“Papeles del Paraíso”: Masiva filtración revela nuevos secretos de operaciones en Chile

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El envío de millones de dólares libres de impuesto desde Chile hacia Islas Bermudas de una poderosa trasnacional minera, los secretos que esconde en ese y otros dos paraísos fiscales uno de los gigantes del sistema de transporte público de la Región Metropolitana; y cómo una compañía de retail minimiza sus impuestos, desviando sus utilidades en Chile hacia Panamá para pagar los intereses de un millonario préstamo, son historias que CIPER descubrió e investigó en conjunto con otros 94 medios de comunicación del mundo, en la investigación global los “Papeles del Paraíso”.

Tras los “Papeles de Panamá” (2016), esta nueva filtración de 13,4 millones de documentos, pone una vez más bajo escrutinio público los negocios y secretos tributarios de los superricos, el 1% de la población con el privilegio de acceder a jurisdicciones opacas y exclusivas donde ocultan sus dineros bajo reglas y normas diseñadas por y para ellos.

Los archivos provienen de dos compañías de servicios offshore, basadas en Islas Bermudas y Singapur, y de 19 registros corporativos de varias jurisdicciones secretas.

Los documentos de esta nueva investigación global siguieron una ruta similar  a los “Papeles de Panamá”: fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) con 95 medios de 67 países. Son 381 periodistas los que participan de esta investigación global, los que se desempeñan en medios como The Guardian (Inglaterra), The New York Yimes (Estados Unidos), BBC (Inglaterra), Le Monde (Francia), Univisión (Estados Unidos), La Nación (Argentina), El Confidencial (España), The Indian Express (India) y Novaya Gazeta (Rusia). CIPER es uno de los medios que tuvo acceso e investigó los registros.

La mayor cantidad de documentos (6,8 millones) proviene de la división de servicios corporativos del bufete Appleby. Con sede en Bermudas y fundada hace 119 años, es una de las firmas de abogados offshore más prestigiosas del mundo. El rastreo y cruces de datos entre los millones de correos electrónicos, historiales de clientes, solicitudes bancarias, actas de directorio y registro de sociedades, permiten develar ante los ciudadanos un circuito subterráneo y secreto por donde se ejecutan sofisticadas maniobras tributarias para que importantes dirigentes políticos y transnacionales minimicen su carga impositiva.

Si la información filtrada en los “Papeles de Panamá” se relacionó mayoritariamente con los secretos de personas naturales en paraísos fiscales, esta vez los registros de Appleby entregan la llave para adentrarse en las grandes ligas del sistema financiero internacional. Allí donde se concentra el club del 1% y de las corporaciones multinacionales que mueven cifras de dinero difíciles de asimilar.

En esta investigación, por ejemplo, encontrará a dos gigantes corporativos a nivel global: Apple y Nike. Dos casos emblemáticos cuyas operaciones grafican cómo las multinacionales se las ingenian a través de fórmulas cada vez más encubiertas para saltarse reglas y aminorar los impuestos que les corresponde pagar. Un nudo que, como coinciden la mayoría de los expertos entrevistados en los 67 países que incluyó esta investigación, profundiza la desigualdad.

Ayudar a los ricos a enriquecerse mediante maniobras offshore no es un “beneficio benigno”, dijo Brooke Harrington, profesora de la Copenhagen Business School a ICIJ. “Cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, porque las personas adineradas no pagan su parte justa de los impuestos”.

Un año y medio después de las revelaciones de los Papeles de Panamá(abril de 2016), que provocaron remezones e incluso crisis políticas en varios países (ver aquí), esta nueva investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo el periodismo se ha convertido en una herramienta que, trabajada en equipo y simultáneamente en varios países, puede desentrañar secretos que lesionan nuestras democracias.

La investigación anterior desmenuzó más de 11,5 millones de archivos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca. También fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ con un centenar de medios de 76 países, entre ellos CIPER. Allí se expusieron los secretos financieros de políticos, empresarios, magnates y también traficantes de droga, armas y diamantes. Esta vez, la filtración obtenida y la investigación profundizaron en ese circuito, llegando ahora a penetrar los esquemas tributarios de las grandes corporaciones.

