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La agonía del café colombiano

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Francisco Restrepo tiene 57 años y no ha hecho otra cosa en su vida más que recoger café. Empezó a los 12 años y todavía hoy se levanta cada día antes del alba para mantener la producción de Las Margaritas, su finca de 5 hectáreas en las montañas de Andes en Antioquia, un departamento al norte de Colombia.

Su rutina consiste en llegar a la finca a las tres de la mañana para descascarar, lavar y secar los granos de café. Cuando hay buen café sus jornadas pueden alargarse hasta las 18 horas. “Quedo agotado pero esta es la única manera de amortiguar los otros nueve meses donde mengua la producción”, comenta Restrepo.

Hace cuatro años, miles de caficultores, como Restrepo, se unieron en el primer paro cafetero de la historia de Colombia. Durante 11 días, los agricultores pararon la producción para reclamar mejores condiciones al Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), que agrupa a los cerca de 560.000 productores del país.

Una crisis de los precios internacionales provocó que el precio que la FCN garantiza a los caficultores alcanzara su nivel más bajo en los últimos sesenta años, según datos de la organización analizados por este medio. En protesta los pequeños productores descontentos con la marcha del sector, unidos en el Movimiento de la Dignidad Cafetera, convocaron el paro.

El movimiento surgió de la mano de esa última crisis del sector en 2013 y llevó a buena parte de los caficultores a un paro cafetero que pudo arrancarle al Estado un subsidio para los costes de producción que les ayudó a superar el bache. Hoy, los productores agrupados en esta organización han permeado a los comités departamentales y municipales que forman la FNC y reclaman más y mejores ayudas.

Casi cuatro años después la realidad de los caficultores es casi igual que entonces.

Foto: Iván M. García
Foto: Iván M. García

El café colombiano se cultiva en pequeñas extensiones. El 95% de los productores tienen menos de 5 hectáreas y controlan el 50% del área sembrada, según datos analizados del Censo Agropecuario Nacional de 2014. Estos agricultores se ven sacudidos por los precios internacionales, la falta de mano de obra, el poco acceso a las ayudas y las malas condiciones de vida.

El mercado del café colombiano es cada vez menos competitivo, aún así el 38% del café que produce termina en Europa. Allí, los españoles beben, en promedio, casi una taza de café al día, los alemanes, 1,2, y los holandeses beben 2,4. Ninguno de ellos sospecha que quienes han cultivado su bebida se enfrentan a condiciones adversas para lograrlo.

Colombia es el tercer exportador de café del mundo tras Brasil y Vietnam. El café colombiano tienen su origen en las casi 900.000 hectáreas de café cultivadas en las zonas montañosas de la cordillera de Los Andes, que atraviesa Colombia y se divide en tres ramas, a gran altitud sobre el nivel del mar. Alrededor del 80% del café colombiano termina en Europa y Estados Unidos.

Las plantaciones de café en Colombia

Fuente: Censo Agropecuario Nacional

La FNC, en la capital del país, es quien define el precio de compra del café a los agricultores basado en la cotización de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio y la prima de calidad que recibe el grano colombiano.

“Gracias a la política de garantía de compra, los cafeteros de Colombia cuentan con un servicio que no tiene ningún otro productor agrícola del país: la comercialización asegurada de su producto a un precio transparente”, defiende la federación en su página web.

Pero de ellos también dependen las ganancias o pérdidas que puede tener el cultivo.

El productor vende hoy la carga de café (125 kg) a unos 300 dólares. Durante la crisis de 2013 ese precio llegó a caer a 125 dólares. Alexander Taborda, un pequeño caficultor con 2,4 hectáreas de cultivo especial en Andes y portavoz de Dignidad Cafetera, calcula que los costos de producción de una carga son de aproximadamente 220 dólares.

La Federación garantiza una tasación fuertemente sometida a los vaivenes del mercado internacional. Desde el 2000, este precio estuvo más del 44% del tiempo por debajo de los costes de producción, según los datos analizados por este medio.

Con este modelo, los pequeños caficultores, la base de la producción colombiana, son los que disponen de menor capacidad de reacción y recursos que los grandes sembradores ante posibles caídas de precio, los efectos del cambio climático o las plagas que acechan a los cultivos.

Así ha evolucionado este precio desde 1954, ajustado al índice de precios (IPC) en Colombia:

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1)    Hasta 1962, el mercado internacional del café se basaba en una competición libre entre los países productores.

2)    Entre 1962 y 1963 se firma en la ONU el primer Convenio Internacional del Café y se crea la Organización Internacional del Café (1963). Estos acuerdos establecieron un sistema de cuotas entre los países para retirar del mercado excesos en la oferta de café, que contribuyeron a una relativa estabilidad de precios para los cafeteros de Colombia hasta 1975.

3)    Las graves heladas de Brasil, principal país productor, provocaron un aumento de los precios. El nuevo Convenio Internacional de 1976 suspendió las cuotas en caso de alza excesiva de precios. Los caficultores colombianos recibirán ese año los mejores precios de su historia.

4)    De nuevo, una grave sequía en los cafetales brasileños causa una subida de precios en 1986. Se suspenden las cuotas y, así, Colombia desplaza a Brasil como primer exportador mundial de café

5)    En 1989, se eliminó el sistema de cuotas de exportación y se entra en un contexto de libre mercado.

6)    Entre 1989 y 2011, los caficultores colombianos ven como el precio de su café sube y baja por la especulación de los mercados internacionales.

7)    En 2013, el precio de compra garantizado cae a su peor nivel en 60 años. En respuesta, se convoca ese año el paro cafetero en busca de mejoras del sector.

8)    Desde entonces, los precios se han ido recuperando en un mercado inestable.

POCAS AYUDAS Y MUCHAS COMPLICACIONES

“De la mejora no hay duda. Pero el buen precio de hoy hace que el sector se sostenga, pero maquilla que este modelo de caficultura es un modelo de aumento de costos”, dice el caficultor Taborda en referencia a la carestía de la mano de obra y los fertilizantes, que son importados y de los más caros del mercado agropecuario.

Taborda señala que en este contexto tampoco es fácil acceder a ayudas para el sector, “mucho menos si se es un productor pequeño”. Y cuando se accede al crédito, los intereses son altos y difícilmente asumibles por buena parte de los productores.

El organismo encargado de ofrecer estas ayudas es el Banco Agrario. Según su presidente, Luis Enrique Dussán, las diferentes líneas de crédito tienen una tasas anuales entre el 5% y el 8%, dependiendo del tipo de préstamo y del productor.

“Además, existen condiciones favorables con el sector ya que los plazos para financiación se fijan de acuerdo con los periodos productivos y el destino a financiar. Manejamos plazos de hasta dos años para la financiación de capital y hasta 10, para programas de inversión”, apunta.

