Vecinos de zonas rurales de Quilpué reclaman por altos precios del agua potable

Enviado por Claudio Sepúlveda

A contar del 1 de enero próximo todos los habitantes de la zona rural de Quilpué nos veremos amenazados por la falta de agua. Ese día comenzará a regir una ordenanza municipal firmada por el alcalde Mauricio Viñambres y aprobada por el Concejo Municipal el 25 de octubre pasado. Esa ordenanza establece altísimos cobros por el reparto de agua para los habitantes de la comuna ubicados fuera del radio urbano: más de $70 mil por 1 a 10 metros cúbicos de agua.

Ello afectará la vida de más de 60 familias de las localidades de los Molles, la Retuca, Los Perales, Los Colihues, Los Quillayes y Colliguay, en el Valle del Marga Marga.

Si consideramos un consumo familiar promedio de 20 metros cúbicos mensuales en esta época, la nueva ordenanza obliga a disponer de al menos $140 mil mensuales sólo para poder acceder al líquido, cifra muy alejada de los casi $30 mil que en promedio destina una familia de las zonas urbanas por el mismo volumen.

La situación se torna aún más complicada, si se considera que las familias de la zona rural de la comuna pertenecemos a segmentos de ingresos menores y medios y aunque podamos destinar $140 mil mensuales a agua no tenemos forma de almacenarla. Para poder conservar el líquido se necesitan estanques. Varios, porque diez metros cúbicos, equivalen a 10 mil litros de agua.

La ordenanza es realmente insólita si se considera que quien nos proveerá del agua es el mismo municipio, pero se torna todavía más insólita al comparar los precios: cualquier empresa privada cobra menos que el Municipio de Quilpué.

Ante lo anterior sólo podemos preguntarnos: ¿Por qué la municipalidad cobra más que un privado?, ¿Qué estudio serio hizo el municipio para determinar esos valores? ¿La municipalidad quiere lucrar con nuestras necesidades?

Para intentar responder algunas preguntas nos reunimos con funcionarios municipales y la verdad es que conseguimos comprender que entre las variables para definir estos cobros el municipio habría considerado las horas ocupadas por los funcionarios municipales en el o los camiones destinados a distribuir agua. ¿Pero esos sueldos no están garantizados en el presupuesto municipal? ¿O el municipio contrató más personas?, ¿El municipio habrá cotizado este servicios en el sector privado?

La escasez de agua se arrastra por casi 10 años en el Valle del Marga Marga. Por lo mismo, regularmente ha sido el Gobierno Provincial quien ha subsidiado a los habitantes de la zona, pero en 2017 no contamos con dicho apoyo, por falta de voluntad y negligencia del mismo municipio en la entrega de la información que le requirió la Gobernación.

Vecinos de Quilpué y de toda esta provincia desde ya mil gracias por empatizar y apoyarnos. Señores del municipio, el agua es un derecho. Podemos pagar, ¡pero un precio justo!

El negocio de la sequía II: Las redes políticas del “barón del aljibe” en el Biobío

Vea también: El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

Como ustedes saben, todos los problemas se vinieron a raíz del reportaje de CIPER, que fue un reportaje que nos perjudicó como empresa (…) Tenemos que cambiarle el rumbo al enfoque y eso significa que vamos a repartir estanques a familias (…) vamos a beneficiar con estanques de 200 y 500 litros (…) Con unos 100 estanques repartidos en la región le vamos a cambiar la cara a este reportaje perjudicial y de ser, según el reportaje, una empresa de lucro, pasamos a ser una empresa de lucro igual, pero una empresa que se preocupa de la gente.

La cita corresponde a un audio revelado el 6 de junio por el diario La Tribuna (Biobío). Allí se escucha a una ejecutiva de la sociedad Antártida de Chile,  dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes, instruir a un grupo de choferes repartir gratuitamente estanques de almacenamiento de agua a un centenar de vecinos de la región.

