Intervención de Cooperativa Financoop pone en jaque nuevo banco de Vicente Caruz

Cuando el 14 de agosto pasado el Ministerio de Economía resolvió intervenir la Cooperativa Financoop, la cuarta más grande del país, la noticia no provocó mayor revuelo. A pesar de que la medida generó un “corralito” de $43 mil millones que hoy tiene a más de dos mil personas y sociedades con sus depósitos congelados y sin garantía de devolución. Lo que en ese momento no se supo, es que la decisión de la autoridad económica de bajarle la cortina a esa cooperativa, tuvo otro efecto financiero: puso en jaque al nuevo banco que el ex controlador del Banco del Desarrollo, Vicente Caruz, planeaba inaugurar a fines de este año.

“El objetivo es hacer un banco competitivo y, al mismo tiempo, con contenido social. Aunque seremos un banco distinto, vamos a competir con todo el sistema bancario”,  anunció en julio de 2016 el empresario Vicente Caruz en el diario La Tercera. En la misma nota, fijó para fines de este año la apertura de su nueva entidad financiera. En paralelo, a través de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, de la que es socio, compraba participaciones en otras dos cooperativas y negociaba con otras entidades similares, paso necesario para hacer viable su nuevo banco.

Vicente Caruz
Vicente Caruz

Con sus más de 50 mil clientes, Financoop era la punta de lanza del proyecto bancario del grupo liderado por Caruz. Solo le faltaban la licencia y el capital inicial.

Creada en 2006 por Caruz -y sus socios de la Sociedad de Inversiones Norte Sur– Financoop no había hecho otra cosa que crecer en los últimos nueve años. Tanto, que en julio pasado ya era considerada la cuarta cooperativa más grande del país (por detrás de Coopeuch, Oriencoop y Capual), con créditos por $46.447 millones y depósitos por $44.460 millones. Además, tenía oficinas en cinco regiones y una red de acuerdos con cooperativas de todo el país que le permitía distribuir en otras 13 ciudades –desde Arica a Osorno- productos financieros, como créditos con aval del Estado o préstamos para pequeños empresarios.

Un deterioro patrimonial que pone en riesgo la viabilidad de la entidad, fue el argumento que esgrimió el Ministerio de Economía para decretar la intervención de Financoop. El 14 de agosto el 23 Juzgado Civil de Santiago decretó la paralización de la cooperativa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del proceso.

Financoop “incurrió en una irregular práctica contable respecto de su cartera crediticia, que trae como consecuencia que los resultados que presenta no reflejan la crítica situación económica que realmente tiene”, se lee en el libelo acusatorio del CDE.  Y la acusó de haber implementado “una estrategia que impide evidenciar el problema real de los créditos impagos”, los que cuantificó en $13.645 millones.

El CDE solicitó al tribunal que decrete la disolución de la cooperativa, retenga sus bienes (oficinas y equipos avaluados en $293 millones) y sus inversiones financieras (otros $1.278 millones depositados en al menos cinco bancos) y le prohíba celebrar cualquier tipo de contrato. También le pidió nombrar un interventor.

La versión de los ejecutivos de Financoop es distinta. En conversación con CIPER, dos de ellos, que pidieron reserva de su identidad, afirmaron que el 28 de mayo pasado se había alcanzado un preacuerdo con el gobierno para revertir la situación. Ello se haría mediante la creación de una fundación -al alero de Financoop- que recibiría todos los créditos malos, limpiando así los balances de la institución. Esta fórmula de separar los pasivos contaminados es la misma que usó la banca chilena durante las crisis del ‘82 para seguir operando.

Los mismos ejecutivos de Financoop dijeron a CIPER que ese acuerdo fue ratificado el 2 de mayo, cuando ofrecieron al gobierno un plan de capitalización por US$2 millones, con el compromiso de reinvertir las utilidades durante los próximos años. Y que incluso le plantearon acogerse a la Ley de Quiebras y reorganizarlo todo.

Eso fue exactamente lo que hicieron los controladores de Financoop en estos últimos días. El interventor nombrado por el tribunal, Juan Manuel Valenzuela, llevaba apenas unas horas apersonado en las oficinas de la cooperativa, cuando los accionistas de Financoop acudieron al 30 Juzgado Civil de Santiago para intentar acogerse a la Ley de Quiebras y así evitar su disolución. La jugada de los dueños de Financoop generó una compleja situación legal que dejó en una difícil situación al Ministerio de Economía, aún bajo la conducción de Luis Felipe Céspedes.

-La Cooperativa (Financoop) quiere burlar las acciones judiciales ya iniciadas mediante el proceso de reorganización –fue la opinión entregada por abogados del CDE a CIPER.

1111-820x385Ese no fue el único movimiento estratégico realizado por los controladores de la cooperativa intervenida. El jueves 24 de agosto, su abogado Rodrigo Zegers, solicitó al 23 Juzgado Civil que se oficie al CDE para que ponga a disposición del tribunal el currículum vitae y los antecedentes que tuvo en cuenta al proponer como interventor al abogado Valenzuela. En el oficio, afirman que Valenzuela tiene vínculos laborales y de amistad con el jefe del área de fiscalización y supervisión de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía,  Zoran Ostoic.

Así, Financoop y el Ministerio de Economía están enfrentados a tres bandas en tribunales. En el 29 Juzgado Civil de Santiago se discute si la cooperativa debe entregar o no la nómina de depositantes -como lo ha pedido el gobierno desde el 10 de abril- “con el fin de proteger los depósitos de los ahorrantes”, según dijo a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili. Mientras que en el 23 Juzgado se tramita la disolución de la cooperativa y en el 30 Juzgado, la decisión de acoger o no la quiebra.

Si el tribunal decide disolver Financoop, la cooperativa será liquidada; pero si acepta su reorganización, ésta podría seguir operando. Para el proyecto bancario de Caruz, la primera salida sería la sepultura. Además de los US$30 millones de capital mínimo inicial que hay que documentar para abrir un banco en Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) califica la reputación de los dueños, con especial atención en que no hayan estado involucrados en escándalos financieros, antes de aprobar una solicitud.

En 2007, Vicente Caruz y sus socios de Inversiones Norte Sur vendieron en US$1.170 millones el Banco del Desarrollo a los canadienses de Scotiabank. El mercado esperaba su retorno al negocio en cualquier momento. Durante 25 años, el empresario fue la cara pública del Banco del Desarrollo, primero como su gerente general y después como su presidente. Su participación en el sistema financiero, su cercanía con la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica, uno de sus grandes clientes, lo convirtieron en un personaje influyente en esa industria.

UN TERCIO DE LOS CRÉDITOS EN PROBLEMAS

Hasta antes de su caída, Financoop era la envidia del sector. La cooperativa tenía oficinas modernas, su personal era mayoritariamente universitario y su agresiva estrategia comercial denotaba la llegada de un actor más competitivo a un sector caracterizado por un estilo tradicional y reposado de hacer negocios.

Cuando comenzaron los primeras señales de que Financoop estaba en problemas, varios ejecutivos del rubro se los atribuyeron a la audacia de la cooperativa. Otros, a dos dictámenes de la Contraloría General de la República que fueron una verdadera desgracia para el sector. Entre 2009 y 2010 los montos que las cooperativas podían descontar por planilla de los créditos entregados a sus afiliados, bajaron desde un 40% hasta el 15% para el sector público, y hasta 25% en los privados y las Fuerzas Armadas. Hasta 2010, el 60% de los clientes de Financoop trabajaba para el Estado.

Natalia Piergentili
Natalia Piergentili

El dictamen de Contraloría obligó a todo el sector a ingeniar nuevas fórmulas para diferir el impacto de las nuevas normas. De haberlo hecho de golpe varias cooperativas habrían desaparecido.

Pero los problemas de Financoop no se originaron en el cambio de las reglas. Había desorden y cuentas poco claras. Un informe sobre el estado de la cartera de créditos, emitido en mayo de este año por el experto Sergio Álvarez, responsabiliza a la administración de la cooperativa de haber creado subsegmentos de la cartera para ir trasladando los préstamos impagos “de modo de no reflejar el riesgo efectivo de ellas”.

En el documento de 28 páginas, el experto da cuenta de situaciones irregulares, como calificar de “vigentes” a créditos que nunca pudieron ser cobrados. Tampoco había información fidedigna de un sector de la cartera de clientes y las cuotas pagadas con cheques protestados fueron contabilizadas como canceladas. Nadie persiguió la recuperación de ese dinero. Financoop, dice en su informe Sergio Álvarez, ni siquiera contaba con un software básico “similar al de las empresas del ramo”, para registrar como se debe, las operaciones y las alertas de cobro.

El experto concluyó que, de los $13.645 millones de créditos con problemas, que equivalen al 30,9% de todos los préstamos otorgados por Financoop, en el mejor de los casos se podrían recuperar $8.073 millones y $4.142 millones en el peor escenario.

“El origen de la cartera con deterioro es en general de una antigüedad mayor a tres años y ella se incubó en sistemas de información poco robustos, insuficientes controles internos y debilidades en la gestión que han permanecido a lo largo del tiempo”, describió el experto.

Todas las irregularidades descritas recuerdan el millonario monto de los créditos incobrables que los ejecutivos de La Polar siguieron registrando por años como “activos por cobrar” y que provocaron en 2011 el estallido de uno de los mayores fraudes financieros del país.

-Se revisó exhaustivamente desde 2010 hasta 2017, y se encontró que entre 2013 y 2014 ya existían señales de una mala práctica en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos, y por ende de las provisiones. Se les solicitó rectificar, lo que se hizo efectivo. Pero es solo hasta el año 2017 que se encuentra claramente un deterioro de la cartera de Financoop –explicó a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili.

ALERTAS EN ABRIL

Abril de 2016 fue clave para Financoop. El 21 de ese mes, ingresaron a su consejo Daniel Albarrán (ex gerente general del Banco de Desarrollo y ex subsecretario de Pesca), Ernesto Livacic (ex superintendente de Bancos) y Richard Muñoz (consultor). Los tres se sumaron a Sergio Fernández (ex diputado DC), Hugo Trivelli (ex presidente de EFE), Carlos Mladinic (ex ministro de Agricultura) y Juan Carlos Accorsi. Todos ex socios o ejecutivos ligados a Norte Sur, al mismo Caruz y/o a la Democracia Cristiana.

A esa fecha, además, se había producido un distanciamiento entre Caruz y sus socios de Norte Sur, lo que se tradujo en la salida de esa sociedad de Financoop. Su participación fue comprada en unos $400 millones por la francesa SIDI, una sociedad de inversión de la ONG Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.

En Financoop, SIDI actuaba en bloque junto a Caruz. Con los votos de esa entidad, Accorsi y Mladinic obtuvieron sus asientos en el consejo.

Aunque la ley prohíbe que una misma persona o grupo maneje más del 10% de la propiedad de una cooperativa, en la práctica, Financoop era dirigida por los ex dueños del Banco de Desarrollo. Junto a los franceses y otros pequeños minoritarios controlaban en torno al 40% de la institución. El otro 60% está en manos de 50 mil socios de la cooperativa, la mayoría pasivos. Hay que recordar que cuando una persona pide por primera vez un crédito a una cooperativa debe hacerse socio de ésta comprando una o más cuotas, por lo que la mayor parte de los “asociados” no ejerce derechos por su participación.

2015 -En abril de este año, parte del directorio de Financoop, que estaba recién asumiendo, comentó a la división que detectaron un criterio de provisionamiento que les parecía irregular. Por ello, solicitaron una auditoría externa. Esto nos alertó de que el informe de auditoría que teníamos respecto del cierre del año anterior (2016) no reflejaba la verdadera situación de la cooperativa y nos hizo solicitar información -mediante oficio- para verificar la veracidad de la información recibida. Se solicitó, entre otros antecedentes, la remisión de los archivos contables y monto de las provisiones asociadas a cada crédito, además del archivo de captaciones y la cuenta de capital de cada socio –señaló a CIPER, la subsecretaria Piergentili.

El 7 de abril de 2017, Livacic y Albarrán llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Economía para reunirse con Zoran Ostoic; la jefa de la división de empresas de menor tamaño, Alejandra Dagnino; y el coordinador de los asesores del ministerio, Juan Cristóbal Marshall. Dijeron que iban a informar de los problemas. En ese encuentro también participaron dos funcionarios de la SBIF, pese a que por tener un patrimonio inferior a UF 400.000 (US$ 16,4 millones), Financoop es fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y no por la Superintendencia de Bancos.

Según relatan en Financoop, luego de esa reunión siguieron comunicándose con la autoridad e incluso se habla de un encuentro informal el sábado 8 de abril entre miembros del Consejo de Administración de Financoop y Ostoic en un café de Ñuñoa. Allí los directivos de la cooperativa habrían informado al funcionario de la Decoop -–ex jefe de gabinete de la alcaldesa Carolina Tohá en Santiago- sobre el plan de la administración para fortalecer a la cooperativa.

-La información recibida el 18 de abril fue insuficiente para analizar la cartera de colocaciones, fundamentalmente por la falta de información respecto de las provisiones -reiteró la subsecretaria Piergentili a CIPER.

Unos días después, el 28 de abril, la nueva administración de la cooperativa decidió despedir al entonces gerente general, Patricio Riquelme, argumentando “falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo”, según se lee en el escrito de Financoop en el que solicita levantar las medidas prejudiciales.

El 15 de mayo de 2017, el Consejo de Financoop decidió rechazar el balance de 2016 y contrató al economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, para que emitiera una opinión sobre el plan de fortalecimiento, el que consideraba un aumento de capital de US$2 millones.

-Entre el 6 y el 7 de julio de 2017 se realizó una fiscalización in situ donde se revisaron diversas materias contables, en especial la cartera de créditos y materias legales, tras lo cual, y el posterior análisis de la información, se pudo conocer el alcance del problema patrimonial de Financoop. Antes de eso, y con las consecutivas prórrogas y entregas no satisfactorias de material, no había información concluyente para evitar que la cooperativa siguiera operando con normalidad -explica Piergentili.

La decisión de bajarle la cortina a Financoop –reiteró la subsecretaria de Economía-, se debió a la ausencia de información y a la “imposibilidad de determinar con certeza su daño patrimonial”.

“CORRALITO” MILLONARIO Y SIN GARANTÍA

Tras la decisión del 23 Juzgado de decretar una serie de medidas prejudiciales precautorias en contra de Financoop, $43.206 millones quedaron retenidos a la espera de las próximas decisiones. Es un “corralito” que afecta a 2.174 clientes, de los cuales más de la mitad corresponde a personas naturales que tenían depósitos a plazo entre $500 mil y $10 millones. El resto, son ahorrantes entre $10 millones y $120 millones, divididos entre personas y sociedades de diverso tipo.

Las atractivas tasas de interés -40% más altas que el promedio de la banca- actuaron como un poderoso imán para los inversionistas que confiaron en esa cooperativa. La mayoría de ellos no aquilató el riesgo que implica confiar su dinero a una entidad que no cuenta con la garantía estatal a los depósitos.

Lo grave es que la cartera de Financoop la componen mayoritariamente trabajadores y jubilados de casi 200 instituciones (sindicatos y asociaciones de diversas áreas de la economía), quienes por ahora tienen sus ahorros inmovilizados.

Entre los afectados también figuran otras cinco cooperativas que mantenían parte de sus ahorros en la entidad: Andescoop (Los Andes), Bansur (Osorno), Islacoop (Isla de Maipo),  Mujercoop  (Santiago) y Santa Inés (Viña del Mar). En total, las cinco registran depósitos a plazo por  unos $1.770 millones que ahora también están inmovilizados.

OPERACIÓN BDS

“Esta invitación, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), tiene dos dimensiones. La primera, es invitarlas a unirse como parte de los emprendedores nacionales que sumen sus esfuerzos de capital para dar vida a esta entidad, en una forma y modalidad que se ajuste a la ley y la normativa. La segunda invitación a las CACs, es a generar una red de alianzas con BDS, que de origen a una relación virtuosa”, dice la carta que entre fines de 2016 y hasta hace algunas semanas recibieron varias cooperativas del país y a la que tuvo acceso CIPER.

LivacicLa firma el gerente del Proyecto BDS o Banco del Desarrollo Social, Ernesto Livacic, quien además es miembro del consejo directivo de Financoop. En paralelo a la carta, Livacic se reunió con ejecutivos de cooperativas, ofreciéndoles participar en el proyecto del nuevo banco. En concreto, les propuso convertirse en accionistas de la nueva entidad, a través de la entrega de recursos, a cambio del acceso a productos financieros tan atractivos para este segmento, como tarjetas de crédito e hipotecas, entre otras alternativas de financiamiento.

Según recogió CIPER entre los representantes de las cooperativas que recibieron a Livacic, la propuesta consistía en replicar el modelo de corresponsalías bancarias: ellas pondrían a sus clientes y sucursales a disposición del BDS y cobrarían una comisión por servicios y todo lo que permita la norma. BDS pretendía aprovechar el atractivo mercado que atienden las cooperativas: 1,7 millón de personas según cifras del Ministerio de Economía. Un pilar de clientes para cualquier banco que está partiendo.

Todas las cooperativas que mostraron interés en el nuevo banco (BDS) impulsado por los controladores de Financoop, recibieron además de la carta formal de invitación un Memorándum de Entendimiento (MoU), que no consideraba compromisos de inversión pero sí, un extenso párrafo con exigencias de confidencialidad. Se esperaba, que las conversaciones culminaran “con la conformación de una alianza formal durante el primer semestre de 2017. En paralelo, estamos trabajando para solicitar en esa fecha la solicitud de licencia bancaria a las autoridades”.

