Corte Suprema zanjó polémica disputa por derechos de agua en Petorca

Tras una larga batalla judicial, el 3 de mayo pasado la Corte Suprema mantuvo a firme la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de revocar una serie de derechos de agua entregados en carácter de provisorios a un puñado de empresarios con negocios agrícolas en Petorca, una de las provincias que enfrenta una situación crítica de escasez de agua en Chile.

La resolución N° 1.703 de la DGA data del 13 de junio  de 2014 y en ella se dejaron sin efecto diversos derechos provisionales de agua otorgados por ese organismo sobre acuíferos de los ríos La Ligua y Petorca. El motivo: esos derechos de agua, entregados de manera provisoria, estaban afectando a los tenedores de derechos definitivos otorgados con antelación, entre ellos, pequeños agricultores de la zona.

Entre esos derechos provisorios se encontraban 104,3 litros por segundo de agua entregados entre 2004 y 2007  a la sociedad Agrícola Cóndor, propiedad del ex ministro del Interior bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Otra de las empresas cuyos títulos de agua quedaron comprometidos por la decisión de la DGA fue Agrícola los Graneros, propiedad del cuñado del ex ministro, Osvaldo Junemann.

Ambas empresas habían sido sancionadas con antelación por la DGA (y también por la justicia) por infracciones al Código de Aguas.

Tras la resolución de la DGA, Agrícola La Loica –continuadora de Agrícola Cóndor–, y Agrícola Los Graneros interpusieron sendos recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a su favor. Ambas sociedades fueron representadas en tribunales por el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó como director de la Dirección General de Aguas (ver reportaje de CIPER).

Las causas se elevaron a la Corte Suprema luego de que la DGA presentara dos recursos de casación en el fondo buscando desestimar la sentencia anterior. El 3 de mayo, el máximo tribunal falló a favor de la DGA por lo que su decisión de revocar los derechos de agua entregados a las empresas de Edmundo Pérez Yoma y de Osvaldo Junemann se mantuvo a firme.

De acuerdo al fallo, la Dirección General de Aguas “obró en el marco de las facultades que la ley expresamente le acuerda y habiendo comprobado en forma previa, mediante Informes Técnicos que constituyen suficiente e idónea fundamentación especializada, la concurrencia del presupuesto de hecho que contempla el artículo 66 del Código de Aguas consistente en que la mantención de los derechos provisionales sí ocasiona perjuicios en los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad” (ver sentencia de reemplazo).

El dictamen fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Arturo Prado. Prado fue el único ministro de la sala que votó en contra de la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

A continuación, les dejamos el reportaje de investigación publicado por CIPER el 19 de marzo de 2014 (“DGA revoca derechos de agua a ex ministro Pérez Yoma y otros empresarios en Petorca”), a pocos días de que la DGA anunciara la decisión de anular los derechos de agua provisionales entregados en Petorca.

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En Petorca el agua está cerca de acabarse. Encarna el rostro más dramático de la soterrada crisis hídrica que vive el país. A pocas horas del cambio de mando, la Dirección de Aguas dejó sin efecto los derechos provisorios de connotados empresarios y políticos ligados a la DC por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos. Son los mismos que han sido acusados de usurpación de agua y que han enfrentado a la justicia por distintas infracciones. Éste es sólo un nuevo capítulo de una larga disputa que no es únicamente atribuible a la falta de lluvias.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.
Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).
Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.
El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

Ex ministro Edmundo Pérez  Yoma.
Ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

sequia_3Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver recuadro) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

EMBALSE RECOLETA005.JPGLa DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

Francisco Echeverría, ex director de la DGA:“El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión”

echeverria-¿En qué se basa la decisión de revocar los derechos provisorios?
Hicimos una serie de estudios con bastante profundidad en el sector. Estos arrojan que en todos los escenarios los derechos provisionales están afectando seriamente el ejercicio de los derechos definitivos previamente constituidos en los acuíferos.

-¿Qué impacto tendrá esta medida?

Lo que busca es que los derechos definitivos, aquellos otorgados con antelación a la resolución de zona de restricción, puedan volver a ejercerse. Y también busca la sustentabilidad del acuífero. Si bien el sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona no lo podemos revertir con esta medida en un 100%, la situación mejora considerablemente. Lo que nosotros no podíamos hacer era dejar estos derechos provisionales en ejercicio, ya que efectivamente estaban causando perjuicio a terceros.

-¿Por qué se toma esta decisión ad portas del cambio de gobierno?
La verdad es que la DGA es un organismo técnico. No tiene que ver con una situación de cambio de gobierno. La DGA tiene que tomar decisiones en la medida en que tenga la información técnica que justifique esas decisiones. Hay que tener un sustento técnico contundente y eso apareció recién ahora con los estudios que comenzaron a realizarse varios meses atrás.

-Lo pregunto porque hay personas ligadas al actual gobierno entrante que se ven comprometidas con esta decisión.

Contamos con los informes recién ahora y nuestras decisiones siempre han sido técnicas. El artículo Nº 66 del Código de Aguas permite a la DGA limitar o dejar sin efecto los derechos de agua provisionales si es que se comprueba la afectación de derechos definitivos,  y eso es lo que ocurre en esta situación. El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión.

-¿No existían ya los antecedentes para haberla tomado mucho antes? Hay personas que vienen pidiendo la revocación de estos derechos desde 2010.
La verdad es que por mucho que uno hubiera visto estas situaciones de escasez en la provincia, ciertamente uno los podría haber asociado a la sequía que ya por quinta temporada afecta al país. Lo que nosotros necesitábamos era determinar que la situación era estructural. Aquí, haya o no sequía, los derechos provisionales están afectando a los derechos definitivos.

-¿Desde cuándo el ejercicio de derechos provisionales está afectando la disponibilidad de agua en la zona?

Todos los pozos de monitoreo que hemos estudiado van en franco descenso y eso a partir de que empiezan a ejercerse los derechos provisionales y empieza a haber un desarrollo más intensivo de la producción en el sector. Hoy, los estudios nos muestran que los derechos provisionales están siendo satisfechos y los derechos definitivos no lo están siendo por culpa del ejercicio de los primeros. Y eso no lo podemos permitir desde un punto de vista técnico y jurídico.

-¿Fue un error haber entregado esos derechos provisionales?

Las modelaciones dan cuenta de que sí. A lo mejor, eso no se sabía al momento en que se otorgaron. Aquí tenemos un hecho patente basado en informes técnicos: y es que efectivamente los derechos provisionales estaban causando perjuicio y había que dejarlos sin efecto.

-¿Podría quedar esta medida sin efecto a futuro?

Mientras se mantenga como área de restricción, no deberían volver a otorgarse derechos provisionales en la zona porque el acuífero está sobre otorgado y no hay mayor disponibilidad de agua.

El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo.distribucion_agua_2 No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

sequia_3La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012.  En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

distribucion_agua_4En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

biobio_gob_regionalEn los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío  (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

aljibe_1El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

escasez_aguaEn la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado  “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados. Y se hace además un  llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

gobernacion_PetorcaEl 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

EMBALSE RECOLETA005.JPGAquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Nota de la Redacción (Actualización): El 15 de enero de 2019, Radio Biobío informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios en contra del empresario transportista Germán Faúndez, quien desde 2012 habría presentado facturas y declaraciones tributarias falsas, lo que le habría causado al Fisco pérdidas por $1.215 millones (ver aquí). 

Agua: ¿bien público o privado?

Hace unos días, el Ejecutivo, a través del ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, ingresó indicaciones sustitutivas al articulado que reforma el Código de Aguas de 1981 y viene trabajando desde hace unos años la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.

En este contexto de transformaciones, estimo oportuno dar a conocer la opinión que a través del tiempo me he ido formando sobre esta materia.

El artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables.

El punto está en que dicho régimen desconoce a las aguas su condición de bien nacional de uso público consagrada en la tradición romana sabiamente y recogida por el artículo 595 del Código Civil desde el inicio de nuestra institucionalidad jurídica. Allí se declara que los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público.

Es cierto que el artículo 5 del Código de Aguas vigente desde 1981 dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero tal declaración resulta plenamente retórica si se analizan con cuidado las características que a través de todo su articulado se asignan al derecho de aprovechamiento de las mismas y, sobre todo, a la luz de lo que señala la Constitución.

Recordemos que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda si, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Dichos bienes se  caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables. Pese a lo anterior, bajo el marco creado por el Código de Aguas actual, los derechos de aprovechamiento sí están en el comercio, y sí son alienables y prescriptibles, lo que resulta incompatible con su condición de bienes nacionales de uso público.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Aguas (DGA) está obligada a constituir los derechos una vez cumplidos los requisitos formales establecidos para tales efectos por el Código de Aguas, sin reservar ninguna facultad a la autoridad para establecer prioridades que favorezcan el interés común.

La legislación sobre aguas anterior a 1981, sin embargo, había consagrado el derecho de la autoridad para conceder derechos de agua sujetando su otorgamiento a las preferencias establecidas en la ley. El Código de Aguas de 1951 disponía, entre otros, que el derecho se concedía por una merced concedida por el Presidente de la República y explícitamente vinculado a un determinado uso establecido conforme a un orden de prioridad. Éste partía por la bebida, para seguir con las necesidades de uso doméstico y saneamiento (agua potable) de la población, y terminaba con los usos de naturaleza comercial e industrial.

La prioridad sobre el uso del agua, entonces, era decidida por la autoridad frente a la situación de hecho que le tocaba enfrentar. Nadie cuestionaba el hecho de que la merced debía concederse tomando en cuenta dichas prioridades.

En 1969, la reforma agraria sustituyó el régimen de aguas vigente por uno que limitaba  el uso de las mismas al destino para el que fue concedido el derecho, prohibiendo la venta de la merced por sí misma (salvo en casos en que se hiciera con el predio en la cual escurría o se encontraba) y estableciendo una nueva lista de usos preferentes.

Cuando se impuso el Código de Aguas de 1981 (que se mantiene vigente en lo conceptual), se limitó la capacidad de la autoridad para intervenir y regular el uso que se dará a los derechos de aprovechamiento de agua entregados gratuitamente por el Estado a particulares.

Así constituidos, tales derechos se incorporan al patrimonio privado de sus titulares amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad, lo que resulta inusitado si se atiende al valor de este recurso para la vida humana y a la necesidad de establecer prioridades para su uso.

