Ciencia y tecnología: ¿para nuestra realidad o para los indicadores y el mercado?

Hace más de un año la zona de Chiloé vivió una muy grave catástrofe ecológica y económica por la aparición de una ola de marea roja que afectó regiones que nunca habían experimentado dicho fenómeno. Por otro lado, hace cerca de seis meses la zona central sufrió la peor temporada de incendios forestales de que se tenga registro en la historia, los que destruyeron poblados enteros y arrasaron con miles de hectáreas de bosque.

Ambas tragedias tienen tres factores en común: son fenómenos naturales que ocurren regularmente en Chile; su intensidad se ha magnificado por el cambio climático global; y como país, carecemos de preparación estratégica para hacerles frente. Estos factores apuntan a características que, en teoría, nos definen como especie humana: la capacidad de comprender la naturaleza que nos rodea y la capacidad de dominarla en beneficio propio. Y es a través de la ciencia y la tecnología que el ser humano ha sistematizado estas dos capacidades: ciencia para comprender la naturaleza y tecnología para dominarla.

En Chile, sin embargo, ciencia y tecnología parecen extraviadas en una dicotomía bastante menos productiva: debatimos si son solo para contribuir al conocimiento universal o solo para aplicarse en algo comercial. Una discusión teórica que no ha hecho más que capturar nuestro sistema científico-tecnológico en una red de indicadores de productividad e indicadores de mercado que poco y nada aportan a nuestra sociedad.

La falta de preparación para enfrentar tanto incendios forestales como marea roja, son solo dos ejemplos de los muchos que develan por un lado, la urgente necesidad de un sistema científico-tecnológico sólido conectado con la realidad del país y, por otro, el sinsentido de la dicotomía en que hoy está atrapada la investigación científica.

Ni la marea roja en Chiloé ni el control de incendios forestales son trending topic en el mundo de las publicaciones y editoriales científicas. ¿Por qué empujamos a las y los científicos a investigar principalmente lo que en el primer mundo se investiga, dejando de lado los temas locales?”

En un país que tiene el 23% de su superficie cubierta por bosques y donde el 45% de sus límites son marítimos, parece obvio que la investigación científica y tecnológica en estas áreas debiera ser permanente y prioritaria. Sin embargo, nuestro esquema de financiamiento a la investigación lo hace difícil, pues se basa en proyectos cortos e inestables (lo típico es Fondecyt que dura tres o cuatro años) que se definen por competencia entre cada investigación (son fondos concursables), donde en general no importa mucho la temática y su contexto, sino los indicadores de productividad de uso global, como las publicaciones en revistas indexadas y las patentes.

Evidentemente, ni la marea roja en Chiloé ni el control de incendios forestales o la reforestación de suelos siniestrados son trending topic en el mundo de las publicaciones y editoriales científicas. Entonces, cabe preguntarnos por qué no existen en Chile políticas de Estado de largo plazo que fomenten la investigación científica y tecnológica en áreas que son estratégicas para el país; por qué continuamos en el afán de validarnos ante la comunidad científica mundial, forzando indirectamente a las y los científicos a investigar lo que en el primer mundo se investiga, dejando de lado los temas locales -provincianos dicen algunos- porque aportan poco y nada a la vigencia competitiva.

Los que sí fueron trending topic son el cúmulo de postverdades aparecidas en las redes sociales durante estos fenómenos. En ese momento muchos investigadores elevaron un grito sordo que pedía entre otras cosas, políticas públicas basadas en la evidencia. Pero, ¿acaso para hacer políticas públicas basadas en evidencia, no necesitamos justamente evidencia científica en los temas sobre los cuales requerimos hacer políticas públicas?

