Diputado Miguel Mellado: de deudor a empresario de cobranzas a universitarios

Con una experiencia laboral de 14 años en el área de las cobranzas judiciales llega este domingo a la Cámara de Diputados el ingeniero comercial Miguel Mellado Suazo (RN, 59 años), para  iniciar su primer periodo por el Distrito 23 (La Araucanía).

Uno de los primeros proyectos de ley que deberá discutir el Congreso es el que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), enviado esta semana por el actual gobierno. La discusión se anuncia candente pues el controvertido CAE mantiene endeudados a más de 600 mil estudiantes, reportándole ingentes utilidades a la banca.

Miguel Mellado conoce bien de cerca la realidad del endeudamiento universitario. Fue allí donde supo explotar una oportunidad de negocios. Junto a su esposa (Marcia Morales), Mellado Suazo creó en 1997 la sociedad Ferycec Servicios y Compañía Limitada, una empresa de cobranza judicial entre cuyos clientes más importantes está la Universidad Autónoma.

La indagación de CIPER arrojó que desde 2004 a la fecha, la empresa de Mellado ha iniciado cerca de siete mil acciones judiciales de cobranza por montos que van desde los $100 mil a los $5 millones.

Paralelo a su empresa de cobranza, Miguel Mellado ha sido gobernador de la Provincia de Cautín (2010-2013) y consejero regional (core) en La Araucanía (2014-2016). Tras su salida de la gobernación de Cautín, y simultáneamente a sus labores como core, Mellado asumió como director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, la misma donde estudian los alumnos a los que su empresa Ferycec les cae encima por el retraso en el pago de sus mensualidades (ver aquí).

u-autonoma-portadaEl vínculo de Mellado Suazo y la Universidad Autónoma –propiedad de la familia Ribera Neumann y cuyo rector es el ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera– es de larga data. Y no solo porque fue allí donde el hoy diputado obtuvo su título de ingeniero comercial (ver aquí).

Entre 2002 y 2010, Mellado se desempeñó como director ejecutivo del canal de televisión de la universidad, el que es controlado por la “Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A.”, constituida en diciembre de 1992 por el propio Mellado junto a Jaime Ribera Neumann y a la Inmobiliaria Teodoro Ribera y Compañía (rebautizada como Inmobiliaria Gaudí).

Televisión y Radiodifusión se ha adjudicado decenas de licitaciones con distintas reparticiones públicas por más de $280 millones. Al menos nueve de ellas corresponden a licitaciones adjudicadas por la Gobernación de Cautín a esa sociedad justo en el periodo en que Mellado se desempeñaba como máxima autoridad de esa gobernación.

Esa no ha sido la única vez en que el diputado ha estado en ambos lados de la vereda. Porque pese a ser propietario de una empresa de cobranza, distintas circunstancias lo han llevado a vivir en carne propia el endeudamiento.

Un artículo de Radio Bío Bío de marzo de 2010 reveló que en 1984 Mellado fue acusado en 15 querellas por giro doloso de chequesavaluados en cientos de millones de pesos, dictando los juzgados de la época órdenes de detención”. La nota señala que para eludir la acción de la justicia, Mellado decidió emigrar a Argentina, permaneciendo “prófugo por varios años hasta que, según fuentes de tribunales, retornó al país en 1989 cuando sus causas ya estaban prescritas, no cancelando nunca dichos compromisos”.

Más tarde, en 1995, Mellado Suazo volvió a tener problemas con la justicia por deudas contraídas con la banca de Temuco.

FERYCEC SERVICIOS Y COMPAÑÍA

Por el presente instrumento, las partes acuerdan que en conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.496, la Universidad Autónoma de Chile podrá en caso de mora, simple retardo o atraso en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, cobrar además, en forma directa o a través de la empresa de cobranza externa Ferycec Servicios y Compañía, los gastos de cobranza extrajudicial sobre las deudas morosas o atrasadas que permita la ley antes indicada”.

Así se lee en el “Contrato de prestación de servicios educacionales”, el documento que deben firmar cada año los apoderados de los alumnos de la Universidad Autónoma para su inscripción y regularización (ver aquí).

Protesta de Estudiantes en ValparaisoEn la declaración de Patrimonio e Intereses -a la que por ley está obligado- que presentó para inscribir su candidatura a diputado (agosto de 2017), Mellado Suazo declaró poseer el 50% de la propiedad de Ferycec (ver aquí). El resto está en manos de su cónyuge quien, además, es la “secretaria ejecutiva” de la empresa de cobranza que tiene como clientes a la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, a dos colegios y a un instituto (ver aquí).

Consultado por CIPER, el diputado afirmó que si bien Ferycec sigue siendo una sociedad familiar, él se salió de la administración de la empresa en 2010, antes de asumir como gobernador, y de su propiedad en diciembre del año pasado.

Entre las cerca de siete mil acciones judiciales emprendidas por Ferycec desde 2004 a la fecha, hay varios cientos que corresponden a cobros por aranceles atrasados de alumnos de la Universidad Autónoma, la misma en la que él se desempeñaba como director de Extensión y Comunicaciones hasta mayo de 2017.

Quien figura patrocinando gran parte de las demandas de Ferycec es el abogado Carlos Llancaqueo Mellado,ex subsecretario de Bienes Nacionales (2010-2011) del gobierno de Sebastián Piñera y socio del estudio Zúñiga, Llancaqueo, Colil, Abogados.

En una entrevista al diario El Austral de Temuco de abril de 2010,poco después de que asumió su cargo de subsecretario, Llancaqueo indicó que mientras se mantuviera en el cargo se restaría de emprender acciones judiciales. Quien lo relevó durante ese periodo en el patrocinio de las demandas de la empresa de Mellado Suazo, fue la hermana del abogado Llancaqueo. Las causas revisadas por CIPER en la base de datos del Poder Judicial indican que Carlos Llancaqueo retomó la representación de Ferycec en noviembre de 2015.

La última demanda patrocinada por Carlos Llancaqueo en representación de Ferycec data del 27 de febrero pasado. En ella –al igual que en centenares de otras revisadas por CIPER– se le solicita al tribunal que se “despache mandamiento de ejecución y embargo” en contra del deudor (la deuda asciende a $1,4 millón).

EN LA VEREDA DE LOS DEUDORES

En 1984, Miguel Mellado supo por primera vez y en primera persona lo que implica ser deudor de un banco y enfrentar las consecuencias.

La información entregada por Radio Bío Bío indica que ese año el diputado electo arrastraba cerca de 15 demandas por giro doloso de cheques, avaluados, según la nota, “en cientos de millones de pesos”. La información de la radio agregó que Mellado habría pasado una larga temporada en Argentina, a la espera de que sus deudas prescribieran, regresando recién en 1989.

–No me escapé. Fui a Argentina a trabajar para poder pagar las deudas. Ese es un tema ya arreglado, están las deudas pagadas. Si no, no podría haber postulado a ningún cargo público –indicó Miguel Mellado a CIPER.

El diputado explicó que en todos los años que lleva como funcionario público “nadie ha venido a tocarme la puerta por algún tipo de deuda. Eso quedó en el pasado”, dijo, junto con insistir en que cualquier persona tiene el derecho a “caerse y a levantarse”.

Demanda del Banco Sudamericano
Demanda del Banco Sudamericano

La indagación de CIPER arrojó que en junio de 1995 Mellado supo por segunda vez lo que era ser perseguido judicialmente como deudor de un banco. En esa fecha, fue demandado por el Banco Sudamericano ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco. Casi tres años antes, en septiembre de 1992, Mellado había solicitado un crédito hipotecario con esa casa financiera por UF 1.456 (casi $13 millones de la época), para la compra de un bien raíz de 650 hectáreas en Loncoche. El valor del inmueble ascendía a $30 millones y Mellado, además de solicitar el préstamo, asumió la deuda por $20 millones que el vendedor del predio tenía con el mismo banco.

El deudor Miguel Alejandro Mellado Suazo no ha cumplido con las obligaciones emanadas de las escrituras de mutuo hipotecario, adeudando los últimos 15 dividendos, incluido el correspondiente al mes de junio de 1995 (…) La deuda asciende a la cantidad de 261 UF por concepto de 15 dividendos en mora y 1.221 UF que, al 10 de junio de 1995, equivalen a $17.583.565”.

El banco exigió el pago inmediato de la deuda, otorgándole a Mellado un plazo de diez días para saldarla. De lo contrario, señala la demanda, “se decretará el remate judicial del inmueble hipotecado a favor del Banco Sudamericano”.

En varias oportunidades y en distintas horas, receptores judiciales visitaron a Mellado en la dirección que consignó como su domicilio. Fue imposible notificarlo, ya sea porque informaban que ya no vivía allí o porque simplemente no estaba. Finalmente, como se lee en la carpeta judicial del caso, el 6 de septiembre de 1995 se decretó el remate del bien raíz.

Rematada la propiedad, apareció en escena el abogado Carlos Llancaqueo, el mismo que ahora patrocina las demandas de la empresa de cobranza de Mellado Suazo: Ferycec.

El 25 de octubre de 1996 Llancaqueo solicitó al tribunal la devolución del saldo restante de la venta del inmueble (vendido en $72,3 millones) por considerar que “dado el monto de los créditos cobrados y el valor de la adjudicación pareciera que ha quedado un saldo favorable para mi representado”.

La intervención de Llancaqueo fue inútil. El banco respondió al tribunal que la venta del bien raíz no logró cubrir la deuda. No había saldo a favor.

El ’95 no fue un buen año para Mellado Suazo. El 14 de diciembre de ese año, el Primer Juzgado Civil de Temuco lo notificó por un cheque protestado que giró a nombre de la sociedad Salfa (Salinas y Fabres) por $133.295.

Durante la preparación de la demanda por giro doloso de cheques, nuevamente entró en acción el abogado Carlos Llancaqueo. El 10 de enero de 1996 notificó al tribunal del pago de la deuda con el comprobante del depósito.

CIPER le preguntó al diputado Miguel Mellado cómo había transitado en el transcurso de una década de deudor a cobrador, a través de su empresa familiar de cobranza Ferycec. Mellado señaló que ese era un emprendimiento que cumplía con toda la normativa legal y que no veía ningún tipo de contradicción. “No hay que buscar cosas donde no las hay”, acotó.

CONFLICTO DE INTERÉS

La Sociedad de Televisión y Radiodifusión, creada en 1992 y en cuya constitución participó Miguel Mellado Suazo -junto a los hermanos Jaime y Teodoro Ribera (a través de una inmobiliaria de su propiedad)- figura con más de 60 licitaciones adjudicadas por distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi, entre otras. Desde 2006 a la fecha, el monto total de las licitaciones adjudicadas a esta sociedad asciende a más de $280 millones.

autonoma tvEntre las licitaciones que beneficiaron a la Sociedad de Televisión y Radiodifusión figuran once por un total de $10 millones otorgadas por la Gobernación Provincial de Cautín. Ynueve de ellas justo en el periodo en que Mellado Suazo se desempeñó como gobernador de esa provincia (desde marzo de 2010 al 15 de agosto de 2013).

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella -así como de su administración- antes de asumir como gobernador en marzo de ese año.

Para refrendar sus dichos, Mellado envió un extracto de la asamblea general de socios de esa empresa (5 de abril de 2010) donde quedó registrada la venta de sus acciones y su renuncia como director de ella (18 de marzo de 2010) (ver documentos).

Sin embargo, CIPER identificó cuatro órdenes de compra de la Gobernación de Cautín – octubre y diciembre de 2010, y junio de 2011-, en las que el gobernador Miguel Mellado aparece en ambos lados del mesón: como el destinatario de las órdenes de compra para Televisión y Radiodifusión  y como gobernador (ver órdenes de compra). Las resoluciones administrativas que dan luz verde a esas licitaciones también llevan la firma de Mellado Suazo (ver aquí).

El diputado aseguró a CIPER que esa dualidad de roles es “un error” ya que en esas fechas quien estaba a cargo de la administración de Televisión y Radiodifusión era Sergio Zúñiga Ibáñez. Y afirmó que lo más probable es que la gobernación no actualizó esa información.

Mellado descartó que hubiera incompatibilidad para adjudicarle licitaciones como gobernador de Cautín a una empresa de la que él era poco antes socio y administrador, y a la que se reincorporó en ese mismo rol en 2014, meses después de dejar la gobernación.

-La sociedad de Televisión y Radiodifusión controla uno de los medios de comunicación (el Canal 2 de la Universidad Autónoma) más importantes de La Araucanía, por lo que cualquier política de comunicaciones no puede dejarla afuera. Se emite por señal abierta y por cable llegando desde Talca a Cochrane –fue la explicación de Mellado.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Scanner de transparencia a los 109 nuevos senadores y diputados que se integran al Congreso

Este domingo 11 de marzo 155 diputados y 43 senadores serán los protagonistas de la inauguración de un nuevo período del Poder Legislativo. La novedad es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, todos ellos fueron elegidos sin sistema binominal. CIPER revisó en detalle las sociedades de los 92 parlamentarios que debutan en el Congreso y de los 17 que, luego de uno o más periodos de ausencia, retomarán su función legislativa.

Son más de 200 las sociedades vinculadas a esos 109 parlamentarios, las que operan principalmente en los rubros de comercio e inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías y consultorías, transporte, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles con las que se cruzará directamente la agenda legislativa y que les abrirá a varios congresistas flancos por potenciales conflictos de interés.

Para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), todos ellos tuvieron que cumplir con la normativa legal que los obliga a entregar una declaración de patrimonio e intereses. CIPER chequeó esos documentos e identificó a 20 parlamentarios que por distintos motivos no incluyeron en su declaración jurada sociedades en las que figuran como controladores o accionistas, vulnerando la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (promulgada en abril de 2016).

La revisión de CIPER detectó además 14 sociedades vinculadas a siete parlamentarios, que registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas básicas, como no pagar remuneraciones, exceder jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Allí destacan dos casos paradigmáticos: el senador Rodrigo Galilea Vial (IND-RN) propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

Desalojan a estudiantes de la Camara de DiputadosLa normativa exige además a diputados y senadores desprenderse de todos sus negocios –como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado. Ello, en un plazo de 120 días luego de asumir en el cargo.

Son cinco los parlamentarios que deberán acogerse a esta disposición, poniéndole término a una fuente de ingresos que en algunos casos asciende a varios millones de pesos. Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH),quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

En la nómina de los 109 parlamentarios revisada por CIPER, aparece también un puñado de diputados y senadores que han sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría General de la República o que aparecen involucrados en investigaciones del Ministerio Público. En esa última situación se encuentran los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes han sido investigados por la Fiscalía por los contratos y pagos que recibieron de empresas pesqueras que se beneficiaron con la cuestionada Ley de Pesca.

SOCIEDADES OMITIDAS

La revisión de CIPER arrojó que al menos 20 de los legisladores que se sumarán al Congreso no cumplieron con la obligación de incorporar todas las sociedades comerciales que integran y que cuentan con iniciación de actividades ante el SII.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La revisión de CIPER, detectando omisiones o imprecisiones en 20 casos de parlamentarios electos, demuestra que el control descrito en la ley no es más que letra muerta.

Inicialmente, esta investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones. CIPER tomó contacto con casi todos –solo cuatro no respondieron– y 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas.

GALILEA VIAL
Rodrigo Galilea

Entre los parlamentarios que no respondieron a CIPER se cuenta el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, quien tiene la mayor cantidad de sociedades entre los nuevos legisladores. Galilea incluyó 19 sociedades en su declaración de patrimonio, 15 de ellas en Chile y cuatro en el exterior (tres en Perú y una en Ecuador). El arco de actividades que desarrollan es amplio, lo que puede significar futuros conflictos de interés cuando legisle sobre materias que afectan sus negocios: construcción, actividad inmobiliaria, cultivo de frutales, tratamiento y distribución de aguas, inversiones y asesorías.

Galilea es también el parlamentario debutante que más sociedades ha constituido y que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio (nueve): Inversiones Futuro, Inversiones Alto Las Cruces, Diseños Mcgráfica, Agroservicios, Servicios de Comunicación Médica, Salmones Plata, Galilea Dos, Marketing ARM Internacional Chile y Servicios Comunicacionales. Como no respondió las consultas de CIPER, no se pudo establecer por qué no las consignó.

Galilea debuta en el Congreso pero no en la política. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró intendente del Maule, con la misión de liderar la reconstrucción de una región devastada por el terremoto del 27/F. Recibió duras críticas debido a que varias de las villas residenciales que sufrieron más daños fueron edificadas por su constructora Galilea S.A. (vea ese reportaje CIPER).

