El “perdón” del Papa

“Nada despedaza tanto un corazón como la falta de respeto”. Son palabras de Alberto Hurtado, el santo católico que tantas veces invocó el Papa Francisco durante su visita en Chile. Ya volando sobre Perú, Jorge Bergoglio despedazó de nuevo el corazón de al menos tres de las víctimas de Karadima.

En una conferencia de prensa aérea, el Papa Francisco dijo que les pedía perdón por haber dicho que no había “pruebas” contra el obispo de Osorno, Juan Barros. Aseguró que se equivocó de palabra, que quiso usar “evidencia”. Una aseveración a lo menos absurda, porque judicial y coloquialmente ambos vocablos son empleados como sinónimos.

Pero concedamos que el Papa quiso decir que no hay “certeza” y que fue en ese sentido que habló de “evidencia”. Si se refiere a una causa contra Juan Barros en la justicia civil o penal chilena, claro que no existe. Pero para los que nos hemos estremecido con los testimonios y descalificaciones desde que en 2010 estalló el escándalo por las denuncias de las víctimas de Karadima, ese es un formalismo que indigna, aún más oírlo en el momento en que Bergoglio estaba pidiendo perdón; la misma ocasión en que nos informa, además, que dos veces le rechazó la renuncia a Barros.

Porque obvia las apariciones públicas de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes incesantemente han acusado de encubrimiento al obispo Barros. Convenientemente olvida las cartas desesperadas que más de una vez ellos escribieron pidiendo ayuda y denunciando al ahora obispo de Osorno y a otros. Y, en esa particular conferencia de prensa de regreso a Roma, el Papa pretende borrar de un plumazo los testimonios en procesos judiciales y eclesiásticos, contra Karadima es cierto, pero donde Barros y otros obispos, sacerdotes y laicos sí son mencionados por varios testigos como encubridores, además de las declaraciones de las víctimas del ex párroco de El Bosque.

“Juan Barros se prestó para revelar mi secreto de confesión, además de destruir información privada de la Iglesia para ocultar los abusos”. Así escribía Juan Carlos Cruz en 2012 al representante del Vaticano en Chile, el nuncio Ivo Scapolo, al acusar al obispo Barros…Pero el Papa dice ahora que no hay evidencia.

“Más difícil y fuerte era cuando estábamos en la habitación de Karadima y Juan Barros, si no se estaba besando con Karadima, veía cuando algunos de nosotros los menores, éramos tocados por Karadima y nos hacía darle besos. Juan Barros ha encubierto todo lo que le cuento, señor Nuncio”, volvió a denunciar Cruz ante Scapolo en 2015. Pero para Bergoglio no existen los testimonios.

A bordo del avión que lo devolvió al Vaticano, en la única oportunidad que tuvieron los periodistas para confrontarlo, Jorge Bergoglio aseguró que entendía que su frase -“el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”– había sido una cachetada para los abusados por el párroco de El Bosque.

Pero a continuación, les dio otra bofetada a ellos y a muchos fieles que se identifican con su dolor de años. El Papa pide perdón, pero insiste en que no hay evidencia. Dice que el testimonio de las víctimas es evidencia, pero que no existen testimonios (vea aquí el video de la conferencia de prensa del Papa a partir del minuto 11:05).

Cómo podría no haberlos si tanto Juan Carlos Cruz, como James Hamilton y José Andrés Murillo atestiguaron en un proceso eclesiástico y en otro penal. En ambos procesos sus relatos fueron considerados consistentes y creíbles. La prueba irrefutable de su honestidad es que esos dos procesos terminaron uno con la condena del Vaticano para Fernando Karadima (que lo confinó al aislamiento) y el otro con la inevitable prescripción, una vez que la jueza Jessica González constató el abuso sexual y sicológico.

Ya ni siquiera se trata de si Juan Barros es inocente o culpable, sino de la insólita negación de la existencia de una prueba, evidencia o como se la quiera llamar, que sí existe. Esa misma prueba, cuya entrega en tribunales civiles o de la Iglesia Católica, en diarios, radios o canales de televisión, implicaron para cada una de las víctimas un acto de coraje, al decidir romper el círculo de silencio, pero también revivir los abusos. Una revictimización que salvó a muchos otros de seguir siendo abusados por el párroco de El Bosque y por su extenso e influyente círculo de protección.

Si Jorge Bergoglio no tiene la información de primera fuente es solo por indolencia. Indolencia que mantuvo en su visita a Chile cuando pudo conocer y escuchar en directo a estas víctimas. Pero claro, una vez más, a quienes se han atrevido a denunciar abusos en público, a quienes han causado revuelo, no se les invita a reunirse con el Pontífice.

¿Qué señal es ésa para aquellos que, con un testimonio valiente, que implicó develar su intimidad frente a todo un país, recibían al mismo tiempo ataques y veían cómo muchos obispos, sacerdotes y fieles los desacreditaban y hacían una defensa corporativa y cerrada de Karadima?

El obispo de Roma ha sido mucho más diligente para defender a Juan Barros que a las víctimas de Karadima. Para pedir perdón por los abusos cometidos por otros miembros de la Iglesia Católica que para excusarse por sus propios actos.

No fue la palabra “prueba” la que le jugó una mala pasada. No. El problema es que el Papa “olvida” una y otra vez. Olvidó disculparse en Chile por haber insultado en 2015 a los fieles de Osorno que rechazan a Barros al calificarlos de “tontos”. Y lo más doloroso: olvidó pedir perdón por decir que quienes acusan a Juan Barros lo están calumniando. Porque, ya que estamos en precisiones de lenguaje, la calumnia es un delito contemplado en el artículo 412 de nuestro Código Penal. De eso acusó a Cruz, Hamilton y Murillo.

Y eso fue un nuevo insulto y no un acto de contrición. Sin ofrecerlo, pedirlo ni quererlo, las víctimas de Karadima tuvieron que poner la otra mejilla y aceptar de parte de Papa una nueva bofetada.

Visita papal II: abusos sexuales y autoritarismo de obispos aceleran el desprestigio de la Iglesia

Por Juan Carlos Claret Pool

Vea la primera columna de esta serie Visita papal I: laico osornino describe la crisis de la Iglesia Católica chilena

La resistencia hacia el obispo Juan Barros va más allá de Osorno. El actual provincial de los jesuitas, Cristián del Campo, lo graficaba: “Hay allí muchos laicos que tienen el más alto cariño por su Iglesia; si no, ya se hubieran ido para la casa”. Como él, son innumerables los gestos, declaraciones e iniciativas de apoyo al movimiento de Osorno en todo el mundo. Sin embargo, el Papa, hasta ahora, no se ha retractado de calificarlos como “tontos” y “zurdos” a través de un video público. Mientras personas ecuánimes, como el jesuita Fernando Montes, califican la situación como “un lamentable exabrupto”, la comunidad espera alguna referencia papal en su visita al país, pues desde la publicación del video ellos han sido blancos de hostiles tratos y agresiones.