Entrega-de-aguaUna estrategia para sacudirse de un reportaje de CIPER publicado el 21 de marzo, en el que se reveló que de los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez, a través de dos de sus empresas: Antártida de Chile y Transporte y Logística Chile.

Faúndez –quien desde al menos 2010 concentra el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en este ítem– opera como el titular exclusivo de los millonarios contratos que la Intendencia del Biobío ha adjudicado para el reparto de agua en todas las comunas de la región (ver reportaje).

El reportaje de CIPER también provocó una reacción de la Intendencia del Biobío. A fines de mayo pasado, y por primera vez en los últimos siete años, el gobierno regional le adjudicó un contrato de transporte y distribución de agua potable a una empresa que no pertenece a Faúndez. A la Constructora Regional Chile y por $800 millones se le entregó el suministro de agua potable con camiones aljibe (por tres meses) a los vecinos de las comunas de Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa.

Ese contrato le significó a Faúndez perder cinco de las más de 40 comunas donde el millonario negocio de reparto de agua está bajo su control. La pérdida del monopolio no duró mucho tiempo. Un mes después de la adjudicación, el contrato con Constructora Regional fue revocado. La decisión fue confirmada a CIPER por autoridades de la Intendencia del Biobío, las que acusan a la empresa de “incumplimientos”. Los representantes de esa empresa declinaron referirse al tema.

Tras el abrupto término de ese contrato, la indagación de CIPER arroja que la distribución de agua potable en esas comunas fue reasignada a empresas de Germán Faúndez.

Faúndez, controlador de más de una decena de sociedades, la mayoría constituidas en los últimos cinco años, es un empresario influyente en la Octava Región. Desde hace varios años lidera la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío. Desde su posición de empresario y dirigente gremial, Germán Faúndez ha forjado vínculos con distintas autoridades de la región, entre los que destacan el diputado Cristián Campos (PPD) y el senador Alejandro Navarro (PAIS), ambos parlamentarios por la Octava Región.

Diputado Cristián Campos.
Diputado Cristián Campos.

Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloríapara que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez (ver el oficio).

-Faúndez me comentó que se había reunido con varias autoridades y que tenía un conflicto, porque se le adeudaban dineros por unos servicios que había prestado y, obviamente, así como hago tantos oficios para otras personas, también lo hice para él -puntualizó el diputado Campos a CIPER.

Cristián Campos -44 años y diputado desde 2010- ha tejido una vasta red de nexos políticos en la Región del Biobío, los que cruzan al Seremi de Transporte y llegan hasta la propia intendencia, donde su cuñada es jefa de Administración y Finanzas (también concejala PPD, el mismo partido de Campos, por Talcahuano), área que gestiona y fiscaliza los millonarios contratos con Faúndez para la distribución de agua potable en las cuatro provincias de la región.

FIN AL MONOPOLIO

El 31 de mayo pasado, la empresa Constructora Regional fue seleccionada por la Intendencia del Biobío para proveer el abastecimiento de agua en camiones aljibe en las comunas de Arauco, Cañete, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En el portal Mercado Público aparece que esa empresa presentó su propuesta el 18 de mayo, quedando en evaluación junto a otras dos ofertas, una de ellas del empresario transportista Germán Faúndez.

Desde 2010 y hasta esa fecha, la totalidad de los contratos para la distribución de agua en la región –una de las más golpeadas por la crisis hídrica que desde hace años azota al país– fueron adjudicados por trato directo a dos empresas de propiedad del dirigente gremial Germán Faúndez: Transporte y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile.

distribucion_agua_4Solo entre ambas concentraron más del 25% de los $92 mil millones que el Estado ha invertido a nivel nacional en los últimos siete años para enfrentar la falta de agua en 175 comunas de todo el país. Lo grave es que la indagación de CIPER indica que en esos mismos siete años la Intendencia del Biobío no ha ejercido control sobre los recursos invertidos para el pago de camiones aljibe en la región. Un ejemplo: según datos entregados por la propia intendencia a CIPER, en 2013 se gastaron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas con agua potable. Al año siguiente, el monto casi se duplicó –llegó a $6.562 millones–, pese a que el suministro solo cubrió a 41.784 personas, 3.500 menos que en 2013.

Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, CIPER solicitó por Ley de Transparencia la copia de todos los contratos adjudicados por la Intendencia del Biobío a Germán Faúndez. La revisión de esos documentos arrojó nuevos datos.

La primera sorpresa fue que Faúndez no solo consolidó su monopolio sobre la distribución de agua potable con camiones aljibes a través de dos de sus empresas (Transporte y Logística Chile y Antártida de Chile). Desde septiembre de 2016, el empresario penquista opera en ese negocio del agua con una tercera sociedad: Tierra de Chile, constituida en agosto de 2015 con su esposa y su hijo, con un capital de $50 millones. El 21 de septiembre de 2016 la Intendencia y Tierra de Chile firmaron contrato para el reparto de agua durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre), en 11 comunas de las provincias de Concepción y Arauco. El monto del contrato, entregado al margen de licitación pública, fue de $662,5 millones (ver documento).

En ese contexto, el ingreso de Constructora Regional al mercado rompía el histórico monopolio del clan Faúndez en el negocio del reparto de agua en el Biobío. El 30 de junio, sin embargo, la intendencia decidió rescindirles el contrato. CIPER consultó por los motivos de la decisión y la respuesta fue que la empresa no había acreditado una serie de exigencias, y que “algunos documentos se encontraban vencidos, tales como revisiones técnicas de los vehículos y certificados de sanitización” (ver respuesta de la Intendencia del Biobío).

Desde la intendencia señalaron que el contrato había sido readjudicado a la empresa que en el proceso original de postulación había quedado “en segundo lugar”: Tierra de Chile, propiedad de Germán Faúndez.

ALJIBES, CAMPAMENTOS Y ALDEAS

La nueva indagatoria de CIPER arrojó otras sorpresas respecto de sus contratos con instituciones del Estado. Además de hacerse del monopolio del lucrativo negocio de la distribución de agua potable en el Biobío, su especialidad son los “trabajos de emergencia” para organismos públicos. De ello da cuenta un contrato adjudicado por el Serviu a Inversiones Chile en noviembre de 2012 para la erradicación y cierre de 67 aldeas en varias comunas de la región. El monto: $1.140 millones, fondos que le fueron asignados por trato directo, al igual que los más de $23 mil millones transferidos a tres empresas de Faúndez desde la intendencia para el reparto de agua.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.
Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

CIPER encontró además un segundo contrato entre Inversiones Chile y el Serviu regional: en agosto de 2013 se benefició de una licitación pública por $150 millones para la “Mantención y Reparación de Aldeas” en las comunas de Arauco, Cañete y Lebu (ver documento). A esa licitación, Faúndez se presentó señalando que su empresa, constituida dos años antes (junio de 2011), contaba con “amplia experiencia en trabajos de emergencia, tanto en aldeas como en campamentos, y otras tareas encomendadas por la Onemi”.

La “experiencia” invocada por Faúndez quedó en entredicho en la ejecución de los trabajos. La Contraloría levantó una serie de cuestionamientos que quedaron consignados en el informe con el que respondió al requerimiento ya mencionado del diputado Campos sobre las razones del no pago de deudas a dos empresas de Faúndez.  En ese informe (3 de noviembre de 2015) se señala que Inversiones Chile ejecutó los trabajos ordenados por el Serviu en noviembre de 2012 sin haber formalizado contrato alguno con la entidad pública.

“El Serviu de la Región del Biobío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento”, se lee en el informe.

No obstante operar al margen de la regulación administrativa, el 8 de julio de 2014 Inversiones Chile emitió una factura por $1.140 millones, la que fue aprobada por el Serviu del Biobío. Pero la factura no pasó los controles de la intendencia regional, responsable de allegar los fondos al Serviu para el pago. La razón: “La ausencia de un contrato de ejecución de obras en el que se establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas”.