En ese documento (MoU), se informa que el proyecto del BDS es propiedad de la sociedad Desarrollo y Redes, vehículo de inversión que en 2014 crearon Vicente Caruz y sus ex socios del Banco del Desarrollo.

Al momento de la intervención de Financoop (14 de agosto), Caruz ya contaba con el visto bueno de dos cooperativas: Bansur y Concredicoop. Para concretar el negocio, Caruz ingresó a ambas como socio durante 2016.

En Bansur, cooperativa con base en Osorno, el empresario ocupa un puesto en su consejo gracias a la participación del 4% que compró como persona natural. A Concredicoop, cooperativa de la Región Metropolitana, ingresó Financoop también en 2016, pagando $190 millones por su participación (4%). El 24 de marzo de este año, esa cooperativa vendió parte de su cartera de créditos por un monto de $1.591 millones, la que también presentaba problemas.

El 25 de abril pasado, desde el Ministerio de Economía, Zoran Ostoic preguntó por oficio a Financoop las razones de su inversión en Credicoop. “Esto se fundamenta en la esencia de las cooperativas”, fue la respuesta de sus ejecutivos.

-No se estaba en conocimiento del proyecto del banco de Financoop, considerando, además, que la constitución de bancos no es algo que corresponda a la DAES -afirmó a CIPER la subsecretaria Piergentili.

¿Cuánto es el máximo interés que pueden cobrar los bancos? Endeudar no es incluir

En abril de este año, el titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado, dio a conocer la intención del gobierno de reevaluar la tasa máxima convencional (TMC) –el interés máximo que puede ser cobrado- que rige actualmente para créditos menores de 50 UF ($ 1,2 millón). El tope para este segmento está hoy en una tasa del 36,6%, lo que implica que si una persona pide 50 UF a 12 meses, podría llegar a pagar alrededor de $277 mil solo en intereses. Antes de que el gobierno de Sebastián Piñera pusiera en marcha esta norma, el interés llegaba al 50%, e incluso llegó a ubicarse cercano al 55%, con lo que por las mismas 50 UF a 12 meses, se podría haber pagado aproximadamente $427 mil en intereses.

El argumento de subir la actual TMC tiene como aparente base el que muchos chilenos que piden créditos de montos bajos están saliendo del mercado financiero. Eso se debe, sostienen los bancos, a que estas instituciones no están dispuestas a otorgar créditos con intereses tan bajos a ese segmento de perfil más riesgoso. Bajo la calificación de “riesgoso” los bancos se refieren usualmente a clientes que no tienen ingresos altos o que no pueden acreditar garantías que satisfagan totalmente a la banca tradicional. Así, lo que la SBIF y los representes de los bancos están diciendo es que la llamada inclusión financiera se está viendo dañada por la sobre regulación estatal y, más precisamente, por poner un tope al interés que se puede cobrar.

Las Naciones Unidas y el Banco Mundial han promovido de manera constante el acceso al crédito (UN Department of Public Information, 2004; The World Bank, 2017a) e incluso variados expertos lo han llegado a sugerir como un “derecho humano” (Sinclair, 2012). Lo anterior ha provocado que la idea de la inclusión de los que quedan fuera del sistema financiero –aquellas personas que no pueden proveer garantías de pago adecuadas a la banca tradicional- haya adquirido un peso casi dogmático.

En Chile parecen haberse tornado cada vez más comunes los llamados créditos “gota a gota” donde prestamistas informales dan dinero con intereses sumamente altos. En este contexto, es válido preguntarse si volver al 50% de interés que había antes de la TMC está libre de usura o no”.

Como arguye el doctor en sociología Marcus Taylor (2012), la inclusión financiera de estos grupos más vulnerables en términos socioeconómicos basa su argumentación ideológica en dos pilares. El primero, es que la promoción de los servicios bancarios es positiva, puesto que aquellos que la promueven –ciertos gobiernos, organismos internacionales, entes privados y ONGs- entienden la pobreza como el resultado de la exclusión financiera. Desde esa perspectiva, se ve el crédito como una herramienta que empodera a las personas al permitirles integrarse y ser actores en sus economías locales.

Sin embargo, la evidencia que proviene del sector microfinanciero (es decir, de aquellos bancos, ONGs o cooperativas que ofrecen servicios financieros a los que normalmente se ven excluidos de la “banca tradicional”), entrega resultados mixtos sobre si la posibilidad de acceder a créditos catapulta o no a las personas fuera de su situación de vulnerabilidad. Así, hay estudios que concluyen que acceder al sistema financiero incrementa los recursos del hogar, mientras otros estiman que el crédito no tiene ningún efecto o que incluso los empobrece. A su vez, si se destina a consumo y no a fines productivos es muy probable que el crédito no genere ningún tipo de cambio en la situación económica de las personas (Khandker, 2005; Karlan & Zinman, 2009; Bateman, 2010; Imai, Arun, & Annim, 2010; Van Rooyen, Stewart & De Wet, 2012, Chliova, Brinckmann & Rosenbusch, 2015).

Estas lecciones y evidencias mixtas que emergen de las microfinanzas  pueden ser aplicados a la discusión de la tasa máxima convencional en Chile, puesto que el promedio de los créditos ofrecidos por este sector es de alrededor de $500 mil  (US$ 747 dólares), llegando a máximos de más de $9 millones (US$ 14.663) (Mersland & Strøm, 2010). Por otra parte, el sector microfinanciero ha sido el que tradicionalmente se ha ocupado de la inclusión financiera.

El segundo pilar o argumento en pos de la inclusión financiera que explica Taylor (2012), es que el crédito permitiría afrontar situaciones donde haya shocks o eventos negativos en los ingresos del hogar. La evidencia disponible permite decir que los hogares vulnerables con acceso al crédito parecerían ser menos propensos a vender activos productivos cómo respuesta a cierto tipo de acontecimientos (Islam & Maitra, 2012). El problema con esta visión, es que se pasa del discurso de “sacar” a la gente de la pobreza a uno que simplemente mantiene estable su vulnerabilidad.

Los hogares vulnerables acudirían justamente a los prestamistas informales, o usureros, para pagar su sobreendeudamiento con el sistema formal”.

Otro argumento que se bosqueja sobre lo beneficiosa que es la inclusión financiera es que expulsa del mercado a los prestamistas informales, que generalmente cobran tasas abusivas y con dudosas maniobras de recuperación de su capital ante el no-pago. Sin embargo, la evidencia disponible también pone en duda ese argumento. Los hogares vulnerables acudirían justamente a los prestamistas informales, o usureros, para pagar su sobreendeudamiento con el sistema formal (Jain & Mansuri, 2003). En Chile parecen haberse tornado cada vez más comunes los llamados créditos “gota a gota”, donde prestamistas informales dan dinero rápido, sin avales y de cuotas pequeñas, pero con intereses sumamente altos. Además, en este contexto, es válido preguntarse si volver al 50% de interés que había antes de la TMC está libre de usura o no.

El prestar dinero con estas tasas de interés ha sido justificado en el elevado riesgo que conlleva el perfil de estos clientes. Sin embargo, las microfinancieras reportan en promedio tasas de pérdida anual menores al 2,5% (Rosenberg, 2009). A su vez, numerosos países han regulado las instituciones financieras que prestan créditos a sectores riesgosos o vulnerables con tasas mucho más bajas y su sistema financiero no ha colapsado.

Sin ir más lejos, Ecuador ha impuesto una tasa máxima efectiva de alrededor del 30% para créditos de aproximadamente 50 UF. Esto ha obligado a las instituciones financieras ecuatorianas a ser más eficientes en sus procesos administrativos y a evaluar de mejor manera a sus clientes.  Y en el caso de Turquía, país miembro de la OCDE, con un producto interno bruto per cápita similar a Chile en términos de paridad de poder adquisitivo a 2015 (Callen, 2012; The World Bank, 2017b), la tasa máxima para los créditos de consumo y tarjetas de crédito se fijó en 13,5% anual (Maimbo, S. M., & Henriquez Gallegos, 2014). Eso significa que al pedir en Turquía  un crédito de 50 UF ( como el ejemplo del inicio), se terminaría pagando alrededor de $99 mil en intereses. En el caso de la Unión Europea, para aquellos créditos de consumo con una duración menor o igual a 12 meses, el promedio al que llega al mercado a febrero 2017 era del 5,09% (Euro Area Statistics, 2017).

Al contrario de lo que se argumenta en Chile, hay numerosos casos donde permitir préstamos a tasas elevadas a sectores vulnerables ha provocado movimientos masivos de morosos, como el hondureño “No-pago”, una ola de suicidios en el caso de Andhra Pradesh(India), incitaciones a la prostitución en países como India y Bangladesh, entre otros (Taylor, 2011; Sinclair, 2012). Lo anterior debe llamar la atención porque justamente la inclusión financiera es promovida cómo una iniciativa intrínsecamente buena. Sin embargo, la realidad de nuevo choca contra estos argumentos.

La evidencia de las investigaciones en microfinanzas sugiere que prestar a clientes con perfiles aparentemente más riesgosos no puede ser a expensas de elevadas tasas de interés. Cómo país tenemos que ser capaces de encontrar soluciones que no terminen provocando sobre endeudamiento en un segmento de la población ya vulnerable. Estas medidas pueden ser: una adecuada evaluación financiera, más educación financiera en los colegios, BancoEstado proveyendo préstamos a tasas razonables gracias a sus economías de escala, el buen uso del historial de comportamiento de pago, innovaciones en las metodologías de otorgamiento de crédito que permitan sortear asimetrías de información, entre otras.

Es cierto que acceder a un crédito o integrarse al sistema financiero puede ser muy beneficioso para el sector más vulnerable de la población, pero esta incorporación no puede ser a cualquier precio. La inclusión financiera no puede ser revestida cómo un derecho humano o cómo algo bueno per se si su mal uso puede provocar empeoramiento de los recursos del hogar, sobre endeudamiento, colapso del sistema financiero o incluso muertes.

 

Referencias bibliográficas

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Los secretos de los 20 meses que tardó CAVAL en cerrar el negocio de Machalí

El 26 de agosto de 2013, Victorino Arrepol Garrido estalló en ira. El hombre de confianza de Mauricio Valero Illanes, propietario junto a Natalia Compagnon Soto de CAVAL, se había quedado sin opciones. Restaban sólo cinco días para que se cumpliera el plazo fatal establecido por el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, que obligaba a CAVAL a entregar una boleta de garantía por US$1millón que le permitiría mantener la primera opción de compra de los predios Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego en Machalí. Pero las finanzas de la empresa iban de mal en peor: CAVAL no tenía fondos. Y para entonces las gestiones de Arrepol con los bancos para conseguir el crédito que cerraría la compraventa de los terrenos en Machalí, estaban en punto muerto.

Victorino Arrepol
Victorino Arrepol

Los dos bancos a los que habían recurrido –Santander y Banco de Chile- no daban luz verde, pese a que CAVAL había ofertado millonarios incentivos a quienes le pudieran “facilitar” el negocio. A Iván Garrido Concha, ex ejecutivo del Banco de Chile, se le ofrecieron –según correos electrónicos hoy en manos de la Fiscalía– tres pagos que totalizaban $150 millones para apurar los trámites.

Ese 26 de agosto, Arrepol descargó su furia contra Sergio Bustos Baquedano, hoy conocido por demandar a CAVAL por adeudarle cerca de $200 millones en remuneraciones y premios. Bustos había sido llevado por el mismo Arrepol a CAVAL para apoyarlo con las gestiones con los bancos y fue él quien contactó a Garrido.

Tus colaboradores son una porquería, no sirven para nada”, le habría dicho un desesperado Arrepol a Bustos, a sabiendas de que la cuenta regresiva del síndico estaba corriendo y que existían varios otros interesados y con espaldas financieras para adquirir los terrenos en Machalí.

En los últimos días de agosto de 2013, el jugoso negocio que CAVAL venía preparando hacía por lo menos seis meses –y para el cual incluso se había creado una división inmobiliaria con tres expertos– estaba a horas de irse por el despeñadero.

ARTILLERÍA PESADA

Fue esa misma noche del 26 de agosto que en su desesperación a Bustos se le ocurrió contactar a un viejo amigo, el abogado Andrés Levine Contreras. Desde entonces, Levine jugó un papel decisivo –y hasta ahora desconocido– no sólo en las gestiones que permitieron que el síndico Herman Chadwick siguiera considerando a CAVAL como la opción preferente de compra, sino también en el cierre definitivo del negocio con la empresa Silca, propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva Martínez.

Lo que aún no tiene respuesta es por qué CAVAL, que para esa fecha era prácticamente insolvente (según prebalance de agosto 2013) y no mostraba ningún avance en la consecución del crédito bancario para adquirir los terrenos de Machalí, logró mantener tras reiterados vencimientos de los plazos acordados ante el síndico de quiebras, su  opción de compra prioritaria. Levine, en ese contexto, entró a hacer magia.

Levine decidió participar del negocio. Lo hizo sin formalizar ningún vínculo contractual con CAVAL, y sólo bajo la promesa de abultados premios si se concretaba el “Proyecto Machalí”: Mauricio Valero le habría ofrecido UF 7.000 (más de $160 millones) si el negocio llegaba a puerto. CAVAL jugaba al todo o nada y quienes se fueron integrando al proyecto aceptaron las condiciones del juego.

La elección de Levine en medio de la crisis no era baladí. El abogado, conocido por llevar la defensa en 2007 de los hermanos José Miguel y Mauricio Mazza Alaluf, acusados de lavado de dinero, dijo conocer al abogado Herman Chadwick Piñera (padre del síndico, con el que además comparte oficina) de los tiempos en que ambos estudiaron Derecho en la Universidad Católica y, además, tenía línea directa con Mauricio Larraín Garcés, presidente del Banco Santander entre 2002 y 2014 (hoy director titular y a quien le envía un afectuoso correo electrónico).

Lo que nadie de CAVAL había logrado en varias semanas, Levine lo consiguió en un par de días. Tras reunirse con Chadwick Larraín, Levine obtuvo del síndico una  prórroga de 45 días hábiles, a partir del 5 de septiembre,comprometiéndose en ese plazo a finiquitar el negocio. Para ello dejó un cheque en garantía firmado por Valero (en representación de CAVAL) por $70 millones (ver documento). Una cantidad muy inferior al millón de dólares que se le exigió inicialmente. Cuáles fueron los argumentos desplegados por Levine para convencer al síndico de modificar las estrictas condiciones y seguir considerando a CAVAL como comprador preferente, son preguntas aún sin respuesta. CIPER intentó varias veces comunicarse con Herman Chadwick Larraín, pero no respondió.

Herman Chadwick Larraín
Herman Chadwick Larraín

El contrato entre el síndico y CAVAL se firmó el 5 de septiembre de 2013 y allí se dejan instrucciones para que Chadwick cobre el cheque de $70 millones si “la parte compradora se desiste del contrato prometido o no cuenta con los fondos necesarios para el pago del precio acordado por la compraventa dentro del plazo” (ver contrato).

Pocos días después y paralelamente a sus gestiones con Chadwick, Levine le envió un correo electrónico al presidente del Banco Santander, Mauricio Larraín, pidiéndole que la institución bancaria ordenara una nueva tasación de los predios de Machalí. El Santander ya había hecho dos tasaciones de los terrenos, las que habían sido solicitadas por CAVAL, pero ambas habían resultado fallidas.

“Si esperamos una tasación de calidad, seria y fidedigna que permita sacar el negocio adelante, es la que se originará con la intervención de la gerencia, la que obviamente escapará a todo eventual manejo por parte de quienes esperan que CAVAL no logre concretar el cierre del negocio suscrito con el síndico”, le escribió Levine a Bustos en un correo electrónico el 11 de septiembre de 2013.

ENTRA EN ESCENA RAÚL CONTRERAS

En esta tercera tasación las gestiones se instalaron al más alto nivel. Es por esos días, principios de septiembre, que entra en escena un segundo abogado: Raúl Hernán Contreras Medina.

Raúl Contreras fue contratado por CAVAL para el perfeccionamiento del contrato de cierre de negocio con el síndico Herman Chadwick y, para que junto a Levine, intentaran dilatar el plazo de 45 días estipulado en el documento. Tomando en cuenta la compleja situación financiera de CAVAL, mientras más tiempo hubiese para conseguir el crédito para pagar las UF 265.980 ($6.131 millones),mejor.

Con la llegada de Contreras la ofensiva de CAVAL se potenció. Contreras es uno de los socios fundadores del estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz Limitada (hoy Guerrero-Olivos), sociedad de la que en enero pasado y en medio de la crisis generada por el Caso Penta, se retiró uno de sus socios históricos, el ex senador Jovino Novoa Vásquez (UDI). Allí, Contreras forjó estrechos vínculos con los socios. Entre ellos, con Carlos Olivos Marchant, que hasta septiembre de 2014 fue miembro del directorio del Banco Santander. CAVAL aprovechó las redes de contactos de Levine y Contreras para intentar obtener el crédito para comprar los terrenos de Machalí. Con la premura de la cuenta regresiva corriendo, CAVAL también en esos días multiplicó su ofensiva con el Banco de Chile.

El 14 de octubre de 2013, Sergio Bustos le pidió a Raúl Contreras que a objeto de “defender nuestra posición en los bancos con mayor claridad” programaran un viaje con Levine para conocer los predios de Machalí en compañía de Mauricio Valero.

