El tsunami de la patología mental en Chile

(Vea el ensayo en su presentación original)

RESUMEN EJECUTIVO

Este ensayo presenta datos que, en su conjunto, muestran una realidad abrumadora en materia de la salud mental de los niños, adolescentes y adultos en Chile, así como un conjunto de otras patologías sociales que amenazan gravemente nuestro futuro. 26% de los niños sufre violencia física o sexual grave en el hogar, registramos 20 mil sentencias condenatorias a adolescentes por año, el 47% de la población penal inicia su carrera delictual a los 13 años, la prevalencia total para cualquier trastorno psiquiátrico + discapacidad psicosocial en niños y adolescentes es de 22,5%, y entre 2009 y 2015 el consumo de marihuana se duplicó entre escolares, llegando a 34%. En la Encuesta Nacional de Empleo de 2010, el 21% de trabajadores y trabajadoras declaró sentirse deprimido en los últimos 12 meses y el 30% del gasto en licencias de FONASA es por salud mental. En casi todos estos indicadores Chile está peor comparado con Latinoamérica y el mundo.

En la jerga de políticas públicas, este es un problema “retorcido”, es decir, no tiene una salida única ni simple, sólo se puede aspirar a paliarlo o a “domesticarlo”, lo que se debe abordar con urgencia.

En este contexto, se propone una intervención sistémica en nueve ámbitos, focalizada en infancia y adolescencia: a) comunicación y difusión amplia del problema; b) programa masivo y permanente de comunicación con los hogares; c) protocolos de detección y derivación temprana de los afectados; d) fortalecimiento rápido de la educación inicial y escolar; e) rediseño integral del sistema de protección de la infancia; f) disminución del consumo adolescente de alcohol y drogas; g) articulación de subsistemas utilizando  procesos y Tecnologías de Información; h) diagnóstico y resolución de la demanda de recursos humanos calificados; e i) aumento de las asignaciones monetarias por niño en el quintil más pobre.

INTRODUCCION

En este ensayo presentaré un diagnóstico -a mi juicio abrumador- sobre la salud mental de los niños y jóvenes en Chile. Es, en realidad, la mayor amenaza al futuro de la nación, que pocos desean ver y confrontar. Más que un ensayo académico, este es un grito de alarma.

La extendida violencia intrafamiliar, el tener más de un 50% de adultos con analfabetismo funcional o las insólitas proporciones de trastornos psiquiátricos entre adultos y sus niños: cualquiera de estos tres temas, por separado, basta para poner en riesgo el futuro de la nación. Muchos ciudadanos conjuntan los tres problemas en uno”

Dado que es posible que algunos lectores se depriman con esta información, comenzaré destacando las fortalezas del país. Del 90 a la fecha hemos más que triplicado el ingreso per cápita real. La pobreza se redujo del 40% al 13%. El índice de desigualdad de Gini, siendo todavía muy malo, disminuyó de 0.55 a 0.47. Los pobres resultados educativos de Chile son los mejores de América Latina. La eficiencia del gasto público en salud es la mejor del mundo, sí del mundo. Los indicadores de gobernanza en materia de imperio de la ley y de efectividad gubernamental son similares a los de países avanzados. Eso significa que tenemos muchas fortalezas para enfrentar este tsunami que está en pleno desarrollo y que aún no queremos ver.

Según el Diccionario de Psicología, la evasión (o evitación) se refiere a la práctica de alejamiento de situaciones, actividades, entornos o individuos, debido las consecuencias negativas o los sentimientos ansiosos y dolorosos previsibles. Es, en definitiva, el miedo a confrontar o hacer frente a algunas verdades inconvenientes. Como país estamos evadiendo el problema de la enfermedad mental.

Invito al lector, simplemente, a preguntarse si en el entorno familiar y de amigos conoce casos de patologías mentales y/o adicciones leves o severas. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de adultos y adolescentes en su entorno cercano? Posiblemente su respuesta sea afirmativa similar a la de todos nosotros, y me incluyo.

Chile, si se puede hacer un símil con la patología individual de la evasión psicológica, padece de un síndrome de evasión masiva. No queremos confrontar, entre varios otros temas, la extendida conducta de violencia intrafamiliar, o bien el hecho duro y comprobado de tener más de un 50% de adultos con analfabetismo funcional. En particular, en este caso, las insólitas proporciones de trastornos psiquiátricos en sus habitantes y sus niños. Cualquiera de estos tres temas, por separado, basta para poner en riesgo el futuro de la nación. Muchos ciudadanos conjuntan los tres problemas en uno.

Es sencillamente notable que el (inaceptable) maltrato al perro Cholito diera lugar a un frenesí legislativo, pero el maltrato infantil continúe siendo observado por la sociedad y el Congreso con cierta indiferencia, como parte del paisaje”

Luego de revisar los datos, peores incluso que en otros países de la región y el mundo, incursionaré en las posibles causas -de carácter sistémico y múltiple- y, finalmente, postularé algunas vías para confrontarlo, entendiendo que estamos hablando de un problema “retorcido”[1].

Problema “retorcido” (“wicked problem“) es un concepto conocido de planificación social que describe una situación difícil o casi imposible de resolver, porque presenta requisitos y condiciones contradictorias y cambiantes, con múltiples causas, así como diversas consecuencias y ramificaciones. Este tipo de problema no tiene una solución definitiva ni única y, a lo más, se lo puede intentar paliar, domar o “domesticar”.

Por ejemplo, una vez que se detonó la crisis del Transantiago, en una ciudad que siguió creciendo en población, en que la densidad automotriz aumentó dramáticamente[2], y que muchos ciudadanos se acostumbraron a la evasión al punto de considerarla legítima, el problema del transporte urbano en esta ciudad se “retorció” y sólo podremos aspirar a paliarlo, al menos hasta que el país pueda invertir decenas de miles de millones de dólares en una red de metro similar en cobertura a la de Londres.

Para mayor claridad, y por contraste, hay problemas relativamente “controlables” y solucionables que se pueden encontrar, por ejemplo, en las matemáticas o en la resolución de puzles.​ Un problema “controlable” en política de salud sería la prevención de la poliomielitis. Se hace una campaña de vacunación masiva y se resuelve. De hecho, se resolvió. A nivel individual una apendicitis aguda es “controlable”, pero una esquizofrenia o una adicción a la cocaína son “retorcidas”.

LOS TEMIBLES DATOS

Posiblemente, el lector ya habrá visto partes de esta evidencia publicadas por separado en los medios. Suele armarse alguna polémica durante dos o tres días, se discute en las redes sociales, hay cartas a los medios impresos, hasta que sobreviene algún otro hecho interesante, como un partido de fútbol o un escándalo, y procedemos entonces a cambiar convenientemente de tema. Intentaremos ahora poner todos los datos juntos, a ver si así se encienden las alarmas con mayor intensidad.

Un informe de la OEA posicionó a Chile como el país con mayor consumo de marihuana entre adolescentes”

En primer lugar, hay que constatar que el problema no es sólo chileno, sino mundial, aunque el nuestro es más grave. Un artículo de 2016 de una prestigiada revista médica internacional, cuyo título traducido es “Estimando la verdadera carga mundial de la enfermedad mental”[3]. Aclaremos previamente que en la comunidad de la salud pública hay un indicador consagrado, llamado “Años Vividos con Discapacidad” (por alguna enfermedad) o AVD. Una cita textual de este artículo:

“Estimamos que la carga global de enfermedad mental representa el 32,4% de los años vividos con discapacidad, en lugar de estimaciones anteriores que sugieren 21,2%. Nuestras estimaciones sitúan a la enfermedad mental como la primera en la carga global de morbilidad en términos de AVD”.

Más impactante aún, concluye:

“La inaceptable apatía de los gobiernos y los donantes financieros de la salud mundial debe ser superada, para mitigar los costos humanos, sociales y económicos de la enfermedad mental”.

El mundo no quiere ver. Es tal vez un buen consuelo para los autocomplacientes chilensis. Como veremos más adelante, nuestro gobierno tiene las mismas actitudes evasivas.

Prosigamos con los datos locales. El Cuarto Estudio de Maltrato Infantil UNICEF 2012 para Chile, señala que el 71% de los niños recibe algún tipo de violencia en el hogar, y el 25,9% de los niños sufre violencia física (o sexual) grave. Repitamos: 25.9%. No es un error tipográfico. Tenemos una cultura histórica de violencia, que se expresa, entre otras cosas, en que los niños son considerados parte de nuestra propiedad y no afectos, por tanto, a tener derechos humanos equivalentes a los adultos. Es sencillamente notable que el (inaceptable) maltrato al perro Cholito diera lugar a un frenesí legislativo, pero el maltrato infantil continúe siendo observado por la sociedad y el Congreso con cierta indiferencia, como parte del paisaje.

El consumo de marihuana entre escolares fue constante por muchos años: alrededor del 15%. Sin embargo, entre 2009 y 2015, esta tasa más que se duplicó, llegando a 34%.”

Un informe reciente de las Fundaciones San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana señaló que el 47% de la población penal inicia su carrera delictual a los 13 años; más del 60% de los reincidentes tiene problemas de alcohol y drogas, y el 86% no contaba con educación escolar completa al ingresar a la cárcel.  Según el borrador del Plan de Salud Mental 2017 del Ministerio de Salud (MINSAL), el 45% de los niños internados en hogares del SENAME tiene riesgo de suicidio. La tendencia general de suicidio juvenil de los últimos años es al alza. Según datos del Ministerio, las muertes autoprovocadas alcanzarán los 12 casos por cada 100 mil habitantes en 2020, en la población de 10 a 19 años.

Según datos de la Fiscalía, entre 2008 y 2014, 94.555 menores entre 14 y 17 años fueron arrestados por delitos de robo y asalto.  El total de delitos cometidos por adolescentes en el período asciende a 362.429, lo que llevó a  114.717 sentencias condenatorias. Sólo un 3.5% de ellos fue a un Centro del SENAME. Según Paz Ciudadana, nadie se ha hecho cargo de ofrecer programas orientados a la recuperación de los menores infractores.

Como se puede ver, las muertes en SENAME, así como los portonazos -y los cacerolazos contra la delincuencia- están virtualmente garantizados hasta el 2027… al menos. Ninguna promesa presidencial parará hoy el tsunami delincuencial. Ninguna. El daño generacional ya está hecho.

Insistimos. Un bienvenido y muy necesario estudio epidemiológico de siquiatría infanto-adolescente en Chile[4] señaló que:

“La prevalencia total para cualquier trastorno psiquiátrico + discapacidad psicosocial fue de 22,5%. Los grupos de trastornos que mostraron más alta prevalencia fueron los disruptivos, con 14,6 %, seguidos de los trastornos ansiosos, con un 8,3%… Nuestras cifras de prevalencia globales fueron más altas que en la mayoría de los países, al igual que lo encontrado en estudios de población adulta en Chile”.

Según informa este mismo estudio, el antecedente de maltrato aumenta en 4.5 veces la probabilidad de presentar posteriores trastornos disruptivos. Más arriba dijimos que 25,9% ha sufrido violencia física o sexual grave… saque usted sus propias conclusiones. Hay un perverso círculo vicioso: muchos maltratados tienen problemas siquiátricos, muchos después se convierten en maltratadores y así seguimos, como en el tango de Gardel, cuesta abajo en la rodada.

En materia de presupuesto, la actitud del MINSAL es cuasi delirante. Sólo el 2,5% se dedica hoy a la salud mental, aun cuando la enfermedad mental representa cerca de 1/3 de los años perdidos de vida por discapacidad.”

Prosigamos. El “Informe sobre el Uso de Drogas de las Américas de 2015” de la Organización de Estados Americanos (OEA) posicionó a Chile como el país con mayor consumo de marihuana entre adolescentes y entre las naciones donde más de la mitad de los jóvenes de entre 13 y 17 años han consumido alcohol durante el último año. El consumo de marihuana entre escolares había sido casi constante por muchos años, alrededor del 15%. Sin embargo, entre 2009 y 2015 esta tasa más que se duplicó en tan sólo 6 años, llegando a 34%. Además, la concentración del elemento psicoactivo de la planta, THC, se ha triplicado. Por ende, el consumo medido en dosis de THC posiblemente se ha sextuplicado. La reciente oleada de permisividad respecto a la marihuana, cortesía de los “medicinalistas”, augura que estas complicaciones recién están comenzando.

Por su parte, la Fiscalía Nacional divulgó, en su informe 2016 del “Observatorio del Narcotráfico en Chile”, la existencia de 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas. De acuerdo a este informe, se evidencia que la sanción penal por sí sola no resulta un disuasivo suficiente para suprimir el narcotráfico. Podremos cerrar todo tipo de puertas giratorias, como les gusta anunciar a algunos políticos, pero este problema “retorcido” no se esfumará con simplonerías.

Continuemos. Se podría suponer que, frente a estos graves problemas, Chile debería tener un número relevante de psiquiatras, ¿verdad? No hay tal. El promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 16 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y el de Chile es de 5. Es decir, 3 veces menor. Además, estos profesionales se concentran privilegiadamente en la zona central del país y en el sector privado.

En materia de presupuesto, la actitud del MINSAL es -para usar la terminología adecuada- cuasi delirante. Sólo el 2.5% se dedica hoy a la salud mental, aun cuando la enfermedad mental representa cerca de 1/3 de los años perdidos de vida por discapacidad.

“El porcentaje destinado a salud mental sitúa a nuestro país muy por debajo de los porcentajes que muestran otros países de ingresos altos como Estados Unidos de Norteamérica (6,0%), Australia (9,6%), Reino Unido (10,0%), Suecia y Nueva Zelanda (11,0%), y al promedio mundial (2,8%)”[5]. Curiosamente, el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de 2010 se propuso pasar del 2,1% del presupuesto al 5%. Hoy, 7 años más tarde, sigue en 2,5%, y el nuevo borrador del Plan 2017 propone pasar a… 6%.

Alguien podría decir que esto es culpa del siempre ahorrativo Ministerio de Hacienda. No hay tal. Estamos hablando de la asignación del presupuesto que el propio MINSAL hace de  sus recursos. Habrá que consultar al Diccionario de Psicología para ver de dónde surge esta conducta auto-derrotante, o en un más refinado inglés, “self defeating behavior”.

