Ciencia y tecnología: ¿para nuestra realidad o para los indicadores y el mercado?

Hace más de un año la zona de Chiloé vivió una muy grave catástrofe ecológica y económica por la aparición de una ola de marea roja que afectó regiones que nunca habían experimentado dicho fenómeno. Por otro lado, hace cerca de seis meses la zona central sufrió la peor temporada de incendios forestales de que se tenga registro en la historia, los que destruyeron poblados enteros y arrasaron con miles de hectáreas de bosque.

Ambas tragedias tienen tres factores en común: son fenómenos naturales que ocurren regularmente en Chile; su intensidad se ha magnificado por el cambio climático global; y como país, carecemos de preparación estratégica para hacerles frente. Estos factores apuntan a características que, en teoría, nos definen como especie humana: la capacidad de comprender la naturaleza que nos rodea y la capacidad de dominarla en beneficio propio. Y es a través de la ciencia y la tecnología que el ser humano ha sistematizado estas dos capacidades: ciencia para comprender la naturaleza y tecnología para dominarla.

En Chile, sin embargo, ciencia y tecnología parecen extraviadas en una dicotomía bastante menos productiva: debatimos si son solo para contribuir al conocimiento universal o solo para aplicarse en algo comercial. Una discusión teórica que no ha hecho más que capturar nuestro sistema científico-tecnológico en una red de indicadores de productividad e indicadores de mercado que poco y nada aportan a nuestra sociedad.

La falta de preparación para enfrentar tanto incendios forestales como marea roja, son solo dos ejemplos de los muchos que develan por un lado, la urgente necesidad de un sistema científico-tecnológico sólido conectado con la realidad del país y, por otro, el sinsentido de la dicotomía en que hoy está atrapada la investigación científica.

Ni la marea roja en Chiloé ni el control de incendios forestales son trending topic en el mundo de las publicaciones y editoriales científicas. ¿Por qué empujamos a las y los científicos a investigar principalmente lo que en el primer mundo se investiga, dejando de lado los temas locales?”

En un país que tiene el 23% de su superficie cubierta por bosques y donde el 45% de sus límites son marítimos, parece obvio que la investigación científica y tecnológica en estas áreas debiera ser permanente y prioritaria. Sin embargo, nuestro esquema de financiamiento a la investigación lo hace difícil, pues se basa en proyectos cortos e inestables (lo típico es Fondecyt que dura tres o cuatro años) que se definen por competencia entre cada investigación (son fondos concursables), donde en general no importa mucho la temática y su contexto, sino los indicadores de productividad de uso global, como las publicaciones en revistas indexadas y las patentes.

Evidentemente, ni la marea roja en Chiloé ni el control de incendios forestales o la reforestación de suelos siniestrados son trending topic en el mundo de las publicaciones y editoriales científicas. Entonces, cabe preguntarnos por qué no existen en Chile políticas de Estado de largo plazo que fomenten la investigación científica y tecnológica en áreas que son estratégicas para el país; por qué continuamos en el afán de validarnos ante la comunidad científica mundial, forzando indirectamente a las y los científicos a investigar lo que en el primer mundo se investiga, dejando de lado los temas locales -provincianos dicen algunos- porque aportan poco y nada a la vigencia competitiva.

Los que sí fueron trending topic son el cúmulo de postverdades aparecidas en las redes sociales durante estos fenómenos. En ese momento muchos investigadores elevaron un grito sordo que pedía entre otras cosas, políticas públicas basadas en la evidencia. Pero, ¿acaso para hacer políticas públicas basadas en evidencia, no necesitamos justamente evidencia científica en los temas sobre los cuales requerimos hacer políticas públicas?

Entonces nos es inevitable preguntar si como sociedad hemos financiado, de manera responsable, investigación para comprender la naturaleza del bosque y de los incendios forestales; para saber entre otras cosas, cuál es el real impacto que ha tenido la industria forestal en la vegetación nativa, o si fue la agricultura intensiva legada de la colonia la que produjo la erosión de los suelos del valle central, o qué tipo de avión contra incendios es óptimo en nuestra geografía. De querer reforestar con bosque nativo, como se ha propuesto, ¿sabemos cómo hacerlo?, ¿cómo afectaría esto a las comunidades que viven actualmente de la actividad forestal?, ¿el proceso de reforestación depende de la latitud o de la época del año?, ¿habrá que reconstituir la microfauna y microflora del suelo antes de reforestar?, ¿cómo hacer planificación urbana en este tipo de escenario?

Se requiere entonces, orientar la investigación a temas estratégicos, pero descansando en proyectos colectivos donde haya un constante diálogo que equilibre especialización con colaboración”

Sobre la marea roja surgen también una multitud de preguntas sin respuestas y quizás ni siquiera existan en nuestro país suficientes expertos para abordarlas. Recordemos que una de las primeras medidas implementadas por el gobierno a raíz de esta situación fue la formación de un Comité de Expertos (¡que hasta ese momento no existía!) que de forma tardía y sin recursos propios tuvo un objetivo imposible: recabar información en cinco días, allí donde hay décadas de desconocimiento y falta de información.

¿Cómo se comportan las mareas en la región de Chiloé? ¿Qué tanto afectan las granjas de salmones los ecosistemas circundantes? ¿Hasta qué niveles los peces y mamíferos marinos son afectados por la toxina de la marea roja? ¿Las comunidades chilotas dependen más de la extracción de mariscos o de la salmonicultura? ¿Qué tanto han fluctuado las temperaturas del océano en la zona? ¿Se ven estimulados los organismos que producen marea roja por los excesos de nutrientes?