La visita papal es promovida por distintas fundaciones e instancias eclesiales. Una labor activa le cabe a la Academia de Líderes Católicos, cuyo principal exponente es José Antonio Rosas, cientista político mexicano residente en Chile, quien ha reconocido haber integrado la secta integrista El Yunque. Dicha academia es una milicia integrista amparada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde ahí se han construido estrechos vínculos entre José Antonio Rosas y el vocero de Barros, el ex seminarista José Manuel Rozas, quien usando medios y redes sociales ha asumido la defensa miliciana de Barros.

Mientras la Iglesia institucional desconfía de “tontos” y “zurdos”, se deja seducir y promueve el movimiento integrista en Chile.

EXABRUPTOS PONTIFICIOS Y JURÍDICOS

En julio de 2015 Francisco llegó a Bolivia. Allí el pontífice señaló “estoy pensando en el mar, diálogo es indispensable”. Esos dichos cayeron mal en Chile, al ser interpretados como un apoyo explícito a la demanda boliviana por salida al mar. Era una incomodidad objetiva para la diplomacia chilena. Producto de ello, la cancillería de Chile ha tenido que recomendar a la diplomacia vaticana que el tema marítimo sea excluido de las improvisaciones papales; aunque luego haya tenido que aclarar que el Papa es libre para decir lo que quiera en Chile.

Papa Francisco
Papa Francisco

En la demanda civil de las víctimas de Karadima contra el Arzobispado de Santiago, en una leguleyada insólita, la Iglesia argumentó -para rehuir al pago que en justicia le cabe- que no puede asumir responsabilidad económica por los actos de su clero, porque jurídicamente la entidad eclesial no existe. Consecuentemente, cuando llegue el Papa a Chile, se encontrará con una Iglesia inexistente.

Dado este curioso precedente, podría suceder que el Papa llegue a suelo nacional en medio de una apelación jurídica a ese fallo de primera instancia, o bien, ante una inminente acusación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2015, los abogados de las víctimas de Karadima enviaron un exhorto a El Vaticano para aclarar aquella otra sorprendente afirmación del Papa: “La única acusación en su contra (del obispo Barros) fue de-sa-cre-di-ta-da”. Con eso, Francisco ventilaba una supuesta acusación canónica contra el obispo, de la que nadie tenía conocimiento. Casi un año después de dicho exhorto, la Santa Sede informó tajantemente que no responderá.

LA JERARQUÍA Y LAS PARROQUIAS

Francisco es presentado por los vaticanistas como “el gran reformador”. En ese desafío, la vida parroquial queda en un espacio donde el aire fresco no llega. Los sacerdotes hablan del Papa, pero nadie de la jerarquía lo imita. Así, las parroquias mantienen su estructura feudal, donde los curas mandan y los incondicionales responden con ese expresivo amén.

Por su parte, los obispos hacen lo suyo. Como dice José Comblin, citando a la Luz de los Pueblos: “La misión de los obispos es enteramente definida en función de la administración”. Y va más lejos: “(a) la hora de definir lo que los obispos harán, la misión queda olvidada”. Y reitera: “Después de leer el capítulo III de la Lumen Gentium, queda claro que la Iglesia no es misionera y que los obispos no son misioneros”. Ello, porque el derecho canónico reserva como tarea preferente del episcopado el control, no así la evangelización.

(La formación de los seminaristas) en el siglo XXI, parece un acto de barbarie espiritual, en cuanto despoja a la persona de toda libertad individual y condiciona a jóvenes buenos para rendir su voluntad personal a los vaivenes emocionales de un jerarca, que a veces es un déspota. En resumen, los seminarios buscan clonar jóvenes adiestrados en dogmas y anestesiados de pensamiento crítico”.

(La formación de los seminaristas) despoja a la persona de toda libertad individual y condiciona a jóvenes buenos para rendir su voluntad personal a los vaivenes emocionales de un jerarca, que a veces es un déspota. En resumen, los seminarios buscan clonar jóvenes adiestrados en dogmas y anestesiados de pensamiento crítico”.

Así, es frecuente escuchar en el clero de Santiago las críticas al autoritarismo del cardenal Ezzati, que cercena las alas de sacerdotes y diáconos, y restringe la libertad de los teólogos. Quienes resisten son relegados a las periferias eclesiales. Entonces, se instala el miedo: miedo de los fieles al párroco, del párroco al obispo y del obispo al Papa. El sometimiento queda garantizado en la jerarquía eclesial. Claro, porque ¿qué hace un sacerdote que por resistir a los 60 años de edad se queda sin profesión, sin trabajo, sin seguridad social?

Se establece así un modelo represivo que condiciona la libertad e inhibe el recto ejercicio de la conciencia. De este modo, los más elementales derechos humanos son conculcados.

En este contexto, los seminarios atraviesan una profunda crisis vocacional. En Chile, de 14 seminarios existentes a comienzos de 2000, actualmente sólo funcionan ocho, o sea, casi la mitad ha desaparecido. De hecho, la Encuesta Bicentenario UC 2017, informa que actualmente la Iglesia Católica no sólo ha perdido fieles, sino que los jóvenes son más seducidos por la Iglesia Evangélica.

CRISIS SACERDOTAL

Mientras la Iglesia católica se vacía de jóvenes, cabe preguntarse: ¿qué puede motivar a un joven para ser sacerdote?

La Congregación para el Clero en 2016 presentó un documento donde reflexiona sobre esto. Su propuesta, en la práctica, se sigue traduciendo en que los seminarios aíslen al joven del núcleo familiar; centren su formación en el individuo; enfaticen estudios teóricos e individuales; minimicen el contacto con las comunidades y busquen “afectar a los individuos, purificando sus intenciones y transformando su conducta en una gradual conformación con Cristo”. Aquello, en el siglo XXI, parece un acto de barbarie espiritual, en cuanto despoja a la persona de toda libertad individual y condiciona a jóvenes buenos, para rendir su voluntad personal a los vaivenes emocionales de un jerarca, que a veces es un déspota. En resumen, los seminarios buscan clonar jóvenes adiestrados en dogmas y anestesiados de pensamiento crítico.