Fin de los datos.

EL BASURAL DE CORTÁZAR

El escritor argentino Julio Cortázar concibió una célebre frase: “En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural”.

El porcentaje destinado a salud mental sitúa a nuestro país muy por debajo de los porcentajes que muestran otros países de ingresos altos como Estados Unidos (6,0%), Australia (9,6%), Reino Unido (10,0%) y bajo el promedio mundial (2,8%)”

Cortázar nos viene como anillo al dedo para intentar explicar el carácter sistémico del retorcido problema de la salud mental en Chile, con sus múltiples causas, manifestaciones y consecuencias, que -a veces- también se convierten en causas.

En primer lugar, como ya dijimos, este problema no es solo chileno, está enraizado en la civilización occidental en su conjunto, una civilización que es particularmente eficaz en enfermar mentalmente a sus ciudadanos. Para explicaciones amontonadas en el basural, basta leer a Aldous Huxley:

“La sociedad occidental contemporánea, a pesar de su progreso material, intelectual y político, ayuda cada vez menos a la salud mental y tiende a socavar la seguridad interior, la felicidad, la razón y la capacidad para el amor del individuo… tiende a convertirlo en un autómata que paga su frustración como ser humano con trastornos mentales crecientes y una desesperación que se oculta bajo un frenético afán de trabajo y supuestos placeres”.

Si no ha quedado suficientemente convencido… el Dalai Lama reflexiona:

“Lo que más me sorprende de los occidentales es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud… y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que no viven el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido.”

Pero, además, no somos unos occidentales cualquiera. Chile no es Nueva York ni Londres. El 60% de nuestros ciudadanos tiene un ingreso diario inferior a $6 mil pesos y muchos viven con $4 o $3 mil diarios. Miran, en promedio, 2 horas 15 minutos de TV abierta al día, con anuncios de onduladas o alisadas rubias sexy desplazándose en un 4×4 camino a la nieve o viajando a Cancún… Ya cansados de ver TV, el fin de semana van a pasear al mall y se sienten como si fueran gatos frente a una carnicería…  Saque sus conclusiones sobre su autoimagen y autoestima.

Alguien diría: ‘Y qué importa que los ricos sean cada vez más ricos, mientras sigamos creciendo y sacando gente de la pobreza. El resto es pura envidia’… Me temo que no es así”

Le ruego al lector que no me malinterprete. Aunque odio ir al mall, al cual debo ser arrastrado cuando ya no me quedan opciones, creo en el mercado y en el capitalismo como eficiente asignador de recursos. Pero nuestro resultado, y esa sería materia de otro ensayo, es que a pesar de haber crecido notoriamente en el PIB per cápita, a pesar de haber disminuido el número de pobres, la desigualdad en la distribución del ingreso persiste como una lacra casi invariable. Nuestro coeficiente de Gini es vergonzoso, seguimos estando entre los 8 países más desiguales del mundo y la recaudación tributaria tiene un efecto mínimo en la redistribución del ingreso.

Alguien diría: “Y qué importa que los ricos sean cada vez más ricos, mientras sigamos creciendo y sacando gente de la pobreza. El resto es pura envidia”… Me temo que no es así. Pickett y Wilkinson, en un libro seminal[6], con abundancia de datos, han demostrado contundentemente que los países con mayores niveles de inequidad de ingreso, de manera independiente de su ingreso per cápita promedio, es decir, no importando si son países ricos o pobres en el promedio, tienen peores índices de:

– salud
– obesidad
– delincuencia
– violencia intrafamiliar
– confianza interpersonal
– enfermedad mental
– embarazo adolescente

Inglaterra y sobre todo Estados Unidos son notables casos extremos de elevado ingreso per cápita, pero con mala distribución, que presentan con intensidad todas estas lacras sociales, peores aún en aquellos estados federales que son más desiguales internamente. Recomiendo efusivamente ver un video TED de Richard Wilkinson[7], en que trata estos temas, con subtítulos en español. Son 17 minutos que probablemente le cambiarán sus ideas sobre política económica, especialmente si usted es un libremercadista a ultranza. Wilkinson no es un economista marxista, sino un profesor emérito de epidemiología social en la Universidad de Nottingham y en el University College de Londres.

Existe otra situación[8] que agrava aún más nuestra realidad local respecto al mundo y, en particular, a los países avanzados. Tenemos una cobertura y calidad muy deficiente en educación inicial, la etapa crucial desde el punto de vista de la formación neuronal. En particular, los niños del quintil más pobre llegan al pre kínder manejando, en promedio, la mitad del vocabulario que los hijos del quintil más rico, con lo cual ya comienzan con la carrera perdida. Al tener poco acceso a educadoras de párvulo altamente profesionales, es más difícil detectar y canalizar niños con problemas de abuso o meramente de angustia y depresión. Está ampliamente demostrado que niños privados de afecto o maltratados o poco estimulados en sus primeros 3 años de vida, sufrirán severas consecuencias de salud física y mental, así como en su conducta social, por el resto de su existencia.

Una vez llegados a la etapa escolar, dados nuestros deficientes métodos pedagógicos, estos niños son procesados como si fueran chorizos en una fábrica. Profesores enseñando “industrializada” y mecánicamente a sus alumnos, sin importar demasiado si estos entienden o no, si les interesa o no lo que se está discutiendo y, sobre todo, si sus talentos, aptitudes y ritmos de aprendizaje son o no diferentes entre ellos.

Citemos a Sir Ken Robinson, una autoridad mundial en el tema[9]:

“Las escuelas todavía están bastante organizadas como líneas de fabricación: campanas de llamada, instalaciones separadas, temas separados. Todavía educamos a los niños en lotes; los pasamos a través del sistema por edad. La suposición es que lo más importante que los niños tienen en común es su edad. Bueno, yo conozco chicos que son mucho mejores que otros niños de la misma edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos más pequeños que en grupos grandes.

La consecuencia de este sistema: cerca de la mitad de los egresados de educación media no entienden lo que leen. En las escuelas hay excesivo bullying, desmotivación, niños sobrediagnosticados con “déficit atencional”, sobremedicados y con una gran frustración. Un joven de 2o Medio que “sabe que no sabe”, que se siente disminuido frente a sus compañeros y profesores, termina desertando.

Inglaterra y sobre todo Estados Unidos son notables casos extremos de elevado ingreso per capita, pero con mala distribución, que presentan con intensidad todas estas lacras sociales, peores aún en aquellos estados federales que son más desiguales internamente”.

En suma, si en el mundo las cosas andan mal en materia de salud mental, el problema es aún peor en Chile por nuestra elevada inequidad social y educativa, por nuestros obsoletos métodos pedagógicos y, salvo algunos logros del Programa Chile Crece Contigo, nuestra escasa atención de calidad y cobertura de educación inicial a los niños entre los 0 y 3 años con 11 meses… y con un sistema de “protección” a la infancia que es una vergüenza internacional.

En los grandes números, de un total de 5 millones de niños, niñas y adolescentes, tenemos nada menos que 1.2 millones abusados física o sexualmente y/o con problemas psiquiátricos, adicciones y/o discapacidad psicosocial, de los cuales las situaciones más graves son 200 mil que constituyen la población atendida en forma permanente por un sistema fracasado de “protección” a la infancia.

Si bien no hay estudios epidemiológicos recientes (lo cual es significativo en sí mismo), el Estudio Chileno de Prevalencia de Patología Psiquiátrica del 2002 mostró que un 22.6% de la población mayor de 15 años había tenido un desorden psiquiátrico en los últimos 6 meses. En la Encuesta Nacional de Empleo de 2010, el 21% de trabajadores y trabajadoras declaró sentirse deprimido en los últimos 12 meses. El 30% del gasto en licencias de FONASA es por salud mental. Estimativamente, hay 3 a 4 millones de adultos en Chile que tuvieron algún problema de salud mental en los últimos 12 meses. Los niños enfermos se terminan convirtiendo en adultos enfermos, que, a su vez, enferman a los niños de la siguiente generación.

Chile está enfermo, no lo quiere ver y está enfermando a su gente. Si esto no es un tsunami, sugiera usted otro nombre. A continuación, el diagrama del problema retorcido.

 

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ABORDANDO UN PROBLEMA RETORCIDO

Es necesario reiterarlo: un problema “retorcido” no admite soluciones únicas, simplistas ni efectistas, de esas que a los candidatos les gusta anunciar a la ciudadanía en épocas electorales. Con seguridad no lo vamos a resolver del todo, la pregunta es si acaso, abordándolo sistémicamente, y sistemáticamente (que no es lo mismo), podemos aspirar a paliarlo o “domesticarlo” al punto de que no amenace gravemente el futuro del país.

Una segunda prevención. Este no es un “problema médico” ni se puede “medicalizar” atribuyéndole al Ministerio de Salud la responsabilidad única, ni siquiera la principal. Sería el equivalente a endilgarle a los Tribunales de Familia la responsabilidad por la violencia intrafamiliar.

La tercera prevención. No hay manera posible de formar los miles y miles de especialistas médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados y educadores que podrían ser necesarios para abordar este tsunami. Por duro o crudo que parezca, es necesario priorizar y la prioridad obvia son los niños y adolescentes, lo cual de por sí, dada la enormidad de casos, es una tarea muy difícil. Dicho lo anterior, postulamos un enfoque sistémico que contiene, a lo menos, estas nueve prioridades interconectadas.

 

diagrama soluciones

 

1. DIAGNOSTICO PRECISO Y COMUNICACION DE LA DIMENSION DEL TSUNAMI

En el orden de los factores, esto es, sin duda, lo más urgente. Es un tema prácticamente ausente del discurso político, salvo esporádicamente en el caso de las drogas, o por las evidentes tragedias del SENAME. No se ha visto candidato alguno en esta época electoral que confronte el tema, ni mucho menos en su integralidad.

Hay una posible explicación: el tema de la salud mental tiene un estigma asociado. Es más “honroso” tener diabetes o cáncer que depresión o sicosis, aunque muchos problemas de salud física provengan de la salud mental. Cualquier político que lo confronte abiertamente sería posiblemente objeto de sarcasmos.

Si bien hay algunas autoridades de MINSAL conscientes de la magnitud del problema de la salud mental (aunque no lo suficiente como para aumentar el gasto dentro de su propio presupuesto), es necesario precisar en toda su magnitud y cuantificar con precisión la dimensión del tsunami en sus diferentes etapas y componentes, a la vez de comunicarlo con energía y alarma entre todos los tomadores de decisión del medio político, candidatos, poder ejecutivo y parlamentarios.

Aunque suene a contrasentido, tal vez la mejor manera de abordarlo comunicacionalmente sea al estilo islandés: focalizado en el tema del alcohol y drogas en la juventud. Su agresivo programa “Juventud en Islandia”[10] ha sido posiblemente el más osado experimento mundial, no sólo en el tema del consumo sino, posiblemente, como puerta de entrada a todos los problemas de salud mental de la sociedad. Lo veremos más adelante. Por ahora sólo diremos que, política y comunicacionalmente, es más fácil hacer una campaña por la infancia y los jóvenes que por la salud mental de la población en general.

2. PREVENCION SOCIAL Y COMUNICACION DEL PROBLEMA EN LOS HOGARES

Estamos frente a un desafío que es, en primer lugar, cultural y de larguísima data. Se requerirá una campaña de comunicación social persistente, creativa, masiva, vía televisión abierta, en las escuelas, centros de salud, municipios, estadios, por muchos años. No se cambian culturas centenarias de violencia intrafamiliar por decreto ni con un par de spots televisivos a las 2 de la madrugada.

Los mensajes deben ser reiterativos y variados, y expuestos en términos positivos. Siguiendo el ya citado ejemplo islandés, es poco lo que se logrará llamando a las familias a no maltratar a sus niños, o a los jóvenes a no consumir alcohol y drogas. Es posible recurrir a los mejores expertos mundiales en marketing público, que sí los hay[11]. Posiblemente, algunos buenos programas al estilo de “31 Minutos” lograrían mucho más que anuncios convencionales de medios. Si esto costara algunas decenas de millones de dólares anuales, es nada comparado con lo que está en juego.  No se requieren leyes para hacer esto.

3. DETECCION TEMPRANA Y DERIVACION DE LOS AFECTADOS

Las primeras “defensas costeras” contra las marejadas del tsunami están en la Atención Primaria de Salud, el programa Chile Crece Contigo, así como en las salas cuna, jardines, escuelas básicas y secundarias, en las (hoy desnutridas) Oficinas de Protección de la Infancia de los municipios y la policía.

Todos debieran contar con entrenamiento y con idénticos protocolos preliminares de detección temprana, contención en los casos simples, involucramiento de familias y derivación, no sólo por temas de violencia intrafamiliar, sino signos precoces de consumo de alcohol, drogas, angustia u otras patologías, tanto en niños y adolescentes como en adultos cuidadores, que muchas veces son los que causan el estrés tóxico en los pequeños.

El desafío no es trivial y dice relación con otros de los temas abordados más adelante. Existe un severo problema de coordinación y carencia de comunicación entre todas estas entidades y es, asimismo, necesario desarrollar protocolos diferenciados para una gran variedad de situaciones que requieren de instrucciones claras de derivación a los lugares pertinentes. No es lo mismo una niña de 16 años con intoxicación alcohólica que un chico de 4 años con síntomas de abuso, o la madre de un lactante en estado de angustia evidente. Pero nadie podría objetar que en estos tres casos es imprescindible alguna acción protectora o preventiva por parte del Estado… Si deseamos contener el tsunami.

Nada de esto requiere leyes, pero si una capacidad de coordinación que solo puede emerger de la decisión presidencial y a nivel del Gabinete.

4. MEJORA DE LOS SISTEMAS PREESCOLAR Y ESCOLAR POR RAZONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS 

Curiosamente, dentro de lo “retorcido” del problema general, y aunque pudiera no creerse, este es un desafío bastante más “controlable” y soluble. Requiere por supuesto recursos, formación de personas y decisión política, pero… es soluble, lo cual nos permite ver la totalidad del asunto con mayor optimismo. Tampoco requiere leyes.

