Juicio por cohecho contra SQM: Juez acoge salida alternativa y el CDE anuncia que apelará

Por Fernando Vega

Pese a los intentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evitar la suspensión condicional del juicio por cohecho contra SQM y su gerente general, Patricio Contesse, el Octavo Juzgado de Garantía aceptó la suspensión condicional de la investigación. En una audiencia que se extendió por casi tres horas, el viernes 26 de enero, el juez Luis Avilés aprobó el acuerdo entre la minera controlada por Julio Ponce Lerou y el fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se opone a la suspensión, mantendrá su rechazo a este acuerdo que permitiría a SQM zafar de su responsabilidad jurídica por el delito de cohecho y apelará la próxima semana. Así lo confirmaron fuentes de la entidad.  Existe un plazo de cinco días que vence este miércoles 31 para que el CDE apele.

La entidad solicitó el jueves 25 de enero al tribunal ampliar la querella a las filiales de SQM: SQM Salar y SQM Nitratos (vea aquí el escrito que presentó el consejo para detener la suspensión condicional). También pidió la realización de nuevas diligencias, lo que fue admitido por el Tribunal. Pero tras decretarse la suspensión de la investigación, éstas sólo podrían realizarse en el caso de que la Corte de Apelaciones acepte la reclamación del CDE.

El consejo sostiene que la investigación desarrollada por el Ministerio Público comprobó que Contesse administraba “una verdadera unidad de negocios independiente, exenta de auditoría o control alguno, y liberada del imperio del modelo de prevención de los delitos que había implementado -formalmente- la empresa, y que tenía por objeto pagar servicios inexistentes a funcionarios públicos a través de interpósitas personas como fundaciones u otro tipo de entidades”.

Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y sus filiales acusadas
Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y sus filiales acusadas

El CDE argumenta que pese a la existencia de un modelo de prevención de los delitos al interior de SQM; éste sólo operaba en el papel ya que sus normas y recomendaciones no fueron tomadas en cuenta por el gerente general de la minera.

El viernes 26 de enero, tras ser beneficiada con la suspensión del proceso, SQM se comprometió a pagar una multa de $2.550 millones (US$4,2 millones); de los cuales $900 millones irán a beneficio fiscal y los otros $1.650 millones a cuatro fundaciones que la compañía propuso. Además, la minera entregará al Ministerio Público un informe con las medidas anti corrupción que irá implementando dentro de la organización para evitar nuevos episodios de cohecho.

La suspensión condicional del proceso contra SQM fue propuesta por el fiscal de Valparaíso Pablo Gómez y avalada por el fiscal nacional Jorge Abott. En la práctica, la salida judicial significa que la empresa no será condenada –como persona jurídica– por los hechos de corrupción derivados de los pagos que Contesse, realizó a cercanos del ex ministro de Economía Pablo Longueira, y a las fundaciones que el también ex senador creó y de las cuales SQM era el principal financista.

Esos pagos a sus fundaciones son algunos de los hitos judiciales que muestran el vínculo de dependencia del ex ministro Longueira con la minera, debido a los múltiples aportes económicos que recibió de manos de Contesse, quien además era su amigo personal.

Hace dos semanas, en declaraciones a Radio Duna, el fiscal Pablo Gómez defendió así el acuerdo ratificado este viernes 26 con la minera: “Esta es por lejos la mejor salida a la que podríamos optar”, dijo, y argumentó que “llevamos tres años en esta investigación, no es una decisión que se esté tomando en los albores de ella, se está tomando al término de la misma”.

ATENUANTE CUESTIONADA

Según el CDE, si bien en los estatutos y documentos oficiales entregados a las autoridades de Chile y Estados Unidos, SQM argüía tener funcionando un modelo de prevención del delito, lo que el Ministerio Público aceptó como atenuante que posibilita la salida alternativa, el historial de sobornos pagados por la minera demuestra que ese sistema de prevención era “completamente ineficaz”.

Tanto los documentos oficiales de la minera como los testimonios judiciales de sus ejecutivos, acreditan que Patricio Contesse, entonces gerente general de la minera y de las dos filiales acusadas, manejaba exclusivamente un monto de libre disposición que no tenía ningún control institucional. Este monto osciló entre US$3,3 millones en 2008 y US$5,7 millones en 2014. De esa “caja chica” salieron los pagos ilegales de SQM a los políticos.

De hecho, en el juicio que debió enfrentar SQM en Estados Unidos por los “pagos indebidos a políticos”, la empresa reconoció haber utilizado US$14,75 millones entre 2008 y 2014 para ese fin (pagos sin respaldo). En ese país, SQM libró de una condena pagando dos multas que totalizaron US$30 millones.

Una de las huellas de la falla del modelo de prevención de delitos es que éste no evitó que la compañía fuera beneficiada de forma ilegítima durante la tramitación de la ley del royalty minero en 2010.

$719,9 MILLONES A LONGUEIRA

Según el del CDE, en la época en que se cometieron los hechos de sobornos por los que SQM está acusada, Patricio Contesse era su gerente general y ejercía el mismo cargo en las filiales SQM Salar y SQM Nitratos. Según el CDE las tres empresas se habrían beneficiado luego de acogerse a un régimen de invariabilidad tributaria que les permitió pagar menos impuestos.

