Más seriedad en las encuestas de opinión pública

Columnista Carlos Huneeus

Agradezco la invitación a explicar mis críticas a la encuesta de Adimark GfK de septiembre, que dio un 35% de apoyo a la Presidenta Bachelet, cuatro puntos menos de la medición anterior, sin que ello se reflejara en otras preguntas porque se mantuvo constante la evaluación de las capacidades de la Presidenta.

Además, informó de un 14% de simpatía con la Alianza, 21% con la Concertación, 11% con el Pacto Juntos Podemos -que no existe ahora- y 54% se identificaron como independientes o con ninguno. Este dato es aún más delicado porque tiene consecuencias políticas: significaría que las dos coaliciones, que representan a más del 90% de los votantes, se estarían desplomando, surgiendo un espacio para nuevas alternativas electorales. Dicha encuesta no aportó antecedentes que avalaran esta hipótesis.

Ambos resultados son muy distintos a los de la encuesta CERC de octubre de este año: 48% respaldó al gobierno y 43% se declaró partidario de la Concertación, un 20% apoyó a la Oposición y un 27% no responde.

Los resultados del CERC eran confirmados por otras preguntas: 48% le pone buena nota a la Presidenta Bachelet (suma notas 5 a 7); 40% tiene una buena opinión de ella y apenas 21% tiene una opinión negativa; más del 50% apoya a los partidos de la Concertación y la Alianza en voto parlamentario, hay continuidad en las preferencias políticas, etcétera.

Ante esta enorme discrepancia no podía permanecer indiferente. Las empresas extranjeras -Adimark fue adquirida por una empresa alemana, GfK, especializada en estudios de mercado y no hace opinión pública- tienen que aportar buena tecnología y conocimiento, sin dañar una industria que hemos desarrollado los chilenos desde hace más de dos décadas.

La calidad profesional de las encuestas se mide en las elecciones: aciertan o no en predecir los resultados. Este es la vara que las mide en los países avanzados, pero no en Chile, en que predominan otros criterios: la confianza política y empresarial y simpatías personales. Esto es un reflejo de la estructura de las desigualdades, en que la clase social y el dinero tienen mayor peso que el mérito. Eso tiene que cambiar, especialmente en las encuestas, por su enorme influencia política.

El CERC siempre ha hecho predicciones electorales, a diferencia de Adimark GfK, que no lo ha hecho nunca y cuando la hizo, junto al CEP y Televisión Nacional en el éxit poll de 1993, se equivocó en forma garrafal: aseguró que la Concertación doblaba en todos los distritos senatoriales, pero la Alianza ganó un senador en cada una de ellos.

La importancia de las encuestas explica que existan normas internacionales para resguardar su calidad. La más reconocida es la de la Asociación Europea de Estudios de Mercado (Esomar) y la de la Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública (Wapor), de la cual soy miembro. El hecho que Chile no tenga una filial de Wapor, por negativa de algunas empresas -Adimark entre ellas-, no las exime de la obligación de trabajar con alta calidad.

Las empresas o institutos pueden trabajar para un partido o un gobierno, sin que influya en su trabajo profesional. Mori, en Gran Bretaña trabajó para el partido laborista desde 1969; el instituto Allensbach, en Alemania asesoró al canciller federal Konrad Adenauer. En mi caso, fui embajador del Presidente Aylwin en Alemania y tengo afiliación partidista. Las predicciones del CERC desde el plebiscito de 1988 han sido muy buenas: en la elección presidencial de 2005 predijo con gran certeza el resultado de los cuatro candidatos.

La seriedad en el trabajo implica no sólo recopilar la información, sino también interpretarla correctamente. La explicación que hace Adimark GfK de sus encuestas es antojadiza y simplista, basada en el marketing y no en los estudios de opinión pública, dos ámbitos distintos del conocimiento social.

Chile tiene pocas encuestas y su estudio no se ha desarrollado en las universidades. Hay que cuidarlas para que sigan colaborando en el proceso político.

*Carlos Huneeus es abogado, cientista político y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC.

De Fox el honesto, al vulgar ratero

Vicente Fox

1. La última vez que conversé con ella, en noviembre de 2000, todavía era la pueblerina Martha Sahagún Jiménez. Me había citado en el restaurante de un hotel gran turismo en el Distrito Federal. Ahí, off the record, me hablaría de los personajes que su jefe, Vicente Fox, incluiría en el gabinete. Cuando llegué, me pidió que, antes de conversar, le ayudara a tomar una decisión importante: ¿cuál gargantilla debía usar en la toma de posesión de Fox: la que tenía esmeraldas o la de oro macizo blanco? Las joyas estaban desparramadas sobre la mesa. Un diamantista adulador, me dijo, se las había regalado. Le respondí que en esos asuntos era un mal consejero. Cuando supuse que dejaríamos a un lado las frivolidades y me daría la información, me preguntó si debía tomar en cuenta una sugerencia que un reportero de modas había publicado en el periódico Reforma: eliminar el fleco del cabello, echarlo todo para atrás y pintárselo de morocha. Volví a abstenerme.

Días después, cuando Ernesto Zedillo le entregó a Fox la banda presidencial, la vi rebosante: además del vestido de un diseñador europeo, su cuello estaba adornado de esmeraldas y ya no usaba el fleco. Me hubiese gustado decirle lo que pensé desde esa tarde en el hotel gran turismo: que su obsesión por su apariencia sería su perdición. No lo hice porque nuestra amistad se rompió por esos días: antes del tiempo acordado con Martha, el miserable hombre que entonces dirigía el diario Milenio publicó los nombres del gabinete.

Entonces pasaron los días y Martha Sahagún Jiménez se transformó: le quitó la H a su nombre, le agregó el María y la boda le dio el apellido Fox.

Cuento esta historia porque desde el primer año de gobierno foxista las leyendas negras sobre Marta y sus tres hijos, que tuvo con Manuel Bribiesca, corrieron como bala perdida.

En el círculo rojo se decía que Marta y sus hijos eran unos delincuentes, pero Fox, ni duda había, era honesto. Hay decenas de teorías sobre por qué el Presidente dejaba que su mujer se le impusiera. Yo me quedo con una: estaba enamorado.
La historia hubiese quedado ahí: la de un tipo que llevó al límite de la locura su amor. Sin embargo, hace cosa de tres semanas, Fox y Marta decidieron mostrarle al país su rancho en Guanajuato. Escogieron a la revista Quién, experta en fotografiar la trivialidad de los ricos mexicanos. Más allá del lago artificial, los tragaluces de vértigo, los muebles mandados a hacer de una vez y para siempre, y la construcción de arte anacrónico, lo que a muchos nos intrigó fue de dónde había sacado tanto dinero Fox para darle carne a un esqueleto que no tenía remedio.

Si había ganado no más de 1.5 millones de dólares con su sueldo de Presidente, si casi la mitad de ese dinero lo destinó a la pensión de sus cuatro hijos adoptivos, y si tenía deudas en sus empresas por 12 millones de dólares, ¿cómo lo hizo?

Me quedo con una reflexión que, hace cosa de un mes, escribió el periodista Ciro Gómez Leyva en Milenio: El mito de Fox el honesto se acabó; falta poco para que el colectivo imaginario piense que Vicente, igual que Marta, son unos vulgares rateros.

2. El juicio de los medios, hasta ahora, ha sido irreductible: enriquecimiento ilícito.
La opinión se ha alimentado en los últimos días porque se ha comprobado que Fox sí es dueño de propiedades (cosa que él ha negado), que Marta utilizó el poder para exigirle a un empresario que le regalara a Fox un Jeep rojo (muy parecido al que tiene George Bush), que el ex Presidente obtuvo una Hummer en comodato (que no es otra cosa que un soborno de la General Motors), que dejó libre a Marta para armar una red de complicidades que beneficiaron económicamente a los hijos Bribiesca… Claro: ese se ha prestado para que cualquier dato sea sospechoso. Por eso también hay que decirlo: hay reporteros que, en la frenética pelea de las exclusivas, publican absurdos que sólo sus editores se las creen. Si Fox cometió un delito, como al parecer sucedió, los medios no deberían de caer en disparates que únicamente le dan armas al ex Presidente para defenderse en el momento apropiado.

Hasta ahora, el único argumento sólido que Fox ha utilizado en su defensa es: “todo está en mis declaraciones patrimoniales, revísenlas para que dejen de hablar mentiras”.

Supongo que ningún medio reparó en las declaraciones patrimoniales porque, a priori, se creyó que no iba a encontrase nada de corrupción ahí. Además, los reporteros que en su momento cubrieron las actividades de Fox, nunca informaron de alguna irregularidad. Al contrario: hasta les pareció un buen gesto que un Presidente mostrara, por vez primera en México, su patrimonio.

La verdad era otra.

En emeequis, el semanario donde laboro, se decidió revisar las declaraciones patrimoniales. Si no encontrábamos nada, ni hablar. Aceptaríamos que informativamente quedaríamos rezagados en el ventarrón.

Eso sí: antes de trabajar, hurgué entre los medios mexicanos para comprobar si nadie lo había hecho. Encontré que sólo Proceso, el más importante semanario en México, lo había intentado. Pero por falta de tiempo o qué sé yo, el reportero decidió reparar en datos curiosos, en datos para la anécdota: el salario del ex Presidente, un auto Jetta que le fue robado, una cuenta de cheques con cero pesos…

Entonces seguí la ruta. Y los resultados fueron sorpresivos.

Primero, me perturbó que Fox tuviera dos diferentes declaraciones patrimoniales: una, que entregó a la prensa y subió a la página web de Presidencia; otra, que dio a la Secretaría de la Función Pública, la encargada en sancionar a los servidores públicos. Ninguna concuerda. En una se dan cifras que en la otra no, se omite la propiedad de vehículos, de casas, se ignoran cuentas bancarias o no se explican de dónde obtuvo ciertos ingresos. ¿Por qué no lo vimos antes?

Luego, cuando fui al rubro de ingresos obtenidos, pensé que sólo estaría el salario que percibió como Presidente. Y no. También declaró, en sus seis años de gobierno, más de 1.5 millones de dólares por actividades empresariales. Eso no sería grave si el artículo 89 de la Constitución Política Mexicana prohibiera al Ejecutivo tener otro trabajo que no sea el de Presidente. Y Fox lo contravino. Si hago la suma, entiendo por qué no dejó de ser empresario: ganó más en sus compañías de verduras que como mandatario.

En aquellas versiones originales y piratas de sus declaraciones patrimoniales, también reparé que Fox había recibido en 2004 y 2005 un cobro por casi 80 mil dólares de seguro de separación del cargo. Pensé que en este México donde todo lo chueco es lo derecho, los presidentes tenían ese privilegio: cobrar el retiro aunque siguiera trabajando. Pero Mario Di Costanzo, un economista que trabaja directamente para Andrés Manuel López Obrador, me sacó de la duda: es ilegal, y eso se sanciona en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

El último dato fue igual de extraño: Fox había cobrado cerca de 300 mil dólares por “asesoría”. ¿Pues a quién asesoró el Presidente de México?

Quién sabe si todo está en sus declaraciones patrimoniales, pero las violaciones a la ley, sí.

Creo que las autoridades no deberían de buscarle más: en las declaraciones patrimoniales, Fox confiesa delitos. Eso bastaría para fincarle juicio político o, cuando menos, inhabilitarlo de por vida como funcionario público. Claro: no creo que eso le interese.

3. En la primera semana de octubre pasado, Fox empezó a promover su libro Revolution of hope en Estados Unidos. Con Larry King y Jon Stewart se regodeó. Los Angeles Times lo incluyó en la tapa del diario. El programa radiofónico The Leonard Lopate Show lo entrevistó y le dejó decir lo que quiso. Pero las cosas empezaron a complicarse cuando acudió a la cadena Fox para el programa de O’Reilly, un conocido presentador estadounidense, xenofóbico y antiemigrante. Aquella charla terminó muy mal: O’Reilly le reclamó la falta de una política social para frenar el tráfico de drogas y la emigración. Fox lo acusó de intolerante y de paso dijo que el gobierno de Bush era igual de corrupto que el mexicano.

La nota, acá en México, fue ésa: la escaramuza de barriada entre dos hombres bravucones.

Pero luego un mejor espectáculo.

El martes 16 de octubre, Fox acudió a la cadena Telemundo para una entrevista con el conductor Rubén González Luegas. ¿Qué pasó entonces? Muchos lo saben: el ex Presidente explotó cuando se le preguntó por sus propiedades. Se levantó, le dijo viejo y pobre imbécil a González, y se retiró.

En México, un diario vespertino, de ésos que contabilizan a los muertos o titulan con burla su nota principal, dijo: ¡Enloqueció!

¿Fox está loco?

Se lo pregunté a un psicoanalista mexicano: José Antonio Lara, doctorado en la Escuela de Psicoanálisis de Barcelona y quien últimamente se ha interesado por diagnosticar a los políticos mexicanos.

En resumen, el médico me dijo:
Fox sufre esquizofrenia simple, rasgos de perversión, narcisismo exacerbado y trastornos disociativos. Me explicó cada patología con ejemplos concretos. Hasta buscó las semejanzas con otros ex presidentes mexicanos. De todo lo que hablamos, me llamó la atención la reflexión que hizo sobre por qué los Fox le abrieron las puertas a la revista Quién para mostrar su rancho: “Nos enseñaron el miembro. Para los psicoanalistas, gente con delirios de grandeza es lo que hacen. Es como el chico que va al parque, se baja los pantalones y se saca el pene. Esa misma actitud tuvieron los Fox”.

Sé que la suya no es una verdad absoluta, pero le creí.

A Fox ya no le sirve el Prozac.

4. Las sospechas de que Fox y Marta acumularon un enriquecimiento ilícito e inexplicable, trajeron consigo que en el Congreso se creara una comisión para investigar al ex Presidente. La izquierda mexicana (el Partido de la Revolución Democrática) cree que existen suficientes elementos para que Fox termine en la cárcel.

Seguro las hay, pero no creo que eso ocurra.

Quienes tienen la mayoría en esa comisión son legisladores que pertenecen a Acción Nacional (el partido de Fox y del actual presidente Felipe Calderón) y al Revolucionario Institucional, el eterno PRI (quien ha hecho todo lo posible para que dos de sus gobernadores no sean derrocados: Ulises Ruiz y Mario Marín. El primero está vinculado a una serie de asesinatos en Oaxaca; el segundo, en Puebla, utilizó el poder para complacer a su amigo libanés Kamel Nacif: ordenó arrestar a la periodista Lydia Cacho, luego de que ésta investigara que Kamel está relacionado con una red de pederastia y pornografía infantil.

Otro dato que sustenta mis sospechas: para que a Fox se le pueda fincar juicio político, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque, según la Constitución mexicana, cuando un Presidente deja su cargo sólo se le puede acusar de traición a la patria en el año siguiente. Así se salvó Carlos Salinas de Gortari.

Quisiera equivocarme, pero Fox la va a librar. No sé si Marta y sus hijos Bribiesca también. Al final, quizá todo dependa de Calderón: como su triunfo sobre López Obrador no está del todo claro, la legitimidad que tanto busca se la puede dar el caso Fox.

Mientras eso ocurre, el roadshow de Fox sigue. Ahora está en Canadá. Desde allá declara que un senador priista, Manlio Fabio Beltrones, está atrás de la campaña de desprestigio y lo acusa de narcotraficante. Desde allá ordena que su página web (centrofox.org.mx) sirva como trinchera: a diario saca un comunicado para reiterar su honestidad y explicar el origen de sus propiedades.

Pero acá en México el mito de que era honesto sigue resquebrajándose y acercándose al de un vulgar ratero.

Alejandro Almazán es periodista de la revista EMEEQUIS de México, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo de México

Mario Marcel: “Nunca se pensó en un subsidio estatal para el Transantiago”

Mario Marcel, el ex director de Presupuestos, rompe su habitual bajo perfil para abordar uno de los temas más espinudos relacionados con el diseño del nuevo plan de transporte colectivo: por qué se puso en marcha aún cuando la mayor parte de las obras de infraestructura estaba sin construir. Había plata, asegura el economista, pero sostiene que los ministerios encargados del plan no fueron capaces de ejecutar las licitaciones a tiempo. Agrega que jamás se planteó subsidiar la operación, pero que sí se discutió hacer un aporte público a las inversiones en infraestructura.

-Hubo varias reuniones entre Lagos, los ministros de Hacienda, MOP y Vivienda y el coordinador de TS en las que se definieron cosas fundamentales, como no subsidiar el sistema…

Nadie planteó nunca la posibilidad de un subsidio a la operación. Desde un principio se supuso que tenía que ser un sistema que lo financiaran los santiaguinos. A lo más se planteó para la inversión –pero no sé si alguien lo planteó para la operación- la posibilidad de que la Región Metropolitana por otra vía generara recursos para TS. Y esa otra vía fue la posibilidad de una sobretasa a los bienes raíces de mayor valor, un impuesto que se creó después del terremoto del ‘85 y duró –creo- hasta el 95-97.

-¿Quién planteó esa posibilidad?
Yo. Pero en general, se planteó más para la inversión que para la operación.

“Sí se planteó que el Estado se hiciera responsable de las inversiones, pero dentro de una lógica en la que idealmente fueran los habitantes de la Región Metropolitana los que asumieran ese costo. En ese contexto, se planteó la sobretasa a las contribuciones de bienes raíces y también la alternativa de la tarificación de calles, una idea hacía mucho tiempo postergada”.

-Para obras de infraestructura, como corredores viales, paraderos, estaciones intermodales…
Claro. Esta separación entre la inversión y la operación tenía que ver con que en Santiago el transporte colectivo hace décadas que no era financiado ni subsidiado por el Estado. Y estaba fuera de discusión el que pudiera establecerse un subsidio a la operación. Sí se planteó que el Estado se hiciera responsable de las inversiones, pero dentro de una lógica en la que idealmente fueran los habitantes de la Región Metropolitana los que asumieran ese costo. En ese contexto, se planteó la sobretasa a las contribuciones de bienes raíces y también la alternativa de la tarificación de calles, una idea hacía mucho tiempo postergada.

-¿En qué contexto se pensó aplicar esas dos vías de recaudación de dineros para el TS?
La primera, tenía una ventaja del punto de vista distributivo, porque se le pedía a la gente con propiedades de mayor valor, a la gente de mayores recursos, que contribuyera a financiar el transporte colectivo de las personas con menos recursos. En el otro caso se apuntaba a establecer un costo adicional al uso del automóvil, porque a diferencia de lo que era en ese momento la visión de las autoridades de Transportes, nosotros preveíamos que si el TS era exitoso y se reducía el número de buses, el tránsito de los automóviles iba a ser más expedito y eso iba a incentivar su uso. El Ministerio de Trasportes no tenía previsto que se redujeran fuertemente los tiempos de viaje, porque el sistema incorporaba los trasbordos, sino que los beneficios tenían que ver con reducción de la contaminación, ruido, riesgos de accidentes a lo que se agregaba comodidad del servicio.

¿De dónde surge la idea de que los usuarios deben financiar las obras?
No son los usuarios, son los habitantes de la Región Metropolitana. Si fueran los usuarios, las obras viales tendrían que estar incluidas en la tarifa y no lo están, sino en el presupuesto. Y la pregunta era de dónde venían los recursos que van al presupuesto. Podían venir de la tributación general, pero habría una parte que la aportaría el resto del país…

La información que hemos recopilado es que en algún momento se estableció que las obras, como los corredores viales, serían financiadas con la tarifa.
Pero eso en definitiva no ocurrió.

¿Por qué se desestimó?
Porque en la medida que se fue modelando el sistema se vio que la tarifa no iba a ser suficiente.

¿Cuándo se modificó esa decisión?
Debe haber sido por ahí por el 2004.

Hay casos como el de Aguas Andinas que financió su planta de aguas servidas y después incorporó el cobro en la tarifa…
Fue una alternativa que se estudió, pero el tema era comparar la tarifa primero con lo que requería la operación del sistema y luego ver si había un espacio para que además se financiaran las inversiones. Yo no intervine mucho en esos análisis, pero se fue viendo en el camino, especialmente en la época de (Aldo) Signorelli, que le puso más realismo al modelo, que la tarifa alcanzaba sólo para la operación.