Entonces nos es inevitable preguntar si como sociedad hemos financiado, de manera responsable, investigación para comprender la naturaleza del bosque y de los incendios forestales; para saber entre otras cosas, cuál es el real impacto que ha tenido la industria forestal en la vegetación nativa, o si fue la agricultura intensiva legada de la colonia la que produjo la erosión de los suelos del valle central, o qué tipo de avión contra incendios es óptimo en nuestra geografía. De querer reforestar con bosque nativo, como se ha propuesto, ¿sabemos cómo hacerlo?, ¿cómo afectaría esto a las comunidades que viven actualmente de la actividad forestal?, ¿el proceso de reforestación depende de la latitud o de la época del año?, ¿habrá que reconstituir la microfauna y microflora del suelo antes de reforestar?, ¿cómo hacer planificación urbana en este tipo de escenario?

Se requiere entonces, orientar la investigación a temas estratégicos, pero descansando en proyectos colectivos donde haya un constante diálogo que equilibre especialización con colaboración”

Sobre la marea roja surgen también una multitud de preguntas sin respuestas y quizás ni siquiera existan en nuestro país suficientes expertos para abordarlas. Recordemos que una de las primeras medidas implementadas por el gobierno a raíz de esta situación fue la formación de un Comité de Expertos (¡que hasta ese momento no existía!) que de forma tardía y sin recursos propios tuvo un objetivo imposible: recabar información en cinco días, allí donde hay décadas de desconocimiento y falta de información.

¿Cómo se comportan las mareas en la región de Chiloé? ¿Qué tanto afectan las granjas de salmones los ecosistemas circundantes? ¿Hasta qué niveles los peces y mamíferos marinos son afectados por la toxina de la marea roja? ¿Las comunidades chilotas dependen más de la extracción de mariscos o de la salmonicultura? ¿Qué tanto han fluctuado las temperaturas del océano en la zona? ¿Se ven estimulados los organismos que producen marea roja por los excesos de nutrientes?

Para responder estas y otras muchas preguntas invisibilizadas por los indicadores globales se requiere de investigación de excelencia, pero con una orientación explícita. No obstante, los designios del modelo neoliberal imperante indican que tanto la planificación como la estrategia en políticas públicas es ideología y debemos librarnos de ella. Ello explica por qué los principales instrumentos que financian la investigación en Chile (Fondecyt, buena parte de Fondef, Milenio, PIA y todas las becas de postgrado) no tienen un foco temático, sino que están entregadas a una suerte de “mano invisible” que en teoría regula que las investigaciones se distribuyan abarcando todas las áreas del saber, siempre y cuando no hayan intervenciones externas. De hecho, en 2013 una comisión internacional [1] evaluó varios programas de CONICYT y sugirió, entre otras cosas, incorporar herramientas de financiamiento institucionales para fortalecer la investigación orientada a temas estratégicos del país.

Probablemente las universidades regionales tienen mucho que decir en cuanto a este tipo de temáticas, dado justamente su compromiso e inserción regional aunque el autofinanciamiento y el escaso aporte estatal lo hace difícil. Por más que una universidad abra un instituto de investigación o un centro de excelencia con un objetivo específico, sin financiamiento estable poco se puede hacer, aparte de entrar en la inestable e impredecible bicicleta de los fondos concursables. Es por esto que al final del día, para sobrevivir, a las universidades regionales les es más rentable abrir una sede en la capital que embarcarse en grandes proyectos de investigación.

Si bien comprender la naturaleza es una parte importante para enfrentar y resolver todo tipo de desastres, hay otra -no menos importante- que nos permite evitar pérdidas humanas, ecológicas y económicas: la dominación de la naturaleza, es decir, la tecnología. Pero bajo la lógica neoliberal, el Estado sólo debe intervenir para fortalecer los mercados. Y precisamente en eso se ha convertido la tecnología: un estímulo constante a los mercados de productos o servicios, donde la iniciativa la tiene la ley de la oferta y la demanda y no la necesidad social, incluso en la llamada innovación social.