Cuando Pablo Longueira ejercía como senador, solicitó al gerente general de SQM, Patricio Contesse, aportes mensuales para las Fundaciones Web y Chile Justo, de las cuales era su fundador, presidente y miembro del directorio (ver reportaje de CIPER). Además, el ex ministro de Economía habría recibido dinero a través de boletas de honorarios falsas, emitidas por terceros a nombre de SQM S.A. y SQM Salar por trabajos y servicios inexistentes. Las boletas eran requeridas y obtenidas a instancias de la asistente histórica y mano derecha de Longueira, Carmen Luz Valdivielso.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

“Este cúmulo de beneficios económicos o prebendas, entregados a Juan Pablo Longueira Montes y sus fundaciones, de manera sistemática, constante y permanente, condicionaron a Juan Pablo Longueira y lo determinaron para actuar en pos de los intereses de la empresa SQM S.A., y sus filiales, desde las funciones públicas que le correspondió desarrollar, como parlamentario, Ministro de Estado y líder o referente dentro de la Alianza Política de Gobierno, ejerciendo influencias y actuando -en ese cometido- con infracción a los deberes del cargo”, dice el CDE en la ampliación de la querella.

La acción judicial del Consejo de Defensa del Estado apuntaba también “contra todos los que resulten responsables” de los ilícitos contemplados en la Ley 20.393 (de responsabilidad penal de personas jurídicas, en los casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho).

En la  querella se argumenta que Longueira, en su calidad de ministro de Economía, jamás se inhabilitó e incluso firmó los dos contratos que consagraron el beneficio tributario por el royalty minero, “a pesar del conflicto de intereses que le afectaba”. A la fecha, se lee en el documento del CDE, el entonces ministro estaba recibiendo aportes de SQM “mediante la emisión de boletas de terceros, ideológicamente falsas, como por aportes de SQM Salar a sus fundaciones Web y Chile Justo”.

De acuerdo con el escrito, Pablo Longueira recibió de SQM y sus filiales un total de $719,9 millones mientras ejerció funciones públicas.

FALLAS EN LOS CONTROLES INTERNOS

En la fundamentación de la ampliación de su querella original, el CDE apuntó a SQM Nitratos y SQM Salar “por cuanto los hechos constitutivos del delito base ejecutado por su gerente general se dieron directamente en su interés y provecho”.  Y se reitera que la minera -como persona jurídica- permitió la ocurrencia de los sobornos debido a fallas en sus controles internos.

“Existía una total ausencia de mecanismos de control y una falla sistémica en los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitieran a la entidad prevenir su utilización en los delitos señalados. La responsabilidad de las personas jurídicas involucradas resulta palmaria”, se argumenta.

Fiscal Pablo Gómez
Fiscal Pablo Gómez

El CDE expone como prueba que el informe encargado por la propia SQM al estudio de abogados estadounidense “Shearman & Sterling LLP” y a “Vial Serrano Abogados” para analizar las situaciones irregulares en las que habría incurrido, se describen una serie de recomendaciones a implementar dado que su programa de prevención y cumplimiento no era eficaz.

“En suma, las sociedades imputadas carecían de un sistema de prevención idóneo que le habría permitido eximirse de responsabilidad penal”, indica la ampliación de querella del CDE.

Tanto los argumentos como las diligencias pedidas por el organismo intentaron echar  por tierra la piedra angular en que se sustentaba la suspensión condicional ofrecida por el fiscal Pablo Gómez: que SQM contaba con un efectivo sistema de prevención del delito. Ahora que el juez Avilés aceptó la suspensión, será la Corte de Apelaciones la que debe zanjar la controversia entre el CDE y la Fiscalía.

Este artículo fue actualizado el viernes 26 de enero de 2018 a las 19:11.

Intervención de Cooperativa Financoop pone en jaque nuevo banco de Vicente Caruz

Cuando el 14 de agosto pasado el Ministerio de Economía resolvió intervenir la Cooperativa Financoop, la cuarta más grande del país, la noticia no provocó mayor revuelo. A pesar de que la medida generó un “corralito” de $43 mil millones que hoy tiene a más de dos mil personas y sociedades con sus depósitos congelados y sin garantía de devolución. Lo que en ese momento no se supo, es que la decisión de la autoridad económica de bajarle la cortina a esa cooperativa, tuvo otro efecto financiero: puso en jaque al nuevo banco que el ex controlador del Banco del Desarrollo, Vicente Caruz, planeaba inaugurar a fines de este año.

“El objetivo es hacer un banco competitivo y, al mismo tiempo, con contenido social. Aunque seremos un banco distinto, vamos a competir con todo el sistema bancario”,  anunció en julio de 2016 el empresario Vicente Caruz en el diario La Tercera. En la misma nota, fijó para fines de este año la apertura de su nueva entidad financiera. En paralelo, a través de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, de la que es socio, compraba participaciones en otras dos cooperativas y negociaba con otras entidades similares, paso necesario para hacer viable su nuevo banco.

Vicente Caruz
Vicente Caruz

Con sus más de 50 mil clientes, Financoop era la punta de lanza del proyecto bancario del grupo liderado por Caruz. Solo le faltaban la licencia y el capital inicial.