Y se decide que las obras se construyan con presupuesto público.
Se hace un análisis de los compromisos que tenían los ministerios respectivos y el gobierno regional metropolitano, y se le fue haciendo espacio dentro de esos presupuestos a la obras.

-¿La caja no daba para todas las obras que se requerían según el calendario establecido para poner en marcha el TS?
La caja daba en la medida que esas obras se distribuían en plazos realistas.

-Esos plazos realistas al parecer chocaron con los plazos ya establecidos para dar luz verde al negocio. Entonces se distribuyeron en el tiempo las obras, pero hubo un minuto en que esto se puso en marcha y aun faltaba infraestructura.

Pero ahí hago una aclaración. El hecho de distribuir las inversiones en varios años no era un tema estrictamente de caja, era también de capacidad operativa y de aguante de la ciudad para soportar tantas intervenciones. En el 2004 estábamos con la crisis de los hoyos en las calles de Santiago por la cantidad de obras que se estaban haciendo al mismo tiempo: ampliación del Metro y autopistas concesionadas, pavimentación de Alameda. No podías además agregar en las pocas calles que estaban operando razonablemente los corredores viales, ciclovías y reparaciones. La ciudad se iba a paralizar. Lo que quizás no fue realista fue al mismo tiempo organizar un calendario de licitaciones y obligaciones para los operadores que no fuera consistente con la velocidad con la cual iban a estar disponible esas obras. Quiero ser súper claro: el tema del presupuesto de las obras y la manera en que se distribuyen en el tiempo, no tuvo que ver con restricciones de caja, sino con restricciones operativas, con la capacidad de los ministerios para adjudicar y fiscalizar tantas obras al mismo tiempo y con la capacidad de la ciudad para aguantar tanta obra simultáneamente.

“El primer año en que hubo plata para inversiones en el TS -no recuerdo si fue en 2004 o 2005-, esa plata no se gastó. Nunca se gastó, porque simplemente no se alcanzaron a hacer a tiempo las licitaciones. Operativamente los ministerios involucrados no fueron capaces de hacer el delivery de lo que se había autorizado”.

-¿Usted lo hizo presente en las reuniones en que participó?
Claro, por eso no fue un tema particularmente polémico, porque si hubiese sido sólo un tema de plata habríamos tenido unos tremendos conflictos. Pero el propio MOP y Vivienda se dan cuenta que no era posible hacer todo. Más aún, cuando tuvieron los recursos disponibles, tampoco se gastaron a la velocidad que se había previsto. El primer año en que hubo plata para inversiones en el TS -no recuerdo si fue en 2004 o 2005-, esa plata no se gastó. Nunca se gastó, porque simplemente no se alcanzaron a hacer a tiempo las licitaciones. Operativamente los ministerios involucrados no fueron capaces de hacer el delivery de lo que se había autorizado.

-Se proyecta un calendario “realista” para las obras, pero se retrasa por falta de capacidad operativa. Lo lógico era que el sistema se iniciara con los corredores viales habilitados, pero la mayor parte de esas inversiones quedaron pospuestas hasta después de que partiera la operación. ¿Cómo y quiénes tomaron esa decisión?
Eso no lo sé. Y aquí hay que tener claro que cuando se hacen las evaluaciones de los proyectos y esa evaluación indica que no da para financiar una operación porque hay otras cosas que se necesitan, la conclusión es que no se hace o se hace en un calendario diferente. En general las evaluaciones de los proyectos no te dicen “este proyecto no hay que hacerlo”, sino que dicen “en este contexto, con estos parámetros, hoy no es rentable hacerlo, pero puede serlo mañana en la medida que se hace tal inversión complementaria”. En este caso habría implicado aplicar un calendario diferente.

-La lógica es “se suspende” o “se cambia el calendario”. Pero aquí se cambió sólo una parte del calendario, la otra quedó intacta. ¿De quién fue esa decisión?
Ciertamente no fue de Hacienda (se ríe). Probablemente del Ministerio de Transporte. Había un comité de ministros de TS.

-Pero, ¿era un comité resolutivo para este tipo de decisiones?
Supongo que sí. Ese comité coordinaba a los distintos actores en el proceso de implementación. Me imagino que si en ese comité están los ministros del MOP y de Vivienda y ellos dicen “estas obras no van a estar disponibles en el momento que se requiere para que entren los buses”, algo tendrá que pasar en ese comité. Pero yo no participaba. Me invitaron un par de veces y justo coincidió con que yo no pude ir.

-¿Y en qué reuniones participó, entonces?
Muchas veces eran reuniones bilaterales con los ministros y a veces con el Presidente. Las discusiones que me tocó seguir con el Presidente tenían que ver con la participación del Metro. Y se tuvo que dedicar mucho tiempo a persuadir a Fernando Bustamante para que el Metro participara en este sistema. En el Metro hicieron sus cálculos y dijeron “para que se financie la operación del Metro a esta tarifa, necesitamos tantos millones de pasajeros-año”. Y el temor que tenían era que, por el aumento de pasajeros por metro cuadrado, se iba a deteriorar la calidad del servicio. Ellos no querían depender de un sistema más grande, no querían ser un operador más y TS requería que fuera así. Debemos haber estado en esto unos ocho meses, por lo menos. Incluso en algún momento Nicolás Eyzaguirre hizo de mediador entre MOP y Metro, porque no había diálogo. Finalmente, se llegó a unos acuerdos que definieron la cantidad de pasajeros que se tenían como meta para el Metro, la tarifa con la que lo iban a financiar y qué se iba a hacer si no se lograba ese flujo, todo lo cual quedó sobrepasado por la realidad. En esa discusión estuve involucrado porque veíamos el presupuesto del Metro.

-Así como con el Metro, todo modelo de negocio parte con un cálculo de demanda. Cuando ustedes discutían todo el modelo, ¿tenían claro que la última encuesta completa origen-destino era de 2001 y que sus proyecciones eran a la baja porque fue hecha cuando la crisis asiática aún afectaba a la economía?
Diría que el que hubiera una encuesta origen-destino con tres años de antigüedad no era particularmente extraño, porque no se hacen con tanta frecuencia ni cambian tanto los trayectos de la gente. Creo que lo principal tiene que ver con las limitaciones del instrumento (encuesta) más que con si se hizo en 2001 o en 2003. Con esas encuestas uno no sabe exactamente qué recorrido va a tomar la gente cuando cambie la malla, sabes más o menos los flujos que va a haber entre distintas partes de la ciudad. Para lo que sirvió fue para un discusión importante respecto de una posible implementación gradual. Durante un tiempo se discutió hacer una implementación en una zona de la ciudad.

“Hubo una discusión importante respecto de una posible implementación gradual en una zona de la ciudad… Había otra alternativa, pero no sé si alguna vez los técnicos de transporte la estudiaron: la que usaron en Bogotá, donde hasta hoy existe el equivalente a las micros amarillas y las vías principales de la ciudad se las entregaron en exclusiva a los troncales”.

-En Maipú, ¿no es así?
Sí, creo que se habló también de avenida Grecia, pero no me acuerdo bien. Pero se vio que la diversidad de destinos de la gente era tan grande que era muy difícil poder hacer funcionar un pedazo de TS. Había otra alternativa, pero no sé si alguna vez los técnicos de transporte la estudiaron: la que usaron en Bogotá, donde hasta hoy existe el equivalente a las micros amarillas y las vías principales de la ciudad se las entregaron en exclusiva a los troncales.

-Entre 2005, cuando estaba prevista su puesta en marcha inicial, y la inauguración definitiva del plan en 2007, muchas cosas cambiaron, la ciudad creció y las mallas de recorridos quedaron cortas, hubo un 12% de aumento de demanda y la cantidad de buses resultó insuficiente. ¿El Presidente Lagos tuvo antecedentes de ese tipo cuando decidió suspender?
Hay dos elementos de ese tipo. Uno, que no iba a haber buses suficientes, porque los operadores salieron a buscarlos y la capacidad de producción de los proveedores no daba para tener todos los buses que se necesitaban. La otra razón fue el estado de avance de las obras de infraestructura.

-Por el año perdido cuando no se ejecutan los proyectos.
Claro. Creo que esos fueron los dos factores principales. Ahora, respecto de los nuevos desarrollos inmobiliarios, tengamos claro que a cualquier modelo, sea económico o de transportes, uno puede hacerle modificaciones, no queda como una fotografía intocable. Si tienes desarrollos inmobiliarios que surgieron después de la encuesta origen-destino, en principio deberías poder ajustar el modelo e incorporar esas nuevas zonas.

-Ustedes, equipo económico del gobierno, ¿tuvieron oportunidad de ver los contratos de las concesiones? ¿Quién los visó?
Como Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto nunca vimos ningún contrato, asignábamos recursos y las instituciones tenían que administrar esos recursos. No intervenimos ni conocimos qué pasaba en los procesos de licitación.

Vea Investigación “El recorte que mató al Transantiago”

Miguel Estay, El Fanta: Las razones de un verdugo

¿Cómo un hombre llega a delatar a sus amigos, a ser el verdugo de sus compañeros? La pregunta ronda en la cabeza de Manuel Guerrero Antequera como una gran obsesión. Su padre, Manuel Guerrero Cevallos fue degollado junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino, en 1984. En el asesinato participó Miguel Estay Reyno, El Fanta, un hombre que era amigo de la familia, un compañero de su padre en el Partido Comunista. ¿Cómo pudo hacerlo?

Estay Reyno cumple cadena perpetua por ese crimen y lleva 12 años preso. Las canas asoman en su pelo cortado al ras y las bolsas bajo sus ojos delatan el paso de los años, pero se mantiene en forma a punta de una intensa rutina de ejercicio y pichangas dos veces a la semana con los que él llama la “Sub- 60” de los presos de Punta Peuco.

Habla pausado, sin grandes gestos. Y a pesar de que aborda capítulos feroces de su vida, todo el tiempo se muestra tan racional como cuando era parte de los escogidos del Partido Comunista para la secreta actividad de inteligencia. Este hombre que parece tranquilo y cerebral colaboró con el Comando Conjunto y la Dicomcar, presenció torturas, entregó a sus compañeros y fue uno de los últimos rostro que vio Manuel Guerrero padre, antes de ser asesinado.

“Tengo deseos de verlo a la cara, mirarlo a los ojos. No sé por qué tengo la idea de que en sus ojos puedo ver aún algún destello de lo que mi papá miró en ese momento. Creo que si nos encontramos, al verme a mí ya adulto, Manuel Guerrero también, alcanzaré a ver algo en esos ojos. Quiero que me cuente su verdad extrajudicial, su versión de los hechos. Quiero tratar de entender lo inentendible”, dice Guerrero hoy. (VER RECUADRO)

Estay sabe que más allá de las responsabilidades judiciales, tiene pendiente una explicación moral de sus actos. Aquí ensaya una respuesta.

Mis compañeros o yo

Es diciembre de 1975 y Estay ha sido capturado y torturado por el Comando Conjunto. Lo entregó René Basoa, su superior en el aparato de inteligencia del Partido Comunista. Al poco tiempo cae también su hermano Jaime, su cuñada Isabel Stange y su amigo Víctor Vega Riquelme. Los detienen cuando acuden a una cita con Estay, que resulta ser una trampa. Hoy sus parientes están vivos pero Víctor Vega continúa desaparecido.

Para los que en esos años hacen frente a la dictadura está claro que Estay ha empezado a formar parte de la cadena de delaciones y traiciones; que le ha tendido una trampa incluso a su hermano. Lo ponen en una lista negra.

Estay dice hoy no ser culpable de la detención de sus familiares ni de la muerte de Vega y muestra un fallo de la jueza Graciela Gómez que lo exculpa de esos hechos. Por el contrario, afirma haberle enviado a su hermano un mensaje para que no fueran a ninguna cita con él.

-¿Por qué mi hermano llega a un encuentro al que jamás debió haber llegado…? No tengo ninguna explicación- dice recordando el episodio. Luego agrega: “La situación de mi hermano es gatillante de todo lo que pasa conmigo. Me obliga a tomar una decisión bajo una condición de apremio inmensa”.

Se puede entender que haya colaborado para salvar a su hermano y cuñada. Pero con el tiempo usted empezó a hacerlo con mucha convicción.

-Nadie es tocado por una varita mágica y se transforma de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero si hubiera tomado una decisión distinta hoy sería un detenido desaparecido más. No habría tenido la oportunidad de haber tenido a mi familia, de haber acompañado a mucha de la gente que quiero durante todos estos años y muy probablemente sería juzgado de una manera completamente distinta. Pero hice una elección.

Manuel Guerrero

¿La elección fue “mis compañeros o yo”?
-Sí. Y esa fue la concepción con la que trabajaron los servicios de seguridad. Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión. No digo que haya sido una buena elección. Fue solamente la elección posible, lo que es muy distinto. Y no sé si alguien puede atreverse a juzgar tan duramente una elección por la vida…

“Si hubiera tomado una decisión distinta hoy sería un detenido desaparecido más. No habría tenido la oportunidad de haber tenido a mi familia y muy probablemente sería juzgado de una manera completamente distinta. Pero hice una elección.”

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

No parecen razones suficientes para participar en operaciones…
-Es mucho más complejo. La gente se moría… Lo que quiero decir es que si hoy se examinara con verdadera justicia, a la luz de los convenios internacionales contra la tortura, los elementos de presión que están presentes en mi decisión, yo no podría ser juzgado. Por otra parte, hacia fines de 1976, ya estaba en una lista negra del PC. Y eso estableció un trazado de cancha bastante distinto para mí. Significaba no sólo la imposibilidad de retornar a lo mismo, sino también una postura personal que va alejándose cada vez más de lo anterior.

¿Pero cómo se fue al extremo contrario?
-Yo tenía una formación ideológica, un molde con el que me movía. Ese molde, de alguna manera, se volvió una especie de necesidad. Y en las condiciones en que me encontraba fue mucho más fácil cambiar a otro modelo, que rechazar todos los modelos, porque eso deja muchas cosas en el mundo sin explicación.

¿Su hermano entendió que él y su pareja están en el origen de lo que usted hizo?
-Nunca quiso entender. Jaime sigue militando en el PC. Está en México, con él no tengo mayor vinculación.

¿Tuvo oportunidad de explicárselo?
-No personalmente. Pero ahora, a través de una tercera persona, le envié el fallo, bastante sustantivo.

¿Qué espera que pase?
No tengo intención de que él cambie su postura, pero sí sentar mi verdad y con un fallo judicial.

Martirologio

A usted lo entregó su amigo y dirigente del PC, René Basoa…
-A mí me fue a buscar, acompañando a mis aprehensores, una persona que lamento mucho que no esté viva. Pero no podría decir que él me entregó voluntariamente. Estaría desconociendo el efecto de la tortura… Por otra parte mi detención no fue el resultado de la información de una persona. Hubo una sumatoria. Una de las cosas que aún se maneja con mucha cautela es cuánta información aportaron los que desaparecieron o los que fueron torturados y que después recuperaron la libertad. Creo que muchos sobrevivientes no han sincerado sus propias actuaciones. En la Comisión Valech, por ejemplo, se evidenció que la gente que no entregó información es más bien escasa. Claro, no se les puede achacar la misma responsabilidad que la que tiene alguien que lo hace voluntariamente. Pero insisto, toda la gente de mis características y mi generación que no estableció una forma de colaboración, hoy forma parte de los detenidos desaparecidos.

¿Cómo vive después de haber entregado a mucha gente que desapareció?
Dolorosamente… Yo he reconocido mi responsabilidad en la identificación de una cantidad de militantes del PC… Uno intenta justificarse. Eso siempre está presente… Y eso me lleva de nuevo a la pregunta sustantiva: si todo ello justifica la necesidad de ser un detenido desaparecido… Algunos pudieron hacer la opción voluntaria del martiriologio… Pero avalar o respaldar eso me parece éticamente dudoso.

Usted participó más tarde en la Dicomcar y en el degollamiento de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. Nunca ha pedido perdón respecto de esos asesinatos.
-En eso hay que ser cauteloso. Esto lo he conversado con el padre Fernando Montes, que ha tenido la inmensa generosidad de acompañarme muchas veces. Lo clave es cómo establecemos la forma en que pedimos perdón. Para algunos, podría ser suficiente algo entre esa persona y Dios. Quiero que me entienda que no existe una forma única de pedir perdón. Por ejemplo, yo me acogí a la Ley de Arrepentimiento Eficaz, la forma que estableció la justicia de poder colaborar con las causas, algo tan sentido para los familiares de las víctimas. Eso fue muy cuestionado en la época. Muchos vieron en esto una forma de aprovechamiento. Y yo les garantizo que si de algo puedo estar arrepentido es de haberme acogido a esa ley, porque me significó, por votación popular de mis compañeros de causa, 6 años en Colina II y aislamiento. Asumir la verdad – como la han asumido Carlos Herrera y otros-, significa un verdadero problema. No es fácil, lo garantizo.

Manuel Guerrero

En el último tiempo Estay Reyno ha cultivado una insólita relación con Nelson Caucoto y Héctor Salazar, dos de los abogados querellantes del Caso Degollados. Ambos conducen el programa “Hablando en voz alta”, en radio Tierra y Estay los escucha y les envía sus comentarios.

“No es que todo el mundo en Punta Peuco sea del fans de Salazar y Caucoto”, dice el ex agente. Pero reconoce que ese programa los mantiene al tanto de los juicios.

Fueron justamente Caucoto y Salazar quienes le comunicaron que Manuel Guerrero Antequera quería conocerlo.

¿Cuál era su relación con Manuel Guerrero? Su hijo dice que estuvo en su casa y jugó con él…
-Lo conocí en1969, cuando ingresé a la Juventud Comunista. Tenía un rango de dirección y yo era un militante más. Empecé a tener algunas responsabilidades y lo veía diariamente en diversas actividades, pero nunca tuvimos ese grado de cercanía. No recuerdo haber estado nunca en su casa. Conocí a su señora perfectamente bien, pero insisto, no creo que haya habido un grado de amistad. Sí de cercanía.

Manuel Guerrero hijo quiere conversar con usted.
-En agosto de 2006 recibí a través de una tercera persona, una solicitud de Manuel Guerrero Antequera para visitarme acá. Entendiendo que es una situación muy difícil para él y para mí, accedí inmediatamente. Pero no se ha concretado la autorización. Se me ha dicho que él todavía está pensando sobre esta alternativa. Tengo la más absoluta disposición a recibirlo.

Seguramente le va a preguntar por qué mataron a su padre. ¿Como se responde eso a un hijo?
-Es inmensamente difícil poder responder algo así… Espero poderle responder algo que sea lo más cercano a la verdad y que él pueda, de alguna manera, entenderlo. Pero la respuesta tengo que entregársela a él.

La familia cree que una razón por la cuál Guerrero fue asesinado es un relato que escribió en 1976 en donde lo identifica a usted como uno de los hombres que lo torturó en su primer secuestro.
-No he leído el testimonio. Sí he encontrado una multitud de testimonios de esas mismas características. Gente que ha pretendido identificarme y que no correspondería con actuaciones mías.

¿Cómo justifica hoy ante los ojos de la sociedad esos asesinatos?
Es imposible poder justificar ese tipo de cosas hoy…Nada ni nadie puede justificar las muertes ocurridas.

¿Se refiere a todas las muertes?
Absolutamente todas las muertes. No es por escudarse detrás de los más grandes siendo el más chico del curso, pero a mí me han tocado 15 años de cárcel, lo he perdido absolutamente todo y creo que hay muchas responsabilidades que nunca han sido asumidas. Obviamente que esto no empezó el 11 de septiembre de 1973 ni partió por el mal humor de algún general que ese día tuvo la idea de tomarse el poder. Hubo muchas cosas previas, una exacerbación de los ánimos, una sobreideologización en todas partes.

Usted estuvo en la posición más extrema de ambos bandos.
Sí. Soy como el personaje de “La Hora 25”: siempre eligiendo mal. Es parte de las desacertadas decisiones que he tomado toda mi vida. Yo me he equivocado casi siempre.

¿Qué ha sido lo peor?
Indudablemente el tener participación en quitarle la vida a una persona. En cualquier condición es una muy mala cosa.

Doce años junto a Romo

Dice que en estos 15 años lo ha perdido todo…
-Han sido años duros, difíciles. Lo más duro ha sido la lejanía con mi familia.

