La necesaria definición de una política penitenciaria

Los reportajes al sistema penitenciario describieron las falencias detectadas por la consultora internacional Altegrity Risk International y la urgente necesidad de establecer cambios, sobre todo a la luz de los trágicos sucesos de San Miguel. Si bien se han dispuesto medidas dirigidas a enfrentar el hacinamiento carcelario, aún faltan definiciones en áreas sensibles, como son aquellas relativas al sistema de cárceles concesionadas y su efecto sobre los centros públicos.

La carencia de políticas claras en esta materia ha estado presente desde antes del incendio de San Miguel, y nada parece indicar que vayan a presentarse cambios estratégicos.

Desde los noventa, el Estado apostó por mejorar la infraestructura a través del sistema de concesiones, y los recintos penales no fueron la excepción. Se dispuso, para el buen funcionamiento del sistema, de cláusulas dirigidas a asegurar su eficiencia. Precisamente, una de ellas es la aplicación de multas por sobrepoblación penal. Es así, que de conformidad al punto 1.12.10 de las bases de Licitación y Decreto Supremo MOP N° 90 de 2004, el Estado se obliga a pagar una multa ascendiente a las 100 UTM por cada día que se exceda el límite fijado de sobrepoblación. Cada cárcel concesionada tiene sus límites de ocupación y en caso de que se supere éste por sobre el 20% el Estado debe pagar una multa.

El negocio de las cárceles privadas ya resulta bastante lucrativo, toda vez que una empresa que gestiona un recinto penal privado percibe rentas no solo por el hecho de haber construido un recinto penal, sino que también por su administración. Una de las pocas obligaciones que asume dice relación con la promoción dirigida a reinsertar la población penal. Tarea en la que no han demostrado particular eficacia. Es más, estudios demuestran que no ofrecen mejores resultados que las cárceles públicas.

Pues bien, para hacer más atractivo el negocio, el Estado garantiza para una gestión eficiente, un límite en la población penal. En caso contrario, debe pagar multas. Desde el 2000, el Estado ha pagado, por concepto de sobrepoblación, una suma superior a los $ 5 mil millones.

En 2010 la Contraloría General de la República, al revisar los pagos realizados por la subsecretaría de Justicia, determinó que a fin de evitar el pago de compensación por sobrepoblación se realizaran traslados desde los recintos privados a los públicos, lo que incrementó aún más el hacinamiento de las cárceles públicas. Ese año Gendarmería trasladó 503 internos desde la cárcel privada CDP Santiago Uno a la cárcel de San Miguel, aumentando su ya excesiva población penal. Tal desplazamiento de población penal y el consiguiente hacinamiento generó graves consecuencias, entre ellas, conflictos y riñas. Precisamente, esta fue de una de las causas del incendio.

En el modelo de cárceles públicas, construidas por el Estado y administradas por Gendarmería, las carencias materiales son manifiestas. San Miguel es un ejemplo. Como es de suponer, en las cárceles públicas no existe límite para el ingreso de internos, así como tampoco se disponen sanciones en caso de sobrepoblación. El costo sólo lo paga el interno viviendo en condiciones miserables.

En las cárceles públicas no existen políticas de fuerte inversión en refacciones e infraestructura. Todo parece indicar que se pretende incentivar el negocio de las cárceles privadas. En el caso de la cárcel de San Miguel, al haberse dispuesto su clausura, durante 2010 no se presupuestó la reparación de las redes húmedas y secas del penal, lo que sólo tuvo lugar una vez ocurrida la tragedia de diciembre de 2010. Entonces el Estado invirtió $536 millones en la reparación de dichas redes.

Los estudios de Altegrity destacaron el excesivo rigor punitivo de nuestra política criminal y el empleo desmedido de la cárcel como respuesta al delito, en circunstancia de que buena parte de los presos no son peligrosos. También los estudios resaltaron el escaso rigor en el empleo de los recursos, siendo los términos en la implementación de las cárceles concesionadas en un buen ejemplo de aquello.

Lo anterior debe generar especial preocupación, pues todo parece indicar que las cárceles seguirán siendo la respuesta frente al delito. Si es así, presenciaremos una fuerte presión de privados para que se construyan más recintos penitenciarios a su cargo. Es más, es perfectamente posible pensar que las influencias políticas vayan dirigidas no sólo a fortalecer a las concesionarias, sino derechamente a imponer la necesidad de cárceles completamente administradas por privados.

Preocupa que un área pública tan sensible sea objeto de negocio cuyo incentivo se encuentre en el lucro. Que sea el Estado quien no sólo inflige la pena —a través de un juicio público—, sino que también la ejecuta en recintos públicos, tiene un indudable componente simbólico. Si el Estado se desprende de parte de sus facultades penales, como es ejecutar las penas en sus establecimientos y con sus funcionarios, está manifestando públicamente lo que para él representan los presos: se delega lo que es prescindible. Precisamente, esta carencia de una de las facultades esenciales de un Estado, le hace perder legitimidad, llevando el conflicto a un plano de igualdad, pues para el preso —y también para el conjunto social— la cárcel representará un interés privado, en el que está ajeno lo público. Se puede generar una pérdida en la eficacia preventiva de la pena, al producirse cuestionamientos en torno a la autoridad del Estado para castigar.

El Estado debe revisar su política carcelaria y el rol de los privados. Una decisión de hacerlos partícipes en la ejecución de la pena es un tema con  fuertes repercusiones sociales que requiere de mayor profundización.

 

Votando en la cárcel

“Los presos están presos porque cometieron delitos, tenemos que preocuparnos de ellos, tenemos que preocuparnos de rehabilitarlos, de que tengan posibilidades en el futuro, pero de ahí a llevarles urnas para que voten, realmente me parece que estamos yendo demasiado lejos”

(Evelyn Matthei, domingo 25 de agosto de 2013).

 

La Constitución Chilena establece en su artículo 17 que todos aquellos sujetos condenados por un delito que merezca una pena aflictiva perderán la condición de ciudadano. Por otro lado, también conforme a la Constitución, todos aquellos acusados por delitos que merezcan una pena aflictiva o delito terrorista tendrán su derecho a sufragio suspendido (artículo 16). Todo esto explica, en parte, que los sujetos privados de libertad no ejerzan su derecho a voto. Muchos de ellos han perdido ese derecho o lo tienen suspendido desde el momento de la acusación y hasta el momento de la sentencia.

Considerando que un importante porcentaje de los sujetos privados de libertad, cumpliendo o esperando condena, lo están por delitos que merecen penas aflictivas (penas superiores a 3 años de presidio), el hecho que no haya lugares de votación en los recintos penitenciarios y de detención no resulta del todo extraño.

Sin embargo, hay un grupo importante de personas que están privadas de libertad que no se encuentran jurídicamente en ninguna de estas situaciones y, por tanto, se encuentran perfectamente habilitados para ejercer el derecho a sufragio del cual como ciudadanos son titulares. En este caso se encuentran dos tipos de sujetos privados de libertad. Primero, quienes han sido acusados de o condenados por un delito que merezca una pena no aflictiva, esto es, de menos de 3 años y un día de duración. En segundo lugar, se encuentran en este caso todos aquellos quienes están detenidos esperando acusación, cualquiera sea la pena del delito que se les imputa. Todos los sujetos que se encuentran en estas hipótesis están habilitados por la Constitución y las leyes para ejercer el derecho a sufragio, lo que evidencia el error de la candidata Matthei.

¿Por qué, entonces, todos ellos se ven privados de este legítimo ejercicio de participación?

Esto sucede porque ni el legislador ni la administración del Estado han creado los mecanismos electorales para que dichos sujetos puedan sufragar. Nos encontramos ante una privación de derechos constitucionales por omisión. Esto puede suceder por múltiples razones, que arrancan desde una deliberada abstención de los órganos involucrados -debido a lo impopular que en general resulta cualquier acción conducente a favorecer a los privados de libertad-, hasta las intrínsecas dificultades que han hecho complejo facilitar el voto a quienes se encuentran lejos del lugar de votación (en el extranjero o no). Todavía más, nuestro sistema electoral no considera ningún mecanismo de votación no presencial -mediante un voto por correo, por apoderado o a través de la ubicación de locales de votación dentro de los recintos penitenciarios.

Todo esto está por cambiar. En el marco de las visitas carcelarias que por mandato legal los jueces de garantía deben realizar, el juez del 7º Juzgado de Garantía decidió indagar, en concreto, sobre estas razones. De esta forma, consultó al alcaide del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno -y éste a Gendarmería- acaso existían mecanismos para que los imputados no acusados pudieran ejercer su derecho a sufragio. Ninguno, respondió Gendarmería. Es más, sostuvo que “su servicio no cuenta con la capacidad administrativa ni la facultad legal de poder distinguir cuáles internos tendrían derecho o no al sufragio, siendo privativo del órgano jurisdiccional a su parecer”.[1]

Todas las instancias involucradas en una audiencia a la que citó el tribunal, salvo el Servicio Electoral (Servel), estuvieron contestes en buscar una solución que permita implementar los derechos ya garantizados en la Constitución. Incluso, Gendarmería señaló que está disponible para instalar mesas de sufragio en sus recintos. El Servel fue la única institución que, pese a declaraciones de buena voluntad, dijo advertir problemas legales y administrativos: no estar facultado para instalar mesas especiales.

Esto no fue suficiente para el 7º Juzgado de Garantía, el que decretó la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la población penal imputada no acusada. Una violación sistemática, generalizada e indiscriminada respecto de un grupo específico que se encuentra en especial condición de vulnerabilidad. Destacando que la Constitución no priva a estas personas de su derecho a sufragio, y acompañando una extensa normativa internacional, señaló que no se advierten razones legales para no instalar mesas de votación en los recintos penitenciarios. Incluso, aludió a una interpretación extensiva (pro persona, indica la resolución) del artículo 50 inc. 2º de la Ley 18556:

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia”.

El juzgado ordenó al SERVEL, finalmente, arbitrar los medios necesarios para que las y los ciudadanos sujetos a prisión preventiva (de su jurisdicción), puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las próximas elecciones presidenciales.

A veces el poder político necesita un empujón; sectores de la población ven desatendidos sus reclamos, incluso cuando estos se encuentran legitimados constitucionalmente, como aquí. Por razones como las expuestas antes, sus demandas se tornan invisibles al poder político. De hecho -según también anota la resolución-, una mesa intersectorial que se encontraba trabajando el asunto había avanzado pocas soluciones. Dos días después de dictada la resolución, desde el Ministerio de Justicia señalaron que despacharían un proyecto de ley que permitiría implementar estos derechos que la Constitución reconoce. La respuesta del Servel, a través del nuevo presidente de su Junta Directiva, tampoco se hizo esperar. Éste pidió que el proyecto de ley que establece un sistema especial para permitir el voto de los privados de libertad sea discutido rápidamente, con la finalidad de que pueda ser aplicado en las próximas elecciones. Abriendo la semana, y justo cuando el Gobierno anunciaba pasos correctos, todo queda en nada; la vocera reclamó confusión y que el voto de personas privadas de libertad no se encuentra entre las prioridades legislativas.

Desolador. La respuesta no solo evidencia el desorden de un gobierno que se encuentra en sus meses finales y más preocupado de la campaña electoral, sino que implica un abierto reconocimiento de la omisión que vulnera derechos reconocidos por la Constitución. No todo termina acá, desde luego. La resolución del 7º Juzgado de Garantía, como hemos dicho, obliga al Servel a implementar el voto para ajustar el actuar administrativo a la Constitución. No se trata de esperar buenos oficios de parte de la Administración, sino que ésta cumpla con una resolución judicial. El próximo 12 de septiembre, a las 14:00, el Servel deberá dar cuenta de las medidas a adoptar. O ello debiera ocurrir, en un país donde, como se reclama a menudo, las instituciones funcionan.

[1] 7º Juzgado de Garantía, 23 de agosto de 2013.

(*) Domingo Lovera es profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales y  Pablo Marshall es profesor de derecho de la Universidad Austral de Valdivia.

 

La historia no contada de la pastora aymara condenada por extraviar a su hijo

ESTANCIA CAICONE, 23 DE JULIO DE 2007

Gabriela Blas no encontraba a su hijo. Una hora antes dejó a Domingo Eloy, de tres años y 11 meses, sobre un aguayo y con una manta mientras iba por dos llamas rezagadas. Cuidaba el ganado de Cirilo Silvestre. Eran las seis de la tarde y oscurecía. Miraba en todas direcciones. Su hijo no era tan pequeño como para perderse entre las piedras y la paja brava. Estaba sola en la árida pampa del altiplano de Arica, rodeada por las crestas de las montañas que cortaban el horizonte cada vez más anochecido. Gabriela Blas declaró tiempo después que llamó y llamó a Domingo Eloy. Le respondía el viento helado que golpeaba sus oídos.

La casa donde alojaban estaba a un kilómetro. Detrás de una loma. «Quizás se fue para allá», pensó ella. Dejó todo y partió. Buscó en las tres cabañas de la estancia. «¡Domingo! ¡Hijo!». Los perros ladraban. Esa mañana su hijo no quiso ponerse zapatillas. Salió con chalas. Tampoco llevó su parka. Nada le permitiría soportar a la intemperie los 20 grados bajo cero de esa noche.

Pensó que el niño pudo tomar otro camino que rodeaba la loma. Salió a su encuentro, pero de nuevo estaba sola en el mismo lugar donde lo vio por última vez. La luna nueva apenas permitía distinguir el suelo. Gritó con más fuerza «¡Domingo! ¡Dominguito!». Se movió rápido para soportar el frío. Cuando no pudo más, tomó el aguayo, la manta, una radio a pilas y arreó la “tropa” -como le llaman al rebaño-, hacia los corrales.

Tres años más tarde, Gabriela Blas recordaba cada detalle. «Domingo tenía gorro celeste tejido a palillo, su polera mangas cortas color rojo, aquí adelante con dibujo de un auto. Y después un polerón con mangas largas azul. Y arriba, de chaleco, tenía un polar. Verde cuellos y el cierre, y el puño es azul. Tenía su ropa interior color verde. Su panty, tejido, color gris y el pantalón, buzo, azul con ambos lados cinta roja. Y tenía calcetín tejido a palillo», declaró.

Recordaba que al llegar a la casa prendió el fuego de la cocina y sintonizó Radio Parinacota que anunció la hora. Eran las nueve. Recordaba que, al igual que los días anteriores, se levantó a las seis. Le preparó leche a su hijo. Cocinó guiso de fideos para el almuerzo. Que a su hijo le llevó de colación un yogurt, galletas y una mandarina. Para ella, charqui de llama y una botella de agua con jugo de sobre. Que a las ocho salieron con la “tropa” de 150 animales hacia el rincón del cerro Titire. Que la caminata duró dos horas. Cargaba a Domingo Eloy en su espalda, sujetado con el aguayo. A ratos lo dejaba corretear. En el lugar prendió un fuego para espantar al zorro. Sacó su tejido, sintonizó la radio y se sentó con el niño a vigilar los animales.

Recordaba que no conversaron mucho. Gabriela Blas estaba en su período. Se cansaba más que de costumbre. Domingo Eloy le preguntó cuándo irían donde sus primos a ver televisión. Sacó las cuentas. Era el sexto día. En diez volvían a Alcérreca. A las dos de la tarde apagó el fuego para regresar. Llegaba la “sombra” y con ella el frío. Era la noche que llegaba por el este.

Recordaba que caminaba al final de la tropa con el niño en el aguayo, la radio prendida y que tejía. Se equivocó de punto al llegar a una pirca. Se distrajo. Revisó el rebaño. Faltaban dos llamos. Le pagaban tres mil pesos. Cada llamo costaba unos 30 mil pesos. El salario de esos quince días de trabajo no le alcanzaría para pagar los animales perdidos. Recordaba que bajó a Domingo Eloy de su espalda. Lo sentó en el aguayo y le dijo: «Domingo: el llamo se quedó atrás. Tengo que ir a buscar y me vas a esperar, ¿ya hijito?». «Ya mamá, ¡pero vuelves rápido!».

Se acordó de las huellas. Tres años más tarde, en el juicio en su contra por abandono con resultado de muerte, relató a los jueces del Tribunal Oral de Arica que dejó al niño a unos metros de la pirca, porque si había un temblor podría caerle una piedra encima. También les dijo que no buscó el rastro de su hijo. Sabía que eso era lo primero que debía hacer.

A las seis de la mañana del día siguiente se paró sobre la loma frente a la casa. Repasó con la mirada la tierra tras el cuerpo de su hijo. Nada. Si estaba afuera, estaba muerto. Alimentó a los perros y dos animales huachos que le había encargado Cirilo Silvestre. A las ocho llevó la “tropa” donde se le había perdido el niño.

Descubrió las huellas de Domingo Eloy. Iban al noreste. Era bueno para caminar. Bajaba por la quebrada Huaylas hasta la casa de sus abuelos. Siguió el rastro por dos kilómetros, hasta una salina que llaman Laguna Blanca, donde las marcas desaparecían.