Esto contradice la condición de bienes nacionales de uso público de las aguas y produce efectos negativos para el interés de los habitantes del país, quienes en definitiva son sus verdaderos propietarios.

Así, por ejemplo, aunque sea de interés del país mantener campos cultivados, quienes tienen derechos de agua constituidos para su regadío, con uso estacionario de los mismos, pueden desprenderse de ellos a cambio de las ingentes sumas de dinero que el mercado les ofrece y venderlos a proyectos que requieren uso intensivo permanente. Así se han depredado o vulnerado gravemente un sinnúmero de acuíferos en el país.

De más está referirse al efecto adverso para el interés general que tiene el simple no uso o uso parcial de un derecho de aprovechamiento de aguas, por más que la reforma del Código del año 2005 haya venido a paliar este efecto negativo del sistema actual.

Otra de las iniciativas relevantes en el Congreso respecto del estatus jurídico de las aguas, se originó en un mensaje del 6 de enero de 2010 enviado por Michelle Bachelet justo antes del término de su primer periodo presidencial. La iniciativa propone en su artículo primero derogar el inciso final del artículo 19 N°24 de la Constitución. Nada se dice sobre la suerte de los derechos de agua constituidos con anterioridad a la derogación, los que, a nuestro juicio, deberían ser respetados en su integridad y así  expresarse en el texto legal propuesto.

Tema aparte es resolver si los derechos de agua deben ser reconocidos como bienes nacionales de uso público a nivel constitucional como se propone en el artículo segundo del mensaje presidencial. Nos parece que este reconocimiento no es necesario y que basta que los derechos de agua queden regidos por el artículo 19 N° 23 de la Constitución en el que se dispone que la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes que consagra no se extiende a aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deben pertenecer a la nación toda .

El Estado, como titular de derechos patrimoniales, está afecto a la limitación recién señalada. Ello significa que no puede adquirir el dominio de las aguas, pero sí puede otorgar derechos sobre ella en concesión conforme a las normas que al efecto debiera establecer el Código de Aguas. No existe, por consiguiente, el riesgo de una estatización de los derechos de agua.

Si se aprueba la reforma constitucional conforme a lo señalado precedentemente, habría que modificar el actual Código de Aguas para adaptarlo al nuevo régimen constitucional e introducirle los cambios que se estimen convenientes en orden a destinar los derechos de agua que se constituyan bajo el nuevo régimen para fines específicos.

No se nos escapa que las modificaciones recién señaladas son incompatibles con el régimen de mercado a que están sujetas las aguas en estos momentos. Pero ello es así precisamente porque se trata incuestionablemente de bienes nacionales de uso público.

 

La batalla por el derecho a la propiedad que se avecina con la reforma al Código de Aguas

El próximo lunes 18 de agosto el gobierno debiera presentar en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el proyecto de reforma al Código de Aguas para su aprobación y posterior ingreso a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. A medida que la fecha se acerca, aumenta la expectación y el temor de importantes gremios empresariales por las inminentes modificaciones a la normativa que regula la gestión y el uso de las aguas en Chile.

Porque lo que se pondrá en juego es el derecho de propiedad y la necesidad de que las aguas funcionen efectivamente como bienes nacionales de uso público y no como lo que son hoy: activos de mercado.

La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años.

La reforma al Código de Aguas de 1981, es uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo. El debate que se avecina puede tornarse tanto o más candente que el que se está dando en torno a los dos proyectos emblemáticos del gobierno en discusión: las reformas tributaria y educacional.

El gobierno tiene claro de que para introducir cambios profundos, las reformas no pueden limitarse a regular la manera en que se entreguen a futuro los pocos derechos de agua que están aún bajo dominio público. La magnitud del problema requiere intervenir y regular retroactivamente el uso de todos los derechos que han sido entregados en Chile, incluso antes de la normativa impuesta en dictadura. Y para ello deberá recurrir a un cambio constitucional que asegure la prevalencia de agua como un “bien nacional de uso público” –principio que aún no tiene rango constitucional- por sobre los derechos que los particulares tengan sobre ella.

Aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que actualmente existen en Chile alrededor de 400 mil derechos de agua en manos de particulares. Y lo que queda por entregar no es mucho. Desde la Sexta Región hacia el norte, rigen decretos de restricción o prohibición de entrega de nuevos derechos producto de la sobreexplotación y sobreotorgamiento de títulos. Hacia el sur, la mayor parte de los caudales ya está en manos de privados.

La tarea no será fácil. El gobierno tendrá que intervenir sustantivamente un sistema que viene operando desde hace 33 años y en el que el mercado ha sido el principal asignador del agua. Eso ha derivado en que en varias zonas del centro y norte del país, donde se viven situaciones dramáticas de sequía, la propiedad del agua esté en manos de aquellos que tienen los recursos económicos para hacerse de ella. Esto ha provocado el abandono de miles de hectáreas de pequeños agricultores y serios problemas de abastecimiento en numerosas comunidades rurales. También ha permitido la irrupción de especuladores que han obtenido millonarias utilidades con la venta del agua que el Estado les entregó gratuitamente (ver reportaje de CIPER).

En ese contexto, la reforma al Código de Aguas abre un nuevo foco de enfrentamiento con el sector empresarial. Así lo anunció el ex director de la Dirección General de Aguas (DGA) de la administración de Sebastián Piñera, Matías Desmadryl, cuando acusó a La Moneda de querer propiciar una “expropiación encubierta sin una indemnización asociada” de los derechos de agua. De allí que para el gobierno sea una de las condiciones hacer una propuesta que le permita intervenir la propiedad de esos derechos sin recurrir a la figura de la expropiación.

En estos días, los equipos técnicos de los ministerios de Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente, Minería y Agricultura, afinan la fórmula. Según dijeron a CIPER distintos expertos que han trabajado en la reforma, ella contempla herramientas para limitar -sin restricción de tiempo- el ejercicio de derechos de agua en zonas comprometidas por la sequía, para atender los usos prioritarios: el consumo humano para bebida y saneamiento.

A la espera de los anuncios algunos sectores productivos preparan su artillería. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, advierte: “Esto va a generar ruido… No por los problemas que hay en Petorca y Copiapó, vamos a poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua”. Y acota: “Para los agricultores que les toquen el agua, no sabe usted lo que es…”.

La agricultura compromete actualmente el 73% de la demanda por agua en Chile. Por ello, la SNA ya inició gestiones al interior del gremio –que reúne a más de 300 mil usuarios de agua– para informar sobre los alcances de la reforma en un escenario de eventual modificación a la propiedad de los derechos de agua y para “hacer conciencia de que éstos son por naturaleza derechos privados”, señaló Patricio Crespo.

LA AGENDA LEGISLATIVA DEL AGUA

Fueron pocos los que se percataron del mensaje que apareció en la cuenta Twitter del Ministerio de Agricultura el 28 de julio pasado. Allí se señalaba que los cambios al Código de Aguas se trasladarían para el próximo año, en el contexto de la discusión de la reforma constitucional. La frase fue borrada a los pocos minutos. Pero generó dudas entre aquellos que esperan que los anuncios hechos por el gobierno para enfrentar la crisis hídrica se den a conocer en los plazos comprometidos (inicios del segundo semestre).

Junio era el plazo establecido por el Ejecutivo para que el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz (designado por Bachelet a dos semanas de haber asumido), entregara las propuestas para “avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país”. El informe fue entregado en el plazo acordado y al menos desde inicios de julio estaría siendo discutido por la Mandataria en conjunto con los ministerios de Obras Públicas, Energía, Minería, Agricultura y Medio Ambiente.

Fue durante la espera del informe del delegado presidencial que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC) y la ministra de la Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón (DC), pidieron congelar por 60 días la tramitación del proyecto que reforma el Código de Aguas y que desde 2012 trabaja la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara (el 4 de junio).

Alberto Undurraga

Ya cumplido el plazo solicitado por el gobierno, la comisión de la Cámara de Diputados volvió a sesionar el pasado 6 de agosto, pero el Ejecutivo no presentó las indicaciones. Consultado respecto de si la “agenda del agua” se postergaría para el próximo año, el ministro Alberto Undurraga señaló a CIPER que la reforma, según el mandato presidencial, se debía cumplir este año:

–La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara viene trabajando desde hace dos años y no valía la pena presentar un proyecto nuevo, porque varias de las iniciativas que hemos estado discutiendo ya estaban siendo trabajadas. Lo lógico era llegar a un acuerdo en la Cámara y, a partir de su trabajo, hacer las indicaciones complementarias y sustitutivas. El plazo de 60 días que pedimos para elaborar el articulado con las indicaciones se cumplió la primera semana de agosto y no llegamos con ellas porque debemos primero discutirlas en el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, el que sesionará el 18 de agosto para ver este tema.

La Reforma al Código de Aguas que se tramita en la Cámara de Diputados sistematiza una serie de mociones presentadas en el parlamento desde 2005 a la fecha. Entre ellas, hay algunas que refuerzan el estatus de las aguas como bienes nacionales de uso público; para que el Estado tenga la facultad de reservar caudales para asegurar el abastecimiento humano; y para establecer un orden de usos en el que las funciones sociales y ambientales tengan prioridad por sobre las productivas.

Entre las indicaciones ya aprobadas por la comisión está la que reformula el artículo N° 5 de Código de Aguas, referido a la propiedad del recurso y que actualmente entrega “a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas”. En el nuevo articulado se estipula que “el Estado tiene la administración absoluta y exclusiva de todas las aguas continentales dulces y salobres (…) sin perjuicio de poder reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares; como así mismo limitar y restringir el ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

En este mismo artículo se basa la propuesta de la comisión para establecer las prioridades de uso de las aguas, reconociendo en primer lugar “las funciones sociales que garantizan la bebida, el saneamiento, producción de alimentos y actividades económicas locales. Las funciones culturales y escénicas acordes a la cosmovisión, espiritualidad y tradiciones de los diversos pueblos y comunidades que habitan el territorio nacional; como asimismo los referidos al goce y recreación de la sociedad en su conjunto. Y las funciones productivas referidas a la generación de bienes y servicios, tales como la generación eléctrica, el desarrollo minero, agrícola e industrial”.

La duda que aún subsiste es si la propuesta del gobierno va a respaldar o atenuar el articulado ya aprobado en la comisión por los diputados. Al respecto, el ministro Undurraga dijo a CIPER: “El espíritu de lo que allí se propone se condice absolutamente con los lineamientos de reforma que está diseñando el gobierno y, en algunos puntos, se profundiza”.