¿Su quiebre matrimonial fue posterior a la condena?
-Sí, claro. Queda bastante claro que es parte de todo esto…

¿Quiénes son sus cercanos aquí en Punta Peuco?
-Tengo una cercanía muy grande con el suboficial de carabineros Armando Cabrera. También tuve mucha cercanía con Osvaldo Romo. Era mi vecino de pieza y estuve mucho tiempo con él en Colina. En total, pasamos juntos 12 años. En muchas ocasiones me tocó avisar de sus emergencias médicas, de asistirlo porque era altamente dependiente.

¿Cómo era su relación con Romo?
-Ahora, era un anciano diabético, hipertenso, con las siete plagas, incapaz de desplazarse ni apoyarse sobre sus pies. Conservaba sí una buena memoria de largo plazo. Y podía ser incluso entretenido. Tenía muchas historias, aunque no me consta que todas hayan sido verdad… En una docena de ocasiones lo vi muy cerca de la muerte. En una ocasión se lo llevaron agónico. Yo he tenido un reencuentro con la fe católica, por ello creo que había suficientes jueces que lo juzgaban, así es que yo no estaba entre ellos.

¿Él le heredó todas sus pertenencias?
-No, la verdad es que vivió muy pobremente los últimos años. Hubo años completos en que no tuvo ninguna visita. Vivía muy afectado por la situación de su familia en Brasil, indocumentada. Él recibió de la caridad de organizaciones religiosas algunas cosas, especialmente de alguien que siempre fue muy cercano y sigue siéndolo: Sor Yolanda. Lo quería entrañablemente. Los nietos de Osvaldo vinieron desde Brasil al sábado siguiente de su muerte. Cuando fui a saludarlos, me manifestaron que había muchas cosas que no se iban a llevar y que querían dejármelas. Lo agradecí. Una parte fue donada a otro lugar, otras las conservamos yo y otros que las necesitaban.

¿Qué sintió cuando vio su funeral?
-Lo habíamos conversado varias veces… Él tenía un concepto muy claro de que se aproximaba a su fin. Hace un par de años un cardiólogo del hospital Barros Luco lo desahució. A partir de eso se conversó sobre la posibilidad de que se pudiera disponer de sus restos y que la familia pudiera a su vez cremarlo.

Era un paria de la sociedad y la manifestación más física es que nunca se había visto un funeral tan…
-De tanto abandono. Creo que él lo esperaba. El verdadero funeral fue el segundo: fueron las personas a quienes importaba Osvaldo Romo. Sus nietos, esta señora que lo visitaba, un par de religiosos, no más. En los 12 años que estuve aquí nunca conocí otros familiares que lo visitaran. Algunos amigos de repente se aparecían…

El padre Montes contó que vino a una graduación universitaria suya.
-Sí, estando en Colina tomé un diplomado en técnicas de Manejo Conductual de la Universidad Católica del Norte. Duró varios semestres, y la universidad tuvo la generosidad de hacerme una ceremonia acá en Punta Peuco. Y el padre Fernando, a quien quiero inmensamente, tuvo la generosidad de acompañarme. Antes tuve que dar la prueba de aptitud (y muestra el certificado: verbal 745, matemática 679, historia y geografía 749)

Le habría alcanzado casi para cualquier carrera.
-Sí… Mi trabajo de titulación lo hice sobre autismo…(tiene un hijo autista)

La PAA y el diplomado hablan de una actitud frente al encierro, ¿cómo es su vida cotidiana?
-Una de las cosas que uno debe evitar es preguntarse qué voy a hacer hoy. Yo sigo más o menos una misma rutina: me levanto muy temprano, tomo desayuno a las 5:30, escucho noticias, soy bastante fanático en eso. En la tarde me dedico a la lectura. Tengo un montón de intereses distintos. Tenemos la intención de organizar una biblioteca en Punta Peuco y un taller literario. El desencierro es a las 8 de la mañana. A esa hora empiezo las actividades físicas. Hago bastante gimnasia, pesas, corro. Y ahora nos autorizaron a jugar unos partidos de baby fútbol dos veces a la semana. Es la Sub- 60 más o menos.

Culpas ajenas

Aunque está condenado a cadena perpetua Estay Reyno no está dispuesto a cargar con culpas ajenas. Por eso, durante la última visita a Punta Peuco del presidente de la Corte de Apelaciones, Cornelio Villarroel, Estay le pidió estudiar su inculpación en el secuestro de Reinalda Pereira –embarazada de 3 meses- y Edrás Pinto. La investigación del ministro Víctor Montiglio en el llamado Caso Conferencia hizo aparecer otros responsables. Estay pide que lo des-amnistíen y lo juzguen. “Existe una demostración de mi no participación en esos dos casos, habiendo ya personas incluso confesas”, argumenta.

Usted está condenado a cadena perpetua, ¿Por qué le importa acreditar su inocencia en esos casos?
-Hoy existe un esfuerzo por fijar judicialmente todas estas situaciones lo más cercano a la verdad. Por ello, también es importante discriminar entre culpables y no culpables. No veo por qué yo debiera cargar con hechos que no me corresponden.

¿Cree que aclarando esos casos podrían indultarlo?
-Siendo bien honesto, no creo que exista el espacio político. Lo solicité el ’97, pidiendo la conmutación de la pena por la de extrañamiento en Paraguay. Se demoraron 7 años en decirme “no”. Pero sí creo que establecer la verdad es importante. Hoy hay una masa de información acumulada que no existía cuando partieron estos juicios y era más fácil quedarse con aquellos que creaban menos problemas. Pero gracias a los jueces con dedicación exclusiva empezaron a aparecer una serie de personajes que estaban bastante protegidos por las instituciones. A los jueces les empezó a resultar sin sentido que personajes muy menores hubieran tenido las responsabilidades, mandos y las posibilidad de acción que se les atribuían.

En el Caso Degollados, ¿qué tan arriba delimita las responsabilidades?
-Tengo la convicción de que hubo una autoría intelectual de la superioridad, pero no tengo las pruebas. Tendría que hablar otra gente, la que sí tenía acceso a esas reuniones. Hoy, ya se ha establecido la verdad: que no se movía ni una hoja sin el conocimiento de las jefaturas de las instituciones. Pero durante mucho tiempo hubo una intencionalidad clara de silenciarlo con equipos y departamentos de contrainteligencia.

RECUADRO 1

Testimonio de Manuel Guerrero Antequera: “De una forma muy perversa y dolorosa, el Fanta es casi un familiar”

Manuel GuerreroEl padre de Manuel Guerrero fue uno de los tres degollados de 1985, caso por el cual Miguel Estay Reyno cumple condena a cadena perpetua. Pero la familia Guerrero vive con el fantasma del Fanta desde 1976, cuando Manuel Guerrero Cevallos lo reconoció como su torturador.

El Fanta es un personaje que me causa muchas contradicciones. Por un lado es uno de los asesinos de mi padre, de alguna manera uno de los autores intelectuales y también materiales de su degollamiento. Él estuvo tanto en el momento en que lo tuvieron detenido desaparecido el 76 y participó en sus torturas -reconocido por mi padre-, como también el 85 participó en el momento en que lo deguellan.

Pero también el Fanta es para mí un ex militante de las Juventudes Comunistas de Chile, que fue compañero y camarada de mi padre, de José Weibel, de Ricardo Weibel, de una serie de comunistas jóvenes de esa generación y por lo tanto me despierta una angustia muy grande este ser humano: cuáles fueron las condiciones y posibilidades que hicieron que un militante comunista, que un joven chileno, pudiese convertirse de un día para otro no solamente en alguien que hablara bajo tortura, que sería algo absolutamente normal o humano, sino también en un delator, en un asesino más.

El Fanta para mí es un personaje que extrañamente me causa rechazo y al mismo tiempo una fascinación perversa. Es como ominoso, la maldad misma, pero es un rostro familiar, que alguna vez fue amigo, que alguna vez me tuvo muy cerca cuando niño. Bajo ese rostro de normalidad aparece toda la maldad que como seres humanos también estamos en condiciones de realizar.

Soy un convencido de que tanto los torturados como los torturadores son víctimas que están en posiciones diferenciales en cuando a condiciones sociales y políticas, a cierta forma de ser de la sociedad chilena, salvaje, que permitió la explosión de la práctica fascista en Chile, del aniquilamiento del otro. Son víctimas diferenciales porque algunos fueron convertidos en torturadores y otros fueron convertidos en los objetos a torturar. Sin embargo, estamos hablando de personas que jugaban a la pelota juntos, comían asados juntos, que es el caso del Fanta.

Por lo tanto para mí el Fanta también es una víctima, pero como todo ser humano tuvo la oportunidad de decir no, de por último morderse la lengua y morir. Siempre tuvo la opción, como lo hicieron tantas otras personas, de no volverse no solamente delatores, sino torturadores ellos mismos. Por esa falta de coraje, de decisión y su responsabilidad directa en los crímenes, él tiene que cumplir las condenas en forma plena.

Durante muchos años yo he vivido con el fantasma de El Fanta, un fantasma que está presente desde mi infancia. Luego de que mi padre sobreviviera a las torturas del Comando Conjunto y nos fuimos al exilio, yo loa acompañé a las sesiones de recuperación a raíz de los choques eléctricos que le daban. Viví muy de cerca su tortura en él y es un personaje que estuvo presente en los relatos de mi padre, orales y también escrito. Él dejó testimonio de esta voz familiar que también participó en la tortura, que había sido un ex camarada y que ahora era parte de las “hordas fascistas”, como decía él. El Fanta le habló directamente diciéndole que él conocía a mi madre, a la Vero, a Manolito, le habló de toda nuestra estructura familiar, de detalles que sólo alguien muy de confianza puede conocer. Ése fue uno de los momentos en que mi padre quedó completamente desarmado, más que por la violencia física.

Por lo tanto este fantasma estuvo siempre presente y luego reaparece el 84 y el 85 en los relatos del Papudo (Andrés Valenzuela, agente que desertó), que son publicados y que conoció mi padre. Ahí se sabe nuevamente que en distintas instancias estuvo el Fanta.

Es alguien que ha cruzado mi vida y tengo deseos de verlo a la cara, ya preso. Mirarlo a los ojos porque él fue una de las últimas personas que vio vivo a mi padre. No sé por qué tengo la idea de que en los ojos del Fanta puedo ver aún algún destello de lo que mi papá miró en ese momento. Creo que si nos encontramos, al verme a mí ya adulto, Manuel Guerrero también, alcanzaré a ver algo en esos ojos. Quiero que me cuente su verdad extrajudicial, su versión de los hechos. Quiero tratar de entender lo inentendible. Quizás no tiene mucho sentido, pero el Fanta de alguna manera también me constituye. De una forma muy perversa y dolorosa, es casi un familiar y me duele, me da bronca el Fanta.

En el momento en que los abogados le plantearon mi petición de encontrarme con él, accedió inmediatamente. El Fanta está dispuesto y creo que está a la espera de que lo vaya a ver a Punta Peuco. Creo que hay verdades que no son del ámbito judicial sino de la cotidianeidad humana. Son verdades muy materiales y creo que algo puede aflorar en ese encuentro. No sé exactamente qué, pero por último saber qué le pasó a él mismo, porque él tuvo el privilegio de estar en los últimos minutos de vida de mi padre. Por lo tanto para mí, siendo incluso su asesino, es una persona cercana.

RECUADRO 2

“El Wally” y Basoa: los funerales de “El Fanta”

En 1982, el miedo paralizó a Miguel Estay tras la muerte de su amigo René Basoa, con quien compartió funciones en el Comando Conjunto y ex camarada del PC. Tanto, que no se atrevió a ir a su funeral. Años más tarde se recriminó su cobardía y decidió que no volvería a pasar. Por eso, cuando en 1989 Roberto Fuentes Morrison, “El Wally”, fue acribillado en la puerta de su casa –tal como Basoa-, vino desde Paraguay donde se había refugiado con un pasaporte falso proporcionado justamente por el difunto. Llegó tarde, pero visitó la tumba.

Ambos muertos son claves en la vida de “El Fanta”. René Basoa fue su superior en el aparato de inteligencia del PC, juntos pasaron a la clandestinidad y fue quien lo entregó al Comando Conjunto en diciembre de 1975, tras ser torturado. Luego ambos encabezaron la lista negra de comunistas identificados como agentes de Pinochet.

En 1982, Basoa fue asesinado y aunque durante mucho tiempo se pensó en un ajusticiamiento –lo que gatillo el terror de Estay-, la investigación por el asesinato de Tucapel Jiménez arrojó otras luces. En ese tiempo Basoa trabajaba con el tío de Estay, el importador del arma con la que se ultimó al dirigente sindical. Él revólver fue entregado en consignación a la Armería Italiana y Basoa jugó un confuso rol con el recibo que probaba su origen. “Está en la cuenta del DINE, así de sencillo”, concluye Estay.

Su relación con Fuentes Morrison surgió tras su cautiverio en 1975 en el Comando Conjunto. El agente de la FACh lo reclutó como colaborador hasta que en 1984 se unió a las filas de la Dicomcar. Bajo su alero se sentía protegido. “Había elementos de su personalidad que me resultaron atractivos. Tenía gran capacidad de hacer amigos y me dio mucha confianza”, dice Estay.

(Este artículo fue publicado en The Clinic del 24 de agosto de 2007)

Por qué la Concertación bloqueó el resurgimiento del Diario Clarín

“De varios actos de las autoridades chilenas (…) se deduce que la propiedad del señor Víctor Pey Casado fue plenamente reconocida y, por ende, no puede ser de manera seria puesta en duda con certeza…”. Ese es uno de los acápites del proyecto de sentencia, un informe reservado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, tribunal que en los próximos días dictaminará si Pey era el verdadero dueño del diario Clarín en 1973 y si debe ser indemnizado.

El proyecto de sentencia que este periodista conoció en exclusiva, está fechado en junio de 2005 y fue dado a conocer a las partes en litigio en septiembre del año pasado. Pero sólo en las últimas semanas, cuando todo indica que el fallo final se aproxima, los abogados que representan a Chile ante el CIADI han reconocido que el informe es adverso a Chile y que avala la tesis de que Pey era el dueño de Clarín cuando este fue expropiado por la dictadura.

De hecho, en otro de sus acápites, el proyecto de sentencia de más de 100 páginas especifica que el tribunal “se ve obligado a constatar que las explicaciones presentadas por el Sr. Pey Casado, en lo que respecta a las circunstancias en las que se celebraron los acuerdos sobre la cesión de acciones de la sociedad C.P.P. (propietaria de Clarín) resultan más verosímiles que las explicaciones ofrecidas al respecto por la Demandada (el Estado chileno)”.

Perder en esta instancia expone al Estado chileno a pagar una indemnización cuantiosa. Pey reclama ante el CIADI US$ 517 millones (casi dos veces el presupuesto que se usó para mantener funcionando el Transantiago). El monto tiene que ver con el valor de la empresa cuando le fue expropiada y con las utilidades que dejó de recibir desde entonces. Utilidades considerables si se considera que Clarín llegó a vender 280 mil ejemplares diarios y era por lejos el periódico más leído de Chile.

Pero no sólo se trata de dinero. Un fallo adverso pondrá el ojo público en varios puntos polémicos de esta historia. Uno ya ha sido expuesto por el abogado Roberto Mayorga, quien participó en la defensa chilena hasta 2002. Mayorga sostiene que el juicio se perdió porque Chile no fue bien defendido debido al interés de los gobiernos de la Concertación en que Pey ganara para que pudiera relanzar Clarín. En una reciente carta a El Mercurio, Mayorga sostiene que se trata de “un escandaloso caso que se inscribe en una seguidilla de tantos otros caracterizados por la corrupción y la defraudación del patrimonio nacional”.

Contradiciendo la tesis de Mayorga, los datos de esta investigación apuntan a que el Estado chileno ha hecho mucho por impedir el relanzamiento de Clarín, el estridente tabloide de izquierda y el de más venta en el país hasta que fuera confiscado por Pinochet en septiembre de 1973.

Dicha negativa le ha costado al fisco chileno cerca de US$ 5 millones en la defensa ante el CIADI –según estimó recientemente el ministro Alejandro Ferreiro- además de otros US$ 9 millones pagados a un abogado y un grupo de personas que decían ser herederas de los bienes de Clarín. ¿A qué se debe la negativa a indemnizarlo? ¿Qué papel habría jugado en esto El Mercurio, el histórico archienemigo de Clarín?

La actitud del gobierno chileno abre otro flanco. Tomando en cuenta que en 17 años la Concertación no ha logrado romper el duopolio de la prensa escrita en Chile, ¿cómo se explica la férrea oposición que ejercieron sus distintos gobiernos a la reaparición del diario Clarín?
-En 16 años de democracia, mirando como ciudadano no como ministro, claramente tenemos una falencia, una deuda. La mayoría que ha votado por la Concertación no tiene un medio escrito que la identifique más en sus valores e ideas que los actuales. ¿Pero qué puede hacer el Estado? Esa es una pregunta delicada -reflexiona el actual ministro secretario general de gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Pey, Volpone y Allende

De esa batalla sí sabe Víctor Pey, quien compró el diario pocos meses antes de que fuera expropiado y ha intentado conseguir por más de diez años que el gobierno le pague una restitución financiera para poder lanzarlo de nuevo a las calles.

El nuevo Clarín, asegura Pey, será independiente de cualquier partido y ocupará el mismo lugar que tuvo antes como un periódico de circulación masiva a favor del chileno común. Será, afirma, fiel al famoso encabezado de los días de su apogeo: “Firme junto al pueblo”.

En una región donde la concentración de la propiedad de los medios es la regla en el periodismo, la diversidad de opiniones asume una importancia crítica para la democracia. Pero además, a juzgar por las conexiones políticas de Pey, un nuevo Clarín proporcionaría a los chilenos una cobertura crítica –hasta ahora ausente- de la derecha política y la poderosa comunidad empresarial.

Aunque Pey pide mucho más, una indemnización mínima negociada por la expropiación del periódico tendría que estar en un rango entre US$ 50 a US$ 100 millones. Una suma que podría asegurar que el Clarín de Pey evite el destino de otras iniciativas periodísticas que en los últimos años emergieron y fracasaron por carecer del respaldo financiero y político para sobrevivir.

Si bien los gobiernos de la Concertación han reconocido su obligación de pagar por la propiedad confiscada en dictadura y han repartido decenas de millones de dólares en reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuándo se trata de reparar la situación sesgada de los medios que dejó Pinochet, la coalición oficialista ha sido curiosamente pasiva. Y en el caso de Clarín en particular, ha levantado un muro de oposición.

Pey: de la República de España a Clarín

Recientemente recuperado de una afección cardiaca y desde un modesto departamento de clase media en Ñuñoa, este hombre erguido, de piel pálida y un aura de que siempre tiene prisa, mantiene a los 92 años su cruzada por restaurar algo de equilibrio ideológico en la prensa chilena.

Hay una alfombra marrón raída, una silla con la espalda rota en frente de una computadora y estantes de libros, revistas y fotos de su complejo pasado.

Ingeniero civil de profesión y empresario por vocación, Víctor Pey ha sido un luchador en causas políticas desde su juventud en la región de Cataluña. Durante la Guerra Civil española en los años 30, ayudó a convertir una planta de automóviles en una fábrica de armas para los republicanos en Barcelona. Su activa participación en ese proceso lo condujo a su primer exilio. Pey logró vencer el cerco y llegar a un campamento para refugiados en Francia después de que el ejército derechista, encabezado por Francisco Franco, derrotara las fuerzas del gobierno de la República. Y volvió a escapar al holocausto.

En 1939 llegó al puerto de Valparaíso, en un barco francés -el legendario Winnepeg- con otros 2.100 refugiados españoles. Pey había conocido al cónsul chileno en París, el poeta Pablo Neruda, que logró que los exiliados encontraran un hogar en Chile. Los bien organizados partidos chilenos de izquierda, entre los más grandes y vitales de América Latina de la época, adoptaron a los refugiados. Y los españoles comenzaron rápidamente a prosperar en los negocios y también en la vida política.

Pey entró en el área periodística por amistad y por casualidad. Mientras administraba una firma de ingeniería involucrada en mejorar los puertos chilenos en los años 40 y 50, desarrolló un círculo de amigos bien conectados. Este incluía al entonces senador socialista (y después presidente) Salvador Allende, y al futuro fundador de Clarín, Darío Sainte-Marie, entonces editor del periódico estatal La Nación.

