Parques marinos de papel: flota de 300 naves chinas sorprende a Chile sin plan para controlar “in situ” la pesca ilegal

Caso Miguel Woodward: Otra oportunidad para la justicia

La Armada se enfrenta por estos días al escenario judicial que ha intentado siempre evitar. Actualmente, son 18 los ex uniformados procesados por el asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Miguel Woodward en el Buque Escuela Esmeralda. Son tres de sus ex altos mandos los que se encuentran en prisión preventiva efectiva esperando la resolución final de los tribunales. Una causa judicial que se vuelve a abrir, rechazando la figura de sobreseídos de los ex agentes.

Conocí la historia de Miguel al interesarme por el estudio del centro de secuestro, castigo y exterminio que funcionó al interior del Buque Escuela Esmeralda durante los primeros meses de la dictadura cívico-militar chilena en la ciudad de Valparaíso. Dicha práctica investigativa me posicionó para escribir el presente texto.

Mi trayecto investigativo, como cualquiera que uno emprende, fue siempre un avance desde la ignorancia al conocimiento. Las preguntas que me motivaban a escribir mi tesis para postular al grado de sociólogo se cruzaban con las historias cotidianas que lograba recolectar en los sectores de Playa Ancha, Cerro Barón y Esperanza. “Mi abuelo estuvo ahí, algo te puedo contar”. Así se abrió el primer testimonio intergeneracional que pude ubicar y desde ahí, una bola de nieve que no terminaba por formarse entre relatos de personas que sobrevivieron su paso por el Buque, sus familiares en primer o segundo grado, y el escaso material que arrojaban bibliotecas y centros de estudio.

Correspondiente a la primera jurisdicción Naval, el puerto de Valparaíso fue escenario de la principal arremetida golpista de la Armada de Chile y de la instauración de diversos centros de secuestro, castigo y exterminio que se distribuían por toda la región. Atracado en el molo de la bahía de Valparaíso, el Buque Escuela de la Armada se erigió como un lugar de castigo hacia los militantes más activos de la Unidad Popular de la Quinta Región.

El Esmeralda se configuró como un lugar de distinción adonde fueron trasladados regidores, concejales, alcaldes, altos funcionarios públicos y de partidos políticos. Haciendo parte de un horroroso y racional decálogo de centros de la Armada, el Esmeralda, se hermanó con los demás buques de la institución para cumplir así objetivos de interrogatorios, golpizas, encierros, insultos, violaciones, asesinatos y traslado de detenidos al interior del territorio nacional. Los buques de la Armada se transformaron así en centros secretos de castigo con una función móvil que los hacía doblemente rentables.

Sacerdote y Activista Social

Miguel Woodward era ingeniero civil de la Universidad de Londres. Al terminar sus estudios universitarios, volvió a Chile para hacerse sacerdote. Siempre rechazó la figura del religioso detrás de un escritorio. A fines de los ‘70 se conmovió con la pobreza rural de Peñablanca, poblado cercano a Viña del Mar, donde ejerció sus primeras labores sociales. Ahí enseñó a jóvenes y niños que faltar a la misa del domingo no era ningún pecado, sobre todo si como reemplazo a ella iban a la piscina o las playas cercanas. En una ocasión, Miguel le hizo saber al dueño del bar central de Peñablanca que las cuentas que le abría a los trabajadores era una forma de explotación, ya que estaba generando un estado de alcoholismo estructural. Siempre se caracterizó por demostrar sus disgustos de forma clara y directa.

Al comienzo del gobierno de Salvador Allende, y en calidad de obrero del Astillero Las Habas y poblador del Cerro Placeres, Miguel fue elegido el coordinador de las JAP de todo su cerro. Se hizo un personaje marcado por los grandes comerciantes del sector, los que no demoraron en llamarlo “el cura rojo”. Esos comerciantes fueron quienes organizaron reuniones con la Armada para delatar a Miguel que, por esos meses, era el blanco de los sectores reaccionarios del Cerro Placeres, quienes no dudaban en insultarlo y escupirlo en la vía pública. Llegado el “Golpe”, los infantes de Marina allanaron la casa que compartía con Jaime Contreras. Se llevaron bultos con el material de ambos; se llevaron todo. Miguel, al volver a su casa, después de estar escondido en el sector de Recreo, aseguró con maderas puertas y ventanas con la ayuda de un vecino. Dijo que no tenía nada que temer y que ese era su hogar.

La noche del sábado 22 de septiembre de 1973, Miguel fue secuestrado por aparatos del régimen de Pinochet. Fue delatado por un ex marino que vivía cerca de su casa: al ver las luces encendidas, no dudó en dar aviso a la autoridad Naval. Miguel fue a parar primero a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde comenzaron las torturas en su contra. La universidad, por esos días, estaba controlada por la Armada y fue su piscina el principal lugar donde los detenidos fueros sometidos a castigos. Al día siguiente, lo trasladaron hasta la Academia de Guerra Naval, donde la tortura lo dejó moribundo. Desde ahí fue llevado en una furgoneta de la institución hasta el Buque Escuela Esmeralda.

Una vez allí, lo sometieron a un castigo principalmente moralizador. En él encarnaron las peores categorías atribuibles a los militantes y activistas sociales de la  época. Lo llamaron “extranjero marxista”, pedófilo (a propósito de su condición de religioso y educador), etcétera. La Armada hacía lo que podía para justificar la muerte del ciudadano anglo chileno, llegando incluso a generar un certificado de defunción falso que caracterizaba la muerte de Woodward como una situación ocurrida en la vía pública, intentando así, sostener la tesis de la “muerte en combate” del detenido.

El coronel Carlos Fanta, en reemplazo del comandante Merino –que se encontraba constituyendo la Junta Militar de Gobierno en Santiago–, gritaba desesperado: “Viene una horda a liberarlos, pero no van a poder. Quieren llegar hasta aquí pero no van a poder, y si llegan, aquí encontraran cadáveres”.

El delirio del coronel estaba provocado por los disparos que a unos ocho kilómetros se habían desatado en la Universidad de Playa Ancha. Era un conato de resistencia estudiantil al “Golpe”. Eran los tres o cuatro disparos que se lograron percutir y que desataron el castigo deliberado contra los detenidos en los distintos centros de la Armada en Valparaíso. Miguel no logró resistir los golpes de los agentes que con toallas mojadas en sus manos (para no dejar marcas en el detenido y de paso no dañar sus propias extremidades) y en conjunto con otras técnicas de tortura, lo asesinaron. Su cuerpo delgado y alto no soportó. Se generó en él un dañó interno que terminó con rotura de órganos. Miguel era la primera víctima fatal al interior del Buque Escuela Esmeralda.

La Armada no ha querido nunca realizar un acto de desagravio al interior del Esmeralda y sólo se ha referido a la posibilidad de efectuarlo ante la presión de grupos populares que se lo exigen. Patricia Woodward, hermana de Miguel, en entrevista con la televisión chilena, declaró que les ha escrito a todos los presidentes en ejercicio post-dictadura y que ninguno le respondió. Hoy la justicia tiene una nueva posibilidad de indagar y de dar un castigo a los responsables de estos hechos, poniendo en el centro de la decisión la inacabada tarea de justicia para con Miguel y los suyos.

 

*El autor de esta carta es integrante del Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y las Emociones, de la Universidad de Chile.

Las pruebas que comprometen a Macchiavello, el almirante que no vio el tsunami

A pocos minutos de ocurrido el terremoto, después de una rápida ronda, los operarios de turno del puerto de Talcahuano hicieron contacto radial con la Capitanía de Puerto, en busca de información oficial de la Armada. Había inquietud, confusión, miedo: mientras tripulantes de la embarcación pesquera Don Enrique dudaban de zarpar, de modo de poner a salvo la nave, habitantes de poblaciones vecinas llegaban a pedir información. Entonces, al preguntar por el estado del mar, desde la Capitanía de Puerto respondieron que había que guardar la calma y estar tranquilos, pues –anunciaron sin titubear– no había alerta de tsunami.

–Dijeron que eso estaba descartado porque el epicentro había sido en tierra –recuerda el supervisor Juan Aguayo, quien esa madrugada de 27 de febrero estaba atento al radiotransmisor que conectaba a la Armada vía frecuencia VHF.

El primer reporte oficial emanado desde la II Zona Naval de la Armada con asiento en Talcahuano no sólo fue escuchado por el supervisor Aguayo y por el guardia Víctor Varela, que también se encontraba de turno en el puerto. Transmitido por el canal 16 de la banda marina, el mensaje fue captado por los radiotransmisores de la mayoría de las 14 lanchas y otras embarcaciones mayores que se encontraban en labores de pesca o descarga.

Ese fue el primer reporte. Los testimonios recogidos en Talcahuano por CIPER a cinco meses de ocurrido el desastre dan cuenta de que después, sin que necesariamente mediara consulta, cada quince o veinte minutos la Capitanía de Puerto emitía nuevos informes que apuntaban a lo mismo. No-hay-alerta-de-tsunami, repetía el marino de turno.

–Era una especie de boletín informativo en que insistían con lo mismo y hablaban de pequeñas recogidas y marejadillas leves –recuerda Varela, el vigilante portuario, desde la misma guardia donde esa madrugada se refugió al ver y escuchar que una masa de agua que arrastraba lanchones, containers y quizás cuántas cosas más se le venía encima.

Varela dice que está vivo de milagro. Fue el único funcionario de la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente que confió en la información de la Capitanía de Puerto. El resto prefirió arrancar ante las evidencias que contradecían la información oficial. Había embarcaciones varadas en la arena y otras en el mar que más de una vez, a través del canal 16 de la banda marina, alertaron a la Armada sobre olas pronunciadas y alzas de mareas que avanzaban hacia la costa.

Francisco Bustamante, operador del puerto de Talcahuano, no estaba de turno pero ese día sintonizó el canal 16 por medio de una radio portátil de su trabajo. Al escuchar que un pesquero había detectado que estaba próximo a enfrentar un alza de marea, no lo pensó dos veces. Arrancó al cerro con familiares y vecinos.

–Era una cosa de simple lógica: el mar venía creciendo y avanzando hacia la costa –dice Bustamante, quien asegura que una vez que el mismo pesquero comunicó estar enfrentando el alza de marea, después de unos quince minutos, la Capitanía de Puerto cesó sus transmisiones.

En adelante, según estos relatos, sólo se escucharon consultas provenientes de embarcaciones en el mar. Ya no hubo respuestas.

LA VOZ DEL INTENDENTE

Los testimonios de operarios del puerto se unen a los de pescadores de la zona, algunos de los cuales han declarado en la investigación que lleva a cabo la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en el sistema de alarma de tsunami. De acuerdo con esos relatos, la Armada en Talcahuano, de la que depende esa Capitanía de Puerto, no sólo descartó un maremoto a través del canal oficial con que se comunica con todo tipo de embarcaciones civiles y controla su tránsito. Esa madrugada, hasta antes de ser evacuada, también reportó lo propio a pescadores, guachimanes y bomberos que concurrieron a la base naval en busca de información.

Esos testimonios pueden dirimir una controversia cuyo trasfondo apunta a la responsabilidad en la muerte de personas que se guiaron por la información oficial.

Hasta ahora el contralmirante Roberto Macchiavello Marcelí, comandante en jefe de la II Zona Naval, ha contradicho estas versiones y también a las antiguas autoridades políticas de la región, quienes aseguran que en todo momento fueron informados por Macchiavello de que no había riesgo de tsunami tras el terremoto. La controversia se amplía a las más altas esferas de poder. La Armada insiste en que a través del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) mantuvo por al menos una hora una alerta que fue desatendida por la Onemi (Oficina Nacional de Emergencia), dependiente del Ministerio del Interior.

En una de sus dos concurrencias a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el contralmirante Macchiavello dijo que a partir de los antecedentes conocidos esa madrugada a través de radio Bío Bío, que en un primer momento habría informado que el epicentro del sismo era en tierra, comunicó que, “si fuera así, si fuera con esa información, entonces no debiera haber tsunami, pero esa información tiene que ser verificada con el SHOA”.

En esas primeras horas posteriores al terremoto, según han declarado las autoridades militares y civiles de entonces, la VIII Región estaba incomunicada del resto del país. Y es más: sus dos máximas autoridades debieron comunicarse por medio de un radiopatrullas que sirvió de puente entre la Base Naval de Talcahuano y la Prefectura de Carabineros de Concepción, donde estaba el intendente Jaime Tohá.

Macchiavello se ha empeñado en tomar distancia de las palabras que Tohá pronunció esa madrugada en los estudios de radio Bío Bío en Concepción. En esa entrevista, al ser consultado si tenía algo más que decir, el entonces intendente comunicó:

MP3

Sólo que el almirante me acaba de llamar hace medio minuto para reiterar la calma por el tsunami, no sólo aquí, sino también en la zona central, de manera que en la medida que esta radio también se escuche, no hay peligro de tsunami, ni aquí ni en la zona central.

Minutos antes, en la misma entrevista en la que también participaron la ex alcaldesa de Concepción, el gobernador y un seremi, el conductor Piero Mosciatti recordará que, “como oportunamente indicó el intendente, la Armada de Chile ha descartado riesgo de maremoto o de tsunami”.

El reciente hallazgo del respaldo de ese audio permitió establecer que Tohá habló del contacto telefónico con el almirante a las 5.19 de la madrugada. Diez a veinte minutos antes de que la primera y más destructora ola penetrara hasta el centro de Talcahuano.

EL REPORTE DE BOMBEROS

Según el informe que el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano despachó a la fiscal Huerta, a las 4.20 horas dos de sus voluntarios cruzaron sin mayores inconvenientes la Puerta de Los Leones. Habitualmente el lugar que marca la entrada a la Base Naval está fuertemente custodiado, pero a esa hora no había un solo marino de guardia. Como unos pasos más allá tampoco vieron un alma en la Gobernación Marítima, avanzaron cerca de 300 metros hasta la Comandancia en Jefe.

En esa antigua casona blanca que se alza sobre una loma y tiene vista al mar encontraron al contralmirante Roberto Macchiavello. Los bomberos recuerdan que estaba acompañado de un ayudante y sobre una mesa tenía extendida una carta de navegación en la que procuraba fijar el epicentro del terremoto.

Fue un encuentro de no más de veinte a treinta minutos. Juan Carlos Sarzosa y Pedro Fabián Luengo se presentaron como oficiales de enlace en representación del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. Un rol fortuito: habían respondido al llamado radial del comandante de Bomberos Javier Echeverri para que los voluntarios que se encontraran más próximos a la Base Naval acudiesen en su representación.

Sarzosa y Luengo testificarán más tarde ante sus superiores que fue el propio contralmirante quien descartó la posibilidad de un tsunami. Su aseveración estaba basada en el supuesto de que como el epicentro había sido en tierra, no había posibilidad de la ocurrencia de un maremoto.