Creada en 2006 por Caruz -y sus socios de la Sociedad de Inversiones Norte Sur– Financoop no había hecho otra cosa que crecer en los últimos nueve años. Tanto, que en julio pasado ya era considerada la cuarta cooperativa más grande del país (por detrás de Coopeuch, Oriencoop y Capual), con créditos por $46.447 millones y depósitos por $44.460 millones. Además, tenía oficinas en cinco regiones y una red de acuerdos con cooperativas de todo el país que le permitía distribuir en otras 13 ciudades –desde Arica a Osorno- productos financieros, como créditos con aval del Estado o préstamos para pequeños empresarios.

Un deterioro patrimonial que pone en riesgo la viabilidad de la entidad, fue el argumento que esgrimió el Ministerio de Economía para decretar la intervención de Financoop. El 14 de agosto el 23 Juzgado Civil de Santiago decretó la paralización de la cooperativa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del proceso.

Financoop “incurrió en una irregular práctica contable respecto de su cartera crediticia, que trae como consecuencia que los resultados que presenta no reflejan la crítica situación económica que realmente tiene”, se lee en el libelo acusatorio del CDE.  Y la acusó de haber implementado “una estrategia que impide evidenciar el problema real de los créditos impagos”, los que cuantificó en $13.645 millones.

El CDE solicitó al tribunal que decrete la disolución de la cooperativa, retenga sus bienes (oficinas y equipos avaluados en $293 millones) y sus inversiones financieras (otros $1.278 millones depositados en al menos cinco bancos) y le prohíba celebrar cualquier tipo de contrato. También le pidió nombrar un interventor.

La versión de los ejecutivos de Financoop es distinta. En conversación con CIPER, dos de ellos, que pidieron reserva de su identidad, afirmaron que el 28 de mayo pasado se había alcanzado un preacuerdo con el gobierno para revertir la situación. Ello se haría mediante la creación de una fundación -al alero de Financoop- que recibiría todos los créditos malos, limpiando así los balances de la institución. Esta fórmula de separar los pasivos contaminados es la misma que usó la banca chilena durante las crisis del ‘82 para seguir operando.

Los mismos ejecutivos de Financoop dijeron a CIPER que ese acuerdo fue ratificado el 2 de mayo, cuando ofrecieron al gobierno un plan de capitalización por US$2 millones, con el compromiso de reinvertir las utilidades durante los próximos años. Y que incluso le plantearon acogerse a la Ley de Quiebras y reorganizarlo todo.

Eso fue exactamente lo que hicieron los controladores de Financoop en estos últimos días. El interventor nombrado por el tribunal, Juan Manuel Valenzuela, llevaba apenas unas horas apersonado en las oficinas de la cooperativa, cuando los accionistas de Financoop acudieron al 30 Juzgado Civil de Santiago para intentar acogerse a la Ley de Quiebras y así evitar su disolución. La jugada de los dueños de Financoop generó una compleja situación legal que dejó en una difícil situación al Ministerio de Economía, aún bajo la conducción de Luis Felipe Céspedes.

-La Cooperativa (Financoop) quiere burlar las acciones judiciales ya iniciadas mediante el proceso de reorganización –fue la opinión entregada por abogados del CDE a CIPER.

1111-820x385Ese no fue el único movimiento estratégico realizado por los controladores de la cooperativa intervenida. El jueves 24 de agosto, su abogado Rodrigo Zegers, solicitó al 23 Juzgado Civil que se oficie al CDE para que ponga a disposición del tribunal el currículum vitae y los antecedentes que tuvo en cuenta al proponer como interventor al abogado Valenzuela. En el oficio, afirman que Valenzuela tiene vínculos laborales y de amistad con el jefe del área de fiscalización y supervisión de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía,  Zoran Ostoic.

Así, Financoop y el Ministerio de Economía están enfrentados a tres bandas en tribunales. En el 29 Juzgado Civil de Santiago se discute si la cooperativa debe entregar o no la nómina de depositantes -como lo ha pedido el gobierno desde el 10 de abril- “con el fin de proteger los depósitos de los ahorrantes”, según dijo a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili. Mientras que en el 23 Juzgado se tramita la disolución de la cooperativa y en el 30 Juzgado, la decisión de acoger o no la quiebra.

Si el tribunal decide disolver Financoop, la cooperativa será liquidada; pero si acepta su reorganización, ésta podría seguir operando. Para el proyecto bancario de Caruz, la primera salida sería la sepultura. Además de los US$30 millones de capital mínimo inicial que hay que documentar para abrir un banco en Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) califica la reputación de los dueños, con especial atención en que no hayan estado involucrados en escándalos financieros, antes de aprobar una solicitud.

En 2007, Vicente Caruz y sus socios de Inversiones Norte Sur vendieron en US$1.170 millones el Banco del Desarrollo a los canadienses de Scotiabank. El mercado esperaba su retorno al negocio en cualquier momento. Durante 25 años, el empresario fue la cara pública del Banco del Desarrollo, primero como su gerente general y después como su presidente. Su participación en el sistema financiero, su cercanía con la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica, uno de sus grandes clientes, lo convirtieron en un personaje influyente en esa industria.

UN TERCIO DE LOS CRÉDITOS EN PROBLEMAS

Hasta antes de su caída, Financoop era la envidia del sector. La cooperativa tenía oficinas modernas, su personal era mayoritariamente universitario y su agresiva estrategia comercial denotaba la llegada de un actor más competitivo a un sector caracterizado por un estilo tradicional y reposado de hacer negocios.