Desde su inicio, Clarín fue un ejemplo clásico del ambiente interconectado de gobierno, poder político y periodismo en Chile. El nuevo periódico se imprimió primero en la planta de La Nación, con la anuencia del presidente populista de ese momento, Carlos Ibañez, socio secreto de Sainte-Marie. La inspiración para el nuevo diario fue la predicción de que el próximo gobierno, que se esperaba iba a ser controlado por la derecha conservadora, tomaría el mando de La Nación dejando a las fuerzas progresistas de la centro izquierda sin periódico.

Como era de esperar, el gobierno que asumió el poder en 1958 despidió rápidamente a Sainte-Marie. También expulsó al nuevo Clarín de la planta de La Nación tan pronto como llegó a ser evidente que su línea editorial era, por decirlo suavemente, crítica de los partidos conservadores e intereses empresariales que sustentaban a la administración entrante. Sin oficinas editoriales ni imprenta, el cada vez más popular periódico improvisó con prensas planas antiguas compradas a precios de chatarra.

Irrumpe “Volpone”

Fue entonces que Sainte-Marie le pidió a Víctor Pey que organizara las instalaciones físicas del periódico. Su rol fue comprar e instalar las nuevas prensas importadas de Alemania Oriental. Eran los años 60, una época de febril actividad política y de movilización de campesinos y trabajadores en Chile en la que el periódico prosperó gracias a un perfil inédito: fotografías picarescas, notas policiales -entre más horrendas mejor- ataques ad hominem y parodias hilarantes de las pomposidades de la aristocracia chilena.

La objetividad, o aún veracidad, no son las palabras que saltarían a la lengua para describir a Clarín. Los lectores estaban felices. Fue el primer diario escrito en lenguaje popular usando a destajo los chilenismos de la calle. Sainte-Marie escribía una columna bajo el seudónimo “Volpone,” recreándose alegremente en la imagen del embustero poco escrupuloso y personaje principal de la sátira del siglo XVII de Ben Johnson.
-El alma de ese diario fue siempre Sainte Marie. A veces, aparecía él como director y, otras veces, como tenían problemas por juicios de injurias y calumnias y había que ir a la cárcel, ponían a otro periodista como director, pero era él quien manejaba el diario y el dueño. Siempre fue el dueño total –recuerda hoy Pey.

Otro gran amigo de Sainte-Marie era el senador Allende (a quien conoció desde su infancia). Cuando se presentó como candidato a presidente en 1970 -después de haber perdido en tres elecciones anteriores- Allende tenía, entre sus nuevas ventajas, la cobertura elogiosa de Sainte-Marie y Clarín, que para entonces vendía 150.000 copias al día por todo Chile, posicionándolo a la altura del decano de la prensa chilena: El Mercurio.

Pero Saint Marie no puso todos los huevos en una sola canasta. Clarín también favoreció al otro candidato reformista, el democratacristiano Radomiro Tomic. Lo claro es que el impacto más eficaz de Sainte-Marie fue su talento para ridiculizar al candidato de derecha, Jorge Alessandri, un ex presidente soltero y de 74 años, a quien Clarín motejaba sin tregua como “La Señora”.

Superando grandes obstáculos, inclusive un plan secreto de la CIA para desacreditarlo, Allende obtuvo la primera mayoría y fue confirmado por el Congreso con el apoyo de la Democracia Cristiana. Una tentativa abortada de golpe, patrocinada por la CIA, concluyó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider. Pero la democracia sobrevivió, y Allende inauguró su gobierno en noviembre de 1970 prometiendo un experimento político inédito: el socialismo llegaba al poder no por una revolución violenta sino por la vía electoral.

El Clarín de Sainte-Marie llegó a ser el respaldo principal del experimento izquierdista de Allende. Su mordaz director no fue tímido en adjudicarse el crédito. “Sainte-Marie le dijo a Allende ‘yo te hice Presidente’. Se lo dijo muchas veces delante de mí”, recuerda Pey.
-Yo le quiero decir a usted, y se lo he dicho a muchas personas pero todo el mundo lo niega y el Partido Socialista por razones políticas no quiere reconocer esta realidad, que esa diferencia de votos que tuvo Allende con Alessandri no habría sido tal si no es por la acción de Clarín en la campaña –afirma Pey.

El quiebre Allende-Saint Marie

Allende, hombre de gran ego, reaccionó distanciándose de su viejo amigo. Sainte-Marie, cada vez más resentido de los desaires y falta de aprecio de Allende, respondió con episodios de borracheras. Además, su matrimonio con una mujer mucho más joven se deterioraba desastrosamente y él temía un escándalo público que sin duda sería explotado por la derecha. Sainte-Marie estaba decepcionado de su propio éxito y quería largarse.

Pey, mientras tanto, había asumido un rol más activo en el diario. La circulación de Clarín había subido a 280.000 diarios superando a El Mercurio durante la semana. No así los domingos. El periódico una vez más necesitaba una planta impresora más rápida para seguir adelante. Pey asumió la tarea de importar una prensa rotativa a color de última generación. También compró para el diario un nuevo y gran edificio (su tercera adquisición importante de bienes raíces) en el centro de Santiago, cerca del Ministerio de la Defensa, en cuyo sótano sería instalada la prensa.
-Un día Sainte-Marie me llamó y me dijo ‘Viejo, me tengo que ir, la próxima semana me voy. Usted, que ha estado conmigo y ha visto todo esto, usted debe quedarse con el diario’ –rememora Pey la escena clave que iba a desencadenar días febriles.

Pey utilizó una semana para reunir todos sus activos, pedir dinero prestado y decidió comprar el diario. La serie de pagos que efectuó –dice- suman cerca de US$ 1,3 millones. Fue un precio de liquidación -reconoce- porque el diario estaba en auge y solo el valor de los edificios y las prensas nuevas excedía el precio de la venta. Poco después, Pey debió desplazarse a Portugal, país al que Sainte-Marie había escapado, para completar la escritura de venta.

Es en este punto donde el cuento se pone turbio y empiezan las disputas. Pey tenía la documentación de las transferencias bancarias a Sainte-Marie, la escritura de venta y los títulos de acciones cedidos por Sainte-Marie y de otros que aparecían en los documentos corporativos de propiedad. Pero el 11 de septiembre de 1973, el Golpe de Estado forzó a Pey a un nuevo exilio sin que él pudiera antes registrar la transacción en la Superintendencia respectiva.

Los días previos al Golpe estuvieron dominados por la violencia, el caos y la incertidumbre. El país estaba sacudido por protestas en pro y en contra de Allende, la economía estaba paralizada con más de 300 % de inflación, y el presidente y los partidos de la Unidad Popular perdían aceleradamente el control. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet (con el apoyo de Estados Unidos, ampliamente documentado en los archivos desclasificados e investigaciones varias) derrocó al gobierno de Allende.

La prueba que exhibe Montero

Clarín y otros medios pro gobierno fueron un blanco especial. El mismo día que los aviones militares bombardearon el palacio presidencial, los soldados asaltaron las oficinas de Clarín, clausuraron sus prensas y encarcelaron a sus principales editores.

Pey estuvo entre los centenares de chilenos a los que se les ordenó entregarse a las nuevas autoridades militares. Muchos de los que obedecieron fueron ejecutados. Habiendo sobrevivido al trauma de España, Pey ni siquiera dudó. Se escondió durante varios días y finalmente consiguió asilo en la embajada venezolana. Se le permitió salir del país bajo la protección diplomática, pero su pasaporte fue confiscado dejándolo apátrida.

La razzia política de los medios chilenos fue absoluta. Doce publicaciones fueron cerradas y cuarenta emisoras radiales silenciadas. El personal de las tres estaciones de televisión fue purgado y los canales quedaron bajo control militar.

En 1975, en medio de mucha publicidad, la empresa periodística Clarín fue confiscada oficialmente sin compensación, utilizando un decreto diseñado para liquidar todas las propiedades de los partidos y sindicatos. Las acciones del régimen militar en aquel momento, cuya intención era desacreditar a Pey como un títere del presidente marxista, han proporcionado gran parte de las evidencias a favor de Pey en su lucha de estos años.

Para justificar la confiscación, el régimen de Pinochet anunció que los títulos de propiedad de Clarín fueron descubiertos en el despacho privado de Pey. En declaración escrita, el subsecretario de interior Enrique Montero dijo que, según los documentos, Pey era el verdadero dueño de Clarín.

Los documentos, encontrados en una caja fuerte, tenían las firmas de Darío Sainte-Marie y las tres personas cuyos nombres todavía aparecen en el registro de la Superintendencia respectiva, y demostraban que los cuatro habían cedido todas sus acciones a Pey.

La declaración, publicada en El Mercurio el 4 de febrero de 1975, dice: “De los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos, resulta que fue éste quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A y la Empresa Periodística “Clarín”, efectuando los pagos correspondientes con US$ 780.000 proporcionados por el Banco Nacional de Cuba, sin perjuicio de los US$ 300.000 que Sainte-Maire recibió con anterioridad.”

No hay restitución

Así estaban las cosas en 1990. Con un gobierno democrático en el poder, Pey se movilizó para recuperar Clarín. Al principio todo anduvo bien. Un mandato judicial le devolvió los títulos de propiedad que habían sido preservados por el régimen militar. Y con ellos en mano inició el proceso reivindicando la restitución.
-Debe ser un proceso sencillo, me dije a mí mismo en ese momento: Yo fui incautado por un decreto y por un decreto me lo pueden devolver -afirma Pey.

Su intención, asegura, nunca fue quedarse con el dinero, sino usarlo para la resurrección de Clarín:
-He dicho que al momento de tener recursos suficientes lo que voy a hacer será sacar el diario Clarín en una posición de defensa de los intereses que coinciden, de alguna manera, con los intereses del actual gobierno de la Concertación.

Como garantía de sus intenciones, Pey donó el 90% de la propiedad de Clarín a la Fundación Presidente Allende, una organización pro derechos humanos sin fines de lucro fundada en España y que preside Joan Garcés, el español socio de Pey en la batalla por recuperar Clarín.

Garcés también sabe de batallas. Fue consejero político personal de Salvador Allende hasta el último día en La Moneda y el abogado que ideó la estrategia legal que tuvo como resultado el arresto de Pinochet en Londres en 1998.

Después que pasaran varios años sin ningún progreso en su demanda en Chile, Pey y Garcés intentaron otro camino. En noviembre de 1997, Pey, como ciudadano español, y la Fundación, presentaron una demanda contra el gobierno de Chile en el CIADI, un tribunal internacional de arbitraje situado en el Banco Mundial en Washington, D.C.

La demanda puso al gobierno chileno en un doble dilema. No podía negarse al arbitraje, al que estaba comprometido por un tratado con España, sin mandar una señal negativa a inversionistas extranjeros interesados en la creciente economía chilena. En casos de confiscación, el proceso de arbitraje toma en cuenta no sólo la restitución de la propiedad sino también las ganancias no percibidas. La demanda de Pey fue inicialmente fijada en la estratosférica cifra de US$ 517 millones.

Pero el gobierno no se sintió libre para hacer lo más lógico: negociar directamente con Pey una cifra menor. Quienes estuvieron en la toma de decisiones de la época dicen que primó el temor a la ira del poderoso poder conservador y su aliado, El Mercurio. Campanas de alarma sonaron dentro de la Concertación.

Según un ex funcionario involucrado directamente en el caso, líderes de la Concertación advirtieron que si el gobierno no daba una fuerte lucha, empleando a los mejores abogados internacionales, podría ser acusado de “connivencia de algún tipo con la Fundación Allende”.

De hecho, esas acusaciones surgieron no sólo desde la derecha sino también por parte de la Democracia Cristiana. El Mercurio dio cuenta de “rumores” que indicaban que el dinero que se pagaría a Clarín iba realmente a las arcas del Partido Socialista. También insinuaron que Allende había obligado al dueño de Clarín a vender y que había usado dinero del gobierno para pagarle. Según estas versiones, Pey no era más que un testaferro.

La campaña de rumores surtió efecto. Puso en movimiento una estrategia en el gobierno destinada a evitar un arreglo con Pey. En resumen, lo que se ideó fue pagar una cantidad menor a otros demandantes en Chile, bajo el supuesto legal de que, una vez que el caso fuera resuelto administrativamente en Chile, el proceso del arbitraje del Banco Mundial sería cerrado.

Se buscan herederos

Pero en ese momento -mediados de 1998- no había otros demandantes de la propiedad de Clarín. Darío Sainte-Marie había fallecido a principios de los ‘80. Su testamento, obtenido de los archivos gubernamentales del caso, tiene una larga lista de cuentas bancarias y propiedades, pero ninguna mención a Clarín.

Emilio González, otro de los dueños que aparece en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas como antiguo propietario, también había fallecido y su testamento no contenía reivindicación a Clarín (vea la copia del documento para mayor legibilidad). No obstante, a los pocos meses de la presentación de la demanda de Pey en el CIADI, los herederos de Sainte-Marie, González y de otras dos personas cuyos nombres aparecen en el registro respectivo irrumpieron con una demanda conjunta en Chile.

Con rapidez sin precedentes les fue otorgada una indemnización de US$ 9 millones. Ninguno de los herederos favorecidos con la indemnización expresaron su intención de hacer renacer el periódico que hizo famoso a Volpone.

Testa y el plan de los US$ 9 millones

La estrategia oficialista ha sido compleja, pero los elementos centrales fueron confirmados por dos funcionarios del Estado implicados en el acuerdo y por documentos de gobierno entregados después de una petición que utiliza las leyes chilenas que garantizan acceso a los documentos públicos.

En resumen, esto es lo que sucedió:
El Comité de Inversión Extranjera del gobierno chileno, que buscaba anular la demanda de Pey sobre la propiedad de Clarín en el arbitraje de Washington, contrató a un abogado para redactar el argumento legal llamado “Pre-Informe en Derecho”. El redactor fue el abogado Enrique Testa. El documento confidencial de 20 páginas, fechado el 25 de noviembre de 1998, concluye que sólo las personas que aparecen en la lista de la Superintendencia (o sus herederos) son los dueños legítimos. Como Pey no había registrado los títulos y transferido los documentos, no podía demostrar que existe “legalmente acreditada una compra efectiva por parte de Victor Pey Casado…” (ver documento).

Existen pruebas de que el mismo abogado Testa contactó a por lo menos dos de las familias mencionadas en su informe y les hizo saber de una posible ganancia financiera si se asociaban con él para presentar la demanda.
-Por lo que sé, efectivamente los herederos no estaban conscientes de tener derechos sobre Clarín y habrían tomado conocimiento por medio de un informe en derecho que trascendió y que dio como resultado que eran titulares de acciones sobre la sociedad propietaria de ese diario –afirma el abogado Roberto Mayorga, entonces encargado del caso en el Comité de Inversión Extranjera.
Mayorga afirma también que la acción del abogado Testa de contactar las familias fue “poco ética” pero no ilegal. A cambio de sus servicios legales, el abogado y sus socios recibieron US$ 1,6 millones del total de US$ 9 millones pagados a las familias.

Claudio Orrego, ministro de Bienes Nacionales de la época y quien firmó el decreto por los US$ 9 millones, reconoció en entrevista con el autor que el pago estaba conectado al arbitraje en Washington por la demanda de Pey:
-No te quiero mentir ni engañar, pero esto [los $9 millones de restitución a los herederos], de alguna manera sancionaba un tema pendiente.

Orrego dice que la estrategia de resolver el asunto de Clarín a través de la indemnización a los herederos le fue presentada en su primer mes como ministro. Y que había “premura” por resolverlo.
-Esta era una estrategia que venía…, obviamente era anterior a nuestra llegada. Entiendo que el Comité de Inversiones Extranjeras estaba involucrado. Recuerdo que se invocó el tema internacional [el pleito en CIADI] como uno de los factores de premura para resolverlo rápidamente –acota.

Pero la táctica no prosperó. La acción, en las palabras francas de Orrego, “demostró después ser insuficiente”. Una vez firmada por Orrego la “Resolución 43” del ministerio, acordando la indemnización, fue rápidamente enviada a Washington (ver documento). El 28 de octubre de 2000, fue presentada en la audiencia de CIADI por los abogados de Chile. Pero los jueces se negaron a archivar el caso. Así, el gobierno perdió US$ 9 millones y el arbitraje continuó arrastrándose, hasta que el año pasado pareció entrar a su fase final.

Un proyecto de sentencia confidencial de más de cien páginas proporcionó una fuerte señal de que el tribunal se inclina hacia una resolución favorable a Pey. El documento concluye: “Resulta evidente, en la opinión del Tribunal de Arbitraje, que del conjunto de las circunstancias, de la conducta de las partes interesadas y, principalmente, de la entrega de títulos realizada por el Sr. Darío Sainte-Marie y de los pagos efectuados por el Sr. Pey Casado, surge que la voluntad real de las partes fue sin duda proceder a la compraventa de la participación del vendedor en la sociedad C.P.P. [Consorcio Publicitario y Periodístico S.A]”

Y agrega: “Se ve entonces el Tribunal de Arbitraje obligado a constatar que las explicaciones presentadas ante el mismo por el Sr. Pey Casado en persona, en lo que respecta a las circunstancias en las que se celebraron los acuerdos sobre la cesión de acciones de la sociedad C.P.P. resultan más verosímiles que las explicaciones ofrecidas al respecto por la Demandada, en especial en lo concerniente al papel que desempeñaron los señores González, Venegas y Carrasco, cuyos testimonios, así como la función exacta que asumieron en las oscuras circunstancias de la época en cuestión, suscitan, por decir lo menos, bastantes dudas e interrogantes en las que resulta superfluo ahondar aquí.”

“De varios actos de las autoridades chilenas, ya sean administrativas, fiscales o judiciales, se deduce que la propiedad del señor Pey Casado fue plenamente reconocida y, por ende, no puede ser de manera seria puesta en duda con certeza…”

En enero de este año, con dos nuevos jueces en el panel, la junta de arbitraje realizó lo que el juez Pierre Lalive, su presidente, anunció como la última audiencia: el próximo paso –dijo- sería la resolución final. Lo que confirma la trascripción de la sesión del 15 y 16 de enero: “Nos damos cuenta de que es necesario terminar lo antes posible porque es un caso que ha durado demasiado por toda una serie de circunstancias que no cabe recordar porque es inútil hacerlo”.

Tanto la decisión del tribunal como el monto que fije de indemnización –si es que se concede- no está sujeto a apelación.

¿A qué le teme la Concertación?

“Chile tiene que cumplir con sus compromisos internacionales”, fue la última afirmación que le escuché al portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Wéber, al reiterar que aceptarán cualquiera sea la decisión de CIADI.

Pero si Pey gana en dicho tribunal, no habrá ganado aún su principal batalla: lanzar a las calles de Chile el nuevo diario Clarín y asegurar su supervivencia. Si bien el gobierno ha proclamado una política de no intervención respecto de los medios, nunca ha sido un actor pasivo en ese ámbito.

Si fuera solo un problema de dinero, lo lógico sería que el gobierno simplemente negociara una indemnización menor a la que pide Pey. Pero lo que han hecho en este caso -especialmente al pagarles a demandantes rivales a Pey en medio del litigio- sugiere motivos más complicados.

La teoría que escuché la mayoría de las veces de personas vinculadas a la toma de decisiones políticas de gobierno, apuntan al poder predominante de El Mercurio y las fuerzas económicas y políticas con las cuales esa empresa está aliada. Como la derecha política y económica está resignada a no ganar elecciones, han forjado un trato con el gobierno por el cual este último no toca el poder periodístico y económico de El Mercurio, y el diario mantiene una cobertura crítica pero respetuosa de la Concertación.

Si para algunos resulta difícil dar veracidad a un acuerdo de ese tipo, otros ponen el acento en la timidez demostrada por varios gobiernos de la Concertación cuando la derecha política ha apretado las tuercas. Un ejemplo preciso ocurrió cuando la demanda de Víctor Pey trajo el anuncio del posible regreso del diario Clarín.

En un recorrido por funcionarios de la Concertación se aprecia que para algunos Clarín es percibido como el diablo, una amenaza potencial a un modus vivendi cómodo y no como un activo político y mucho menos un aliado. Fue y sería –se escucha- el diario de extremos, la hoja escandalosa que todos recuerdan haber odiado o amado.