El nuevo senador aterriza en Valparaíso con el apoyo de importantes empresarios: Wolf Von Appen, controlador de Ultramar, y Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (supermercados Líder), figuran entre los que le aportaron dinero a su campaña. Galilea llega a la Cámara Alta precedido por su rol como director de la Zona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción y consejero nacional de la misma entidad.

OLVIDO Y CONFUSIÓN

Los parlamentarios que omitieron sociedades en sus declaraciones de patrimonio van desde el PC hasta la UDI.

BORIS BARRERA
Boris Barrera

En el flanco izquierdo figura el diputado Boris Barrera (PC, distrito de Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia). Barrera no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo. “A lo mejor me traspapelé”, dijo a CIPER, agregando que hizo su declaración el último día. Barrera ingresó a esa sociedad en diciembre de 2016, por lo que estaba obligado a declararla.

En la nómina también aparece el diputado Tomás Hirsch (PH, distrito de Peñalolén, La Reina, las Condes, Vitacura). La sociedad que omitió es FIC Digital, dedicada a la confección de material para campañas, como gigantografías y pendones. Hirsch explicó a CIPER que la empresa quebró y dejó de operar. Pero reconoció que no ha hecho el término de giro. Y mientras no haga ese trámite, debe declararla.

Karim Bianchi asumirá como diputado por Magallanes. Llega a la Cámara como independiente apoyado por el PRSD. La sociedad que no declaró es Karim Antonio Bianchi Retamales Servicios Comunicacionales EIRL. Su explicación es simple: “Se me olvidó”. Según dijo, está inactiva y nunca ha hecho una boleta.

El diputado Daniel Verdessi (DC, Los Andes, Quillota, La Ligua) participa en la sociedad Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres, pero la omitió. Explicó que está esperando aclarar si puede mantenerse dentro de la sociedad después de asumir como diputado. Si es incompatible, dijo, se retirará. Pero la norma es clara: al momento de rubricar la declaración debió incorporarla.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Jaime Mulet (Copiapó, Chañaral, Vallenar) y Pedro Velásquez (Coquimbo, La Serena, Ovalle), también omitieron sociedades. Mulet no incluyó a Atacama Innova (producción y venta de publicidad) ni a TSC Atacama (transportes). El diputado explicó a CIPER que como persona natural solo participa en tres sociedades, las que sí incorporó en su declaración. Sin embargo, las dos sociedades que omitió son controladas por las sociedades que sí declaró, por lo que debió consignarlas.

Pedro Velásquez no registró tres sociedades: Comercial e Inversiones Uriel, Servicios y Representaciones AMP Chile e Inmobiliaria e Inversiones del Rocío. “Me he dejado estar”, reconoció el diputado a CIPER. Y agregó que, aunque no tienen movimiento, no las ha cerrado y ahora lo hará.

CRUZ COKE
Luciano Cruz-Coke

El ex ministro de Cultura y diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli, Santiago, Providencia, Ñuñoa), no declaró Santa Javiera SpA (elaboración de estudios para medios sobre arte y cultura). “Está en proceso de disolución”, dijo a CIPER.

El diputado Frank Sauerbaum (RN, Chillán, San Carlos, Yumbel), quien retorna a la Cámara tras un periodo fuera del Congreso, no declaró Bío Masa Ñuble SpA (desarrollo y explotación de energía renovable). Se confundió, señaló a CIPER, porque pensó que era lo mismo que su sociedad Planta Bio-E Ñuble, ya que ambas participan en el mismo proyecto de generación de energía. Pero las dos tienen RUT diferente y están activas, por lo que estaba obligado a transparentarla.

Otros cinco diputados de RN integran la lista de los nuevos parlamentarios que omitieron sociedades: Eduardo Durán (San Miguel, El Bosque, San Ramón); Carlos Kuschel (Puerto Montt, Castro, Chaitén); José Miguel Castro (Antofagasta, Calama, Tocopilla) y Jorge Durán (Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia).

Eduardo Durán, hijo del obispo evangélico del mismo nombre, no declaró la Compañía Minera Alfa Omega. La sociedad, explicó Durán, funcionó un año y medio, hasta 2007. Ahora, dijo, está inactiva y tiene que hacer el trámite para cerrarla. Durán tampoco transparentó su participación en la Catedral Evangélica de Chile Jotabeche Cuarenta Metodista Pentecostal, la que administra el principal templo protestante del país, lo que sí debió incluir en su Declaración de Intereses.

Carlos Kuschel reconoció a CIPER que omitió declarar la Comunidad Kuschel Silva (sucesión que heredó bienes de su padre), Monte Verde (cuyo patrimonio es un predio de 111 hectáreas) y Servicios Tenglo (administra el arriendo de cabañas).

José Miguel Castrono consignó la Sociedad Transportes y Arriendo de Maquinarias José Miguel Castro Bascuñán EIRL: “No ha tenido movimiento hace años, debería estar cerrada”, dijo a CIPER.

El diputado Jorge Durán no incluyó Lavaya SpA (limpieza de vehículos y venta de artículos de aseo). Durán indicó que se pudo haber confundido porque la sociedad se creó en la misma época en que hizo la declaración. Pero la fecha de su declaración es 17 de agosto de 2017 y la sociedad se constituyó el 6 de abril de 2017, por lo que debió incorporarla. En todo caso –dijo- que se está retirando.

Jorge Alessandri
Jorge Alessandri

Los nuevos diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo (Coquimbo, La Serena, Ovalle), Jorge Alesandri Vergara (Santiago, Providencia, Ñuñoa) y Gastón Von Muhlenbrock (Valdivia, La Unión, Panguipulli), también dejaron sociedades sin declarar. A ellos se une Sandra Amar Mancilla (Magallanes), quien conquistó un escaño en la Cámara como independiente con apoyo de la UDI.

Fuenzalida dijo que no declaró Rentas Juan Manuel Fuenzalida Cobo EIRL, porque está sin movimiento comercial y no mantiene activos.

Alessandri omitió las sociedades Recreo Entretenimientos y Producciones After Office. Sobre la primera, señaló que él no es dueño director, porque la constituyó a través de otra sociedad: “No sabía que había que declararla, voy a preguntar para hacerlo bien”. Sin embargo, los registros indican que la constituyó como persona natural y que tiene su control, por lo que debió declararla. Respecto de Producciones After Office, participa en ella a través de otra sociedad: Zintex Producciones, la que sí está declarada.

En los registros revisados por CIPER Gastón Von Muhlenbrock figura con participación en Agrícola San Alberto, pero no la declaró. Von Muhlenbrock no respondió los mensajes de CIPER, por lo que no se pudo establecer por qué la omitió.

La situación de Sandra Amar es bastante menos grave que la del resto: se confundió y no declaró su empresa Sandra Haydee Amar Mancilla, Estudios, Asesorías Profesionales, Capacitación y Eventos EIRL, pero sí la consignó en su declaración de intereses, como una de las actividades económicas que realiza.

SENADORES QUE OMITIERON

Cuatro de los nuevos integrantes de la Cámara Alta también omitieron sociedades. Al ya mencionado Rodrigo Galilea, se agregan Rafael Prohens (RN, Atacama), José Durana (UDI, Arica y Parinacota) y David Sandoval (UDI, Aysén).

Rafael Prohens
Rafael Prohens

El futuro senador por Atacama reconoció a CIPER que fue un error no incluir Prohens Servicios (asesorías contables, financieras y computacionales). Formó esa sociedad con sus hermanos, dijo, y ya no trabaja con ellos: “Tengo oficina aparte”. Pero su participación societaria está vigente, por lo que corregirá su declaración.

José Durana no declaró tres sociedades: Editorial del Sur, F&S Consultores y Durana, Mc Conell Cía Limitada. La información proporcionada por su encargada de prensa indica que respecto de las dos primeras sociedades el senador cometió el error de declararlas solo como actividades económicas. Sobre la omisión de la tercera sociedad –Durana, Mc Conell Cía Limitada–, no respondió la consulta de CIPER.

David Sandoval admitió a CIPER que se equivocó al no incluir la Sociedad Comercial, Agrícola, Ganadera y Forestal Ventisquero en su declaración. Se confundió, dijo, porque al llenar el formulario del Servel el sistema le arrojaba que la sociedad llevaba muchos años inactiva, por lo que pensó que no debía incluirla. Consultando a otros parlamentarios supo que varios enfrentaron la misma situación y le explicaron que de todas maneras debía registrar la sociedad. A través de su asesora de prensa informó su intención de subsanar el error.

INFRACCIONES LABORALES

Los ajustes a la Reforma Laboral del gobierno de Michelle Bachelet están entre las prioridades de la administración de Sebastián Piñera. El nuevo equipo económico quiere introducir cambios en dos hebras sensibles: los servicios mínimos, en los que se buscará morigerar los efectos de la prohibición del reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva.

Varios parlamentarios con sociedades en rubros que requieren un fuerte contingente de mano de obra (como el agrícola y la construcción), deberán legislar sobre esas materias. Lo grave es que en el desarrollo de sus negocios personales, un puñado de ellos no se ha caracterizado por cumplir con la normativa laboral. CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas.

El caso más grave es el de Rodrigo Galilea: siete de sus sociedades acumulan 130 multas entre 2013 y 2018. Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas); Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

Info Multas OKEntre las sanciones figuran: no pago de remuneraciones, no otorgar descanso semanal compensatorio, no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo, no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, no disponer de duchas con agua fría y caliente, exceder jornada ordinaria máxima de 10 horas e implementar un sistema ilegal de distribución de la jornada laboral.

CIPER intentó comunicarse con Rodrigo Galilea, por teléfono y a través del equipo de comunicaciones de su partido. No hubo respuesta.

El diputado Boris Barrera es socio de dos empresas de mantenimiento industrial que suman en total 15 sanciones: Tecmaqin SpA y Sami Limitada. Tecmaqin acumula ocho multas de la DT, todas cursadas en 2017, por no declarar cotizaciones previsionales y no registrar contrato de trabajo de menores de 18 años, entre otras. Sami ha sido sancionada en siete oportunidades (2014 y 2015) por no otorgar finiquito de trabajo, incumplir el plazo de pago al trabajador y no presentar documentación completa.

La empresa de seguridad Zintex Eventos, cuyo controlador es el diputado Jorge Alessandri Vergara, registra tres multas entre mayo y septiembre del 2017. Alessandri señaló a CIPER: “Es una empresa de seguridad con 300 trabajadores y todo el tiempo nos están cursando multas, pero por temas menores (…) Soy uno más de los pymes de Chile que tiene que sufrir y cumplir con toda la normativa con poco personal. Encuentro súper bueno que los parlamentarios tengan experiencia emprendiendo, contratando, desvinculando, así uno puede legislar desde la experiencia”.

La sociedad RPE Maquinarias, propiedad del senador Rafael Prohens, registra tres multas en marzo de 2017 por extensión de horas de trabajo y no pago de horas extraordinarias.

-Entramos a una faena minera con un régimen 4X4, jornada que debe ser aprobada por la Inspección del Trabajo. En esa inspección nos pidieron que hiciéramos un depósito y nos dieron un número de cuenta en el BCI. Hicimos el depósito pero ellos se equivocaron y la cuenta correcta era del Banco del Estado. Por ese error la jornada no quedó aprobada y nos pasaron las tres multas. Aunque el error no fue nuestro, tuvimos que pagarlas y hacer el trámite de nuevo –explicó Prohens.

Medios y Cultura SpA, sociedad del diputado Luciano Cruz-Coke, y de la que también es socio el nuevo subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva Aldunate, ha sido infraccionada tres veces (por no entregar el trabajo convenido y no comparecer a citación). Cruz-Coke declinó abordar el problema y solo dijo que esas multas ya estaban pagadas y resueltas.

Ximena Ossandón
Ximena Ossandón

En mayo de 2014, la Dirección del Trabajo aplicó tres sanciones a la sociedad Agrícola Santa Ximena, de la que es socia la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy diputada por el Distrito 12 (Región Metropolitana) Ximena Ossandón Irarrázabal (RN). Los motivos: no informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, entre otras.

-En Agrícola Santa Ximena tengo un 0,2%, no participo ni he participado de su administración, por lo que no tengo nada que ver con esas multas -explicó a CIPER.

A la lista de sociedades de parlamentarios con infracciones de la DT se suma una empresa en la que participa la diputada por el Distrito 11 Catalina del Real (RN). La sociedad Comercial e Inmobiliaria El Coigüe registra dos multas (una por distribuir la jornada laboral en más de cinco días y otra por exceder las 12 horas diarias de permanencia en el trabajo). Del Real respondió a CIPER que esa sociedad “operaba el restorán de mi hermano, el Miraolas, entonces por eso deben ser las multas y debe estar solucionado. Yo me retiré del restorán cuando salí concejal de Vitacura”.

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Son al menos cinco los nuevos parlamentarios que figuran con sociedades que tienen (o han tenido) como clientes a organismos del Estado: Tomás Hirsch, José Durana, Jaime Mulet, Karim Bianchi y Miguel Mellado. Los contratos, en algunos casos, son millonarios.

La nueva ley de probidad y prevención de conflictos de interés obliga a que en los próximos días todos ellos se retiren de esas empresas o que estas se abstengan de hacer negocios con el Estado. La norma también incluye aquellas sociedades que exploten concesiones públicas, como las de radiodifusión.

Uno de los parlamentarios afectado es el diputado Tomás Hirsch. Desde 2006, su sociedad Matrix Limitada se ha adjudicado cerca de 200 licitaciones con municipios, universidades estatales, las Fuerzas Armadas y hasta la propia Cámara de Diputados. El monto total de las órdenes de compra cursadas a esta sociedad de comercialización de equipos e insumos para la industria gráfica, alcanza los $192 millones.

Infografía Negocios Estado OKUna segunda empresa de Hirsch, Decosolar SpA, ha obtenido $109 millones en adjudicaciones de las municipalidades de Antofagasta, Calbuco y del Parque Metropolitano, a los que les prestó servicios de iluminación. La última orden de compra data del 28 de febrero de este año.

Hirsch indicó a CIPER que para evitar conflictos de interés está vendiendo sus acciones en Decosolar. Respecto de Matrix, afirmó que permanecerá como accionista, pero que se restará de hacer negocios con el Estado.

El ex intendente de Arica y Parinacota y senador por esa misma región, José Durana, es socio de Anticípate F&S Consultores Limitada, la que registra seis órdenes de compra en 2014 y 2015 ($6,7 millones en total) por servicios de consultoría y capacitación a los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.

En F&S es socio de Durana el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esa consultora asesoró al Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Vertebral), mientras se discutía la reforma educacional. Siglos SpA, sucursal de F&S, registra otras cuatro órdenes ($1,6 millón en total).

A través de Inversiones Mallorca EIRL, el diputado por Atacama Jaime Mulet participa de la sociedad Rodríguez y Compañía, propietaria de la Radio 100.1 de Vallenar. La emisora tiene concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y entre 2015 y 2018 registra once órdenes de compra por un total de $3,1 millones con la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huasco y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. El 2 de febrero pasado Rodríguez y Compañía se adjudicó una licitación del Servicio de Salud de Atacama ($750 mil) por la compra de ocho cápsulas radiales.

Mulet señaló a CIPER que había cedido la administración y dirección de la radio a un tercero y que al asumir como diputado dará “estricto cumplimiento” a sus “obligaciones legales y constitucionales”.

Quien también participa en el rubro de la radiodifusión es el diputado electo Karim Bianchi, socio de Radio Soberanía y de Voz Austral. A través de ambas le ha prestado servicios de publicidad a municipios, Sernam, SAG y varias seremis.

Entre 2012 y 2015, Voz Austral registra 83 órdenes de compra por un total de $39 millones. Radio Soberanía, en tanto, tiene 51 órdenes de compra por $20,1 millones. Ambas sociedades también recibieron recursos públicos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales en 2017.

Bianchi señaló a CIPER que se está desprendiendo de sus negocios radiales: “Radio Soberanía se está vendiendo y toma tiempo porque depende de los plazos de la Subtel”.

Miguel Mellado
Miguel Mellado

Las comunicaciones es un rubro en el que otros nuevos parlamentarios mantienen negocios con el Estado. El diputado Miguel Mellado Suazo constituyó en 1992 –junto a los controladores de la Universidad Autónoma– la Sociedad de Televisión y Radiodifusión.De 2006 a la fecha la empresa se ha adjudicado más de 60 licitaciones por cerca de $280 millones con distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi. La sociedad también registra adjudicaciones de la Gobernación de Cautín en 2010 y 2011, justo en el periodo en que Mellado Suazo asumió como máxima autoridad de esa entidad pública.

