Los datos que analiza la FNE por posible colusión: sector público paga $500 por mascarillas que antes costaban $13

Las razones que retrasaron hasta 2018 el pago de los $7.000 del confort

Si usted no ha podido cobrar los $7.000 que le corresponden como indemnización por la colusión del papel higiénico, es porque el abogado de tres comunidades mapuche está tratando de que la justicia reabra la negociación que ya acordó el monto compensatorio. Jaime Moraga dice que ha presentado estos recursos para que se repare el daño causado a estas comunidades, debido a que el proceso que llevó al acuerdo no consideró una consulta a los pueblos originarios, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile.

Para los restantes protagonistas del juicio, el verdadero interés de estas comunidades –y de su abogado­– es que se reabra la negociación para poder participar en ella y así obtener una tajada del monto que se repartirá entre las organizaciones de consumidores demandantes, destinado a pagar las costas en que estas entidades incurrieron durante el juicio. Y ese pozo a repartir se calcula en, a lo menos, un millón de dólares, aunque algunos participantes en el proceso estiman que puede empinarse hasta cerca de los US$4 millones.

Moraga está ocupando mandatos que le fueron extendidos por los integrantes de las comunidades para un juicio con una empresa eléctrica. Pero, como son poderes amplios, consiguió que las comunidades lo autorizaran a utilizarlos también para presentar recursos en el caso del papel higiénico. El abogado admitió a CIPER que cobrará a sus representados el 30% de todo lo que ellos obtengan por sobre los $7.000.

Corte Suprema La tercera (1)
Tribunales de Justicia. En la Corte Suprema se tramita el último recurso del abogado Moraga

Por esta razón, los $7.000 que cada chileno mayor de 18 años recibiría como compensación por la colusión del papel higiénico, recién podrían llegar a sus bolsillos en el primer trimestre de 2018. Las argucias judiciales han retrasado la distribución de los $97.647 millones (unos US$150 millones) que debió pagar la CMPC, una de las empresas coludidas. Y aunque en tribunales queda pendiente solo un recurso –uno de los que presentó Moraga–, ya nadie puede asegurar que sea el último. Ni tampoco, en qué fecha llegará la plata a cada persona. Poco queda de las caras alegres y satisfechas con que el viernes 27 de enero de 2017 el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las organizaciones de consumidores Conadecus y Odecu y la empresa CMPC (la Papelera, del Grupo Matte), anunciaron el acuerdo compensatorio. El acuerdo, calificado como histórico e inédito en su tipo, indemnizaba por los perjuicios causados durante más de una década de colusión (2000 al 2011) entre la firma del Grupo Matte y la sueca SCA, ex PISA, a los compradores de papeles de uso doméstico.

Hoy, los ánimos son diferentes. Fuentes de la Papelera reconocen la “frustración” de la compañía, porque se allanaron a colaborar en todo, traspasaron en marzo los $97,6 mil millones acordados y la justicia –10° Juzgado Civil de Santiago– avaló el acuerdo en abril. Aun así, la compensación no se ha podido materializar y el juicio se mantiene abierto.

El ambiente tampoco es mejor en el gobierno, donde ya asumen como prácticamente inevitable que termine siendo la administración de Sebastián Piñera la que ponga el epílogo del que fue su caso estrella de abusos del mercado. Y en las asociaciones de consumidores hay cansancio, disputas y desazón: el problema les sigue demandando tiempo y recursos, las diferencias entre ellas se han agudizado, lo que acrecienta las suspicacias de los otros involucrados por el actuar de estos organismos.

Precisamente, es el monto de los recursos involucrados lo que a juicio de algunos protagonistas de este caso por prácticas anticompetitivas, ha provocado la paralización de la entrega de los $7.000. El acuerdo consideraba una devolución de los dineros que se estima que la CMPC cobró de más durante toda la década que se coludió con su supuesto competidor. Debieron pasar ocho meses de negociaciones y análisis en una mesa que llegó a revisar hasta diez informes económicos diferentes, antes de que se fijara el monto de las compensaciones: $97.647 millones.

El acuerdo estableció que la indemnización fuera repartida de manera equitativa a cada chileno mayor de 18 años: 13,95 millones de personas, lo que dio un monto promedio de $7.000 por cabeza.

Hasta ahí todo claro. Pero un acápite del acuerdo que selló este pacto, estableció que cuando los tribunales tuvieran ejecutoriada la sentencia y se hiciera efectivo el pago de las compensaciones, las organizaciones de consumidores recibirían el reembolso de todos los  gastos en que incurrieron. Allí se incluyen estudios económicos, abogados, costos fijos y otra serie de insumos, los que podrían sumar cientos de millones de pesos. Algunos incluso calculan el total de esas facturas en más de US$1 millón.

Esa sería la razón que tiene retrasado hasta 2018 el pago de los $7 mil: la disputa por la participación en ese jugoso pozo que podría financiar a las organizaciones de defensa de los consumidores por un buen tiempo.

LA ACUSACIÓN DE LA FNE

El 28 de octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las dos principales compañías papeleras locales –CMPC y PISA (hoy SCA)- de haber montado un engranaje para repartirse el mercado y mantener alto el precio de los papeles de uso doméstico. La colusión les permitió manejar el 90% del negocio de los papeles higiénico, pañuelos de papel, papel de cocina y servilletas, entre otros productos de uso diario y transversal.

Gabriel Ruiz-Tagle, ex controlador de PISA (hoy SCA-Chile)
Gabriel Ruiz-Tagle, ex controlador de PISA (hoy SCA-Chile)

El caso impactó al país porque además involucró a importantes dirigentes empresariales: la familia Matte, dueña de CMPC y uno de los grupos más ricos y poderosos de Chile, y a SCA-Chile, que durante los años de la colusión se llamaba PISA y era propiedad del ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.

CMPC reconoció la existencia de prácticas anticompetitivas y se autodenunció, acogiéndose a la figura de la delación compensada. “Es un hecho de máxima gravedad”, dijo en octubre de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet.

El caso está ahora en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), cuyo fallo podría ser dado a conocer en cualquier momento. En relación a las compensaciones acordadas para los consumidores, solo falta que la Corte Suprema revise un recurso de casación pendiente: el de Moraga.

ESTUDIOS QUE PAGÓ EL SERNAC

Luego de que en 2015 la FNE denunciara ante el TDLC a CMPC Tissue y SCA Chile por haber creado y participado del cartel, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) acudió a los tribunales, presentando una demanda colectiva en contra de ambas firmas en la cual pidió el pago de indemnizaciones.

El fundamento de la demanda se basó en que se engañó a los consumidores en el precio de los productos, haciendo que todos hayan tenido que pagar un precio mayor –argumentó a CIPER el abogado Andrés Parra, de Conadecus.

El abogado Parra es el autor de la idea de que los indemnizados fueran todos los consumidores:

-Obviamente que el uso del papel higiénico es transversal para toda la sociedad. Por eso se pidió para todos los chilenos, pero meses después, cuando ya se había iniciado la negociación, se vio que con los menores de edad podría haber muchos problemas sobre quien percibiría la compensación por el niño, debido a los problemas de tuición, que son muchísimos en el país –explicó a CIPER.

En esa primera demanda, el daño a los consumidores fue tasado en US$510 millones por la ex economista de la FNE, Andrea Alvarado: US$445 millones correspondían a CMPC y los otros US$65 millones a SCA Chile. El cálculo se hizo sobre la base de un sobreprecio promedio de 20% sobre el valor normal de los productos, en un escenario ideal de total competencia. La FNE había situado el sobreprecio cobrado entre 14% y 30% en ese mismo escenario de real competencia. Si el monto que se le asignó a la CMPC es mayor, se debe a que es la firma líder del mercado.

¿Cómo bajó la cifra de US$510 millones a US$150 millones? Varios protagonistas del juicio y del acuerdo consultados por CIPER coincidieron en que hubo al menos un factor que influyó: los informes a la vista mostraban que si se analizaban sólo los productos coludidos -que no eran todo el portafolio de las compañías- el total de la indemnización se reducía. En esos meses, la CMPC alegaba además, que los valores de los productos no eran similares, debido a las mejoras tecnológicas ocurridas durante el tiempo. Pero finalmente, sus directivos se allanaron al diálogo y también a pagar la compensación, además de pedir perdón públicamente.

Eliodoro Matte, ex presidente de CMPC
Eliodoro Matte, ex presidente de CMPC

Cuando vimos las utilidades que obtuvo la CMPC en todos esos años de colusión, demandamos por el monto de esas utilidades, pero después la empresa nos hizo ver -con razón- que los productos que tuvieron sobreprecio por la colusión no eran todos. Luego, sobre ese monto, que es levemente superior a los US$150 millones en utilidades obtenidas por los productos coludidos, demandamos -añade Andrés Parra.

En abril de 2016, el SERNAC inició el proceso de mediación colectiva, al que incorporó a las dos mayores organizaciones de consumidores del país: Conadecus y Odecu. Ese mismo mes, la CMPC cambió a parte importante de su directorio, empezando por su histórico presidente, Eliodoro Matte. Esa fue la prueba del grave daño corporativo que le provocó a la Papelera el escándalo de la colusión.

En los meses siguientes los detalles del juicio fueron informados por los medios de comunicación, al tiempo que los efectos que ello generó en la CMPC pudieron ser cuantificados. A la renuncia del presidente de su directorio, se sumó el cambio de gran parte de su cuadro directivo y ejecutivo, reformas profundas al gobierno corporativo y procedimientos más estrictos de control interno para evitar nuevos casos de corrupción. El nuevo equipo debió asumir pérdidas por US$18,19 millones.

El escándalo de la colusión del papel marcó un hito en los abusos empresariales, al punto que la principal organización gremial del sector –la SOFOFA– resolvió suspender a la CMPC de su participación en la entidad. La sanción fue revertida más tarde, pero el al interior de la Papelera también este escándalo se convirtió en un hito. Impresiona que hoy sus ejecutivos mencionen este episodio como un “caso de corrupción”, sin ninguna ambigüedad.

LA NEGOCIACIÓN DE LOS $7.000

Mientras en la CMPC hacían control de daños, en la mesa de negociaciones la situación era compleja. Lo que el Sernac y las empresas ponían en juego era importante. A nadie se le escapaba que era una negociación inédita. Por ello, todos los participantes se comprometieron a mantener en reserva las negociaciones. Una discresión que también se hizo extensiva a los expertos que acompañaron a los protagonistas a sus reuniones.

La parte más dura fue acordar la cifra total de la compensación y después la forma de pago. CMPC, por ejemplo, propuso aportar los fondos a una obra pública, incorporar el pago en el “bono marzo” o en otra política pública, relató un ejecutivo que participó en la instancia.

Para determinar el daño final provocado a los consumidores por la colusión, el Sernac contrató estudios de los economistas José Luis Lima (Cepal) y Aldo González (Universidad de Chile). Por el primero la entidad pagó $15 millones y por el segundo, $18 millones. Otro profesional contratado por el Sernac fue el abogado Enrique Rajevic, a quien se le pagaron $2 millones.

Estos estudios fueron muy importantes para determinar el monto final de la compensación, pues permitieron dar un respaldo técnico y establecer la propuesta, que finalmente se aprobó por todas las partes –dijo a CIPER el director de Sernac, Ernesto Muñoz.

La colusión del papel también se convirtió en un hito para el Sernac. A partir de esa negociación, la entidad se vio obligada a incorporar la variable de la libre competencia en todos sus posteriores análisis de defensa al consumidor.

Ejecutivos de CMPC, Sernac y Conadecus en una de las últimas reuniones de la mesa de la compensaciones.
Ejecutivos de CMPC, Sernac y Conadecus en una de las últimas reuniones de la mesa de la compensaciones.

En mayo de 2016 todas las demandas se unificaron, especialmente por la dificultad de poder conseguir indemnizaciones separadamente. Por un lado, la ley obligaba a demostrar las compras, lo que creaba un problema enorme: como ni CMPC ni SCA venden directamente a los consumidores, ambas empresas podrían librarse fácilmente de pagar indemnizaciones. Aún en el caso de que la justicia las obligara, ¿quien podía tener guardadas boletas por compras realizadas entre 2000 y 2011?

De hecho, según el abogado de Conadecus, Andrés Parra, el argumento de SCA para negarse a negociar ha sido precisamente ese: no le venden directamente a los consumidores. Y ello, insiste Parra, “pese a que SCA también reconoció haberse coludido, aunque dicen que fueron obligados a hacerlo”. La semana pasada, la Corte Suprema declaró admisible la demanda colectiva presentada por el Sernac en contra de esta compañía de capitales suecos.

EL ÚLTIMO RECURSO

Que todas las causas pendientes del caso estén cerradas es una condición clave para que se paguen los $7.000 a los consumidores. Y ese requisito no se ha cumplido, porque está pendiente el recurso de casación presentado por el abogado Moraga. Hubo otro que presentó la Asociación de Consumidores de Chile (Asocochi), que también pretendía abrirse un espacio en la negociación, y que ya fue rechazado por la justicia. Esa es la razón de por qué el pago de la indemnización esté paralizado. El director del Sernac, Ernesto Muñoz, no oculta su molestia:

-Lamentablemente, hemos tenido una litigación excesiva e injustificada de ciertos actores que no fueron parte de la mesa del acuerdo ni de la conciliación, y que actualmente están presentando recurso tras recurso para demorar la ejecución. No hay argumento de fondo en cuanto a impugnar algo que ha sido trabajado por largo tiempo, primero en una mediación con altos estándares técnicos y luego aprobado por los tribunales de justicia. Es algo completamente innecesario e injustificado.

Los dardos de Ernesto Muñoz, así como los de todos los demás participantes de la mesa que negoció el acuerdo, apuntan a dos actores: el abogado Jaime Moraga Carrasco, quien representa a tres comunidades mapuches de la Araucanía; y a la Asociación de Consumidores de Chile (Asocochi), con sede en Santiago. Ambas rechazaron el acuerdo y el monto a pagar por la CMPC  y para ello recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y luego a la Suprema.

El 20 de abril de este año ingresó a tribunales el primer recurso que interpusieron. Ese día, el abogado Moraga presentó un recurso de apelación y de casación en la forma, en contra de la resolución del 10° Juzgado Civil de Santiago que aprobó el acuerdo. Un día después, fue el turno de la Asocochi, la que ingresó un recurso de reposición y de apelación. Desde entonces, ya suman una docena de acciones judiciales que han sido admitidas, rechazadas y/o apeladas. Entre ellas, se incluye un recurso de protección en contra del Sernac (12 de mayo de 2017) por parte de las comunidades indígenas que representa Moraga.

En conversación con CIPER, el abogado Jaime Moraga dijo que las acciones legales que han presentado se fundan en el hecho de que, al pactar el acuerdo compensatorio, “el Sernac no respetó lo que ordenan los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT: el deber de consulta y el derecho de participación, respecto de actos administrativos que puedan afectar a algún pueblo indígena. Eso no se habría cumplido al haber hecho un proceso de mediación colectiva secreto, no publicitado y no consultado con las comunidades”.

Moraga añadió que respecto del artículo 7 se pasó a llevar el “derecho de dominio en favor de los pueblos indígenas, al no habérseles informado ni invitado a participar, de un proceso de resarcimiento de sus propios perjuicios patrimoniales”.

Este recurso fue rechazado el 16 de octubre de 2017 por la Corte de Apelaciones de Santiago. Moraga apeló y hace dos semanas la Corte Suprema ratificó el rechazo (18 de diciembre de 2017).

Ahora solo queda pendiente que el máximo tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo –también de Moraga–, cuya tramitación fue acogida el 7 de diciembre de 2017.

A pesar de lo que afirman todos los otros actores del acuerdo, Moraga refutó que su recurso impida el cumplimiento del fallo y el pago de los $7.000 e insistió en que el fondo del problema es que “al SERNAC le ha sido imposible establecer el mecanismo de pago de la eventual compensación”.

En conversación con CIPER, el abogado reconoció que los 1.346 demandantes que él representa, le entregaron mandatos individuales firmados ante notario, pero cuyo origen está en otro juicio. Moraga explicó que, de las 60 comunidades a que pertenecen sus representados, varias forman parte también de otro proceso, esta vez por daño ambiental contra la empresa eléctrica Carén en Melipeuco, juicio en el que él también asumió su representación.

De todas esas comunidades que están en la demanda contra la eléctrica Carén, solo tres de ellas -la Juan Painetru, Esteban Traipi de Sahuelhue de Melipeuco  y Comunidad Huenchuñir de Cunco- adoptaron en asamblea la decisión de plegarse a la demanda contra el SERNAC. Y con acuerdo de cada comunidad se decidió utilizar los mismos mandatos judiciales de carácter amplio; que habilitan para cualquier otro juicio, en este caso, para remediar esta injusticia en contra de los mapuches –dijo a CIPER.

EL US$ 1 MILLÓN (O MÁS) DE LA DISCORDIA

¿Por qué tanta judicialización? Diversas fuentes aseguraron a CIPER que ello se debe a la posibilidad de que CMPC pudiera abrir un poco más la billetera. Y ello, porque este acuerdo ejecutoriado le permitirá a la Papelera blindarse ante una posible lluvia de nuevas demandas. Si es ratificado, nadie más podría querellarse. Con la actual ley del consumidor, los acuerdos que puede lograr Sernac no tienen total validez hasta que no son ratificados por una sentencia ejecutoriada, explican los abogados.

-Para que un acuerdo tuviera valor para la Papelera y nadie más pudiese volver a demandar, que es lo que a la empresa le interesa, no podía pasar por una simple mediación en el Sernac. De lo contrario, jamás hubiesen llegado a un acuerdo: habrían esperado las miles de demandas y probablemente habrían terminado pagando menos plata. Aquí hay un tema procesal, en que la sentencia produce efectos para todas las personas –explicó a CIPER otro de los abogados involucrados.

Ernesto Muñoz, director del SERNAC
Ernesto Muñoz, director del SERNAC

Las costas que se juegan en este juicio son clave para la sobrevivencia de las organizaciones de consumidores. En Chile existen más de cien de estas entidades inscritas ante la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía. De ese total, 58 están validadas ante el SERNAC. Todas se financian primordialmente a través de aportes privados, fondos públicos concursables y las costas que obtienen en los juicios que ganan. Entre 2010 y 2016 el Estado entregó a estas entidades $2.354 millones, según cifras del Sernac. No se sabe cuánto han ingresado en costas, pero dirigentes del sector hablan de montos “interesantes”.

Respecto de los fondos que se han adjudicado éstos van desde recursos destinados a financiar la evaluación de los servicios de transportes hasta la calidad del chocolate y el consumo de medicamentos en las farmacias populares. Se trata de un mundo altamente atomizado, marcado por suspicacias, recelos y acusaciones de todo tipo, especialmente de uso político. Las dos más grandes son Conadecus y Odecu.

“Según el acuerdo que impugno, los honorarios de Odecu y Conadecus son secretos. En mi caso son completamente transparentes: el 30% de lo que se obtenga por sobre los $ 7.000 ofrecidos, jamás el 60% como se ha dicho. Eso sería ilegal y contrario a la ética profesional. En todas las causas en que Conadecus ha intervenido en avenimientos siempre sus honorarios han sido secretos y reservados”, se defiende Moraga.

Parra, el abogado de Conadecus sostiene que “nunca en estos juicios, nosotros, ni siquiera yo personalmente como abogado, hemos cobrado o pedido ningún tipo de suma, a veces eventualmente en algún acuerdo se logra que se paguen costas”.

Pero el director del Sernac zanja y reconoce que el propio acuerdo establece que las asociaciones de consumidores van a ser reembolsadas. “Quienes efectivamente están trabajando para que esto le llegue a los chilenos son los que deberían tener compensaciones y no personas ajenas al proceso”, dice. Añade que por lo mismo han pedido a las organizaciones y la empresa hacerlo de la manera más transparente posible.  “No debería haber ningún pago de costas que no esté plenamente justificado en los gastos efectivo que se hicieron durante el proceso”.