Para responder estas y otras muchas preguntas invisibilizadas por los indicadores globales se requiere de investigación de excelencia, pero con una orientación explícita. No obstante, los designios del modelo neoliberal imperante indican que tanto la planificación como la estrategia en políticas públicas es ideología y debemos librarnos de ella. Ello explica por qué los principales instrumentos que financian la investigación en Chile (Fondecyt, buena parte de Fondef, Milenio, PIA y todas las becas de postgrado) no tienen un foco temático, sino que están entregadas a una suerte de “mano invisible” que en teoría regula que las investigaciones se distribuyan abarcando todas las áreas del saber, siempre y cuando no hayan intervenciones externas. De hecho, en 2013 una comisión internacional [1] evaluó varios programas de CONICYT y sugirió, entre otras cosas, incorporar herramientas de financiamiento institucionales para fortalecer la investigación orientada a temas estratégicos del país.

Probablemente las universidades regionales tienen mucho que decir en cuanto a este tipo de temáticas, dado justamente su compromiso e inserción regional aunque el autofinanciamiento y el escaso aporte estatal lo hace difícil. Por más que una universidad abra un instituto de investigación o un centro de excelencia con un objetivo específico, sin financiamiento estable poco se puede hacer, aparte de entrar en la inestable e impredecible bicicleta de los fondos concursables. Es por esto que al final del día, para sobrevivir, a las universidades regionales les es más rentable abrir una sede en la capital que embarcarse en grandes proyectos de investigación.

Si bien comprender la naturaleza es una parte importante para enfrentar y resolver todo tipo de desastres, hay otra -no menos importante- que nos permite evitar pérdidas humanas, ecológicas y económicas: la dominación de la naturaleza, es decir, la tecnología. Pero bajo la lógica neoliberal, el Estado sólo debe intervenir para fortalecer los mercados. Y precisamente en eso se ha convertido la tecnología: un estímulo constante a los mercados de productos o servicios, donde la iniciativa la tiene la ley de la oferta y la demanda y no la necesidad social, incluso en la llamada innovación social.

Los designios del modelo neoliberal imperante indican que tanto la planificación como la estrategia en políticas públicas es ideología y debemos librarnos de ella. Esto también llega a la ciencia y la tecnología”

Una de las últimas medidas del gobierno en cuanto al problema de la marea roja es sintomática en varios aspectos. Conicyt a través de Fondef, reactivó un concurso descontinuado hace cinco años para investigar específicamente en este tema. Este concurso, financia el 70% de un proyecto de dos años y tiene como foco la creación de productos o servicios comerciales. Esto demuestra de cuerpo entero las lógicas neoliberales del financiamiento a la investigación: definición por competencia, proyectos cortos sin proyección, y mercados como foco de la tecnología. ¿Habrá mercado para un estudio de las mareas chilotas? ¿Se podrá hacer un seguimiento del cambio climático en el mar en dos años? ¿Se creará un ecosistema de investigación colaborativo y transdisciplinario mediante la competencia? Probablemente no.

Se requiere entonces, orientar la investigación a temas estratégicos, como marea roja o bosque nativo, pero descansando en proyectos colectivos e institucionalizados, donde haya un constante diálogo que equilibre especialización con colaboración. Esto último, porque la dicotomía ficticia que opone el conocimiento fundamental con la aplicación de éste, se ampara en la concepción de la investigación como un conjunto de proyectos individuales. Proyectos de investigación colectivos e interdisciplinarios, bajo relaciones laborales y financieras estables, podrían tener una orientación explícita, donde la generación de conocimiento básico y el desarrollo de aplicaciones e intervenciones, aparecen entremezcladas en su práctica misma, permitiendo apuntar al objetivo planteado, en el mediano y largo plazo, consolidando, de paso, comunidades de investigación interdisciplinarias.

Por cierto, su aporte a la sociedad no vendría solo de entregar evidencias para la elaboración de políticas públicas. Vendría por la misma formulación de la investigación hecha desde los temas estratégicos de interés nacional, que generarían conocimiento relevante y pertinente a nuestra sociedad, ya sea la comprensión de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, la intervención social o el desarrollo de tecnologías que apunten a mejorar nuestra calidad de vida.

Afortunadamente Chile cuenta con una cantidad no menor de investigadores de diversas áreas, que han estudiado en Chile o el extranjero. Además, existe una importante red de universidades públicas e institutos de investigación del Estado que tienen experiencia y, en parte infraestructura, para comenzar un proceso de fortalecimiento del ecosistema investigativo bajo esta nueva lógica, que se haga cargo de orientar la investigación y de intervenir en estos y tantos otros temas de importancia nacional.

Sin embargo, esto solo será posible con planificación y decisión: financiar a las universidades públicas sin coartar su autonomía, financiar los institutos de investigación del Estado modernizando sus estructuras administrativas, tomar la iniciativa en cuanto a investigación basándose en criterios democráticos y no esperar a que el mercado lo haga según sus propios intereses, ya sea a través de la tranza de productos y servicios o de indicadores y ránkings.

Si continuamos como hasta ahora, finalmente tendremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que administrará lo mismo que tenemos hoy; habrá un montón de conocimiento especializado, pero en revistas de pago que no tienen impacto en nuestra realidad local y cotidiana; abundante tecnología muy rentable, pero incapaz de resolver los problemas de nuestra sociedad; miles de investigadores de excelencia, que deben competir entre sí careciendo de estabilidad laboral e investigativa; y suficiente cultura científica, pero en cápsulas de cinco minutos en la televisión.

Por más que una universidad abra un instituto de investigación o un centro de excelencia con un objetivo específico, sin financiamiento estable poco se puede hacer. Es por esto que al final del día, para sobrevivir, a las universidades regionales les es más rentable abrir una sede en la capital que embarcarse en grandes proyectos de investigación”.

Ojalá mientras seguimos en esto no vengan más incendios forestales o más marea roja, ni necesitemos energía sustentable o agua potable, ni queramos saber de la historia y cosmovisión de nuestros pueblos originarios, pues los investigadores estaremos muy ocupados calculando nuestros índices de impacto para ver si le ganamos el financiamiento al colega o haciendo lobby con alguna empresa para que nos financie la parte del proyecto que no financia el concurso.