LA CONEXIÓN CHILENA

En la filtración de más de 13 millones de documentos de los “Papeles del Paraíso” aparecen nombres que conectan con chilenos. En esos casos, los archivos solo consignan información suelta y/o superficial que no entrega mayores pistas respecto de los montos que mueven hacia paraísos fiscales ni transacciones relacionadas. Tampoco de los abogados locales que los asesoran en estos negocios.

CIPER identificó y trabajó casos cuya evidencia –correos electrónicos y registros legales, principalmente– al menos permite una primera aproximación al diseño y uso de esquemas agresivos de planificación tributaria. Y ello, porque así se pueden dar a conocer con ejemplos concretos las fórmulas con las que se burlan los controles o las leyes que regulan las obligaciones de los contribuyentes chilenos.

Los datos obtenidos se contrastaron y complementaron con información de bases de datos públicas en Chile y en el extranjero; con balances financieros y memorias; registros notariales y otros documentos legales. También se contextualizó en conversaciones con autoridades de distintas reparticiones públicas ad-hoc; con la opinión de abogados y académicos expertos en temas tributarios y con las respuestas de las mismas compañías investigadas por CIPER.

En el transcurso de noviembre, con posterioridad a la primera semana de publicaciones que se inicia el domingo 5 de noviembre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación actualizará la base de datos pública que ya contiene la información de filtraciones anteriores, como los “Papeles de Panamá”, con los nombres y sociedades incluidos en esta nueva filtración de los “Papeles del Paraíso”.

A la base de datos actualizada se podrá acceder desde distintas plataformas y páginas web, entre ellas la de CIPER.

Las investigaciones que realizó el equipo de CIPER se entregarán a partir del 6 de noviembre.

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Gobierno chileno a punto de someter a sus ciudadanos a la vigilancia estadounidense

En la última década, el gobierno de Estados Unidos ha usado el Programa Visa Waiver (PVW) para ejercer presión sobre otros gobiernos para la entrega de datos de sus ciudadanos. De hecho, un país debe cumplir con ciertos requerimientos formales para poder ser elegible y participar en el PVW, en gran parte centrados en cómo los datos son compartidos entre los dos países. Esto es problemático debido a la bajísima protección legal que Estados Unidos entrega a estos datos. La regulación de privacidad de ese país es una de las más débiles en el mundo, particularmente porque la inmigración y la seguridad nacional son usadas como excepciones para contrarrestar incluso derechos fundamentales básicos. Lo que es aún más problemático es que la normativa de EE.UU. solamente protege a ciudadanos estadounidenses. Cualquier información enviada por el gobierno chileno no estaría protegida por el sistema norteamericano, que ya es débil. Cuando EE.UU. recibe datos sobre extranjeros, conserva habitualmente esta información en sus extensas bases de datos por 100 años.

Unirse al PVW significará que EE.UU. ahora tenga acceso a una gran cantidad de información personal de los chilenos. Esto plantea interrogantes en torno a cuál será la autoridad chilena responsable de decidir y gestionar la información compartida con EE.UU., la posibilidad de que el gobierno norteamericano comparta los datos con terceros, así como la eventual negativa arbitraria para ingresar a EE.UU. a causa de datos potencialmente erróneos en bases de datos chilenas. Un ciudadano chileno que es maltratado debido a estos datos erróneos no tendrá derecho a la reparación en virtud de la normativa de EE.UU., y sus datos continuarán residiendo en ese país sin ninguna capacidad real de apelación.

El PVW también exige a los países miembros adoptar un “pasaporte electrónico”. Su introducción en Chile probablemente implica el establecimiento por parte del gobierno chileno de una base de datos biométricos, incluyendo huellas dactilares de una persona, nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte. Incluso datos más sensibles podrían ser incluidos. La falta de una mejor ley de datos personales en Chile significa que los ciudadanos no tienen protecciones legales reales para asegurar que los datos sean exactos, que no sean utilizados para otros propósitos, y que no sean compartidos con otros departamentos o gobiernos.