Ya uniformes, aflora el carrerismo clerical, el apego a los bienes materiales y la asimilación progresiva del poder. El clericalismo de sus fieles potencia la vanidad, con la que deben convivir para siempre, salvo que se autoimpongan una compleja sanación. Se acostumbran a las reverencias y van aceptando progresivamente los privilegios y prebendas que les garantiza una Iglesia jerarquizada. Al rendir sin pudor la propia voluntad a sus superiores, se completa la escuela del abuso, que invade las más oscuras penumbras de la vida.

Ricardo Ezzati

Hoy como nunca, hay que reconocer que la pederastia en la Iglesia ha puesto en evidencia la profunda crisis del sacerdocio ministerial. De esa constatación urge replantearse la renovación profunda y total del sacerdocio. El celibato está en entredicho. Estudios como “La vida sexual del clero” de Pepe Rodríguez, apuntan a que entre un 60% y 80% del clero tiene vida sexual activa. Ello no es moralmente sancionable, lo malo es la mentira que subyace a ese voto de castidad en crisis. Asimismo, al tolerar la mentira, la Iglesia se hace cómplice de la “paternidad irresponsable” de su clero, estimándose que más 4 mil niños en el mundo son hijos no reconocidos de sacerdotes.

Así como la Iglesia combate sin cuartel al pecado, a los curas que son papás los empuja al pecado mortal, en cuanto les dilata y tramita innecesariamente, por largos años, la obtención de la dispensa de los votos de castidad. Entretanto, esos curas valientes que asumen su paternidad quedan condenados al pecado de la fornicación que practican en su vida de pareja. Y aceptando los dictados de la Iglesia no pueden contraer el matrimonio sacramental, mientras Roma no le dispense los votos. Así, sus hijos se convierten en bastardos y sus parejas en concubinas.

El que un niño no pueda abrazar a su padre como tal, ¿no atenta contra la Convención de los Derechos del Niño suscrita por El Vaticano?

Los curas que dejan el ministerio sacerdotal son obligados a abandonar todo ejercicio público de la tarea evangelizadora propia del cristiano. Se les prohíbe hacer clases de religión, catequesis o algún servicio remunerado, con aquello que dominan y para lo cual fueron formados. En países desarrollados no pueden aplicar estas sanciones porque son ilegales, pero en Santiago de Chile se aplica con rigor. Así, los ex curas son convertidos canónicamente en parias de la Iglesia.

El voto de pobreza también está en crisis, porque como el de castidad, se constituye en una flagrante mentira que resta credibilidad y coherencia con lo que se predica. El único voto efectivo es el de obediencia, porque los superiores y obispos se encargan de hacerlo cumplir con el rigor que les provee el Derecho Canónico. Sin embargo, dicho voto, que responde a costumbres medievales, en el presente es un signo de desconfianza social porque vulnera derechos y libertades inalienables.

VISITA PASTORAL Y POLÍTICA

La actual crisis de la Iglesia chilena en gran parte tiene una arista política clave. En plena dictadura de Pinochet, en 1977, al final de su pontificado, Paulo VI nombró como su nuncio apostólico en Chile a Angelo Sodano, quien acompañó a la dictadura hasta el retorno de la democracia. Desde ese cargo logró transformar completamente al episcopado chileno. Lo hizo reemplazando a obispos empapados del espíritu del Concilio y comprometidos con su pueblo, por obispos subordinados, carentes de liderazgo, reticentes del Concilio y leales a Pinochet. En esa tarea, Sodano estableció un vínculo estratégico con Fernando Karadima y con el asesor religioso de Pinochet, el capitán de navío, Sergio Rillón. Esa trilogía se reunía semanalmente en la Parroquia El Bosque de Karadima, donde iban configurando el nuevo episcopado. Así se instala en Chile la Iglesia-Poder; esa que derivaría varios años después en múltiples y graves escándalos de abuso.

Es frecuente escuchar en el clero de Santiago las críticas al autoritarismo del cardenal Ezzati, que cercena las alas de sacerdotes y diáconos, y restringe la libertad de los teólogos. Quienes resisten son relegados a las periferias eclesiales. Entonces, se instala el miedo: miedo de los fieles al párroco, del párroco al obispo y del obispo al Papa”.

De esta manera, la Iglesia chilena desandaba el Concilio Vaticano II y recuperaba la nostalgia de una trasnochada cristiandad, donde el elemento central será, en adelante, recuperar influencia en la política chilena, resistiendo así la separación Iglesia-Estado.

Con ese trasfondo, es curioso que, el 19 de junio de 2017, cuando se anunciaba la visita del Papa a Chile, ello coincidiera con el inicio de la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales. Así, no es descartable que la oportunidad de esa comunicación haya constituido un intento de presión a los parlamentarios católicos para condicionar su voto.

Desde la renovación episcopal de la Iglesia chilena, impulsada desde la parroquia El Bosque, la mayoría de los obispos han sido fieles acompañantes de la derecha política. Parte de ese leal acompañamiento ha sido la instalación de una enorme red de colegios católicos, regentados por algunas congregaciones dedicadas a educar a los hijos de las familias más acomodadas. En ello, los Legionarios de Cristo, el Opus Dei y los hijos de José Kentenich han tenido el privilegio reciente de educar a la élite política y social chilena.

De esta manera, la familia conservadora conseguía confiar la educación de sus hijos en buenas manos y no en aventuras ignacianas de jesuitas que, en virtud del discernimiento crítico, terminaban exponiendo a sus hijos a los peligros del pensamiento libre, mediante el cual veían que de sus propios hogares salían importantes líderes sociales de izquierda.

Obispo Juan Barros
Obispo Juan Barros

En Chile hay pocas experiencias católicas que expresen esa plural transversalidad política. Tal vez, el hecho más significativo sea la petición de renuncia del obispo Barros, que fue solicitada al Papa por 51 congresistas. La iniciativa fue promovida por el actual Presidente de la Cámara de Diputados, a quien se sumaron políticos de todo el espectro político, incluyendo a ex presidentes de la República.

Nada ha conseguido mover al Papa de su profunda convicción de defensa a Barros. En esa materia, nuevamente su sobrino jesuita da pistas para entender la porfía pontificia, cuando declara que a su tío Papa no le gusta que lo “patoteen” (expresión argentina que significa que resiste a la presiones de jóvenes pandilleros).

El Papa optó por visitar Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, al término de una reñida contienda electoral. El gobierno de la Presidenta Bachelet está marcado por tres ejes fundamentales en materia de grandes reformas y políticas públicas. Por un lado está su decidida apuesta por los temas ambientales, contundentes reformas estructurales en favor de derechos sociales garantizados y la despenalización del aborto en tres causales.

