compra de cualquier bien o servicio.

En Panamá, todas las empresas relacionadas con Alba Petróleos son representadas por firmas de abogados que se promocionan explícitamente en sus sitios web como especialistas en el uso de sociedades offshore para obtener beneficios fiscales.

 

Tres alcaldes invierten en Panamá

Apes Inc nació en la oficina 1918 del edificio Century Tower, el local de Delvalle & Delvalle, un bufete que destaca en su sitio web que el secreto bancario y la “reducción de impuestos pagados por sus negocios” son algunos de los atractivos para que inversionistas extranjeros creen empresas en Panamá. La oficina 1918 ahora está vacía, pero el bufete tiene otra oficina en pleno corazón financiero panameño.

El 8 de septiembre de 2008 tres alcaldes del FMLN, directivos en ese momento de Alba Petróleos de El Salvador, viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de Apes Inc. La compañía se creó para un giro comercial bastante amplio: “llevar a cabo cualesquiera negocios lícitos”. Esos primeros directivos de Apes Inc fueron: como presidente Carlos Alberto García Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN, conocido popularmente como “El diablito” Ruiz; como vicepresidente Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual viceministro de Educación; y como tesorero Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán.

En 2008, El diablito Ruiz era presidente de Alba Petróleos en El Salvador, y presidente de Apes Inc., en Panamá. El balance de Alba Petróleos inscrito en el Registro de Comercio detalla que Apes Inc. recibió en sus primeros cinco meses de vida un préstamo de 750 mil 966 dólares. Eso significa que Alba Petróleos, la empresa que presidía El Diablito Ruiz, le prestó más de medio millón de dólares a la panameña Apes Inc., empresa que también presidía El Diablito Ruiz. En Panamá, Apes Inc. puede hacer lo que quiera con los 750 mil 966 dólares. Aunque el dinero proviene de una empresa semipública, allí no está sujeto de ningún control por parte de la Corte de Cuentas de la República.

El préstamo significa que Alba Petróleos destinó, en cinco meses, más dinero a la compañía panameña que a las obras sociales más emblemáticas durante un año. Una investigación de la Universidad de El Salvador destaca que, durante 2009, Alba Petróleos donó 609 mil 270 dólares en combustible para que el Ministerio de Obras Públicas atendiera la emergencia del huracán Ida, y otros 100 mil dólares para la construcción de unas canchas en Cuscatancingo. La inversión total suma 709 mil 879 dólares.

El mismo día que nació Apes Inc, dos abogados relacionados con los negocios de Alba Petróleos recibieron un “poder general” para, sin autorización de los directivos o accionistas, poder abrir cuentas bancarias, contratar préstamos, adquirir bienes muebles o inmuebles, comprar acciones, bonos y valores de cualquier naturaleza en nombre de la nueva compañía. Esos abogados eran José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar.

Gracias al préstamo que recibió de Alba Petróleos, Apes Inc. arrancó con tanto éxito que, siete meses después de su fundación, aumentó el valor de sus acciones. Apes Inc. arrancó con un capital de 10 mil dólares, pero solo seis meses después de su nacimiento, el Diablito Ruiz viajó a Panamá para inscribir el siguiente documento: “El capital autorizado de la sociedad será la suma de 500 mil (dólares), dividido en 100 acciones al portador, aumentándose el valor nominal de las acciones de 100 a 5 mil dólares cada una”.

Ese año, 2009, la izquierda ganó por primera vez una elección presidencial. Ese año, 2009, el monto de los préstamos de Alba Petróleos para Apes Inc aumentaron casi diez veces: a siete millones 551 mil 786 dólares.

Eso significa que, en apenas siete meses, Alba Petróleos destinó más dinero a la empresa panameña Apes Inc. que, por ejemplo, lo entregado a una de sus alcaldías socias que está sumergida en la pobreza: El Divisadero, en Morazán. En un año, Alba Petróleos prestó 7.5 millones de dólares a Apes Inc., mientras que el dinero destinado durante los nueve años a la alcaldía de El Divisadero, socia de Alba Petróleos, ha sido de 200 mil dólares, 37 veces menos del monto que durante un año se fue a Panamá. El monto de la inversión en El Divisadero fue proporcionado por Ángel Rubén Benítez, alcalde de ese municipio y presidente suplente de Alba Petróleos.

El 8 de julio de 2010, Apes Inc retiró el poder general a los abogados Padilla y Ortez Quintanar. En su lugar fueron nombrados Jaime Ambrosio Alvarenga Reyes, exgerente financiero de la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Violeta Menjívar (2006-2009), y Sigfredo Israel Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN.

En 2010, los préstamos de Alba Petróleos a la panameña Apes Inc. casi se triplicaron. De 7.5 millones de dólares, el préstamo aumentó a 25 millones 893 mil 661 dólares.

Los abogados cercanos a Alba

La relación en Panamá entre el Diablito Ruiz y los abogados José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar terminó el 8 de julio de 2010, cuando dejaron de tener un “poder general” en Apes Inc, pero la política salvadoreña se encargó de juntarlos nuevamente como funcionarios públicos, gracias al apoyo del FMLN.

Padilla es el notario que creó Enepasa, la asociación de alcaldías accionistas de Alba Petróleos. También fue gerente jurídico de Alba Petróleos y, en enero del 2012, fue nombrado fiscal electoral. En agosto de ese año, el FMLN lo promovió para dirigir uno de los tres órganos del Estado, el Órgano Judicial: Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de justicia en el país.

La administración de Padilla contrató como subjefe de seguridad a García Ruiz y como gerente jurídico a Ortez Quintanar. Para entender el peso político y económico de estos dos personajes hay que decir que el Diablito Ruiz fue alcalde de Soyapango desde 2003 hasta 2012 (actualmente es diputado); mientras que Ortez Quintanar fue apoderado de PDV Caribe y exsecretario de Importaciones y Exportaciones Lubbex, empresa que dirigen familiares del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, ahora al mando del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).

El padre de Ortez Quintanar es el ministro de agricultura y ganadería, Orestes Fredesman Ortez Andrade, presidente de la cooperativa Siglo XXI y asesor de Alba Petróleos. Durante el 2014, Alba Petróleos prestó 5.2 millones de dólares a Siglo XXI. Además, la madre de Ortez Quintanar, Elsa Margarita Quintanar de Ortez, es la directora general de Correos.

En octubre del 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Padilla como presidente de la CSJ por su afiliación al FMLN. “El riesgo de la pérdida de independencia se intensifica cuando se enjuicia un acto de una autoridad que pertenece al mismo partido político al que está afiliado el juzgador, o al de un adversario político”, resolvieron los magistrados.

Tras la salida de Padilla de la presidencia de la CSJ, el Diablito Ruiz y el abogado Ortez Quintanar también dejaron de laborar para el Órgano Judicial.

iNo… no soy accionista!

Guazapa es el nombre de un volcán duramente bombardeado por el ejército durante la guerra civil, en la década de los ochenta. Guazapa se convirtió en el bastión del brazo armado del Partido Comunista, una eterna amenaza para quienes querían evitar el control de la guerrilla sobre San Salvador. Guazapa es el nombre de un volcán donde dirigió operaciones uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) conocido como Ramiro Vásquez (José Luis Merino). “Sobreviviendo Guazapa” es el nombre de una película que cuenta la historia de un guerrillero y un soldado que se unen para sobrevivir a un bombardeo durante la guerra. Guazapa es un nombre que evoca recuerdos de la guerra salvadoreña, pero también es un nombre que revela la transformación de algunos guerrilleros que ahora son empresarios que manejan millones de dólares. Guazapa SA es una compañía radicada en Panamá que tiene hilos comunicantes con los salvadoreños que dirigen Alba Petróleos.

Guazapa SA es una agencia naviera creada el 25 de octubre de 2012. La escritura de constitución, elaborada por la firma Delvalle & Delvalle, dice que se dedica a mercadear y comercializar petróleo y sus derivados. También hace trading, “en su aplicación más amplia”: el fletamento, alquiler y operación de sus propios buques tanqueros, alquilados o de terceras personas. Es, además, una agencia intermediaria para la compra y venta de buques.