Pero hay medidas concretas que el gobierno chileno puede tomar para proteger los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Primero, debe limitar el intercambio de información con las autoridades de EE.UU. Segundo, crear una mejor ley de protección de datos personales, requiriendo que todos los datos compartidos con EE.UU. sean exactos y comprometiéndose a proporcionar a los chilenos los derechos necesarios para garantizar que su privacidad sea protegida. Tercero, la creación de un encargado nacional de privacidad permitiría a los chilenos solicitar ayuda cuando surjan problemas, por ejemplo, de datos errados que lleven a los chilenos a ser detenidos intentando ingresar a EE.UU. Cuarto, debe pedir garantías fuertes a EE.UU. sobre cómo los datos de sus ciudadanos serán tratados y protegidos. Por último, Chile necesita revisar todos los datos personales que se encuentran hoy en poder del gobierno, para asegurar que sus prácticas de información cumplan con estándares internacionales de protección contra abusos, errores y otros riesgos relacionados con la privacidad.

Mientras que a Chile se le está ofreciendo unirse a un club de élite de países cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa, el gobierno chileno ha fallado en buscar una adecuada protección a sus ciudadanos. Estas cuestiones justifican y apoyan la necesidad de implementar estándares de protección de datos estrictos para garantizar que el gobierno cumple con sus obligaciones jurídicas internacionales de protección a la privacidad de sus ciudadanos. Con la adopción de mejores prácticas internacionales en materia de protección de información personal, los chilenos podrían estar mejor protegidos.

Privacy International fue fundada en 1990, está basada en Inglaterra y fue la primera organización de hacer campaña a nivel internacional sobre asuntos de privacidad.

 

Chile crece sin pensarse

Recientemente el World Economic Forum sacó la versión 2011-2012 del índice de competitividad global, situando a Chile en el lugar 31 de 142 países. Según el informe, el país aparece localizado en una zona de “transición” desde una economía desarrollada a través “de la eficiencia”, a otra desarrollada a través “de la innovación”. A pesar de que este índice no está muy relacionado con resultados económicos reales, es interesante destacar que desde hace ya mucho tiempo el país muestra una falta de avance relativo, principalmente debido dos áreas serias de debilidad que hacen muy difícil -a mi juicio- el salto para transformar a Chile en una economía basada en el conocimiento: la calidad de la educación y de la innovación.

Nuestra debilidad en el primer ámbito es notoria (lugar 87, en calidad del sistema educacional; 123 ¡!, en calidad de educación primaria y 124, en resultados en matemáticas y ciencia). Sobre este punto, la calidad de la educación, ya se ha escrito y discutido mucho y por fin se ha transformado en la principal preocupación de la población, según la última encuesta CERC. Y todo apunta a que, finalmente, será objeto de política pública en los próximos meses, ojalá con avances sustantivos.

Por esta razón, me quiero centrar en el segundo pilar: la innovación. El informe cita explícitamente nuestra debilidad en esta área: baja inversión privada en I+D (60); capacidad de innovación (66); calidad de las instituciones que realizan investigación científica, (55) y colaboración universidad-industria, (44). Estos resultados están claramente relacionados con nuestro bajo gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB (0.5%-0.6%, con una muy baja participación del sector privado). Y también, con que la productividad (como medida macroeconómica) lleva estancada ya casi más de una década.

Otro factor que incide en esta debilidad en innovación, es el bajo porcentaje de firmas que innovan y hacen I+D, cifra que ha ido cayendo (como lo muestran las últimas encuestas de innovación e I+D del país). Y esto se expresa también en que, por ejemplo, en los últimos 25 años Chile ha sido incapaz de diversificar su canasta exportadora, comenzando a exportar sólo 295 productos nuevos medibles entre 1991 y 2006, de los cuales sólo 19 han alcanzado más de un millón de dólares; y donde sólo dos son productos que escapan al ámbito de materias primas o recursos naturales(1).