Fuentes de CMPC indican que los gastos a reembolsar serán debidamente evaluados en su oportunidad.

$200 MILLONES MENSUALES EN INTERESES

El jueves 2 de marzo de 2017 CMPC contrató un depósito a plazo renovable a 30 días en el BancoEstado por los $97.647 millones de las compensaciones. En los nueve meses que han pasado y al vencimiento de este instrumento (20 de diciembre), esos recursos ya habían generado $1.894 millones en intereses; es decir, unos $200 millones mensuales adicionales a repartir.

Ello implicará que la cifra final se acerque a los $100 mil millones, lo que podría hacer crecer la indemnización a $ 8 mil o más por persona. Claro, que a ese total habrá que descontarle el costo  de la transacción.

El acuerdo compensatorio establece que los intereses del depósito se utilizarán para pagar los costos de la operación. Transferir el dinero a cada chileno mayor de 18 años no es tan fácil ni tan barato. Primero, porque no toda la gente está “bancarizada” o tiene una cuenta electrónica que reciba estos fondos y segundo, porque entre el momento en que se firmó el acuerdo y el día en que se pague, el número de personas ya no será el mismo: varios cumplieron 18 años y otros murieron. Para eso, ya se pidió una base de datos al Registro Civil.

Inicialmente, la idea era que todo se pagara vía BancoEstado, la entidad con mayor número de sucursales del país, ya que eso aseguraba cobertura y rapidez. Pero el banco no estuvo dispuesto a jugar un rol tan importante en este proceso. Incluso, algunas fuentes dicen que hubo que negociar largamente para conseguir una rebaja.

En promedio, una transferencia electrónica masiva de fondos le cuesta a un banco grande en torno a $180, cifra que cubre los gastos operacionales involucrados, el personal que debe hacerlo y los cobros de compensación electrónica (el costo del traspaso entre los bancos). Si a eso se suma la extracción en un cajero automático, la cifra sube $300 más (costo de la transacción en el dispensador). Pero una transacción en la caja de una sucursal vale $600 (sueldo del cajero, provisión de efectivo, mantención de la sucursal y seguridad).

Al BancoEstado también le preocupa el costo reputacional. Sobre todo, en los casos de pagos automáticos (PAC) que se realizan informáticamente e implican un descuento en los haberes de los clientes. No quieren reclamos de gente que eventualmente reciba sus $7.000, pero que no puedan usarlos porque les fueron descontados para un pago con PAC.

CIPER solicitó información al BancoEstado, pero la respuesta fue que la entidad “no forma parte del acuerdo alcanzado entre el Sernac, CMPC y organizaciones de consumidores”, por lo que no podían referirse al tema.

“El acuerdo señala que los intereses de este depósito van a ser aplicados a la implementación del pago. Son montos que se han seguido acumulando y que van a permitir solventar los costos porque hay que entender que esto no tiene costo cero, por el tema de las redes, los puntos de contacto, la comunicación. Pero estamos tranquilos de que ello no va a reducir la compensación”, explica Muñoz.

BancoEstado-3-820x385Por eso, el pago se realizará por etapas. Primero, el banco traspasará la plata a las personas que posean Cuenta Rut o cualquier otro producto de esa institución (unos 10 millones) y a quienes cobran beneficios sociales en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Quienes estén fuera de ese marco deberán inscribirse en una plataforma web que ya está armando el Sernac. Desde allí se indemnizaría  a aquellos que tengan cuentas en otros bancos o no posean una tarjeta.

Y habría una tercera ronda de depósitos, en que se repartirán los montos que no hayan sido reclamados por los consumidores.El acuerdo establece que los $97.647 millones deben extinguirse por completo y según las cuentas de los participantes en la mesa, habrá un porcentaje de la población –el decil más rico– que probablemente no irá a exigir los $ 7 u $ 8 mil.

De acuerdo al Sernac, el monto de las compensaciones corresponde a casi seis veces la multa máxima que hubiese tenido que pagar CMPC en caso de no haber existido la delación compensada. Y de haber sido así, esos recursos se hubiesen ido a beneficio fiscal, y no a los consumidores. Aunque tarden tanto en llegar.

Colusión… ¿puede haber amor y solidaridad?

Cuando la definición de colusión según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es “Pacto ilícito en daño de tercero”, queda en evidencia semántica y semiótica que es una palabra imposible de conjugar con amor, solidaridad y otras manifestaciones altruistas que impliquen generosidad y conciencia social. Por ello, llama la atención la creación de una web llamada “colusión de amor”, que busca que los consumidores donen el dinero que les será entregado en compensación por parte de una empresa que reconoció haber cometido este delito, entendido como la práctica más dañina para la libre competencia y sancionado en todos los países donde rige la economía de libre mercado.

Más allá de los intereses de quienes promueven esta campaña, que aparentemente se focaliza en la caridad hacia los damnificados por los recientes incendios forestales, a ojos de cualquier entendido en comunicaciones también busca el posicionamiento mediático de ciertas empresas y organizaciones. Al mismo tiempo, hace un lavado de imagen al grave delito de la colusión, según ellos mismos dicen “dando vuelta a una mala práctica y que el daño a los miles de ciudadanos afectados se transforme en cariño y cuidado”. Esto último es imposible de hacer, dado que el dinero al que se refieren no es el producto de una colusión, sino de la compensación que CMPC entregará a los consumidores por haber incurrido en este delito. Ni la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus)  ni el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y menos la empresa que cometió este ilícito pueden donar parte o la totalidad de esta compensación.

Dado que los consumidores son los titulares de los $7.000 que reciban, cada uno de ellos podrá hacer con ese monto lo que estime y por tanto si su opción es donarlo, podrá hacerlo a cualquier ONG o fundación.

Cabe señalar que, si bien se llegó a un acuerdo compensatorio en una mediación tripartita, éste debe ser ratificado por tribunales, trámite que estimamos puede durar más de dos meses. Sólo entonces estará disponible el dinero en la cuenta Rut de cada consumidor, como lo establece la Ley del Consumidor, y cada persona podrá disponer de éste. Si desea donarlo, deberá transferirlo o depositarlo en la cuenta de la institución con la que desee colaborar.

Cualquier ficha que se llene por internet es sólo una base de datos y no obliga a quienes la suscriben a transferir el dinero de la compensación hacia una institución determinada.

Si bien a título personal solidarizamos con las personas afectadas por los incendios, creemos que ni nosotros ni nadie debe promover caridad con el dinero de otros y menos para tratar de blanquear el turbio significado de la palabra colusión, entendida en economía como la peor práctica de mercado y establecido como delito en el ámbito jurídico, puesto que es la acción concertada ilegalmente para causar daño a otro.

Laura Medel Valdivia
Directora Ejecutiva de Conadecus

“Sin alterar las relaciones de poder, no habrá solución para la desigualdad”

Anthony Atkinson murió este 1 de enero y la batalla por la reducción de la desigualdad ha perdido a uno de sus mayores defensores. Al más optimista, tal vez. Porque mientras el alemán Wolfgang Streeck, el anterior entrevistado de esta serie, decía que la concentración de la riqueza ha puesto al capitalismo en un atolladero del que no se vislumbran soluciones democráticas, Atkinson creía que hoy enfrentamos grandes problemas, pero nada que esté fuera de nuestro control. “El futuro está en gran medida en nuestras manos”, escribió.

La entrevista a Atkinson se realizó en su casa en Oxford, un día antes del triunfo del Brexit que él creía imposible. Al despedirnos, conversamos de su enfermedad a partir de la dedicatoria que puso en su último libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015): “A las maravillosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud”, el famoso NHS (por sus siglas en inglés). El prestigioso profesor de la Universidad de Oxford y de la London School of Economics se atendía en el servicio público, igual que la mayor parte de los que habitan su país. Y lo hacía sentir bien saber que la buena atención que recibía estaba al alcance de todos los británicos, independiente de su educación y de su ingreso.

Fue un encuentro con un hombre ingenioso y muy amable. Cuando murió, esta entrevista ya estaba editada. Poner en pasado las vivas declaraciones de un optimista fue triste.

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BLAIR, CALLEJÓN SIN SALIDA

Durante la mayor parte de su vida académica, Atkinson se dedicó a tratar de sacar la desigualdad del rincón en que la dejaron tanto la economía ortodoxa como la izquierda renovada desde la década de los ‘80. Frente a los economistas que sostienen que la desigualdad no debe importar ni a la política ni a las personas (pues es un tema irrelevante, al lado del problema de la pobreza y el crecimiento económico), Atkinson argumentaba que la distribución debía estar en el corazón de la investigación económica. Entre otras cosas, porque a las familias y a los individuos sí les importa.

Algunos pueden sostener que esa fijación en el bienestar ajeno es fruto de la envidia humana; o de la falta de educación económica. Atkinson pensaba que es natural que las personas miren lo que ganan los otros y reclamen por la enorme brecha actual, pues “la extensión de las diferencias económicas tiene profundos efectos en la naturaleza de nuestras sociedades”, escribió en Desigualdad ¿qué podemos hacer?

En ese intenso y último libro -que ya antes de su muerte era su testamento intelectual- hace referencia a las colas de británicos ante los bancos de comida (organizaciones de caridad que proveen de alimentos a los más pobres a precios subsidiados y que se han vuelto esenciales en un país donde 13 millones viven bajo la línea de la pobreza). Esas filas ignominiosas -dice Atkinson- no se pueden desligar de otras filas, que ocurren al mismo tiempo, como la de los 700 millonarios del mundo inscritos para el primer viaje espacial de la empresa Virgin.

Sí importa que algunas personas puedan comprar tickets para un viaje al espacio mientras que muchos otros hacen fila en los bancos de comida. Una sociedad en la que nadie puede comprar tickets para la Luna, pero todos pueden ir a comprar su alimento a tiendas normales, tiene una grado mayor de cohesión y de intereses compartidos”, escribió.

Tony Blair
Tony Blair

También combatió la actitud de la izquierda inglesa, la de la “Tercera Vía” de Tony Blair, que asumió que la desigualdad era el costo inevitable del crecimiento. Para Atkinson, en cambio, “hay pasos que pueden dar los gobiernos, las firmas, los sindicatos y las organizaciones de consumidores para reducir los presentes niveles de desigualdad. Esta no es producto de fuerzas fuera de nuestro control”, escribió. Y reclamaba que la “Tercera Vía” y sus seguidores en el mundo no se hayan atrevido a actuar frente a los mercados, en defensa de las familias.

-Blair llevó al laborismo a un callejón sin salida y la izquierda perdió una gran oportunidad. Tony Blair no fue un gran pensador -dijo Atkinson a CIPER.

En su libro, Atkinson nos recuerda que los mercados no caen del cielo; incluso procesos complejos como la globalización son el resultado de decisiones tomadas por organizaciones, gobiernos, corporaciones e individuos. Y eso implica que “las fuerzas de mercado, indudablemente potentes, dejan mucho espacio para otras determinantes y operan en un contexto social que puede influenciar el resultado de la distribución de ingresos”, escribió. Desde su perspectiva, los mercados pueden ser, sino gobernados, al menos encausados. Y los diques y compuertas para esa meta los debe aportar la política.

Dos convicciones fundamentales empujaron su trabajo en las últimas décadas.

La primera: “Los extremos de desigualdad a los que hemos llegado son intrínsecamente inconsistentes con una buena sociedad”, como lo afirmó en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? En efecto, hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas, ver informe Oxfam en inglés). El caso estadounidense es el más extremo: “Ni en la época del imperio romano cuando había esclavos, la riqueza estaba en Estados Unidos tan concentrada como hoy”, ilustró el politólogo Jeffrey Winters en una entrevista con CIPER.

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Portada libro “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?”

La segunda convicción, muy ligada a la anterior, es que detrás de la desigualdad de ingresos, de consumo, de riqueza, hay otra más trascendente: la desigualdad de poder. Poder para influir cómo se ordena la sociedad y cómo se reparten los recursos actuales y futuros. La competencia perfecta, decía el economista Kenneth Galbraith,es la forma en que se soluciona el problema del poder, pues si ni las empresas ni los consumidores son capaces de influir en los precios, su poder, de hecho, está limitado. Pero eso ocurre menos de lo que se cree. Los casos de colusión en Chile lo muestran. “Tengo el convencimiento de que la desigualdad en muchos casos puede ser atribuida directa o indirectamente a cambios en los balances de poder”, anotó Atkinson en su libro.

En la conversación con CIPER, el economista británico sostuvo que a partir de los ´80 el poder se concentró en manos de actores que promueven la acumulación del capital, como las empresas y multinacionales, y creía firmemente que la reducción de la desigualdad solo sería exitosa “si se llevan a cabo medidas que contrabalanceen el poder” y lo dirijan hacia organizaciones de consumidores y sindicatos.

-Sin alterar las relaciones de poder, cualquier cambio en la desigualdad no será duradero, ni solucionará el problema -dijo a CIPER.

“USTEDES NO TIENEN LIBRE MERCADO”

Estas convicciones cruzan su libro y lo empujan a un terreno donde pocos académicos se atreven: proponer cómo enmendar el rumbo. En su libro, Atkinson hace 15 propuestas que constituyen una caja de herramientas –algunas de ellas extremas- lanzadas al futuro a la espera de liderazgos políticos que quieran dar un salto real en la reducción de la desigualdad y que, opinaba, hoy no existen.

Esas propuestas no se limitan a la estrategia clásica de aumentar los impuestos. No porque no sea importante, sino porque no es suficiente. Atkinson argumenta en su libro que atacar la desigualdad con impuestos implica actuar al final del proceso de creación de riqueza, cuando los contratos se han hecho, los salarios ya se han pagado y la riqueza ya se repartió. En ese sentido, los impuestos tratan de corregir ingresos que se distribuyen cada vez peor. Y explica que, si con impuestos se quisiera retrotraer la desigualdad en el Reino Unido al nivel que tenía en los años 60, habría que subir el de la renta en un 16%, medida imposible para cualquier gobierno.

Las medidas de Atkinson buscan intervenir antes en el mercado, de modo que la repartición de los premios sea distinta. Propone, entre otros asuntos, que los gobiernos intervengan en la dirección que toma la tecnología, para que ésta colabore en la creación de nuevos empleos y no sea como ahora una amenaza constante a los puestos de trabajo. Otra de sus propuestas es que el Estado tenga como meta mantener el pleno empleo (hoy se asume como normal e inevitable un desempleo de un dígito) y actúe como empleador de último recurso ofreciendo un sueldo mínimo a aquellos que buscan trabajo (lo que se ha llamado “renta básica universal”); y que el Estado rebalancee el poder entre los actores sociales asegurando a los sindicatos un marco legal que les permita representar a los trabajadores.

“El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero la dirección la podemos decidir”.

Para un economista tradicional, los argumentos de Atkinson obedecen a que él es simplemente contrario al libre mercado. Un mercado libre, dice la academia, es el resultado de la operación de los actores sin intervención de nadie, sin objetivos fijados por ninguna autoridad. Atkinson habría rechazado esa crítica vivamente, sosteniendo que sí es partidario del libre mercado; el punto es que solo la regulación lo puede hacer posible. Así lo explicó en la entrevista con CIPER:

-Hacia fines del siglo XIX la economía estadounidense era una economía de libre mercado y, a la vez, estaba llena de monopolios. Eso estaba generando una extrema riqueza muy concentrada y grandes niveles de pobreza. Y los norteamericanos decidieron que había que ponerle límite a los monopolios y surgió la legislación que trata de garantizar la libre competencia. El mercado estaba completamente desregulado y eso se volvió inaceptable para la sociedad. Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas; y se las ponemos porque vivimos en sociedad.

En ese sentido, sobre la gran cantidad de colusiones que se han detectado en Chile, sin que ninguna de las empresas involucradas haya cerrado (castigada por los consumidores engañados), y sin que sus directivos hayan ido presos, Atkinson comentó a CIPER:

-Es que ustedes no tienen libertad de mercado. En Australia, un reciente caso de acuerdo comercial entre empresas en el negocio de las cajas de embalaje, terminó con cinco años de cárcel para los dueños.

Para Atkinson, es la norma antimonopolio efectiva, entre otras regulaciones, la que permite que haya libertad de mercado.

Es importante aclarar que Atkinson no buscaba acabar con la desigualdad, ni tenía en mente un nivel específico al que se debiera apuntar. Argumentaba que hay buenos motivos por los que algunas personas tienen más ingresos que otras (trabajan más o tienen a su cargo decisiones más complejas). Lo que pretendía era cambiar la dirección en que nos estamos moviendo, pues hoy nuestras sociedades están estructuradas para seguir acrecentando una desigualdad que le parecía insostenible.

POBREZA VERSUS DESIGUALDAD

Parte de las ideas a las que Atkinson debió hacer frente en su vida académica las resumió en 2004 Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía: “El potencial de mejorar la vida de los pobres encontrando diferentes maneras de distribuir la actual producción es NADA, comparado con el aparentemente ilimitado potencial de aumentar la producción”, escribió (ver Revolución industrial: pasado y futuro, texto en inglés).

Fuente: Nobel Prize
Robert Lucas. Fuente: Nobel Prize

Desde esa perspectiva -que dominó desde la década de los ’80- lo correcto era centrar el esfuerzo público en reducir la pobreza a través del crecimiento económico y olvidarse de la desigualdad entre ricos y pobres. Si nos empeñamos en cambiar la posición en que el mercado dejó a cada grupo a través de los impuestos, incluso podríamos dañar el crecimiento y eventualmente aumentar la pobreza. En el citado texto, Lucas le daba a la desigualdad el tiro de gracia: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”.

Durante las últimas décadas, siguiendo la receta de Lucas, muchos países priorizaron la lucha contra la pobreza y dieron la espalda a la desigualdad. Atkinson argumentaba que eso no dio los resultados esperados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza cayó entre 1948 y 1960 desde el 33% al 19%. Pero desde entonces, no ha habido variación y hoy son 45 millones los estadounidenses que están bajo la línea de la pobreza.

La situación en el Reino Unido también es ilustrativa: después de que la pobreza estallara en los ´80 (desde el 13% saltó a más del 22%), el conservador John Major logró hacerla retroceder hasta el 16%. Siendo un gran éxito el de Major, de todos modos el país tiene hoy una pobreza mayor que la que tenía en la década de los ‘60 y ‘70, antes del inicio de las políticas neoliberales.

Una mirada a los países de la OECD le permitió a Atkinson ir más allá: no solo poner el foco en la pobreza tiene resultados decepcionantes; lo mismo ocurre en los países donde, comparativamente hablando, los ricos logran apropiarse de más riqueza.

“Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas”.

Atkinson examinó el desempeño de las 15 naciones más prósperas de la OECD, y observó que aquellos en los que el 1% más rico se apropia de un porcentaje más alto del PIB -como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia e Italia- son, a la vez, los que tienen los niveles más altos de pobreza dentro del grupo.

Al contrario, países donde el top 1% obtiene proporcionalmente menos riqueza -como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Francia-, el nivel de pobreza está bajo la media del grupo. De entre los más prósperos, solo Suiza parece haber conseguido que sus más ricos tengan mucho del PIB y, a la vez, la pobreza sea reducida.

HAY QUE CUIDAR A LOS RICOS

Estos datos contradicen otro argumento central que la economía neoclásica ha usado para ignorar la desigualdad: que el enriquecimiento del 1% genera bienestar para todos. El argumento se basa, en parte, en que ni los pobres ni las clases medias pueden hacer las inversiones necesarias para que los países crezcan. Los ricos sí. Incluso cuando gastan en viajes a la Luna activan una cadena de inversiones y producción, es decir, un círculo virtuoso que debería generar empleos y reducir la fila de personas en los bancos de comida. Esta promesa sirve para justificar un amplio arco de políticas públicas (como rebajas tributarias a los ingresos más altos) que dejan más dinero en el bolsillo de los ricos, pues ellos lo invertirán.