Como lo vimos más arriba[12], Chile tiene en educación inicial severos problemas de cobertura, calidad y flexibilidad en los modelos de atención. Se requerirá la formación de nada menos que 18 mil nuevas educadoras de párvulo y 24 mil técnicos de muy buen nivel en los próximos 12 años. Por cierto, deben tener la formación y entrenamiento necesarios para detectar y derivar todos los problemas arriba mencionados.

Adicionalmente, en el tramo de 0-2 años, comúnmente llamado salas cuna, hoy demasiado rígido, hay que modificar radicalmente el modelo de atención, para los cual hemos planteado la ampliación de cobertura por la ruta de Centros de Aprendizaje Familiar, en que los adultos responsables puedan asistir con sus hijos con la frecuencia y en el horario que les acomode, para recibir entrenamiento sobre las mejores maneras de tratar a los niños. En esta edad, la presencia de stress tóxico en las madres y cuidadores, sea por depresión post parto u otros problemas, puede dejar rastros poco reversibles en los niños, y ahí se inicia el círculo vicioso que no termina.

Por su parte, las escuelas deben cambiar de manera radical el método educativo de la “fábrica de chorizos”, por uno de mayor creatividad, trabajo en equipo y confianza. Las experiencias piloto que hemos desarrollado, así como las de otras fundaciones con metodologías como las Redes de Tutoría o enseñanza basada en proyectos, se pueden realizar con los mismos profesores, son comparativamente baratas, de despliegue rápido y alteran positivamente no sólo los aprendizajes, sino para estos efectos, la conversión de las escuelas en espacio de alegría y confianza que involucran a estudiantes, profesores y apoderados. No abordar este enfoque de inmediato sería un desperdicio de tiempo y capital humano inaceptable. El principal requerimiento es meramente la decisión política de avanzar, así como levantar la lápida de restricciones burocráticas que pende sobre las escuelas privadas y públicas.

Nada de lo que se plantea en este acápite requiere ley. Sólo decisión presidencial y ministerial.

5. REDISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Ya casi no tiene sentido seguir hablando de nuestra mayor vergüenza nacional e internacional. Esos 200 mil niños y adolescentes, tanto vulnerados como vulnerables y delincuentes juveniles, internados en Centros y/o participando en Programas, están lo más cerca que se puede estar del infierno en la tierra, y su posibilidad de ser rehabilitados y rescatados para llevar vidas productivas y felices es mínima.

Diversos gobiernos han anunciado pomposos proyectos de ley, destacándose como una apuesta salvadora dividir el SENAME en dos, uno en Justicia y otro en Desarrollo Social. En este estado de cosas, dividirlo sólo aumentará la desarticulación y los gastos superfluos. Nadie niega la necesidad imperiosa de separar a los niños vulnerados de los jóvenes delincuentes inimputables. Es una gran fuente de tragedias. Pero hubiera bastado, hace una década, con separarlos físicamente en centros diferentes. Pero… somos un país “legislativista”. Pareciera que gobernar es legislar, crear nuevas instituciones y no hacer las cosas.

Por su parte, es casi un chiste que el Consejo de Infancia esté proponiendo un proyecto de ley de garantías, en que se hable de los niños como sujetos de derechos, con autonomía progresiva, derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la vida, desarrollo y entorno adecuado, mientras sistemáticamente se hace la vista gorda -por décadas- a violaciones espantosas a los derechos humanos en las residencias del SENAME, en baños inmundos, con hacinamiento, comercio sexual y sábanas con orines.

Cuidado con las soluciones cosméticas.

El Hogar de Cristo, en sus proyectos piloto de Centros, ha estimado en $1.9 millones mensuales lo necesario para darles alguna chance a esos niños y niñas. ¿Cuánto se puede hacer con $300 mil?  Más allá de legislar, la solución a los problemas de protección a la infancia pasa por:

–Aportar los recursos adicionales necesarios (cerca de US$ 500 millones anuales).

–Profesionalizar la gestión de todos los entes involucrados y terminar con su captura política.

– Articular todos los subsistemas de este gravemente desarticulado sistema, que involucra SENAME, Tribunales y las redes de salud y educación.

Estas son líneas estructurales de mediano y largo plazo. Sin embargo, dada la reiterada existencia de violaciones a los DDHH de la infancia y adolescencia, hay acciones estrictamente inmediatas que adoptar. Entre ellas, dos esenciales:

–Intervenir el SENAME por decreto presidencial, designando un Ministro del gabinete, como “primus inter pares”, que coordine las acciones de los Ministerios de Justicia, Salud, Desarrollo Social, Educación y Hacienda, para asegurar de inmediato la vida e integridad física, sexual y psicológica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las residencias. Hay que dotarlo de recursos extraordinarios y la facultad para integrar equipos de atención interdisciplinarios, para asegurar la resolución de sus acuciantes problemas de salud, intervención psicosocial, representación judicial, educación, desinternación y adopción. Dicho castizamente, es una operación de salvataje de urgencia.

–Establecer un Consejo de Reparación a las Víctimas y Deudos del Abuso Infantil integrada por juristas y expertos independientes. Hablemos con la verdad, porque nos hará libres. Aquí ha habido violaciones de derechos humanos que, si bien no son comparables con los asesinatos y secuestros de la época militar, por su número mucho mayor sí son comparables. Hemos sido igualmente cómplices pasivos. A lo largo de décadas ha habido miles de muertes innecesarias y muchos otros miles que se han convertido en muertos en vida, para toda la vida. Redignifiquemos entonces al país, establezcamos un Consejo de esta naturaleza y, tal como lo hizo el Presidente Aylwin en su momento, reparemos y pidamos perdón a nombre del Estado de Chile.

6. DISMINUCIÓN DEL CONSUMO ADOLESCENTE DE DROGAS Y ALCOHOL

Dentro de lo retorcido del problema general, este es tal vez el desafío más retorcido de todos. Diversos países avanzados se han dado golpes contra la pared tratando de controlar el alcoholismo, así como el tráfico y consumo de estupefacientes, sin grandes resultados. Incluso los ejemplos emblemáticos de Holanda y Portugal han sido, a la larga, sujetos de críticas significativas. En USA se legalizó en muchos estados el consumo adulto de marihuana, pero las muertes por sobredosis de opiáceos han llegado a niveles insostenibles.

En todo caso, la tendencia mundial se ha ido moviendo en dirección hacia la descriminalización del consumo en adultos, y el tratamiento de las adicciones como un problema de salud, en el cual hay que ayudar a los adictos y no estigmatizarlos. El problema sigue siendo, de todos modos, el consumo adolescente, con nefastas secuelas para el resto de la vida, así como el control del multibillonario negocio del tráfico.

En este ensayo, y congruente con la visión general del mismo, la propuesta sería concentrarnos en los adolescentes. No se ve manera, sinceramente, de controlar ni mucho menos eliminar los problemas de alcoholismo y consumo de drogas en la población adulta. En este terreno hay noticias internacionales que permiten una dosis de optimismo: los islandeses[13]. El porcentaje de jóvenes de 15 y 16 años que habían estado ebrios en el mes anterior cayó de 42%, en 1998, a 5%, en 2016. El porcentaje de quienes han consumido cannabis ha bajado de 17% a 7%. Los que fumaban cigarrillos cada día cayeron de 23% a sólo 3%.

El programa se llama “Juventud en Islandia” involucra legislación y la responsabilidad de su implementación no es nacional sino municipal. En virtud de este plan se volvió ilegal comprar tabaco para menores de 18 años y el alcohol para los menores de 20 y se prohibió la publicidad de tabaco y alcohol. Los vínculos entre los padres y la escuela se fortalecieron, a través de organizaciones que por ley debían establecerse en todas las escuelas, junto con los consejos escolares con representantes de los padres (ya los hay en Chile). Se animó a los padres a asistir a charlas sobre la importancia de pasar una cantidad importante de tiempo con sus hijos, en lugar de pasar ocasionalmente “tiempo de calidad”, hablar con sus hijos sobre sus vidas, conocer a sus amigos y mantenerlos en casa por las tardes.

También, y esto es lo más duro, se promulgó una ley prohibiendo a los niños de entre 13 y 16 años estar fuera después de las 10 de la noche en invierno y la medianoche en verano. Una medida que aún hoy rige que evitó estigmatizar a los menores y, a la inversa, se les invitó a escoger cuál sería la actividad deportiva, artística o cultural en la que quisieran involucrarse. Casi la totalidad de los jóvenes practican hoy hockey, fútbol o artes de alguna naturaleza.

Alguien dirá con escepticismo que… bueno, Islandia es Islandia, y que, además, son solamente 400 mil habitantes (menos que Puente Alto). Es correcto. Esto requerirá una considerable adaptación en Chile y posiblemente la mejor ruta sea la experimentación a nivel local, generando un fondo concursable para que los municipios interesados puedan postular e implementar sus soluciones. Hay, eso sí, una medida nacional que va en la dirección correcta: eliminar de inmediato 3 horas semanales adicionales del sobrecargado curriculum del MINEDUC en enseñanza media y transformarlo en horas obligatorias de deportes y/o artes, dotando a todas las escuelas de los implementos y recursos humanos para hacerlo.

7. ARTICULACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS CON PROCESOS Y TICS.

A estas alturas del siglo XXI, mantener trabajando en estancos separados a las profesiones médicas, de protección social, judiciales e ingeniería es un absoluto sinsentido. Por ejemplo, los médicos son excelentes para definir protocolos. Los ingenieros para poner números a procesos y diseñar sistemas. Pero esta conversación no ha ocurrido al nivel necesario y la desarticulación ya no resiste análisis, incluso al interior de Ministerios como Salud o Educación.

Una ex Ministra de Justicia, refiriéndose al SENAME, pronunció la criticada frase de que estos son “problemas de stock y flujo”. No se puede aplicar a seres humanos… Pero en verdad ES un problema de stock y flujos, en innumerables categorías de seres que están sufriendo: angustia a los 8 años, deserción de la escuela a los 13, encarcelamiento con depresión a los 16, en un Programa del SENAME a los 20, en trámite de adopción hace 3 años.

Por ello, es un deber ético -y no tecnocrático- optimizar estos flujos e informatizar los sistemas, de manera de disminuir los “stock” en diversas categorías… Antes que los seres humanos de algunas de esas categorías terminen suicidándose o maltratando a sus propios hijos, en un círculo vicioso infernal.

¿Por ejemplo, es mucho pretender que Juan M. Soto, de 11 años, sea el mismo Juan M. Soto en un recinto del SENAME, en un CESFAM, en un hospital, en la escuela, en el municipio y en el tribunal? Es necesario, asimismo, modelar todo este sistema, para poner números realistas a todas estas categorías de “stock y flujo” y, a partir de ellos, estimar con realismo los profesionales de distinta naturaleza que serían necesarios en el corto y largo plazo.

El eventual programa “Juventud en Chile”, no sólo en temas de drogas y alcohol, sino en todos los temas educativos, de salud y protección a la infancia es un gran problema social, jurídico y de recursos, pero también es un enorme desafío de ingeniería de procesos y sistemas. Debe tenerse presente que lo que hace 20 años hubiera sido inversiones de cientos de millones de dólares, hoy son de la décima parte. Si un paciente privado puede ir a una clínica privada, poner su huella y que le calculen el copago de su Isapre, nada impide, nada, que un joven asista a un CESFAM, centro del SENAME o tribunal y que los profesionales del caso puedan conocer toda su historia, no para controlarlo, sino para apoyarlo.

8. PLANIFICAR Y RESOLVER LA DEMANDA DE RRHH CALIFICADOS 

Ninguno de estos buenos deseos se podrá materializar si no se hace una estimación precisa de las necesidades adicionales de recursos humanos bien calificados en todos los subsistemas: psiquiatras, sicólogos, educadoras de párvulo, jueces especializados, asistentes sociales y profesores de arte y de deportes, entre otros. Por ello resulta imprescindible, como se menciona más arriba, modelar el sistema y sus subsistemas para estimar esta demanda.

Este es en realidad el cuello de botella del plan y se debe materializar en planes decenales de formación, con convenios tipo MECESUP con las universidades e institutos acreditados, en carreras acreditadas, de manera de aumentar aceleradamente la formación integral. Como se mencionó anteriormente, tan sólo en educación inicial se requerirá nada menos que 18 mil educadoras y 24 mil técnicos.

Si hay carreras donde amerita la gratuidad total en cualquier quintil de ingreso es precisamente en estas áreas críticas, pero… contra un compromiso de servicio–país en instituciones públicas por una década para quienes resulten beneficiarios.

9. AUMENTO DE LAS ASIGNACIONES MONETARIAS POR NIÑO EN EL QUINTIL MAS POBRE

El Centro de Estudios Públicos analizó recientemente la estructura de subsidios a los hogares del quintil más pobre, encontrando que, por niño, estos reciben $10.600 mensuales, y por adulto, $42.400. Si ambas transferencias se igualaran, la pobreza en ese segmento se reduciría de 18.2% a 10.6%, y la indigencia de 5.8% a 1.8%. Posiblemente no hay subsidio o transferencia alguna que pueda ser más ética y necesaria. Criar niños en ambiente de indigencia o extrema pobreza, en los escenarios que hemos descrito, es una condena virtual para su futuro. Su costo total sería US$890 millones o 0.36% del PIB.

A MANERA DE CIERRE

El problema es retorcido, pero abordable, y conociendo las fortalezas del país en materia de institucionalidad, gobernabilidad, política fiscal, avances previos en Chile Crece Contigo, salud pública y educación, debiera ser posible.

Los requisitos centrales son, en primer lugar, decisión y consenso político. En segundo lugar, recursos financieros, que en varias de estas medidas pueden sumar del orden de un 1% a 1.5% adicional del PIB, especialmente en los subsidios recientemente mencionados, y en los incrementos -obligadamente graduales- en especialistas de todo tipo, así como en  infraestructura en educación inicial, atención primaria y protección a la infancia.  En tercer lugar, un compromiso no negociable para poner a los mejores especialistas técnico-políticos a cargo de las instituciones clave del sistema, dejando atrás la triste historia de cuoteos que tanto daño ha causado.

El cuarto requisito es tal vez el más difícil: asegurar la gobernanza de un programa de esta naturaleza con los grados necesarios de coordinación interinstitucional entre Educación, Justicia, Deportes, Desarrollo Social, Salud Primaria, Salud Hospitalaria, Tribunales, SENDA, JUNJI, INTEGRA, INJUV, Chile Crece Contigo, Municipios, y por supuesto, Hacienda.

