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Suprema cierra la puerta a transparentar cifras de “perdonazo” tributario de 2015

Esta es una de las grandes sombras que rodean a la elite chilena: cuánto dinero ha sacado fuera del país refugiándose en paraísos tributarios y sin pagar los impuestos correspondientes; cuándo sacó esos fondos y quiénes, dentro de la elite criolla, se han beneficiado más con esas prácticas.

Para poner luz sobre esos temas, en enero de 2016 CIPER hizo una solicitud de transparencia ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), buscando conocer antecedentes de las fortunas off shore que, aprovechando una suerte de “perdonazo” establecido en 2015, fueron transparentadas y en algunos casos repatriadas por su dueños.

En concreto, CIPER solicitó información sobre los montos de dinero que regresaron, precisando el país de origen; los 50 mayores montos retornados (sin individualización del contribuyente); y fechas en las que esos montos salieron de Chile o fueron generados en el exterior, entre otros aspectos (ver solicitud y respuesta del SII)

La solicitud fue acogida en parte por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2016, pero un año más tarde (la semana pasada) fue rechazada por la Corte Suprema (vea el fallo del máximo tribunal).

Los ministros del máximo tribunal del país votaron en contra de la posición argumentada por CIPER: en el citado “perdonazo” de 2015 había información que -sin vulnerar el secreto tributario individual-, era relevante para el debate público. Y se impuso la opinión de que cualquier antecedente, más allá de las cifras globales entregadas por el SII, vulneraban la privacidad de los contribuyentes y podía, además, poner en riesgo otros bienes jurídicos, “como los secretos empresariales y la eficacia e integridad del sistema de gestión tributaria”, según se lee en el fallo.

EL ORIGEN DE LA ANMISTÍA

Puede ser paradójico pero en un sistema de economía de mercado, donde la propiedad es un aspecto clave y casi sagrado, es extremadamente difícil saber quién tiene qué y en qué cantidad.

La propiedad escasamente está ligada a su propietario en forma directa. Lo normal es que la propiedad se ejerza a través de hilos muy sutiles, que se enredan a través de telarañas societarias y se internan en zonas oscuras, como paraísos tributarios o bancos con altos niveles de secreto.

Por ello, durante décadas la autoridad tributaria chilena sólo “intuyó” que la elite chilena había sacado del país una gran cantidad de recursos. Cuando se promovió el “perdonazo” de 2015, se hablaba de US$50 mil millones, aunque ninguno de los que repetía esa cifra tenía claro su origen y su exactitud.

La falta de normas para forzar el regreso de esos montos, llevó en 2014 al gobierno de Michelle Bachelet a aprobar -en el marco de la reforma tributaria- una suerte de amnistía, llamada formalmente “sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el exterior”.

Esta política pública permitió que aquellos millonarios que informaron al SII sobre sus fortunas fuera de nuestras fronteras, pagaran sólo una tasa del 8% de impuestos.

Mirada desde la perspectiva del vaso medio lleno -y con un criterio meramente práctico-, la disyuntiva era: tener un 8% (respecto de los recursos que se transparentaran) o no tener nada. Mirado desde la justicia y la ética, la disyuntiva era que el Fisco recibiera solo el 8% en vez de 32% o 48% que, dependiendo del caso, pudo haber afectado a los bienes o rentas no declarados.

Esta última perspectiva, la del vaso medio vacío, se volvió más real cuando en 2015 la filtración de información de cuentas del Banco HSBC (investigación de la que participó CIPER y que se conoció como Swiss Leaks), mostró un centenar de contribuyentes de alto patrimonio en cuentas que se ligaban a paraísos tributarios y que, de acuerdo a datos recabados por CIPER, no habrían sido informados al SII.

Según reveló el SII en 2016, al cabo de un año de ofrecer el  beneficio, 7.832  contribuyentes transparentaron sus patrimonios (o parte de ellos) en el exterior, lo que le permitió al SII recaudar un total de US$1.502 millones. Un simple cálculo matemático indica que el total de los dineros declarados asciende a US$18,7 mil millones. Eso significa un promedio de US$2,4 millones por contribuyente.

Este cálculo, sin embargo, puede ser engañoso. Primero, porque los promedios suelen esconder las declaraciones individuales que se disparan, lo que en este caso implica esconder a las grandes fortunas que salieron irregularmente al exterior. Por otra parte, hay una cantidad desconocida de contribuyentes que puede haber decidido permanecer en las sombras.

De hecho, la abogada tributarista Soledad Recabarren dijo a La Tercera que no recomendaba declarar los fondos en el exterior, porque si el SII considera que no se certifica la trazabilidad de los fondos hasta sus orígenes, se les podía cobrar una tasa de hasta 48%.

FIN AL DEBATE

¿Quiénes son estos 7.800 contribuyentes que aprovecharon la amnistía? Los datos son vagos. De acuerdo a antecedentes del SII (ver tabla 1 del estudio La parte del León) el 0,3% de los contribuyentes más ricos lo componen 21.200 personas. Es esperable entonces que los 7.800 formen parte de ese selecto grupo.

Para obtener más detalles de esta operación, CIPER hizo esa solicitud de transparencia. El SII se opuso y cuando CIPER acudió a la Corte de Apelaciones, esta le dio la razón por cuanto se solicitaba “divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto”, la cual no incurre en infracción, porque “no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente”.

El fallo de la Suprema, firmado por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, Jorge Dahm y el abogado Integrante Jorge Lagos, revirtió lo resuelto por la Corte de Apelaciones. En la práctica, ha mantenido las operaciones del 0,1% más rico en secreto, impidiendo cualquier evaluación pública informada que se pueda hacer sobre el accionar de ese grupo.

En su fallo, la Suprema sostuvo que los artículos que protegen el secreto tributario conforman “una estricta ordenación normativa que sistematiza el deber de reserva tributaria a favor de los contribuyentes con un tratamiento de datos de carácter personal por la vía de establecer un determinado régimen de confidencialidad y de protección y seguridad de los datos de carácter personal”.

Este dominio del secreto tributario sobre el interés público choca con lo que se observa en muchos países desarrollados, en los cuales la medición de la creciente concentración de la riqueza (y el debate público consecuente) se han alimentado del acceso a la información tributaria que, sin identificar a los individuos, entrega una señal del comportamiento de los más ricos como clase social.

El influyente trabajo de Piketty, Atkinson y Saez no habría sido posible si la autoridad judicial y/o política considerara que la información que tiene la autoridad tributaria, por provenir de las declaraciones de los contribuyentes, es esencialmente privada y debe permanecer secreta.

Sociedades de los “Papeles del Paraíso” se hacen públicas en base de datos Offshore Leaks

A contar de mañana viernes 17 de noviembre se encontrará disponible para acceso público en la base de datos Offshore Leaks la información de sociedades offshore y sus beneficiarios contenida en los más de 6,8 millones de documentos filtrados del bufete Appleby.

Offshore Leaks es una valiosa fuente de información elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que permite navegar en los registros de más de 520 mil sociedades inscritas en distintos paraísos fiscales o jurisdicciones tributarias “blandas” y, en su mayoría, conocer los vínculos de esas entidades –sociedades, fideicomisos o trusts, y fundaciones– con sus propietarios o intermediarios.

La base de datos Offshore Leaks reúne la información de todas las entidades registradas en paraísos fiscales que han sido objeto de investigaciones periodísticas globales en el marco de filtraciones recientes: “Offshore Leaks” (2014), “Papeles de Panamá” (2016), “Papeles de Bahamas” (2016) y “Papeles del Paraíso” (2017).

En el caso de los “Papeles del Paraíso”, filtración de 13,4 millones de documentos, los datos se irán cargando de manera progresiva. A contar de este viernes 17 de noviembre, estarán disponibles datos esenciales contenidos en los 6,8 millones de documentos del bufete de Bermudas Appleby. En los próximos días la base de datos se actualizará con la información proveniente del bufete Asiaciti Trust (Singapur) y de otros 17 registros de distintas jurisdicciones offshore (Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Islas Cook, Malta y Nevis, entre otras).

SOCIEDADES DE CHILENOS

En la filtración de los 13,4 millones de documentos de los “Papeles del Paraíso” aparecen nombres de sociedades conectadas a chilenos. En su mayoría, estos archivos solo consignan el nombre de la sociedad y, en algunos casos, el de personas vinculadas a ella –generalmente en planillas Excel entre cientos de otras sociedades–, sin información documental u otra evidencia que entregue pistas respecto de la utilidad y movimiento de esas entidades offshore.

De todas las sociedades vinculadas con Chile que aparecen mencionadas, CIPER trabajó solo con aquellos casos que presentan evidencia documental –correos electrónicos, actas de directorio, balances y escritos legales, principalmente– que permitía desarrollar una investigación periodística por el eventual uso de esquemas de planificación tributaria con los que es posible burlar los controles o el espíritu de las normas que regulan el sistema tributario chileno. Esa ha sido la metodología que ha seguido CIPER en todas las investigaciones colaborativas, coordinadas por ICIJ, con documentos filtrados desde paraísos fiscales.

Así, en el contexto de la investigación los “Papeles del Paraíso”, CIPER ha expuesto en profundidad los casos del “préstamo” por US$534 millones que envió en 2014 la filial chilena de la minera anglo-suiza Glencore a Bermudas (ver aquí); la trama offshore de Alsacia Express, la mayor concesionaria del Transantiago (de capitales colombianos), que incluye millonarios negocios por $35 mil millones con empresas relacionadas (ver aquí); y las maniobras en Chile de la gigante supermercadista estadounidense Walmart para evitar el pago de impuestos y retirar utilidades a Panamá (ver aquí).

Toda esa información está reunida en un especial que además contiene los trabajos de varios medios internacionales asociados a ICIJ que, junto con CIPER, participaron de esta investigación global (ver aquí).

Entre las sociedades conectadas con Chile que sólo forman parte de una lista de nombres sin más documentos, aparece el de Triana International Holding Ltd., que en la base de datos está vinculada al controlador de Copesa Álvaro Saieh (financista de CIPER); Latin America Capital Partners II, que figura relacionada al presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, y al fundador de Celfin, Jorge Errázuriz Grez; las sociedades Sistine Investments Limited y La Capella Foundation, ligadas a la familia Solari, controladora de Falabella; y Drake Private Trust Company Limited, fideicomiso vinculado al empresario y ex dueño de D&S, Nicolás Ibáñez.

¿CÓMO BUSCAR?

La base de datos Offshore Leaks contará desde este viernes 17 con registros de más de 520 mil entidades –sociedades, fundaciones, fideicomisos– domiciliadas en paraísos fiscales como Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Malta, Bahamas e Isla de Man, entre otros. Pinche en la imagen a continuación para acceder a la base de datos.

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Al ingresar a ella, se puede iniciar la búsqueda a través de distintos criterios: por nombre de la sociedad o de su beneficiario (o intermediario), por país o por jurisdicción (ver figura a continuación).