La visita del Papa a Chile pareciera constituir un espaldarazo a la lucha de la Presidenta Bachelet en el terreno ambiental y en materia de derechos sociales, cuestiones que hacen sintonía con el magisterio social de Francisco, más precisamente con Laudato si y Evangelii gaudium. Visto así, los gritos de la naturaleza y de los pobres, parecieran resonar con cierta primacía en la conciencia del Papa.

UNA IGLESIA QUE SE PERVIRTIÓ

Al contemplar la historia reciente de una Iglesia que hace sólo 40 años era ejemplo de coherencia evangélica en el continente latinoamericano, sorprende constatar que, en tan poco tiempo, esa misma Iglesia desviara tan notoriamente los caminos del Evangelio, adentrándose, a ratos, en las entrañas mismas del infierno.

Si bien el caso más conocido es el de Fernando Karadima, cuando Francisco llegue a Chile lo habrá precedido una secuencia desoladora de historias, donde no todas han alcanzado la misma cobertura mediática. En justicia a las víctimas, y porque son parte de la historia eclesial de Chile, sería una hipocresía omitirlos.

Durante la visita de Francisco seguramente el cura Gerardo Joannon estará guardado bajo buen recaudo, para evitar el ingrato recuerdo de las adopciones irregulares que gestionó entre 1975 y 1983, acusaciones penales de las que fue sobreseído por prescripción; mientras que la justicia canónica lo exoneró. También seguirá en las penumbras eclesiales esa sórdida historia de la diócesis de San Felipe, donde el obispo fue acusado de abuso sexual de un menor por su propio clero; a lo que el pastor respondió acusando a su clero del mismo delito. De aquel final, sólo se supo de una visita apostólica, en que el obispo fue declarado inocente por la Santa Sede.

Estudios como “La vida sexual del clero” de Pepe Rodríguez, apuntan a que entre un 60% y 80% del clero tiene vida sexual activa. Ello no es moralmente sancionable, lo malo es la mentira que subyace a ese voto de castidad en crisis. Asimismo, al tolerar la mentira, la Iglesia se hace cómplice de la “paternidad irresponsable” de su clero, estimándose que más 4 mil niños en el mundo son hijos no reconocidos de sacerdotes”.

En Santiago, el padre Julio Dutilh seguirá ejerciendo con bajo perfil, luego de ser sancionado canónicamente con el traslado de parroquia y obligado a peregrinar por santuarios, durante doce meses, para rezar por esa mujer a quien agarró de los senos en la confesión.

También ya habrá cumplido la condena de prohibición de ejercicio público del ministerio el padre Cristián Precht, ex Vicario de la Solidaridad, quien fuera acusado de abusos sexuales por cuatro menores y once adultos. La pena impuesta por el cardenal Ezzati seguirá siendo una ofensa para las víctimas, una de las cuales se quitó la vida.

También, el cura irlandés John O’Reilly, de los Legionarios de Cristo, habrá cumplido la sanción canónica impuesta del ejercicio restringido del ministerio durante cuatro años y un día. Ello tras haber sido acusado por la familia de una menor de cuatros años abusada al interior del elitista colegio Cumbres, regentado por esa familia religiosa.

Seguirá absuelto de culpa el padre Carmelo Márquez, incardinado en 2011 en la diócesis de Osorno, quien fuera acusado por mujeres que al conferirle la absolución de sus pecados impuso las manos sobre sus senos y por realizar tocaciones en sus piernas. El tribunal lo absolvió por falta de medios probatorios y contó con la defensa irrestricta del entonces obispo de la ciudad, René Rebolledo. Se desconoce el paradero del sacerdote después de tales acusaciones.

En 2010, la diócesis de Melipilla fue estremecida por la formalización del párroco Ricardo Muñoz Quintero, acusado de abusar de siete menores de edad, que eran provistas por la pareja del cura, Pamela Ampuero, con quien tuvo dos hijas. Además del delito de producción de material pornográfico, el cura embarazó a una de las menores. En 2011, la justicia chilena lo condenó a él y a su pareja a 10 años de cárcel por explotación sexual y a 541 días por almacenamiento de pornografía infantil.

Diego Ossa
Diego Ossa

En el contexto del caso Karadima, uno de sus discípulos e integrante de la Pía Unión Sacerdotal, el padre Diego Ossa, fue acusado de abuso sexual por parte de un parroquiano que resultó ser adulto. Luego fue trasladado a la parroquia La Asunción de Pudahuel donde asumió como vicario parroquial, mientras su párroco, Moisés Atisha, era ascendido a la dignidad episcopal, en mérito a su incondicional lealtad al cardenal Ezzati. Luego, fue trasladado a la parroquia Cristo de Emaús, donde la comunidad a pesar de su oposición, tuvo que acatar la imposición y defensa de Ossa a través de los obispos auxiliares Ramos y Fernández.

Recientemente, se conocieron los abusos en colegios de la congregación Marista, donde se denunciaron 14 casos en contra de menores por parte del hermano Abel Pérez. Según informó la misma congregación, el autor confesó los delitos en 2010, pero recién en 2017 la congregación activó la denuncia. La explicación insólita del vocero de los maristas fue que “no se nos pasó por la mente denunciar”.

En la Arquidiócesis de Santiago, sigue pendiente la demanda de la hermana Francisca, religiosa Clarisa Capuchina que fue violada por un trabajador al interior del monasterio, quien fue condenado por la justicia chilena; mientras la hermana era obligada a renunciar a la congregación. La religiosa se rehusó a firmar y escapó del convento para dar en adopción a la criatura concebida bajo violación.

En 2013, el ex provincial de los jesuitas, Eugenio Valenzuela SJ, dejaba el cargo por “conductas imprudentes”, donde la Congregación para la Doctrina de la Fe no inició proceso canónico alguno.

En los mercedarios, su ex superior provincial en Chile y general de la orden, Pedro Labarca Araya, fue acusado de abuso por un ex seminarista, delito por el cual El Vaticano lo expulsó del estado clerical.

En los salesianos, el sacerdote Marcelo Morales fue condenado penalmente por almacenamiento de pornografía infantil y canónicamente fue remitido a una casa de retiro, cuyo paradero es desconocido; mientras los denunciantes acusan al obispo Bernardo Bastres sdb, de no atender las denuncias cuando era Inspector de la Orden. En éste y otros casos, los salesianos han pedido perdón públicamente.

El Arzobispado de Santiago actualmente enfrenta una demanda por más de $50 millones de una persona que acusa haber sido agredida sexualmente por un religioso mercedario, quien le contagió de VIH. Al comprobarse aquello, en 2012 la Orden Mercedaria comenzó a pagarle una pensión vitalicia de cien mil pesos con el compromiso de no demandar”.