Si lo que señala el ministro Undurraga es efectivo, el Ejecutivo deberá impulsar paralelamente una reforma que le dé rango constitucional a las aguas como bien nacional de uso público. Lo que no está definido aún es si esta reforma constitucional se pondrá en discusión en el Congreso junto con las modificaciones estructurales al Código de Aguas. Porque existe la opción de que ese proyecto, que requiere de quórum más altos, se traslade al próximo año, cuando se inicie la discusión general de reformas constitucionales anunciadas por el Ejecutivo.

EL IMPERIO DEL CÓDIGO DE AGUAS

El único cambio que ha experimentado el Código de Aguas desde que fue promulgado en 1981, fue el que originó la Ley N° 20.017 de 2005, proyecto enviado por el ex presidente Patricio Aylwin al parlamento en 1992 y que hizo hincapié en la importancia de que el Estado tuviera mayores atribuciones en la gestión del agua, con facultad para caducar derechos mal utilizados.

Lo que se buscaba era promover el uso efectivo de los derechos de agua evitando su mercantilización. Para ello, proponía devolverle al Estado la facultad de recuperar los títulos de agua que en un plazo de cinco años desde que fueron entregados no hubieran sido utilizados. Así ocurría antes de 1981. La reforma causó resistencia principalmente entre las empresas del rubro y la oposición, y fue modificada sustancialmente durante los 13 años en los que estuvo en trámite en el Congreso.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Así, lo que en un principio fue planteado como una reforma estructural al sistema derivó en reformulaciones cosméticas que en estos nueve años han demostrado su ineficacia.

El cobro de una multa por no usar el agua, sanción que permitiría controlar la especulación y lucro en el mercado, no ha logrado su cometido. Y la razón corresponde a la lógica del mercado: el precio que tiene el agua es muy superior al valor que se debe pagar por no usarla. Para los especuladores, el pago de una multa por el agua que guardan para después venderla a altos precios, equivale a una propina.

Fue en esa misma Ley N° 20.017 que quedó consignada la obligación que desde entonces tienen los solicitantes de derechos de agua: especificar para qué la van a utilizar. En los hechos, esa obligación no ha pasado de un mero formalismo. La escasa capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA), impide saber con exactitud si los derechos que el Estado entrega gratuitamente y a perpetuidad a particulares están siendo utilizados para los fines explicitados.

LAS RESISTENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO

Después de la agricultura, sector que incluye la actividad forestal y que como se dijo demanda un 73% del total de las extracciones consuntivas (el agua se consume y no se devuelve al caudal), la industria es el segundo rubro que consume más agua con un 12%. Le sigue con un 9% la minería. Respecto del agua no consuntiva (se devuelve al caudal), su demanda la monopoliza la industria hidroeléctrica.

Hay un punto en que coinciden los representantes de los gremios de todos esos sectores: los problemas en materia hídrica se solucionan con perfeccionamientos al Código de Aguas y no con cambios estructurales. Para todos ellos, las herramientas para solucionar los problemas actuales ya están contempladas en la normativa vigente, lo que hace inútil cualquier reforma. “No contaminar la discusión con presupuestos ideológicos”, es una de sus exigencias.

Esa es exactamente la posición de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo presidente Patricio Crespo, acusa que las reformas a la legislación sobre aguas se están diseñando desde la ideología y han sido influenciadas por “voces que andan vendiendo ilusiones”:

–La aproximación que se tiene desde el mundo de la política, en general, no siempre conversa adecuadamente con la realidad. La política en Chile está desgraciadamente muy influida por expresiones de grupos, algunos bastante fundamentalistas, como los ecologistas, pero sus visiones no conversan con la realidad –señaló a CIPER el presidente de la SNA.

Uno de los principales temores entre los representantes de los distintos sectores empresariales, es que se afecte el derecho de propiedad y las “certezas jurídicas que actualmente existen para la inversión”.

René Muga

–En muchos casos el problema de abastecimiento no tiene que ver necesariamente con un mal funcionamiento del Código de Aguas, sino con la sequía y otras situaciones. Hay muchos perfeccionamientos que se pueden hacer y que requieren de urgencia. Para nosotros lo fundamental es que esta discusión no afecte la certeza y seguridad jurídica para el desarrollo del sector hidroeléctrico, que se respete el derecho de propiedad que se ha establecido –dijo a CIPER René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, asociación que reúne a empresas como Endesa, Colbún y Aes Gener.

Respecto de una eventual limitación en el uso de derechos de agua en zonas de sequía, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló a CIPER sentirse “confiado en que las autoridades no actuarán en base a mitos, sino que fundarán sus medidas en información real. Está claro que el uso humano de agua es prioritario y, de hecho, el Estado ya dispone de facultades para asegurarlo. Una vez satisfecha esa prioridad, creemos que cualquier limitación adicional a los derechos de aprovechamiento de agua no debiera se discriminatoria entre sectores productivos”.

Las mineras, cuyos procesos productivos son altamente demandantes de agua, son las primeras que podrían resentir el cambio a la normativa. Sobre todo, si prospera la iniciativa planteada en el Congreso de establecer un orden de prelación en el que las funciones sociales y ambientales tengan prioridad. Es justamente en el norte de Chile, zona en la opera mayoritariamente esa industria, donde se han incubado los conflictos más crudos por el desabastecimiento y contaminación de aguas provocadas en gran medida por la actividad minera.

Otro de los puntos en discusión que podrían afectar directamente a la minería tiene que ver con las llamadas “aguas del minero”. La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ya aprobó una indicación para que los propietarios de pertenencias mineras deban “informar a la autoridad sobre las aguas halladas dentro del territorio de ellas y solicitar la concesión de uso temporal de dichas aguas en caso de requerir su uso para la explotación de la pertenencia”.

Actualmente, el Código de Aguas le entrega a los dueños de pertenencias mineras el agua que éstos encuentren en el área de explotación de su propiedad, sin necesidad de solicitar ese derecho ni inscribirlo en el catastro de aguas.

Según estudios del propio Consejo Minero, estas aguas “fuera de régimen” representan poco más del 10% de la extracción total de agua que realiza la minería.

“Poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua es un error”

-¿Qué espera su gremio de la anunciada reforma al Código de Aguas?
La política en Chile desgraciadamente está muy influida por expresiones de grupos, algunos muy fundamentalistas –la ecología está muy de moda–, cuyas visiones no conversan con la realidad. “No es posible que los privados tengan tantas facultades en circunstancias que las aguas son bienes de uso público”, es lo que se reclama sin tener en cuenta las verdaderas razones de por qué es así. Eso es lo que está pasando aquí. Y es por eso que no hemos querido ir muy lejos en nuestro debate público porque creo que es discutir con personas que tienen poco conocimiento de la realidad.

-¿Cree probable que se produzcan transformaciones que afecten los intereses de su gremio?
Natural, pero cuando se ponga el debate en serio y se sepa qué se va a debatir, tenemos las convicciones más profundas y 200 años de experiencia que nos respaldan. En el agro, los privados hemos aprendido a respetarnos, a velar por los más chicos. La Sexta Región tiene 28 mil regantes y 190 mil hectáreas, eso le habla de la dispersión de la propiedad agrícola y de que el sistema que hoy existe funciona.

Lecho del Río Copiapó

-En zonas como Petorca, Copiapó y otros lugares de Chile el sistema que usted ilustra no está funcionado…
Funciona siempre y cuando todos acepten que cuando cae la oferta de agua, todos tienen que limitar la demanda de acuerdo a la oferta disponible. En Petorca el Estado incurrió en el error de entregar derechos provisionales cuando no debió hacerlo. El Código de Aguas chileno es una joya de la ingeniería hidráulica en el mundo por lo sofisticado. El Estado delegó todas las facultades en el mundo privado y éste no lo ha defraudado.

-Pero usted está consciente imagino que esa visión no la comparten muchas personas.
Bueno, porque los que opinan son justamente los que no operan. Son justamente aquellos que por ideología han construido imágenes que no se compadecen con la realidad. El Estado de Chile no gasta un peso en distribuir el agua y hemos pasado cuatro años de sequía sin conflicto.

-La escasez que se está viviendo en Petorca se ha convertido en un caso emblemático y ahí…
Pero es que Petorca es un caso especialísimo.

-Pero afecta a más de tres mil personas que reciban agua con camiones aljibe y a cientos de agricultores. Se han perdido cuatro mil hectáreas si no me equivoco…
Por favor, no extrapolemos el caso de Petorca al riego de Chile, porque ahí hay un caso de corrupción. Ahí lo que falló no fue el Código de Aguas, fue el Estado que no aplicó el código ni las facultades que le entrega la ley.

-Pero antes de 1981, el Estado tenía bastantes más facultades para intervenir y controlar…
¡Las mismas! ¡Las mismas!

-Antes podía caducar, ahora no puede caducar derechos de agua entregados a perpetuidad…
¡Pero los otorga! Los concede con ciertas restricciones. Los derechos mal concedidos, cuando la gente los utiliza para otros fines, se pueden revocar.

-Hay varios ejemplos concretos de personas que lucran con el recurso en forma cotidiana, y no hemos encontrado casos en que se caduquen derechos por mal uso. Al contrario, eso sigue sucediendo y es parte de lo que se quiere corregir.
Si usted pide derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA) y después los vende, eso se puede atacar hoy. Yo mismo he ido a la DGA a acusar a personas que han utilizado su agua para otros propósitos y les han caducado derechos. Hay que hacer la pega.

-La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ha aprobado indicaciones para establecer un orden de prelación en el uso, primero el uso sanitario…
Luego la agricultura.

-No, la pequeña agricultura.
Eso es inconstitucional.

-Déjeme seguir: en segundo lugar está el satisfacer requerimientos ecológicos y de biodiversidad, y al final requerimientos productivos.
El tema es que el Estado da la norma y luego desparece. ¿Me va a crecer que la DGA tiene a su cargo 15 inspectores? Cuando la sequía comenzó a afectarnos, comenzaron a escucharse voces que decían que el Estado se hiciera cargo del agua. Es la peor garantía que me pueden dar a mí. Pánico me da.

-¿Por qué?
Porque el Estado es absolutamente incapaz de hacerse cargo de nada en esta materia. No tiene experiencia, no tiene gente y estaría abandonando una cultura de siglos acumulada en pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas que han hecho de esta administración de aguas un lujo que es admirada en todo el mundo.