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Una vez ingresada la búsqueda, el sistema arroja una serie de coincidencias de acuerdo al criterio escogido. Si el criterio de búsqueda fue “Chile”, por ejemplo, el sistema mostrará lo siguiente:

Offshore Leaks 2

En la imagen aparece un listado con sociedades vinculadas a Chile en el que se detalla la jurisdicción o paraíso fiscal en que fueron registradas, la fecha de incorporación y la fuente a la que corresponde la información (“Papeles de Panamá”, en este caso).

En ese listado se puede seleccionar cualquiera de esas sociedades para obtener más información. Si se selecciona, por ejemplo, la primera de la lista (The Indo American Consulting Group Inc.) el sistema arrojará información respecto de sus beneficiarios finales (cuando los hay) e intermediarios (cuando los hay), es decir, bufetes de abogados chilenos que gestionan para su cliente la apertura de estas sociedades. Además, la base de datos muestra un mapa de “nodos” que ilustra de manera gráfica los vínculos de esa sociedad con personas naturales.

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Consejo para la Transparencia rectifica falla en la declaración de intereses de sus miembros

Si usted quiere verificar si un miembro del Consejo para la Transparencia (CPLT) tiene un conflicto de interés en uno de los casos que debe zanjar, de nada le servirá abrir las últimas declaraciones de patrimonio e interés publicadas en la página web de esa entidad. No encontrará en ellas información que le aclare si los consejeros mantienen nexos económicos con alguna de las entidades públicas que deben fiscalizar o con particulares que demanden información de organismos estatales.

Hasta marzo pasado no era así: las declaraciones contenían un anexo que informaba si los consejeros prestaban servicios a entidades públicas, empresas reguladas u otros clientes relevantes, y si representaban intereses de terceros. A contar de abril ese anexo no se publica junto con la declaración vigente, lo que expertos en transparencia calificaron como “un retroceso” en los estándares que rigen al CPLT.

Los cuatro integrantes del consejo –nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo previo del Senado– deben velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia y, entre otras tareas, acogen o desestiman los reclamos de las personas a las que un organismo público les denegó el acceso a información. Como no tienen dedicación exclusiva y pueden desempeñar actividades profesionales en paralelo a su rol en el consejo, es necesario que los ciudadanos estén al tanto de los vínculos que mantienen con entidades estatales o con privados que puedan verse afectados en los casos que revisan. Solo así se puede controlar que se abstengan de participar en casos donde tengan un conflicto de interés.

Tempranamente, a pocos meses de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia que instaló el CPLT en 2009, los cuatro consejeros fundacionales –que ya dejaron de integrar el organismo– adoptaron un acuerdo que marcó un alto estándar en materia de transparencia: se autoimpusieron la obligación de presentar una declaración de intereses complementaria a aquella que por ley deben hacer todas las autoridades.

En esa declaración anexa y voluntaria, los consejeros deben informar los servicios que han prestado en los últimos dos años a entidades públicas, a empresas que participan en mercados regulados y a otros clientes considerados “relevantes”. Además, deben indicar sus vínculos de parentesco con directivos de entidades públicas y si integran sociedades que representen intereses de terceros o que actúen por mandato (vea el acuerdo del CPLT adoptado en 2009).

Desde abril último, al “pinchar” las declaraciones de intereses de los cuatro consejeros en ejercicio (José Luis Santa María, Vivianne Blanlot, Marcelo Drago y Jorge Jaraquemada), estos documentos se descargan desde el servidor que mantiene la Contraloría General de la República, donde se alojan todas las declaraciones de las autoridades de gobierno. El nuevo sistema comenzó a operar este año con la Ley 20.880 que amplió el contenido de las declaraciones de los funcionarios públicos, pero que siguen siendo menos detalladas y rigurosas que las adoptadas por el acuerdo del CPLT en 2009.

Fuente: CPLT
Consejeros en ejercicio: Vivianne Blanlot, Marcelo Drago, José Luis Santa María y Jorge Jaraquemada (Fuente: CPLT)

En las declaraciones genéricas que están en el sistema de la Contraloría solo se pueden ver las eventuales actividades profesionales y las sociedades comerciales en las que participan autoridades, pero no se puede saber qué clientes tienen, cuál es el rubro al que se dedican sus sociedades o con quiénes hacen negocios. En síntesis, son documentos que en la práctica –como lo han demostrado sucesivos reportajes de CIPER– resultan inútiles para detectar conflictos de interés (vea el reportaje “Declaración de patrimonio del diputado Farcas devela debilidades de nueva Ley de Probidad).

El actual presidente del CPLT, José Luis Santa María, informó por escrito a CIPER que el acuerdo de 2009 sigue vigente. Pero explicó que desde marzo pasado el consejo publica las declaraciones de intereses y patrimonio determinadas por la nueva Ley 20.880, las que son actualizadas en las secciones de “Transparencia Activa” y “Quienes Somos” de la web del CPLT. Efectivamente, en la sección de Transparencia Activa, al “pinchar” el apartado “declaración de intereses y patrimonio Ley 20.880”, solo aparecen las mismas que publica la Contraloría.

Pero extrañamente, las antiguas declaraciones complementarias pueden ser descargadas desde otro punto de la sección de Transparencia Activa: la dedicada a “Personal y remuneraciones”. Allí se encuentran bajo el críptico apartado “Otras autoridades”, pero solo están registradas hasta marzo de 2017. Como se trata de la información oficial entregada al público, los ciudadanos pueden interpretar que estas declaraciones voluntarias anexas, fruto del acuerdo de 2009, solo estuvieron vigentes hasta marzo.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, el tema es serio, porque las personas están accediendo a un documento que no les permite saber si los consejeros presentan un conflicto de interés: “El consejo es la entidad que marca el estándar en materia de transparencia en el país, por lo que no es bueno que esta información no sea de acceso simple. En los hechos, las declaraciones que encuentran los ciudadanos son de un estándar menor a lo que había acordado el propio consejo”. Esto, estimó Precht, es un retroceso.

Juan Pablo Olmedo, el primer presidente que tuvo el CPLT, señala que el acuerdo de 2009 fue “un acto fundacional, que elevó el estándar en aquello que la ley que regula las declaraciones no había zanjado. Si ahora se produce un retroceso, eso no solo afectaría la gestión del propio consejo, también marcaría de manera negativa toda la cultura de transparencia del país”.

El CONSEJO CORRIGE EL ERROR

La unidad de comunicaciones del CPLT informó a CIPER que, tras las consultas efectuadas para este artículo, los consejeros acordaron, en su sesión de este martes 29 de agosto, que se modificará la ubicación en que se encuentran publicadas las declaraciones complementarias en la página web, para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos.

Asimismo, acordaron que las declaraciones complementarias serán actualizadas cuando ocurran hechos relevantes (como nuevos contratos o prestaciones de servicios a clientes importantes) y no cada cuatro años, como se hacía hasta ahora.

A la consulta de por qué los consejeros no estaban obligados a actualizar sus declaraciones complementarias cuando se producían nuevos hechos relevantes, el presidente del CPLT, José Luis Santa María, respondió:

“Como se trata de una declaración voluntaria, no existe una norma legal o reglamentaria que regule su actualización. En el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en 2009 se contempló, por extensión y como buena práctica, actualizar la declaración acorde al plazo establecido en la normativa vigente en esa época (cada cuatro años), pero no se estableció la obligación de hacerlo ante hechos relevantes”.

Juan Pablo Olmedo, primer presidente del Consejo para la Transparencia.
Juan Pablo Olmedo, primer presidente del Consejo para la Transparencia.

Bajo el esquema que aún está vigente –actualizar la declaración cada cuatro años–, CIPER detectó que algunos consejeros habían establecido vínculos contractuales que no se han publicado, lo que impide ejercer control ciudadano sobre posibles conflictos de interés.

Por ejemplo, la declaración complementaria del consejero Marcelo Drago Aguirre está fechada en noviembre de 2014, por lo que no informa los contratos que posteriormente suscribió su empresa, Estrategia Pública Consultores, con entidades estatales.

Según los datos de la plataforma Mercado Público, entre 2015 y lo que va de 2017 la sociedad del abogado Marcelo  Drago ha firmado al menos cinco contratos con dos organismos públicos: tres de ellos con la Comisión Nacional de Energía (CNE), por un total de $142 millones (vea las órdenes de compra) y dos con el Sernac, por una suma global de $30,8 millones (vea esas órdenes de compra).

En su declaración complementaria, Drago también anota vínculos contractuales con el Banco Estado, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Televisión Nacional (TVN), el Ministerio Secretaria General de Gobierno y el Consejo Minero. En entrevista con CIPER, Marcelo Drago indicó que a todas estas entidades ha prestado o presta el servicio de “asesoría y monitoreo de temas legislativos relacionados con políticas públicas que afectan a esos organismos”.

Drago también señaló que cada vez que el consejo ha revisado un caso que involucra a una de las entidades para las que ha trabajado, se ha abstenido de participar. Eso incluye, dijo, a la CNE y al Sernac, aunque su relación con esos organismos se inició después de que firmó su declaración complementaria. Para corroborarlo, envió 11 documentos a CIPER con acuerdos del consejo en los que efectivamente quedó registrada su abstención: en tres de ellos estaba involucrado el Sernac, en otros tres el CNTV, en dos la CNE, en dos Banco Estado y en una la Fiscalía Nacional Económica. Además, hizo llegar el acta de la sesión del consejo desarrollada el pasado 5 de mayo, en la que se acordaron instruir sumarios contra diversas entidades públicas por eventuales incumplimientos de las normas de transparencia. En esa sesión, Drago se abstuvo porque figuraban el Sernac y el CNTV.

En uno de los documentos remitidos por Drago, que involucra al Sernac, también figura la abstención de la consejera Vivianne Blanlot (vea el documento). El caso aborda una solicitud de información dirigida al Sernac sobre documentos relacionados con la mediación de ese organismo por la colusión del papel higiénico. Vivianne Blanlot se abstuvo debido a que mantenía una relación contractual con la empresa involucrada: CMPC Tissue S.A. Ese vínculo con la empresa del Grupo Matte no está registrado en la declaración complementaria de intereses que Blanlot –quien presidió el consejo entre 2014 y 2016– firmó en agosto de 2015 y que continúa vigente.

En su declaración complementaria, la economista Vivianne Blanlot menciona vínculos contractuales para prestar asesorías con Suez Energy, Mediterráneo S.A., E-CL S.A., Traselec y Banco Interamericano de Desarrollo. En su declaración de intereses, consigna su participación en los directorios de Colbún, Antofagasta Minerals, Antofagasta Plc y Scotiabank.

En su declaración de intereses, el actual presidente del CPLT, el abogado José Luis Santa María, informó que presta servicios de asesoría legal a las empresas Mediciones Geolec, Estrella Petrolera de Chile, Viña Concha y Toro, Frigorífico Simunovic, Laboratorio LKM Chile y Fundación Luz. En tanto, el abogado y consejero Jorge Jaraquemada, actual director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, consignó que no presta servicios a entidades públicas ni a empresas privadas.