Dentro de los salesianos, lo más complejo involucra, desde 2001, a la Iglesia magallánica por la desaparición de Ricardo Harex, joven de 17 años que tras asistir a una fiesta no volvió nunca más a su casa y su cuerpo no aparece desde hace 16 años. Los testimonios indican que luego de un encuentro con amigos se retiró hacia un rumbo desconocido para encontrarse con alguien. En la investigación el padre Rimsky Rojas, quien trató de recuperar las cámaras de seguridad, quedó bajo sospecha. Posteriores indagaciones arrojaron que desde 1985 pesaban acusaciones de abusos sexuales en su contra, realizadas por ex alumnos del colegio salesiano de Valdivia. En esa época era superior el actual cardenal Ricardo Ezzati, a quien se le imputó haber protegido a Rimsky Rojas y haberlo trasladado a la diócesis de Punta Arenas, donde ocurrió la desaparición del joven Ricardo Harex. En 2011 el padre Rimsky Rojas se suicidó.

Los obispos Gonzalo Duarte y Santiago Silva han sido acusados públicamente de abusos. El primero actual obispo de Valparaíso y el segundo ex obispo auxiliar de la misma diócesis, hoy obispo castrense y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Cuatro ex seminaristas acusan acoso, abusos y violaciones sistemáticas en el Seminario Pontificio San Rafael, imputándole a Duarte intentos afectivos frustrados y a Silva, complicidad. Las denuncias fueron formalizadas sin efecto. Penalmente la causa fue sobreseída y canónicamente, no hay respuesta. El Presidente de la Conferencia Episcopal insiste en su inocencia.

En la diócesis de Rancagua no está esclarecido el proceso penal y canónico de los encargados de la Pastoral Revive de la parroquia San José Obrero. Los asesores de dicho movimiento (un diácono y un consagrado) fueron acusados de abusos sexuales reiterados por cinco jóvenes. A los imputados se les formalizó.

Sin respuesta quedaron las víctimas de Isabel Lagos Droguett, más conocida como Sor Paula de las Ursulinas. Tras ser acusada por dos ex alumnas, las autoridades eclesiales le fijaron domicilio en Alemania. Mientras era investigada por Roma y el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, falleció producto de un cáncer en 2012.

En 2015, la diócesis de Talca fue remecida por la renuncia del sacerdote Rafael Villena, con motivo de una denuncia de abuso de autoridad y sexual en contra de un adulto. El obispo Horacio Valenzuela, discípulo de Karadima, señaló que, siguiendo el protocolo, se nombró a un instructor de la causa para la investigación previa, concluyendo la verosimilitud de la acusación. Rafael Villena acusó hostigamiento del obispo al ser obligado a autoinculparse.

Fernando Karadima
Fernando Karadima

En 2009, la diócesis de Chillán fue remecida con el crimen de un sacerdote puertomontino; el padre Cristian Fernández Fletá, quien fue encontrado muerto con 16 heridas en el pecho. En 2013, la Policía de Investigaciones llegó a la conclusión que se trataba de un crimen pasional. La prensa accedió a las declaraciones de un grupo numeroso de sacerdotes, que reconocieron la existencia de vínculos homosexuales entre ellos con el padre Fernández y los cabecillas de grupos delictivos, que se reunían en verdaderas orgías.

En 2006, apareció muerto en su domicilio el sacerdote Benedicto Piccardo Olivos, de Puerto Montt. En el proceso investigativo se concluyó que sus homicidas, dos jóvenes ex convictos, frecuentaban al sacerdote quien les pagaba por sexo oral y por exhibicionismo. En este proceso, Fray Domingo Faúndez, perteneciente a la orden de los Siervos de María, testificó en defensa de uno de los acusados, lo que según Fray Domingo le valió la persecución de su arzobispo, Cristian Caro. El fraile fue excomulgado por “reiteradas desobediencias”, en un contexto donde se empezó a visibilizar ante la opinión pública una fuerte presencia de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en miembros del clero. Fray Domingo terminó fundando su propia Iglesia en la caleta de Piedra Azul, a la que se sumó otro sacerdote también excomulgado, de la misma arquidiócesis.

El Arzobispado de Santiago actualmente enfrenta una demanda por más de $50 millones de una persona que acusa haber sido agredida sexualmente por un religioso mercedario, quien le contagió de VIH. Al comprobarse aquello, en 2012 la Orden Mercedaria comenzó a pagarle una pensión vitalicia de cien mil pesos con el compromiso de no demandar. Los pagos se hicieron mediante cheques y depósitos a la cuenta bancaria del demandante.

Aunque el siguiente listado fue bajado de la web institucional debido a presiones, a todos los casos anteriores, hay que agregar que judicialmente han sido condenados los clérigos José Andrés Aguirre, Richard Joy Aguinaldo, Audín Araya Alarcón, Víctor Carrera Triviño, Francisco Cartes Aburto, Jorge Galaz Espinoza, Juan Henríquez Zapata, Jaime Low Cabeza, Marcelo Morales Márquez, Ricardo Muñoz Quinteros, José Narváez Valenzuela, Eduardo Olivares Martínez, Juan Carlos Orellana Acuña, Orlando Roger Pinuer y Francisco Valenzuela Sanhueza.

También hay casos en que ya sea por decisión de la víctima, por prescripción o por situaciones de hecho, sólo ha habido sentencias canónicas, mas no judiciales. Así, Gerardo Araujo Sarabia, René Benavides Rives, Jorge Baeza Ramírez, Nibaldo Escalante Trigo, Jeremiah Healy Kerins, Julio Inostroza Caro, Juan Miguel Leturia Mermod, Domingo Mileo Toledo, Luis Núñez Núñez, Casiano Rojas Viera, José Román Zúñiga y Héctor Valdés Valdés, se encuentran en esta situación.

No se trata de resaltar la maldad eclesial, sino de visibilizar una realidad dolorosa de la Iglesia chilena, que normalmente se oculta, y que contrasta con la sacralización de una institución que tiene mucho de mundano. Ser consciente de las propias miserias eclesiales, obliga a experimentar el dolor y la vergüenza, que deben abrir paso a la humildad y a vivir en una verdadera y permanente actitud de contrición pastoral.