El argumento fue el mismo que testigos escucharon en la banda marina de la Capitanía de Puerto de Talcahuano. El mismo que esbozó el jefe naval en su contacto radial con las autoridades en Concepción. Y el que también invocaron esa madrugada el SHOA y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández: si es el epicentro es en tierra, no hay maremoto.

Esta aseveración, que incluso está impresa en manuales de la Armada, es refutada por expertos en sismos y tsunamis (ver recuadro).

Esa madrugada los voluntarios de bomberos no refutaron la información de la Armada. Más todavía si provenía de la Comandancia en Jefe. Entonces, como las comunicaciones radiales estaban saturadas, Sarzosa y Luengo se trasladaron hasta el cerro Los Lobos, donde se encontraba el puesto de mando del comandante Echeverri, para entregarle un reporte.

–Para mí fue una información oficial, no tenía por qué dudar de ella si más encima venía del jefe de la Armada de Talcahuano. Por eso la transmití de inmediato por radio al primer comandante, que se encontraba en el puesto de mando central –dice el comandante Echeverri desde la Superintendencia de Bomberos de Talcahuano.

Echeverri está acompañado de Luis Fregonara, superintendente de esa institución, y de Marcos Oyarzo, primer comandante. Los tres fueron protagonistas de los hechos del 27 de febrero y visaron el informe basado en el relato de los voluntarios Sarzosa y Luengo. “Las cosas como fueron, nada más”, dice uno de ellos, como si no hubiese drama, pero en esta ciudad, donde casi todos tienen vínculos directos o indirectos con la Armada, no es fácil entrar en entredicho con el jefe de esa institución. Sin proponérselo, ese informe inculpa al contralmirante pero también libra de responsabilidad de la cadena de errores a quien lo emite.

En Talcahuano no son pocos los que aseguran haber escuchado a funcionarios de Bomberos y Carabineros pregonando que no había alerta de tsunami. Sin embargo, los dos comandantes de Bomberos de esa ciudad lo niegan de plano. Echeverri dice que eso es imposible, que no hubo tiempo, porque dos o tres minutos después de transmitir al puesto de mando el reporte de los dos voluntarios, en el sentido de que no habría maremoto, el capitán José Luis Bello, de la Primera Compañía, reportaba por vía radial que a la altura del Estadio El Morro el mar se estaba recogiendo.

–Todos entendimos que se venía un tsunami –dice Marcos Oyarzo, primer comandante, quien tenía el mando y ordenó a todos los voluntarios que se alejaran de la costa a la brevedad.

Estaban en eso cuando el mismo capitán Bello informaba que el mar había entrando a la población Simons.

BITÁCORA DE LA CATÁSTROFE

El radiopatrullas de la Segunda Comisaría de Talcahuano llegó a la Base Naval muy poco antes que los dos voluntarios de bomberos: cerca de las 4.15. Su misión era servir de puente entre la Armada y la Prefectura de Carabineros de Concepción, donde se encontraba el intendente Tohá y varias otras autoridades civiles y militares que formaban parte del comité de emergencia regional. Sólo faltaba la Armada, cuyo máximo representante en la región, por ser el uniformado de mayor antigüedad, debía encabezarlo.

De acuerdo con el informe que Carabineros envío a la Cámara de Diputados, en el primer contacto radial sostenido entre Macchiavello y el general Eliecer Solar, jefe de la Octava Zona de la policía uniformada, el primero fue claro en descartar la alerta de tsunami. Había sido interrogado por encargo de Tohá, quien se encontraba junto al general y otros uniformados.

Nada dice el informe acerca de que el contralmirante haya prevenido que dicha información debía ser corroborada por el SHOA, como ha sostenido éste. El hecho es que esta primera información habría servido al entonces intendente Tohá para hacer el anuncio en radio Bío Bío. Hoy dice no recordar si ya en los estudios de la emisora recibió un llamado telefónico del contralmirante, como lo sugiere el audio de esa declaración. Macchiavello ha negado haber hablado directamente con él.

Las comunicaciones de esa madrugada son materia de la investigación de la fiscal Huerta, quien ha ordenado un registro de los llamados a los teléfonos de las principales autoridades. Los contactos radiales vía VHF son asunto aparte.

En la Armada no tienen respaldo de las transmisiones de la banda marina. Lo propio pasa con Bomberos. Tampoco la Onemi registró sus enlaces radiales. Y a diferencia de lo que ocurre en Santiago, la Prefectura de Carabineros de Concepción no contaba con un sistema habilitado para grabar las comunicaciones. Por ello la fiscal se ha empeñado en reunir testimonios y pruebas, como el cruce de llamados telefónicos y la bitácora con el contenido y las horas de los enlaces radiales que registró un funcionario de Carabineros destinado en la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco). No hay mucho más que eso. En cambio, testigos hay de sobra. Especialmente pasadas las 5 de la madrugada, cuando Cenco fue poblándose de civiles allegados a servicios del gobierno regional.

Marllory Fuentes, jefe de prensa del ex gobernador Eric Aedo, anotó el contenido de los reportes que enviaban las diversas unidades policiales de la región. La idea era transmitirlos a la población. En esos apuntes se registraron los incendios de la cárcel de El Manzano y la Universidad de Concepción. También el número preliminar de fallecidos en Los Ángeles. Pero lo que resulta relevante es el registro de la nueva comunicación radial que se establece a las 6.00 con la Base Naval. La hora coincide con el informe de Carabineros.

–El intendente interrogó a Macchiavello en tres oportunidades si había riesgo de tsunami y él respondió: Mi intendente, no hay riesgo alguno. Sólo observo acá una leve subida de mar pero que es absolutamente esperable ante un sismo de esta magnitud –relata la periodista, testigo de esa y otras conversaciones que se escucharon a micrófono abierto.

A esa hora, la primera gran ola ya había hecho estragos en Talcahuano. En cosa de minutos llegaría la segunda.

LAS HORAS

De acuerdo con otros dos testigos, la comunicación entre el intendente y el contralmirante fue directa y concluyó abruptamente. Mientras hablaban entró un contacto radial desde Santiago. Más concretamente desde la Onemi. Era la Presidenta Bachelet y requería hablar con urgencia con el intendente. Al igual que el anterior, este diálogo fue escuchado por todos quienes estaban presentes en Cenco.

–El intendente le contó lo que le acababa de informar Macchiavello, que no había tsunami –dice uno de esos testigos–. Pero Bachelet le dijo Pero cómo, nosotros tenemos otra información, verifique… Preguntó varias veces por el tsunami, aunque después preguntó por otros daños. Fue bastante dura y seca con Tohá, que titubeaba y hablaba muy lento. Ella lo interrumpía y le pedía precisiones. Lo presionaba.

Esa conversación no aparece en el video que documentó lo ocurrido en la Onemi en las horas posteriores al terremoto. El registro audiovisual se interrumpe antes de ese contacto y se retoma poco después.

Aunque no tenía comunicación con la zona central, Macchiavello dice que a las 5.10 lograron hacer contacto con la V Zona Naval, en Puerto Montt, donde tenían la misma información dada a conocer por el SHOA a las 4:56. Definitivo: no había riesgo de tsunami.

En este caso, la precisión del tiempo en que ocurrieron los hechos resulta tan relevante como los hechos mismos. El contralmirante ha insistido en situar la primera reunión con los bomberos pasadas las cinco de la madrugada. Requerido por CIPER sobre el tema, por medio de un correo electrónico Macchiavello asegura que él no se encontraba en su puesto de mando cuando llegaron los bomberos “cerca de la 5.00 de la mañana”, pues “(yo) había subido a la parte alta de la base a apreciar el estado de la población que allí se había concentrado y a constatar los fallecidos en el Hospital Naval”.

Siguiendo esta versión, regresó a su puesto de mando “pasadas las 5”, y si bien reparó en la presencia de los bomberos, jamás trató el tema con ellos. “Personalmente no recibí requerimientos de información de ellos y sólo los consideré como personas que voluntariamente concurrían a prestar apoyo”, precisa y suma otra distinción: “Al momento en que internamente se trató la información (sobre el tsunami) que aparentemente obtuvo bomberos, me encontraba junto al personal de guardia del puesto de mando, más otros dos oficiales y un suboficial que me habían acompañado en mi recorrido hasta el Hospital Naval”.

Más allá del modo en que los bomberos recogieron la información de la Armada, y de quiénes estaban presentes, lo relevante acá es la precisión de las horas. Si el encuentro ocurrió pasadas las 5, como sostiene el contralmirante, entonces dicha información pudo provenir de la V Zona Naval con sede en Puerto Montt.

El informe del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano sitúa el encuentro a las 4.20, lejos de las 5.15 que defendió el almirante ante los diputados, luego de describir en detalle un recorrido previo que realizó por la Base Naval. ¿En qué se basan los voluntarios de bomberos Juan Carlos Sarzosa y Pedro Fabián Luengo para situarse el tiempo?

–Con mi colega andábamos con reloj y muy atentos a la hora –dice hoy Zarzosa, al teléfono desde Talcahuano–. Lo tenemos muy claro porque en el vehículo en que nos trasladamos andábamos escuchando la única radio que logramos sintonizar, la radio Pudahuel, y justo cuando llegamos a la Comandancia en Jefe dieron la hora. Las 4.20. A los dos nos quedó grabado eso.

No ha sido fácil para los dos voluntarios de bomberos contradecir la versión del máximo jefe de la Armada en Talcahuano. Luengo es patrón de bahía y se relaciona constantemente con esa institución. Sarzosa tiene familiares en la Armada.

LO QUE NO VIO EL CONTRALMIRANTE

Macchiavello bien pudo recibir una información errada que luego se limitó a transmitir. Bien pudo haber sacado sus propias conclusiones que resultaron equívocas. Por cierto que las cosas también pudieron resultar como ha dicho, que para él, considerando que el sismo tuvo su epicentro en tierra, no debiera ocurrir un maremoto pero que de todas formas se hacía necesario esperar la confirmación del SHOA. Pero lo que muchos no se explican es por qué el contralmirante, que desde su puesto de mando tenía una vista privilegiada a la bahía de Concepción, ha dicho que sólo hasta varias horas después, ya pasado el mediodía, vino a saber que lo que había ocurrido era un maremoto y no otra cosa.

Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados contó que desde los jardines de la Comandancia en Jefe pudo observar el desplazamiento de una mancha negra que adjudicó a “un incremento del nivel del mar, al punto de desbordar la costa. Simplemente era una gran cantidad de agua. Y si bien había visto daños durante mi recorrido por la base, los asociaba a la acción de elementos pesados que habían sido arrastrados por el mar, no al efecto nocivo y destructor en tierra de un tsunami”.

Dos meses después de esa declaración, el jefe naval precisa a CIPER que “minutos antes” de las 5.50, mientras se encontraba en su puesto de mando, fue alertado por su jefe de servicio de “ruidos extraños” en la bahía. Entonces salió y constató el momento en que el agua sobrepasó el borde costero, alcanzando una altura de hasta un metro y medio del muro de la casa institucional. “Ese fue el primer indicio concreto de la ocurrencia de un fenómeno de esa naturaleza”, dice.

Después de esa gran crecida de mar vino otra que el contralmirante fija a las 6.20. No pasará mucho hasta que oficiales de la Armada lleguen a la comandancia para establecer un estado mayor.

Para esa tarde estaba programada la visita en Talcahuano de Michelle Bachelet, quien inauguraría el buque oceanográfico Cabo de Hornos, y por ello la mitad del alto mando estaba en el puerto. Pues bien, resulta difícil de entender que tras esa primera reunión de estado mayor no cayeran en la cuenta que lo que había ocurrido era un tsunami y no una simple subida de mar. Más aún considerando que a las 5.34 de esa mañana, desde la misma Base Naval, el capitán y experto oceanógrafo Rodrigo Núñez emitió un mensaje de texto dirigido al SHOA que decía: “Confirmo tsunami en Basetalc. Nmm bajo 6 metros en Fuersub. Una ola inundó sin rompiente”.

El capitán Núñez no habría sido el único que reparó en la magnitud de la tragedia.

Después de entregar su reporte ante el comandante Echeverri, coincidiendo con la primera gran ola, los dos voluntarios de bomberos recibieron la orden de volver a la Base Naval. De regreso, a la altura de la población Bannen, Sarzosa y Luengo hicieron contacto con un comandante de la Armada experto en recuperación de naves de reserva. Recorrieron juntos la base y llegaron hasta el Molo 500, donde constataron una devastación casi completa. Para ellos eso tenía un sólo nombre: tsunami. Después se dirigieron a la Comandancia en Jefe y permanecieron ahí hasta poco después de que el contralmirante Macchiavello partiera rumbo a Concepción.

Macchiavello pudo desconocer lo ocurrencia de un tsunami, pero igualmente en la Base Naval se siguió el procedimiento indicado en el Plan de Prevención ante Tsunami, que entre otras cosas, ante un sismo pronunciado, ordena la evacuación de personas a zonas seguras. Lo anterior fue motivo de crítica en parte de la población civil, que juzgó que la Armada actuó únicamente en función de los intereses de su personal.

El jefe naval ha asegurado que recién a las 7.30 tomó contacto con el intendente Tohá, a quien se lo encontró junto a una comitiva inspeccionando el puente Juan Pablo II. No pocos testigos asegurarán haberlo visto antes en la Prefectura de Carabineros de Concepción. El testimonio de Bomberos y Carabineros tercia en esta polémica en favor de Macchiavello. El hecho seguro es que permaneció el resto de la mañana en Concepción y hacia las 11.30, al asistir a una entrevista en radio Bío Bío junto a la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe y el ex intendente Tohá, el jefe de la Armada en la región desconoció la ocurrencia de un tsunami:

“Más que una ola” –explicó en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en referencia a esa entrevista radial–, “se había producido un incremento en el nivel del mar, al punto de desbordar la costa”.

Para efectos de determinar las responsabilidades penales, que es lo que interesa a la fiscal Solange Huerta, no es relevante lo que la Armada de Talcahuano entendió en su momento que pasó esa madrugada. Menos si el contralmirante estuvo o no estuvo en Concepción. Además de establecer el cumplimiento o no de protocolos, lo importante en este caso es determinar cómo y dónde surge la información que derivó en la muerte de personas. La resolución de esta controversia puede de paso ayudar a resolver la cadena de equívocos suscitados entre Valparaíso y Santiago. Siempre y cuando no tope antes con la potestad de la justicia naval.

Supuesto errado

No sólo el comandante en jefe de la principal base naval de país, Roberto Macchiavello, entendía hasta la madrugada del 27 de febrero que si un movimiento sísmico de cualquier magnitud tenía su epicentro en tierra, podía descartarse la ocurrencia de un maremoto. También los expertos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). En el video que registra las horas posteriores al terremoto, puede verse a la ex directora de este último organismo, Carmen Fernández, haciendo el mismo cálculo elemental que Macchiavello. No es cosa de ellos. Está los manuales que se distribuyen a todo el país y también en la publicación del SHOA titulada “Instrucciones Generales sobre el Sistema de Alarma de Maremotos”.