Augusto Pinochet expresó con claridad las consecuencias políticas de esta idea: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”, concepto que despierta las más variadas adhesiones (como la del sociólogo Eugenio Tironi).

Atkinson argumentaba que lo que le está faltando a los más pobres y a las clases medias, es lo que los más ricos se están llevando cada vez en mayor cantidad. Y que la mala distribución está empobreciendo a todo el sistema, porque “la producción total está influida por cómo se distribuye la riqueza”.

Portada libro Rethinking Capitalism
Portada libro Rethinking Capitalism

Las cifras recientes parecen darle la razón. La acumulación de los más ricos no solo habría frenado la caída de la pobreza, sino que en muchos países habría estancado el ascenso de la clase media. En el caso estadounidense, aunque el PIB del país aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). (Ver Rethinking Capitalism, de Michael Jacobs y Mariana Mazzucato,  introducción en Inglés).

Este fenómeno se acentuó tras la crisis financiera de 2008 (de la cual muchos responsabilizaron a la misma élite). Según remarcan Jacobs y Mazzucato, en los tres años que siguieron a la crisis, ¡el 91 %! del aumento en el ingreso terminó en los bolsillos del 1% más pudiente.

Para Atkinson, este estancamiento de los sectores medios es central. “El debate en torno a la riqueza tiende a enfocarse en las grandes fortunas del top de la distribución, pero la redistribución de la riqueza es tanto un asunto de fomentar pequeños ahorros en el 99% como de poner restricciones a los excesos del 1%”, escribió. Y precisó que la historia muestra que cuando se produce un declive de lo que se lleva el 1% (en los países de la OECD), esto se debe no solo a que el Estado cobra más impuesto a los ricos, sino también porque se expande notoriamente lo que el 99% posee.

El modelo de no poner restricciones a los más ricos no ha hecho mejor la vida del resto de la sociedad como se prometía, destaca Ha Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge. En su libro 23 cosas que no te contaron del capitalismo(Penguin books, 2010), ataca ese punto: “Desde los ‘80 les hemos dado a los ricos un pedazo cada vez más grande de nuestra torta en la creencia de que ellos crearían más riqueza, haciendo la torta más grande en el largo plazo. Los ricos tomaron el pedazo más grande, pero han reducido el ritmo en que la torta crece”. Citando al Banco Mundial, Chang afirma, igual que Atkinson, que la mala distribución ha afectado la producción total de riqueza: “Mientras en la década de los ‘60 y ‘70 la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde la década del ‘80 y hasta 2010 la economía ha crecido a 1,4% al año”.

Hoy, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), usualmente enfocado en el crecimiento, lanza miradas inquietas ante el crecimiento de la desigualdad. En documentos recientes (particularmente en Redistribución, desigualdad y crecimiento, 2014 y en ¿Neoliberalismo Sobrevendido?, 2016) sus investigadores no solo han dicho que la desigualdad extrema reduce la fuerza y la duración del crecimiento, sino que sostienen que impuestos pagados por los más ricos en actividades con externalidades negativas, pueden ayudar a los países a crecer.

-La desigualdad reduce el crecimiento y lo hace más frágil y breve; y la redistribución, lejos de ser como se dice “una cura peor que la enfermedad”, puede ser una política exitosa, a menos que la redistribución ya sea extrema -dijo a CIPER Jonathan Ostry, subdirector del departamento de Investigación del FMI y coautor de los dos papers citados.

LA “DESIGUALDAD JUSTA”

Es necesario aquí hacer un alto en Chile. La advertencia del FMI sobre el daño que provoca una alta desigualdad al crecimiento, parece hecha para nosotros.

A diferencia de lo que Atkinson describe sobre Europa y Estados Unidos, en nuestro país la desigualdad no se disparó en los ‘80: antes y después siempre hemos sido extremadamente desiguales.

Un reciente estudio de Facundo Alvaredo, Claudia Sanhueza y otros, que usa datos tributarios desde 1964 hasta 2014, resaltó justamente lo extrema y constante que esa desigualdad ha sido en los últimos 50 años. No importa quien haya gobernado (un DC, como Eduardo Frei Montalva; un socialista, como Salvador Allende; un dictador neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy), siempre hemos estado en el top del mundo. Solo en los últimos años nos ha superado Estados Unidos y se nos ha acercado el Reino Unido (ver gráfico). En su libro, Atkinson destacaba como un hecho positivo que entre 2000 y 2011 la desigualdad en Chile (medida a través del coeficiente GINI) hubiera bajado cinco puntos porcentuales, todo un hito. El estudio de Alvaredo y otros puntualiza que esa tendencia se habría revertido justamente desde 2011.

Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE

grafico-3-fig-9Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2015); y nuestro PIB per cápita creció de US$ 4.000 a US$ 15.700, en el mismo periodo.Un estudio de Osvaldo Larrañaga y María Eugenia Rodríguez que analiza la pobreza y la distribución desde el regreso a la democracia hasta 2013, afirma que la población que vive en la pobreza se redujo a un quinto. Los autores lo atribuyen al crecimiento económico (durante la década de los ‘90) y a la redistribución (a partir de 2000).

Estos éxitos, sin embargo, no han evitado que a partir de 2011 se hayan intensificado los reclamos sociales. En su estudio, Larrañaga y Rodríguez interpretan que este malestar social se relaciona con “una mayor intolerancia a la desigualdad, producto de una ciudadanía más empoderada por efecto del mismo desarrollo que ha tenido el país”. Muchas familias habrían escapado de la pobreza, pero no de la vulnerabilidad. En su nueva posición estarían menos inclinadas que antes a aceptar la desigualdad en las relaciones de poder, en las relaciones sociales y las oportunidades.

MIT Political Science Faculty Portraits 2016
Ben Ross Schneider

En la cambiante sociedad chilena, esta idea de que la desigualdad ya no se tolera, convive con otra que estima que la desigualdad sería justa, pues simplemente refleja el triunfo de los mejores. Esta idea sigue el argumento que Gregory Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, desarrolló en un artículo en 2013: “En defensa del uno por ciento”. Para Mankiw, dado que los súper ricos han hecho una contribución significativa a la economía, no tiene nada de particular que se lleven parte importante de las ganancias; su excepcional cantidad de dinero solo reflejaría que son “un pequeño grupo de individuos altamente educados y excepcionalmente talentosos” que ha sabido aprovechar una revolución tecnológica sin precedentes.

Mankiw está pensando en los millonarios de la industria tecnológica. Pero es difícil aplicar eso a Chile donde el 60% de las exportaciones son materias primas y donde la inversión en tecnología es la más baja de la OECD. Investigadores como el politólogo Ben Ross Schneider (MIT), asocian Chile con un modelo diferente: un capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (gerencias que quedan en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporeros).

Es difícil ver la justicia de una acumulación hecha de esta manera. Para Schneider, además, “dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles”. Y refiriéndose a los casos de colusión, dijo a CIPER: “Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”. En su opinión, este tipo de capitalismodifícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado” (ver entrevista).

Una reciente investigación de Zerene, Accorsi, López y Figueroa (Nuevas Estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la Minería privada del Cobre: 2005 -2014), corrobora la mirada de Schneider. Al analizar el principal negocio en Chile, la minería, los autores estiman que a través de regulaciones que perjudican al Estado, Chile ha “regalado” a las mineras US$120 mil millones solo en la última década. Los autores hablan directamente de renta “regalada”, porque se trata de ganancias “que no tienen relación alguna con las labores para mantener los niveles de inversión y producción”. En el estudio también la llaman“renta graciosa”, porque“debiendo quedar en manos del dueño del mineral (el Estado de Chile), es graciosamente cedida a las empresas que explotan este recurso”.

En los mercados reales e imperfectos en que vivimos, decía Atkinson, políticas que busque la equidad pueden hacer ganar eficiencia a la economía.

Dos de los autores de este estudio (López y Figueroa) ya habían calculado en 2011 que los cinco hombres más ricos de Chile en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaban lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaban, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles).

-No hay justificación para que alguien gane lo mismo que un millón de personas -dijo Atkinson a CIPER.

– Algunos economistas dicen que eso es perfectamente normal, pues se trataría de personas extremadamente capaces y trabajadoras. ¿Es posible que alguien sea tan inteligente como un millón de personas?

-Por supuesto que no. Y creo que de lo que estamos hablando aquí ya no es de la diferencia, sino de la justicia de la diferencia. Los economistas hemos dejado el problema de la justicia de lado, pero no siempre fue así. Cuando yo era estudiante en Cambridge en 1960, éramos educados en algo que se llamaba “bienestar, valores éticos y economía”. Eso desapareció. Creo que la economía tendrá siempre una debilidad a menos que se enfrente ese tema que está siendo discutido por las ciencias sociales y las ciencias políticas. Porque las personas están muy preocupadas e interesadas en las nociones de justicia. Nada justifica estas distancias de ingreso y la economía debiera enseñar eso.

¿Y SI SE ACHICA LA TORTA?

Por todo lo anterior, Atkinson estimaba que la desigualdad es el problema central de nuestra época. Tan clave que si su reducción implica disminuir el crecimiento, creía que había que pagar ese costo. “Es preferible una torta más chica y mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”, dijo a CIPER.

Pero la verdad es que no creía que, poniendo énfasis en la equidad, reduciríamos necesariamente la torta. Ese temor, decía, viene de la economía ortodoxa, según la cual, dado que el mercado distribuye en forma eficiente, intervenir desde el aparato público para mejorar la equidad, solo puede perjudicar el buen uso de los recursos.

“Es preferible una torta más chica, mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”.

Atkinson admitía que, cuando se habla en términos teóricos, y los académicos imaginan mercados competitivos perfectos, sí hay un conflicto entre eficiencia y equidad. Pero la realidad está muy lejos de eso: las empresas, hemos visto, se pueden coludir durante 10 años, como lo hizo la CMPC con el papel tissue (o durante un periodo que nunca sabremos, en el caso de los pañales, porque estaría prescrito según la Fiscalía Nacional Económica).

Los mercados reales no tienen nada de perfectos. Atkinson argumentaba que en la mayor parte de las economías modernas, las firmas tienen un considerable poder en el mercado y pueden determinar sus propias políticas de precios.

En esos mercados reales e imperfectos la intervención pública es necesaria. Una política que, por ejemplo, terminara con la colusión, podría hacer que la economía chilena ganara a la vez en eficiencia y equidad.

¿Y SI LA TORTA SE LA COME EL ROBOT?

El mismo efecto positivo esperaba Atkinson que tuviera el Estado en un tema que lo preocupaba en sus últimos años: la desaparición del empleo a manos de la proliferación de robots.

En Chile este tema ha sido poco abordado. Una excepción la constituye el economista Sebastián Edwards, quien hace unos meses publicó un texto con un título que pareció a muchos pura ciencia ficción: “Ya pronto tu empleo desaparecerá”.

Allí, Edwards afirma que en los próximos siete años la mitad de los chilenos perderá su empleo y será reemplazado por máquinas. Pese a que fue criticado por poco serio, Edwards no hacía sino recoger –y aplicar a Chile- sólidas investigaciones internacionales que también inquietaban a Atkinson. Edwards decía en su columna que la invasión robot no generaría desempleo permanente, pero sí forzaría a las personas a reinventarse: “Encontrarán trabajo en otras áreas, posiblemente con salarios más bajos que los que tenían en sus antiguos empleos”. Y concluyó: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica”.

Concordando con el diagnóstico, Atkinson habría discrepado de las recomendaciones de Edwards.

robots-hondaSu mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde ahonda en el mercado farmacéutico y en el de la tecnología. Uno de sus ejemplos favoritos es el Ipad de Steve Jobs. Mazzucato explica que Apple invirtió menos en Investigación y Desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas, porque usó lo que el financiamiento público había creado.

Para Mazzucato la moraleja de esta historia es que es el Estado el que mueve, en gran medida, las fronteras del conocimiento. Lo hace asumiendo un alto riesgo económico y pagando caro los fracasos de experimentar. Ese Estado –afirma Mazzucato- será imprescindible para resolver los desafíos futuros (relacionados con la energía y el calentamiento global). Pero para que eso sea posible, las empresas que se benefician con esas tecnologías no pueden privatizar los beneficios que obtienen. En su opinión, eso es lo que han hecho Apple y otras transnacionales que han diseñado estrategias agresivas para pagar el menor impuesto posible y han difundido una versión de su éxito donde el esfuerzo público ha sido completamente borrado.

Atkinson iba más allá de Mazzucato. Se preguntaba: ¿por qué los estados que pagan por esas y otras innovaciones deben permitir que se apliquen en productos que acaben con miles de empleos? Y daba como ejemplo el sistema de conducción automático que desarrolla Google y que fue creado a partir de inversión del programa militar estadounidense para generar vehículos autónomos en el campo de batalla: ¿No tiene nada que decir el Estado cuando esa tecnología termina siendo usada para borrar miles de empleos de taxistas?

Atkinson creía que era un error mirar el cambio tecnológico como algo exógeno, determinado por los dioses y ante lo cual no cabía más que adaptarse, como parece sugerir el texto de Edwards. Por el contrario, argumentaba que “muchos cambios tecnológicos reflejan decisiones que fueron tomadas por científicos, jefes de investigación, hombres de negocio, inversionistas, gobierno y consumidores, entre otros”. Estas decisiones están influidas por consideraciones económicas que “hacen que los cambios tecnológicos sean endógenos, esto es, determinados desde adentro del sistema económico y social”.

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Anthony Atkinson

Dado que muchos de los desarrollos que acaban con empleos tienen como motivo la reducción de costos, Atkinson creía que el Estado estaba obligado a introducir en la dirección de la tecnología el otro elemento: crear tecnología que fueran complementaria al trabajo humano y no indiferente a las personas.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar  en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que podemos elegir. Si dejamos que el desarrollo de los robots lo manejen los departamentos de defensa de los países, o los departamentos de marketing de las empresas, esa es una decisión social con un tipo de consecuencias. Es importante que estas decisiones sean colectivas, sociales. Porque de lo contrario, esos desarrollos provocan miedo y la resistencia puede ser violenta. El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero su dirección la podemos decidir”.

Papel mojado

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Han pasado siete meses de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia de Chile. Y los resultados demuestran lo lejos que estamos de ser un país que pueda ser tomado en serio cuando habla de libre comercio, mercados abiertos, ética empresarial o respeto a los consumidores.

La Comisión de Ética de la Sofofa levantó la suspensión a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), protagonista de la colusión del papel. La CMPC no sólo fue reincorporada a la organización de los grandes empresarios industriales. Además, se puso término al proceso iniciado al develarse la colusión, en noviembre de 2015.

Tal cual. Se puso término. De castigos o sanciones, ni hablar.

Recordemos por un momento qué hizo la CMPC, según propia confesión de la empresa tras ser descubierta por la Fiscalía Nacional Económica. Desde 2000, CMPC formó un cartel junto a Pisa (luego SCA) para subir los precios de productos de consumo básico y repartirse cuotas de mercado, evitando el ingreso de la competencia y perjudicando directamente a los consumidores.

En términos elegantes, se coludieron. En términos más directos, les metieron la mano al bolsillo a los consumidores. Les robaron. Nos robaron. Así define la colusión la directora del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz: «La colusión es una manera elegante de decir robo. Es un robo a mano armada contra los consumidores».

A los guardianes de la ética del gran empresariado, ese «robo a mano armada» no les merece reproche alguno. Ni una clase de ética. Ni una palmada en el trasero. Nada. La resolución se tomó por unanimidad.

La Sofofa tiene un código de ética. Data de 1957. Y estipula, entre otras cosas, que «los miembros de la Sofofa encuadrarán sus actividades dentro de las siguientes normas»:

– «Resguardar los intereses del consumidor» (al que CMPC le robó);

– No «perder de vista que es la competencia, limpia y legal, la que mejor asegura la supervivencia del régimen de empresa privada» (competencia limpia que es el antónimo de la colusión);

«Respetar las leyes y sus reglamentos» (que prohíben la colusión);

– «Considerar, por sobre cualquier otro factor, el interés nacional» (sin comentarios).

En resumen: cuando se trata de una empresa importante, de uno de los grupos económicos más poderosos del país (el Grupo Matte), los compromisos éticos de la Sofofa con el país son sólo humo.

Argumenta la Comisión de Ética que «la empresa afectada (ojo con el término: ¡¡afectada!!) procedió a implementar un conjunto de medidas», como participar en una mesa con el Sernac para evaluar compensaciones, contratar una asesoría externa y renovar su directorio.

Interesante. CMPC no ha devuelto un solo peso de lo que nos «robó a mano armada» durante una década de colusión a todos los consumidores de papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables, o sea, a todos los chilenos. A más de medio año de develarse los hechos, ni siquiera se ha comprometido a alguna fórmula, monto o plazo de pago. Pero para la Sofofa, sentarse a una mesa a conversar del tema ya es suficiente para cerrar el caso sin ninguna sanción.

Sobre los cambios internos, sólo un par de datos. La Papelera paga los honorarios de los abogados de los ejecutivos involucrados en la colusión. Y a al menos tres de esos altos ejecutivos les sigue pagando sueldos, por medio de contratos de honorarios por «asesorías externas».

Nada tan inusual, considerando que el confeso cerebro de la colusión, Jorge Morel, dejó la gerencia general de la CMPC en medio de las felicitaciones del directorio de la empresa, el que dejó «expresa constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada».

Morel, por supuesto, ha exculpado al directorio y a quien fuera su presidente, Eliodoro Matte, de cualquier participación en el cartel.

Ya sabemos que, gracias a la comprensiva legislación concordada por el Presidente Ricardo Lagos, la Alianza, la Concertación y los grandes empresarios (¡vaya cartel!) en 2003, la colusión no es un delito en Chile, sino sólo una falta que se sanciona con multas de un monto ridículo.

En países que se toman el libre mercado en serio, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia o Canadá, estos carteles se persiguen como «un crimen, tal como el robo o el hurto, aunque los carteles provocan un daño económico mucho mayor» (la cita es de Gregory J. Werden, consejero económico senior del Departamento de Justicia de Estado Unidos).

En Chile, en cambio, la ley de 2003 fue justificada por el gobierno de Lagos diciendo que los delitos contra la libre competencia «resultan incompatibles actualmente con el complejo escenario en que se desenvuelven los agentes económicos».

Y, a ocho años del escándalo de las farmacias, la norma que repone el delito de colusión sigue su tránsito cansino por el Congreso. Cuando se trata de delitos cometidos por ejecutivos de los grandes grupos económicos que financian la política, no hay agendas cortas ni urgencias que valgan. Todo debe hacerse con extremo cuidado, pausa y estudio.

En Estados Unidos, un ejecutivo confeso de colusión como Morel, estaría en serio riesgo de pasar 10 años tras las rejas. En Chile, en cambio, el ex gerente general no parece demasiado preocupado. Ha sido citado dos veces ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero ni siquiera se ha presentado. La última vez se excusó diciendo que iría a Europa a visitar a su hija.

El Estado no castiga criminalmente. Y sus pares no castigan ni ética ni socialmente.

Toda la prédica sobre libre mercado y defensa a los consumidores en Chile no es más que papel mojado (y coludido).

Colusión: los testimonios que pusieron a los supermercados en el banquillo de los acusados

Decenas de testimonios acumuló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante los primeros meses de 2011, en su investigación reservada sobre el cartel de las empresas productoras de pollo. De las preguntas que los profesionales de la FNE formularon a personas ligadas a la producción y comercialización avícola, se concluye que desde el principio en el organismo tenían claro que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo estaban coludidas -a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA)- para mantener sus cuotas de participación en el mercado. Pero esas mismas preguntas evidencian que en la fiscalía ya existía otra sospecha: que los síntomas de la colusión eran visibles hasta en las góndolas de los supermercados.