El sol clavado sobre su cabeza marcaba el mediodía. Debía pedir ayuda a su familia. Regresó a Alcérreca por la línea del antiguo tren Arica-La Paz. Caminaba con remordimiento y miedo. No había seguido las huellas. Gabriela Blas no sabía que el rastro perdido de Domingo Eloy la llevaría por retenes de Carabineros, tres años de prisión preventiva, la pérdida de otro hijo, dos juicios y dos condenas. Las huellas de su hijo terminaban con ella en la cárcel de Acha, en Arica.

I.

Alcérreca es un caserío ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar y a 197 kilómetros de Arica. Tiene una treintena de casas de adobe y techos de paja o zinc. Hay una plazuela donde está la escuela, una estación del antiguo ferrocarril Arica-La Paz y un retén de Carabineros. Lo habitan tres familias. Llega un bus una vez a la semana: Transportes Gatica. Sale de Arica al mediodía. Se va por el valle del río Lluta. Pasado Putre serpentea hacia el norte por la ladera poniente del volcán Nevados de Putre. A mitad de camino un letrero advierte: «Sr. Turista: Ud. se encuentra a una altura de 5.250 m.s.n.m.».

El poblado pertenece a la comuna General Lagos. Una zona conocida como Altos de Arica. Limita al este con Bolivia y al oeste con Perú. Es exactamente la punta de Chile. La altura varía entre los 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Siete de cada diez habitantes son aymaras.

El clima es duro. De noviembre a marzo es el “invierno boliviano”. Las lluvias arrastran caminos, casas, ganado, minas antipersonales. El resto del año es seco y frío. Los meses más helados son julio y agosto. En el día la temperatura promedio es de -1° C y en la noche baja hasta los -10° C.

El retén de Carabineros de Alcérreca tiene una dotación de tres funcionarios. Su mayor preocupación son los “burreros” que cruzan la frontera con droga. La gente del lugar no es problema. Son en su mayoría mujeres y ancianos. Salen de madrugada a la pampa a pastorear y vuelven al atardecer.

En Chile los aymaras son alrededor de 48 mil personas. Se concentran en Arica e Iquique, donde viven cerca de 23 mil y 9 mil, respectivamente. El artículo Estimado indígena y pobreza indígena regional con datos censales y encuestas de hogares (2010), señala que un tercio de ellos está bajo la línea de la pobreza. Es decir, según la última encuesta Casen (2009), sus hogares cuentan con menos de 43 mil pesos para el mes.

***

Gabriela del Carmen Blas Blas nació el 2 de febrero de 1983 en Fondo Huaylas, o de Huaylillas, diez kilómetros al norponiente de Alcérreca. El lugar está literalmente “al fondo” de la quebrada del río Huaylas. Es un rincón al que se llega luego de una hora de caminata. Su familia pertenece a dos comunidades aymaras inscritas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Su padre es Raimundo Blas Choque y la madre Ramona Blas Alave. Él tiene 78 años; ella 73. Hablan poco castellano. Su lengua es el aymara. Ramona Blas es evangélica. En cambio Raimundo cree en las “costumbres”. Así llaman a los mitos y ritos heredadas de la tradición cultural aymara.

El certificado de matrimonio dice que la pareja se casó en Putre el 7 de agosto de 1978. Como es la “costumbre”, el hombre se llevó a las tierras de su familia a la mujer para que fuera su esposa. Ramona era de Alcérreca. Tuvieron siete hijos. Todos nacidos en Fondo Huaylas. Gabriela Blas es la penúltima. El menor murió a los siete años. Tres viven en Arica y dos en localidades cerca de la casa paterna.

Dicen los que viven en esos lugares que son pastores «desde siempre». Hay dos tipos de pastores: los “kamiris”, dueños de tierras y gran cantidad de ganado, y los que pastorean “al partir”. Se los llama así porque cuidan ganado ajeno y deben dejar sus hogares mientras dura el trabajo. Reciben un salario precario o se reparten las ganancias con el dueño.

El pastor sale a pampa abierta. No hay cercos. Dependiendo del número de ganado va solo o acompañado. Para un centenar de animales basta con uno. En tiempo del invierno boliviano llevan la “tropa” a los cerros. El resto del año se usa un sistema de alternancia que llaman “pastorear en el seco”. Se lleva a la “tropa” un par de días «a los cerritos, pampas, las quebradas, en todo los lugares», cuenta Gladys Vásquez Poma, pastora “kamiri”. Luego se los lleva un día a las riveras de ríos, humedales o vegas, donde crece el bofedal.

La mayor preocupación no son las minas antipersonales que las aguas del invierno boliviano se llevó quién sabe dónde. Tampoco el ataque de un zorro, puma o cóndor. Lo que más temen es perder un animal, porque son descontados por el dueño. A veces no se alcanza a pagarlos con el sueldo.

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Gabriela Blas aprendió a pastorear a los seis años donde su hermana Lucía en Pahuta, 18 kilómetros al noreste de Alcérreca. Vivió tres años con ella, que ya estaba casada. Sus padres no tenían dinero para mantener la familia. En la mañana caminaba 11 kilómetros a la escuela en Ancocalani. En la tarde ayudaba con el cuidado de su sobrino. El fin de semana llevaba el ganado a pastar. Su recuerdo de aquella época es de maltrato: «Me golpeaban siempre», declaró.

A los nueve regresó a Fondo Huaylas. Vivía con su madre y su hermano Cecilio, tres años mayor. Caminaban juntos 10 kilómetros para ir a la escuela de Alcérreca. El único profesor era Pedro Taucanea. Llegó hasta 6º básico. A Cecilio se le permitió continuar los estudios en un internado en Visviri. En cambio, Gabriela Blas, con 12 años, debió quedarse para ayudar en la casa. La mayor parte del día lo pasaba al cuidado del ganado familiar: 40 ovejas y 20 llamas.

Cecilio era su amigo y confidente. La persona más cercana en su hogar. Sus hermanas mayores vivían en otros poblados. Su padre trabajaba en Arica. Gabriela Blas declaró que la relación con la madre era distante. A los 15 años tuvo su primera relación sexual. Era 1998 y fue con Cecilio. Mantuvieron encuentros sexuales esporádicos, cuando él iba de visita a Fondo Huaylas. No se lo contaron a nadie.

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El 4 agosto de 1999, Cecilio Blas denunció en la Tenencia de Carabineros de Visviri que su hermana Gabriela había sido violada por Alejandro Blas Alave, un tío por el lado materno.

Gabriela Blas constató las lesiones en el consultorio de Visviri. Hubo un careo con el imputado. La Policía de Investigaciones tomó declaraciones. El Servicio Médico Legal realizó un peritaje cuyo informe concluía: “Examen compatible con lo narrado”. Alejandro Blas Alave declaró que su sobrina había consentido tener relaciones sexuales con él. Luego de tres meses el 2º Juzgado del Crimen de Arica decretó el sobreseimiento temporal de la causa.

Gabriela Blas quedó embarazada. Los padres la mandaron a Arica a tener la guagua. Se quedó en la casa de su hermano Víctor. El 10 de abril de 2000 nació Ricardo Elías. El niño tenía problemas en las caderas y un deterioro neuronal. Necesitaba cuidados especiales. La madre, de 17 años, no se podía hacer cargo. La responsabilidad la asumió Víctor. El 2006 Gabriela Blas le entregó la tuición.

Dos años después de la denuncia demandó a su tío por la paternidad. Alejandro Blas Alave la asumió voluntariamente. Pero sus padres y hermanos le reprochaban haber denunciado a su tío. «La postura sancionadora de la familia, que le atribuyó cierta cuota de responsabilidad en su embarazo, incrementa el distanciamiento de la familia hacia Gabriela», señaló la asistente social Amelia Challapa en un peritaje social.

A fines de ese año, Gabriela Blas regresó a Fondo Huaylas. Sin embargo, consiguió trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de paso en Zapahuira, 30 kilómetros al sur de Putre. En el local conoció a Eloy García, un chofer de camiones de la empresa Quiborax. Tuvieron una relación sentimental esporádica. Se veían solo cuando García pasaba por el lugar. A los seis meses, Gabriela Blas quedó embarazada. El hombre no quería saber nada de hijos. Ella regresó a Fondo Huaylas. El 8 de agosto de 2003 nació Domingo Eloy. El parto fue en la casa, atendido por el padre de Gabriela.

Criaba a su hijo y trabajaba como pastora “al partir”. Cuando tenía que estar varios días fuera, dejaba a Domingo Eloy al cuidado de su hermana Emiliana, que vivía con su marido en Alcérreca.

Se reencontró con su hermano Cecilio. En enero y febrero de 2006 se fueron a trabajar a Pozo Almonte. Convivieron dos meses. Quedó embarazada. Gabriela Blas partió a la casa de su tía Celedonia Choque en Arica. Los hermanos no querían que su familia se enterara de la relación.

Claudia Nataly Montserrat nació en el Hospital de Arica el 20 de noviembre de 2006. La niña fue llevada a la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin) de esa ciudad. Sobre las razones por las que terminó en esa institución hay distintas versiones. La perito Amelia Challapa señaló que en el hospital Gabriela Blas hizo “efectiva la voluntad de ella y de su hermano de hacer entrega de la menor para que sea adoptada”. Inés Flores, facilitadora intercultural de la Defensoría Penal Pública, señaló en un informe que Gabriela Blas dejó a su hija encargada a Cecilio, porque debió viajar a Alcérreca por unos días. Cecilio Blas declaró que fue a dejar a su hija al centro «por un consejo de un amigo, de apellido González». «La idea era dejar a la niña los primeros seis meses y luego retirarla. Ambos decidimos que la niña estuviera en Conin», señaló. Gabriela Blas declaró que la dejó encargada a Cecilio y a la esposa del amigo «de apellido González». «Ella me prometió por cinco días me lo iba a cuidar», aseguró Gabriela Blas. Cuando regresó, ya estaba en Conin y nunca la pudo recuperar.

***

Gabriela Blas habla castellano y aymara. La casa de Fondo Huaylas está en tierras de su familia paterna. Lucía y Emiliana Blas, hermanas de Gabriela, viven en las comunidades de sus maridos. «Es común que las mujeres salgan a casarse con otras familias, y al revés, cuando los jóvenes arman parejas traen su mujer», advierte Hans Gundermann, antropólogo y director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y del Museo R. P. Gustavo Le Paige S.J..

Siguiendo las “costumbres”, en diciembre de 2005 Gabriela hizo el “rutuchi” o bautizo de “corte de pelo” de su hijo Domingo Eloy. «Consiste hacer el primer corte de pelo (real o simbólico) por parte del padrino o la madrina en un ritual ofrecido a las divinidades», señala el texto Pautas de crianza Aymara (2006).

Se valora que los menores sean autónomos dentro del hogar. Usan la economía como método de aprendizaje. El bautizo de “corte de pelo” sigue esa lógica. «Como parte del ritual, les entregan un par de llamas, que es su primer capital», señala Vivian Gavilán, académica de la Universidad de Tarapáca, especializada en temas de género en las comunidades indígenas del norte: «Esa independencia a veces lleva a pensar que a los niños los abandonan o explotan».

La sexualidad se vive desde una edad temprana. Es algo natural. «La menarquia da pie a un apetito sexual importante», explica Gavilán. «Que las chicas tengan sexo en el campo no sorprende a nadie. Es lo que debe ser en términos biológicos y que al mismo tiempo son sociales».

El matrimonio es relevante porque significa la reproducción y supervivencia de la comunidad. Pesa más la opinión de una persona casada que la de una soltera. La unión matrimonial no se disuelve bajo ningún punto de vista. «La sanción es terrible», cuenta la antropóloga. Puede haber infidelidad y violencia. «El castigo físico se considera como algo normal», señala Gavilán. Sin embargo, el sistema normativo tradicional aymara lo sanciona. Igual que los hijos fuera del matrimonio o el incesto. «Pero los arreglos se hacen internamente». Ningún problema se judicializa.

II.

El martes 24 de julio de 2007 Gabriela Blas buscó a su hijo hasta el mediodía. No lo encontró y regresó a Alcérreca. «¡Dónde voy a poder ir! No conozco para Humapalca. No conozco para Tacora, me queda lejos, igual que a mi pueblo. Me fui adonde mis padres», declaró.

Caminó 18 kilómetros. Llegó cerca de las 19:00. «Era antes de oscurecer», dijo. En la plaza se encontró con Pedro Taucanea, padrino de “corte de pelo” de Domingo Eloy. «Estaba como desesperada. Me dijo que venía a dar cuenta a Carabineros que se le había perdido el hijo», declaró Taucanea.

El cabo 1° de Carabineros Franklin Troncoso llevaba un año en Alcérreca. Había visto a Gabriela Blas y a Domingo Eloy en Fondo Huaylas. La hizo pasar a la guardia cerca de las 20:00. Ella le contó lo mismo que declararía en el primer juicio en su contra por abandono de menor con resultado de muerte: que el lunes 23 de julio estaba pastoreando en Estancia Caicone; que se le habían quedado rezagados dos llamos; que había dejado a su hijo sobre el aguayo; que al volver, una hora después, su hijo ya no estaba; que lo buscó hasta la noche del 23 y en la mañana del 24.

Troncoso le preguntó a qué hora había dejado al niño. «Como a las 17:00», contestó la denunciante. Después por qué fue ese día y no el anterior. El cabo relató en el primer juicio: «Me dijo que tenía que guardar los animales y que por eso no había… [hace una pausa]. Y se le hizo tarde, por eso no pudo venir ese día. Y concurrió el día de hoy (sic) a las 20:00. El día que llegó manifesté… (hace otra pausa). Motivo que en la mañana ella sacó los animales para pastorear, para buscar una búsqueda ella para poder encontrarlo (sic) y llegó a esa hora al retén a solicitar la cooperación de nosotros, al otro día».

Notificó de la denuncia a su superior, el sargento 1° Gerardo Schroeder, y se preparó para salir en la pesquisa junto a otros funcionarios. Era de noche y había 10 grados bajo cero. Cuando salía, Gabriela Blas habría cambiado su declaración. «Cuando el personal iba a salir al sector de Caicone a buscar la búsqueda (sic), ella espontáneamente me manifestó que en el lugar había llegado el papá del menor, acompañado de otra persona, acompañado de un vehículo, solicitándole que le entregara el menor, y a raíz de la discusión que ella mantuvo con esta persona, con Eloy… Eloy… no me acuerdo el otro apellido, manifestó que el niño se había asustado y se corrió del lugar, y por eso se le había perdido», señaló Troncoso.

***

Gabriela Blas dijo a la justicia que los carabineros la trataron con dureza. La increparon por no ir al retén de Tacora. Estancia Caicone pertenecía a la jurisdicción de esa unidad. «Desde Titiri para arriba, me dicen, y yo no sabía», acusó Gabriela Blas.
Le preguntaron por qué no fue al poblado de Humapalca, a 4 kilómetros de la estancia, donde había una radio, lo que habría permitido realizar una búsqueda más rápida. «Pero yo le he dicho que no sabía eso que en Humapalca había radio comunicación para poder llamar», dijo la mujer.

Luego le preguntaron por qué su hijo mayor estaba reconocido y Domingo Eloy no. «O será que el padre se lo ha llevado, me dicen», declaró la mujer. Y agregó que como las palabras de los funcionarios policiales le sonaron en tono de amenaza, cambió sus dichos: «Tuve que inventar que el padre se lo llevó, que vino un hombre, que dos hombres vinieron, que Pedro Mamani, y ahí tuve que decir… ya no decir la verdad», contó Gabriela Blas. «Les mentí porque yo no confiaba en ellos».

El cabo Troncoso fue a la casa de Emiliana Blas, hermana de Gabriela que vivía en Alcérreca, a contarle. Cerca de la medianoche Gabriela Blas se habría ido voluntariamente donde Emiliana, «solicitándole que estuviera a primera hora del día miércoles para iniciar la búsqueda en Caicone», explicó Troncoso.

Gabriela Blas contó que pidió permiso para ir a buscar toallas higiénicas a la casa de su hermana. «Mi hermana me dice que los carabineros le dicen que yo esa noche me iba a quedar donde mi hermana», declaró Gabriela Blas. No fue notificada de que estuviera detenida. A las siete de la mañana del día siguiente regresó al retén.

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A la misma hora del miércoles 25 de julio arribó al lugar un grupo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Putre, una unidad que no viste uniforme. Ellos se encargarían del procedimiento. El sargento 2° Fermín Vergara y el cabo 1° Juan Alvarado interrogaron a Gabriela Blas. Luego de un rato, en que ella no hablaba, entregó una nueva versión: el niño se le había perdido en el sector sur poniente de la Estancia Caicone.

Un grupo de 15 carabineros y Gabriela Blas fueron al lugar. Se organizaron en una fila horizontal, separados por cinco metros y buscaron rastros de Domingo Eloy.

El cabo Alvarado era el encargado de conversar con ella. Estaba casado con una mujer aymara. Sabría como tratarla. Alvarado declaró que cuando ella hablaba «hacía un monólogo». «Hablaba, hablaba, hablaba, narraba todo, una versión y es lo que aportaba». Después, dijo, sólo «respondía con monosílabos».