Los directivos de Guazapa SA son tres salvadoreños: José Mauricio Cortez Avelar, presidente; y Marco René Martínez Estrada, tesorero; y Obdulio Pérez Gómez, secretario.

Guazapa SA tiene una empresa gemela llamada Apalsa Marítima. Nacieron el mismo día, 25 de octubre de 2012, se dedican a la misma actividad y tienen los mismos directivos. Ambas fueron fundadas por las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith ¿Por qué crear dos empresas que se dedican a lo mismo? ¿Cómo se les ocurrió fundar una empresa panameña y nombrar como directivos a tres salvadoreños?

Una parte de esa respuesta está en una oficina del lujoso edificio Ocean Business Plaza, en el centro financiero de ciudad Panamá. Esa oficina es el local del bufete Delvalle & Delvalle, para el cual trabajan las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith, que aparecen como directoras de 217 sociedades. En Panamá, que uno de sus ciudadanos aparezca como directivo de un centenar de empresas es algo tan cotidiano como que miles de vendedores ambulantes trabajen en el centro de San Salvador. No se trata de grandes empresarios sino de empleados de bufetes que viven en zonas populares panameñas y que se dedican a prestar sus nombres para la creación de empresas offshore. Y que sean cientos de empresas en las que aparecen Martínez y Smith es poco. Tras la revelación de los #PanamáPapers, en los miles de documentos filtrados del Bufete Mossack Fonseca de Panamá aparecen prestanombres como Martínez y Smith que no tienen cientos, sino que decenas de miles de empresas a quienes sirven como directivos o accionistas.

El edificio Ocean Business Plaza es de cristal azul polarizado y, en la cima, luce las letras de Banesco, uno de los bancos más grandes de Venezuela. La mañana del 9 de diciembre de 2015, El Faro buscó a las fundadoras de Apalsa Marítima y Guazapa SA.

La firma Delvalle & Delvalle tiene un local con puertas de vidrio, una recepción con mullidos sillones negros, un cuadro colgado en la pared y atrás unos pequeños cubículos. Ese día de diciembre, entre la recepción y el espacio que lleva hacia los cubículos estaba un hombre mediano, de camisa blanca y corbata, que no se movió de ese lugar desde que se preguntó por María Lucrecia Martínez, directora de 154 empresas panameñas.

María Lucrecia, una de las fundadoras de Guazapa y Apalsa Marítima, es una mujer de tez blanca que parece una veinteañera.

—Hola. Sé que usted es accionista de unas empresas panameñas que…

Ella pone una cara de asombro e interrumpe la pregunta.

—¡No… no soy accionista!, responde.

El hombre de camisa blanca y corbata que ha seguido atento la corta conversación interviene y pregunta por qué y para qué se está indagando esa información. La mujer aprovecha esa intervención para regresar a uno de los cubículos, atrás de la recepción. El hombre de camisa blanca y corbata escucha un resumen de este reportaje sobre Alba Petróleos.

—No, no le podemos decir nada por la política de confidencialidad con nuestros clientes.

—Ah, entonces, ¿Alba Petróleos es su cliente?

El hombre esboza una mueca de fastidio y no responde.

—Adiós, gracias…

Sánchez Cerén: “no saquen su dinero del país”

En el último trimestre de 2015, cuando las estadísticas sobre homicidios ya perfilaban a El Salvador como uno de los más violentos del continente, el gobierno pidió la aprobación de un paquete de impuestos para financiar El Salvador Seguro, el plan gubernamental contra la delincuencia. Los diputados aprobaron un impuesto del 5 % para las empresas cuyas ganancias sobrepasen los 500 mil dólares, durante un plazo de 5 años.

La Asamblea Legislativa aprobó otro impuesto que tendrá una duración de 10 años. Es el impuesto del 5% a la factura de telefonía fija, telefonía celular, la televisión por cable, el internet por cable e inalámbrico, así como la adquisición de dispositivos tecnológicos para el uso de esos servicios. “Es justo que todos contribuyamos (…) quisiéramos tener una varita mágica para no afectar a nadie porque los tributos afectan, a nadie le gustan, pero es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando justificó que el Estado no tenía los recursos suficientes para financiar los planes contra la delincuencia.

Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Presidente Salvador Sánchez Cerén.

El paquete de impuestos se aprobó a finales de octubre del 2015, pero desde principios de año el Ejecutivo advertía que el dinero no alcanzaba para desarrollar su programa de gobierno. En abril de ese año, Sánchez Cerén hizo un llamado a los empresarios: “Yo lo que le pido a los grandes empresarios es que no saquen su dinero del país, que lo inviertan aquí en el país. Ahora tienen más ganancia los grandes empresarios ¿Por qué? Porque ha bajado el precio de la energía y están ahorrando, esos ahorros lo debían de utilizar en generar más desarrollo de la planta productiva del país, y generar más oportunidades, y generar más empleo”.

Tres meses antes del discurso del mandatario, en el año 2014, la empresa Alba Petróleos sacó -por medio de préstamos- 290.6 millones de dólares hacia empresas domiciliadas en Panamá, donde no pagan impuestos.

De ese total, 144 millones 287 mil 971 dólares se destinaron para Apes Inc, la empresa panameña que, según el Registro Panameño, sigue presidiendo El Diablito Ruiz. El Faro llamó al celular del diputado Ruiz para consultarle sobre el tema, pero no correspondió a las mensajes que se dejaron en su teléfono.

En 2014, Alba Petróleos también prestó otros 146 millones 330 mil 73 dólares a Atlantic Pacific Logistic, otra empresa radicada en Panamá. Esta empresa fue creada por unos abogados panameños el 28 de agosto de 2008 para invertir en mensajería, construir muelles, carreteras, puentes y urbanizaciones. Además para comercializar y distribuir equipo para seguir por satélite embarcaciones terrestres o marítimas.

El 12 de octubre de 2011, los abogados panameños dejaron la directiva de Atlantic Pacific Logistic y en su lugar fueron nombrados tres salvadoreños que manejan los principales negocios de Alba Petróleos en El Salvador. Algunas de esas personas también aparecen en la directiva de Guazapa (el presidente José Mauricio Cortez Avelar y el tesorero Marco René Martínez Estrada). El tercer directivo de esta empresa panameña es Julio César Gutiérrez Ramos. En el balance de 2014, Alba Petróleos reportó al Registro de Comercio que concedió un préstamo en El Salvador a Gutiérrez Ramos por un monto de 10 millones de dólares.

Atlantic Pacific Logistic se promociona como la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos, socia comercial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene negocios con grandes compañías como las suizas Vitol y Trafigura, así como la estadounidense Glencore. En cuanto a sus finanzas destaca “una fuerte” relación con el banco Promérica de El Salvador; Banco G&T de Guatemala y el Banco Industrial Venezuela-Curazao.

Aunque ha crecido gracias al paraguas financiero de Alba Petróleos, la irrupción de Atlantic Pacific Logistic rompe con el discurso público que la empresa de las municipalidades era para importar combustible venezolano y que las ganancias se usarían para proyectos sociales. Atlantic Pacific Logistic es un intermediario que compra combustible en Estados Unidos y en Aruba, operaciones comerciales de las cuales no tiene que rendir cuentas a las alcaldías que aportaron dinero para el montaje del negocio.

Un paraíso fiscal es un lugar anhelado por los corruptos para ocultar su dinero sucio, como en el caso de ANDA. Un paraíso fiscal también es un lugar al que llegan grandes compañías para crear holdings (grupos de empresas) para no pagar o pagar menos impuestos que los establecidos en sus países de origen. Al crear varias empresas, las grandes compañías pueden jugar con el valor de transferencia o romper la relación proveedor-cliente, por medio de la refacturación, para tener más ganancia y pagar menos impuestos.