Cuando comenzaron los primeras señales de que Financoop estaba en problemas, varios ejecutivos del rubro se los atribuyeron a la audacia de la cooperativa. Otros, a dos dictámenes de la Contraloría General de la República que fueron una verdadera desgracia para el sector. Entre 2009 y 2010 los montos que las cooperativas podían descontar por planilla de los créditos entregados a sus afiliados, bajaron desde un 40% hasta el 15% para el sector público, y hasta 25% en los privados y las Fuerzas Armadas. Hasta 2010, el 60% de los clientes de Financoop trabajaba para el Estado.

Natalia Piergentili
Natalia Piergentili

El dictamen de Contraloría obligó a todo el sector a ingeniar nuevas fórmulas para diferir el impacto de las nuevas normas. De haberlo hecho de golpe varias cooperativas habrían desaparecido.

Pero los problemas de Financoop no se originaron en el cambio de las reglas. Había desorden y cuentas poco claras. Un informe sobre el estado de la cartera de créditos, emitido en mayo de este año por el experto Sergio Álvarez, responsabiliza a la administración de la cooperativa de haber creado subsegmentos de la cartera para ir trasladando los préstamos impagos “de modo de no reflejar el riesgo efectivo de ellas”.

En el documento de 28 páginas, el experto da cuenta de situaciones irregulares, como calificar de “vigentes” a créditos que nunca pudieron ser cobrados. Tampoco había información fidedigna de un sector de la cartera de clientes y las cuotas pagadas con cheques protestados fueron contabilizadas como canceladas. Nadie persiguió la recuperación de ese dinero. Financoop, dice en su informe Sergio Álvarez, ni siquiera contaba con un software básico “similar al de las empresas del ramo”, para registrar como se debe, las operaciones y las alertas de cobro.

El experto concluyó que, de los $13.645 millones de créditos con problemas, que equivalen al 30,9% de todos los préstamos otorgados por Financoop, en el mejor de los casos se podrían recuperar $8.073 millones y $4.142 millones en el peor escenario.

“El origen de la cartera con deterioro es en general de una antigüedad mayor a tres años y ella se incubó en sistemas de información poco robustos, insuficientes controles internos y debilidades en la gestión que han permanecido a lo largo del tiempo”, describió el experto.

Todas las irregularidades descritas recuerdan el millonario monto de los créditos incobrables que los ejecutivos de La Polar siguieron registrando por años como “activos por cobrar” y que provocaron en 2011 el estallido de uno de los mayores fraudes financieros del país.

-Se revisó exhaustivamente desde 2010 hasta 2017, y se encontró que entre 2013 y 2014 ya existían señales de una mala práctica en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos, y por ende de las provisiones. Se les solicitó rectificar, lo que se hizo efectivo. Pero es solo hasta el año 2017 que se encuentra claramente un deterioro de la cartera de Financoop –explicó a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili.

ALERTAS EN ABRIL

Abril de 2016 fue clave para Financoop. El 21 de ese mes, ingresaron a su consejo Daniel Albarrán (ex gerente general del Banco de Desarrollo y ex subsecretario de Pesca), Ernesto Livacic (ex superintendente de Bancos) y Richard Muñoz (consultor). Los tres se sumaron a Sergio Fernández (ex diputado DC), Hugo Trivelli (ex presidente de EFE), Carlos Mladinic (ex ministro de Agricultura) y Juan Carlos Accorsi. Todos ex socios o ejecutivos ligados a Norte Sur, al mismo Caruz y/o a la Democracia Cristiana.

A esa fecha, además, se había producido un distanciamiento entre Caruz y sus socios de Norte Sur, lo que se tradujo en la salida de esa sociedad de Financoop. Su participación fue comprada en unos $400 millones por la francesa SIDI, una sociedad de inversión de la ONG Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.

En Financoop, SIDI actuaba en bloque junto a Caruz. Con los votos de esa entidad, Accorsi y Mladinic obtuvieron sus asientos en el consejo.

Aunque la ley prohíbe que una misma persona o grupo maneje más del 10% de la propiedad de una cooperativa, en la práctica, Financoop era dirigida por los ex dueños del Banco de Desarrollo. Junto a los franceses y otros pequeños minoritarios controlaban en torno al 40% de la institución. El otro 60% está en manos de 50 mil socios de la cooperativa, la mayoría pasivos. Hay que recordar que cuando una persona pide por primera vez un crédito a una cooperativa debe hacerse socio de ésta comprando una o más cuotas, por lo que la mayor parte de los “asociados” no ejerce derechos por su participación.

2015 -En abril de este año, parte del directorio de Financoop, que estaba recién asumiendo, comentó a la división que detectaron un criterio de provisionamiento que les parecía irregular. Por ello, solicitaron una auditoría externa. Esto nos alertó de que el informe de auditoría que teníamos respecto del cierre del año anterior (2016) no reflejaba la verdadera situación de la cooperativa y nos hizo solicitar información -mediante oficio- para verificar la veracidad de la información recibida. Se solicitó, entre otros antecedentes, la remisión de los archivos contables y monto de las provisiones asociadas a cada crédito, además del archivo de captaciones y la cuenta de capital de cada socio –señaló a CIPER, la subsecretaria Piergentili.