Ese día Gabriela Blas firmó tres declaraciones en las que señalaba distintos lugares del sector de la Estancia Caicone donde se habría perdido Domingo Eloy. «Prácticamente recorrimos el sector completo de todos los lugares que ella nos manifestó», indicó el cabo Alvarado. «La búsqueda la encaminamos hacia un radio no más allá de 4 kilómetros, que es lo que podía haber avanzado el niño», señaló el sargento Vergara. Esa noche la SIP llevó a Gabriela Blas al retén de Tacora.

La dinámica del segundo y tercer día de búsqueda fue la misma. «Lo que necesitábamos era que ella nos contara la verdad de lo que había pasado, que nos explicara dónde estaba (Domingo Eloy), para ir y hacer las cosas como corresponde», declaró el cabo Alvarado.

Esas noches Gabriela Blas durmió en el retén de Alcérreca. «Para agilizar, para que no fuera a Fondo Huaylas, después ir a buscarla, ella espontáneamente manifestó quedarse en el retén», declaró Troncoso. Los carabineros afirmaron que se quedó de forma voluntaria, en calidad de víctima y testigo. En ningún caso detenida.

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El viernes 27, a las 11:00, se sumaron a la búsqueda dos funcionarios de la Patrulla de Acciones Especiales (PAE) de Carabineros de Arica: el teniente Pedro Vargas y el cabo 1° Nelson Maldonado.

Ese día interrogaron a Gabriela Blas dos personas vestidas con overoles verdes. Ella declaró que se identificaron como «Águilas Negras», que le amarraron un cordón al cuello y le preguntaron qué había hecho con su hijo; que como no respondía, la amenazaron con sumergirla en un tambor con agua y electrocutarla. Finalmente, dijo que uno de ellos desenfundó un arma y le apuntó. Entonces habló. Dijo que había asesinado a Domingo Eloy y les entregó la ubicación de su cuerpo.

El cabo Alvarado declaró que llegó «20 o 40 minutos» después de los hechos que denunció la mujer. Notó algo raro en ella. «Yo le pregunto qué es lo que pasaba y ella me dice: “No es que sabe qué, paso esto, esto y esto”, y conforme a lo que ella misma me narró yo di cuenta a mi mando». Gabriela Blas identificó al teniente Vargas como la persona que le amarró el cordón al cuello, la amenazó con electrocutarla y le apuntó.

El capitán Rodrigo Hidalgo, de la 2ª Comisaría de Putre, ordenó que se levantara una Acta de Declaración Voluntaria sobre lo sucedido. Alvarado y Troncoso tomaron la declaración el domingo en el retén.

Por la denuncia de tortura de Gabriela Blas, el lunes 30 de julio llegó a la Prefectura de Arica una orden de la 1ª Zona de Carabineros de Tarapacá para iniciar un sumario. Al cabo de seis días, el teniente coronel Guillermo Bezzenberger resolvió que las «formulaciones realizadas por la ciudadana no tienen ningún sustento jurídico, por cuanto se ha acreditado en autos que el actuar del personal, fue ajustado a derecho».

La resolución contradice la declaración de Gabriela Blas, registrada en el Acta de Declaración Voluntaria. El cabo Alvarado afirmó que al levantar esa acta, la mujer le señaló que uno de los funcionarios de la PAE, «le había rodeado su cuello con un cordón largo tipo botas, pero sin jalarlo ni causarle daño corporal, y amenazándola que la tirarían a un tambor con agua y que le pondrían corriente, desenfundar, sin apuntarle, un arma de fuego, temor que la obligó a mentir acerca de los hechos que rodearon la desaparición de su hijo y la ubicación donde había quedado» (lo subrayado es del documento original).

La resolución del sumario señala que Javiera López, Fiscal Adjunta Jefa de Arica, informó que Gabriela Blas era procesada por «abandono de menor en lugar solitario y obstrucción a la investigación» y que la mujer no le había «referido ningún tipo de maltrato o apremio ilegítimo de parte de algún funcionario de Carabineros». Esto venía a ratificar y confirmar «la falta de idoneidad y veracidad» de Gabriela Blas, porque el Ministerio Público ofrecía condiciones de «imparcialidad, objetividad, lugar y posición legal».

El teniente coronel Bezzenberger señaló que Gabriela Blas «proporcionó tantas versiones que ponen en dudas (sic) su pertinencia moral, de integridad y probidad». En definitiva, el sumario no emitió juicio sobre los hechos denunciados, sino sobre la calidad moral de la denunciante.

Se amonestó al capitán Rodrigo Hidalgo y se le llamó de atención al sargento 1° Gerardo Schreoder porque no entregaron los antecedentes de lo sucedido al Ministerio Público. El teniente Pedro Vargas, a quien se denunció por tortura, no recibió sanción.

La fiscal Javiera López indicó que no supo del sumario de Carabineros sino tres años después de la denuncia que lo motivó: «Es un antecedente que apareció en el juicio oral. Nunca se hizo la denuncia a la Fiscalía, pese a que me entrevisté muchas veces con ella».

-¿Sabe las razones de por qué no dieron crédito a la versión de Gabriela Blas?
-La verdad es que no lo sé. Yo no tuve acceso a ese sumario porque, como le digo, en juicio oral fue cuando esto apareció.

-Si eventualmente usted hubiera tomado conocimiento de estos antecedentes, ¿habría tenido que investigarlos?

-Lógico, los investigo. Me interesa para la causa obviamente.

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La fiscal López explicó que estuvo al tanto de las diligencias de Carabineros desde el primer día: «Le puedo decir claramente que ella no estuvo detenida, porque yo era la que daba las instrucciones en este caso y sé como llegó a Arica, porque conversé con ella cuando llegó (…). Me llamaba prácticamente todos los días el mayor, el jefe de zona de la Comisaría de Putre, para contarme cómo iba el avance de la búsqueda».

Sin embargo, el sargento Vergara y el cabo Alvarado declararon en los dos juicios contra Gabriela Blas que no dieron aviso al Ministerio Público de las diligencias, sino hasta el domingo 29 de julio. «Yo las declaraciones se las solicité a ella de forma voluntaria, porque nosotros estábamos frente a una denuncia de presunta desgracia», afirmó Alvarado.

Ese domingo, Gabriela Blas, junto con firmar el Acta de Declaración Voluntaria por torturas, dijo que el niño lo tenía Cirilo Silvestre, el dueño del rebaño que ella pastoreaba. Entregó su dirección en Arica. La SIP avisó al Ministerio Público para conseguir una orden de allanar el domicilio de Silvestre. Llevaron a Gabriela Blas a la ciudad. No encontraron al menor. La fiscal López pidió una orden de detención contra la mujer por obstrucción a la justicia. El cabo Alvarado, el mismo que le tomó todas las declaraciones en Alcérreca, le leyó sus derechos, le tomó una nueva declaración y la llevó a los calabozos de la 3ª Comisaría de Arica.

A las seis de la mañana del día siguiente, Gabriela Blas fue trasladada al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica. Por orden de la fiscal, 20 minutos antes de ser llevada al control de detención, el comisario Juan Carlos Carrasco y el policía Ángel Parraguez, la interrogaron. Le tomaron una nueva declaración. Le preguntaron cómo mató a su hijo.

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El 30 de julio Gabriela Blas fue llevada al control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica luego de permanecer seis días bajo la custodia de Carabineros. Se le asignó al abogado defensor Ricardo Sanzana, del estudio Defex Limitada. Ni en el control de detención, ni en la audiencia de formalización, Sanzana alegó una detención ilegal de su defendida en Alcérreca. Tampoco advirtió al Juez de la denuncia por tortura contra los dos funcionarios de la PAE.

Víctor Providel, Jefe de Estudios de la Defensoría Penal de Arica, señaló que esto recién se alegó en los juicios orales contra Gabriela Blas. Ahí, dijo, «presentamos un recurso de nulidad por infracción de garantías fundamentales».

-Pero en el Juzgado de Garantía no se presentó nada sobre este punto.
-No se alegó.

-¿Por qué?
-Esa es una pregunta que habría que hacerle al defensor que estuvo presente en la audiencia. Cuando llegué a hacerme cargo del juicio a finales del 2009, ya eran hechos consumados. ¿Nos pesó eso? Sí, nos pesó.

Gabriela Blas quedó recluída tres años en prisión preventiva en el Penal de Acha.

Las pesquisas de la Policía de Investigaciones partieron en agosto de 2007 y terminaron en octubre de 2008. Tal como con los carabineros, Gabriela Blas entregó distintas versiones de lo sucedido con su hijo: que se le cayó del aguayo; que lo mató con una piedra; que lo asfixió y luego lo remató con un palo; que lo abandonó en la línea del tren; que se lo entregó a un boliviano.

La PDI realizó indagatorias para verificar cada versión, sin dar con Domingo Eloy. Interrogaron a Cecilio Blas, hermano de Gabriela. El 24 de agosto de 2007 le tomaron una muestra de saliva para obtener su perfil genético. Cecilio Blas confesó que tuvo relaciones sexuales con su hermana. El funcionario de la PDI Ángel Parraguez señaló que Cecilio Blas entregó la muestra voluntariamente y que se le advirtió que podía ser autoincriminatoria. Pero no cumplió con la obligación legal de dejar constancia de ello. Tampoco que podía incriminar a Gabriela Blas.

El 13 de octubre del 2008 se realizó la audiencia de cierre de investigación. Cecilio y Gabriela Blas fueron formalizados por el delito de incesto. A ella, además, se la acusó de obstrucción a la justicia y de abandono de menor en lugar solitario.

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Domingo Eloy estaba boca abajo, en Palcopampa, a los pies del volcán Tacora.

El 2 de diciembre del 2008 el pastor aymara Fortunato Tapia Calizaza encontró el cuerpo de un niño con las ropas que Gabriela Blas declaró que llevaba su hijo. Había pasado casi un año y medio de su desaparición. Los calzoncillos largos, la polera, el polerón, el polar, el pantalón de buzo. El gorro de lana se hallaba a unos metros del cuerpo. Los calcetines, guardados en el bolsillo del buzo. Un poco más lejos estaban las chalas.

El cuerpo estaba a 18 kilómetros de dónde lo dejó la madre. A siete kilómetros del pueblo más cercano. Para llegar a Palcopamapa el niño tuvo que bajar la quebrada del río Azufre; cruzar el río, con un caudal de medio metro; subir la quebrada; esquivar socavones de cuatro metros de ancho; y caminar seis kilómetros por la pampa. «Este camino tiene una particularidad», declaró Roberto Arias, funcionario en retiro del Ejército: «Está obligado a pasar por un campo minado».

El peritaje del Servicio Médico Legal (SML) señaló que la causa de muerte era «indeterminada». Además, por el estado de preservación del cadáver, era «extremadamente difícil definir una fecha exacta de muerte». El perito de la defensa, Luis Ravanal, llegó a las mismas conclusiones. Agregó que no había «signos de acción de terceros». A su vez, el examen histológico realizado por el SML de Santiago reveló que no había «elementos suficientes para formular una hipótesis de causa de muerte».

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Claudia Nataly Montserrat, la hija de Gabriela Blas con su hermano Cecilio, fue declarada susceptible de ser adoptada el 11 de septiembre de 2008. El proceso se inició en febrero. La madre estaba en prisión preventiva, a la espera de juicio. Sobre ella había una presunción de inocencia. Sin embargo sus antecedentes le pesaron. «En el caso de Gabriela influyó que ella entregara la custodia de su hijo mayor, que estuviera procesada por abandonar a otro hijo y que no diera señales de preocupación por Claudia», señaló Viviana Matta, directora del Servicio Nacional del Menores (Sename) de Arica.

La menor llevaba un año en Conin. Su directora, Marisol Molina, señaló que la madre «nunca fue a buscar a la niña». Gabriela Blas declaró, en cambio, que se presentó en la institución: «Me dijo que tenía que tener contrato de trabajo, una madre que tenga una casa habilitada y que esté en buen estado para poder tener a la Claudia». Su hermano Cecilio declaró que «hizo todo lo posible por retirarla».

La ley establece que la sentencia de adopción es irrevocable. Personas que conocieron el caso señalaron que Claudia Nataly fue dada en adopción internacional. Perdió sus tres nombres y dos apellidos. Se le asignó un nuevo RUT. Sus padres adoptivos estuvieron con ella en Arica. En una carpeta se llevaron el nombre y origen étnico de sus padres biológicos. «Aún si Gabriela no hubiera sido condenada, si el tribunal había determinado que existían las causales suficientes para que la niña fuera declarada susceptible de ser adoptada y se había fallado su adopción, desde un punto de vista legal, habría sido prácticamente imposible que recuperara a su hija», explica Denissa Donaire, jefa del Programa de Adopción de Fundación Mi Casa.

III.

El primer juicio oral contra Gabriela Blas partió el lunes 5 de abril del 2010 y terminó el sábado siguiente. El Ministerio Público, representado por la fiscal Javiera López, sostuvo en su alegato de apertura que Gabriela Blas no cumplió su obligación de madre «garante de la seguridad de su hijo». Su modo de actuar iba «incluso contra las leyes de la naturaleza». Alegó que aquellos son roles transculturales, «que van con el contenido genético y biológico de una madre».

No era un problema étnico. El altiplano es un lugar hostil. No se puede dejar a un menor en un lugar así. Tampoco fue un accidente, como el de un niño que cae a una piscina. «Si se equiparara a ese ejemplo, doña Gabriela Blas Blas empujó a su hijo a la piscina y se aseguró que nadie lo rescatara», concluyó la fiscal.

El defensor, Víctor Providel, señaló que los aymaras «son distintos a nosotros». Tienen otras costumbres y forma de ver el mundo. En Alcérreca, dijo el abogado, Gabriela Blas fue tratada como imputada. Y un imputado no está obligado a declarar, «incluso tiene derecho a mentir».

Providel explicó que la PDI recibía 300 denuncias anuales por presunta desgracia de menores de siete años. Sesenta nunca son aclaradas. «Jamás se ha iniciado una investigación de alguien que haya sufrido esta desgracia», dijo.

Por la fiscalía se presentaron siete testigos y ocho peritos. Por la defensa, tres testigos y cuatro peritos. Además, Gabriela Blas subió al estrado a declarar. Repitió lo mismo que le dijo al carabinero en Alcérreca cuando hizo la denuncia por presunta desgracia: que el lunes 23 de julio estaba pastoreando en Estancia Caicone; que se le habían quedado rezagados dos llamos; que había dejado a su hijo sobre el aguayo; que al volver, una hora después, su hijo ya no estaba; que lo buscó hasta la noche del 23 y la mañana del 24.

Fue condenada a diez años y un día de cárcel. Los miembros del tribunal determinaron que su comportamiento «errático» acreditaba «una conducta anómala para una madre», cualesquiera que fuere «su origen étnico». Como mintió, no podían dar «verosimilitud a su versión de extravío». Llegaron a la convicción de que «tuvo la suficiente frialdad y audacia de crear diversas historias a fin de evitar ser descubierta en su conducta ilícita». Afirmaron que en el juicio no estaba «comprometida la costumbre aymara, en la medida que no es propia de ella dejar abandonados a menores».

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La defensa de Gabriela Blas presentó un recurso para anular el juicio. Argumentó que no hubo un debido proceso porque se violó la presunción de inocencia de la acusada, no se «valoró de modo adecuado la prueba» y los «fundamentos del fallo» eran incorrectos.

La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso. El 30 de agosto de 2010 resolvió que los jueces se equivocaron al desechar la versión de extravío entregada por Gabriela Blas porque sólo consideraron el testimonio de los funcionarios policiales «respecto de la conducta mantenida por la imputada durante la pesquisa». Su comportamiento, «por cierto errático», señaló el dictamen, «no conduce indefectiblemente a sostener que ella dejó abandonado al menor en forma intencional en ese lugar solitario». Y sostuvo que esa conducta se podría deber al «temor por la reacción familiar y de la autoridad policial».

Además, la corte señaló que el fallo del tribunal era «contradictorio»: «Por una parte se reconoce que la causa de la muerte ha sido indeterminada por los peritos y, no obstante ello, fijan una data cercana entre la muerte del menor y la denuncia de su extravío (sin apoyo científico)».

Se anuló la sentencia y el juicio oral. Gabriela Blas recuperó la libertad después de tres años y un mes en prisión preventiva. Esperó el nuevo juicio, fijado para dos meses más, en la casa de su tía Celedonia Choque, en Arica.

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Esta vez Gabriela Blas decidió no declarar. «La experiencia anterior fue muy devastadora», señaló su abogado, Víctor Providel. «Nuestra voluntad era que lo hiciera. Creíamos que necesitaba contar su historia a su modo, llena de detalles que hacen que tenga sentido y lógica», comentó.

Los días previos al juicio fue sometida a un interrogatorio simulado, «yo diría que al 50 por ciento de lo que podría hacer el Ministerio Público», indicó el abogado, «pero no fue capaz de mantenerse entera».