El valor de transferencia es el precio que pactan dos empresas para transferir bienes o servicios. Los estados regulan el precio de transferencia para evitar que empresas de un mismo conglomerado compren o vendan un producto a un precio más bajo o más alto de los establecidos en el mercado para afectar a la competencia.

Otra ventaja de los paraísos fiscales es que permiten la refacturación de un producto. Imagine que usted es un comerciante que compra una camisa en Estados Unidos en cuatro dólares y la vende en El Salvador en seis dólares; entonces los impuestos que paga al Estado se calcula sobre los dos dólares de la ganancia.

Ahora imagine que usted es dueño de una empresa offshore en Panamá. Usted compra la camisa en $4 dolares en Estados Unidos, pero usa su empresa offshore como intermediaria para declarar la compra en $5.50 dólares, en Panamá. Usted siempre vende la camisa en seis dólares en El Salvador, pero los impuestos que pagará al fisco salvadoreño será calculado sobre la ganancia de $50 centavos. En Panamá, su empresa offshore se queda con 1.50 de dólar que están libre de impuestos.

Según datos de la Dirección General de Renta y Aduanas, entre el 2013 y 2014, Atlantic Pacific Logistic realizó 18 compras de gasolina regular en Aruba por 61 millones de dólares. Además hay reporte de cinco compras de diésel en los Estados Unidos por un monto de 38 millones 672 mil 277 dólares. Todas esas compras que hizo la empresa panameña fueron gracias al dinero de Alba Petróleos y, por toda esa actividad comercial en Panamá, el fisco salvadoreño no recibirá ni un centavo. Además de esto, subsiste la siguiente pregunta: ¿Por qué Alba Petróleos decidió prestar millones de dólares a una empresa panameña para luego comprarle el producto a la misma empresa panameña?

El Faro pidió, por medio de la unidad de comunicaciones, una entrevista con el presidente de Alba Petróleos, Bernardo Luis Del Carmen Alvarez Herrera, o la persona que la empresa designara, pero hasta el cierre de esta nota, este periódico no había recibido respuesta. También se solicitó entrevista al vicepresidente y tesorero de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos Crespín y José Tomás Minero (alcaldes de Cuscatancingo y Ciudad Delgado, respectivamente), pero tampoco hubo respuesta. Antes de las vacaciones de Semana Santa también se pidió una entrevista con Francisco Castaneda, viceministro de educación. La oficina de comunicaciones del MINED pidió solicitar la misma por correo electrónico, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

Antes de las vacaciones de Semana Santa, al diputado Ruiz se le llamó cinco veces a su teléfono celular para pedirle una entrevista, pero no atendió ni devolvió las llamadas. Este lunes 11 de abril, Diario El Mundo publicó una nota sobre Apes Inc, y el diputado Ruiz dio la siguiente declaración: “Mire, por eso cada quien sabrá, podrá explicar, yo de eso no tengo opinión porque no es un problema ni que tenga que ver con la organización partidaria, ni que tenga que ver con la necesidad de país. Así es que cada quien personalmente tenga”.

De las entrevistas solicitadas por El Faro, el único que atendió la solicitud fue Ángel Rubén Benítez, el presidente suplente de Alba Petróleos y alcalde de El Divisadero, en Morazán.

—Entiendo que Alba Petróleos tiene inversiones en Panamá, ¿Usted, como representante de la alcaldía, participó en la discusión sobre esas inversiones?

Yo te decía que los socios mayoritarios de la empresa Alba Petróleos son venezolanos. Ellos son los socios mayoritarios, tú sabes que la empresa PDVSA tiene inversiones en todo el mundo. Ellos son los socios mayoritarios, nuestra parte El Salvador para que te hagás una idea tienen la vicepresidencia. O sea, por ejemplo, no es cierto que yo soy suplente del presidente porque el presidente de Alba Petróleos es un venezolano. Ellos tienen la mayor cantidad de acciones tienen derecho de la presidencia, entonces, PDVSA tiene proyectos en todo el mundo y Petrocaribe, por ejemplo.

—Pero las alcaldías son socias de los venezolanos, ¿Ustedes no participan en la discusión sobre las inversiones de Alba Petróleos en el exterior?
Como no. Nosotros nos reunimos, en mi caso por ser director suplente no participo siempre en las reuniones, solamente que se excuse un propietario entonces yo voy. Esa es la forma, pero las discusiones siempre se dan y te voy a decir, a veces, cuesta llegar a entendimientos.

—¿Por qué?
Porque tenemos a los socios mayoritarios que ellos piensan más en grande y nosotros por la capacidad que tenemos y el aporte inicial que no fue la mayor cosa, cuando ellos vienen y el aporte fue más significativo.

—¿En cuantas empresas panameñas tiene inversiones Alba Petróleos?
No…

—¿Por qué las alcaldías, socias de Alba Petróleos, no saben dónde está el dinero de Alba Petróleos?
Si tiene inversiones en Panamá han de ser inversiones que se han dado estos meses, nosotros generalmente tenemos una Asamblea cada tres meses, entonces, ahorita vamos a una Asamblea General de socios.

—Estas inversiones comenzaron en el 2008
Ujum… eh… pues, yo desconozco. Te digo, yo no manejo alguna información, soy director de Enepasa y soy director suplente de Alba Petróleos, pero ahora hay acceso a la información y en las oficinas está eso.

—Si, eso lo tengo documentado, pero mi pregunta es: ¿Por qué no le informan a las alcaldías que una parte del dinero de su empresa está fuera del país?
Si… eh… en eso no tengo mayor comentario.

Aunque algunos alcaldes no saben que parte del dinero de su empresa está fuera del país, el abogado panameño Ramón Ricardo Arias, miembro de la fundación que representa el capítulo panameño de Transparencia Internacional, da algunas luces por qué Alba Petróleos prestó dinero a empresas domiciliadas en Panamá, una acción contraria a la solicitud del presidente Sánchez Cerén, quien pidió a los grandes empresarios no sacar su dinero del país.

“Aquí (en Panamá) solo se tributa sobre los ingresos que se generan en el país, no de los dineros que son del extranjero o que provienen del extranjero. Los dineros del extranjero y los dineros que están en cuentas bancarias no tributan, eso nos hace a nuestro sistema fiscal un poco distinto (…) Las empresas offshore no pagan impuestos y los intereses que generan las cuentas bancarias están exentos de impuesto sobre la renta en Panamá”, dice Arias.

*Este reportaje fue realizado por Efren Lemus para El Faro en el marco de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. 

 

El Salvador: La Policía mata y miente de nuevo

Por Oscar Martínez. Fotografías: Fred Ramos y Víctor Peña.

Minutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

policia_sin_idLa Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa estudiantes_de_méxicoque hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

policia_custodiando_lugarSe envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

Una matanza de la policía salvadoreña

por Roberto Valencia, Óscar Martínez y Daniel Valencia Caravantes

Dennis ni siquiera era pandillero.

Cuando los policías golpearon la puerta de su cuarto había ya siete cadáveres regados en el casco de la finca San Blas. Consuelo, la madre de Dennis, estaba sentada junto a la champa de abajo, a unos 15 metros, rodeada por policías encapuchados y sin poder ver lo que ocurría con su hijo, pero lo escuchaba. Consuelo dijo a los policías que la única persona viva arriba era su hijo.

Las ráfagas habían cesado. Los policías gritaban frente a la puerta colorada del cuarto de Dennis. Él hablaba por teléfono con su tío Chus, el mandador de la finca: “¿Qué hago?”, pidió. Chus le preguntó si eran pandilleros o policías. Dennis contestó que policías, que los había escuchado cuando sacaron de la champa a su mamá, a su padrastro y a sus hermanos pequeños. Chus se envalentonó: “Si es la Policía, no tengás miedo; la Policía te va a respetar. Cuando te digan que abrás la puerta, abrila y tirate al suelo”.