-¿Quién la admira?
La gente que viene a Chile y examina con ojo profesional, no con ojo político. Se admiran de que al Estado no le cuesta un peso regar anualmente 1 millón 400 mil hectáreas, con todo lo que ello implica: construcción, limpieza, mantención…

-Si uno ve la realidad de Chile hacia el norte se encuentra con un panorama completamente distinto al que usted describe en la zona centro sur. Con gente que, bajo la lógica del Código de Aguas, no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, gente que ha debido migrar de sus actividades tradicionales hacia otras porque no tienen agua, etc. ¿Se puede alabar el Código de Aguas?
No es culpa del Código de Aguas. Si usted cambia el Código de Aguas, no va a haber más lluvias, nada de eso cambia. El Estado cuenta hoy con todas las facultades para intervenir en cauces que estén en problemas. En los hechos, le cuesta mucho tomar medidas de esa magnitud, porque los políticos no están para pasar rabia y echarse gente encima.

-Se está planteando modificar el régimen de propiedad del agua para poder establecer de modo efectivo un orden de prelación que asegure el consumo humano y otros consumos llamados prioritarios…
Lo que se está planteando es restringir el ejercicio del derecho, cortarle un poquito la cola. No extinguirlo, sino restringirlo. Pero esas facultades están. Acá hay algo de fondo. Esta discusión tiene una raíz ideológica. A algunos les parece impropio que el agua, que el derecho de agua, sea privado y eso choca con sus convicciones. El otro problema que hay es falta de información.

-Desde su punto de vista, ¿no hay que tocar el Código de Aguas?
En temas como el de Copiapó o en el Valle de Petorca, el Estado tiene que aplicar la ley. Y si se han entregado derechos en exceso, que se puedan caducar esos derechos. Por no gastar no se hace. No se midió la recarga de los acuíferos antes de entregar esos derechos y ahí están las consecuencias.

-¿Qué le preocupa de la discusión actual sobre la regulación del agua en el parlamento?
Que esas voces que andan vendiendo estas ilusiones se impongan en el proceso de deliberación legislativa. Por ejemplo, intentando convencernos dentro del país de que a causa de estos dos lunares (Copiapó y Petorca) corresponde modificar toda la estructura jurídica del derecho de aprovechamiento en Chile. Lo que hay que hacer es ejercer la ley, ponerse los pantalones y aplicar la ley.

-¿Qué le parece la idea de que los derechos de propiedad sean concesiones que entrega el Estado a los privados, en vez que sean entregados de modo perpetuo y sin condiciones?
Eso es lo que piensan algunos. Lo que me ha dicho el delegado presidencial es que no quieren ir tan lejos, que no quieren comprarse un conflicto más. Nosotros estamos esperando que cada quien ejerza su rol. La Presidenta creó esta figura del delegado, él conversó, con una paciencia infinita, escuchando a medio mundo, y entregó su informe.

-Se han demorado los anuncios…
Es que como es un conflicto más… Para los agricultores que les toquen el agua usted no sabe lo que es…, entonces el gobierno sabe que se puede generar un problema. Yo se lo hice ver con claridad al delegado y al ministro de Agricultura.

-¿Qué esperan entonces de los anuncios?
El gobierno tiene todas las facultades para proponer lo que estime conveniente. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Ya estamos haciendo una campaña de información a nivel de las organizaciones de usuarios de agua: 330 mil usuarios de agua en Chile. Les informamos sobre las ideas que se están manejando, y estoy haciendo conciencia de la naturaleza del derecho que tienen, las franquicias que nos otorga la ley, la naturaleza del derecho que tenemos: un derecho privado tal como el derecho de propiedad. En fin, estamos informando sobre las ideas que se barajan de restringir el uso y las limitaciones que eso plantea. Lo que nosotros sostenemos es que el agua, tal como está concebida hoy en Chile, tiene todos los resguardos para garantizarle a la gente el acceso al agua de bebida.

-Si usted está llevando a cabo conversaciones en su gremio para que sus afiliados  tomen conciencia de sus derechos, eso quiere decir se están preparando para un escenario de transformaciones estructurales…
No sé lo que venga. La gente tiene que estar informada, así como con la Reforma Tributaria. Creo que la reforma va a ser bastante más moderada, la Presidenta tiene clara conciencia de que hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no la tienen, y se formará su propio juicio. Mi rol no es especular, es prepararme para lo que venga, informar a mi gente, que ellos tomen acuerdos y me mandaten para hacer los planteamientos que haya que hacer en el Congreso. Nosotros no vamos a salir a la calle a gritar ni a tomarnos nada. Tenemos la fuerza de los argumentos y la legitimidad que nos da el haber alimentado a Chile por tantos años. Hay una cosa muy rica en el mundo del agua, un ordenamiento natural, somos todos iguales, todos nos cooperamos. Esto el país lo desconoce.

-Quizá eso funcione así en su zona, pero hacia el norte el problema del agua demuestra que no somos todos iguales y que el sistema no es nada de democrático. Hay gente que no tiene agua que tomar mientras al lado hay gente vendiendo agua que le ha sido entregada gratuitamente por el Estado.
Pero esa gente tiene derechos de papel, no tiene agua efectivamente.

-Sí la tiene. De hecho, en plena sequía, se han constatado transacciones millonarias de agua en las mismas zonas donde hay gente que no tiene acceso al recurso…
Nadie tiene reservas de agua guardadas. Son derechos, pero no los pueden vender porque no tienen agua.

-Sí, esas transacciones de agua de las que le hablo son recientes. Las mineras no están comprando papeles, están comprando agua subterránea y pagando millones de dólares a especuladores que han acaparado agua desde años.
A ver, vamos al caso concreto. Yo tengo por ejemplo 60 litros por segundo en Marchigüe, si los vendo, el que compra tiene que saber y medir cuánto existe. Yo le garantizo que hoy no tengo más de 30 litros, porque el pozo bajó. En la cuarta sección del Copiapó se entregaron derechos por 19 m3/seg., y la recarga son 4 m3/seg. Faltan 15.

-¿Cuándo espera escuchar los primeros anuncios del gobierno sobre la reforma al Código de Aguas?
No tengo idea. El gobierno creo que lo está dilatando porque no quiere abrirse a otro frente de discusión pública. Y no le quepa duda que nosotros vamos a entrar a ese debate y lo vamos a hacer con fuerza. Si por los problemas que hay en Petorca, Copiapó y otros lugares, vamos a poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua, eso es un error.

Jorge Wachholtz: el ingeniero hidráulico que hizo fortuna con las aguas de Chile

Hasta el año 2004, el ingeniero civil hidráulico Jorge Wachholtz Buchholtz (casado, 75 años) se encontraba entre los más grandes propietarios de agua no consuntiva en Chile, es decir, agua que una vez utilizada debe ser devuelta al caudal y que se destina principalmente para generación hidroeléctrica.

Según un ranking elaborado en 2008 por la Dirección General de Aguas (DGA) y publicado por la revista Capital (ver aquí), Wachholtz aparecía en el listado de los diez más grandes tenedores de agua en el país. Su nombre se asomaba entre los gigantes de la generación eléctrica: Endesa, Colbún y AES Gener, y la misma Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) perteneciente al Estado.

Wachholtz, junto a Hernán Lacalle Soza, quien fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (ver recuadro), eran las únicas dos personas naturales que figuraban en la lista de los grandes propietarios del agua chilena.

Por entonces, según publicaba la revista Capital en su edición de abril, Wachholtz registraba 341,17 m3/seg. a su haber. Esta enorme cantidad de agua, representaba más o menos la mitad del total que para el mismo año poseía la DOH (700,03 m3/seg.) y también Colbún (645,32 m3/seg.), empresa propiedad de la familia Matte que hoy es dueña de un 49% del polémico proyecto HidroAysén.

Lo que no consignó la revista Capital, y tampoco las bases de datos de la DGA, era que poco tiempo antes Wachholtz ya se había desprendido de gran parte de la enorme cantidad de agua que lo ubicaba entre los diez del ranking.  En diciembre de 2004, Wachholtz comenzó a “poner en uso” parte de sus derechos. Y lo hizo, tal como sucede con muchos operadores que participan del desregulado y lucrativo mercado de las aguas chileno, a través de la venta de parte de los derechos que el Estado le otorgó gratuitamente.

Portada revista Capital, edición de abril de 2008.

Cuando Wachholtz comenzó a vender, el valor de estos derechos –gran parte de ellos fueron obtenidos en plena dictadura– había subido vertiginosamente. Fueron 146 m3/seg. los que vendió en diciembre de 2004 en la Región de O’Higgins, obteniendo nada menos que US$ 7.250.000, es decir, poco más de $4 mil millones (el valor del dólar entonces era de $559). Era la víspera de Año Nuevo y Wachholtz tenía motivos suficientes para celebrar.

Pero esa no es la única venta que registra el historial de movimientos de  Wachholtz en el mercado de las aguas.  Dos años más tarde, y a partir de una millonaria venta realizada en sociedad con la empresa Desarrollo, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco) y Asesorías Undurraga S.A., el ingeniero volvió a aumentar su patrimonio personal. Según registros notariales, Wachholtz y sus socios amarraron una venta de US $12 millones ($6.300 millones), a cambio de 18 derechos de agua en la Región de los Ríos, por un total de 160 m3/seg.

La última de sus ventas se habría realizado el año 2009. Según información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), Wachholtz, a través de su empresa Hydrowac y Compañía Limitada, le vendió 10 derechos de agua a Endesa S.A. por un caudal total de 9,1 m3/seg. Todos ellos sobre ríos y esteros de la zona de Panguipulli, también en la Región de los Ríos. Del monto involucrado en la transacción no hay registro.

Estas operaciones sitúan a Jorge Wachholtz entre los empresarios que han obtenido millonarias ganancias gracias a las prebendas establecidas en el Código de Aguas de 1981, las que cedieron sin regulación las aguas de Chile a privados, convirtiéndolas en activos fijos de alta rentabilidad.

LA PRIMERA OLEADA DE DERECHOS

Apenas entró en vigencia el Código de Aguas, el 29 de octubre de 1981, Jorge Wachholtz Buchholtz comenzó a solicitar a la Dirección General de Aguas (DGA) derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Hasta 2005, los requisitos para obtener y hacerse propietario de porciones de agua en Chile eran mínimos. Aunque la legislación no ha cambiado sustantivamente, entonces ni siquiera se exigía transparentar el uso que se le daría al volumen de agua solicitado ante la autoridad. Nadie fiscalizaba tampoco que se le diera un uso productivo al recurso. Bajo este mecanismo, se entregaron prácticamente a ciegas derechos de aprovechamiento de aguas, los que pasaron a formar parte del patrimonio personal de los solicitantes –empresas y personas naturales– sin condiciones y a perpetuidad.