Entre los políticos del país que es sinónimo de estabilidad en la región, hay más interesados en los consensos que dan gobernabilidad que en la ideología. Pareciera que prevalece el temor a cortar con las amarras de la dictadura que hoy siguen vigentes en su prensa escrita. Miedo a que el relanzamiento de un diario como Clarín pueda producir también el regreso a los antiguos días de la polarización que terminaron en una tragedia cuyas huellas aun se mantienen imborrables en los centros de poder y también en las calles de Chile.

(Una versión de este artículo fue publicado en la edición de The Clinic del 11 de octubre de 2007)

Casa de Piedra: el secreto lugar de juerga y tortura de la DINA

Las escalofriantes historias que ocultaba el cuartel de exterminio de la DINA de calle Simón Bolívar, y que han sido develadas por la investigación del juez Víctor Montiglio y llevadas a la pantalla por Informe Especial de Televisión Nacional, han provocado un duro impacto. Pero no es la única cárcel de la dictadura que se había mantenido secreta hasta ahora. La Casa de Piedra, la residencia de Volpone en un sector del Cajón del Maipo, es quizás el cuartel más importante y desconocido de los que tuvo la DINA.

Construida en la década de los ‘30 por la familia Bulnes Correa, está ubicada en el primer tramo del camino a Lagunillas, un poco más arriba de San José de Maipo. En 1939 fue comprada por el empresario gastronómico Domingo Fuenzalida, quien en 1955 la vendió a su amigo Darío Sainte Marie Soruco, en $3.500.000 de la época. Más conocido como Volpone, Sainte Marie había fundado un año antes el polémico diario Clarín, que llegó a ser el más vendido de Chile hasta su clausura el 11 de septiembre de 1973.

El “tío Chicho”

La casa debe su nombre a las grandes piedras a la vista de sus gruesas paredes. Volpone mantuvo la estructura original pero la modernizó. Y lo primero fue instalar un sistema de agua caliente y calefacción a petróleo para soportar el invierno cordillerano. Se mudó en 1958 junto a su mujer Carmen Kaiser y tres de sus cinco hijos nacieron ahí.

Los 400 metros cuadrados de la vivienda eran tan singulares como su nuevo dueño. A falta de un pasillo, para cruzar desde el living hasta el comedor había que recorrer casi todas las habitaciones, un salón decorado con motivos chinos y el despacho privado de Volpone. Carmen Kaiser recorría anticuarios en busca de adornos, traía telas del extranjero y asistía a remates. En ellos, más de alguna vez se disputó atractivas piezas con el poeta Pablo Neruda.

Si bien Volpone tenía otro departamento en Santiago, por un largo tiempo su residencia principal fue la Casa de Piedra. Si al departamento que Volpone tenía en el centro capitalino algunos llegaron a llamarlo “La Moneda chica”, Casa de Piedra fue su residencia principal y un importante centro de reuniones políticas al más alto nivel. Por ahí pasaron las más altas figuras políticas de la época, incluyendo a tres presidentes.

Sainte Marie fue un asesor de confianza de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931 y 1952-1958) y luego también muy cercano a Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Según recuerdan algunos testigos de la época, el entonces mandatario DC solía llegar acompañado de su esposa María Ruiz-Tagle, y le gustaba que en invierno lo esperaran con sopaipillas.

Volpone tomando sol con Salvador AllendeCon Salvador Allende tuvo una compleja y larga amistad. Para los hijos de Volpone llegó a ser simplemente el “tío Chicho”. Allende disfrutaba en esos parajes de unas enormes chuletas de novillo acompañadas de papas con mote -uno de sus platos favoritos- y otras veces conversaba en privado con el dueño de casa al borde de la piscina. Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, José Tohá y Carlos Altamirano, entre muchos otros protagonistas de las más altas decisiones del país, asistían a los asados, cenas y reuniones políticas que organizaba Volpone en la enorme mesa del comedor.

A Volpone no le gustaba dejar su casa. Se despertaba a las seis de la mañana y mandaba de inmediato a su mayordomo a buscarle, en bicicleta, los primeros diarios del día a San José de Maipo: misión que el hombre debía repetir a medida que iban llegando los matutinos, para que su jefe pudiese leerlos tomando el desayuno en cama.

La otra historia

El 11 de septiembre de 1973, el hombre que había convertido al diario Clarín en un gran soporte de Allende, atacando sin tregua a la derecha, ya había emigrado a Madrid el año anterior, después de vender el matutino en una polémica operación que hasta hoy no se aclara y que es motivo de un juicio que se tramita en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI).

La Casa de Piedra quedó a cargo del cuidador Luis Olguín, quien vivía ahí con su mujer y sus dos hijos. Tras el golpe, los militares tardaron un par de días en llegar a la casa de Volpone.

Cual película de guerra, lo primero que vio Luis Olguín fueron comandos boinas negras cuerpo a tierra, otros lanzándose en paracaídas desde helicópteros, mientras un grupo amenazaba con echar la reja abajo con una motoniveladora. “Me encomendé a la Virgen del Carmen”, recuerda Olguín, quien fue encañonado junto a su mujer y con pistola en la cabeza tuvo que abrir todas las puertas de la casa.

-No dijeron qué buscaban, pero supongo que armamento o si había gente escondida, pero ahí no había nada -cuenta.

En un momento, los uniformados empezaron a empujar una puerta batiente por ambos lados y creyeron que alguien oponía resistencia. Dispararon y el militar que estaba al otro lado resultó herido.

Se fueron, pero la misma escena se repitió otras cinco veces. Olguín se resistía a partir. Temía que terminaran por destruir los caros muebles que alhajaban la casa. Hasta que lo expulsaron.
Lo que pasó después en la Casa de Piedra ha permanecido en secreto hasta ahora. Los habitantes de San José de Maipo comentan que ahí estuvieron los militares, que la usaban para hacer fiestas. La verdad es más cruda.

Rosa Acevedo es la vecina más cercana. Su casa está empinada sobre la ladera del cerro por lo que pudo ver algo de lo que ocurría allí abajo. Por temor guardó silencio hasta ahora.

Al principio, cuenta, fue ocupada por uniformados. Meses después, éstos fueron reemplazados por civiles. Lo primero que hicieron fue envenenar a todos los perros de los alrededores, de modo de poder entrar a las casas sin guardianes que ladraran.

En esa primera etapa los civiles eran en realidad un equipo de elite de la DINA. El recién creado organismo de seguridad entrenaba a sus agentes en las Rocas de Santo Domingo, pero los cursos de inteligencia se realizaban en Casa de Piedra. Así lo declaró el brigadier (r) Pedro Espinoza al ex ministro Juan Guzmán, en el juicio por la desaparición de Juan Maino, dando cuenta de lo que fue la Operación Colombo. Según Espinoza, en mayo de 1974, el general Augusto Pinochet lo destinó a la DINA para que organizara la Escuela Nacional de Inteligencia que funcionó en el Cajón del Maipo, cargo que mantuvo hasta diciembre de 1974. La escuela fue trasladada luego a Rinconada de Maipú.

Pero no todo era entrenamiento. Allí se organizaron importantes operaciones. Está judicialmente probado que fue desde la Casa de Piedra que salió el comando encabezado por el oficial de Ejército Armando Fernández Larios que secuestró desde la Penitenciaría al ex gerente de Cobre Chuqui David Silbermann el 4 de octubre de 1974. Tras pasar por diversos cuarteles de la DINA, Silbermann desapareció sin dejar rastro.

“Ya después uno empezó a saber qué era la DINA”, reconoce Rosa Acevedo, recordando que los ocupantes de la Casa de Piedra trataron de integrarse con los lugareños: “pedían cosas, circulaban todo el día y se acercaban a hablar de cualquier tema”. Así, jóvenes que usaban nombres falsos ejercían una sutil vigilancia. De eso se percató cuando una vecina terminó casándose con uno de los militares a quien todos le decían Marcelo, pero se llamaba Juan Carlos.

Rosa nunca tuvo idea de la Escuela de Inteligencia, pero identifica claramente un cambio del equipo en 1975, cuando comienzan “los tiempos más duros”. También recuerda que en 1975 helicópteros sobrevolaban su casa y aterrizaban en los jardines de la Casa de Piedra. Cree haber divisado en uno de ellos al general Pinochet con sus lentes oscuros, lo cual le confirmó uno de los agentes: Miguel Cifuentes Vargas.

Cifuentes vive hoy en la población El Esfuerzo de San José y no quiere recordar nada. Sin embargo, la discreción no era su fuerte cuando vivía en Casa de Piedra. “Fíjese que vino mi general”, le contaba a Rosa Acevedo, y también mencionaba a otros importantes personajes, como José Toribio Merino, Humberto Gordon y Michael Townley.
-Se juntaban todos acá -dice la vecina.

La presencia de Pinochet fue ratificada en 2005 por el agente de la DINA Ricardo Lawrence ante el ministro Víctor Montiglio, en la investigación sobre el destino de los dirigentes comunistas desaparecidos desde una casa de calle Conferencia. El oficial de Carabineros dijo que los principales dirigentes del PC fueron llevados “a un cuartel en el Cajón del Maipo conocido como La Casa de Piedra” por orden de Germán Barriga (agente que se suicidó en enero de 2005), quien dirigía la Brigada Lautaro de la DINA.
-En una de esas visitas se presentó en el lugar el general Pinochet, quien llegó a conocer a Víctor Díaz, secretario general del PC. En esa conversación, Víctor Díaz le dijo a Pinochet que cometía un error al meterse en contra del PC, porque era como intentar vaciar el mar con un balde, algo que nunca se iba a poder lograr.

Lawrence también declaró que los dirigentes comunistas fueron asesinados ahí, ensacados y llevados en una camioneta hacia Peldehue, donde fueron subidos en un helicóptero y luego lanzados al mar. Sin embargo, en el mismo proceso se ha determinado que al menos Víctor Díaz fue asesinado en el cuartel Simón Bolívar, aunque no se descarta que otros dirigentes de la comisión política del PC hayan muerto en Casa de Piedra. Se sabe que los cuerpos que llegaron a Peldehue venían de distintos centros, como Villa Grimaldi y Simón Bolívar.

Otro rastro del horror en Casa de Piedra fue hallado por el ministro Alejandro Madrid. Investigando la muerte del cabo Manuel Leyton, descubrió que este era uno de los comandos que participó en el lanzamiento de cuerpo de prisioneros al mar. Montiglio recibió testimonios de que Leyton era el que quemaba sus rostros y dedos con un soplete para que no fueran identificados. Algunos de esos capítulos ocurrieron en Casa de Piedra.

Para evitar que revelara ese secreto, Leyton fue asesinado con gas sarin en marzo de 1977, luego de haber sido detenido en posesión de dos renoletas robadas, una de ellas pertenecía al detenido desaparecido Daniel Palma, abuelo de la actriz Leonor Varela.

A juicio del abogado del Consejo de Defensa del Estado Daniel Martorell, Casa de Piedra “no fue un lugar de detenciones prolongadas sino de tránsito”.

Hasta ahora la Casa de Piedra no ha aparecido en los listados de centros de detención ni fue mencionada en el Informe Valech. Y esto porque al igual que el cuartel secreto de Simón Bolivar no hay registro de sobrevivientes. Pero hay una excepción. Las hermanas María Teresa y María Magdalena V.K., eran agentes civiles de la DINA y cumplían labores de oficina y de acompañantes de los oficiales. En una declaración policial dejaron testimonio de parte de lo que allí vivieron.
-Junto a mi hermana fuimos detenidas y trasladas hasta una casa en el Cajón del Maipo donde fuimos interrogadas separadamente. A mi hermana la maltrataron. El motivo fue que María Teresa tenía una amiga peruana de mucho antes que ingresara a la DINA, y esta peruana trabajaba en la Embajada de Perú, entonces el comandante (Vianel) Valdivieso presumía que nosotras le pasábamos información a esta mujer, lo que nunca ocurrió -relató María Magdalena.
-Quedé detenida y encerrada en una pieza de esa casa, durmiendo en una colchoneta en el piso. Por una ventanilla me dejaban ver a mi hermana que estaba en otra dependencia. Permanecí en estas condiciones más de una semana, sufriendo todos los días apremios físicos, me sacaron fotos desnuda y me pusieron corriente a cara descubierta…Presumo que eran de la Agrupación Lautaro, porque cuando terminó todo, pasamos por esta agrupación, me metieron en una pieza, me hicieron desnudar y me sacaron fotografías para presionarme y que no los denunciara -agrega la declaración de su hermana María Teresa.

Ambas hermanas viven hoy en la Quinta Región.

Noches de juergas

Otras damas de compañía de la DINA conocieron la Casa de Piedra como un recinto para eventos sociales. Como Ximena J.M., la que la identificó como “una casa de piedra del Cajón del Maipo a la que fui a una fiesta donde participó el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, Vianel Valdivieso y otras personas conocidas del mando de la DINA”.

La casa, que aún conservaba algo del glamour que tuvo en la época de Volpone, resultaba ideal para eventos muy secretos en los que habrían participado también agentes de otros países Latinoamérica y que se encontraban en Chile en la gestación de la Operación Cóndor, como lo reconoció otro de los agentes que participó en dicha fiesta (ver foto).

Para entonces, y según lo confirmó el ministro Jorge Zepeda que investigó exhaustivamente las operaciones secretas de los jerarcas de la Colonia Dignidad, la casa tenía un sofisticado sistema de comunicaciones a través de una torre y aparatos que fueron instalados por los alemanes de la Colonia. Un sistema especialmente diseñado para las necesidades que exigía el despliegue de la Red Cóndor.

Lo aislado del lugar también se prestaba para que los militares que custodiaban la casa organizaran largas y regadas noches de juerga. A Rosa Acevedo le llegaba el eco de la música a todo volumen. Hasta que un día Miguel Cifuentes llegó acongojado: sus compañeros se habían tomado la plata y no tenían provisiones. Lo invitó a comer a condición de que dejara la metralleta en la puerta.

Otra de las llegadas de Cifuentes sería imborrable: le pidió manzanas para dar a los “prisioneros”, ya que todos se habían ido y no les dejaron alimento. Así se enteró Rosa que en la Casa de Piedra había detenidos. Pero nunca los vio…
-Fue la parte más fuerte, más dura… Porque yo escuché golpes, sufrimiento -confiesa.
Durante 1976 aparecieron al menos 14 cuerpos no identificados en el Río Maipo. Los familiares de los desaparecidos recibieron el dato de que en la zona estaba la casa de Darío Sainte Marie, ocupada por organismos de inteligencia. Fue fácil sumar ambas informaciones. Sólo en 1980, Servando Jordán, el primer ministro en visita para casos de desaparecidos, tuvo la confirmación de que la Casa de Piedra había sido un recinto de la DINA.

El primero en reconocerlo fue el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández, quien respondió por escrito que la CNI, “ha expresado que, en virtud de lo dispuesto en el DS Nº56, de 3.II.77, del Ministerio de Tierras, se asignó a la mencionada ex Dirección (DINA), el inmueble fiscal ubicado en el camino a Lagunillas, comuna de San José de Maipo, que antiguamente perteneció al referido Saint-Marie”

Tres meses después Fernández rectificó a través de otro oficio diciendo que en realidad la DINA ocupó la casa antes del decreto “pero se ignora la fecha en que ello ocurrió, como asimismo la persona o personas que estuvieron a cargo de dicho inmueble”. Y Manuel Contreras le precisó en 1981 (20 de noviembre) a Jordán que la casa fue cedida a la DINA en 1974, y que tras la disolución del organismo continuó siendo ocupada por la CNI. “No está en mi conocimiento el hallazgo de cadáveres en las aguas del Río Maipo”, concluye Contreras.
El misterio de los cuerpos persiste hasta hoy.

Rosa Acevedo recuerda que después de 1980 los militares se fueron de la casa y allí se instaló una familia hasta el regreso de la democracia. Entonces la vivienda fue saqueada y ocupada por drogadictos. No dejaron ni las cañerías. Hasta que la vecina logró avisar a la familia Sainte Marie de que podían regresar.

Hoy nadie habita la casona. Salvo Paola, una de las hijas de Volpone que vive en Barcelona y la ocupa cada vez que visita Chile. En el mismo terreno, pero en una casa vecina, vive otro de los hijos de Sainte-Marie, Jean Paul, junto su esposa y sus dos hijos. Todos los días tienen a la vista el añoso nogal a cuyos pies están sepultadas las cenizas del mítico patriarca.


      
   
   
   
   

RECUADRO 1

EL REGRESO DE VOLPONE

Cenizas de Dario Saint MarieEn una maleta junto al equipaje común viajaron a Chile las cenizas de Darío Sainte Marie, a comienzos de los `90. Sus restos permanecieron por más de 10 años en el cementerio de Almudena en Madrid, después de que muriera en esa ciudad el 16 de febrero de 1982. Su tercera mujer y madre de sus hijos, Carmen Kaiser, retiró el ánfora argumentando que lo quería enterrar en otra ciudad, pero se lo trajo a Chile en secreto. Desde entonces, las cenizas de Volpone están enterradas bajo un nogal a la entrada de la Casa de Piedra, como él quería.

La casa fue ocupada por su hija mayor Dorotea, en 1991, hasta que el Ministerio de Bienes Nacionales se la restituyó oficialmente ese mismo año. En 2003 fue transferida a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Refugio de Lagunillas, constituida por los herederos de Volpone. Con sus propias manos los hijos de Volpone han restaurado poco a poco cada rincón. Rebautizada como Chalet de Piedra, la imponente residencia que conserva sus míticos rincones ha sido habilitada como centro de eventos y hospedaje con 40 camas.

Para los hijos de Volpone esta casa representa sus mejores recuerdos infantiles y también el periodo en que la familia estuvo unida, antes del quiebre de 1972.
-Es un lugar precioso que tiene un peso por sí mismo. Por la energía que tiene, por lo extraña, histórica, por el poder que tiene, decidimos abrirla al público para lograr su reconstrucción y limpiarla de su época oscura, para que renazca con su época de gloria y traer con ella la memoria del papá que ha sido sepultada. Un lugar donde resurja esa fuerza que en algún momento él tuvo – afirma Jean Paul Sainte Marie.

(Una versión de esta investigación fue publicada en el cuerpo “Reportajes” de La Tercera del 26 de agosto de 2007)

 

Las monjas que San Felipe quiere olvidar

Una infancia de terror vivió el artista plástico Hernol Flores. Junto a su hermano gemelo -ya fallecido- fue internado en un hogar de menores administrado por las Misioneras de la Transfiguración del Señor. Las golpizas, el hambre y los abusos marcaron a centenares de niños que pasaron por ese orfanato. Las donaciones destinadas al hogar eran ocupadas por las monjas para comprar propiedades y vehículos, bienes que siguieron administrando después de que el obispado de San Felipe las defenestrara.

Los trazos cándidos y coloridos que surgen de los pinceles de Hernol Flores Vargas probablemente nacen de la infancia que le fue negada. El artista plástico suspira profundo mientras se asoma por la ventana de su casa en Temuco para contemplar los últimos minutos de una opaca tarde invernal. Tras ese silencio, corto pero elocuente, asiente y concuerda en que las golpizas, el hambre y los abusos que sufrió cuando sólo tenía 7 años, son el motor inconsciente del estilo naif que le ha dado fama a su arte: “La pintura me ayudó a sanar interiormente”.

A diferencia de tantas otras biografías desgarradoras, no hubo en la historia de Hernol (39) ni un padre alcohólico ni una madre castigadora que lo empujaran a ocupar un lugar en las estadísticas sobre infancia en riesgo social. Lo que hubo fueron monjas. Religiosas que habían prometido amar y proteger a los más desvalidos entre los pobres -los niños- y que permitieron que los atropellos reinaran en la vida de cientos de chiquillos desamparados de San Felipe y sus alrededores. Hermanas consagradas que, cuando al fin fueron defenestradas por el obispado local, se negaron a entregar los bienes -casas, parcelas y vehículos- que compraron con las donaciones que debían haber ocupado para atender a los pequeños.

-Yo tenía un hermano gemelo -cuenta Hernol- que se llamaba Óscar. El falleció hace 11 años, de una leucemia. Al principio los dos vivíamos con mi abuela, pero a cierta edad nos separaron. Después, mis abuelos se aburrieron de tenerme y mis tíos de tener a mi hermano y nos fueron a dejar a un hogar de niños huérfanos. Era el hogar Pablo VI. Teníamos como 7 años cuando llegamos ahí. Estuvimos mucho tiempo y vivimos cosas muy dolorosas, muy fuertes. Siempre nos preguntamos por qué llegamos ahí si nosotros teníamos papá y mamá.