La triste experiencia del Consejo Nacional de la Infancia, de título tan pomposo como inefectivo, demuestra que los diferentes Ministros, cada uno con su agenda político partidaria diferente, no le tomarán siquiera la llamada telefónica a una persona que carezca de las atribuciones ejecutivas necesarias.

En general, la creación de Ministerios para todo tipo de problema es más cosmética que eficaz. SERNAM, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología… sin que esto implique necesariamente mejoras concretas en ninguna de estas áreas. Cualquiera sea la fórmula, la persona responsable del principal programa para el futuro de Chile tiene que poseer el peso político y ministerial como para que sus órdenes y prioridades se materialicen en todos los Ministerios y Servicios involucrados. Debe estar sentado o sentada en las reuniones de gabinete y debe tener esta como su única prioridad, no hacerlo como un “hobby colateral”. Crear un “Consejo Interministerial” sería el equivalente a matar este programa… en su infancia.

[1] “Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management”, B. W. Head, J. Alford, Administration & Society, 2015, Vol. 47(6) 711–739.
[2]El parque automotor se septuplicó en 15 años llegando hasta los 7,3 millones de vehículos, de los cuales  4.1 millones son de la RM.
[3]“Estimating the true global burden of mental illness”, D. Vigo, G. Thornicroft, R. Atun, The Lancet Psychiatry, 2016, Vol 3, No. 2, p171–178.
[4]Estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes en Chile. Estado actual. F. de la Barra et al., Revista Médica Clínica Las Condes. Volumen 23, No. 5, 2012, Pp 521-529.
[5]“Financiamiento de la salud mental en Chile: una deuda pendiente”, P. Errázuriz et al., Rev Med Chile 2015; 143: 1179-1186.
[6]Pickett, K., Wilkinson, R. (2009) “The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Strong”, New York, Bloomsbury Press.
[7]https://www.ted.com/talks/richard_wilkinson?language=es
[8]Educación 2020. www.elplande2020.cl
[9]RSAnimate, “Changing Education Paradigms”, Sir Ken Robinson, June 2008 (video).
[10]https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/01/teens-drugs-iceland/513668/
[11] “International Review on Public and Nonprofit Marketing”, Electronic Journal.
[12]http://www.elplande2020.cl
[13]“How Iceland Got Teens to Say No to Drugs”, The Atlantic, Jan 19, 2017.

Crimen organizado: la amenaza al sistema político chileno que se ignora

Los países aislados geográfica y culturalmente, como Chile, tienden a creer que los problemas que enfrentan son únicos y que la experiencia de sus vecinos no tiene nada que enseñarles. Las tres columnas que siguen se enfocarán en analizar los procesos regionales y globales que, contra lo que se cree, tienen implicancias, al menos como contexto, para entender la crisis de sistema político chileno y sus posibles desenlaces.

En esta columna me centraré en la mayor gravitación que parece haber cobrado el crimen organizado en la región, y sus interacciones con los sistemas políticos nacionales. En la siguiente se especulará sobre las limitaciones que poseen los modelos de desarrollo que la izquierda y la derecha proponen para el Chile de los próximos años, en el contexto de la transformación que hoy vive el capitalismo global y de las dinámicas de producción de riqueza en el modelo económico emergente. La última columna propondrá un ejercicio similar, pero centrándose en los déficits de las instituciones de la democracia liberal (así como alguna de las alternativas más populares) para producir gobiernos eficaces y legítimos en el mundo contemporáneo. Tomadas en conjunto, estas tres columnas argumentan que la crisis del sistema político chileno se inscribe en un contexto regional y global. Ese contexto condiciona las características particulares que tiene la crisis en Chile y también limita la viabilidad de las posibles “vías de salida”.

En otras palabras, la crisis chilena no es única, en el sentido que comparte algunas características con crisis políticas que también se observan -en paralelo- en otros países. Pero la crisis chilena se vuelve específica al combinar sus rasgos y características propios -discutidos en las columnas anteriores- con los desafíos y problemáticas que impone el contexto regional y global que pautan la realidad contemporánea.

NUEVO REALISMO MAGICO

Latinoamérica acaba de vivir un período de crecimiento económico inusitado en la historia de la región: el boom de los commodities. Ese boom permitió una fuerte expansión en los servicios educativos, de salud y de infraestructura. Un buen ejemplo es Perú, que llegó a los titulares internacionales gracias a la exitosa reducción de la pobreza lograda durante los últimos años. En un artículo de próxima publicación, en co-autoría con Eduardo Dargent y Andreas Feldmann [1],documentamos como ese Estado, tradicionalmente débil y con poca capacidad de alcance, expandió significativamente su presencia en todas las regiones del país: creció notablemente el número de escuelas y clínicas de salud, la infraestructura vial, la presencia territorial del sistema judicial (fiscalías) y la dotación policial.

A pesar de todo eso, el Estado peruano es hoy, en términos relativos, menos poderoso que antes del boom. ¿Cómo se explica esta paradoja? El boom económico no solo potenció la economía formal, sino también la economía ilegal.

En nuestro artículo documentamos la expansión de la criminalidad en Perú, así como la de los conflictos sociales asociados en muchos casos a actividades extractivas irregulares e ilegales. Entre los mercados en expansión destacan los de la producción de cocaína (por el efecto del Plan Colombia, que desplazó la producción de droga hacia el sur, Perú es hoy en uno de los principales productores), la extorsión (asociada a mercados tan disímiles como las obras de construcción o los colegios privados), la minería ilegal, la tala y el contrabando.

idea-clave-luna-crimenUna historia similar puede contarse de la otra economía latinoamericana que ha mostrado más dinamismo económico en los últimos años: Paraguay. Según datos de la oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas UNODC, Paraguay se ha convertido en el primer productor de marihuana del mundo, y posee fronteras increíblemente permeables con el segundo mercado de consumo del mundo (Brasil), así como con Bolivia y Argentina. Por dichas fronteras no solo pasa droga, sino una variedad de productos. La trata de personas también es frecuentemente denunciada, y tiene a varios países de la región como destino frecuente.

Las estrategias que usan los traficantes y el impacto que tienen en las economía de sus países desafían la creatividad del “realismo mágico”. Un ejemplo es la denominada “culebra”, un convoy de camiones que transita por los pasos fronterizos irregulares en el altiplano Peruano-Boliviano. Las autoridades de ambos países no se atreven a detenerlo por el riesgo de generar reacciones violentas por parte de las poblaciones locales que viven del contrabando. La “culebra” lleva a Perú, entre otros productos, electrodomésticos que, aunque parezca inverosímil, son más baratos en Bolivia aunque ese país no posea puertos propios a los que lleguen esas mercaderías. Una hipótesis probable es que provengan de Paraguay, país con el que Bolivia tiene frontera abierta en la zona del Chaco, y donde gran cantidad de mercadería ingresa sin tributar.

Según declaró un fiscal anti-crimen organizado que entrevisté en 2012 en Asunción, la aduana paraguaya solo tiene capacidad de revisar uno de cada 40 containers que pasan por la frontera. El funcionario judicial también me dijo, aludiendo a la profesionalidad de la aduana paraguaya: “y adivine usted qué container se abre; seguramente, el que trae todo en regla”.

Se estima que desde Perú “la culebra” lleva hacia el Atlántico cocaína, madera y productos de la minería ilegal: parte del oro peruano termina siendo exportado por Uruguay, un país que prácticamente no cuenta con minas de oro y que históricamente posee una significativa exportación del mineral, al tiempo que ha operado como una plaza histórica para el lavado de dinero.

El mismo tipo de vínculos internacionales se observa en el negocio de automóviles que son robados en Argentina y que ingresan a Bolivia por pasos fronterizos legales, como vehículos de turistas. Este negocio, según una acuciosa investigación de Matías Dewey (El orden clandestino, Katz 2015) crece gracias a la exitosa cooperación entre la policía, las bandas de ladrones y la actividad política, tanto en el país en que los autos son robados como en el que son vendidos.

contrabando
Contrabando de cigarrillos detectado por Carabineros

Según registra Dewey, las bandas pagan a la policía importantes sumas para generar “zonas liberadas” para el delito. Pero esos recursos no solo contribuyen al enriquecimiento ilícito de los agentes, sino también son una de las “cajas” fundamentales para el financiamiento de la política local. En otras palabras, casi no hay político local que pueda tener aspiraciones serias si no “arregla” con las policías. Aún si el candidato puede financiarse por otros medios, “estar mal” con la policía puede traducirse en un aumento de la delincuencia y la inseguridad en el distrito o jurisdicción relevante, lo que definitivamente puede también complicar las chances electorales de los candidatos locales.

En otro giro que el realismo mágico envidiaría, Dewey muestra en su investigación que las coimas contribuyen a financiar incluso la compra de útiles de oficina para las comisarías (financiamiento que escasea por parte de fuentes estatales). Con esos materiales se imprimen las denuncias con la que los dueños de los vehículos robados acuden a sus compañías de seguros. Según Dewey, las aseguradoras también parecen cooperar con la policía para mantener su “riesgo” dentro de parámetros que garanticen la rentabilidad del negocio. En este sentido, la policía no solo cede terreno al crimen organizado, sino que contribuye al negocio de las aseguradoras manteniendo los niveles de delito bajo parámetros relativamente controlados (y controlables) y estimulando, al mismo tiempo, la propensión de los dueños de vehículos a asegurarse contra el robo. Así, el sistema parece seguir el llamado del antipoeta chileno Nicanor Parra, “¡Corrupción sustentable, venceremos!”.

Del lado boliviano, los autos que no son desguazados en Argentina -y en otros países limítrofes como Brasil o Perú-, y cruzan la frontera, son popularmente conocidos como “chutos”: autos sin patente.

La masividad de este mercado, sobre todo en el medio rural donde circulan libremente, le ha permitido al gobierno del MAS generar un beneficio tangible para sus “propietarios” vía la legalización y “nacionalización” de los vehículos. En 2011, a través del “Programa de Saneamiento Legal de Vehículos” (una de las varias “regularizaciones” promovidas por el MAS), al menos 130 mil vehículos comenzaron el trámite de nacionalización, aunque solo 80 mil lograron terminarlo. En el intertanto, se calcula que entre 2010 y 2016 cerca de 15 mil nuevos “chutos” ingresaron a territorio boliviano.

Aquellos que no lograron terminar el trámite, así como los nuevos dueños propietarios, conformaron distintas asociaciones y continúan presionando por una solución al gobierno, el que posee un doble incentivo para legalizar: ganar el favor de los “chuteros” y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad del Estado de cobrar patentes.

El otro caso que analiza Matías Dewey en su libro El orden clandestino es el mercado de la vestimenta “trucha” que se produce en talleres ilegales -en muchos casos en condiciones de semi-esclavitud y con trabajadores en condición de inmigración ilegal- que circundan el mega-mercado de La Salada. Este mercado no solo opera, como el de los autos, con protección policial, sino que permite al Estado cobrar impuestos (de forma no oficial), y a las transnacionales cobrar royalties (rebajados) a los talleres que falsifican sus marcas.

Todos los casos mencionados tienen una particularidad que los distancia del violento crimen organizado que caracteriza a México, Venezuela, Colombia y Centroamérica: la cooperación entre la criminalidad organizada y agentes a cargo del Estado (Poder Judicial, políticos locales y, en algunos casos, políticos de nivel nacional).

Los mercados ilegales, aunque no los queramos ver, son parte esencial de la economía y la política de nuestros países, pues pueden generar empleos más rentables que la economía formal y financian el consumo de una fracción significativa de la población”

Dicha cooperación puede asumir distintos formatos: por ejemplo, las policías tienen capacidad de imponer más condiciones al sistema político en Argentina que en Paraguay o Bolivia; en cambio, en Brasil, como se ha hecho evidente recientemente, las bandas criminales han arrebatado a los partidos parte del poder político y han transformado las cárceles en lugares desde donde se influye significativamente en lo que sucede en las principales ciudades del país. Pero estos casos generan, comparativamente, bajos niveles de violencia. En esta menor violencia influye el menor interés de la DEA en reprimir el tráfico de drogas en la región sur de nuestro continente –cooperando con las fuerzas de seguridad locales-, en tanto ese tráfico no tiene usualmente como destino Estados Unidos, sino las rutas que conectan África y Europa.

No obstante, existen casos que muestran lo efímera que puede ser la “tranquilidad social” conseguida a través de la cooperación y convivencia del sistema político-institucional con el crimen organizado. Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, es un terrible ejemplo. Contando históricamente con altos niveles de desarrollo humano, en comparación con otras provincias, Rosario tiene hoy la tasa de homicidios más alta de Argentina y superior a gran parte de las ciudades colombianas y mexicanas.

La violencia escaló en esa zona argentina a partir de 2007, como resultado de la alternancia en el gobierno provincial, luego de un período de largo dominio del peronismo. El gobierno del Frente Amplio, en Rosario, rompió los pactos de protección existentes entre la policía y las organizaciones de crimen organizado. Y lo hizo en un contexto en que el boom económico incrementó la demanda para bandas de micro-tráfico local, así como la llegada masiva de inmigrantes de la región del Chaco a la periferia rosarina. El quiebre de los pactos tradicionales, y la competencia entre bandas que comenzaron a fragmentarse y que pujaban por asentar su control sobre el territorio, incrementó los niveles de violencia de modo exponencial.

El caso de Rosario es similar, en términos de su trayectoria, al de México, tras la alternancia entre el PRI, que gobernó México por 71 años y el PAN que lo reemplazó en 2000. Esos casos ilustran lo rápido que un orden clandestino y relativamente pacífico, asentado en la corrupción, puede mutar a un orden abiertamente violento, en que el Estado, intentando poner bajo control al crimen organizado, termina limitando aún más su capacidad de acción.

Periodos de calma y de baja visibilidad de la criminalidad pueden no ser el resultado de pocos actos delictuales, sino de la existencia de pactos entre el sistema legal y el ilegal. Los gobiernos que tratan de desmontar esos pactos pueden terminar desatando una violencia inusitada.

Por eso es central prevenir la formación de esos pactos.