Sin embargo, Luis Gonzaga, productor de Caldas, en pleno Eje Cafetero, cree que la teoría de Dussán no concuerdan con la práctica del día a día a pie de cultivo. “No hay celeridad en el sector financiero. Uno necesita un crédito para comprar fertilizantes. Pero el crédito termina por demorarse y cuando se lo dan ya ha pasado la época para fertilizar. O el ciclo para fumigar, si es que lo pide para fumigar”, asegura.

Foto: Iván M. García
Foto: Iván M. García

El director ejecutivo del comité de la FNC en Huila, departamento al sur de Colombia, Jorge Enrique Montenegro, va más allá y asegura que no hay una política real de apoyo al sector cafetero: “se piensa más en generar recursos para otras economías del país”, señala.

“El estado debe dar créditos de intereses blandos. No digo gratis, digo que esos préstamos generen intereses que vayan coordinados con los sistemas productivos. Y eso no está ocurriendo”, lamenta Montengro, que representa al departamento con mayor producción (18% del total).

El gerente de la FNC, Roberto Vélez, cree necesaria la creación de un crédito de fomento para el café. “Pero eso ya es un tema de Estado. Se lo hemos comunicado el Gobierno a través de nuestro Comité Nacional y también al Presidente, Juan Manuel Santos, en nuestro último Congreso Cafetero. Más no podemos hacer”, sentencia.

SIN MANOS PARA RECOGER EL CAFÉ

Francisco Restrepo tiene en su finca tiene una decena de trabajadores que desde las cinco de la mañana trepan por las laderas escarpadas y resbaladizas del cafetal para recoger a mano los granos rojos y maduros de café. Los echan en un cesto de goma anclado a la cintura con correas de cuero o tela.

El suelo es húmedo, el aire huele a trapiche y la humedad se siente más fuerte a medida que amanece. El trabajo del recolector de café implica arrancar a mano cada grano maduro, casi la única forma de recolectarlo. Recorrer el cafetal es dificultoso y se necesita de paciencia y cuidado.

Cuando son recolectados y seleccionados uno a uno, pasan por un cuidadoso proceso de lavado para quitar la cáscara y expulsar los granos que estén en mal estado. Después, el café se deja al sol en grandes terrazas para secar el grano. Este proceso tiene que ser muy cuidadoso para que no pierda aroma o sabor.

Para reducir los altos costes y aumentar la utilidad, los pequeños productores duplican su jornada o cuentan con el trabajo de otros miembros de la familia sin que éstos reciban salario por las horas dedicadas. También reducen el gasto en fertilización o la prevención de plagas, por ejemplo, desmejorando la producción en cantidad y calidad.

Apenas el 1% de los productores cafeteros superan las 20 hectáreas, según el censo nacional. Daniel Felipe Henao es, con 320 hectáreas de cultivos repartidas en varias fincas familiares, uno de esos pocos grandes productores que hay en Colombia. Aunque también es una rara avis en el sector: tiene 32 años cuando la media de edad del caficultor es de 58.

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Foto: Iván M. García

“¿Qué va a pasar en diez años? No va a quedar nadie para recoger café. Estamos produciendo al 70%, con pérdidas porque no podemos sacar todo el grano”, explica en el zaguán de una de sus fincas, La caja de oro, en Antioquia. “Hace falta un revolcón mecánico”, remata.

Se refiere a la falta de tecnificación en el sector. “Si no hay mano de obra que recoja el café, tendríamos que pensar en un sistema para su recolección”, dice Henao resumiendo uno de los principales reclamos que hacen los cafeteros a la FNC.

“Queremos aumentar la producción. Hoy recogemos unos 18 sacos de 60 kg por hectárea. Pero Brasil produce 27 kg, y una finca colombiana bien mantenida puede llegar a los 35 kg. Hay mucho que mejorar”, reconoce el gerente de la FNC, Roberto Vélez.

Vélez sabe que la ausencia de procesos tecnificados en la recolección de café es uno de los “cuellos de botella” en el sector. Pero a pesar de ello, no fue hasta el pasado año cuando la FNC, a través de su centro de investigación Cenicafé, lanzó el concurso Proyecto de apoyo a la cosecha asistida de café, entre universidades nacionales e investigadores locales y foráneos.

“Estamos trabajando en un sistema que permita batir el árbol para que el café vaya cayendo. Evidentemente, en los cultivos ubicados en laderas muy inclinadas no se podrá llevar a cabo; pero más del 30% de café está sembrado en pendientes de menos de 30 grados. Ahí la mecanización sí es posible”, apunta sin dar mucha más claridad del proyecto.

LA RESURRECCIÓN DEPENDE DE LOS POLÍTICOS

Los pequeños caficultores tienen las manos atadas: su futuro y las ayudas dependen de los dirigentes de la FNC, aunque ellos paguen un impuesto para mejorar el sector.

“Los productores pagamos un impuesto de seis centavos de dólar por caja exportada. Pero el Gobierno y la FNC tienen un contrato por el cual la propia Federación es la responsable de invertir esos recursos, a través del Fondo Nacional del Café, en el sector,” explica Álvaro Cano, un agricultor de Antioquia.

Los cafeteros denuncian que los recursos de este fondo han sido utilizados para realizar malas inversiones que no representan los intereses de los caficultores. Cano cree que la poca independencia de la federación y su cercanía al Gobierno es la razón de ello.

En teoría, cada departamento recibe una cantidad de fondos proporcional a la producción de café. Por ejemplo, si el departamento de Antioquia, el segundo en producción, genera el 16% del grano nacional, recibirá un 16% de los recursos.

¿Quién y cómo decide a qué destinar el dinero? El Comité Nacional de Cafeteros.

El comité está formado por un representante de cada uno de los 15 comités departamentales. Los representantes de los caficultores en estos comités se eligen en las elecciones cafeteras, en las que pueden participar todos los caficultores federados en la FNC. Se eligen seis delegados por cada departamento, 90 en total. En las últimas elecciones cafeteras de 2014, el movimiento Dignidad Cafetera obtuvo 21 de los 90 puestos.

Además de los representantes cafeteros departamentales, en el Comité Nacional de Cafeteros también participan, por parte del Estado, el director de Planeación Nacional y los ministros de Agricultura, Comercio y Hacienda.

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Las inversiones del Fondo Nacional del Café se deciden por votación. Cada integrante del comité tiene un voto, al igual que los representantes gubernamentales. Salvo el ministro de Hacienda, cuyo voto puede suponer tantos como sean necesarios para lograr un empate en una votación.

En el caso de empate, la última palabra la tendría el Presidente de la República, que está representado en la mesa por el propio ministro de Hacienda.

“De ahí la falta de independencia. Muchas veces se decide la construcción de infraestructuras que en realidad son competencia estatal. Nuestra utilidad de productores se incrementaría si esos fondos se destinaran en realidad a subsidiar fertilizantes o pesticidas, a avanzar en tecnificación y en créditos especiales”, continúa Cano, pequeño caficultor.