Lamentablemente, hoy la política que promueve la innovación es incluso más débil de lo que era hace algunos años. Lo que más se echa de menos es una orientación de largo plazo y objetivos medibles. En particular, habría que destacar la importancia de contar e implementar una política de desarrollo de largo plazo basada en la innovación. Los esfuerzos en este sentido venían bien encaminados a través de la conformación del Consejo Nacional de Innovación y la elaboración del Libro Blanco de la Innovación y una Política de largo plazo en el tema.

Este Consejo, que tiene una representatividad diversa, tanto en términos políticos como de conocimiento, busca generar una política de Estado, de largo plazo, que integre los esfuerzos públicos y privados en la forma más sinérgica posible. Entre sus propuestas, ha buscando reestructurar la institucionalidad pública de apoyo a la innovación, simplificándola y haciéndola más accesible, además de orientar parte de los escasos recursos disponibles a la innovación para potenciar las áreas en que Chile abiertamente ha mostrado ventajas competitivas.

Bastaba, de partida, con continuar y profundizar las propuestas y políticas propuestas por el Consejo bajo el nuevo gobierno. Sin embargo, el actual gobierno ha ignorado varias de ellas, desmantelando en forma importante la política de “clusters” propuesta por el Consejo, adoptada durante la administración anterior, con una visión simplista de antítesis entre Estado y mercado, entendiendo que sólo el segundo puede guiar la innovación. El objetivo más general del gobierno, de crecer sin pensar en hacia dónde ni en cómo, tienden a confirmar esta visión. Esta preocupación ha sido además planteada en forma pública por el Consejo a propósito de la discusión presupuestaria este año.

Estas decisiones se han adoptado, no obstante que prácticamente todos los países que han realizado saltos de desarrollo significativos en los últimos 60 años, han sabido superar esta visión y han logrado construir espacios de colaboración público-privada atendiendo las múltiples fallas de mercado que tiene la innovación, y la escasez de recursos que hace imposible el desarrollo de nuevos sectores competitivos con políticas 100 por ciento horizontales, que no orienten el gasto hacia objetivos estratégicos de largo plazo.

En todos estos países, nómbreme el que quiera -Corea, Singapur, Malasia, Irlanda, Nueva Zelandia, Finlandia, Australia, Israel, China-, el Estado ha jugado un rol, por un lado colaborador del sector privado, participando activamente en el proceso innovador, incluso como co-propietario; y por otro, con una política estratégica de largo plazo para orientar los esfuerzos de innovación.

Para lograr orientar nuestra economía hacia la innovación no basta con promover el emprendimiento y simplificar trámites (que sin duda son políticas necesarias, pero no suficientes), sino que de partida pasa por hacernos cargo de esta debilidad y, con una visión de Estado, fortalecer y seguir la políticas propuesta por el Consejo de Innovación, implementando una política de largo plazo de desarrollo. Se requiere además, fortalecer las instituciones que permitieron traer y testear nuevos productos cuando el sector privado no lo hacía, como Fundación Chile. Y entender que el Estado es un socio fundamental del sector privado en esta dinámica y riesgosa dimensión del desarrollo.

Notas:

1) Esta información tiene como fuente la investigación y los datos usados en “New Exports from Emerging Markets: Do Followers Learn from Pioneers?”, de Rodrigo Wagner y Andrés Zahler.

El día después del rescate: Los cambios en la seguridad laboral que estudia el gobierno

A sólo horas de haber sido rescatado, Mario Sepúlveda, el minero que emocionó al país con la energía que derrochó tras salir de la mina San José habló ante las cámaras y su mensaje fue tan claro como contundente: “Es el momento de hacer cambios. El país tiene que entender de una vez por todas que podemos hacer cambios en el mundo laboral”. La comisión que formó el Presidente Piñera para abordar reformas en las normas de seguridad laboral tras la tragedia minera termina este viernes su ronda de consultas y entregará sus conclusiones el 22 de noviembre. El encargado de ese grupo, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, dijo a CIPER que las sugerencias van por la vía de profundizar la prevención más que aumentar la fiscalización.