Fue en esas largas sesiones de declaraciones que surgieron las primeras pistas que derivarían cinco años después, el 6 de enero pasado, en la presentación de un requerimiento contra tres cadenas de supermercados –Cencosud, Walmart y SMU (controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER)– por colusión para fijar los precios mínimos, coordinados a través de los mismos proveedores avícolas.

Felipe Irarrázabal
Felipe Irarrázabal

Fue una vuelta larga que comenzó y terminó en los supermercados. El 24 de septiembre de 2010, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, instruyó el inicio de una investigación reservada que nació de un monitoreo que realizó la FNE a los supermercados, donde se analizaba el comportamiento de distintos proveedores, incluyendo los comercializadores de pollo y pavo.

A partir de esos datos, la FNE estimó que “podrían existir conductas exclusorias o colusivas desarrolladas por las principales empresas distribuidoras de productos de carne de pollo y pavo”. El resultado final de ese proceso fue la aplicación de las multas máximas a las tres compañías que operaron como un “cartel del pollo” y la disolución de la APA, luego de una sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ratificada recientemente por la Corte Suprema.

CIPER revisó el expediente de la investigación de la FNE y los documentos que llevaron al TDLC a confirmar las acusaciones de conductas colusivas de los productores de pollos. A partir de esos documentos es posible concluir que, entre otras cosas, la FNE buscaba descubrir por qué las tres empresas avícolas vendían los pollos al mismo precio a los supermercados y por qué luego cada uno de ellos, a su vez, ofrecía a los consumidores los productos de las tres marcas a precios idénticos. De una larga ronda de interrogatorios se obtuvieron datos que dieron luces de cuál podría ser la respuesta, pero no los incluyeron en la primera acusación contra las empresas avícolas.

Públicamente, la FNE se concentró en el cartel de las empresas de pollo y la APA, contra quienes presentó un requerimiento el 30 de noviembre de ese 2011. Y ello, a pesar de que más de tres meses antes ya había iniciado -en paralelo- una nueva investigación reservada, esta vez focalizada en la relación de los supermercados con sus proveedores.

La primera señal pública de esa indagatoria se conoció el 14 de diciembre de 2011, cuando la FNE obtuvo autorización judicial para ingresar con apoyo policial a las oficinas de Tottus, Cencosud, SMU y Walmart a requisar computadores y copiar la correspondencia electrónica de sus empleados. Aunque en los años siguientes varias veces hubo rumores de que la FNE investigaba la relación entre las grandes cadenas de supermercados y los proveedores de diversos productos, nada se supo de sus resultados. Hasta ahora.

¿Qué encontró la FNE en esa primera indagatoria que le hizo abrir una investigación paralela? En las declaraciones de empleados de proveedores avícolas y cadenas de supermercados halló testimonios que generaron la sospecha de que los problemas no solo se generaban en la relación de las empresas de pollo entre ellas y con su organismo gremial, sino también con sus compradores. Al menos dos personas confirmaron a la FNE que la única regla respecto a los precios de venta de los supermercados al público era que éste no estuviera bajo el precio de lista, es decir, que no vendieran bajo costo.

tdlcEl requerimiento que ahora la FNE presentó contra los supermercados se basa en la tesis de que las grandes cadenas no sólo saben que deben seguir esa regla, sino que además se encargan de monitorear que su competencia la cumpla. Para conseguirlo utilizan a los proveedores como intermediarios. Para apoyar esta acusación, la FNE adjuntó una serie de correos electrónicos que grafican esta conducta (ver reportaje de CIPER).

Un rol protagónico en la reciente denuncia juegan los denominados “KAM”, un acrónimo de Key Account Manager o Ejecutivo de Cuentas Clave: empleados de mediano rango en las distribuidoras de pollo, que tienen a su cargo la relación con alguna de las cadenas de retail. Su contraparte son los product manager de cada supermercado, a quienes les envían periódicamente las listas de precios y son sus interlocutores a la hora de negociar promociones, monitorear precios o atender cualquier queja de los clientes por el servicio prestado. Por ello, son también los encargados –según la denuncia de la FNE– de recibir los reclamos y transmitirlos a los otros supermercados cuando se detectan ventas bajo costo, presionando por el aumento de los precios.

LAS PRIMERAS SEÑALES

El 12 de enero de 2011 se tomó la primera declaración en la investigación sobre las empresas avícolas. Ante los requerimientos de los funcionarios de la FNE, Ramón Covarrubias Matte, gerente general de Agrícola Don Pollo, fue enfático en señalar que ellos no tenían injerencia en el precio final del producto: “Cómo le vamos a fijar el precio al supermercado. Imposible. Nosotros mandamos la lista de nuestro producto: tanto vale el pollo. El supermercado verá cuánto le pone” (ver extracto de su declaración).

Más tarde, ese mismo día, su hermano Pablo Covarrubias Matte, gerente comercial de la avícola, insistió en el punto, agregando que jamás han sugerido un precio de venta a público: “Muchas veces hemos tenido problemas porque nos ha tocado ver productos bajo el precio de venta nuestro, bajo costo”. Sin embargo, no se le preguntó qué pasaba cuando eso sucedía (ver extracto de su declaración).

unimarcEl primer dato concreto está contenido en el Tomo II de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, testimonio que no se envió como evidencia en el requerimiento ante el TDLC. Tuvo lugar el 27 de abril de 2011, cuando el KAM de Ariztía para SMU (Unimarc, Mayorista 10 y Telemercados Europa) y para distribuidores de Punta Arenas, Carlos José Tellería Gutiérrez, explicó cuál era su única injerencia en el precio al que venden los supermercados:

“Yo lo único que le pido es que esté sobre su precio de lista, lo hago porque si venden bajo costo me generan problemas con otros clientes, hablo de los supermercados. Está perdiendo plata el cliente de al lado [y] me dice por qué le estamos vendiendo más barato a él. A mí no me pasa en Unimarc que vendan bajo costo. Me ha pasado en Navidad que venden pavo bajo el precio de lista […] Me han reclamado si se sale bajo el costo. Por ejemplo, en Navidad, en pavo bajó Cencosud, luego D&S y al final Unimarc […] Tomo el reclamo y le pregunto a mi jefe.  La idea es que vendan sobre el costo, sobre el precio de lista”.

A los dichos de Tellería, los funcionarios de la FNE inquirieron sobre qué sucede cuando los supermercados venden bajo el precio de lista. La respuesta está tarjada en la versión pública del expediente. Sin embargo, la pregunta siguiente da ciertas luces sobre el tenor de la respuesta previa:

“¿Agrosuper [donde Tellería fue KAM de Tottus] alguna vez no despachó cuando estuvo usted allí?”

Carlos José Tellería: “No, no me tocó. Mientras estuve en Agrosuper solo no despaché por diferencias de precio. El año 2000, mientras estaba en Agrosuper, recuerdo haber cortado el stock a Carrefull por salir bajo costo” (Nota de la Redacción: probablemente Tellería se refiere a la desaparecida cadena Carrefour).

Ni Tellería ni ninguna de las otras personas que declararon ante la FNE en 2011 entregaron más antecedentes sobre represalias a supermercados por vender bajo costo. Al menos no figuran en las versiones públicas de las transcripciones, que sí tienen largos párrafos tarjados. Pero el nombre de Tellería aparecería nuevamente en los correos que entregó ahora la FNE para probar la colusión de los supermercados (ver extracto de su declaración).

En un correo electrónico fechado el 28 de noviembre de 2009, el KAM de Ariztía denuncia que la cadena Bigger está vendiendo pollo entero a un precio que “NUNCA ha sido autorizado” por su empresa. La consecuencia: represalias. En ese email, Tellería dice: “En este momento estamos informando a nuestras distintas sucursales que deben suspender los despachos de pollo entero C/M a la cadena Bigger debido a que el precio está bajo el costo”.  En la misma cadena de correos, el jefe de Tellería, Miguel Villabona, informa que personalmente instruyó “la no entrega de pollo entero por este tema”, agregando que no cuentan con stock suficiente para responder a una “presunta” alza de demanda generada por los bajos precios (ver correos).

La declaración que Tellería prestó en 2011 le dio a la FNE una nueva pista a seguir y el día después de escuchar su testimonio, el 28 de abril, los funcionarios volvieron sobre el punto de los precios bajo costo. Esta vez quien debió responder las preguntas de los funcionarios de la FNE, fue José Francisco Valdés Correa, KAM de Agrosuper para Mayorista 10 y otra cadena cuyo nombre está tarjado, al igual que gran parte de su declaración. Según Valdés, los proveedores no tienen injerencia en el precio de venta al público en los supermercados y si bien cuando llenan la ficha para ingresar un nuevo producto se incluye un “precio sugerido”, saben que éste no se va a respetar. De todos modos, dijo, ellos reclaman cuando creen que el precio está muy alto y no se va a vender, y también cuando se sobrepasa el límite inferior: la venta bajo costo.

“¿Y eso por qué?”, le preguntaron los funcionarios de la FNE.

José Francisco Valdés Correa: “Regla general, yo nunca he sabido por qué no puede salir bajo costo, pero nos ponemos de acuerdo entre los KAM [para] que no salga bajo costo, y si sale bajo costo, no tiene ningún tipo de pena ni nada por el estilo, pero… y tampoco es que yo lo obligue, sino que… Eso, netamente es para que los gallos no salgan con cualquier precio, pueden salir un día con el precio del trutro a 10 pesos”.

“¿Pero es una recomendación que usted les hace?, fue la siguiente pregunta.

José Francisco Valdés Correa: “Claro, ‘oye, no te pongas bajo el costo, porque me vas a traer problemas con el resto de las cadenas’, entonces como ellos quieren estar en una pelea de quién es el que vende el producto más barato, está como regla no escrita, así nomás, el tema de no salir bajo el costo”.

ariztia-plantaLas siguientes preguntas a Valdés tienen gran parte de sus respuestas tarjadas, pero se concluye que las cadenas que atiende sólo han vendido bajo costo en unos tres o cuatro pesos, aunque sí ha recibido reclamos de las otras empresas. Frente a eso, afirmó, no tiene mucho que hacer, salvo revisar los precios y darle una respuesta al KAM que atiende al otro cliente para que lo transmita al supermercado correspondiente. “Y si son literalmente dos pesos es por dejar claro que no se pasen debajo del costo”, concluyó Valdés (ver extractos de su declaración).

El expediente de la FNE tiene discos que contienen cientos de correos electrónicos intercambiados por los KAM de las empresas avícolas y sus contrapartes en los supermercados. En ellos queda claro que los proveedores están permanentemente monitoreando precios e incluso envían fotos tomadas a las góndolas con mensajes como el que enviaron desde Agrosuper a Unimarc: “¿Caro o no???? Bájale el precio”.

Respecto a ventas bajo costo, sólo fue posible encontrar un par de emails en que desde los supermercados reclaman por el precio de la competencia: “¿Algún comentario? (trutro entero bajo el costo de lista)”, le escribió el administrador de categoría carnes de Unimarc a un KAM de Agrosuper, quien respondió con un escueto “Lo veo con el encargado y te comento”.

La segunda investigación de la FNE, que terminó en el requerimiento del 6 de enero, tiene en cambio correos electrónicos mucho más explícitos. En ellos hay algunas evidencias de que los KAM arbitran entre los supermercados competidores para evitar que vendan bajo costo (ver todos los correos).

LISTAS IDÉNTICAS, PRECIOS IDÉNTICOS

Un aspecto que indagó la Fiscalía Nacional Económica en la primera ronda de interrogatorios de 2011 y que no fue abordado en la acusación contra los productores de pollo, fue su coordinación para fijar los precios de lista con que venden a los supermercados. Según los antecedentes recabados por la FNE, la consecuencia directa para los consumidores fue que en ese momento, los productos de las tres marcas (Agrosuper, Super Pollo y Ariztía) costaban exactamente lo mismo en las góndolas de cada supermercado.

¿Por qué sucedía aquello? ¿Era un síntoma de actos anticompetitivos? Fueron muchos los ejecutivos que dijeron no tener idea de aquello, otros negaron que sucediera o argumentaron que el pollo era un commodity, por lo tanto, el precio debía ser el mismo. Pero también hubo quienes ayudaron a configurar un escenario que resultó preocupante para la FNE.

liderEl más explícito en describir la situación fue un ex jefe de los KAM de Ariztía, Miguel Alberto Villabona Bravo. En su declaración del 9 de marzo de 2011, Villabona explicó que a veces las empresas avícolas se coordinaban para tener precios de lista idénticos: “A nivel de gerentes generales o comerciales era en el que se manejaban las listas de precios y todo el tema. Entonces, en algún minuto se comunicaban para decir ‘sabes, voy a bajar, vean ustedes si bajan o no, o voy a subir’. Entonces, nosotros tomábamos nuestra decisión en base a nuestra situación en ese minuto si subíamos o bajábamos, o sea si íbamos a la par con nuestra competencia”.

El KAM de Ariztía afirmó que eran los supermercados los que le avisaban que había llegado la lista de precios de la competencia: “Ahí yo me enteraba –eso quiero dejarlo claro– de, entre comillas, un acuerdo en el tema precios”. Las cadenas le reclamaban –dijo– y los acusaban de ponerse de acuerdo, pues recibían las listas de las distintas empresas con horas o un día de diferencia (ver extracto de su declaración).

La experiencia de los supermercados fue descrita por representantes de distintas cadenas. El 1 de febrero de 2011, declararon tres empleados de Cencosud, quienes confirmaron que “cuando llega una lista de precios, llegan todas” y son “prácticamente iguales”. Sin embargo, negaron cualquier influencia de los proveedores en el precio de venta al público, y dijeron que si son iguales para todas las marcas es porque es más fácil aplicar el mismo margen a todas. Por eso, si los precios de lista fueran distintos, también lo serían los precios de venta.

Otros dos empleados de Rendic Hermanos (empresa que entonces era socia de SMU), confirmaron a los funcionarios de la FNE que las listas de precio las mandaban los KAM “todas al mismo tiempo, mismos precios”, incluso con “minutos de diferencia”.

Los ejecutivos de las empresas de pollo negaron que se coordinaran para fijar los precios de lista, pero hubo quienes admitieron que se conseguían los de la competencia. “Tengo miles de listas de precio de mi competencia ahí en mis archivadores”, reconoció el gerente comercial de Don Pollo, Pablo Covarrubias, en su primera declaración ante la FNE. Habló de un “mercado informal de información”, producto de que -a su juicio- eran prácticamente listas públicas. El intercambio de listas a través de sus contrapartes en los supermercados fue confirmado por otros testimonios.

En su segunda declaración, un mes más tarde, Pablo Covarrubias contó que eran los clientes (los supermercados) los que les pasaban las listas, ya que reclamaban cuando les vendían más caro que a la competencia y ellos pedían que se lo demostraran. Cuando le preguntaron por qué todos cambiaban las listas el mismo día y a los mismos precios, Covarrubias replicó: “Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, no, no, de hecho yo les expliqué: me consigo listas, trato de averiguar los precios”.

(Fuente: radioprofeta.cl)
(Fuente: radioprofeta.cl)

Cuando Pablo Covarrubias insistió en que no intercambiaban listas entre los productores, los funcionarios de la FNE lo confrontaron diciendo que tenían un fax en que Guillermo Díaz del Río, gerente general de Agrosuper, le enviaba a él una lista de precios, el que también iba dirigido a personal de Ariztía y al presidente de la APA.  “Francamente no recuerdo”, fue su respuesta (ver extracto de su declaración).

Pese a que Guillermo Díaz del Río había declarado dos días antes que Pablo Covarrubias, en el interrogatorio no le mostraron ese fax en específico, pero sí le preguntaron si alguna vez había mandado una lista a sus competidores: dijo estar 100% seguro de que nunca lo había hecho.

Una declaración interesante en cuanto ilustra desde el sentido común de por qué el compartir listas de precios sería una práctica anticompetitiva, la dio el KAM de Agrosuper para Walmart (Líder, Ekono, Acuenta), Matías Andrés Coll Barros. Desde una mirada un tanto ingenua –le parecía una locura la idea de que alguien pudiera querer vender bajo costo– señaló que jamás se conseguiría una lista de la competencia, porque eso iba contra sus reglas y sus creencias de “católico verdadero”. Los funcionarios de la FNE podrían haberse quedado con esa respuesta, pero insistieron y le preguntaron por qué conseguir las listas vulneraría sus creencias: “Conocer la lista de precios de otros competidores es sucio, no es libre, no es competitivo, en definitiva […] Porque yo podría, en base a esa lista de precios, modificar la mía”.

EL DEBATE LEGAL

El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra las tres cadenas de supermercados sorprendió tanto al mercado como a los abogados expertos en libre competencia. Nadie entiende por qué la FNE dejó pasar cuatro años y medio antes de presentar la acusación ante el TDLC.  “El caso estaba armado y las pruebas procesadas hace bastante tiempo”, cuenta un ex funcionario de la FNE.

El mismo profesional dice haber tenido acceso a antecedentes sobre conductas para fijar precios de otros productos, como leche, bebidas gaseosas y carnes de cerdo. El modus operandi sería el mismo que el utilizado con los pollos: vía correo electrónico y a través de los proveedores, los que habrían sido presionados por los supermercados para mediar para que otras cadenas se ciñeran a los precios acordados. De hecho, en su requerimiento la FNE menciona explícitamente que tiene “antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma (conducta) respecto a otros productos que componen la canasta”.

refri-pollo-supermercadoLa pregunta que está abierta es si la FNE presentará nuevas acciones legales por esos otros productos, una duda en que se debaten también los expertos en libre competencia.

-Hay quienes dicen que sí podría haber nuevos requerimientos, pero yo creo que la FNE se fue por la vía más fácil, aprovechando la sentencia anterior por colusión y que va a fortalecer su caso demostrando que esto no es algo sólo para el mercado de los pollos, sino que también en otros productos -comenta un abogado del área.

Fuentes ligadas a Cencosud informaron a La Tercera que en 2008 las tres empresas productoras de pollo se acercaron para notificarles que, a partir de ese momento, ningún supermercado podría vender bajo el precio de lista más IVA. La amenaza era reducir el abastecimiento, un riesgo que no podían correr. Fuentes ligadas a las otras dos cadenas acusadas de colusión dijeron desconocer cualquier instrucción de los proveedores como la descrita por Cencosud.

Lo que a nadie extraña es que, tal como ilustran las declaraciones y correos citados más arriba, los KAM de las empresas avícolas hayan impuesto la regla de no vender bajo el precio de costo. En ese escenario, los supermercados se ven a sí mismos más como víctimas de los proveedores –que actuaban como cartel– que como cómplices de un acuerdo para manejar los precios.

Los correos electrónicos adjuntados por la FNE al requerimiento son claros y por lo tanto los supermercados no niegan su contenido. Lo que sí se cuestiona es la interpretación jurídica de los hechos y el contexto detrás de los intercambios con los proveedores. Como comenta un abogado ligado a una de las cadenas, “es un caso bonito para trazar los límites de lo que es colusión”. Y a su juicio, esta situación no lo es.

Dos fuentes ligadas a los supermercados acusados reiteran la idea de que en la FNE están leyendo los correos electrónicos que fundamentan el requerimiento, con la “cultura” pro-competencia que existe ahora en 2016, luego de haber pasado por grandes escándalos de colusión, y no la que existía cuando esos emails fueron enviados (el requerimiento es respecto al periodo 2008-2011).

Desde entonces, las investigaciones que han afectado al mercado han provocado un cambio. De hecho, los propios supermercados asumen que han capacitado a sus empleados incluso respecto de la forma de comunicarse con sus proveedores. Si bien reconocen que el contenido y el tono de los correos electrónicos puede ser cuestionable o poco prudente, profesionales ligados a Walmart dicen que se trata de intercambios espontáneos enviados por empleados, y que están gatillados por ventas de la competencia por debajo de los costos a los cuales ellos compraban. No habría prácticas concertadas ni sistematicidad en los contactos que permitieran configurar la colusión, enfatizan.