Finalmente, hacemos una invitación a tener la capacidad de cuestionar las “verdades” que nos han inculcado sobre el sistema científico-tecnológico, y salir del debate de forma, de si aumentamos tal o cual fondo concursable, o de cuántas seremías o subsecretarías debe tener el hipotético (y hasta ahora más simbólico que funcional) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esperemos que el contexto eleccionario nos de impulso para esta discusión de fondo, de forma abierta y democrática en torno al conocimiento, en cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos.

[1] CONICYT, Evaluación de los programas Fondecyt, PIA/Fondap y Fondef. Informe de paneles de Evaluación Internacionales. 2013. pp 54-56 http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/07/Informe_Paneles_Evaluacion_Internacionales.pdf

Ciencia sin alma (II): propuestas para cambiar el paradigma de la investigación en Chile

“No debe ser  siervo el hombre del conocimiento,  sino que el conocimiento debe estar al servicio del hombre”. Friedrich Nietzsche, parafraseado de Gaya Ciencia.

La actividad científica como cualquier otra actividad humana está sujeta a sesgos y responde a incentivos. Por ello requiere de políticas públicas que la encaucen y regulen. Como mostramos en una columna anterior, la política científica chilena se rige por el esquema neoliberal instaurado durante la dictadura cívico-militar (ver Ciencia sin alma: la impronta neoliberal en la investigación científica chilena). Esta ideología ha permeado esta actividad a través de una serie de mecanismos, entre los que destacan el financiamiento hiper-competitivo, la liberalización de las temáticas de las investigaciones y el fomento excesivo a la innovación productiva en desmedro de otras áreas.

Esto en ningún caso significa sostener que cada investigación individual tenga un sesgo neoliberal, sino que ese sesgo está presente en la actividad científica chilena como un todo.

Dada la complejidad propia de la actividad científica, existen una serie de contradicciones en la comunidad de investigadores que hacen que el problema del financiamiento de la ciencia y sus implicancias políticas sea un tema difícil de abordar sin despertar pasiones. Lo que nos mueve a escribir este segundo texto es la convicción de que la comunidad científica necesita reflexionar y discutir con la mente abierta sobre el futuro de la ciencia en nuestro país.

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¿CIENCIA ÚTIL?

Una contradicción primordial en el discurso científico que ha imperado hasta ahora es que la ciencia no tiene porqué ser útil. Sin embargo, este discurso cambia cuando se solicita financiamiento público, pues se argumenta que la ciencia es clave para el desarrollo y el bienestar de la población.

Obviando esta contradicción y asumiendo que la ciencia sí debe ser útil para la sociedad que la financia, emerge una discusión mucho más relevante: ¿qué se entiende por útil y qué mecanismos le permiten a la ciencia serlo?

En la visión de quienes defienden la ciencia como una actividad objetiva e imparcial (y, por lo tanto, como una actividad que no debe ser guiada por el Estado), la utilidad del conocimiento viene dada exclusivamente por el valor intrínseco de éste.

Sin embargo, aunque todo nuevo conocimiento tiene un valor, es evidente que en un contexto de recursos limitados, ciertos temas recibirán más y mejor financiamiento en desmedro de otros que simplemente se quedarán sin ser investigados. Es en esta elección donde el modelo hiper-liberalizado ha generado desequilibrios que van más allá que el valor intrínseco del conocimiento.

Pongamos un ejemplo: el conocimiento nuevo en torno al virus sincicial es tan valioso como el conocimiento nuevo sobre el virus Ébola, si lo vemos desde la óptica del valor propio del conocimiento. Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, existe la posibilidad de que solo una de ambas investigaciones se pueda financiar. Entonces, qué conocimiento tiene mayor valor: ¿aquél sobre un virus que causa el 80% de las infecciones respiratorias durante el invierno o aquél sobre un virus que no ha enfermado a nadie en nuestro país? La valorización del conocimiento es subjetiva, y por lo tanto, relativa al contexto en que se encuentra.

Es en este contexto que operan los sesgos y vicios descritos en la columna anterior, ya que el sistema de financiamiento actual puede ciertamente inclinar la balanza por razones ajenas al contexto geográfico/ demográfico/ social o incluso ajenas a la ciencia misma. Dos proyectos de investigación que pretendan estudiar los respectivos virus del ejemplo anterior, aun con el mismo nivel científico, tienen posibilidades desiguales de ser seleccionados a través del sistema hiper-competitivo actual. Algunos de los factores que influyen en esta probabilidad, o sea en su competitividad, son:

  • La madurez de las temáticas. No todas las áreas del conocimiento cuentan con el mismo número y tipo de investigadores. Hay algunas áreas donde existen grupos de investigadores/as articulados y con vasta experiencia, los cuales se conocen entre ellos, organizan congresos, poseen la infraestructura y la tecnología necesarias y tienen el conocimiento técnico suficiente. Las investigaciones que emerjan de estas áreas tendrán  muchas más posibilidades de obtener financiamiento frente a una temática novedosa donde no hay un cuerpo investigativo maduro[1].
  • El efecto internacional. Si una de las temáticas es estudiada profusamente en los grandes centros de pensamiento del primer mundo, investigaciones en esa área tendrán más posibilidades de establecer contactos y financiamiento internacionales, pasantías en países líderes en investigación, acceso a literatura más desarrollada, acceso a tecnologías de punta, acceso a revistas científicas más prestigiosas, entre otras ventajas. Esto no ocurrirá si se trata de una temática local.

Capacidades administrativas y de gestión. Si un director o directora de proyecto tiene mejores capacidades para administrar y gestionar proyectos, tendrá mayores posibilidades de adjudicarse el financiamiento. No porque estas características sean evaluadas directamente en los concursos (como algunos lectores malentendieron del artículo anterior), sino porque mejoran la presentación y el manejo de los proyectos. Por ejemplo, saber diseñar correctamente un proyecto en los códigos que se evalúan o la capacidad de diseñar una investigación que maximice la cantidad de publicaciones o la habilidad de manejar o sostener una mayor cantidad de estudiantes, son habilidades clave a la hora de solicitar fondos, pues sus efectos sí son evaluados en los concursos. Un investigador o investigadora que carezca de estas habilidades tendrá una menor probabilidad de recibir fondos y eso no solo castiga a la o las personas involucradas, sino que también al tema que se pretendía investigar.