Todos los años la minería chilena debe lamentar la muerte de más de 30 trabajadores. En 2010 –hasta septiembre- ya se habían contabilizado 31 muertos y si no hubiéramos vivido el milagro de la mina San José, el actual sería el año más negro en décadas en esta área productiva. A esa realidad apuntó en la madrugada del miércoles 13 Mario Sepúlveda, el segundo trabajador rescatado y el primero que decidió hablar con la prensa.

-Este es el momento de hacer cambios, este país tiene que entender de una vez por todas que podemos hacer cambios en el mundo laboral. No podemos quedarnos en esto- dijo ante las cámaras, junto a su familia, a sólo horas de haber salido a la superficie.

Este trozo de su mensaje fue poco difundido por los medios que han puesto el énfasis en los aspectos emotivos del rescate. Pero, como dijo Juan Somavía, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la felicidad del reencuentro no puede borrar el motivo por el cual Sepúlveda y sus 32 compañeros pasaron 69 días enterrados:

-El comienzo de esta dramática historia es que los mineros quedan atrapados porque las medidas de seguridad eran insuficientes. No nos podemos olvidar de eso -dijo el funcionario internacional.

Comisión en marcha

Precisamente esa es la petición que han estado formulando al gobierno trabajadores de distintos sectores productivos, según relata el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. El funcionario es vocero de la Comisión de Seguridad del Trabajo que se formó luego del accidente de la mina San José y que tiene como tarea entregarle al Presidente Sebastián Piñera recomendaciones para reformar la legislación laboral en materia de seguridad.

Al crear esta comisión Piñera sostuvo que el grupo debía revisar “nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros estándares y nuestras normas de seguridad” y también los mecanismos “y montos de las sanciones” para “crear en Chile una cultura del trabajo digno, sano y seguro”.

Para realizar eso la comisión ha convocado 24 audiencias públicas (diez en Santiago y 14 en regiones) en las que han participado sindicatos, expertos y empresarios. La última audiencia será este viernes en Puerto Montt y a partir de ese momento se dedicarán a extraer las propuestas para presentárselas al Mandatario el 22 de noviembre.

A estas alturas, sin embargo, ya están claros algunos problemas que cruzan a todos los sectores. Uno de los más recurrentes tiene que ver con la fiscalización:

-Ese sistema de fiscalización tiene que ser mejorado en cuanto a la capacitación de los funcionarios, pues aparecen problemas relacionados con falta de conocimientos en seguridad -dice el subsecretario Iglesias.

Por cierto, también faltan fiscalizadores, tal como se criticó en el caso de la mina San José, luego de que se denunciara que Sernageomin de Copiapó carecía de los funcionarios necesarios para supervisar los miles de yacimientos en operaciones en esa zona.

-Eso es cierto pero también tiene un límite. En Chile hay más de 800 mil empresas y es imposible tener los fiscalizadores para cubrirlas todas. En ese sentido, es muy interesante otro tema que ha aparecido en estas audiencias y que es entender el rol clave que tiene la prevención –sostiene Iglesias.

El subsecretario dice que “por una parte, es necesario que el empleador esté consciente de sus responsabilidades y provea al trabajador de la información y de los elementos de seguridad”. Y, en segundo término, señala, “necesitamos también que el trabajador adopte hábitos de trabajo seguro porque una buena cantidad de accidentes se produce incluso cuando el medio de trabajo no es inseguro”.

El funcionario es claro al indicar que las recomendaciones no irán por el lado de aumentar la fiscalización, sino de profundizar las medidas de prevención:

-Es importante entender que este no es un problema que se resuelva principalmente con regulaciones, sino con una actitud hacia el trabajo y hacia los riesgos –dice.

“Hay riesgo en todas las profesiones”

Más allá de esas líneas comunes, la comisión ha recogido críticas y sugerencias variadísimas y contradictorias. “Aquí no hay un cuento que refleje bien la realidad de todos los sectores. El tema es complejo y la comisión va a tener que hacer un buen esfuerzo para sintetizar normas en propuesta útiles”, asegura Iglesias.