Editado en 2000 y actualizado dos años después, en ese instructivo se puede leer lo siguiente: Para que se genere un tsunami debe darse la condición de que “el epicentro del sismo (esté) ubicado en el subsuelo marino o en áreas litorales del océano Pacífico”.

Si bien inicialmente hubo un error de cálculo, pues el epicentro del sismo del 27 de febrero se ubicó frente a las costas del Maule, a 35 kilómetros de profundidad, los expertos consultados por CIPER aseguran que aún si el epicentro hubiera sido en tierra ¬como se pensó en un principio¬ las autoridades fundaron sus pronósticos en un supuesto errado.

El director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, sostiene que lo relevante no es precisamente situar el epicentro, sino la profundidad del desplazamiento que ocurre en la falla y dónde se ubica ésta. “Si el epicentro está situado cerca de la zona sismogénica de acoplamiento de ambas placas, la Sudamericana y la de Nazca, entonces es inmaterial donde comience la ruptura. No es necesario que comience bajo el mar o bajo el continente, en algunos de los dos lugares va a comenzar, pero lo interesante es dónde ocurre el mayor desplazamiento de la falla”.

Marcelo Lagos, geógrafo físico de la Universidad Católica y doctor en ciencias ambientales, coincide con lo anterior al plantear que en un terremoto de la dimensión del ocurrido el 27 de febrero lo relevante es el área de ruptura, su largo y ancho, y no el epicentro. “Por ejemplo -plantea este experto- hay que recordar que el terremoto de 1960 tuvo su epicentro en Valdivia y generó un tsunami por todo el Océano Pacífico y a mato a personas en Hawai y Japón”.

El investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, Klaus Bataille, considera que, en vista de que los grandes terremotos en Chile ocurren por subducción de placas, provocando un deslizamiento en el fondo del mar, lo lógico es partir del supuesto que “lo más probable es que un terremoto fuerte sea cerca de la costa, y eso implicaría la ocurrencia de un tsunami”.

La desconocida y sabrosa trastienda del otro maremoto que enfrenta la Armada

A 39 días del terremoto y maremoto, y luego de preguntarle a varias de las autoridades involucradas en el proceso, es imposible encontrar una versión concordante y única acerca de qué le ocurrió al submarino clase Scorpene SS-22 “Carrera” –uno de los dos más poderosos del país- durante la madrugada del 27 de febrero. Lo único claro es que su tripulación alcanzó a seguir el procedimiento establecido para estas emergencias, sacarlo mar adentro, y que en ese trámite lo “agarró” una de las olas que azotaron Talcahuano. De ahí en adelante los testimonios se dividen. Unos aseguran que se golpeó contra la dársena del muelle; otros, que impactó contra un dique, y están también los que señalan que se estrelló contra otras instalaciones portuarias.

Incluso circula una versión que indica que el “Carrera” habría chocado contra su gemelo, el Scorpene SS-23 “O’Higgins”, la que es refutada con más fuerza según lo alta que sea la investidura consultada. Las respuestas recogidas por CIPER no lograron aclarar y más bien repitieron la confusión previa, como se verá más adelante.

El caso del “Carrera” –que junto al “O’Higgins” es la base de la fuerza submarina de Chile- refleja la extrema reserva con la que se está manejando el impacto estratégico del desastre en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina. Claro que poco ayudó, comentan altas fuentes del sector defensa, que el ministro Jaime Ravinet declarara el 24 de marzo que el país había quedado “vulnerable” ante un ataque externo. Aunque se insiste en que dicho riesgo no es real, lo que sí preocupa es que la Armada se recupere lo antes posible para mantener no sólo su capacidad operativa, sino disuasiva.

Así, tanto o más importante que las reparaciones a los navíos dañados es responder la interrogante de cuándo y a qué costo se superará la devastación que hizo presa de las instalaciones de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano, esenciales para la mantención de la Escuadra y que además generan importantes recursos a través de contratos de construcción de navíos para el extranjero.

En lo único que hay consenso –el que incluye a las autoridades salientes y entrantes- es que la Armada se ha llevado en esta catástrofe la peor parte en un amplio frente. Mientras el de los daños materiales se ha manejado con cierta discreción, el de la imagen pública no puede ser peor, admiten.

La lista de problemas incluye al único muerto registrado durante los duros días de toque de queda en la VIII Región: un cartonero asesinado por una patrulla naval. Pero lo que sigue siendo la principal amenaza para el alto mando de la Armada, son las responsabilidades de la institución por las víctimas del maremoto (pese a que se entregó la cabeza del jefe del Servicio Hidrográfico y Oceánico, SHOA), agravadas por el fuerte descontento que generó el que desde la Base Naval de Talcahuano no se le avisara del maremoto a los civiles de las inmediaciones. Incluso, se agrega, sólo varios días después se reconoció que había bengalas -explosivos, para otros- diseminadas por la costa.

De ese difícil contexto la institución busca levantarse al mando del comandante en jefe más joven que haya tenido, y el primero que no estaba en servicio activo al momento del Golpe (1973). Y que además –como describen generosamente los que conocen a la institución-, fue sorprendido por el desastre justo cuando ya enfrentaba cuestionamientos internos y externos a sólo meses de haber asumido el mando (junio 2009).

Investigando el impacto del terremoto y maremoto en la Marina, CIPER encontró la otra ola que azotó a la institución después de la catástrofe, y el perfil desconocido de su comandante en jefe, almirante Edmundo González, protagonista del puzzle político que surgió tras el tsunami. Más allá de las contradicciones sobre los reales daños en las unidades de combate de la Marina, descubrimos un dato que por si sólo dimensiona el desastre que pudo quedar la noche del 27F en esa institución: a la misma hora del terremoto y maremoto la mitad del Alto Mando de la Armada se encontraba en Talcahuano.

27F: La mitad del Alto Mando en Talcahuano

De no haber ocurrido el terremoto, el sábado 27 habría sido una jornada memorable para la Armada y el gobierno saliente. Esa noche la institución iba a condecorar a la entonces Presidenta Bachelet –pese a que el almirante González había dudado en hacerlo- y se iba a efectuar la botadura del buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”, una promesa de la Jefa de Estado y un orgullo de la ingeniería naval criolla, ya que fue construido íntegramente en Asmar Talcahuano. La Mandataria incluso había bromeado diciendo a sus cercanos que si el navío no estaba listo antes de que entregara el poder, ella misma “botaría al mar a la empresa constructora”.

Acá también hubo una trastienda interesante. El acto –que sería precedido por la visita de Bachelet al SS-23 “O’Higgins”, del cual es madrina- estaba programado originalmente para la noche del viernes 27, y a la noche siguiente varios de los asistentes se reencontrarían en el matrimonio de una de las hijas del vicealmirante Eduardo Junge, en Viña del Mar. Pero la Mandataria resolvió después viajar a Mar del Plata, Argentina, a la Regata Bicentenario, organizada por las Armadas de ambos países. Eso atrasó las fechas en un día y obligó, entre otras cosas, a posponer el casamiento.

Como el programa era el mismo pero a escasa diferencia horaria, el Almirante González dispuso que la mitad del Alto Mando pernoctara el viernes en Viña del Mar, y la otra en la Base Naval de Talcahuano. En un dato desconocido hasta ahora, la noche del desastre se encontraban ahí –entre otros, y con sus respectivas esposas- el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Francisco Guzmán; el director general del Personal, vicealmirante Robert Gibbons; el jefe del Estado Mayor General, vicealmirante Federico Niemann, y el secretario general de la Armada, contraalmirante Jorge Ibarra.

“La Armada dormía preparada para una fiesta por partida doble: por el ‘Cabo de Hornos’ y por la despedida a la Presidenta. Ese era el estado de alerta”, grafica una fuente que conoció de cerca lo ocurrido. Siguiendo el protocolo naval ante terremotos que no permiten mantenerse en pie (ubicar las naves a 20 metros de altura o alejarse al menos 10 minutos de la costa), toda la oficialidad evacuó el sector apenas pudo. Pero pese a conocer lo que venía y encontrarse en el sector la mitad del Alto Mando, nadie dio aviso a la población local. Precisamente allí donde el maremoto cobró numerosas vidas.

Conscientes de las críticas, cercanos a la institución remarcan que no pudo hacerse de otra forma: “La Marina hizo lo que debía, salvar a su gente y a sus medios, en ese orden. Y se pensó que, como debe ser, cada uno estaba haciendo lo que correspondía: el SHOA; la Onemi, la intendencia, las policías”. Otros son un poco más descarnados y agregan a lo anterior que “el caos era tan mayúsculo que nadie pensó en otra cosa”.

Así y todo se menciona otro detalle. El entonces intendente Jaime Tohá dijo a CNN Chile que fue el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval –con base en Talcahuano-, contraalmirante Roberto Macchiavello, quien le avisó a las 4 AM que no había maremoto en curso. Esa fatídica madrugada, el Almirante Edmundo González se encontraba en la Ciudad Jardín, prácticamente aislado de su institución.

-Trataba de comunicarme por celular y teléfono fijo. Era imposible. Tampoco había Internet. Finalmente, hablé con mi jefe de Estado Mayor, con mi secretario general y solicité antecedentes preliminares al SHOA -dijo a El Mercurio el 7 de marzo.

Los ex habitantes de La Moneda comentan que el jefe naval recién tomó contacto con el titular de Defensa, Francisco Vidal, la tarde del sábado. Para entonces ya había comenzado la trama aún no resuelta (por la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público) de las responsabilidades respecto a la fallida alerta de maremoto. Mientras, una cadena de dudas, recriminaciones y hasta dificultades legales para el decreto respectivo -planteadas por la Contraloría- trababa el despliegue de uniformados en una VIII Región que a las pocas horas comenzaba a ser pasto de los saqueos.

Las diversas versiones sobre el “Carrera” y otras naves

Entre los múltiples frentes críticos que se le abrían a la Armada, el más evidente –fuera de la alerta de tsunami- era dimensionar los daños en la Base Naval de Talcahuano, en Asmar y sus naves de guerra. Las dos primeras fueron arrasadas casi completamente, incluyendo las viviendas del personal, daños en diques, grúas y diversas instalaciones.

Recuperar y poner todo en marcha –considerando los fondos que ingresan por contratos de construcción- tiene un costo en torno al cual no hay coincidencia. Fuentes del Ministerio de Defensa citan los informes iniciales de la Marina que calculan un flujo mínimo de mil millones de dólares “entre 3 y 5 años”. Y sostienen que sólo para asegurar en parte la “reparación y mantención de las unidades de combate” haría falta cerca de US$ 300 millones. Eso coincidiría con la estimación de una de las autoridades salientes, pero difiere radicalmente de las cifras que entrega otra: “En ningún caso menos de US$ 2.500 millones para recuperar Asmar y la Base”.

La suerte de las unidades navales afectadas es hasta hoy confusa.

La madrugada del 27 se encontraban en Talcahuano, al menos, los submarinos clase Scorpene SS-22 “Carrera” y SS-23 “O’Higgins”; los clase U-209 SS-21 “Simpson” y SS-20 “Thompson” (más antiguos que los Scorpene); el buque madre de sumergibles BMS-42 “Almirante Merino”, y la misilera clase SAAR-4 LM-31 “Chipana”. Además, la patrullera LSG-1611 “Concepción”; el clásico transporte AP-41 “Aquiles”, y el patrullero OPV-81 “Piloto Pardo”. Además, claro, del aún no botado buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”.

De las unidades de combate, el caso más preocupante es el “Carrera”. Como se dijo al comienzo, ni los testimonios recogidos por CIPER ni las versiones oficiales consignadas en la prensa aclaran las dudas. El Mercurio, por ejemplo, informó el 4 de marzo que el sumergible “tocó fondo y volvió a la superficie”. Al día siguiente La Tercera informó que “no hubo daños” en los buques ubicados en Talcahuano. El 7 del mismo mes, el almirante Edmundo González detalló que el SS-22 “logró zarpar de emergencia, lo pescó la segunda ola del tsunami y lo metió a la dársena. Luego, en un gesto heroico, fue remolcado”.

El 28, el vicealmirante Federico Niemann precisó que chocó y abolló su proa contra un dique que estaba a la deriva, pero remarcando que no había “ningún riesgo para el sumergible”. Por último, hace dos domingos atrás, el 28 de marzo, los propios tripulantes del “Carrera” relataron los hechos en El Mercurio. Según éstos, el navío primero tocó fondo; luego la primera ola lo levantó y arrojó a las dársenas del puerto; allí “nos movíamos para todos lados y chocábamos con distintas cosas”, dijeron. Finalmente, agregaron que impactó contra un dique flotante de Asmar. O sea, cuatro choques, por lo bajo.

Sobre la suerte del sumergible, algunas autoridades comparan lo ocurrido con “un abollón en el auto y punto, pero está operativo”. Pero otros admiten la posibilidad de que los daños obliguen a una reparación que tarde años. “Y de los dos Scorpene era el que estaba en mejores condiciones” agrega un personero. Del “O’Higgins” se ha dicho que logró zarpar mar adentro sin problemas. Ambos fueron comprados como prototipos en 1997 a un consorcio franco-español por unos US$ 490 millones.

Respecto a las otras naves afectadas, el SS-21 “Simpson” ni siquiera pudo escapar al encontrarse en reparaciones en un dique seco. Quedó instalado sobre un muelle, sus daños no han sido precisados y sólo se ha dicho que fueron “leves”. Peor suerte corrió la misilera “Chipana”, que resultó volcada sobre otro muelle, lo que obliga a levantarla y ponerla de nuevo a flote, sin dañar el casco. El “Almirante Merino” también sufrió deterioros que tampoco pasaron del mismo calificativo: leves.

-Independientemente de las maniobras de rescate, todos están en condiciones operativas -remarcan altas fuentes del Ministerio de Defensa.

Además, se encontraba en reparaciones el submarino ecuatoriano clase U-209 “Shyri”. Aunque algunas de las fuentes consultadas por CIPER remarcaron que no sufrió daños, otras precisaron todo lo contrario. Incluso se sostiene que el maremoto se habría llevado algunas piezas que habían sido retiradas para su reparación. De ser necesario, se harían efectivos seguros comprometidos.

Y aunque el “Cabo de Hornos” no es una unidad de combate, su situación es sensible precisamente por lo que simbolizaba para la Marina. El tsunami lo arrastró varios metros y lo dejó varado sobre un banco de arena: su peso dificulta y hace arriesgado su rescate. Días después, cuando las salientes autoridades de Defensa visitaron Talcahuano, la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, no pudo soportar las ganas de desquitarse bautizándolo de todas formas… quebrando una botella de Sprite contra el casco.