“Ningún esfuerzo será fructífero si no cambiamos el paradigma actual que entiende la investigación científica como una sumatoria de eventos individuales”.

En un mundo ideal los factores antes descritos estarían uniformemente distribuidos en todas las áreas del conocimiento, pero esto no ocurre porque no vivimos en la idealidad ni la naturaleza se rige por ella. Bajo un esquema de financiamiento hiperliberalizado como el chileno, operan los sesgos descritos para fomentar cada vez más ciertas áreas de investigación en desmedro de otras de igual o mayor importancia para la sociedad actual. Esto es particularmente grave para las temáticas locales que históricamente se han desarrollado poco. Justamente dentro de ellas, encontramos varias ligadas a problemas nacionales que reclaman urgente solución, como la biodiversidad, la superación del extractivismo, la protección de los ecosistemas, la planificación urbanística, el estudio de enfermedades de prevalencia local, solo por nombrar algunos.

Una forma de resolver estos desequilibrios es enfrentar el hecho de que el conocimiento tiene un valor subjetivo o relativo. Buena parte de los países, especialmente en el Primer Mundo, definen uno o varios grandes objetivos a cumplir que guían a la investigación científica. El Estado define políticas, prioridades y presupuestos con ese objetivo. Es lo que algunos llaman una gran utopía: llegar a la Luna, curar alguna enfermedad, superar el subdesarrollo, reconstruir un país devastado por la guerra, entre otros.

Pongamos un ejemplo para graficar todo lo comentado hasta ahora: el descubrimiento de la penicilina. Este es uno de los ejemplos favoritos de los científicos para intentar demostrar que es la ciencia sin enfoque o sin agenda la que genera utilidad o bienestar para la sociedad. Más nadie considera en su análisis que este descubrimiento azaroso, nace en un contexto donde Alexander Fleming -y otros investigadores- estaban dedicados a estudiar las infecciones bacterianas que habían acabado con la vida de miles de ciudadanos ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Si no hubiese sido por ese contexto, donde existía un ecosistema investigativo – infraestructura, colegas, financiamiento – motivado por el objetivo superior de salvar vidas, difícilmente Fleming podría haber comprendido y aprovechado el azaroso descubrimiento de la penicilina. Así como éste, podemos mencionar muchísimos otros ejemplos, como los descubrimientos tecnológicos  asociados a la exploración espacial o la carrera armamentista desatada a luego de la Segunda Guerra Mundial.

Es más, el popular y mundialmente conocido I-pad no sería una realidad si el gobierno de Estados Unidos no hubiera invertido en investigación tecnológica en defensa y comunicaciones con el objetivo superior de resguardar su seguridad nacional. Investigación con financiamiento público que también permitió la creación de internet, el GPS, las pantallas táctiles, entre otros. En palabras de la economista Mariana Mazzucato, “el problema es que la historia que se cuenta sobre el éxito de Apple olvida el rol público” y que aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”[2].

A pesar de estos y otros muchos ejemplos, existen aún un número de descubrimientos de impresionante utilidad hoy que no nacieron al alero de una misión determinada sino que sólo por el azar o la curiosidad del o la investigadora. Sin embargo, no nos parece prudente dejar que la utilidad de miles de millones de pesos invertidos anualmente por el Estado en investigación dependa del azar. Para el matemático argentino Oscar Varsavsky esta utilidad potencial de la ciencia era algo muy irracional: “Ese valor potencial que tiene cualquier descubrimiento científico es el que tendría un ladrillo arrojado en cualquier lugar del país, si a alguno se le ocurriera construir allí una casa, por casualidad. Es posible, pero no se puede organizar una sociedad, ni la ciencia de un país con ese tipo de criterio. Hay que planificar las cosas. No todas las investigaciones tienen la misma prioridad; ellas no pueden elegirse al azar ni por criterios ajenos”[3].

Es nuestro deber como sociedad y en particular como comunidad científica, buscar soluciones racionales a los problemas de la nación y al destino de todo ese dinero aportado por cada uno de nosotros (pues proviene de nuestros impuestos), ya que, en un país como Chile, los problemas son muchos y los recursos son siempre limitados.

PROPUESTAS

Para cambiar el actual sistema de investigación nacional, un primer y fundamental paso es entender que la investigación científica debe estar explícitamente orientada al interés público o bien común, pues debe retribuir de alguna forma a la sociedad que la financia. Por cierto, esto no significa abandonar la ciencia más básica o la innovación empresarial basada en ciencia y tecnología, sino que resignificarlas en función de este objetivo macro que es el bien común y ponerlas en sintonía con un proceso continuo de creación de nuevo conocimiento.

“(Lo que hoy genera la ciencia es) un cúmulo de conocimiento fundamental de muy buena calidad, pero que difícilmente impacta en otras esferas aparte de la académica”.

Para darle cuerpo al concepto de bien común, hace falta definir prioridades. Estas prioridades – tanto globales como locales- deben ser discutidas y definidas por la sociedad en su conjunto, representada de distintos modos (organizaciones ciudadanas, gremios profesionales, expertos, representantes políticos, sociedades científicas, sindicatos, etc.), mediante mecanismos democráticos y transparentes.

En ningún caso esto significa que el Estado decidirá qué debe hacer y no hacer cada laboratorio o grupo de investigación en particular, sino que las prioridades ofrecen un paraguas bajo el cual se gestan relaciones y colaboraciones entre las diversas investigaciones. Tal como ocurrió, por ejemplo, con la carrera espacial en Estados Unidos. Esa política nacional no implicó que cada investigación fuera forzada a fabricar partes de cohetes o a calcular órbitas de satélites, sino que las relaciones que se establecieron entre los nuevos conocimientos generados estaban orientadas a cumplir este objetivo, sin pretender solucionar problemas puntuales en lo inmediato.