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella, también de su administración, antes de asumir como gobernador en marzo de ese año. Mellado envió copia de los documentos legales que registran su retiro de la sociedad (ver reportaje de CIPER).

LA LUPA DE LA CONTRALORÍA

Rolando Rentería Möller (UDI), diputado electo por el Distrito 18 (El Maule), estuvo 16 años en el municipio de Linares, primero como concejal (2000-2008) y luego como alcalde (2008-2016).

En los ocho años de Rentería como alcalde, la Contraloría acumuló una larga lista de acusaciones en su contra. Entre las que más lo comprometían figuran un proceso de licitación para la mantención de las cuentas corrientes del municipio con el Banco BCI y un viaje de funcionarios y dirigentes deportivos al Mundial de Brasil en 2014.

En un informe de noviembre de 2014, el organismo contralor determinó que la contratación del Banco BCI favoreció la gestión de Rentería con diversos “aportes” monetarios a cambio de publicidad. Uno de esos aportes (mayo de 2014) sirvió para costear gran parte de la gira de 105 dirigentes deportivos, seis funcionarios municipales y dos concejales al Mundial de Fútbol. Contraloría desestimó que fuera un beneficio para la comunidad y reprochó que nunca se aclarara cómo fueron seleccionados los participantes y en qué consistieron las supuestas capacitaciones que recibieron en Brasil.

Rolando Rentería
Rolando Rentería

En 2016, el cúmulo de irregularidades detectadas por Contraloría puso a Rentería contra las cuerdas: el organismo le solicitó al Concejo Municipal evaluar una acusación contra el ex alcalde por abandono de deberes y sugirió aplicarle una sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Rentería ya había dejado el sillón municipal para asumir su candidatura al Congreso y esa sanción le habría puesto fin a su carrera política. Pero el Concejo Municipal nunca llevó adelante esa acusación. La concejala de Linares desde 2012, Myriam Alarcón (PPD), explicó a CIPER que el actual alcalde Mario Meza (RN) no puso el tema en tabla con la celeridad necesaria y que las veces en que se programó, no hubo quórum para sesionar. Finalmente, las faltas prescribieron y Rentería no pudo ser acusado.

Rentería atribuye todo a una persecución política: “Tenían claro que yo tengo la primera mayoría histórica en Linares”, dijo a CIPER. Respecto del viaje a Brasil, responsabilizó a una abogada contratada por el municipio, quien habría acreditado que todo estaba en regla. Argumentó, además, que la decisión del viaje no fue solo suya, sino del Concejo Municipal.

Quien también estuvo en la mira de la Contraloría es la diputada Andrea Parra (PPD). En 2016 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la contrató a honorarios para realizar labores de seguimiento y articulación en mesas territoriales del programa Chile Indígena.

La Contraloría descubrió numerosas irregularidades en esa contratación. La más grave: de las 16 mesas que Parra incluyó en sus reportes mensuales, nueve ya contaban con consultoras contratadas por licitación pública para las mismas labores. Además, se investigó la veracidad de las reuniones que Parra detalló en sus informes. Varios organismos negaron su existencia y una fue completamente descartada, pues la funcionaria municipal que figuraba como contraparte ya no prestaba servicios cuando Parra fechó el encuentro.

Andrea Parra
Andrea Parra

El órgano fiscalizador ordenó a Conadi restituir los $9,9 millones que le pagó a Parra entre noviembre de 2016 y abril de 2017 (ver informe). La diputada aclaró a CIPER que la sanción está en proceso, tras una apelación de la Conadi: “Solo hay un par de reuniones que no se realizaron, pero eso no implica que tengas que devolver meses de trabajo”.

La Contraloría también investigó los pagos que recibió de la Municipalidad de Linares el ahora diputado por el Distrito 17 (Maule) Hugo Rey (RN). En enero de 2017 fue contratado como “asesor técnico educativo” por más de $1 millón mensual, a pesar de que en mayo y junio debía trabajar por contrato solo ocho horas semanales. La Contraloría ni siquiera pudo comprobar si cumplió con esa jornada mínima. La investigación determinó que no se pudo acreditar la ejecución del trabajo y que Rey nunca visitó los establecimientos educacionales (ver informe).

-Yo hice las solicitudes de información a la municipalidad y me entregaron gran parte de los planes que hice, con letra manuscrita mía, y los más de 30 correos que intercambié con la Dirección de Educación. En unos días la Contraloría resolverá la apelación del municipio y no me cabe duda de que finalizará de manera favorable para mí –afirmó Hugo Rey a CIPER.

Esa no fue la primera vez que Contraloría cuestionó al ahora diputado. En 2010, cuando Rey era alcalde de Curicó, el organismo lo acusó de pagar a funcionarios por trabajos que no estaban debidamente respaldados (ver informe).

Sergio Bobadilla y Frank Sauerbaum volverán a pisar el Congreso este 11 de marzo. Ambos perdieron sus escaños en 2013, pero apenas dejaron la Cámara prestaron servicios a empresas pesqueras. Bobadilla y Sauerbaum habían integrado la Comisión de Pesca de la Cámara, instancia donde el lobby de las pesqueras se hizo sentir con fuerza para proteger sus intereses en la discusión de la cuestionada Ley de Pesca. Ambos aparecen en las pesquisas del Ministerio Público por sus nexos con Asipes.

Varios correos electrónicos publicados por CIPER dejaron en evidencia la estrecha relación entre Sauerbaum y el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. El rol de Sauerbaum consistía en enlazar a otros parlamentarios de RN con Moncada, recibir minutas y coordinar pagos por sus servicios a través de boletas presuntamente falsas de la empresa de su hermano. Por sus trabajos para Asipes, Sauerbaum recibió $6 millones en 2016.

Sergio Bobadilla
Sergio Bobadilla

Bobadilla y Asipes formalizaron su relación a través de un contrato con la consultora Bobadilla & Crovetto (de su propiedad) para la entrega de resúmenes noticiosos mensuales. Según un artículo de La Tercera, la consultora del diputado estaría siendo investigada por el Ministerio Público por asesorías a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y que fueron pagadas por Asipes.

Jorge Soria Quiroga (IND-PPD), nuevo senador por Tarapacá, fue alcalde de Iquique durante siete periodos. En 2006 Soria fue destituido como alcalde. Se le acusó de pagos irregulares por más de $100 millones hechos por el municipio a una empresa contratista cuyo dueño era cercano a Soria. En 2009 la justicia lo condenó por fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho. En 2012 la Corte Suprema revocó de manera unánime la condena y ese mismo año volvió a ser electo alcalde de Iquique.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Los negocios privados del nuevo equipo económico de Piñera

Por Catalina Albert, Pedro Ramírez y Fernando Vega

“Hoy día tenemos que construir sobre la base de dar un impulso a la inversión y que esa inversión nos traiga progreso y crecimiento”. Así resumió José Ramón Valente su principal tarea como próximo ministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera. “La primera piedra es reactivar las inversiones. Chile lleva cuatro años perdiendo plata en inversiones”, agregó tras su nominación.

Economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, el socio de la consultora Econsult y consejero de Políticas Públicas del centro de pensamiento de la UDI, Libertad y Desarrollo, está convencido de su receta para reactivar el crecimiento económico. Como asesor de empresas y experto en finanzas -pero no en macroeconomía- ha enfatizado en innumerables ocasiones la importancia de acelerar la inversión.

El rol que ha tenido su empresa Econsult en el asesoramiento de varias compañías –de casi todas las áreas de negocios- le ha permitido conocer de primera mano la operatoria de diversos mercados a la par que un reconocimiento dentro del mundo privado. “Mi trayectoria me da elementos para poder ser un buen interlocutor con todos los sectores”, dijo a los periodistas que lo esperaban este martes, al ser consultado por los conflictos de interés que podría enfrentar una vez que asuma formalmente el nuevo gobierno el próximo domingo 11 de marzo.

En su rol de coordinador económico de la campaña presidencial de Piñera, Valente encabezó junto al también recién nombrado ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y al ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, las críticas a la conducción económica del gobierno actual, al que acusó de tener una impronta “anti empresarial, anti emprendimiento, anti sector privado y anti progreso” (vea sus declaraciones en radio Duna).

Considerado un neoliberal de tomo y lomo, como lo reflejan sus habituales columnas en El Libero y La Tercera o su libro “La rebelión del sentido común. Por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos”, el ingeniero comercial asumirá un Ministerio de Economía que, según ha dicho a su propio entorno, resulta “desafiante”.  La tarea lo seduce, en gran parte, porque deberá asumir la coordinación con otras secretarías de Estado clave –como Minería y Agricultura– para acelerar los procesos de inversión y eliminar o morigerar lo que el nuevo gobierno considera “cuellos de botella” para los negocios.

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

En lo legislativo, una de sus principales tareas será cumplir la promesa de Piñera de generar una nueva Ley de Pesca. En noviembre pasado, tras los malos resultados de la primera vuelta electoral,  el presidente electo se comprometió a revisarla. Lo hizo tras reunirse por primera vez con su ex contendor de las primarias Manuel José Ossandón, cuando reconoció que “hubo un lobby muy fuerte que afectó a parlamentarios de todos los partidos”, debido al financiamiento irregular que recibieron políticos de parte de empresas pesqueras.

Valente conoce el sector de la pesca, un negocio en el que también ha asesorado a grandes inversionistas. En 2013, una de sus empresas, Econsult, compitió representando a compañías internacionales por los activos de la fallida pesquera española Pescanova en Chile. En la puja, también participaron las salmoneras Marine Harvest (Noruega), Cooke Aquaculture (Canadá), además de inversionistas chinos.

La reforma al Código de Aguas y la nueva Ley del Sernac –ahora sin facultades sancionatorias tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) – serán otros flancos que deberá cubrir Valente. Para ello, según dijo a sus cercanos, fue “instruido” por el presidente Piñera para trabajar coordinadamente con Felipe Larraín y los demás ministros de las carteras donde la inversión privada es considerada prioritaria: Minería (a cargo de Baldo Prokurica), Agricultura (Antonio Walker) y Obras Públicas (Juan Antonio Fontaine). Eso sin descuidar a las demás reparticiones.

Valente asume un ministerio que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) estuvo marcado por problemas como el fallido Censo de 2012, el posible cohecho en la tramitación del royalty a la minería tras el terremoto de 2010 y los conflictos de interés en la Ley de Pesca, tres episodios que ocurrieron cuando Pablo Longueira (UDI) era el ministro. A eso se suman las boletas de Penta pagadas al entonces subsecretario Pablo Wagner (UDI), quien recibió ese dinero cuando se tramitaba el proyecto minero Dominga, perteneciente a uno de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano. Wagner, además, fue el responsable del viciado proceso de licitación del Litio que inicialmente favoreció a SQM.

Longueira fue reformalizado en octubre pasado por cohecho en la tramitación del royalty, que se promulgó con un artículo enviado por el propio ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Y Wagner está formalizado por las boletas falsas que hizo a Penta y, luego de acogerse a la suspensión condicional de su pena por los ilícitos del Litio, debió donar $1 millón a Bomberos.

LOS NEGOCIOS DE VALENTE

Valente (55 años), es director de varias empresas chilenas y extranjeras como Soprole, Transelec, Telefónica, Brookfield, Banmédica, Universidad del Desarrollo, Penta Vida, Club el Golf 50 y Cementos Bío Bío. También integra el directorio de Fundación Alter-Ego.

De acuerdo a registros oficiales, el futuro ministro de Economía participa (por sí mismo o a través de sus empresas) en las sociedades Garreaud y Valente (G & V Trading Limitada) constituida en 1988 con el director de empresas Sutil, Luis José Garreaud.

En Econsult, donde ha sido “rostro” por más de 20 años, Valente figura tanto como socio en la matriz, como en la filial de administración de fondos.

José Ramón Valente
José Ramón Valente

Con el ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, su socio histórico Hernán Cheyre, comparte negocios en Econsult, Inversiones San Sebastián Limitada e Inmobiliaria Grupo Cuatro Mas Ltda, donde los otros accionistas son Antonio Mingo, Emilio Soto y Felipe Lamarca, entre otros.

Junto a su esposa, Verónica Stein Riedel, Valente figura asociado en las consultoras El Remanso y Los Peñascos, además de FAVAL SpA, la que aparece como su principal inversión: a noviembre de 2017 registraba un capital de $1.524 millones, según datos del Diario Oficial.

A través de Injoval S.A, Valente participa en la sociedad de su padre y de su hermano Ramón Valente y Cía Limitada, la que ha firmado contratos con el Estado por $78,8 millones, según indica la ficha de proveedores disponible en Mercado Público. El giro de esta empresa es obras menores en construcción y ventas de diversos productos. El sitio web dice que se dedican a la importación y comercialización de anteojos de sol y ópticos de “importantes marcas internacionales”.

EL RETORNO DE LARRAÍN

El nombre de Felipe Larraín siempre estuvo entre las apuestas del gabinete para el nuevo gobierno de Piñera. Se le mencionaba inicialmente para otras carteras, como Relaciones Exteriores, pero finalmente fue confirmado en Hacienda.

El actual director del Centro de Políticas Sociales y Económicas (Clapes) de la Universidad Católica, al que llegó tras el término del gobierno de Piñera, dejará en los próximos días la entidad que fue su principal ocupación en los últimos cuatro años.

Desde allí, Larraín se convirtió en 2014 en parte del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU y miembro del Consejo Asesor del Banco Mundial, que calcula el indicador Doing Business. Este último recientemente estuvo en el centro de la polémica, luego de que el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dijera que por motivaciones políticas se manipularon las estadísticas de ese ranking –que mide la facilidad para hacer negocios–, perjudicando la posición de Chile bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Debido a que las sospechas de un eventual complot político apuntaron inicialmente a Larraín, el ex ministro afirmó -a través de un comunicado- que solo participó en dos reuniones y que nunca más fue contactado.

Desde 2015, además, ha estado yendo y viniendo de Paraguay, como asesor del Ministerio de Hacienda de ese país, donde propuso dos reformas que Chile aplicó hace una década: Ley de Responsabilidad Fiscal y un Fondo Soberano.

En 2016 fichó como director de Independencia, la mayor administradora de fondos inmobiliarios de Chile. Su renuncia a esta firma, la hará efectiva en los próximos días.

En abril de 2016, en su calidad de director de Clapes, Larraín participó en las audiencias públicas del Tribunal Constitucional donde expuso su rechazo a la mayoría de los cambios impulsados por la Reforma Laboral.

Felipe Larraín
Felipe Larraín

Una de las inversiones que a Larraín le ha acarreado críticas por un posible conflicto de interés es su participación en la Viña Quintay, la que le da derecho a un asiento en el directorio. Bajo su anterior administración de la cartera se impulsó un aumento de impuestos a los licores de más de 41° alcohólicos, lo que excluyó al vino por su baja graduación (quedó con una tasa de 15%, en tanto el tributo para los licores de alta graduación se elevó a 27%).

A mediados del año pasado, nueve de los 12 socios de la viña ubicada en Casablanca, vendieron su 81,6% a los familiares del también accionista Alejandro Weinstein (ex socio de CFR Pharmaceuticals). Larraín y su socio histórico, Hernán Gómez, siguieron en el negocio junto a Weinstein.

Según consigan los registros públicos y sus declaraciones de patrimonio, el futuro ministro de Hacienda posee 13 propiedades avaluadas en $ 966,7 millones, de las cuales una tiene destino habitacional y las demás corresponden a predios agrícolas de su conocido campo en Casablanca y en Río Claro (Región del Maule), donde constituyó dos sociedades controladas por sus hijos.

De acuerdo con los registros del Diario Oficial, Felipe Larraín Bascuñán ha desarrollado casi todos sus negocios con su mujer, la profesora de inglés Francisca Cisternas Lira y sus hijos. Inversiones El Boldal, es el principal vehículo de inversión y fue creada en 1992. A través de esta sociedad el ministro y su familia participan en negocios inmobiliarios y de asesoría en inversiones.

Según la Declaración de Patrimonio que entregó en 2014 al término del primer gobierno de Piñera, a través de El Boldal, Larraín y su esposa participan además en otras cinco sociedades de inversiones.

LAS INHABILITACIONES DE PROKURICA

En la tarea de destrabar inversiones y fomentar el crecimiento económico, Felipe Larraín y José Ramón Valente tendrán que entenderse con dos sectores clave: Minería y Agricultura. El titular de la primera cartera será el hasta ahora senador por Atacama Baldo Prokurica (RN), quien no se presentó a la reelección. Prokurica conoce el sector, no solo porque es una de las actividades económicas más relevantes de su región, sino porque forma parte de la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que incluso ha presidido.