Tras el rechazo de la intendencia a finiquitar el pago, se procedió a verificar la ejecución de los trabajos. “Algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas”, fue una de las principales conclusiones del informe técnico realizado. En virtud de las carencias y errores en la ejecución del contrato, finalmente, Faúndez solo recibió $851 millones de los $1.140 millones que había facturado.

PADRINO POLÍTICO

Pamela Cortés Cisternas es jefa de Administración y Finanzas de la Intendencia del Biobío, una pieza clave en la gestión de los contratos del gobierno regional con proveedores. Uno de ellos es Germán Faúndez, con adjudicaciones por más de $23 mil millones. La indagación de CIPER indica que fue esa misma funcionaria quien notificó a los representantes de Constructora Regional el cese de su contrato a fines del mes pasado, lo que dio paso una vez más a la entrega de ese  trabajo a Faúndez.

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).
Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés es cuñada del diputado Cristián Campos (PPD), quien haciendo uso de sus facultades parlamentarias envió en 2015 un oficio a la Contraloría para destrabar los millonarios pagos que dos entidades públicas de la región adeudaban a Germán Faúndez. El vínculo de Campos y Cortés no es solo familiar. La jefa de Administración y Finanzas de la intendencia es también concejala PPD por Talcahuano y el diputado fungió como su “padrino político” durante la exitosa campaña que en 2016 la convirtió en autoridad edilicia de esa comuna de la Octava Región.

Pamela Cortés está emparejada con el Seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada (PPD), un histórico colaborador de Cristian Campos. De hecho, Arriagada relevó a Campos en su rol como administrador de la Municipalidad de Hualpén, cuando el hoy diputado se postuló en 2009 al Congreso.

Fue precisamente en el ejercicio de sus labores como administrador municipal de Hualpén que Cristian Campos fue acusado por el Ministerio Público de apropiarse de dineros fiscales por la vía del pago de horas extraordinarias sin respaldo. Fue formalizado en agosto de 2014, cuando pactó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, tras la devolución de $4,6 millones.

El diputado Cristián Campos fue consultado por CIPER sobre su relación con el empresario Germán Faúndez, calificada por varios actores importantes de la región como “fluida”. Junto con descartar un nexo “especial” con Faúndez, Campos afirmó:

-Lo que pasa es que conozco a todos los actores de la región. Él es el presidente del gremio de los camioneros, y si me pregunta por el presidente de la Cámara de Comercio también lo conozco. Los conozco a todos.

Respecto del oficio que envió a Contraloría solicitando respuesta por los millonarios pagos adeudados a Faúndez, Campos señala que en el ejercicio de su cargo es usual que reciba a personas de la región para conocer sus inquietudes:

Germán Faúndez (Fuente:  Revista Nos)
Germán Faúndez (Fuente: Revista Nos)

-Faúndez me pidió una audiencia. Yo atiendo lunes y viernes a todo el mundo, así que no tengo problema en hacer ese tipo de consultas y peticiones, más allá de la persona que lo esté solicitando. Usted puede revisar, he enviado cerca de 200 oficios consultando por cosas específicas para distintas personas que me lo han solicitado.

La página web de la Cámara de Diputados registra todas las audiencias públicas de Campos desde marzo de 2015 a la fecha (cumpliendo con el dictamen de la Ley de Lobby). En ese periodo no hay registro de que el diputado haya recibido a Germán Faúndez.

A pesar de no aparecer registrado en sus audiencias, el diputado Campos también afirmó a CIPER que algunas veces ha recibido al empresario Faúndez acompañado de Juan Araya (presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones), quienes le plantearon el tema “del impuesto específico” y que, en el último tiempo, había escuchado su postura sobre “el tema del cobro de los peajes, de cómo eso afecta la actividad que ellos realizan”.