Vea aquí las declaraciones de intereses, que incluyen las declaraciones complementarias, de los cuatro consejeros actuales: José Luis Santa María, Vivianne Blanlot, Marcelo Drago y Jorge Jaraquemada

Corte Suprema acoge reclamo de SQM y declara reserva sobre sus exportaciones de litio

El martes 4 de abril la Corte Suprema puso fin a una larga controversia judicial originada en una solicitud de acceso a la información realizada por CIPER el 14 de diciembre de 2015 vía Ley de Transparencia (Ley 20.285). El fallo del máximo tribunal cuestionó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en la que se rechazó un reclamo presentado por SQM Salar (filial de Soquimich) que buscaba impedir la divulgación de información comercial de la minera, obtenida por CIPER por medio de la citada ley.

La sentencia de la Corte Suprema resulta sensible en cuanto restringe el acceso de los ciudadanos y medios de comunicación a información comercial de personas jurídicas que, siendo privadas, operan en mercados que son regulados por el Estado y, en ocasiones, con base en la explotación de bienes (concesiones mineras, en este caso) que son propiedad del Fisco.
En su solicitud de 2015, CIPER pidió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) información relativa a las exportaciones de litio –subproductos, destinos, compradores y precios de venta– hechas por SQM Salar (filial de Soquimich) entre 2005 y 2015.

La petición de información fue dirigida a la Cchen –entidad dependiente del Ministerio de Energía–, por ser el organismo encargado de fiscalizar que la explotación y comercialización del litio que SQM extrae de las pertenencias mineras concesionadas por el Estado en el Salar de Atacama, se efectúe respetando una serie de controles y procedimientos.

La solicitud de información se realizó cuando estaba en curso una investigación de CIPER –publicada en marzo de 2016 (ver aquí)– que demostró que SQM exportó litio sin la autorización de la Cchen y que, a la vez, el organismo dejó de exigirle a la minera información sobre los compradores finales de los embarques del mineral. La ley le entrega la responsabilidad a la Cchen de controlar que el litio exportado por SQM y otras empresas no sea utilizado con fines nucleares, de ahí la importancia de conocer al comprador final del producto.

El 5 de enero de 2016 la Cchen respondió a la solicitud de información hecha el 14 de diciembre de 2014 por CIPER y denegó la entrega de la información amparándose en que la ley señala que cuando la solicitud puede afectar derechos de terceros, éstos pueden oponerse a la entrega de los documentos. Eso fue precisamente lo que hizo SQM.

CIPER reclamó ante el Consejo para la Transparencia por la denegación de la información de la Cchen bajo el argumento de que SQM Salar, que explota concesiones mineras pertenecientes al Fisco, es una empresa cuyo funcionamiento está regulado por el Estado a través de dos contratos (uno de explotación y otro de proyecto). La apelación invocaba una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago el 25 de junio de 2012, en la que el tribunal falló a favor de una solicitud de CIPER para acceder a los contratos que Aguas de Antofagasta (empresa también regulada por el Estado) tenía con clientes no regulados y que inicialmente fue impugnado por la sanitaria, pues consideró que la entrega de la información afectaba sus intereses. En ese fallo, el criterio que primó en la corte fue que la información solicitada se enmarcaba dentro de los sectores regulados por el Estado y que, por eso, ésta era libre acceso para la ciudadanía (ver aquí).

Luego de la apelación de CIPER, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Cchen entregar la documentación (ver fallo) con el detalle de la exportaciones de litio de SQM. El 19 de mayo de 2016, CIPER recibió de parte de la Cchen casi la totalidad de la información solicitada, a excepción de los precios de venta del mineral exportado.

Siete días más tarde, el 26 de mayo, SQM presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia para dejar sin efecto la entrega de información.

El 18 de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por SQM.

CORTE DE APELACIONES: “FALTA DE OPORTUNIDAD”

El reclamo de SQM ante la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó una semana después de que CIPER recibiera la información en sus oficinas. En el fallo del tribunal, la Cchen reconoce que “por error” entregó la información a CIPER antes de que la decisión del Consejo para la Transparencia se encontrara ejecutoriada. Con ese hecho sobre la mesa, durante el proceso la minera sostuvo que el recurso presentado tenía un “fin declarativo”, pero además solicitó a la Corte ordenar a CIPER no “divulgar la información particular que se encuentra en su poder”.

Debido a que la información ya había sido entregada a CIPER, la Corte de Apelaciones dictaminó que el reclamo de ilegalidad de SQM había perdido “toda oportunidad procesal” y lo desestimó.

El tribunal también se refirió al fondo del asunto, relevando el hecho de que en el contexto normativo en el que opera SQM –explota una concesión estatal– deben primar “los principios de máxima divulgación y de facilitación de los literales d) y f) del artículo 11 de la ley citada (19.880), tendientes a asegurar el acceso efectivo de los ciudadanos al expedito conocimiento del obrar de los órganos del Estado” (ver fallo).

EL VUELCO EN LA SUPREMA

El martes 4 de abril pasado, la Corte Suprema se pronunció ante un recurso de queja presentado por SQM en contra de las ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimaron el reclamo de ilegalidad presentado por la minera en mayo de 2016.

El fallo de la Suprema considera que la decisión de las ministras del tribunal de alzada “constituye por sí sola una falta o abuso grave”. Como fundamento de aquello se señala: “Los jueces deben aplicar las normas que el ordenamiento jurídico contempla para resolver la controversia que ha sido puesta en su conocimiento, sin que puedan soslayar su existencia por atender a circunstancias fácticas que, a su juicio, podrían hacer estéril un pronunciamiento conforme a las normas específicas que regulan el caso concreto. Justamente, esta fue la conducta en la que incurren las juezas recurridas toda vez que aquellas rechazan la reclamación interpuesta por haber entregado el órgano público, esto es, la Comisión de Energía Nuclear, la información relacionada con la lista de clientes que adquieren el litio concesionado a la quejosa, atendiendo a una conducta material, abstrayéndose de la cuestión jurídica que se debía resolver”.

Respecto del fondo de la controversia jurídica la Corte Suprema señaló: “Si bien se debe tener presente que el principio de publicidad y máxima divulgación rige la actuación de los órganos del Estado y que la Ley N° 20.285 se dicta en virtud del mandato constitucional sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración de Estado consagrando los principios de máxima divulgación, relevancia, transparencia y facilitación de la información entre otros, lo cierto es que ella expresamente reconoce causales de reserva, cuestión que no puede ser desconocida por los sentenciadores al realizar el examen de los antecedentes”.

A ello agregó que, si bien no está en discusión que la ciudadanía tiene el derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en tanto órgano público, cumple sus funciones, la ley expresamente consigna como causal de reserva de información la circunstancia de afectar los derechos comerciales y económicos de la persona, jurídica o natural, dueña de ésta.

Bajo este precepto, la Suprema consideró que la nómina de clientes de SQM, al igual que el listado de precios de compra del litio, corresponde a información sensible que forma parte de su patrimonio comercial “por lo que su divulgación claramente puede afectar sus derechos comerciales y económicos (…) y ser ocupada por los competidores que en el mercado internacional enfrenta SQM” (ver fallo).

El fallo del máximo tribunal acogió el recurso de queja presentado por SQM, dejando sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el reclamo de ilegalidad interpuesto por SQM en contra del Consejo para la Transparencia.

El fallo, que fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, contó con el voto a favor de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, y del abogado integrante Juan Eduardo Figueroa, y con el voto en contra de la ministra Rosa Egnem.

SII deberá entregar información sobre el origen de US$18,7 mil millones refugiados en el exterior

Fueron US$1.502 millones los que recaudó el Fisco en 2015 gracias al polémico artículo transitorio de la Reforma Tributaria que permitió regularizar los capitales chilenos en el extranjero pagando sólo una tasa de 8%. Eso significa que eran más de US$18,7 mil millones los que no habían sido declarados  en Chile y que, en virtud de esa franquicia válida solo por un año, quedaron “blanqueados” tributariamente gracias a un artículo que se incluyó a última hora en la ley (Artículo 24° transitorio de la Ley N° 20.780). Pese al enorme monto –equivale nada menos que al 8% del PIB de Chile en 2015–, el Servicio de Impuestos Internos (SII) intentó que cualquier otra información respecto a ese dinero –que no fuera el monto total recaudado– permaneciera en secreto.

En enero de 2016, apenas terminó el periodo extraordinario para declarar el dinero por el que chilenos no habían pagado impuestos en el país, CIPER utilizó la Ley de Transparencia para pedir al SII información respecto al origen de esos fondos. El servicio negó toda la información solicitada, por lo que recurrimos al Consejo para la Transparencia, el que determinó que parte de los datos eran públicos. El SII no aceptó el dictamen y recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago. El 30 de diciembre la corte ratificó que el SII debía entregar la información solicitada.

Al accederse por el Consejo sólo a la divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto, no ha incurrido en infracción a los artículos 35 del Código Tributario y 24 transitorio N° 13 de la Ley N° 20.780, dado que no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme al ya citado artículo 24 transitorio, por lo que se rechazará el reclamo de ilegalidad”, señala el fallo de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Hernán Crisosto, Mireya López y Alejandro Rivera (ver fallo).

El ministro Crisosto estaba por acoger parcialmente el reclamo del SII, al estimar que parte de la información solicitada excedía lo estadístico y podría llevar a identificar a un contribuyente.

En su petición original, la solicitud de CIPER incluía la nómina de los contribuyentes, pero al mismo tiempo se invocaba el principio de divisibilidad, de modo de que el SII entregara aquella información que estimara que era pública y mantuviera en reserva la que no lo era. Sin embargo, la negativa fue total. Finalmente el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo de CIPER –y así lo ratificó la Corte de Apelaciones– determinando que la siguiente información es de carácter público:

–Lista con los 50 mayores montos “repatriados”, sin individualización del contribuyente;

–Nómina de países desde donde se “repatriaron” capitales, junto con los montos “repatriados” desde cada país;

–Estadísticas respecto a la fecha en la cual salieron de Chile o se originaron los capitales acogidos al artículo 24 transitorio de la ley N° 20.780.

Si bien se habla comúnmente de que esta es una norma para la repatriación de capitales, lo cierto es que no se exige que el dinero ingrese efectivamente al país, sino solo que se declare. El beneficio, que terminó el 31 de diciembre de 2015, es en la práctica una amnistía tributaria. En vez de pagar multas, intereses o incluso la tasa correspondiente al impuesto a la renta (hasta 32%), quienes se acogieron al artículo transitorio pagaron una tasa plana de 8%.

En el gobierno se esperaba una recaudación casi 10 veces menor que la que tuvo el artículo transitorio, una muestra de las bondades de la amnistía tributaria. Las filtraciones de las cuentas en el Banco HSBC en Suiza, que fueron reveladas en el  proyecto periodístico Swissleaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en el que participó CIPER junto 140 periodistas de 45 países), fueron otro incentivo para sincerar los dineros que contribuyentes chilenos mantenían ocultos en el exterior.