Dos de las áreas más relevantes para el rubro minero son los eventuales cambios a la normativa sobre derechos de aguas y el impulso a nuevas fuentes de energía. En ambas Prokurica podría enfrentar posibles conflictos de interés.

El futuro ministro ha declarado participación en tres sociedades comerciales, una de inversión (Cavtat Limitada) y las dos restantes agrícolas (Longomilla Limitada y Konavle Limitada). En la primera figura como controlador, con el 90% de la propiedad. En las dos últimas tiene el 25% de los derechos de cada una.

Las declaraciones de intereses y patrimonio que Prokurica ha presentado hasta ahora como legislador (vea la última de ellas) lo obligan a informar si tiene derechos de agua a su nombre o de las entidades que controla. Él ha declarado que no los tiene. Y eso, según la revisión que hizo CIPER, es efectivo. Pero una de las sociedades en las que tiene participación, aunque Prokurica no ejerce su control, sí tiene derechos de aguas. Es la Agrícola Konavle, en la que el senador participa en partes iguales con tres hermanos.

Baldo Prokurica
Baldo Prokurica

Konavle se creó en 1997 y, de acuerdo con el Diario Oficial, como aporte a su constitución se registró la Hacienda Chañaral de Aceituno con “sus correspondientes derechos de aguas”, los que no fueron detallados en ese registro. Además, en marzo de 2016 la Dirección General de Aguas concedió a Konavle el derecho a extraer 2 litros por segundo (l/s) en sus terrenos de Freirina. Asimismo, Konavle ha hecho solicitudes para constituir derechos para extraer 8 l/s y 13 l/s desde dos pozos, también en Freirina.

Consecuente con lo anterior, el senador Prokurica se ha inhabilitado en la tramitación de los cambios a la normativa del Código de Aguas. Esta iniciativa, impulsada por el actual gobierno, ha despertado mucha resistencia entre los empresarios de los rubros minero y agrícola, quienes sostienen que precariza la propiedad sobre derechos ya constituidos. Las bancadas de Chile Vamos han hecho eco de estas críticas y es altamente probable que breguen por hacer cambios sustantivos en el proyecto de ley, cuya resolución quedará en manos del nuevo Congreso que se constituirá en marzo próximo.

A pesar de que su voto podía ser clave para los intereses de su sector, Prokurica se inhabilitó en el debate. En la sesión del pasado 16 de agosto, pidió la palabra al inicio de la discusión: “Aunque aún no votamos acerca de la iniciativa que modifica el marco normativo de las aguas, voy a inhabilitarme, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento del Senado, en virtud de que pertenezco a una sociedad con derechos en ese ámbito”.

A pesar de sus intereses en los derechos de agua, Prokurica presentó en 2009 un proyecto de ley –junto a los senadores Carlos Bianchi y Alberto Espina– para privilegiar y asegurar el consumo humano, en condiciones de escasez hídrica, por sobre el abastecimiento de actividades productivas: “La función social de la propiedad, reconocida en la carta fundamental, también puede limitar u obligar a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas”, se lee en el encabezado de esa moción parlamentaria suscrita por el próximo ministro de Minería.

En las discusiones de proyectos que fomentan nuevas fuentes de energía renovable, que serán clave para el crecimiento del sector minero, Prokurica también enfrenta un conflicto de interés que lo ha llevado a inhabilitarse en el debate. Aunque integraba la Comisión de Minería y Energía, desistió de participar en estos temas, debido a que una de sus sociedades es propietaria de terrenos que se arriendan a tres proyectos de generación de energía eólica.

No obstante, un reportaje de CIPER reveló que, aunque se había inhabilitado en el debate, de todas formas participó en las negociaciones para destrabar el proyecto de ley que impulsó la ampliación de las fuentes de energía no convencionales (vea ese artículo de CIPER), lo que beneficiaba al sector con el que estaba haciendo negocios privados.

Por último, otro flanco que se le puede abrir a Prokurica es que su hermano Nicolás –con quien comparte propiedad en la sociedad agrícola familiar– fue favorecido en julio pasado con una sentencia del Juzgado de Letras de Freirina que constituyó a su favor una concesión de explotación minera en un paño de 36 hectáreas en esa comuna.

LOS DERECHOS DE AGUA DE WALKER

El nombre de Antonio Walker Prieto, futuro ministro de Agricultura, le permite al nuevo gobierno hacer un guiño al sector más conservador de la DC. Antonio es el quinto de los nueve hermanos Walker Prieto, tres de los cuales –Ignacio, Patricio y Matías– son parlamentarios de la falange con amplia trayectoria en cargos partidarios. Pero así como su figura puede abrir puertas hacia el centro político, también puede generar críticas por posibles conflictos de interés.

Walker es un empresario con una trayectoria de más de tres décadas en el rubro de la producción y exportación de frutas. De profesión técnico agrícola, con estudios en California, en 1988 fundó junto a su padre, Ignacio Walker Concha, la Agropecuaria Walker Prieto (Wapri), una de las más relevantes de la zona de Curicó y Talca. Dirigente de la agrupación de exportadores Fedefruta, entidad que ha presidido, una de sus preocupaciones es promover la innovación tecnológica y mejorar el trato laboral.

Fue uno de los fundadores de Frutales Gestión 2000, un grupo de 14 empresas del sector que comparten experiencias de transferencia tecnológica, y de Corporación Pomanova, entidad que tiene una veintena de técnicos que fomentan innovación productiva en los campos. Su empresa Wapri cuenta con departamentos de prevención de riesgos y de asistencia social y bienestar, que promueve el acceso de sus trabajadores a redes de beneficios sociales.

Antonio Walker
Antonio Walker

A diferencia de sus hermanos de la DC, Antonio Walker apoyó a Piñera tanto en 2009 como en la reciente campaña presidencial, pero solo en esta última asumió un rol protagónico, como encargado programático del sector agricultura.

Ya inmerso en el mundo político, varios son los temas clave que Walker deberá abordar en su tarea de empujar el carro del crecimiento económico junto a José Ramón Valente y Felipe Larraín. Uno de los más importantes será el acompañamiento al proceso final de la tramitación legislativa de la reforma al Código de Aguas, en la que también tendrá que coordinar esfuerzos con el futuro ministro Prokurica.

“No queremos especulación, apoyamos que el agua es para consumo humano como primera prioridad y que debemos hacernos cargo del cambio climático, pero nos preocupa que se legisle mal en el Código de Aguas”, declaró Walker, en diciembre pasado, a la revista Grupo Agro. En este punto, Walker ha hecho suyo el rechazo del empresariado a las normas que relativizarían la perpetuidad de los derechos, lo que a juicio del gremio instala un clima de inestabilidad y desincentivaría nuevas inversiones en el rubro.

En el debate sobre el nuevo marco normativo para los derechos de agua, el futuro ministro de Agricultura puede enfrentar un conflicto de interés. Su empresa Wapri aparece en el Diario Oficial solicitando la constitución de derechos en al menos cuatro ocasiones (desde 1990 a 2007) en las comunas de Teno y Río Claro. En total, Wapri, representada por Antonio Walker, ha pedido constituir o regularizar derechos por 279,8 l/s.

Los registros consultables en línea de la Dirección General de Aguas indican que Wapri tiene constituidos tres derechos de aguas por un total de 160,45 l/s. El primero es de septiembre de 2001 en Río Claro, por 116,6 l/s; el segundo de diciembre de 2001 en Teno, por 30 l/s, y el último de abril de 2009 en Río Claro, por 13,85 l/s.

Otro problema pendiente y relevante para el sector es el estatuto laboral de los trabajadores temporeros, también impulsado por el actual gobierno y que tendrá que ser despachado bajo la nueva administración. La mirada que tiene Walker sobre este tema, y que debiese reflejarse en su gestión al mando del ministerio, quedó plasmada en sus recientes declaraciones a la revista Grupo Agro. Allí, Walker sostuvo que el estatuto “duerme en el Congreso, donde se hicieron tantas intervenciones que terminó vulnerando su espíritu. Este era un acuerdo entre trabajadores y empresarios, y nuestra propuesta es volver a presentarlo, pero debe ser un estatuto claro para ambas partes”.

En materia de trato laboral, el pensamiento del próximo ministro de Agricultura quedó retratado tras una reunión de Fedefruta con la entonces ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en junio de 2016. Entonces, Walker manifestó el deseo de que las futuras normas establezcan que “no pueda haber una huelga en (época de) cosecha y que la negociación colectiva pueda pactarse en una fecha lejana a los peaks de la temporada”. En esa misma cita, los dirigentes empresariales insistieron en la necesidad de contar con una ley de extranjería más flexible, que permita el ingreso de extranjeros con visas temporales para trabajar en el sector agrícola.

Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a municipios

Vea también: Municipios mineros I: Los millones de los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

MAPA.FINALCIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millonesSalamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.
Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

COQUIMBO.FINALEntre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.
Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo solo registra un pronunciamiento sobre estudios o declaraciones de impacto ambiental ingresados por Teck al SEA entre 2010 y 2016. Tras introducir algunas observaciones iniciales al proyecto de la minera para recuperar suelos contaminados, el 17 de julio de 2012 la administración edilicia se pronunció conforme. El municipio recibió dos donaciones de la minera en fechas cercanas: una el 14 de julio y la otra el 30 del mismo mes, por un total de $12 millones.

El capítulo más delicado de la relación entre la minera y la Municipalidad de Andacollo se da en otra instancia. En 2010 el SEA dio luz verde al proyecto de Teck que le permitió modificar y optimizar sus procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

AATACAMA.FINALdemás de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera.
Patricia González, ex alcaldesa de Caldera (Fuente: elregional.cl).

Los municipios de Chañaral y Mejillones también se han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

portada 1En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

ANTOFAGASTA.FINAL (2)El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

RM-OHIGGINS.FINALEl 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)
Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

(Imagen de portada: chilesustentable.net)

Municipios mineros I: los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)
Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)
(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Viva Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Firma del convenio "Viva Salamanca"
Firma del convenio “Viva Salamanca”

“Viva Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)
Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006 (Fuente: Informe Universidad de Waterloo)
Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006, según estudio de la Universidad de Waterloo.

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

CAMIONESEn ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que durante la administración del entonces gobernador, Iván Cisternas (RN), se suscribieron diversos convenios de colaboración con la compañía. El problema es que la Gobernación no tiene las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le compete a la Intendencia (ver Nota de la Redacción).

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

PELAMBRES1Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas, a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo original se dijo que los convenios entre la Gobernación de Choapa y Minera Los Pelambres habían sido suscritos bajo la administración del actual gobernador Álex Trigo. Fue un error, pues el convenio original data de 2010, como lo confirmó a CIPER la Gobernación de Choapa, cuando el gobernador era Iván Cisternas (RN). En abril de 2014, cuando el gobernador era Álex Trigo, se firmó una última adenda a ese convenio. Le pedimos excusas a nuestros lectores. Mónica González.

Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal

Islas Vírgenes Británicas es un paraíso para quienes disfrutan de bucear, navegar a vela, pescar o simplemente tomar sol. Lo ha sido también para cientos de miles de personas que escogen ese destino de aguas turquesa, verdes montañas y antiguas destilerías de ron con otros fines: crear sociedades de fachada amparadas en la opacidad y en un laxo sistema impositivo.

Situada al norte del Caribe, está compuesta por cerca de 60 islas e islotes donde viven poco más de 30 mil habitantes. La gran mayoría lo hace en Road Town, capital de Tórtola, la isla más grande de todas las del archipiélago, aunque la definición es engañosa: su superficie no supera los 20 kilómetros de largo por cinco de ancho. Más que como destino turístico, ese minúsculo territorio de origen volcánico es conocido principalmente por ser una de las mayores plataformas de la industria de la venta de secreto financiero.

Fue allí donde Sebastián Piñera registró el 16 de septiembre de 1997 su sociedad offshore Bancard International Investment Inc. Así se lee en los registros oficiales de la autoridad financiera de Islas Vírgenes Británicas que CIPER solicitó y obtuvo (ver registro). Bancard International es uno de los principales vehículos a través del que Piñera mueve sus inversiones en el extranjero –Perú y Colombia, especialmente– en áreas estratégicas como la pesquera, marítima, energética, infraestructura y bursátil, entre otras. Esos mismos registros indican que Bancard International figura a la fecha con un capital autorizado de US$103 millones en un refugio donde no existen impuestos sobre la renta o las ganancias de capital.

Son justamente las fichas puestas fuera de Chile, y en las que utiliza como vehículo de inversión su sociedad en Islas Vírgenes, las que tienen hoy al ex Presidente Piñera al centro de una aguda polémica sobre sus potenciales conflictos de interés.

Tal como informaron radio Biobío y El Mostrador, una parte de la fortuna que maneja Sebastián Piñera en el exterior fue invertida en 2012 en la pesquera peruana Exalmar, en la que el ex Presidente posee actualmente un 9,18% de su capital accionario. Un porcentaje de esa inversión, hoy avaluada en US$9,3 millones, se realizó mientras Piñera era Presidente y con el litigio con Perú en la Corte Internacional de Justicia de la Haya como telón de fondo.

La noticia provocó un estremecimiento entre algunos empresarios y políticos. ¿Qué habría pasado si en 2012, en el apogeo del litigio con Perú por la zona pesquera de altamar, se hubiera sabido que una sociedad de Piñera invertía precisamente en esa época en una de las principales empresas peruanas del rubro?  Ese fantasma es el que hoy está sobre la mesa. Porque a diferencia de 2009, cuando la fortuna de Piñera estaba concentrada en Chile, la situación hoy es radicalmente distinta. Este reportaje da cuenta de la diversificada cartera en que Piñera ha invertido su fortuna. Y los sectores económicos en los que apostó. Un cuadro que aumenta los riesgos de conflicto de interés si llegara a instalarse nuevamente en La Moneda. A casi un año de la elección presidencial y con Piñera liderando las encuestas, el debate toma fuerza.

Las inversiones en el exterior de Piñera sumarían cerca de US$1.800 millones, equivalentes al 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones según Forbes.

Esta infografía muestra compañías en las que Bancard International Investment  -y en menor medida el FIP Mediterráneo- tiene o ha tenido participación.
Esta infografía muestra compañías en las que Bancard International Investment -y en menor medida el FIP Mediterráneo- tiene o ha tenido participación.

La investigación de CIPER arroja que Exalmar no es la única pesquera peruana en la que Bancard International Investment Inc. ha materializado apuestas de inversión. Según un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) de julio de este año, la sociedad de Piñera con domicilio en Islas Vírgenes es la segunda mayor accionista de Austral Group S.A.A., sociedad de capitales noruegos dedicada a la pesca y comercialización de conservas, harina y aceite de pescado (ver reporte). Bancard International posee el 3,58% de la propiedad de esta empresa que en 2014 tuvo ventas por US$195,2 millones, casi US$28 millones por sobre las de Exalmar ese mismo año (ver ranking de América Economía).

La pesca peruana no es el único sector económico que coloca al ex presidente y posible candidato a La Moneda bajo potenciales conflictos de interés. Bancard International Investment es propietaria del 6,94% del holding Andino Investment, que agrupa a 16 empresas que operan en áreas estratégicas de Perú, como la marítima y de infraestructura. En 2013 adquirió también -pero esta vez a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP Mediterráneo)– el 11,8% de Corporación Lindley, embotellador de Coca-Cola y una de las gigantes en la industria de las bebidas no alcohólicas de ese país, productora de la popular Inca Kola.

Colombia es otro de los destinos en donde la fortuna del ex Presidente tiene una posición relevante. En ese país, Bancard International Investment es la accionista mayoritaria de la Bolsa de Valores y sus inversiones muestran un patrón diversificado en áreas como la energética (Isagen), maderera (Tablemac), construcción (Cemex Latam), combustibles (Terpel) y transporte aéreo (Avianca).

Bancard International Investment es una de las más de 430 mil sociedades offshore –la mayoría de ellas activas– registradas a la fecha en Islas Vírgenes Británicas. Sus verdaderos beneficiarios –cuya identidad se desconoce en muchos casos– no son precisamente virgenenses. Entre ellos se cuentan a magnates chinos, oligarcas rusos y colaboradores o familiares de autoridades políticas de distintas partes del mundo, que las utilizan para administrar sus fortunas bajo estricta confidencialidad.