Sin embargo, las condiciones eran distintas. Ahora había un fallo de la Corte de Apelaciones local que respaldaba el modo de razonar de la defensa. A las 9:14 del 4 de octubre del 2010, el juez presidente de la Sala, Mauricio Vidal, leyó la acusación. En sus alegatos de apertura, la Fiscalía y de la Defensa expusieron las mismas tesis que en el juicio anterior. La Defensa llevó a dos testigos y tres peritos. Por su parte, el Ministerio Público llevo siete peritos y nueve testigos: un ex militar, dos aymaras, cinco carabineros y dos funcionarios de la PDI. Los policías volvieron a hacer hincapié en las diversas versiones entregadas por la acusada.

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El juicio duró tres días. La mitad que el anterior. Esta vez los magistrados condenaron a Gabriela Blas a 12 años de cárcel. El texto con la formulación de los hechos que lograron establecer, «más allá de toda duda razonable», es el mismo que el de la sentencia anterior. Las mismas 20 líneas y 245 palabras. Como un “cortar y pegar”.

En el Tribunal Oral Penal de Arica dicen que los jueces no opinan de sus fallos. Los magistrados «hablan por sus sentencias».

En su dictamen, los jueces afirmaron que Gabriela Blas abandonó con dolo a su hijo porque «es oriunda y conocedora de la zona en la que había pastoreado antes» y sabía «de los peligros» que «existen en cualquier lugar solitario, como lo es el altiplano chileno». Si vio que dos animales se quedaban rezagados y fue a su rescate, no entendían cómo fue que «en su posición de garante, de madre indígena conocedora de los peligros, no se representó que la pérdida o el ataque de un animal feroz podía acontecerle a su hijo».

Tal como los jueces del primer juicio, concluyeron que era «posible sostener que la acusada no quería que se encontrase a su hijo»: denunció el extravío un día después de sucedido, no fue al retén más cercano y con su comportamiento «distrajo a la policía».

La causa de muerte era el abandono, como en el primer fallo. Con los mismos peritajes del juicio anterior fijaron una data de muerte. «Está claro que el niño murió en invierno, en una época cercana al abandono (julio)».

Era sostenible, dice el segundo dictamen, que durante la búsqueda en Alcérreca la mujer hubiera sufrido apremios y amenazas de funcionarios policiales, «pero no en la primera (declaración), tampoco en el momento que los carabineros se disponen a buscar al niño, oportunidad que ella cambia la versión, incluye a Eloy García y evita la búsqueda temprana de su hijo».

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Indígena obligan a respetar la costumbre o derecho consuetudinario en juicios a personas de pueblos originarios. Los magistrados señalaron que la defensa mostró a la acusada «como una mujer indígena totalmente fuera de la cultura “occidental”». Sin embargo, indicaron que Gabriela Blas fue al colegio «hasta sexto año básico», trabajó nueve meses como «empacadora de tomates en Azapa», también en un restaurante en Zapahuira «donde sostuvo relaciones de pareja con los camioneros que pasaban» e hizo un reclamo en la Dirección del Trabajo por no pago de sus cotizaciones, «trámites que no podría haber efectuado una persona con deprivación cultural». Además, el fallo indica que en su casa de Alcérreca la PDI encontró «prendas femeninas y documentación en el lugar, tales como toallas higiénicas y su carnet de Fonasa».

Gabriela Blas, sostiene el fallo, no respetó la costumbre descrita por los peritos de la defensa de dejar a los menores «en una lomita para mirarlos y no perderlos de vista». Dejó al niño en el suelo, sobre un aguayo. Además, tal como se decía en el fallo anterior, no estaba «comprometida la costumbre aymara, en la medida que no es propia de ella dejar abandonados a menores».

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Para el antropólogo Gundermann el argumento de que Gabriela Blas no era aymara porque usaba toallas higiénicas y tenía carnet de Fonasa es «una tontera»: «Piensa nada más en el Censo. Oficialmente en este país, por ley, la pertenencia étnica es un acto de auto adscripción. A ti no te preguntan si hablas la lengua mapuche, aymara o rapanui, para ser censalmente mapuche, aymara o rapanui».

Su colega, Vivian Gavilán, dice que hubo una «desesperación de la Defensa por argumentar que son distintos». La Defensa presentó dos peritajes sobre los aymaras y la comunidad de Gabriela Blas: el Informe Intercultural, de Inés Flores, y Las prácticas de costumbre en el contexto de la cultural aymara, de Alejandro Supanta, ex-funcionario de la Conadi y dirigente aymara. «Con estos dos peritos estimamos que se lograría acreditar la costumbre», opinó el abogado Providel. «Si me pregunta, ahora, después de la experiencia, como una autocrítica, tal vez no fue suficiente», agregó.

El peritaje de Supanta señala que Gabriela Blas «no tuvo la posibilidad de observar y convivir con una familia bien constituida». Como ella vivía en un caserío aislado «no tuvo la oportunidad de ver a otras familias y madres cumpliendo los roles de madre que cuidan a sus hijos y que los preparan para enfrentar la vida adulta». A su vez, Inés Flores indica que como Gabriela Blas llegó hasta 6º básico, estaba impedida de «establecer diferencias entre la cultura propia y la de otros interactuantes».

«Sin duda que una pastora puede llevar una vida en un ambiente relativamente aislado», afirma Hans Gundermann. «Pero de ahí a que sea una suerte de sujeto exótico, yo creo que no cabe». Gabriela Blas fue a la escuela, sabe leer y escribir, habla español y aymara, trabajó en distintas zonas rurales y vivió en Arica.

Inés Flores señala en su informe: «La imposición de un nuevo sistema normativo -desde España y posteriormente desde las repúblicas- en las comunidades aymaras, ha alterado el equilibrio individual y comunitario, afectando la convivencia de sus miembros». Las consecuencias, escribe Flores, «son observables en la interacción familiar de la imputada». Pero Gundemann asegura que a lo largo de su carrera ha observado en las comunidades aymaras «una capacidad de adecuación y adaptación, de recrearse históricamente, bien interesante».

Supanta escribe que la mujer aymara es repudiada «cuando entra en contacto con personas del sexo masculino». Inés Flores afirma que las mujeres son «intimidadas psicológica, cultural y socialmente cuando son interrogadas por hombres». «Las mujeres aymaras mayores corrigen a otras diciendo “chacha chachallakipiniwa” (ser hombre es respeto, es autoridad)», sostiene Flores.

Sin emitir un juicio sobre la personalidad de Gabriela Blas, Gundermann afirma que las mujeres aymaras «no son unos seres subordinados hasta la abyección», «Es gente que puede vivir situaciones de subordinación, pero que también piensan, también reaccionan». Gladys Vásquez, pastora aymara de Estancia Viluyo, explica que antiguamente se daba ese estado de sumisión, «pero hoy, por lo menos en nuestro sector, la relación entre hombre y mujer es equitativa».

El comportamiento de Gabriela Blas en el retén de Carabineros, dice el antropólogo Gundemann, se podría explicar sin recurrir a un argumento como el del «chacha, chachallakipiniwa» (ser hombre es respeto, es autoridad).

«Entiendo que eso ha cambiado bastante, pero hace unos 30 o 40 años atrás, la relación con Carabineros era una relación dura», afirma Gundnerman. «Los pobladores, y las mujeres evitaban cualquier contacto porque no querían exponerse a burlas, agresiones verbales o incluso, en algunos casos, a agresiones físicas». Es probable que Gabriela Blas no sea ajena a esa historia, que pudo quedar en la memoria de sus padres o abuelos.

El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas señala que luego del Golpe de Estado de 1973 se despliega en la zona una ideología «asimilacionista y de frontera». Se trata de «chilenizar» a la población, y se desconocen «las particularidades culturales propias del pueblo aymara».

El investigador Juan Carlos Mamani, en su libro Los rostros del aymara en Chile: El caso Parinacota, describe como Carabineros ejerció en la primera mitad del siglo XX «una permanente coerción verbal, cargada de una ideología nacionalista y discriminatoria sobre la población para que abandonen la lengua indígena».

Mamani recoge el testimonio de ancianos que recuerdan como los insultaban: «Habla como la gente», «indios de mierda», «nunca hay que hablar aymara, huevones, sino los voy a matar». También recopiló testimonios sobre policías interesados en aprender aymara o que les enseñaron a los pobladores a leer y escribir. Sin embargo, como dice una anciana de la comuna de General Lagos, de donde es Gabriela Blas: «Grave era… los carabineros saben retar».

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En las salas del Tribunal Oral en lo Penal de Arica hay silencio. Sin embargo, en conversaciones informales en los pasillos del Tribunal se repite una opinión: «¡Cómo es que seis jueces se pueden equivocar!».

Para el abogado Juan Pablo Mañalich, doctor en Derecho Penal y profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile, «uno de los problemas gruesos de las dos sentencias es cómo entienden los jueces los deberes o cargas de prueba». El Ministerio Público tenía el «deber de probar» la intención de Gabriela Blas de abandonar a su hijo para que muriera.

Para la Fiscal Javiera López fue relevante lo que declaró Gabriela Blas cuando presentó la denuncia en Carabineros. «Es una madre que desde el punto de vista jurídico tiene la calidad de garante. Se supone que su hijo se le perdió, sin embargo en esa calidad y en esa situación ella hace lo imposible, pero lo imposible, para que no encuentren a Domingo. Y lo logra».

La sentencia sugiere que el Ministerio Público demostró el comportamiento «errático» de Gabriela Blas. Incluso que su versión del extravío no era cierta. «El punto es que eso deja la cuestión en cero», advierte Mañalich. «No porque lo que haya declarado la imputada no es creíble, eso lleva a un piso mínimo en el que las afirmaciones que se tienen por verdaderas sean solo las que hace el Ministerio Público», añade.

En la sentencia se asume que lo que afirman los acusadores se debe entender como verdadero, salvo que la defensa lo refute. «Eso es inaceptable», opina Mañalich, «porque, en rigor, la defensa puede asumir la estrategia de no hacer nada».

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El Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, tratado internacional ratificado por Chile en 2008, garantizaba a Gabriela Blas que se le consideraran «sus costumbres o su derecho consuetudinario», que se respetasen los métodos de su etnia a los que «recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros», y a dar «preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento».

«La justicia “qullana” aymara es de naturaleza preventiva, más que punitiva», explica Tomás Alarcón, abogado y aymara peruano asesor del Parlamento del Pueblo Qullana Aymara P.P.Q.A. «Los “amawtas” (consejeros sabios) habrían averiguado las causas del hecho y luego ejercido una acción de protección del binomio madre-niño», dice Alarcón.

Para Mañalich, afirmar que Gabriela Blas no es indígena porque usa toallitas higiénicas es «una vía para explotar el prejuicio». Una persona que pertenece a una comunidad indígena no deja de serlo si se inserta dentro del Estado al que pertenece la comunidad. «Es una cuestión que está zanjada en el derecho internacional», sostiene Mañalich.

Finalmente, el tribunal le restó toda aplicabilidad al Convenio 169 cuando fijó la pena contra Gabriela Blas. El convenio dispone que deben favorecerse sanciones no privativas de libertad y ajustadas, en lo posible, a las costumbres del grupo étnico. Los jueces interpretaron que su obligación era conceder ese beneficio si en nuestra legislación hubiese «una pena alternativa o si la Ley 18.216 (que establece medidas alternativas a las penas privativas de libertad) fuese aplicable a sanciones superiores a los cinco años y un día», tal como lo indicaron en la sentencia. «El problema es que eso vuelve completamente irrelevante cualquier referencia al Convenio 169», refuta Mañalich: «Si el argumento es que “el Convenio 169 lleva a eso si es que la ley chilena lleva a eso”, entonces no se necesita el Convenio 169».

En el nuevo procedimiento penal no se puede pedir la nulidad de una segunda sentencia condenatoria, «lo que hace bastante perversa la cuestión», comenta el académico de la Universidad de Chile. Nada sugiere que los jueces que se equivocaron una oportunidad, no lo hagan en una segunda.

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Después del segundo juicio se articuló un grupo de dirigentes aymaras para denunciar lo que a juicio de ellos constituyeron arbitrariedades en el caso de Gabriela Blas. En el grupo estaban Félix Humire (del P.P.Q.A), Francisco Rivera (dirigente de la comunidad de Camarones) e Inés Flores, la facilitadora intercultural. Sin embargo, «durante el desarrollo de la investigación y el desarrollo de los dos juicios, no hubo una especial preocupación de las comunidades indígenas sobre este tema», dice Víctor Providel. En las audiencias solo estuvo presente Rivera.

El grupo consiguió que las ONG Observatorio Ciudadano de los Derechos Indígenas y Corporación Humanas patrocinaran una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. «No hay otra prueba inculpatoria contra Gabriela Blas que no sea un testimonio contradictorio dado en condiciones de detención arbitraria e ilegal», explica Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano. «Eso sola situación amerita una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», estima.

La denuncia se presentó en mayo de 2011. Se debe resolver su admisibilidad, el primer paso para un eventual juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los plazos son largos, como la condena de Gabriela Blas.

La solicitud de indulto presidencial la presentó el diputado Orlando Vargas del Partido Por la Democracia (PPD). La petición se aprobó el 14 de octubre del 2010, con el apoyo de todos los sectores políticos. El pasado martes 29 de mayo el Presidente Sebastián Piñera rechazó conceder el indulto total, pero rebajó la pena a seis años. Eso significa que Gabriela Blas debe esperar un año más para lograr su libertad.

Gabriela Blas cumple su condena en el penal de Acha, 12 kilómetros al sur de Arica. Su familia no la va a ver. Teje y lee la Biblia. Se hizo Pentecostal. Cuando quede libre, quizás vuelva sobre las huellas que trazó su hijo el día que se perdió. La llevarán al cementerio de Alcérreca, donde una cruz de madera marca el fin del camino de Domingo Eloy.

Proyecto de Ley de Indulto: Discriminatorio e insuficiente

A fines de 2010, el país presenció con estupor la muerte de 81 personas privadas de libertad en un establecimiento penal ubicado en San Miguel. Posteriormente se supo que muchos de los fallecidos estaban presos por conductas que, en ningún caso, justificaban esta medida extrema.

Con motivo de lo anterior, diversos sectores comenzaron a buscar a los culpables de tamaña desgracia, hasta llegar a la formalización de diversos funcionarios por su presunta responsabilidad en tales hechos.

Una vez más, rige ese refrán popular que nos dice que “el hilo se corta por lo más delgado”. Nadie o pocos han reparado en un sistema penal arcaico que tiene como única respuesta la cárcel, provocando el hacinamiento en los penales. Tampoco se advierte el que, a pesar de existir en el Código Procesal Penal, una serie de medidas cautelares personales distintas a la prisión preventiva, ésta es solicitada y decretada invariablemente casi para cualquier delito, sin reparar que posteriormente muchas de esas personas jamás volverán a un centro penitenciario.

Pues bien, en lo que pareciera ser el legado de las víctimas de San Miguel, el Gobierno ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que concede un indulto conmutativo general a quienes cumplan determinadas condiciones. En el mensaje presidencial que lo acompaña se destaca “el alto nivel de hacinamiento que se vive en nuestros recintos penales desde hace décadas, y cuya superación es imposible de alcanzar en el corto plazo”.

A nuestro juicio este proyecto es insuficiente y, en todo caso, discriminatorio además de constituir una ínfima respuesta estatal. Para sostenerlo de esta manera, partiremos por referirnos a los casos en que procedería.

Así, el indulto se aplicaría a las mujeres que actualmente se encuentren condenadas y privadas de libertad y “sólo será procedente para aquellas que hubieren cumplido dos tercios de la pena, salvo el caso de aquéllas que fueren madres de hijos menores de dos años, en que se reduce por consideraciones humanitarias dicho requisito, bastándoles que resten seis meses para que cumplan los dos tercios de su condena; y en ambos casos, sujeto siempre a que hayan observado conducta sobresaliente durante los tres últimos bimestres”.

En segundo lugar, el indulto favorecería a los “condenados que se encuentren bajo un régimen de permiso de salida controlada al medio libre”.

El último grupo al que se aplicaría la medida, corresponde “a los condenados que estuvieren cumpliendo pena de reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile”.

Pues bien, sostenemos que el proyecto es discriminatorio pues ninguna justificación tiene el que comprenda solamente a las mujeres, olvidándose que existen hombres privados de libertad que tienen hijos y que no tienen a su lado, por cualquier razón, a las respectivas madres de los mismos. Es decir, el proyecto más que tener en cuenta el delito respectivo, considera el género del hechor.

Aún más, se exige para las supuestas favorecidas, “conducta sobresaliente”, desconociéndose que cualquier falta insignificante priva a la conducta del calificativo de “sobresaliente”.

El proyecto, además, excluye del indulto respecto de tres grupos: a “los condenados como autores por los delitos consumados previstos en los Artículos 141 incisos 3, 4 y 5; 142; 361; 362; 372 bis; 390 y 391 N° 1 del Código Penal; en los Párrafos 5°, 6°, 7° y 8° del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando las víctimas fuesen menores de edad; en los Artículos 433, 436 y 440 del Código Penal ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”.