RIESGOS PARA CHILE

Ahora usted se preguntará por qué puede ser esto relevante para Chile, si este país posee uno de los aparatos estatales comparativamente más fuertes de la región, así como fuerzas del orden y un sistema político muchísimo más probo que el de los países vecinos (sí, a pesar de todo lo que se discute sobre corrupción en Chile, en términos comparativos, la incidencia del fenómeno es relativamente marginal respecto a otros casos).

Se me ocurren tres razones para que lo que pasa en el vencindario llame la atención aquí [2].

Primero, aunque su extensión es sin duda menor, existen múltiples indicios de la existencia de criminalidad organizada en Chile. Solo algunos ejemplos:

  • La presencia de temporeros paraguayos asociada a redes internacionales de trata de personas (en un recordado caso, varios terminaron trabajando en condiciones de semi-esclavitud en el fundo de un ex candidato presidencial [3]).
  • La consolidación de un mercado clandestino de venta de remedios y medicamentos en ferias y persas.
  • La referencia permanente a “zonas liberadas” en poblaciones de Santiago en que la acción de carabineros enfrenta fuertes desafíos (ver reportaje de CIPER Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago de 2009 y El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago que revisitó las zonas anteriores y actualizó los datos para 2012).
  • La presencia de algunas barras de fútbol en redes de intermediación de mercados de bienes ilegales.
  • La existencia de una red –especialmente en el norte— de pasos de frontera ilegales por los que transitan sin control bienes y personas [4].
  • La expansión de mercados de receptación y venta de mercadería falsificada.
  • Un leve pero notorio incremento de casos en que se detecta corrupción policial (usualmente la noticia refiere a la formalización de oficiales) [5].
Laboratorio ilegal de drogas descubierto en Colombia
Laboratorio ilegal de drogas descubierto en Colombia

Segundo, los mercados ilegales son dinámicos y sumamente plásticos. Sus operadores, a diferencia de los estados que intentan controlarlos y regularlos, se mueven rápido, cambiando de territorio o de bien transado. Que hoy no exista una penetración fuerte del crimen organizado en Chile no garantiza, necesariamente, que en el futuro cercano no se generen más oportunidades para la expansión de redes criminales que operan con mucho éxito (y por tanto, generando muchos recursos de poder) en el futuro. La relativa debilidad económica de los estados nacionales para asentar su poder en numerosas localidades de su territoriovis-á-vis el poder que acumulan las redes criminales en las arenas locales en que operan, les brinda la capacidad de desafiar la acción estatal de modo efectivo y relativamente rápido.

Tercero, aún en aquellos casos en que el crimen organizado tiene mayor presencia, los analistas y los técnicos tienden a no considerar sus efectos. Los mercados ilegales, aunque no los queramos ver, son parte esencial de la economía y la política de nuestros países. Entre otras cosas, estos mercados pueden generar empleos más rentables que la economía formal, financian el consumo de una fracción significativa de la población, proveen al estado y a los políticos formas de financiamiento alternativo, y hasta pueden establecer en ciertas localidades servicios de asistencia social más efectivos y legítimos que los de los propios estados nacionales.

En contextos en que el empleo formal se precariza y en que la educación y el trabajo pierden legitimidad (y eventualmente eficacia) como canales de movilidad social ascendente, existen también más oportunidades para la expansión de los mercados ilegales.

Subestimar el rol de la economía ilegal en la realidad social posee implicancias importantes en la formulación de políticas públicas. El debate reciente sobre la regulación del financiamiento de las campañas en Chile es un ejemplo concreto de nuestra miopía respecto a la posible incidencia de este fenómeno en el país. Todo el debate estuvo centrado en el rol de los empresarios como financistas de la política. Pero, ¿es descabellado esperar que en localidades en que operan redes de criminalidad organizada existan vínculos entre políticos locales y bandas criminales?

Esas redes, aunque relativamente débiles e invisibles a nivel nacional, pueden eventualmente ser muy poderosas a nivel local. ¿Qué sucede entonces si profundizamos la descentralización? ¿No correremos riesgo de generar más oportunidades de captura del sistema político y la institucionalidad estatal local por parte de operadores del crimen organizado?

Aunque el crimen organizado no esté en la agenda de Chile, su análisis también permite evaluar la “solucionática” que izquierda y derecha proponen para el problema de la delincuencia.

En términos muy esquemáticos, la izquierda tiende a pensar que la delincuencia es una consecuencia de las condiciones de pobreza en que vive parte significativa de la población. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico aunado a políticas sociales adecuadas debiera atenuar la incidencia de la criminalidad. Sin embargo, recientemente, la criminalidad organizada se ha vuelto más presente en América Latina en el contexto de un fuerte y significativo crecimiento económico y de una expansión sin precedentes de políticas de transferencia condicionada hacia los sectores más pobres. En este plano, la complejidad de las realidades de exclusión y desigualdad, y su efecto sobre varias generaciones de ciudadanos, vuelve mucho menos lineal la solución al problema.

En contextos en que el empleo formal se precariza y en que la educación y el trabajo pierden legitimidad (y eventualmente eficacia) como canales de movilidad social ascendente, existen también más oportunidades para la expansión de los mercados ilegales”

La derecha, por su parte, tiende a enfatizar políticas de “mano dura”. En países como Brasil, esas políticas, implementadas en los años 70, dieron pie al surgimiento en las cárceles de lo que hoy son las más potentes organizaciones criminales, con presencia no solo en Brasil sino en países limítrofes (a modo de ejemplo, un senador paraguayo que entrevisté en 2012, confesó que el financiamiento de su partido provenía masivamente de “sus amigos en el Brasil”).

Esas organizaciones gestadas por las políticas de encarcelamiento masivo durante los años 70, y por la “mezcla” de criminales comunes con presos políticos de la dictadura brasilera que transmitieron ideales revolucionarios a sus compañeros de presidio, dio lugar al surgimiento de “sindicatos criminales” que hoy poseen muchísimo poder en Brasil, dentro y fuera de la cárcel.

Quienes conocen La Legua, en Santiago de Chile, comentan que la intervención policial de la población también habría generado efectos perversos. Si bien Chile no ha vivido el surgimiento de sindicatos criminales como en Brasil, la intervención de La Legua parece haber contribuido a fragmentar las bandas dedicadas al microtráfico y a aumentar la violencia. Lo ha hecho, además, reduciendo dramáticamente la edad de ingreso (entre 8 y 12 años de edad) al consumo y a la actividad criminal [6].

La reciente declaración de Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, sobre la existencia en poblaciones de Chile de un “Estado de Sitio Narco”, que coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas, llamó seguramente la atención de muchos, pues estamos acostumbrados a pensar que ese tipo de cosas no pasan en Chile. Pero sí pasan. Que no las veamos, y que nos parezcan muy lejanas, no es sino otro efecto de la desigualdad social y territorial que estructura nuestra experiencia cotidiana, y lo que percibimos como “la realidad” del país.

Notas:

[1] Eduardo Dargent, Andreas Feldmann, y Juan Pablo Luna. “Greater State Capacity, Lesser Stateness? Commodity Boomsand Net State Capacity”, Politics and Society (en prensa).

[2] Una cuarta razón, no abordada aquí, podría ser la incidencia histórica de Chile en el mercado de la droga. Véase http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR014/Gootenberg_Paul.pdf

[3] También se han reportado casos de trata de trabajadores chinos. http://www.senado.cl/denuncian-que-inmigrantes-chinos-se-encuentran-en-condiciones-inhumanas-en-talcahuano/prontus_senado/2014-08-22/102554.html

[4] Véase por ejemplo: http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20100616/pags/20100616001011.html

http://www.latercera.com/noticia/las-hipotesis-que-se-barajan-sobre-el-asesinato-de-dos-carabineros-en-frontera-con-peru/

http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/04/16/diligencias-ratificarian-que-cazadores-peruanos-asesinaron-a-carabineros-en-la-frontera.shtml

[5] Véase: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/02/820246/Carabineros-detenidos-Fiscalia-revela-como-operaban-y-detalla-romance-narcopolicial.html

[6] http://www.latercera.com/noticia/las-marcas-de-la-legua-a-15-anos-de-la-intervencion/

Los niños huérfanos de la delincuencia

Son las cinco de la madrugada. Varios carros de la PDI salen desde el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal en la Población José María Caro (Lo Espejo). Los detectives llevan órdenes de detención pendientes de diferentes tribunales. Uno de los carros se dirige a la calle Buena Ventura de la Población La Victoria (Pedro Aguirre Cerda). Allí vive Yarella Balladares Gutiérrez (23 años) junto a sus dos hijas, de 1 y 6 años, quien tiene dos órdenes de detención pendientes: una del 4º juzgado del Crimen de San Miguel y otra del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Yarella se despierta con la irrupción de los policías, quienes la instan a vestirse, indicándole que debe acompañarlos a la unidad. Sus dos hijas duermen: no se han enterado de que su madre está a punto de abandonarlas.

-Tengo a mis dos hijas en el cuarto de al lado y no tengo con quien dejarlas, ¿puedo llevarlas conmigo? -le pregunta Yarella a la joven policía que espera a que se vista.

-No, no pueden ir con usted. La orden de detención es contra usted, no contra sus hijas. Vea si las deja con algún familiar -responde secamente la detective.

Desde que su pareja cayó preso en diciembre del 2010, acusado de un robo con intimidación, Yarella vive sola con sus dos pequeñas hijas. Su familia más cercana vive al otro lado de Santiago.

-Puedo llamar a mi madre, pero como vive en el paradero 26 de Vicuña Mackenna se tardará como una hora en llegar -le dice Yarella en tono suplicante a la detective.

De nada valdrá su tono ni sus ojos húmedos y el temblor que se percibe en sus manos. La respuesta es que los policías no pueden esperar tanto tiempo, por lo que debe buscar la forma de dejar a sus hijas con alguna vecina hasta que llegue su madre. Eso es exactamente lo que hace Yarella bajo la atenta mirada de la detective.

La prisa que exhibe la policía al salir de la casa de la detenida se acaba en el mismo momento en que llegan al cuartel policial. Yarella debe ser puesta a disposición de los tribunales, pero transcurren las horas y la espera continúa. Recién a las 11:20 la llevan a los juzgados de Puente Alto. Pero antes deberán hacer un desvío hacia la comisaría de esa comuna, ya que en el camino los policías se percatan de que se les había olvidado el procedimiento de tomarle las huellas a la detenida.

Casi siete horas han pasado desde que Yarella fuera detenida, cuando su madre, que persigue en un taxi a los detectives de la PDI que llevan a su hija, se baja del auto en la comisaría de Puente Alto y comienza a buscarla con visible agitación. Y se entiende: la mujer lleva a su pequeña nieta en brazos ya que ésta sólo se alimenta de pecho y desde que su madre salió del hogar en calidad de detenida, no ha sido amamantada.

Tras un breve diálogo, los policías permiten que Yarella le de pecho a su hija y luego las vuelven a separar. Ahora emprenden rumbo a los tribunales.

Media hora después de llegar a juzgados, el juez deja nula una de las órdenes de detención, pero dictamina que la segunda debe ser ejecutoriada por quebramiento de condena. La decisión del juez significa que Yanella deberá ser encarcelada 41 días.

Durante la audiencia, la pequeña hija de Yarella ha permanecido en absoluta calma en brazos de su abuela. Ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero justo en el momento en que su madre comienza a salir de la sala de audiencias rumbo a la prisión, la pequeña comienza a llorar. Y a gritos.

LOS NIÑOS INVISIBLES

Con la entrada en vigencia en todo el territorio nacional de la Reforma Procesal Penal, el número de personas encarceladas tuvo un fuerte aumento. Un flujo que no ha cesado y que se ve tristemente graficado con el primer puesto de Chile en el ranking de los países con más presos en Sudámerica en proporción a sus habitantes. Otro de los índices que ha ido en alza constante es el aumento de mujeres encarceladas.

Según cifras de 2008 entregadas por Gendarmería, un 68,6% de los hombres y un 89,7% de las mujeres privadas de libertad declaraban tener hijos. De todos ellos, un 40% declaraba tener hijos menores de 18 años, con un promedio de dos hijos por hombre encarcelado y tres hijos para las privadas de libertad de sexo femenino.

De acuerdo con las cifras que expone el libro Estrategia de apoyo integral a niños y niñas de familias con adultos privados de libertad, editado por el Programa Abriendo Camino, a diciembre de 2010 existían 4.577 mujeres y 46.864 hombres privados de libertad en medio cerrado, por lo que se podría estimar que actualmente existen en Chile unos 30.646 menores de edad que son hijos de personas encarceladas.

¿En qué situación quedan estos niños? ¿Existen políticas del Estado que garanticen su protección, como lo estipula la Constitución? CIPER investigó en el área judicial para saber si existe algún grado de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en el arresto de un padre o madre de familia –policías, fiscales, defensoría, jueces y también presos-, para intentar a lo menos disminuir los riesgos en la vulneración de derechos de los niños.

Después de haber sido testigos de la detención de Yarella, madre de dos hijas pequeñas, hablamos con un subprefecto de la PDI para saber si existía algún protocolo de cómo actuar en los casos de detención de adultos que son responsables de niños menores que quedan solos ante el arresto de la persona a su cargo. El subprefecto pidió reserva de su identidad y contó a CIPER que, si bien no existe ningún reglamento interno de cómo actuar en caso de que la persona detenida tenga hijos pequeños, los policías por sentido común facilitan incluso el teléfono personal para que se llame a algún familiar o vecino que se haga cargo de los menores.

Esa actitud, que no está escrita en ningún protocolo interno, dependerá por cierto de las condiciones en que se realiza el arresto. Porque si la diligencia se produce en un clima de tensión, confrontación o incluso con algún asomo de oposición violenta, todo diálogo se anula. Incluso la preocupación por los menores que quedarán abandonados.

-Esa es una de las cosas más difíciles que me toca enfrentar en este trabajo. Sobre todo cuando te toca detener a una mujer que es madre y que debe dejar solos a sus hijos. Hay que separarlos y dejar a los niños con un familiar o vecino o incluso en la comisaría de menores de Carabineros… Son los pequeños los que más sufren. Sin tener ninguna culpa en el delito que han cometido sus padres deben pasar por estas situaciones -afirma el subcomisario.