Una forma democrática de definir las prioridades está en las antípodas de lo que se ha hecho hasta ahora, tal como ocurrió con la política de clústeres, definida entre expertos de la innovación a puertas cerradas, teniendo como único horizonte el tema productivo.

Aunque una definición democrática de prioridades parece algo lejano y difícil de concretar, podría considerarse parte de la corriente mundial de participación social/ciudadana en la toma de decisiones, que por cierto no debe confundirse con los modelos de planificación centralizada típico de los socialismos de la órbita soviética. La historia también puede mostrarnos algunos ejemplos interesantes sobre participación científico/ciudadana, como el Primer Congreso Científico realizado en 1972 (que incluyó a investigadores de todas las disciplinas), donde se discutieron los desafíos de cada disciplina y cómo éstas podían aportar a las necesidades del país.

Es esperable que al definir áreas prioritarias dentro de un marco de bien común, ellas deberían estar relacionadas con los problemas que enfrenta el país, sus desafíos futuros y sus condiciones naturales.

No obstante, ningún esfuerzo será fructífero, incluso el definir prioridades, si es que no cambiamos el paradigma actual que entiende la investigación científica como la sumatoria de eventos individuales. Es imprescindible empezar a entender la creación de conocimiento como un proceso colectivo y continuo, guiado por un marco general de interés público y no como un conjunto de eventos aislados motivados exclusivamente por criterios personales.

La concepción de la investigación como un proceso implica que debe existir un flujo continuo de conocimientos por lo menos en dos dimensiones. Una dimensión, son las áreas del conocimiento y sus disciplinas; y la otra, el ámbito de acción de cada investigación. Pongamos un ejemplo: la investigación relacionada a los terremotos. Por un lado, debe existir un flujo de conocimientos entre las distintas disciplinas: química del suelo, geología, arquitectura, ingeniería, psicología, sociología, historia, por nombrar algunas. Es lo que se conoce como transdisciplinariedad. Pero por otro lado, es fundamental que el conocimiento fluya entre los diversos ámbitos de acción de las investigaciones, ya que no todo el conocimiento impacta o influye de la misma forma. Algunas investigaciones buscan crear conocimiento fundamental; otras buscan crear conocimiento que permita intervenir socialmente; otras impactarán en el desarrollo de protocolos o reglamentos de ley y están también las que buscarán desarrollar tecnología innovadora. Las investigaciones con diferentes tipos de impacto (independiente de la disciplina) deben interactuar fluidamente.

Volviendo sobre el ejemplo de los terremotos, para que el conjunto de investigaciones sean realmente valiosas e útiles en su conjunto no sólo deben ser transdisciplinarias, sino que también deben dialogar con el conocimiento fundamental sobre las placas tectónicas, tipos de suelo, la sensibilidad de la población o la resistencia de los materiales y el conocimiento sobre modelos de evacuación eficientes, métodos pedagógicos orientados a la prevención, relación entre tipos de suelo y resistencia sísmica, tecnología de construcción anti-sísmica; estudios comparados sobre legislación regulatoria en la materia, o desarrollo de aplicaciones para celulares relacionadas con alarmas y evacuaciones, entre otras.

Si el conocimiento fluye solo en la dimensión de las disciplinas, tendremos lo que ocurre hoy: un cúmulo de conocimiento fundamental de muy buena calidad, pero que difícilmente impacta en otras esferas aparte de la académica. Por otro lado, tenemos un enorme número de leyes, reglamentos, protocolos o planes educativos que carecen de solidez disciplinaria o simplemente se han hecho ignorando la evidencia científica al respecto, pues no hay mecanismos para que reciban el conocimiento fundamental de manera armónica y menos participan de su generación. Nuestra tesis apunta a que un flujo armónico de conocimientos en estas dos dimensiones podría hacer que las investigaciones tengan sentido fuera de sus acotadas especialidades y apunten en un corto o largo plazo a solucionar problemáticas de interés público.

“En el mundo de la innovación no existe una interacción dialogante entre el conocimiento más básico y el conocimiento aplicado al mercado”.

La situación actual es análoga a una orquesta con músicos expertos en sus respectivos instrumentos. Por más que sean músicos muy talentosos y sus instrumentos sean de la mejor calidad, si no se conocen, si no han ensayado juntos, si no conocen las mismas canciones o si no tienen un director, difícilmente sonarán armónicamente como una orquesta profesional.

Actualmente, la colaboración y la interdisciplinariedad son valorados en los fondos concursables, pero en la práctica, estas colaboraciones carecen del flujo de conocimiento descrito. A lo sumo, este flujo se da entre investigaciones de una misma área, muy poco entre diferentes disciplinas y nada entre investigaciones con distintos ámbitos de acción.

Este problema es evidente en el mundo de la innovación, pues no existe una interacción dialogante entre el conocimiento más básico y el conocimiento aplicado al mercado. De hecho, esto ha sido identificado como una de las posibles causas de las falencias en las políticas de innovación. Sin embargo, sin cambiar el paradigma actual de la ciencia chilena, la única solución posible es simplemente prescindir del flujo de conocimiento en las dos dimensiones y financiar investigaciones que hagan todo el recorrido, desde el conocimiento científico fundamental hasta la innovación empresarial en un único proyecto o un único grupo.

Esto es lo que hacen fondos relativamente nuevos -como IdeA o GoToMarket- y el fomento a la creación de incubadoras de negocios en las mismas universidades, para que ayuden a los investigadores a convertir su conocimiento en un emprendimiento empresarial.