El 7 de abril de 2017, Livacic y Albarrán llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Economía para reunirse con Zoran Ostoic; la jefa de la división de empresas de menor tamaño, Alejandra Dagnino; y el coordinador de los asesores del ministerio, Juan Cristóbal Marshall. Dijeron que iban a informar de los problemas. En ese encuentro también participaron dos funcionarios de la SBIF, pese a que por tener un patrimonio inferior a UF 400.000 (US$ 16,4 millones), Financoop es fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y no por la Superintendencia de Bancos.

Según relatan en Financoop, luego de esa reunión siguieron comunicándose con la autoridad e incluso se habla de un encuentro informal el sábado 8 de abril entre miembros del Consejo de Administración de Financoop y Ostoic en un café de Ñuñoa. Allí los directivos de la cooperativa habrían informado al funcionario de la Decoop -–ex jefe de gabinete de la alcaldesa Carolina Tohá en Santiago- sobre el plan de la administración para fortalecer a la cooperativa.

-La información recibida el 18 de abril fue insuficiente para analizar la cartera de colocaciones, fundamentalmente por la falta de información respecto de las provisiones -reiteró la subsecretaria Piergentili a CIPER.

Unos días después, el 28 de abril, la nueva administración de la cooperativa decidió despedir al entonces gerente general, Patricio Riquelme, argumentando “falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo”, según se lee en el escrito de Financoop en el que solicita levantar las medidas prejudiciales.

El 15 de mayo de 2017, el Consejo de Financoop decidió rechazar el balance de 2016 y contrató al economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, para que emitiera una opinión sobre el plan de fortalecimiento, el que consideraba un aumento de capital de US$2 millones.

-Entre el 6 y el 7 de julio de 2017 se realizó una fiscalización in situ donde se revisaron diversas materias contables, en especial la cartera de créditos y materias legales, tras lo cual, y el posterior análisis de la información, se pudo conocer el alcance del problema patrimonial de Financoop. Antes de eso, y con las consecutivas prórrogas y entregas no satisfactorias de material, no había información concluyente para evitar que la cooperativa siguiera operando con normalidad -explica Piergentili.

La decisión de bajarle la cortina a Financoop –reiteró la subsecretaria de Economía-, se debió a la ausencia de información y a la “imposibilidad de determinar con certeza su daño patrimonial”.

“CORRALITO” MILLONARIO Y SIN GARANTÍA

Tras la decisión del 23 Juzgado de decretar una serie de medidas prejudiciales precautorias en contra de Financoop, $43.206 millones quedaron retenidos a la espera de las próximas decisiones. Es un “corralito” que afecta a 2.174 clientes, de los cuales más de la mitad corresponde a personas naturales que tenían depósitos a plazo entre $500 mil y $10 millones. El resto, son ahorrantes entre $10 millones y $120 millones, divididos entre personas y sociedades de diverso tipo.

Las atractivas tasas de interés -40% más altas que el promedio de la banca- actuaron como un poderoso imán para los inversionistas que confiaron en esa cooperativa. La mayoría de ellos no aquilató el riesgo que implica confiar su dinero a una entidad que no cuenta con la garantía estatal a los depósitos.

Lo grave es que la cartera de Financoop la componen mayoritariamente trabajadores y jubilados de casi 200 instituciones (sindicatos y asociaciones de diversas áreas de la economía), quienes por ahora tienen sus ahorros inmovilizados.

Entre los afectados también figuran otras cinco cooperativas que mantenían parte de sus ahorros en la entidad: Andescoop (Los Andes), Bansur (Osorno), Islacoop (Isla de Maipo),  Mujercoop  (Santiago) y Santa Inés (Viña del Mar). En total, las cinco registran depósitos a plazo por  unos $1.770 millones que ahora también están inmovilizados.

OPERACIÓN BDS

“Esta invitación, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), tiene dos dimensiones. La primera, es invitarlas a unirse como parte de los emprendedores nacionales que sumen sus esfuerzos de capital para dar vida a esta entidad, en una forma y modalidad que se ajuste a la ley y la normativa. La segunda invitación a las CACs, es a generar una red de alianzas con BDS, que de origen a una relación virtuosa”, dice la carta que entre fines de 2016 y hasta hace algunas semanas recibieron varias cooperativas del país y a la que tuvo acceso CIPER.

LivacicLa firma el gerente del Proyecto BDS o Banco del Desarrollo Social, Ernesto Livacic, quien además es miembro del consejo directivo de Financoop. En paralelo a la carta, Livacic se reunió con ejecutivos de cooperativas, ofreciéndoles participar en el proyecto del nuevo banco. En concreto, les propuso convertirse en accionistas de la nueva entidad, a través de la entrega de recursos, a cambio del acceso a productos financieros tan atractivos para este segmento, como tarjetas de crédito e hipotecas, entre otras alternativas de financiamiento.

Según recogió CIPER entre los representantes de las cooperativas que recibieron a Livacic, la propuesta consistía en replicar el modelo de corresponsalías bancarias: ellas pondrían a sus clientes y sucursales a disposición del BDS y cobrarían una comisión por servicios y todo lo que permita la norma. BDS pretendía aprovechar el atractivo mercado que atienden las cooperativas: 1,7 millón de personas según cifras del Ministerio de Economía. Un pilar de clientes para cualquier banco que está partiendo.