Desde hacía varios años el joven Dennis Alexander Martínez era servidor en la sucursal del Tabernáculo Bíblico Bautista del cantón El Matazano 2, en San José Villanueva. Esta imagen se tomó pocas semanas antes de su muerte. Foto Facebook Dennis Martínez.
Desde hacía varios años el joven Dennis Alexander Martínez era servidor en la sucursal del Tabernáculo Bíblico Bautista del cantón El Matazano 2, en San José Villanueva. Esta imagen se tomó pocas semanas antes de su muerte. Foto Facebook Dennis Martínez.

—Y mi Dennis les abrió la puerta –dice Consuelo.

Chus el mandador alcanzó a escuchar por el teléfono la voz de uno de los policías: “¿¡Con quién hablás!?”. La llamada se cortó. Llamó varias veces más. Nunca nadie contestó.

Abajo, Consuelo, sentada junto a la champa que está al lado de la plancha de ladrillo para secar café, escuchó a Dennis.

—Bien lo oí, porque era mi hijo y yo estaba pendiente. Oí cuando abrió la puerta y salió. Sentí alivio al oír su voz. Él les pidió que lo dejaran hablar, les pidió una oportunidad para explicar… pero no se la dieron.

Consuelo Hernández de Ramírez supone que su hijo Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años, quería explicar a los policías que vivía desde hacía seis años en la finca porque era el escribiente, la persona contratada para controlar las horas trabajadas por cada empleado; supone que quería decirles que era un activo servidor en la sede local del Tabernáculo Bíblico Bautista; pedirles que revisaran si acaso su cuarto, donde solo encontrarían una biblia, un reloj, un corvo, una cama y un televisor; aclararles que no sabía nada de armas, que él no era pandillero.

Después de la súplica de Dennis no se oyeron más voces. Consuelo y su familia –su marido, Fidencio, y los tres hijos varones, menores de 13 años los tres– escucharon solo las últimas detonaciones de la madrugada. Dos, quizá tres disparos; no recuerdan con exactitud. Un policía de los que estaba cerca de Consuelo oyó lo mismo, y gritó.

—Gritó: ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Pero ya mi Dennis estaba muerto.

Reconstruir una matanza negada

La madrugada del 26 de marzo de 2015 siete varones y una mujer –dos de ellos menores de edad– murieron bajo fuego de una de las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), el Grupo de Reacción Policial (GRP). Sobre el papel, es una de las unidades mejor preparadas. La matanza ocurrió en El Matazano 2, un cantón del municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad, en el casco de una finca cafetalera llamada San Blas.

La versión oficial, reproducida y amplificada en las horas siguientes por la mayoría de medios de comunicación del país, señaló que los ocho fallecidos eran integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que murieron al intercambiar disparos con los policías, que los agentes se limitaron a repeler el ataque. “Los sujetos dispararon sus armas de fuego al advertir la presencia policial, generándose un intercambio de disparos con el saldo ya mencionado”, dice el comunicado que la PNC elaboró transcurridas unas 12 horas.

Pero no.

Este periódico entrevistó a cuatro jóvenes que aquella madrugada escaparon con vida de la finca; habló con familiares de siete fallecidos; revisó los ochos levantamientos forenses y las ocho autopsias; analizó una parte sustancial del expediente fiscal 90-UFEADH-LL-15, incluida el acta que recoge el levantamiento de la escena; consultó a expertos en derechos humanos, a médicos forenses, a fiscales, a un instructor profesional de tiro; examinó las notas, las fotografías y los videos publicados tras la matanza; visitó el lugar de los hechos y los asentamientos aledaños; y –lo más importante– descubrió que una familia de campesinos estaba también aquella noche en San Blas, en la champa de abajo, a unos 15 metros, y que atestiguó –y sufrió– el operativo del GRP.

Ese fardo de testimonios y documentos permite afirmar que la versión oficial sobre lo ocurrido es falsa, y que conceptos como “masacre”, “ejecuciones sumarias” y “montaje” definirían mejor el actuar del Estado salvadoreño aquel 26 de marzo.

Siga leyendo aquí el reportaje completo en El Faro

“Romero eligió una forma de anunciar el evangelio que lo llevó a pagar con su vida”

El teólogo Gustavo Gutiérrez regresó por cuatro días a El Salvador para la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Fiel a sí mismo, se mantuvo alejado todo lo que pudo de flashes, de solideos y de templetes engalanados, hospedado en pleno centro de San Salvador, en una humilde habitación del edificio anexo a la iglesia de El Rosario, administrada por los dominicos, orden de la que él forma parte.

Gutiérrez nació el 8 de junio de 1928, va para los 87 años, pero no se quiso perder la oportunidad histórica de estar en San Salvador el día que la alta jerarquía de la Iglesia Católica enmendó un silencio cómplice que duró décadas, y elevó a la categoría de beato al más insigne de sus mártires del siglo XX. “Su martirio va a alumbrar muchas cosas que han pasado en América Latina”, dice.

Fundador y principal vocero de la Teología de la Liberación, una propuesta que todavía levanta ampollas en determinados círculos eclesiásticos y políticos, Gutiérrez sorprende en esta entrevista con un discurso en las antípodas de la confrontación, con un llamado explícito a mirar al futuro sin recrearse en las heridas del pasado: “Lo más conveniente es mirar hacia delante. Romero ya es beato. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?”.

¿Creyó que sus ojos llegarían a ver a Romero beatificado?
Bueno… ha habido muchos momentos de escepticismo, por ver que tanta gente se oponía al proceso, pero también hubo momentos de esperanza.

¿Cuándo lo empezó a ver claro?
Con Francisco. Desde que asumió se sintió una frescura evangélica, y se supo que la beatificación iba. Francisco es alguien que va a las fuentes y, a partir de ahí, anuncia, predica, y naturalmente hay que reconocer que, siendo una persona del mismo continente, tenía más conocimiento de Romero que el que podía tener cualquier otro papa.

¿Usted estuvo el 23 de mayo en el templete?
No, no, no… yo no tengo contactos de ese tipo, aunque creo que tampoco habría ido al templete si me hubieran invitado.

En marzo de 2008 Leonardo Boff dijo que Benedicto XVI beatificaría a Romero, pero que lo haría por conveniencia.
Lo que hay que entender es que la beatificación era muy conveniente, claro que lo es, pero conveniente en el sentido de saludable. Es saludable para la Iglesia que reconozca la condición de mártir de Romero.

¿No era saludable hace 20 o 10 años?
Pero no viene al caso entrar en eso. Lo que sí veo es que este reconocimiento del martirio va a alumbrar muchas cosas de las que han pasado en América Latina, porque los martirios han sido más.

¿No teme lo contrario: que la figura de Romero se edulcore?

Hacer pronósticos es muy difícil. Trato de no razonar así. ¿Qué puede pasar en el futuro? Yo espero que cuando se use el testimonio de Romero, no se deje a un lado su lucha por la justicia, contra los opresores, contra la desigualdad. Yo en esas claves voy a usar su testimonio. ¿Cómo estaremos en 10 años? ¿Qué uso se habrá hecho de la figura de Romero? Pues en 10 años se verá.

¿Siente que de alguna manera con la beatificación se ha reivindicado la “opción preferencial por los pobres”?
Sí, pero no me termina de gustar la palabra reivindicación. Yo creo que hemos entrado en una etapa para que se comprenda mejor qué es la opción preferencial por los pobres, y para que nosotros también revisemos todos los errores que se puedan haber cometido, con la idea de mirar siempre hacia delante. El testimonio de Romero ya nos marcó en el pasado en todo el continente, Romero ya ha ayudado a mucha gente a comprender cosas, y eso es lo que yo espero que se impulse con la beatificación.