Este avezado policía recuerda uno de los episodios más duros que le tocó vivir relacionado con la indefensión en que quedan los niños:

-Fue durante unas detenciones que hicimos para un 11 de septiembre. Metimos a varias personas a un carro policial y se dio la orden de salir rápidamente del lugar porque estábamos siendo agredidos. Cuando el carro iba en marcha, mire para atrás y vi a un cabro chico de no más de 5 ó 6 años corriendo por el medio de la calle, en medio de una lluvia de piedras que era arrojada contra el carro policial, llorando y gritando “¡papá!, ¡papá!”. Y nosotros sin posibilidad de detenernos porque éramos muy pocos en el carro y no teníamos apoyo…

Con sus años de experiencia, este subcomisario de la PDI afirma que la preocupación por los niños que quedan solos producto de la delincuencia es una política inexistente y que urge poner en marcha. Afirma que para que sea realmente eficaz, sus directrices deben venir de las jefaturas, a objeto de crear condiciones que permitan mitigar al menos en parte el trauma que provoca en los niños el momento en que se detiene a sus padres y se les separa de ellos.

En el recorrido que hizo CIPER por distintas unidades policiales, pudimos constatar los dichos del subcomisario de la PDI: la humanidad de los policías prima por encima de un protocolo escrito inexistente. Pero también fuimos testigos de otros episodios en donde las ansias de policías novatos por obtener resultados los hizo olvidar la mínima preocupación por los menores involucrados, vulnerando sus derechos más básicos.

LA ABUELA

Ingrid Montoya Orellana (29 años), está nerviosa. Son las 11:27 y espera desde hace más de media hora que llegue su madre a la sala de visitas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago. No se trata de una hija dependiente. Su ansiedad se acrecienta porque lo que de verdad espera es a sus hijos, quienes vienen de la mano de su progenitora a visitarla.

-Normalmente mi madre llega a tiempo, pero cuando se retrasa me dan muchos nervios pensando que tal vez no va a venir… Y es que lo que más se sufre aquí es por no poder estar con los hijos. Cuando se está afuera una no piensa así… Yo vivía como si toda la vida estaría con mis hijos. ¡Pensaba que jamás me podían separar de ellos! –dice Ingrid.

Seis meses han transcurrido desde que Ingrid fuera arrestada tras ser acusada por infracción a la Ley de Drogas junto a su pareja. Aún quedan 20 días para que finalice la investigación solicitada por la fiscalía. Es “primeriza”, una condición que alimenta su confianza de que el juez tendrá en consideración su historia pasada y la dejara en libertad. Así, podría volver a su casa con sus dos hijos menores, ahora a cargo de su madre.

Desde el día del arresto de Ingrid, sus niños R.J.M (14 años) y E.J.M (3 años) están con su abuela, Ingrid Orellana, quien debió hacerse cargo de los nietos a pesar de no tener trabajo fijo y de estar afectada por varios problemas de salud.

-Yo estaba durmiendo cuando como a las cinco de la mañana me suena el teléfono… Cuando atiendo me dicen que están llamando de la Comisaría de Antinarcóticos de la PDI de Maipú y que tengo que ir a buscar a mis nietos porque los padres han sido detenidos por tráfico de drogas… Dijeron que tenía una hora para llegar o los mandaban a un centro del Sename. Imagínese lo que fue para mi, me puse súper nerviosa, me levante rápido y me puse a llamar a mi hija. Tenía el teléfono apagado. Después llame a su pareja y también tenía el teléfono apagado, así que empecé a creer que era verdad. Salí a la calle y me puse a buscar un taxi, y cuando encontré uno, ya no sabía dónde tenía que ir. Fíjese que yo vivo en Conchalí, y lo único que me acordaba era que me habían dicho que me llamaban de Maipú -cuenta Ingrid Orellana.

Ingrid tuvo suerte. Porque a esa hora de la madrugada se encontró con un taxista que decidió ayudarla y se puso a llamar por teléfono hasta obtener la información del lugar donde estaba detenida su hija.

-Cuando llegué, me hicieron pasar a una sala donde estaba mi hija esposada de manos y pies, y al lado, mi nietita…, asustada, ya sin lágrimas de tanto que había llorado. Le pregunté por mi nieto y mi hija me dijo que se lo habían llevado, que no sabía donde estaba… Fui de inmediato a preguntarle al policía de la guardia dónde estaba mi nieto de 14 años. Me respondió de mala manera: “Está entregando la droga”, diciendo además que esperara al oficial a cargo del procedimiento.

Ingrid Orellana debió esperar otra hora más, que le pareció eterna, hasta que vio llegar a su nieto escoltado por dos policías:

-Me contó que lo habían llevado con amenazas, pegándole y tirándole el pelo, mientras le exigían que entregara la droga que supuestamente tenía la pareja de mi hija cundo lo detuvieron… Estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Lo único que decía era: “¡Le dispararon al Félix! ¡Le dispararon al Félix!”.

Ese mismo día R.J.M. debió abandonar su colegio. Y ello porque su abuela se lo tuvo que llevar a vivir con ella muy lejos de la casa en la que vivía con su madre.

-Yo no tenía cómo llevarlo al colegio todos los días. Está muy lejos. Y, además, con qué… Ahora se pasa todo el día dentro de la casa, sin salir, sufre de insomnio, se despierta muchas veces por las noches, asustado. La pequeña retrocedió también ya que había dejado los pañales y ahora le he tenido que poner otra vez. Le cuesta comer y cuando se enoja por algo se pone a gritar llamando a su mamá.

“PATIO ESPERANZA”

El relato de la abuela Ingrid Orellana cambia drásticamente apenas está frente a su hija. No quiere preocuparla. Pero a los pocos minutos queda en evidencia que ninguno de esos problemas es desconocido para la primeriza madre encarcelada. Muy pronto el grupo de prisioneras que la rodea está hablando del único y gran tema de las “primerizas” del “Patio Esperanza” del CPF: los hijos que tienen fuera de las gruesas paredes de la cárcel.

Una cuenta que le avisaron que su hijo de 14 años dejó embarazada a su polola; otra, que su hijo de 15 años dejó embarazada a su hermana de 13 años; y una tercera, que sus hijos mayores (17, 19 y 23 años) se cansaron de ser responsables del hermano menor de 6 años, porque no tienen con quien dejarlo cuando quieren salir de carrete y se lo entregaron a una tía con la que se lleva muy mal. Esta última presa está desesperada. A Ingrid le ha cambiado el rostro.

-Aquí estamos todas igual, yo nunca he tenido depresión en mi vida, pero estar aquí lejos de mis hijos y encerrada, me ha afectado mucho. El otro día le avisé a la gendarme de la enfermería que me sentía mal. Me pregunto por mis síntomas y me dijo que era una depresión, pero que no tenían nada que darme, que tenía que aguantar, no más.

Eso es lo que ha hecho Ingrid. Pero su rutina se ha transformado en otra cárcel:

-Paso la semana pensando sólo en los dos días que tengo de visita para poder ver a mis hijos… Pero a veces no sé qué es mejor, porque cuando se van, la pequeña se pone a llorar… ¡No quiere irse!… Las primeras tres visitas salió llorando con tanta pena que después me comentaron unos gendarmes que mi hija había hecho llorar a todos al verla salir así. Una aquí no sabe qué hacer: si decirle que no venga más o que siga viniendo. En realidad, no sé qué es mejor para ella. Tampoco tengo aquí con quién consultar sobre este problema. El primer mes yo no quise que la trajeran, pero después otra compañera de celda me dijo que estaba siendo egoísta, porque seguro que mi hija quería verme.

Cada vez que vienen sus hijas a visitarla, apenas termina la visita Ingrid estalla en llanto. Y el llanto dura varios días. Ricardo Hidalgo, asistente social de Gendarmería, sabe que el problema de los hijos que están fuera de las rejas es el gran problema de las presas. Y sus respuestas indican que no es Gendarmería la institución que está fallando, sino el sistema judicial y de encarcelación.

– ¿Qué pasa cuando llega una persona con hijos menores para ser internada en una unidad penal?
– Este no es un tema en que Gendarmería pueda hacer nada. Cuando un juez toma la decisión de condenar a la persona, uno entiende que ha ponderado todos los antecedentes. Lo único que hay es un programa de residencias transitorias para niños y niñas con sus madres privadas de libertad y que atiende, en la medida que el juez lo determine, a niños de hasta 2 años. Pero actualmente es hasta un año. Por orden del juez pueden estar dentro del penal en el CPF de Santiago, en la unidad de residencias transitorias, una sección de cunas que atiende a los bebes hasta 1 año. En este instante tenemos 43 niños ingresados en virtud de un convenio entre Gendarmería y el Sename.

Ricardo Hidalgo insiste en que no es la misión de Gendarmería “cuidar los hijos de quien llega a la cárcel en virtud de una orden judicial. No tenemos cómo hacerlo. Lo que se hace en los casos de urgencia es poner a la interna en contacto con quien corresponda. No existe un sistema preventivo que nos permita decir “¿dónde están tus hijos? ¿Hay que ir a buscarlos?”. Lamentablemente, no es el rol de Gendarmería”. Dicho eso, el funcionario toma aire y acota:

-Pero nosotros sabemos que el mayor drama de la gente que ingresa a la cárcel es la destrucción familiar.

CUANDO SE PIERDE LA ESPERANZA

Este asistente social sabe bien a qué se refiere. Porque también conoce lo que se hace con los niños que son ubicados en la unidad de “residencia transitoria”. Allí hay un equipo de profesionales de Gendarmería que los atienden y les proporcionan tratamiento psicológico. Una terapia de intervención orientada a mantener los lazos familiares. Allí también se preparará su salida. Hidalgo tiene claro que este es un problema del que “toda la sociedad debería hacerse cargo”.

– ¿Qué cree usted que falla? ¿Por qué no se ha creado un sistema de protección para los niños que quedan a la deriva cuando sus padres son privados de libertad?
– A titulo personal le puedo decir que se debería tomar la delincuencia como un problema social y actuar preventivamente. Enfrentar la delincuencia pasa por prevención y para ello se debe trabajar con los niños desde temprana edad.
Efectivamente, si se comete un delito, hay que castigarlo. La delincuencia necesita encarcelamiento y mano dura. Es un discurso súper fuerte, pero hay que considerar también por qué se esta produciendo la delincuencia. Y claramente, más allá de las características de personalidad del sujeto, la delincuencia está asociada a factores sociales, a falta de control de interiorización de normas, de proyectos de vida. A crear expectativas sin tener posibilidades de concretarlas. Y entonces, allí pierdes la esperanza; y si pierdes la esperanza, es fácil desviarse.

-¿Existe algún programa de emergencia para las personas que caen presas y tienen hijos menores en la calle?
– No. Al menos de parte del Estado yo no conozco ningún programa que trabaje con los hijos de los imputados. Sería importante tener un programa así y tomar el problema desde el momento en que el juez dice “queda recluida por tanto tiempo” e inmediatamente hubiera la posibilidad de tomar a sus hijos menores y buscarles la mejor opción, primero en la familia directa y por ultimo en algún centro de atención. Y que existiera la posibilidad de que incluso frente a la presencia de problemas familiares generados por la reclusión de algún miembro, hubiera una actuación más amplia de atención a las familias. Eso sería actuar pensando que es el niño el más vulnerado.

41 DIAS QUE MARCARON A UN NIÑO

Un “programa de emergencia” como el que señala Hidalgo es lo que según Vivianne del Rosario Farias Aguilera hubiera salvado a su hijo de caer en la droga. Un adolescente que hoy está al servicio de un grupo de narcotraficantes de la población La Legua, en San Joaquín.

El 23 de noviembre de 2010, Vivianne fue detenida en su domicilio por una orden pendiente luego de ser acusada de hurto en un supermercado. La orden emanó del 8º Juzgado del Crimen de Santiago en 2007 y la condenaba a cumplir una pena de 45 días de reclusión nocturna.

-Fue hace tres años… Yo me había quedado sola con mis dos hijos, uno de 11 años y el otro de 13, y entré a robar comida a un supermercado. Me pillaron los guardias y me llevaron detenida. Quedé citada al tribunal y el día de la citación me presente con mis dos hijos. Al verlos, el juez me dijo que en consideración a ellos me iba a dar reclusión nocturna. Fue muy amable porque hasta me preguntó si tenía con quien dejarlos por las noches. Llamé a mi ex suegra y le pedí que se quedara con ellos. Y comencé a cumplir mi reclusión nocturna. Pero fui sólo dos días, porque al tercer día mi suegra me dijo que no se podía quedar más con los niños. Por miedo a que me volvieran a buscar, al principio pensé en cambiarme de departamento, pero con el paso del tiempo y como nadie vino, pensé que ya no me buscarían…

Vivianne se equivocó. En noviembre de 2010 la sacaron de su casa a las ocho de la mañana:

-Como no tenía con quién dejar a mi hijo A.E.F. (14 años), llamé a una amiga de la comuna de San Joaquín y le pregunté si lo podía recibir en su casa hasta que supiera qué iba a pasar conmigo. Me condenaron a 41 días de prisión. Fue suficiente para perder a mi hijo…

EL 5 de enero de 2011, cuando faltaba sólo un día para que Vivianne saliera en libertad, el menor A.E.F. fue detenido por Carabineros transportando medio kilo de cocaína. Según relató a los propios policías que lo detuvieron, le habían pagado 5 mil pesos por ir a entregar la droga a un tercer implicado en el centro de Santiago.

-¡Imagínese! Yo salgo de prisión y lo primero que hago es llamar a mi amiga desde un teléfono público para preguntarle por mi hijo… Y ella me dice que lo habían detenido la noche anterior con droga. Que aún estaba en una comisaría de Carabineros a la espera de que alguien lo fuera a buscar. ¡Casi me morí! También tuve mucho susto porque pensé que si yo iba a buscarlo, recién saliendo de la cárcel, me podían involucrar a mí con la droga… ¡Quién me iba a creer si estaba saliendo de la cárcel ese mismo día! Por eso le pedí a mi amiga que me hiciera el último favor, que lo fuera ella a buscar diciendo que yo estaba presa. Y se lo entregaron.