No se justifica tal exclusión para aquellos que gozan de salida al medio libre y están condenados por tales delitos, máxime que en el propio Mensaje se señala que el beneficio que se pretende se funda “en que dichos condenados ya han dado pruebas fehacientes de rehabilitación y reinserción, al punto que actualmente se encuentran sometidos a un sistema de control en que sólo concurren a pernoctar al establecimiento penitenciario. Dicha circunstancia, por lo demás, da cuenta que el indulto no supone riesgo adicional a la seguridad pública”.

Lo anterior, pues existen personas condenadas por los delitos excluidos que se encuentran bajo un régimen de permiso de salida controlada al medio libre y que, por ende, “ya han dado pruebas fehacientes de rehabilitación y reinserción”. Creemos que los autores de los delitos excluidos también tienen la posibilidad de “reinsertarse” en la sociedad.

Para el último grupo, el de “los condenados que estuvieren cumpliendo pena de reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile”, tampoco procederá el indulto si son autores de los ilícitos referidos. Ello, no obstante que el Mensaje, justificando el indulto para los beneficiados con reclusión nocturna, señala que las “características de los integrantes de este grupo corresponden a condenados por delitos menores y que, atendido que su reclusión se realiza entre las 22:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente, se encuentran libres durante todo el día, por lo que cualquier medida que se tome en relación con ellos no representa un verdadero riesgo para la seguridad ciudadana”.

Curioso por decir lo menos este fundamento pues se excluye, por ejemplo, al robo por sorpresa, previsto en el inciso segundo del Artículo 436, pero es perfectamente factible que una persona que haya sido condenada por este delito, que se sanciona con una pena de entre 541 días a 5 años, se encuentre gozando de la reclusión nocturna al haber sido castigado a una pena de hasta dos años. Sin embargo, quedará fuera del indulto, a pesar de estimarse un “delito menor” en razón de la pena y a encontrarse libre todo el día.

En el caso de los condenados en virtud del Artículo 196 de la Ley de Tránsito, en que el indulto no se hará extensivo a las penas accesorias, el beneficio solamente encontrará aplicación para algunos casos en razón de la diversa penalidad que contempla esa norma.

Como corolario, el proyecto indica para todos los grupos que los beneficiados quedarán con sujeción a un período de control y observación a través de firmas mensuales, “por el lapso de los cinco años siguientes a la concesión del indulto conmutativo”.

Al respecto, estimamos que en el caso de aquellas personas que gozan de la reclusión nocturna no se divisa el beneficio, como no sea el de liberarlos del encierro entre las 22 horas y las 06:00 horas, que a estas alturas pareciera más conveniente que quedar sujeto a control por cinco años si se considera la duración de la pena ya impuesta que se está cumpliendo bajo esa modalidad. Además, de acuerdo al Artículo 10 de la Ley Nº 18.216, en los casos que indica, el tribunal puede suspender el cumplimiento de la reclusión nocturna o decretar el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir de la comuna en la cual resida el condenado o del ámbito territorial que se le fije.

En conclusión, no divisamos las ventajas del proyecto, sino que los fines que él persigue, tales como que el Estado deba velar por las condiciones en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas y “reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención en los que se registra cerca de un 60% de sobrepoblación penal”. Lo anterior se consigue a través de una verdadera política criminal que despenalice muchas conductas que provocan la inflación del Derecho Penal y que terminan siendo consideradas como “delitos de bagatela” por el sistema procesal penal, a la vez que se lograría erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa.

Ariel Henríquez, el joven temporero que murió en la cárcel de San Miguel

La carroza fúnebre del Hogar de Cristo avanza por las apacibles calles de Isla de Maipo seguida de un silencioso cortejo de unas 60 personas que caminan hacia el cementerio local. “¡Los gendarmes y pacos de San Miguel son unos asesinos!”, es el único grito que interrumpe la solemnidad del momento y que recuerda que no es un funeral cualquiera. Ariel Andrés Henríquez Sepúlveda es uno de los 81 presos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel. A diferencia de los sepelios de muchos de quienes fallecieron ese día, acá no hay disparos ni gestos del hampa. Es un funeral de pueblo en que se despide a un joven temporero que tras involucrarse por primera vez en un robo, terminó en una de las prisiones más peligrosas del país.

Ya cerca del cementerio, los familiares y amigos deciden cargar el ataúd para darle una mejor despedida a Ariel. Antes de entrar, un auto abre sus puertas y deja escapar una cumbia que es coreada por casi todos los asistentes: “Lloramos por un amigo / que se ha ido al paraíso / para nunca regresar / lo vamos a extrañar / adiós amigo / querido amigo”. Aplauso cerrado de los presentes y muchos gritos de adiós.

Sus amigos de la villa Las Mercedes de Isla de Maipo son los encargados de subir el ataúd, con unos zapatos de fútbol y un peluche amarrados a la tapa, al nicho más alto del pabellón. Las flores sobran al momento de taparlo, mientras la prima de Ariel, Evelyn, rompe en llanto y Carmen, su madre, repite desconsolada: “Lo mataron. Lo dejaron morir, como a un animal”.

Ariel Henríquez figura en el número 65 de la lista de cuerpos identificados de la tragedia de San Miguel. Recién el domingo 12 de diciembre, cinco días después de ocurrido el incendio, sus familiares recibieron la confirmación de que estaba muerto y pudieron retirar sus restos del Servicio Médico Legal para enterrarlo dos días más tarde.

A Ariel sus amigos de Isla de Maipo le decían Maxi. Sería rebautizado como Chalita cuando ingresó a la cárcel. Era fanático de la ‘U’, tenía 30 años y estaba en el ala sur del cuarto piso de la torre siniestrada en San Miguel, lugar donde se inició el incendio y donde murieron 66 de los presos. Cumplía una condena de 5 años y un día por “robo en un lugar habitado o destinado a la habitación”.

ROBARLE A UN ABOGADO

–Me dejaste para adentro. Es tremendo –dice Luis Vergara Sáez cuando se entera de que uno de los jóvenes que hace siete años robó en su casa murió calcinado en la cárcel de San Miguel. Lo dice sorprendido, pues hasta que CIPER fue a preguntarle por el robo, creía que Ariel Henríquez cumplía condena en la cárcel de Talagante. No sabía que había muerto.

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando Manuel Bravo, conocido como Pitufo, entró a la casa de Luis Vergara, quien resultó ser el abogado jefe de la oficina de la Corporación de Asistencia Judicial de Talagante. Ariel, entonces de 23 años, lo acompañaba para vigilar la puerta de la vivienda, aprovechando que adentro no había nadie. Robaron una cámara de fotos, una filmadora, un celular y tres perfumes, para luego cambiarlos por marihuana. Todo avaluado en $1.100.000.

Ariel Henríquez dejó el colegio en 4º básico. Terminó 8º mientras hacía el Servicio Militar y se puso a trabajar en el campo para ayudar a su madre a mantener la casa. Al igual que Manuel Bravo estaba empleado como temporero en una viña de Isla de Maipo hasta la mañana de ese viernes 31 de octubre.

Don Tito, su jefe, los llamó y les dijo que no podrían seguir, que “la pega estaba mala”. No los llamó por su nombre, sino por sus apodos: Maxi y Pitufo. Les dijo que se fueran y que volvieran en la tarde a buscar su sueldo. Entonces se fueron juntos caminando. Apenas puso un pie afuera de la viña junto al Pitufo, el Maxi emprendió un camino que terminó en una celda de la cárcel de San Miguel. Si no fuera por lo que pasó ese día, por lo que aparece detallado en el expediente de su causa archivado en Talagante, Ariel quizás seguiría vivo. El Maxi no habría muerto calcinado.

Esa mañana, el abogado Luis Vergara dejó cerrada su casa de Villa Las Mercedes, pero cuando volvió alrededor de las 14:30 horas se encontró con la puerta de la bodega desprendida y la ventana de su pieza abierta, fracturada y sin seguros. Alguien había entrado y faltaban cosas. Llamó a Carabineros y les dijo que tenía un sospechoso. A Manuel lo conocía hacía tiempo. Vivía en la misma calle y ya lo habían sorprendido tratando de ingresar en otras ocasiones a las casas de algunos vecinos. Además, el día anterior lo habían visto merodeando. Vergara estaba seguro de que el Pitufo era el culpable.

Al día siguiente, el abogado supo que el Pititore, un hombre que vivía frente a la Plaza de Isla de Maipo, había tratado de venderle las cámaras a un local de fotografía del barrio. Entonces fue con un primo a buscarlo, pero no lo encontraron. El lunes 3 de noviembre de 2003 puso una querella criminal por el delito de robo con fuerza en las cosas. Cuatro días después, los culpables caerían.

El primero fue el Pititore, cuyo nombre real era Mauricio Vergara. Ya tenía sus papeles manchados: había sido condenado por robo con intimidación, hurto y giro doloso de cheques. Cuando lo detuvieron, la policía no encontró nada. Después les dijo que el día del robo, su amigo el Pitufo fue a su casa con otro hombre que no conocía y que le pasaron una mochila con las especies robadas. Así que fueron a buscar a Manuel. Cuando lo interrogaron, confesó que había entrado a la casa del abogado junto al Maxi. Que le entregaron las cosas al Pititore y que éste las trató de vender. Que volvió con $30.000 que se repartieron entre los dos y que con esa plata le compraron unos pitos al mismo Pititore.

Entonces cayó Ariel. Ante la policía confirmó lo declarado Manuel. Pero en el tribunal los tres cambiarían su versión diciendo que habían hablado bajo los golpes de los policías. El Pititore dijo que no sabía qué había en la mochila. Los otros dos señalaron que lo de los 30 mil pesos y los pitos era falso. Como sea, todos habían participado en el robo. Ese día, el juez titular del Primer Juzgado de Letras de Talagante, Moisés Pino, determinó que los tres se quedarían en el Centro de Detención Preventiva de Talagante, donde ya llevaban tres noches. Al día siguiente, Luis Vergara recuperó todo lo robado.

Dos semanas después del robo, los tres fueron sometidos a proceso y a prisión preventiva: el Maxi y el Pitufo por robo con fuerza en lugar destinado a la habitación; el Pititore por receptación. Lo que siguió fue un ir y venir del expediente desde el tribunal de primera instancia a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Que se pedía la excarcelación. Que se negaba porque eran un peligro para la sociedad. Entonces se apelaba. Y luego se volvía a negar. Así, una y otra vez hasta febrero de 2004, cuando por fin lograron la libertad provisional bajo fianza. El Pititore tuvo que pagar $15.000, mientras que los otros dos $30.000 cada uno. Además, tendrían que ir a firmar cada 30 días.

A diferencia de Manuel, que en agosto de ese año cayó preso de nuevo junto a su primo el Pete por otro robo en el mismo sector, Ariel no se volvió a meter en problemas. En octubre de 2005 fue citado al Centro de Reinserción Social (CRS) Santiago Sur para ser evaluado antes de que se dictara la sentencia. Pero no apareció. El 30 de diciembre lo volvieron a citar a través de la Bicrim. En febrero de 2006 mandaron a Carabineros a buscarlo. No lo encontraron. El 29 de marzo siguiente avisaron a la tenencia de Isla de Maipo para que lo ubicaran y lo citaran de forma urgente a una audiencia. Pero nada. El Maxi había desaparecido. En junio volvieron a citarlo de urgencia, pero en su casa, su madre decía que Ariel había estado los últimos cinco meses en el sur. Lo mismo pasó en julio. Entonces, el último día de agosto se le preguntó a Gendarmería por sus registros de firmas. La respuesta llegó esa misma tarde: no había constancia de que hubiera firmado. Ese día, Ariel pasó a ser un prófugo.

–De puro porfiado que era no más –es la simple respuesta que dan sus amigos sobre las razones de Ariel para dejar de firmar y presentarse a la justicia. Incluso cuentan que él sabía que lo estaban buscando y que una vez tuvo que arrancar de su casa corriendo desnudo por la villa Las Mercedes, una de las cuantas veces que los detectives lo fueron a buscar.

En todo caso, no le duró mucho. El 4 de octubre de 2006 fue detenido en su casa. Declaró que no recordaba cuándo había dejado de ir a firmar y que fue porque olvidó el número de la causa. Se comprometió a ir a la evaluación en el CRS Santiago Sur para el informe pre-sentencial. Luego de eso, salió libre de nuevo y se volvió a esfumar. La condena salió en diciembre, más de tres años después de cometido el robo. El Pititore fue sentenciado a 100 días y al pago de 5 UTM. El Pitufo recibió por los dos robos 10 años y un día.

Para el Maxi, el juez tenía reservados 5 años y un día que se harían efectivos en cuanto apareciera. Pero no apareció. Lo citaron en varias oportunidades. Ordenaron de nuevo su aprehensión. Cuando el 14 de febrero de 2008 cayó detenido, por fin se presentó para la evaluación en Gendarmería. Su informe Pre-Sentencial se realizó cuando la sentencia ya estaba dictada. Está fechado el 28 de marzo de ese año y dice que muestra arrepentimiento por el hecho y que manifiesta temor por la posible privación de libertad. Si bien afirma que ha tenido problemas de abuso de alcohol y drogas, al momento de realizarse el informe no habría estado consumiendo. Agrega que “no se aprecia contaminación criminógena ni asociación a grupo de pares negativos”. Al final, dice que se estima que su inclusión a la medida de libertad vigilada “resulta necesaria”. Así, con esa palabra destacada. Pero el 6 de junio volvió a ser detenido y ese mismo día entró en calidad de rematado a la cárcel de San Miguel. Lo que vino después es historia conocida.

LA MÁXIMA PENA

A diferencia de Ariel, que era un primerizo, Pitufo había cometido otros delitos, lo que le valió la condena que cumple en la cárcel de Colina II. Desde ahí le mandó un mensaje al celular de Sandra, una de las hermanas de Ariel, al enterarse del incendio. Le decía que su dolor lo sentía como propio y que no se preocupara, porque Ariel estaba con Dios descansando. También llamó a Carmen Sepúlveda, la madre de su amigo, para darle un mensaje similar.

La familia de Ariel culpa al abogado Vergara por lo sucedido, pues consideran que la sanción fue muy alta para un primerizo, que según ellos ni siquiera entró a su casa a robar, por lo que no debería haber estado en San Miguel. Carmen, la madre de Ariel, dice que el abogado se ensañó con ellos.

En la familia incluso conversaron qué hacer con el hombre que metió preso a su primo. Mientras una tía quería ir con pancartas a gritar a la puerta de su casa, su prima Evelyn piensa que quizás es mejor poner velas, de manera muy respetuosa.

–Yo igual la quiero pelear, quiero que haya justicia, pero también sé que él se metió a robar, para qué andamos con cosas. Nadie le dijo nada. Él fue por las suyas. Yo no estoy justificando esa parte –agrega.

Según Vergara, sólo le interesaba la devolución de las cosas robadas desde su casa. Las cosas efectivamente se devolvieron, pero no se retiró la querella. El abogado argumenta que ya no dependía de él retirar la acción legal. Comenta que le extrañó mucho lo alta de la pena otorgada por el delito. Intentando entender la decisión del tribunal, Vergara menciona el hecho de que eran dos ladrones. El Código Penal señala como agravante del delito de robo y hurto “ser dos o más los malhechores”.

Pero lo cierto es que en el expediente hay constancia de que el 20 de mayo de 2004 el abogado no sólo no retiró la querella, sino que adhirió a la acusación “solicitando que se les aplicara el máximo de las penas establecidas para este delito”. La máxima de las penas fue lo que recibió Ariel. Pero no fue sólo la insistencia del abogado Vergara lo que llevó a este primerizo a una cárcel dura como San Miguel, sino también su insistencia por eludir una y otra vez de la justicia.

LA PORFÍA QUE LO LLEVÓ A LA CÁRCEL

Descrito por sus familiares y amigos como alguien muy cariñoso y ‘mamón’, Ariel fue a dar a la cárcel de San Miguel en el año 2008 después de un largo enredo judicial. Iba en un bus de vuelta del trabajo junto a su mamá, pero él se bajó antes para ir a la casa de su hermana.

–Cuando se bajó, vi un auto blanco y me dio una corazonada extraña. En la noche llegó mi hija diciéndome que habían detenido al Maxi –dice Carmen, su madre. Cinco años después del robo, fue a dar al ala sur del cuarto piso de la torre 5 de la cárcel de San Miguel, donde moriría el 8 de diciembre de 2010.

Una vez en Santiago, la distancia y la dificultad de conseguir dinero para el pasaje hicieron que su madre no pudiera viajar mucho a verlo. Incluso su hermana Carola lo fue a ver una sola vez, para su cumpleaños, el 20 de julio de este año. Las personas que más lo visitaban eran su tía Eliana Sepúlveda, y la hija de ésta, Evelyn Torres, quien se hizo muy cercana a Ariel en su estadía en la cárcel.

–La primera vez que lo fui a ver fue el dolor más grande de mi vida. Yo lo estaba esperando y no salía y no salía. Pensaba que lo habían matado o violado ahí dentro. Después de mucho rato, salió diciendo que creía que no iba a ir nadie –señala Carmen, su madre.