-¿Cómo se va a llegar a normas que permitan aprender de lo ocurrido en San José y decir “con esta legislación esto no habría ocurrido”?
-Ese tipo de conclusión general, que haría fácil la vida de la comisión y de los legisladores, no emerge. El tema es más complejo.

-Pero la comisión surge a partir del accidente de San José. Tendría que proponer cosas que cambien algo la situación de seguridad…
-Sí, pero accidentes van a haber siempre. Porque una parte importante de los accidentes ocurre por conducta humana que ocurren en un minuto específico y eso está fuera del alcance de cualquier ley.

-También ocurren por negligencia, por normas que nos se cumplen para ahorrar recursos…
-El problema de San José es que esa empresa no estaba cumpliendo con nada, prácticamente. Tenía un grado altísimo de incumplimiento y eso, claro, con un buen sistema de fiscalización podría minimizarse. Pero es importante tener claro que no vas a poder evitar todos los accidentes. Y aquí hay un tema de fondo: piense en el piloto de aviones de acrobacia. Él sabe el riesgo al que se somete cuando hace cada pirueta, sin embargo, decide hacerlas. La diferencia entre ese piloto y una persona que en otra actividad decide tomar un riesgo concientemente es bien sutil y da para mucha discusión. Lo que si está claro es que en ambos casos por lo menos, las condiciones de riesgo deberían estar claras para el que las asume.

-¿Por qué para usted el caso de un piloto aéreo es valido para entender la situación de un minero que lo que quiere es volver a su casa sin salir lesionado? No entiendo la comparación.
-Porque hay riesgo en todas las profesiones. Los periodistas tienen riesgos. Los carabineros… Ahora, por ejemplo, se reclama que se está aumentado la intensidad de la fiscalización en la pequeña y mediana minería, eso está siendo criticado con el legítimo argumento de que cierra puestos de trabajo…. Esto ilustra que en su naturaleza el tema es bien complejo.

-Las empresas enfocadas a la exportación y que deben cumplir estándares internacionales tienen menos accidentes que las empresas dedicadas el mercado interno. Eso indica que, más que el riesgo propio de la actividad, lo que influye son las exigencias que se ponen a las empresas.
-Tiene que ver con eso, pero también con el tamaño de la empresa. Es más riesgoso trabajar en una Pyme que en una transnacional ¿Por qué? A lo mejor es por el financiamiento, es por la urgencia de la producción. Son hipótesis.

(*) En este trabajo colaboró Javiera Pacull.

Vea la mejor cobertura al rescate de los 33 en la prensa extranjera

Desde hace 70 días una pequeña mina de oro y cobre en medio del desierto chileno se convirtió en el punto más caliente de la agenda noticiosa mundial. Eran 33 los hombres que quedaron a 700 metros bajo tierra después de que el túnel de la mina San José colapsara. Pocos esperaban que sobrevivieran. Pero a las dos semanas desde que comenzó su búsqueda, apareció el mensaje: “Estamos bien los 33”, decía. Entonces comenzaron dos carreras: una contra el tiempo para sacarlos y otra en los medios, para cubrir cada uno de los aspectos relevantes –o no– de la historia. CIPER les presenta una selección de lo mejor de la cobertura extranjera del rescate que puso fin a un drama que amenazaba con ser otro punto negro en el año del Bicentenario, pero que terminó siendo un logro nacional.

Estados Unidos
El sitio web de The Washington Post tiene una línea de tiempo en vivo del rescate de los mineros. En ella van apareciendo uno a uno los 33 trabajadores de la mina San José a medida que emergen a la superficie. Al hacer link sobre cada uno de ellos, aparece una pequeña biografía. También tiene un video del rescate en tiempo real y una sección de fotos.

La sección The Big Picture del diario norteamericano Boston.com ya publicó una selección con las mejores imágenes del rescate.