Todas las cooperativas que mostraron interés en el nuevo banco (BDS) impulsado por los controladores de Financoop, recibieron además de la carta formal de invitación un Memorándum de Entendimiento (MoU), que no consideraba compromisos de inversión pero sí, un extenso párrafo con exigencias de confidencialidad. Se esperaba, que las conversaciones culminaran “con la conformación de una alianza formal durante el primer semestre de 2017. En paralelo, estamos trabajando para solicitar en esa fecha la solicitud de licencia bancaria a las autoridades”.

En ese documento (MoU), se informa que el proyecto del BDS es propiedad de la sociedad Desarrollo y Redes, vehículo de inversión que en 2014 crearon Vicente Caruz y sus ex socios del Banco del Desarrollo.

Al momento de la intervención de Financoop (14 de agosto), Caruz ya contaba con el visto bueno de dos cooperativas: Bansur y Concredicoop. Para concretar el negocio, Caruz ingresó a ambas como socio durante 2016.

En Bansur, cooperativa con base en Osorno, el empresario ocupa un puesto en su consejo gracias a la participación del 4% que compró como persona natural. A Concredicoop, cooperativa de la Región Metropolitana, ingresó Financoop también en 2016, pagando $190 millones por su participación (4%). El 24 de marzo de este año, esa cooperativa vendió parte de su cartera de créditos por un monto de $1.591 millones, la que también presentaba problemas.

El 25 de abril pasado, desde el Ministerio de Economía, Zoran Ostoic preguntó por oficio a Financoop las razones de su inversión en Credicoop. “Esto se fundamenta en la esencia de las cooperativas”, fue la respuesta de sus ejecutivos.

-No se estaba en conocimiento del proyecto del banco de Financoop, considerando, además, que la constitución de bancos no es algo que corresponda a la DAES -afirmó a CIPER la subsecretaria Piergentili.

El contrato que enfrenta a los funcionarios del CDE con su presidente

Hice una pelotudez superlativa”, reconoce el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, cuando se le pregunta por la carta que el 17 de marzo pasado envió a los 549 funcionarios de la institución. La misiva llevaba el sello del CDE y el de la empresa Inmune, contratada para buscar formas de reducir el ausentismo laboral. El texto generó alarma entre los funcionarios por dos razones: lo leyeron como una amenaza y pronto descubrieron que Piña había estado vinculado a la propiedad de Inmune.

Piña debió convocar a todos los funcionarios al primer piso del edificio de calle Agustinas para intentar calmar los ánimos, explicándoles que la iniciativa no buscaba perseguirlos y que el proyecto con Inmune se congelaría mientras trabajaban en buscar un acuerdo con las asociaciones gremiales. Y aunque los funcionarios fueron receptivos a las explicaciones, el tema no está cerrado. “Seguimos en estado de alerta”, dice el abogado Estanislao Dufey, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE.

Jorge Nazer
Jorge Nazer

Lo que más les preocupa es el riesgo de que se haya entregado información personal de los funcionarios a Inmune, que según su página web se dedica a “promover el buen uso de las licencias médicas y ayudar a reducir el fraude en el sistema de salud”. El mismo sitio tiene un su portada un formulario para denunciar anónimamente el uso de licencias fraudulentas y la empresa es conocida por representar judicialmente a las isapres para perseguir a los médicos acusados de emitir permisos cuestionados.

La polémica carta que Piña envió a los funcionarios parecía ir en esa línea, destacando que en el último año el 6,78% de las licencias en el CDE habían sido otorgadas por doctores que han sido denunciados por la Superintendencia de Seguridad Social, “lo que probablemente por desconocimiento de nuestros funcionarios, puede levantar suspicacias injustificadas sobre sus licencias médicas (ver carta). En palabras de un abogado del CDE, parecía estarse imputando delitos a los funcionarios de una institución repleta de penalistas. Para la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, Luppy Aguirre, la carta parecía una “velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”.

Ese mensaje es justamente el que el Grupo Alto, holding del que es parte Inmune, mandaba a sus hogares a quienes creían haber identificado como autores de robo hormiga de los supermercados. Alto fue creado en 2003 por el abogado Jorge Nazer, junto a su amigo Juan Ignacio Piña, hoy presidente del CDE. Es por eso que Piña, quien dice haber vendido sus acciones de Alto en 2013, se inhabilitó al momento de suscribir el contrato con Inmune, que fue firmado por la consejera Clara Szczaranski. Eso tranquilizó a los funcionarios, quienes revisaron la licitación realizada a través de Chile Compra y confirmaron que Piña no había participado en el proceso (ver contrato).

Inmune fue creada en diciembre de 2007 por Asesorías e Inversiones Puerto Varas S.A., propiedad de Nazer, y Alto S.A., donde participaba también Piña. Tuvo varios nombres: nació como Servicios Alto Tecnología Limitada, luego pasó a Alto Control Salud Limitada y finalmente en 2014 fue rebautizada como Servicios y Asesorías Inmune Limitada.

Nazer es actualmente el presidente del Grupo Alto y sigue siendo socio de Piña en Inmobiliaria e Inversiones Alto, empresa que según el presidente del CDE no está ligada de ninguna forma a la estructura del grupo y se dedica sólo al negocio inmobiliario. Arrienda oficinas en el edificio ubicado en Miraflores 130. En 2012, por ejemplo, Piña y Nazer firmaron un contrato de alquiler con la Superintendencia de Servicios Sanitarios por todo el piso 10. Entre los pisos 11 y 13 funciona el Grupo Alto.