Nada de esto impide reconocer todo el bien que hace la Iglesia, y que en vista de todo el sufrimiento provocado, hay que destacar también los esfuerzos y aciertos de la Comisión Nacional de Prevención del Abuso y Acompañamiento a Víctimas, las respectivas comisiones diocesanas, la existencia de las Líneas Guías, los protocolos de acción, cursos de capacitación en las diócesis, la exigencia de institucionalidad mínima tanto en la Conferencia Episcopal como en la Conferre, que se orientan a prevenir y enfrentar los abusos del clero en la Iglesia.

Testimonio de los padres una menor abusada por su entrenador de tenis en Valdivia

La carta fue enviada a CIPER por un matrimonio de Valdivia que pidió la reserva de sus identidades para proteger a su hija. La niña fue abusada durante dos años por un instructor del Club de Tenis Valdivia en el que habían confiado porque exhibía 30 años de experiencia, una trayectoria intachable y el aval del club. El agresor, Adán Mellado Contreras, reconoció los hechos y fue condenado en un procedimiento abreviado a cuatro años de presidio, los que cumplirá en libertad vigilada, con prohibición perpetua para trabajar con menores. La sentencia quedó a firme  porque no se presentaron recursos contra el dictamen. CIPER tuvo a la vista los documentos judiciales que respaldan la versión de los padres de la niña, los que están bajo reserva para resguardar a la menor.

Aunque la sentencia ya es inmodificable, la Corte de Valdivia revisará un recurso de apelación presentado por el instructor condenado, quien solicita que se le autorice a seguir residiendo en el Club de Tenis Valdivia, el lugar donde agredió a la menor. El pasado 21 de junio el Juzgado de Garantía de Valdivia había resuelto que no podía pernoctar en ese lugar, frecuentado permanentemente por menores, pero su defensa alega que ha vivido por más de 30 años al interior del club y que solo se le restringió acercarse a la menor que lo denunció, quien ya no juega en ese centro deportivo.

Además de su deseo de transparentar un caso que fue virtualmente invisibilizado ante la comunidad local, los padres de la víctima destacan que el Club de Tenis Valdivia hasta hoy les ha dado la espalda, apoyando al instructor, por lo que enfrentaron el largo y doloroso proceso judicial solos. Por eso, piden que las autoridades del deporte establezcan protocolos que obliguen a los clubes a proteger a los pequeños que se integran a sus cursos y competencias. Además, solicitaron, vía Ley de Transparencia, los documentos sobre cómo se garantiza la seguridad de los jóvenes deportistas.

En ese contexto, el director el regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad que es propietaria del terreno donde funciona el Club de Tenis Valdivia, ofició al Juzgado de Garantía de Valdivia el pasado 2 de junio. En ese documento consultó si la sentencia contra el instructor “se está cumpliendo en su integridad y en los términos establecidos (…) para efectos de tomar las providencias necesarias (…) para el resguardo de nuestros deportistas menores de edad” (vea ese oficio). CIPER contactó al Club de Tenis Valdivia para conocer la posición de sus dirigentes respecto de permitir que un condenado por abuso sexual siga residiendo en sus instalaciones y consultar qué medidas han adoptado para prevenir agresiones, pero no obtuvo respuesta.

Este es el relato de los padres de la niña abusada:

Quisiéramos contar lo ocurrido en Valdivia, desde nuestra mirada de padres de una niña de 12 años, ex tenista del Club de Tenis Valdivia, abusada por su instructor deportivo.

Es difícil describir lo sucedido a nuestra familia, sobre todo porque afectó y afecta todavía a nuestra hija, cuya vida y el desarrollo normal de su infancia se vio interrumpido por la vulneración a sus derechos a la corta edad de 9 años.

Un día de octubre del año 2015 ella decidió poner fin a esta situación de violencia, sacó la voz con fuerza, angustia y miedo, para contar la situación de maltrato a la que estaba siendo sometida por su instructor de tenis, que era su formador desde los 6 años.

El día que nuestra hija nos develó el abuso sexual, se inició el proceso de reparación, comenzando con un tratamiento sicológico y psiquiátrico, paralelamente al proceso judicial que ella quería que tuviese lugar. Al revisar sus declaraciones, nos dejó en evidencia (no solo a nosotros, a la justicia también) los actos violentos a los que había estado sometida por dos largos años, donde Adán Audilio Mellado Contreras, el nombre de ese infame, abusó de su poder, malamente también otorgado por nosotros. Esto sucedió porque llevaba más de 30 años en ese mismo oficio, sin ningún antecedente negativo, como un “hombre honorable”, tal como lo describieron otros adultos en las declaraciones realizadas en el marco de la investigación realizadas por la fiscalía.

Así, iniciamos este peregrinar doloroso entre médicos, peritajes, abogado, tribunales y reuniones con el fiscal. Pero lo hicimos con la convicción de que, como padres, debíamos asumir y responder al valor que tuvo nuestra hija al contarnos y enfrentar el proceso judicial, porque fue capaz de superar el miedo al que la sometió este hombre, quien la amenazó con matar a sus padres, e incluso a ella, si decía algo. Pero al ver y pensar en el sufrimiento que podía estar pasando otra compañerita de tenis más pequeña, tomó fuerza y decidió hablar: no quiere que ninguna niña pase por lo que ella vivió.

Cómo no destacar esa valentía, empatía y solidaridad, demostrada por esta pequeñita de tan solo 11 años, en una sociedad donde estos valores parecen escasos, sobre todo cuando se trata de defender los derechos de niñas y niños, personitas sin voz ni voto. Cómo no tomar en cuenta este ejemplo, si, además, es nuestra amada hija.

A estas alturas de nuestra carta, ustedes pensarán ¿y qué tenemos que ver nosotros? Les respondemos: mucho. En la prevención del abuso sexual a menores que practican un deporte, ustedes, como adultos, tienen voz y poder para conseguir que instituciones públicas y privadas realicen acciones concretas en pro de la seguridad e integridad de los menores. El Instituto Nacional del Deporte (IND) debe tener algo que decir, para que, al igual que los establecimientos educacionales, cuente con protocolos que favorezcan a la víctima y no al “eventual” abusador, que la infraestructura de los centros deportivos cuente con cámaras, que en las cancha siempre se encuentren por lo menos dos entrenadores. Podemos ser muy creativos en las medidas que se propongan porque todo sirve, porque nuestra hija lo hubiera agradecido si se hubiesen adoptado antes. Lo importante es que no vuelva pasar los que nos sucedió a nosotros, que confiamos en una persona solo porque llevaba 30 años trabajando y sin antecedentes.