El cuadro que ya enfrentaba el almirante

Mientras en la Armada se calibraban estos y otros daños físicos, al mismo tiempo se enfrentaba la crisis por las fallas en la alerta del tsunami. Con un ingrediente extra que nadie –ni la institución, ni el gobierno saliente, ni menos el entrante- pasaba por alto: a medida que se intensificaban las críticas contra las autoridades involucradas, surgían las primeras querellas por parte de los deudos.

Como el Almirante González había reconocido pública, temprana y sorpresivamente la responsabilidad de su institución en la fallida alerta de maremoto, con el correr de los días se hizo patente el riesgo de que se responsabilizara de ello también a la administración Bachelet. Cercanos a la hoy ex mandataria recalcan que tiene a su favor “hechos irrefutables”, como la llamada telefónica entre ella y el entonces director del SHOA (quien le informó que no había alerta) durante las primeras horas después del desastre, cuando se encontraba en la Onemi ante numerosos testigos.

La misma Bachelet ha repetido que el general Le Dantec le pasó el teléfono, y –acaso en un guiño a González y sus problemas para comunicarse- recalcó en The Clinic que ni los celulares satelitales funcionan al cien por ciento. Ambos puntos fueron remarcados una y otra vez a CIPER por ex colaboradores suyos.

Como rostro principal de la crisis naval, el almirante Edmundo González Robles la había tenido difícil incluso mucho antes de llegar al 27F. Ya su llegada a la comandancia en jefe (18.06.09) estuvo cerca de zozobrar a raíz de un episodio que lo enemistó el 2007 nada menos que con el ministro de Defensa de la época, José Goñi.

Según recuerdan las fuentes consultadas, todo comenzó cuando a los oídos de Goñí llegó un relato en que el protagonista era el entonces contraalmirante González. Se lo describía en una reunión social en Punta Arenas, expresándose en términos bien poco protocolares respecto del ministro y de otra alta autoridad nacional. Del relato y de la reacción de Goñi también se enteraron destacados oficiales de la Armada. Muy pronto González –el primer marino en ser comandante en jefe de la Región Militar Austral- se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido: faltaban sólo semanas para que se definiera el Alto Mando del año 2008.

Nadie quería llevarse sorpresas. En sus últimos años los gobiernos de la Concertación no habían tenido problemas con los comandantes en jefe. Al menos no al nivel del polémico corcoveo del general director de Carabineros Rodolfo Stange, cuando dilató ruidosamente su renuncia a raíz del fallo del Caso Degollados, en 1995. Ni menos algo similar al episodio que todos en la Marina hoy quieren olvidar: la abrupta salida del jefe de la Armada Jorge Arancibia para candidatearse a senador por la UDI (2001) y que terminó cortándole la carrera a buena parte de su Alto Mando, además de sepultar las aspiraciones senatoriales de Sebastián Piñera.

Por esas casualidades, además, González era ayudante del entonces almirante Arancibia cuando el comandante en jefe se fue a retiro. Pero jugaba a su favor haber trabajado con Edmundo Pérez Yoma, cuando éste fue ministro de Defensa de Eduardo Frei, en la década de los ’90.

Contrarreloj, González se la jugó por pedirle ayuda a la entonces subsecretaria Echeverría, asegurándole que se trataba de un rumor falso. No le iba a ser sencillo: Goñi tenía fama de “difícil”. Pero también gozaba de adversarios en el ministerio. Hasta hoy se recuerda una desagradable escena en la que el ministro ingresaba –sin golpear la puerta y sin saludar- al despacho del subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, para de inmediato, y sin importarle que Vergara estuviera reunido con otras personas, lo reconviniera en un durísimo tono al tiempo que le punceteaba la cabeza con los dedos.

Apenas días antes de la fecha fatal, las gestiones de Echeverría y de otros revirtieron la situación; incluso algunos sostienen que el propio “Goñi aclaró el problema”. González fue ascendido a vicealmirante y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Un año y medio después logró suceder al almirante Rodolfo Codina (hoy jefe de gabinete del ministro Ravinet) –en parte gracias a las recomendaciones de éste- en la comandancia en jefe.

Los que han conocido el mando de ambos coinciden en marcar las diferencias. En una institución consciente de su peso histórico y fuertemente inspirada en la tradición de la Armada inglesa, la gestión de Codina había sido vista como un grato paréntesis. “Más campechano, relajado, casi en el estilo de la Armada española”, grafica un conocido suyo. “Cien por ciento del gusto de los Presidentes Lagos y Bachelet”, agrega otro. Con González no sólo se volvió al estilo antiguo. También asomaron diferencias preocupantes, algunas de ellas demasiado públicas.

Como la ocurrida en noviembre de 2009, cuando El Mercurio entrevistó al jefe naval con desastrosos resultados. Bajo el título “En La Haya no tenemos nada que ganar”, González contradecía parte de la tesis chilena ante el conflicto limítrofe con Perú al referirse a las normas que fijan la frontera marítima como “convenios de pesca”, y anticipaba un escenario pesimista ante el reclamo de Lima. El impacto de la entrevista fue tal, revelan fuentes que conocieron el caso, que antes de su publicación debió intervenir el entonces vicealmirante Cristián Millar para “limpiar” parte de las respuestas.

Un nuevo episodio se produjo durante la dificultosa tramitación de la Ley que reorganizó el Ministerio de Defensa y creó el Estado Mayor Conjunto. González -recuerdan en la ahora oposición- “mantuvo una postura vacilante” en temas conflictivos, como definir si el nuevo cargo que hoy ocupa el general de Ejército Crisitián Le Dantec tendría cuatro estrellas. A la larga González se opuso a la idea del gobierno, la que fracasó en el Congreso y dejó a Le Dantec sólo con tres estrellas y por debajo de los comandantes en jefe.

Incluso entre la alta oficialidad naval se fue generando cierta resistencia al mando de González, a veces por asuntos casi domésticos. Como el recordado y reciente matrimonio de uno de sus hijos en Miami, Estados Unidos, calificado someramente como “incómodo” entre quienes conocen los códigos de la institución.

Los que conocieron la relación entre el gobierno de Bachelet y González sostienen que, a raíz de éstos y otros problemas, incluso se llegó a pensar en designar al vicealmirante y hoy comandante de Operaciones Navales, Francisco Guzmán, como Jefe de Estado Mayor Conjunto, con el fin de colocarle un contrapeso al jefe de la Armada. “Pero también era indiscutible que lo más adecuado era que ese cargo quedara en manos del Ejército”, aclaran.

Vuelco en el minuto 90

El terremoto y posterior tsunami sepultaron toda la historia anterior. Nada de todo aquello importaba en la antesala de la reunión más importante que le fue agendada al almirante Edmundo González para el 24 de marzo. Los ojos del alto mando de la Armada se dirigieron a La Moneda. Como quiera que sea, un vuelco importante se produjo en aquella crucial jornada en que el almirante González fue llamado a palacio por el Presidente Piñera. La cita se produjo al día siguiente de haberle enviado al Mandatario el informe oficial sobre las fallas al retirar la alerta de tsunami. Sólo horas antes del encuentro, el titular de Defensa, Jaime Ravinet, fue categórico al calificarlo de “insuficiente”: como el documento proponía dar de baja al ex jefe del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas, los que sabían ese detalle con anticipación calibraron que el comandante en jefe podría terminar pagando con su cargo el episodio.

El almirante González no la pasó bien ese día. Quienes tomaron contacto con él cuentan que estaba “muy nervioso” y no descartaba que Piñera le pidiera el retiro, aún pese a que en tal caso haría re-debutar la temida facultad presidencial. Uno de sus conocidos decidió intervenir personalmente y se las arregló para encontrarse “casualmente” con Ravinet en la puerta de uno de los ascensores del Ministerio de Defensa. En el breve trayecto pisos arriba, el nuevo ministro le aseguró a dicho personero que la cabeza del jefe naval no corría riesgo. González se entero apenas minutos después.

Con todo, González sintió la presión hasta el final, aunque más bien por el estilo del Mandatario que por otra cosa. Cuando entró a reunirse con Piñera, lo notó amable, pero “más frío” que su antecesora, según le comentó después a sus cercanos. La sorpresa la tuvo al ver que las casi 300 páginas del informe, que apenas había entregado el día anterior, ya estaban plagadas de marcadores adhesivos de colores. Sus temores se disiparon cuando el Jefe de Estado le aclaró que su cargo no estaba en cuestión. El flanco político, que pasaba por él, quedaba así cerrado por el momento.

Los que conocen el episodio explican que si Piñera decidió no seguir adelante, fue sencillamente por no perjudicar a la Marina y por no sumar un nuevo frente de conflicto a los otros con los que ha debutado en La Moneda. Prueba de ello fue el sorprendente y enérgico cambio de postura de Ravinet, quien apenas salió del despacho presidencial comenzó por desmentir sus propias críticas contra el informe naval.

Luego el ministro no trepidó en pagar –muy probablemente con fondos fiscales- una inserción en La Tercera para rebatir una crítica y aguda columna de Ascanio Cavallo publicada en el mismo diario acerca del rol de las Fuerzas Armadas después del 27F. Ambas medidas de control de daños buscan evitar que se exponga a las instituciones bajo su mando no sólo a emplazamientos políticos, sino que además anticipan líneas de contención ante eventuales ofensivas judiciales.

Consejero de Pinochet cobró comisiones en Francia por los submarinos Scorpene

Pedro Félix de Aguirre, amigo y consejero de Pinochet, quien participó en el bullado caso de tráfico de armas defectuosas a Irán, cobró millonarias comisiones por los dos submarinos Scorpene (“O’Higgins” y “Carrera”) que la Direction de Constructions Navales de Francia (DCN) y el astillero español Navantia, una de las principales constructoras navales de Europa, vendieron a Chile a fines de los ‘90. Las comisiones ilegales pagadas por la DCN son investigadas ahora por la justicia de Francia. CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada sobre su rol en la adquisición y el destino de los royalty que recibió en compensación. La revelación fue hecha por el portal de información francés bakchich.info

Para vender submarinos a Chile en 1997, el entonces Presidente Jacques Chirac y el Primer Ministro Lionel Jospin dejaron que la Dirección de Construcción Navales de Francia recurriera a los servicios pagados de uno de los consejeros más cercanos del general Pinochet. ¡Y ese jugoso contrato sigue vigente aún!

A fines de 2006, el submarino chileno “Carrera” zarpó del astillero español de Cartagena rumbo al puerto de Talcahuano en Chile. La construcción del navío fue el resultado de la exitosa cooperación entre la Direction des Constructions Navales de Francia (DCN) y los españoles del grupo Navantia. El submarino llegó finalmente a su puerto de destino después de un periplo de 8.500 millas. Era el segundo submarino del mismo tipo entregado a los chilenos.

Fue en la primavera de 1997 cuando se firmó el contrato entre franceses, españoles y chilenos. En Francia, la lamentable disolución del Congreso que resolvió Jacques Chirac le dio las riendas del gobierno a Lionel Jospin y a los socialistas. En Chile, el general Pinochet, quien organizó el sangriento golpe militar contra Allende, ya no estaba en el poder pero conservaba la jefatura del Ejército. Su influencia era aún considerable.

Los servicios de dos consultores al rescate

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre Lamas y Francisco Andrés Muzard Ureta. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias, como lo acreditan los dos contratos que Bakchich obtuvo y publicó en su edición del 7 de julio. Aquí puede ver el contrato de Francisco Andrés Muzard Ureta , que recibió US$ 500 mil, y acá el de Pedro Félix de Aguirre.


Bakchich quiso saber más de estos dos hombres que hicieron de intermediarios en el negocio de los submarinos. Francisco Andrés Muzard es arquitecto y representante de empresas francesas en Chile, hijo de un gaullista histórico y está muy ligado al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP), del presidente Nicolás Sarkozy. Más interesante es el historial de Pedro Félix de Aguirre, hombre en la trastienda del poder y que fue hasta la detención del general Pinochet en Londres, uno de sus más fieles seguidores. Desaparecido de escena, su hijo abogado ha tomado en sus manos la mayor parte de sus negocios.

Vino, armas y comisiones para el financista preferido de Pinochet

Para la mayor parte de los chilenos el rostro de Pedro Félix de Aguirre es desconocido. Tampoco aparece en Google o en otros bancos de datos a través de internet. En los años 80, Pedro Félix de Aguirre aparecía en varias sociedades en las que la familia Pinochet participaba de la propiedad. Durante la dictadura, De Aguirre se enriqueció en el negocio de las viñas y las armas, como lo describió el periodista del diario español El País, Ernesto Ekaiser en su libro Yo, Augusto. De ideas nacionalistas, fue especialmente cercano a Lucía Pinochet, la hija mayor del general y también de su esposa, Lucía Hiriart. Nada que pareciera perturbar a los oficiales de la DCN que entraron en estrecha relación con él.

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, se debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre y Francisco Muzard. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias.

Fue precisamemte De Aguirre quien hizo algunas investigaciones discretas sobre el grado de avance que tenían los juicios contra el general Pinochet en manos de jueces españoles. Y fue él quien intentó convencer al ex dictador de que debía entrevistarse con el magistrado español García Castellón, a quien describió como un conservador que estaba dispuesto a archivar su expediente. Algo que el viejo dictador no hizo.

Los secretos que el empresario y amigo de la familia Pinochet conocía sobre la fortuna de éstos interesaron en su momento a dos jueces chilenos: Sergio Muñoz y Juan Guzmán. Ambos jueces habrìan tenido que interesarse más de cerca por los secretos de la DCN y su división Internacional (DCNI).

Pedro Félix de Aguirre dejó un muy mal recuerdo entre sus interlocutores franceses. Lo vieron arremeter con furia contra los ejecutivos del Canadian Imperial Bank of Comerce (CIBC), banco que trabajaba para la DCNI, llamar a la sede central en Toronto, estallar y denunciar el retraso en los pagos. “Un hombre muy mal educado”, explica un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Los negocios continúan

Después del contrato con Chile, otros submarinos del mismo tipo (Scorpene) han sido vendidos por los franceses y los españoles: seis a Malasia y dos a la India. Pero los intermediarios chilenos que facilitaron la venta de los primeros submarinos se interesaron en participar de la venta de los siguientes. Así lo acredita un documento confidencial que lleva en la cabecera la rubrica de la DCNI fechado el 17 de diciembre de 1997 y dirigido al capitán chileno Alejandro Hermann Hartung. En la misiva se indica que por cada navío vendido a otro país los chilenos recibirán seis millones de francos (aproximadamente 920 mil euros de hoy).

(Nota de CIPER: Hermann fue quien en su calidad de comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada recibió el 10 de diciembre de 2005 en Valparaíso el submarino Scorpene “O’Higgins”, después de navegar durante 49 días desde Cherburgo, Francia. Se fue a retiro ese mismo mes).