Nunca contó nada de lo que pasaba adentro. Tampoco se quejó. Su prima Evelyn cree que por su personalidad no dijo nada. Ella y su mamá eran su contacto con el exterior.

En una de sus visitas, Evelyn lo notó más flaco de lo normal y hablando muy bajito. Lo notó enfermo. Consiguió una audiencia para que lo atendiera un médico y tras el examen fue diagnosticado con tuberculosis. Por esta razón fue trasladado al hospital de la Penitenciaría, donde tenía su pieza individual y podían visitarlo más seguido. Incluso en ese lugar pudo ponerse a estudiar para sacar 1º y 2º medio. Pero la profesora dejó de ir y pasó menos tiempo del esperado en ese lugar. Pese a que les dijeron que iba a estar ahí por lo menos un par de meses, Evelyn cuenta que no pasó ni una semana antes de que lo devolvieran a San Miguel.

Ninguno de sus amigos de la villa Las Mercedes presentes en el funeral lo fue a visitar a la cárcel. Explicaron que significaba mucho tiempo para ellos ir a Santiago, ya que perdían 2 días de trabajo al enrolarse para la visita y luego ir a verlo. Y como temporeros no se lo podían permitir. No vieron a su amigo desde el día en que lo detuvieron, el 6 de junio de 2008, hasta el domingo 12 de diciembre de 2010, día en que su cuerpo fue entregado en el Servicio Médico Legal y velado en la casa de su madre.

ACCIONES LEGALES

El pasado miércoles 15, a una semana de ocurrido el incendio, la madre de Ariel, Carmen Sepúlveda fue hasta el Centro de Justicia para presentar una querella criminal junto a familiares de otros 9 reos muertos en el incendio, contra quienes resulten responsables de cuasidelito de homicidio y homicidio por omisión. La acción fue presentada en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado de la ONG Defensoría Popular, Rodrigo Román. Con ella se busca establecer las responsabilidades en la tragedia. Los abogados señalaron que manejan datos que apoyan la tesis de una seria negligencia en la mantención de la red seca del recinto, además del hecho de que Bomberos tuviera que apagar el fuego desde afuera, lo que habría provocado que se generara mucho vapor, causando la muerte de reos al quemarse sus vías respiratorias. La responsabilidad de que Bomberos no pudiera ingresar al recinto, también hay que establecerla.

Previo a la presentación formal de la querella, Carmen dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas y se paró frente a los micrófonos y cámaras: “Yo no quiero plata. Lo único que quiero es que caigan los que ese día estaban ahí. Podrían haberlos ayudado y no los ayudaron, los dejaron morir. A mi hijo lo dejaron morir. Yo soy un ser humano y si se está muriendo alguien, no voy a dejar que se muera. Yo no vi a mi hijo, porque estaba todo quemado. A mi hijo lo enterré ayer y no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Ojalá que en este país haya justicia. Si tuviéramos plata mi hijo no hubiera estado ahí, porque aquí la justicia se mueve con dinero”.

La familia también busca establecer por qué en el certificado de defunción de Ariel figura que su muerte, provocada por ‘intoxicación por monóxido de carbono / incendio’, ocurrió a las 05:00 horas, en circunstancias que la información oficial es que el incendio partió cerca de las 05:40 horas.

Esta querella se suma al trabajo del fiscal Alejandro Peña, quien está a cargo de la investigación de las causas de la tragedia en la cárcel de San Miguel, y a otras 2 querellas presentadas por familiares de los fallecidos.

LA DESPEDIDA

La última visita que recibió Ariel Henríquez fue la de su madre, una semana y media antes de la tragedia. En la fila para entrar, le robaron cuatro empanadas que le llevaba a su hijo, pero a él no le importó. Cuando llegó la abrazó por detrás, asustándola. Conversaron de muchas cosas y él preguntaba por su familia, sus amigos.

–Lo último que me dijo fue: ‘Te amo, vieja. Te amo’. Y me dio un beso apretado. Nunca más lo vi –señala con la voz quebrada.

Evelyn, la prima de Ariel, y su hermano le habían comprado una polera para regalársela para Navidad y ahora no saben qué hacer con ella. Solían decirse el uno al otro que algún día iban a ser famosos y salir en la tele. Prefiere pensar que su primo no sufrió. Sabe que murió calcinado, pero prefiere pensar que murió tranquilo, después de sufrir mucho en esta vida.

–Me pasó algo muy especial el sábado en la tarde. Me fui a fumar un cigarro al patio y me senté con las manos tomadas. Y tuve una visión. Lo veo acostado durmiendo. Lo único que vi fue que me tomó las manos, igual como las teníamos con él la última vez que lo vi. Me transpiraban las manos y lo único que me dijo, 3 veces, fue “no me soltís”. Y de a poquito solté las manos y sentí las de él ir. Mi consuelo es de que él murió durmiendo –dice.

La familia espera que su muerte no sea en vano. Evelyn confiesa que sería feliz si les llega alguna indemnización para poder cumplir el sueño de Maxi, que era comprar un terreno y una casa para su mamá. Pero aclara que eso no es lo central. Esperan que hechos como el incendio en la cárcel de San Miguel no vuelvan a suceder, para que otras familias no tengan que pasar por el mismo sufrimiento.

Carmen, Eliana y Evelyn se lamentan de no poder volver a verlo ni hablar con él, sobre todo porque consideran que Ariel no merecía estar ahí ni morir de esa manera.

–Todavía tengo un teléfono registrado de él. Pero aunque llame, nadie va a contestar –concluye Evelyn.

Juez de garantía Patricio Souza: “El slogan de la puerta giratoria era una caricatura”

Durante los últimos 15 años el combate a la delincuencia ha sido el arma política más efectiva. Los jueces de garantía han sido un blanco más al ser señalados como responsables de un sistema punitivo que no atornilla para el lado correcto. Y también como culpables de mantener funcionando “la puerta giratoria” de la delincuencia gracias a la cual los malos muy pocas veces llegan a la cárcel. El incendio de la cárcel de San Miguel ha mostrado dramáticamente que ese slogan no era cierto.

Frente a las historias de los 81 muertos en el incendio del 8 de diciembre, los ciudadanos que creyeron en esa caricatura ven ahora un sistema carcelario sobrepoblado a un punto crítico que ha hecho que los chilenos tengamos más presos por habitante que Brasil. Un país en el que se acaba de librar una guerra en las favelas.

Durante estos años, Patricio Souza, juez de garantía con diez años de experiencia, al igual que la mayoría de los magistrados que cumplen esas funciones, advirtieron del hacinamiento de los penales chilenos. Por ello, Souza –quien es director de la Asociación Nacional de Magistrados- no puede creer que aún se insista en que la solución sea construir más cárceles. Afirma que por esa vía sólo se creará un país cada vez más invivible pues la cárcel es una institución que invariablemente se llena al tiempo que las escuelas públicas tienden a vaciarse.

Para el juez Souza hay vasos comunicantes entre ambos espacios. Los que abandonan las escuelas tienden a terminar en la cárcel. Por ello, el esfuerzo de un Estado decente sería batallar por retener a los jóvenes en el sistema educativo. Lo otro sólo nos garantizará vivir en un infierno, concluye.

-Hace un año, en la campaña presidencial, los candidatos denunciaban la existencia de una puerta giratoria que permitía que muchos delincuentes nunca llegaran a la cárcel. Hoy reclaman que las cárceles están llenas, que el sistema está colapsado. ¿Qué le parece ese vaivén de la clase política?
Como operador del sistema no puedo sino valorar que por fin exista preocupación respecto del sistema carcelario. Hay que decir, sin embargo, que lo que sucedió en la cárcel de San Miguel no puede sorprender a nadie. Las circunstancias en que se encuentran los reclusos hoy en Chile era conocida por todos desde antes de la campaña presidencial. El Poder Judicial con sus diferentes estamentos, desde la fiscal de la Corte Suprema hasta los jueces de garantía, informamos en numerosas ocasiones sobre las condiciones infrahumanas que se vivía en los penales. Hay informes semanales de la situación carcelaria porque los jueces de garantía tenemos la obligación de hacer visitas semanales a las cárceles. Es decir, la información siempre ha estado disponible para quién quisiera verla. Y esa información muestra que en los últimos 10 años (2000-2010) el crecimiento carcelario fue de un 15% anual. Una cifra demasiado elocuente como para no advertir la situación que se estaba incubando.

-Entonces, una de las enseñanzas que se puede sacar de esta tragedia para las futuras campañas políticas, es que nunca hubo “puerta giratoria”, de lo contrario no se explica que a pesar de los penales nuevos, tengamos los actuales niveles de hacinamiento.
Así es. La puerta giratoria es un slogan que ha inundado la discusión publica sobre el delito durante estos últimos 10 años. Y es una caricatura. Desde un principio los jueces de garantía dijimos “ojo, miren las cifras, estamos encarcelando a muchas personas”. Yo fui a múltiples entrevistas en las que decía: por favor no me hablen de “puerta giratoria”, miren las cifras, las cárceles están llenas. Hoy Chile tiene uno de los niveles de encarcelamiento más altos del mundo, con 320 encarcelados cada 100 mil habitantes. Dimos muchas alertas de lo que estaba pasando. Recuerdo que en 2007 vivimos una situación muy particular que los jueces de garantía hicimos presente: en marzo de ese año se inauguró “Santiago Uno” y en noviembre nos llegó un oficio de Gendarmería diciéndonos que ese penal estaba colapsado. Se demoró 9 meses en llenar sus 3 mil plazas y no se podía seguir metiendo gente ahí porque como es una cárcel concesionada, meter más presos significa multas y los costos iban a aumentar mucho.

-Siendo bien sintético: ¿la puerta giratoria era una mentira electoral?
No me voy a meter en la cuestión política, pero sí creo que fue una caricatura que se difundió porque nadie se dio el trabajo de ver los estudios disponibles. Cerraron los ojos ante esa información. Y a nosotros que reclamábamos por estos temas nos hacían acusaciones muy graves.

-En 2007 un grupo de jueces de garantía debatió con el senador Alberto Espina. Él los acusaba justamente de fomentar la puerta giratoria.
Efectivamente, recibimos múltiples acusaciones públicas. No sé si fue ese senador el que lo dijo, pero a quienes reclamábamos por cómo estaba operando el sistema se nos decía que éramos un peligro para la seguridad de la sociedad, que no cumplíamos con la ley, que dejábamos libres a las personas porque no hacíamos bien nuestro trabajo. En un debate con el senador Espina yo fui el presentador y participaron los jueces María Francisca Zapata y Francisco Gallardo. Se nos acusó derechamente de no cumplir con la ley y de no encarcelar a la gente cuando debía ser encarcelada. Todo esto ha quedado desmentido de este modo terrible. Ahora se ve que la situación es totalmente distinta a como se presentaba ahí: a través de la caricatura de la puerta giratoria.

-Hay liderazgos políticos que se han construido y han crecido casi únicamente voceando el combate a la delincuencia. Y de todas las corrientes políticas.
Exactamente. Aquí no hay una imputación a sólo un sector político. En todos los sectores ha habido manifestaciones de “populismo punitivo”, una situación que está bastante estudiada afuera y que consiste en usar el temor que tiene la gente a la delincuencia con fines políticos. Y en Chile se creó un discurso, una caricatura, en la que los jueces que velábamos por las garantías dejábamos a todos libres. Pero la situación carcelaria era otra. Y nosotros lo dijimos en innumerables oportunidades, pero no había condiciones políticas y sociales para ser escuchados. Espero que luego de esta tragedia sea posible realizar una política pública acorde con la realidad.

-Al parecer, la lección que están sacando las actuales autoridades es que lo que hay que hacer es construir más cárceles.
¡Por favor! Hay estudios que muestran que si usted construye más cárceles lo que va a hacer es llenar más cárceles. En los últimos 10 años se construyeron al menos 6 establecimientos penitenciarios. Y todos están llenos. Además, el hacinamiento que había en 2000 no se redujo con los nuevos penales, sino que aumentó. Por lo tanto la solución no fue eficiente. Claramente construir más cárceles significa llenar más cárceles y hacer el problema aún más enorme.

-¿Y si se construyen cárceles modulares?
Se van a llenar más rápido. Entiendo que habrá que construir más cárceles porque la situación es muy mala. Si en San Miguel era mala, en la ex Penitenciaria es peor. Pero eso no es lo central. El tema es otro: primero, hay que tener políticas sociales para evitar el ingreso de los jóvenes al mundo de la delincuencia. Por lo que he visto en mi experiencia como juez, los jóvenes que llegan a cuarto medio difícilmente delinquen. Si usted va a una audiencia penal adolescente va a encontrar que el 95% de los que llega ahí desertó del colegio tempranamente. Aunque sea de mala calidad, la educación es una herramienta socializadora para impedir el ingreso de los jóvenes a la delincuencia. Esa es la vía. No más cárceles. Estoy convencido de que si usted revisa la historia de los 81 muertos en San Miguel, con suerte va a encontrar alguno que llegó a octavo.
Lo segundo: hay que hacer entender que la cárcel no es la única respuesta del derecho penal. Tiene que haber respuestas alternativas distintas que tengan como focalización fundamental la reinserción. Por ejemplo, con los primerizos se tienen que hacer todos los esfuerzos para impedir que reincidan. Eso supone que cuando se les conceden los beneficios de la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada, debe haber una intervención estatal muy fuerte para que no vuelva a cometer un delito. Pero hoy la reincidencia es altísima, supera el 60%. ¡Hay que detener la avalancha de jóvenes que empiezan en la actividad delictual!

-Uno de los muertos de San Miguel, estaba ahí por una condena por piratería de CD’s. Haberlo mandado a esa cárcel hacinada, ¿no es una desproporción? Lo digo pensando en los otros condenados por delitos menores que van a seguir llegando a cárceles indignas y colapsadas.
Bueno, obviamente todo el Código Penal debe ser revisado porque hay una desproporción total en las condenas. Hay que establecer una cierta racionalidad y revisar las formas de cumplimiento, lo que significa poner penas diferentes al encarcelamiento. No conozco el detalle del caso que me dice, pero imagino que no tenía los requisitos para acceder a penas alternativas. Con un sistema más racional quizás esa persona hubiera cumplido otras penas y no cárcel. Esto tiene que revisarse: las penas y el abanico punitivo tiene que ampliarse.

-Hay algo que me parece preocupante y es la reacción de mucha gente en los debates en Internet. Personas que declaran anónimamente que están felices porque hay 81 flaites menos. Pareciera que esa sensación es bastante más extendida de lo que nos atreveríamos a admitir como país civilizado.
Es posible. Y sin duda eso tiene que ver con que en los últimos 10 ó 15 años ha habido un discurso claramente dirigido al encarcelamiento de las personas como única respuesta que los jueces deben tener respecto de la comisión de los delitos. Sobre esa base pasaron muchas cosas: se crearon caricaturas para los efectos de describir el sistema y se dispuso una serie de decisiones legislativas que fueron endureciendo tanto las penas como la prisión preventiva. Eso también causó una presión al sistema muy grande. La fiscal de la Corte Suprema dijo que si construimos una cárcel al año lo único que vamos a hacer es mantener el hacinamiento. No soluciona lo que hay ahora. Y ni siquiera se construye una cárcel al año. Entonces esto va a seguir subiendo, subiendo y subiendo. (Ver entrevista: Fiscal de la Suprema: “Habría que construir una cárcel al año para mantener el hacinamiento”)
Esto no quiere decir que la delincuencia no sea un problema real y que ha aumentado. El problema es que el temor que siente la gente es muy superior a ese crecimiento. Ha existido un discurso político que ha hecho crecer ese temor y luego se ha legislado para frenar el miedo. Por favor, lea el mensaje del Ejecutivo cuando envía la llamada “Agenda Corta” que endureció la persecución penal (Enviada en 2008 por la administración Bachelet). El mensaje de esa ley dice que la delincuencia no ha aumentado demasiado pero el temor a la delincuencia hay que atenuarlo y ese es el fundamento de esta ley.

-La propuesta es entonces combatir la percepción sobre la delincuencia y no los hechos mismos.
Claro, está basada en el temor a la delincuencia más que en la realidad de los delitos. Ese no es el rigor con que deben hacerse las cosas. ¡Se llegó a legislar sobre esta base más que en la realidad! Lo peor es que las cifras reales siempre estuvieron disponibles.

Después del incendio, todo sigue igual en el Centro de Justicia

Por Juan Pablo Figueroa, CIPER

Jorge González y los hermanos John y Janson Baez parecen unos niños allí sentados con las muñecas esposadas en una sala de audiencias del Centro de Justicia. Los tres son mayores de edad, pero observan a la fiscal Leda Astorga con cara de adolescentes arrepentidos mientras ella solicita que cada uno de ellos pase los próximos 15 años y un día en un sistema carcelario colapsado. Están ahí por poco más de $340 mil que obtuvieron al asaltar un supermercado en la comuna de San Joaquín y que permanecieron en su poder sólo unos segundos. Es el viernes 10 de diciembre y en unos instantes los jueces dirán su veredicto. El presidente del tribunal toma el micrófono y los declara culpables. Pero no de uno, sino que de dos asaltos. Ambos, en menos de cinco minutos y en el mismo lugar.