El padre de los gemelos es Hernol Flores Opazo, un destacado dirigente sindical de la Asociación de Empleados Fiscales y de la Asociación Postal Telegráfica, quien cultivó un alto perfil público en los duros años 80.
-Mi madre nunca se casó con mi padre -dice el pintor-, él siempre se dedicó a la política. En el tiempo en que nosotros estábamos en el hogar, el país estaba en dictadura. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era qué hacían los hijos de Hernol Flores, que en ese tiempo era un personaje mucho más público, en ese hogar de niños abandonados. Siento que él nos quiso ocultar. Estábamos reconocidos legalmente, pero nunca nos quiso reconocer públicamente. Y para nosotros, como niños, eso fue muy marcador. Mi madre es una mujer esforzada, yo recién ahora la he perdonado y estoy aprendiendo a abrazarla, porque siempre me pregunté por qué nos había dejado ahí.

Trajinando en la basura

Director de Escuela El Almendral, Ramón CarrascoRamón Carrasco suma casi 41 años como director de la escuelita de El Almendral, la localidad vecina a San Felipe donde se ubica el hogar Pablo VI. En las décadas del 70 y 80, él y sus profesores se convirtieron en los escudos protectores de los chicos que llegaban a las aulas desde el orfanato con marcas de golpes y abusos sexuales. Con orgullo, revisa las fotos que cuelgan en la pared de su oficina y a golpe de vista distingue a los niños que venían del hogar, de distintas promociones, con nombres y apellidos. También recuerda con claridad la llegada de los gemelos:
-Los hijos de don Hernol Flores, que era un combativo dirigente gremial de Correos y Telégrafos, no tenían ni zapatillas ni ropa. Fui a hablar con el presidente de la Asociación Postal Telegráfica local, Ramón Reyes, que era amigo mío y le dije: “Tocayo, en el hogar Pablo VI hay unos niñitos que son hijos del dirigente máximo de ustedes, pero pasan hambre y frío”. A los pocos días llegaron ellos con algunas cositas para los mellizos.

Hernol repasa las imágenes de esos días oscuros:
-Éramos golpeados en el hogar. Si me equivocaba en las tablas de multiplicar me hacían estirar las manos y me pegaban por ambos lados con un palo de escoba. Había chicos que se orinaban en la cama y también eran maltratados. Recuerdo a un niño epiléptico que, cuando le daban los ataques, lo golpeaban. En ese lugar se horneaba el pan y mi hermano y yo nos levantábamos de noche y nos íbamos para atrás, donde estaba la basura en unos tambores grandes, y nos poníamos a trajinar para comer la masa que botaban. A veces nos escondíamos entre las matas de mora y ahí nos abrazábamos, nos poníamos a llorar y a rezar para que mi mamá nos fuera a buscar. Había una pileta en el medio del patio y nosotros nos sentábamos ahí todos los domingos, que era el día en que venían a ver a otros niños, a esperar que alguien viniera a vernos. Y nadie iba. Un día nos fue a ver mi madre y se impactó, porque estábamos llenos de piojos. Nos corrían por el cuello.

Misioneras de la Transfiguración

Entre 420 y 450 niños por año llegó a registrar el hogar Pablo VI. Instalado en el antiguo convento franciscano de El Almendral, fue administrado desde sus inicios y hasta 1989 por las Misioneras de la Transfiguración del Señor, cuyo nombre recuerda el pasaje en que se revela ante un trío de apóstoles el aspecto divino de Jesús. “De la desfiguración del Señor debieron llamarse estas señoras”, corrige el director Carrasco.

Hermana Teresa, directora del hogar de menoresLa misioneras no eran más que un grupo de tres monjas que había sido fundado por Enriqueta Corvalán Corvalán, una mujer que desde su infancia -nació en 1917- manifestó tener visiones y recibir mensajes divinos.

A Enriqueta se unieron la hermana Teresa Rubio Ángulo y sor Ida Puigmarti Concha, que ya llevaba 18 años como religiosa salesiana. Siguiendo los mensajes que Enriqueta decía recibir, se dedicaron a la atención de menores y fundaron el hogar Divina Providencia en Los Andes.

Con los primeros frutos de esa obra se ganaron la simpatía del entonces obispo de San Felipe, Enrique Alvear, quien el 19 de septiembre de 1969 las aceptó como instituto religioso en formación (una “pía unión”), bajo la promesa de que extenderían su obra y aumentarían en número para que, finalmente, la sede pontificia aprobara sus estatutos y las registrara como congregación.

Madre Enriqueta Corvalán en tranceAunque el grupo fue finalmente disuelto en 1989 por el obispo Manuel Camilo Vial, debido a los graves problemas relacionados con la administración de bienes y el trato que recibían los menores, le sobrevivió la rama masculina, actualmente encargada de atender la Parroquia de Rinconada de Silva, a las afueras del mismo San Felipe. Los Misioneros de la Transfiguración del Señor son sólo tres sacerdotes y un laico con votos. Este último, Dante Gutiérrez, relata los inicios de la congregación:
-La hermana Enriqueta era de Santiago, pero vivía en Los Andes, porque su papá era director de escuela primaria y se trasladaba continuamente. Ella tenía dones especiales desde muy niña y respondiendo a esos dones, a lo que Dios le pide, funda una congregación. Primero se contacta con una joven que viene de Rancagua, que es Teresa Rubio, porque estuvo trabajando en esa zona, abocada a la catequesis en La Punta de Codegua. Años más tarde ellas dos forman la pía unión y se les une una hija de María Auxiliadora, la hermana Ida Puigmarti.

Sor Ida, una de las fundadoras de la comunidadEl mismo año en que el obispo Alvear dio luz verde a la formación del instituto religioso, el convento franciscano de El Almendral enfrentó el riesgo cierto de ser expropiado. Ambos hechos confluirían finalmente en una sombría historia.

El pálpito franciscano

Desde que comenzó la construcción del inmueble, en 1862, la Orden Franciscana siempre tuvo problemas para sostener a los moradores del convento. Así, a fines de los años 60, aunque fue declarado monumento nacional, estaba en deplorables condiciones pues no había recursos para refaccionarlo y sólo dos frailes permanecían ahí.

En 1969, al cierre del gobierno de Frei Montalva, el Ministerio de la Vivienda puso sus ojos en el extenso terreno que tenían los religiosos, dividido en una huerta, parronales y una cancha de fútbol entregada al club deportivo local. El predio había sido pedido por pobladores sin casa para desarrollar allí un programa de autoconstrucción. El superior franciscano de la época, Francisco Javier Mac-Mahon se movió con rapidez y consiguió que el gobierno DC desistiera de la expropiación, pero la orden comprendió que bajo el intenso clima político de esos años debía buscar un uso para el abandonado inmueble si no quería perderlo. En 1970 el convento fue ofrecido a las clarisas y al Instituto de Educación Rural, pero ambos proyectos no prosperaron.

El 25 de octubre de 1970 las Misioneras de la Transfiguración del Señor pidieron formalmente a Mac-Mahon que el convento les fuera entregado en comodato. Pero los franciscanos rehusaron cederlo al pequeño grupo de religiosas y lo traspasaron finalmente al obispado de San Felipe en febrero de 1973, aunque se trató de una cesión temporal “a la espera de los trámites que permitan la entrega definitiva con las respectivas escrituras públicas”. El obispo Alvear ya con pleno dominio sobre el inmueble se lo entregó a las misioneras.

Un dato curioso es que fueron los franciscanos los primeros que desconfiaron de la pequeña comunidad. Así queda de manifiesto en una carta posterior, fechada en abril de 1979, cuando aún se definían detalles para finiquitar el traspaso legal del inmueble. El entonces superior de la orden, Rigoberto Iturriaga, escribió al obispo Francisco de Borja Valenzuela, sucesor de Alvear: “Para mejor claridad le contaré que antes de ofrecérselo a monseñor Alvear, estuvimos en conversación con ese instituto (las misioneras), pero nos pareció que carecía de representatividad, ya que no disponía de religiosas y ni siquiera era una congregación aprobada”.

Marcas de la infamia

“Gracias a Dios todos los días íbamos a la escuela de El Almendral -comenta Hernol-, que era como nuestra luz. En las mañanas ahí nos daban galletas y leche. Ahí nos adoptó y nos protegió una profesora, Marlen Mardones, que fue nuestra salvación en cuanto al amor como mamá”.

La señorita Marlen vive en una antigua y sencilla casa de calle Coimas, en el centro de San Felipe. Jubiló en 2006 después de 41 años de servicio en las aulas almendralinas. El día de la entrevista estaba contenta porque hacía poco, para el Día de la Madre, Hernol la había llamado desde Temuco:
-Él y Óscar todos los días se tomaban de mi cintura y me decían “llévenos para su casa, por favor, no queremos irnos al hogar”.

Los menores, recuerda el director Carrasco, tenían prohibido almorzar en el colegio porque la superiora del hogar, la hermana Teresa Rubio, decía que los chicos tenían cubiertas todas sus necesidades: “Pero ahí surgió el afecto que empezamos a entregar con mis colegas. Marlen, siendo soltera, vació todo su cariño en los niños”.
-Nosotros igual les dábamos almuerzo. Cómo no les íbamos a dar, si venían muertos de hambre. Siendo yo lo más escrupulosa que se puede ser, les sacaba hasta los piojos, les echaba líquido y les lavaba la cabeza en la escuela- dice la profesora.

Carrasco recuerda que a poco de haberse instalado el Pablo VI en el convento, comenzaron los problemas:
-Cuando tocaban la campana para salir, los niños del hogar no querían irse. Un día se nos perdió un niñito y no lo encontrábamos. Los buscamos hasta en las acequias. Voy a mi oficina y veo, detrás de un sillón, un zapatito. Ahí estaba. Y le digo “mijito, ¿qué hace aquí?”. Y se pone a llorar, un pajarito de seis o siete años, y me dice “no me quiero ir, señor, yo puedo dormir aquí si me prestan un saco”. “Cuéntame, ¿qué te pasa?”, pero él se aferraba y tiritaba. Lo revisé y al niño le sangraba el potito. Se lo juró, me cayeron las lágrimas.
“Le decían el cuchi-cuchi al abuso sexual y contaban que se lo hacían los niños más grandes”, relata la profesora Marlen. Para la madre Teresa, dice Carrasco, todos esto no eran más que comentarios falsos.

El director acudió a las autoridades educacionales de la provincia, pero la respuesta que cosechó fue negativa:
-“Ahí no nos podemos meter”, me dijeron. “Podemos ver los problemas de la escuela, pero esto no”.

Carrasco buscaba una vía para hacer la denuncia y conversó con una asistente social del hospital de San Felipe, pero nuevamente chocó con un muro. Poco después, las profesoras Marlen Mardones y Angélica Vargas le llevaron a su oficina cuatro niños con las espaldas marcadas por correazos. Indignado, partió directamente a la casa de la jueza Adriana Guzmán:
-Los niños parecían igual que los esclavos que uno ve en las películas. Le cuento a la jueza con tanta molestia, con tanta ira, que la señora dice “no puede ser”. Me fui a almorzar y cuando vuelvo a la escuela veo que estaba llena de vehículos, que tenían a todos los niños en la multicancha y los iban llamando de a uno a la oficina. Estaba la jueza, abogados, inclusive el gobernador. Se destapó la olla.

Increíblemente, la investigación no cambió las cosas. La jueza Guzmán, hoy jubilada, dice que no recuerda el caso. Aún así, lo más grave -a juicio de Carrasco- estaba por venir. Cuando las relaciones con la hermana Teresa ya estaban quebrantadas, la religiosa le presentó un orientador que llevaría los nexos entre el hogar y la escuela.

“Un día dejó de venir uno de los muchachitos más grandes y pensamos que había dejado el hogar”, cuenta el director. Pero un amigo del maestro, dirigente de un club de rayuela que tenía una cancha detrás de un hotel parejero, le advirtió: “Ramón, viene un niño con la insignia de tu escuela para acá con un hombre”. El profesor montó guardia desde una posición en la que podía ver a los que entraban y salían del hotel. Estuvo ahí varios días, hasta que los vio: “Era el famoso orientador con el niño que no iba a clases”.

Días después, Carrasco expulsó de su establecimiento al orientador y le prohibió volver. La hermana Teresa no se hizo esperar:
-Vino a hablar conmigo, pero sólo le dije “no me inspira confianza el señor orientador como para tratar temas relacionados con los niños, especialmente con los más grandes”. Tiempo después, en la Plaza de Armas de Santiago se me acercó un hombre harapiento y barbón, como un mendigo. “Señor Carrasco”, me saludó. Era Jaime, el muchacho que dejó de ir al colegio. Se puso a llorar y me dijo “algún día espero verlo en otra forma”. ¡Eso es lo que hizo el orientador a ese niño!

Una monja hábil para los negocios

María Elisa Muñoz Urrutia tenía sólo 15 años cuando aceptó la invitación del sacerdote belga Hugo Cornelisse para participar en un retiro vocacional en Los Andes junto a las Misioneras de la Transfiguración. El religioso era el asesor de su grupo juvenil en Linares. Ella desembarcó en el hogar Pablo VI el mismo año en que Hernol y Óscar fueron internados ahí.
-En febrero de 1974 llegamos ocho miembros del grupo juvenil a Los Andes. Nos gustó como las religiosas preparaban el pan para los niños, como lavaban para ellos. Le dije al padre “me quedo”. Nos quedamos seis chiquillas, de Linares y Valparaíso. Llegamos a ser 12 jóvenes y al mismo tiempo fueron aumentando los niños en los hogares.

Elisa -quien llegó a tomar los votos perpetuos dentro de la comunidad- cuenta que rápidamente surgieron problemas por la forma en que el grupo administraba los bienes: “La hermana Teresa -la superiora del hogar Pablo VI- era la ecónoma de la congregación. Era una mujer muy hábil para los negocios y la comunidad fue creciendo económicamente. Entre 1978 y 1988 el comentario era que éramos las monjas más ricas de la diócesis”. La madre Teresa fue nombrada como única heredera de la fundadora del grupo y se le otorgaron plenos poderes para administrar los bienes.

Los sacerdotes Cornelisse y Guido Bertolino, ambos salesianos, fueron activos colaboradores de las misioneras, al punto que después formaron la rama masculina de la congregación. Ambos consiguieron importantes aportes financieros de comunidades católicas belgas e italianas. Llegaron voluntarios belgas al hogar, algunos de los cuales también llevaban donaciones. Irma de Shutter fue una de ellos y, desde Europa, reconoce que canalizó dinero, pero no recuerda los montos. Al mismo tiempo, una fundación alemana -Kindermissionswerk- aportó los fondos para la restauración del convento.
-Con la ayuda del extranjero llegamos a tener cinco parcelas, diez vehículos -autos, furgones, camiones tipo tres cuartos y un bus-, corderos, vacunos, cabras y aves. Yo atendía un gallinero de 3.500 gallinas. La proyección de la comunidad era formar un centro agrícola para capacitar a los niños. Incluso llegamos a tener un laboratorio de miel, con toda la maquinaria de última generación- relata Elisa.

Ultimátum del obispo

Bajo el obispado de Francisco de Borja Valenzuela, recuerda la ex religiosa, surgieron las primeras diferencias con la diócesis por el manejo de los bienes: “Pero él se preocupó más bien de que nos fuéramos constituyendo como religiosas, que se establecieran los estatutos”. La crisis se desató cuando asumió el obispo Manuel Camilo Vial, en 1983, a quien rápidamente le preocupó que las donaciones para los hogares se ocuparan en bienes que pasaban a manos de la comunidad:
-Monseñor Vial se reunió con la hermana Enriqueta, que era la fundadora, y le dijo “mire, me gustaría que separaran las administraciones de los hogares y de la comunidad, que los hogares sean atendidos en una línea más pedagógica y que se hagan cargo de ellos las religiosas jóvenes. Y ustedes (las tres fundadoras) que se encarguen del pilar de la Transfiguración, que usted dice que es vida contemplativa y carisma, con más presencia en parroquias”- cuenta Elisa Muñoz.

La ex religiosa sostiene que esa primera intervención del obispo Vial permitió cambiar el perfil de los funcionarios del hogar:

-Empezaron a trabajar profesores, gente con más preparación para tratar con niños, porque hasta ese minuto quienes trabajaban provenían de los programas de empleo mínimo, lo que tenía la ventaja de que no se ocupaba la subvención para pagarles. Entonces, la hermana Teresa podía destinar ese dinero a otra cosa. Ella no comprendía la importancia de atender a un niño con una línea pedagógica.

Cristian Moreno, un ex interno que llegó al hogar en 1975 con sólo 4 años de edad, relata que en una ocasión el tío que lo cuidaba lo dejó sangrando por no acusar a los que fumaban: “Se llamaba Patrico Andía. Dicen que falleció de sida o por el neoprén. Después, cuando ya estábamos grandes, con un amigo lo fuimos a ver a su casa y le encontramos como 80 tarros de neoprén. Tenía unos 28 o 29 años cuando trabajaba en el hogar. Era un cabro, bueno para la pelota, arquero. En el hogar nadie tenía preparación, había gente que no sabía ni leer. El hogar era sólo para ir a dormir, a comer, porque los estudios los hacíamos en otras partes”.

Moreno cuenta que el trato en general era bueno, pero reconoce que había excesos en los castigos para los que se portaban mal, peleaban o se fugaban: “La monja Teresa sacaba una manguera de dos pulgadas, te bajaba los pantalones y ¡paf!”. También revela una de las claves del éxito económico de la congregación:

-Teníamos una casa en la playa, grande, con cien piezas, en Papudo. Pero teníamos que trabajar para ganarnos la ida a la playa. Antes de ir a Papudo los más grandes teníamos que cosechar la uva, hacer el raleo, trabajo de campo. Igual nos servía de aprendizaje y no teníamos problema con ir a las parras.

Hernol recuerda que debía alimentar chanchos. Y Cristián reconoce que también lo hacían trabajar en el gallinero.

Elisa Muñoz relata el punto más álgido de la crisis entre el obispo Vial y la congregación, pues la hermana Teresa no aceptó separar los bienes:

-Monseñor Vial le dijo a la hermana Enriqueta: “Yo espero seis años o termino con la Transfiguración y pasa la administración de los hogares al obispado”. Pasaron los seis años y en 1989 el obispo llamó a la madre Enriqueta. Yo la acompañé a esa reunión. Él le dijo: “Esto se termina, se cierra. Ustedes tienen todo el derecho a apelar al Papa, pero creo que esto se termina aquí”. Se produjo un ambiente muy caótico y tenso para todas nosotras, que éramos ellas tres (Enriqueta, Teresa e Ida), mi hermana Sara y yo, porque las demás jóvenes se habían ido precisamente por eso de que era más importante lo económico que la misión. El punto que discutía la iglesia es que se respetara la intención de los donantes, porque esa ayuda era para los niños y eso no se cumplía, porque para la hermana Teresa el objetivo era tener un soporte económico fuerte.

La “sanación”

El 12 de septiembre de 1989, el obispo Vial llegó al convento acompañado de una notaria para disolver canónicamente la congregación.

-Ahí quedamos libres de nuestro compromiso, o sea, un divorcio. Fue muy doloroso. Los bienes de la comunidad se dividieron entre sus cinco integrantes. Como nosotras teníamos votos perpetuos y éramos parte de la directiva, nos tocaba un quinto, pero Sara y yo lo rechazamos porque entramos a la comunidad por los niños y no por plata, y se lo cedimos al obispado- dice Elisa.
El punto fue establecer qué bienes eran de la comunidad y cuáles eran producto de donaciones que debían destinarse a los hogares y, por lo tanto, pasar al obispado para continuar la obra. Se inició entonces una larga batalla legal. Recién en 2005 el obispado vendió las parcelas más caras (ver La multiplicación de las propiedades).

Las hermanas Sara y Elisa Muñoz Urrutia siguieron trabajando para la diócesis en los hogares. Elisa dirige hoy la casa “Divina Providencia”, en Los Andes, se casó con un ex alumno del hogar Pablo VI y tiene una pequeña hija. Sara no se casó, pero optó por la maternidad y tuvo un hijo.