LA PRÓRROGA DE CHADWICK

El 16 de octubre de 2013, y pasados varios días desde que se firmara el contrato entre CAVAL y el síndico Chadwick (5 de septiembre), Victorino Arrepol le pidió al abogado Raúl Contreras que obtuviera del síndico el máximo de plazo “mientras se hacen los trámites bancarios necesarios”. Contreras de inmediato redactó una carta para el síndico de quiebras.

El 18 de octubre Chadwick Larraín recibió una carta de CAVAL, firmada por Mauricio Valero, en la que señala que se ha designado a los abogados Raúl Contreras Medina y a María Loreto Ried para coordinar con quien designe el síndico la elaboración y suscripción de la escritura pública pendiente. “Atendido que el perfeccionamiento de la compraventa prometida puede significar una involuntaria demora, no imputable a CAVAL, le manifiesto y reitero expresamente la disposición y voluntad de mi representada de estar llana a cumplir en el menor tiempo posible con sus obligaciones contenidas en el cierre del negocio”, se señala en uno de los párrafos (ver carta). Herman Chadwick designó a una de las abogadas de su equipo, María Clara González Lozano, como interlocutora de los abogados de CAVAL.

La estrategia de Contreras estaba dando resultado. En un correo electrónico, el abogado le comentó a Bustos que, pese a que los plazos apremiaban, la mejor opción era “no entregar mayores comentarios (al síndico) respecto de las dificultades o imposibilidad de celebrar el contrato de compraventa dentro del plazo estipulado, lo que iremos develando según sean los planteamientos del síndico o sus representantes”.

Los primeros días de noviembre de 2013, y en vista de que aún no se obtenía el crédito, CAVAL ofreció a Chadwick una garantía de $100 millones para extender la vigencia del contrato hasta fines de mes. Según se desprende de varios correos electrónicos entre Bustos y Levine, en esa última negociación, las gestiones estuvieron a cargo sólo de Mauricio Valero y del operador del síndico, Juan Díaz Sepúlveda, quien, según publicó La Tercera, habría sido el contacto clave entre el síndico de quiebras y CAVAL.

Según se lee en los correos electrónicos intercambiados el lunes 4 de noviembre por los representantes de CAVAL, el síndico de quiebras aceptó la prórroga para el pago total del valor de los tres terrenos en Machalí. Dos días después, en Santiago, tuvo lugar la polémica reunión entre una de las dueñas de CAVAL, Natalia Compagnon, su esposo, Sebastián Dávalos, y el controlador del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

TERRENOS_MACHALICuando el síndico Chadwick Larraín depositó en esos mismos días el cheque de garantía del Banco Santander dejado por CAVAL, éste rebotó: había caducado. De inmediato, según relató a CIPER el propio Chadwick a fines de febrero, Valero llegó con una nueva pieza bancaria: un vale vista por $100 millones, pero esta vez del Banco de Chile. Y eso tenía una lectura: había luz verde para el crédito solicitado a Luksic por Compagnon y Dávalos.

De la crucial reunión del 6 de noviembre de 2013, quedaron algunos damnificados. Uno de ellos fue el abogado Andrés Levine.

“Obtenida la segunda prórroga quedé marginado por CAVAL de toda posibilidad de negociar la garantía de la misma, lo que estaba seguro de lograr. Me entiendo contratado, como en su oportunidad se habló contigo y Victorino, no sólo para obtener la opción en forma factible para CAVAL, sino además para aportar mis esfuerzos para que el negocio saliera adelante, lo que creo haber demostrado”, le escribió Levine a Sergio Bustos en un correo electrónico fechado el 7 de noviembre.

Levine fue puesto en el congelador. Pero no se fue solo. Desde ese momento, el abogado Raúl Contreras dejó de ser mencionado en los emails que circularon entre los directivos y asesores de CAVAL.

LA DESCONOCIDA CARTA GANTT DE CAVAL

Más de 20 meses transcurrieron desde el inicio de las negociaciones de CAVAL por los terrenos de Machalí hasta la firma del contrato de compraventa con Silca, de propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva, quien los adquirió el 15 de febrero pasado. En ese período, los ejecutivos de CAVAL transitaron desde el optimismo exultante hasta las sospechas de confabulaciones para hacerles perder el negocio.

En rigor, la apuesta de CAVAL partió cuando sus dueños pusieron la mira en las 44 hectáreas en Machalí que poseía la sociedad de Patricio Wiesner del Solar y su esposa Helga Riffart Richards, la que había entrado en cesación de pagos por lo que su venta pasó a ser administrada por el síndico Herman Chadwick.

La extensa documentación que preparó CAVAL para iniciar el negocio y a la cual tuvo acceso CIPER (ver documento), da cuenta de que el plan original de Compagnon y Valero era vender primero al menos 8 hectáreas de los terrenos a Horst Paulmann, dueño de Cencosud, para la instalación de un supermercado Jumbo. Pero el paso previo indispensable para ello era conseguir el crédito bancario para comprar los terrenos.

En documentos y correos electrónicos queda en evidencia una situación hasta ahora no conocida sobre por qué fracasó el crédito solicitado originalmente por CAVAL al Banco Santander.  Como se verá más adelante, el conflicto se originó en sucesivas y controvertidas tasaciones ordenadas por ese banco a empresas del rubro.

Las gestiones con el Banco Santander se iniciaron en Concepción, en junio de 2013, en la sucursal de calle O’Higgins 560, con el ejecutivo de la Banca Empresas, Patricio Morales Ponce. El 3 de julio, Morales le informó a los directivos de CAVAL que “la compra de los terrenos se encuentra en proceso de evaluación por parte de nuestro comité, ante lo cual le daremos una respuesta a la brevedad“.

Sergio Bustos
Sergio Bustos

Un documento elaborado por CAVAL de octubre de 2013 (“Presupuesto de Venta Proyecto Machalí”) refleja el optimismo inicial de los socios sobre el negocio (ver documento). Sólo días antes, la empresa había firmado con el síndico Chadwick el segundo contrato “de cierre de negocio” por los predios Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, el que daba 45 días hábiles para suscribir la compraventa por la que deberían pagar algo más de $6.131 millones.

En el “Presupuesto de Venta” se puede leer el cronograma con las etapas calculadas por la empresa. Así, en agosto de 2013 ya debía estar adjudicada la adquisición y en octubre se registraba el pago al síndico Chadwick, una vez aprobado el crédito bancario. El siguiente paso era la venta de los predios de manera escalonada hasta mayo de 2014, ello porque la empresa calculaba que en enero de ese año se aprobaría el cambio del Plan Regulador de Machalí y el precio de los terrenos se dispararía.

Compagnon y Valero calculaban vender las 44,3 hectáreas en UF 832.000 (cerca de $20.000 millones), con lo que obtendrían un margen bruto de casi $14.000 millones. La primera recaudación –que no requería del cambio de uso de suelo- provendría de la venta de 8 hectáreas “aptas para la instalación de malls y un proyecto hotelero”. Para este proyecto se aprovecharía una granjería que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcción que permite extender en cuatro hectáreas el uso urbano a terrenos de uso agrícola que son colindantes.

Este documento interno de la empresa revela que CAVAL apuntaba a los gigantes del retail como compradores potenciales para el paño más apetecido por estar a orillas de la Carretera del Cobre. Allí se lee que están “a la espera de reunión con grupo Cencosud (Horst Paulmann). Una vez controlada la compra (8 hectáreas)”. Y se agrega: “Grupo Mall Plaza se ha acercado al municipio de Machalí para manifestar su interés en la adquisición de terreno para la construcción comercial. Contacto octubre 2013” (ver documento).

Como interesados en las otras 36 hectáreas se menciona a la Inmobiliaria Sinergía (grupo Cueto-Sarquis-Kassis), empresa Pixels, Inmobiliaria Siena e Inmobiliaria Pocuro.

CÓMO SEDUCIR A PAULMANN

El interés por seducir a Cencosud como su primer comprador, queda de manifiesto en correos electrónicos intercambiados por dos de los principales agentes que puso CAVAL para concretar su negocio en Machalí: Victorino Arrepol y Sergio Bustos. El 1 de septiembre, a las puertas de firmar la promesa de compraventa con el síndico Chadwick, y mientras se planificaba una reunión para obtener el crédito bancario, Bustos le puntualiza en un correo a Arrepol lo que se requiere para “presentar y desarrollar el negocio de promesa de compraventa con Cencosud”.

El 6 de noviembre de 2013, el mismo día de la reunión entre Luksic con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, vuelve a aparecer Cencosud en un correo de Bustos: “Don Victorino: Levine hizo su pega para lo cual fue contratado, ya que la compra misma estaba radicada en el Banco Santander y la venta conversada con Cencosud y varias constructoras“. En marzo de 2014, la venta de las ocho hectáreas experimentó un gran avance. En un correo electrónico del 19 de marzo, Bustos le informó al abogado Andrés Levine que “Arrepol me dijo que Paulmann de Cencosud tiene un verdadero interés por las 8 hectáreas y que el lunes próximo se decide el negocio”. El 30 de marzo, en otro correo dirigido al mismo Levine, Bustos le informó: “Según Victorino (Arrepol) la venta a Paulmann sale antes del 15 de abril”.

No fue así. Aunque se desconoce cuál fue la razón por la que el negocio entre CAVAL y Horst Paulmann fracasó, otro correo electrónico intercambiado entre Andrés Levine y Sergio Bustos sugiere que el negocio habría sido traspasado al futuro dueño de los tres terrenos: Hugo Silva. En ese correo del 6 de agosto de 2014, Bustos le da cuenta a Levine de una  conversación con Victorino Arrepol: “Quedé medio PLOP cuando me dijo que esta empresa de la Sexta Región (Silca) negociaría con Paulmann para JUMBO”.

CONFLICTO CON EL BANCO SANTANDER

Mientras los operadores de CAVAL aceleraban sus contactos inmobiliarios para organizar la posterior venta de los terrenos de Machalí, la solicitud de crédito ante el Banco Santander en Concepción experimentaba tal nivel de dificultades que los directivos de la empresa decidieron trasladar la gestión a la sucursal Ñuble del mismo banco, en Santiago.

CAVAL necesitaba que las tasaciones de los terrenos superaran las UF 300 mil ($7.170 millones) para que los predios fueran aceptados como garantía del préstamo bancario. Tres tasaciones sucesivas dieron distintos resultados, lo que hizo que los dueños de CAVAL entraran en pánico por las presuntas filtraciones y deliberados obstáculos que encontraban en su interlocución con el Banco Santander.

banco-santanderEl conflicto estalló el 10 de octubre de 2013 cuando Mauricio Valero le envió una carta al agente de la sucursal Ñuble, Jorge Farah Silva, en la que acusó la grave “filtración” provocada por la tasadora Carolyne Vargas Vidal, de la empresa externa Tinsa: “La tasadora designada tenía vinculaciones a través de su esposo con el propietario de los terrenos en cuestión, situación que se tradujo en la filtración de la documentación confidencial del proyecto de negocio y análisis de suelos, exponiendo a mi empresa en el proceso de negociación. Información reconocida por ella a un ejecutivo de nuestra empresa”.

Según denunció Valero en su carta, en paralelo a la tasación para CAVAL, Tinsa le hizo otra tasación a los propietarios del terreno (Wiesner y Helga Riffart) “utilizando nuestra información e imágenes proporcionadas de manera reservada a la tasadora. Grave problema de conflicto de intereses y falta a la reserva de información“. Valero señaló en la misma carta que Vargas tasó los predios en UF 210.000, mientras que a Wiesner se los valoró por sobre las UF 300.000.

Los ejecutivos del Santander ofrecieron una segunda tasación, sin costo para CAVAL, la que hizo la empresa Madrid y Peña. Como se sabe, el tasador fue Wilfredo Valdés, hoy Seremi de Vivienda de la Sexta Región y el valor que asignó fue de UF 240.000. “Inexplicablemente la tasación nunca llega a nuestras manos”, reclamó Valero a Farah.

Se acordó una tercera tasación, a cargo de Valuaciones de Chile. El 9 de octubre CAVAL recibió el informe. Valero acusó en su carta: “Increíblemente contiene comentario interno del banco que las propiedades no son aptas como garantía ya que no se realizaron estudios legales”.

El director general de CAVAL discrepó también del valor de la tasación (UF 150.640), y anunció acciones legales: “Inexplicable es que esta tasación difiera en forma tan relevante de las otras (…) Mi representada está analizando las posibilidades de iniciar acciones legales para evaluar las responsabilidades de las empresas tasadoras, como los perjuicios que se han ocasionad a CAVAL Ltda.” (ver documento).

La seguidilla de problemas experimentados con el Banco Santander hizo pensar a los directivos de CAVAL que había interesados en despojarlos del negocio.

LAS DUDAS DE UN EJECUTIVO DEL BANCO DE CHILE

Finalmente el Banco Santander rechazó otorgarle el crédito a CAVAL. Una nueva vía de negociación se abrió con el Banco de Chile. Fue entonces que Sergio Bustos y Victorino Arrepol se contactaron con el ejecutivo de Banca Grandes Empresas, Juan Figueroa Espinoza. En un correo electrónico del 10 de septiembre de 2013, Figueroa le solicitó a Bustos informes para iniciar el trámite: “Detalle de asesorías realizadas y en curso por parte de CAVAL, detalle curricular de los socios, respaldo de otras ofertas recibidas por el síndico, cartas de oferta por parte de eventuales compradores de terrenos (ejemplo: Paulmann), IVA 2012 y 2013 de CAVAL, declaración de renta realizada en abril 2013 de CAVAL, datos de tasadores que realizaron la tasación en Santander. Ideal si tienen la copia de la que les informaron”.

banco-chileLa deficitaria situación financiera de la empresa amenazó con convertirse en el principal obstáculo para la obtención del ansiado crédito. “Sería bueno contar con algún prebalance, dado que el de diciembre de 2012 es deficitario patrimonialmente”, acotó el alto ejecutivo del Banco de Chile en su correo. La lacónica frase escrita por Figueroa encendió las alarmas en CAVAL.

El 23 de septiembre, el gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño, envió al ejecutivo del banco el prebalance. Inmediatamente aparecieron las dudas de Figueroa por la cuenta “Proyectos por Cobrar” que alcanzaba a $898 millones: “Las ventas según IVA no reflejan las ventas denominadas ‘Proyecto Desarrollo 2013’ por $898 millones; ¿cuándo se facturan y a qué corresponden?”. La respuesta de Carreño fue escueta: “A un bien que estamos adquiriendo dentro de las próximas dos semanas y se venderá dentro del 2013”. El ejecutivo del Banco de Chile volvió a la carga: “Entonces no podemos considerarlo dentro del balance dado que ambos eventos aun no suceden. ¿Alguna otra venta por facturar?”. Carreño respondió más lacónico aún: “Por el momento no”.

En definitiva, el prebalance de CAVAL no pudo ser incorporado en su carpeta en el Banco de Chile (ver prebalance).

EL PORTAZO DE ITAÚ

El pesimismo cundía al mismo ritmo que la caja de CAVAL aumentaba su déficit. En busca de una nueva vía de escape los ejecutivos de CAVAL decidieron simultáneamente gestionar con el Banco Itaú el crédito que les permitiera financiar la compra de los terrenos de Machalí.  A la ejecutiva de la Banca Empresa de dicha institución, Gloria Norambuena, se le entregaron varios documentos, entre ellos, el mismo mencionado “prebalance”.

El trámite fue breve. El 10 de octubre de 2013, Norambuena envió a Sergio Bustos y Victorino Arrepol el siguiente correo: “Estimados, al revisar la empresa con mi jefatura me informa que no podemos ver el tema ya que detrás hay familiares de políticos y no podemos ver estas empresas. Les agradezco el tiempo”.

Fue en ese preciso instante que el Banco de Chile se convirtió en la única tabla de salvación. La reunión entre Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos con Andrónico Luksic el 6 de noviembre fue la llave que quebró la sucesión de puertas cerradas. A diferencia de lo ocurrido con el Santander, la tasación del Banco de Chile arrojó UF 310.000 por los tres predios, exactamente el valor que necesitaba CAVAL para cuadrar la hipoteca por el crédito de más de $6 mil millones. En noviembre la exultación y las sonrisas volvieron a las oficinas de CAVAL. Y el 13 de diciembre –en la víspera de la segunda vuelta presidencial- el banco le aprobó oficialmente el millonario préstamo.

Al día siguiente, Victorino Arrepol le dio la buena noticia a Sergio Bustos. En un correo electrónico escribió: “El banco aprobó el crédito. Lo malo es que lo aprobó por el valor del terreno. El lunes nos pasarán los vales vista. Ahora empezaremos a plantear que nos pasen UF 20.000 para capital de trabajo. Estamos haciendo un par de cosas para tener lucas para Navidad y por supuesto usted está incluido. El terreno ya es nuestro y la empresa mexicana nos entregó la carta de compra. Es por UF1.100.000 ($26.300 millones)”.

En efecto, el 6 de diciembre de 2013 CAVAL amarró una oferta de compra por la parcela Santa Elena (terrenos con uso de suelo urbano) y una “opción preferente de compra” por los otros dos predios con una empresa mexicana, pero a condición de que se produjera el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano en el sector Los Nogales de Machalí. De la identidad de esa empresa mexicana no se sabe nada, salvo que en Chile es representada por “Sociedad Aguas Sustentables Chile S.A.”, cuyo representante legal es Sergio Covacevich Concha (ver contrato).