No es ilegal abrir sociedades en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes Británicas no son una excepción. No obstante, el territorio de ultramar del Reino Unido ha sido una atractiva jurisdicción para estafadores asiduos al esquema “Ponzi” o “piramidal”. El caso más reciente en nuestro país es el de Alberto Chang, acusado por el Ministerio Público de lavado de activos e infracciones a la Ley General de Bancos y a la de Mercado de Valores, quien operaba con dos sociedades y ocho cuentas bancarias en esa jurisdicción.

Sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas estuvieron fuertemente implicadas en el colapso de la multimillonaria trama del ex banquero Bernard Madoff, protagonista en 2008 de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Estados Unidos. En Argentina, al vendedor de seguros Eugenio Curatola se le acusó en 2007 de un fraude de más de US$90 millones en el que utilizó como vehículo una sociedad en ese paraíso fiscal.

ANTI-PARAÍSO

Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley o la moral (…) lavado de dineros que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos”, dijo Sebastián Piñera hace poco más de dos meses en una conferencia a la que fue invitado en Ecuador.

Con sus declaraciones, Piñera hizo eco de las críticas que desde abril de este año se extendieron como reguero de pólvora por todo el mundo tras las revelaciones de los “Panama Papers”. Por primera vez autoridades políticas, intelectuales y economistas coincidieron en que los paraísos fiscales le hacían un daño a la economía mundial. A ello se sumó que miles de ciudadanos salieron a las calles en distintos países cuando se enteraron por esa investigación que sus autoridades tenían refugiada su fortuna en esas jurisdicciones. El caso más paradigmático fue el del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugssor,  quien debió renunciar por haber ocultado su fortuna precisamente en una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas.

mapa-islas-virgenes-britanicasLas palabras de Piñera colisionan con la estructura de negocios diseñada para canalizar sus inversiones a través de la sociedad que creó en 1997 en Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment. También se enfrentan con un pedazo de su historia.

En los registros públicos de Panamá –uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo– aparecen dos sociedades vinculadas a Sebastián Piñera. Ambas fueron registradas en esa jurisdicción a mediados de los ’80 por el estudio jurídico Icaza, González, Ruiz y Alemán. En Chine Invesments S.A. e International Card Systems Inc., creadas en 1984 y 1985 respectivamente, figura Sebastián Piñera como director y en una de ellas aparece su esposa, Cecilia Morel, en la misma función. Las sociedades, según esos mismos registros, continúan vigentes aunque no estarían activas.

Tras estallar el capítulo Exalmar hace unos días, fue el abogado y asesor de Piñera, Fernando Barros, quien aportó con un dato clave para la estrategia de defensa del ex Presidente. De acuerdo a un artículo de La Tercera, el abogado informó a Piñera que desde hace un año las Islas Vírgenes Británicas ya no era considerado un paraíso fiscal por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El dato que se omitió, y que hasta ahora se desconocía, fue que Bancard International Invesment Inc. había sido registrada 18 años antes –en septiembre de 1997– en Islas Vírgenes Británicas.

El argumento del abogado Barros es discutible. Recién el año pasado la OCDE incluyó a ese territorio británico de ultramar -junto a más de 70 países y territorios- en la nómina de aquellos  que cumplen en “gran medida” con estándares de transparencia e intercambio de información bancaria. En esa lista aparece las Islas Vírgenes Británicas junto a otros paraísos fiscales, como Bahamas, Islas Caimán y Seychelles.

Para el consultor de la ONG internacional Tax Justice Network, Andrés Knobel, la calificación actual de Islas Vírgenes debe ser “tomada con pinzas”. Knobel señaló a CIPER vía correo electrónico:

–Por ejemplo, la OCDE concluye lo mismo sobre Suiza y Estados Unidos, dos de los mayores paraísos fiscales del mundo. En el caso de Islas Vírgenes Británicas, aunque su secreto bancario no sea tan grave, especialmente por su participación en el intercambio automático de información, su gran problema sigue siendo la opacidad de sus compañías y fideicomisos, que no deben registrar a sus dueños. Las Islas Vírgenes incluso ofrece los famosos fideicomisos “VISTA trusts” que pueden ser utilizados de manera abusiva.

Tax Justice Network es responsable de elaborar anualmente un índice de secreto financiero, cuya versión 2015 ubica a Islas Vírgenes Británicas en el lugar N°21 (ver reporte). De acuerdo a la legislación chilena, esa jurisdicción sigue integrando la lista de paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N°628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver aquí).

Los registros oficiales de la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes que CIPER obtuvo, no dan cuenta ni de los directores ni de los accionistas de la sociedad de Sebastián Piñera. De acuerdo a las leyes locales, las compañías incorporadas a esa jurisdicción no están obligadas a entregar esa información a la autoridad competente. Tampoco sus balances anuales. Quienes deben mantener esos registros son los intermediarios –bufetes de abogados– que se encargan de hacer los trámites para que, en cosa de días y a cambio de poco menos de mil dólares, las sociedades queden oficialmente registradas en ese territorio.

Pese a la importante ofensiva iniciada por la OCDE para provocar un cambio en el secretismo de los paraísos fiscales, Tórtola, capital del archipiélago británico, sigue siendo un paraíso de moda y no precisamente como destino vacacional. Entre enero y junio de este año, se han constituido allí más de 16 mil nuevas sociedades, casi 89 por día (ver aquí).

En sus últimas declaraciones a Radio Bío Bío (Concepción), el ex presidente Sebastián Piñera señaló: “Soy expresidente y siempre voy a estar comprometido con Chile (…) si quisiera dedicar mi vida a proteger los intereses patrimoniales personales o de mi familia, jamás habría sido candidato ni presidente de Chile”. Y respecto de las inversiones de Bancard International, puntualizó: “La actividad que hicimos no está reñida ni con la moral ni con la ley (…) no tengo nada que ocultar (…) todas las inversiones que se hicieron fuera de Chile son absolutamente legítimas y legales”.

DE ISLAS VÍRGENES A ARGENTINA

Bancard International Investment Inc. fue registrada en Islas Vírgenes Británicas en 1997 por la firma Overseas Management Company Trust, una de las líderes mundiales en la constitución de sociedades en paraísos fiscales. Solo semanas después Piñera se vería salpicado por los coletazos del “Caso Chispas”. A propósito de ese episodio, en noviembre de ese año, el  senador Andrés Allamand señaló al diario La Tercera: “(Los empresarios) son valiosos para la política, pero cuando entran de lleno en ella deben dejar los negocios de verdad y no de fachada”.

Aunque fue candidato presidencial en 2005, Piñera recién daría pasos para desligarse del manejo y control de su fortuna en 2009. Pero a diferencia de sus inversiones en nuestro país que, un año antes de asumir como Presidente en 2010, quedaron a resguardo de un fideicomiso ciego, las extranjeras quedaron en manos de su círculo histórico de colaboradores y de su núcleo familiar.

Road Town, Tórtola.
Road Town, Tórtola.

Fue a través de Bancard International Invesment Inc. que el 23 de marzo de 2004, Sebastián Piñera entró a la propiedad de Southern Cone Power Argentina S.A., controladora de Central Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país vecino. Lo hizo comprando el 70% de las acciones que Latin America Holding I y II poseían hasta entonces en esa compañía. En esa misma operación Bancard se hizo propietaria también de un paquete de acciones clase B de Central Costanera, equivalentes al 1,33% de su capital social. En virtud de esa compra, Sebastián Piñera quedó como director suplente de Central Costanera y su hermano, Pablo, como titular.

El ingreso de Bancard International a la propiedad de Costanera fue informada así por un medio local: “El atractivo para los chilenos podría ser precisamente la crisis: entrar ahora y esperar que el gobierno autorice el alza de las tarifas (de gas)”. En esa misma nota, a Piñera se le define como líder de la oposición del gobierno chileno y como un empresario “conocido por su buen olfato para los negocios”.

Para entonces (marzo de 2004), los directores de Bancard International –cuya identidad se desconoce gracias a que la legislación de Islas Vírgenes lo permite- habían aprobado el aumento del capital autorizado de la sociedad en tres oportunidades. Un nuevo aumento –junto a un cambio en el número de acciones– tendría lugar el 28 de septiembre de 2009.

No hay registro de operaciones similares realizadas por esta sociedad después de esa fecha. Su capital autorizado asciende actualmente a US$102,9 millones, según los registros oficiales que CIPER obtuvo. Sin tener a la vista la contabilidad de esa sociedad, no es posible saber si ese capital tiene hoy respaldo efectivo o no.

PERÚ: MAR, AEROPUERTOS Y BEBIDAS

Según la información financiera disponible, el ingreso de Bancard International Investment a Perú es más reciente que las inversiones de Piñera a través de esa misma sociedad offshore en Argentina. En Perú –y también en Colombia– las inversiones de Piñera se canalizaron inicialmente vía el FIP Mediterráneo, entidad gestionada por Administradora Bancorp. Fue a través de este fondo que los intereses del ex Presidente aterrizaron inicialmente en Exalmar, empresa ligada a la familia peruana Matta Curotto. No podría haber sido de otra forma. Entre 2010 y 2011, la pesquera peruana realizó dos ofertas públicas de venta de acciones. En ambas, la empresa estipuló que ningún inversionista domiciliado en paraísos fiscales podía participar de la operación. Entre ellos figuraba Islas Vírgenes Británicas, domicilio de Bancard International Investment Inc.

Lo curioso es que en esa lista de paraísos fiscales, Exalmar incluyó a Panama, jurisdicción donde tiene domicilio Caleta de Oro Holding, la sociedad que la controla.

A agosto de 2012, el FIP Mediterráneo poseía el 1,74% del capital social de la pesquera. A principios de 2015, Bancard International Investment reemplazó al FIP Mediterráneo como titular de las acciones. La sociedad de Islas Vírgenes posee actualmente el 9,18% de la propiedad de la pesquera (cerca de US$ 9,3 millones).

pescaEl FIP Mediterráneo también figura como accionista de otra pesquera peruana: Austral Group S.A.A. Un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating de febrero de 2015, informa que en septiembre de 2014 Mediterráneo era el segundo mayor accionista de Austral Group con un 2,6% (ver aquí). Un segundo reporte de la misma clasificadora del 20 de julio de 2016 (con estados financieros auditados al 31 de marzo de este año), muestra que el titular de esas acciones es ahora Bancard International Invesment y que la participación de Sebastián Piñera en esa empresa aumentó desde el último informe a 3,58% (ver aquí).

Otra de las compañías peruanas donde Bancard International Invesment ha comprometido inversiones es Andino Investment, holding donde la sociedad de Islas Vírgenes Británicas figura en diciembre de 2015 con un 6,94% de las acciones. Andino Invesment Holding reúne a 16 empresas del ámbito marítimo, logístico y de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Una de ellas es Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), sociedad que maneja bajo contrato de concesión los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Andino posee además el 50% de Kuntur Wasi, consorcio encargado de construir el nuevo aeropuerto de Cuzco. Paralizado desde hace meses, el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski –cercano a Piñera y que en 2015 figuraba como uno de los directores de Exalmar– anunció hace unos días que la construcción del proyecto podría comenzar en enero de 2017 y comprometió ayuda gubernamental para el movimiento de tierras (ver nota del Diario El Comercio).

En 1935, Corporación Lindley creó una de las marcas de bebidas más reconocidas y populares de Perú: Inca Kola. Hoy la empresa es la embotelladora oficial de Coca-Cola en ese país. El FIP Mediterráneo habría puesto los ojos sobre esta compañía en 2013. Fue a fines de ese año cuando adquirió el 11,8% de su propiedad, en una operación que habría rozado los US$60 millones.

COLOMBIA: ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIÓN

Una de las apuestas más fuertes de Bancard International Investment es la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La sociedad de Piñera en Islas Vírgenes Británicas es hoy la mayor accionista de la BVC con un 9,93% de los títulos que allí se transan.

Los registros históricos que consultó CIPER indican que el FIP Mediterráneo adquirió en junio de 2013, cuando Piñera era aún Presidente de la República, el 1,37% de la Bolsa colombiana. Un año más tarde, Mediterráneo aumentó a 2,93% su participación. A diciembre de 2014, con Piñera fuera de La Moneda, ya se ubicaba como el quinto mayor accionista con un 3,94%. Para entonces, ya no era Mediterráneo el vehículo de inversiones, sino Bancard International Investment.

En junio de 2015, la sociedad offshore de Piñera casi duplicó su peso en la Bolsa de Colombia adquiriendo el 7,91%. Y en septiembre del mismo año se convirtió en el principal accionista de esa plaza bursátil con un 9,93%, posición que se mantiene hasta hoy.

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

A diciembre de 2015, Bancard International aparece como el propietario del 1,63% de las acciones de Terpel, la distribuidora colombiana de productos derivados del gas y petróleo. A la misma fecha, figura también como accionista del consorcio aerocomercial Avianca Holdings, con el 0,20% de su capital social. Posición similar tiene en Cemex Latam Holdings, compañía de materiales para la industria de la construcción ligada a la gigante mexicana del mismo nombre, donde al 31 de marzo de este año figura con el 0,49% de su propiedad.

El sector energético colombiano también atrajo el interés de Bancard International Investment. En diciembre de 2015, la sociedad offshore de Piñera figuraba con el 0,23% de la propiedad de Isagen, compañía que opera siete centrales de generación de energía –principalmente hidroeléctrica–, en cuatro departamentos de Colombia. Según una versión de prensa, Piñera habría vendido sus acciones en Isagen en mayo de este año. Pero información oficial no se encontró.

En abril de 2015, Termocandelaria Power Limited, controladora de las termoeléctricas colombianas Termocandelaria y Termobarranquilla, informó a la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país la venta del 60,7% de su capital accionario. Entre los adquirientes figuran varias sociedades. Bancard International Invesment es una de ellas, aunque no se informó del monto de la transacción, ni del número de acciones compradas.

Los estados financieros que CIPER tuvo a la vista, indican que en julio de 2013 el FIP Mediterráneo poseía el 4,11% de la propiedad de la colombiana Tablemac, dedicada a la explotación maderera.

CIPER también encontró una minúscula apuesta de Bancard International, lejos de Sudamérica. Se trata del fondo de inversión escocés ASF VI L.P., creado en julio de 2013. En abril de 2014 el FIP Mediterráneo invirtió US$1.300 en ese fondo. El 3 de diciembre del mismo año, Mediterráneo transfirió el total de sus intereses a Bancard International Investment. El monto que Piñera tenía a esa fecha invertido en el fondo escocés, no aumentó.

Los negocios extra parlamentarios de diputados y senadores

La caída del ministro Jorge Insunza puso una nueva línea divisoria en la relación política-negocios, que hasta ahora era pasada por alto u observada con benevolencia. Insunza era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados cuando su empresa Virtus asesoró a Antofagasta Minerals, el gigante minero del Grupo Luksic. Eso le costó su salida a sólo 28 días de haber asumido en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Al dejar La Moneda, Insunza tiró el mantel en entrevista con El Mercurio: “Hay muchos parlamentarios que no viven solo de su dieta y tienen otros ingresos que no son explicitados y que incluso la sola declaración de intereses no basta; hay que ir mucho más allá“, señaló.

CIPER revisó las declaraciones de intereses y patrimonio de senadores y diputados para identificar los casos más notorios de congresistas con actividades e ingresos paralelos a su labor parlamentaria, ya sea porque controlan empresas, las administran o realizan labores profesionales anexas.

Jorge Insunza
Jorge Insunza

El resultado fue un grupo políticamente transversal de parlamentarios que participan en comisiones estratégicas del Congreso en las que se debaten leyes que pueden afectar sus negocios: empresarios agrícolas que integran sin problema las comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, como ocurre, entre otros, con los diputados Ramón Barros Montero (UDI) y José Pérez Arriagada (PRSD). Otros, como el senador Jorge Pizarro (presidente de la DC), quien teniendo participación en compañías de transporte ha sido miembro histórico de la comisión del Senado de ese rubro. Todos ellos presentan conflicto de interés, aunque aseguran haberse abstenido en las votaciones que pudieran beneficiar sus actividades. Tal como se defendió Insunza.

El rastreo de CIPER también confirmó la existencia de un número importante de parlamentarios que combinan su trabajo en el Congreso con la administración de sus propias empresas. Algunos ejemplos son el diputado Sergio Espejo (DC) y el senador Baldo Prokurica (RN). Una dualidad que pone nuevamente sobre la mesa la propuesta de la “Comisión Engel” de la exclusividad de la labor parlamentaria, iniciativa que ronda como fantasma por los pasillos del Congreso hace más de nueve años.