Cristián Campos insistió que no tiene mayor vínculo con Faúndez, aunque dijo conocerlo incluso desde antes de que fuese electo diputado (2009). Versiones recogidas por CIPER señalan haberlos visto comiendo junto a otras personas en el “Tiralomo”,  una conocida parrillada de Concepción:

-Yo he ido a reuniones con Germán, pero también con otros empresarios del mismo sector, Marcos Vergara, por ejemplo, que lo conozco muy bien y que es del mismo rubro. No tengo problema en decir que como Concepción es tan chica, las reuniones se han hecho en mi oficina o en un restorán.

PARA EVENTOS SOLIDARIOS RECURRIMOS A ÉL

El senador por la Octava Costa, Alejandro Navarro (PAIS), conoce a Germán Faúndez desde aproximadamente una década. “Esporádicamente, en temas especiales que tienen que ver con eventos solidarios en beneficio de los  habitantes de la región, recurrimos a él”, dijo a CIPER.

Senador Alejandro Navarro.
Senador Alejandro Navarro.

A fines de 2014, el senador hizo entrega de sillas de ruedas en Concepción y Chillán, las que fueron donadas a la comunidad por una fundación estadounidense. En el acto de entrega en Chillán, el senador agradeció a Germán Faúndez: “Las sillas fueron traídas desde Estados Unidos y gracias al apoyo del dirigente Germán Faúndez, presidente de la Federación de Transportistas de la Región del Biobío, llegaron hasta acá”, dijo en esa oportunidad.

Navarro, a su vez, ha apoyado causas del dirigente transportista en varias instancias. Figura junto a Faúndez en una demanda por $150 millones –a la que también se sumó la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío– contra la sociedad Camino de la Madera, por el mal estado de la carretera del mismo nombre que está bajo su concesión. También, desde al menos 2011, ha acusado la existencia de un “cartel del combustible” en la Región del Biobío, problema que fue tratado en una sesión especial del Senado el 19 de abril de 2012. Al día siguiente, en Concepción, Navarro dio una vocería junto a Germán Faúndez donde criticaron “la fijación y regulación de precios”.

Meses antes, en diciembre de 2011, Navarro y Faúndez se habían reunido para “dar a conocer los beneficios de la aprobada ley de reintegro de impuesto específico del petróleo diesel para empresas de transporte de carga”, según la propia página web del senador (ver aquí).

Consultado respecto de los millonarios dineros transferidos por la intendencia a empresas ligadas a Faúndez para el reparto de agua en camiones aljibe, Navarro señaló: “He sido crítico de esa transferencia”.

Aun así, el senador Navarro acompañó en 2015 a Faúndez y otros transportistas a una reunión con el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, para que el organismo público acelerara los pagos que se le adeudaban al empresario por trabajos de distribución de agua. “Fui a esa reunión para evitar un corte del servicio producto del no pago”, señaló a CIPER.

 

El exitoso lobby que tumbó artículos clave de la Reforma al Código de Aguas

En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.

sequiaUno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.

De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.

En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos (ver recuadro).

La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.

Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá.  Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.

Patricio Crespo, ex presidente de la DGA.
Patricio Crespo, ex presidente de la SNA.

Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.

Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.   

El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.

Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.

Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.

Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.

EL “FRENAZO” DE HACIENDA

El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).
Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.

También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.

En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.

En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.

Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.

Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas  subterráneas del país– no se tocan con la reforma.

El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.

El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título ¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco (ver aquí).

LA ARREMETIDA DEL AGRO

El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).

La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua (ver aquí). Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.

riego copesaEl 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.

En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.

Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.

CAMPAÑA 360°

Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).
Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.

La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.

Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.

La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI) (ver Nota de la Redacción).

A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.

descargaEl senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados (ver reportaje: La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile).

SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA

Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.
Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.

Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.

Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.

El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.

Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.
Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco (ver reportaje de CIPER).

En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.

Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó  al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.

LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO

Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.

Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.

Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.

También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.