-Pido perdón a los jueces y a los abogados por hacerles perder hoy el tiempo con nosotros y a las personas que pudieron haber salido perjudicadas. Nunca quisimos hacerle daño a nadie –dice John Baez al terminar los alegatos finales.

Ese viernes 15 de enero de 2010, los tres jóvenes también actuaron como niños. Eran las 18:00 horas cuando entraron al supermercado con un revolver que parecía de verdad, pero que no lo era. Mientras uno apuntaba al guardia y le decía que se quedara en el suelo, los otros saqueaban una caja. Demoraron sólo unos segundos antes de salir corriendo con el botín por la puerta trasera del local. Las cámaras de seguridad lo registraron todo: su entrada, el robo y su huída. También su retorno. No habían pasado dos minutos cuando volvieron con un cuarto joven, sometieron de nuevo al guardia y asaltaron a otra cajera. Cuando salieron ya era tarde: los carabineros los esperaban afuera. El cuarto logró escapar.

Hasta ese día sólo John tenía antecedentes: en 2008 fue condenado a 61 días por tráfico. Y aunque ese mismo año Jorge fue multado por consumo de drogas, él y Janson tenían sus papeles limpios. El próximo miércoles 15 los jueces leerán su fallo y, aunque no es seguro que se acepten las condenas pedidas por la fiscal Astorga, es muy probable que se sumen a los casi 53.000 presos que hacinan las cárceles del país.

Dos salas más allá está Danilo Cortez. Lo trajeron desde Santiago Uno donde cumple prisión preventiva desde el 31 de julio de 2009. Se ve temeroso. Y se entiende. Aunque cayó detenido en medio de un operativo por tráfico de drogas junto a otras 15 personas de Villa La Serena, en La Granja, es el más comprometido de los seis que están allí sentados y engrillados bajo la supervisión de seis gendarmes. A Cortez, el fiscal Christian Toledo lo quiere encarcelar por tráfico y posesión ilegal de armas. Por el primer delito pide una condena de dos años. Dice que le vendió a un carabinero encubierto dos papelillos con 400 miligramos de pasta base en $3.000; que en escuchas telefónicas y en la investigación se lo identificó como “soldado” del grupo que lideraba el cargador de La Vega, Oscar Tobar, y en el que participaban su esposa, su hija, otra mujer y Danilo. Cuando lo detuvieron no le encontraron drogas, pero sí una pistola modelo 75 de 9 mm, un revolver Smith & Weason, una escopeta, un cañón doble y municiones. Por esto, el fiscal pide que lo encierren siete años. Danilo no tiene antecedentes y el 26 de diciembre cumplirá 24 años.

El Estado no va preso

En esta columna, el economista Roberto Pizarro culpa al Estado de empujar a los jóvenes a delinquir y luego encerrarlos como sardinas en cárceles como la de San Miguel, donde esta semana murieron 81 reos en un incendio. A su juicio, los medios de comunicación también son cómplices al fomentar un consumismo sin límites entre los jóvenes de bajos recursos.

Galeano dice que el Estado jamás va preso a pesar que asesina por acción y por omisión. Por omisión, disciplina a los pobres convirtiéndolos en mano de obra barata, sin derecho a sindicalización y negociación colectiva. Mediante la acción, reprime a los jóvenes delincuentes que no encuentran trabajo y que el sistema empuja a robar para comprar las baratijas que publicita la televisión. Así ha sido con los 81 jóvenes muertos, incinerados en la cárcel de San Miguel, atrapados sin salida en una cárcel hinchada de reclusos.

Las desigualdades han multiplicado los robos en nuestro país. Mientras el delito recorre las calles en medio de la opulencia, la respuesta que se instala es cerrar la puerta giratoria, vale decir: todos a la cárcel. En esta especie de guerra contra los jóvenes pobres se llenan las cárceles, mientras el sistema hace vista gorda con el delito a gran escala, es decir: las farmacias que roban a los enfermos, las tarjetas de crédito usureras de los retail, la banca que aumenta sus ganancias gracias a las altas tasas de interés a los pequeños empresarios, escuelas y universidades que educan en la ignorancia. Hay que reconocer que el sistema es el que promueve la delincuencia de los pobres y el Estado, en vez de educar y reducir las desigualdades, no se le ocurre nada más que reprimir y encarcelar.

El robo chico, delito contra la propiedad, es considerado grave. El otro, el robo grande, no le molesta al sistema. Es un derecho de los poderosos. Así las cosas, las cárceles se llenan de jóvenes pobres y los delincuentes ricos viven su impunidad en La Dehesa o San Damián. Hay ricos que aparecen en las revistas de famosos, pero al Estado no le alcanza la plata para “reeducar” a los jóvenes o para tener cárceles dignas. Y todo termina en cárceles inmundas, abarrotadas de presos, donde la delincuencia se multiplica en drogadicción, violaciones, riñas y asesinatos.

La impunidad del Estado alcanza también a los medios de comunicación, especialmente a una televisión, que entra a casas de ricos y pobres. Sus mensajes de violencia y consumismo reproducen el sistema La publicidad cotidiana, de comunicadores de prestigio, se dirige por igual a los pobladores de La Pintana y El Castillo y a los habitantes de Las Condes y Vitacura. A todos les dice que hay que comprar, hay que comprar lo más que se pueda. Los negocios antes que nada.

Una tarjeta de crédito de Paris, Falabella o Ripley resulta imprescindible. Vestir Nike, Armani o Rolex es condición de existencia. Lo recuerdan cada mañana los famosos de la televisión. Quien compra productos de marca tiene prestigio, el resto no vale nada. Por otra parte, esa misma televisión no se refrena con la violencia obscena de golpes, violaciones y ríos de sangre en películas de acción mientras sus programas periodísticos llaman a reprimir la delincuencia urbana. La esquizofrenia lo envuelve todo. Al Estado, los políticos, la televisión, a la sociedad misma.

El llamado a consumir y la violencia televisiva conduce a los desesperados a atacar a quienes lo tienen todo. Y los jóvenes pobres se debaten entre una cultura que exige consumir y una realidad material que se los impide. De esa contradicción nacen el robo y el asalto.

Por su parte, el Estado castiga. En vez de educar, envía a los jóvenes a cárceles atiborradas de reclusos para que allí se amplifique su miseria y persistan en la delincuencia. Presos como sardinas en cárceles africanas. Allí murieron los 81 de San Miguel. Seguirán muriendo en otras cárceles mientras se niegue el derecho a una vida digna a todos los niños. Por ahora el Estado delinque pero no va preso.

*Roberto Pizarro es economista y parte del Grupo Nueva Economía. Ha sido ministro de Mideplan, embajador en Ecuador y decano de la Facultada de Economía de la Universidad de Chile.

Mujeres caneras: El lado B del nuevo protagonismo femenino

Cuando Laura Chávez ingresó en 2001 a cumplir condena en el Complejo Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, nada era como lo recordaba. En 1994, cuando estuvo ahí por primera vez, el recinto de Vicuña Mackena con Capitán Prat era un enorme espacio donde los árboles frutales crecían, los caballos pastaban por un inmenso parque y los huertos y potreros eran un sitio de libre tránsito para las cerca de 300 detenidas. Las monjas y unas pocas gendarmes eran el ingrediente carcelario en una especie de internado de corte religioso que carecía de altos muros de concreto. Nada lo asimilaba a las cárceles masculinas.

Dos años después, todo cambiaría.

Entre 1864 y 1996, la custodia de las mujeres recluidas estuvo a cargo de la congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Por más de 100 años la metodología de encierro, basada en la corrección y en la reforma moral, sirvió para controlar a una población penal de escaso crecimiento caracterizada por internas que mayoritariamente habían cometido delitos simples, como el hurto, y sólo en pocos casos, homicidio.

El 84,8% de las presas chilenas es madre, el 61,2% es soltera, el 46,2% es dueña de casa, el 9,8% es extranjera y el 67,5% está condenada. En la cárcel, el 26% se vuelve lesbiana.

Pero el explosivo aumento del tráfico y consumo de drogas y la creciente participación femenina en actividades delictivas de la última década transformó por completo los rostros del delito y de la cárcel de mujeres. Si hasta la década del ’80 su rol correspondía al de señuelo, encubridora o cómplice del pololo, marido o amante delincuente, en los ’90 su participación en delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas aumentó tanto en cantidad como en calidad: actualmente la mujer es detenida como autora y se ha incorporado en grupos criminales estables.

Las estadísticas son claras: la población penal femenina en Chile se ha disparado a niveles impensados. Si en los ’80 las mujeres eran el 3% del sistema penitenciario; a fines de la década siguiente la cifra se duplicó: en 1998 ya eran el 7,7%. Actualmente (hasta el 30 de abril de 2008), las mujeres constituyen el 10,3% de la población penal del país, con 3.553 recluidas y 6.325 condenadas con medidas alternativas.

En el CPF de Santiago, con cerca del 45% de las mujeres presas en el país, el fenómeno ha sido aún más notorio. Hasta 1980 la población no superaba las 160 personas, pero ya en 1998 rondaba las 600 y hoy sobrepasa las 1.400 en una cárcel para 855 plazas. Se trata de un alza de 466% desde que en 1996 las religiosas abandonaron el recinto dejando 300 internas. Y la tasa de crecimiento va en aumento.

Su estructura actual–dice el sociólogo y analista de la sub-dirección operativa de Gendarmería, José Escobar– “es de un penal con mujeres caneras. El cambio tiene que ver con tratar de ‘vivir una cana’, o sea, llevar una vida en prisión que se parece cada vez más a la de los hombres”. En los penales masculinos hay una forma de adecuación que distingue a los presos que no están ni muy adentro ni muy por fuera de los núcleos (los que van ‘orillando’) de los que van ‘al ritmo de la cana’. Estos últimos son los que crean agrupaciones que respetan niveles de jerarquía en relación a los delitos cometidos, al historial delictivo y al nivel de choreza. En ese sentido, el mundo de las mujeres encarceladas ha experimentado cambios que apuntan a lo mismo.

Según Escobar, los factores que influyen van de la mano con la inserción de la mujer en todos los aspectos sociales, entre los que está la “contracultura delictual”. Pero a eso se le suman otras variables.

-Ahora las mujeres son más osadas, más desafiantes, se sienten más seguras y eso es producto del tema de la droga. Aquí o afuera una mujer drogada se siente más capaz de hacer cosas que una mujer lúcida quizás no haría –afirma la teniente Carol Araneda, una de las oficiales a cargo de las secciones del CPF.

Los dichos de la teniente Araneda son refrendados por Laura Chávez. Ella estuvo encarcelada el ‘94 por tráfico de marihuana, pero al volver siete años después, no sólo los huertos, viveros, parques y caballos habían desaparecido. Encontró rejas, candados y altos muros con alambrado para segregar por peligrosidad y situación judicial a las presas. Nada era igual.

El recinto está ahora dividido por secciones. Y el régimen de encierro, sometido por la exigencia del orden y la disciplina. Los gritos, las relaciones lésbicas, las ‘familias caneras’, las peleas y las drogas dominan un ambiente cercado por gendarmes con pistolas y armamento largo. Con cinco garitas elevadas en puntos periféricos estratégicos, y rodeado por terrenos pertenecientes a Gendarmería, el CPF ya es una cárcel. Laura debió asumir que allí viviría sus próximos cinco años.

-Si acá no hablas la Coa, te dan vuelta y te comen –afirma la teniente Carol Araneda.

Los suburbios del penal

Se abre el pesado portón negro de Capitán Prat Nº20 y un camión verde con el sello de Gendarmería ingresa al CPF. Al cerrarse, del camión descienden dos mujeres con sus muñecas esposadas y un chalequillo amarillo sin mangas (el de los imputados, conocido entre las reas como ‘el Pikachu’) escoltadas por dos gendarmes con revólveres en sus cintos. Cruzan lento las primeras rejas hasta el puesto de control. Con la mirada gacha, ingresan a la oficina de clasificación. La escena es rutinaria.

Cada día entra al menos una nueva interna a la única prisión que acoge mujeres en la Región Metropolitana. Y no son raros los días en que ingresan seis o siete. Su situación procesal, el nivel de peligrosidad y datos como, por ejemplo, si sus padres u otros familiares han estado detenidos o si tienen tatuajes o cicatrices, sirven para decidir a cuál de las 12 secciones de la cárcel irán. Al “barrio alto” o al “barrio bajo”, como llaman las internas a las dos alas en que se divide el penal.

El primero corresponde a las secciones donde van las primerizas y las reclusas de mejor comportamiento. En el segundo cohabitan las presas con prontuario, las más choras, las multi-reincidentes.

-Allí las mujeres están más expuestas a riñas y problemas. Son refractarias del régimen interno y para ellas no hay deberes ni obligaciones; sólo derechos –dice la teniente Araneda.

La estancia en el “barrio alto” es una especie de gracia a la que las reclusas acceden por buena conducta. El incentivo mayor es que llegando allí tienen más posibilidades de optar a beneficios intra-penitenciarios como las salidas dominicales, de fin de semana y diarias.

Esa área se divide en los sectores Esperanza, con las imputadas primerizas y unas pocas con medidas cautelares; Pabellón, donde están las que trabajan dentro de la cárcel y las embarazadas; Proceso, donde están las condenadas por el sistema antiguo; y Comunidad Terapéutica, con las pocas mujeres que optan a la rehabilitación voluntaria por drogas. El tratamiento dura año y medio. Actualmente en esa sección hay 12 mujeres y se espera que sólo dos salgan rehabilitadas este año. De ser así, se duplicaría la efectividad de 2007.

Pero la serenidad del sector de la cual hablan las gendarmes es relativa. Cuando Delia Duarte ingresó en 2005 a Proceso, sólo lloraba. Nueve años antes había estado tres meses ahí. Al volver, el cambio era evidente:

-Antes el patio tenía pastito lindo; ahora es puro barro y carpas, igual que una toma de terreno. Habían hecho un comedor horrible donde había casi 200 mujeres, filas para retirar la comida y los primeros días no comía nada, sólo lloraba. Entonces una funcionaria me vio y me dijo: “Vas a tener que ser chora nomás, porque aquí es la ley de la más fuerte. Si eres como pollito te van a pasar a llevar”. Y así no más fue, porque vi mujeres con las caras cortadas y sus brazos llenos de tajos. Casi todas estaban ahí por robo con intimidación, violencia, delincuentes desde cabras chicas… Después de pasar 20 meses ahí, ya no era la misma Delia que llegó.

Entre rejas con amor

En las cárceles de Chile hay todo tipo de mujeres: gordas, flacas, rubias, morenas, viejas, jóvenes, atractivas y feas. De ellas el 84,8% es madre, el 61,2% es soltera, el 46,2% es dueña de casa, el 9,8% es extranjera y el 67,5% está condenada. Al no existir uniformes, cada cual viste con lo que guste y muestra su apariencia según desee. Unas se maquillan o se peinan mientras otras cortan su pelo, fajan sus senos y se visten y actúan como hombres. Esas son las ‘machos’ y en la prisión femenina de Santiago, ellas protegen a sus parejas y se ofrecen para hacer tareas rudas, como armar camarotes o subir televisores. Donde arribó Delia no era la excepción.

Con tres pisos, más de 300 condenadas, algunos perros, unos gatos, y una reja entre las escaleras para evitar los suicidios, Proceso es el sector más sobrepoblado del CPF y el más conflictivo del “barrio alto”. Ahí, los casilleros ya no caben en los dormitorios: están reventados. Y los celulares clandestinos, junto a la droga que ingresa oculta en los genitales femeninos de las visitas, son algo tan normal como las relaciones amorosas entre internas.

Según un estudio realizado en 2003 por la socióloga Paula Silva, el lesbianismo al interior del penal corresponde al 26% de la población y son, en su mayoría, infractoras contra la propiedad (63,4%).

-La mujer recluida es muy sentimental. Al estar encerrada busca afecto y lo encuentra sólo en otra mujer en su misma condición. Pero es circunstancial. Casi todas después se van y siguen siendo heterosexuales –dice el comandante Jaime Concha, jefe del departamento de seguridad de Gendarmería y ex jefe interno del CPF.

A diferencia de los penales masculinos, donde la homosexualidad es algo ‘mal visto’, en el CPF es aceptado tanto por internas como por Gendarmería. Comen, pasean y hasta duermen juntas. Pero también es uno de los principales motivos de conflicto.

-Hay muchas parejas y a veces el amor entre ellas es como una atracción fatal. Eso significa que la mujer no puede ni mirar para el lado, porque ahí el macho asume su rol y se comporta como diciendo “yo soy el hombre y tú me tienes que respetar”. Y cuando se producen infidelidades, vienen los problemas. Al llegar una niña nueva y bonita, tratan de conquistarla y así empiezan. Ahí, cuando pelean los ‘machos’, pelean como hombres. Aunque también hay mujeres que pegan muy bien –cuenta la teniente Araneda.