EL ESLABÓN PERDIDO

Varios meses después que CAVAL lograra conseguir el crédito con el Banco de Chile y finalmente comprar los cotizados predios de Machalí, el abogado Andrés Levine volvió a tomar un rol protagónico. A principios de agosto de 2014, entró en escena un nuevo interesado en comprar los terrenos adquiridos por Compagnon y Valero: Hugo Silva Martínez, propietario de Silca y de Ruta Ochenta y Seis, entre otras.

El 26 de marzo pasado, El Mercurio publicó que un ex alcalde designado de Rancagua, Mario Barrientos Ossa (1987-1988), había sido el nexo entre CAVAL y Silca. Barrientos, abogado de profesión, se habría presentado frente a Silva Martínez como el “corredor de propiedades de CAVAL”. ¿Cómo llegó Barrientos a CAVAL? El eslabón perdido en esta cadena podría ser Andrés Levine, quien mantenía una amistad de años con Barrientos.

El 6 de agosto de 2014, Bustos le escribió a Levine informándole que había recibido un llamado de Arrepol en el que le comunicó que ya habían vendido las tres propiedades en Machalí a Silca y que la venta había sido gracias a la gestión de Levine.

Levine le respondió diciéndole que eso era efectivo, pero que aún faltaba una reunión con Silva: “En consecuencia, si hacen una oferta y cuál será la oferta es aún una incógnita, pero obviamente es un avance”.

El último email entre Levine y Bustos está fechado el 8 de febrero de 2015. Para entonces, revista Qué Pasa ya había destapado el polémico préstamo del Banco de Chile a CAVAL y por ello la empresa le solicitó a Levine que mediara con Bustos para que suspendiera sus declaraciones a la prensa y la filtración de documentos, a la espera de un arreglo económico.

A las dos de la tarde de ese domingo 8 de febrero, Levine (acompañado de otra abogada de nombre “Catarina”) y Bustos se reunieron en un restaurante de Talca. Según la versión de Bustos, CAVAL le ofreció $135 millones a cambio de su silencio. Él habría pedido un par de días para analizar la oferta. Cerca de las 21.00 de ese mismo día, Bustos le escribió a Levine: “Estimo que fue buena idea de CAVAL solicitarte que tú mediaras en el tema, debido que aparte del papa Francisco, eres la única persona en la que puedo confiar”.

Ese fue el último encargo de los propietarios de CAVAL a Levine. Esta vez, sin embargo, las tratativas del abogado que a fines de agosto de 2013 salvó del despeñadero al “Proyecto Machalí” y, más tarde, consiguió comprador para los terrenos, fracasaron.

Los millones que entregan los bancos a los alcaldes para adjudicarse las cuentas municipales

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), se tiene fe. En 2016 quiere ir por el premio mayor de las elecciones municipales: la alcaldía de Santiago. Así lo anunció el pasado jueves 24 de julio -sin eufemismos- en El Mercurio: “El paso natural de mi carrera está en Santiago”. Pero si Delgado quiere entrar a la primera división de la política por esa puerta, primero tendrá que ocuparse de algunos flancos abiertos por la Contraloría General de la República en su manejo de cuentas municipales

El 20 de marzo pasado la Contraloría emitió su dictamen 20.243. La resolución provocó un remezón en el mundo municipal y, a la pasada, también le dio una sacudida a la banca. El documento revela una irregularidad que fracturó todos los controles y fiscalizaciones de la administración de recursos públicos, mediante una fórmula que asocia a la banca y las municipalidades.

Rodrigo Delgado

Los bancos que se han adjudicado licitaciones para mantener las cuentas corrientes municipales, están entregando a algunos alcaldes sumas que, por lo que se sabe hasta ahora, han llegado hasta $150 millones anuales, dependiendo del tamaño del municipio y del volumen de dinero que la comuna mantenga en sus arcas. Hasta ahí no hay ninguna irregularidad. El problema comienza cuando se examina el destino y control de esos dineros que el banco pone a disposición del alcalde. Porque los documentos revisados por CIPER indican que esos recursos pueden ser -y de hecho han sido en algunos casos- manejados discrecionalmente por los jefes comunales.

Ese dinero es un “premio” por el alto flujo que le aporta el municipio al banco. Y frente a ese “aporte”, algunos alcaldes han pactado con los bancos mantener esos fondos en la entidad financiera, sin incorporarlos a las cuentas municipales, y cederles espacios para publicitar sus servicios. Con esta ingeniosa fórmula, nada impide que esos mismos jefes comunales determinen, sin rendir gastos, en qué y a quién se paga con esos fondos.

La Contraloría consideró que todo este mecanismo vulnera las normas de la administración pública y envió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y a la Fiscalía Nacional Económica. Entre sus observaciones se afirma que, con esta fórmula, los bancos pueden descontar impuestos, ya que los “aportes” son registrados como donaciones para actividades culturales, y no se tributan como publicidad.

El dictamen de la Contraloría menciona al menos a tres municipalidades donde este modelo fue detectado: Estación Central, Valparaíso y La Granja. Porque, más allá de lo que ha alcanzado a revisar la Contraloría hasta ahora, es un hecho que ese sistema se ha extendido a otras comunas. CIPER revisó documentación que indica que este controversial mecanismo de financiamiento se utiliza a lo menos desde 1997, cuando surgieron las primeras denuncias públicas por este tipo de prácticas contra Rodrigo González (PPD), entonces alcalde de Viña del Mar y hoy diputado. (Ver recuadro)

Después de las acusaciones contra Rodrigo González, el uso de este tipo de acuerdos con bancos se mantuvo sumergido durante casi 18 años. Recién en enero de 2013 volvió a asomarse a la luz pública. En esos días, el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz (DC) apenas cumplía un mes como jefe comunal cuando recibió una visita protocolar de ejecutivos del Banco Santander, los que le entregaron un vale vista por $150 millones. En la municipalidad penquista no había registro de un contrato o convenio que explicara la razón de ese pago.

Jaqueline Van Rysselberghe

El banco le informó a Ortiz que era un aporte pactado en 2003, cuando la municipalidad, entonces dirigida por la actual senadora Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), licitó la mantención de sus cuentas corrientes. El Banco Santander ganó la licitación -adjudicación que desde entonces se ha renovado sin concurso público- tras ofrecer un “aporte” anual a la municipalidad para desarrollar actividades sociales y culturales. Según el contrato, ese “aporte” tenía un tope de $34,1 millones por año. Por eso, al alcalde Ortiz no le cuadró la suma de $150 millones y devolvió el vale vista.

“Hay que tener dos dedos de frente para no ver que hay alguna irregularidad en la entrega de $150 millones sin que exista un contrato vigente”, dijo el edil penquista a Radio Bío Bío al explicar porque no aceptó el dinero (más información en el reportaje de CIPER “El hoyo negro de la ‘era Van Rysselberghe’ en Concepción).

EL BCI VA A LA ESCUELA

El año pasado, en el curso de un proceso de fiscalización en la Municipalidad de Estación Central, funcionarios de la Contraloría se encontraron con publicidad del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), desplegada en el hall de acceso a la sede consistorial. Cuando los fiscalizadores preguntaron por qué la propaganda del BCI se exhibía al interior del recinto municipal, les respondieron que se había suscrito un trato directo en 2012 -sin licitación pública- que le permitía a ese banco promocionar sus productos financieros en recintos y actos municipales. Incluso, se les dijo, se le permitía el acceso a escuelas y liceos públicos.

La Municipalidad de Estación Central se obligó a incorporar la imagen del Banco de Crédito e Inversiones en los eventos y actos que organice y que de común acuerdo definan; a instalar el logo de esa entidad privada en las entradas del edificio municipal, y en la publicidad exterior y callejera de tal repartición pública; a permitir el acceso a los establecimientos educacionales dependientes de ella, para la explotación de convenios bancarios, y a admitir el funcionamiento de un stand promocional de los productos financieros del mencionado banco en determinadas actividades del municipio”, describe el ya mencionado dictamen 20.243.

La resolución del organismo contralor fue categórica: los términos de estos acuerdos entre el BCI y la municipalidad “no se ajustan a derecho” (vea el convenio). Y entregó su fundamentación jurídica: “Los municipios, salvo norma legal expresa, carecen de competencia para asumir obligaciones que resultan ajenas a la gestión propiamente comunal, como son aquellas que se refieren al desarrollo por parte de sus autoridades y funcionarios de acciones de publicidad en favor de una institución bancaria (…). No resulta procedente que en el edificio en el que funciona se realice en forma permanente publicidad a un banco, de manera tal que la imagen corporativa de dicha repartición pública se vincule con la de la institución bancaria”.

BANCOS MECENAS

La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Estación Central, Lily Duque, explicó a CIPER que este convenio con el BCI, suscrito en 2012, se originó en otro contrato firmado en 2007 -y renovado en 2011- que adjudicó a ese banco la mantención de las cuentas corrientes comunales  (vea el contrato y su renovación). Para ganar esa licitación, el BCI ofreció un “aporte” anual destinado a financiar actividades artísticas, culturales y sociales. El banco se comprometió a entregar $14 millones por año para financiar un programa educativo, siempre que ese proyecto pueda acogerse a beneficios tributarios (vea el acuerdo). En caso de que la municipalidad opte por financiar actividades artísticas o culturales que no formen parte de un proyecto educativo, la cifra se reduce a $7 millones anuales. A cambio de ese “aporte”, Estación  Central se compromete a facilitar espacios para la promoción y publicidad del BCI.

En el bienio 2010-2011, el BCI entregó $28 millones para un proyecto educativo denominado “La Estación Digital” (vea las facturas de ese programa). Respecto del dinero correspondiente al bienio 2012-2013, el banco aportó sólo $14 millones, porque la municipalidad decidió no volver a financiar un programa de enseñanza y prefirió utilizar los recursos en la celebración del Día de la Madre 2014, con una actuación del humorista Álvaro Salas (vea las facturas). Lily Duque explicó que fue en virtud del “aporte” hecho en 2012-2013, dinero con el que se pagó al humorista, que Estación Central firmó el convenio para instalar la propaganda del BCI detectada por la Contraloría. Sin embargo, los informes de esa entidad fiscalizadora indican que fueron tres los contratos suscritos con el BCI en 2012 y que le abrieron las puertas del municipio al banco para exhibir allí su publicidad. Esos tres contratos le reportaron a la Municipalidad de Estación Central un total de $124 millones.

Rastreando el origen de estos convenios publicitarios, la Contraloría descubrió la irregular fórmula de los “aportes”, utilizada por los bancos para adjudicarse las licitaciones de cuentas corrientes municipales. Este mecanismo ha cobrado tal importancia que, en la práctica, es el ítem que decide las licitaciones. Esto, porque hay sólo dos factores que permiten diferenciar las ofertas: el número de sucursales que tiene un banco en la comuna y el monto del “aporte” de libre disposición del alcalde que está dispuesto a entregar. En la evaluación de las ofertas que se presentaron a su licitación, la Municipalidad de La Granja le asignó a todos los aspectos técnicos un valor de apenas un punto, mientras que al “aporte” le dio 10 puntos.

Salvo en el monto del “aporte”, las ofertas en general son idénticas, debido a que todos los bancos ofrecen sus servicios a costo cero, porque el negocio no está en el cobro, sino en el volumen de dinero que mantienen los municipios en sus cuentas. Por ejemplo, al convocar a su licitación, la Municipalidad de La Granja, que administra una comuna del populoso sector sur capitalino, informó que entre junio de 2010 y agosto de 2011 manejó un promedio diario general en sus cuentas que fluctuó entre $1.967 millones y $3.942 millones (vea la tabla con los datos).

La obligación de mantener altos saldos en las cuentas comunales, lo que beneficia al banco, podría provocar una pérdida de patrimonio al municipio ya que le impide invertir parte de sus dineros en depósitos a plazo. Ese fue precisamente el punto que concentró las críticas que se le formularon en 1997 al alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González. En ese episodio, el primero en que se detectó esta peculiar forma de obtener recursos adicionales, el banco involucrado era el entonces BHIF (ahora Banco BBVA).

DOS LICITACIONES EN VALPARAÍSO

En 2011 la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por el alcalde Jorge Castro (UDI), licitó sus cuentas corrientes.  El banco beneficiado también fue el BCI, el que ofreció un “aporte” total de $300 millones para los cuatro años que dura el contrato. En esa licitación, Corpbanca llegó a ofrecer un aporte de $412 millones, pero no se la adjudicó porque perdió puntaje en la evaluación a raíz del bajo número de sucursales y lugares de pago que tenía en el Puerto: tres, contra nueve del BCI (vea la evaluación técnica, la oferta del BCI con el detalle de su “aporte” y el contrato).

Jorge Castro

Aunque el contrato con el BCI vence el 2 de enero de 2016, la Municipalidad de Valparaíso volvió a licitar en 2013 la apertura y mantención de cuentas corrientes.  La razón de por qué lo hizo si aún estaba vigente el contrato suscrito en 2011, no fue entregada a CIPER. En la unidad de comunicaciones del municipio se informó que las consultas serían respondidas por el administrador municipal, Jaime Varas, pero el funcionario no atendió los llamados ni mensajes de CIPER.

La segunda licitación volvió a favorecer al BCI, aunque esta vez el “aporte” es más pequeño: $35 millones anuales en efectivo y otros $10 millones anuales en equipos y programas computacionales. En total, para los tres años que debe durar este contrato, son $135 millones (vea el decreto de adjudicación y la evaluación de las ofertas).

En las bases técnicas de las dos licitaciones realizadas por la municipalidad porteña se encuentra la clave que encendió la alarma entre los fiscalizadores de los recursos públicos. En esos documentos, bajo el título “Aporte anual no acumulativo”, se especifica el mecanismo para disponer de los dineros que el banco ofrece: primero, la municipalidad le informa al banco a quién se debe pagar; luego, el banco da su visto bueno y acepta cursar el pago. Por último, la municipalidad le envía las facturas, emitidas a nombre del banco por los proveedores de los servicios, y la entidad financiera concreta el pago. Así, estos recursos no entran al presupuesto municipal, no quedan sujetos al control interno ni a la fiscalización del Concejo Municipal ni de la Contraloría (vea las bases técnicas de las dos licitaciones).

Es por esta razón que el dictamen de la Contraloría señala que las evaluaciones técnicas y económicas que se efectúen en una licitación, “deben referirse a los beneficios, características y naturaleza de los bienes a contratar”. Por lo tanto, no procede que en las bases que rigieron las licitaciones de las cuentas corrientes, se permita que “los interesados hagan ofrecimientos adicionales que no guardan relación con el objeto de la contratación”.

Finalmente, la resolución establece que los recursos aportados a un municipio para desarrollar tareas culturales, sociales o educativas, son fondos que deben consignarse en el presupuesto municipal y quedar sometidos a las normas “sobre administración financiera del Estado, las normas de la contabilidad nacional y las instrucciones que imparta esta Contraloría General en la materia”.

CULTURA EN LA GRANJA

Respecto del contrato suscrito por la Municipalidad de La Granja, el “aporte” conseguido en su licitación de 2011 corre por cuenta del Banco del Estado y es de $100 millones anuales. El vínculo comercial tiene una vigencia de ocho años y expira  en enero de 2020 (vea el contrato).

En su oferta, el Banco del Estado incluyó el anexo “Descripción de servicios obligatorios y opcionales” (vea el anexo, página 25), donde se establece el procedimiento para utilizar estos fondos:

La municipalidad deberá hacer llegar al banco una carta suscrita por el representante legal del cliente (el alcalde o quien lo reemplace), con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha del evento (a financiar) donde solicite la aprobación del auspicio para la actividad socio cultural. Una vez aprobado por el banco, éste hará llegar al cliente (la municipalidad) una carta indicando su aprobación. Luego el cliente deberá presentar la factura emitida por un proveedor a nombre del Banco del Estado y una carta suscrita por el representante legal donde se señale que las actividades fueron realizadas satisfactoriamente por el proveedor, y presentada la factura a cobro, el banco la pagará dentro de los 30 días siguientes”.

Así, es el banco el que paga y la municipalidad es sólo un intermediario, por lo que los fondos no ingresan al presupuesto municipal. Eso es lo que dice la oferta del Banco del Estado en un anexo que es parte constitutiva del contrato. Pero en la Municipalidad de la Granja aseguran que no se operó de esa manera.

Claudio Arriagada

La licitación y el contrato fueron suscritos bajo la gestión del entonces alcalde y actual diputado Claudio Arriagada (DC), quien alcanzó a disponer de los recursos sólo un año, en 2012, antes de dejar el cargo. Consultado por CIPER, Arriagada señaló que no ocupó ese dinero de manera discrecional, y que, a diferencia de lo que dice el contrato, impartió instrucciones para que la corporación cultural de la comuna preparara un programa anual de actividades que se sometió a consideración del Concejo Municipal y luego a la aprobación del Banco del Estado, en su calidad de auspiciador. El ex secretario general de la Corporación Cultural de La Granja, Stanley Freeman, confirmó esta versión y envío a CIPER un archivo con la copia de la rendición de gastos realizados con el aporte de $100 millones correspondiente a 2012, y las respectivas boletas de honorarios (vea el cuadro resumen de la rendición).

La Corporación Cultural de La Granja administra el Espacio Matta, un centro cultural que exhibe un mural y 12 grabados del afamado pintor chileno Roberto Matta y que cuenta con una sala de teatro, sala de danza, sala de música, estudio de grabación, café y galerías para exposiciones de pintura, escultura y fotografía. La actual secretaria general de la corporación, Myriam Verdugo, señaló a CIPER que el nuevo alcalde Felipe Delpin (DC) también ordenó manejar el fondo como una subvención que se entrega íntegra a la corporación y que se ocupa en el financiamiento de un programa de actividades visado por el Concejo Municipal.