En la misma línea, desde otra de las cadenas acusadas, señalan que “se está extremando una interpretación jurídica y una visión demasiado negativa y parcial de los hechos y de los precios sugeridos”. E insisten en que en los últimos años los procedimientos han cambiado: ya no se toleran contactos con proveedores como los que se muestran en el requerimiento, relación que sí ocurría al momento de las actuaciones cuestionadas.

Respecto de la interpretación que han hecho algunos expertos en libre competencia de que este sería un caso de “precios sugeridos”, y que los supermercados eran libres de seguirlos, existe otra lectura:

Fachada Cencosud–La sugerencia viene del proveedor y el supermercado la sigue. Pero aquí lo que supuestamente hay es un supermercado que mira hacia el del lado y busca a un tercero para que se encargue de que se ajuste al precio que mantiene toda la línea horizontal. Eso es lo que la FNE considera como colusión. Es muy distinto a la sugerencia que puedan hacer los proveedores, que no es vinculante y el supermercado es libre de aceptar o no –explica un experto.

Desde algunos de los supermercados acusados de colusión, hacen ver que luego de que en 2011 la FNE incautara correos y computadores, las empresas se abocaron a revisar en detalle el contenido de las comunicaciones en busca de conductas anticompetitivas. Se revisaron cientos de correos electrónicos. En Cencosud, ese trabajo se hizo con el apoyo del estudio Philippi, Prietocarrizoa & Uría, mientras que Walmart trabajó con Ferrada Nehme. Si hubieran encontrado una mínima huella de conductas colusivas –dicen en las cadenas– lo sensato habría sido autodenunciarse. Pero no hay consenso entre los abogados expertos en libre competencia de que ese sea siempre el mejor camino: el costo puede ser más alto y a veces es mejor cruzar los dedos y esperar que la FNE no los descubra.

El uso de proveedores para articular una colusión ya fue sancionado luego de la investigación a las farmacias, las que utilizaban a los laboratorios para coordinar sus precios. Entonces, al igual que en este caso, la FNE acusó el actuar de FASA, Cruz Verde y Salco, excluyendo de su requerimiento a los laboratorios, pese a su rol protagónico. La gran diferencia es que en esa oportunidad, FASA optó por la delación compensada y además de los emails, el seguimiento de los cambios de precio de los medicamentos mostró claramente que había coordinación entre las distintas cadenas. Todo indica que en este nuevo caso de colusión, las pruebas seguirán un camino más difícil.

Nueva colusión por el precio del pollo: acusan a las tres principales cadenas de supermercados

Vea también el reportaje “Los testimonios que pusieron a los supermercados en el banquillo de los acusados”

Una inesperada réplica tuvo la investigación del cartel de los productores de pollo, pues la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no se quedó solo con el reciente fallo que confirmó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) –fijando multas por US$ 58 millones y la disolución de la Asociación de Productores Avícolas–, sino que este miércoles 6 de enero presentó un requerimiento por colusión contra las tres principales cadenas de supermercados del país. Los datos recogidos en las pesquisas sobre el mercado avícola le permitieron a la FNE acusar a Cencosud (Jumbo, Santa Isabel), Walmart (Líder, Ekono) y SMU (Unimarc, Supermercados del Sur) de coordinarse entre 2008 y 2011 -a través de los productores de pollos- para fijar precios mínimos de venta al público, lo que atenta contra la libre competencia (ver requerimiento).

El requerimiento de la FNE pide que cada una de las cadenas sea multada con el monto máximo que permite la ley: 30.000 UTA, equivalentes a US$ 22,9 millones. La FNE estima que por la gravedad de la falta, la sensibilidad del mercado y las ganancias de las empresas, correspondería fijar una multa equivalente al 10% de las ventas de pollo en el periodo imputado –un porcentaje que el organismo califica de conservador–, pero ese monto superaría el máximo legal permitido.

Fachada CencosudSegún los datos recogidos hasta ahora, la FNE comenzó reservadamente su investigación el 25 de agosto de 2011 y obtuvo del TDLC y la Corte de Apelaciones la autorización para ejercer “medidas intrusivas”, las que se concretaron el 14 de diciembre del mismo año. Ese día, con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se realizó un registro policial en las dependencias de las cadenas de supermercados bajo investigación y se incautaron copias de los correos electrónicos de ejecutivos de esas empresas. Algunos de los emails intercambiados entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo fueron adjuntados por la autoridad económica en su denuncia como prueba de la colusión.

Aunque no se entregan detalles, la FNE destaca que tiene evidencias de que las conductas de colusión entre supermercados y proveedores no se limitan al pollo fresco al que se refiere la acusación, sino que existen “antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma respecto a otros productos que componen la canasta”. Sin embargo, el escrito no especifica si existen otras investigaciones en curso por esas posibles infracciones.

Según la Fiscalía Nacional Económica, los tres principales productores de pollo (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) fijaban un precio único de lista mayorista, el que sumando el IVA funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas (supermercados y otros). LA FNE no tiene claro el origen de la regla, pero utiliza los correos electrónicos intercambiados por los encargados de compra de las cadenas de supermercados y los proveedores de pollo para demostrar que se trataba de una práctica cotidiana.

La acusación de la FNE es que Cencosud, Walmart y SMU “actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de aquélla por parte de éstos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia. De esta forma, las requeridas (los supermercados denunciados) adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas”. Además, se les imputa haber supeditado el cumplimiento de la regla al que sus competidores no bajaran el precio fijado.

De los correos incluidos en el requerimiento se concluye que el argumento utilizado para operar de esta forma era “regularizar el mercado” y “evitar una guerra de precios”, de modo de obtener mayores ganancias.

El requerimiento asegura que el precio al que le vendían sus productos los productores de pollo a los supermercados no consideraba descuentos transitorios ni cobros que disminuyen el costo efectivo que tienen los supermercados. Agrega que las cadenas tienen incentivos para vender bajo costo en aquellos “productos de alta recordación” como el pollo, lo que tiende a beneficiar a los consumidores, pero que aquello se inhibe con este tipo acuerdos.

Horas después de hacerse público el requerimiento de la FNE, desde Walmart, el gigante minorista controlado por la familia estadounidense Walton, se envió un comunicado en el que se explica que “desde el inicio de esta investigación, en el año 2011, hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el Tribunal analiza este caso”. Y puntualizaron: “Estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestra acciones se apeguen a sus principios y normativas”.

UnimarcEn la sede de SMU, en tanto, se informó que aún no habían sido notificados del requerimiento, por lo tanto no podían emitir opiniones. SMU es controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER. En Censosud, la empresa de Horst Paulman, quedaron de enviar un comunicado de prensa, pero al cierre de esta nota no había llegado.

Los datos entregados por la Fiscalía dan cuenta de que en 2011 las tres cadenas de supermercados concentraban más del 91% de la venta de pollo fresco: Cencosud, 34,05%; Walmart, 33,68% y SMU, 23,5%.

El mercado de los supermercadistas se movió bastante en los años investigados (2008-2011). En 2009, Walmart tomó el control de DyS (Lider, Ekono), que hasta entonces estaba en manos de la familia Ibáñez, quienes terminaron de vender su participación en 2013. En cuanto a SMU, compró Supermercados del Sur en septiembre de 2011 (los emails incluidos en el requerimiento son de febrero de ese año) y de acuerdo a la FNE es su continuadora legal.  Luego, en 2014, SMU vendió Bigger, la marca de Supermercados del Sur.

Esta vez y a diferencia de las otras denuncias por colusión que han afectado a importantes empresas del mercado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, reaccionó de inmediato. En caso de confirmarse la denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia –afirmó–, en que por acuerdo de precios entre las empresas se hayan obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), repartición que depende de su cartera, ya se encuentra estudiando “cuáles son las medidas a tomar en materia de los derechos de los consumidores”.

LO QUE REVELAN LOS EMAILS

De acuerdo a la investigación de la FNE, las cadenas verificaban el cumplimiento de la regla monitoreando los precios de los locales de la competencia ubicados en la misma zona geográfica, a las que llamaban “zonas de competencia” o “clusters”. Cencosud y Walmart tenían mecanismos formales para ello -dice la acusación-, que estaban a cargo de las áreas de precio o “pricing” y la información luego era comunicada al área comercial de esas mismas empresas. Eran los encargados comerciales quienes se comunicaban con los proveedores de pollos para reclamar cuando un competidor estaba vendiendo bajo el precio acordado. Se asumía, asegura la Fiscalía Nacional Económica, que los proveedores actuarían como intermediarios para regularizar el precio de venta al público de sus competidores.

Según la FNE, los  “Key Account Manager” (ejecutivos de cuenta) de los distintos proveedores de pollo declararon que los reclamos se realizaban principalmente a través de llamados telefónicos. El intercambio de correos electrónicos por este tema era excepcional, dice la FNE, pero de todos modos los mensajes que fueron adjuntados al requerimiento son decidores (ver correos).

No se bajaron los precios conversados”. Ese fue el mensaje que envió por correo electrónico Leonardo Retamal, administrador de la sucursal El Belloto del Supermercado Jumbo, en Quilpué, al product manager que por entonces estaba encargado de los resultados comerciales y operacionales de la sección de pollos y cerdos de la empresa, Alfredo Calvo. El correo electrónico está fechado el domingo 18 de enero de 2009 y es el más antiguo entre los emails que la FNE entregó al TDLC como anexo probatorio al requerimiento. Como el mensaje es escueto, si no fuera porque en el asunto dice “Precio Pollo – J781 / Lider”, sería imposible saber a qué se refiere. En todo caso, basta seguir la cadena de los correos para salir de cualquier duda.

Al día siguiente, Calvo escribió al ejecutivo de Agrosuper que llevaba la cuenta de Cencosud, Víctor Velásquez, alegándole el incumplimiento de un compromiso acordado un par de días antes: subir el precio del pollo entero a $1.490. Al parecer, Líder no lo había hecho. Velásquez respondió:

supermercado-liderEsto parece el cuento del lobo, ya que tu competencia los acusa a ustedes de iniciar esta guerra de precios. Lo único que puedo hacer es que me des la última posibilidad y mañana tú aparezcas a $1.490. De esta manera, ellos subirán. De otra manera veo complicado alinearlos”.

Después que Calvo replicara diciendo que en Jumbo han tenido “el precio que corresponde”, esa primera cadena de correos se cerró con el mensaje de Jorge Kuncar, entonces product manager senior de carnes blancas en Cencosud, a quien Calvo había copiado entre los destinatarios:

Señores, nos interesa estabilizar el precio del pollo entero antes que nos obliguen a comenzar a reaccionar. Esto se lo solicité a Fernando [Fernando Lanza, como sales manager de Agrosuper entre 2008 y 2009, era jefe de Víctor Velásquez cuando se enviaron los correos] tres días antes de la apertura de Jumbo Belloto, y no tuvimos ninguna respuesta. Si les interesa que mañana hagamos un último esfuerzo por estabilizar el precio, no tenemos problemas en hacerlo, pero será nuestra última espera, ya que llevamos más de 30 días”.

Un día después, el mismo tema fue tratado en otro intercambio de correos, esta vez entre el gerente de Supermercados en Agrosuper, Patricio Delgado, y el entonces comprador de carnes de Walmart, Luis Zamorano. El primero le pedía al segundo igualar el precio con Jumbo “para que no sigan con esta pelea, que todos perdemos plata”. Zamorano se comprometió a hacerlo. Delgado insistió en que tenían que igualar el precio de inmediato, que Jumbo no esperaría ni un día más.

Los siguientes correos son similares, pero posteriores e involucran a más personas. En noviembre de 2009, Delgado y Zamorano volvieron a conversar sobre los precios de los pollos comparados con el catálogo de Jumbo. Ese mismo mes, Carlos Tellería, de Ariztía, envió un correo donde ordenaba suspender los despachos de pollos de los supermercados Bigger, del holding SMU, por vender bajo el precio de costo, lo que demuestra el control que ejercían los proveedores para mantener vigente el supuesto acuerdo que acusa la FNE.

supermercado-sta-isabelEn febrero de 2011, el product manager de Supermercados del Sur, Rodrigo Balbontín,alegaba a Agrosuper que en Temuco el Supermercado Santa Isabel vendía trutro entero de pollo a un precio demasiado bajo. Ese correo produjo la inmediata mediación del ejecutivo de la productora de pollos, quien se comunicó con Alfredo Calvo, de Cencosud. La respuesta de este último fue: “Ok, subo todos los precios ahora mismo”.

El último correo que anexó la FNE en su denuncia fue enviado por Cristian Tirado, ejecutivo de Ariztía, a Balbontín, ejecutivo de Supermercados del Sur, 10 días después que alegara por los precios bajos de Santa Isabel. El texto dice:

Desde hace unos tres años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos pollos y pavos, evitando vender bajo costo para que las cadenas NO entren en una guerra de precios. En este sentido, te pido evitar vender trutros enteros bajo costo como pasó hoy en Bigger Concepción, donde se ofreció el trutro entero Ariztía a $1.490 (Precio mínimo es $1.270 + IVA=$1.511). Este tema lo he hablado con todas las cadenas y de ser necesario en algún caso especial, lo seguiré reforzando”.

Una vez más los correos electrónicos podrían resultar evidencia clave para acusar a empresas importantes del mercado nacional en la ejecución de uno de los ilícitos más difíciles de probar: la colusión. Así fue en el reciente requerimiento que la misma Fiscalía Nacional Económica presentó contra la CMPC, de propiedad del Grupo Matte, y la sueca SCA (ex Pisa), por la colusión en el mercado del  papel higiénico; y  en la investigación del cartel de los productores de pollos, que dio origen a esta nueva acusación.

LA DIFÍCIL SEMANA DEL GRUPO SAIEH

La acusación de la Fiscalía Nacional Económica que afecta a SMU se suma a la millonaria multa que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) acaba de cursar a otra empresa del Grupo Saieh: Corpbanca. Eran cerca de las 10 de la noche de este lunes 4 de enero cuando el banco envió un hecho esencial (ver documento) a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informando que el 30 de enero había sido notificado de la multa. La razón: haber sobrepasado el margen de crédito permitido por la Ley General de Bancos en los préstamos realizados a las empresas Cascadas ligadas al control de SQM (Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera).

Se trataría de la multa más alta cursada hasta ahora por la SBIF, pues asciende al 10% del exceso de los márgenes de crédito, equivalente a $21.764 millones, unos US$ 30 millones. La sanción se referiría a créditos otorgados los años 2011, 2013 y 2015 por la institución bancaria a las empresas Cascadas, las que fueron consideradas por la superintendencia como parte de “un esquema de organización social” para ejercer el control de SQM, por lo que se consideró que para efecto de los márgenes, constituyen una sola unidad y no empresas individuales.

Este criterio ha generado cierto debate en el mundo financiero. Hay quienes estiman que efectivamente las Cascadas deberían ser consideradas como unidad empresarial, pues todas tienen el mismo activo subyacente, que es SQM. Sin embargo, se trataría de una interpretación inédita hasta ahora y todos los créditos habían sido informados tanto a la SBIF como en los estados financieros de las Cascadas, sin que hasta ahora se presentara ningún reparo.

Según el hecho esencial, el directorio de Corpbanca acordó “expresar su unánime y categórico rechazo a las imputaciones de infracciones a la normativa vigente y a la totalidad de los fundamentos que le servirían de base”, por lo que se apelará a la multa. Además, el directorio acusó que no se habían cumplido los derechos básicos de un debido proceso y criticó que el procedimiento se inició por “un hecho ajeno al banco”, como fue la renuncia de Rafael Guilisasti a su directorio en octubre de 2015, luego de asumir como presidente de las Cascadas.

Las esquirlas de la colusión del papel estallaron en el CEP

El diario económico Pulso fue el primero en plantear abiertamente la pregunta: “¿Debe Eliodoro Matte dar un paso al costado en el CEP?”, tituló el viernes 30 de octubre.  Habían pasado menos de 48 horas desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hiciera un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión contra la CMPC, la empresa papelera que preside Matte, y contra la compañía sueca SCA, su principal competidora en el área tissue y con la que coordinó precios durante más de una década. Los focos se giraron de inmediato hacia el Centro de Estudios Públicos (CEP), que preside Eliodoro Matte.

Es desde ese estrado que Matte ha buscado acrecentar su influencia en el país, promoviendo el ideario del modelo liberal y su incidencia en las políticas públicas. Por eso, invitó a la Presidenta Michelle Bachelet hasta la casona que ocupa el CEP en calle Monseñor Sótero Sanz (Providencia), a una reunión privada el 8 de octubre con la que celebrarían los 35 años de la institución. Las fotos muestran a una sonriente Bachelet y cinco de sus ministros con Eliodoro Matte y con lo más granado de la cúpula empresarial, reunida en el Consejo Directivo del CEP.

Eliodoro Matte
Eliodoro Matte

Aunque en su discurso Eliodoro Matte reconoció allí las malas prácticas del sector privado –“le aseguro señora Presidenta, que somos capaces de aprender”– puso el énfasis en la “poca calidad” y la celeridad de las reformas impulsadas por el gobierno.

“La importancia de recuperar la confianza”, fue el título del discurso de Matte (ver texto completo), quien en ese momento ya sabía que la FNE investigaba la escandalosa colusión de su empresa, pues seis meses antes la CMPC se había autodenunciado (lo hizo en marzo de este año, aunque la investigación se había iniciado tres meses antes). Esa bomba de tiempo -que explotó tres semanas más tarde- Eliodoro Matte ya la tenía en sus manos cuando invitó a Bachelet.

“Es obvio que Eliodoro Matte sabía lo que estaba pasando en la papelera (…) me parece que fue impropio haber convidado a la Presidenta y creo que él debiese haber cancelado esa reunión”, cuestionaría después el ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, uno de los asistentes al encuentro y primo de Eliodoro Matte, agregando que el telón de fondo de la reunión “fue brutal”.

Incluso el subdirector de CEP, Lucas Sierra, dijo a CIPER que lamentaba el hecho: “Creo que el episodio de la foto de Matte con Bachelet para los 35 años del CEP fue muy desafortunado. Fue un seminario académico muy interesante, y la Presidenta nos honró al venir con el equipo de ministros, pero el problema fue esa foto. Fue sin duda una secuencia de hechos muy desafortunada. Nadie sabía y se podría haber hecho de otra manera. Y eso es un ingrediente del golpe (al CEP). Pero estamos tranquilos, respaldados en esta institucionalidad”.

Lucas Sierra
Lucas Sierra

En la única entrevista que ha dado después del escándalo, Eliodoro Matte negó al diario El Mercurio haber tenido conocimiento de la colusión ilícita que realizaba su empresa; pidió perdón y aseguró que no renunciaría al CEP. Pero Matte no sólo expuso a Bachelet, sino que puso al CEP en la mira de los cuestionamientos. “Esa invitación a la Presidenta es el punto crítico. Pudo no saber de la colusión, pero sabía que había ido a autodenunciarse. Debió al menos restarse del protagonismo, enfermarse ese día, porque además con un discurso sobre la confianza…”, reflexiona un consejero del CEP que pidió guardar el anonimato.

Porque hasta ahora el único integrante del centro que ha criticado públicamente a Matte es el abogado José Zalaquett, quien renunció a su Consejo Directivo. Pero en voz baja son varias las voces que esperan que en los próximos días Eliodoro Matte dé un paso al lado, pues creen que es la única forma de detener el daño provocado al CEP.

“Eliodoro Matte debe renunciar, es una señal de asumir responsabilidad; si sabía de la colusión, o si no sabía, por ser negligente. El CEP ha tenido una gran credibilidad, atrae a muchos jóvenes de distintos lados, es un capital en cuanto a think tank”, dijo Zalaquett a El Mercurio.  En la misma línea, otro consejero dijo a CIPER que por ahora se inclina “levemente” por que Matte renuncie,  pues si es cierto que el empresario no sabía de la colusión, sería incompetencia, y se pregunta: “¿Qué tan conveniente es que el CEP sea liderado por un incompetente?”.