El director del Comité Departamental de Antioquia, Álvaro Jaramillo, no oculta que este hecho genera “conflicto” en el gremio. “Por una lado, es una ventaja poder sentarse con tres ministros y el director de Planeación Nacional cada dos meses”, afirma. Pero por otro lado, “los gremios que no le manejan un fondo al Gobierno pueden tener más independencia para presionar de manera más dura públicamente”.

Jaramillo sostiene que es un riesgo “ser contestatarios” con el Gobierno, como exigen colectivos como Dignidad Cafetera, porque eso pone en peligro la cesión del manejo de los fondos económicos a la FNC. “Los críticos dirían que es como depender del papá”, concluye.

Acerca del Fondo Nacional del Café el director del Comité de Antioquia señala que “con esa plata que recibimos, hacemos desarrollo en las comunidades cafeteras”. Jaramillo asegura que la decisión se toma según las necesidades de la comunidad, “no las que nosotros creamos que son”. Y que “como no hay plata para todo” se buscan aliados en los gobiernos municipales, departamentales e incluso aliados internacionales como ONG.

Roberto Vélez, gerente de la FNC, sale al paso y asegura que los recursos del Fondo Nacional del Café van en cinco direcciones: la investigación en mejoras de cultivos y tecnificación a través de Cenicafé, la promoción en el exterior con la marca Juan Valdez, el servicio de ingenieros agrónomos gratuitos para caficultores, los subsidios a través del Banco Agrario y la garantía de compra. “La Federación tiene la obligación de tener siempre la capacidad de comprar todo el café que se produce en Colombia”, revela Vélez.

El gerente explica también que en la década de los 60 y 70, la FNC sí suplió el papel del Estado en la construcción de infraestructuras. “En zonas cafeteras construíamos acueductos, escuelas. Pero eso son deberes del Estado. Lo que sucede hoy es que junto a fondos gubernamentales, de las gobernaciones y de las alcaldías, incluimos parte de los nuestros. Pero esa parte es mínima. Es decir, por un peso que pone la FNC se consiguen 25 del Estado. Así se pueden llevar a cabo programas de infraestructura con muy poca inversión de nuestro lado. En realidad aportamos más ‘know how‘, que plata”.

Sea como sea, ni Vélez ni ninguna otra persona de la FNC ha querido facilitar a esta investigación el desglose de las inversiones del Fondo Nacional del Café que en el cierre anual de 2016 arrojó un resultado de 91.000 millones de pesos, alrededor de 32 millones de dólares.

EL CAFÉ BASURA AMENAZA A COLOMBIA

La Federación Nacional del Café no se nutre sólo de los 6 centavos de dólar por caja exportada sino que ella misma funciona también como una exportadora más de café. O mejor dicho, como la exportadora que más grano mueve al año.

La FNC comercializó el 25% de las exportaciones entre 2007 y 2016. En ese mismo periodo, una decena de empresas y cooperativas controlaron el 50% de las ventas internacionales, según los datos de la misma Federación analizados por esta investigación. Las que más, Carcafé, que exportó el 8,9% del café; le sigue Expocafé, con el 7,5%, y Racafé, con el 7%.

Foto: Iván M. García
Foto: Iván M. García

Las cifras hacen referencia al grano sin tostar ni descafeinar, que representan el 98% de las exportaciones de Colombia.

“La FNC no está por defender los intereses de los productores. No es sólo que uno de cada cuatro sacos de café lo exporta ella misma, sino que los tres restantes lo hacen exportadoras privadas. Es decir, que las tres cuartas partes del negocio del café está en manos de exportadoras privadas. Y ellas son los que terminan influyendo en la FNC a través del Gobierno”, argumenta Aureliano Suárez, economista, fundador de Dignidad Cafetera (aunque ya fuera del movimiento) y excandidato a la gerencia de la federación en 2015.

No obstante, la mayor crítica que recibe la FNC, según Suárez, es el visto bueno que le dio en 2004 a un cambio en los estatutos de la Organización Internacional del Café (OIC) a instancia de Estados Unidos.

La resolución 407, aprobada en 2001, estableció unos parámetros estrictos de calidad para que el café pudiera comercializarse bajo el certificado de la OIC. Esta medida buscaba sacar del mercado a los cafés de mala calidad y así mejorar los precios. Lo que hizo la nueva resolución 420 fue abrir el abanico y permitir que todos los cafés pudieran comercializarse con un sello de la OIC, solo detallando distintos niveles de calidad.

Y ahí es cuando se empezaron a comercializar los granos de mala calidad, como el de Vietnam. De hecho, de los 115 millones de sacos que se mueven hoy en día sólo el 50% da registros de calidad, asegura el economista.

Suárez mantiene que ese alto grado de competencia no ha hecho otra cosa que poner un techo al crecimiento del caficultor colombiano. “Sobre todo al pequeño productor de una o dos hectáreas que no tiene cómo hacer frente a la injerencia del café basura del exterior, los fondos de inversión que manejan el comercio bursátil ni la tasa del peso,” concluye.

Mientras esto sucedía en el panorama internacional, la FNC sólo permitía la exportación del café tipo Excelso. Es decir, el mejor grano de Colombia, con unas medidas, sabor y calidad únicas en el mundo. Y no fue hasta 2015 que con “el propósito de mejorar el ingreso de los caficultores colombianos”, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó la exportación de las enormes cantidades de granos de café de menor calidad y que también se producen en Colombia.

“Llegados a este punto, hay dos posibilidades: o se desmonta este sistema para rehacerlo, o se luchan por mejoras. Pero me temo que las autoridades en este país no van a pelear por nada. Ellos no representan los intereses del productor”, concluye.

De cualquier modo y hasta que una de esas dos posibilidades se materialice, pequeños productores como Francisco Restrepo seguirán saliendo a recoger café antes del alba. Seguirán echando diez, once, doce horas al día ladera arriba y abajo desgranando las matas. Seguirán pagando a un precio altísimo la poca mano de obra que le queda a la caficultura. Seguirán sin poder cuadrar los gastos con las utilidades. Y, sobre todo, seguirán viendo como se echa a perder el café, el cultivo más representativo de Colombia, mientras la FNC multiplica dividendos año tras año.


Fuente: Imágenes satelitales de ESRI World Imagery. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Iván M. García. El índice de precios de Colombia (IPC) fue obtenido del Departamento Nacional Administrativo de Colombia (DANE). Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

 

 

 

Guerrilla colombiana acusa a empresa forestal de Italo Zunino de usurpación de tierras

Este martes 5 de noviembre, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció la inminente liberación “por razones humanitarias” del ingeniero forestal León Montes Ceballos, quien al momento de su secuestro, el 30 de julio de 2012,  trabajaba para la empresa de capitales chilenos Compañía Agrícola de la Sierra (CAS), instalada desde 2006 en Colombia.  Desde hace un año y medio, el ELN le exige a la empresa forestal –de propiedad del empresario chileno Ítalo Zunino–, que congele sus operaciones y se retire de la zona de modo que las tierras que hoy están bajo su dominio –y que según el ELN habría conseguido de manera fraudulenta– sean devueltas a los campesinos.