Nuestra propuesta práctica para fomentar el flujo continuo de conocimientos y entender la investigación científica como un proceso, descansa fundamentalmente en las instituciones. Instituciones públicas como las universidades y los Centros de Investigaciones Estatales (CIE)[4] son las llamadas por definición a crear conocimiento nuevo y cobijar un ecosistema investigativo adecuado para el florecimiento de la ciencia. Sin embargo, bajo el actual esquema neoliberal estas instituciones deben autofinanciarse, carecen de financiamiento estable y están a merced del mercado de la educación (en el caso de las universidades), lo que les hace muy difícil mantener dichos ecosistemas.

Así, tanto las universidades como los CIE debieran contar con financiamiento basal mayoritario y estable de origen estatal (no sujeto a la competencia que impone el financiamiento vía fondos concursables), lo que permitiría a estas instituciones sostener un ambiente adecuado para el desarrollo de la investigación donde se dé naturalmente el flujo de conocimientos en las dimensiones descritas anteriormente.

Contando con los recursos necesarios ambos tipos de instituciones podrían plegarse a las prioridades nacionales, así como definir sus propios objetivos locales, en función de su contexto geográfico y demográfico, o de su misión en el caso de los CIE, y por cierto, interactuar entre ellas. Podrían también sostener sus propias investigaciones sin que ellas queden sujetas a la volubilidad de los mecanismos concursables.

Este tipo de propuestas despierta temor real entre muchos investigadores, pues en las instituciones estatales existe una burocracia muchas veces inmovilizante. De allí que, lo razonable sea trabajar para derrumbar las barreras burocráticas que entrampen los objetivos definidos para el quehacer científico nacional, en lugar de anidar la investigación en otros lugares dejando a las universidades a su suerte, como está ocurriendo actualmente, o como ocurrió décadas atrás con los CIE, los que se han convertido – los que sobreviven – en meros fiscalizadores o prestadores de servicios con exiguos presupuestos[5].

Con financiamiento público estable para las instituciones se podrán definir y financiar grupos de investigación sin incurrir en la precariedad laboral a la que hoy obliga la hiper-competencia, incluyendo profesionales, técnicos y personas en formación (tesistas de pregrado y postgrado). La ampliación de las plantas académicas y profesionales, además, ayudaría a absorber la constante llegada de jóvenes altamente especializados que no encuentran en el modelo actual ofertas laborales acordes a su nivel académico y a su capacidad de aportar al país. Estabilidad laboral en conjunto con estabilidad institucional podría incluso dar más posibilidades de realizar investigación realmente motivada por la curiosidad o al menos más de las que da el actual régimen de hiper-competencia.

Por cierto, para asegurar que esto funcione se debe considerar una evaluación regular de las investigaciones, incluyendo reporte de resultados, rendición de gastos, generación de productos (aunque no como centralidad), vinculación con otras investigaciones y evaluación de pares, con la misma rigurosidad con la que se hace hoy en día.

Por último, hay ciertos asuntos a resolver que deben ser analizados en función de los objetivos planteados. La inclusión de instituciones privadas, para generar un esquema institucional mixto, podría presentar ciertas ventajas considerando el actual estado de abandono de las instituciones del Estado y el tiempo que tomará reconstruirlas. Por lo tanto, además del financiamiento basal a las instituciones estatales, se podrían implementar planes complementarios de financiamiento que permitan el desarrollo de la investigación científica en instituciones privadas.

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CONSIDERACIONES FINALES

Los actuales debates en torno al sistema de investigación nacional se han centrado en cuánto dinero se le asigna y cómo debería ser la entidad que lo administre. Poco se ha dicho del modelo que rige la investigación y que sustenta los actuales mecanismos de financiamiento y evaluación. Por ello, en la columna anterior intentamos articular una teoría que explique integralmente todo el esquema de creación de conocimiento nacional, asociándolo al modelo neoliberal instaurado en Chile.

Respecto de la conexión entre la investigación científica y la sociedad, el discurso público se reduce a insistir en la innovación productiva como si fuera la única forma de aplicar el conocimiento. Al mismo tiempo, la academia reacciona al creciente fomento a la innovación refugiándose en una pretendida curiosidad como motivación absolutamente objetiva, ignorando activa o pasivamente el conjunto de sesgos e incentivos multifactoriales que hacen que esta objetividad sea sólo una ilusión.

En efecto, frente a los diversos análisis críticos, la academia ha hecho una defensa cerrada de los actuales fondos competitivos, como Fondecyt, argumentado que son los más importantes apoyos a la ciencia nacional, que sin ellos no habría ciencia en el país. Este es un argumento muy pobre, pues desde las reformas del ‘80 este esquema ha sido la principal fuente de financiamiento de la investigación científica y, obviamente, mientras siga siendo mayoritario será lo más importante.

Lamentablemente, estas defensas cerradas son ejemplos claros de cómo los científicos no hemos sabido llevar la discusión a un plano más global y seguimos enfrascados en discusiones de forma, que no hacen más que perpetuar un modelo que no hemos cuestionado en lo absoluto.

En cuanto a la contingencia, un tema relevante que ha emergido es la precariedad laboral en el sistema científico nacional. La demanda por condiciones laborales dignas toca un tema crucial de la política científica, pues esta precarización es consecuencia directa de la asignación hiper-competitiva de fondos que existe actualmente.

La solución de este problema -si bien puede no cuestionar los cimientos del modelo de investigación descrito- a nuestro juicio sí es una cuestión urgente de resolver. Aun así, una parte de los investigadores nacionales, particularmente los miembros del consejo superior de Fondecyt, se han opuesto a dar soluciones al problema laboral (o sea, a respetar la ley), esgrimiendo argumentos como que“se haría peligrar la libertad de los investigadores a realizar su trabajo” lo que queda de manifiesto en la respuesta elaborada por el consejo antes mencionado a la propuesta sobre derechos laborales de la agrupación Ciencia Con Contrato. Los argumentos son prácticamente los mismos usados otrora para oponerse a leyes laborales como el post-natal, el sueldo mínimo o la indemnización por despido.