Pero lo cierto es que la época bendita de los grandes contratos y las comisiones millonarias ha quedado en el pasado.

Otro intermediario de Francia: Klaus Barbie en Bolivia

En materia de armamento, a veces Francia ha recurrido a intermediarios muy poco recomendables. Así lo constató el general Paul Aussaresses, quien lo relató en su último libro Yo no he dicho todo (Ediciones du Rochet), cuyo resumen fue publicado por L’Express en abril pasado.

El general de la guerra de Argelia relató que cuando las empresas de armamento francesas le encomendaron a fines de los años 70 hacer una prospección en Bolivia para nuevos contratos, él cayó en La Paz sobre Klaus Barbie, el ex oficial de la Gestapo buscado por la justicia por sus crímenes de guerra. Barbie trabajó con los grupos del Ministerio de Defensa y obtuvo su parte como intermediario.

“Francia entregó una buena cantidad de cañones a Bolivia gracias a los buenos oficios de Klaus Barbie. Y Barbie recibió una comisión de Francia… No tengo la intención de entrar en conflicto con la gente de la GIAT (los constructores de cañones), pero eso no está bien”, señala d’Aussaresses.

El factor Couyoumdjian y el royalty que recibió la Armada de Chile

Por Mónica González, CIPER

La decisión de adquirir dos submarinos Scorpene al consorcio formado por la Direction de Constructions Navales de Francia (DCN) y su socio español, el astillero Navantia, suscitó a fines de 1997 gran polémica en Chile. No se trató de cualquier compra. Los Scorpene fueron vendidos a Chile en aproximadamente US$ 490 millones, consumiendo el 35% de la capacidad de endeudamiento de la Armada para los 25 años siguientes. De allí el escándalo que provocara la revelación que el diario El Mercurio hizo en su edición del 23 de octubre de 2005:

“La cuenta en el Citibank de Florida del vicealmirante (R) de la Armada Hernán Couyoumdjian -ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional- reveló que entre 2003-2004 recibió transferencias por US$ 48 mil 687. Se relacionarían, según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con la fabricación de los dos submarinos Scorpene”.

La información de El Mercurio irrumpió 15 días después que fuera entregado a Chile con gran parafernalia el primer submarino Scorpene (“O’Higgins”) en el puerto francés de Cherburgo. Para entonces, el nombre de Hernán Couyoumdjian ya llenaba algunas fojas del proceso del que fue objeto el general Pinochet por los dineros ocultos en las cuentas del Banco Riggs y varios otros de distintas plazas del mundo. Como se ha podido comprobar en el juicio aún en curso, parte de su fortuna provenía de las comisiones de armas en un entramado de sociedades que, entre otros, armó su albacea y asesor Oscar Aitken.


Y fue en el curso de esos interrogatorios a Aitken que se constató que el vicealmirante Couyoumdjian, una vez que se fue a retiro, trabajaba con el albacea de Pinochet en sus empresas. Uno de esos trabajos lo hizo como consultor de la British Aerospace (BAE), una de las empresas de armamentos más grandes del mundo, la que aparece en el mismo juicio con pagos relacionados al general Pinochet por venta de armas a Chile y por el millonario proyecto del cohete Rayo.

De hecho, seis meses después de la publicación de El Mercurio, en mayo de 2006, el ministro Carlos Cerda le pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos enviar toda la información de movimientos, respaldos y origen de la cuenta Nº 3195674656, abierta por Couyoumdjian en el Citibank de Miami. Según los antecedentes que envió en su petición, Cerda logró comprobar transferencias por US$48.687 entre 2003 y 2004 a través de la cuenta DDA 225251470 de la empresa Cornwall Overseas (una de las principales empresas secretas de Pinochet para la captación de comisiones de armas); y la cuenta Nº 763918 del Banco Coutts & Co, ambas del general Pinochet

El segundo Scorpene (“Carrera”) llegó a Chile un año más tarde, el 15 de diciembre de 2006.

En cuanto al documento “confidencial” de la DCNI al que hace mención el reportaje de Bakchich, fechado el 17 de diciembre de 1997 y dirigido al capitán chileno Alejandro Hermann Hartung, indicando que, por cada navío Scorpene vendido a otro país los chilenos recibirán 6 millones de francos (aproximadamente 920 mil euros de hoy), CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada.

El vicealmirante Cristián Gantes, director general de los Servicios de la Armada, señaló que Hermann, ex jefe de la Fuerza de Submarinos de la Armada, fue el oficial que al momento de la construcción de los submarinos Scorpene estuvo a cargo de su supervisión. Fue en ese marco que el 17 de diciembre de 1997 suscribió el acuerdo del pago de una compensación para Chile por cada submarino del mismo tipo que el consorcio franco-español vendiera a otro país. Una cláusula que se estila en este tipo de contratos cuando se compra un armamento que no ha sido experimentado por ningún otro usuario que el fabricante.

El contrato que suscribió el entonces capitán de navío Alejandro Hermann a nombre de la Armada incluyó otra compensación o royalty de 1 millón de francos por cada submarino que vendieran y que usara la misma tecnología que los Scorpene chilenos para los circuitos de agua salada.

La Armada de Chile, a través del vicealmirante Gantes, agregó que el consorcio franco-español le pagó a Chile en octubre de 2003, US$ 1.254.426,74 por dos submarinos vendidos a Malasia, quedando pendiente la segunda cuota, la que aún no se cancela. Por los submarinos Scorpene que DCN y Navantia vendieron a la India no pagaron compensación, ya que las normas del prototipo habían cambiado. Los dineros, informó la Armada, se ingresaron a la cuenta FORA de la institución.

Vea la respuesta oficial de la Armada

Pedro Félix de Aguirre: el “asesor para asuntos reservados” del general Pinochet

Por Manuel Salazar. Publicado en el desaparecido semanario Plan B

Pedro Félix de Aguirre se transformó en consejero y gestor de muchas iniciativas emprendidas por la familia Pinochet Hiriart durante el régimen militar y en los años posteriores. Los vínculos se rompieron por causa del arresto de Pinochet en Londres y el asesor se retiró a la vida privada, llevándose a su casa los secretos que conoció al alero de los Pinochet. Esta es su historia.

Un civil, vinculado a los sectores más nacionalistas de la derecha chilena en los últimos 40 años, emerge como una figura clave en las más reservadas gestiones de la familia Pinochet Hiriart durante muchos años. Y, sin embargo, su rostro es desconocido para la mayoría de los chilenos. Su nombre es Pedro Félix de Aguirre Lamas. En diversas sociedades creadas en los años 80 es mencionado como un secreto y sorprendente puente de variados negocios en los que participan miembros de la familia de Augusto Pinochet y también algunos importantes oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea.

De Aguirre incrementó su fortuna durante la dictadura trabajando en la industria vitivinícola, en armas y en barcos, según lo describe el premiado periodista de El País de España, Ernesto Ekaizer, en su libro Yo, Augusto.

Él fue el hombre que, junto al ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, hizo las primeras averiguaciones en torno al juicio que se le había abierto a Pinochet en España. Y después del arresto del general, cayó en desgracia junto al militar. Nunca más vio al poderoso matrimonio. Sin embargo, los secretos que conoció gracias a su larga amistad con la familia y a los negocios que prosperaron en su entorno, seguramente interesarán a los dos jueces chilenos que hoy investigan el origen de la fortuna de los Pinochet Hiriart: Sergio Muñoz y Juan Guzmán.

Pasado nacionalista

De Aguirre Lamas es recordado como un agudo polemista entre los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica que se enfrentaron a la reforma a mediados de la década del `60. Cercano al nacionalista Jorge Prats, más tarde se integró a los primeros militantes que dieron forma al Partido Nacional, reuniendo a ex liberales y ex conservadores tras la figura de Sergio Onofre Jarpa.

Luchó en contra de la Unidad Popular desde las trincheras agrícolas de la zona centro sur del país, estableciendo su principal fuerte en Talca y sus alrededores. Tras el golpe militar, Pedro Félix de Aguirre se transformó en un hombre cercano a los Pinochet Hiriart, en especial a Lucía Pinochet y a su madre, “doña Lucía”.

A fines de los años ’70, se alineó con la hija del matrimonio Lucía Pinochet y su esposo, Hernán García Barcelatto, y con Jaime Pereira y Hernán García Vidal, para intentar convencer al general de que transitase por los caminos nacionalistas. Enseguida, con García Vidal, se incorporó a la Universidad de Chile, donde llegó a ocupar el importante cargo de prorrector.

En paralelo a sus gestiones políticas, De Aguirre cimentaba un nutrido repertorio de sociedades comerciales con la familia del general y sus aliados políticos: El 22 de junio de 1978 creó, sin capital, la Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Ltda., junto a Osvaldo Hiriart Rodríguez (hermano de Lucía Hiriart, actualmente fallecido), Hernán García Barcelatto (entonces, el yerno) y Hernán García Vidal, según consta en registros públicos.

Casi diez años después, en mayo de 1987, formó la Inmobiliaria Piedra Blanca S.A. junto al agente de Aduanas Hernán Tenería Ramírez.

En agosto de ese mismo año, constituyó Piedra Roja de Comercio Exterior S.A. con el abogado Raúl Mozo Valdivieso.

Y, en diciembre de 1988, se asoció con los industriales españoles Manuel Lagos Barros, Francisco Figueiredo Pérez y Raúl López García, el abogado hispano Jaime Francisco Alonso García (en representación de Ameu S.A.) y el ingeniero chileno Pedro Pizarro Baltz, para fundar la sociedad anónima cerrada denominada Pesquera Santa Ana S.A. Para este negocio, los asociados suscribieron un capital de 350 millones de pesos, una fortuna para la época.

Un negocio con Irán

En 1989, John Muller, periodista chileno radicado en España como editor del diario El Mundo, realizó una pormenorizada investigación sobre una red de comercio ilegal de armas chilenas a Irán, que había iniciado sus operaciones en 1985.

Muller pudo establecer que la empresa chilena Ferrimar se estableció en Madrid representada por la firma Miltec, a cargo de un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), identificado como Fernando Pérez, quien se asoció con Dino Seferian, traficante de armas rumano, con el objetivo de venderle bombas antipersonales al régimen de Irán, en guerra por esos años con Irak.

Bombas similares eran vendidas desde hacía algún tiempo a Sadam Hussein por el fabricante chileno Carlos Cardoen. Los técnicos de Ferrimar, empresa vinculada estrechamente a la Fábrica y Maestranza del Ejército, Famae, habían replicado el secreto de Cardoen gracias a una maniobra de espionaje industrial.

En Madrid, Pérez y Seferian contactaron al ingeniero francés Bernard Stroiazzo, quien había trabajado para la empresa petrolera estatal iraní, para que intercediera ante los eventuales compradores.

El periodista John Muller comprobó que el 8 de octubre de 1985 los iraníes aceptaron las primeras 500 bombas con una opción de compra por otras 1.500. A 14 mil dólares por cada artefacto, las ganancias serían siderales.

El primer despacho llegó a España en un avión arrendado en Estados Unidos. Fernando Pérez envió 1,5 millones de dólares a Chile y otros 4,5 los depositó en una cuenta secreta en Suiza.

Pero las bombas fallaron y los iraníes incluso secuestraron a los hijos del francés para que forzara a Chile a responder por las pérdidas, antes de seguir negociando.

La ultra española

A mediados de 1988, a pocos meses del plebiscito que decidirá la suerte del general Augusto Pinochet, dos personas contactaron nuevamente a Stroiazzo en España a través del rumano Dino Seferian: esta vez se trataba de César Hidalgo Calvo y el socio de De Aguirre en la pesquera Santa Ana, el abogado español Jaime Alonso García, quien resultó ser nada menos que el asesor de Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), el brazo sindical de la ultraderechista Fuerza Nueva.

Los intermediarios le hicieron llegar una invitación del general Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, para que viajara a Chile entre el 16 y el 20 de agosto. El objetivo era “considerar materias de interés común”.

Salas Wenzel manifestó a Stroiazzo que Pinochet deseaba ganar el plebiscito y que, de conocerse todo lo ocurrido en Irán, las explicaciones podrían resultar muy embarazosas.

¿Qué podemos hacer por usted que no implique dinero? , le preguntó Salas Wenzel al francés.

Stroiazzo pidió una concesión de terrenos en el desierto de Atacama para instalar una planta de reciclaje de residuos tóxicos. Poco después los papeles estaban listos y el acuerdo se cerró con una cena en un céntrico restaurante de Santiago.

El triunfo del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 impidió que se concediera la licencia prometida. Pero Stroiazzo volvió a Chile en diciembre para entrevistarse con Salas, quien lo recibió en la Escuela Militar. Las gestiones fructificaron y, con el acuerdo en la mano, el ingeniero francés regresó a Londres y constituyó la empresa World Energy Recycling Enterprise International (WERE).

Las ganancias previstas en cinco años superarían los 400 millones de dólares y Stroiazzo, en un gesto de confianza hacia el negocio, creó una filial denominada WERE Chile. Esta pertenecía en un 50% a WERE International y el otro 50% a César Hidalgo y al socio de De Aguirre, Jaime Alonso.

No obstante, todo se complicó una vez más. En mayo de 1989, Corfo informó al francés que la licencia no le sería concedida.

Aparece el consejero

Entonces, a mediados de 1989, dos chilenos volvieron a visitar a Stroiazzo en Madrid. Eran el abogado Pedro Félix de Aguirre y Fernando Pérez, el mismo hombre que inició las negociaciones para la venta de armas a Irán. Ambos se presentaron ahora como “hombres próximos al candidato presidencial oficialista, Hernán Büchi”.

De Aguirre y Pérez aseguraron que la concesión de WERE la podían negociar por 25 millones de dólares. Según ellos, tenían el apoyo de un grupo de militares entre los que figuran los generales Jorge Ballerino, Guillermo Garín y un hombre clave en las finanzas de Augusto Pinochet: Ramón Castro Ivanovic.

Pero ya era demasiado tarde en el reloj de la historia. Las negociaciones finalmente nunca prosperaron y el caso se sumergió en el olvido.

Muchos años después, en agosto de 1997, el general Augusto Pinochet preparaba un viaje a China, invitado por el gobierno de ese país. De paso, haría una escala en Londres, donde pensaba reunirse con los ejecutivos de la empresa Royal Ordnance.

Dos de sus más cercanos asesores personales, De Aguirre Largas y el general Fernando Torres Silva, el ex auditor general del Ejército, se habían conocido en abril de 1996, durante una negociación para superar un impasse en la producción de la obra Pionero del Mañana, un libro de fotografías sobre la vida del ex mandatario que había acometido su hija Lucía Pinochet Hiriart junto al publicista César Hidalgo (el mismo que con Jaime de Alonso quiso hacer negocios con el francés de las armas a Irán). Hidalgo alegaba que se le adeudaban 93 mil dólares por su trabajo y Lucía Pinochet, apropiación indebida de la obra.