Verdugo exhibió a CIPER copia de los comprobantes de egresos de las actividades financiadas con los $100 millones correspondientes a 2013, y dijo que el Concejo Municipal ya aprobó el programa a financiar con el aporte de este año, por lo que sólo falta la aprobación del Banco del Estado para ocupar los dineros durante este segundo semestre (vea el resumen de la rendición de 2013).

Felipe Delpin

Aun cuando en la Municipalidad de La Granja el manejo de esos recursos haya sido efectivamente consultado con el Concejo Municipal, y existe un archivo con los comprobantes de los gastos, esto no es suficiente para la Contraloría. Un experto en el manejo de los recursos municipales dijo a CIPER que, más allá de la modalidad que escoja el alcalde para gastar los recursos o para llevar la contabilidad de esos ingresos y egresos, este fondo sigue siendo de libre disposición del alcalde, sin la obligación de someterse a los controles de la administración pública. Así se constata en los contratos resultantes de las licitaciones y sus anexos. Y aunque existan boletas de honorarios o facturas que comprueben que esos fondos se gastaron en actividades culturales, nada impide, por ejemplo, que tales eventos se programen en época de campaña electoral o que se pague a simpatizantes u operadores políticos de la autoridad comunal.

De hecho, la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Estación Central, explicó a CIPER que el alcalde Rodrigo Delgado también dispuso que los recursos aportados por el Banco BCI fueran ingresados al presupuesto municipal  (vea las órdenes de ingreso). Sin embargo, la Contraloría no lo consideró suficiente como para excluir a esa municipalidad en su duro dictamen de marzo pasado.

Esta es la segunda vez que la Contraloría le reprocha al alcalde Delgado una irregularidad en la administración de recursos municipales. La primera ocurrió en una auditoría desarrollada en 2007, cuando Rodrigo Delgado aún era director de Desarrollo Comunitario (Dideco) bajo la gestión del entonces alcalde y actual diputado Gustavo Hasbún (UDI). Los fiscalizadores detectaron que los fondos del Programa de Seguridad Ciudadana eran manejados por Delgado en una cuenta corriente que no aparecía en los registros municipales. La cuenta resultó ser privada y de uso personal del ahora alcalde. En ella, según el informe de auditoría, se confundían “fondos externos y municipales, dentro de los cuales se han recibido depósitos de fondos entregados a funcionarios de otras dependencias municipales fuera de la Dideco, como,  por ejemplo, fondos entregados a alcaldía y Secpla” (vea el informe de auditoría).

Por esta irregularidad, la Contraloría  determinó instruir un sumario administrativo. En dos oportunidades, siendo ya alcalde, Delgado pidió la reconsideración de la medida. En ambas, su petición fue denegada (vea las dos resoluciones que negaron la reconsideración). Sin embargo, ese sumario jamás se hizo, aunque la falta era de tal gravedad que podía haber acarreado su destitución.

En efecto, el artículo 54 de la Ley N° 10.336 (que fija las atribuciones de la Contraloría) señala que los funcionarios que abran una cuenta corriente para manejar fondos públicos, sin autorización de la Contraloría General de la República, deben ser destituidos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese establecer la justicia. Así dice la ley, pero aunque parezca increíble, hasta este año las irregularidades administrativas cometidas por un alcalde no podían ser objeto de sumarios, porque no se había establecido un superior jerárquico por sobre los jefes comunales que pudiese llevar a cabo la investigación que condujera a la eventual sanción. Recién en abril pasado, gracias a una reforma impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, se facultó a la Contraloría para desarrollar sumarios contra los alcaldes.

Respecto de la grave falta cometida por Rodrigo Delgado, la Contraloría la detectó en 2008, cuando éste era director de Dideco, pero el informe de auditoría que lo acusó se emitió en 2009, cuando ya era alcalde. Por esa razón, se benefició del vacío legal recién enmendado en abril.

Rodrigo González, el padre del sistema

En 1988 la Municipalidad de Viña del Mar, dirigida por la alcaldesa designada por el régimen militar, Eugenia Garrido, licitó la mantención de sus cuentas bancarias. La cuenta denominada  “Principal Nº 2”, a la que se asignó el 50% de los fondos municipales, fue adjudicada al Banco BHIF (hoy BBVA). No hubo en ese contrato referencia a “aportes” culturales como los que se conocen hoy. Aunque, según un reportaje de El Mercurio de Valparaíso publicado en 1998, bajo la gestión de la alcaldesa Garrido el BHIF hizo donaciones para refaccionar la Sala Viña, una galería administrada por la Corporación Cultural de esa ciudad.

Ese mismo reportaje del matutino porteño fue el eslabón inicial de la cadena que culminó con el dictamen emitido en marzo pasado por la Contraloría. En esa nota se mencionaba por primera vez que la mantención de las cuentas corrientes estaba asociada a recursos que un banco ponía a disposición de un alcalde: el que entonces dirigía Viña del Mar, Rodrigo González (PPD). Y que esos dineros eran pagados por el banco a personas que el jefe comunal determinaba, sin que hubiese control sobre esos recursos.

Rodrigo González

La trayectoria política del diputado Rodrigo González ha estado salpicada de episodios nebulosos en el manejo de dineros públicos. Fue formalizado -y absuelto en 2008- en la investigación por mal uso de los fondos destinados al Programa de Generación de Empleo (PGE) de su región. Además, estuvo involucrado en un juicio que duró ocho años por un controversial bono por desempeño pagado a funcionarios municipales.

Respecto del uso de los “aportes” que recibió del Banco BHIF cuando era alcalde de Viña del Mar, sus principales denunciantes fueron el concejal comunista José Soto Vergara y los dirigentes de Renovación Nacional, Andrés Celis y el actual senador Francisco Chahuán. La acusación: los fondos entregados por el BHIF eran fruto de un acuerdo no escrito, mediante el cual el jefe comunal se habría comprometido a mantener las cuentas con amplios saldos promedios diarios, lo que impidió depositar a plazo esos dineros y obtener rentas por intereses a favor del municipio.

En 1998 la Contraloría emitió un primer informe en el que estableció que, efectivamente, bajo la alcaldía de González los saldos de las cuentas de la Municipalidad de Viña del Mar en el Banco BHIF se incrementaron notoriamente. Y que en 1997, por no haber invertido esos excedentes en el mercado de capitales, se habían perdido intereses del orden de $195 millones. No obstante, el informe concluye que la mantención de altos saldos en las cuentas no constituye una irregularidad.

Pasaron tres años y en los primeros días de enero de 2001 se conoció un nuevo informe de la Contraloría. Esta vez fue lapidario para Rodrigo González. Se estableció que ya en 1996, bajo la gestión del ex alcalde Jorge Santibáñez (RN), el Banco BHIF hizo “donaciones” al municipio por un monto superior a $55 millones, pero sólo a contar de 1997, cuando la jefatura comunal pasó a manos de González, se pudo acreditar que era el alcalde el que solicitaba al BHIF que pagara a determinadas personas y financiara actividades relacionadas con el municipio.

Los fondos pagados por el BHIF en 1997 a petición del alcalde González sumaron $98 millones. De ese monto, más de $48,9 millones, indica el informe de Contraloría, “tuvieron el destino de financiar la elaboración por consultorías externas de dos proyectos de ingeniería que no han tenido culminación en beneficio a la comunidad y sin que de ellos hubiese tomado conocimiento el Concejo Municipal (…) y, además, sin participación alguna de las direcciones del municipio ni de los otros servicios públicos con competencia en la materia”.

 

Las reglas del mercado que cambian con los fallos de la Corte Suprema contra Eurolatina y Cencosud

El pasado martes 30 de abril, a través de un fallo unánime de 58 páginas, la Corte Suprema selló el destino de los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, los socios fundadores de las empresas financieras Eurolatina (Eurolatina Ltda. y Eurolatina S.A.). A juicio del tribunal, ambos son responsables de haber diseñado un sistema para engañar a cientos de chilenos de escasos recursos que se acercaron a su empresa entre 1993 y 2000 para obtener financiamiento sujeto a una garantía: sus viviendas. Lo que en apariencia era un crédito con prenda hipotecaria, a juicio del máximo tribunal no era más que un ardid para apropiarse del inmueble en garantía. Por eso fueron condenados a cinco años y un día de presidio como autores de los delitos de usura y estafa. También deberán pagar el valor de los inmuebles que se adueñaron e indemnizar a cada uno de los 188 querellantes por daños morales por un valor máximo de $5 millones.

La sentencia contra Eurolatina es uno de los dos fallos emblemáticos para los consumidores que emitió la Corte Suprema en los últimos días de abril. El miércoles 24 de ese mismo mes, el tribunal condenó también a Cencosud por aplicar cláusulas abusivas y aumentar arbitrariamente en 2006 los costos de mantención de sus tarjetas de crédito Jumbo Más (ver fallo). Tras esa resolución, el holding de Horst Paulmann deberá cancelar alrededor de US$ 70 millones en compensaciones a los más de 600 mil clientes afectados, según las estimaciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

La importancia de ambos fallos no sólo radica en las sanciones que la justicia impuso a los responsables por los ilícitos que atentan contra los derechos de los consumidores. Independiente de las condenas y de los miles de millones de pesos que Eurolatina y Cencosud deberán desembolsar para resarcir –de alguna forma– el daño causado, las sentencias también modifican las reglas que hasta ahora han regido el mercado financiero y de tarjetas de crédito del retail.

Los cambios que introduce el fallo contra Cencosud apuntan a proteger a los consumidores ante modificaciones unilaterales de los términos de los contratos. Hasta la emisión de la sentencia, el único requisito que tenían las empresas para alzar arbitrariamente sus precios base, comisiones o tasas de interés, era notificar por escrito a sus clientes. Si éstos no se manifestaban en contra en 30 días, se daba por entendida la aceptación de las nuevas condiciones. Pero eso ya no será suficiente. El fallo de la Corte Suprema estableció que cualquier modificación de los contratos deberá ser consentida expresamente por ambas partes. Una decisión que cambió profundamente el escenario del retail y la banca y provocó que otras empresas en situación similar, como BancoEstado y Falabella, llegaran a acuerdos compensatorios con sus clientes antes de que la justicia fallara en su contra.

Por otro lado, el fallo contra Eurolatina establece que las compañías que prestan dinero a interés son responsables de determinar si la persona a la que le otorgan el crédito está en condiciones de pagarlo. En ese sentido, si aprueban un préstamo a una persona que no cuenta con la solvencia mínima que garantice el pago de la deuda, son ellas las que asumen el riesgo. Eso implica un cambio importante para el mercado crediticio porque desde ahora, si el cliente logra acreditar que la empresa no evaluó su capacidad de endeudamiento al momento de otorgarle el crédito o le entregó el préstamo a sabiendas de que caería en mora, la ejecución de la garantía dejada en prenda no sólo sería ilegal, sino que además podría constituir delito.

Eso fue precisamente lo que hicieron las empresas de los hermanos Elgueta Cárcamo.

EUROLATINA Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS FINANCIERAS

A pesar de que en cualquier banco se les hubiera negado el préstamo por insolvencia, Eurolatina convenció a cientos de personas de que sí eran sujetos de créditos que podían pagar. Esto, según estimaron los ministros, con el objeto de que fallaran en el pago pactado para que, finalmente, Eurolatina se quedara con la vivienda entregada en garantía. Cristián Cisternas Aguirre, era el ejecutivo que contactaba a los clientes y aplicaba los contratos, sin haberles solicitado siquiera que acreditaran su renta a fin de calcular su capacidad de endeudamiento. Lo que venía después era lógico: los clientes, en su mayoría poco solventes, no pudieron mantenerse al día. Bastaba solo un atraso en las cuotas para que la empresa, a través de una cláusula de “aceleración” del cobro, exigiera el pago total. Como esa obligación no podía ser satisfecha por los afectados, los inmuebles que habían puesto en garantía pasaban al dominio de Eurolatina.

Según el fallo, los dueños de Eurolatina sabían que eso ocurriría. Que la gente no les podría pagar y que ellos quedarían en posición de ejecutar las hipotecas y así adueñarse de su patrimonio. De hecho, los ministros del tribunal establecieron que “las empresas Eurolatina fueron creadas para la ejecución del engaño”.

Las ilegalidades detectadas evidencian los posibles riesgos a los que podría exponerse la población al adquirir préstamos en el mercado informal. Precisamente en ese escenario es que los hermanos Elgueta Cárcamo operaban como prestamistas para personas que no eran sujetos de crédito.

Durante todo el proceso, la defensa de la empresa argumentó que la responsabilidad de lo ocurrido era de los clientes. Que fueron ellos quienes voluntariamente se acercaron a pedir los créditos. Que si firmaron el contrato para obtener el préstamo, debían ellos saber cuál era su real capacidad de pago. Y que la empresa había entregado un documento informativo a cada una de esas personas donde les advertía que el atraso de las cuotas podría significar la ejecución de la propiedad, así que todos sabían cuáles eran las condiciones cuando firmaron.

Lo interesante del fallo es que, para el tribunal, esos argumentos no fueron suficientes. Por el contrario, la sentencia establece que si alguien tiene la responsabilidad, es Eurolatina, ya que no pidió a sus clientes ningún antecedente serio para calcular su capacidad de endeudamiento, limitándose al aseguramiento de los inmuebles ofrecidos en garantía del cumplimiento de la deuda.

En un proceso normal para otorgar un préstamo, los bancos y las financieras que facilitan dinero a interés calculan la capacidad de pago de los postulantes. Les solicitan los antecedentes que den cuenta de la renta potencial y el patrimonio del cliente, además de información verificable sobre deudas previas y vigentes. Luego de eso, las empresas son libres de aprobar o rechazar un crédito si el solicitante presenta un bajo nivel de renta en relación al monto del préstamo que pide, tiene un alto endeudamiento o incluso si sus gastos de subsistencia le dejan escaso margen para después cumplir con los pagos. Pero nada de eso ocurrió con los clientes de Eurolatina.

Aunque la Ley para las Operaciones de Crédito de Dinero no indica cuáles son los procedimientos que las financieras deben aplicar antes de entregar un crédito (a excepción de los mutuos hipotecarios, donde el dividendo no puede superar el 25% de la renta del solicitante), la Corte Suprema estableció que son las empresas las responsables de verificar la solvencia de los deudores antes de otorgarles un préstamo. En otras palabras, si una compañía financiera opta por entregar dinero a alguien que no cuenta con los recursos para devolver lo adeudado, es ella la que asume el riesgo, y por lo tanto, la responsable de la pérdida. La resolución judicial señala que si los antecedentes previos al otorgamiento del crédito dan cuenta de insolvencia, la ejecución posterior de la garantía en caso de mora resulta improcedente e, incluso, puede constituir delito, pues el préstamo podría haberse entregado a sabiendas de que no sería devuelto con el único fin de apropiarse del bien que se dejó en prenda.

Eso fue lo que hicieron los hermanos Pedro y Marcos Elgueta con la ayuda del ejecutivo Cristián Cisternas. A juicio del tribunal, la falta de procesos para determinar la real capacidad de endeudamiento de sus deudores antes de aprobar los créditos es prueba de que “habría existido una maquinación previamente concertada por los acusados para inducir a los clientes de Eurolatina a contratar en circunstancias que no podían hacerlo con el único fin de poder constituirlos en mora y así llevarlos a una ejecución forzada”.

En ese escenario, la entrega del documento informativo que la empresa expuso en sus argumentos para demostrar que sus clientes conocían las condiciones de los préstamos –dice el fallo–, “sólo viene a demostrar la existencia de la maquinación urdida y del propósito de ocultarla, puesto que el engaño se produjo cuando se instó a personas que no tenían capacidad crediticia a contraer deudas que no estaban en condiciones de pagar y de cuyo error devino la entrega en garantía de sus inmuebles por tales obligaciones de dinero”.

LOS ABUSOS DE CENCOSUD

De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a diciembre de 2012 existían al menos 13.684.483 tarjetas de crédito no bancarias vigentes en Chile. Eso significa que el número de chilenos que han abierto líneas de crédito en casas comerciales creció en un 38% en sólo cinco años (ver registros de 2007). De ese mercado, casi una quinta parte es controlada por Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., la empresa del holding del empresario Horst Paulmann encargada de otorgar y administrar las tarjetas Jumbo Más, la misma que fue condenada en última instancia el 24 de abril por aplicar cláusulas abusivas en sus contratos y aumentar en 2006 arbitrariamente las comisiones a sus clientes.

Los hechos que tuvo a la vista el tribunal son simples: en los contratos que Cencosud redactó y pactó con sus clientes se incluían dos cláusulas que a juicio del Sernac –entidad que interpuso la demanda colectiva que derivó en la sentencia– constituían un abuso en contra de los titulares de las tarjetas. Éstas son las cláusulas 9º y 16º, dos estipulaciones comunes en contratos de este tipo.

La primera de ellas, que aparece citada textual en el considerando octavo del fallo que dictó la Corte Suprema, establece que los clientes otorgan a Cencosud un mandato especial, irrevocable y que “no se extingue por la muerte del mandante” para aceptar en su nombre letras de cambio, suscribir pagarés y reconocer deudas a favor de la empresa. Ese pagaré podría ser cedido por Cencosud libremente a cualquier banco o institución financiera o comercial con el sólo compromiso de darle aviso al cliente hasta 30 días después de hecha esa operación.