Las condiciones impuestas por la guerrilla contra la CAS se fundamentan, según un comunicado, en el hecho de haberse apropiado “con artimañas de 22.000 hectáreas de tierra de campesinos pobres (…) 6.800 están sembradas con pino y árbol no nativo, generando un gran impacto ambiental y social en el territorio”.

El anuncio se hizo en medio del diálogo que intenta entablar el gobierno y el ELN –la segunda guerrilla en Colombia, luego de las FARC– con miras a emprender un proceso de paz en el que ambos ya han dado señales concretas de avance y que, por lo mismo, ha generado expectativas tanto en Colombia como en algunos organismos internacionales.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

El acercamiento entre el gobierno y la guerrilla ha sido objeto de duras críticas desde la oposición. Las más fuertes han salido desde el mismo expresidente Álvaro Uribe quien en agosto del 2012 calificó de “bofetada a la democracia” el inicio de diálogo formal con las FARC impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos. Recientemente Uribe llegó incluso a acusar la supuesta responsabilidad penal que le cabe a aquellos que se reúnen a dialogar con grupos armados fuera de la ley. Ayer miércoles y luego de cinco meses de discusión, el gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo parcial para garantizar la participación del grupo rebelde en política. Este era el segundo de los cinco puntos a negociar en medio de las conversaciones de paz iniciadas en noviembre del año pasado en La Habana.

El último disparo de Uribe contra Santos fue a propósito de la Ley de Restitución de Tierras impulsada por el gobierno, acusándolo de generar “nuevos odios contra los empresarios del campo”. El expresidente Uribe ha sido acusado de favorecer durante su mandato a empresarios y a ex funcionarios de su gobierno en la compra masiva de tierras a bajo costo. En el marco de la Ley de Restitución, la justicia ya ha ordenado la devolución a campesinos de varios predios usurpados por paramilitares, grupos armados que adquirieron mayor poder bajo el gobierno de Uribe y con quienes mantuvo fuertes vínculos según se ha comprobado en la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Parte del proceso de usurpación de tierras en Colombia está relatado en el reportaje publicado por CIPER “La ruta del despojo” de Ginna Morelo, reciente ganador del premio nacional de periodismo de Colombia.

En este contexto, el secuestro de Montes Ceballos en Antioquia y la exigencia de restitución de tierras hecha por la guerrilla a la empresa de Zunino, agrega otro foco de tensión al clima político de Colombia y en particular a esa región (Antioquia), zona altamente conflictiva con presencia de las FARC, el ELN y brigadas paramilitares.

EL ATERRIZAJE DE ZUNINO EN COLOMBIA

La Compañía Agrícola de la Sierra S.A., constituida por capitales chilenos, fue inscrita en Panamá el 19 de septiembre de 2006. El aporte de capital inicial fue de US$ 18 millones, el cual fue dividido en 100 acciones comunes con un valor de US$ 180.000 cada una.

Monocultivo de pinos Comaco. (Foto: www.comacoforestal.com)

Ítalo Zunino Muratori, uno de los hombres fuertes de la sociedad, es dueño del holding de empresas madereras Comaco Forestal, que en Chile cuenta con 121.030 hectáreas de pino, eucaliptus y bosque nativo, diseminadas entre la Sexta y la Décima Región. Comaco –continuadora de la Compañía Astilladora de Concepción– fue constituida en agosto de 1998 con un capital inicial de $2 mil millones. Su objeto: “La actividad forestal en todas sus formas, pudiendo especialmente manejar, plantar y explotar todo tipo de bosques, sean naturales o artificiales (…) y la industrialización de la madera en todas sus formas, especialmente la producción, adquisición, comercialización y exportación de astillas o chips de madera destinada a la fabricación de celulosa u otros fines”.

Las favorables condiciones existentes en Colombia y principalmente en Antioquia para la producción forestal –3 millones de hectáreas aptas para reforestación e ingentes subsidios estatales a la producción– hicieron que Zunino y sus socios, los empresarios Alejandro Sáenz y Antonio Tuset, pusieran su interés financiero en el país cafetero.

A sólo un mes de haber sido constituida en Panamá, la empresa quedó registrada en la Cámara de Comercio de Colombia con el nombre de Compañía Agrícola de la Sierra Colombia S.A., bajo el tipo de sociedad “sucursal extranjera” y dedicada “al desarrollo de actividades forestales, establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales”.

A 2012, según se consigna en una presentación comercial de la compañía, se habían invertido cerca de US$40 millones en compras de suelos que abarcaron 23.100 hectáreas repartidas en siete zonas del departamento de Antioquia. La explotación del suelo ha ido en rápido incremento desde el 2008, cuando tenían sólo 76 hectáreas plantadas con coníferas. El 2010 contaban ya con 2.320 y al 2012 alcanzaron las 7 mil. El objetivo de la compañía es llegar a 20 mil hectáreas plantadas en una superficie de 30 mil hectáreas. Hasta el momento ha sido sólo inversión. La empresa espera generar utilidades sostenidas a partir del 2030.

La CAS se encuentra entre los socios fundadores de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, junto a otras forestales como Celulosa Arauco, a través de Arauco Colombia S.A., CMPC, que opera a través de sus filiales Protisa y Drypers, y empresas de retail como Falabella y La Polar, entre otras.

CAS: “NO NOS PRONUNCIAREMOS AL RESPECTO”

El ingeniero forestal León Montes proviene de una familia de esfuerzo. Su padre es conductor de bus y su madre profesora pensionada. Por ello, desde un comienzo supieron que el secuestro de su hijo no buscaba extorsionarlos a ellos. Montes fue capturado el 30 de julio de 2012, mientras cumplía sus labores en la CAS en el territorio del municipio de Amalfi (Antioquia). Al día siguiente, la camioneta blanca que manejaba cuando fue detenido por el ELN, y que era propiedad de la compañía agrícola, apareció completamente quemada. Desde entonces no lo volvieron a ver.

Dos semanas más tarde, la empresa y la familia de Montes recibieron un video en el que el mismo ingeniero aclaraba el móvil del secuestro. El ELN pedía a la CAS una gran suma de dinero –entre 2 a 3 millones de dólares, según reconoce la misma compañía– por su liberación o bien que la compañía dejara de operar y se fuera de Colombia. Se acusó a la Compañía Agrícola de la Sierra S.A. de depredar los recursos nacionales y de haber conseguido tierras mediante “artimañas” perjudicando a los campesinos de la zona.

Días más tarde, fue el padre de Montes quien recibió dos llamados en el que le pedían que intercediera ante la empresa para que cumplieran la petición y así lograr la liberación de su hijo.

–No se preocupen. Ustedes no tienen problema con nosotros. El problema lo tiene la empresa en la que trabaja –le dijeron al padre.