Del escáner de CIPER también surgieron otras aristas, como legisladores que declaran actividades remuneradas anexas a su rol de parlamentarios. El caso más típico es el de los congresistas asesores o consultores. Están también aquellos que no declaran sociedades en las que participan y, finalmente, aquellos que declaran sólo una empresa, sin especificar que bajo ella existe una multiplicidad de filiales con intereses diversos y en algunos casos patrimonio millonario, como el diputado Daniel Farcas (PPD).

Contribuye a la opacidad en la relación entre política y negocios la debilidad de la norma que regula las declaraciones de patrimonio e intereses que deben presentar los parlamentarios. Ésta no obliga a identificar socios ni describir el giro de actividad de las empresas. Y en el caso de las asesorías -como ocurrió con el ministro Insunza- tampoco obliga a transparentar quiénes son los clientes y cuáles han sido las materias en que han asesorado.

EL RIESGO DE LEGISLAR CON NEGOCIOS A CUESTAS

La participación de parlamentarios en comisiones que debaten proyectos de ley que atañen directamente a sus negocios es un riesgo latente de conflictos de interés que CIPER detectó en al menos 11 casos, incluyendo el del diputado Ernesto Silva (UDI), que estalló a propósito de la investigación a los ilícitos del Grupo Penta. Allí quedaron expuestas las gestiones de ese grupo económico para conseguir beneficios para las isapres a través de una indicación presentada por el propio Silva, quien tiene acciones en la Isapre Banmédica. Aunque ello demostró que cruzar la línea es algo que sucede, los diputados y senadores consultados aseguraron que se abstienen en las votaciones que les pudieran favorecer.

Tras la renuncia del ministro Insunza, otro miembro de la Comisión de Minería se vio inmerso en un conflicto por uno de sus negocios: el diputado Felipe Ward (UDI), posee el 17% de Mercatus SpA, empresa que creó en septiembre de 2011 y que está ligada al rubro minero. Al año de haberse constituido, Mercatus se asoció con otra empresa para dar vida a Inversiones Minera Santa Blanca SpA, dedicada a  la explotación de concesiones mineras. Esta última no aparece en sus declaraciones de patrimonio e intereses. Según publicó El Dínamo, Ward aseguró: “No recibo ni un solo peso, por lo  tanto no tengo ningún conflicto de interés. No tiene utilidades, porque es un negocio en que nos ha ido bastante mal”.

Ernesto Silva
Ernesto Silva

El ex presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, tampoco reconoció un conflicto de interés cuando CIPER reveló que siendo accionista por doble vía de Banmédica –tenía acciones a su nombre y al de una sociedad familiar–, en enero de 2013 no se inhabilitó de votar en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Isapres y que incluso propició una iniciativa que las beneficiaba (ver reportaje). Silva aseguró públicamente que “no tenía ninguna inhabilidad para votar ni ese ni otros proyectos de ley”. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al menos a marzo de 2015, Silva seguía siendo socio minoritario de Banmédica a través de su empresa Inversiones y Asesorías Sydarta.

La revisión de CIPER dio cuenta de otro ejemplo que acarrea un conflicto de interés no por los negocios directos del parlamentario, sino por los de su cónyuge, a pesar de que la ley no le exige declarar el patrimonio e intereses de su pareja si es que no tienen sociedad conyugal. El senador Felipe Harboe (PPD) solo declara una sociedad –Inversiones y Asesorías Esmeralda– que si bien no registra movimiento tributario, no ha presentado término de giro ante Impuestos Internos (SII). La otra socia de esa empresa es Katia Trusich, su esposa y actual subsecretaria de Economía. Están casados desde 2005 bajo el régimen de participación en los gananciales. Ella también incluyó esa sociedad en su propia declaración de patrimonio, y añadió una más: Inversiones Alpha Omega SpA, creada en 2010. Lo que no incluyó es una tercera empresa que la vincula al Grupo Angelini y a su matriz pesquera.

A través de Inversiones Alpha Omega SpA, la subsecretaria Trusich participa en Bioambar SpA, empresa filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A., la matriz pesquera del Grupo Angelini. En su sitio web dice que “su principal objetivo es la producción, envasado, comercialización, distribución, promoción, importación y exportación de fracciones refinadas y concentradas de aceite de pescado de origen marino y lacustre para consumo humano y de productos nutracéuticos”.

CIPER intentó sin éxito comunicarse con el senador Harboe, pero sí obtuvo respuesta de la subsecretaria Trusich. Ella  señaló que no incluyó la sociedad en su declaración porque no participa de forma directa y que, “a la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades”.

-Fue una inversión que realicé en 2010 que tenía como finalidad apoyar un proyecto de investigación en nutracéuticos. El último movimiento en Alpha Omega fue un aumento de capital en marzo de 2013, un año antes de asumir como subsecretaria. Soy socia minoritaria y no tengo facultades en la administración de Alpha Omega y, en consecuencia, menos aún en la de Bioambar –agregó.

Otro parlamentario en conflicto de interés por sus negocios es el senador y presidente de la DC Jorge Pizarro. Él fue miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta desde 2003 hasta mayo de 2014. En noviembre de 2014, a pocos meses de haber dejado la comisión en la que desempeñó por más de 10 años, Pizarro creó junto a Carlos Perrot Benavente la Sociedad de Transporte y Distribución Perrot y Pizarro (Transportes P y P).

La incursión de Pizarro en el rubro del transporte no es nueva. En noviembre de 2000, creó la empresa Mercomex S.A., que pertenece a Empresas Perrot Logística Integral y se dedica, entre otras cosas, a “todo tipo de servicios relacionados con el transporte y distribución de carga”. Esta empresa, según el SII, estuvo plenamente activa durante los años en que Pizarro estuvo en la comisión.

Al ser consultado por El Líbero, el senador dijo que se desvinculó de la sociedad “hace seis u ocho años. No recuerdo bien”. También afirmó: “Es evidente que yo he estado vinculado al tema de transporte”. Y agregó que se ha inhabilitado siempre que se ha hecho alguna votación que pudiera favorecerlo. 

LOS ADMINISTRADORES MÚLTIPLES

Legislar y al mismo tiempo administrar al menos dos o tres empresas de su propiedad, es lo que reconocen en sus declaraciones de patrimonio ocho parlamentarios. Tres diputados y cinco senadores dedican parte de su tiempo a llevar las riendas de negocios de inversiones, inmobiliarios, agrícolas, de transportes y hasta de venta de ropa, varios en sociedad con familiares.

Tres empresas declara administrar el diputado Sergio Espejo Yaksic (DC): Asesorías e Inversiones Tocopilla –de la que posee el 50% -, Inversiones Supetar (50%) e Inversiones Santa Magdalena Diamando (25%). Todas están dedicadas al giro de inversión y rentas de capitales mobiliarios (Ver nota de la redacción).

Asesorías e Inversiones Tocopilla se constituyó en 2007, siendo Espejo y su esposa Carola Gana los socios. Aunque el diputado la anotó en su ficha de intereses como “sin movimiento”, Impuestos Internos registra timbraje de contabilidad hasta el año pasado. En 2007 la compañía se asoció con Asesorías e Inversiones Santa Clara para crear Asesorías EyG Ltda y en 2010 creó el Instituto de Salud y Tecnología de Chile S.A. (Isatec). En marzo de 2014 Tocopilla traspasó sus derechos en EyG e Isatec a Inversiones Santa Clara, del abogado Patricio Silva.

Sergio Espejo
Sergio Espejo

Supetar fue creada en 2010, también con su esposa Carola Gana. Espejo -miembro de las comisiones de Agricultura y Economía- anotó en su declaración que la sociedad no tiene movimiento, aunque el SII informa timbraje hasta 2014. Santa Magdalena, en tanto, inició actividad en 2013, con $140 millones de capital.

El diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen Kehr, también declara administrar tres sociedades con familiares: Comercial CPK (posee el 50%), Transportes Ñielol (50%) e Inmobiliaria Tres (18,23%). Paulsen integra las comisiones de Agricultura -una de sus empresas se dedica al rubro agro forestal-, Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Comercial CPK la constituyó en 2011 con Cristóbal Paulsen Kehr. La sociedad está activa y su giro es agrícola, ganadero y forestal, además de transporte, proyectos inmobiliarios, arriendos, turismo y asesorías. El mismo año creó Ñielol y a comienzos de este año constituyó Inmobiliaria Tres junto a Inversiones RGA y Ricardo García Migueles, con capital de $500 millones, dedicada a la compra y alquiler de inmuebles.

El senador Baldo Prokurika (RN), quien integra las comisiones de Minería y Energía, Defensa y Mixta de Presupuestos, reconoce administrar tres sociedades:  Agrícola Longomilla, Agrícola Konavle  e Inversiones CavTat. El giro de la primera (constituida en 1997) es la explotación de bosques y alquiler de inmuebles, y en ella posee el 25%. En el SII registra timbraje en 2013. En Agrícola Konavle (formada en 1997) el parlamentario participa con el 25%, y esta sociedad posee un predio que arrienda a empresas de energía renovable no convencional de tipo eólica: Energy Focus, Aprovechamientos Energéticos S.A. y Andes Mainstream (ver información en CIPER). Sin embargo, en Impuestos Internos el giro de Konavle es el cultivo de plantas para bebidas y crianza de ganado. Inversiones CavTat fue creada en 2006 y en ella Prokurica tiene el 90% de los derechos, pero la sociedad no registra inicio de actividades.

El abogado y senador Andrés Allamand (RN) -integrante de las comisiones de Trabajo y Educación-declara ser administrador en tres sociedades, aunque dos de ellas no registran timbraje reciente. En Allamand y Cía., constituida en 2000, el parlamentario tiene el 70% y su giro es la prestación de servicios jurídicos. En el SII anota timbrajes hasta 2011. Las otras dos son: Inmobiliaria Neuquén Uno (33% de los derechos), formada en 2001 para la prestación de asesorías e inversiones; y la Sociedad Inmobiliaria Neuquén Dos (creada en 2002, con el 99% de los derechos). Impuestos Internos informa que las dos últimas realizaron timbrajes hasta 2003.

El senador Antonio Horvath (independiente, integra comisiones de OO.PP. y de Medio Ambiente), participa en la administración de dos sociedades que en el SII registran timbrajes recientes (2013). Ellas son: la Constructora Ecopatagonia Limitada, constituida en 2012, donde Horvath posee el 50% de los derechos; y la Inmobiliaria Ecopatagonia Limitada, también formada en 2012, donde tiene la mitad de los derechos. Esta última registra un permiso de obras en la Municipalidad de Coyhaique en 2013, con destino habitacional.

Jacqueline Van Rysselberghe
Jacqueline Van Rysselberghe

Dos empresas administra la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), integrante de las comisiones de Pesca, Salud y Derechos Humanos. Una es Comercial Belgic, con el 50%, dedicada a la venta de prendas de vestir y accesorios y su último timbraje fue en 2014. Inversiones e Inmobiliaria Belgique la creó en 2011, con capital de $100 millones y el 75% de la propiedad, teniendo como socios a su esposo Mauricio Pavez Tondi y Tomás Pavez Van Rysselberghe, dedicada a “inversiones de todo tipo, en especial en acciones de sociedades anónimas, fondos mutuos; y en general, efectuar todas las operaciones del denominado mercado de capitales”. La parlamentaria y médico también es socia del Instituto Guestáltico de Concepción, dirigido a prestaciones de psicoterapia, pero no participa en la administración.

El senador Alberto Espina (RN), declara ser socio administrador de Inversiones y Rentas El Peral donde posee el 50% del capital, con derechos equivalentes a 4.676 UF ($117 millones); y de Inversiones La Colina, también con el 50%: 27.177 UF ($678 millones). El Peral -que según el SII registra timbrajes hasta 2014- la constituyó en 1991 y es una sociedad familiar que creó junto a su esposa (María Elena Donoso) y sus dos hijas. En 2014 la dividió, quedando la sociedad original y otra denominada La Colina, con los mismos socios.

Espina, quien es miembro de las comisiones de Constitución, Medio Ambiente y Gobierno del Senado, no declaró el estudio Cisternas & Cía. Abogados, Asesorías y Consultorías, creada en 2013 y en la que participa a través de Inversiones y Rentas El Peral, en sociedad con Gonzalo Antonio Cisternas Sobarzo y Asesorías e Inversiones Doña Soledad. Este nuevo estudio jurídico reemplazó al que tuvo por dos décadas con Carlos Zepeda y del cual se retiró en julio de 2013. Registra timbraje de documentos tributarios en 2015.

El diputado Felipe Kast (Evópoli), administra al menos dos de las tres sociedades que declara: Marne SpA, del rubro informático, donde tiene el 100% de los derechos; e Inversiones Cardonal, constituida en 2004 con el giro de rentista. En Agrícola y Forestal La Pangueada (en la que tiene el 20%), el diputado admite que participa de la administración en su declaración de patrimonio. CIPER intentó comunicarse con el diputado, pero no obtuvo respuesta.

PARLAMENTARIOS ASESORES

Hay un grupo de parlamentarios que declaran realizar asesorías de manera individual o a través de sus empresas. Es una de las tantas zonas grises en la relación legisladores-negocios, ya que no es posible establecer qué tipo de asesorías hacen y para qué clientes.

Son seis los parlamentarios que reconocen realizar asesorías. Uno de ellos es el diputado Marcelo Chávez (DC), quien en su última declaración patrimonial y en la que detalla sus intereses, declara realizar “asesorías Jurídicas y Sociales-Gestión”. Una pista está en los registros públicos del SII. El parlamentario, egresado de Derecho, inició actividades en julio de 2000 bajo el giro “otras actividades empresariales” y desde entonces se ha mantenido activo: el último periodo en el que emitió boletas fue en 2014, el mismo año que asumió como parlamentario. Chávez explicó a CIPER que desde que asumió como diputado no ha vuelto a hacer asesorías y que su última boleta es de enero de 2014, cuando ya estaba electo, y fue por un trabajo que hizo para el programa “Desarrollo Proveedor”.

Rodrigo González
Rodrigo González

Una situación similar es la del diputado Rodrigo González (PPD). En su declaración de intereses, señala realizar actividades como consultor. La última vez que González emitió boletas fue en 2011, año en que ejercía como parlamentario (desde 2002). Consultado por CIPER, González respondió: “No hago asesorías a ningún tipo de empresas. En 2011 tengo que haber emitido boletas a la Universidad de Valparaíso, donde hacía clases semestre por medio”. Respecto del por qué escribió en su declaración que realizaba consultorías, el diputado dijo: “Fue algo que quedó de mis declaraciones antiguas”.

Otros parlamentarios que declaran participar en empresas que realizan asesorías son los diputados Patricio Vallespín (DC), que se autodefine en sus declaraciones como Geógrafo/Consultor, y participa en la Consultora Segundo Centenario; Jaime Bellolio (UDI), único dueño de Segundo a Segundo, empresa del giro de las asesorías que inició actividades en 2010 y sigue activa; y su correligionario Sergio Gahona,socioen MSG Consultores.

Vallespín dijo a CIPER que su empresa hace tiempo no tiene clientes y que su único movimiento tiene que ver con un inmueble que arrienda a un tercero. Bellolio aseguró que a través de su sociedad hizo asesorías en investigación de mercado y análisis de políticas públicas a empresas inversionistas, pero puntualizó que cuando asumió como diputado en 2014 dejó por completo esa actividad. CIPER le preguntó por los clientes que tuvo, no obstante rechazó dar esa información: “Lo que hace uno antes no influye en la labor que hace como parlamentario después. No veo que pueda ser un conflicto, porque ahora no presto servicios a nadie. No hacía lobby ni lo hago ahora”.

EMPRESAS “PARAGUAS”

Son pocos casos, pero hay parlamentarios que omiten incluir alguna sociedad o sólo declaran aquella que es una matriz de la cual se desprenden varias otras, algunas incluso con más capital que la original. En otras ocasiones, no oficializan su salida de una empresa y siguen figurando como socios.

Rabindranath Quinteros
Rabindranath Quinteros

El senador Rabindranath Quinteros (PS) no anota empresas ni actividades en sus declaraciones de interés y patrimonio. Sin embargo, en el Diario Oficial figura Sociedad de Inversiones Kalimera Limitada, creada en el 2003, la que ese mismo año se incorpora a otra sociedad: Centro de Salud Medisur S.A. ¿Por qué no la declaró?