En cualquier lugar del mundo, una comunidad científica que se precie de tal, debe tener capacidad de reflexión y discusión. Cerrar el diálogo, aduciendo su dificultad práctica o la urgencia de ciertos problemas, implica un conservadurismo difícil de entender de parte de aquellos que están llamados a tener una mente abierta y predisposición al cambio.

Es importante que como comunidad científica generemos espacios de debate e intercambio de ideas para discutir el futuro de la ciencia en nuestro país. Por lo tanto, extendemos este llamado a la comunidad científica nacional a debatir organizadamente sobre qué queremos para la ciencia y cómo pretendemos que el conocimiento sea capaz de aportar a nuestro país y a la sociedad.

 

([1]) Esta situación ha sido descrita por el afamado biólogo estadounidense Bruce Alberts para la investigación biomédica norteamericana. Para profundizar revisar “Rescuing US biomedical research from its systemic flaws” PNAS 111(16): 5773 (2014).

[2] Situación descrita en su libro “El Estado emprendedor”. Extracto tomado de la entrevista realizada por Juan Andrés Guzmán para CIPER y publicada en abril de este año.

[3] Para mayor información sobre Oscar Varsavsky y su corriente de pensamiento visite https://elgatoylacaja.com.ar/cientificismo-magico/

[4]      Algunos de estos centros son la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), el Instituto de Salud Pública (ISP), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre otros. Para ver una lista más o menos actualizada se puede revisar https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_investigaci%C3%B3n_del_Estado_de_Chile. Para profundizar respecto a la historia de los CIE se puede consultar “Vertientes no universitarias de la ciencia en Chile” [en inglés] J Phys Conf Ser 720 (2016).

[5]  Situación ampliamente estudiada por Leopoldo Soto, miembro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

La burocracia se instaló en el consejo superior de Fondecyt

Con sorpresa leí la carta enviada a La Tercera el pasado 4 de noviembre por los miembros de los Consejos Superiores de Ciencia y Tecnologia de Fondecyt quienes manifiestan, con mucha razón, la preocupación por la renuncia del profesor Francisco Brieva, señalando cómo la burocracia nos hace perder energía. Qué fácil es ver “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Mi grupo de investigadores, el personal de apoyo y yo hemos sido víctimas de la burocracia de este consejo.

Teniendo en desarrollo un proyecto Fondecyt de cuatro años, se exige un trabajo publicado al término del tercer año. Cumplimos con este requisito un mes después del plazo de entrega exigido en las bases del concurso. Mandamos una extensa carta explicando que se trata de un proyecto clínico-básico de seguimiento de pacientes durante un mínimo de tres años y que en el cuarto año se obtendrían los resultados, logrando la respuesta a la hipótesis planteada. Explicamos además que al comienzo de este cuarto año trabajamos normalmente, aunque sin financiamiento, que una tesista de doctorado quedaría sin poder terminar su tesis y que a los pacientes debemos entregarles al menos un resultado de los estudios realizados gracias a su participación.

Lo anterior no fue entendido por los consejeros, quienes obtusamente se negaron a aceptar las explicaciones entregadas, sin siquiera conversar con la investigadora responsable, indicando que “más importante que la publicación de los resultados” es “que los investigadores respeten los plazos estipulados”. ¿No es acaso esta actitud un síntoma de crisis de burocracia, donde es más importante cumplir plazos que cumplir metas?.

Realizar investigación en Chile es muy difícil y, peor aún, estudios clínicos que involucran pacientes. Suspender un proyecto en su última etapa, impidiendo realizar los estudios determinantes para obtener el resultado final, es malgastar los fondos de Fondecyt y de todos los que pagamos nuestros impuestos. Esta actitud no solo demuestra desconocimiento de la labor científica y falta de interés por los resultados de los proyectos que se financian, sino que además, claramente impide el desarrollo de la ciencia en Chile.

¿Cuál es el rol de los consejeros del Consejo Superior de Ciencia y Tecnología de Fondecyt? Exigir que los plazos se cumplan es razonable, pero más importante es permitir que los investigadores terminen las actividadespara las cuales se entregaron los recursos.

Coincidimos con ellos en que hay una crisis profunda en el desarrollo de la ciencia, pero mientras los miembros del consejo y todo el personal que trabaja en Conicyt no tome conciencia de que cada uno debe realizar su trabajo con un criterio más académico que burocrático, el presidente de Conicyt nada puede modificar. El problema es mucho más profundo.

(*)Patricia Díaz Amor
Medico-Cirujano de la Universidad de Chile.
PhD Universidad de Edimburgo, Escocia

Conicyt y la cacería de brujas

Tras las fuertes presiones realizada en conjunto por connotados académicos, la agrupación de ex becarios inhabilitados por Conicyt, la Federación de Estudiantes de Universidad de Chile (FECH) y la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) anunció el pasado 15 de abril que acabará con la cacería de brujas comenzada durante el 2013 (ver comunicado de Conicyt). Frente a este escenario auspicioso, es necesario recordar que muchas de las cacerías de brujas se perpetuaron en el tiempo a pesar de las constantes promesas de ponerles fin. Lo mismo ocurre actualmente entre Conicyt y sus ex becarios. A estos últimos se les comunicó recientemente que se detendrían las sanciones en contra de aquellos investigadores que hubieran obtenido el grado académico al que se comprometieron al recibir el financiamiento del Estado chileno. Con esto, se supone, se acabaría con la persecución en contra de los ex becarios que, a pesar de haberse graduado en las mejores universidades de Chile, se encontraban inhabilitados para obtener recursos dependientes de Conicyt y estaban en riesgo de ser sancionados con la restitución total de los fondos invertidos en su formación.