A juicio del tribunal, “se trata de una cláusula que no ofrece un equilibrio de derechos entre las partes” ni satisface las exigencias contenidas en la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores. También consideró que el hecho de que ese tipo de estipulaciones sean corrientes en el mercado “no puede constituir un argumento válido y decisivo, porque ello simplemente indicaría una relajación del control administrativo de parte de las autoridades llamadas a ejercerlo, menos aún, cuando la última modificación de la Ley 19.495 ha hecho mucho más estricto este tipo de contratos”. Por todo lo anterior, los ministros decidieron considerar la cláusula como abusiva y, por lo tanto, nula.

La segunda de las cláusulas en cuestión –la 16º– faculta a la empresa que otorga la línea de crédito para modificar las condiciones del contrato de forma arbitraria con el sólo requisito de notificar por escrito al cliente. Si éste no manifiesta oposición o utiliza su tarjeta 30 días después de que la comunicación le fue remitida, se da por entendido que acepta los cambios. Por otro lado, si se opone a las modificaciones introducidas, está obligado a poner fin al contrato y devolver la tarjeta.

En el caso de Cencosud, la empresa modificó en 2006 los contratos de las tarjetas y elevó los costos de mantención de las tarjetas Jumbo Más de $460 a $990, respaldados en la cláusula 16º. Un hecho que la Corte Suprema condenó, ya que “supone darle legitimación a la empresa para modificar la convención unilateralmente, desde el momento que niega al consumidor su derecho a mantener la operación del contrato, tal cual se había inicialmente pactado. No puede ser suficiente para justificar la cláusula en análisis, el hecho que Cencosud no le impuso al cliente la modificación, pues, basta para vulnerar el artículo 16 letra a) que el cliente no pueda continuar con el contrato en los términos inicialmente pactados. Existe, por este sólo hecho, una contravención al artículo 16 letra a), y la cláusula debe considerarse abusiva”.

El fallo se convirtió en la primera demanda colectiva que resulta victoriosa en la historia de la justicia chilena.

EL FIN DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL CASO BANCOESTADO

Para evitar la condena en su contra, la defensa de Cencosud intentó aplicar el principio de prescripción que contempla la Ley de Derechos del Consumidor: si la demanda se presentó después de seis meses a contar del momento en que se cometió la infracción, está prescrita. Ese plazo, según la empresa, comenzó a correr a contar del 1 de marzo de 2006, cuando aplicó a sus clientes el aumento de las comisiones; nueve meses antes de que el Sernac interpusiera la demanda colectiva en el 10º Juzgado Civil de Santiago. Si el tribunal hubiera considerado esos plazos, probablemente la causa no habría prosperado. Pero no lo hizo. En cambio, consideró que la falta fue reiterativa en cada uno de los cobros mensuales que siguieron a la modificación arbitraria por parte de Cencosud, por lo que desestimó la prescripción.

Lo anterior, según Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), “marca un precedente fundamental y absolutamente distinto a lo que se ha visto hasta ahora, porque el principio de prescripción, cuando la infracción es reiterativa, no tiene término. Eso abre la puerta a que los consumidores puedan demandar retroactivamente en este tipo de casos, cuando existen cobros abusivos o indebidos”.

Calderón agrega que otro precedente tiene que ver con la segunda de las cláusulas que la Corte Suprema catalogó como abusivas en el caso Cencosud.

-La omisión por parte de los clientes no significa la aceptación de las modificaciones de los contratos. Eso es muy importante, ya que permite que ahora la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) pueda modificar la Circular Nº 17 en el sentido de que, para que los términos de un contrato puedan ser cambiados, deba existir consentimiento explícito de ambas partes. Son dos precedentes muy importantes los que se están dando y que deben considerar los consumidores –dice.

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, rechazó de plano la modificación de la circular, señalando que afectará gravemente al negocio de los bancos: “No voy a aceptar que se saque una circular en donde se borra lo que existe y no se remplaza por nada (…). La SBIF no ha dicho por qué se sustituye la norma que se cambio (…).  No quiero ni pensar que estamos entrando a un sistema de fijación de precios”, sostuvo Awad en declaraciones recogidas por La Segunda del jueves 9 de mayo.

En el mismo vespertino el superintendente de bancos, Raphael Bergoeing, respondió: “Los fallos deben ser acatados y en ese contexto hemos seguido (…) y seguiremos adecuando las normativas necesarias para que éstas sean coherentes con la legislación”.

El fallo contra Cencosud tuvo efectos inmediatos en el mercado del crédito a favor de los consumidores. Ante el riesgo de que la Corte Suprema fallara en su contra, BancoEstado llegó a un acuerdo con Conadecus para poner fin a una demanda colectiva que la organización presentó en noviembre de 2004 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. La institución que dirige Calderón alegaba que los costos de mantención que el banco comenzó a cobrar en enero de 2003 a sus clientes que habían contratado cuentas de ahorro a la vista, eran abusivos, ya que los contratos no estipulaban esos cobros. Al principio, fueron 0,02 UF trimestrales. Al año siguiente, el montó se elevó a 0,025 UF y en 2005 se alzó hasta las 0,15 UF. Cerca de medio millón de personas resultaron afectadas.

Los precedentes que sentó el caso Cencosud hicieron que la defensa de BancoEstado desistiera de seguir intentando que se aplicara la prescripción de la infracción. En vez de eso, optó por negociar con Conadecus y acordar el pago de $5.675 millones a los cerca 535 mil clientes afectados por los cobros indebidos. Además, el banco deberá cancelar una multa a beneficio fiscal.

El temor a un proceso judicial adverso, impulsó también a que a comienzos de mayo Falabella, que a diciembre de 2012 contaba con casi 6 millones de tarjetas de crédito vigentes en el país (44% del mercado), desistiera de aplicar un aumento unilateral de las comisiones por servicio de administración de la línea de crédito de su tarjeta CMR Falabella.

El mismo efecto podría tener el fallo de Cencosud en los procedimientos de conciliación que el Sernac lleva adelante con otras seis empresas (BBVA, Cruz Verde, Salcobrand, Tricot, ABC DIN y Fashion’s Park) también por cláusulas abusivas y cobros indebidos. En caso de no llegar a acuerdo, el Sernac podría llevar los casos ante la justicia. En ese escenario, los precedentes de los fallos contra Eurolatina y Cencosud podrían ser clave para una resolución a favor de los consumidores.

 

Clonadores de tarjetas II: el ex ingeniero de Transbank que defraudó al sistema

Profesional exitoso y padre de familia ejemplar, el ingeniero civil en informática Javier Cárdenas aprovechó el acceso a información privilegiada para realizar estafas por 200 millones de pesos a clientes de los bancos de Chile y Santander. A dos meses de su condena a cinco años, damos a conocer antecedentes inéditos de la investigación. Su caso no es para nada excepcional y forma parte de un fenómeno creciente en Chile. De acuerdo con datos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, Bridec, en los últimos tres años las órdenes de investigar por fraudes con dinero plástico se han incrementado en más de un mil por ciento.

Javier Cárdenas no merecía dudas. Casado, padre de tres hijos y activo participante de un grupo de catequesis, el ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Valdivia era un modelo de profesional exitoso. Hasta el año pasado trabajaba en una prestigiosa firma de tecnología de información y desde mediados de los ’90 y por diez años tuvo un cargo estratégico en Transbank, empresa ligada directamente a la banca y encargada de administrar el sistema de tarjetas de crédito y débito. Ese hombre ejemplar, que tuvo acceso a las cuentas de millones de clientes, resultó ser el responsable de una seguidilla de fraudes con tarjetas que sumaron cerca de 200 millones de pesos. El caso explotó a fines de 2007 y resultó emblemático.

No era la primera vez que un funcionario ligado a la banca desfalcaba al sistema financiero (ver recuadro). Cinco años atrás, cuando las estafas con dinero plástico eran excepcionales, el ingeniero en ejecución e informática Alejandro Pérez Lucic, ex empleado de los bancos de Chile y Santander, figuró entre los líderes de una banda que pretendió desvalijar la bóveda de un banco en Las Condes mediante un túnel financiado con la clonación de tarjetas. El caso de Pérez Lucic fue similar al de Boris Ossandón, quien se hizo de un millonario botín al sustraer claves de clientes del BCI. Boris y su hermano Yuri acaban de ser condenados a una pena de cinco años con libertad vigilada.

El caso de Javier Cárdenas no es excepción entonces, pero sí el primero que involucró a un ejecutivo de primera línea de Transbank. Un golpe al corazón del negocio de las tarjetas. Además, como el hombre conocía muy de cerca el modo en que funciona el sistema, su identificación y captura resultaron particularmente complejas.

TarjetasA diferencia de varios de los más bullados casos de clonadores de tarjetas, que han sido pesquisados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, BRIDEC, el de Javier Cárdenas quedó en manos del OS 9 de Carabineros por orden del fiscal José Ignacio Escobar. Según una fuente vinculada a la investigación, la denuncia fue formalizada varios meses después de que se conocieran las primeras estafas a clientes del Banco Santander y de Chile. En el período anterior a la denuncia el problema intentó ser resuelto sin éxito por los dos bancos de clientes perjudicados, que tienen departamentos de riesgo y control interno encargados de estos temas.

El capitán de Carabineros Carlos Contreras, especializado en delitos económicos, sostiene que el ex ingeniero de Transbank resultó ser un hombre hábil para operar en solitario, al margen de una organización delictual. De ahí que la investigación resultara trabajosa.

-Javier Cárdenas era tan inteligente que hacía giros de dineros desde diferentes cajeros por la mañana, al almuerzo y en la noche. Siguió esa rutina durante meses, sin dejar de trabajar en lo suyo. En ese sentido, no tenía un patrón de conducta criminal –sostiene el uniformado.

Padre ejemplar

A fines de 2007, una vez que el ingeniero quedó en prisión preventiva, una profesora de las hijas de Javier Cárdenas testificó por escrito en su favor: “En el colegio siempre ha tenido un buen desempeño como apoderado, muy cordial y respetuoso, presente en todas las actividades extra programáticas junto a su familia (…) compartiendo en comunidades cristianas de curso”.

Refrendando lo anterior, un apoderado del mismo colegio particular e inspiración católica sostiene que “Javier siempre ha sido una persona tranquila, introvertida, incluso algo tímida, colaborador y alegre, con buenas relaciones con todos los papás”.

Un segundo apoderado recuerda que el ingeniero “fue delegado de curso y participó activamente de pastoral”.

Javier CárdenasEncargadas por la defensa, las declaraciones de honorabilidad que se adjuntaron a la investigación fueron nutridas. Muchos apoderados, amigos y colegas coincidieron en que Javier Cárdenas es una excelente persona, además de un creyente que se comporta como el promedio de los cristianos. En un informe psicológico al ingeniero, fechado en abril de 2008, se lee que “aunque no se considera fanático, reconoce que cumple con las mínimas obligaciones como católico, entre ellas asistir a misa”.

Si damos fe a los últimos antecedentes, cabría preguntarse cómo entonces un ingeniero exitoso, que además es un padre de familia ejemplar y católico, deviene de la noche a la mañana en delincuente. Parte de la respuesta se encuentra en el citado peritaje psicológico encargado por la defensa.

En esa pericia, firmada por la psicóloga Pilar Navarrete, se consigna que el hombre nacido en agosto de 1964 en Valdivia recibió una fuerte influencia de sus padres. “Ambos tenían un estilo de educación exigente, marcado por el deseo del padre de tener hijos profesionales, ya que él mismo no lo era”. Más adelante, se destaca que Cárdenas “siente rabia por haber tomado tan malas decisiones, incluso siente desconcierto con respecto de su propio error y falta de asertividad para confesar a su familia, especialmente a su mujer, que tenía dificultades económicas que no le permitían seguir sustentando el alto nivel de vida al que estaban acostumbrados”.

El informe concluye que el ingeniero “es inseguro de sí mismo” y “tiene una profunda necesidad afectiva”. A esto hay que agregar que “presenta un estilo de funcionamiento psíquico que se caracteriza por el temor a perder el afecto de quienes son significativos en su vida, teme al abandono y es muy sensible a la crítica social”.

Chaqueteo y politiquería

Javier Cárdenas llegó a vivir a Santiago a principios de los ‘90. Estaba casado y sus primeros trabajos en la capital tuvieron relación con empresas integradoras que prestan servicios a la banca. La experiencia le permitió acceder a un puesto de analista de sistemas en el Banco de Estado, del cual no guarda buenos recuerdos. Según el citado peritaje, “las expectativas laborales en ese lugar no le gustaron, no logró ambientarse porque consideró que el ambiente era ‘chaquetero’ y ‘politiquero’, situación que a él no le hizo sentido”.

Javier CárdenasEn 1997, tras permanecer por ocho meses en el Banco del Estado, fue contratado en Transbank. A esa empresa llegó por intermedio de un ex compañero de trabajo, que, de acuerdo con la misma fuente, “siendo su superior, siempre le delegó mucho y eso lo hacía sentirse muy bien valorado y motivado, porque sabía que le pedía resultados y él podía cumplirlos”.

Un segundo informe psicosocial, encargado por el fiscal Escobar y firmado por la psicóloga Nadia Poblete, destaca que “el evaluado evidenciaría una actitud hacia la exactitud (…) temiendo cometer errores. Estas características podrían influir en una deficiencia de su sentido común, las que se expresarían en dificultad para reflexionar en cuanto a sus comportamientos y sus consecuencias, y a un empobrecido juicio crítico”.

Las características descritas, unido a las expuestas en el informe anterior, parecen haber orientado al ingeniero en su aventura delictual.

Manos en la masa

Los primeros fraudes fueron detectados en enero de 2007, un mes después de ocurridos. Utilizando una base de datos de cerca de 40 mil clientes de tarjetas Mastercard de los bancos de Chile y Santander, Javier Cárdenas comenzó a girar dinero de manera persistente, más bien compulsiva, desde diferentes cajeros automáticos de Santiago. Así, para mediados de ese año, ya había realizado operaciones fraudulentas por cerca de 150 millones de pesos.

Con la mitad de esos fondos pagó parte de lo adeudado por su casa en la comunidad Las Pircas de Peñalolén. Otro tanto lo invirtió en autos y una lancha. Su tren de vida era alto pero no necesariamente ostentoso. Incluso, para no despertar sospechas, pidió un crédito por 50 millones para cancelar la otra parte de la deuda de su casa. El ingeniero se movía de manera discreta y hábil, pero con el correr de los meses establecería una rutina que sería fatal para su suerte.

Al definir los cajeros en que se venían realizando operaciones fraudulentas con tarjetas Mastercard de los bancos de Chile y Santander, el OS 9 logró construir un mapa con los lugares y horarios preferentes en que operaba el ingeniero. A este mapa le siguió un plan sencillo: cada vez que un cliente de Mastercard de los mencionados bancos giraba dinero desde los cajeros definidos, la empresa se comunicaba de inmediato con el cliente para verificar si la operación había sido lícita. De esta modo dieron con imágenes de videos de Cárdenas y, poco después, un 24 de septiembre de 2007, con el lugar exacto –un cajero del centro de Santiago- donde se encontraba girando dinero. El hombre fue detenido con las manos en la masa.

Platos rotos

Evidencia tras detención de CárdenasEl 23 de abril último, tras permanecer siete meses en prisión preventiva, Javier Cárdenes enfrentó un juicio abreviado. Fue acusado de apropiarse de unos 200 millones de pesos y daños colaterales: en la querella presentada por el Banco de Chile, sus representantes legales expusieron que “se ha producido un daño a la imagen del banco y el mismo ha debido incrementar los gastos por concepto de seguridad”.

En el peritaje psicológico solicitado por su defensa, se lee que el ingeniero “se muestra muy sensibilizado respecto a su situación procesal y no atribuye dicha situación a la mala suerte o a amigos infieles o a un sistema de justicia criminal injusto o incompetente, ni se ve a sí mismo como víctima, sino que, por el contrario, se responsabiliza por lo vivido y busca constantemente mecanismos que le permitan reparar lo actuado”.

El mecanismo está definido por ley. Al devolver los dineros defraudados, más los costas del proceso, el ingeniero logró una condena de cinco años sin prisión efectiva. A su favor jugó el hecho de que no tuviera condena previa.

El enemigo en casa

Al igual que Javier Cárdenas, los hermanos Boris y Yuri Ossandón fueron sorprendidos in fraganti mientras giraban dinero desde cajeros automáticos con tarjetas clonadas. Aunque la detención de los hermanos fue más bien fortuita, fruto de la sospecha de un guardia del Mall Plaza Vespucio, ambos casos tenían un denominador común: los Ossandón también habían tenido acceso privilegiado a la base de datos de la banca.

El tema resulta particularmente sensible para el sistema financiero y no siempre trasciende a la opinión pública. En el caso de la banda de clonadores que en 2003 estuvo muy cerca de desvalijar la bóveda de una sucursal del BCI de Las Condes mediante un túnel, el ingeniero y ex funcionario de los bancos de Chile y Santander Alejandro Pérez Lucic se robó la película. Pero no fue el único nexo de la banda con la banca.

En la resolución sumaria de este caso, dictada en 2005 por la jueza Eleonora Domínguez, se expone que en el caso particular al banco BCI, “los sujetos usaron tarjetas plásticas en las que habían grabado magnéticamente información codificada, que individualizaba los datos de la cuenta corriente y de su titular, y los códigos secretos personales de los cuentacorrentistas o PIN, información que obtenían, entre otras fuentes, de bases de datos que les proporcionaba una empleada del ya citado banco”.