Poco después de que las misioneras fueran disueltas, un incendio redujo a cenizas la mayor parte del Pablo VI. El obispo Vial decidió restaurar el convento y convertirlo en un centro cultural, instalando el hogar -que aún funciona- a un costado del viejo inmueble franciscano. El Centro Cultural Almendral es hoy una pujante institución con talleres de cerámica, forja, orfebrería, imprenta, sala de cine y una de las galerías de arte más activas de la región. Allí expuso, en 1997, Hernol Flores Vargas. Un año antes de su retorno al convento había fallecido su gemelo:

-Cuando empecé a hacer una carrera como pintor, tuve la oportunidad de ir a exponer a Washington y en ese viaje conocí a Mané Aguirre, que me ofreció ayuda para buscar lugares donde exponer. Pasaron los meses y un día ella me llama y me dice “encontré un lugar maravilloso que fue un convento franciscano y ahora es un centro cultural que se llama Almendral”. Yo quedé descolocado y lo único que hice fue llorar.

Cuando algunos días más tarde Hernol se enfrentó al viejo edificio, las piernas le flaquearon:
-Lo más impresionante es que el lugar está restaurado con colores que para mí son muy simbólicos en el budismo, como el amarillo y el violeta. Yo me quebré, me empezaron a tiritar las rodillas. En la puerta estaba Mané, la abracé y aunque quería llorar no le dije nada. Partimos a una reunión y la oficina era justo la que ocupaba la monja Teresa en un altillo. Entonces recordé cuando a mi hermano y a mí nos abusaron y subimos esa tremenda escala y ella, que era una mujer grande, estaba esperándonos arriba y nos amenazó que no íbamos a decirle a nadie lo que nos había pasado.

Ese día, Hernol le comentó sólo a Mané que él había sido un interno del hogar:
-Yo no le dije al resto que había estado ahí, pero les pedí si el día de la inauguración podían conseguir organilleros, chinchineros, que son personajes de mis cuadros, e invitar a los niños del hogar, que ahora estaba al lado. Y resultó una maravillosa fiesta, los niños corrían por todas partes, les regalaron globos. Y en mi discurso le dije a los chicos: “Lo último que podemos perder es la esperanza, no importa dónde nos toque vivir. A pesar de que ustedes viven en un hogar, pueden ser algo en la vida, porque yo fui un niño de este hogar. Aquí mismo donde estoy parado en este momento, en la pileta, yo estuve sentado cuando era muy niño, deseando muchas cosas que ahora vuelvo a sanar”. Esa fue mi forma de cerrar el círculo.

Galería de imágenes

La multiplicación de las propiedades

Jorge Razeto, director del centro cultural que hoy ocupa el convento de El Almendral, cuenta que hace unos años organizaron un taller para que la comunidad recuperara historias locales: “Se editó un librito. Lo curioso es que entre los relatos apareció esto de que el hogar fue administrado por unas religiosas que tuvieron problemas, pero la gente no quiso que eso apareciera en el texto”. Al parecer, la comunidad prefiere no recordar los días en que el obispo Manuel Camilo Vial se enfrentó en tribunales con las Misioneras. “En el hogar había trato despótico. Eso está comprobado”, declaró Vial a revista Qué Pasa en diciembre de 1989.

En 1971, cuando las religiosas solicitaron en comodato el convento, sólo tenían dos casas, ambas en Los Andes. Una estaba en Freire 536 -herencia de la hermana Enriqueta- y otra en General del Canto 790, donada por una familia de la zona. Al momento de la disolución de la comunidad, en 1989, las religiosas manejaban -como propietarias o en usufructo- las siguientes propiedades:

  • Casa de Freire 536, Los Andes
  • Casa de Freire 530, Los Andes.
  • Casa de Papudo 106, Los Andes.
  • Casa de Santa Rosa 112, Los Andes.
  • Casa de General del Canto 790, Los Andes.
  • Parcelas 2, 29 y 30 del fundo El Castillo, en Calle Larga.
  • Reservas Cora 3 y 4 del proyecto de parcelación El Castillo, en Calle Larga.
  • Casa de calle Blanco 132, en Papudo.
  • Casona de huéspedes Bethania, en Papudo.
  • Una parcela en callejón El Convento, en El Almendral.
  • Propiedad en calle Ejército (del 647 al 653), en Santiago.

“Después de terminar la comunidad el padre obispo tuvo que ir peleando juicio a juicio los bienes. Yo fui testigo de que eso se compró con donaciones del extranjero para beneficio de los niños y así el obispo fue recuperando bienes”, relata la ex religiosa Elisa Muñoz. La demanda se inició el 21 de agosto de 1990 bajo el rol 46-060 del Primer Juzgado Civil de Los Andes. El juicio se encaminó a un acuerdo para que las misioneras restituyeran los bienes a cambio de que pudieran vender algunas propiedades para pagar deudas y que se les concediera el usufructo vitalicio de otras para su subsistencia. No obstante, ambas partes acusaron incumplimientos y el archivo del proceso no registra qué sucedió finalmente.

Elisa Muñoz dice que la mayor parte de las casas quedaron en manos del obispado, salvo la que era herencia familiar de Enriqueta Corvalán. El inmueble de calle Blanco, en Papudo, fue disputado en tribunales (causa rol 31.115 iniciada en junio de 1999) por familiares de la hermana Teresa que lo reclamaban como herencia, pero el fallo favoreció a la diócesis. La parcela de El Almendral fue inscrita por el obispado en 1990 y vendida dos años después a la Sociedad Schafer de Inversiones en 16,5 millones de pesos.

Según la versión de Elisa Muñoz, las parcelas de Calle Larga al parecer no podían ser vendidas hasta la muerte de las tres fundadoras de la congregación. Enriqueta Corvalán falleció el 15 de noviembre de 1991, Teresa Rubio murió el 15 de enero de 1996 e Ida Puigmarti el 3 de agosto de 2006. No obstante, un año antes del deceso de esta última el obispado de San Felipe vendió las parcelas 29 y 30 del fundo El Castillo en 125 millones de pesos cada una a la Sociedad Inmobiliaria El Castillo y a Inmobiliaria e Inversiones El Castillo. Los otros tres predios del sector de Calle Larga quedaron inscritos a nombre del obispado en 1991, pero dos de ellos -las reservas Cora 3 y 4- fueron traspasados a Paul Frings, un antiguo colaborador de las misioneras a quien se le reconoció que había suministrado los recursos para que las religiosas compraran esos terrenos.

Si los 250 millones de la venta de las parcelas 29 y 30 fueron aportados finalmente a los hogares de menores, respetando así la voluntad de los donantes de los fondos con que las misioneras adquirieron esos predios, es una información que la iglesia no entregó. El actual obispo Cristián Contreras señaló que sólo abriría los archivos de la diócesis y se referiría al tema si su antecesor, Manuel Camilo Vial, lo autorizaba. Pero no volvió a dar señales respecto de esa gestión. Vial, en tanto, no respondió los mensajes.

Un convento con mala imagen

El enfrentamiento entre el obispado de San Felipe y las Misioneras de la Transfiguración no fue el primer episodio crítico que registra la bitácora del viejo convento de El Almendral. El inmueble, cuya construcción se inició en 1862, nació bajo la dependencia del Colegio Misionero de Castro de la Orden Franciscana y los jóvenes chilotes que llegaban hasta San Felipe para recibir formación religiosa protagonizaron variados escándalos. A mediados de 1900, los conflictos llegaron a tal punto que las autoridades eclesiásticas ordenaron una investigación, según consta en el Archivo Franciscano.

“Resulta plenamente probado, a juicio de este ministerio: 1° que desde hace unos ocho o diez años no han faltado en la comunidad de El Almendral religiosos que hayan mantenido relaciones sospechosas con mujeres, de donde ha resultado en el pueblo el convencimiento de que con ellas cometieron actos de impureza o vivían en concubinato; 2° que domina en la misma comunidad el vicio de la embriaguez con escándalos públicos; 3° que la disciplina interior de la comunidad está muy relajada, pues son comunes las salidas nocturnas”, se lee en el riguroso informe.

El franciscano Rigoberto Iturriaga, actual encargado del archivo de la orden, escribió en junio de 2002 acerca de esos episodios: “La experiencia almendralina pasó siempre por malos momentos, tanto por la estructura del sistema como por el comportamiento de los estudiantes. Los profesores asumían su trabajo más por obediencia que por vocación, lo que de una u otra forma repercutía en la casa. Todos estaban mal calificados (…)”.

Montepiados de Capredena

El 24 de septiembre de 2007 se envió una carta a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), con copia a la Comisión Asesora para la Protección de los Derechos de las Personas, solicitando acceso a la nómina de beneficiarios de una pensión de montepío en dicha institución.

Ante la nula respuesta, un mes más tarde se le pidió a la Comisión Asesora que intercediera, tras lo cual ésta envió a Capredena un oficio pidiéndole que se pronunciara sobre la solicitud hecha por Ciper. Pocos días después, a fines de octubre, Capredena concedió una audiencia en la que entregó información general sobre los montepíos, lo que fue satisfactorio para los fines periodísticos. Sin embargo, advirtió que no entregaría los documentos solicitados por involucrar información personal de sus beneficiarios.

Montepíos: El pozo sin fondo de la familia militar

Las historias dan para un libro: marinos que se casan con sus sobrinas, hijas de militares contraen matrimonio en el extranjero, conviven o se anulan. Y eso sin contar las que mienten. Dipreca se querelló por fraude previsional contra 114 mujeres que juraban ser solteras sin serlo. Todo, con tal de recibir un montepío único en Chile para viudas, hijas y hermanas solteras de uniformados. Sólo eliminar el beneficio de orfandad ahorraría hoy más de $5 mil millones a todos los chilenos.

A juzgar por los registros oficiales, el capitán de fragata (r) Leopoldo Fischer, viudo y sin hijos, había decidido a sus 87 años hacer un gran cambio en su vida. Hace exactamente tres años se casó con una mujer más joven, M.H., de 47 años, anulada de su primer matrimonio. Pero la investigación de CIPER da cuenta de otra historia. Fischer vive solo en un cómodo departamento en Viña del Mar. Su “esposa”, vive en una casa en Las Condes en compañía de su pareja desde hace diez años, del hijo de esta unión de 8 años y de dos hijos de su primer matrimonio.

Fischer no ha sido engañado. M.H. es su sobrina y el matrimonio fue sólo un acto de conveniencia para que ella herede a la muerte del marino su buena pensión de la Armada y para que junto a sus tres hijos pudiera gozar desde el mismo momento del matrimonio -y a un precio que ningún afiliado a Isapre tiene- de los servicios del Hospital Naval, el mejor de la Quinta Región.

Fischer no contrajo matrimonio para ayudar a una mujer desvalida. Tanto M.H. como su pareja son médicos veterinarios. Juntos acumulan cuatro propiedades, una sociedad agrícola además de una clínica para animales y una hijuela en Melipilla.

La peculiar situación del capitán Fischer no es una excepción en el sistema de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Según un estudio hecho en 2003 por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de las 12.465 hijas solteras mayores de 24 años de uniformados que recibían montepío, 1.360 eran casadas y se habían anulado antes del fallecimiento del padre. La pregunta obvia fue cuántas anularon su matrimonio para recibir el beneficio.

La Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) también hizo lo suyo y detectó el año pasado que 114 mujeres que reciben montepíos de la institución como solteras, en realidad están casadas. Otras 30 pensiones se pagan a personas ya fallecidas.

Así, gracias al uso de la tecnología –un simple cruce de sus bases de datos con las del Registro Civil–, la institución que paga las pensiones de la policía uniformada, Investigaciones y Gendarmería, comprobó lo que desde hace años era un secreto a voces: que el de por sí oneroso sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden es objeto de abuso y sujeto a una fiscalización dudosa.

Ciento cuarenta y cuatro querellas han sido presentadas este año por Dipreca en contra de sus propios beneficiarios en el 4º Juzgado del Crimen. Se invocó fraude previsional. Y si bien hasta ahora la justicia ha declarado en la mayoría de los casos la prescripción, lo comprobado por Dipreca, una pequeña muestra del problema global, obliga a enfrentar con urgencia la descomposición de un sistema que nació en 1817 cuando Bernardo O`Higgins era director supremo y se acostumbraba que una hija permaneciera soltera para cuidar a sus padres. Los montepíos se incrementaron tras la Guerra del Pacífico, pues se quiso proteger a las familias de los combatientes, alcanzando hasta sus nietas.

Hoy, el sistema beneficia a las viudas de los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuyo montepío equivale al 100% de la pensión de los uniformados, mientras que sus hijas y hasta hermanas pueden obtener un 75%, siempre y cuando sean solteras.

Mientras en el Congreso se discute actualmente un millonario aporte para financiar la reforma que saque al sistema privado de AFP del colapso que tiene a casi la mitad de los jubilados recibiendo menos que la pensión mínima ($75.000), el sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden se ha transformado en un pozo sin fondo de recursos fiscales. Al punto que hoy representa el 56% del gasto del Fisco en remuneraciones del área militar, mientras que los funcionarios activos sólo reciben el 44% del total, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa.

Este año el Fisco invirtió $299.401 millones en pensiones de Dipreca y $500.000 millones en Capredena, es decir, un total de US$ 1.500 millones. La cifra es equivalente a todo lo gastado en 2007 para los programas de protección social Chile Solidario (Pobreza) y Chile Crece Contigo (Infancia). Según los cálculos hechos en el Ministerio de Defensa, eliminar el beneficio de orfandad ahorraría hoy $5.498 millones, los que al 2014 se elevarían a $20.125 millones.

Cambio de sexo y convivencia

Vicealmirante Luis Gómez Carreño
Vicealmirante Luis Gómez Carreño

El vicealmirante Luis Gómez Carreño nació en el siglo antepasado (1865), es considerado un héroe en la Armada y hasta una población de Viña del Mar fue bautizada con su nombre. Su fama data de 1906, cuando se hizo cargo de contener el pánico de la población tras el terremoto de Valparaíso. Murió en 1930 en un accidente de tránsito y como todos sus compañeros de armas, legó a su familia la generosa pensión establecida para los uniformados tras la Guerra del Pacífico. Tan generosa, que su hija Jeannette, quien en enero cumplirá 100 años, aún recibe el montepío que le heredó su padre.

El monto de su montepío se ha ido incrementando tras la muerte de su madre y sus hermanas, gracias al llamado “acrecimiento”. La última alza fue el 2004, cuando su pareja concurrió a la subsecretaría de Marina para los trámites de transferencia del beneficio que recibía su recientemente fallecida hermana Carmen.

El caso de la hija de Gómez Carreño es emblemático pues refleja cuánto puede extenderse el pago en el tiempo: el almirante pasó a retiro en 1924 con 45 años de servicio, por lo tanto entre, pensiones y montepíos, los pagos del Estado llevan 83 años, cifra que aumenta a 127 años si se suman los que recibió mientras estuvo activo.

En promedio, dice la vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, el montepío duplica el tiempo que la persona cotiza como funcionario activo. “Estamos absolutamente conscientes de que hay muchas mujeres que –más allá de las que anularon su matrimonio, porque hoy día con el divorcio no tienen ninguna posibilidad de generar montepío- conviven, tienen hijos, mantienen una familia, sin matrimonio, y son beneficiarias de montepío”, reconoce Ewing, quien promueve el fin de las distorsiones.

Si el sistema no cambia, continuarán abusos como el de C.M., exitosa médica con propiedades y un muy buen pasar que desde 2005 agregó a sus bienes la pensión de su fallecido padre contraalmirante. Ella, al igual que otros casos, es soltera pero para todos sus conocidos es casada. El matrimonio se celebró en Paraguay, con lo cual sigue siendo soltera para la previsión de la Armada.

De allí que, en la “familia militar”, uno de los sectores más conservadores del país, se registre un inusual número de mujeres que conviven en vez de casarse para no perder un beneficio que consideran suyo, pero que pagan todos los chilenos. Muchas de ellas, además, tienen ingresos propios.

Como J.A.V, ingeniera agrónoma de 37 años, que si bien tiene un excelente registro de bienes e ingresos recibe pensión del Ejército por su padre, un coronel fallecido en 2001.

La vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, cuenta que no es raro que algunos pensionados lleguen a preguntar cómo pueden hacer para repartir el montepío, pues “tienen la idea de que la pensión forma parte de su herencia”.

Según el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, antiguamente existía la idea de que el montepío formaba parte del patrimonio del uniformado, por lo que algunos se casaban con la persona más cercana, lo que incluye a empleadas o enfermeras, con tal de no perderlo. Con el tiempo, el ardid ha derivado en otras prácticas.

-Hay abusos, yo los veo. Llegan hijas profesionales de más de 50 años, con hijos y que no se han casado para no perder el montepío, pero qué les va a decir uno -admite el subsecretario Vergara, ante la evidencia de que esa práctica sigue siendo legal.

Entre los casos insólitos, el más recordado en el Ministerio de Defensa es el del hijo de un funcionario de la Fuerza Aérea, que en los años 80 se operó para cambiarse de sexo y legalizó su nueva condición de mujer en el Registro Civil. Tras la muerte de su padre y ya con el nombre de Leslie Santana, acudió a solicitar el montepío al que tienen derecho las hijas mujeres solteras. Leslie alcanzó notoriedad más tarde, cuando se radicó en España y se convirtió en una famosa vedette transexual. En 1997 vino a Chile, según la prensa de la época, a concretar su segundo matrimonio. No fue posible chequear si sigue recibiendo el montepío y sólo se sabe de ella a través de la prensa de farándula madrileña, donde Leslie se caracteriza por no tener pelos en la lengua.

Fracaso legal

“¿Habrá algún almirante dispuesto a casarse conmigo?”, solía decir en broma Michelle Bachelet en 2003, cuando como ministra de Defensa envió los proyectos de ley que modificaban el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La situación de Bachelet fue invocada en la Cámara por la diputada Carolina Tohá, quien planteó que como la ministra era hija de general y además anulada, podía algún día pedir montepío.

-Sabemos que no lo hará jamás; no obstante, tendría ese derecho. ¿Qué pensarían las chilenas si vieran eso? ¿Qué justificación tiene este beneficio? -cuestionó Tohá.

En esa época ya estaba claro qué tan creativas como numerosas son las formas que las familias de los uniformados han desarrollado para no perder un beneficio único en Chile y que se paga con fondos fiscales.

El mensaje presidencial que modificaba la Ley Orgánica de las FF.AA. sostenía que “existe evidencia de abusos, irracionalidad o distorsiones” en diversas áreas. Y se proponía diversas modificaciones, entre las que se limitaba los llamados montepíos de orfandad, eliminando a hijas y hermanas solteras, y la exigencia a las viudas de los jubilados de un mínimo de tres años de matrimonio para acceder al beneficio.

El objetivo central era aminorar la enorme carga fiscal que representa el sistema previsional de los uniformados cuyos beneficiosos son muchísimo mayores que los que reciben el resto de los chilenos y que además es objeto de abusos.

Un privilegio que todos pagamos

Fue a partir de 1980, en plena dictadura, cuando todos los chilenos fueron obligados a ingresar al sistema privado de pensiones que administran las AFP. Desde entonces deben cotizar en torno a 12,5% de sus sueldos. Pero hubo una excepción: los uniformados no aceptaron el cambio y exigieron mantener el sistema antiguo de reparto. Quienes pertenecen a Capredena sólo aportan el 6% de sus remuneraciones para pensiones y el resto es pagado por el Estado. Además de las pensiones, tienen acceso a un privilegiado sistema de salud.

Como contrapartida, las pensiones son mucho mayores. Mientras en el sistema de AFP la jubilación promedio apenas alcanza los $166.000, los afiliados a Capredena reciben un desahucio de entre 20 y 30 sueldos (según antigüedad) y pensiones que en promedio ascienden a $430.000. A diferencia de los civiles, los uniformados pueden llegar a jubilar con el equivalente a su último sueldo: un suboficial de Ejército con 30 años de servicio se puede retirar con $730.000 y un general o almirante con más años puede llegar a recibir $2.300.000, una cifra impensable en el sistema privado.

En cuanto a los montepíos, con motivo de la tramitación del proyecto de ley en 2003, el entonces director de Capredena, Patricio Silva, informó que el promedio de los montepíos de hijas y hermanas ascendía a $300.000, el doble de lo que ese año recibían los jubilados de las AFP tras toda una vida de trabajo.