Colombia
La portada de la web de Semana.com es encabezada con un especial titulado “Rescate: Hora Cero”. En un recuadro que está por sobre cualquier otra noticia, el medio incluye un perfil de cada uno de los mineros atrapados y las noticias actualizadas sobre la Operación San Lorenzo. Ahí también se puede encontrar la transmisión en vivo que realiza BBC Mundo desde la mina en Atacama.

Perú
El diario El Comercio suele encabezar la portada de su web con distintos videos. Hoy aparecen siete, y cuatro están relacionados con el rescate. El principal es un especial que cubre minuto a minuto los pasos claves del proceso que se lleva a cabo en la mina San José. Uno de ellos relata cómo el padre de Alex Vega, el décimo minero en salir, intentó pasar por rescatista con un nombre falso. Junto a los videos hay links a la transmisión en vivo, a un artículo en que Jorge Moreno, el enviado especial de El Comercio, relata el ambiente que se vive en la mina, además de una nota que explica qué es lo que pasa si la cápsula se atasca.

España
Al abrir el sitio web del diario El Mundo, lo primero que se ve es un recuadro con los rostros de los 33 mineros atrapados en blanco y negro y pixelados. A medida que van emergiendo de la mina, sus retratos adquieren color. “Bienvenidos a la vida” dice el titular principal. Allí también se ha seguido paso a paso el desarrollo del rescate y hay una actualización constante de lo que sucede. El artículo más reciente es un perfil sobre Luis Urzúa, el jefe de los 33 mineros y el último que subirá a la cápsula. El artículo revela que el padre y el padrastro de Urzúa fueron asesinados en la dictadura militar.

Inglaterra
El periódico The Guardian no sólo tiene un espacio dedicado al relato minuto a minuto de lo que sucede en el norte de Chile. También tiene una guía interactiva para el rescate de los 33 mineros. Allí se puede encontrar un perfil de cada uno de los trabajadores atrapados desde hace 69 días bajo tierra, un mapa que indica dónde se encuentra la mina y presentaciones interactivas de todos los intentos que se han realizado para sacar a los mineros.

Francia
El diario Le Monde también tiene en su portada una serie de notas relativas al rescate. Su artículo titulado “70 días desde el derrumbe de la mina” hace un recuento jornada a jornada de los sucesos que acontecieron desde el 5 de agosto, cuando el socavón colapsó, hasta hoy, cuando los 33 van saliendo uno a uno. “Reviva 70 días de angustia y esperanza”, dice en su bajada.

Alemania
Al menos la mitad del sitio principal del diario Süd Deutsche, uno de los más importantes del país, tiene información sobre el rescate de los 33. En su artículo principal se señala que el Presidente Sebastián Piñera lo hizo todo bien, tanto para el rescate como para el aumento de su popularidad. Pero al mismo tiempo, dice que el Gobierno sabía de los riesgos, expresados desde hace un tiempo por el sindicato de trabajadores de la mina San José, y no había hecho nada. El mismo artículo señala que a pesar de que en Chile el desarrollo de la minería es una de las principales actividades económicas, el país no ha ratificado el convenio internacional sobre seguridad y salud en las minas.

Italia
En la nota que La Stampa publicó bajo el título “Chile, a salvo el primer minero”, hay links a todos los videos que el diario italiano ha publicado sobre el tema. Uno de ellos compara el impacto mediático del caso de los 33 mineros con el de Alfredino Rampi un niño de seis años que en 1981 cayó a un pozo en Vermicino, un pueblo cercano a Roma. El país se paralizó y todos los medios giraron en torno a él durante el rescate. Dicen que lo de los 33 es algo que se repite casi con el mismo guión: “El mundo gracias a Internet y la TV ha sido capaz de seguir minuto a minuto todas las fases de un reality show surrealista que terminará con su rescate en la noche entre el 12 y 13 de octubre, por supuesto, en directo a través de la televisión mundial”.

Un sistema laboral que desprotege al minero

Las minas tienen grandes fallas de seguridad, a pesar de las ganancias de las empresas. Si en los últimos cinco años las utilidades de las mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. El incremento no tuvo correlato en la seguridad laboral.