La solicitud de CIPER al SII buscaba despejar algunas de las interrogantes que rodearon el debate legislativo de la repatriación de capitales. La primera, es el origen geográfico de los fondos y, particularmente, cuánto del dinero no declarado está albergado en paraísos fiscales. Un segundo misterio era el origen temporal de estas fortunas ocultas: ¿fueron sacadas del país durante el gobierno de la Unidad Popular?, ¿durante la crisis del ‘82?, ¿o se escondieron derechamente en democracia? ¿Cómo se multiplicaron en el extranjero?

Hasta ahora el SII sólo ha revelado el monto total recaudado (US$1.502 millones) y el número de contribuyentes que se acogieron al beneficio (7.832). Un cálculo simple arroja que el total de los dineros declarados asciende a US$18,7 mil millones, por lo que estamos hablando de un promedio de US$2,4 millones por contribuyente. Sabemos que los promedios son engañosos, por lo que las cifras pueden esconder fortunas multimillonarias que durante años se refugiaron en paraísos fiscales para no pagar impuestos.

ARGUMENTOS ENCONTRADOS

La solicitud de acceso a la información hecha por CIPER al SII el 4 de enero de 2016 enfrentó obstáculos desde un inicio. Originalmente se ingresaron cinco peticiones diferentes, pues por ser de distinta naturaleza, era probable que algunas fueran rechazadas. El 18 de enero el organismo pidió incluir el nombre de la apoderada e ingresar una nueva solicitud que agrupara todo, con lo cual los plazos legales volvieron a cero. Un mes más tarde se nos notificó que la respuesta se había enviado por carta certificada, pero ésta nunca llegó. No fue hasta el 9 de marzo que conseguimos que se nos enviara nuevamente la respuesta, que fue una denegación total invocando la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario (ver respuesta).

Cuando recurrimos al Consejo para la Transparencia, argumentamos que respecto a las personas jurídicas que se acogieron al beneficio tributario, existía jurisprudencia de que la nómina podía hacerse pública. En 2014, el mismo servicio entregó la nóminade empresas que se habían acogido a la franquicia tributaria para las donaciones políticas, con sus RUT, razones sociales y rubros, excluyendo los montos y las personas naturales. En cuanto a la información estadística (principales montos, lugar y fecha de origen), toda la jurisprudencia en materia de transparencia indica que es pública.

Ante el Consejo para la Transparencia, el SII sólo invocó la causal de reserva y se refugió en una formalidad: alegó que el reclamo lo había presentado Mónica González y no la Fundación CIPER. Este argumento fue rechazado por el consejo, pues, tal como explicó CIPER, el formulario del SII no contempla la posibilidad de incluir el representante legal y porque Mónica González ya ha acreditado su representación con anterioridad.

En cuanto al fondo, el consejo ratificó que “el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el servicio“. Por ello, se rechazó la solicitud de acceder a los nombres de los contribuyentes que se acogieron al beneficio, pero se acogió respecto a toda la información estadística (ver fallo del Consejo para la Transparencia).

Luego del dictamen del consejo, el 4 de agosto pasado el SII recurrió a la Corte de Apelaciones para intentar que toda la información respecto a la repatriación de capitales permaneciera secreta. Durante la tramitación, nuevamente recurrió a las formalidades, esta vez para intentar –y conseguir– que la causa fuera vista por la sala especializada en materia tributaria (Undécima) en vez de la Sexta, donde se estaba tramitando. Ante esos jueces especializados, el SII argumentó, sin éxito, que el secreto tributario “no admite excepciones, por tratarse de un régimen especialísimo”.

Si el SII no recurre de queja ante la Corte Suprema, deberá entregar la información a CIPER antes del próximo 10 de enero.

Corte de Apelaciones rechaza reclamo de SQM por información entregada a CIPER

El 18 de agosto pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto de Soquimich contra el Consejo para la Transparencia, luego de que el organismo ordenara a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) entregarle a CIPER información sobre las exportaciones de litio de la compañía minera.

El 14 de diciembre de 2015, CIPER había pedido a la Cchen, vía Ley de Transparencia, información relativa a las exportaciones de litio de SQM Salar, empresa filial de SQM, entre los años 2005 y 2015. El objetivo era recopilar documentos para una investigación que terminó demostrando que la Cchen no pedía información sobre los compradores finales de los embarques de SQM y que la minera hizo exportaciones sin la autorización del organismo (ver reportaje Litio: Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM).

La Cchen, dependiente del Ministerio de Energía, es el organismo encargado de autorizar y fiscalizar que la comercialización del litio de SQM, en base a la explotación de pertenencias mineras concesionadas por el Estado en el Salar de Atacama, se haga al resguardo de una serie de controles y procedimientos.

El 5 de enero de 2016, la Cchen respondió a CIPER: la solicitud fue denegada por oposición de SQM. Según el artículo N°20 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, “cuando la solicitud se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que puedan afectar los derechos de terceros, la autoridad (…) deberá comunicar, mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados”.

CIPER apeló ante el Consejo para la Transparencia por la denegación de la información, amparándose en el hecho de que SQM Salar, que explota concesiones mineras pertenecientes al Fisco, es una empresa cuyo funcionamiento está regulado a través de dos contratos (de explotación y de proyecto), por el Estado.

Para ello citó una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago con anterioridad (25 de junio de 2012), en la cual el tribunal de alzada falló a favor de una solicitud hecha por CIPER para acceder a los contratos que Aguas de Antofagasta (empresa también regulada por el Estado) tenía con clientes no regulados y que inicialmente fue impugnado por la sanitaria, pues consideró que la entrega de la información afectaba sus intereses. En ese fallo, el criterio que primó en la Corte fue que la información solicitada se enmarcaba dentro de los sectores regulados por el Estado y que, por eso, ésta era libre acceso para la ciudadanía (ver aquí).

Tras la apelación, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Cchen entregar la documentación requerida (ver fallo). El 19 de mayo pasado CIPER recibió casi la totalidad de la información solicitada: exportaciones de litio hechas por SQM Salar en los últimos diez años, junto a los  volúmenes exportados y los compradores del mineral. El precio de venta de cada partida de litio, también solicitado, no fue entregado.

Tras la decisión del Consejo para la Transparencia de acoger el amparo presentado por CIPER y entregar la información, SQM presentó el 26 de mayo pasado en tribunales, un reclamo de ilegalidad en contra del organismo, a fin de que se dejara sin efecto la medida.

El 18 de agosto, el reclamo fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

EL FALLO

El reclamo presentado por SQM en la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto la decisión de entregar la información sobre las exportaciones de litio de la compañía a CIPER, fue rechazada por “falta de oportunidad”.

El reclamo se presentó una semana después de que CIPER recibiera la información en sus oficinas. En el fallo del tribunal la Cchen reconoce que “por error” entregó la información antes de que la decisión del Consejo para la Transparencia se encontrara ejecutoriada.

Debido a que la información ya estaba en manos de CIPER cuando SQM presentó la reclamación, la minera argumentó durante el proceso que el recurso también tenía “un fin declarativo” y solicitó a la Corte ordenar a este medio a no divulgar “la información particular que se encuentra en su poder”.

En un escrito, el Consejo para la Transparencia argumentó que “existe un interés público comprometido en el acceso a la información solicitada, propiciando el control social respecto del correcto ejercicio de las funciones públicas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear“. En el mismo sentido, la Cchen afirmó que tras analizar la información, concluyó que “respecto de los compradores finales del mineral era necesario que aquella fuera conocida por la ciudadanía al estar comprometido un interés de carácter público, cual era velar que el mineral no fuera utilizado como material bélico o nuclear, en contravención a la normativa nacional como internacional“.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que dado que “el solicitante de información ya había tenido acceso a la documentación cuya publicidad se controvirtió, queda en evidencia que dicha acción (la reclamación de ilegalidad) ha perdido toda oportunidad procesal” (ver fallo).

El tribunal de alzada agregó además que: “el principio de transparencia de la función pública (…) tiene su fuente en el explícito mandato de precepto 8° de la Constitución Política del Estado, norma fundacional que en su inciso segundo establece la publicidad y transparencia de los actos y resoluciones de los órganos del Estado (…) ámbito en el que, sin duda, se encuentra la actividad de la revisora y de control de la reclamada y por cierto, de aquella supervigilada, en tanto dueña de una concesión estatal para la explotación exclusiva de un recurso natural, cuyas particularidades, en cuanto a su uso, justifican de suyo aquella vigilancia y cuenta de lo obrado en su virtud (…) en tal contexto normativo deberán primar, entre otros, los principios de máxima divulgación y de facilitación de los literales d) y bf) del artículo 11 de la ley citada (19.880), tendientes a asegurar el acceso efectivo de los ciudadanos al expedito conocimiento del obrar de los órganos del Estado”.

Corte de Apelaciones ratifica que sanciones administrativas son públicas aunque sean antiguas

En agosto pasado, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) negó a CIPER el acceso a los cargos y sanciones que ese organismo había presentado los años 2000 y 2001 contra Roberto Guzmán Lyon, uno de los imputados del Caso SQM y multado también en el Caso Cascadas. La respuesta a la solicitud de transparencia daba cuenta de un cambio de política de la SVS en materia de transparencia, un giro con importantes implicancias para el periodismo y en general para el acceso a la información pública de la ciudadanía.

El fundamento de la SVS es un artículo de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que prohíbe dar a conocer datos personales relativos a una multa pagada o una pena ya cumplida. La SVS considera además que esa información debe acogerse al llamado “derecho al olvido”, una doctrina que se ha aplicado recientemente en Europa y que se basa en la idea de que las personas tienen derecho a que los delitos o sanciones de que han sido objeto no sean accesibles -principalmente a través de los motores de búsqueda de internet, como Google- una vez que ya estén prescritos.

corte-de-apelacionesEn un fallo fechado este 1 de marzo, la Primera Sala de Febrero de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que los documentos que contienen cargos y sanciones históricos dictados por la Superintendencia de Valores sí son de carácter público. El tribunal de alzada recalcó que las normas como la contenida en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal “deben ser interpretadas restrictivamente a objeto de que su aplicación no vulnere en este caso la garantía consagrada en el artículo 19 N° 12 de la misma Constitución Partícula respecto de la libertad de información invocada por CIPER”.

Además, la corte acogió el argumento del Consejo de la Transparencia respecto a que las restricciones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal deben interpretarse a la luz del principio que otorga publicidad a los actos administrativos (ver fallo). En ese sentido, las restricciones al acceso de datos caducos o sanciones prescritas deben aplicarse sólo a aquellos organismos que hacen tratamiento de la información o confeccionan registros (como bases de datos). Sin embargo, siguen siendo públicos los actos administrativos que impusieron las medidas disciplinarias.

“Es como si por ejemplo extrapolada la situación (argumentada por la SVS) al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso”, sentenció el tribunal. Tomó así en cuenta el símil hecho por CIPER, respecto a que si bien se han puesto restricciones a la búsqueda información en el sitio web del Poder Judicial, los fallos son públicos aunque las sentencias se hayan cumplido, y los ciudadanos pueden acceder a ellos en el Archivo Judicial.