EL MIEDO A INMUNE

El precedente que preocupa a los funcionarios del CDE es la consultoría que en 2015 Inmune realizó al Poder Judicial. El resultado del estudio fue publicado en enero El Mercurio, que destacó que el 5,94% de las licencias había sido emitida por “médicos fraudulentos”. Según informó en febrero Radio Biobío, a partir del informe de Inmune una funcionaria del Poder Judicial fue suspendida y cuatro médicos fueron sancionados.

En la nota de El Mercurio aparecía entrevistado el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien utilizaba la información de Inmune para defender las alzas de las isapres y la inconsistencia del Poder Judicial, que acoge los recursos que anulan esas alzas: “Este trabajo refleja las inconsistencias de los fallos de los jueces. Se incrementa el uso de licencias médicas en el propio Poder Judicial, pero no reconocen los aumentos de costos en licencias médicas que justifican las alzas de precio de los planes“.

Los funcionarios del CDE critican que los resultados de esa consultoría se haya “filtrado” a la prensa y creen que las declaraciones de Caviedes dan cuenta del mal uso que las isapres pueden hacer de esa información, si es que Inmune se las da a conocer. La empresa ha representado legalmente al menos a Banmédica y Colmena en las querellas contra médicos sancionados por la Superintendencia de Salud.

logos-alto-inmuneEl abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

Piña coincide con ese diagnóstico y explica que en los últimos años en el consejo ha aumentado la carga laboral, sin que haya sido posible ampliar la planta. Es por eso que busca convencer a los funcionarios de que es necesario tener un diagnóstico preciso del problema, para persuadir al Ministerio de Hacienda de que la gente se está enfermando y se necesitan más recursos para hacer crecer la dotación.

El presidente del CDE explica que la necesidad de hacer un estudio nació después de que Hacienda les comunicara que eran el tercer servicio con peor recuperación de licencias médicas a las isapres y tras constatar que entre 2014 y 2015 el ausentismo laboral había aumentado en un 23%. La licitación que ganó Inmune, indica Piña, se enmarca en un proyecto de modernización institucional, con fuerte énfasis en recursos humanos, financiada por el BID.

A la licitación, hecha a través de Mercado Público, se presentaron cuatro empresas. Inmune tuvo el puntaje más alto y su oferta era igual al máximo del presupuesto permitido: $18 millones. Ya se canceló el 80% ($14,4 millones) pues, según dicen en el CDE, se cumplieron las dos primeras etapas del contrato: un informe de diagnóstico de ausentismo en la institución y estrategias de gestión y de intervención, y de comunicación. Es en el contexto de esta segunda etapa comunicacional que se envió la polémica carta. La última fase, que está congelada por las conversaciones con los gremios, debiera consistir en capacitaciones, charlas y talleres.

Piña reconoce que las inquietudes de los funcionarios son “razonables”, pero cree que es necesario seguir trabajando para disminuir el ausentismo: “Lo más fácil sería rescindir el contrato, dejar de hacer ruido, no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí para hacer la pega. Las dos asociaciones entendieron que es un problema del que tenemos que hacernos cargo”.

-El kick off (la partida) fue fatal y ahora lo que tengo que hacer cada dos minutos es tratar de recomponer eso. Estoy dedicado en este minuto a devolverle la tranquilidad a la gente respecto a la información que se entrega, de los doctores que entregan las licencias, etc. Aquí el partido que estamos jugando es otro. Es súper forme que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal. Pero qué voy a hacer, ahora tengo que hacerme cargo nomás, y tengo que arreglar el asunto-, concluye Piña.

CDE pide al fiscal nacional que dirija la investigación contra Wagner por fallida licitación del litio

Una carta con el sello del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a la Fiscalía Nacional el pasado miércoles 20 de mayo. Su destinatario era el fiscal nacional, Sabás Chahuán. Venía también con un anexo: la copia de una querella presentada el 27 de julio de 2013 en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación o uso malicioso de instrumento público. Los acusados eran el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la ex fiscal de ese ministerio, Jimena Bronfman. Ambos fueron imputados por su rol en la primera licitación del litio, un proceso millonario que fue adjudicado fraudulentamente a SQM y que, tras descubrirse una serie de irregularidades, fue anulado (ver reportaje de CIPER). Por eso Wagner tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Minería. A través del documento que lleva la firma de la abogada Irma Soto, el CDE le pidió al fiscal nacional que se haga cargo personalmente de dirigir la investigación de esa causa. Los motivos son dos. El primero, “por la investidura de las personas involucradas”. El segundo –y el más importante–, porque los datos que podrían surgir de esa investigación serían clave para que Sabás Chahuán demuestre la otra acusación que dirige contra Wagner por cohecho, soborno y lavado de activos, y que hoy lo tiene bajo arresto domiciliario.