Vivianne sólo alcanzó a tener unas pocas horas de felicidad tras recuperar la libertad y a su hijo:

-Ya no he podido hacer nada con mi hijo… No ha querido ni he podido obligarlo a venirse a vivir conmigo. No quiere estudiar. Me dice que le pagan por estar de soplón de unos narcos de La Legua y que como es menor, a él no le pasará nada si lo detienen los ratis. Anda con ropa nueva que yo no podría comprarle, porque cuando salí encontré un trabajo en una zapatería pero solo me pagan 4.500 pesos por día: justo para el arriendo de una pieza y la comida… Mi otro hijo también se me fue, pero de ése no sé dónde está ni cómo buscarlo.

EXPUESTOS A MULTIPLES ABUSOS

Lo que ocurrió con los hijos de Vivianne y de tantas otras presas no es noticia. Tampoco un problema que tenga espacio en una política pública, a pesar de todas las señales de alerta que inundan el sistema judicial y carcelario del país. Alertas que conoce bien Edith Martino, quién lleva mas de 10 años trabajando con hijos de reclusos en la Fundación Paternitas.

“Todos los niños que llegan a nuestros hogares lo hacen en virtud de una orden judicial de vulneración de sus derechos. Lo que indica que el niño que nos llega a la residencia no sólo trae la carga de haber sido separado de su padre o de su madre -lo que ya lo traumatizó-, sino que trae consigo otros graves daños”, dice Martino.

– ¿A qué situaciones o graves problemas se refiere?
– Para que se haga una idea, el 90 % de los niños que nos llegan fueron abusados sexualmente. Y digo esto con una tremenda crítica a los proyectos ambulatorios que existen. ¡Qué se saca con tener las OPD (Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles ), los DAM (Programa de Diagnostico Ambulatorio) los PRM (Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil) , si ahí no se detectó ni se dio la voz de alarma sobre lo que les pasaba! Esos proyectos están para eso, para prevenir antes de que el niño pase por todo eso. Desgraciadamente, llegan a las residencias abusados, abandonados, entonces uno tiene que hacer el trabajo de nuevo. ¡Cómo puede ser que para empezar el tratamiento reparatorio de un niño abusado sexualmente o violado, el trámite se demore más de un año! ¿No es eso violentar nuevamente al niño? ¿No es violarle sus derechos en lo más íntimo?

-¿Por qué ocurre esa demora casi criminal?
– Porque los proyectos no dan abasto. Es imposible que para esta comuna donde se encuentra nuestro centro (Puente Alto) haya solo un centro de reparación de maltrato y abuso. Y que además este centro -“Santa Maria Goretti”- no sólo se encargue de los niños abusados de esta comuna, sino que también tenga a su cargo San José de Maipo y Pirque, con solo 75 cupos. Piense que estamos hablando de una gran densidad de población. Y somos un reducido número de profesionales, en su mayoría recién egresados, con poca experiencia. Cuando nos llega un niño, éste tarda en darnos su confianza, y cuando descubrimos que fue abusado, uno tiene que inmediatamente dar aviso. Y es ahí donde empieza el tiempo de espera por la vacante. ¡Hoy tenemos lista de espera de hasta 18 meses! Y cuando ya ha pasado más de un año y se empieza el tratamiento, se le hace revivir al niño todo el trauma.

– ¿Cuentan con profesionales idóneos para ese tipo de tratamiento, difícil y de gran urgencia?
– Aparte del desfase en que se inicia el tratamiento, la atención de reparación queda a cargo de los profesionales que tiene el Centro Santa Maria Goretti, que son muy jóvenes. Y para este tipo de reparación se necesita experiencia. Para que un niño llegue a contarnos que fue abusado, se necesita mucha confianza, mucho trato anterior. Una de las cosas que sabemos es que para tratar con este tipo de niños el equipo debe ser ante todo muy humano y afiatado, donde todos -hasta el gato- estén en la misma línea. Aquí la mentira está castigada, empezando por nosotros: tampoco podemos mentir.

– ¿Por qué hace hincapié en la mentira?
– Por la violencia que representa cada una de las mentiras que estos niños han vivido. Además de la violencia que han visto en sus casas, la que nos entregan los medios de comunicación, la violencia que está viviendo el país. Ellos vienen de ambientes tremendamente violentos. Ahora, uno trabaja con las consecuencias, las causas están más atrás, el problema comienza con la detención del padre o la madre, no uno o dos años después, cuando el niño ya está con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos.

– ¿Por qué cree usted que no se construye ese sistema de protección y reparación si su carencia es tan evidente en sus efectos nefastos?
– Nosotros hemos estado en varios seminarios exponiendo esta problemática. Hemos estado hablando y exponiendo los problemas en el Ministerio del Interior, con la Primera Dama, y no solo en este gobierno, antes también, pero hasta ahora no se nos escucha. A nadie le interesan realmente los derechos de estos niños, Chile firmó el Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, pero eso es una gran mentira. ¿Se imagina cómo sería de diferente si cuando un hombre o mujer caen presos nos preocupáramos de saber cuántos hijos menores tienen y empezar desde ahí el trabajo?

Si se hiciera lo que tanto preocupa a Edith Martino, como a otros de los profesionales y protagonistas de este problema entrevistados por CIPER durante esta investigación, se evitarían casos como el de los mellizos V.S. (7 años) quienes ingresaron a Paternitas derivados del Juzgado de Familia de Puente Alto. Los hermanos permanecieron casi dos años al cuidado de su abuela después que su madre y padre fueran encarcelados por infracción a la Ley de Drogas, robo e infracción a la Ley de Armas.

Los mellizos tenían asistencia regular al colegio y mantenían un buen rendimiento escolar, además de presentarse aseados y observar buen comportamiento, según relato a CIPER una de sus profesoras del Colegio San Mateo. Lo único que llamaba la atención era que casi no se juntaban con sus compañeros, al punto que cuando se acercaban mucho a otros niños se ponían muy nerviosos.

Hasta que un día sus profesores fueron alertados por vecinos que los dos hermanos estaban siendo usados por su abuela para la venta y tráfico de drogas.

De inmediato se hizo la denuncia y en la investigación que se llevó a cabo descubrieron que los mellizos de 7 años vivían en un submundo de violencia y riesgo social. Los dejaban solos en la casa, expuestos a múltiples situaciones de riesgo, como consumo de drogas y agresión sexual. Incluso les hacían dormir en una misma cama donde ocultaban bolsas de drogas. Los niños tenían la orden de que, en caso de que irrumpiera la policía, no debían moverse de la cama para evitar que descubrieran la droga.

Estos son los pistoleros de los narcos que siembran el terror en La Legua

Sólo ocho años de vida tiene el colegio Manuel Vicuña en la Legua de Emergencia. Una historia corta pero intensa que lo ha convertido en un oasis para los niños que ahí estudian, en medio de una de las poblaciones más violentas de Santiago. Sus más de tres mil habitantes viven prisioneros del terror que desatan las guerras entre bandas que trafican droga y cuyas armas pasan de mano en mano. CIPER recorrió sus cinco cuadras y 11 pasajes más peligrosos y publicó en enero una radiografía a fondo, cuyo título “La dictadura de los narcos que se adueñaron de La Legua”acapara hoy la atención tras la denuncia del párroco de esa población, el sacerdote francés Gerard Ouisse, por las balaceras en esa superficie explosiva que ha tenido en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

De esa violencia sabe cada día la directora del colegio Manuel Vicuña, Eloisa Espinosa. Pero nunca había visto los niveles a que llegó el pasado 15 de marzo y que la hizo por primera vez pedir resguardo policial para proteger la vida de sus 324 alumnos. Hoy, desde su colegio atrincherado, reflexiona sobre el difícil momento de inflexión que vive La Legua.

Eloisa Espinoza recuerda con orgullo que, cuando la fundación Belén Educa decidió abrir el colegio en esa población, se les planteó un enorme desafío. El balance le indica que más de cinco generaciones han egresado de 4º medio, muchos de ellos siguiendo estudios superiores. En el 2009, por ejemplo, el 100% de los alumnos del último año egresaron, de los cuales el 73 % siguió estudios superiores y el 23% se encuentra trabajando.

Nada de eso era siquiera imaginable hace ocho años, en los inicios del colegio, cuando el sueño que se repetía en boca de los alumnos era ser futbolista.

-Cuando uno les replicaba que había que pensar en algo más porque podían no ser buenos para la pelota, algunos respondían: “¿Para qué estudiar?, si aquí en la población hay gente que gana mucho dinero sin estudios y sin trabajar”. Y era evidente que se referían a la vida de los narcotraficantes –dice la docente.

EL ASALTO DE LAS BANDAS

Con satisfacción la directora del colegio exhibe el progreso demostrado por sus alumnos en las pruebas SIMNCE de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, con puntajes por encima de los 200 puntos en 2010.

-Los primeros años no fue fácil crear el hábito en las familias de que sus niños tenían que asistir a clases. Hoy, por el contrario, los padres nos dicen que sienten que el colegio es el lugar mas seguro de La Legua. Son ellos el principal incentivo para la asistencia a clases que alcanza al 93 % -cuenta Eloisa Espinoza.

Todo ello tuvo un corte el pasado martes 15 de marzo. En los ocho años al frente del colegio, su directora nunca había vivido una situación tan extrema. Al punto de tomar la decisión de salir y llegar hasta la 50ª Comisaría de Carabineros para pedir con urgencia que enviaran policías a la puerta del establecimiento, con el fin de resguardar la salida de los niños.

-Eran cerca de las 15:15 cuando empezó una balacera entre pandillas del sector. Se disparaban desde los techos de las casas en un fuego cruzado de lado a lado de la calle y de un pasaje a otro. Las balas iban y venían desde el pasaje Zárate Sur a Sánchez Calchero Sur. Algunos proyectiles llegaron hasta la puerta del colegio. Llamamos a Carabineros al teléfono del cuadrante. Al principio nadie respondía, y cuando respondieron y dijeron que vendrían, llegaron una hora más tarde de la primera llamada. Por esa razón tomamos la decisión de autorizar la salida de los niños del colegio 45 minutos más tarde de lo habitual –relata la directora.

Al día siguiente, convocó a una reunión de padres. Llegaron trescientos apoderados. El tema central fue impartir instrucciones para enseñarles a niños y adultos qué hacer para evitar ser herido con las balas perdidas en esta guerra de bandas que ha recrudecido. Se adoptó una decisión de emergencia: en caso de balacera, el colegio cerrará las puertas resguardando la integridad de sus alumnos. En cuanto a los padres, éstos permanecerán en sus casas hasta ser avisados por el colegio de que pueden ir a buscar a sus hijos. Un llamado que sólo se hará efectivo una vez que la policía haya controlado la situación.

Dada la respuesta tardía que obtuvieron de Carabineros en el tiroteo del 15 de marzo, decidieron dar un nuevo paso. Y ello, porque tanto la directora del colegio como los vecinos de La Legua de Emergencia, saben que la policía no llega hasta la población. Se sienten absolutamente desprotegidos. Por eso, Eloisa Espinoza se presentó en la 50ª Comisaría de San Joaquín llevando una carta en la que solicitaron “resguardo policial a la entrada y salida del colegio y que la policía no se retire del lugar cuando comienzan las balaceras”. Junto a la carta, llevaba una de las balas que terminaron en la puerta del colegio el pasado martes 15.

La respuesta del mayor de Carabineros, Gonzalo Cortés Zapata, no la sorprendió. El oficial le informó que desde que se puso término a la intervención policial en La Legua, esa Comisaría no tiene recursos para mantener personal de control permanente en el sector. Le dijo también que antes contaban con dos furgones blindados para esa tarea y que ahora sólo tienen uno. Y que sin vehículo blindado no puede patrullar las calles de La Legua de Emergencia al momento de las balaceras.

-Ojala se tomen en serio la carta de la directora y de verdad decidan protegernos. Porque los carabineros parece que les tienen miedo a los delincuentes. Siempre que hay balacera, si están cerca se retiran. Y si no lo están y uno los llama, se tardan horas en llegar hasta que la balacera terminó –señala M.R. (42 años), apoderada del colegio.

CIPER lo constató en terreno dos días después del incendio de la Cárcel de San Miguel, cuando en La Legua de Emergencia se realizó el funeral de Israel Díaz Martínez (21), vecino de la población y quien murió en ese incendio. Al momento de sacar en andas el cajón a la calle, varios de los asistentes sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente al aire. Un furgón blindado de Carabineros (GOPE) que se encontraba a sólo dos cuadras del lugar, se retiró rápidamente.

Cuando el fiscal Alejandro Peña afirmó que esperaba que pronto “se restableciera el imperio del derecho en La Legua”, no lanzó un exabrupto. Las calles de esa población y sus habitantes son testigos de aquello. Desde enero del 2009 hasta lo que va corrido de 2011, en La Legua de Emergencia han muerto 15 personas víctimas de “balas locas” y ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Sólo en estos últimos dos meses ya van tres muertos y, al menos, tres personas heridas por balas perdidas. Entre ellas, una niña de sólo 9 años.

Manuel Pereda Gálvez, de 62 años, es una de las últimas víctimas inocentes de los pistoleros que siguen recorriendo armados y en total impunidad las calles de La Legua de Emergencia. El simple deseo de fumarse un cigarrillo en la puerta de su casa casi terminó con su vida.

-El sábado 19 de marzo yo había llegado como de costumbre a mi casa alrededor de las siete de la tarde de mi trabajo. Me duche, cené y salí a fumarme mi cigarrito a la puerta para no molestar a mi hermana que está delicada de salud. Prendí el cigarro y al momento que me lo estaba llevando a la boca sentí un fuerte golpe en la mandíbula que me tiró al suelo. No perdí el conocimiento, pero tampoco sabía qué me pasaba. Intenté levantarme y me di cuenta que estaba perdiendo sangre. Volví a caer al suelo. Sólo en ese momento escuché a lo lejos unos disparos. Ahí me di cuenta que me había llegado una bala perdida. Mi hermana salió y me vio con mucha sangre. Fue ella quien empezó a llamar a los carabineros que se tardaron más de una hora en llegar. Yo ya había perdido mucha sangre. Me subieron al furgón y me trajeron al hospital Barros Luco. Dios me dio otra oportunidad –relató Manuel a CIPER.