Quienes  trabajan en el CEP están preocupados por la imagen del centro. “Mucha gente cree que Matte debería renunciar y yo preferiría que eso pase en diciembre”, dice un profesional cercano al CEP en relación a la reunión del Consejo Directivo, programada para el día 4 de ese mes. Es la única instancia con potestad para remover a Matte antes de la fecha en que le correspondería dejar el cargo: en mayo del próximo año.

“UNA DISCUSIÓN DELICADA”

El viernes 6 de noviembre Eliodoro Matte llegó hasta la sede del CEP para presidir la reunión de su Comité Ejecutivo, en el que participan ocho de los 24 integrantes del Consejo Directivo. A través de un comunicado, al término de la reunión se envió una señal de respaldo a Matte, recalcando que los consejeros no representan a sus empresas y que, como parte de un proceso de transición programado, en mayo se elegirá al nuevo presidente (ver declaración completa). En el CEP reconocen que el texto fue algo confuso, pues no se aclaró que el Consejo Ejecutivo no tiene atribuciones para revisar la permanencia de Matte.

La historiadora Sol Serrano, quien integra el Consejo Directivo, dijo a La Segunda que le cree a Matte y que no tiene cuestionamientos contra él. Aún así, pidió una reunión de urgencia  de los consejeros directivos para tratar el asunto y dijo estar en desacuerdo con que el problema se haya debatido en el Consejo Ejecutivo.

Harald Beyer
Harald Beyer

-En el Consejo Ejecutivo se vieron otras cosas, pero fue una discusión delicada. Las posturas fueron distintas. No podemos desconocer internamente el apoyo y lo que ha significado para el CEP el trabajo de Eliodoro Matte. Es muy importante y ha sido una presidencia muy positiva y muy correcta, muy deferente hacia la academia y sus principios. Y eso no se puede borrar de un plumazo -explica Lucas Sierra, quien asistió a la reunión en representación de Harald Beyer, el director del CEP, quien estaba en Estados Unidos y decidió no volver ante la urgencia, sino seguir con sus actividades académicas.

“La consigna fue ‘calma’”, resume Sierra. Esa parece ser también la voz que prima entre los consejeros directivos, que no quieren agitar las aguas y prefieren esperar lo que Matte tenga que decir en diciembre. “Lo que a mí me interesa es salvar al CEP”, explicó un consejero a CIPER, quien cree que Matte se dará cuenta solo de que lo mejor es que dé un paso al lado.

Una señal de que el escenario se le presenta difícil a Eliodoro Matte, lo dio esta semana una editorial de El Mercurio, diario tradicionalmente cercano a la papelera y a sus controladores. Allí se lee: “por la propia eficacia de todas las actuaciones del CEP en los próximos seis meses, resulta prudente al menos abstenerse del ejercicio de su dirección máxima, mientras no se concluye la investigación de la grave colusión detectada”.

LA “CRUZADA” POR LA COMPETENCIA

A la espera de lo que el consejo directivo resuelva en diciembre, los investigadores del CEP siguen con su agenda y buscan la forma de enviar señales de independencia. Aunque insisten en que hasta ahora ni Matte ni ninguno de los empresarios que financian el organismo han buscado influir en su trabajo, saben que en este momento es necesario que la opinión pública perciba que los problemas de su presidente no interfieren en sus investigaciones.

Por ello, le dan vueltas a la idea de intensificar su trabajo en temas de competencia en los próximos meses, aunque es un área que siempre ha ocupado un lugar importante en la agenda del centro, porque es clave para el funcionamiento del modelo de mercado que el CEP promueve.

Por ejemplo, este martes 10 de noviembre, dio una charla en el centro Alan Frankel, un estadounidense experto en el funcionamiento del mercado de tarjetas de crédito. Había sido invitado por la FNE para que atestiguara ante el TDLC, con el objeto de entregar argumentos para desarmar el monopolio de Transbank (empresa en la que participa el Banco BICE, del Grupo Matte).  La visita iba a ser antes y fue reprogramada por problemas personales de Frankel, lo que hizo que la visita del experto de la FNE al CEP coincidiera con la polémica por la colusión del papel.

“La colusión es uno de los flagelos más grandes que puede tener una economía del tamaño de Chile”, dice un economista cercano a la institución. En agosto pasado, el CEP recogió opiniones de expertos sobre si era necesario aplicar pena de cárcel a la colusión: la mayoría estuvo más bien de acuerdo con reponer el castigo penal y debatieron sobre la forma (ver documento). Todo eso hace particularmente sensible para el CEP el caso de la CMPC.

Casona del CEP en Providencia
Casona del CEP en Providencia

La libre competencia también ha sido un tema recurrente para Eliodoro Matte. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, envió tres cartas a El Mercurio sobre competencia en el mercado de los medicamentos. A partir de esas cartas, el diario La Segunda y Qué Pasa, publicaron sendas notas explicando “la antigua preocupación de Matte por la libre competencia”, “una verdadera cruzada”  porque “es un apasionado de la libre competencia y la transparencia”.

El interés de Matte por el mercado de los medicamentos data de la época en que la dictadura lo reclutó como jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. “El año 73, con mis amigos de Chicago (ahí estudió un MBA), asumimos distintos cargos en el sector público. A mí me tocó salud”, recordó en 2005 al recibir un premio. Como funcionario público, dicen las notas, trató sin éxito de hacer cambios legales para introducir más competencia al mercado farmacéutico, pero fracasó por el lobby de los laboratorios y del Colegio Médico.

En su primera carta a El Mercurio, Matte celebra además dos resoluciones del TDLC: la que condicionó la fusión de SMU con Supermercados del Sur a la venta de algunos locales y la que advirtió de las diferencias de precio de las llamadas telefónicas dependiendo de la compañía de destino. “Creo que todos los organismos públicos deben facilitar, en los distintos sectores de la economía, la concurrencia de nuevos entrantes o el desarrollo de competidores más pequeños. Ello es la mejor receta para que los consumidores aprecien las bondades de una economía de mercado verdaderamente competitiva”, concluye Matte.

CMPC Tissue operó en sentido contrario de la receta que su presidente daba para el resto de la economía. No sólo se coludió con su principal competidora al menos entre 2000 y 2010 para subir los precios, según la FNE, sino que acostumbraba hacer las llamadas “fiestas de bienvenida” a los nuevos actores, bajando los precios a niveles en que éstos no pudieran competir. Así sucedió en 2001 cuando Kimberly Clark introdujo el papel higiénico Scott, recuerda un ex ejecutivo, y luego en 2006, cuando la sueca SCA tomó el control de Pisa. Además, actores de la industria acusan que la empresa conseguía trato especial con los principales supermercados, para asegurar los mejores espacios en las góndolas y en los catálogos comerciales, entre otros beneficios que mantenían su liderazgo indiscutido.

“Vivimos en un país privilegiado y ustedes son parte de un grupo privilegiado en este país privilegiado”, era la lección que, según han relatado los hermanos Matte Larraín, les transmitía su padre, Eliodoro Matte Ossa.  La empresa CMPC –de la que Eliodoro Matte fue gerente general desde 1981 y presidente desde 2002 hasta hoy– se ha encargado de mantener siempre ese lugar privilegiado.

LA REFUNDACIÓN

El escándalo de la colusión sorprende al CEP en un periodo de transición. Fundado en 1980, su primer presidente fue el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Jorge Cauas. Eliodoro Matte ocupa esa testera desde 1987 y su mano derecha fue siempre Arturo Fontaine, quien logró darle un halo académico e intelectual a una institución financiada por los grandes empresarios y que busca influir con un ideario liberal. La seriedad de sus encuestas, que debutaron en 1988 con el pronóstico del triunfo del No, contribuyó a posicionar al CEP como un actor independiente y relevante para el mundo político. Pero no fue hasta que llegó a La Moneda Ricardo Lagos que se consolidó como un interlocutor poderoso de los gobiernos democráticos.

Arturo Fontaine
Arturo Fontaine

El primer presidente socialista después de Allende se preocupó de tender puentes con el empresariado y el CEP se convirtió en una excelente plataforma. Durante su gobierno se volvieron una tradición las reuniones en la antigua casona que el CEP ocupó hasta 2005 en la misma calle Monseñor Sótero Sanz. Hasta ahí llegaba Lagos con sus ministros. Lo recibían Matte, Fontaine y los otros empresarios que participan de la institución, y dialogaban sobre las políticas públicas que se estaban impulsando.

Harald Beyer, entonces coordinador académico del CEP,  se convirtió en el economista liberal más escuchado en La Moneda, invitado como experto a todo tipo de comisiones –algo que se extendió hasta el primer gobierno de Bachelet–, dejando la huella del CEP en importantes políticas públicas. Fue él, por ejemplo, quien convenció a Lagos de que el programa Chile Solidario debía complementarse con transferencias monetarias, un aporte pequeño que fue clave para mejorar las estadísticas de pobreza (ver reportaje).  Otros investigadores, como Salvador Valdés, tuvieron un rol gravitante en decisiones que hasta ahora dan que hablar, como los aportes reservados a las campañas políticas.

Los problemas empezaron durante el gobierno de Piñera. En 2011, en pleno auge del movimiento estudiantil, Fontaine presentó un libro del economista Patricio Meller llamado “Universitarios: ¡El problema no es el lucro, es el mercado!”.  Fontaine no sólo se desmarcó del gobierno y la derecha liberal, sino del propio autor cercano a la Concertación, y durante la presentación dijo que “el lucro importa y mucho” (ver presentación), una idea que defendió a título personal en la Comisión de Educación del Senado (ver presentación).

En 2013, la vocación del CEP de ser un centro donde conversan distintas miradas de la realidad fue llevada al límite por Fontaine, quien organizó seminarios en los que expertos cuestionaron la veracidad de las cifras de disminución de la pobreza arrojadas por la encuesta Casen en el gobierno de Piñera (ver reportaje).

La tensión al interior del CEP llegó a su punto máximo cuando Harald Beyer, ahora ministro de Educación, debió dejar su cargo luego de una acusación constitucional en que se le imputó justamente no haber fiscalizado el lucro en las universidades. “Me hubiera gustado un gesto más notorio de Arturo Fontaine a Harald Beyer”, dijo entonces el abogado de Eliodoro Matte y consejero del CEP, Enrique Barros, quien además fue el defensor de Beyer.

Primero, Eliodoro Matte le pidió la renuncia a Arturo Fontaine tras 31 años como director. Tres meses después, la coordinadora del área de opinión pública y responsable de la encuesta, Carolina Segovia, renunció a su cargo.

A ello se sumó después una fuerte crítica a las encuestas realizadas por el CEP, en plena campaña presidencial, debido a que primero se interrumpió el trabajo de campo cuando Pablo Longueira bajó su candidatura, y luego la nueva candidata de la derecha, Evelyn Matthei, aparecía perdiendo en primera vuelta frente a Michelle Bachelet. “No hay nada que le haya hecho más daño a mi campaña que el Centro de Estudios Públicos”, diría Matthei.

En octubre de 2013 la encuesta del CEP mostró una nueva fotografía del país: un 86% de los encuestados estuvo de acuerdo con la protección a los consumidores; un 85% con reducir la diferencia de ingresos; un 83% con una nueva nacionalización del cobre; y un 36% con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Efectivamente, Chile había cambiado. Y los cambios también se suscitarían en el CEP.  La nueva etapa del CEP sería liderada por Harald Beyer. Ese turbulento 2013 se cerró con el anuncio de cambios institucionales en el centro.

El programa de Michelle Bachelet fue el que propuso los mayores cambios estructurales al modelo desde el retorno a la democracia, con reformas tributaria, laboral, educacional y constitucional como piedras angulares. Y, por tanto, alejado de las ideas que defiende el CEP. El desafío emergió cuando el centro estaba en su momento más débil, a lo que se sumó una derecha golpeada por las elecciones y las organizaciones empresariales sin el poder de antaño para enfrentar las amenazas de un nuevo gobierno “socialista”.

Por eso, cuando Matte ejecutó la transformación estatutaria y financiera del CEP  insistiendo en que no le interesaba transformar al centro de estudios en una institución “de trinchera”, muchos creyeron ver allí un intento del gran empresariado para potenciar un think tank capaz de hacer frente a las reformas.

Un mes y medio después del triunfo en segunda vuelta de Bachelet, diez de los empresarios más ricos de Chile sellaron un compromiso que desde hace dos años venían forjando. Sus firmas ratificaron el 23 de enero de 2014 el pacto de los grupos económicos más importantes del país –Matte, Luksic, Solari, Angelini y Yarur, entre otros- como lo grafica la nómina de los más ricos del mundo, según la revista Forbes (ver tabla).

El selecto grupo, conformado por Roberto Angelini (Copec, Celco, Corpesca), Juan Andrés Camus (BTG Pactual, Bolsa de Comercio), Jorge Errázuriz (BTG Pactual), Jean Paul Luksic (Antofagasta Minerals, Quiñenco), Eliodoro Matte (CMPC), Juan Eduardo Obach (Papeles Bío Bío), José Said (Parque Arauco, BBVA), la Fundación Reinaldo Solari (representada por Piero Solari, Falabella), Wolf Von Appen (Ultramar) y Luis Enrique Yarur (BCI), firmaron los estatutos de la “Fundación CEP”, comprometiéndose a aportar en un fondo o endowment la suma de $26.500 millones, unos US$50 millones de la época, dentro del plazo máximo de dos años.

Cada uno de los “fundadores” –como se les denomina en la escritura pública protocolizada ante la 18° notaría de Santiago– manifiesta su voluntad de constituir una fundación que busca “analizar y divulgar, con criterio independiente, liberal y crítico, los problemas filosóficos, políticos, sociales y económicos que interesan a la sociedad chilena, como también estudiar, discutir y diseñar políticas públicas, con el fin de ayudar a la consolidación y desarrollo de una sociedad libre y democrática”. Para cumplir esos fines, la fundación dotará de recursos al Centro de Estudios Públicos (ver escritura).

Jorge Errázuriz
Jorge Errázuriz

El endowment, inspirado en el modelo de los think tanks anglosajones, es un fondo que se invierte en instrumentos financieros seguros, cuyos intereses sirven para financiar el funcionamiento del CEP. Con ese monto, “es posible mantener al CEP vigente, independientemente de los vaivenes de la economía. Y si hubiera una situación económica muy mala, donde nadie quisiera donar dinero, la institución podría seguir funcionando a un nivel mínimo”, decía a  CIPER en ese momento Jorge Errázuriz.

Hasta entonces, el CEP dependía principalmente de las donaciones de las empresas y siempre era necesario que alguien anduviera recolectando dineros para así asegurar la sobrevivencia. Precisamente ese estado de incertidumbre es lo que habría motivado a Eliodoro Matte, a estructurar la “Fundación CEP”.

El aporte inicial de nueve de los empresarios fundadores, fue de $10 millones, cada uno. Y fue Eliodoro Matte, el presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), quien contribuyó con la mayor cantidad: $10 mil millones, un 38% del total comprometido.

El resto de los aportes de los otros fundadores quedó estipulado de la siguiente forma: Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz y Juan Eduardo Obach donarían a la Fundación CEP $490 millones cada uno, durante el primer año. Roberto Angelini, Jean Paul Luksic, la Fundación Reinaldo Solari, José Said, Wolf Von Appen y Luis Enrique Yarur se comprometieron a entregar $2.490 millones cada uno. Angelini y Yarur lo harían dentro del primer año; mientras, Luksic, Said y Von Appen se comprometieron a hacerlo entre 2015 y 2016. Si se cumplió el calendario estipulado en los estatutos, sólo ellos tres tendrían aportes pendientes que hacer. El plazo para completar la donación vence el 23 de enero próximo.

Lucas Sierra explica que cuando el fondo esté operando en régimen, aportará un tercio del presupuesto anual del centro, pero los donantes aún no terminan de entregar todo el dinero que comprometieron. Este año recibieron, además,  aportes de 80 empresas (ver lista). “Nos interesa mantener este pool de donantes diversificados, porque nos demuestra que hay élites económicas que tienen compromiso público”, añade Sierra.

Una de las reglas es que ningún donante puede representar más del 10% del patrimonio y las donaciones tampoco pueden estar ligadas a una investigación o área específica. La idea es entregar garantías de independencia a las investigaciones, para lo cual también se exige que cada una vaya firmada por su autor y no se publican documentos institucionales.

NUEVOS INTEGRANTES

En la primera reunión del consejo o directorio de la fundación, que sesionó el 11 de abril de 2014, se nombró como presidente a Eliodoro Matte; tesorero a Wolf Von Appen; y secretaria a la abogada Blanca Sánchez de Toca. También se designó un comité de finanzas, integrado por Juan Andrés Camus, Salvador Said e Ignacio Yarur, que diseñó una política de inversiones, que incluyó la licitación de la administración del fondo.  Matte, Von Appen, Camus, Said, Roberto Angelini, Jorge Errázuriz, Jean Paul Luksic, Juan Eduardo Obach, Carlo Solari y Luis Enrique Yarur fueron designados como directores.

El directorio de la Fundación CEP acordó también aumentar de 18 a 24 los miembros del Consejo Directivo del CEP: al menos ocho de ellos serían elegidos por el mismo directorio de la fundación. En esa ocasión se designaron a ellos mismos, mientras que Matte y Von Appen asumieron la presidencia y vicepresidencia del centro de estudios.  El poder de los financistas de la fundación quedó expresado también en el derecho de tres de sus integrantes de incorporarse al Consejo Ejecutivo del CEP.

José Zalaquett
José Zalaquett

En la práctica, el Consejo Ejecutivo del CEP quedó integrado por seis de sus principales financistas fundadores: Eliodoro Matte y Wolf Von Appen a la cabeza (presidente y vicepresidente respectivamente); Juan Andrés Camus, Juan Eduardo Obach, Salvador Said y Carlo Solari como consejeros. A ellos se sumó el abogado Enrique Barros, el académico Leonidas Montes y el experto en finanzas David Gallagher, históricos colaboradores del centro

Todos ellos integran además el Consejo Directivo del CEP. Ya en diciembre de 2013 se había anunciado que esa instancia se ampliaría para incluir “nuevos mundos”. Fue entonces que se incorporó la historiadora Sol Serrano, la primera mujer en integrar el consejo; junto al abogado de derechos humanos José Zalaquett (ahora renunciado); los economistas Sebastián Edwards y Ricardo Caballero. A ellos se sumó luego el ex contralor Ramiro Mendoza. Los otros integrantes de este consejo que será clave para el futuro de Eliodoro Matte son Juan Claro (ex presidente de la CPC), Fernando J. Larraín (Larraín Vial), Jorge Matetic (Viña Matetic), Fernando Reitich (CAP), Alejandro G. Vigo (filósofo) y Joaquín Villarino (Consejo Minero).

LA DIFÍCIL SUCESIÓN

Hace ya un tiempo que Eliodoro Matte viene hablando de la necesidad de un cambio y ha mencionado que su sucesor debe ser algún integrante de las nuevas generaciones. Ha mencionado a Leonidas Montes, Salvador Said, Joaquín Villarino y Carlo Solari. Pero quienes conocen el tejemaneje del CEP hacen ver que no será fácil dar con el nombre adecuado.

Por un lado, creen que por la dinámica interna, el futuro presidente del CEP debe provenir del empresariado, pues actúa como una especie de bisagra entre los financistas y el área académica. Es en el Consejo Directivo donde los empresarios pueden plantear su opinión sobre las líneas de investigación, pero al mismo tiempo se debe garantizar la independencia del centro.

Asumiendo que el futuro presidente del CEP provendrá de la nueva generación de empresarios, se reduce el campo y se enfrenta un problema contingente: el descrédito que tiene hoy el mundo privado ante la opinión pública. “¿Qué grupo empresarial no está siendo profundamente cuestionado hoy?”, se pregunta un profesional cercano al centro.