Los designios del modelo neoliberal imperante indican que tanto la planificación como la estrategia en políticas públicas es ideología y debemos librarnos de ella. Esto también llega a la ciencia y la tecnología”

Una de las últimas medidas del gobierno en cuanto al problema de la marea roja es sintomática en varios aspectos. Conicyt a través de Fondef, reactivó un concurso descontinuado hace cinco años para investigar específicamente en este tema. Este concurso, financia el 70% de un proyecto de dos años y tiene como foco la creación de productos o servicios comerciales. Esto demuestra de cuerpo entero las lógicas neoliberales del financiamiento a la investigación: definición por competencia, proyectos cortos sin proyección, y mercados como foco de la tecnología. ¿Habrá mercado para un estudio de las mareas chilotas? ¿Se podrá hacer un seguimiento del cambio climático en el mar en dos años? ¿Se creará un ecosistema de investigación colaborativo y transdisciplinario mediante la competencia? Probablemente no.

Se requiere entonces, orientar la investigación a temas estratégicos, como marea roja o bosque nativo, pero descansando en proyectos colectivos e institucionalizados, donde haya un constante diálogo que equilibre especialización con colaboración. Esto último, porque la dicotomía ficticia que opone el conocimiento fundamental con la aplicación de éste, se ampara en la concepción de la investigación como un conjunto de proyectos individuales. Proyectos de investigación colectivos e interdisciplinarios, bajo relaciones laborales y financieras estables, podrían tener una orientación explícita, donde la generación de conocimiento básico y el desarrollo de aplicaciones e intervenciones, aparecen entremezcladas en su práctica misma, permitiendo apuntar al objetivo planteado, en el mediano y largo plazo, consolidando, de paso, comunidades de investigación interdisciplinarias.

Por cierto, su aporte a la sociedad no vendría solo de entregar evidencias para la elaboración de políticas públicas. Vendría por la misma formulación de la investigación hecha desde los temas estratégicos de interés nacional, que generarían conocimiento relevante y pertinente a nuestra sociedad, ya sea la comprensión de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, la intervención social o el desarrollo de tecnologías que apunten a mejorar nuestra calidad de vida.

Afortunadamente Chile cuenta con una cantidad no menor de investigadores de diversas áreas, que han estudiado en Chile o el extranjero. Además, existe una importante red de universidades públicas e institutos de investigación del Estado que tienen experiencia y, en parte infraestructura, para comenzar un proceso de fortalecimiento del ecosistema investigativo bajo esta nueva lógica, que se haga cargo de orientar la investigación y de intervenir en estos y tantos otros temas de importancia nacional.

Sin embargo, esto solo será posible con planificación y decisión: financiar a las universidades públicas sin coartar su autonomía, financiar los institutos de investigación del Estado modernizando sus estructuras administrativas, tomar la iniciativa en cuanto a investigación basándose en criterios democráticos y no esperar a que el mercado lo haga según sus propios intereses, ya sea a través de la tranza de productos y servicios o de indicadores y ránkings.

Si continuamos como hasta ahora, finalmente tendremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que administrará lo mismo que tenemos hoy; habrá un montón de conocimiento especializado, pero en revistas de pago que no tienen impacto en nuestra realidad local y cotidiana; abundante tecnología muy rentable, pero incapaz de resolver los problemas de nuestra sociedad; miles de investigadores de excelencia, que deben competir entre sí careciendo de estabilidad laboral e investigativa; y suficiente cultura científica, pero en cápsulas de cinco minutos en la televisión.

Por más que una universidad abra un instituto de investigación o un centro de excelencia con un objetivo específico, sin financiamiento estable poco se puede hacer. Es por esto que al final del día, para sobrevivir, a las universidades regionales les es más rentable abrir una sede en la capital que embarcarse en grandes proyectos de investigación”.

Ojalá mientras seguimos en esto no vengan más incendios forestales o más marea roja, ni necesitemos energía sustentable o agua potable, ni queramos saber de la historia y cosmovisión de nuestros pueblos originarios, pues los investigadores estaremos muy ocupados calculando nuestros índices de impacto para ver si le ganamos el financiamiento al colega o haciendo lobby con alguna empresa para que nos financie la parte del proyecto que no financia el concurso.