La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo se mencionó originalmente que varias de las reuniones sostenidas por Fernando Peralta habían sido gestionadas por la agencia B2O, que tiene entre sus clientes a la SNA. Desde la agencia B2O señalaron a CIPER que si bien es correcto que asesoran a la SNA, no han hecho ninguna gestión para la Confederación de Canalistas (CONCA) en el contexto de la reforma al Código de Aguas. Tal como está registrado en la página de lobby de la Cámara de Diputados, las reuniones de Peralta con varios parlamentarios fueron solicitadas por María de los Ángeles Naudon quien, de acuerdo a su página de Linkedin, se desempeña como directora de Brand Relations de la citada agencia. Sin embargo, desde B2O afirmaron a CIPER que Naudon dejó de trabajar en la agencia “hace cuatro o cinco años”. 

Corte Suprema zanjó polémica disputa por derechos de agua en Petorca

Tras una larga batalla judicial, el 3 de mayo pasado la Corte Suprema mantuvo a firme la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de revocar una serie de derechos de agua entregados en carácter de provisorios a un puñado de empresarios con negocios agrícolas en Petorca, una de las provincias que enfrenta una situación crítica de escasez de agua en Chile.

La resolución N° 1.703 de la DGA data del 13 de junio  de 2014 y en ella se dejaron sin efecto diversos derechos provisionales de agua otorgados por ese organismo sobre acuíferos de los ríos La Ligua y Petorca. El motivo: esos derechos de agua, entregados de manera provisoria, estaban afectando a los tenedores de derechos definitivos otorgados con antelación, entre ellos, pequeños agricultores de la zona.

Entre esos derechos provisorios se encontraban 104,3 litros por segundo de agua entregados entre 2004 y 2007  a la sociedad Agrícola Cóndor, propiedad del ex ministro del Interior bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Otra de las empresas cuyos títulos de agua quedaron comprometidos por la decisión de la DGA fue Agrícola los Graneros, propiedad del cuñado del ex ministro, Osvaldo Junemann.

Ambas empresas habían sido sancionadas con antelación por la DGA (y también por la justicia) por infracciones al Código de Aguas.

Tras la resolución de la DGA, Agrícola La Loica –continuadora de Agrícola Cóndor–, y Agrícola Los Graneros interpusieron sendos recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a su favor. Ambas sociedades fueron representadas en tribunales por el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó como director de la Dirección General de Aguas (ver reportaje de CIPER).

Las causas se elevaron a la Corte Suprema luego de que la DGA presentara dos recursos de casación en el fondo buscando desestimar la sentencia anterior. El 3 de mayo, el máximo tribunal falló a favor de la DGA por lo que su decisión de revocar los derechos de agua entregados a las empresas de Edmundo Pérez Yoma y de Osvaldo Junemann se mantuvo a firme.

De acuerdo al fallo, la Dirección General de Aguas “obró en el marco de las facultades que la ley expresamente le acuerda y habiendo comprobado en forma previa, mediante Informes Técnicos que constituyen suficiente e idónea fundamentación especializada, la concurrencia del presupuesto de hecho que contempla el artículo 66 del Código de Aguas consistente en que la mantención de los derechos provisionales sí ocasiona perjuicios en los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad” (ver sentencia de reemplazo).

El dictamen fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Arturo Prado. Prado fue el único ministro de la sala que votó en contra de la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

A continuación, les dejamos el reportaje de investigación publicado por CIPER el 19 de marzo de 2014 (“DGA revoca derechos de agua a ex ministro Pérez Yoma y otros empresarios en Petorca”), a pocos días de que la DGA anunciara la decisión de anular los derechos de agua provisionales entregados en Petorca.

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En Petorca el agua está cerca de acabarse. Encarna el rostro más dramático de la soterrada crisis hídrica que vive el país. A pocas horas del cambio de mando, la Dirección de Aguas dejó sin efecto los derechos provisorios de connotados empresarios y políticos ligados a la DC por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos. Son los mismos que han sido acusados de usurpación de agua y que han enfrentado a la justicia por distintas infracciones. Éste es sólo un nuevo capítulo de una larga disputa que no es únicamente atribuible a la falta de lluvias.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.
Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).
Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.
El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

Ex ministro Edmundo Pérez  Yoma.
Ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

sequia_3Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver recuadro) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

EMBALSE RECOLETA005.JPGLa DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

Francisco Echeverría, ex director de la DGA:“El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión”

echeverria-¿En qué se basa la decisión de revocar los derechos provisorios?
Hicimos una serie de estudios con bastante profundidad en el sector. Estos arrojan que en todos los escenarios los derechos provisionales están afectando seriamente el ejercicio de los derechos definitivos previamente constituidos en los acuíferos.