¡Recién me vengo a dar cuenta! Es que tengo una hija que es tecnóloga médica y hace años creé una sociedad para ayudarla: el Centro de Salud Medisur. Pero ese centro está cerrado hace tiempo, porque le fue mal. Y no me percaté que había que anular la sociedad. Se me olvidó. Ahora Kalimera no se dedica a nada –respondió a CIPER

Situación similar es la del diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien no declara sociedades en las que figura en el Diario Oficial. Ahí aparecen cuatro empresas a nombre de Jiménez, dos de las cuales están activas según Impuestos Internos: Asesoría Profesional,  creada en 2001, y Negociaciones y Servidumbres, creada en 1997 para el alquiler de maquinarias y equipos. Esta última sociedad participa en otras cuatro empresas, dos de las cuales se encuentran activas: Inversiones Villa Las Hortensias e Inmobiliaria Agua Marina. Una tercera, Inversiones Framil S.A., no registra timbraje del SII desde 2007, pero tiene una anotación de Impuestos Internos que dice que esa empresa presenta “situaciones de posible comportamiento tributario irregular” (Ver nota de la redacción).

El diputado Jiménez señaló a CIPER: “No tengo ninguna participación en esas empresas. Algunas desaparecieron, otras están activas, pero con otros dueños. De la última que me salí fue de Asesoría Profesional en 2004, antes de ser diputado. Soy parlamentario en forma exclusiva”.

La situación del diputado Daniel Farcas (PPD) es más delicada. Participa en tres comisiones: Economía, Constitución y Seguridad Ciudadana. Declara tener cuatro empresas en distintos rubros que poco tienen que ver con esas áreas, pero sus negocios van mucho más allá y sus inversiones son millonarias. Entre las empresas que declara figura: Transportes Conferencia, Productos Químicos Ehlinger, Inversiones Clon e Inversiones Kava. De ellas solo la primera está inactiva. No es el caso de Kava, sociedad en la que el diputado es dueño del 99%, a través de la cual participa en otras ocho empresas.

Daniel Farkas
Daniel Farcas

Una de ellas es Farquímica SpA, una empresa familiar en la que Farcas al 2008 tenía el 0,5% de un capital que supera los $3.303 millones. Otra es  Asesorías e Inversiones Tarbut, en la que el diputado posee una inversión de $270 millones correspondiente al 0,59% del capital. Su giro es de inversión y renta de capitales. En Tikún Spa, la inversión de Farcas es de más de $6.085 millones a diciembre de 2014, con un giro de inversión y renta de capitales mobiliarios.

El listado de las empresas en las que Farcas participa a través de Kava sigue con Kinor, creada en 2012, y que tiene el mismo giro que Tikún; Clarial, de inversión y renta de capitales inmobiliarios que al 2014 contaba con un capital de $3.762 millones. Una de las sociedades que surgió de esta empresa ese mismo año es Laboratorio Clarial. Se disolvió a fines de 2014 luego de que fuera absorbida por Kineret SpA., otra de las empresas en la que Farcas participa a través de Kava y que fue creada ese mismo año. Culmina la lista de participaciones de Kava con Teknol SpA, que en 2012, en un solo día, aumentó el capital de $10 millones a más de $4.542 millones, y de inmediato lo volvió a reducir a $10 millones. Esta empresa registra término de giro en febrero de 2014.

 LA BANCADA CAMPESINA

El diputado José Pérez (PRSD) preside la Comisión de Agricultura. Se declara como agricultor, pero no indica si administra o no los dos predios que incluye en sus declaraciones. No tiene sociedades, pero posee acciones en Iansa y la Cooperativa Agrícola y Lechera Bío Bío, empresa con 346 socios que forma parte del Grupo Bioleche que también integran la compañías Insecabio, Biosemillas, Bionutrición y Biocrédito.

También es dueño del Fundo Tolpán Sur, en Los Ángeles, donde opera el Criadero Tolpán Sur. En su página de Facebook detallan  algunas de las características del lugar: “El criadero pone a la venta montas de su potro Santa Isabel Compinche (Rico Raco – Inocencia) potro de grandes condiciones que hoy está entregando hijos de gran velocidad, postura y pegada, también tenemos a la venta algunos productos. Contamos con medialuna para poder mostrar nuestros caballos”.

En el SII aparece que José Pérez se dedica al “cultivo de trigo”, al “cultivo de forrajeros (pasto para alimentar animales) en praderas mejoradas o sembradas”, y al “cultivo de otras oleaginosas”. Sus últimos movimientos tributarios son de 2015.

Pérez tiene intereses relacionados directamente con las materias que legisla. Algo que en la comisión que integra pareciera ser un requisito de ingreso. Los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y Ramón Barros Montero (UDI) también integran la comisión y tienen intereses involucrados: ambos tienen sociedades agrícolas, todas activas y plenamente operativas. Lo mismo ocurre con Rosauro Martínez (RN), hoy desaforado por su responsabilidad en los homicidios de Neltume en 1981 (ver reportaje).

Al ser consultado por un posible conflicto de interés, Álvarez-Salamanca dijo a CIPER: “Para mí son válidas las actividades extraparlamentarias. Yo estoy en la Comisión de Agricultura para pelear por los agricultores chicos. En otros casos puede haber conflictos, pero yo no, nunca he pensado en votar para beneficiarme a mí mismo, entonces no me inhabilita para nada”.

Otro diputado en ese grupo es Ignacio Urrutia (UDI), quien posee siete empresas del rubro. Una de ellas es Agrícola Mira Ríos, que según el registro de receptores de fondos públicos del SENCE de 2014, es el mismo Urrutia el contacto del directorio y representante legal. Otra de sus empresas es Agrícola Cuñao: a través de esta sociedad fue que el diputado recibió 1.650,84 UF ($41,2 millones) el 23 de marzo de 2015, gracias a la bonificación de la Ley 18.450, de la Comisión Nacional de Riego.

Manuel Antonio Matta
Manuel Antonio Matta

En la Comisión de Agricultura del Senado la situación es similar. El senador Manuel Antonio Matta (DC) posee el 50% de una sociedad que tiene giro vigente por cultivo de frutales y figura en la lista del SAG de participantes inscritos para la exportación de cerezas a China.

Nunca me ha tocado tratar un proyecto con conflicto de interés con esta sociedad agrícola que sólo se dedica a las cerezas y que obtuve producto de una herencia tras el fallecimiento de mi hermana mayor –señaló el senador Matta a CIPER.

Otro senador que integra esa comisión es Juan Antonio Coloma (UDI), quien declara intereses por “actividades agrícolas” y participación en tres sociedades del rubro: Inmobiliaria Ocho de Septiembre, donde posee el 6,4%; Inversiones Golconda, con un 0,175%; y Haras San Patricio, con el 40%. Coloma explicó a CIPER que la Inmobiliaria Ocho de Septiembre no funciona hace 19 años, mientras que Inversiones Golconda no tiene actividades hace cinco, aunque según el SII mantiene giro vigente por servicios jurídicos y sociedad de inversiones y rentista de capitales mobiliarios. Si bien el senador reconoció que hubo un período de funcionamiento de Golconda mientras él era parlamentario, minimizó el impacto: “Era una sociedad muy pequeña, que tenía uno o dos caballos, no era relevante como actividad”.

 

 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

a)  Con posterioridad a la publicación del reportaje, el diputado Tucapel Jiménez, quien señaló (y fue citado) en el contexto de este trabajo periodístico no tener ninguna participación en las sociedades mencionadas, envió a CIPER copia de documentos notariales en los que consta su retiro de Asesoría Profesional (en 2004) y de Negociaciones y Servidumbres (en 2001).

b)  El diputado Sergio Espejo, en tanto, envió a CIPER una carta en la que aseguró haber renunciado a toda actividad profesional y comercial al momento de asumir como diputado (marzo 2014) y que, por tanto, no realiza labores remuneradas que le generen ingresos extra a de su trabajo como parlamentario. Agregó que, de las empresas mencionadas, solo una se encuentra con movimiento (Inversiones Santa Magdalena Diamando) y “tiene como única actividad el pago del dividendo hipotecario de un departamento adquirido junto a mis hermanos y mi madre”. Cabe señalar que fue el propio diputado quien luego de asumir su escaño en el Congreso, señaló en su declaración de patrimonio e intereses ser administrador de las tres sociedades mencionadas.

La increíble historia del préstamo de la Enami al presidente de la CPC que nunca se pagó

El 29 de marzo, el ingeniero en minas y empresario Alberto Salas Muñoz (61 años) apareció en las páginas centrales del cuerpo B de El Mercurio en su primera intervención como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cargo al que llegó luego de desempeñarse por casi 20 años como miembro del directorio de la estatal Enami (Empresa Nacional de Minería). Allí habló sobre la desconfianza de la ciudadanía hacia el sector privado y el financiamiento de la política; sobre productividad e inversiones; y sobre la reforma laboral. También trazó la hoja de ruta de lo que será su gestión al mando de la organización empresarial más importante de Chile.

La primera entrevista al mando de la CPC del ingeniero en minas caminaba sobre ruedas. Pero fue en la última pregunta donde la contundente exposición de Salas abrió un flanco de dudas. Se le consultó por los dichos del ex vicepresidente de la ENAMI entre 1997 y 2000, Patricio Artiagoitia, quien el mismo día que asumió Salas (26 de marzo) escribió en Twitter: “Pedirle un crédito a la empresa del Estado de la que eres director y no pagarlo nunca, debe ser uno de los atributos de A. Salas para CPC”.

Salas respondió enfático: “Es absolutamente falso”. Agregó que suponía que todo era producto de una confusión que surgía porque la que pidió el crédito de US$ 1 millón a Enami en 1998 fue una sociedad minera, Punta Grande, propiedad de su ex suegro Luis Gordo Carcedo. “En esa sociedad no tuve ni tengo ninguna relación, ni como socio ni como representante legal. Es más, por mayor transparencia, no participé en el directorio (de Enami) cuando se vio esta materia”, dijo.

Alberto Salas, presidente de la CPC.
Alberto Salas, presidente de la CPC.

La respuesta del nuevo líder de la CPC –en reemplazo de Andrés Santa Cruz– al final de la entrevista planteó una gran interrogante. En una carta al mismo medio (ver aquí), Artiagoitia insistió en que cuando se solicitó el crédito a Enami, Salas paralelamente a su rol como director de la estatal se desempeñaba como gerente general de Punta Grande. Incluso señaló que él fue quien gestionó el polémico préstamo que Enami entregó a la minera en mayo de 1998, sólo meses antes de que la empresa entrara en cesación de pagos y se acogiera a un convenio judicial preventivo de quiebra.

Aunque es efectivo que Salas se inhabilitó en la sesión del directorio de la Enami (30 de enero de 1998) cuando la estatal decidió hacer efectivo el crédito, según la investigación de CIPER los hechos no se condicen con la versión que entregó a El Mercurio. Salas no sólo ocupó cargos de responsabilidad en Punta Grande. También lo hizo en varias otras empresas del holding de su ex suegro.

Salas reconoció a CIPER que desde 1986 hasta 1993 trabajó en Punta Grande, primero como gerente de operaciones y luego como gerente general. Y que, posteriormente, se mantuvo vinculado a las empresas de la familia Gordo –en el ámbito del transporte, la construcción y la minería– hasta mediados de 1998 “en calidad de asesor”. Pero Salas aparece en marzo y agosto de 1998 entregando declaraciones a la prensa no como asesor, sino como gerente general de las empresas mineras del grupo Gordo. Una persona ligada al grupo empresarial –con intereses también en el transporte y la construcción– señaló a CIPER que hasta 1998 Salas era el que firmaba los documentos de la compañía.

–Yo no puedo haber dado declaraciones como gerente general, ni tampoco haber firmado porque en 1993 me desligué del cargo en Punta Grande y me revocaron los poderes – dijo Salas a CIPER.

-¿Gestionó usted el crédito con Enami?
Creo que debo haber participado en entregar información que me pedían respecto de chequear los costos, las reservas, información que me pedía Enami para determinar el crédito.

La ruta del dinero del crédito entregado por Enami a Punta Grande, no es menos confusa que la versión de Salas. Lo cierto es que han pasado 17 años y la empresa minera, que se acogió a un convenio judicial preventivo a fines de 1998, aún no paga el crédito. Hoy, la deuda contraída en 1998, más reajustes e intereses, asciende a US$ 4 millones.

Salas, que se mantuvo en la Enami hasta marzo de 2015, no es el único que ha ocupado un sillón en el directorio de la estatal arrastrando conflictos de interés.

Tal como publicó CIPER en enero de 2014, Ignacio Moreno Fernández, actual subsecretario de Minería y también director de Enami, fue gerente general de Cerro Dominador hasta poco antes de que la empresa quebrara en mayo de 2014. Hasta hace solo unas semanas, Cerro Dominador adeudaba a la empresa estatal más de $3.700 millones. Además de Enami, entre los acreedores de la minera se encontraba también el propio Moreno, quien aparece en el expediente de la quiebra reclamando un finiquito por $23 millones. La deuda de Cerro Dominador con Enami fue saldada hace unos días con el traspaso de unos activos que mantenía la primera en otra propiedad minera.

En cuanto a la silla que dejó Salas en el directorio de la Enami, fue ocupada por el abogado Jorge Riesco Valdivieso, quien fue representante legal de Cerro Dominador y paralelamente representa a la Compañía Minera Diego de Almagro, también propiedad de la familia Callejas, la que en el historial de la quiebra de Cerro Dominador reclama el pago de una acreencia que asciende a $3 mil millones.

PUNTA GRANDE: CRONOLOGÍA DE UN DESPLOME

-¿Cuándo se retiró definitivamente de Punta Grande?
De la gerencia me retiré en 1993. Poco después me casé con la hija de don Luis (Mireya Gordo Macuada) y él me pide que lo asesore. Del grupo Gordo me desligo definitivamente a mediados de 1998 –explicó Alberto Salas a CIPER.

-¿Cómo se gestó el crédito? ¿Es Enami la que lo entrega a solicitud de Punta Grande?
Es una mezcla. En todo caso, se otorgaron créditos a cuatro empresas (mineras San Gerónimo, Las Cenizas Uno, Cobrex y Punta Grande). Éstas habían pedido rebaja de maquila (NdR: costos de procesamiento de mineral) a Enami. Pero también estaba el interés de parte de Enami de sostener a estos productores.

-¿Contribuyó usted a gestionar el crédito con Enami?
A ver, era don Luis Gordo el que manejaba eso.

-Hay personas ligadas a Punta Grande que señalan que en 1998 usted seguía firmando todo en la empresa y en esa condición gestionó el crédito…
No tenía poderes. Lo que ocurre es que para determinar el crédito, Enami requiere información, saber cuáles son los costos, las ventas y yo tenía esos datos y, por tanto, creo que debo haber participado en entregar la información. También por credibilidad, porque yo soy ingeniero en minas. Siempre tuve muy claro los conflictos de intereses, por eso no participé del directorio de Enami cuando se vio lo del préstamo.

mineras-El ex vicepresidente de la Enami, Patricio Artiagoitía, planteó la duda respecto de si quienes gestionaron el crédito de Punta Grande estaban conscientes o no que la empresa podía quebrar…
Punta Grande era una empresa que producía del orden de 3.300 toneladas de concentrado de cobre al mes, es decir, facturaba cerca de US$2 millones mensuales. Tenía bajos costos y contaba con reservas. Pero 1997 fue un año difícil para la minería. Al año siguiente, el precio bajó de 103 a 75 centavos por libra. Al momento del crédito la empresa estaba buscando todas las fórmulas para ver cómo seguía operando.

El crédito entregado a Minera Punta Grande se decidió por unanimidad en reunión de directorio de la Enami el 30 de enero de 1998. En ella, Salas se inhabilitó (ver documento). El 12 de mayo de ese año se firmó en la notaría de José Musalem la escritura pública de mutuo e hipoteca en la que quedó reconocido el crédito.

Pero dos meses después de que el directorio de Enami decidiera otorgarle el crédito a Punta Grande y casi dos meses antes de que se ejecutara, la minera entró en graves problemas. Y fue Alberto Salas el encargado de informarlo. El 17 de marzo de 1998, Salas habló con la prensa respecto del difícil momento de la minera. En una breve intervención, explicó que Luis Gordo había tenido que cerrar diversas operaciones y despedir a 140 trabajadores en los últimos meses debido a los bajos precios del cobre. Agregó que Punta Grande, producto de la reducción de personal, contaba ahora con 290 trabajadores. Salas es citado por el medio en calidad de gerente general de las empresas mineras del Grupo Gordo (ver nota).

Similar intervención hizo el 25 de agosto de 1998, tras conocerse la decisión de la familia Gordo de cerrar la operación de Punta Grande. Solo habían transcurrido tres meses desde la firma de la escritura que otorgó el crédito a la empresa. La noticia la dio el propio Alberto Salas y nuevamente aparece como gerente general (ver nota).