Frente a la inminente liberación de Montes tras varios meses de captura, el ELN señaló que esperaría un pronunciamiento de la empresa forestal respecto de sus demandas antes de conformar la comisión humanitaria encargada de recibirlo tras su liberación. Acusaron también a la compañía de no haber mostrado voluntad alguna para “resarcir los perjuicios ocasionados al ambiente y las comunidades de la región”.

Desde la CAS señalaron a CIPER que por ningún motivo se pronunciarían al respecto y que, luego del anuncio del martes del ELN, no han sido contactados por la organización guerrillera.

León Montes Ceballos, secuestrado por el ELN.

-No nos vamos a pronunciar bajo ningún punto de vista sobre esta interpelación. No lo vamos a hacer con una institución irregular. Para nosotros no es un interlocutor válido. Su lógica ha sido: a esta empresa que llega a ordenar el desorden, le vamos a cobrar, la vamos a extorsionar. Responder a esto sería reconocerlos como institución válida. Darles dinero, significaría someternos, como un cajero automático -dijo a CIPER Mauricio Henríquez, asesor de responsabilidad social de la Compañía Agrícola de la Sierra.

Henríquez cuenta que hasta antes del martes, el ELN había dado sólo una prueba de vida del ingeniero secuestrado y que esta sería la segunda vez que dan señales al respecto: “En el último año y medio he estado trabajando exclusivamente en este caso. En todo este tiempo he recibido cerca de seis correos de extorsión, en los que se exige siempre lo mismo: el pago de una suma de dinero y nuestra salida de Colombia”.

Consultado respecto al por qué de las acusaciones que les hace la organización guerrillera, esto es, apropiación indebida de predios y depredación medioambiental, Henríquez señaló que la CAS ha recibido desde un comienzo múltiples extorsiones, pues su actividad, “que ha generado empleo y riqueza para la zona”, molesta a quienes están en actividades irregulares.

El ejecutivo de la CAS anunció que frente a la inminente liberación de Montes, la empresa le prestaría ayuda psicológica por el tiempo que sea necesario para que se pueda reintegrar a sus labores. Sobre el curso de acción que tomará la empresa frente al anuncio de este martes, Henríquez señaló: “Nos alegramos de la posición humanitaria del ELN al liberar a Montes. Estamos listos para participar en proyectos en función de la paz de Colombia, pero siempre a través de la vía legal”.

LA MINERA CANADIENSE QUE SE FUE DE ANTIOQUIA

El conflicto que involucra a la empresa de Italo Zunino ha tomado aún más fuerza con la reciente paralización de actividades y posterior salida de Colombia de la minera canadiense Braewal Mining Corporation, tras la liberación de uno de sus altos ejecutivos secuestrado por el ELN desde el 18 de enero pasado. Gernot Wobert, de 47 años, se desempeñaba como vicepresidente de exploración de la minera. La canadiense había adquirido tiempo atrás terrenos en Antioquia con el objeto de iniciar la exploración y extracción de oro de las minas Casa de Barro y Mina Seca.

El 8 de mayo, la organización guerrillera condicionó públicamente la liberación del ejecutivo canadiense a que Braewal Mining Corporation devolviera los títulos mineros “que despojó a las comunidades de la zona de la serranía de San Lucas”. El secuestro se enmarcaba, tal como ocurre en el caso de Montes, en una acción de “defensa de los recursos naturales de Colombia”.

Sobre el ciudadano canadiense debemos reiterar que fue retenido por nuestras unidades guerrilleras, debido a que su empresa obtuvo mediante sobornos y de manera fraudulenta cuatro títulos mineros de una extensión de 1643.23 hectáreas, lesionando de manera flagrante los derechos de propiedad de las comunidades en dicha región. Dicho ciudadano es portador de documentación irregular que lo inhabilita para desempeñarse en las funciones que desarrollaba al frente de la obra donde fue retenido”, señaló el ELN en su momento en un intercambio epistolar que sostuvo con la organización “Colombianas y Colombianos por la paz”. Respecto a la documentación irregular, se acusó a Wobert de ejercer sus labores sin el permiso correspondiente y sólo haciendo uso de una visa de turista.

El 23 de julio, poco más de un mes antes de la liberación de Wobert, la compañía minera canadiense anunció mediante un comunicado (ver documento) el congelamiento y cancelación de sus planes de inversión en Colombia. No mencionó, sin embargo, la situación de secuestro del ejecutivo, aduciendo “condiciones de mercado desfavorables”.

Luego de 221 días cautivo, el 27 de agosto Wobert fue liberado. El mismo día, Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN, señaló en un video subido a la página web de la organización: “Estamos de acuerdo con una amplia mayoría de colombianos que consideran que el impulso de los procesos productivos del país deben dignificar a toda la sociedad en particular a quienes no ejercen el poder y que dichos procesos productivos no pueden ir en la dirección que degraden la naturaleza”.

 

Histórico fallo en Colombia sobre restitución de tierras usurpadas por paramilitares

(*)Vea acá la presentación multimedial completa de la investigación.

Ver comunicado de Human Rights Watch sobre la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.

Las masacres, ocurridas en las tres últimas décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados que abandonaron sus tierras o mal vendieron a quienes ponían a firmar los paramilitares.

La situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada.

El tema ha sido abordado de distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.

Son recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.

La Defensoría monitorea las zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años, ninguna autoridad le prestó atención.

En abril de 2012 llegó una orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que la Comunidad Internacional conoce con excesivo ‘bombo’.

EL TERRITORIO EN DISPUTA

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La puesta en marcha de varias reformas agrarias en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, pese a que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería), hoy Incoder.

Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.

El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos productivos, según lo pudo constatar El Meridiano al recorrer esa ruta del despojo.

TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de 5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2%. Al hacer el recorrido en Urába y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del despojo de la tierra:

1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba.

2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta, Córdoba.

3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.

4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso El Quindío, Valencia, Córdoba.

5. Asesinato de líderes que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos. Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.

EL PASO A SEGUIR

La política de tierras implica retos. El primero de ellos, poner a tono a todas las autoridades, y en eso justamente está empeñado el Ministerio de Agricultura, en clarificar el estado de la propiedad de la tierra, para llegar más rápido al postconflicto. Como quien dice, el Gobierno contradice a quienes aseguran que no es posible avanzar en la restitución en medio de la guerra, porque justamente la causa de la disputa es la tierra.

El tema no es fácil. Según datos de la Universidad de los Andes publicados en la revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6 millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3 millones al Estado.

Sin embargo y pese a estudios y cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen papeles para demostrar que es legal.

Luego llegó el Incoder y continuó la maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de corrupción y escasez de información de unos 40 años.

Impactante investigación periodística en Colombia: “La ruta del despojo”

(*)Vea acá la presentación multimedial completa de la investigación

Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.