De los grandes conglomerados, el Grupo Matte era de los pocos que hasta ahora no había sido protagonista de ninguno de los escándalos de los últimos años. Luksic está complicado por Caval, Angelini involucrado judicialmente en dos investigaciones por financiamiento ilegal de la política, en las que Said y Yarur también se han visto afectados aunque en menor grado. Wolf Von Appen es parte del directorio de SQM. Es claro que la elección no será fácil, tanto si es en diciembre como si se posterga para mayo.

*Este reportaje fue actualizado el 13 de noviembre de 2015

Colusión del papel liquida subsidio que benefició por décadas al Grupo Matte

Herido de muerte está el subsidio forestal instaurado en 1974 por la dictadura militar, gracias al cual los grupos económicos Matte y Angelini ingresaron a sus negocios cerca de US$600 millones que el Estado les traspasó a sus empresas madereras durante 40 años para financiar plantaciones de bosques de pino y eucaliptos. Fue también el incentivo para la creación de un modelo de negocios exportador, con una altísima concentración de la propiedad en manos de ambos grupos, que abarca la producción de celulosa, papel y maderas elaboradas.

El escándalo por la colusión del papel higiénico -cuya materia prima sale de los bosques- que tiene como protagonista al Grupo Matte y a su holding CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), tuvo entre sus efectos congelar -en el gobierno y en el Congreso- los intentos por prorrogar hasta 2018 el subsidio conocido como Decreto Ley 701.

Eliodoro Matte
Eliodoro Matte

Uno de los impulsores originales de ese subsidio -que no se renueva desde 2013- fue Julio Ponce Lerou, cuando era el principal ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y también yerno de Augusto Pinochet. Ponce Lerou es hoy el controlador de las empresas Soquimich, las que tienen tres frentes abiertos en la justicia: están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política, por las irregularidades del llamado “Caso Cascadas” y por los severos cuestionamientos que han surgido al contrato suscrito con el Estado para explotar el Salar de Atacama.

“Ahora que se ha conocido la colusión del Grupo Matte esperamos terminar definitivamente con este subsidio”, dijo a CIPER el senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), quien formó la llamada “Coalición contra la prórroga del Decreto Ley 701” junto a los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Eugenio Tuma (PPD), Alejandro Navarro (MAS), cinco ONG y las fundaciones Pumalín, Terram y WWF Chile (World Wildlife Found).

Esta agrupación logró paralizar el proyecto de ley enviado en mayo de 2015 por la Presidenta Bachelet, que extendía el subsidio desde 2016 al 2018, con un presupuesto de $35 mil millones (US$50 millones). La iniciativa legal había sido aprobada en julio pasado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con los votos desde la UDI al PS, sin que se hiciera previamente una discusión de fondo.

Fueron las gestiones de esta coalición contra el DL 701 las que lograron frenarlo antes que continuara su tramitación en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. “Con la colusión ya no hay piso político para la prórroga”, insistió De Urresti, situación que reconoció la semana pasada el ministro de Agricultura, Carlos Furche.

Forestal Mininco y Agrícola Monte Aguila -las empresas del Grupo Matte que concentran el patrimonio de bosques en Chile- recibieron dineros del DL 701 incluso recientemente, según informó la CMPC en su Memoria Anual de 2014. En total fueron $350 millones si se suman los aportes de los últimos años. Un monto pequeño comparado con los subsidios recibidos por las grandes empresas forestales entre 1974 y 1998.

Hasta 2013 el Estado subsidió la forestación de 1,2 millón de hectáreas por la vía del DL 701 (modificado en 1998 y 2011) entregando a grandes, medianos y pequeños propietarios un total de US$ 875 millones de dólares.

El mercado forestal chileno está dominado por dos actores principales: Arauco (Angelini) y Mininco (Matte), al que se suma bastante más lejos Masisa (de capitales suizos). Junto a ellos coexisten las empresas que califican de medianas si sus ventas no superan las 100 mil UF anuales y los pequeños productores que poseen máximo 12 hectáreas de riego. La llamada “Agricultura Campesina”, con 278 mil familias, ha tenido un menor acceso pues mayoritariamente produce leña y carbón.

Quienes se llevaron el gran pedazo del subsidio estatal han sido los dueños de los grandes predios, los mismos que actualmente son propietarios de las industrias que producen maderas, papel y celulosa. Así lo estableció en 2014 un estudio realizado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, por encargo de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (ver documento de evaluación).

En 1983, por ejemplo, los pequeños madereros recibieron $136,5 millones por los escasos 120 subsidios que les fueron otorgados. En cambio, los grandes y los medianos se llevaron $7.834 millones por los 2.327 subsidios que el Estado les entregó ese año (calculados a $ de 2010).

Aunque esta enorme desproporción se redujo parcialmente a partir de 1998, con el cambio normativo (Ley 19.561) que buscó beneficiar con el bono a un mayor número de pequeños propietarios, finalmente éstos sólo recibieron el 39,2% de los 186.384 bonos de forestación concedidos desde 1976 a 2012. Medido en dineros públicos, los pequeños sólo consiguieron el 33,8% de los subsidios pagados entre 1982 y 2012, un avance si se considera que hasta 1997 los grandes y medianos se llevaron el 94,2% de las platas del Fisco para plantar bosques.

“Impedir la prórroga del bono es un paso indispensable para decidir un nuevo modelo que se haga cargo de los efectos negativos del DL 701”, aseguraron a CIPER representantes de la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Reconocen que también hubo efectos positivos, como la recuperación de terrenos deforestados y la creación de un polo exportador que no existía y que en 2014 alcanzó los US$ 6.094 millones en ventas al exterior.

René Reyes, vicepresidente de la agrupación, acusa que el modelo que inspiró el bono está agotado: “Causó más concentración de la propiedad de la tierra en beneficio de unos pocos, está afectando los recursos hídricos y eliminó la biodiversidad en grandes extensiones del país”.

EL YERNO DE PINOCHET Y EL BONO

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou había trabajado para la CMPC en Concepción. Para entonces ya estaba casado con Verónica Pinochet Hiriart y después del golpe su suegro lo catapultó a la jefatura máxima de la Conaf en 1974, desde donde impulsó el subsidio forestal al tiempo que aumentaba su patrimonio personal con negocios paralelos y ponía en práctica una contrarreforma agraria para devolver predios a los antiguos propietarios expropiados, según documenta el libro “A la sombra de los cuervos” (agosto 2015) de Javier Rebolledo. (Ver reseña del libro).

En esa misma época, el joven ingeniero Eliodoro Matte -hijo del dueño de la CMPC- volvía a Chile desde la Universidad de Chicago y fue fichado por el régimen militar en el Ministerio de Salud, donde preparó la privatización de Laboratorios Chile.

Julio Ponce Lerou
Julio Ponce Lerou

En rigor, fue el ex ministro de Economía de Pinochet, Fernando Léniz Cerda, el creador del subsidio forestal, lo que no era extraño pues Léniz había sido ejecutivo de la CMPC, presidente del gremio maderero (CORMA), y venía madurando esa idea desde el gobierno de Frei Montalva.

A Ponce Lerou le correspondió operativizar el bono y, al mismo tiempo, privatizar el gigantesco Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de la estatal Corporación de Fomento (CORFO), que tenía 360 mil hectáreas de extensión. En 1984, en plena dictadura, las denuncias impulsadas principalmente por el empresario Ricardo Claro, sobre cómo Ponce Lerou había usado a terceras personas para explotar la madera del Complejo Panguipulli en beneficio personal, provocaron un gran escándalo y su salida de varios directorios de empresas públicas.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –“El trabajo decente en la industria forestal de Chile” (2012)- apunta a que en los primeros años después del golpe militar, el nuevo gobierno se apoderó de predios asignados por la reforma agraria: “Tanto las tierras expropiadas a campesinos como a comunidades mapuches fueron rematadas y compradas por sectores empresariales, quienes a su vez adquirieron el patrimonio e infraestructura maderera y celulósica liquidada por el Estado”.

Según el informe de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura, Ponce Lerou salió de la CONAF en 1980 como propietario de numerosos fundos. Durante su gestión -de 1976 a 1980- se entregaron 3.389 bonos por el DL 701, y solo 106 de ellos beneficiaron a pequeños propietarios.

De allí, el yerno de Pinochet saltó a la gerencia de empresas CORFO, desde donde encabezó el traspaso a privados de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, ambas hoy de propiedad del Grupo Angelini; y de Inforsa, ahora en manos del Grupo Matte.

MILLONARIA INYECCION

Inicialmente, el DL 701 financió el 75% de los costos netos de la plantación de bosques hechas por particulares. El subsidio se pagaba por una sola vez. A ello se sumó un bono por la administración del proyecto en los llamados “terrenos con aptitud forestal”, que se cancelaba cada año. Y finalmente, se agregó una rebaja a las contribuciones del terreno forestado y otra rebaja al impuesto a la renta por los futuros ingresos del propietario, cuando el bosque estuviera produciendo (lo que se calculaba unos 20 años después de la plantación).

Como el pago demoraba unos dos años en materializarse -eran requisitos para obtenerlo presentar un plan de manejo y un estudio técnico- los pequeños propietarios no tuvieron espaldas financieras para hacer frente a los gastos iniciales. De esta manera, el subsidio del Estado fue capturado casi totalmente por las grandes empresas hasta 1997.

El informe de la Dirección de Presupuesto de 2005, que evaluó el DL 701, concluyó: “Durante los primeros años los beneficiarios de la bonificación y de los bonos de administración y poda fueron las empresas forestales y los empresarios agrícolas que tenían importantes extensiones de aptitud forestal”. Sólo el 5,8% de la superficie beneficiada pertenecía a los pequeños madereros.

Según las estadísticas de la CONAF, entre 1976 y 1997 se bonificaron 944.176 hectáreas para forestación (ver tabla). Eso se tradujo en que hasta 1997 el Estado entregó a los privados US$ 369 millones, de los cuales escasos US$ 18,5 millones fueron para los propietarios de menor tamaño. (ver artículo de La Tercera).

30.07.03.faenas en el bosqueEn 1998 la nueva Ley 19.561 modificó el DL 701 para focalizar el bono en los pequeños productores, incrementándoles el subsidio hasta el 90% de los costos de plantación. A los grandes propietarios les rebajó el bono al 50%. Gracias a ello, desde esa fecha hasta 2010, las Pymes forestales obtuvieron el 49% de los US$ 476 millones que entregó el Fisco. Pero los grandes y medianos empresarios forestales continuaron llevándose la mayor parte, desbalance que se acentuó de 2011 a 2013, periodo en el que se repartieron US$ 30,9 millones, de los cuales el 61% fue para las empresas dominantes. Una discriminación que se mantuvo a pesar de que un nuevo cambio al DL 701 amplió los beneficios a las comunidades indígenas.

En total, durante los últimos 40 años el Estado transfirió a las grandes y medianas empresas del rubro US$ 612 millones, mientras las pequeñas y los campesinos de la “Agricultura Familiar” obtuvieron US$ 263 millones. Eso, sin contar la rebaja de contribuciones y el beneficio tributario a largo plazo.

Según el informe UC/Dirección de Presupuesto de 2014, los bonos de forestación por hectárea variaron en esas cuatro décadas desde $76 mil hasta $520 mil, medidos a valor del año 2010.

Todo este gigantesco financiamiento público permitió a los grupos Matte y Angelini incrementar su patrimonio a costa del Estado e incluso les posibilitó incrementar considerablemente sus tierras, pues hasta fines de los años 90 las hectáreas eran baratas en el sur, afirma René Reyes, de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.

 LAS HECTAREAS DEL GRUPO MATTE

En 1974 la CMPC inicia su “vasto programa de plantación de pino radiata”, según consigna en la Memoria Anual de 2011. Al ejercicio de 2014, el holding reconoció que poseía 476 mil hectáreas en Chile a través de Forestal Mininco y Forestal Monte Águila, aparte de las 160 mil que tiene en Brasil y Argentina. Estas cifras la ubican como la segunda empresa con más bosques en Chile después del Grupo Angelini (Forestal Arauco), cuyas plantaciones suman 725 mil hectáreas. El total de hectáreas plantadas en Chile es de aproximadamente 3 millones, equivalentes a 30 mil kilómetros cuadrados, que es la superficie de la Región del Maule.

En la ExpoCorma de 2013 las grandes empresas y el gremio maderero manifestaron su interés por el futuro del Decreto Ley 701 y su preocupación por el retraso de la prórroga.

-En el sector forestal creemos que se puede plantar más, pero hoy todos los proyectos de ley se politizan, es tremendo, y nadie mira qué es lo que gana el país –afirmó Gonzalo García, secretario general de la CMPC y ejecutivo clave del Grupo Matte.

A su vez, el gerente de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber, señalaba entonces que “es una lástima” que el DL 701 se haya demorado, “especialmente porque beneficia a los pequeños productores. Esto no beneficia a las grandes empresas forestales, porque ellas no hacen uso del DL 701”.

“PATETICA” APROBACION DE DIPUTADOS

En mayo pasado, pese a las voces críticas, la Presidenta Bachelet envió el proyecto de ley para prorrogar el DL 701 hasta 2018. En el mensaje a la Cámara de Diputados argumentó que su programa de gobierno había contemplado extender el beneficio y así generar condiciones para discutir una nueva ley de fomento forestal. Cabe recordar que en la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, que lleva a cabo el Ministerio Público, se ha acreditado que varias personas que participaron en el programa de gobierno de Bachelet, fueron pagadas –a través de la sociedad Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli- por el Grupo Angelini.

El proyecto lo tramitó la Comisión de Agricultura, cuyos diputados escucharon los argumentos a favor del bono del ministro de Agricultura, Carlos Furche, y del director de Conaf, Aarón Cavieres: plantar 39 mil hectáreas generará 5 mil nuevos puestos de trabajo. En julio, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes en esa oportunidad: José Pérez Arriagada (PR y presidente de la comisión), Loreto Carvajal  (PPD), Felipe Letelier (PPD), Christian Urízar (PS), Pedro Alvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI) e Ignacio Urrutia (UDI). Cuatro de los parlamentarios representan distritos de las regiones del Maule y Bío Bío, en ambas los dos grupos dominantes del rubro poseen extensas plantaciones forestales.

Alfonso De Urresti
Alfonso De Urresti

Según un informe que presentó la diputada Carvajal, prácticamente no hubo discusión. Ella hizo “alusiones” a las críticas sobre la falta de claridad del beneficio para los pequeños y medianos productores. El diputado Diego Paulsen (RN), quien se inhabilitó de votar por tener intereses en el rubro maderero, pidió aclarar si el DL 701 estaba priorizando a las Pymes “y no, como ha ocurrido hasta ahora, a grandes empresarios forestales”, dijo. A su vez los diputados Pérez, Barros y Urrutia, pidieron legislar a la brevedad el proyecto para apoyar a los pequeños productores, mientras Letelier reconocía que la prórroga al subsidio habría requerido un mayor análisis.

“Patética” fue el calificativo que le adjudicó el senador Alfonso de Urresti (PS) al episodio de la Cámara: “La prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla porque en ese momento habíamos hecho una presentación al gobierno, haciendo ver que requería de la consulta indígena. El subsidio ha sido vendido como una panacea y la realidad es que el modelo que se construyó con él está en crisis y no se puede prorrogar sin hacer una evaluación seria de sus resultados”, dijo a CIPER.

CRECE EL RECHAZO

El escándalo por la colusión del papel higiénico del Grupo Matte dio nuevos bríos a los críticos del DL 701, que esperan impedir que resucite. René Reyes, vicepresidente de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, opinó que “hay escaso piso político para aprobar la prórroga de un subsidio que beneficia a empresas que se coluden, como es CMPC”.

Sus partidarios replican que la consecuencia de no prorrogarlo es que disminuirá la cantidad de nuevas hectáreas forestadas. Reyes lo reconoce, pero dice que la agrupación que representa lo ve “como una oportunidad para discutir un nuevo modelo forestal que considere el cambio climático, la diversificación productiva en torno a otras especies y la necesidad de disminuir la alta concentración de la propiedad forestal”.

Camila Merino Ministra de trabajoPor el rechazo definitivo también están la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, la Confederación de Trabajadores Forestales y 27 destacados académicos de la Universidad Austral.

Los trabajadores ponen el acento en preparar la ley que creará el Servicio Forestal que reemplazará a la Conaf, y una nueva normativa de fomento que considere a la agricultura familiar campesina y a los trabajadores, con uno de sus focos puestos en superar las desigualdades de este sector de la economía.

El análisis de los académicos es lapidario: piden el fin del DL 701 y su mirada apuesta al medio ambiente a largo plazo. En su reemplazo piden una legislación que incentive el bosque nativo, ayude a recuperar la biodiversidad y la disponibilidad de agua, ya que los estudios en Chile y el mundo pronostican la disminución de las lluvias y la mayor recurrencia de las sequías en la zona central y sur del país. Como antecedente de los efectos negativos del bono creado por Pinochet, advierten que reemplazar un 10% de bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptos hace disminuir en 20% la disponibilidad de agua en verano, como ya ha ocurrido en la Región del Maule.

 

Ruiz-Tagle ante la justicia: de la colusión del papel higiénico a los $1.480 millones de los Juegos Odesur

Las complicaciones para el futuro político de Gabriel Ruiz-Tagle, aspirante a la alcaldía de Providencia, siguen escalando. El miércoles 28 irrumpió en la agenda pública la investigación de la Fiscalía Nacional Económica que lo acusa de haber orquestado la colusión de la industria del papel higiénico cuando aún era propietario de la papelera PISA (vea la nota de T13.cl). A ello se suma que hace solo un mes el ex director del Instituto Nacional de Deportes (IND) fue duramente golpeado por un lapidario informe de la Contraloría. Ese informe objetó rendiciones de gastos de la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014 (Odesur), que encabezó Ruiz-Tagle, por un total que supera los $4 mil millones. Ahora, un tercer mazazo viene a cerrar las semanas más negras que ha vivido el ex presidente de Blanco y Negro desde que se convirtió en personaje público: el IND decidió llevar a la justicia la cobranza de más de $1.480 millones que forman parte de los fondos públicos aportados a la corporación de los Juegos Odesur.

El actual director (s) del IND, Nelson Serrano, confirmó a CIPER que envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que curse acciones legales debido a que una parte de los $4 mil millones objetados por la Contraloría ya están completamente fuera de plazo para su rendición, por lo que deben ser recuperados por la vía judicial. Estos $1.480 millones corresponden a “saldos vencidos” cuyo uso no ha sido debidamente acreditado por la corporación de los Juegos Odesur, entidad que fue integrada por el IND y encabezada por Gabriel Ruiz-Tagle hasta el cambio de mando de marzo de 2014.

cdeHasta ahora, las objeciones a las cuentas de Ruiz-Tagle en el IND se habían circunscrito a reparos administrativos, como el informe de la Contraloría que se conoció a fines de septiembre y que determinó el inicio de un sumario. Pero la notificación que ahora envió Nelson Serrano al CDE, es el primer paso para llevar a los tribunales las irregularidades en la rendición de gastos de los Juegos Odesur 2014.

-Decidimos poner en antecedentes al CDE, porque el tiempo ha pasado y aún no se rinde a conformidad, para iniciar acciones judiciales para la restitución de estos fondos. No estamos asumiendo si hay dolo detrás, no podemos asumir que se robaron la plata -dijo Serrano a CIPER.

El oficio que firmó Nelson Serrano se despachó el 15 de octubre pasado y va dirigido al presidente del CDE, Juan Ignacio Piña. En lo medular, el documento señala: “Solicito a Ud. iniciar las acciones legales que procedan en orden a recuperar los montos adeudados al Instituto Nacional de Deportes por la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014” (vea una copia del oficio, donde se detallan los montos que se adeudan).

Gabriel Ruiz-Tagle, ex socio mayoritario de Blanco y Negro, donde compartió propiedad con Sebastián Piñera, encabezó la corporación Odesur hasta el 11 de marzo de 2014. De acuerdo con el oficio enviado al CDE, de los $1.480 millones que se deben recuperar, $1.465 millones corresponden al periodo en que él estuvo al mando de la corporación.