Quisiéramos destacar que, a los pocos días de haber realizado la denuncia, nos llamó el presidente del Club de Tenis Valdivia de ese entonces. Nos dejó en claro que “el tema era delicado”, porque estábamos“enlodando la imagen de una persona honorable”. Con esa llamada nos quedó claro que en este camino estaríamos solos, sin apoyo formal del club. Lo irónico es que la víctima tuvo que irse y el abusador siguió cumpliendo sus funciones. En el club ni siquiera dudaron de sus actos, asumiendo que mi hija mentía.

Afortunadamente, existen adultos que sí protegen a los niños y niñas, y velan porque estas instituciones funcionen como corresponde. Es el caso del secretario del club, que entonces ejercía paralelamente el cargo de presidente de la asociación de tenis local, quien nos apoyó desde el primer día en que le contamos lo sucedido. Pero era la palabra de él, de nosotros y el testimonio de nuestra hija, frente a adultos que desde su zona de confort prefirieron callar, porque así podrían seguir adjudicándose financiamiento para proyectos en nombre de los menores.

El proceso legal fue largo, pero finalmente se hizo justicia. Pero, como estamos en Chile, los medios de comunicación le dan más importancia al robo de un auto o a lo que hizo o dejó de hacer una modelo, que al abuso que sufren nuestros niños y niñas. Los invito a revisar los datos de la Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, para que puedan dimensionar que a diario, de cada diez niños y niñas en este mundo, tres sufren abusos.

Finalmente, hace un mes el proceso término con un juicio abreviado, donde el infame reconoció que abusó en forma reiterada por dos años de nuestra hija. Fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, que cumplirá en libertad vigilada.

El fallo fue favorable para nuestra hija, no solo porque se condenó al agresor, sino porque al suspenderse el juicio oral ella no tendrá que declarar por séptima vez. Para una niña abusada repetir una y otra vez lo sucedido, es como tener una gran herida abierta, sangrante y dolorosa, que lentamente va formando una costra, pero cada vez que declara se la arrancan de un tirón, provocando que vuelva a sangrar, con dolor y más dolor. Imaginen seis veces ese acto. El dolor de nuestras almas como padres ha sido horrible al ver sufrir a nuestra hija, al ver que quiere dejar de existir, atentar contra su vida, porque no logra entender qué hizo mal. Muchos adultos piensan que, como la herida no se ve, todo está bien. No comprenden que es un dolor silencioso, un corte profundo en el desarrollo infantil, que trastoca todos los valores, la formación del criterio, todo su ser. Todo eso no le importó a la directiva del Club de Tenis Valdivia, porque ahora la ven sonriendo y porque volvió a jugar en el Club Phoenix. No consideran que otra gran virtud de nuestra amada hija es la resiliencia.

Puede ser esta carta muy extensa, pero como padres que estamos cerrando el primer círculo de la sanación de este evento brutal que sufrió nuestra hija, solo pedimos que escuchen la voz de nuestra hija que tuvo la fortuna de cerrar este proceso judicial, pero también que tengan en cuenta que existen muchos niños y niñas abusadas que no pueden decir lo mismo.

Espero que esta carta produzca una reflexión en ustedes y que nuestro testimonio pueda ayudar a que otros padres apoyen a sus hijos e hijas para denunciar estos hechos o, al menos, para prevenirlos. A veces se piensa que dejar a un hijo o hija en una actividad deportiva de tan sólo una hora diaria no tiene riesgo, pero lamentablemente les decimos con propiedad y con un gran dolor que ese tiempo es suficiente para que opere un abusador, como el infame que abusó sexualmente de nuestra hija por dos años.

El testimonio de Erika Olivera: justicia, reparación y prensa

Hace poco más de una semana, un reportaje acerca de la deportista Erika Olivera, referente al abuso perpetrado por su padrastro y de su sobrevivencia a la violencia, removió a la opinión  pública. La atleta, que podría representar la historia de cientos de mujeres, denunciaba que la pareja de su madre había abusado sexualmente de ella de forma sistemática durante más de una década. Se refirió a cómo el deporte la había “salvado” del horror; siendo una vía de escape de aquella vida en pobreza, desprotección y recurrente vulneración de sus derechos.

Para Erika o María José (su nombre representa el de muchas) el deporte fue y es una compañía y un aliciente que le permitió sobrevivir al dolor y a la frustración diaria, transformando ese padecer en algo constructivo y significativo para ella, asombrando con él a todo un país. Existen otras sobrevivientes que a través de la actuación, la escritura o el baile, logran de alguna forma conectarse con una parte sana de sí mismas, desdibujando todo el horror que viven en su entorno. Decimos horror porque el abuso sexual, especialmente cuando es perpetrado por un familiar con quién se tiene un vínculo afectivo, representa uno de los traumas más graves que existen, una amenaza constante de destrucción al mundo psíquico de la víctima.

Niñas y niños, aún después de adultos, sienten miedo, un terror recursivo hacia el agresor pero también hacia una insitucionalidad que desespera: policias, hospitales, sistemas de justicia, todos incrédulos ante las denuncias. En el caso de niñas y adolescentes, esa incredulidad implica un trato degradante, acusando exageración o lisa y llanamente un invento. Muchas re-maltratadas en la denuncia del abuso que se convierte en una continua violación.

Erika Olivera
Erika Olivera

En este caso, Erika dijo a la revista Sábado de El Mercurio “no puedo hacer justicia con mis manos, tampoco judicialmente, la única manera de hacer justicia que me queda es contar  la verdad”. Esta frase es compleja, pero aparece frecuentemente cuando se utilizan los  medios de comunicación y las redes sociales para denunciar hechos que no han tenido cabida en otros espacios, pero que por su verdad y crudeza; por el nivel de transgresión que implican, deben ser sacados a la luz a como dé lugar para hacer justicia y recibir algo de reparación. Se trata de una justicia y una reparación que no pasa ya por el Estado, ni por los tribunales sino que por el escrutinio público, por las voces y las miradas de la sociedad que encierran a los culpables en jaulas invisibles de repudio a sus actos.

El padrastro de Erika o de cualquier otra mujer que aún no denuncia al abusador; a quien ella acusa, huyó del país, escapó de la sanción sobre un delito que hoy en día en Chile está prescrito. No existe una citación a declarar, ni una investigación en su contra, sin embargo, el padrastro ya está siendo enjuiciado por todo un país. ¿Son entonces los medios de comunicación los nuevos tribunales? El remezón que significó el testimonio de Erika a través de la prensa, al parecer fue eficaz al contar con más respaldo en la opinión pública que en el sistema de justicia.

Pero probablemente no se trata de un respaldo justo. No se garantizan así los derechos de niños, niñas y mujeres, tampoco los de víctimas y victimarios. Especialmente no se tensiona ni fortalece un sistema igualitario de “acceso a la justicia”, considerando que la gran mayoría de las víctimas y sobrevivientes no tendrán la misma cobertura informativa que está teniendo una figura pública y reconocida para el deporte nacional.