¿Puede compartirnos su visión de lo que Romero supuso en vida para el continente?
Romero es un mártir, entregó su vida por anunciar el evangelio. Romero tenía miedo de que lo mataran, sabía que eso podía suceder, pero tenía claro que no podía dejar a su pueblo. Ese es el testimonio fundamental. Además, un santo –porque el martirio es una manera de acceder a la santidad– es un modelo que la Iglesia identifica para mostrar al pueblo cristiano cómo es una persona que siguió a Jesús. Por eso es tan importante para la Iglesia en América Latina este testimonio, y los que se vienen, como Enrique Angelelli, como Gerardi…

El padre Rutilio Grande.
Sí, pero mencionaba a los obispos, por el impacto de asesinar a un obispo. Rutilios hay un montón en América Latina. Y no lo estoy banalizando. Lo que quiero decir es que mucha gente ha dado su vida, de una u otra forma, y el escándalo mayor es que todo eso ocurrió en un continente cristiano, y mayormente católico.

¿A quién atribuiría usted el mérito principal de la beatificación?
En primer lugar, al personaje mismo. Romero tenía distintas opciones para anunciar el evangelio y eligió una que lo llevó a pagar con su vida. Pero las personas viven en comunidad, y por supuesto que el valor del pueblo salvadoreño y el amor de Romero hacia ese pueblo contribuyeron en las decisiones que tomó en su vida, y por lo tanto en su beatificación. Luego, como cristiano, yo también creo que hay una intervención del Espíritu Santo. Es un conjunto de cosas, pero el punto de partida es él.

¿Por qué cree usted que la beatificación de Romero tardó 35 años, y la de Escrivá de Balaguer, 17?
No me interesan ese tipo de comparaciones, pero sin duda que en el caso de Romero influyó que hubiera tanta gente hablando en su contra, tantos obispos y laicos salvadoreños que pidieron que no fuera beatificado; personas que pesaban, pues. Aclarar todo ese rechazo llevó tiempo.

El homicidio de Romero sigue en la más absoluta impunidad. ¿Cómo construir cuando aún se niega la verdad?
Y no hay paz sin justicia, ni amor sin justicia. El día del entierro recuerdo que una religiosa de un colegio privado lloraba porque a muchas de las estudiantes, influenciadas por sus padres, no les importó la muerte del arzobispo, que incluso se alegraban de su muerte. Eso ocurrió. Y a los culpables espero que los juzguen, pero eso no nos debe impedir ver que desde una perspectiva cristiana todos los seres humanos podemos cambiar.

 

Lea la entrevista completa aquí.

El martirio de Romero

Colgadas en la pared de mi escritorio hay copias de dos de las varias amenazas de muerte que recibió monseñor Óscar Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y dirigida a “Mentado Arzobispo Romero”, lo condena a muerte “igual que hemos matado a tanto cura comunista”. La otra, firmada por La Falange, es de mayo de 1979 y tiene una enorme suástica, “símbolo del enemigo acérrimo del comunismo” y un texto en el que le advierten al arzobispo de San Salvador que “está a la cabeza de un grupo de clérigos que en cualquier momento recibirán unos 30 proyectiles en la cara y en el pecho”.

Desde Rutilio Grande, en 1977, hasta los sacerdotes jesuitas en 1989, más de veinte religiosos católicos fueron asesinados en El Salvador por cuerpos de seguridad o fuerzas paramilitares (escuadrones de la muerte); otros fueron expulsados del país; otros más detenidos y torturados. Aquella parte de la iglesia católica salvadoreña dispuesta a asumir las conclusiones del Concilio Vaticano II y de las conferencias de Medellín y Puebla se convirtió en la enemiga de todos aquellos que querían mantener un sistema de privilegios para unos pocos y sufrimiento e injusticia para la mayoría.

Debido a que los asesinos de Romero eran gente de extrema derecha, y sobre todo a que uno de ellos, el mayor Roberto D’Aubuisson, se convirtió después en político, fundador y líder histórico de Arena y en presidente de la Asamblea Legislativa, el crimen quedó en la impunidad y la figura de Romero fue minimizada durante las dos décadas en las que ese partido gobernó El Salvador. En el resto del mundo, en cambio, la figura de Romero solo ha ido creciendo.

Copias de dos amenazas de muerte que recibió monseñor Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y la otra, por La Falange.
Copias de dos amenazas de muerte que recibió monseñor Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y la otra, por La Falange.

Ahora, la barbarie del crimen es tan evidente que hasta el presidente de Arena ha reconocido la figura de monseñor Romero como líder espiritual del país y su candidato a alcalde ha incluido entre sus promesas de campaña erigir una plaza en homenaje al arzobispo. Aún parecen lejos de asumir también la responsabilidad de su líder histórico en el crimen (y en muchos otros), pero el reconocimiento de la figura de Romero es un gran síntoma, que va de la mano con el reconocimiento oficial de su martirio hecho por el Papa Francisco.

Sé que es, o debería de ser, un día de celebración para todos los miembros de la comunidad católica salvadoreña. No voy a hablar hoy de aquellos católicos que no celebran. Pero hablar de su beatificación o su canonización, desde una perspectiva puramente católica, me parece hoy muy poco. El martirio de Romero debe ser una fiesta ecuménica, en la que participen católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos (conozco a un par de personas que no creen en Dios pero sí creen en monseñor Romero y le rezan. Por más incongruente que parezca no es anormal. En México hay más devotos de la virgen de Guadalupe que católicos.)

Y es una fiesta de todos porque, más allá del aspecto religioso, el reconocimiento del martirio de Romero es una reparación histórica: el establecimiento inequívoco de que, en su defensa de los pobres y los indefensos, y en su denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos, monseñor Romero actuó inspirado en la doctrina social de la Iglesia y no en el marxismo, como pretendieron establecer sus enemigos para justificar el odio que los llevó a asesinarlo o a justificar el crimen. Romero se mantuvo apegado a los principios más elementales del cristianismo y del humanismo. Mediante su defensa de los más desprotegidos, mediante su sacrificio por los más pobres, actuó a semejanza del fundador de su iglesia.

Eso lo convirtió en una amenaza para todos aquellos que pretendían mantener sus privilegios a costa de la eliminación sistemática de cualquiera que los pusiera en riesgo. “Si me matan -dijo- resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Entre sus enemigos estaban no solo la ultraderechista y los jefes militares de aquellos años. Hay también otro grupo, mucho más oscuro y del que poco se habla: uno compuesto por varios obispos y sacerdotes que, en una alta traición a los principios cristianos y humanos más elementales, bendijeron literalmente la represión, conspiraron contra Romero y llevaron la conspiración hasta Roma, y callaron ante el asesinato de sus propios hermanos. Abandonaron a su arzobispo.

La historia suele ser lenta para colocarlo todo en su lugar. Pero siempre termina haciéndolo. Hoy monseñor Romero es objeto de reconocimiento universal mientras los entonces todopoderosos coroneles Guillermo García, Eugenio Vides Casanova y Nicolás Carranza -quienes protegieron a D’Aubuisson y lo liberaron cuando fue capturado en la finca San Luis con el plan del operativo para asesinar a monseñor- han enfrentado juicios en Estados Unidos y fueron encontrados culpables de delitos de lesa humanidad. Veinte oficiales, entre ellos casi toda la cúpula de la generación militar conocida como La Tandona, esperan juicio hoy en Madrid por el asesinato de otros sacerdotes, los seis jesuitas masacrados por el Batallón Atlacatl en 1989; y debido a una orden de captura internacional no pueden abandonar El Salvador, el único país en el que están (vaya paradoja) seguros.

En el 2010, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter revisó el diario de sus años en la Casa Blanca e hizo una anotación, treinta años después, que considero pertinente citar completa: “Cuando llegué a la presidencia, la mayor parte de los regímenes en América del Sur y Centroamérica eran dictaduras militares. Históricamente, los presidentes estadounidenses, tanto Demócratas como Republicanos, apoyaron a los dictadores y se opusieron enérgicamente -a veces con la ayuda de tropas estadounidenses- a cualquier levantamiento popular indígena o de minorías que amenazara el statu quo. Las razones para esto eran obvias. Muchos de estos líderes habían sido entrenados en West Point o Annapolis, hablaban inglés, familiarizados con nuestro sistema de libre empresa y dispuestos a formar sociedades lucrativas con corporaciones estadounidenses que tenían interés en los recursos naturales de esos países. Estos incluían bananas, piñas, bauxita, hierro, estaño, maderas exóticas. Era políticamente conveniente tildar, a los indígenas o a otros grupos, de comunistas o simplemente revolucionarios. Los sacerdotes católicos que apoyaban a los ciudadanos pobres y subyugados eran condenados por El Vaticano como practicantes de la teología de la liberación…”

La historia tarda, pero alcanza.