Menos bullado fue el millonario fraude vinculado al caso de Carlos Aguilera, quien en octubre último fue sorprendido en su casa con 900 tarjetas falsas. Tras ser detenido, quedó en evidencia que su rostro aparecía en los registros captados por las cámaras de cajeros automáticos desde los que se realizaron múltiples fraudes. Aguilera formaba parte de la banda de Francisco Casas -otro de los cabecillas del robo frustrado a la bóveda del BCI en Las Condes-, quien en 2007 operó con una base de datos de cerca de seis mil cuentas de clientes del Banco de Chile.

La investigación por este caso, que involucra estafas por 200 millones de pesos, determinó que la responsable de filtrar la base de datos fue Catherine Muñoz Indellicati, funcionaria externa del Banco de Chile. La mujer ya fue formalizada y permanece en libertad y con medidas cautelares.

El comisario jefe de la Bridec metropolitana, Daniel Cancino, dice que los casos asociados al robo u obtención fraudulenta de bases de datos de bancos o empresas emisoras de tarjetas son menos comunes que los otros, vinculados a bandas que trabajan capturando la información de la banda magnética de las tarjetas mediante lectores digitales instalados subrepticiamente en el locales comerciales. Sin embargo, el detective asegura que los primeros casos suelen afectar a un mayor número de personas.

El ejemplo está en la banda de Francisco Casas que accedió a la base de datos del Banco de Chile por medio de una funcionaria externa. De acuerdo con los investigación que lleva a cabo la Bridec metropolitana por este tema, los clientes afectados suman 2.199.

Secretismo bancario para un fenómeno en alza

No existen datos fidedignos y abiertos al público acerca del número de casos y los montos involucrados en los fraudes con tarjetas de crédito y débito. Tanto en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras como en Transbank, empresa ligada a esta última institución y que administra el sistema de tarjetas, mantienen las cifras en reserva.

En el Ministerio Público tampoco disponen de datos depurados sobre el tema. Pese a que desde 2005 existe una tipificación para el delito en particular, establecido en la ley 20.009, varias de las denuncias de clientes que alegan haber sido víctimas de un uso indebido de sus tarjetas tienden a ser ingresadas en la categoría general de estafas o uso malicioso de instrumento mercantil.

Como sea, al revisar las cifras proporcionadas a CIPER por la sección metropolitana de la Brigada de Delitos Económicas de la Policía de Investigaciones, Bridec, queda en claro que en los últimos tres años los fraudes con dineros plásticos se han elevado considerablemente. En 2005 la Bridec metropolitana recibió 37 órdenes de investigar, 245 en 2006 y 399 en 2007. Vale decir, un incremento superior al mil por ciento. Según la misma fuente, en lo que va corrido del año ya han recibido cerca de 200 casos.

El abogado representante de Transbank, Alfredo Morgado, sostiene que las denuncias de fraudes son proporcionales al crecimiento del mercado de las tarjetas en Chile. Y agrega que el incremento de ambos fenómenos ha estado aparejado con una modernización de los sistemas de seguridad y la ley, que desde 2005 tipifica y endurece el delito en particular.

Una cifra aproximada se encuentra también en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, que tiene un catastro general de presentaciones por pérdida, hurto y clonación de tarjetas, sin una diferenciación de cada una de estas categorías. En 2007 las presentaciones sumaron 654.

Sin embargo, no es posible establecer cuántas de aquellas presentaciones concluyeron satisfactoriamente para los clientes. Si bien los bancos tienen seguros comprometidos por casos de fraudes con tarjetas, fuentes del Ministerio Público que han trabajado en el tema sostienen que existe un porcentaje importante de clientes que no logran acreditar que terceros hicieron uso indebido de sus tarjetas, ante lo cual los bancos no les devuelven los montos por los que alegan haber sido afectados.

En la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras no se pronunciaron al respecto.

Quiénes son y cómo operan los capos de la clonación de tarjetas en Chile

Aunque los principales referentes en el rubro de los fraudes con dinero plástico son colombianos y brasileños, quienes a la vez aprendieron de los rumanos y los rusos, Chile ha levantado liderazgos propios. Irrumpieron hace cinco años, a raíz de un plan para desvalijar la bóveda de un banco mediante un túnel, y desde entonces han seguido operando en un mercado que tiende a expandirse y trasciende fronteras. Una negocio millonario y febril que une a viejos hampones con expertos en informática, ex funcionarios bancarios y dueños de restaurantes, pubs y cabarets.

El llamado anónimo ingresó el 23 de octubre de 2007, según consta en el informe N° 4322 de la Policía de Investigaciones. La voz de mujer quería informar la dirección exacta del departamento de La Florida donde se encontraba viviendo Alejandro Pérez Lucic. Como no se trataba de cualquier Pérez, sino que del más buscado y célebre clonador de tarjetas de crédito, un equipo de Investigaciones se dirigió a la dirección indicada. Iban a la caza de La Roca, ni más ni menos.

Sobre el apodo hay versiones encontradas. Unos dicen que obedece a su remoto parecido con el gladiador de lucha libre Dwayne Douglas. Más verosímil resulta que haya sido apodado así por su afición a la cocaína. Esto último repiten fiscales y policías que han seguido sus pasos y le guardan cierto respeto profesional. El hecho es que a Pérez Lucic lo conocen como La Roca y su fama anima mitos y mueve voluntades.

Cinco años atrás, cuando era un promisorio ingeniero ligado a la banca, apareció liderando una banda que planeaba llegar hasta la bóveda de una sucursal del BCI en Las Condes mediante un túnel. El túnel partía desde una casa particular y había avanzado 80 metros, a pocos del objetivo.

La Roca fue presentado como cerebro y financista de la operación. Gracias a los conocimientos adquiridos como empleado de los bancos De Chile y Santander, ideó una red para generar múltiples y millonarios fraudes al sistema de tarjetas de crédito y débito. No era el primero que lo hacía, pero sí el que lo hizo por primera vez a gran escala y señaló el camino a los muchos que vinieron después. De hecho, a partir de esta operación, algunos integrantes de su banda destacarían en el mismo delito con alas propias.

En su declaración al fiscal José Ignacio Escobar, que dirige la investigación del delito por el cual fue detenido por última vez, La Roca parte por contar que es Ingeniero en Ejecución e Informática de la Universidad Católica del Norte y que en la casa matriz del Banco de Chile, donde permaneció por cuatro años desde mediados de los ‘90, aprendió “todo lo que era el sistema de información al cliente y el desarrollo de tarjetas”.

El testimonio suma dos carillas y termina con una precisión: “Deseo agregar que no gané grandes sumas de dinero con esto. Yo lamentablemente estaba metido en el vicio, soy adicto a la droga, razón por la cual gasté grandes sumas de dinero”.

La aseveración fue corroborada la tarde del 26 de octubre último por efectivos de Investigaciones. Al allanar el departamento de La Florida, ahí, escondido en un closet, encontraron a un hombre hinchado y de pelo largo, que poco y nada tenía que ver con el sofisticado estafador que había hecho fama.
Hablaba con dificultad y en el lugar donde vivía no se encontraron grandes cosas. Una pistola a fogueo. Un disco duro con diseños de cédulas de identidad y tarjetas de crédito falsificadas. Un pendrive con números de cuentas secretas de clientes. Poca cosa para el hombre a quien se tenía por el “rey de los clonadores de tarjetas”.

El rey estaba en condiciones deplorables. Su sitial ya había sido ocupado por algunos de los hombres con quienes se asoció para desvalijar la bóveda del BCI.

Promedio seis

La Roca no hizo noticia por primera vez por el asunto del túnel. Mucho antes, hacia fines de los ‘70, fue destacado en las páginas deportivas de los diarios de Antofagasta y Calama por sus triunfos en los cien metros planos de los campeonatos de atletismo de la zona. Incluso llegó a viajar a Santiago para representar a su región en la Juegos Nacionales de esos años. Su hermana Sandra, que también era atleta aficionada, lo recuerda como un excelente velocista, además de un muchacho brillante, sano, estudioso, de promedio seis para arriba. Dice ella que él “siempre fue de los cinco primeros del curso en el colegio”, y que si había algo de electrónica que fallara en la casa, “lo que sea”, ahí estaba él para repararlo.

-Inteligente chiquillo -define su hermana, sin terminar de convencerse de lo que ocurrió con él. Sin entenderlo. Para Sandra, que es asistente social, resulta inexplicable.

Alejandro Esteban Pérez Lucic nació en Chuquicamata en enero de 1965 y es el mayor de tres hermanos. Los tres son profesionales. Su padre es profesor de liceos técnicos y su madre, dueña de casa. En el último informe de antecedentes psicosociales elaborado en abril de 2008 por Gendarmería, se lee que “con ambos refiere tener una buena relación y haber sido ‘el regalón’ de la madre”. Se lee también que “refiere vínculos estables al interior del grupo familiar” y que “logró un adecuado rendimiento académico, una buena adaptación al medio escolar y una receptividad acorde frente a figuras de autoridad”.

Su hermana cuenta que Alejandro egresó del Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama y que en Antofagasta, mientras estudiaba Ingeniería, debieron trabajar para ayudar a sus padres. Regentando primero una pastelería y después a cargo de un café de un terminal de buses. Hasta ahí iba perfecto. Hacía deportes y jugaba pool y ajedrez con sus compañeros de universidad. Cree ella que los problemas de su hermano comenzaron a fines de los ‘90, ya instalado en Santiago, cuando se vinculó con malas juntas y terminó separado de su mujer, con la cual tiene una hija de 17 años.

Es probable que el ambiente del banco no le hiciera bien, especula su hermana, que desconoce detalles de su otra vida. El hecho es que por esa época Alejandro Esteban iba camino a convertirse en La Roca.

Primeros pasos

Si atendemos a la declaración que prestó al fiscal Carlos Gajardo en febrero último, a propósito de un caso por estafa en el pub Rey de Roma, La Roca abandonó su trabajo en el Banco Santander hacia mediados de 2003. Permaneció cuatro años ahí y estuvo a cargo de sistematizar información para la Superintendencia de Bancos. “Fue por renuncia y me fui indemnizado. Ahí me metí en el asunto del túnel de Apoquindo”.

En la misma declaración dirá que un par de años antes, en el restaurante de parrilladas Los Braseros de Lucifer, conoció a una mujer llamada Ángela Pizarro Pinochet, madre de Paula Guzmán y suegra del marido de ésta, Yamil Vidal. Los dos últimos tienen amplio prontuario por hurto y estafa.

A través de esta mujer La Roca se habría vinculado entonces con Yamil Vidal. Y por medio de éste -según la misma declaración- llegó a Francisco Casas y a Cristian Deb. Los tres son expertos estafadores y tuvieron relación con el túnel a la bóveda del BCI. Los tres también aprenderían de La Roca sobre el negocio de clonación de tarjetas, llegando a liderar sus propias bandas.

Según quedó acreditado en el proceso que llevó la jueza Eleonora Domínguez y que se encuentra en etapa de plenario, la operación fue financiada mediante estafas reiteradas con tarjetas de crédito y débito de clientes de bancos diversos. Las técnicas de defraudación fueron prácticamente las mismas que se aplican en la actualidad.

En algunos casos, mediante el acceso a información privilegiada al interior de bancos, reprodujeron tarjetas con las que giraban dinero desde cajeros automáticos o compraban artículos de valor que luego revendían. En otros, mediante un skimmer o bicho instalado subrepticiamente en locales comerciales, reproducían los tracks de tarjetas de créditos que luego eran clonadas. Aunque el proceso no lo acredita en esos términos, fuentes de la policía sostienen que La Roca cumplió un papel gravitante en el diseño de esta red de ilícitos con dinero plástico que permitió financiar el túnel. Pero no fue su única tarea.

La tarde del 30 de octubre de 2003, cuando la policía allanó la casa de Las Condes donde nacía el forado, La Roca se encontraba presente. Las declaraciones coinciden en que un año antes, utilizando una identidad falsa, el ingeniero había arrendado la propiedad y era uno de los encargados de coordinar las tareas de construcción. Distinto es que haya sido el cabecilla y gestor del plan. En su citada declaración de 2008 dijo: “La idea era de Yamil Vidal, quien me pidió que yo pusiera el dinero”.

En rigor la idea estaba copiada de un plan similar ejecutado exitosamente en Argentina. Pero eso importaba poco. Yamil Vidal fue detenido un mes antes de la caída del túnel, acusado junto con su esposa de receptación de especies robadas, y así la policía reunía las primeras pistas del premio mayor.

Por primera vez en prisión, rodeada de un áurea mítica, La Roca entendía que en el negocio de la clonación de tarjetas cada uno salva su propio pellejo.

Cambio de giro

Desde su oficina en el OS 9 de Carabineros, donde dirige un equipo especializado en la persecución de delitos económicos, el capitán Carlos Contreras sostiene que el túnel a la bóveda del BCI marca un hito en la historia criminal chilena.

-A partir de entonces, los que se dedicaban a los cheques se dieron cuenta de que el negocio de las tarjetas era muchísimo más rentable y menos riesgoso. Pérez Lucic hizo explotar el fenómeno de los fraudes con tarjetas, provocó una oleada a la que se sumaron muchos otros –señala Contreras, quien participó en la investigación y desde entonces ha seguido la pista a sus protagonistas. A fin de cuentas, juntos o por separado, cada uno ha continuado actuando activamente con el mismo modelo.

La Roca fue pionero pero no autor. La técnica de clonación de tarjetas llegó a Chile por intermedio de bandas internacionales, preferentemente colombianas y brasileñas, las que a la vez tuvieron referencias extranjeras. “Lo estandartes en esto son los rumanos y en menor medida los rusos, quienes inician el negocio. De ahí provienen varios de los primeros grandes hackers y clonadores”, señala Contreras.

El capitán de Carabineros define dos modalidades de fraudes “inteligentes” que requieren de una cierta complejidad logística, de acuerdo con los dos tipos de tarjetas.

Mediante la instalación de un skimmer o lector que reemplace al original en la entrada de un cajero automático, se clona la banda magnética de la tarjeta de débito. Y sobre el mismo cajero, a la altura del techo, una cámara de grabación continua se encarga de registrar los cuatro dígitos secretos del cliente. Con esta información, una impresora y un plástico virgen, se obtiene el doble de una tarjeta original.

Esta modalidad no requiere de una gran inversión y es ejecutada por pequeños grupos. De enero a mayo de este año se han reportado 397 denuncias, la gran mayoría de ellas en la Región Metropolitana. Gran parte de los detenidos en este rubro son colombianos.

Los chilenos en cambio prefieren trabajar con tarjetas de crédito. La especialidad implica una organización estructurada con jerarquías y roles, en la que el jefe es quien suele tener el conocimiento de informática y los equipos técnicos. Al líder le sigue el soldado o jefe de seguridad. Su primera misión es distribuir los skimmers o bichos en los locales comerciales, de modo de capturar el track de las tarjetas de clientes. Con esta información se diseña una tarjeta falsa que será utilizada en el comercio por el goma o caminante, quien se lleva un porcentaje de las ventas y suele operar con una identidad adulterada.

El último actor es el reducidor de las especies, y al igual que el caminante, es el eslabón más débil de la cadena y está más expuesto que ninguno a ser detenido. Por lo mismo, tal como ocurrió con La Roca y seguirá ocurriendo con otros, es el punto de partida de la policía para llegar a los jefes.

Emprendedores

Poco después de que La Roca cayera por última vez, un colombiano fue detenido mientras intentaba comprar en el supermercado Jumbo de la Reina con tarjeta e identidad falsas. Su verdadero nombre es Carlos Larrota León (33) y tiene antecedentes penales en Chile y Colombia, además de un hermano detenido en Santiago por el mismo motivo. En abril de 2003, cuando el túnel estaba en ejecución, Carlos Larrota fue sindicado como el líder de una banda de clonadores de tarjetas de débito que operaba en ciudades del sur chileno.

De los hermanos Larrota no se supo más hasta la detención de 2007 en el supermercado Jumbo de La Reina.

El de Carlos Larrota parecía un incidente tan menor que ni siquiera ameritó ser destacado en la prensa. Sin embargo, a partir de una dirección de La Florida que se halló en poder del colombiano, el caso cobró una notoriedad inusitada. La dirección correspondía a la casa de Carlos Aguilera Ibarra y en ella se encontró la mayor cantidad de tarjetas falsas en la historia policial chilena. Sumaban más de 900, y a diferencia de La Roca, Aguilera no podía argumentar que no había tenido oportunidad de capitalizar las ganancias obtenidas en el negocio. Aguilera tenía prontuario por estafas y una casa con piscina, mesa de pool, joyas y relojes. También tenía un computador en el que guardaba un archivo Excel con más de 3.000 claves de clientes del banco BCI.

Una de las primeras cosas que hizo el fiscal Carlos Gajardo, que dirigió la investigación, fue tomar declaración al empresario Yuri Ossandón Martínez (44). Su nombre aparecía en la propiedad del archivo Excel con las cuentas bancarias.

Ossandón era un emprendedor ejemplar. Dueño de una consultora, de un restaurante en Providencia y de un enorme cibercafé en el centro de Santiago. No tenía antecedentes policiales ni una idea siquiera remota del modo en que ese archivo había llegado a manos de Aguilera. Eso al menos le dijo al fiscal Gajardo. Unos meses después, al ser sorprendido junto a su hermano Boris girando dinero con tarjetas falsas en cajeros del Mall Plaza Vespucio, Yuri Ossandón mostró mayor colaboración con el fiscal y la policía.