Este es el escenario en el que Wachholtz, como tantos otros, hizo su ingreso en el mundo de los derechos de agua. Sin embargo, su figura destaca muy por sobre el resto de quienes comenzaron a solicitarlos apenas se promulgó el Código de Aguas. Porque en un lapso de poco más de 25 años,  Jorge Wachholtz logró construir un verdadero imperio sobre las aguas de varios ríos y esteros de tres regiones: Metropolitana, de O’Higgins y de Los Ríos.

A poco más de un año de promulgado el código, el ingeniero obtuvo derechos no consuntivos de agua por un caudal de 15.000 litros/seg. en el Río Tinguiririca, Sexta Región. Corría diciembre de 1982. Dos años más tarde la DGA le volvió a otorgar derechos sobre el mismo curso de agua por 25.000 lt/seg. y en 1985 se le entregaron otros 30.000 lt/seg. En total, fueron seis derechos de agua que la DGA le adjudicó entre 1982 y 1999 a Wachholtz  sobre esa cuenca y que en conjunto totalizaron 146.630 lt/seg. (146,6 m3/seg.). Todos adjudicados para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que nunca vieron la luz.

La magnitud del volumen de agua que acumuló Jorge Wachholtz en estos años es lo que lo hace aparecer décadas más tarde compartiendo rankings con quienes son actualmente los principales protagonistas de la generación eléctrica en el país: la ítalo-española Endesa, la estadounidense AES Gener y la chilena Colbún.

EL MERCADO DECIDE

Doce años después de la entrada en vigencia del Código de Aguas, ya en democracia, el ex presidente Patricio Aylwin envió un mensaje al Congreso para modificar uno de los aspectos más polémicos de la normativa impuesta en dictadura. Por entonces, la acumulación ociosa y especulativa de derechos de agua en manos de privados y la incapacidad del Estado para poder intervenir en esos casos, causaba preocupación entre las autoridades de gobierno.  “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo.

Río Tinguiririca (Fuente: Tinguiririca.cl).

Lo que buscaba el gobierno era promover el uso efectivo de los derechos de agua evitando su mercantilización. Para ello, proponía devolverle al Estado la facultad de caducar y recuperar los títulos de agua entregados a aquellos propietarios que en un plazo de cinco años no le dieran uso. Así ocurría antes de 1981.

Pero la iniciativa causó resistencia principalmente entre las empresas del rubro y los miembros de la oposición y fue modificada sustancialmente durante los 13 años en los que estuvo en trámite en el Congreso. Por esos años (1993), el ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, quien desempeñó un influyente rol en la redacción del código, publicaba el libro “La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica”. En él consagraba los principios en materia de aguas (y otras) que se transformarían en el escudo de un sector importante de la derecha para mantener el statu quo frente a la propuesta de reforma hecha por el gobierno de Aylwin.

El sentido que tuvo la acción gubernativa (Junta Militar) en este campo fue crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas (…) El problema va a persistir mientras no se deje funcionar al mercado, para lo cual es fundamental previamente ir al reconocimiento cabal de los derechos de propiedad en el sector, señalaba el texto escrito por Hernán Büchi.

Lo que oculta el párrafo del ex ministro es que, la concepción del agua como un bien económico y el desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado en la materia, introdujeron severas distorsiones que crecieron y se consolidaron al alero del mercado: acaparamiento de agua, explotación indiscriminada de cuencas, especulación y lucro. Ello, en desmedro de las necesidades de bebida, higiene y riego para la población, tal como lo demuestran hoy los múltiples conflictos que han estallado a causa de la escasez de agua en varias zonas del país.

LA SEGUNDA OLEADA DE DERECHOS

La Metropolitana y la de Los Ríos fueron las siguientes regiones en las que Jorge Wachholtz puso la mirada. En la primera, la Dirección General de Aguas le otorgó en octubre de 1991 un derecho superficial sobre el cauce del Río Maipo por un total de 2.000 lt/seg. Fue con ese caudal con el que emprendió un proyecto para construir dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo, iniciativa que no fue concretada.

En los años que van desde 1995 a 1999, Wachholtz logró adjudicarse más de una decena de derechos no consuntivos en el Río Valdivia por un caudal promedio de 217.000 lt/seg. (217 m3/seg.). Varios de estos derechos los tramitó en conjunto con la empresa Asesorías, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco), constituida en 1994 por el abogado José Luis Undurraga Matta (falleció en 2003) y con la sociedad Asesorías Undurraga S.A., creada tres años antes por Jaime Undurraga Matta.

La obtención de estos derechos tomó más tiempo que lo normal. Varios de ellos comenzaron a tramitarse en 1995 y la resolución de la Dirección General de Aguas, que finalmente sancionó a favor de Wachholtz y sus socios la propiedad de esas aguas, recién fue expedida a fines de 1999. Había motivos para ello. El caudal solicitado en las diferentes solicitudes ingresadas a la DGA era gigantesco.

A petición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el 4 de julio de 1996 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alejandro Jadresic Marinovic, consultó a la Comisión Preventiva Central Antimonopolios (organismo antecesor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia), sobre la conveniencia de proceder favorablemente con la solicitud:

La Comisión Preventiva Central Antimonopolios recomendó a este servicio (MOP) que, en virtud de las atribuciones de carácter preventivo que le otorga el D.L. Nº 211 de 1973, se abstuviera de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario según corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen”, dice el texto.

Río Maipo.

La CNE requirió a los solicitantes entregar información respecto del uso de esos derechos. Wachholtz y los hermanos Undurraga Matta presentaron un proyecto hidroeléctrico (Proyecto Hidroeléctrico Central) compuesto por cuatro minicentrales con una potencia instalada total de 468.5 KW, la que sería inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El cronograma del proyecto consideraba tres años para la ejecución de las obras civiles, una vez terminado el estudio de factibilidad, obtenidos todos los permisos requeridos y adoptada la decisión de inversión:

Dada la calidad del proyecto y la demanda energética proyectada para los próximos años, podemos asegurar un alto grado de concreción de proyecto”, manifestaba José Luis Undurraga en carta enviada al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

Con estos antecedentes, la CNE estimó que la iniciativa sí podía ser considerada de interés general “toda vez que cumple con los requisitos para insertarse sin incidencias negativas en el desarrollo del mercado hidroeléctrico en particular y eléctrico en general”. El documento que sancionó la entrega a perpetuidad de los derechos de agua sobre el Río Valdivia a Wachholtz y sus socios obtuvo la firma de la Contraloría General de la República el 29 de octubre de 1999 (ver documento).

MILLONARIAS UTILIDADES

El 31 de diciembre de 2004 acudieron a la notaría de Hernán Barría Subiabre en San Fernando, Jorge Wachholtz Buchholtz y el ingeniero civil Roberto Aigneren Ríos. Este último, en representación de Hidroeléctrica La Higuera S.A., de propiedad de Pacific Hydro (perteneciente al fondo de inversión australiano IFM) y de la empresa estatal noruega SN Power.

No era la primera vez que Wachholtz y representantes de La Higuera S.A. se veían en una notaría. Dos años antes, en octubre de 2002, se habían reunido en Santiago en las oficinas del notario Patricio Zaldívar Mackenna para firmar una promesa de compra y venta de agua. Entonces, La Higuera S.A. era aún un proyecto en ciernes y la compra quedó sujeta a la aprobación por parte de la autoridad ambiental y energética de los permisos correspondientes para operar.

Para el último mes de 2004, el proyecto ya contaba con luz verde. Había llegado el momento de liquidar la promesa. La transacción fue suculenta. Wachholtz cedió todos sus derechos sobre el Río Tinguiririca (en total 146,6 m3/seg.) a La Higuera a cambio de US$7.250.000, lo que fueron pagados de una vez. El agua que Wachholtz había acumulado durante 20 años en sucesivas solicitudes hechas al Estado encontraba finalmente comprador (ver documento).

Un año después de concretada la transacción, Jorge Wachholtz aumentaría el capital de una de sus sociedades familiares -Inversiones Wacco Limitada- en US$4,8 millones de dólares (equivalentes a $2.600 millones según valor de cambio de diciembre de 2005).

La venta de otros derechos de agua, esta vez en Valdivia, seguiría en 2006 el mismo modelo de venta a La Higuera. En marzo de 2006, Wachholtz, Andelco y Asesorías Undurraga S.A. lograron amarrar una venta por US$12 millones de un caudal de agua equivalente a 160 m3/seg. Fueron los mismos derechos que habían estado bajo la lupa de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios y del MOP y que le habían sido entregados a Wachholtz para la construcción de “un proyecto de interés nacional” que nunca vio la luz.

En esta nueva transacción de agua, comprador y vendedor ya se conocían. El comprador fue SN Power, la que junto a Inversiones Totoral impulsaba el proyecto hidroeléctrico Trayenko S.A.

Opositores a proyecto Trayenko (Fuente: olca.cl).

Trayenko S.A. hizo un pago inicial y en efectivo de US $2.400.000 a Wachholtz y sus socios. Pero la venta además, comprometió el pago de otros US$2.400.000 condicionado a la aprobación del proyecto en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con un plazo límite de 25 años. Otros US$7.200.000 quedaron sujetos a la obtención de la concesión eléctrica por parte del Ministerio de Economía. Así lo detalla la escritura de compra y venta firmada en la notaría de Eduardo Avello el 3 de marzo de 2006.

En enero de 2007, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad dependiente del Ministerio de Economía, resolvió otorgarle a Trayenko una concesión provisional por un plazo de dos años para evaluar la factibilidad del proyecto.

Las millonarias ventas de agua realizadas por Wachholtz en 2004 y 2006 se hicieron justo antes de que entrara en vigencia la Ley Nº 20.017, promulgada en 2005, la que obliga a quienes acumulan agua y no la utilizan a pagar una multa. Ello con el fin de desincentivar el acaparamiento y la especulación.

En el trascurso de los años siguientes, el proyecto se complicó, principalmente por oposición de al menos nueve comunidades mapuche asentadas en la zona cuyos terrenos estaban bajo amenaza de quedar inundados. SN Power traspasó los activos del proyecto hidroeléctrico Trayenko a Centinela, empresa propiedad del empresario Gustavo Pavez.  Así lo informó La Tercera en abril de 2011 (ver nota). En octubre de 2012, revista Qué Pasa informó que el empresario argentino Eduardo Eurnekian (su fortuna está avaluada en US$1.900 millones, según Forbes) era el nuevo dueño del proyecto, rebautizado como Hidro Aconcagua, tras adquirir los respectivos derechos de agua (ver reportaje).