Las masacres, ocurridas en las tres últimas décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados que abandonaron sus tierras o mal vendieron a quienes ponían a firmar los paramilitares.

La situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada.

El tema ha sido abordado de distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.

Son recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.

La Defensoría monitorea las zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años, ninguna autoridad le prestó atención.

En abril de 2012 llegó una orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que la Comunidad Internacional conoce con excesivo ‘bombo’.

EL TERRITORIO EN DISPUTA

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La puesta en marcha de varias reformas agrarias en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, pese a que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería), hoy Incoder.

Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.

El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos productivos, según lo pudo constatar El Meridiano al recorrer esa ruta del despojo.

TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de 5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2%. Al hacer el recorrido en Urába y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del despojo de la tierra:

1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba.

2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta, Córdoba.

3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.

4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso El Quindío, Valencia, Córdoba.

5. Asesinato de líderes que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos. Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.

EL PASO A SEGUIR

La política de tierras implica retos. El primero de ellos, poner a tono a todas las autoridades, y en eso justamente está empeñado el Ministerio de Agricultura, en clarificar el estado de la propiedad de la tierra, para llegar más rápido al postconflicto. Como quien dice, el Gobierno contradice a quienes aseguran que no es posible avanzar en la restitución en medio de la guerra, porque justamente la causa de la disputa es la tierra.

El tema no es fácil. Según datos de la Universidad de los Andes publicados en la revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6 millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3 millones al Estado.

Sin embargo y pese a estudios y cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen papeles para demostrar que es legal.

Luego llegó el Incoder y continuó la maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de corrupción y escasez de información de unos 40 años.

El poder económico y político de los paramilitares colombianos: La telaraña en Urabá

De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.

La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales, respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que siguió tejiendo lazos y respaldos como parte de los proyectos de reinsersión.

Una exhaustiva revisión de documentos públicos de casi un año, contrastados con entrevistas y con versiones de exparamilitares entregadas a la Fiscalía General de la Nación, le permitieron a investigadores de VerdadAbierta.com conocer el entramado de esta red.

Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la organización paramilitar fue real y eficaz.

En este especial, Verdad Abierta reconstruye cómo los paramilitares implementaron su proyecto militar, político y económico para consolidar el poder político y económico en Urabá, una región golpeada duramente por el conflicto armado en el país, donde los habitantes sufrieron las peores violaciones a los derechos humanos, desde el despojo y desplazamiento forzado, hasta desapariciones forzadas y brutales asesinatos, que incluyeron la práctica del descuartizamiento.

Tulapa: punta de lanza

Las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo y Necoclí.

Del valor estratégico de esta zona ha hecho referencia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres se le preguntó por esta zona y respondió: “¿Dónde queda Tulapa? Tulapa queda lejos de todas partes”. Y aclaró en esa ocasión que esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.

Mancuso expuso que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas, según este ex jefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.

También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.

Desde Tulapa, las Accu se tomaron Urabá a sangre y fuego. Datos de la Fiscalía muestran que en solo el primer semestre de 1995 en Necoclí se registraron 130 personas asesinadas, 122 desaparecidos y 1.300 familias desplazadas. Fue en este bautizo de sangre en esta localidad del que comenzó a emerger una estructura paramilitar que, luego, sería conocida como Bloque Elmer Cárdenas de las Accu.

El ‘paso’ del Bloque Elmer Cárdenas

En el municipio de Necoclí, los Castaño se encontraron con un joven de 22 años quien en poco tiempo tendría un acenso vertiginoso dentro de las filas paramilitares. Se trató de Freddy Rendón Herrera, quien posteriormente sería conocido con el alias de ‘El Alemán’.

Rendón, oriundo de Amalfi, de donde también eran los Castaño, se sumó con entusiasmo al naciente proyecto contrainsurgente de las Accu. En un relato de su ingreso a las filas de la organización paramilitar, ‘El Alemán’ recordó el día que llegó Carlos Castaño a Necoclí: “nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto”.

Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación Génesis.

Durante el desarrollo de estas operaciones militares murió el campesino Marino López Mena, quien, según las denuncias de sus familiares, fue retenido en las afueras del caserío de Bijao, descuartizado a machetazos, exhibido entre los pobladores de y pateada su cabeza como balón de fútbol. Si bien en las versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los paramilitares que adelantaron la operación han negado que el homicidio se haya cometido en esas circunstancias, las comunidades se sostienen en su versión.

Hasta ese momento, la estructura paramilitar que comandaba alias ‘El Alemán’ era conocida como el Frente Chocó; no obstante, la muerte de uno de sus comandantes, llamado Elmer Cárdenas, en un enfrentamiento con la guerrilla, llevó a los jefes sobrevivientes a nombrar el bloque con el nombre de su ex líder. Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte de Urabá y el Darién chocoano.

Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha relación personal

Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Cordoba, y no admitió esos acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004, como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del paramilitarismo.

Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna vertebral” de la desmovilización en Urabá.

“La idea es que se desarrollen proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos”, dijo García en 2005. “Que con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política de ‘El Alemán’ es que en cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participen las comunidades”.

Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la práctica.

En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios como patrones.

Una investigación basada en informes de riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia realizada por el programa La Noche, del canal privado de televisión RCN, concluyó que a través del PASO los paramilitares quisieron “consolidar su poder económico” y “establecer un nuevo orden social que produzca la ejecución de proyectos productivos”.

Documentos consultados y testimonios escuchados por VerdadAbierta.com indican que el Bloque Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006. Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el apoyo de Acción Social y del Plan Colombia a pesar de fuertes indicios de sus relaciones con estructuras paramilitares y cuestionados inversionistas.

Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica

La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller. Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como Clamor Campesino Caribe.

El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).

En una versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ explicó que los Promotores de Desarrollo Social eran “muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y dándoles vida jurídica”.

El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un desmovilizado: “ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema de participación ciudadana, trabajo social…” Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran “rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque”.

El testimonio de otro desmovilizado resalta que el trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas, elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias, del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90% de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización”.

Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según El Alemán, “se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal”.

Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías: “por cada municipio de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de preferencia afín a las ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político que pudiéramos poner en la contienda”. Un ex promotor social le dijo a la Fiscalía que “desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del comandante ‘El Alemán’”.

En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue financiado por un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las alcaldías.

Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su control. Como declaró un desmovilizado: “en el norte de Urabá teníamos relación con todos los concejales de los municipios del norte con absolutamente todos, reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados ante el concejo municipal”.

Asocomún: ‘Ong de los paras’

El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ y hermano de alias ‘El Alemán’.

De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor central del “desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas, mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales, económicos, educativos, de salud y ambientales”. Para lograr ese propósito buscó “canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun, buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e internacional”.

Se creó entonces el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias Guardabosques, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.

Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región.

También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República, en “reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades”.

‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.