El escándalo amenazaba a los Pinochet Hiriart y el general solicitó los oficios de sus colaboradores para llegar a un acuerdo sometido “al honor de las partes”, el que se formalizó en las oficinas de Torres Silva. En esa reunión, Pedro Félix de Aguirre fue presentado como “el asesor de asuntos reservados del general Pinochet”.

Cumpliendo ese papel, De Aguirre seguía muy de cerca las decisiones del juez español Manuel García Castellón, el primer hombre a cargo de investigar dos querellas presentadas en España en contra de Pinochet. De Aguirre, preocupado del tema, mantenía esporádicos contactos con el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y con los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar.

Desde Madrid llegaban, en tanto, informes de la agregaduría militar chilena señalando que el juez García Castellón era un hombre de ideas conservadoras y que estaba de acuerdo con la fiscalía de la Audiencia Nacional para que se archivara el caso. Para ello, se insistía, era recomendable que se aportaran antecedentes a la fiscalía hispana para demostrar que las denuncias ya habían sido investigadas en Chile. A los asesores les parecía casi un mero trámite conseguir que la investigación se cerrara.

Torres Silva y De Aguirre Lamas llegaron a convencer a Pinochet de que era necesario ir a España y entrevistarse con el magistrado, entregándole los documentos que requería para no seguir adelante. A comienzos de octubre los emisarios dieron cuenta a la Cancillería de sus planes de viaje. En la comitiva, iría también el abogado Pedro de Aguirre Etcheberry, hijo del consejero privado del todavía comandante en jefe del Ejército.

El 28 de septiembre de 1997, Pinochet salió de Chile en “una gira institucional que incluye países de Asia y Europa”, pero no pasó por España.

La última misión

A fines de 1998, Pedro Félix de Aguirre cumplió una nueva misión encargada por la familia Pinochet: preparar y levantar la candidatura presidencial de Arturo Frei Bolívar, tras percibir que Joaquín Lavín no sería capaz de detener el avance de Ricardo Lagos hacia La Moneda. Según reveló Qué Pasa, Frei Bolívar se habría reunido a lo menos cinco veces por separado con De Aguirre y con el general (R) Rafael Villarroel para discutir la idea de su candidatura. El semanario afirmó que el cerebro de la operación fue el propio Pedro Félix de Aguirre y que ella se coronó con una entrevista a Lucía Hiriart en Mega, donde ella bendijo la propuesta y dejó entrever que apoyaría a Frei Bolívar en su carrera presidencial.

Pero entonces vino el desastre de Londres y De Aguirre cayó en desgracia junto al fiscal Torres Silva. Nunca más volvió a ser a sus viejos amigos.

La misteriosa desaparición de un ex cadete naval en un campo guerrillero a meses de la elección de Allende

Cuatro meses antes de la elección de Salvador Allende, en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el rastro de Kiko Barraza, un ex cadete naval y estudiante de Economía socialista, se perdió en la selva valdiviana al ser allanado un campamento de instrucción guerrillera. Su cuerpo nunca apareció y hasta hoy aparece vivo en el Registro Civil. Esta investigación reconstruye los dramáticos momentos de lo ocurrido hace cuatro décadas y que hasta hoy sus protagonistas habían mantenido en secreto.

A tranco rápido, abriéndose paso por un bosque tupido, Jorge Federico Kiko Barraza Barry marchó rumbo al campamento de instrucción guerrillera de Chaihuín en medio de la llovizna fría de mayo. No era la primera vez que recorría esa estrecha huella camuflada en la espesura. Kiko, de 27 años y estudiante de quinto año de Economía en la Universidad de Chile, había conducido a varios universitarios que ese verano de 1970, a sólo meses de la elección presidencial, cumplieron una muy secreta preparación militar en la selva valdiviana.

Con instructores, cabañas y polígono de tiro, Chaihuín representaba para muchos de ellos la continuación del ejemplo iniciado cuatro años antes por el Che Guevara en Bolivia, capturado y ejecutado en ese país en 1967.

Pero el verano había terminado y con él también los trabajos voluntarios que dispersaron por toda la zona rural de Valdivia a cientos de universitarios. Ya no había pantalla para la actividad guerrillera clandestina. La existencia del grupo de Chaihuín era un secreto a voces en los poblados y campos madereros más cercanos.

Por eso la premura de Barraza. Traía la orden de desalojo inmediato para los seis militantes que esperaban allí arriba por su entrenamiento. Kiko, ex cadete naval, era uno de los dirigentes del grupo más radical del PS, el que ya no confiaba en que la democracia del voto sería respetada ni por los grupos económicos ni por Estados Unidos, y había decidido prepararse para enfrentar ese momento. Pero la decisión de los principales jefes de su grupo fue replegarse. Y Barraza, disciplinado, obedeció.

Kiko BarrazaEl detalle de lo que ocurrió a partir de entonces ha sido reconstituido en gran parte en esta investigación en voces de sus principales protagonistas. No está claro por qué el grupo no bajó de inmediato tras la llegada de Barraza. Pudo haber sido la lluvia persistente que cayó en esos días, el tiempo que llevó guardar armas y alimentos y deshacerse de manuales. El hecho es que no partieron de inmediato. Y a la mañana del tercer día, cuando estaban próximos a emprender la marcha, Barraza anunció que antes bajaría a limpiar el primer campamento, cercano al camino maderero que bordea la costa, prometiendo regresar pronto.

Fue la última vez que el rostro inescrutable de Barraza fue visto por sus compañeros.

Unas horas después, mientras el resto del grupo esperaba su regreso, el campamento principal fue tomado por asalto por boinas negras del Regimiento Cazadores de Valdivia.

Los seis aspirantes a guerrilleros huyeron a duras penas durante tres días por el bosque y finalmente cayeron en manos de Carabineros. De Barraza no se supo más. Su huella se perdió para siempre en los bosques de Valdivia.

Jorge Federico Barraza Barry, a quien todos -dentro y fuera del partido- conocían como Kiko, pasó a ser una figura fantasmal, legendaria, misteriosa, de la que se hablará durante muchos años en voz baja. Su caso, que pareció anunciar el de cientos de otros desaparecidos tras el Golpe de Estado, ha permanecido oculto por cuatro décadas. A 37 años de ocurridos los hechos, esta es la primera vez que se reconstituye la historia del grupo que soñaba con seguir los pasos del Che Guevara en la selva austral.

Cadete Barraza

En principio quiso ser marino, no guerrillero. El ejemplo de su padre, el destacado submarinista Federico Barraza Pizarro, caló hondo en el primogénito de la familia. Nacido en Valparaíso en octubre de 1942, la infancia de Kiko trascurrió entre Arica y Talcahuano, donde su padre escribió un capítulo de la historia del fútbol profesional chileno: un 21 de mayo de 1944, el entonces teniente primero de la Armada fundó junto a otros cinco oficiales de marina el Club Deportivo Naval de Talcahuano.

Kiko también fue aficionado al fútbol, aunque en el colegio destacó más como poeta. Era lo que mejor sabía hacer. Escribir versos tiernos que regalaba a familiares y compañeras de colegio. La política todavía no era un tema en su vida y menos lo fue desde que en 1958 ingresó a la Escuela Naval.

Kiko BarrazaEl Indio, como apodaban al cadete Barraza Barry por su piel morena y porte medio, siguió escribiendo poemas y cultivó, además del fútbol, la natación y el waterpolo. El de Kiko Barraza parecía un destino trazado en línea recta, sin interrupciones ni sobresaltos. Pero las cosas cambiaron abruptamente a fines de 1960. Por problemas de rendimiento académico y después de una permanencia de tres años y tres meses, Barraza pidió su retiro voluntario de la Escuela Naval. El 10 de marzo de 1961, un pequeño drama se desató en su familia.
-Era el que tenía más aptitudes, y además, por ser el mayor de los hombres, fue un golpe importante -dice su hermano Alejandro, quien también pasó por la Escuela Naval y corrió una suerte similar. Hoy trabaja en una empresa naviera en Santiago.

De vuelta con sus padres, instalados en Santiago en una casa institucional de la Armada en la calle Pedro Canizzio en Vitacura, el muchacho consiguió un puesto en el Banco del Estado y se relacionó con una familia vecina de raigambre socialista y afición futbolera que será decisiva para todo lo que vendrá después.

Los Durán Vidal formaban parte de una familia numerosa y diversa, de inquietudes muy distintas a la de Kiko: Mario, el mayor, estudiaba Ingeniería. Le seguían Jaime, estudiante de Medicina; Horacio, uno de los fundadores del conjunto Inti Illimani; y Claudio, que se especializará en Filosofía. Los cuatro hermanos ejercían una fuerte atracción en el barrio al que llegó a vivir el ex cadete naval. Jugaban en el “Lo Castillo Fútbol Club” y eran primos de Hernán, Pedro y Luisa Durán (esposa de Ricardo Lagos). Aparte de jugar con sus primos en el mismo club de barrio, Hernán representaba a la juventud del Partido Socialista en la comuna.

De esta forma, que en principio fue estrictamente deportiva, Kiko Barraza accedió a un mundo que hasta entonces le era completamente ajeno.

“No me cabe ninguna duda de que se hizo socialista por nosotros”, dice hoy el médico Jaime Durán Vidal, quien fue su amigo desde comienzos de los ‘60 y lo recuerda como un wing izquierdo regular, más bien malo, aunque muy impetuoso y esforzado.
-Por esto del fútbol empezó a tener conversaciones con nosotros y a interesarse por la política. En una primera instancia, y esto era curioso, él decía que era nazi, que le gustaba lo que había hecho Hitler. En el fondo, encontrábamos que aquello era más bien parte de una locura juvenil que de un análisis profundo e ideológico. Porque un día, por ahí por 1963, en una de esas marchas que se hacían contra el entonces presidente Jorge Alessandri, Kiko fue con nosotros. De ahí en adelante empezó a manifestarse y a tomar simpatía por la izquierda chilena -relata Jaime Durán.

Era el ocaso del gobierno de Alessandri, quien concluía su mandato con un fuerte descontento social, y el antiguo cadete dejaba su puesto en el Banco del Estado para matricularse en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En las antiguas y señoriales dependencias de calle República, a nadie se le ocurrió decirle El Indio. Para los más amigos en el partido y fuera de él, Barraza Barry era Kiko o El Negro.

De la Armada al trabajo clandestino

El economista Sergio Arancibia, uno de sus grandes amigos en la universidad, recuerda que desde el primer año mostró una militancia activa. “Era un hombre de pocas palabras, reservado, más bien tímido, no se destacaba como orador. Su compromiso político lo expresaba trabajando”, relata.

Ambos militaban en la Brigada Universitaria Socialista y asistieron al giro histórico que experimentó el partido desde mediados de los ‘60. Marcados por la reciente derrota electoral de Salvador Allende frente a Eduardo Frei Montalva y su “Revolución en Libertad” en 1964, y especialmente por la experiencia de la Revolución Cubana y la irrupción de la tesis del foquismo guerrillero impulsada por Ernesto ‘Che’ Guevara, los cuadros más jóvenes y radicalizados lograron importantes cuotas de influencia para imponer la vía armada como método de acceso al poder. Esa voluntad, que fue esbozada en el Congreso de Chillán de 1967, se materializó un año después con la primera huelga legal campesina que terminó con la toma del fundo San Miguel de San Felipe.

Kiko BarrazaLa masiva huelga, que se tradujo en la primera ocupación armada y derivó en un duro enfrentamiento entre campesinos y fuerzas policiales, dio origen a una fracción militar socialista, de carácter compartimentado y secreto, que respondió al nombre de Organa. Conformado por militantes provenientes de la Comisión Agraria y la Brigada Universitaria Socialista, el grupo liderado por Rolando Calderón y Exequiel Ponce generó una fuerte atracción entre los jóvenes militantes.

A diferencia de los elenos, que surgieron como una estructura de apoyo logístico al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el Che Guevara fundó en Bolivia, los cuadros de la Organa tenían un carácter menos instrumental y dependiente del régimen cubano. Transitaban por carriles distintos, en apariencia inconexos, pero en medio de la efervescencia que desataba la reforma agraria, los nexos entre ellos se fueron acercando hasta derribar diferencias políticas.

Como los elenos -representados por Arnoldo Camú, Elmo Catalán y Beatriz Allende, la hija menor del ex Presidente-, algunos de los líderes de la Organa cumplieron instrucción militar en Cuba y de vuelta transmitieron su experiencia en cursos clandestinos. Al principio de manera tímida y precaria; poco después, con el advenimiento del fin del gobierno de Frei Montalva, de forma más resuelta y organizada.

De todo este proceso, que marchó a la par con la aventura guerrillera del Che Guevara en Bolivia, participó activamente Kiko Barraza.

El antiguo cadete naval, a quien sus compañeros de partido y universidad recuerdan como un joven reservado y de bajo perfil, rasgo que a la vez inspiraba respeto, cariño y confianza, fue asumiendo un compromiso creciente con las tareas militares del partido. Su personalidad favorecía el necesario sigilo que demandan las actividades conspirativas.

Pocos supieron de su frustrado paso por la Armada, para qué decir de su afición por la poesía y su relación amorosa con una bibliotecaria de la escuela. Jaime Durán, que lo conoció muy de cerca, no recuerda haberle conocido pareja:
-Era tímido, muy aproblemado con las mujeres. Por eso nunca tuvo una polola. Había algo extraño en su estructura de personalidad. Cuando íbamos a las fiestas y bebía alcohol, se quedaba petrificado, para adentro. No decía una palabra. Kiko era una persona muy introvertida pero también muy confiable, de una gran lealtad. Muy buen amigo.

La vida íntima de Kiko Barraza fue un misterio para muchos en la Facultad de Economía y Negocios. Algunos incluso, guiados por las apariencias, creían ver en él a un muchacho apocado y de esfuerzo proveniente de alguna comuna popular. Esa faceta, en apariencia impenetrable, tenía su contraparte en su círculo íntimo de amistades, todas ellas relacionadas con la juventud del partido.

El senador socialista Ricardo Núñez, que entonces daba clases en la carrera de Sociología en la Universidad de Chile y era afín a la Organa, recuerda haber asistido a fiestas en la casa de Barraza en Vitacura. También conserva la grata impresión que le dejó el contacto con su familia y en especial Marta Barry, la madre de Kiko, a quien define como “una señora encantadora”.

Alejandro Barraza testifica que en su familia todos conocían de las actividades políticas de su hermano mayor. No era ningún secreto ni motivo de conflicto con sus padres, no obstante que éstos tenían posiciones más bien conservadoras.

Barraza sostiene que Kiko “a veces llegaba a dormir con obreros y estudiantes modestos” y que su padre, entonces encargado del Departamento de Bienestar Social de la Armada, solía prestarle su Volkswagen rojo para realizar actividades políticas.