Finalmente, hacemos una invitación a tener la capacidad de cuestionar las “verdades” que nos han inculcado sobre el sistema científico-tecnológico, y salir del debate de forma, de si aumentamos tal o cual fondo concursable, o de cuántas seremías o subsecretarías debe tener el hipotético (y hasta ahora más simbólico que funcional) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esperemos que el contexto eleccionario nos de impulso para esta discusión de fondo, de forma abierta y democrática en torno al conocimiento, en cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos.

[1] CONICYT, Evaluación de los programas Fondecyt, PIA/Fondap y Fondef. Informe de paneles de Evaluación Internacionales. 2013. pp 54-56 http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/07/Informe_Paneles_Evaluacion_Internacionales.pdf

Conicyt y la cacería de brujas

Tras las fuertes presiones realizada en conjunto por connotados académicos, la agrupación de ex becarios inhabilitados por Conicyt, la Federación de Estudiantes de Universidad de Chile (FECH) y la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) anunció el pasado 15 de abril que acabará con la cacería de brujas comenzada durante el 2013 (ver comunicado de Conicyt). Frente a este escenario auspicioso, es necesario recordar que muchas de las cacerías de brujas se perpetuaron en el tiempo a pesar de las constantes promesas de ponerles fin. Lo mismo ocurre actualmente entre Conicyt y sus ex becarios. A estos últimos se les comunicó recientemente que se detendrían las sanciones en contra de aquellos investigadores que hubieran obtenido el grado académico al que se comprometieron al recibir el financiamiento del Estado chileno. Con esto, se supone, se acabaría con la persecución en contra de los ex becarios que, a pesar de haberse graduado en las mejores universidades de Chile, se encontraban inhabilitados para obtener recursos dependientes de Conicyt y estaban en riesgo de ser sancionados con la restitución total de los fondos invertidos en su formación.

Si bien esta promesa da una señal positiva del rumbo que ha adoptado el nuevo gobierno de Chile, la falta de claridad sobre las nuevas autoridades que encabezarán Conicyt durante este nuevo periodo, la alta rotación al interior de sus máximos funcionarios y la ausencia de una política coherente que sea independiente de la voluntad de quienes encabecen dicha institución, impiden que estos avances sean considerados como el fin definitivo de aquellas medidas con que hasta ahora Conicyt condenaba a la muerte académica y quiebra económica a sus investigadores graduados, los mismos con los cuales se vanagloriaba ante la opinión pública.

Con el anuncio de la suspensión de las sanciones en contra de sus ex becarios son muchos quienes han recuperado la respiración tras meses de angustia. Y si bien este avance recoge programáticamente una de las principales demandas que desde hace meses ha movilizado a diferentes organizaciones académicas, estudiantiles y sociales, es necesario mantener una actitud de cautela. Hasta el momento, esta medida solo atañe a los becarios que desarrollaron programas de postgrado nacionales y no a aquellos que estudiaron en el extranjero con Becas Chile.

Junto con lo anterior, hasta la fecha no se conoce cuáles serán las nuevas normativas que regirán para los becarios y ex becarios de Conicyt ni tampoco los plazos y mecanismos mediante los cuales estas se implementarán. Aún más grave, esta institución al igual que el Ministerio de Educación, ha guardado silencio acerca de si terminará por fin con la perversa noción de una beca pública como un crédito condonable, con la cual se desvirtúa la responsabilidad que debería tener el Estado como promotor de la investigación y el desarrollo del país, recayendo ésta, finalmente, sobre los becarios y sus familias. En este sentido, una señal contradictoria ha sido el fin del impresentable contrato que mantenía Conicyt con la empresa de cobranza jurídica Orsan S.A. (conocida por sus servicios a Ripley, Cencosud y otras empresas del retail), mientras simultáneamente rechaza terminar acabar con la firma de pagarés con cifras en blanco como requisito para ser beneficiario de una beca Conicyt.