Hoy contamos con suficientes pruebas testimoniales y documentales contra D’Aubuisson, incluyendo las confesiones de su jefe de seguridad, de su chofer y un testigo accidental.

Pero no fue D’Aubuisson el único responsable del crimen. Escondidos a su sombra permanecieron siempre los otros dos organizadores del asesinato: el Capitán Eduardo Ávila Ávila, quien se suicidó años después atormentado por sus incontables crímenes; y Mario Molina, un piloto civil que sigue vivo, hijo del expresidente Arturo Armando Molina.

Escondidos también están quienes financiaron esta y otras operaciones de los llamados escuadrones de la muerte: empresarios millonarios, poderosos, impunes. Que se aprovecharon de su dinero, su poder y su impunidad para disponer de la vida de muchos otros seres humanos. Ninguno ha pagado por sus crímenes.

Pero siempre llega el juicio de la historia. Por eso es tan importante la declaración del Papa Francisco.

En mayo de 1977, Romero encabezó la misa de exequias para el sacerdote Alfonso Navarro, asesinado pocos días antes por un escuadrón de la muerte autodenominado Unión Guerrera Blanca (autor de una de las amenazas contra monseñor que cuelgan en mi pared). Se cumplían además dos meses del asesinato de su amigo personal, el sacerdote Rutilio Grande. Allí Romero dijo: “Si a la Iglesia no se le puede creer, si a los sacerdotes se les está confundiendo con guerrilleros; si a nuestra misión evangélica se le está confundiendo con marxismo y comunismo, eso no es justo, hermanos. Pero si la calumnia llega a cundir, decimos entonces a las otras fuerzas morales que quedan en el mundo: ¿y ustedes qué hacen?”. Su propia Iglesia tardó treinta y cinco años en responderle. Lo ha hecho hoy Francisco.

Laboratorios internacionales corrigen plana al Ejecutivo en Ley de Medicamentos

Por Patricia Carías

El 3 de abril pasado, las firmas asociadas a la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) advirtieron en un comunicado que retirarían del mercado 38 de sus marcas debido a que no podían cumplir con la flamante regulación de precios producto de la Ley de Medicamentos. Al día siguiente, Vicente Coto, titular de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), respondió que en el mercado salvadoreñoa ya había alternativas a esos mismos productos, por lo que los laboratorios internacionales podían marcharse con sus productos. Esta postura la reiteraron los funcionarios de Salud y el mismo presidente Mauricio Funes. Dos meses más tarde, después de una reunión en Casa Presidencial, el gobierno de Funes dio la razón a los laboratorios internacionales, pero el daño ya estaba hecho: Estados Unidos incluyó a El Salvador en una lista negra de naciones sospechosas de que su marco legal irrespeta los derechos de propiedad intelectual y da pie a prácticas anticompetitivas.

Ese error en el cálculo de los nuevos precios inició cuando el pasado 3 de enero entró en vigencia el Reglamento para la Determinación de los Precios de Venta Máxima, elaborado por la Presidencia de la República. Este documento, que se redactó en la Presidencia y se aprobó solo después de haber pasado por el escritorio del mismo Funes, incluía una clara contradicción a la ley, dado que establecía un proceso para establecer los precios máximos de venta diferente al que los legisladores habían aprobado.

La contradicción consiste en que el artículo 58 de la ley reconoce una distinción entre los medicamentos innovadores, es decir, aquellos que son los dueños de una patente y que son producto de estudios e investigaciones científicas, y los medicamentos genéricos, que son una réplica de los productos originales y para cuya creación no se necesitó nada más que reproducir la fórmula original. En cambio, el reglamento que elaboró la Presidencia en su artículo 2 dice que los productos serán agrupados sin hacer ninguna división entre los productos innovadores y los genéricos, y para agruparlos solo se atenderá a su composición química.

Tal como se lo dictó el reglamento, la DNM utilizó esta fórmula para establecer los precios de venta máximos al público, en un ejercicio equivalente a que alguien colocara una canasta de chocolates de todo tipo y los separara según tuvieran relleno de menta unos, relleno de ron otros y relleno de café unos más. Esto, sin hacer ninguna distinción dentro de esos mismos grupos para separar, por ejemplo, los chocolates suizos de máxima calidad de los chocolates menos sofisticados hechos en algún otro lugar del mundo.

Los laboratorios internacionales asociados en Fedefarma alegaron que sus costos de producción eran inviables si aplicaban esos nuevos precios, y la noticia llegó pronto a la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y al Subcomité Especial de Política Comercial 30, de la Secretaría de Comercio. Estos colocaron a El Salvador en un proceso especial de revisión para evaluar el nivel de protección y cumplimiento que da a las leyes de propiedad intelectual y el respeto a derechos de autor, marcas registradas, patentes, derechos de diseño industrial, imagen de marca y secretos industriales. Esta “revisión fuera de ciclo” (OCR, por sus siglas en inglés) es uno de los procesos que Estados Unidos tiene para evaluar a aquellos socios comerciales que pueden estar generando clima de negocios adversos debido a problemas en sus marcos legales.

Estas evaluaciones se dan a conocer en un informe público que elabora anualmente la USTR que se denomina Informe Especial 301. La última versión de este informe que se publicó en mayo de este año revela que El Salvador se encuentra en evaluación, dado que la Oficina de Comercio desea “monitorear el progreso de una posible infracción de la propiedad intelectual, la protección y la observancia de derechos de propiedad, en particular con respecto a la aplicación de la nueva legislación sobre productos farmacéuticos, entre otros asuntos”, dice el informe. En esta situación solo aparecen dos naciones: El Salvador y España.

En septiembre de este año, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos evaluará una vez más el desempeño de la Ley de Medicamentos en El Salvador y entre otras cosas la solución de error en el cálculo producto del reglamento a la ley. Entonces se decidirá si El Salvador entra en la “Watch List” o lista negra de los países donde Estados Unidos desaconseja invertir, dado que no cuentan con marcos legales adecuados. “Los resultados de un OCR pueden llevar a un cambio del estatus de un país en la lista de Vigilancia “Especial 301” fuera del periodo normal del reporte anual “Special 301”, o durante el ciclo de revisión próximo”, dijo Mari Tolliver, consejera para Asuntos Públicos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

A pesar de todo el humo que se ha levantado por las contradicciones entre la Ley de Medicamentos y su Reglamento de Precios, esta ha cumplido en gran medida su objetivo principal de reducir los precios de los medicamentos en el país. El Salvador partió de una situación en la que, según un estudio de la Universidad de El Salvador publicado en 2007, el país centroamericano era la nación con los medicamentos más caros del mundo.

Según los datos oficiales, ese propósito de provocar bajas en los precios de los medicamentos ha funcionado, y ahora es visible cómo algunos productos se estuvieron vendiendo hasta a 3.8 veces el que hoy podría llamarse “precio justo” máximo. Sin embargo, y a pesar de esto, la regla de disminución ha tenido excepciones, y algunos medicamentos en realidad registraron aumento en su precio, y esto sucedió con aquellos genéricos que se vendían muy por debajo del techo puesto por la DNM. La ley produjo, entonces, una reducción generalizada en productos innovadores, y en algunos casos de productos genéricos permitió un aumento.