HISTORIA DEL DEBATE LEGAL

En julio pasado, CIPER preparaba un reportaje sobre el abogado Roberto Guzmán Lyon, uno de los hombres más cercanos a Julio Ponce Lerou y creador de las sociedades en paraísos fiscales con las que el ex yerno de Pinochet controla Soquimich (SQM). Guzmán Lyon ya había sido multado en el llamado Caso Cascadas y estaba formalizado por delitos tributarios en el Caso SQM (ver reportaje). Al momento de reconstruir su historia de negocios, antiguos artículos de prensa mencionaban que ya había sido sancionado por la SVS en los años 2000 o 2001, por lo que utilizamos la Ley de Transparencia para solicitar esos antecedentes a la superintendencia.

Tras recibir una respuesta negativa, recurrimos al Consejo para la Transparencia, que en forma unánime dio la razón a CIPER, porque la solicitud se refiere a actos administrativos, que según la Ley de Transparencia son públicos (ver fallo).

En su fallo, el consejo respondió también al argumento del abogado de Roberto Guzmán Lyon, Gabriel Zaliasnik, quien reclamó que la publicación de la información afectaría el “prestigio y buen nombre” de su defendido, señalando que el hecho de que el solicitante fuera CIPER agravaría aquello. El consejo respondió invocando la garantía constitucional de la libertad de expresión y de información: “En cuanto a la circunstancia de que la información una vez obtenida por el requirente, sea publicada o difundida en un medio de comunicación, no puede ser entendido como fundamento para negar el acceso a la información requerida, toda vez que ello forma parte de la esfera de protección de la garantía constitucional del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, esto es, La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

consejo-transparenciaEl Consejo para la Transparencia recalcó que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas y no es relevante si el solicitante es un medio de comunicación. El hecho de que la información requerida se refiriera a datos del mercado de valores fue desarrollado en un acápite especial por el consejero Marcelo Drago, quien consideró que ese sólo hecho le otorga interés público a la información solicitada, pues dicho mercado se basa en la fe pública y porque la ley establece que ciertas sanciones de la SVS inhabilitan para operar en él. “Este consejero estima que conocer el prontuario de sanciones de un regulado por dicho orden normativo, justifica un interés público en el mismo, con independencia de la data de las sanciones aplicadas”, subrayó.

Ante el fallo adverso, la Superintendencia de Valores y Seguros recurrió a la Corte de Apelaciones, donde expandió sus argumentos iniciales. En su escrito, la SVS defiende un punto crítico: que la Constitución no contiene un principio de publicidad de los actos administrativos ni contempla como garantía constitucional el acceso a la información pública (ver reclamo de ilegalidad).

La interpretación del tribunal es clara: “como se sabe en materia de acceso a la información sobre los actos y resoluciones de los órganos del Estado la regla general se encuentra consagrada en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que  son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.  Además, establece que la norma en que la SVS “pretende asilarse” para no entregar la información, debe interpretarse restrictivamente para no vulnerar la garantía constitucional de libertad de información.

Con el apoyo de la Fundación ProAcceso, CIPER también presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones, en el que defendió el interés público de la información solicitada: “El conocimiento de esta información es un medio para ejercer control ciudadano de temas que interesan a la comunidad y de la función pública. Si existen procedimientos sancionatorios ante la SVS en contra de una persona por efectuar transacciones con medios engañosos y hacer variar artificialmente precios en el mercado, implica el interés de la ciudadanía en conocerlos. Por una parte las personas tienen el derecho a saber la verdad sobre aquellas personas que hayan sido sancionadas por prácticas ilícitas en el mercado, y por otra, tienen derecho a conocer la forma en que sancionan las instituciones públicas” (ver escrito).

Nos pareció importante rechazar la idea de que el derecho al olvido pudiera invocarse en este caso, pues hacerlo implicaría que todos los fallos y sanciones administrativas o judiciales quedarían sepultados para siempre, limitando el acceso a información importante para la ciudadanía y en particular para el trabajo periodístico. Recientemente, un fallo de la Corte Suprema obligó al diario El Mercurio a retirar de su página web información relativa a un ex Carabinero que ya había cumplido su condena delitos sexuales. Un precedente delicado para los medios y respecto al cual en el escrito citamos el voto de minoría, que releva la contradicción de limitar el acceso a información que está un expediente público y menciona el interés periodístico como un criterio a considerar.

El fallo de la Corte de Apelaciones fue dictado por unanimidad por los ministros Miguel Vázquez Plaza, Hernán Crisosto Greisse y Alejandro Rivera Muñoz. Si bien formalmente los procesos originados en la Ley de Transparencia se agotan en el tribunal de alzada, la SVS podría recurrir de queja a la Corte Suprema dentro de los próximos cinco días.

Al vender Lan, Piñera hizo a RN la mayor donación legal recibida por un partido político

Cuando Sebastián Piñera se desprendió de la propiedad de LAN, lo hizo de forma indirecta. Las más de 40 millones de acciones que vendió a comienzos de mayo de 2010 en una operación que en total le reportó ingresos por US$ 1.500 millones no eran de la aerolínea, sino que de la empresa a través de la cual él la controlaba: Axxion S.A. Todas esas acciones fueron adquiridas por el Grupo Bethia (ver Memoria de Axxion 2010). Fue así que el holding que preside Carlos Heller se quedó con uno de los principales vehículos de inversión del entonces Presidente de la República con el objetivo de comprar su participación en LAN. La transacción, explican en Bethia, no sólo incluía activos, sino que además caja e inversiones financieras para pagar compromisos y pasivos de su antiguo controlador. Entre ellos, donaciones contenidas en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. En otras palabras, por instrucción de Sebastián Piñera, Axxion debía transferir una cifra millonaria a Renovación Nacional (RN). Y así se hizo.

Entre julio y diciembre de 2010, cuando Piñera ya estaba en La Moneda, Axxion hizo nueve donaciones a RN que en total suman más de $2.075 millones. No para el financiamiento de campañas, sino como aportes para el partido en período ordinario. Los recursos que Axxion entregó a RN en esos seis meses constituyen tres cuartas partes de todas las donaciones que el partido recibió entre 2007 y 2015, y dan cuenta del peso que tenía Piñera en el financiamiento de la colectividad.

GRAFICOS1No fueron los únicos aportes que llegaron a RN desde las empresas vinculadas a Piñera. Ya en 2007, Axxion había entregado $6,5 millones al partido. A eso se suman $12,8 millones que aportó Bancard, $72,6 millones que donó Inversiones Santa Cecilia y $126 millones que transfirió Chilevisión, todos entre 2007 y 2008. Pero el volumen de las donaciones de Axxion en 2010 está muy por encima de lo que normalmente recibe el partido en un año. Sus aportes constituyeron el 72% de los ingresos registrados por RN durante todo 2010 y más de la mitad de todas las donaciones obtenidas por partidos políticos chilenos durante la última década.

La ex ministra Cecilia Pérez, quien es vicepresidente de la fundación creada por Piñera, Avanza Chile, confirmó a CIPER que los aportes de Axxion fueron producto de una cláusula del contrato de venta de acciones entre Inversiones Santa Cecilia, del ex Mandatario, e Inversiones Betlan, del Grupo Bethia. “El Presidente decidió donar parte de las utilidades de esa transacción, las que se dividieron en $2.000 millones para financiamiento de la política, $1.000 millones para instituciones deportivas y otros $1.000 millones para proyectos educacionales”, aseguró Pérez, ex vocera de gobierno de la administración Piñera.

No fue la única donación política hecha por Piñera mientras era Presidente. Un reciente reportaje de CIPER reveló que también ayudó a financiar la campaña de Evelyn Matthei a través de Inversiones Santa Cecilia (ver Los aportes secretos de Piñera a Matthei, y los dineros de Chilevisión a campañas).

El detalle de los aportes entregados a RN por Axxion y las demás empresas relacionadas al ex Presidente forman parte de la respuesta que entregó el Servicio Electoral (Servel) a una solicitud de acceso a información pública que ingresó CIPER en abril, cuando preparaba el reportaje Partidos políticos: las cifras y malas prácticas que gatillaron su peor crisis. Los datos solicitados: detalle de los aportes públicos, reservados y anónimos recibidos fuera de períodos de campaña por todos los partidos políticos a partir de 2003. El resultado: una lista de 267 donaciones por un total de $3.704 millones. El 75,8% de ese dinero proviene de donantes públicos, identificados con nombre y apellido o por razón social. El origen de todo lo demás es secreto.

No todos los partidos figuran en la nómina. Los registros oficiales indican que sólo siete han recibido ingresos vía aportes directos o a través de donaciones reservadas canalizadas mediante el Servel. Además de Renovación Nacional –que es el que concentra la mayor cantidad de dinero recibido–, en la lista figuran el Movimiento Amplio Social (MAS), los partidos  Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), Radical (PRSD), Ecologista Verde (PEV) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Este último es el que domina la lista en cuanto a número de aportes, con 216 donaciones que llegaron a sus cuentas. Salvo una, todas son de carácter reservado.

LOS FINANCISTAS SECRETOS DE LA UDI

A comienzos de mayo, el recién asumido presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, anunció el inicio de una colecta interna para financiar al partido. En el correo que envió a concejales del gremialismo se refería a una situación financiera “complicada (…) producto de una deuda histórica que se ha visto agravada en los últimos meses por los escándalos que todos conocemos”. Según un reportaje de La Tercera, para el domingo 17 de mayo apenas llevaban reunido un millón de pesos. Aunque a través de donaciones reservadas vía Servel, las cuentas son algo más alegres: es el único partido que figura recibiendo aportes este año. En lo que va de 2015, la UDI ya ha recibido $35 millones.

También fue el único partido político que registró ingresos vía aportes privados en 2014. En total fueron $65 millones.

Sede Nacional de la UDI
Sede nacional de la UDI

El origen de todo ese dinero es secreto. Al igual que con el financiamiento de campañas, la ley permite las donaciones reservadas a los partidos políticos en épocas no electorales. El mecanismo para entregar esos aportes es el mismo: a través de una cuenta única que mantiene y administra el Servel, el que se encarga luego de transferir los fondos al respectivo partido. Pero un aporte reservado en período de campaña es distinto a uno entregado en el lapso comprendido entre una elección y otra.

Para que un aporte hecho a una campaña política sea considerado como reservado, tiene que ser superior a las 20 UF y no sobrepasar el 10% del límite de gasto electoral. Tampoco puede superar las 600 UF en elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales; las 800 UF cuando se trata de diputados y senadores; las 1.500 UF si es un candidato a la presidencia; ni las 3.000 UF cuando el aporte es para un partido político. En cambio, cuando se trata de aportes reservados fuera del período de campaña, el límite es mucho menor: sólo montos entre 20 UF y 100 UF pueden ser reservados. Todas las donaciones por sobre ese tope en período ordinario son públicas y, por lo tanto, el donante debe ser identificado.