Los dramas pasionales no están ausentes. Los más recurrentes son producto de la separación de una pareja por el cambio de sección de una de ellas. Entonces el macho empieza a redactar cartas: “Comandante, me quiero cambiar de nuevo, me quiero ir adonde está mi pareja. Si no, me voy a matar”. Según Araneda, eso nunca sucede: si bien los cortes auto infligidos en brazos y estómago y las sobredosis de pastillas para la depresión son comunes, la tasa de suicidios en el CPF es mínima.

Delia debió habituarse al nuevo clima con rapidez. A los “machos” que la abordaban, a los robos cotidianos (especialmente en los días de visita), a las peleas, e incluso a que en la noche la despertaran pidiéndole plata para comprar chicota, marihuana o pasta base. Las mañanas son otro infierno. Al amanecer en uno de los dos dormitorios donde duermen más de 100 mujeres en camarotes con cortinas, empieza el desfile hacia el baño de mujeres con baldes y botellas llenas de orina.

Una vez que las internas están bañadas y vestidas, las puertas de los dormitorios se cierran. Algunas se van a la escuela que administra la Municipalidad de San Joaquín (el 30,6% de las mujeres en prisión no posee educación básica completa), otras a trabajar a los talleres del Centro de Estudios y Trabajos (CET) donde cerca del 40% de las presas presta servicios a empresas. El resto pasa el día haciendo manualidades que luego venden, limpiando el sector y la ropa o haciendo nada. A la hora de almuerzo vuelven y el patio se convierte en el punto del reunión.

Cana en familia

Si Esperanza es el sector ideal para las primerizas y mujeres que corren peligro por haber cometido delitos como infanticidio, Pabellón lo es para las embarazadas. Pero el bullicio del “barrio alto” está en Proceso. En el comedor (o rancho), una enorme fila de reas espera inquieta tras una ventanilla enrejada a que las encargadas de la cocina les sirvan comida. A un costado del patio, un grupo de internas jóvenes baila al ritmo del reggaetón que se cuela de una radio mientras la mayoría cocina y comparte en un área que Delia Duarte llama la “toma de terreno”: el sector de las carretas.

Las carpas, ropa tendida y muebles que inundan el patio casi no dejan ver el muro de separación. Sobre el terreno polvoriento, las mujeres han puesto toldos bajo los cuales han instalado sillas, mesas, cocinillas, televisores, casilleros y todo lo necesario para que su carreta sea un lugar tan cómodo como la terraza de su propia casa. Pero no son de uso comunitario. Cada espacio es férreamente defendido por sus dueñas: grupos de amigas o ‘familias caneras’.

-Son verdaderas “familias”: hay una que trabaja y hace de padre (una “macho”) y otra que ejerce el rol de madre y se encarga de que las “hijas caneras” sean buenas hijas. La sobreprotección entre ellas es muy similar a la de una familia en el exterior. Sus típicas peleas son por ganar más espacio. Aquí adentro impera la ley del más fuerte: esta es mi familia, yo la cuido y la protejo y de aquí para allá nadie se mete –relata la teniente Araneda.

Las cabezas de familia suelen ser las “macho” o las que llevan más tiempo presas: las “caneras viejas”, a las que las más jóvenes asumen como madres. Ellas conocen tan bien el sistema que incluso les enseñan a las gendarmes nuevas el funcionamiento del penal en terreno. Por lo mismo, son las más respetadas al interior del CPF.

No influye tanto el delito que hayan cometido, sino la connotación del mismo: la que haya salido más en los medios es más venerada por sus pares.

Pero también importa si son o no reincidentes. “Si son conocidas adentro –cuenta el comandante Concha–, son admiradas por conservar los nexos en el exterior: de lo contrario son utilizadas, principalmente si llegan por drogas, para quitarles dinero”. Eso ocurre con mayor frecuencia en el “barrio bajo” y es uno de los motivos principales para que las internas del “barrio alto” cuiden a toda costa su conducta, evitando ir a parar al otro sector.

-La mujer recluida es muy sentimental. Al estar encerrada busca afecto y lo encuentra sólo en otra mujer en su misma condición. Pero es circunstancial. Casi todas después se van y siguen siendo heterosexuales –dice el comandante Jaime Concha, jefe del departamento de seguridad de Gendarmería y ex jefe interno del CPF.

Alrededor de 700 mujeres dispersas en cinco patios conforman el “barrio bajo”, una zona en que las presas han hecho de la delincuencia y la agresividad un modo de vida. Todas han cruzado el portón de Capitán Prat más de una vez. Allí, las carretas, las relaciones lésbicas y las jerarquías igual se desarrollan, pero los hilos los mueven las presas más peligrosas, las choras; todas ellas orgullosas de serlo.

-Las que viven en el COD y el Patio 1 del “barrio bajo” nunca han ido al gimnasio a participar de algún evento porque llegan y botan las barreras, suben al escenario y se roban los celulares o los micrófonos de los periodistas. ¡Dejan la embarrá! Te cortan cadenas, te agarran el poto, hacen cualquier cosa a los que están allí. Cuando las niñas de Proceso salen a visita y están por ahí afuera las del Patio 1, te cogotean cuando vuelves con las bolsas. Y si no te cogotean, te piden cosas. Si no les das algo, te llega la chorrera de garabatos y te quitan todo a la mala nomás –dice una interna.

Peleas de niñas

Al principio, Laura Chávez no notó el cambio ya que los primeros dos años los pasó junto a su hija en Cuna, la sección a la que van las reas con niños pequeños. Junto a SEAS (Sección Especial de Alta Seguridad), de confinamiento estricto, y la sección de aislamiento, son las tres áreas que están fuera de los barrios. En Cuna hay parvularias que atienden a los niños mientras sus madres trabajan, asisten a la escuela o sólo pasan el día. Actualmente la habitan cerca de 20 presas, pero su permanencia es transitoria. Cuando el niño cumple los dos años de edad debe irse.

-Fue la pena más grande que tuve… Cuando se fue mi hija me quería morir. Y ella también. Lloraba y lloraba –recuerda Laura.

Ya sin una hija que cuidar, Laura debió emigrar a otra sección. Y desembarcó en la más difícil: el COD. Junto al Patio 1, han sido escenario del último motín con quema de colchonetas y barricadas ocurrido en el penal (2006).

-Si eres conflictiva te rayan altiro la cancha con un “no poh, qué te creí, o peleai o no”. Eso es si llegai haciendo boche… A no ser que vengai de la calle con problemas con una recluida. Como que te acusen de haberle quitado el marido a otra. Ahí las demás empiezan “ah, así que soi patas negras”. Pero si mantení bajo perfil vai a estar tranquila –dice Laura.

En el CPF las peleas son típicas de mujeres: mechoneos, patadas, rasguños y combos. Ahora se agregó el uso de puntas o armas blancas. “Aquí hay mujeres que tienen puntas y algunas se las fabrican, pero no es como los hombres que se hacen lanzas y estoques con pedazos de fierro de las camas o de los marcos de las puertas. En los allanamientos encontramos más colonias que armas. Claro que hay cuchillos o unos guantes a los que ellas mismas les ponen una especie de puntitas en los nudillos para defenderse”, relata la teniente Carol Araneda.

Los principales motivos de las reyertas entre presas son las drogas, el dinero, el territorio y, sobre todo, las parejas, las peleas más bravas. Algunas han dejado a más de una interna en el hospital. A pesar de que nunca se han registrado muertes por riña, sí se dan los casos de heridas con armas corto punzantes.

-Una puñalada y listo. Es más fácil, rápido y no deja marca. Cuando eso ocurre, casi siempre es en la noche y en las piezas. Las mujeres son astutas, nunca lo van a hacer de día, delante del personal. En cambio, los dormitorios son grandes. En promedio albergan entre 30 y 40 mujeres y se presta para los ataques –dice la teniente Araneda.

Según las internas, al día siguiente de una riña, estén moreteadas o malheridas, nadie dice nada. Saben que hablar les significaría represalias y algunos días aisladas en los ‘rosados’: una zona con 12 celdas personales que, aunque iluminadas, son húmedas y sólo caben un par de colchonetas. Allí, la comida se entrega a través de una ranura por la puerta de metal y no se permite fumar. Las reclusas pueden salir sólo dos veces al día para ir al baño. A diferencia de las cárceles de hombres, donde los que cometen alguna falta grave –como participar en un motín, riña o trafico interno de drogas– aceptan los castigos sin chistar, acá las mujeres gritan y se quejan sin parar hasta el fin del aislamiento. En promedio, los castigos duran 10 días.

La cárcel en receso

Son las 14:00 horas y afuera del CPF cuatro filas de personas empiezan a mostrar ansiedad e impaciencia ante la inminente apertura de puertas. Es jornada de visitas y con bolsas de mercadería en sus manos, platos de comida y niños en sus brazos, en las tres filas de mujeres unas se empujan y otras se cuelan mientras se escuchan gritos que no perturban a las que aprovechan la espera para darle pecho a sus hijos. En la de hombres –que nunca es muy numerosa– hay más calma. Algunos conversan, otros fuman. Hace calor, y el polvoriento patio se empieza a llenar de basura mientras que al interior del penal el ambiente es eufórico.

Cada día hay dos horarios de visita: de 9:30 a 11:30 y de 14:00 a 16:30 y las secciones tienen derecho a dos por semana.

-Ese día todas se levantan: ya no hay dolores de espalda, de muelas o de cabeza. Nadie está enferma y desde el día anterior empiezan a tratarnos bien, siendo que tres días atrás te empapelaron con garabatos. Se ponen sus mejores ropas, como si fueran a una fiesta. Se planchan el pelo, se pintan, le llevan regalos a los hijos y tratan de no cometer ninguna falta para estar ahí cuando las llamen y aprovechar el tiempo con sus familiares –cuenta la teniente Araneda.

A sólo minutos de que las visitas han ingresado al gimnasio, las mesas ya están llenas de comida, los niños corren de un lado a otro y un hombre va grupo a grupo difundiendo la palabra del Señor. Parece una gran convivencia donde las reclusas muestran su mejor cara. Sonrisas, besos, abrazos y algunos llantos en el único lugar del recinto con cámaras de vigilancia.

Delia Duarte sabía casi siempre quién iba a verla. Poco antes de la visita se conseguía un celular –$500 el minuto– para llamar a su madre. Cuando llegaba junto a sus hijos, salía de inmediato, al igual que las demás reas, con su mejor pinta y sillas para cada una de sus visitas. Ese es el único momento en que las presas tienen contacto con el exterior. Sólo ahí pueden pedir ropa y útiles de aseo y también ingresar droga y celulares.

De pronto, en el gimnasio suena una bocina. Han transcurrido casi tres horas y hay que despedirse. Las sonrisas se congelan. Los familiares y amigos se retiran por un lado, las reclusas por el otro. Al cruzar la pesada puerta de madera ya les ha cambiado la cara. Se les revisa la encomienda (que ya había sido registrada al ingreso) y sus cuerpos: abajo los calzones, afuera los sostenes.

Ese era el minuto en que Delia recuerda haber visto a varias reclusas llorar porque era la tercera o cuarta visita a la que sus maridos no iban o que, habiéndose conseguido un privilegiado espacio en los venusterios para visitas conyugales, regresaban sin huellas de amor.

-Tenían que volver al patio con su bolso, con la radio, con la comida. Y todas sabían que el marido no había llegado –relata Delia.

En este punto se encuentra una gran diferencia con las cárceles de hombres. Mientras en éstas las parejas, madres o hermanas acuden incondicionalmente y sin pausa, en los penales femeninos la asistencia masculina es mínima y en su mayoría está compuesta por hijos y padres.

Condena de ‘pelo a pelo’

Una mujer con un gato en brazos se pavonea de estar enloqueciendo y llevar 8 años ahí. Le quedan dos para salir en libertad. No dice su nombre, pero sí que no ha postulado a los beneficios intra-penitenciarios porque tiene mala conducta. Y se jacta de ello.

-Me porto mal –dice–. Si yo paso castigada en los “rosados”. Lo más que he pasado ahí fueron 17 días por apuñalar a una loca que me andaba “pintando los monos”. Si yo soy chora. No le voy a aguantar a nadie que me pase a llevar.

No son pocas las mujeres que tienen esa actitud y casi todas están en el COD o en Patio 1, donde el interés por los beneficios que da Gendarmería a las condenadas es casi nulo. Para acceder a ellos se consideran los informes de conducta, la participación en talleres y en la escuela y los informes psico-sociales de su entorno externo. Pero allí muchas optan por cumplir su pena completa, o como ellas dicen, de ‘pelo a pelo’. Todo a cambio de no perder su status delictivo.

En ese ambiente las diligencias criminales no cesan. Al interior del CPF, la droga se vende al doble del precio ‘de mercado’. Pero también es común el trueque: unas zapatillas de un valor cercano a los $50.000 pueden servir para obtener un par de pitos o un poco de pasta base.

Según un estudio realizado por la socióloga Claudia Gibbs en 2001, el 50% de las recluidas por delitos contra la propiedad y el 20% de las presas por tráfico consumen drogas a diario. Y como la oferta suele no ser suficiente para la demanda, los síndromes de abstinencia se han convertido en un verdadero problema de salud en el penal.

-Una puñalada y listo. Es más fácil, rápido y no deja marca. Cuando eso ocurre, casi siempre es en la noche y en las piezas. Las mujeres son astutas, nunca lo van a hacer de día, delante del personal. En cambio, los dormitorios son grandes. En promedio albergan entre 30 y 40 mujeres y se presta para los ataques –dice la teniente Carol Araneda.

Cuando una comisión de la Corte de Apelaciones de Santiago visitó el recinto en abril de 2007, la encargada de enfermería “solicitó un mínimo de once horas dentales adicionales, así como la contratación de un auxiliar dental, en razón de la supremacía numérica de las consultas odontológicas”. Este aumento, según explican en la enfermería del CPF, se debe a la falta de higiene sumada al desgaste en los dientes producido por la contracción muscular propia del síndrome de abstinencia.

Ante eso, Gendarmería reconoce no poder hacer mucho. Como la mayor parte de la droga ingresada lo hace entubada al interior de la vagina, es imposible detenerla. Sin una orden judicial que permita la revisión en un hospital de la sospechosa, sus cavidades quedarán sin registrar. El problema de drogas y violencia en el CPF está lejos de terminar o quizás, apenas empezando.

Actualmente, con 40 funcionarias durante el día y 25 de noche, Gendarmería aún puede controlar la situación al interior de las secciones. Pero la población penal sigue en aumento. Y su evolución, ‘al ritmo de la cana’.

Mujeres delincuentes en cifras

Las estadísticas policiales y judiciales de los últimos años demuestran que la participación de mujeres en actividades delictivas ha aumentado de forma alarmante. Según los datos recogidos por CIPER, entre 1997 y 2004 las detenciones femeninas efectuadas por Carabineros crecieron de un 7,7% a un 13,7%. El alza más importante en ese lapso es de delitos contra la propiedad : de un 12,1% a un 40,3%.

Los datos del Departamento de Estadísticas Policiales de Investigaciones son igualmente reveladores: las mujeres puestas a disposición de los tribunales de justicia entre 2000 y 2004 se elevaron de un 12% a un 15%. Si en el primero de esos años fueron 4.010 mujeres aprehendidas por Investigaciones por distintos delitos, para 2006 la cifra se había duplicado: 8.344.

Hasta noviembre de 2007, 7.908 mujeres habían sido detenidas y puestas a disposición de tribunales, con un promedio de 718 por mes.

En los últimos dos años, la mayoría de las detenciones femeninas realizadas por Investigaciones corresponde a delitos contra la propiedad, alcanzando en ambos años el 30% de las detenciones totales.

La cantidad de mujeres atendidas por la Defensoría Penal Pública también ha mostrado un aumento constante desde el inicio de la reforma. Durante el año 2003, las mujeres representaron el 11,3% de los imputados atendidos por la Defensoría y durante 2004, el 13,6%. En 2005, se atendió un total de 20.269 imputadas a las cuales se asociaron 20.938 delitos, representando el 15,4% del total anual.

En 2006, el 14,6% de los imputados ingresados fueron mujeres; y al año siguiente, sólo hasta septiembre, el 15,2%. En total, en 2006, 29.384 mujeres fueron ingresadas como imputadas; para septiembre de 2007 ya habían 26.876, con un promedio de ingreso trimestral de 8.958.

– La inserción de la mujer en todos los ámbitos a nivel nacional también lleva a una participación en todas las actividades y, entre ellas, a la contracultura delictual. Y es bien difícil decir cuál es la variable que determina directamente este fenómeno, porque son varias. Esto implica un cambio en la posibilidad que tienen las mujeres en la solventación de sus hijos, la falta de acceso a mayores grados de educación y el cambio en la estructura familiar chilena. O sea, hay varios factores y muchos son históricos: la marginación, situaciones de carencias psico-sociales… Además, existe una gran relación entre la deserción escolar, madres solteras sin apoyo de un sólido esquema familiar y con la necesidad de solventar la educación y el alimento –explica el sociólogo y analista de la sub-dirección operativa de Gendarmería, José Escobar.

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