“En la casa todos entendían y aceptaban en lo que andaba, aunque no lo compartieran”, dice su hermano Alejandro. Pero una cosa muy distinta es que su familia supiera exactamente en qué estaba involucrado.

Comenzaron a intuirlo a fines de 1969, cuando la madre de Kiko recibió una carta remitida por éste desde la entonces República Democrática Alemana (RDA), donde le decía que estuviese tranquila, que tardaría un tiempo en volver, pero volvería. Por cierto, Kiko Barraza no estaba en la RDA, sino en Valdivia.

Los pioneros

Hernán Coloma fue uno de los últimos en ver con vida a Kiko Barraza. Coincidió con él en Valdivia, poco antes de que éste subiera al campamento de Chaihuín con la misión de desalojarlo. Coloma pertenecía a la Organa y había participado de la ocupación armada al fundo San Miguel. Esa fue su primera y única experiencia estrictamente combativa.

Después de ese bullado episodio, pasó a la clandestinidad y siguió en contacto con Barraza, a quien había conocido en la Brigada Universitaria Socialista.

Cuenta Coloma que en esos meses de clandestinidad, que se prolongaron por casi un año, en más de una ocasión Barraza lo ayudó a eludir el acoso policial. Acostumbraba a movilizarse en el Volkswagen de su padre, acompañado por su mejor amigo en la Brigada Universitaria Socialista, el estudiante de Sociología Ramón Silva, y era común que en situaciones como esas anduviese armado. Después volvieron a verse las caras en el campamento de Chaihuín.

Renato MoreauColoma fue uno de los dos fundadores del campo de instrucción militar. El otro fue Renato Tata Moreau, también protagonistas de la toma del fundo San Miguel. Ambos tuvieron la misión de elegir el lugar y trabajar en su implementación durante varias semanas. Ambos también pasaron largas temporadas al interior de la selva austral.

“Éramos militantes muy disciplinados”, dice Hernán Coloma, periodista y actualmente funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU.
-Como habíamos sido probados en la ocupación del fundo San Miguel y resistimos bien la tortura, fuimos ‘mandatados’ por Rolando Calderón para que exploráramos la zona y levantáramos el campamento. La idea no fue armar un foco guerrillero. Como se venía la elección presidencial y era probable que Allende triunfara, postulábamos que ni la derecha ni Estados Unidos iban a aceptar un gobierno socialista. Estábamos seguros de que iba a venir un golpe -como de hecho ocurrió- y había que prepararse militarmente para eso.

La construcción del campamento llevó un par de meses y demandó el apoyo de una estructura formada en Valdivia y de unos cuantos lugareños que estaban al tanto de los planes. Hubo que reclutar carpinteros y trasladar víveres, materiales y pertrechos por un sendero estrechísimo y tupido que nacía en el camino maderero de la costa de Chaihuín, 38 kilómetros al sur de Corral. Debido a la espesa vegetación, no había modo de avistarlo desde el cielo. El campamento contaba con atalayas para vigías, cabañas y polígono de tiro, y tenía además una pantalla perfecta: como cada año, desde enero de 1970, cientos de jóvenes universitarios vinculados a la FECH volvieron al lugar para retomar la campaña de alfabetización en zonas campesinas iniciada el último verano. En vísperas de la más cerrada elección presidencial, la convocatoria superó todas las expectativas.

De esta última tarea, el reclutamiento y traslado de estudiantes desde Santiago, estuvo a cargo Kiko Barraza.

Perros días

Entre los testimonios recopilados no hay coincidencia acerca de cuantas veces estuvo Barraza en el campamento. Lo que sí está claro es que Kiko sabía de sobra cómo llegar y que nunca permaneció demasiado tiempo arriba. Tampoco nadie tiene dudas de que todo lo que se enseñaba ahí ya lo había aprendido en su paso por la Armada.

Mapa del CampamentoLa instrucción militar estaba confiada a un oficial de Ejército al que llamaban El Tapilla. De baja estatura -de ahí el apodo- y modo prepotente, El Tapilla estuvo encargado de la construcción del polígono y de las prácticas de tiro con rifles y revólveres. Además, apoyado por jefes como Jaime Solano y Tata Moreau, entregaba nociones básicas de defensa personal, manejo de explosivos y seguridad. En apariencia se trataba de un campamento guerrillero de proporciones.

Al dar cuenta del hecho, El Mercurio informó que el lugar estaba compuesto por “una comandancia, seis carpas dormitorio, un polvorín, una sala de clases, atalayas y puntos de vigía”. Entre las armas encontradas había morteros, dos carabinas Winchester 44, un rifle Decco calibre 22 y dos pistolas Mauser y una Tala, además de municiones, mechas, granadas, cartuchos de dinamita y relojes de tiempo. El inventario subversivo -según la misma fuente- se completaba con una bandera del Movimiento de Izquierda Revolucionario, planos de la zona, libros sobre Carlos Marx, Mao Tse-Tung y Ernesto ‘Che’ Guevara, y panfletos que proclamaban la “Guerra de Guerrillas”.

Frente a todo esto, el ministro del Interior de la época, Patricio Rojas (actual presidente del Sistema de Empresas Públicas, SEP), aseveró que “el grupo guerrillero recibía apoyo de una organización muy amplia y que sus fines eran instruir gente para un asalto al poder”.

En la intimidad, sin embargo, la realidad que se vivía al interior del campamento era bastante menos espectacular. Hernán Coloma sostiene que las armas en poder del grupo eran escasas y demasiado ligeras como para haber pretendido siquiera un enfrentamiento. Además, la preparación militar era muy elemental, y más de algún alumno tuvo que ser obligado a dejar el lugar por indisciplina, incapacidad o falta de convicción.

A lo anterior se suma un factor determinante. Si en un comienzo las cosas funcionaron con cierta normalidad, impulsados por la mística y espíritu de pioneros de la revolución que los envolvía, con el correr de los meses el ambiente se deterioró severamente. Aparte de la escasez de alimentos, que en rigor se reducían a un plato lentejas y un trozo de pan sin sal, las temperaturas fueron cada vez más bajas y las lluvias más intensas. Las pocas mujeres que llegaron por obra de Barraza habían regresado y ya nadie quería seguir leyendo libros sobre marxismo.

En estas condiciones, a partir de marzo, el campamento experimentó lo que Coloma define como “una descomposición”: acusaciones de robo de alimentos, fracciones, peleas y serias dudas acerca de la calidad de infiltrado de El Tapilla, contaminaron al grupo.

“Siempre vi a El Tapilla como un bicho de otro pozo, un infiltrado, era demasiado evidente”, sostiene Coloma, quien además, por sus contactos en la zona, tenía antecedentes de que el lugar había sido detectado.

Coloma afirma que Rolando Calderón, responsable máximo del campamento, también fue alertado. Lo propio dice haber hecho Moreau, quien viajó a Santiago a tratar el tema con la dirigencia de la Organa.
-Yo bajo a una reunión nacional de nuestro grupo, la que tenemos en el mismo local del PS, y planteo que se rompen todas las reglas de la conspiración si es que seguimos arriba. Había dado orden de hacer una cueva para guardar todas las cosas esperando el próximo año, pero resulta que discuten y deciden que el campamento sigue. Asumo la orden, pero me acuerdo que fui bastante vehemente en decir que íbamos a caer -recuerda Renato Moreau.

La orden además conllevaba una complejidad adicional. Mientras el grupo original iniciaba el descenso, Tata Moreau retornaba al campamento con cinco nuevos muchachos provenientes en su mayoría de Santiago. Habían sido enviados por disposición de la jefatura de la Organa.
-Nosotros estábamos aprestándonos a bajar cuando veo venir de vuelta al Tata. Me acuerdo que eran puros cabros chicos y ahí mismo le digo al Tata que está puro hueveando. Él me responde que cumple órdenes -testifica Hernán Coloma.

Unas semanas después, mientras recobraba fuerzas en una casa de seguridad en Valdivia, Coloma se encontró con Kiko Barraza. El encuentro fue breve, solo minutos. Kiko le alcanzó a decir que tenía orden de desalojar el campamento a la brevedad.

Verdad oficial

Rodrigo QuezadaRigo Quezada era uno de esos cinco cabros chicos a los que alude Hernán Coloma. Entonces tenía 19 años, cursaba último año en el Liceo 9 de El Llano y era dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile, FESECH. Hoy tiene 56 años y trabaja en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Rigo llegó al campamento junto a Víctor Muñoz, un amigo del barrio que también militaba en la Juventud Socialista.
-Me acuerdo que aún era verano, porque la chapa era ir de campamento, y Víctor, como para darle seriedad al asunto, me dijo que era una cosa donde estaban metidos los cubanos –recuerda.

Ya internado en la selva austral, después de sortear un temporal, cayó en la cuenta de que el asunto no era como se lo habían pintado.

A esas alturas únicamente quedaban lentejas y el instructor brillaba por su ausencia. Mientras esperaban su llegada, Tata Moreau se ocupó de enseñar técnicas de defensa personal y manejo elemental de armamento. El resto del día lo mataban leyendo libros marxistas que a estas alturas estaban deteriorados por efecto del uso y el clima.

Rodrigo Quezada y Hernán Coloma No hay coincidencia acerca del tiempo que permaneció ese último grupo en la montaña. Las cosas tienden a confundirse después de cuatro décadas. Lo claro es que se avecinaba el invierno y el frío y la lluvia se hacían cada vez más intensos. Quezada recuerda que su ropa estaba permanentemente húmeda y que los días transcurrían lentos y silenciosos.

Para anticipar sorpresas, en el sendero de ingreso al campamento, Tata Moreau instaló una trampa cazabobos: una pitilla disimulada en el camino, conectada a un estopín y a un detonador, alertaría de la presencia de extraños.

Los días transcurrían como siempre: húmedos, lentos, silenciosos. Hasta fines de la tercera semana de mayo… ¡Pum!

Al escuchar el estruendo de la trampa, Moreau y sus hombres tomaron posiciones. De acuerdo con lo planeado, si no había opción de arrancar ante un allanamiento militar o policial, se defenderían hasta las últimas. Esa al menos era la idea. Esa mañana de mayo, sin embargo, no hubo necesidad de ponerla en práctica.

Kiko Barraza había tropezado con la trampa.

Rigo Quezada recuerda que el antiguo cadete naval llegó bastante a mal a traer por una severa gripe y que no demoró en dar a conocer las novedades:
-Nos contó que en un ampliado del Comité Central del PS, un dirigente había reclamado por la existencia del campamento de Chaihuín. Decía que cómo era posible que mientras el partido estaba embarcado en la campaña presidencial de Salvador Allende, hubiera militantes haciendo instrucción de guerrilla en Valdivia.

Con eso quedó claro que el campamento había dejado de ser un secreto y era urgente desalojarlo. Kiko tenía una sola orden: sacarnos de ahí cuanto antes.

Por alguna razón que Quezada ni Moreau recuerdan con exactitud, el grupo no bajó a la brevedad. Incluso creyeron conveniente volver a instalar la trampa cazabobos.

Recién al tercer día de la llegada de Barraza, cuando estaban próximos a partir, éste decidió bajar a un primer campamento cercano al camino costero para deshacerse de papeles y materiales comprometedores.

A nadie le extrañó que quisiera hacerlo sin compañía. Y el resto estuvo de acuerdo en que durante la espera de Kiko, realizaran las últimas prácticas de tiro bajo el mando de Tata Moreau. Las prácticas fueron interrumpidas por un nuevo estruendo.

¡Pum!

Alguien había vuelto a tropezar con la trampa cazabobos y esta vez no era Kiko sino un grupo de boinas negras que se anunció con fuego graneado.

Los seis aspirantes a guerrilleros, siguiendo un plan de evacuación previamente trazado, huyeron con lo puesto y unas pocas armas. La idea era resistir hasta las últimas, como combatientes ejemplares, pero estuvieron muy lejos de protagonizar algo parecido a eso.

Tres días después, cuando cayeron en manos de Carabineros, la prensa informó que “sus rostros se veían demacrados” y “sus ropas y zapatos estaban totalmente despedazados”. También informó que aunque únicamente eran seis los detenidos, un contingente de 300 carabineros y un número poco menor de militares pertenecientes al Regimiento Cazadores de Valdivia seguían peinando la zona en busca de otros extremistas.

Con el correr de los días, a partir de la declaración coincidente de los detenidos, quienes nunca dieron cuenta de la presencia de un séptimo hombre, quedará establecido como verdad oficial que esos seis eran los únicos insurgentes presentes en la zona.

¿Dónde está Kiko?

Recién un mes después de caer detenido, cuando le fue levantada la incomunicación, Renato Tata Moreau tuvo oportunidad de preguntar por Kiko Barraza. Hasta entonces creía que el ex cadete naval, con más preparación que todos ellos, había logrado escapar en medio de la selva y se encontraba a salvo.
-Al enterarme de que no había señales de Kiko, envío un mensaje a Rolando Calderón diciéndole que había que denunciar el caso, pero de vuelta me envían una orden de que no lo haga. Y por tanto, no lo hice…

Yo siempre esperé y peleé para que Calderón, el jefe nuestro, lo reconociera -dice hoy Moreau.

El hecho es que aunque hubo diversos operativos de búsqueda en la zona, ningún dirigente socialista reconoció jamás públicamente la desaparición de Kiko Barraza. Ricardo Calderón, que fue secretario general de la otrora poderosa CUT, hombre clave en el gobierno de Salvador Allende y hoy gobernador provincial de El Elqui, rehusó hablar con CIPER de esta historia.

En su momento, a cuatro meses de la elección presidencial, se argumentó que el caso era contraproducente para Salvador Allende, quien tenía serias posibilidades de ser electo después de tres intentos frustrados. La campaña electoral había multiplicado la agitación política en el campo y en la ciudad, exacerbando las pasiones a niveles jamás vistos. Jorge Alessandri corría solo por la derecha mientras que en la centro izquierda, Allende y Radomiro Tomic, candidato de la Democracia Cristiana, se disputaban palmo a palmo los votos.

Un mes después del descubrimiento del campamento de Chaihuín y de la desaparición de Kiko Barraza, en junio de 1970, los militantes socialistas de la Organa y los elenos se unían en una sola fracción cerrando filas detrás de la candidatura presidencial de Allende.

Mientras en el resto de Latinoamérica la izquierda marxista postulaba mayoritariamente la vía armada para llegar al poder, en Chile, la alianza de marxistas, cristianos de izquierda y radicales lograban consolidar una coalición que sólo había tenido un referente anterior en el mundo: los Frentes Populares de España y Francia.

La caída del campamento y su vinculación directa con el Partido Socialista -el mismo del candidato presidencial que prometía nacionalizar el cobre, estatizar empresas estratégicas del país y un paquete de transformaciones revolucionarias a través de la vía pacífica- complicó las aspiraciones de Allende. De ahí que el partido desconociera la filiación socialista de los seis jóvenes detenidos y, de paso, optara por mantener el caso de Kiko Barraza en completa reserva.