Este tipo de medida se toma como instrumento de presión en contra de los becarios, los mismos con los que Conicyt, en plena incertidumbre institucional, se sirve para defender públicamente su cuestionada gestión.  Se ha vanagloriado públicamente de que entre los años 1988 y 2007 la tasa de graduación de sus becarios de doctorado nacional superaría el 75%, alzándose por sobre la de países desarrollados como Estados Unidos. Si bien lo anterior demuestra que una amplia mayoría de investigadores ha cumplido su compromiso con nuestro país, un análisis de la información que nos proporcionó Conicyt permite observar lo que deliberadamente esconde esta cifra y, con ello, transparentar los problemas estructurales de la institución para cumplir con su misión.

En efecto, si se estudia las convocatorias para becas nacionales durante el periodo de expansión del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, se puede observar que entre los años 2005 y 2011 solo el 4% de los ex becarios de doctorado y el 12% de magíster logró cumplir con la totalidad de las obligaciones impuestas por Conicyt respecto a los plazos de obtención y acreditación del grado académico. Este grupo ínfimo en proporción al universo de becarios sería el único que en el marco jurídico actual podría continuar con su formación académica, postulando a nuevas becas y fondos de investigación dependientes de Conicyt.

La cifra anterior contrasta dramáticamente con el 59% de ex becarios de doctorados y el 56% de magíster que, a pesar de haberse graduado, están en riesgo de ser sancionados por el simple hecho de demorarse en la obtención o en la acreditación del grado, aun cuando dichas extensiones de plazo contaron con la justificación y el respaldo de sus respectivas universidades, a través de la otorgación de sus grados. En este sentido, hasta que no se publique de manera oficial una modificación al decreto que rija a las becas nacionales, podemos insistir en que “inhabilitados” por Conicyt es un grupo constituido por al menos 1.318 investigadores: 1.001 en doctorado y 317 en magíster nacionales. Cabe agregar que, a la fecha, Conicyt no ha trasparentado públicamente la estadística de las convocatorias anteriores al año 2005, ni tampoco el número de los becarios inhabilitados por Becas Chile para estudios en el extranjero. Esto último es especialmente grave considerando que para este conjunto de becarios no hay indicios de alguna solución.

Considerando a los becarios de concursos entre los años 2005 y 2011 se observa que la tasa de graduación es cercana al 66%. Sin embargo, la tasa efectiva, esto es graduados que cumplen con todos los requisitos y se encuentran habilitados, es de sólo un 4% y 12% para programas de doctorado nacional y magister nacional, respectivamente.

La “cacería de brujas” emprendida por Conicyt a mediados del año 2013 y suspendida esta última semana bajo promesas bien intencionadas, solo revela la falta de coherencia en la forma con la que el Estado chileno ha abordado la producción del conocimiento en nuestro país. Como Grupo de Inhabilitados por Conicyt estamos convencidos de que es necesario avanzar en un debate más profundo en el que se abandone aquella lógica según la cual la educación y el conocimiento son bienes de consumo, para restituir su sentido público puesto al servicio de la sociedad. Es fundamental avanzar hacia la democratización de las instituciones de ciencia y tecnología en Chile. La restitución del Consejo Asesor de Conicyt, suspendido en octubre de 1973, entregaría una perspectiva más racional para el proceso de elaboración de los decretos que rigen el sistema de becas.

Las nuevas autoridades en Educación y en Conicyt deben transparentar públicamente la riesgosa situación de los inhabilitados, principalmente la de aquellos que han estudiado en el extranjero y  que hasta el momento se mantienen postergados en las esperanzas que ha entregado la institución. Es urgente que dichas instituciones entreguen para ello cifras actualizadas y, sobre todo, ofrezcan soluciones a corto plazo de este conflicto colectivo. Sería una desgracia que la institución insistiera en desvalorizar los grados académicos obtenidos y la función social comprometida en las investigaciones de estos becarios. Apagar la hoguera no depende de los bombos que le demos a los anuncios, sino de construir una política consistente de producción del conocimiento acorde a los desafíos que tiene nuestro país.