Pese al cambio de dueño que ha experimentado el proyecto, los derechos de agua involucrados volvieron a Wachholtz y sus socios. Y ello porque una de las cláusulas del contrato de compra y venta que firmó SN Power fue taxativa al señalar que en caso de que quisieran deshacerse del proyecto y revender los derechos de agua, la primera opción de compra la tendrían los propietarios iniciales. Para ello se fijó un precio de recompra muy inferior al monto de la venta inicial: US$100.000 (alrededor de $50 millones).

Un alto ejecutivo de los actuales propietarios, Hidro Aconcagua, confirmó lo anterior y señaló a CIPER que los derechos de agua de Eurnekian fueron comprados a Wachholtz y los hermanos Undurraga. Sobre el monto de esa transacción hay absoluta reserva.

Fuentes ligadas a movimientos ambientalistas y a medios de prensa locales, señalaron a CIPER que el proyecto hidroeléctrico se encuentra paralizado y el rumor es que nuevamente está en venta, lo que fue desmentido por el ejecutivo de Hidro Aconcagua.

CIPER intentó comunicarse con Jorge Wachholtz para consultarle sobre sus derechos de agua y sobre cómo se saldó finalmente la deuda de Trayenko, pero éste se excusó de responder señalando que no daba entrevistas.

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Luego de deshacerse de gran parte de sus derechos de agua y obtener millonarias ganancias con su venta, Jorge Wachholtz inició en noviembre de 2006 estudios de factibilidad para instalar dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo. Las sucesivas ventas no habían incluido aquellos dos derechos por 2.000 lt/seg. sobre el Río Maipo.

Hydrowac y Compañía Limitada, la empresa creada por Wachholtz para “la compra, venta, permuta o enajenación de cualquier título de aprovechamiento de agua y para la ejecución material de los proyectos necesarios para el aprovechamiento de dichos recursos”, había solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles los permisos correspondientes para ingresar a los predios donde se proyectaban las centrales. Para ello se le otorgó una concesión por dos años.

Predio San Francisco de Lagunillas (Fuente: monumentos.cl).

Pero al cabo de este periodo, la concesión no se renovó. Uno de los terrenos donde Hydrowac planeaba realizar excavaciones y obras -de propiedad de la ecologista y activista social Sara Larraín– fue declarado en 2008 “Santuario de la Naturaleza” por el Consejo de Monumentos Nacionales. Fue la misma entidad dependiente del Ministerio de Educación la que pidió a la SEC no renovar la concesión con el fin de respetar el carácter del predio (ver documento). Así, el proyecto que alguna vez fue calificado por el mismo Wachholtz como un “tesoro familiar” en El Mercurio (ver nota), quedó sepultado.

La otra iniciativa de Wachholtz en el negocio de la generación eléctrica es Hidroeléctrica Las Flores, ubicada en la Provincia de Ranco, Región de Los Ríos. Para ello, a través de Hydrowac, Wachholtz solicitó a la DGA 5.000 lt/seg. en diciembre de 2010, los que aún estarían en trámite. Al año siguiente, el proyecto obtuvo $76,5 millones de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para el desarrollo de “estudios de preinversión”. El proyecto aún no ha sido ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, aunque sí se han realizado movimientos de tierra en el lugar (ver aquí).

El balance que registra el paso de Jorge Wachholtz por el mercado del agua transando derechos obtenidos gratuitamente del Estado, no es nada despreciable. Sólo la suma de las ventas de esos derechos que CIPER pudo rastrear superan los US$10 millones. Para el empresario que se inició en los ’70 con una importadora y distribuidora de whisky (“Importadora Diwac, Cía Limitada”), este ha sido por lejos el negocio que le ha reportado más ingresos.

 

El misterioso nexo de Lacalle con Undurraga Matta

El ingeniero Hernán Lacalle Soza (DC), fue un importante funcionario público bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Primero como director de DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio) y luego, entre 1968 y 1970, como subsecretario de Economía. Una vez ocurrido el Golpe de Estado (1973), se le encuentra como subgerente de “Inmobiliaria Cuatro de Septiembre Limitada” (1983), empresa de propiedad del empresario José Luis del Río (uno de los fundadores de la DC y de holding Dersa) y de Andrés Donoso (ministro de Frei Montalva).

A pesar de que Lacalle Soza falleció en diciembre de 2006, su nombre se mantiene en la lista de los mayores propietarios de agua no consuntiva en Chile, según un ranking publicado por la Dirección General de Aguas en febrero de 2013. Allí aparece en el lugar Nº 20, con un caudal equivalente a 220 m3/seg. La propiedad de ese derecho la comparte con otras dos personas: Natalio Sermini Ríos (ingeniero civil) y el abogado José Luis Undurraga Matta, quien actuó como el socio de Jorge Wachholtz en las múltiples solicitudes de agua que posteriormente fueron vendidas a Trayenko.

La relación entre Lacalle y Undurraga se remonta a los años 70, cuando ambos constituyeron (junto a Luis Cox Lira) la sociedad “Consultores Asociados Electroandina Limitada”, cuyo objeto era “la consultoría y servicios profesionales a terceras personas dentro del campo del servicio eléctrico”.

Los derechos de agua que actualmente ubican a Lacalle, Sermini y Undurraga entre los mayores propietarios de agua no consuntiva en Chile, fueron obtenidos en mayo de 1984. Fue entonces cuando la DGA les entregó dos títulos sobre los ríos Enco y San Pedro (Valdivia) por 220 m3/seg. y 270 m3/seg., respectivamente. El agua, según apuntaron en la petición, se destinaría a la generación eléctrica a partir de la construcción de dos centrales: “Central Río Enco” y “Central Río San Pedro” (ver documento).

Cuatro años antes, en octubre de 1980, Lacalle, Undurraga y Sermini habían presentado otra solicitud para constituir un derecho de agua por 32 m3/seg. sobre el Río Queuco (Región del Biobío). La DGA no les entregó el derecho.

 

Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

En marzo de este año, Chile aprovechó su condición de anfitrión de la feria Water Week Latinoamérica, para lanzar el documento que define la hoja de ruta a seguir para la gestión de las aguas en nuestro país por los próximos 12 años: La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012–2025.

Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)(ver documento).

El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.

La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.

La dramática realidad que enfrenta el Valle del Limarí

Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.

La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA-, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.

Agricultores de la Región del Maule en problemas por escasez hídrica.

Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos.

–El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en Chile en los años ‘80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito -señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo.

Jorge Núñez, investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento en la demanda por agua de las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso.

­–Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde 1650 en adelante, coinciden con la condición climática que vivimos hoy. Pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos treinta años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. Al incremento exponencial en la demanda de agua, hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en la última década –señala Núñez.

UNA LEGISLACIÓN A FAVOR DEL LUCRO

La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años.

Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas de 1951 –la primera codificación en la materia existente en Chile– le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran; priorizar el uso del agua cuando dos o más personas lo requerían; las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento; y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En 1967, se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas chilenas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso.

El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.

–Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumentas la oferta, eso uno lo puede entender si lo que se comercializa son calcetines ¡Pero estamos hablando de agua! -señala Campillo.

En 1992,  el ex presidente Patricio Aylwin ingresó al parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Aguas. “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo. En lo sustancial, se buscó establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas y que éstos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado en caso que el titular no les diera uso. Tal como ocurría antes de 1981.

Pese a la urgencia de la moción, los parlamentarios se lo tomaron con calma. Tanta, que el proyecto de ley demoró trece años en el Congreso. Fue a mitad de este distendido trámite, cuando el ex presidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de la propiedad de las sanitarias -Essal, Esval y Emos- hasta entonces en manos del Estado, a grandes consorcios extranjeros y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile.

El ex presidente Eduardo Frei fue quien inició la venta de las sanitarias a capitales privados.

La Ley 20.017 que modifica el Código de Aguas recién vio la luz el 2005. Tras fuertes presiones del mundo privado –entre los que se encontraba ENDESA que por entonces ya poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país– y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a las “recetas socialistas”, lo que de allí salió fue una reforme cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una “patente por no uso“, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa de agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente los usaran con fines productivos.  Pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile: la regla general en la mayoría de los países es que se cobre por usar el agua y no por no utilizarla.

–Es llamativo el camino de cobro por no uso del agua que se adoptó en Chile.  Porque ese enfoque de abundancia de los recursos hídricos, se decidió en un contexto internacional donde predomina el enfoque de escasez a través del cobro por uso o tenencia del agua -señala a CIPER el ingeniero en recursos naturales e investigador del Heidelberg Center para América Latina, Christian Valenzuela.

A ocho años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el acaparamiento especulativo del agua. Si bien lo castiga en algún grado, no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado y que, producto de la escasez, ha ido en aumento año tras año.

Según una investigación del propio Christian Valenzuela, publicada este año en la Revista de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuestamente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.

Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámite en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde su creación: distribución inequitativa del recurso; sobre otorgamiento de derechos; acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos; consolidación de un mercado de compra–venta desregulado y poco transparente y debilidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva, por nombrar sólo algunas.

–Hace un tiempo, en un congreso latinoamericano de hidrogeólogos, me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su Código de Aguas. Les pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno –indica Campillo.

 

CHILE VIOLA DERECHO HUMANO AL AGUA

El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales que este año incluyó a Petorca y la grave escasez de agua que vive la provincia, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en Chile.

En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades”, es lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre sus normativas a las que nuestro país adscribe.

Movilización en Vaparaíso, 21 de mayo 2013 (Fuente: Blog "Una mirada de la realidad")

En Petorca, actualmente son cerca de 3 mil las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4 mil las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonadas por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas.

–Si es que se quisiera remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Aguas de 1951. Allí existía un orden de prelación que debía seguir la DGA al momento en que se le solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a los estándares del derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala el abogado Matías Guiloff, responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales.

En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, a fines de 2012 existían 50 derechos de agua en esa misma zona, en manos de privados, por un caudal total de más de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace tres años. Así se desprende de las bases de datos de la DGA con las listas de personas y empresas afectas al pago de patente por no uso.

–Al evaluar una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. A los únicos factores que debe atender es que exista disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente -señala el abogado Guiloff.

Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. “Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (ver informe).

En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH en su página web (ver mapa), de los casi 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, más del 70% involucran directa o indirectamente tensiones relativas a acceso, disponibilidad y uso de agua.

La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile

A menos de 10 años de haber sido constituida con un capital de sólo $2millones, Asesorías en Recursos Hídricos S.A. logró lo que para cualquier empresa de ese tamaño es prácticamente imposible: hizo crecer en 6.500 veces su patrimonio inicial. Y para ello le bastó una sola jugada. Fue en junio de 2008 cuando se saldó la operación más jugosa de su breve y meteórica historia, dejándole a su dueño –el discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga Moreno (62 años)– ganancias por casi $13 mil millones en tiempo récord.

El acelerado desarrollo minero en Atacama y la rampante demanda por agua para sostener la expansión de esa industria, llevó a Quiroga y sus socios a presentar en la Dirección General de Aguas (DGA) entre el 2004 y el 2006 cinco solicitudes para constituir derechos de agua -a través de Asesorías en Recursos Hídricos y otras sociedades relacionadas– en las provincias de Huasco, Chañaral y Copiapó (Tercera Región). Al año siguiente de la última solicitud, la DGA le entregó derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un volumen total anual de 3.894.696 m3. Así consta en escritura pública con fecha 22 de abril (ver escritura).

Tramo donde el río Copiapó se secó

A partir de ahí, sólo hubo que esperar. Y no fue tanto, porque a los 14 meses la operación rindió frutos. Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró hasta la última gota de agua -la misma que Quiroga había obtenido gratuitamente de manos del Estado-, para abastecer su proyecto aurífero Volcán, en la Región de Atacama. La transacción, que en ese momento se concretó mediante un traspaso de acciones correspondientes al 8,4% de la propiedad de la minera, le reportó a Asesorías en Recursos Hídricos S.A., una vez que liquidó los títulos al año siguiente, la suma de 25.795.000 dólares canadienses ($13 mil millones). Negocio redondo en una de las zonas del país más azotadas por la sequía y en la que la DGA ha otorgado derechos que al menos cuadruplican la disponibilidad real de agua dejando en serios aprietos el consumo humano y agrícola, tal como reveló CIPER en la serie de reportajes “Se muere el río Copiapó”, publicados en 2009.

Ese fue el gran despegue de Isidoro Quiroga luego de su aterrizaje en el mercado de las aguas en Chile y en el que opera a través de un complejo entramado de sociedades que se extienden de norte a sur del país. Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es tan sólo una de al menos ocho sociedades ligadas a Quiroga que intervienen en este mercado y que acaparan desde hace al menos cinco años derechos de agua sin utilizar por más de 273.000 litros por segundo desde la Provincia del Loa, en el norte, hasta la de Palena, en plena Patagonia.

Fue allí, en Palena, donde en enero de este año Quiroga obtuvo su última gran victoria al doblarle la mano al Estado de Chile y tumbar en tribunales un decreto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) –instruido por la entonces presidenta Michelle Bachelet– que prohibía la entrega de derechos de aprovechamiento de agua sobre los ríos Palena y Cisnes por ser “zona excepcional y de interés nacional”. Al momento de dictarse el decreto en 2009, una de las sociedades de Quiroga tramitaba la obtención de 643 m3 por segundo de agua sobre el prístino Palena. La reciente resolución judicial dejó al río desprotegido y a merced de los intereses privados.

La férrea arremetida de Quiroga para derogar el decreto en la justicia coincide con la creciente inversión de numerosas mineras –entre ellas Minera Fuego, propiedad del mismo empresario– que, atraídas por la llamada “fiebre del oro” en la Provincia de Palena, han puesto sigilosamente sus intereses en la zona.

Lo llamativo de esta historia es que, según la legislación vigente sobre aguas en Chile, Isidoro Quiroga no viola la ley. Esto porque el Código de Aguas de 1981 entregó de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejándole al mercado la tarea de asignar el recurso. Hoy en Chile el derecho al agua no está asegurado por la Constitución de la República. Bajo los mecanismos establecidos por el código redactado en dictadura, el agua no necesariamente va a dar a manos de quienes la necesitan, sino a las de aquellos que tienen los medios económicos para hacerse de su propiedad.

A más de 30 años de su entrada en vigencia, el Código de Aguas chileno se desmorona a pedazos. No sólo es considerado una excepción a nivel mundial por diversos estudios, sino también un “anti-ejemplo” sobre cómo llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos en un país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación ociosa con fines especulativos en desmedro de las necesidades básicas de la población, son sólo algunas de las graves falencias que en buena parte explican la actual crisis hídrica que vive el país.

EL DIVERSIFICADO HOLDING DE ISIDORO QUIROGA

Isidoro Ernesto Quiroga Moreno egresó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1974. Dio sus primeros pasos como empresario al alero de la producción frutícola en Los Andes (Quinta Región), introduciendo a principios de los ’80 el cultivo de kiwis en Chile. Es un empresario de bajo perfil y son muy pocos los que conocen sus movimientos. Nunca ha dado entrevistas. CIPER intentó comunicarse con él en cuatro oportunidades, pero rechazó todo contacto.

La producción de kiwis fue la primera semilla de lo que a la larga se transformaría en un gran imperio que abarca principalmente el sector agrícola, minero, eléctrico, inmobiliario, bursátil y alimenticio. Aunque es difícil hacer una estimación de su patrimonio con exactitud, atendiendo a sus inversiones y operaciones financieras éste rondaría los US$ 500 millones. Su peso específico en el mercado lo ubica entre los empresarios más adinerados de Chile. Y si bien rechaza toda figuración pública, no adopta la misma actitud a la hora de ejercer influencia política. Son públicas al menos dos reuniones en las que ha participado junto a otros empresarios de renombre (Rafael Guilisasti, Lázaro Calderón, Julio Ponce, Juan José y Enrique Cueto, por nombrar algunos) con el ex presidente Ricardo Lagos. La primera, en 2008, en un inmueble de Valle Escondido, sociedad de la que Quiroga es accionista. La segunda, en marzo de 2012, en casa del influyente abogado Darío Calderón. En ambas se trataron temas ligados al clima político y al futuro económico del país. En la última se insistió en la necesidad de colaborar en la construcción de consensos transversales que permitieran evitar la inestabilidad económica y la ausencia de “reglas del juego claras”, según consignó la revista Qué Pasa.

Quiroga y su directorio de Australis Seafood (Fuente: australis-seafoods.com)

Isidoro Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y el 2002, compañía en la cual poseía acciones desde 1988 y en la cual fraguó una sólida amistad con Julio Ponce Lerou. En 1995 ingresó al directorio de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., de la que posee el 10,82% de las acciones. Pilmaiquén estrenó a fines de 2012 su central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, ubicada entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en medio de la fuerte oposición de las comunidades mapuche y huilliche que habitan la zona.

La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga están agrupadas en el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987, este holding agrupa a las sociedades de inversión El Aromo, Lago Colico, Safora, Kinacu, Río Loa Limitada, Jemad, Mavimadoqui, BP y el fondo de inversión privado Australis, entre otras. También a las sociedades agrícolas Los Pinos y El Canelo de Santa Teresa de Los Andes; la inmobiliaria San Manuel S.A. y la sociedad Educacional San Esteban Limitada.

Quiroga participa también del rubro minero con Minera Fuego, la sexta en Chile con mayor cantidad de suelo concesionado para exploración, con 438.700 hectáreas, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Andacollo Gold, mina de oro que opera en una zona de 22 mil hectáreas ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, y que produce cerca de 500 toneladas de concentrado diariamente, también forma parte de la cartera de empresas del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Andacollo no es el único negocio de Quiroga en Argentina. A través de Asesorías e Inversiones Lago Ranco posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en Mendoza.

Otra de las empresas mineras de Isidoro Quiroga es Junior Investment Company, que registra inversiones mineras en Australia y que, a su vez, es la accionista principal de Inversiones Kinacu Limitada, que cuenta con un capital de $9 mil millones.

Uno de los negocios que más le ha quitado el sueño a Quiroga es el de los salmones, industria en la que de a poco ha ido adquiriendo una posición más que relevante.  Australis Seafood, una de sus pocas empresas –junto a Pilmaiquén– que transa en la Bolsa de Comercio de Santiago, posee un capital cercano a los US$185 millones según registra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Michelle Bachelet da su apoyo a defensores del río Achibueno

Rucatayo ha sido casi la única satisfacción que ha tenido Quiroga en el rubro de la generación eléctrica. Porque el dinero y el tiempo dedicado al proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, impulsado por otra de las empresas de Quiroga, Electro Austral, hasta ahora no ha rendido frutos. Se trata de dos centrales de pasada –Castillo y Centinela– que intervendrían 430 hectáreas de bosques nativos en la Región de El Maule, desviando la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros. La zona fue declarada uno de los cinco sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad en la Región del Maule por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en 2002. Un informe evacuado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2012, por solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), fue categórico al señalar que el proyecto tal como está concebido, además de poner en peligro cientos de hectáreas de bosque nativo, va a producir la pérdida de vegetación endémica y flora nativa; de especies de flora en categoría de conservación; mortalidad de fauna nativa de vertebrados terrestres y de peces en estado de conservación crítica, entre varios otros perjuicios. (ver informe).

Al rechazo transversal que concita el proyecto en la comunidad agrupada en el movimiento “Salvemos el Río Achibueno”, se ha sumado el público cuestionamiento hecho por la candidata presidencial Michelle Bachelet en una visita a Linares en septiembre pasado. “Vengo a comprometerme con ustedes, si soy electa presidenta, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”, señaló Bachelet, dejando en suspenso el futuro de uno de los proyectos más emblemático de Quiroga.

EL TURBIO MERCADO DEL AGUA

Poco antes de la suculenta venta de derechos de agua a Andina Minerals, Quiroga estuvo a punto de cerrar otro multimillonario negocio. BHP Billiton tramitaba el permiso medioambiental para poner en marcha un proyecto para satisfacer la creciente demanda de agua que requería la expansión de Minera Escondida en la Segunda Región. El proyecto necesitaba la extracción de 1.027 litros de agua por segundo desde acuíferos situados en pleno Altiplano, en el sector de Pampa Colorada, a 160 kilómetros de San Pedro de Atacama. La propiedad de esas aguas subterráneas estaba entonces­ en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A (EMSA), otra de las sociedades de Quiroga que opera en el Norte Grande. La oposición de las comunidades aledañas de Socaire, Talabre y Peine, donde el agua no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo y riego de todos sus habitantes, no se hizo esperar. Después de un año, en 2007, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto y Escondida detuvo la compra de los derechos de agua de Quiroga.