Ever Velosa, alias ‘HH’, jefe del Bloque Bananero del Urabá, declaró ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que ‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño y era “una persona que era escuchada y respetada en las autodefensas”. Estas sospechas fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Pero sería a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerían los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la sentencia dictada contra el ex senador Antonio Valencia Duque, quien admitió sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia anticipada.

En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.

Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006, que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste renunció por las investigaciones de la parapolítica.

Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con ‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron acuerdos políticos. Lo que se recuerda en la zona es que los participantes de estas reuniones salían con “Biblia y poncho en la mano”.

Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá. El valor constatado por VerdadAbierta.com de varios de esos contratos asciende a 1.607 millones de pesos.

Asocomún también parece haber recibido fondos del Plan Colombia por vía indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID. Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la iniciativa.

Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización, informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización gestora acompañante”.

Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún fue desastrosa, dejando “a la deriva su participación en la coordinación de las actividades restantes de la alianza”. También denunciaron que Asocomún “no realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían establecidos en la zona de la alianza. Esto propició que las dos personas renunciaran a sus cargos desde finales de diciembre 2008 y entablaran un demanda jurídica contra Asocomún”.

Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Según las explicaciones de un desmovilizado, “esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el señor ‘Alemán’, Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud nos iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá”.

Otras denuncias ante la Fiscalía añaden que en la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.

La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona “dineros que extrajo contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y alcantarillado, el contrato de recolección de basura” y hasta el “contrato para la construcción del parque de la no violencia”.

Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.

El negocio de la Multifruits

Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y presencia en su junta directiva.

Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez, Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.

Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además, fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del 2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar Elmer Cárdenas.

Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao” de 279 hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34 millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende pues este paramilitar había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.

En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.

Campesinos desplazados consultados por VerdadAbierta.com en Urabá denunciaron que el manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.

“Pero los campesinos empacaban y empacaban plátano y él nunca rebajaba la cuenta. Entonces la gente se mareó de esa vaina y no quiso empacar más”, dijo un desplazado quien insistió en la reserva de su identidad. “Este señor Monsalve hizo una reunión y decía que vendían a las buenas o las malas y a muchos de los que debían más le quitaron los títulos de las fincas”. Según este campesino, unos 300 campesinos se endeudaron con ‘Germán Monsalve’ y por lo menos 120 familias tuvieron que dejar sus tierras.

Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del 2004 por Jose Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que “la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí” y se comprometió a entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.

Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de madera por parte de Maderas del Darién S.A.

La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del 2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600 hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach, representante legal de la compañía.

Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente participación en actividades controversiales, Del Monte canceló los contratos con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en septiembre de 2007.

Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias ‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits. Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.

El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun en el proceso de comercialización y le agradeció por ser “la entidad que permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo comunitario de perfil privado”.

Plan Colombia: Madera y Caucho

Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro.

Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda, que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y Caucho San Pedro.

Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración, el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos caucheras.

Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La Gironda surgieron en el 2003 como proyectos pilotos del Programa Familias Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún como “colaborador clave” para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y Necoclí.

Es así como en el 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas, realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.

En una entrevista con VerdadAbierta.com realizada en 2009, alias ‘El Alemán’ reconoció la participación del bloque en proyectos productivos ligados a la erradicación de coca y admitió que fueron coordinados por su hermano ‘Germán Monsalve’: “Arrancó el proceso, yo entré a mediar porque los cachacos no querían erradicar y me tocó que las tropas nuestras arrancaran la coca. … Empezaron a trabajar en Asocomún y le dije a mi hermano que trabajara con ellos”.

Cuando VerdadAbierta.com solicitó una entrevista con representantes de USAID pidiendo aclaraciones, primero insistieron en recibir las preguntas por escrito y finalmente se negaron a responder.

Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapa, “se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación”.

Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, el mandatario la calificó como la “mamá de las Familias Guardabosques”.

Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los proyectos del Urabá.

En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.

Según la revista Cambio, las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria Eugenia Restrepo y la mafia. Citando fuentes anónimas de inteligencia, la revista resaltó: “En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba [a las autoridades] por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don Mario’”.

Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.

La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema contra el ex senador Ramón Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”.

La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. La sentencia rastreó la trayectoria de un pacto donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas de Valencia.

Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto que, según la Corte, “explica por qué posteriormente el congresista tuvo un inmenso crecimiento electoral en esas localidades”. De hecho, los votos obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.

El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que “la inclusión del Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque”.

Un pulso a las verdades en los Montes de María

La tragedia humanitaria que ha vivido Colombia en los últimos quince años fue peor en estas colinas caribeñas que se extienden en quince municipios de Sucre y de Bolívar y en sus alrededores al noroccidente del país. Los colombianos se han estremecido con los relatos de sus masacres, El Salado, Chengue, entre otro medio centenar, y con los retratos de maldad de los autores comandados por “Cadena” y Vecino”. También ha constatado, después de sentencias ejemplares como la que dictó la Corte Suprema contra el cacique sucreño Álvaro García, que políticos cómplices, aprovecharon el miedo, para ampliar su poder y fortunas.

Más allá de estos hitos tremendos, sin embargo, la historia del paramilitarismo suele contarse en blanco y negro, escondiendo así aquella historia más sutil y más verdadera de cada región. Es en esos relatos más grises, de decisiones morales, de pasiones e intereses individuales, pero también de los conflictos históricos y las políticas estatales que los perfilaron, donde afloran las claves de por qué la violencia en este país siempre parece estar al acecho de la siguiente oportunidad.

En este especial, y en otros que vendrán en las próximas semanas, VerdadAbierta.com quiere aportar desde el periodismo a construir esos relatos regionales, más investigados y minuciosos, basados en decenas de entrevistas y documentos.

Conocer mejor qué pasó, nos ayuda a comprender por qué la elusiva paz no se instala del todo y, sobre todo, nos indica el camino de futuro para no repetir la misma historia.

*Vea el especial publicado por VerdadAbierta.com

EE.UU. niega la visa a periodista colombiano Hollman Morris y provoca ola de protesta

Estupor e indignación está provocando entre los más importantes medios de comunicación y organizaciones periodísticas de América Latina y Estados Unidos la discriminación hecha por el gobierno estadounidense en contra de Hollman Morris, uno de los más destacados periodistas colombianos, a quien se le negó la visa para realizar estudios de post grado en la Universidad de Harvard.

Morris (41 años), uno de los 12 periodistas escogidos para el programa Nieman 2010-2011, director y conductor del exitoso programa de TV Contravía, ha sido uno de los más importantes investigadores de los lazos secretos entre paramilitares y políticos aliados al Presidente Álvaro Uribe. Las historias e impactantes imágenes sobre las miles de víctimas que arroja el conflicto armado de ese país y sus responsables, han estremecido a los ciudadanos y se han convertido en un trozo de la otra historia de Colombia.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), el curador de la Fundación Nieman en Harvard, quien ha ofrecido becas internacionales de estudios para periodistas en Estados Unidos desde 1938, indicó que un funcionario consular en la embajada estadounidense en Bogotá le informó que Morris fue declarado inelegible de forma permanente para obtener el visado bajo normas sobre “actividad terrorista” de la Acta Patriota, sancionada a fines del 2001.