La cuenta regresiva más dramática que ha vivido Chile en los últimos años ya se inició. El pulso y la esperanza se instalaron en un pequeño punto de Atacama, donde se prepara el rescate de 33 trabajadores de la Mina San José, atrapados a 700 metros bajo tierra desde hace dos meses y cuatro días. La operación ha demandado millones de dólares que hasta ahora han salido del bolsillo de todos los chilenos. Un absurdo, porque los mineros fueron sepultados por las pésimas condiciones de seguridad laboral en las que funcionaba una mina que registraba millonarias ganancias.

De hecho, sus dos propietarios están bajo arraigo, pero no por los daños que han experimentado en su prolongado encierro 33 de los mineros que trabajan para ellos. El dictamen judicial obedeció a un derrumbe acaecido el pasado 3 de julio y que terminó con un minero seriamente herido y con una pierna amputada.

“La empresa aseguró la producción antes que la integridad física y síquica de sus trabajadores”, afirmó en el juicio el fiscal regional. Una acusación en la que la Mina San José no es la excepción. Ni en seguridad laboral ni en ganancias.

Si en los últimos cinco años las utilidades de las empresas mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. A modo de comparación con otro sector de alta rentabilidad, vale la pena anotar que hasta agosto de este año los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.

De allí el nerviosismo con que el sector empresarial minero ha seguido las vicisitudes de los 33 mineros atrapados. Desde las entrañas de la tierra los chilenos han recibido durante dos meses un mensaje lacerante que les señala que los beneficios que obtienen las empresas del rubro no se condicen con el aporte que hacen al país y menos con los que obtienen los trabajadores del sector.

Un efecto claro de esta simple operación matemática fue el acuerdo logrado el 6 de octubre pasado entre el gobierno y la oposición para aumentar la tributación de las mineras. Lo que se anunciaba como un debate duro e interminable, con un poderoso lobby opositor de las empresas, se finiquitó entre risas y abrazos.

El aumento comenzará a regir por completo en 2018, con una tasa variable de entre 5% y 14%. Además, fija un periodo de transición con un gravamen de 4% a 9% entre 2010 y 2012. Otro absurdo. El 2011, cuando el tributo será menor, será un año en que todos los expertos prevén que el precio del cobre llegará a su mayor valor en cuatro décadas: entre US$ 3,5 y US$ 4 la libra (el precio promedio de este año llega a US$ 3,2).

Aún así, las empresas del rubro están disparando sus últimos misiles. Anuncian que esta alza de tributos afectará directamente la inversión extranjera en el sector, la que deberá buscar nuevos puertos. El mensaje llega directo a La Moneda y al Congreso, el que tendrá que legalizar el nuevo acuerdo tributario. Y se entiende. En carpeta para el período que va entre 2010 y 2015 se espera una inversión de US$ 50 mil millones en el sector minero.

El temor a una huída de la inversión extranjera, no es nuevo. Fue en 2002 cuando la agenda pública se inundó de la misma campaña. Entonces, el gobierno de Ricardo Lagos propicio por primera vez un aumento de los tributos a través de un royalty minero. El impuesto, cercenado, fue despachado en el Congreso. Y los resultados están a la vista. No sólo no hubo empresas que abandonaran Chile, sino que la inversión se duplicó al mismo ritmo que la multiplicación de sus ganancias.

No ocurrió lo mismo con la seguridad laboral. Un problema que hasta el 5 de agosto pasado, cuando el país entero se conmocionó con el derrumbe que sepultó a los 33 mineros en pleno desierto de Atacama, era invisible. Y ello, a pesar de que la minería es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, con un 15,5% del total en 2009.

Transcurridos 65 días, no hay escuela, oficina o comercio donde no se sepa que ello fue producto de la carencia absoluta de las mínimas condiciones de seguridad y la débil fiscalización del Estado a las faenas mineras para garantizar el derecho a la vida de quienes extraen el llamado “sueldo de Chile”.

(*)Este artículo fue publicado originalmente por el diario argentino Clarín, el domingo 10 de octubre.

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