Tampoco ayudó la actitud asumida por la familia de Kiko. Aunque Alejandro Barraza dice que su padre realizó gestiones con el almirante Raúl Montero, quien era un gran amigo y asumió la comandancia en jefe de la Armada tras la asunción de Allende, éstas siempre se mantuvieron en un ámbito confidencial. Jamás hubo denuncia formal por el caso, ni en tribunales ni ante la prensa.

La desaparición del dirigente socialista universitario fue un hecho asumido y superado por los días frenéticos en que se sumergió el país. Sólo unos pocos siguieron ocupados de lo ocurrido en Chauhuín.

A principios de 1971, cuando recuperó su libertad, Renato Moreau se contactó con los padres de Barraza para explicarles cómo habían ocurrido los hechos.
-Yo les conté a sus padres toda la historia, tal cual… Yo sabía que el Kiko había estado en la Armada. Y cuando hablé con su padre, él trato de tirarme la lengua diciendo “bueno, todos entendemos cuando alguien traiciona que lo fusilen”. Y tuve que explicarle que no, que nosotros no habíamos fusilado a nadie, que le teníamos mucha estima…

Lo propio hizo Rigo Quezada. Ramón Silva, uno de los grandes amigos de Kilo, incluso acompañó al padre de éste en una expedición de búsqueda por la zona. No fue la única operación de este tipo. Porque uno de los máximos dirigentes de los elenos, Ricardo Maximo Pincheira, también recorrió la zona una y otra vez con un equipo de búsqueda. Tampoco encontraron su rastro. Maximo no imaginaba que tres años más tarde moriría brutalmente y que su rastro desaparecería en una fosa clandestina al decidir resistir el ataque golpista junto a Salvador Allende en La Moneda.

Ésta y otras gestiones condujeron siempre al mismo sin sentido: Jorge Barraza Barry desapareció misteriosamente, sin dejar rastro, en medio del allanamiento militar.

Otro de los hombres de esta historia que también desapareció –pero antes de que fueran descubiertos- ya que ninguno de los protagonistas del campamento y de la Organa volvió a saber de él, fue El Tapilla. Una nube de interrogantes y misterio envuelve hasta hoy al oficial de Ejército que los instruía en manejo de armas.

Renato Moreau cree factible que Kiko haya sido asesinado y hecho desaparecer por el comando de boinas negras que asaltó el campamento y “peinó” la zona. Pero a la vez postula que también es posible que huyendo del cerco militar, Barraza haya caído en un barranco. Una percepción algo parecida a la de Rigo Quezada:
-Por el fuerte resfrió con que llegó al campamento, puede que haya intentado huir del alcance de los militares y en ese intento pudo haberse perdido. Enfermo y sin alimentos, no podía sobrevivir en esa selva fría y lluviosa…

Casi nadie duda, como en algún momento algunos sospecharon por la relación de los hechos, que Kiko Barraza pudo ser un infiltrado de la Armada en el Partido Socialista. Su hermano Alejandro sostiene que en ese caso habría aparecido en algún momento, que no habría dejado que su madre viviera con una pena que la mató en vida.

Alejandro y sus hermanos, entre los que se cuenta un oficial en retiro de la Armada, prefieren pensar que simplemente enfermó y cayó muerto en algún lugar de la selva austral. Y piensan que en caso de que las cosas se hubieran desarrollado de un modo distinto, Kiko Barraza podría haber sido un marino ejemplar en vez de un mártir que nadie o casi nadie -con excepción de un grupo de campamento de verano en Valdivia que lleva su nombre.

Al menos para Moreau, uno de los últimos en verlo con vida, la desaparición de su amigo lo hace recordar cómo entendían ambos la tarea en que se hallaban inmersos: “En ese tiempo, los dos estábamos en el concepto de que íbamos a morir de todas maneras, que era muy difícil llegar al final. Entonces teníamos bastante asumido sicológicamente que cualquiera de nosotros podía caer…”

Así será, pero para efectos legales, a casi cuatro décadas de su desaparición, Jorge Federico Barraza Barry aún sigue formando parte del mundo de los vivos.

El impacto político de Chaihuín

El desmantelamiento del campamento de instrucción guerrillera de Chaihuín se convirtió en mayo de 1970 en un gran acontecimiento político. En medio de un masivo despliegue policial y mediático, los seis detenidos fueron acusados de organizar una guerrilla en la selva austral. Todos eran socialistas. Pero el jefe del Partido, el senador Aniceto Rodríguez, se apresuró en afirmar públicamente: “Ninguno de ellos es militante. No cabe al partido, por lo tanto, ninguna responsabilidad”.

A solo cuatro meses de la elección presidencial, en la que el socialista Salvador Allende tenía serias posibilidades de resultar electo, la dirección del PS decidió desconocer a ese grupo de militantes. Y lo hizo para intentar cerrar de inmediato el enorme flanco en contra del candidato de la izquierda chilena que les daba la razón a sus adversarios. Estos centraban su campaña en los nexos de Allende con Cuba, el comunismo y la lucha armada para potenciarlo como la amenaza totalitaria.

Las cosas, sin embargo, no resultaron tan sencillas.

El subsecretario del Interior del gobierno de Frei Montalva, Manuel Mason, se encargó de afirmar: “Fueron los propios detenidos quienes confesaron su militancia socialista”.

No era difícil corroborarlo. Porque al menos dos de los detenidos -Renato Moreau, Rigo Quezada, Jaime Briones, Luis Alberto López, Víctor Muñoz y Sergio Torres- tenían cierta figuración política previa ligada a la colectividad de Allende. Un protagonismo del que también había dado cuenta la prensa de la época.

Moreau ya había sido detenido y procesado en 1968 por la toma armada del fundo San Miguel de San Felipe. Un año después apareció vinculado al hallazgo de la Escuela de Guerrillas de Guayacán, en el Cajón del Maipo, y volvió a ser detenido. Quezada, en tanto, era dirigente socialista de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile (FESECH), y, de acuerdo con un informe de Investigaciones divulgado al momento de su detención, tenía una orden de detención pendiente por “actividades subversivas”.

Con lo que no contó Aniceto Rodríguez fue con que el jefe de su partido en Ñuble, la zona de mayor efervescencia en esos momentos por la Reforma Agraria, no solo reconociera la militancia de los seis detenidos, sino que además, validara sus acciones. En medio de la suma de declaraciones cruzadas y contradictorias, un nuevo acontecimiento agregaría más incertidumbre.

Tres semanas después de lo ocurrido en la selva valdiviana, cuando aun no se aquietaban sus repercusiones, un grupo no identificado asaltó la Armería Italiana de calle Artuto Prat. El mensaje que dejaron los asaltantes tras huir con el botín aportó una nueva señal sobre la identidad política de los detenidos: Nos quitaron las armas en Valdivia, nosotros las rescatamos. Las armas son del pueblo, por eso las quitamos. Comando Lenin Valenzuela. Operación Chaihuín.

Precisamente en esos días, mientras los seis detenidos seguían incomunicados en Valdivia, las dos fracciones internas más radicales del Partido Socialista concluyeron un proceso de discusión que sería decisivo para su política militar. Frente a la exitosa marcha de la campaña de Allende, los militantes adscritos a la Organa decidieron unificarse con los elenos (ELN) en un solo grupo que adoptó el nombre del segundo. La decisión -que coincidió con la muerte en Bolivia de Elmo Catalán, uno de los principales líderes del Ejercito de Liberación Nacional en Chile, junto a Arnoldo Camú y Beatriz Tati Allende- significó una especie de tregua y un apoyo condicionado a la revolución democrática propuesta por Allende.

Tras la elección de Allende, en septiembre de 1970, será esta misma fracción unificada, junto a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), la que nutrirá las filas del Grupo de Amigos Personales (GAP), la escolta de seguridad privada del mandatario. La misma que un año después, en enero de 1971, tomará el control del Partido Socialista.

-En enero, en el congreso de La Serena, nos tomamos el partido. Yo fui jefe de seguridad de ese Congreso donde Carlos Altamirano resultó elegido secretario general. La mayoría del Comité Central era del grupo de los elenos. Como a los 20 días yo me fui a Cuba. Tres meses después llegó a Cuba Arnoldo Camú y me anuncia que el ELN se había autodisuelto –cuenta Moreau.

Así, a la conquista política del poder le siguió la disolución formal de los elenos. Para entonces, los seis detenidos en el campamento de Chaihuín ya habían sido indultados por el Presidente Allende.

Cacería y cautiverio

De una cierta forma, considerando los escenarios posibles, fue una suerte que los seis jóvenes sorprendidos en el campamento de Chaihuín cayeran en manos de Carabineros y no del Ejército. En caso contrario, las cosas podrían haber resultado muy distintas.

Cerca del mediodía del 21 de mayo, cuando los boinas negras del Regimiento Cazadores de Valdivia irrumpieron en el campamento de instrucción militar, se produjo un enfrentamiento armado en el que los insurgentes tenían todas las de perder. Provistos únicamente de armas livianas, entre pistolas, escopetas y carabinas, los seis militantes socialistas debieron hacer frente al fuego graneado de comandos profesionales que disparaban a matar.

De cualquier modo, el intercambio de disparos no duró mucho. Renato Tata Moreau, que estaba a cargo del campamento, asegura que al escuchar la respuesta de los rifles Winchester percutidos por sus compañeros, “los milicos se asustaron y paró el cuento, no avanzaron porque sintieron que podía ser una emboscada y podían estar en territorio minado”. Entonces, prosigue Moreau, aprovechado el alto al fuego, “doy la orden de desalojo inmediato y salimos hacia atrás del bosque, por un sendero de huida que teníamos”.
-Nos metimos sin brújula. Llovía con tal fuerza que ni siquiera se veía la copa de los árboles, y yo decía que la única forma de salir es llegar al mar, sino nos vamos a morir en esta –cuenta Moreau.

La persecución se extendió por tres días y dos noches, en medio de una lluvia intensa que dificultó las cosas para ambos bandos. Mientras los militares veían impacientes cómo se obstaculizaba la captura, los insurgentes daban vueltas en círculos, agotados, hambrientos y entumidos, sin encontrar una salida. Rigo Quezada sostiene que en esos tres días, pese a la inclemencia del tiempo y la espesura de la vegetación, los militares hacían notar su presencia con detonaciones y disparos que se escuchaban a corta distancia. En esas circunstancias, la huida era un asunto de vida o muerte. No había lugar a la rendición.

A la mañana del 24 de mayo, coincidiendo con el cese de la lluvia y los disparos, los seis jóvenes alcanzaron el camino costero. Estaba despejado y no tuvieron inconvenientes para transitar por él, rumbo al sur, durante gran parte del día. Curiosamente, pese al operativo desplegado en la zona, el único camino de acceso a la zona no era objeto de patrullaje.

A pesar de estar extenuados, la marcha del grupo continuó. Ya casi al anochecer avistaron un caserío donde contaban con apoyo. Puede que el cansancio haya hecho caer todas sus antenas de alerta. El hecho es que no vieron las ametralladoras que vigilaban el camino, y cuando les faltaba solo un pequeño trecho para llegar a la casa cercana a la playa, se encendieron los focos y surgieron las voces de mando que les ordenaba entregar las armas. De inmediato sintieron los disparos.

Pero las balas buscaban solo los pies. Y los que disparaban no eran boinas negras, sino carabineros. En rigor, era mucho más que un simple destacamento. Mientras eran amarrados entendieron que en esa casa campesina la policía uniformada había establecido el estado mayor de su puesto de operaciones.

Los pocos disparos de advertencia de la policía, que se vio sorprendida por la rendición de los seis jóvenes, marcó el fin del experimentó guerrillero de Chaihuín.

Lo que ocurrió a partir de entonces hace una clara distinción entre el accionar de una y otra institución armada. Si los seis jóvenes socialistas estuvieron muy cerca de perder la vida frente a los militares, en manos de Carabineros se sintieron seguros.
-Los carabineros no nos torturan, muy por el contrario. Había pacos que estaban del lado de Allende; había otros que nos tenían admiración. Nos tuvieron mucho respeto –afirma Moreau.

Quezada refrenda esa apreciación: “Me acuerdo que de entrada, apenas fuimos detenidos, uno de los oficiales a cargo nos advirtió que mejor le entregáramos al tiro nuestros nombres para que los comunicaran a Santiago y estuviésemos a salvo. Era una forma de salvarnos la vida frente a los militares”.

La situación pudo haber variado cuando el grupo fue traslado a la comisaría de Corral. Allí fueron sometidos a un interrogatorio por parte de funcionarios Investigaciones que llegaron hasta el puerto.
-Cuando llegan con la maletita de la corriente y comienzan los golpes, uno de los pacos que nos cuidaba enfrenta a los tiras y les dice con voz firme que se encuentran en un cuartel de Carabineros y que ahí no se le pega a nadie. Por tanto los tiras no pudieron seguir golpeándonos. Esa es la verdad: nos defendieron los pacos –recuerda Moreau.

Vida universitaria

La figura de Jorge Kiko Barraza despierta reacciones encontradas entre sus antiguos compañeros de promoción en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Al ser contactados para esta investigación, varios de ellos obviaron el contacto realizado vía correo electrónico o se limitaron a precisar que lo trataron de manera ocasional o que simplemente no lo recuerdan.

Es el caso del economista Enrique Goldfarb, quien pese a haber simpatizado en su época de universidad con la juventud del Partido Socialista, se excusó de entregar antecedentes sobre el tema. “Lo siento, estoy en otra”, dijo el actual consultor de empresas.

La desaparición de Barraza no fue un hecho de dominio público en la universidad. Únicamente sus compañeros más cercanos, ligados preferentemente al Partido Socialista, conocieron detalles del hecho, algunos ni eso.

“La desaparición de Kiko coincidió con la euforia electoral de 1970 y por eso, me temo, pasó inadvertida”, dice el consultor y ex ministro y embajador de la Concertación, Álvaro Briones, quien lo recuerda como “un devoto militante” del partido y, a la vez, de los elenos.

Como Briones, varios otros futuros economistas que militaron en la juventud del Partido Socialista en esos años conocieron de una u otra forma a Barraza Barry. Entre esos antiguos alumnos se cuentan Cristián Sepúlveda, Sergio Araneda, Adela Tarrés, Rafael Urriola, Claudio Jedlicki y Roberto Pizarro.

Este último, que se desempeña como asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), fue uno de los organizadores de un acto en memoria de los 16 funcionarios y estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que fueron ejecutados o hechos desaparecer tras el Golpe de Estado de 1973. En ese acto de noviembre de 2001, consagrado con la instalación de un memorial, se pasó por alto la figura del antiguo cadete naval.