-Esto nunca sucedió antes. Y Hollman ha viajado antes a Estados Unidos a ofrecer conferencias y recibir premios –afirmó a AP el curador de la Fundación Nieman, Bob Giles, quien acotó en entrevista telefónica que ya han escrito una carta al Departamento de Estado solicitando que reconsideren la decisión.

La negación de la visa a Morris por parte del gobierno de EE.UU. es el último eslabón de una cadena de hostigamientos y amenazas que tanto él como su familia y el equipo de Contravía han debido enfrentar por parte de organismos de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en la región.

La principal operación política ilícita en contra de Morris y otros periodistas y magistrados, fue ratificada por la Fiscalía General de Colombia la que desmenuzó macabros detalles del llamado caso “Las chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad, bajo directa dependencia de la presidencia de Colombia). Su objetivo: amenazar, desprestigiar a nivel nacional e internacional, sabotear, realizar montajes, intimidar e interceptar ilegalmente las comunicaciones de los escogidos. (Ver documentos).

En uno de los documentos del DAS, fechado en octubre de 2005, Morris figura en una nómina de seguimientos a “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. [Sobre este caso ver nota de Adam Isacson].

En febrero pasado, con las pruebas en mano y avalado por la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de su país, Hollman Morris responsabilizó políticamente al Presidente Álvaro Uribe por los seguimientos e interceptaciones telefónicas y amenazas ejecutadas por su policía secreta (DAS). Lo hizo frente a las pantallas de TV en una emisión de su programa Contravía entregando una primicia: un documento hallado en las instalaciones del DAS que tenía como objetivo “gestionar la suspensión de la visa de Hollman Morris” [Ver Video]

Sólo días antes, el 13 de enero pasado, Morris había ingresado a la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, invitado especialmente para un almuerzo privado con el subsecretario de Estado James Steinberg. Fue una reunión absolutamente privada en la que sólo participaron otros cuatro civiles junto a Morris. Y se entiende, el tema era delicado: la persecución ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno de Álvaro Uribe en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes, entre otros problemas.

Una veintena de ex funcionarios del DAS han sido detenidos por delitos relacionados con estas operaciones de espionaje. Tanto en la investigación de la Fiscalía como en otras de índole periodística ha quedado clara la responsabilidad del Presidente Uribe en el acoso a Morris, jueces y otros profesionales. Un hecho que no es nuevo ya que en varias ocasiones Uribe ha acusado públicamente al director de Contravía de simpatizar o colaborar con las FARC, la guerrilla responsable del asesinato del padre del mandatario colombiano (1983). El capitulo de mayor impacto se registró en febrero de 2009, cuando ante las cámaras de la TV y en un acto público el Presidente Uribe calificó a Morris como un “cómplice del terrorismo” que fingía de periodista.

Bob Giles, curador de la Fundación Nieman en Harvard, dijo a la Associated Press (AP), que los funcionarios consulares de Estados Unidos citaron como razón de la negativa del visado la sección 212 (a) (3) (B) del Acta Patriota. Tal sección declara inelegible a cualquier persona vinculada a actividades terroristas, perteneciente a un grupo o que apoye actividades terroristas. Las FARC figuran en el listado de grupos terroristas del Departamento de Estado.

En el caso de Morris, quien ha reiterado que todos sus contactos con las FARC han sido exclusivamente de carácter periodístico, ya la fiscalía colombiana le había abierto una investigación luego de que en marzo del 2008 se encontraran correos a su nombre en el computador portátil de Raúl Reyes, un fallecido jefe guerrillero. Lo cierto es que ellos muestran que el conductor de Contravía sirvió como intermediario entre las FARC y diplomáticos franceses que intentaban la liberación de Ingrid Betancourt. Así lo confirmó la fiscalía colombiana que archivó dicha investigación sin formular cargos.

Lo anterior fue confirmado a la agencia AP por el director de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de Colombia, Hernes Ardila.

El clima de hostigamiento y las constantes amenazas que reciben tanto Hollman Morris como su familia, lo llevaron a postular a una de las prestigiosas becas Nieman de la Universidad de Harvard. En estricto rigor, el paso dado por Morris no fue sólo una aspiración académica. Su propósito fue buscar en Harvard (Estados Unidos), al menos durante un año, un respiro de protección para su vida y principalmente la de su familia. Oxígeno para terminar con el temor a que las amenazas pasen a otro nivel.

Tanto la excelencia profesional, su aporte histórico como el clima de odiosidad que ha rodeado a Morris en los últimos años ha sido corroborado por sus colegas en Colombia y en el mundo. Entre otros importantes premios ha recibido el de Human Rights Watch (HRW), en 2007, mientras que si huella fue objeto de una película-documental –“Temoin Indesirable”– producida por la televisión franco-suiza en 2008.

El último homenaje a Hollman y Contravía se lo rindieron el pasado 28 de junio todas las facultades de comunicación social y periodismo de Colombia (Afacom) y más de 10 organizaciones (ver programa). Allí quedó claro que no sólo sus amigos, sino cientos de profesionales que admiran y respetan el trabajo infatigable y de excelencia desarrollado por Hollman Morris merece en este minuto una tregua, unos meses de tranquilidad.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho no. Sus razones son confidenciales. “Sentimos que esto es escandaloso”, dijo Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. Su opinión es compartida por cientos de organizaciones de periodistas que hoy exigen que se le otorgue la visa a Morris ante el temor de que en Colombia las mafias del crimen organizado ligados al poder político, las mismas que Morris ayudó a develar, actúen nuevamente en total impunidad.

* Con información proporcionada por la Agencia Associated Press (AP), a la que contribuyó su corresponsal en Bogotá, Libardo Cardona.

*Quienes deseen escribir al gobierno de Estados Unidos para soolicitar que se le otorgue al periodista Hollman Morris la visa para ingresar a Estados Unidos y pueda estudiar en la Universidad de Harvard, pueden escribir a:

1) Ambassador Janice Lee Jacobs
Assistant Secretary
Bureau of Consular Affairs
Harry S. Truman Building
2201 C Street, NW, Room 6811
Washington, DC 20520
and
2)The Honorable William R. Brownfield
Ambassador of the United States
American Embassy
Carrera 45 No. 24B-27
Bogotá, D.C. Colombia

Periodistas internacionales piden respeto por la libertad de expresión en Colombia

Periodistas internacionales se pronuncian sobre la importancia de la libertad de expresión para la democracia, y sobre la delicada situación de los periodistas en latinoamérica y particularmente en Colombia. También envian sus mensajes de apoyo al grupo de trabajo del programa Contravía, y a su director Hollman Morris, por la salida al aire de la nueva temporada.