En la lista que envió el Servel a CIPER figuran aportes reservados por un total de $883 millones. El PRSD recibió $5 millones bajo esta modalidad, repartidos en tres donaciones entre enero y marzo de 2006. Los $878 millones restantes fueron a parar a la UDI. Lo extraño es que los límites que establece la ley para este tipo de donaciones no corresponden a las cifras que aparecen en los registros oficiales.

Si se considera el tope legal de 100 UF, las donaciones secretas no debieran superar los $2,5 millones mensuales por donante. Sin embargo, de las 215 donaciones reservadas que registra la UDI entre 2005 y 2015, son más de cien las que están por sobre ese monto. La más alta es de $37,6 millones, en enero de 2011.

Desde el Servel explicaron a CIPER que no hay irregularidad en ello. El motivo de que los montos de los registros sean superiores a lo que establece la ley es que todos esos aportes reservados fueron hechos a través del Servel, desde donde cada viernes se envían a los partidos todos los aportes recibidos y acumulados durante la semana. Por lo tanto, los montos que figuran en el documento enviado a CIPER no se refiere necesariamente a donaciones individuales.

Por otro lado, la UDI registra sólo una donación pública en la última década. Fueron $19,7 millones los que donó el 3 de febrero de 2011 la sociedad Inversiones Santa Cecilia S.A. Se trata nuevamente de la sociedad de Sebastián Piñera, quien realizó el aporte a su partido aliado mientras era Presidente (ver nota 2 al final de este texto).

BENEFACTORES CON ROSTRO

El único aporte privado anónimo que registra Renovación Nacional durante la última década es de $228 mil en 2007. Todos los demás son públicos. Y aunque las cuatro empresas vinculadas a Piñera han sido responsables del grueso de los ingresos vía donaciones del partido, no son los únicos donantes. En la lista que el Servel envió a CIPER figuran otras 23 empresas que han aportado al partido que dirige el diputado Cristián Monckeberg.

GRAFICOS2Aunque son varios los dirigentes de RN que han reconocido que los aportes de su ex presidente, Carlos Larraín, han sido clave para el financiamiento del partido, sus huellas no aparecen en los balances que la colectividad ha entregado al Servel. Tampoco figura de forma directa entre quienes han hecho donaciones públicas al partido, aunque sí hay pistas que lo vinculan. En octubre de 2013, por ejemplo, el estudio de abogados que fundó, Larraín y Asociados, aportó $4 millones a RN. Él dejó de participar activamente en esa sociedad en 2008, cuando asumió la presidencia del partido, pero su hijo sigue siendo socio. En todo caso, según han señalado públicamente dirigentes del partido con sede en avenida Antonio Varas, la mayoría de las transferencias que Larraín ha hecho al partido han sido a través de préstamos y no de donaciones.

Después de los aportes de Axxion, el más cuantioso registrado por RN fue hecho por Cencosud, el gigante del retail que controla el empresario Horst Paulmann: $126 millones en una sola donación, en julio de 2010. Le sigue otra de $120 millones que transfirió en julio de 2009 la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, una de las sociedades cascada que utiliza Julio Ponce Lerou para controlar SQM. Ese mismo año, en septiembre, llegaron a RN otros $70 millones que aportó Celfin Capital, empresa financiera que por entonces controlaban Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus, y que ya se había hecho cargo de algunos contratos del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera.

En la lista de aportantes figura también el Grupo Luksic, a través de su matriz Quiñenco, con dos aportes en 2010 que suman casi $33 millones. Con otros $30 millones donados en junio de 2009, también integra la nómina la filial de ingeniería y construcción del holding Echeverría Izquierdo, que preside el ex intendente metropolitano y fugaz ministro de Energía durante el gobierno de Piñera –duró apenas tres días en el cargo–, Fernando Echeverría. Entre las otras empresas que completan la lista figuran la Unión de Partidos Latinoamericanos con un aporte de $ 556 mil y las pesqueras El Golfo e Itata, que juntas suman más de $24 millones y que hoy están vinculadas con el financiamiento ilegal de la política (ver reportaje de CIPER).

Además de RN, son dos los partidos que entregan información sobre sus financistas externos. Uno es el Partido Radical, que en 2010 recibió poco más de $10,5 millones de parte del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez. El otro es la Democracia Cristiana, que en enero de 2011 recibió $6 millones de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Círculo Azul S.A., una empresa creada en 2005 por el ex diputado Waldo Mora junto al ex ministro Patricio Rojas, el actual subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros, el contador Carlos Conejeros y el padre del ex presidente del Banco Central, José de Gregorio Aroca.

El MAS, cuyo único representante en el Congreso es el senador Alejandro Navarro, registra aportes anónimos en 2010 por un total de $5.136.000. El mismo tipo de donaciones registra el Partido Socialista, aunque en 2013 y por poco más de $3,6 millones. El Partido Ecologista Verde declaró ante el Servel ingresos anónimos por $1.400.000.

REGISTROS QUE QUEDARON EN BLANCO

A comienzos de abril, La Tercera  publicó un reportaje que dio a conocer la empresa Asetec, una sociedad que RN ha utilizado como vehículo para recaudar y gestionar fondos para el partido a través de la venta de “informes políticos” y de “coyuntura” a diversas empresas, y que ha recibido millonarios pagos de SQM. Es una entidad recaudadora con fines políticos, y debiera estar registrada como tal. Pero no es así.

La ley establece que “los partidos políticos podrán formar entidades recaudadoras, cuyo único giro será el de la recaudación de donaciones y cotizaciones, con el objeto de ponerlas a disposición del partido que las hubiere formado, para el pago de sus gastos normales de funcionamiento”. Dichas entidades debían registrarse en el Servel e informarle mensualmente sobre los aportes recibidos. CIPER también solicitó copia de esos registros.

El 3 de noviembre de 2003, el Servel habilitó un libro de 504 páginas titulado Registro de Entidades Recaudadoras de Partidos Políticos. Sólo contiene dos registros, en una página y escritos a mano: el PRSD, que se inscribió a sí mismo en julio de 2004, y el “Tesorero Nacional del Partido Demócrata Cristiano”, registrado en septiembre de ese mismo año. Ninguno ha reportado ingresos desde entonces.

Lo mismo ocurrió con el Registro de Institutos de Formación Política que implementó el Servel. Ese tipo de instituciones también están habilitadas por ley para recibir donaciones públicas, reservadas o anónimas, al igual que los partidos. Y sus ingresos también deben ser reportados al Servel. Varios partidos cuentan con institutos de este tipo. El PS, por ejemplo, tiene al Instituto Igualdad y su Escuela de Formación Política ‘Carlos Lorca Tobar’. RN, a través del Instituto Libertad, tiene su proyecto Forjadores del Futuro. Pero ninguno de ellos figura en los registros. En el libro del Servel, sólo una de las 500 páginas está escrita: la Fundación por la Democracia, del PPD, es el único Instituto de Formación Política registrado en Chile (ver respuesta del Servel).

 

Notas de la Redacción:
1.- En la versión original de este reportaje, se publicó por error que la donación hecha por la entidad identificada en el documento del Servel como UPLA correspondía a la Universidad de Playa Ancha. Tras verificar la información, CIPER confirmó que se trataba de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Lamentamos cualquier inconveniente por el error mencionado.

2.- Originalmente este artículo mencionaba al empresario José Yuraszeck como posible donante de la UDI, debido a que es dueño de una sociedad llamada Santa Cecilia Limitada. Con posterioridad, CIPER pudo confirmar con el Servel que la firma que donó a ese partido fue Inversiones Santa Cecilia S.A., propiedad de Sebastián Piñera.

Caso Pinochet: Cancillería burla resolución del Consejo para la Transparencia entregando recortes de prensa

La señal parecía prometedora: el 19 de mayo pasado cuando fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar documentos de un caso ganado ante el Consejo para la Transparencia, se nos dijo que eran muchos y que una sola persona no podría cargarlos. Era esperable que la solicitud de acceso a la información pública hecha el 23 de agosto de 2013 implicara una gran cantidad de documentos, aunque era imposible prever exactamente cuál sería el volumen.

Con el apoyo de la Fundación ProAcceso habíamos pedido a ese ministerio copia de todos los actos administrativos, circulares o memorándum emitidos durante la detención de Augusto Pinochet en Londres. En específico, pedíamos las comunicaciones de la Cancillería con las embajadas en Londres y Madrid, el Vaticano, el Foreign Office británico, el Ejército chileno, así como con los ministerios chilenos de Defensa, Interior y Secretaría General de la Presidencia.

La Cancillería pidió primero una prórroga del plazo, argumentando que necesitaba tiempo para “recabar los antecedentes existentes”. Sin embargo, dichos antecedentes nunca fueron “recabados”. El ministerio se tomó 10 días hábiles extra sólo para negar el acceso a los documentos. Esa decisión fue notificada el 2 de octubre y en ella no se invocó ningún tipo de secreto: se argumentó que era una solicitud demasiado genérica y demasiado amplia, lo que requería distraer indebidamente a funcionarios que tenían que buscar dichos documentos en los archivos del ministerio.

Ante esta respuesta, recurrimos al Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión, exigiéndole a la Cancillería entregar los documentos. El 22 de enero pasado, el Consejo nos dio la razón y ordenó que se nos entregara toda la información solicitada (ver fallo). Entre otras razones, los consejeros argumentaron que, en su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores no había explicitado cómo se distraería el cumplimiento de sus obligaciones y tampoco había especificado el universo de documentos que incluía la solicitud.

Como la Cancillería chilena no recurrió a la Corte de Apelaciones para intentar evitar la entrega de la información solicitada por CIPER, una vez cumplido el plazo otorgado por el Consejo de la Transparencia, y en vista de que los documentos no aparecían, el 15 de mayo solicitamos que se cumpliera el fallo. Fue entonces que concurrimos por primera vez al ex Hotel Carrera a buscar por fin los documentos solicitados nueve meses antes.

En virtud de la información que se nos proporcionó –que el volumen de la información era superior al que podía cargar una sola persona– volvimos el 22 de mayo trayendo una maleta de mano con ruedas. Los documentos estaban contenidos en ocho grandes sobres, ordenados por fecha, y eran tan gruesos que la maleta apenas cerró. Pero cerró.

Una vez en las oficinas de CIPER, procedimos a abrir la maleta. Estábamos expectantes por conocer la interesante información que contendrían los documentos solicitados. Los sobres fueron abiertos y los documentos recorridos con rapidez: ¡eran principalmente recortes de prensa! Comunicaciones que la embajada chilena en Londres enviaba a Santiago con el resumen de la cobertura del juicio a Pinochet en los medios británicos. Hubo excepciones, sí, pero muy pocas y la mayoría conteniendo información pública en ese momento, como los alegatos en las cortes. Otras excepciones son el reenvío de un fax proveniente del Foreign Office (ver documento); una minuta política urgente del embajador Mario Artaza que resume los puntos de vista del director Jurídico, Jaime Lagos, y el director de Planificación, Alberto Van Klaveren, sobre la autorización de extradición (ver documento); y una minuta de Lagos analizando uno de los alegatos (ver documento).