-¿Qué impacto tendrá esta medida?

Lo que busca es que los derechos definitivos, aquellos otorgados con antelación a la resolución de zona de restricción, puedan volver a ejercerse. Y también busca la sustentabilidad del acuífero. Si bien el sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona no lo podemos revertir con esta medida en un 100%, la situación mejora considerablemente. Lo que nosotros no podíamos hacer era dejar estos derechos provisionales en ejercicio, ya que efectivamente estaban causando perjuicio a terceros.

-¿Por qué se toma esta decisión ad portas del cambio de gobierno?
La verdad es que la DGA es un organismo técnico. No tiene que ver con una situación de cambio de gobierno. La DGA tiene que tomar decisiones en la medida en que tenga la información técnica que justifique esas decisiones. Hay que tener un sustento técnico contundente y eso apareció recién ahora con los estudios que comenzaron a realizarse varios meses atrás.

-Lo pregunto porque hay personas ligadas al actual gobierno entrante que se ven comprometidas con esta decisión.

Contamos con los informes recién ahora y nuestras decisiones siempre han sido técnicas. El artículo Nº 66 del Código de Aguas permite a la DGA limitar o dejar sin efecto los derechos de agua provisionales si es que se comprueba la afectación de derechos definitivos,  y eso es lo que ocurre en esta situación. El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión.

-¿No existían ya los antecedentes para haberla tomado mucho antes? Hay personas que vienen pidiendo la revocación de estos derechos desde 2010.
La verdad es que por mucho que uno hubiera visto estas situaciones de escasez en la provincia, ciertamente uno los podría haber asociado a la sequía que ya por quinta temporada afecta al país. Lo que nosotros necesitábamos era determinar que la situación era estructural. Aquí, haya o no sequía, los derechos provisionales están afectando a los derechos definitivos.

-¿Desde cuándo el ejercicio de derechos provisionales está afectando la disponibilidad de agua en la zona?

Todos los pozos de monitoreo que hemos estudiado van en franco descenso y eso a partir de que empiezan a ejercerse los derechos provisionales y empieza a haber un desarrollo más intensivo de la producción en el sector. Hoy, los estudios nos muestran que los derechos provisionales están siendo satisfechos y los derechos definitivos no lo están siendo por culpa del ejercicio de los primeros. Y eso no lo podemos permitir desde un punto de vista técnico y jurídico.

-¿Fue un error haber entregado esos derechos provisionales?

Las modelaciones dan cuenta de que sí. A lo mejor, eso no se sabía al momento en que se otorgaron. Aquí tenemos un hecho patente basado en informes técnicos: y es que efectivamente los derechos provisionales estaban causando perjuicio y había que dejarlos sin efecto.

-¿Podría quedar esta medida sin efecto a futuro?

Mientras se mantenga como área de restricción, no deberían volver a otorgarse derechos provisionales en la zona porque el acuífero está sobre otorgado y no hay mayor disponibilidad de agua.

El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo.distribucion_agua_2 No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

sequia_3La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012.  En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

distribucion_agua_4En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

biobio_gob_regionalEn los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío  (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

aljibe_1El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

escasez_aguaEn la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado  “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados. Y se hace además un  llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

gobernacion_PetorcaEl 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

EMBALSE RECOLETA005.JPGAquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Nota de la Redacción (Actualización): El 15 de enero de 2019, Radio Biobío informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios en contra del empresario transportista Germán Faúndez, quien desde 2012 habría presentado facturas y declaraciones tributarias falsas, lo que le habría causado al Fisco pérdidas por $1.215 millones (ver aquí).