La Dirección dice carecer de un inventario de productos que ahora son más caros. “No tenemos números exactos sobre los productos que subieron de precio”, aseguró Coto cuando se le solicitó información sobre las alzas en los precios. “El último dato que obtuvimos decía que de todos los productos que estaban por debajo del techo, el 8 % de esos subieron de precio”, dijo.

Los productores nacionales niegan que sus medicinas estén entre las que registraron aumento, aprovechando el margen que les da el techo de ley. De acuerdo con Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), en el caso de los medicamentos nacionales entre un 5 y un 10 % quedaron arriba de la línea de precios máximos de venta y, por lo tanto, debieron bajar. “En cuanto a los precios para nosotros la industria nacional el impacto ha sido mínimo. Lo que sí puedo decir es que los laboratorios de Inquifar no han subido sus precios”, aclaró Pérez.

La ley habla de una lista inexistente

El ajuste de precios ha sido quizá lo que más tensiones ha generado el marco regulatorio de medicamentos, y detrás de él ha habido errores como el de pretender que los medicamentos innovadores deban venderse a precio similar al de las copias, pero también al menos uno que es poco menos que un engaño. Se trata de esto: en el artículo 58 los diputados instituyeron sobre los precios que el margen de comercialización de cada medicamento sería de “tres hasta cinco veces del Precio Internacional de Referencia de cada producto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. El problema es que esos precios internacionales de referencia de la OMS no existen.

Cuando se discutió la ley en la Asamblea Legislativa, los diputados del FMLN insistieron en que era necesario incluir esta lista de precios de referencia de la OMS. La voz que llevaba la batuta era el diputado Guillermo Mata Bennett, quien con esa lista de precios se refería a la Guía Internacional de Precios de Medicamentos que anualmente emite la OMS. Esta guía no funcionaría para hablar de precios comerciales de medicamentos dado que se trata de productos obtenidos en condiciones especiales. “La Guía proporciona una gama de precios ofrecidos por proveedores de medicamentos sin fines de lucro”, dice el prólogo del documento. La DNM estableció los precios de venta máximo para cada uno de los conjuntos homogéneos ignorando por completo este aspecto de la ley.

A pesar de estos aspectos que han generado controversia nadie puede poner en tela de juicio que la ley tiene beneficios para el consumidor. A continuación se proporciona la lista de los 10 medicamentos que, proporcionalmente, más bajaron de precio gracias a la ley. Estos 10 productos forman parte de una lista de los 68 medicamentos elaborada por la DNM cuyos precios se redujeron significativamente.

Según los datos de la DNM, los consumidores de Valium –fármaco que sirve para tratar problemas ansiedad y espasmos musculares– en su versión de 10 mg de 25 comprimidos deberían estar agradecidos con la vigencia de la ley. Antes de ella, los consumidores pagaban 18.21 dólares por la presentación de 25 comprimidos, y el nuevo precio máximo es de 4.83 dólares. Esto es que con el mismo dinero con que antes se podría comprar 25 comprimidos, hoy es posible obtener casi 4 veces esa cantidad.

Esta ley es una de beneficios para el consumidor, pero si la regla es la reducción de precios, hay excepciones. Los consumidores de Sildenafil –fármaco para tratar la disfunción eréctil, que es una réplica de la fórmula del Viagra– son ahora parte de esa excepción a la regla. Antes de la ley, el producto tenía un precio de 5 dólares, y ahora en varios lugares se vende a 6.54 dólares, el precio máximo que estableció la DNM.

Todo este proceso gradual de restricciones para fijar nuevos precios inició cuando se aprobaron los reglamentos que acompañarían a la ley el 3 de enero pasado. A partir de esa fecha, la DNM otorgó a las farmacias, las droguerías y los laboratorios un plazo de tres meses para que adaptaran sus procesos y sus inventarios de forma que el precio de farmacia o el precio final al consumidor no sobrepasara el precio máximo de venta establecido. Ese plazo venció el pasado 3 de abril, fecha en la que se aplicó oficialmente la reducción de precios de medicamentos.

Ese reglamento de precios que elaboró el Ejecutivo y que provocó que la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos coloque a El Salvador en un proceso de revisión, ha provocado un enfrentamiento parcialmente público que el pasado 17 de abril llevó al gobierno a sostener, por medio de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Secretaría para Asuntos Estratégicos, una reunión privada con la industria farmacéutica internacional en Casa Presidencial.

En público el gobierno alegaba que los laboratorios internacionales injustificadamente se negaban a acatar los precios máximos, solo para no disminuir sus ganancias. Consultado sobre el Informe 301, Vicente Coto aseguró que El Salvador no está cediendo ante la presión. “Nosotros no podemos acomodar la ley a las exigencias o las necesidades de una empresa. Aquí no se hace lo que quieren los laboratorios internacionales, ellos se tienen que adaptar a la ley”, dijo.

El presidente Funes, en su programa radial del sábado 20 de abril, habló sobre la reunión a la que convocó la Presidencia en la que participaron los secretarios Técnico y de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, la ministra de Salud, Coto, el director del Seguro Social y los representantes de los laboratorios internacionales asociados en Fedefarma. En esa ocasión el mandatario dijo que el tema tratado en la reunión había sido el posible exceso en los precios que ofrecían las droguerías que distribuyen esos productos de estos laboratorios internacionales. Como conclusión, Funes anunció que habían acordado que las farmacias podrían comprar directamente a los laboratorios internacionales.

“El mismo día que los medios salieron diciendo que después de la reunión en Casa Presidencial las farmacias iban a poder comprar directamente, los laboratorios nos llamaron a nosotros como droguerías para decirnos que no nos preocupáramos, que no iban a dejar de trabajar con nosotros”, explica el gerente de una de las principales droguerías nacionales que trabajan con Fedefarma, que pidió el anonimato para evitar problemas laborales y por el temor a represalias de parte de la DNM.

En privado, los secretarios de la Presidencia y los titulares de las instituciones de Salud del gobierno negociaban con los laboratorios para que estos no retiraran sus medicamentos del mercado nacional. El error en el cálculo de los precios de estos medicamentos había sido denunciado en primera instancia por el responsable de uno de los medicamentos que según la lista de la compañía IMS Health –que ofrece información estadística, servicios y tecnología para la industria de la salud– terminó 2012 siendo el tercer medicamento de mayor venta en El Salvador: Nexium –un fármaco producido por el laboratorio AstraZeneca que se utiliza en casos de problemas estomacales como úlceras y reflujos. AstraZeneca alegaba que su medicamento no podía ser comercializado con el mismo precio máximo de venta que los productos genéricos que integraban un mismo grupo por tener el mismo principio activo. Alegaba que el suyo es un producto innovador y que en virtud del reglamento se ponía en la misma canasta que aquellos que solo han copiado la fórmula.

Después de la reunión, las autoridades de Salud, entre ellos Coto, cambiaron su discurso. “Algunos de estos productos demostraron que eran productos de liberación prolongada y no se podía comparar un producto que se tomaba cada ocho horas con uno que se tomaba cada 24. No es que eran de mejor calidad sino que tenían un proceso distinto en la fabricación. La otra opción era que tuvieran protección de patente, que estaba vigente”, dijo Coto.

La solución a la que llegaron el gobierno y los laboratorios después de la reunión en Casa Presidencial y otras posteriores entre la DNM y cada uno de los laboratorios era que se debía crear un nuevo grupo homogéneo para estos laboratorios que permitiera que, por ser medicamentos que poseían patente, sus precios fuesen comparados con los precios de esos mismos medicamentos en Centroamérica y los cinco países de Suramérica que la DNM tomó como referencia para establecer techos en los precios. De esta forma, estos medicamentos obtuvieron un precio preferencial.

Uno de los más conocidos fue el Lipitor –Atorvastatina cálcica, un fármaco utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre y en la prevención de enfermedades cardiovasculares–. Este, antes de que entrara en vigencia la regulación tenía un precio de 115.78 dólares; con la reducción de precios inicial, el precio se bajó a 46.84 dólares, por lo que los pacientes en realidad debían haber recibido 2.5 veces la presentación de ese medicamento y no solo una caja. Con la creación del nuevo grupo, el Lipitor logró duplicar el precio máximo que le había impuesto la DNM y subió a 89.59 dólares.