La decisión de la autoridad significó el fin de un millonario negocio para Quiroga, quien desde entonces, a través de su empresa EMSA, mantiene derechos de agua sin utilizar por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, una zona de escasez declarada y en la que la unidad (1 lt/seg) puede alcanzar los $70 millones.

CIPER revisó archivos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 2008 a 2012 con la información de empresas o personas naturales que pagaron patente por no uso para identificar quiénes son los que acumulan mayores cantidades de agua sin ser utilizada. Para ello, se tomó en cuenta a los propietarios de derechos de agua consuntivos (el agua se extrae y no se devuelve al caudal) y no consuntivos (el agua utilizada se debe devolver al caudal). El ejercicio buscó conocer cuáles son las empresas o los particulares –después de los ya conocidos Endesa, Colbún y Aes Gener- que se inscriben en la nómina de los mayores titulares de derechos de agua no consuntiva en el país y que participan del mercado de las aguas en Chile, acaparando el recurso con fines presumiblemente especulativos.

La revisión permitió identificar numerosas empresas a lo largo de todo Chile que a diciembre de 2012 acumulaban de manera ociosa miles de litros de agua por lo menos desde hace cinco años. Entre ellas destacan: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A, que opera principalmente en el norte; Exploraciones, Inversiones y Asesorías Arlequín S.A., que opera en el centro-sur; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A., que lo hace en el sur y extremo sur de Chile. Todas ellas pertenecen a los mismos propietarios: Isidoro Quiroga y sus dos hermanas, María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, según consta en las escrituras de cada una de estas sociedades.

Inversiones Mundo S.A. fue creada en 2001 y su propietario es Asesorías e Inversiones Benjamín  S.A, holding de Quiroga. Acumula derechos de agua de tipo consuntivo por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, tal como se señaló. Inversiones Arlequín S.A. se constituyó en 1998 con un capital inicial de $5 millones aportado por María Victoria y María Dolores Quiroga. Es Arlequín, a su vez, el propietario de Asesorías en Recursos Hídricos S.A. protagonista del multimillonario negocio con Andina Minerals. Arlequín acumula a la fecha derechos de aprovechamiento de agua de tipo consuntivo por 13.414 litros por segundo, los que no ha utilizado desde al menos el año 2008, y que están repartidos por las provincias de El Loa, Limarí, San Felipe, San Antonio, Melipilla y Malleco.

Inversiones Huturi S.A., constituida en 2002, es controlada por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. Actualmente cuenta con derechos de tipo no consuntivo por 259.290 litros de agua por segundo, gran parte de los cuales no se han utilizado para ningún fin desde 2009. Los derechos están repartidos por las provincias de Bíobío, Ñuble, Cautín, Malleco, Valdivia, Ranco, Llanquihue, Puerto Montt y Palena.

A estas grandes sociedades se añaden otras más pequeñas: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Yaku S.A (2002) y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Intiyaka S.A (2002), de las que si bien hay registros de decenas de peticiones de derechos de agua en el Diario Oficial, la DGA no las registra con derechos constituidos. A ellas se agregan, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A. (2002), que en diciembre de 2011 obtuvo 245.000 litros por segundo de agua sobre los ríos Mañihuales y Nireguao en Aysén; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Manantiales S.A. (2004), la que posee 3.010 litros de agua por segundo en Melipilla, sin utilizar desde 2008.

Todas ellas son controladas por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. y están dedicadas “al estudio y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con constitución, ejercicio, transferencia o extinción de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas, así como su explotación y comercialización”. El Diario Oficial registra cientos de peticiones a la DGA para constituir derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de tipo consuntivo y no consuntivo, realizadas por las distintas sociedades de inversión de Quiroga a lo largo de todo Chile.

En Chile, las transacciones de compra y venta de derechos de agua deben quedar registradas en el Conservador de Bienes Raíces de la localidad en la que se llevó a cabo la operación. Sin embargo, un porcentaje de ellas se realiza de manera informal sin dejar huella. Otras quedan registradas en los conservadores pero no son informadas a la DGA y unas cuantas son informadas de manera incompleta sin mencionar el monto ni el destinatario de la transacción. Teniendo en cuenta ese hecho, CIPER indagó en las bases de datos de la Dirección General de Aguas para rastrear cuáles han sido las últimas operaciones de venta de agua de las sociedades ligadas a Quiroga, además de aquella por $13 mil millones realizada por Asesorías en Recursos Hídricos S.A. a Andina Minerals en 2008.

Entre el 2005 y 2012, Inversiones Arlequín registra ventas de derechos de agua de tipo consuntivo sobre los ríos Maipo y Rapel principalmente, que en total ascienden a $300.612.549. Tuvo como compradores a personas naturales, empresas agrícolas y un fondo inmobiliario.

Inversiones Manantiales S.A. registra cinco ventas entre 2008 y 2011 por $239.935.000. Se trató de derechos consuntivos sobre el río Maipo que fueron a parar a manos de una sociedad agrícola y una minera.

Inversiones Huturi S.A. vendió derechos de agua de tipo no consuntivo entre 2009 y 2012 por $16.276.400 sobre los ríos Las Damas (Osorno), Butamalal (Bíobío) y Cayucupil (Arauco) a dos hidroeléctricas y una constructora.

Sólo el total de las operaciones de ventas de derechos de aguas ejecutadas por las empresas de Isidoro Quiroga en los últimos cinco años y que CIPER pudo rastrear, supera los US$25 millones.

AL ACECHO DEL RIO PALENA

El 16 de diciembre de 2009 los habitantes de La Junta y de Alto Palena, en la Región de Aysén, respiraron tranquilos. Ese día la ex presidenta Michelle Bachelet –previo análisis de dos informes técnicos de la DGA ( informe 1informe 2)– instruyó al Ministerio de Obras Públicas -vía decreto exento Nº 2.270- denegar cualquier solicitud de derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Palena. Con temor sus habitantes habían visto cómo la región se estaba transformando en la “pila de Chile”, como la llaman con ironía algunos lugareños, debido al creciente interés minero en la zona que amenaza severamente el ecosistema de la Patagonia.

Río Palena (Fotografo: Francisco Pardo)

“El rol del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto por sobre el interés particular y privado”, señala el decreto, agregando que “una de las cuencas en que se dan las condiciones de circunstancias excepcionales e interés nacional es la del río Palena (…) el cual presenta condiciones ecológicas y ambientales particulares, con mínima intervención antrópica y con importantes expectativas para el desarrollo local” (ver documento).

Cabe señalar que el río Palena cruza por dos reservas y dos parques nacionales: la Reserva Nacional Lago Palena, con una superficie de 49.415 hectáreas; la Reserva Nacional Lago Rosselot, con 12.750 hectáreas; el Parque Nacional Queulat, con 154 mil hectáreas y el Parque Nacional Corcovado, con 295 mil hectáreas.

El decreto fue tajante “al denegar las solicitudes de aprovechamiento no consuntivos de aguas superficiales y corrientes de los cauces ubicados en la provincia de Palena de la Región de Los Lagos y en las provincias de Aysén y Coihaique de la Región de Aysén, formuladas por personas naturales y jurídicas” a partir de esa fecha.

Al momento de conocerse el decreto, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A. tramitaba la obtención de 12 derechos de agua de tipo no consuntivo por 643 m3 por segundo sobre la cuenca del río Palena en las provincias de Palena, Aysén y Coihaique. El decreto dejó sin efecto la solicitud.

La arremetida de Quiroga en la justicia no se hizo esperar y lo hizo por partida triple. Entre los reclamantes –tres en total– no sólo figura Inversiones Huturi S.A, también Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A., otra de las sociedades de Quiroga y que acaba de obtener 245.000 litros por segundo en dos ríos de Aysén. El tercer reclamante fue Rodrigo Arriagada Astrosa, brazo derecho de Isidoro Quiroga en Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., quien actuó en representación de Sur Electricidad y Energía S.A. (SURELEC). En el otro extremo del país, Arriagada registra desde 2009 casi una veintena de peticiones a la Dirección General de Aguas de alumbramiento y posterior constitución de derechos consuntivos de agua en San Pedro de Atacama, El Loa, Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar, por un total equivalente a 3.000 litros por segundo de agua subterránea.

Los abogados de Isidoro Quiroga cumplieron su misión en tribunales con eficiencia. Porque el 25 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la medida impuesta por la DGA que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua sobre los ríos Palena y Cisnes. “Del análisis que hace esta Corte de los aspectos de forma y de procedimiento que llevaron a la dictación de los decretos que se reclaman (…) es suficiente para advertir la concurrencia de un conjunto de defectos e infracciones en la dictación de los decretos (…) que sólo son subsanables por la vía de dejarlos sin efecto”, señala el dictamen (ver resolución).

Uno de estos errores procedimentales que inclinaron la decisión judicial de los jueces a favor de las empresas de Quiroga dice relación con que, al ser un decreto presidencial, éste debía venir con la firma del Presidente de la República y no únicamente con la de los funcionarios del MOP, cartera desde la cual fue finalmente expedido. Desde entonces, las solicitudes hechas por Inversiones Huturi S.A. volvieron a activarse, sin que el presidente Sebastián Piñera –el único que por sus facultades puede volver a validar la medida– se haya manifestado hasta hoy respecto a la reposición del decreto.

Ribera del río Palena

La embestida de Quiroga contra el decreto presidencial puede ser explicada en parte por el creciente interés minero en la zona. De hecho, de las más de 430.000 hectáreas concesionadas a Minera Fuego –de propiedad de Quiroga– a lo largo de todo Chile para exploración minera, cerca de 50 mil están ubicadas en la Región de Aysén, en la zona de los lagos Pollux y Castor. Allí Minera Fuego pretende iniciar actividades extractivas de oro y plata, según reveló un especial de minería publicado por El Mercurio en noviembre de este año. Al interés minero del dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. se suma el de las canadienses Kinross y Mandalay Resources Co., la suiza Glencore Xstrata y la británica Patagonia Gold plc.

Según cuentan habitantes de la zona, en los últimos años ha sido frecuente el desembarco de representantes de consultoras que, sin explicitar para quién trabajan, no han escatimado esfuerzos por impulsar el desarrollo explosivo de la minería, industria que requiere como condición esencial para su operación de agua y energía.