Silva reveló también que el gasto mensual en montepíos era de 2.040 millones de pesos, es decir 24 mil millones de pesos anuales, a los que había que sumarle unos 500 montepíos nuevos cada año. Sólo el pago a las 1.360 mujeres que habían anulado su matrimonio tenían un costo de 367 millones de pesos, el 14,98% del gasto mensual por ese concepto.

En ese momento a casi todos les pareció que había que racionalizar el sistema. De hecho, el Proyecto de Ley sobre la Modernización del Sistema Previsional y de Salud de las FF.AA. y Carabineros (PRESFAC) fue consensuado con todas las ramas de la Defensa, cuyos representantes concurrieron a la Cámara de Diputados a dar su visto bueno.

Pero algunos parlamentarios fueron más inflexibles que los propios uniformados, al parecer, presionados por el personal retirado y sus familias. En las actas se registra la oposición de la diputada Angélica Cristi –hija de un general de Carabineros- quien consideró necesario saber por qué se habían anulado tantas montepiadas. La diputada Lily Pérez planteó que era arbitrario suponer que era sólo por burlar el sistema y Alberto Cardemil propuso dejar fuera de los cambios a las hijas de los uniformados que ya estaban en retiro.

En la sala, el diputado Jorge Ulloa fue enfático al decir que se estaba quitando “nuevamente” beneficios a los pensionados:

-Hace unos minutos recibí un e-mail: “Estoy muy preocupado por la reforma de la previsión de las Fuerzas Armadas en que se pone empeño para despojar de montepío a la hija soltera. Tengo una hija soltera de 50 años; actualmente no trabaja, nos cuida. ¿Qué pasará con ella cuando mi esposa y yo dejemos este mundo?”-afirmó.

Finalmente, el artículo que eliminaba los montepíos a hijas y hermanas fue rechazado en la Cámara y siguió su trámite con modificaciones. Sabiendo que no habría quórum, en marzo de 2006 el gobierno optó por archivar el proyecto. Pero ahora, en plena discusión de los millones que debe aportar al Fisco para resolver el problema de las pensiones mínimas de los chilenos, nada justifica que el fraude de los montepíos de las Fuerzas Armadas y de Orden siga siendo intocable.

Escándalo en Dipreca

La fiscalización de las irregularidades en Dipreca es muy reciente. Recién el año pasado esa institución tuvo la capacidad de cruzar sus bases de datos con las del Registro Civil. Luego de los asombrosos resultados obtenidos, el director Juan Donati, instauró la política del pareo permanente: los datos se cruzarán al menos tres veces al año, pese a que cada proceso cuesta 9 millones de pesos.

La decisión más importante fue iniciar acciones legales por los cobros irregulares. Los 30 casos de fallecidos corresponden a beneficiarios sin defunción notificada, por lo que la pensión siguió siendo depositada en la cuenta del Banco Estado. O bien fue retirada por otra persona o quedó allí, sin que nadie advirtiera el hecho. Las otras 114 irregularidades corresponden a mujeres que no dieron cuenta de que se habían casado o simplemente mintieron.

Donati explica que del total de 60 mil pensionados, los ilícitos detectados corresponden sólo a al 0,2%, aunque enfatiza que “tienen que tratarse como situaciones irregulares y tomarse todas las medidas para intentar recuperar dineros y generar un precedente de que no se van a aceptar irregularidades”.

La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, añade que no se seguirán pagando pensiones que no corresponden. Y anuncia que ya se pidió a Contraloría una reinterpretación de las resoluciones que ha dictado hasta ahora, en las que ha favorecido a las mujeres casadas que reciben montepíos. El argumento del ente contralor ha sido la aplicación de la “prescripción adquisitiva”, lo que implica que transcurridos cinco años desde que se empezó a pagar el montepío, la persona tiene derecho sobre el beneficio, aún cuando haya cometido irregularidades para obtenerlo. (Ver recuadro 2)

Un argumento similar ha sido invocado por la justicia para desestimar las querellas. Algunas fueron derivadas a juzgados de otras jurisdicciones, varias se sobreseyeron temporalmente y muchas se declararon prescritas y fueron archivadas.

Ante la imposibilidad de manejar tal cantidad de causas, Dipreca –con sólo 4 abogados en todo el país- solicitó al Consejo de Defensa del Estado analizar todos los caminos legales para recuperar los fondos fiscales.

El abogado del CDE Luis Orellana explica que hasta ahora los análisis jurídicos indican que el mejor camino es optar por la justicia civil. En los casos penales –dice– el tribunal consideró que el principio de ejecución –el momento en que se comienza a pagar el montepío– está prescrito, pero la idea es argumentar que las prestaciones se pagan mes a mes y cada vez se comete el ilícito. Por ello, puede pedirse el reintegro de lo recibido en los últimos cinco años bajo la figura de “pago indebido”.

Donati acota que al otorgar el montepío a una hija o hermana soltera, hay una resolución de la Contraloría que dice explícitamente que la beneficiaria lo pierde si se casa. Por lo tanto, el no cumplimiento de esa norma puede llevar a concluir que existe una intencionalidad, pues está claro que conocían las reglas.

Dipreca aún no ha hecho un cálculo de cuánto dinero se perdió por estos fraudes previsionales –se deben sumar intereses y reajustes–, pero ha desplegado una serie de medidas para impedir que se repitan. Además de los pareos trianuales, se informó en todas las boletas de pago que se están iniciando acciones legales contra quienes vulneren el sistema y se instaló un punto de control del Registro Civil en las oficinas de Dipreca, para chequear cada vez que se otorga una pensión si la beneficiaria es soltera. También se pidió a los hospitales institucionales y sus servicios funerarios que se informe de los fallecimientos de los afiliados, de modo de cortar los pagos inmediatamente. Y al Banco Estado se le solicitó informar trimestralmente de las cuentas que no han tenido movimientos.

En Capredena el sistema de cruce de bases de datos empezó aplicarse hace unos 5 años, momento en el cual se detectaron 49 casos irregulares. Algunos se llevaron a la justicia sin mucho éxito, pues fueron sobreseídos o con condenas remitidas, y aunque se analiza caso a caso, se tiende a negociar con los infractores para conseguir la devolución del dinero.

La voz de la Contraloría

A través de los dictámenes y oficios de la Contraloría es posible reconstruir la jurisprudencia respecto a las montepiadas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y apreciar cómo en varias ocasiones los distintos gobiernos han intentado frenar los abusos y también cómo la Contraloría ha variado sus criterios. En una línea paralela, estos mismos oficios permiten apreciar los vanos intentos de algunas hijas por recibir el beneficio a toda costa.

La prescripción adquisitiva

Este argumento de la Contraloría ha impedido que en muchos casos se ponga fin a los montepíos de aquellas mujeres que han mentido sobre su estado civil y han recibido el beneficio por más de 5 años pese a estar casadas. A partir de 2003, este criterio parece haber quedado a firme, aunque ahora la Subsecretaría de Carabineros pide su reconsideración.

Rosario Violeta Díaz Andrade es hija del suboficial de Carabineros Samuel Díaz Luna, fallecido en 1945 y cuya viuda murió en 1993. A partir de esa fecha, su hija Rosario comenzó a recibir el montepío, pero Dipreca alega que “no comunicó que había contraído matrimonio el 29 de octubre de 1954”, lo cual fue descubierto recién en 2004, por lo cual “incurrió en un ilícito previsional, al declarar que su estado civil era soltera y no viuda”. Es decir, recibió el benefició por 11 años pese a no cumplir los requisitos. La contralora subrogante, Noemí Rojas, determinó que “no obstante la existencia de un vicio… no corresponde cuestionar la validez, porque al haber transcurrido más de cinco años desde la concesión del montepío, están prescritas las acciones que en su momento pudo ejercer el respectivo instituto previsional, según normas generales de prescripción contenidas en el Código Civil, debiendo aquél entenderse incorporado definitivamente al patrimonio de la ocurrente”.

Las casadas

Laura García Herrera es hija del empleado administrativo de la Armada Juan Bautista García Díaz, quien falleció en 1972. Su viuda recibió montepío hasta que murió en 1979 y luego comenzaron a recibirlo sus hijas Laura y Nolfa. Según informó la Subsecretaría de Guerra a la Contraloría, en 1991 se acreditó que Laura García estaba casada al momento de comenzar a recibir el montepío y que enviudó en 1983. Y se dejó sin efecto la resolución que le entregaba la pensión. En 1993, Laura García reclamó a la Contraloría que debían restituírselo, ya que había recibido el montepío interrumpidamente por más de 10 años, con lo cual adquiría el derecho por “prescripción adquisitiva”.

El organismo respondió que según la ley, no pueden recibir montepío quienes están casados y “no podrán recuperarlo por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio”. Agregó que “el matrimonio la dejó impedida definitivamente para gozar del montepío al fallecimiento de su padre, de modo tal que habiéndose extinguido su derecho, no le resulta posible recuperarlo por motivo alguno, ni aún por prescripción adquisitiva, dado que es imposible incorporar al patrimonio lo que jurídicamente no existe”. Como si fuera poco, el subcontralor Miguel Solar ordenó a Laura García restituir todo el dinero recibido indebidamente entre 1979 y 1992.

Similar es el caso de María Eugenia Poblete Mella, hija del sargento 2º del Ejército Ricardo Poblete Acevedo, quien pidió que le restituyeran el montepío que la quitaron en 2001. La Subsecretaría de Guerra informó que Capredena le entregó antecedentes que acreditaban que Poblete se encontraba casada al momento de recibir el beneficio en 1986, pese a haber presentado una declaración jurada con dos testigos ante notario, asegurando que era soltera. Por eso, no sólo se le suspendió el montepío sino que se solicitó al Consejo de Defensa del Estado que iniciara acciones legales en su contra. El entonces subcontralor, Jorge Reyes, le dio la razón al subsecretario.

Las viudas

Tradicionalmente, la Contraloría consideró que aquellas hijas que enviudaban antes del momento que causaba el montepío (muerte del padre o la madre), tenían derecho a recibirlo. Por ejemplo, el 20 de julio de 1970 otorgó el beneficio a la hija viuda de un carabinero y argumentó que “al estar casadas no pueden recuperar calidad de beneficiarias si posteriormente enviudan, porque los requisitos que habilitan para impetrar beneficio deben cumplirse precisamente al momento de la delación de este. Pero sí pueden gozar de él las hijas que se encuentran viudas a la fecha de la delación, pues tienen calidad de beneficiarias por el solo hecho de ser hijas del causante, y por cumplir requisitos al fallecimiento de éste, ya que no existe impedimento de encontrarse en estado civil de casada”.

En la misma línea, el 11 de abril de 2003 sostuvo que una hija viuda de un oficial de la Fuerza Aérea podía recibir el montepío, agregando que “acorde a la ley de matrimonio civil, éste se disuelve por la muerte natural o presunta de uno de los cónyuges”.

El dictamen 4052 del 29 enero de 2004 marca un cambio en la interpretación de la norma y es explícito en sentar jurisprudencia. Lo gatilla una presentación de Eliana Salazar Salazar, hija viuda del cabo 1º de la Fuerza Aérea Heraldo Salazar Lillo, quien tras la muerte de su madre pidió el montepío, el que le fue rechazado por la Subsecretaría de Aviación y luego aceptado por la Contraloría en 2003. Adicionalmente, la Subsecretaría solicitó reconsiderar su caso y uno más: el de María Raquel Cordero Cuevas, hija viuda del general de Brigada Aérea, Osvaldo Cordero Vallejos.

El argumento fue que “ser viuda impide satisfacer la condición de no haber contraído matrimonio”, según el artículo 202 del DFL (G) Nº1 de 1968. Además, a diferencia de lo sostenido en otros casos por la Contraloría -que afirma que la nulidad no permite recuperar el montepío-, sostiene que el requisito de “no haber contraído matrimonio” sólo lo cumplen las hijas solteras y anuladas, “por el efecto propio de la institución de la nulidad”.

Sorpresivamente, la Contraloría le dio la razón a la Subsecretaría al afirmar que no es posible adquirir el estado de viudez si no se ha estado casado, por lo tanto la viudez acredita el haberlo estado. Sin embargo, de todos modos ordena entregarle el montepío a Eliana Salazar y a Raquel Cordero, “así como a toda otra hija viuda que lo haya requerido antes de la vigencia del criterio jurisprudencial contenido en este oficio”. Explicita luego que esto vale para todas las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Coherente con esto, la Contraloría negó el beneficio, en diciembre de 2005, a la hija viuda de un oficial de la Armada. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2006, volvió a establecer un matiz a favor de Sonia Henríquez Jara, hija del funcionario de la Armada Guillermo Henríquez Henríquez. La entonces contralora subrogante, Noemí Rojas, acogió el argumento de que las pensiones se pagan desde el momento de la muerte del causante, lo que ocurrió el 24 de octubre de 2003, es decir antes del dictamen que cambió la jurisprudencia en enero de 2004. Por eso, ordenó pagarle el montepío y revocar un oficio anterior que se lo había negado.

Las anuladas

Además de las consideraciones hechas en los oficios mencionados anteriormente, el año pasado la Contraloría debió pronunciarse en un caso de nulidad matrimonial. Se trataba de la hija de un ex funcionario de la FACh, quien al morir su padre en 1991 era soltera y por lo tanto comenzó a recibir el montepío. Se casó en 1999, pero no informó de aquello hasta que en 2004 fue detectada y su montepío cancelado. Tras esto, la mujer se anuló y dos años más tarde pidió que le restituyeran el beneficio pues ya no estaba casada.

La Contraloría consideró que la anulación no altera el hecho de “haber contraído matrimonio” y que los que han perdido el derecho a montepío “no podrán recuperarlo por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio que fue motivo de la pérdida”.

Además, en este caso, recalcó que queda “en evidencia que la interesada se encontraba disfrutando indebidamente de la franquicia en comento, motivo por el cual no le asiste el derecho a recuperar el goce de la pensión de montepío que reclama, por no reunir los requisitos exigidos al efecto”.

Bígamos

El ex coronel de Ejército José Nogues Larraín se casó dos veces antes de fallecer el 21 de junio de 1988. Insólitamente, la Subsecretaría de Guerra le concedió pensión de montepío a sus dos mujeres, Luz Johnson Garfias y María Inés de Jesús Ramírez Jara. Luego, se le quitó el beneficio a esta última, pues el 12 de septiembre de 1989 -tras la muerte de Nogues- quedó ejecutoriado el fallo de nulidad por haber un matrimonio anterior no resuelto.

María Inés Ramírez se había casado con el coronel Nogues en Tlaquiltenango, México, en 1961, y luego inscrito el matrimonio en Chile en 1967. Pero la pensión la recibió su primera mujer, luego de que en enero de 1990 el contralor Osvaldo Iturriaga estableciera que Luz Johnson, debía recibir el beneficio desde el día de la muerte del coronel.

Un caso aún más extraño tuvo lugar en 1984, cuando luego de morir el suboficial de Ejército Juan Alberto Prado Parra, se dio una disputa por el montepío entre su segunda y su tercera esposa. Margarita Escobar Abarca se casó primero con él, pero fue declarada presuntamente muerta en 1977 y se fijó su fallecimiento en 1971, aunque había desaparecido un par de años antes. Reapareció después de 14 años y dos meses -justo para pedir el montepío-, por lo que legalmente su matrimonio seguía siendo válido e incluso pudo pedir la nulidad del siguiente vínculo de su esposo, pero no lo hizo. Y si hubiera querido hacerlo, no tuvo tiempo.

Margarita Escobar murió pocos meses después de su reaparición, por lo que la Contraloría sólo se pronunció sobre si tenía derecho a pago durante ese breve período en que estuvo legalmente viva y viuda. El entonces contralor, Osvaldo Iturriaga, decidió que sí.

Un tercer caso de bigamia tuvo lugar en 2003, cuando a las dos cónyuges del civil del Ejército Pablo Juan Bautista Allamand Madaume se les concedió el montepío en partes iguales. Inés Elvira Grado Letemayer, quien se casó en 1935, reclamó que el segundo matrimonio de su esposo con Josefina Alicia Molidari Corradiri, que tuvo lugar en 1965, no era válido. Esta segunda ceremonia tuvo lugar 5 días antes de que la justicia mexicana disolviera el primer matrimonio, acto que según la Contraloría no tiene validez en Chile.

La contralora (s) Noemí Rojas consideró que el segundo matrimonio adolecía de vicio de nulidad porque el primero seguía vigente, por lo que había un año de plazo para solicitar judicialmente la nulidad. Por eso, estableció que si transcurrido ese tiempo no se había hecho la gestión, el montepío podría seguirse pagando a las dos mujeres.

Casadas en el extranjero

Una de las prácticas que usualmente se mencionan como forma de burlar el sistema, es casarse en el extranjero y no validar el vínculo en Chile. En enero de 2006, la Contraloría conoció uno de estos casos, el que fue delatado por la propia hermana. María Ester Cerda Meneses recibió en 2003 el montepío por ser hija del suboficial mayor de la Armada Mardoqueo Cerda Fernández. Dos años más tarde, se otorgó participación en el beneficio a su hermana Sonia Jimena Cerca Meneses, tras solicitarlo mediante una declaración jurada simple. María Ester debía dividir el montepío con su hermana María Jimena, pero la acusó ante la Contraloría de haberse casado en Buenos Aires, Argentina, en 1977. La contralora (s) Noemí Rojas determinó que al no estar inscrito en Chile el matrimonio, no produce efectos legales y le permiten acceder a los beneficios previsionales. María Ester y María Jimena debieron compartir el montepío.

Las hermanas

El más inusual de los casos es el de las hermanas solteras que reciben montepíos. Nora Isabel Calderón Cima quiso heredar el beneficio de su hermana Inés, pensionada de Capredena. Sin embargo, la Contraloría acogió el argumento de la Subsecretaría de Guerra, pues la norma sostiene que el montepío “le asiste sólo a las hermanas solteras huérfanas, que carezcan de medios propios de vida iguales a una suma equivalente en ingresos mínimos o acrediten invalidez o incapacidad absoluta”. Nora Calderón no cumplía el requisito, ya que recibía una pensión del INP.

La ley que viene

La distorsión y los abusos detectados en el sistema previsional de las FF.AA. y de Orden serán nuevamente sometidos al escrutinio público en los próximos meses. Y ello porque el ministro de Defensa, José Goñi, tiene listo el borrador de un proyecto de ley que moderniza la carrera militar –cuyo pilar principal es su alargue- y que incluye la modificación al sistema previsional. La propuesta sólo espera ser zanjada con el Ministerio de Hacienda.

Si actualmente a partir de 20 años de servicio los uniformados pueden acceder a parte de la pensión, el proyecto aumenta el rango a 25 años, mientras que para recibir el máximo se requerirá cumplir 35 años de servicio en vez de los 30 actuales.

Según el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, la idea es aprovechar las capacidades y preparación de los funcionarios, que hoy pueden jubilar a los 50 años con sus pensiones completas. Además, se incorporan nuevos requisitos para los ascensos.

Los cambios tendrán directa incidencia en el sistema previsional, pues aumentará el tiempo y el monto de las cotizaciones subirá a 9,5%.

Se insistirá también en todos los puntos incluidos en el proyecto del 2003, como los montepíos, reliquidaciones (contratos a jubilados y acceso a dos jubilaciones), y dobles pensiones (por dos cargos en la carrera). Según los cálculos oficiales, si entrara en vigencia en 2007, esto significaría un ahorro de $28.000 millones y llegaría a $62.000 millones en 2014.

“Hay que terminar con las distorsiones previsionales. Es un sistema que creemos que es justo y que pude ser absolutamente perfeccionado”, resume la vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing.

Conforme a los nuevos tiempos en que las mujeres también ingresan a las Fuerzas Armadas, Capredena está proponiendo que junto con terminar con las distorsiones se permita que las mujeres uniformadas también puedan dejar el montepío a sus esposos.

Si se aprueban todos los cambios, el costo inicial aumentará el aporte del Fisco en 63 mil millones de pesos el primer año. “La tendencia se elimina en 10 años y en otros 10 años se recupera el mayor gasto”, dice Raúl Vergara, quien asegura que en dos décadas debería revertirse la tendencia actual y el 56% del gasto correspondería a personal activo y sólo el 44% al pasivo.