Si bien esta promesa da una señal positiva del rumbo que ha adoptado el nuevo gobierno de Chile, la falta de claridad sobre las nuevas autoridades que encabezarán Conicyt durante este nuevo periodo, la alta rotación al interior de sus máximos funcionarios y la ausencia de una política coherente que sea independiente de la voluntad de quienes encabecen dicha institución, impiden que estos avances sean considerados como el fin definitivo de aquellas medidas con que hasta ahora Conicyt condenaba a la muerte académica y quiebra económica a sus investigadores graduados, los mismos con los cuales se vanagloriaba ante la opinión pública.

Con el anuncio de la suspensión de las sanciones en contra de sus ex becarios son muchos quienes han recuperado la respiración tras meses de angustia. Y si bien este avance recoge programáticamente una de las principales demandas que desde hace meses ha movilizado a diferentes organizaciones académicas, estudiantiles y sociales, es necesario mantener una actitud de cautela. Hasta el momento, esta medida solo atañe a los becarios que desarrollaron programas de postgrado nacionales y no a aquellos que estudiaron en el extranjero con Becas Chile.

Junto con lo anterior, hasta la fecha no se conoce cuáles serán las nuevas normativas que regirán para los becarios y ex becarios de Conicyt ni tampoco los plazos y mecanismos mediante los cuales estas se implementarán. Aún más grave, esta institución al igual que el Ministerio de Educación, ha guardado silencio acerca de si terminará por fin con la perversa noción de una beca pública como un crédito condonable, con la cual se desvirtúa la responsabilidad que debería tener el Estado como promotor de la investigación y el desarrollo del país, recayendo ésta, finalmente, sobre los becarios y sus familias. En este sentido, una señal contradictoria ha sido el fin del impresentable contrato que mantenía Conicyt con la empresa de cobranza jurídica Orsan S.A. (conocida por sus servicios a Ripley, Cencosud y otras empresas del retail), mientras simultáneamente rechaza terminar acabar con la firma de pagarés con cifras en blanco como requisito para ser beneficiario de una beca Conicyt.

Este tipo de medida se toma como instrumento de presión en contra de los becarios, los mismos con los que Conicyt, en plena incertidumbre institucional, se sirve para defender públicamente su cuestionada gestión.  Se ha vanagloriado públicamente de que entre los años 1988 y 2007 la tasa de graduación de sus becarios de doctorado nacional superaría el 75%, alzándose por sobre la de países desarrollados como Estados Unidos. Si bien lo anterior demuestra que una amplia mayoría de investigadores ha cumplido su compromiso con nuestro país, un análisis de la información que nos proporcionó Conicyt permite observar lo que deliberadamente esconde esta cifra y, con ello, transparentar los problemas estructurales de la institución para cumplir con su misión.

En efecto, si se estudia las convocatorias para becas nacionales durante el periodo de expansión del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, se puede observar que entre los años 2005 y 2011 solo el 4% de los ex becarios de doctorado y el 12% de magíster logró cumplir con la totalidad de las obligaciones impuestas por Conicyt respecto a los plazos de obtención y acreditación del grado académico. Este grupo ínfimo en proporción al universo de becarios sería el único que en el marco jurídico actual podría continuar con su formación académica, postulando a nuevas becas y fondos de investigación dependientes de Conicyt.

La cifra anterior contrasta dramáticamente con el 59% de ex becarios de doctorados y el 56% de magíster que, a pesar de haberse graduado, están en riesgo de ser sancionados por el simple hecho de demorarse en la obtención o en la acreditación del grado, aun cuando dichas extensiones de plazo contaron con la justificación y el respaldo de sus respectivas universidades, a través de la otorgación de sus grados. En este sentido, hasta que no se publique de manera oficial una modificación al decreto que rija a las becas nacionales, podemos insistir en que “inhabilitados” por Conicyt es un grupo constituido por al menos 1.318 investigadores: 1.001 en doctorado y 317 en magíster nacionales. Cabe agregar que, a la fecha, Conicyt no ha trasparentado públicamente la estadística de las convocatorias anteriores al año 2005, ni tampoco el número de los becarios inhabilitados por Becas Chile para estudios en el extranjero. Esto último es especialmente grave considerando que para este conjunto de becarios no hay indicios de alguna solución.

Considerando a los becarios de concursos entre los años 2005 y 2011 se observa que la tasa de graduación es cercana al 66%. Sin embargo, la tasa efectiva, esto es graduados que cumplen con todos los requisitos y se encuentran habilitados, es de sólo un 4% y 12% para programas de doctorado nacional y magister nacional, respectivamente.

La “cacería de brujas” emprendida por Conicyt a mediados del año 2013 y suspendida esta última semana bajo promesas bien intencionadas, solo revela la falta de coherencia en la forma con la que el Estado chileno ha abordado la producción del conocimiento en nuestro país. Como Grupo de Inhabilitados por Conicyt estamos convencidos de que es necesario avanzar en un debate más profundo en el que se abandone aquella lógica según la cual la educación y el conocimiento son bienes de consumo, para restituir su sentido público puesto al servicio de la sociedad. Es fundamental avanzar hacia la democratización de las instituciones de ciencia y tecnología en Chile. La restitución del Consejo Asesor de Conicyt, suspendido en octubre de 1973, entregaría una perspectiva más racional para el proceso de elaboración de los decretos que rigen el sistema de becas.

Las nuevas autoridades en Educación y en Conicyt deben transparentar públicamente la riesgosa situación de los inhabilitados, principalmente la de aquellos que han estudiado en el extranjero y  que hasta el momento se mantienen postergados en las esperanzas que ha entregado la institución. Es urgente que dichas instituciones entreguen para ello cifras actualizadas y, sobre todo, ofrezcan soluciones a corto plazo de este conflicto colectivo. Sería una desgracia que la institución insistiera en desvalorizar los grados académicos obtenidos y la función social comprometida en las investigaciones de estos becarios. Apagar la hoguera no depende de los bombos que le demos a los anuncios, sino de construir una política consistente de producción del conocimiento acorde a los desafíos que tiene nuestro país.