Sobre la reunión en Casa Presidencial no existe acta que registrara qué fue lo que se habló ahí. La Presidencia y la DNM aseguran que no hay un solo documento que registrara lo que se discutió y acordó. El único documento que recogió la parte pública que se había manejado del diálogo fue un comunicado de prensa emitido por la Secretaría Técnica de la Presidencia.

Aun ahora que el asunto es público, los funcionarios siguen negando que el error de cálculo que se había manejado haya puesto a El Salvador en la mira de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. Cuando El Faro le preguntó al director del ISSS, Leonel Flores, sobre los temas que se trataron en la reunión y la posibilidad de que el país entre a una lista negra, este dijo dar fe de que el espíritu de la reunión no fue el temor de entrar en ninguna lista. “Por el contrario, nosotros como autoridades de Salud no hemos tocado el tema y no hemos sido instruidos por la Presidencia de la República para hacer ningún tipo de acciones que nos metan o nos saquen de esa lista”, dijo.

Consultada sobre la reunión en Casa Presidencial, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró a El Faro que ella no participó. Flores la menciona como una de las personas que estuvieron en la cita, y el mismo comunicado de la Secretaría Técnica la menciona.

Y aunque el problema parece comenzar a resolverse, hay sectores que siguen considerando que el error en el cálculo del precio persistirá mientras el Reglamento de Precios no presente ninguna modificación. “El problema persiste porque sigue habiendo una inconsistencia entre el reglamento y la ley. Existe una inseguridad jurídica y eso puede dar pie a que en un determinado momento las autoridades en turno apliquen el reglamento de una manera diferente”, explica Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), quien además advierte que El Salvador está pendiente de una nueva revisión, por lo que urge hacer dichos cambios.

El secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, admitió que hay un “diálogo” en torno al problema de los precios. “Hay una agencia que le da seguimiento a estos tratados, obviamente, ellos tienen su interpretación de cuando un país está violentando un tratado (en referencia al CAFTA) o no lo está cumpliendo. En el tema de los medicamentos se ha abierto un diálogo y lo que hemos visto es que es un problema de interpretación diferente”, explicó. “Lo que haya que solventarse lo vamos a solventar. Le hemos dicho a Estados Unidos que a queremos cumplir con el tratado”.

Al igual que Segovia, Mari Tolliver, la consejera de Asuntos Públicos de la embajada en El Salvador, explicó que el gobierno estadounidense estaba en “conversaciones para fortalecer las relaciones comerciales con El Salvador”. En Estados Unidos el tema incluso se abordó durante la 41a. Conferencia Anual del Consejo de las Américas, celebrada el mes pasado en Washington, D.C. En la reunión, una de las funcionarias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos se tomó el tiempo de hacer notar que la Ley de Medicamentos en El Salvador tenía un impacto negativo en la inversión extranjera. El comentario fue rescatado en uno de los tweets de la cobertura que hizo La Prensa Gráfica.

Pero la pregunta detrás del temor a pertenecer a la lista negra comercial de los Estados Unidos es: ¿qué implica para El Salvador ser parte de esa lista? Según la información del gobierno estadounidense, la lista negra le permite a Estados Unidos iniciar un procedimiento de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio y emitir sanciones. Por ejemplo, menciona las preferencias arancelarias concedidas unilateralmente. Si la investigación final concluye que un país ha violado un acuerdo de comercio del artículo 301 de la Ley de Comercio, el gobierno estadounidense también puede imponer sanciones comerciales para El Salvador.

De entrar a ser parte de la lista negra, los Estados Unidos también desaconsejarían a los inversionistas hacer negocios en El Salvador, esto justo cuando el gobierno está tratando de revertir el crónico problema de que El Salvador es el país centroamericano con menor inversión extranjera directa. En 2012, El Salvador, una vez más, recibió la menor cantidad de inversión extranjera directa en comparación con los vecinos del istmo. Según el informe de inversiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador recibió 516 millones, equivalentes al 5.8 % del total centroamericano. En contraste, Panamá recibió 3,020 millones al cierre de 2012.

 

Periódico digital salvadoreño El Faro amenazado por sus informes

El editor de El Faro, un periódico digital salvadoreño, afirmó que personal de ese medio fue seguido tras realizar una investigación sobre una red criminal que involucra a funcionarios locales. Indicó, además, que un alto funcionario del gobierno le afirmó la semana pasada que miembros de una pandilla estaban molestos por sus informes sobre los presuntos vínculos entre agentes de las fuerzas de seguridad y las pandillas locales, y podrían tomar represalias.

En mayo de 2011, El Faro publicó un artículo titulado “El cartel de Texis,” que reveló una red de crimen organizado que involucra a líderes de pandillas, empresarios prominentes y políticos locales en el noreste de El Salvador. El periódico digital utilizó fuentes anónimas de la policía para el artículo, indicó al CPJ Carlos Dada, fundador y director del medio.

Dada afirmó al CPJ que en febrero, nueves meses después de la publicación del artículo, el personal del periódico notificó que estaban siendo seguidos y fotografías por individuos no identificados. Dada indicó que sospechaba que la policía estaba siguiendo al personal del medio con el propósito de identificar las fuentes del artículo publicado en mayo. El ministro de Seguridad, el general retirado David Munguía Payés, afirmó al CPJ que no tenía conocimiento de un seguimiento al personal de El Faro y que no había una orden para tal efecto emitida por algún organismo del gobierno.

El miércoles pasado, El Faro publicó un informe que reveló supuestas negociaciones secretas en las que las pandillas afirmaron que limitarían el número de asesinatos a cambio de concesiones del gobierno, como el traslado de pandilleros encarcelados a una prisión de menor seguridad. El viernes, el gobierno negó las acusaciones durante una conferencia de prensa, según informes periodísticos.

Funcionaros del gobierno realizaron el viernes una reunión a puerta cerrada con periodistas de varios medios, pero no invitaron al personal de El Faro, indicó Dada al CPJ. En la reunión, los funcionarios afirmaron que tenían información de inteligencia que sugería que los pandilleros estaban enojados por el artículo de El Faro y que el personal del sitio estaba en peligro, señaló Dada.

Al día siguiente, el ministro de Seguridad Munguía Payés indicó al personal de El Faro que corría el riesgo de ser atacado por las bandas criminales, pero no dio más detalles ni ofreció protección para el personal, señaló Dada.

Cuando se le preguntó acerca de las amenazas contra El Faro, Munguía Payés señaló al CPJ que para el ministerio es nuestra “responsabilidad darle protección a cualquier salvadoreño que está en peligro y si existe una amenaza contra ellos”. Afirmó que la policía había cumplido con esta responsabilidad al poner sobre aviso a El Faro sobre la información que recibieron. Agregó que estaban en el proceso de confirmar la veracidad de las amenazas. Si las amenazas son corroboradas, indicó, se analizarán posibles medidas de protección para El Faro.
Dada indicó que el personal de El Faro está confundido sobre el origen y la gravedad de las amenazas. Señaló que no sabe si se trata de un intento “para silenciarnos o si realmente tienen información de que estamos bajo riesgo”. Dada indicó que no había solicitado protección.

“Estamos preocupados por la seguridad del personal de El Faro y estamos monitoreando la situación muy de cerca”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior para el Programa de las Américas del CPJ: “Responsabilizamos al gobierno salvadoreño por el bienestar de los periodistas de El Faro“.

La investigación del CPJ indica que periodistas que informan sobre la violencia de las pandillas en El Salvador asumen el riesgo de convertirse en blanco ellos mismos. En 2009, Christian Poveda, cineasta franco-español, fue asesinado por miembros de la pandilla Mara 18.

(*) La versión original de este artículo fue publicada en la web informativa de CPJ (Committee to Protect Journalists).