Entre los papeles entregados figuran unas pocas comunicaciones enviadas desde Santiago a Londres. Allí se incluyen transcripciones de declaraciones de las autoridades chilenas sobre el juicio y otras informaciones que también fueron públicas. En cuanto a las comunicaciones con Madrid, lo único que encontramos fue una copia de la solicitud de extradición enviada por el juez Baltasar Garzón (ver documento). No hay cables con comunicaciones diplomáticas sobre el caso, correspondencia con el Foreign Office, y ningún intercambio entre los ministerios en Chile o con el Ejército.

Como no resulta creíble que los únicos intercambios hechos por la Cancillería chilena durante el juicio a Augusto Pinochet correspondan a recortes de prensa y las excepciones ya mencionadas, este martes 10 de junio presentamos un escrito ante el Consejo para la Transparencia solicitando que se exija la entrega de la información requerida y se sancione a las autoridades que corresponda por no cumplir el fallo del ente oficial que regula en Chile el acceso a la información pública.

 

Convenios del Ministerio del Interior con abogados externos suman $132 millones

El Ministerio del Interior comprometió pagos por $132 millones de pesos, por los contratos de asesoría externa a los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta en distintos periodos de la administración Piñera. A través de la Ley de Transparencia, CIPER obtuvo los documentos que dan cuenta de cuánto le costó al gobierno saliente externalizar de manera directa y a través de abogados de su confianza servicios legales de alta relevancia pública (ver respuesta del Ministerio del Interior).

El caso más complejo es el del penalista Luis Hermosilla, pues los contratos fueron firmados durante el período en que ese ministerio era dirigido por Andrés Chadwick, con quien ha compartido históricamente su estudio de abogados. Tres de los cuatro contratos fueron firmados por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y un cuarto decreto (ver documento) lo firma el propio Chadwick.

La relación entre ambos data de la época en que estudiaban Derecho en la Universidad Católica. En su declaración de intereses del 26 de noviembre de 2012, Chadwick ratifica el vínculo profesional que los une. En el documento, el ministro detalla que su situación profesional actual es de una “comunidad de techo con el estudio jurídico Hermosilla, Chadwick, Morales”, es decir, no figura actualmente como socio, pero sí reconoce que no sólo comparten espacio físico sino que el nombre del estudio aún lleva el apellido de ambos.  Según publicó El Mercurio el domingo 9 de marzo, Chadwick planea volver al estudio tras dejar La Moneda.

Luis Hermosilla

El documento que firmó como ministro del Interior lleva el número de decreto 698, de fecha 4 de julio de 2013, que modifica y complementa un convenio de asesoría anterior, especialmente en lo referido a los montos y atribuciones de Hermosilla. Según el oficio, la asesoría externa comprende no sólo los casos judiciales que se ventilan en la región de La Araucanía, representando los intereses del Ministerio del Interior, sino que debe asesorar y tramitar todas las causas penales en que participe esta repartición “que le encomiende tanto el ministro como el subsecretario”. En este documento, se aumenta en tres millones de pesos el monto de los honorarios fijados para una asesoría (de $25.900.000 pesos a $28.900.000) que había sido contratada en abril con la firma de Ubilla.

Para regular todos los actos administrativos en que participan las autoridades o funcionarios públicos, la Ley Nº19.880 detalla los casos en que las autoridades deben abstenerse de participar en actos administrativos que les competen, en este caso, la firma de un convenio a honorarios a suma alzada. En el artículo 11, se incluye como causa el vínculo profesional con la persona beneficiada: “compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”. También se menciona “tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente”. No obstante, la Contraloría dio el visto bueno para todos estos decretos y por lo tanto, no hubo objeción legal. En opinión de abogados que han integrado la División Jurídica del Ministerio del Interior, “no existe ningún impedimento legal en este caso, pero estéticamente no se ve bien que el ministro Chadwick contrate a su amigo y ex socio. Debió excusarse de firmar ese decreto”.

De acuerdo al primer contrato suscrito con el Ministerio del Interior (ver documento), Hermosilla recibió honorarios por $25.900.000, pagados en nueve cuotas mensuales, la primera de $1.900.000 y las ocho restantes por $3.000.000 cada una, entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 2013. Como se dijo, luego fue ampliado con un aumento total de $3.000.000 que fueron cancelados ese mismo año.

Luis Hermosilla tuvo un alto protagonismo en el reciente juicio oral donde se condenó a Celestino Córdova a 18 años de presidio efectivo, sin beneficios, como autor del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger, en la zona de La Araucanía. Junto a Domingo Acosta, también conformó el equipo jurídico que representó a Interior en el caso llamado de “falsos exonerados”, otro de los casos emblemáticos de la administración Piñera.

Hermosilla es uno de los penalistas que siempre está presente en los casos judiciales de alta connotación pública. Después de haber sido durante la dictadura abogado de la Vicaría de la Solidaridad y cercanía con el Partido Comunista, defendiendo a las víctimas del Caso Degollados; dio un giro que lo llevó a representar a la familia de Jaime Guzmán en la causa por el asesinato del ex senador UDI. También fue el abogado de Claudio Spiniak y actualmente defiende al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly de una acusación de abuso sexual a menores.

¿CONTRATO DE “AMARRE”?

EL último convenio suscrito entre el gobierno y el abogado Hermosilla tiene fecha 27 de diciembre de 2013, con el decreto Nº 1388 (ver documento). Prolonga por un año más el contrato a honorarios del 2013, para que el abogado represente al Ministerio del Interior en las causas penales que se llevan en la región de La Araucanía. La particularidad del convenio es que sus funciones se extienden hasta el 31 de diciembre de 2014, durante la administración del gobierno de Michelle Bachelet.

El contrato a honorarios estipula expresamente que “sin perjuicio del periodo de vigencia del presente contrato, cualquiera de las partes puede ponerle término anticipado y sin expresión de causa”, dando el aviso correspondiente a la otra parte. CIPER consultó entre abogados que han trabajado en la administración pública si puede considerarse éste un contrato “de amarre” para la siguiente administración. Los especialistas coincidieron en que esta cláusula de término otorga plena libertad al gobierno entrante y por lo tanto “es imposible hablar de amarre, cuando la autoridad puede ponerle término en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna”. Explican que es una situación diferente a los contratos de planta que se firman con extensión más allá del gobierno saliente, porque esos sí son inamovibles.

Esta discusión se da en el contexto de la denuncia hecha en febrero pasado por el diputado Fuad Chahín (DC), quien aseguró que “al menos 15 ex parlamentarios de la Alianza” tienen contratos por “asesorías millonarias” con el gobierno y que hay “500 concursos públicos de amarre”, lo que fue desmentido por Mauricio Lob, vocero subrogante del gobierno.

DEFENSA “PERSONAL” A UBILLA

Días después de que CIPER publicara el reportaje que daba cuenta del pago de sobreprecios en las licitaciones por el plan antidrogas Frontera Norte (ver “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”), el subsecretario Rodrigo Ubilla firmó un contrato de asesoría externa con Luis Hermosilla, para analizar todas las licitaciones comprometidas y proponer las acciones correspondientes. Esa asesoría fue contratada el 5 de octubre de 2012, y es de carácter breve: tres meses, entre octubre y diciembre de ese año, por un monto total $1.666.667, que debía pagarse en una sola cuota (ver documento)

Rodrigo Ubilla y Luis Hermosilla

El 9 de octubre, días después de firmar este contrato, el subsecretario Ubilla presentó una querella ante los tribunales por fraude al Fisco y violación de secreto, contra quienes resultaran responsables. El tribunal rechazó reiteradamente la presentación y, finalmente, a fines de octubre, se presentó nuevamente, esta vez como denunciante particular Rodrigo Ubilla. Quien asumió su defensa fue el abogado Luis Hermosilla.

Según Ubilla, esa querella fue pagada “íntegramente” de su bolsillo, porque fue a título personal. Pero entonces, ¿qué pasó con el contrato de asesoría que firmó con el abogado en su condición de subsecretario? “Ese contrato nunca se pagó, quedó sin efecto”, aseguró Ubilla a CIPER. Sin embargo, la información de transparencia que publica la Subsecretaría, consigna pagos sucesivos a Hermosilla por concepto del contrato a honorarios, por $268.817 en octubre y $555.555 en noviembre, sumando $824.372, la mitad de lo pactado en el contrato suscrito.

ACOSTA, EL SOCIO DE ESPINA Y ZEPEDA

El contrato de Luis Hermosilla obedece a una decisión del gobierno de contratar abogados externos para asesorar en casos de alta connotación mediática, como son los juicios que se ventilan en La Araucanía. Y se mantuvo a pesar de que existe una división jurídica que depende del Ministerio del Interior, con una unidad de abogados que siguen todas las causas en que está comprometida esa cartera, no solo en Santiago sino en todas las regiones, a través de abogados de las intendencias y gobernaciones. Por ello, las contrataciones de Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta fueron cuestionadas no por los méritos profesionales de ambos, sino por la cercanía que tienen con el Presidente Piñera y otras autoridades del gobierno, como se detalló en la situación de Hermosilla.

Fue el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter quien fichó a Juan Domingo Acosta, entonces socio de Carlos Zepeda y del senador RN Alberto Espina en el estudio jurídico Espina, Zepeda y Acosta. Zepeda, quien murió en octubre pasado, fue abogado y amigo personal del Presidente Piñera, quien lo nombró presidente del directorio de TVN. También fue director de La Nación y junto a Acosta preparó el informe legal que posibilitó el cierre del diario. Acosta también ha sido abogado de Piñera y como asesor de Interior fue clave en la defensa de la acusación constitucional contra Hinzpeter, en la elaboración de proyectos de ley y en el llamado “Caso Bombas” (ver perfil de Acosta).

Juan Domingo Acosta

Según los antecedentes aportados por ley de transparencia, Acosta fue contratado inicialmente como asesor legislativo del Área de Asistencia a Víctimas del programa de Seguridad y Participación Ciudadana, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2010, por un honorario total de $4.444.478 (ver documento). En agosto de ese mismo año fue modificado su contrato y asumió como encargado de la agenda legislativa de esa misma unidad, percibiendo honorarios muy superiores: $16.666.670, cancelado en cinco cuotas mensuales de $3.333.334 (ver documento).

Al año siguiente, Acosta firmó un contrato a honorarios por una asesoría a los Centros de Atención a Víctimas, del mismo programa, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. Esta vez, los honorarios pactados prácticamente triplicaban el contrato del año anterior. El total asignado fue de $41.676.000, pagado en 12 cuotas mensuales de $3.473.000 (ver documento). El abogado presentó su renuncia al Ministerio del Interior el 1 de septiembre de 2011 (ver documento).

 

Documentos explican cómo se adjudicó el edificio del Gore del Maule que la inmobiliaria se niega a vender

El 11 de febrero de este año, CIPER publicó un reportaje acerca de la millonaria pugna que impide al Gobierno Regional del Maule (Gore) inaugurar su nuevo edificio institucional debido al litigio con la empresa inmobiliaria con la que se firmó una promesa de compraventa.