En este escenario difícil y controversial, se ha podido restablecer un debate pendiente desde el 2010 acerca de la prescripción de los delitos sexuales, considerando que en este caso, el padrastro de Erika quedará impune bajo las leyes chilenas. Aparece como viable y apropiado discutir la posibilidad de que este tipo de delitos no prescriba, para que no sea solo la sociedad la que juzgue y no sean sólo en casos de víctimas y sobrevivientes de connotación pública. La idea es que todas las víctimas de casos similares puedan acceder a un juicio penal con sentencia y condena judicial.

Los delitos en contra de la libertad sexual son crímenes que alarman y estremecen, en especial cuando se cometen en contra de niñas y niños. Son el rostro más descarnado del abuso de poder amparado en el afecto, el secreto y el silencio. Sus consecuencias no son sólo físicas. Son psicológicas, morales y afectivas, que arriesgan proyectos de vida por completo.

Erika tardó aproximadamente 20 años en develar, en hacer público el abuso sufrido por su padrastro. Como ella, muchas sobrevivientes desarrollan sus vidas, mientras en silencio recuerdan lo que sufrieron en su niñez: imágenes sombrias de la violencia sexual que desean desterrar de su memoria y que aún están latentes esperando ser vistas y escuchadas.

De acuerdo a la literatura especializada, las víctimas de abuso sexual infantil (especialmente el que ocurre al interior de las familias) en su rotunda mayoría son mujeres, que tardan entre tres y 18 años en contar lo sucedido, mientras otras nunca lo hacen. Esto último es un factor importante al reflexionar respecto de las políticas públicas orientadas a la prevención y detección temprana de este tipo de violencia, así como también es una información a considerar al debatir sobre la NO prescripción de un tipo de delito tan severo y ultrajante, que deja a las víctimas paralizadas y sin palabras, a veces, por décadas.

La urgencia de contar con una política nacional de prevención del abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil es un tema que ha aparecido cada vez más a nivel social, como una problemática de gran prevalencia y gravedad. Este delito fue por muchos años ocultado y minimizado por los mismos agresores, amparados en prohibiciones sociales que cuidaban del “recato”,  del silencio, al alero de leyes que no se inmiscuían en temas que consideraban del ámbito privado, dado que ocurrían al interior de las familias.  Sin embargo, en la actualidad, las víctimas de delitos sexuales poco a poco han comenzado a adquirir el valor necesario para gritar su verdad.

Una de estas víctimas es Natalia Silva, que en su novela gráfica “No abuses de este libro”, relata una parte de su propia historia como víctima sistemática de abuso sexual en su niñez. Es su forma de “expiación”, su manera de “hacer justicia”, dice la autora, mostrando que a través de los traumas infantiles y del dolor se puede crear, transformando la oscuridad de las experiencias de sufrimiento en luz para sí misma y para otras personas víctimas de este tipo de vulneración.

Escribir, pintar, hablar y cualquier otra manera de expresión, es un camino útil en la elaboración y el procesamiento de una experiencia que puede ser tan traumática que deja a las víctimas sin palabras y sin confianza, especialmente cuando el victimario pertenece al entorno cercano, muchas veces a la misma familia. Las estadísticas del Ministerio Publico de Chile (2012) indican que en el 62,26% de los casos el abusador es una persona conocida por la víctima y sólo en un 37,74%  el victimario es un desconocido. Así mismo un estudio realizado por UNICEF (2012) concluye que los agresores son principalmente conocidos de la víctima (45,6%), familiares (39,9%) y en tercer lugar los desconocidos (14,5%).

La prevención e intervención temprana en las víctimas es fundamental si consideramos que los efectos (…) pueden ser devastadores en la configuración de la identidad de las víctimas, ocasionando: depresión, conductas autodestructivas y trastornos de personalidad, entre otros

De esta manera, este delito tiene una gran complejidad desde el ámbito legal, familiar, social y psicológico, especialmente cuando ocurre en el entorno cercano del niño o niña, cuando se vulnera y transgreden los lazos de confianza y seguridad.  Las víctimas en estos contextos intentan lidiar con su padecer y sus vivencias de vulneración de distintas formas. Para Natalia Silva, el desahogo por medio de su obra fue el camino por el que optó: escribir su experiencia. Esto   además puede proporcionar ayuda a otras víctimas de abuso sexual,  ya que leer y leerse en esta novela les permite cruzar más acompañadas la ruta hacia la reparación, superación o el perdón de sí misma y del agresor.

Pero… ¿por qué la víctima debería perdonarse a sí misma? Porque las víctimas generalmente se sienten culpables de lo que les sucedió, aunque no lo sean. Así, buscan desesperadamente una manera de comprender el abuso sexual, se preguntan una y otra vez qué pudieron haber hecho o qué pudieron haber evitado, para no ser una más de las tantas víctimas de este grave maltrato infantil. Por lo mismo, el hecho de que el entorno, familia y medios de comunicación culpabilicen a las víctimas o minimicen los hechos, claramente no ayuda en el proceso de superación, sino que por el contrario, aumenta la victimización ocasionando lo que se denomina como “victimización secundaria”.

En este escenario, la prevención e intervención temprana en las víctimas de abuso sexual infantil es fundamental si consideramos que los efectos de esta vulneración, especialmente en los casos que ocurren a nivel intrafamiliar, pueden ser devastadores en la configuración de la identidad de las víctimas, ocasionando: depresión, conductas autodestructivas y trastornos de personalidad, entre otros efectos.

En virtud de lo anterior, se requiere de la creación de una Política Nacional de prevención del abuso sexual infantil, que tengan como uno de sus propósitos el orientar e informar a los niños, niñas y adolescentes en estos temas. Así, una de las vías para disminuir la prevalencia del abuso sexual es a través de la educación de la población y de la desmitificación de los prejuicios que pudieran existir.  Para esto debemos tomar en cuenta que el abuso sexual infantil es un fenómeno multicausal y complejo, en el que todos somos responsables como sociedad, más allá de apuntar con el dedo a los culpables y de patologizar al victimario, quien no necesariamente padece de algún trastorno, fuera de vivir en una sociedad patriarcal, violenta y desigual.

Para prevenir, el llamado es a escuchar a las víctimas como Natalia Silva, es a  involucrarnos como sociedad bajo una mirada holística y responsable, con la finalidad de aportar en la prevención y disminución de este tipo de vulneración que tanto sufrimiento acarrea a sus víctimas y familiares.