Los cuestionamientos a las cuentas de los Juegos Odesur se suman a los reparos de la Contraloría por la rendición de otros $800 millones entregados al rally Dakar que se corrió en enero de 2014 (vea nota de La Tercera). En suma, la administración de Gabriel Ruiz-Tagle totaliza, hasta el momento, alrededor de $5 mil millones en rendiciones objetadas. Además, bajo su gestión el IND aprobó proyectos para que las divisiones menores de clubes de fútbol profesional, administrados por sociedades anónimas, recibieran donaciones deportivas por un total de $1.200 millones, a pesar de que la ley prohíbe que entidades con fines de lucro accedan a esa franquicia tributaria (vea el reportaje de CIPER “El millonario negocio de las donaciones deportivas).

DURO INFORME DE CONTRALORÍA

Los más de $4 mil millones en gastos de los Juegos Odesur 2014 que a juicio de la Contraloría no han sido suficientemente respaldados, incluyen dineros perdidos, rendiciones faltantes (las que ahora se enviaron al CDE), honorarios sin contratos, falta de procesos licitatorios para el diseño de recintos de especialidades deportivas y pagos en exceso o duplicados.

Gabriel Ruiz-Tagle rechaza de plano los cuestionamientos y afirma que no hay “ni un solo peso perdido”. Según dijo a CIPER, el convenio que reguló las transferencias monetarias entre el IND y la corporación de los juegos Odesur fue visado por la propia Contraloría e incluyó la forma en que debían rendirse los gastos. Y asegura que todas las rendiciones que se hicieron bajo su mando se ajustaron estrictamente a esos protocolos:

-La Controlaría no cuestiona los gastos del evento, sino que solicita mayores antecedentes. Los convenios de transferencias (entre el IND y la corporación Odesur) fueron tomados de razón por la misma Controlaría y determinaron el formato de rendición y la información que debía ser incorporada para acreditar el gasto -dice Ruiz Tagle, quien asegura que ahora la Contraloría consideró que esa información no era suficiente y está “aumentando” los requerimientos.

Gabriel Ruiz-Tagle
Gabriel Ruiz-Tagle

A juicio del ex director del IND, el problema se originó porque el convenio que reguló las transferencias para los Juegos Odesur era básicamente el mismo que se usa con las federaciones deportivas cuando se les entregan fondos públicos para sus eventos. Lo que quedó en evidencia, sostiene Ruiz-Tagle, es que este tipo de convenios no está hecho para eventos tan grandes como los Juegos Suramericanos. No descarta que ahora se llegue a la conclusión de que los controles deben ser mayores para competencias de esta magnitud y que deban buscarse nuevas fórmulas de rendición para futuros eventos. Pero esa reflexión, dice, debe partir de la base de que en los Juegos Odesur 2014 se rindió tal como estaba autorizado por la Contraloría.

-Por ejemplo, uno de los principales cuestionamientos, más de mil millones, tiene que ver con los hoteles. En la rendición iba la factura, los días pagados, todo lo que se pedía, y el IND lo aprobó. Pero ahora la Contraloría pide además la lista de quienes alojaron en los hoteles, por habitación. Eso es imposible. Ese es un control que se puede exigir previamente, pero ahora es imposible reconstruir delegaciones de 6 mil a 7 mil personas -ejemplifica Ruiz-Tagle.

La explicación de Gabriel Ruiz-Tagle choca con un dato: de los $4 mil millones objetados, solo la rendición de $1.300 millones fue aceptada por el IND porque cumplía con la fórmula de rendición establecida en el convenio. Los restantes $2.700 millones, según informó el director (s) Nelson Serrano, no fueron aceptados como gasto por el IND y en abril pasado se envió un oficio a la corporación de los Juegos Odesur para que los restituyera. De esos $2.700 millones que no fueron visados por el IND, surgen los $1.480 millones que dieron origen a la denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado.

TAREA PARA EL SII

La agrupación de funcionarios del IND (Anfuchid) reprocha el “desorden” de la gestión anterior y exige a las autoridades actuales una actitud más proactiva para investigar posibles ilícitos: “Hay que llevar todos los antecedentes al Ministerio Público y al CDE”, dice Álvaro Muñoz, presidente de la Anfuchid. Pero la ministra del Deporte, Natalia Riffo, evita responsabilizar a Gabriel Ruiz-Tagle o su administración por irregularidades en las cuentas y pide calma:

-Si una vez que se realicen todos los procedimientos, surge la sospecha o convicción de que podría haber algo constitutivo de delito, por cierto voy a mandar los antecedentes como corresponde a la Fiscalía o al CDE. Pero hay que esperar los tiempos -dijo la ministra a CIPER el lunes 19 de octubre.

Una de las quejas de la Anfuchid contra Ruiz-Tagle es que bajo su administración se limitaron las atribuciones de los fiscalizadores del IND, lo que habría favorecido que se concretaran irregularidades como las donaciones para las divisiones menores de los clubes de fútbol profesional. Los dirigentes de la Anfuchid citan el memorándum Nº74/2011, firmado por Ruiz-Tagle, que circunscribió la fiscalización de las donaciones sólo a la elaboración de un “informe de resultados”, el que debía certificar si el dinero se había invertido en lo que indicaba el proyecto (vea el documento). De esta forma, los fiscalizadores ya no pudieron pronunciarse sobre elementos de fondo, tales como si esa donación realmente servía a propósitos deportivos o si ocultaba en realidad un beneficio para un club con fines de lucro.

siiEl memorándum de Ruiz-Tagle fue detonado por una controversia que envolvió a la Fundación Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). El IND le autorizó a esa fundación un proyecto para recibir donaciones con rebajas tributarias por un monto de $617 millones, dinero que el club debía destinar a “gastos administrativos”. Al revisar ese proyecto, los fiscalizadores de la Dirección Metropolitana del IND rechazaron una partida de más de $200 millones que se ocuparon para financiar un sistema de riego y la mantención de jardines en San Carlos de Apoquindo. El argumento de los fiscalizadores fue que esa inversión no tenía un fin estrictamente deportivo.

Aunque no quedó registrado en el procedimiento, es un hecho que esa inversión también beneficiaba de manera indirecta a una entidad con fines de lucro: la sociedad anónima Cruzados, que administra el club de fútbol profesional de la UC y que tiene en concesión el estadio y canchas de entrenamiento de San Carlos de Apoquindo.

Ruiz-Tagle revocó la decisión de los fiscalizadores y dio luz verde a la aprobación de los gastos rendidos por la fundación de la UC, mediante su Resolución Exenta Nº 2939 (vea el documento, puntos 5 al 8).

Juan Enrique Serrano, gerente general de la Fundación CDUC, dijo a CIPER que el rechazo fue “subsanado” por el entonces director del IND porque “el complejo es un todo. No es sólo la cancha, porque esa cancha tiene que tener oficinas de jefes técnicos, jardines que la rodeen, calles que permitan el acceso. Y los proyectos de operación admiten todo esto”.

Gabriel Ruiz-Tagle explicó a CIPER que revocó el rechazo inicial porque el IND no es la entidad que debe revisar las cuentas de los proyectos que reciben donaciones deportivas, sino el Servicio de Impuestos Internos (SII). Su criterio, a pesar de las quejas de la Anfuchid, fue respaldado por un dictamen de la Contraloría (vea ese dictamen).

No obstante, un informe del SII firmado por su ex director Michel Jorrat -al que CIPER tuvo acceso- indica que el organismo tributario no revisa si las donaciones efectivamente se aplicaron a fines deportivos, sino que simplemente controla las formalidades de los documentos que acreditan si esos aportes pueden recibir beneficios tributarios: “Si bien la Ley Nº 19.712 ha entregado a este Servicio facultades fiscalizadoras en lo referido a las donaciones con fines deportivos, tal potestad se refiere principalmente a la forma de acreditarlas y a las formalidades que deben reunir los certificados para que procedan los beneficios tributarios”, dice ese texto.

Esto significa que en el período de mayor crecimiento de las donaciones deportivas (sólo entre 2010 y 2013 los aportes sumaron $58 mil millones), tanto el IND como el SII solo revisaban si se había gastado el dinero en lo que decía el proyecto y nadie reparaba, por ejemplo, en si el beneficiario de la donación era una entidad dependiente de un sociedad con fines de lucro. Recién en 2015, un año después del término de la gestión de Ruiz-Tagle, el IND inhabilitó o suspendió a más de 20 sociedades anónimas que utilizaban el sistema de donaciones (vea el reportaje de CIPER “IND bloquea acceso de 17 clubes de fútbol profesional al sistema de donaciones deportivas).

Un oficio de agosto de este año, firmado por el subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón, muestra que ese servicio mantenía en desarrollo “acciones de fiscalización” a varios proyectos de la Corporación Colo Colo Fútbol Joven (relacionada con Blanco y Negro) y que en esos controles se habían determinado “diferencias de impuestos resguardando el interés fiscal”. Eso quiere decir que, a juicio del SII, no se pagaron todos los impuestos que correspondían (vea el documento).

PAPELES VERSUS CONTROL EN TERRENO

En su defensa, el ex presidente de Blanco y Negro niega que haya “recortado” las atribuciones de los fiscalizadores del IND y asegura que sólo acotó su rol a lo que está establecido en las normas que regulan la institución:

-¿Cuál es el objetivo de la fiscalización? Saber si los recursos fueron usados para lo que se dijo en el proyecto. Y cuando se constata que no es así, se pide el reintegro. Cuando nosotros llegamos (en 2010), los reintegros eran cero. Con nuestra administración se llegó a entre $500 y $600 millones de peticiones de reintegro. Y ese es el único producto de la fiscalización, no hay otro -explica Ruiz-Tagle.

El ex director del IND cuenta que cuando asumió en el IND “los fiscalizadores se instalaban en la oficina del beneficiario de un proyecto y le pedían las escrituras, boletas y otros papeles legales. Después emitían un informe: ‘Falta esto y esto’. Y así se iban acumulando torres de papeles”.

Su equipo, dice, dejó de darle prioridad a la revisión de documentos y privilegió controlar en terreno si las actividades deportivas financiadas con fondos públicos o donaciones efectivamente se realizaban. Para eso, se autorizó a todos los funcionarios del IND a efectuar fiscalizaciones en terreno para asegurar la correcta ejecución de los eventos deportivos. Los resultados, asegura Ruiz-Tagle, fueron positivos:

Natalia Riffo y Gabriel Ruiz-Tagle

-En los eventos financiados con dinero entregado directamente por el IND, en 2009 se fiscalizaba hasta el 80% y nosotros en 2012 llegamos al 99,8% de proyectos controlados. Y en los eventos financiados con donaciones, pasamos del 22% al 92% de revisiones. Para hacer eso, tuvimos que aclarar un error histórico, lo que a las asociaciones de funcionarios nunca les gustó: el control de las donaciones se acotó a lo que la ley dice que debe fiscalizar el IND y lo que debe fiscalizar el SII. Entonces, de acuerdo a la ley, se le entregaba al SII el informe de resultados anual y ellos veían el uso correcto de la franquicia.

Con ese criterio, los fiscalizadores no podían rechazar, por ejemplo, las donaciones para financiar divisiones menores de clubes de fútbol profesional, aunque era evidente que estaban beneficiando de manera indirecta a una sociedad con fines de lucro. Para Gabriel Ruiz-Tagle esas donaciones estaban en regla, pues las divisiones menores de los clubes se habían organizado como corporaciones sin fines de lucro y por lo tanto no se podía rechazar sus proyectos. “Los funcionarios públicos deben respetar el principio de igualdad ante la ley”, dice, y no pueden discriminar según sus opiniones o preferencias a los beneficiarios: “Si cumplen con los requisitos, deben ser aceptados”.

Pero las nuevas autoridades del deporte no están de acuerdo con la tesis de Ruiz-Tagle y, por eso, bloquearon el acceso de los clubes de fútbol profesional a las donaciones. De hecho, pese al positivo balance que hace el ex director del IND sobre los controles ejercidos en su periodo, la ministra Natalia Riffo dijo a CIPER que “la fiscalización es una de las patas cojas de la institucionalidad deportiva”.

La ministra hace un mea culpa: “El IND no tiene procedimientos tan claros respecto a las rendiciones”. Por lo mismo, anuncia que el Ministerio del Deporte, a menos de dos años de su puesta en marcha, ya diseñó una reforma para corregir estas falencias: “Se envió un proyecto para reformar la institucionalidad del deporte nacional a la Secretaría General de la Presidencia, que hoy lo está revisando el Ministerio de Hacienda”.

EL ATRASO MÁS CARO

Durante su período al mando de la Subsecretaría de Deportes y luego en el Ministerio del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle tuvo a cargo la remodelación de los estadios para la Copa América y el Mundial Sub-17. La idea era inaugurarlos todos antes de que terminara el gobierno de Piñera, pero no se logró.

Los estadios Sausalito (Viña del Mar), El Teniente (Rancagua), Zorros del Desierto (Calama) y La Portada (La Serena) tuvieron atrasos. Pero fue el Estadio Municipal de Concepción Ester Roa el que rompió todos los marcos. Después de casi tres años de reconstrucción, el proyecto que en un principio tenía un presupuesto de $12 mil millones, terminó costando más de $30 mil millones.

El estadio de Concepción tuvo tres licitaciones y un trato directo: los primeros dos intentos de licitación (diciembre 2012 y abril 2013) fueron declarados desiertos, porque las ofertas superaban el presupuesto. El tercer intento fue a través de un trato directo con la empresa Copasa. El costo proyectado fue de $12 mil millones, lo que consideraba sólo la obra mayor, sin butacas, techo y césped. Pero en mayo de 2014 (tres meses después de la salida de Ruiz-Tagle del IND) las autoridades le quitaron el estadio a Copasa por su paupérrimo avance: sólo un 11% de la obra.

Estadio Ester Roa
Estadio Ester Roa

No era primera vez que Copasa se atrasaba en obras públicas.  El puente sobre el río Maule y el Puente Bicentenario en la Región del Biobío, que construía en conjunto con Isolux-Corsan, también sufrieron demoras. Esta última empresa tenía a cargo la construcción del estadio de Calama, también adjudicado por trato directo con el IND bajo la gestión de Ruiz-Tagle, y que tampoco pudo terminar por incumplimiento de plazos (ver reportaje CIPER “Isolux-Corsán: su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile”).

A pesar de que no cumplió con lo que había propuesto, Copasa recibió $1.057 millones del Estado tras liquidar su trato con el IND. Para obtener esa suma, en sus descargos la empresa argumentó que no recibió información oportuna de parte del IND para desarrollar la obra y que el proyecto contenía errores, omisiones y falencias. La Contraloría acogió estas argumentaciones de Copasa, entre otros factores que provocaron el retraso, adjudicando parte de la responsabilidad al IND (vea ese dictamen).

Gabriel Ruiz-Tagle rechaza la versión de la empresa y sostiene que no hubo  responsabilidad del IND en el retraso que terminó gatillando el brutal encarecimiento del estadio penquista. Según explica, desde el inicio de las obras Copasa no puso todos los recursos humanos y materiales necesarios. Por eso, dice, cuando finalmente las nuevas autoridades le revocaron el trato, “lo que hizo la constructora es un clásico: comenzó a buscar errores mínimos. Es inentendible que un proyecto haya pasado por dos divisiones de arquitectura (la del IND y la del MOP) y que alguien después aparezca diciendo que el IND hizo mal la pega”.

La Ministra Riffo reconoce que hubo un aumento de costos excesivo en la construcción de estadios, pero nuevamente es cautelosa al referirse a las eventuales responsabilidades de autoridades anteriores:

-Aquí hubo muchas licitaciones que se cayeron y, por tanto, se adjudicaron directamente con montos que no correspondían. Nos dimos cuenta que había que poner más plata, porque claramente no alcanzaba para terminar los estadios. Se había calculado mal.

-¿Había responsabilidad del IND por esos atrasos?
-Es fácil echarle la culpa al gobierno anterior. Así como el gobierno de Piñera culpó al primer gobierno de la Presidenta Bachelet, para nosotros sería muy fácil decir: ‘Todos los problemas tienen que ver con lo que realizó Ruiz-Tagle‘. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando llegamos, vimos los estados de situación y había un compromiso con el país por los estadios. Y comenzamos a tomar determinaciones respecto a cosas que no habían sido bien llevadas. Hubo un aprendizaje.

EL CARTEL DEL PAPEL HIGIÉNICO

A Gabriel Ruiz-Tagle se le conoce más como empresario que como político. Si bien la mayor notoriedad la alcanzó como accionista principal de Blanco y Negro, Ruiz-Tagle ha participado en varias otras empresas de importancia: el Banco de Chile, la empresa Frutícola Atacama y Papeles Industriales S.A. (PISA), hoy de propiedad de la sueca Svenska Cellulosa Aktierbogalet (SCA). Es precisamente esta última empresa –quizá la con más bajo perfil de entre todas en las que ha participado– la que vuelva a poner al ex ministro de Sebastián Piñera al centro de un feroz escándalo de corrupción que recién comienza.

Una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) lo acusa de haber jugado un rol gravitante en lo que se ya se ha catalogado como uno de los casos de colusión más grandes de la última década: la protagonizada por la empresa CMPC Tissue, filial del Grupo Matte, y la propia PISA, en la fijación de precios en el mercado del papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables, entre otros.

FNESegún los antecedentes recabados por la FNE, todo partió a mediados del 2000 tras una reunión en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo entre el propio Ruiz-Tagle, como representante de PISA, y el entonces gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel. Allí se habría fraguado un acuerdo, ante el ingreso de nuevos competidores como Walmart –que se extendió por 11 años– para mantener sus respectivas cuotas en el mercado (76% para CMPC y 24% para Pisa) y subir los precios de sus productos de papel higiénico, servilletas y pañuelos, causando grave daño a millones de consumidores.

Los detalles de cómo los ejecutivos de las empresas urdían el plan  son escabrosos. Según la FNE, éstos mantenían un sistema de monitoreo bimestral de su participación en el mercado. Para ello se reunían en el cuartel de bomberos de Apoquindo (Bomba Alemana) o se comunicaban a través de cuentas de correo electrónico alternativas y con nombres ficticios para mantener el anonimato. Incluso, según relata el requerimiento presentado por el fiscal Felipe Irarrázaval, cuando estalló el caso de la colusión de las farmacias dejaron los correos de lado y comenzaron a utilizar correspondencia de papel y teléfonos de prepago, todo con la finalidad de no dejar huella.

Pero los artificios no terminaban allí. Según acusa la FNE, en diciembre de 2011, ejecutivos de CMPC arrojaron sus computadores al Canal San Carlos para deshacerse de la evidencia.

En conversación con Canal 13, Gabriel Ruiz-Tagle fue tajante al señalar que no participó de estos hechos: “Desde que dejé la gerencia general de la compañía en 2001(dos años más tarde vendió el 50% de la propiedad y en 2012 vendió el 50% restante) hasta el día de hoy, he estado totalmente desligado de la gestión”, aseguró. Por su parte, empresas CMPC se defendió a través de un comunicado arguyendo que “nos autodenunciamos al descubrir esta conducta que atenta contra todas nuestras políticas corporativas”. Y agregan: “el directorio instruyó de inmediato una investigación exhaustiva y tomó todas las medidas para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse”.

Efectivamente la empresa CMPC Tissue se autodenunció el 27 de marzo de este año, pero solo después que la Fiscalía Nacional Económica descubriera los ilícitos e iniciara una investigación. Esto le permitió a la compañía de propiedad del Grupo Matte acogerse al programa de delación compensada, por lo que no será multada. Mientras tanto, SCA (ex PISA), que también se acogió a dicho beneficio, arriesga una multa de hasta US$15 millones al no reconocer los hechos antes que la primera empresa.