Sabas Chahuán
Sabas Chahuán

Inicialmente, la acusación contra Wagner por el supuesto pago de coimas –en la que el CDE figura como querellante desde noviembre de 2014–, apuntaba al rol que el entonces subsecretario de Minería pudo haber tenido en la tramitación del proyecto Minera Dominga, de la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Pero la nueva acción legal del CDE se dirige a otro foco: los pagos que eventualmente podrían haber incidido en que SQM se adjudicara en 2012 derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, un lucrativo negocio para la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Cuando se abrió la oferta económica, SQM arrasó con una propuesta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones)

Dice la carta que envió el CDE al fiscal nacional:

  1. Todas las irregularidades se encaminaban a beneficiar al oferente inhabilitado, SOQUIMICH,
  2. Todas las irregularidades fueron dirigidas por doña Jimena Bronfman, Fiscal del Ministerio de Minería, Secretaria del Comité Especial Licitación –comité encargado de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de la licitación–, y por don Pablo Wagner San Martín, Ministro de Minería subrogante, Presidente del Comité Especial de Licitación.

No es antojadizo el vínculo entre la investigación por las irregularidades en la licitación del litio y las que lleva adelante el Ministerio Público por corrupción. Las primeras pistas que involucraron en la investigación sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas a la minera que controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, están estrechamente vinculadas a Wagner y los pagos irregulares que obtuvo mientras fue subsecretario. Porque fue en esa investigación que surgió primero la evidencia de los $42 millones que recibió Wagner del Grupo Penta y los $24 millones que le canceló su empresa Génesis Partners, todos a través de boletas emitidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. Y luego, se descubriría otra transferencia con el mismo mecanismo de triangulación, pero esta vez pagada por Soquimich (*ver nota de la redacción al final del texto).

En 2009, antes de que Wagner fuera nombrado por Sebastián Piñera como parte de su equipo de subsecretarios, De la Cerda emitió una primera boleta por $7,5 millones a Soquimich, a solicitud de Wagner. Así consta en la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó contra ambos en enero de 2015 (ver querella). Ese dinero no habría llegado nunca a la cuenta del ex funcionario de gobierno, sino que se habría utilizado para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. La defensa de Wagner argumenta que ese pago no tenía nada que ver con la licitación del litio, ya que se habría hecho mucho antes de que su representado asumiera su cargo público.

LA LICITACIÓN QUE TERMINÓ EN FIASCO

Pasaron tres meses desde que el CDE decidió querellarse contra Pablo Wagner y Jimena Bronfman y, finalmente, a fines de julio de 2013 presentó la acción judicial por posible falsificación de instrumento público. Así, el organismo encargado de defender judicialmente los intereses del Estado no sólo oficializó su participación en la investigación que ya llevaba adelante el Ministerio Público para determinar si en la fallida licitación del litio existió fraude al Fisco, sino que también ampliaba la indagación para perseguir las eventuales responsabilidades penales de Wagner, quien “debía velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación”. Sobre todo porque el ministro titular, Hernán de Solminihac, se había inhabilitado de participar en el proceso porque su hermano era ejecutivo importante de la contraparte (SQM).

Como subsecretario, ministro subrogante y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. Pero no era así: un requisito mínimo era que la empresa que se adjudicara el contrato no podía tener litigios pendientes con el Estado. Si los tenía, quedaba fuera de competencia. Y SQM tenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud. En una primera declaración jurada, los ejecutivos de SQM Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac habían negado la información. Al percatarse de ello en el ministerio de Minería, en vez de rechazar su propuesta, que era lo que correspondía, se les pidió –por fuera de las bases– una segunda declaración. Allí simplemente omitieron la información.Tanto Ramos como De Solminihac, hoy gerente general de SQM, también son objeto de una investigación judicial por supuesto fraude al Fisco.

Julio Ponce Lerou
Julio Ponce Lerou

La querella del CDE también apuntó a Bronfman, la jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, quien también firmó el documento que, a juicio del CDE, “no se ajusta a la verdad”. Primero, porque la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, una tarea que era atribución del CEL, fue encargada a dos abogados del ministerio que no formaban parte de esa instancia. Ni siquiera trabajaban en la división jurídica de esa cartera. El abogado que revisó los antecedentes de SQM declaró que sólo revisó que se hayan presentado los documentos, y no su contenido. Por lo tanto, el acta de cierre de evaluación de requisitos que firmaron Wagner y Bronfman y que dice que “el CEL certifica” que se cumple lo establecido en las bases, es falso, ya que la reunión en que el CEL debía revisar los antecedentes nunca se realizó. En base a eso, la licitación se adjudicó a Soquimich el 25 de septiembre de 2012.

Poco después todo el proceso se vino abajo, y el 1 de octubre de ese mismo año, el CEL invalidó la licitación, dando inicio a otro proceso de irregularidades que aparece detallado en la investigación publicada por CIPER en noviembre de 2012.

Tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A Bronfman también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse de forma fraudulenta y por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.

Los antecedentes que en los últimos meses han surgido respecto a la relación de SQM con el financiamiento ilegal de la política, y en especial con los pagos que la vinculan a Wagner, han abierto una nueva arista en la investigación tras la fallida licitación del litio. El nexo que puedan tener esos hechos, deberá ser determinado por el Ministerio Público. Y si accede a la petición del CDE, por el mismo fiscal nacional.

 

Nota de la Redacción: En la versión original de este artículo se mencionó por error una segunda boleta emitida por De la Cerda a SQM en 2010. Luego de que sus abogados solicitaran una rectificación, CIPER verificó que esa boleta no existe.