Tras el cierre y producto de su estado de insolvencia, el 15 de julio de 1999 Minera Punta Grande se acogió a un convenio judicial preventivo (ver documento). Los pasivos de la empresa alcanzaban a $6.500 millones. Se dio un plazo de 30 días para que los acreedores hicieran valer a través de documentos justificativos sus créditos. Según documentos judiciales, el crédito de Enami fue reconocido por la junta de acreedores el 18 de enero de 2000.

A partir de entonces, las gestiones por parte de Enami –y otros acreedores, entre los que se encuentra la Corfo y Banco Estado– para recobrar el préstamo han dado lugar a una larga batalla judicial cuyo resultado final aún se desconoce. Los representantes de la empresa de Luis Gordo –entre ellos la ex pareja de Salas, Mireya Gordo– no están dispuestos a pagar la deuda y han solicitado reiteradamente su prescripción.

SALAS Y LOS GORDO

A mediados de 1998, Alberto Salas caminaba junto a otros dirigentes de la Sonami (Sociedad Nacional de Minería) por las calles de Vallenar, donde habían llegado para visitar algunas faenas mineras. Vestidos de terno y corbata, el paseo del grupo de la Sonami, todos vestidos de traje, no pasó inadvertido para los lugareños. En medio de las conversaciones sobre la difícil situación de la pequeña y mediana minería producto de la baja del precio del cobre –situación que terminó por hundir a Punta Grande– se acercó un niño que, impresionado por su vestimenta, les preguntó:

-Señores, ¿ustedes son ricos?
Mira niño –dijo Salas– éramos ricos, éramos… –desatando las risas de los otros dirigentes.

La anécdota fue publicada en un boletín de la Sonami de octubre de 1998, un mes después de que Punta Grande detuviera definitivamente sus faenas. Es en esa misma edición en la que Sonami anuncia el nombramiento de Alberto Salas como gerente general de la entidad gremial minera.

Lejos de la versión que entregó a El Mercurio en la que negó todo tipo de vínculo contractual con Punta Grande, Alberto Salas llegó a la empresa minera propiedad de Luis Gordo Carcedo en 1986 como gerente de operaciones. A los dos años asumió como gerente general. Cumplió las mismas funciones en Minera Logroño y en la Compañía Minera Julia, también de propiedad de Gordo.

El fallecido empresario minero Luis Gordo.
El fallecido empresario minero Luis Gordo.

Salas se transformó en un hombre de confianza para el empresario. Más aún, luego de emparejarse a mediados de la década de los ‘90 con su hija, Mireya Gordo Macuada. Salas disolvió su primer matrimonio a fines de 1993. A partir de entonces se convirtió en una persona clave en la toma de decisiones de todas las empresas de la familia: Montajes Industriales Yungay, Transportes del Norte, y Eulogio Gordo y Cía., que concentraba los negocios mineros, entre otras. En 1994, tras dejar la gerencia de Punta Grande (no nombraron reemplazante en la empresa) Salas fue nombrado gerente general del grupo de empresas Eulogio Gordo y Compañía –así aparece en la misma publicación de la Sonami– y dos años después, en 1996, alcanzó un sillón en el directorio de la Enami, cargo que dejó hace solo unas semanas. Cumpliendo ese rol, Salas realizó gestiones para que Punta Grande obtuviera el crédito de Enami pocos meses antes de que se viera obligada a cerrar sus faenas.

En septiembre de 1997, Salas, su padre (Alberto Salas Paredes), y Mireya Gordo Macuada, crearon la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Las Torcazas, con un capital de $80 millones. Al día de hoy, según los registros del Diario Oficial, la sociedad no se ha disuelto ni muestra modificaciones en su propiedad.

Esa no es la única sociedad en la que participa Salas. En 1985 creó la Sociedad Colegio Lirima, con un capital de $1 millón; y en 2001 la Inmobiliaria e Inversiones Malvilla (en sociedad con sus hijos), con un capital de $40 millones.

ORDEN DE NO PAGO

Tras paralizar y cerrar su faena en agosto de 1998, Minera Punta Grande se acogió a un convenio judicial preventivo en julio de 1999. En la primera junta de acreedores, el propio Luis Gordo Carcedo aceptó que todas las empresas de su holding (Minera Logroño, Eulogio Gordo y Cía., Montajes Industriales Yungay, Transportes del Norte, Compañía Minera Julia y Minera Guanaco, entre otras) que también eran acreedoras de Punta Grande, pospusieran sus créditos en favor de los acreedores privilegiados y preferentes. En palabras simples, Luis Gordo se puso a la cola en el cobro de las acreencias.

Pero en 2007, la situación cambió. La voluntad de la familia Gordo por hacerse cargo de las deudas sufrió un viraje. Ese cambio de actitud coincidió con que ese año se liquidaron diversos activos que formaban parte del patrimonio de Minera Punta Grande y entró dinero fresco. En total, más de $6 mil millones.

Por entonces, la deuda de Punta Grande con Enami, más intereses y reajustes alcanzaba a US$1,3 millones. Ese mismo año, Punta Grande presentó una demanda de prescripción extintiva de acciones contra Enami (también incluyó a Corfo y Banco Estado) en la que acusaba a la estatal de no haber ejercido sus derechos como acreedora. Es decir, argumentaron que como Enami no había hecho valer su deuda, ésta ya no existía. Aunque resulte paradójico, la demanda, por la cual Punta Grande buscaba desconocer la deuda, fue acogida a trámite en tribunales.

Paralelamente, en representación del grupo Gordo, apareció el abogado Darío Calderón González (conocido por sus vínculos transversales en el mundo empresarial y político y por su estrecha amistad con Julio Ponce Lerou), quien solicitó una medida cautelar en tribunales para que –producto de la demanda de prescripción de acciones presentada meses antes– la comisión liquidadora de la junta de acreedores se inhibiera de efectuar el reparto de los $6 mil millones. La medida cautelar prosperó en la justicia y los fondos quedaron congelados.

El síndico Leonel Stone Cereceda quedó como administrador de los dineros. El mandato de la comisión de acreedores de Punta Grande, quedó establecido en documento notarial con fecha 18 de mayo de 2007. En julio de ese mismo año, el síndico Stone depositó los $6 mil millones (más otros $1.200 millones pertenecientes a otros acreedores fuera del convenio) en fondos mutuos de renta fija en el Banco Itaú. Y, tal cual constaba en el mandato, lo hizo a su nombre (ver documento).

Finalmente, el 22 de agosto de 2011, en un fallo de primera instancia, la justicia declaró prescritas la deuda de Punta Grande con Enami. La empresa estatal apeló la sentencia y la Corte de Apelaciones revirtió el fallo, decisión que fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema.

Después de ese periplo por tribunales, el crédito sigue siendo válido y actualmente, a 17 años de haber sido contraída, la deuda ascendería a US$ 4 millones.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Leonel Stone falleció el 5 de octubre de 2014. El día 8, cercanos al síndico pagaron un pequeño inserto en la página del obituario de El Mercurio para expresar sus condolencias. Curiosamente, la firma que respalda la nota no individualiza a personas, solo dice “La Mafia”.

Obituario de El Mercurio 8-10-2014
Obituario de El Mercurio 8-10-2014

Tras su muerte, la comisión de acreedores de Punta Grande, representada por el abogado Horacio Infante, pidió que, para evitar “eventuales confusiones patrimoniales con su sucesión y que se pretenda disponer de dichos fondos que no le pertenecen al señor Stone” el tribunal oficiara al Banco Itaú para que informara el estado de los $6 mil millones depositados por el síndico y que luego los transfiriera para que quedaran bajo custodia judicial.

El banco informó en diciembre de 2014 que no podía atender a lo solicitado pues “solamente corresponde hacer entrega de la información directamente al partícipe o a sus mandatarios”. En un segundo informe, Itaú señaló que no existían depósitos a nombre de Stone “de las características y montos señalados”. Y agregó que al 9 de abril de 2015 el fallecido síndico “mantenía operaciones vigentes por $1.282 millones”, un monto casi cinco veces inferior al que le fue entregado bajo mandato judicial en 2007.

El banco sólo informa operaciones vigentes al 9 de abril de 2015, pero nada dice respecto de las que pudieron haber existido en virtud del contrato general de fondos suscrito por el ex síndico, como tampoco señala los rescates que él o sus herederos pudieron haber realizado, ocultando de manera indirecta información esencial ordenada por el tribunal –se señala en el escrito que ingresó al juzgado el 20 de abril pasado el abogado de la comisión de acreedores, pidiendo que se vuelva a oficiar al Banco Itaú para que entregue toda la información.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocía el paradero de los casi $5 mil millones faltantes de los dineros que el fallecido síndico informó haber depositado en el Banco Itaú en 2007.

En medio de este laberinto financiero, en marzo de 2013 los hijos del empresario Luis Gordo Carcedo, quien falleció en agosto de 2012, crearon la sociedad Inversiones Holding Casablanca Limitada con un capital inicial de $1 millón. En agosto del mismo año hicieron un aumento de capital por casi $6 mil millones. El suculento aporte al holding se hizo principalmente a través de tres sociedades de la familia: Inversiones Cerezo, que aportó $4.500 millones, Minera Tormantos, que hizo lo propio con $671 millones, y Empresa Minera Julia, que le inyectó $741 millones. Minera Julia, cuya socia y gerente general es la ex pareja de Alberto Salas, Mireya Gordo, era una de las empresas acreedoras de Punta Grande.

En diciembre de 2014, los hermanos Gordo disolvieron el Holding Casablanca. Ésta fue absorbida por otra sociedad familiar, Inmobiliaria Burgos, laque adquirió todos los derechos sociales de Casablanca (que totalizaban $6 mil millones) en solo $900 mil.

CIPER intentó contactarse en reiteradas oportunidades con Mireya Gordo, pero no devolvió los llamados.

EL CAPÍTULO DE DOMINADOR: MORENO Y RIESCO

La Compañía Minera Cerro Dominador, propiedad de la familia Callejas, quebró en abril de 2014, arrastrando pasivos por $40 mil millones. Tal como publicó CIPER en un reportaje de enero de 2014 (ver reportaje), el actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno Fernández, se desempeñó desde enero de 2012 a febrero de 2014 como gerente general de la minera. Dejó su cargo, en medio de una huelga de trabajadores por demandas laborales y salariales que se extendió durante 50 días.

IGNACIO-MORENO
Ignacio Moreno, subsecretario de Minería.

Moreno fue nombrado subsecretario de Minería a fines de enero de 2014 y dejó la gerencia de Cerro Dominador el 7 de febrero de 2014, justo tres meses antes de que la minera se declarara en quiebra. Además de su rol como subsecretario, Moreno ocupa actualmente un sillón en el directorio de la Enami en representación de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco).

Hasta hace unas semanas, Enami se encontraba entre los acreedores de Cerro Dominador. La deuda con la empresa estatal ascendía a $3.700 millones y se originó en el incumplimiento de “varias obligaciones contraídas en contratos de maquila de minerales”, tal como se desprende del historial de la quiebra.

Moreno, a título personal, también estaba entre los acreedores de Cerro Dominador, por el no pago de $23 millones correspondientes a su finiquito tras su salida. Su crédito figura en el expediente de la quiebra en la nómina de deudas “reconocidas por la ‘fallida’ (Cerro Dominador) que alegan privilegio”.

La triple militancia de Moreno, como ex timonel de Cerro Dominador, acreedor de la misma y director de Enami, también acreedora de la minera, no está prohibida expresamente por los estatutos de la empresa estatal. En estos casos, donde hay interés directo o indirecto sobre ciertos asuntos que requieren de la deliberación del directorio de la Enami, sólo se pide informar e inhabilitarse.

Situación similar es la que enfrenta el abogado Jorge Riesco Valdivieso, quien el 22 de abril fue designado director de Enami en representación de Sonami y en reemplazo de Alberto Salas (ver documento). Riesco fue el representante legal de la quebrada Cerro Dominador y también el abogado de uno de sus principales acreedores: Compañía Minera Diego de Almagro. Diego de Almagro, también de propiedad de la familia Callejas, tiene un crédito con Cerro Dominador por $3 mil millones. En junio de 2014, Riesco, en representación de Diego de Almagro, pidió verificar y reconocer el crédito de su representada ante el síndico.

En enero de 2015, Enami y Cerro Dominador firmaron un memorándum de acuerdo para que la primera compre las acciones que la mina de la familia Callejas tenía en la Sociedad Minera Esperanza. El valor total de las acciones fue fijado en $5.200 millones, monto que se acordó pagar utilizando los $3.700 millones del crédito. Fue un negocio redondo para la familia Callejas: pagaron su deuda y se quedaron con $1.500 millones en sus arcas. Desde la Enami informaron a CIPER que la operación de compra ya se realizó y que actualmente los títulos están en trámite de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Jorge Riesco, director de Enami.
Jorge Riesco, director de Enami.

Su relación con Cerro Dominador y su participación como directores de Enami no es lo único que aparece en contradicción con los estatutos de Enami en la trayectoria empresarial de Ignacio Moreno y Jorge Riesco. En abril de 2011 el subsecretario creó la sociedad Rimac Minería Limitada para explotar una pertenencia minera de siete hectáreas en la comuna de Cabildo (Región de Valparaíso). Lo propio hizo Riesco en enero de 2013. Junto a Lorena Callejas Callejas (de la familia controladora de Cerro Dominador) constituyó Minera Pampita para “explorar y explotar las pertenencias mineras de su propiedad”.

Según los estatutos de ENAMI, son “inhábiles para desempeñar cargo de director las personas que por sí, sus cónyuges, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o por personas que estén ligados a ellos por vínculos de adopción, o a través de personas naturales o jurídicas, en que tengan control de su administración, posean o adquieran, a cualquier título, interés superior al 10% en empresas cuyo giro incluya la exploración, explotación, fundición o refino de minerales”.

LOS OTROS DE ENAMI

Son 10 las personas que conforman el directorio de la Enami, empresa estatal encabezada por el ministro de Minería de turno. A éste se le suman tres representantes del Presidente de la República; uno del ministerio de Hacienda; otro de la Corfo; dos de la Sonami; uno del Instituto de Ingenieros de Minas; y otro en representación de Cochilco.

La función de director de Enami es remunerada. Según lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 153 de 1960 que creó la Empresa Nacional de Minería, los directores “tendrán un honorario equivalente a 6 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por sesión, con un tope mensual máximo de 12 UTM”. En abril de 2012, mes en que el directorio sesionó en dos oportunidades, sus integrantes recibieron $821 mil brutos cada uno.

Entre quienes conforman el directorio de la Enami en representación de la Presidenta de la República, se encuentra la abogada María Verónica Baraona del Pedregal (DC), quien se desempeñó como subsecretaria en las carteras de Justicia y de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En 2000, Baraona fue públicamente cuestionada en el llamado “Caso Indemnizaciones”, en el que sindicatos de empresas estatales acusaron el pago de abultados montos de dinero por desvinculación o cese de funciones de altos ejecutivos. Baraona renunció a la Enami en abril de 2000 y recibió $31 millones como indemnización. En fecha cercana lo hizo también el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Patricio Artiagoitia –el mismo que hace unas semanas abrió los cuestionamientos contra Alberto Salas por su participación en Punta Grande– quien recibió $32 millones.

No se determinaron responsabilidades penales en este caso para ninguno de los 17 altos ejecutivos involucrados en el escándalo, “Todas estas indemnizaciones son legales y estaban fijadas en los contratos. No obstante, y como lo ha dicho el Presidente (NrD: Ricardo Lagos) muchas de ellas eran también éticamente reprobables“, señaló el entonces ministro de Economía, José de Gregorio.

ENAMIFigura también en el directorio de Enami, en representación del Ministerio de Hacienda, Jorge Rodríguez Cabello, quien se desempeña hoy como subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Según publicó The Clinic a fines de abril pasado, Rodríguez elaboró entre 2012 y 2013 seis informes escritos para Asesorías y Negocios, la consultora del operador político y recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, actualmente bajo la lupa de la Fiscalía por recibir dineros desde SQM Salar y empresas del Grupo Angelini, entre otras.

Jorge Patricio Palma Cousiño, es otro de los directores de Enami en representación de la Presidenta de la República. Palma (miembro de la comisión política del PC) tal como informó CIPER en un reportaje de agosto de 2014 que develó el esquema de la Universidad Arcis para retirar utilidades contraviniendo la ley, se desempeñó como gerente de la Inmobiliaria Libertad (ver reportaje).