Su hermano Boris (47) fue hasta diciembre de 2006 funcionario de una de las empresas que prestaban servicios de informática al BCI para un proyecto de ampliación de los dígitos de tarjetas. En su declaración al fiscal Boris dijo que “los que trabajábamos ahí teníamos acceso remoto (a la base de datos de las tarjetas) desde las propias instalaciones de la empresa externa al banco y las mismas empresas subcontrataban personas para este proyecto específico. De hecho, en la mía se trabajó en forma clandestina con ex funcionarios del BCI, lo que estaba prohibido”.

De esta forma, como lo podría haber hecho cualquiera de los empleados de las empresas contratadas por el BCI, Boris cargó en un pendrive la base de datos del banco.

En la misma declaración al fiscal Gajardo, Boris Ossandón terminará por reconocer que junto a su hermano Yuri vendieron parte de esa base de datos a un hombre que no era Aguilera y que pagó mil pesos por cada uno de los tres mil tracks de tarjetas de débito. Vale decir, sólo por esa venta obtuvieron tres millones de pesos. Otros 200 millones fue el botín estimado que consiguieron los hermanos Ossandón al girar directamente desde cajeros automáticos, utilizando un programa logarítmico y la prueba del ensayo y error.

Ambos se encuentran detenidos en el penal Santiago Uno y para este viernes 20 de junio estaba programado el juicio abreviado que definirá su suerte. De no mediar imprevistos de última hora, el juicio les significará una pena de cinco años con libertad vigilada. Entre los atenuantes considerados en su caso se cuenta el hecho de que se allanaron a entregar nombres.

Hombre goma

En paralelo a la investigación de los hermanos Ossandón, el fiscal Gajardo profundizó en el caso de Carlos Aguilera. Viejo conocido en el ambiente de los fraudes con cheques, Aguilera es el típico estafador que comenzó desde abajo como ladrón de poca monta y que llegó a liderar un negocio con tarjetas. Por eso no fue extraño que tras su última detención, ocurrida a fines de 2007, su rostro apareciera en imágenes captadas al interior de cajeros automático por un caso de clonación de tarjetas a cuentas del Banco de Chile que no había sido resuelto.

Aguilera no era el único estafador que aparecía girando reiteradamente desde cajeros automáticos en el mismo juicio. Entre los muchos rostros captados por las cámaras de cajeros aparecía el de Francisco Casas, socio de La Roca en el túnel al BCI.

En su declaración al fiscal, Aguilera dijo haber conocido a Casas en las visitas a la cárcel de mujeres de Santiago, donde ambos tenían parejas detenidas por estafas. Aguilera conseguía cheques para Casas, pero después de que los cheques pasaron de moda y su amigo adquirió experiencia y estatus, previa estadía en la cárcel por el asunto del túnel, se convirtió en su goma.

El último trabajó que realizó para él, y que quedó al descubierto con las cámaras de seguridad de los cajeros, tiene origen en una base de datos de CrediChile que fue sustraída por una funcionaria externa del banco.

“Me ofrecieron ganarme un porcentaje de lo que yo sacara de los cajeros automáticos. Me pasaban 100 tarjetas diarias y yo las repartía”, confesó Aguilera, quien a la vez subcontrató a sus propios gomas para la tarea.

Este último fraude afectó a más de dos mil clientes del Banco de Chile. La banda de Francisco Casas llegó a realizar 16.621 transacciones en cajeros automáticas en un par de meses, de las cuales cerca de un 30% fueron exitosas y significaron operaciones por 300 millones de pesos. La investigación forma parte de un gran juicio que agrupa varios casos que investiga el fiscal Gajardo y que tiene a 33 personas en prisión preventiva, la mitad de ellas de nacionalidad colombiana y peruana. Entre los chilenos más célebres se cuentan dos protagonistas del túnel: Cristián Deb y La Roca.

Por este caso, La Roca está acusado de pagar cuentas con tarjetas falsas en el Rey de Roma, uno de los pubs del barrio Suecia frecuentado por gente del ambiente de las tarjetas. El otro es el Louisiana.

El ingeniero declaró que en ese lugar solía reunirse con colombianos como Carlos Larrota, quien cayó comprando en el Jumbo de La Reina, y que alguna vez trabajó con Carlos Aguilera, quien fue arrastrado por la detención de Larrota. Aguilera, a su vez, declarará en contra de La Roca, a quien responsabilizó por varias de las 900 tarjetas clonadas encontradas en su poder. También dirá que el ingeniero trabajó para Francisco Casas en el diseño de hologramas de tarjetas falsas. Pero no se detuvo allí. Creyendo que Pérez Lucic lo había entregado a la policía, Carlos Aguilera se encargó de hacer lo propio con La Roca mediante el encargo de un llamado anónimo a Investigaciones. Uno con voz de mujer que llevó a los policías hasta su departamento en La Florida.

La vida loca

Los últimos días en libertad de La Roca fueron un delirio. Lejos del prestigio que gozó por el asunto del túnel, el hombre no tenía equipo ni jefatura. Gran parte de lo que ganaba como diseñador de tarjetas y documentos, más alguno que otro dato de tarjeta que llegaba a sus manos, era para costear el vicio. Había vuelto a separarse de una segunda mujer, a la que conoció en un night club de San Diego y con la que tiene tres hijos.

Carlos Contreras, del OS9 de Carabineros, dice que en entrevistas a ex parejas de Pérez Lucic le señalaron que “se lo tragó la noche y el mundo delictual”, que “perdió el respeto entre sus pares”, que “terminó débil y marginado, sin lograr capitalizar”.

Otra fuente, que prefiere reserva de su identidad, sostiene que en esos últimos días La Roca trabajaba para un colombiano que le pagaba con droga. “Le advirtieron que le caerían encima pero él no reaccionó, no era capaz. Pasaba todo el día sentado frente al computador”.


Más ilustrativa y optimista resulta la descripción que hicieron en Las Diosas, un cabaret del barrio Bellavista frecuentado por La Roca en esos días y en el cual tenía instalado un skimmer con la anuencia del dueño, Felipe Barriga. Llevado ante la justicia, Barriga dirá que “La Roca consumía bastante cantidad de plata” y que “siempre andaba con cinco, seis o siete personas a su lado. Se quedaban toda la noche y le pagaba las salidas a las chicas”.

Entrevistada por la policía, una de esas chicas describirá la situación en los siguientes términos: “Recuerdo haber visto a un sujeto al que le decían La Roca, quien concurría generalmente los días miércoles. Era comentario generalizado que este señor consumía grandes cantidades y todas las niñas iban a atenderlo en forma inmediata cuando llegaba”.

En la investigación también consta que era cliente frecuente de marisquerías del barrio Brasil. En una de ellas, Ocean Pacific, llegó en una oportunidad acompañado de un amigo y dos chicas a las que sorprendió con la compra de un precioso galeón a escala. Lo sorprendente no fue el galeón mismo, sino que haya sacado su tarjeta de crédito para cancelar 800 mil pesos por un barquito.

El informe de antecedentes psicosociales elaborado por Gendarmería, cuyo objetivo es evaluar una posible libertad vigilada, señala que “el señor Pérez Lucic presenta un tipo de pensamiento abstracto, pero que a la vez no le permite hacer un análisis de su conducta y consecuencias de sus actos. Se aprecia una personalidad de rasgos narcisistas acentuados y con una mirada egocéntrica de la vida, prevaleciendo sus necesidades por sobre las del resto”.

Su hermana, que es asistente social, cree que Alejandro fue influenciado negativamente en su primera estadía en la cárcel. “Como que se hizo un mito de él y eso lo impulsó a reincidir para confirmar esa imagen”. Así se explica ella que al poco tiempo de salir en libertad condicional por primera vez, tras permanecer en prisión por nueve meses, volviera a ser detenido por clonar tarjetas de crédito.

Salir a caminar

A Yamil Vidal no lo entregó nadie. Se entregó solo. No es que haya concurrido voluntariamente a un cuartel o a una comisaría. Eso está completamente fuera de su libreto. Yamil nació en 1973 y tiene prontuario por robo, hurto, estafa y asesinato. En su detención anterior al túnel se enfrentó a tiros con policías de civil. Y antes de ese suceso hizo fama junto a Paula Guzmán, su esposa, por realizar estafas con cheques en exclusivas tiendas del barrio alto. Ambos simulaban ser una pareja de novios en busca de un regalo de bodas.

Difícilmente entonces iba a ir a entregarse. Más todavía si tenía orden de detención pendiente y en esos primeros días de 2008, cuando Investigaciones le cayó encima junto a esposa y una pareja de gomas, andaba de gira por el país haciendo fraudes con tarjetas.

Se entregó sin querer, por un error infantil que aún lo tiene en prisión preventiva. Yamil pagó el alojamiento de un hotel en Puerto Varas con una tarjeta clonada, de ésas a las que la policía le seguía el rastro. Al dejar el hotel, cayó en brazos de la policía.

La pista comenzó en una farmacia Salcobrand del centro de Santiago. Frente a la denuncia de un estadounidense que apareció con múltiples compras en Chile, pese a haber usado la tarjeta únicamente en esa sucursal, Investigaciones logró la confesión de una dependiente de la farmacia. La mujer de 42 años dijo haber sido abordada por un hombre de características similares a Yamil, quien le ofreció diez mil pesos por cada vez que ella pasara por un skimmer tarjetas de crédito de clientes. Lo hizo con unas treinta desde noviembre de 2007, y a comienzos de este año Yamil y su banda ya tenían una buena base de datos para salir a caminar por diferentes ciudades de Chile. La Serena fue la escala inicial.

De acuerdo con los partes policiales, en esos primeros días la banda de Yamil llegó a promediar unos diez millones de pesos en compras por jornada. Viajaba con media docena de gomas a los que mandaba a caminar gran parte del día por centros comerciales de la región. Una de sus estrellas era Gloria Cárdenas, con antecedentes por robo y estafa, a quien un vendedor de la Relojería Suiza de La Serena describió como una mujer atractiva y de acento argentino que llegó a comprar un reloj Omega por un millón 250 mil pesos:

“Posterior a eso -testificó el dependiente- quiso adquirir una pulsera de oro avaluada en un millón 350 mil pesos, pero la tarjeta marcó monto excedido. Pasó otra tarjeta y sucedió lo mismo. También quiso adquirir otro reloj Omega pero las tarjetas no le funcionaron. De pronto se puso a hablar por celular, supuestamente hablaba con su marido y le decía ‘amor, te acabo de comprar tu reloj’”.

Las cosas en La Serena marcharon sobre ruedas hasta el 8 de enero. Ese día, cuando la jornada concluía, uno de sus gomas cayó en manos de la policía. La actitud de Guillermo Plaza, joven que compraba artículos electrónicos de manera compulsiva en Almacenes París, despertó las sospechas de una vendedora.

Plaza declarará que “las compras eran efectuadas por encargo de Yamil” y que recibía “una comisión de un diez por ciento” por el valor de cada reventa.

Pese al traspié inicial, la banda siguió caminando por ciudades del sur chileno. En cuatro días recorrieron Rengo, Concepción, Talcahuano, Temuco, Pucón, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. La mañana del 29 de enero, cuando fueron detenidos a la salida de un hotel, tenían 12 tarjetas de crédito. Todas tenían origen en compras realizas en la farmacia Salcobrand.

Porto Seguro

La caída de Yamil Vidal despejó el camino a Alejandro Vanni Sarrá, el sucesor. Aunque habían trabajado juntos y compartieron a un soldado, tenían muy poco en común.

Vanni, de 28 años, es ingeniero y empresario gastronómico. Está casado con una joven brasileña, hija de una funcionaria de la embajada de Brasil en Chile, y tiene casa en un condominio de Huechuraba y un Volvo con patente diplomática. También tiene una página en Facebook con cuatro amigos.
Yamil en cambio es de la villa La Reina y entre sus amigos se cuenta Carlitos Joya, uno de los responsables del millonario robo a la bóveda del banco BICE.

Así y todo fue a través de Yamil que Vanni conoció los trucos que le permitieron independizarse en el negocio. Aunque no por mucho tiempo.

La detención de una pareja en Puente Alto, que fue sorprendida comprando grandes cantidades de aceite de cocina con tarjetas clonadas, puso al descubierto una red que conducía al dueño de un restaurante en Providencia.

Alejandro Vanni
En su declaración al fiscal Patricio Vergara, tomada en mayo último en Puente Alto, cuenta que dio sus primeros pasos de la mano de dos brasileños que conoció en su restaurante de General Holley, el Da Vinci. El hombre tiene una atracción especial por Brasil y su gente.

Antes de conocer a su esposa por chat, fue varias veces de vacaciones a ese país y vivió casi un año con el ex bailarín de Porto Seguro, Fabricio Almeida Vasconcellos. De acuerdo con la declaración a fiscalía de Vanni Sarrá, Fabricio fue testigo privilegiado del momento en que comenzó a involucrarse a fondo en el negocio de la clonación de tarjetas:

“Un día junto a Fabricio Almeida Vasconcellos fuimos al Mucca, estuvimos conversando con varias personas en la mesa y ahí comenté que (había) hecho una movida con tarjetas con unos brasileños y que me había ido bien”.

Mucca es uno de los restoranes más taquilleros del país, y según el testimonio de Vanni Sarrá a fiscalía, uno de sus dueños fue el nexo para conocer a Yamil Vidal.

El primero encuentro se programó en Plaza Egaña y de inmediato Yamil invitó a Vanni a la casa de un
diseñador de Peñalolén donde guardaba las máquinas para clonar tarjetas. De esa primera reunión, en que Vanni acordó diseñar hologramas para Yamil por un 15% de las compras con tarjetas clonadas, también participó el ex bailarín de Porto Seguro.

En el testimonio a fiscalía no hay relación de fechas exactas. Pero en algún momento de 2007, después de varios meses de trabajo conjunto, Vanni decidió dar el salto Aprovechando un descuido de Yamil, aquél le sustrajo a éste una base de datos con tracks de tarjetas que comenzó a trabajar por cuenta propia. Para ello también le levantó al soldado Francis Ossandón, a quien ofreció un 25% de las ganancias, diez más de lo que paga Yamil.

Los nuevos socios hicieron muy buenas migas hasta que el negocio de los aceites, que vendían a través de terceros en ferias libres, quedó al descubierto. El fraude se estimó en 200 millones y Francis y Vanni ya no fueron más amigos. Ambos permanecen en prisión y cada uno ha intentado inculpar al otro.

Santiago Uno

Como todos los lunes en los últimos meses, Sandra vuelve de visitar a su hermano en el penal de Santiago Uno. Cuenta ella que está bastante más delgado que lo que aparece en las fotos tras su última detención. Más sano y conciente, dispuesto a dar un giro definitivo a su vida. Ha vuelto a retomar la relación con su primera esposa, con la cual tiene una hija, y está preocupado de ver cómo resuelve su último lío con la justicia.

Hay también una segunda preocupación que ronda en Alejandro Pérez Lucic, La Roca.

Ricardo Kramm, experimentado falsificador y pareja de la colombiana Magali Cueto, de quien se dice que fue pareja de Pablo Escobar, acusa a La Roca de haberlo entregado a la policía. Vivían en el mismo edificio de La Florida y contaban con redes similares. Aunque aislados, ambos permanecen en el mismo penal que en estos días también alberga a Carlos Aguilera, Cristián Deb, Yamil Vidal, Francis Ossandón, Alejandro Vanni y a otros tantos anónimos caminantes, gomas y soldados.

Los otros fraudes con tarjetas

En el rubro de las estafas y timos con dinero plástico no es necesario ser experto en informática y tener máquinas y equipos técnicos para imprimir y embozar tarjetas y documentos de identidad. Existe un nicho de técnicas artesanales que sólo requiere algo de astucia y una víctima incauta. Así al menos opera el cambiazo y la técnica del lazo libanés. Ambas operan con un principio opuesto.

La primera consiste en traba la ranura del cajero automático donde se inserta la tarjeta, de modo de que ésta acuse error y sea devuelta al usuario. La segunda requiere instalar una cinta al interior de la ranura del cajero, de modo de que la tarjeta quede atrapada momentáneamente. Lo que sigue es prácticamente igual.

En el cambiazo el victimario sugerirá a la víctima que es necesario limpiar la banda magnética de la tarjeta, y al enseñarle el modo de hacerlo, frotándola sobre sus ropas, la cambiará por otra. Después, con la confianza ganada, le dirá que vuelva a digitar la clave.

Con la técnica del lazo libanés ocurre algo similar. Cuando la víctima intenta recuperar su tarjeta, que queda atrapada por la cinta al interior de la ranura, el victimario entra en acción aconsejando volver a digitar la clave.

En ambos casos, el victimario suele ganarse la confianza de la víctima para que ésta digite la clave en presencia de aquél.

De acuerdo con el capitán de Carabineros Carlos Contreras, especializado en delitos económicos, a los afectos por estos casos realizar dos giros los últimos minutos del día y los primeros del siguiente.
La misma fuente señala que la gran mayoría de los detenidos por este tipo de engaños son peruanos y que a la fecha, en lo que va corrido del año, se reportan 12 detenidos de esa nacionalidad por cambiazos.

La policía también ha detectado una fuerte presencia de peruanos en las estafas con el uso de la información visible de las tarjetas. Los datos suelen ser copiados en centros comerciales y utilizados más tarde para compras y pagos de cuentas por Internet.