Con sus 62 años, Manuel Pereda es como la mayoría de la gente que vive en la Legua de Emergencia y que carga con el estigma social de vivir allí: un hombre de trabajo. De lunes a viernes se desempeña como jardinero para una empresa que presta servicios a la Municipalidad de San Joaquín. Y para completar el mes, los fines de semana repara bicicletas y hace “pitutos” como electricista.

-Vivo con mi hermana, que está muy enferma y necesita 35 mil pesos al mes para sus remedios. Así que yo no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Pero jamás pensé que me podía pasar esto… Toda mi vida ha sido de esfuerzo y trabajo –dice Manuel.

Desde su cama de hospital, lo que más le inquieta hoy a Manuel es haber dejado sola a su hermana. No poder ayudarla lo angustia más que el resultado de la cirugía a la que debe someterse. El médico le ha dicho que tienen que reemplazar la parte izquierda de su maxilar ya que le quedó destrozado. La bala que entró por el costado de su boca, salió por la parte de atrás de su cabeza debido a que su hueso maxilar la desvió.

-¿Sabe quién o quiénes son los autores de esos disparos que dieron en su maxilar?
-No lo sé, pero nadie ha venido a pedirme disculpas y tampoco a mi hermana por tenerme aquí en la cama de un hospital sin haber tenido en mis 62 años ni siquiera un parte policial. Pero me han mandado ofrecer dinero de parte de unos cabros de la población. Les respondí que no aceptaba ni un peso de ellos.

-¿Quiénes circulan armados y disparan en La Legua de Emergencia?
-La mayoría de las balaceras se dan cuando se enfrentan dos bandas rivales o cuando hay un ajuste de cuentas de una banda con algún narcotraficante.

La afirmación de Manuel Pereda está ratificada por los hechos. El 25 de febrero un conocido pistolero y narcotraficante de La Legua de Emergencia -Heriberto Torres Arancibia (36), conocido como “El Chico Heri”-, con prontuario por tráfico de drogas, infracción a la Ley de Armas e incluso un homicidio frustrado, conducía su auto station wagon cuando en la intersección de Jorge Canning con Francisco de Zárate se cruzó con un menor de una banda rival, a quien había amenazado de muerte al igual que a toda su familia.

El menor sacó rápidamente una pistola que portaba y disparó 12 balas contra “El Chico Heri”. Una de ellas lo mató.

-Nadie se podía imaginar que pasaría esto, porque “El Chico Heri” es de los que la llevan aquí. Venía en su auto con la música alta, paró en la esquina, bajó la música y empezó a echarle la aniñá al otro, amenazándolo de que iba a matarlo a él y a toda su familia. El cabro chico no lo dudó: sacó un arma y se la descargó toda pa’ dentro del auto. Esa misma noche quedó la escoba. Fueron a la casa del cabro chico que lo mató ¡y le saquearon la casa! Por suerte no estaba ni el cabro chico ni su familia, porque conocen la ley que funciona aquí. Pero entraron, se llevaron todo y quemaron las cosas. Incluso mataron al perrito de la casa de dos balazos –relata un testigo y vecino de “El Chico Heri” a CIPER.

Dos días más tarde, el menor que cometió el asesinato se entregó a la policía. Hoy está recluido en un centro del SENAME, pero las balaceras lejos de haber terminado se han acentuado. Y la razón es parte de la ley que rige en La Legua de Emergencia: cuando muere uno de los “respetados” se inicia la disputa por quién ocupará su lugar.

ESTOS SON LOS PISTOLEROS

Varios son los pistoleros –los llamados “soldados” de los narcos- que hoy siembran el terror en las calles de La Legua de Emergencia “con gran poder de armas y a pleno día”, según han relatado a CIPER los vecinos de la población.

La nómina sólo consigna a los mayores de edad, ya que CIPER pudo comprobar que varios pistoleros son menores. Es el caso de R.R.V. (17 años), que baleó este sábado 26 de marzo a otro joven, quien permanece en su casa recuperándose del tiro que le atravesó la pierna derecha a la altura del muslo.

CIPER constató en terreno los nombres de los “soldados” más peligrosos:

No extraña entonces que el sacerdote Gerard Ouisse interpelara al ministro del Interior en una carta pública, diciendo: “En los últimos 15 días han muerto tres personas más y han sido heridas otras tantas. ¿Cuántas personas más considera que sería necesario que murieran para que ello provocara la reacción de las autoridades competentes?”. La carta finaliza: “Son las fuerzas de orden y no el narcotráfico el que tiene, según la ley, el monopolio del uso de las armas. Nos preguntamos, ¿de dónde provienen las armas y municiones?”.(Vea la carta del sacerdote Gerard Ouisse al Ministro del Interior)

La primera respuesta de la autoridad fue poner vigilancia policial a la Parroquia San Cayetano (Vea la entrevista al párroco).

Párroco de La Legua: “La batalla contra la droga ya la perdimos”

El sacerdote francés Gerard Ouisse, lleva 8 años trabajando sin tregua en La Legua Emergencia. Años intensos en los que se ha ganado no sólo el cariño de sus feligreses, sino que también el respeto de delincuentes y narcotraficantes del sector.

Cercano a las siete décadas, su coraje y entusiasmo se mantienen intactos. Y no es fácil. Porque en la guerra que libran las bandas de delincuentes en las calles y pasajes de la población, ser sacerdote no lo exime como blanco.

-En la capilla que tenemos en La Legua Emergencia yo contaba los impactos de balas. Hace dos años dejé de contarlos. Y llevaba 200 tiros. Las balaceras son una locura, ya que se dispara hasta con silenciador y con un alto poder de fuego. Dejan unos hoyos tremendos en las paredes –cuenta Gerard Ouisse.

A pesar de la gran labor social que realiza, este sacerdote reconoce que la batalla contra los narcotraficantes que controlan la población, no ha tenido el resultado que esperaba.

-La batalla contra la droga ya la perdimos. Ahora estoy viendo qué puedo hacer para que se controle el armamento que se maneja aquí. Con esas armas quienes se llevan la peor parte son la gente inocente y buena que vive aquí –dice sin rodeos.

Para Ouisse, las operaciones de los últimos meses de policías y fiscales han sido positivas, pero es claro en señalar que son “insuficientes”, que no terminan con el problema central de la violencia que viven a diario los vecinos. Y ello porque él sabe como pocos los nuevos problemas que éstas crean.

-Por ejemplo, la operación del cortejo fúnebre fue un éxito. Pero yo no puedo dejar de mirar que esas detenciones dejaron muchos hogares sin cabeza. Al día siguiente había varios niños solos. La mayoría ya tenía a su padre preso y ahora se llevaban a su madre. Y qué pasa: los jóvenes que se quedan solos ocupan el rol que dejaron sus progenitores. Forman pandillas y comienzan las batallas territoriales por quién se queda con el control del negocio.

El sacerdote tiene claro lo que se necesita: “Una intervención que no solo contemple llevarse gente presa, sino que sobre todo, traiga a la población una educación de calidad. Los niños aquí están marcados por la violencia. Se necesitan profesionales especializados, no cualquier tipo de profesor”.

-¿Y qué herramientas tiene usted para combatir la atracción que ejercen sobre los jóvenes las bandas de narcotraficantes con todo su dinero y la fuerza que dan las armas?
Soy el “pastor” de todos los que viven en la Legua. También de los narcos a los que les digo en la calle “dejen de vender la droga”. Porque nuestro combate es competir contra los narcos en el reclutamiento de jóvenes. Ellos les ofrecen dinero, armas y droga; y nosotros talleres, centros de rehabilitación, arte, teatro, baile, deporte. Atraerlos con actividades que los saquen de la violencia. La Legua Emergencia está totalmente controlada por un grupo pequeño de narcotraficantes que ha sabido comprarse poco a poco a familias aprovechándose de las condiciones de pobreza de los que no están metidos en el mundo de las drogas.

-¿Cómo funciona ese mercado de reclutamiento familiar de los narcos?
Con familias enteras que no son traficantes pero “trabajan” para ellos. Como el narcotraficante no cocina, no lava ropa, no plancha, contrata a gente de la población para que le haga esos trabajos. Por ahí se empieza. El mismo alcalde contó que pobladores que fueron a la municipalidad a pedirle ayuda para comprar una lavadora e iniciar un trabajo independiente, resultó que el trabajo era lavar la ropa de los narcos. Otros les guardan dinero, droga y reciben su paga. Ayer mismo me encontré con una señora a la que le pregunté cómo le iba en el nuevo trabajo que se había conseguido fuera de la población. Me respondió que dejó el trabajo porque lo que ganaba en un mes afuera, aquí en la población lo ganaba en un día.

El párroco de La Legua conoce cientos de historias similares:

-Hay un señor de la parroquia que necesita operarse con urgencia de la pierna. Le dieron el número 180 en la lista de espera. Para esa operación le dijeron que están operando a una persona al mes. Así, tendrá que esperar 180 meses. Cuando este señor contó aquí su caso, a los pocos días le empezaron a llegar otras propuestas de “trabajos” para que pueda obtener dinero y operarse en el sistema privado.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Gerard Ouisse está inquieto. No se permite tregua en la búsqueda de caminos y soluciones para los habitantes de La Legua Emergencia. Cuenta que unos expertos colombianos que tienen programas de prevención para zonas de riesgo similares en Colombia, después de pasar 12 días viviendo en La Legua Emergencia, llegaron a una conclusión:

-Su diagnóstico fue que aún se está a tiempo de parar la violencia, que se está en un buen momento, porque hay desarticulación; pero que de no aprovecharlo, el problema puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia.

-¿Alguna vez fue usted amenazado?
Sí, hace 3 años, cuando la cosa estaba muy mal y habían matado varias personas. Yo organicé con gente de la parroquia unas manifestaciones por las calles con pancartas que decían: “Tenemos derecho a la paz”, “Dejen de matar”, “Respeten la vida”. A los pocos días detuvieron a “Los cara pelota” y hubo gente que empezó a decir que yo había hecho la denuncia. Esa misma noche vinieron a la parroquia y dispararon. Me pusieron guardia policial, pero al final otro narco dio el anuncio: si me tocaban, iba a tomar venganza. Ahí se acabaron las amenazas.

-Pero al igual que muchos vecinos, el miedo lo conoce a diario. ¿Es así?
A mí me respetan, pero igual debo confesarte que muchas veces he sentido mucho miedo. El año pasado, cerca de la 1 de la mañana, me golpean la puerta a los gritos. Una señora me pedía que fuera a su casa porque habían matado a un joven. Fui y cuando entré a la casa me encontré con el pololo de su hija muerto. Era el tercer asesinato del menor que lo mató y que dejó a otro joven con dos tiros en la pierna. Todos lloraban. Rezamos para que se tranquilizaran un poco y después llamaron a los carabineros.

Otra vez, estaba preparándome para la misa y llega un señor grande vestido con una manta de huaso. Me dice que quiere entregarme algo. Lo llevo a mi oficina. El señor se levanta la manta y debajo tenía al menos 10 armas. Las puso sobre la mesa y me dice: “Vengo a entregarle estas armas para no arrepentirme después. Me contrataron para matar a una persona, pero no lo quiero hacer. Prefiero entregarle a usted las armas”. Las dejó y se fue. Nunca más lo vi.

-Usted organizó las llamadas “Marchas por la Paz” aquí en la población. ¿Cómo reaccionan los delincuentes?
La primera Marcha por la Paz fue en 2006. No pudimos terminarla. Apenas habíamos empezado y vinieron a amenazarnos. Incluso dispararon balas al aire. No podía arriesgar la vida de las personas que me acompañaban. Era época de balaceras. La segunda vez ya pudimos caminar por gran parte de la población y las siguientes hemos recorrido todo el sector. Desde entonces, siempre que muere un inocente por una bala perdida hacemos una marcha por la paz. Y con megáfono vamos gritando “¡no más balas!”, “¡no más balas!”. Hasta hicimos campañas por las ferias cambiándoles a los niños libros por armas. Otra iniciativa a favor de la paz es que todos los actos litúrgicos los hacemos en las calles. Desde las procesiones, hasta las misas solemnes.

-Usted ha seguido en su combate al narcotráfico, ¿y los delincuentes qué hacen?
Yo no me meto con ellos y ellos me respetan. Cuando hay disparos donde pueden morir inocentes, yo cojo mi megáfono, salgo a la calle y les grito: ¡respeten la vida, dejen las armas! Y hasta el momento nunca me han disparado. Pero con otras personas no es lo mismo…

-¿A qué se refiere?
-Mire, le cuento, hace un tiempo vino a visitarme el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Cerda. Me dijo que quería ayudar en esta lucha contra los narcos y quería comenzar a visitar La Legua. Yo le dije que lo iban a matar. No me creyó. Pero a los pocos días tres señoras de mi confianza, que estuvieron sondeando, me confirmaron que si él se metía en esta población, lo matarían. Hasta ahí pudo llegar con su intención.

-¿Es imposible entonces iniciar una ayuda desde afuera de La Legua Emergencia?
-No, pero no puede ser un acto individual. Sobre todo después de las últimas detenciones. Mire, la gente está muy desconfiada. Si no conocen a la persona que llega… Porque aquí es muy peligroso moverse. Todos saben que te pueden matar o darte una buena paliza como advertencia.

-¿Qué hacen los vecinos cuando la violencia de los narcos irrumpe y se toma las calles y pasajes?
Vivimos rodeados de violencia, pero alrededor veo personas que son verdaderos héroes. Ayer mismo vino una señora con su hija pequeña muy enferma a pedirme si la podía acercar al hospital de urgencia. Cuando estábamos en el hospital, me dice que lleva dos días sin comer. Y le estaban ofreciendo entrar en el negocio. Pero ella se resiste. ¿Hasta cuándo? Le dije que venga a la parroquia, al comedor, y muchos así lo hacen. Y resisten hasta que les surge un problema mayor, una enfermedad y ni siquiera tienen dinero para comprar un medicamento…

-Se lo escucha angustiado, padre.
Es que esta es una lucha muy desigual. Hay verdaderos héroes aquí dentro: familias que pasan mil penurias pero que no se meten en este negocio de la droga. Y sin embargo, cuando salen de aquí, cargan con todo el “estigma” de ser de La Legua.