Para el desarrollo de esta investigación y haciendo uso de los principios de transparencia establecidos por ley, CIPER solicitó el 24 de enero el acceso y copia de los antecedentes relativos al proyecto ‘Adquisición Edificio Institucional para la Región del Maule’ a través del cual el Gore negoció y comprometió la compra de  la construcción.

Con fecha 13 de febrero, el Gobierno Regional del Maule hizo envío de los documentos que fundan el proceso por el cual se llevó a cabo la decisión de adquirir el edificio (ver respuesta). Se explica que  “la ejecución del proyecto no se trata de una licitación pública, por tanto no existiría un llamado a postulación”, por lo cual no existen las bases de licitación  solicitadas y en vez de ellas, se entregan los términos de referencia.

Otro de los datos aportados confirma que fueron 22 las empresas a las cuales se les extendió la invitación para enviar las propuesta del proyecto que posteriormente serían evaluadas por una comisión compuesta por Carlos Moreno, arquitecto asesor de reconstrucción; Francisco Javier Oyarzún, jefe de la división de Administración del Gore; junto con Nayib Tala, director de Arquitectura del MOP y Javier Rodríguez, jefe de la división de análisis y control de gestión del GORE.

Fue esta comisión la que finalmente evaluó la propuesta de Constructora Armas SpA como la más favorable, la cual según los parámetros de evaluación (calidad técnica, precio, plazo de entrega y experiencia) ponderó una nota de 6,1, en tanto que Constructora Independiente obtuvo 5,9 (ver documento).

En los comentarios emitidos por la comisión, constructora Armas se lleva los puntos en aspectos como: emplazamiento, por estar ubicado en un terreno regular ubicado en la manzana de la plaza de armas ‘lo que da una excelente perspectiva’, en tanto que el proyecto de Constructora Independiente se encontraba en un ’terreno irregular’ que rodeaba a otra propiedad de uso y arquitectura ‘totalmente diferentes a lo requerido’. También en el ítem  accesibilidad Armas sacaba ventaja, pues a juicio de los expertos evaluadores ‘la propuesta de inmobiliaria Armas se conecta con  tres calles a las que se accede fácilmente’ y Constructora Independencia se ubicaba en un terreno ‘conectado por dos calles  con importante flujo vehicular, el que en un futuro aumentaría por la reposición de una escuela’ (ver documento).

Otro de los documentos a los cuales CIPER tuvo acceso tras la solicitud al Gore Maule fue aquel que contiene los términos de referencia del proyecto ‘Adquisición Edificio Institucional para la Región del Maule’. La información se detalla en más de 120 páginas (ver documento).

Finalmente el acceso a la información  permitió acceder al contrato de compraventa firmado por el Gore y la Inmobiliaria Armas SpA y donde se acredita que es la empresa privada la única dueña de la propiedad y el proyecto hasta la cancelación de los más de 6 mil millones comprometidos. Un punto a destacar es que el GORE se comprometió a fusionar un terreno propio con el de Armas una vez que ésta vendiera el edificio. La idea es darle mayor espacio a la construcción, no obstante, de no concretarse la venta la fusión no se realizaría y el Gobierno Regional sólo se quedaría con el terreno de calle Uno Oriente 1234, al lado del tan anhelado edificio.

 

Transparencia: El secreto que mantiene el Presidente Sebastián Piñera sobre su patrimonio

A mediados de octubre de 2013, el Presidente Sebastián Piñera reconoció públicamente haber invertido “en algún momento” en las cuestionadas sociedades cascada que controlan SQM. Así, hizo frente a los argumentos presentados ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la defensa del empresario y controlador de la minera, Julio Ponce Lerou, acusado junto a otros ejecutivos por presuntas infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores. Según los abogados de Ponce, el mandatario y sus sociedades estarían involucrados en las operaciones irregulares que hoy son investigadas por la entidad que regula a las empresas que transan sus acciones en la Bolsa de Comercio.

Las acusaciones de Ponce, sumadas a las declaraciones de Piñera, acabaron con la tranquilidad en que estaban los negocios del Presidente desde que se deshizo de sus acciones en Blanco y Negro S.A. en diciembre de 2010. Con esa venta, tras haberse desprendido de su participación en LAN y haber vendido Chilevisión, Piñera terminó con una serie de cuestionamientos por supuestos conflictos de interés. Así, puso paños fríos a las críticas que provenían de la oposición y dejó en stand by su relación con el mundo privado. Sus negocios seguirían funcionando, pero a cargo de distintas entidades que administrarían sus inversiones sin otorgarle ningún tipo de información al respecto, según lo estipuló en los nueve contratos de fideicomiso ciego que firmó en abril de 2009, antes de comenzar la campaña electoral. Se trataba de fideicomisos voluntarios, pues hasta hoy el Congreso no ha aprobado la ley que obliga y regula este tipo de contratos para autoridades que poseen grandes patrimonios.

En todo caso, no fue sólo el caso Cascadas el que volvió a poner los negocios del Presidente Piñera bajo la lupa de la opinión pública. En noviembre, la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo, Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. La estimación de la revista norteamericana indica que en el último año, su fortuna aumentó en US$ 100 millones. Y si se compara con lo que registró en noviembre 2009, sólo meses antes de asumir la Presidencia, cuando tenía 59 años y la suya era la tercera fortuna del país –sólo superada por las de las familias Luksic y Matte–, desde que ostenta el cargo habría incrementado su capital, según los cálculos de la revista, en un 150%.

Surgieron entonces varias preguntas: ¿cómo es posible que habiéndose desprendido de sus principales negocios, su patrimonio haya crecido a más del doble? ¿Dónde invertía el Presidente antes de delegar el manejo de sus inversiones a cuatro entidades que las administran bajo la figura del fideicomiso ciego? ¿Quién fiscaliza ese fideicomiso? ¿Tenía acciones en la estructura de sociedades cascada de SQM al momento de delegar la gestión de su patrimonio? Y en caso de ser así, ¿podría verse beneficiado de alguna forma con la investigación que lleva adelante su subalterno, el superintendente Fernando Coloma?

Parte de las respuestas a esas interrogantes deberían estar en las declaraciones de patrimonio e intereses que entregó a la Contraloría General de la República (CGR) en abril de 2010 y que se encuentran publicadas en el sitio web de la Presidencia, en la sección Gobierno Transparente. Los formularios que se le exigen al presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jueces y otras autoridades públicas, pretenden transparentar ante la ciudadanía sus intereses, de forma que sean públicos y así evitar que incurran en conflictos de interés al tomar decisiones que puedan beneficiar sus negocios o los de las personas –naturales o jurídicas- relacionadas con ellos. Eso se complementa con el conocimiento público que debe existir también de su patrimonio, de modo que al dejar el cargo se puedan comparar sus declaraciones y así fiscalizar si existió o no enriquecimiento ilícito durante su gestión. Todos esos documentos son de acceso público. Pero si generalmente suelen estar incompletos y hacen muy difícil poder estimar el verdadero patrimonio de los declarantes (ver investigaciones de CIPER sobre declaraciones de los senadores y alcaldes en 2008, y de los ministros que asumieron en 2010), en el caso del Presidente Piñera es simplemente imposible conocer cuál era su patrimonio real al asumir.

CIPER revisó las declaraciones de patrimonio y de intereses del mandatario que están publicadas en el sitio web de la Presidencia y que entregó a la CGR el 10 de abril de 2010, un día antes de que venciera el plazo de 30 días que le impone la ley para hacer entrega de los documentos. Allí, Piñera declara un departamento en Las Condes, su casa de veraneo en Lago Caburgua, tres vehículos, $40.000.000 en dos cuentas corrientes e inversiones a modo personal en fondos internacionales administrados por la compañía norteamericana Merril Lynch & Co. Inc. y en Empresas COPEC S.A. por más de $5.445 millones (a esa fecha, unos US$ 10,6 millones).

El monto puede parecer alto, pero es sólo una mínima parte de su patrimonio, equivalente apenas al 1,06% del valor señalado por Forbes unos meses antes de convertirse en Presidente, cuando figuraba en el puesto 701 de la nómina mundial de millonarios con un patrimonio avaluado en US$ 1.000 millones y era descrito como un magnate “self-made” dedicado a las inversiones y “pionero de las tarjetas de crédito en Chile que ahora trata de irrumpir en el más alto cargo político de la nación”. Si se le resta la deuda por $2.000 millones que incluye en el formulario por un crédito de consumo con el Banco de Chile –y que probablemente haya solicitado para financiar su campaña–, el total declarado por Piñera es incluso menor.

Contraloría General de la República.

Lo anterior se explica en que el grueso del patrimonio del Presidente no está en sus cuentas personales ni en las inversiones que tiene como persona natural, sino que en los negocios que ha emprendido a través de dos sociedades que ha usado como sus principales vehículos de inversión durante la última década: Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia S.A. En la primera de esas empresas, Piñera participa de forma directa, y es por eso que sí la incluye en su declaración de patrimonio, señalando además que es dueño del 66,85% de los derechos. En la segunda, en cambio, posee el 99,99%, aunque de forma indirecta a través de la otra sociedad que declara en el formulario: Inversiones Bancorp Ltda.

Que Inversiones Santa Cecilia S.A. no aparezca en el formulario no significa que Piñera no la haya declarado, ya que figura en la primera carilla del anexo de 73 páginas que entregó de forma voluntaria a la CGR, donde detalla la participación indirecta que tenía al momento de efectuar su declaración en otras 24 empresas. Además, allí señala que el 24 de abril de 2009 –antes de comenzar la campaña electoral–, tanto él como sus dos principales empresas –Bancard y Santa Cecilia– firmaron contratos de administración discrecional de cartera de inversiones (fideicomiso ciego) con cuatro entidades distintas: Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, Moneda Corredores de Bolsa Ltda. y Banco BICE.

A pesar de que CIPER revisó en detalle los documentos publicados por la Presidencia, no pudimos responder siquiera una de las preguntas mencionadas anteriormente. Esto debido a que la versión publicada en el sitio web y que está disponible para todos los ciudadanos que quieran consultarla –como lo exige la Ley de Transparencia–, está incompleta.

De las 73 páginas del anexo que Piñera envió a la CGR para complementar sus declaraciones, en la página web del gobierno sólo hay 11, que corresponden a la lista de sociedades donde el presidente participa de forma indirecta y al contrato de fideicomiso ciego que firmó con Larraín Vial para la administración de las 785.609 acciones de COPEC que poseía como persona natural, como señala el anexo A del mismo contrato. Pero de los otros ocho mandatos –cuatro de Santa Cecilia y cuatro de Bancard– no había rastro.

DE LA PRESIDENCIA A LA CONTRALORÍA

El 14 de noviembre de 2013, CIPER envió una solicitud de acceso a información pública a la Presidencia para pedir copia de todos los contratos de fideicomiso ciego contraídos por el Presidente o las sociedades en que participa con las corredoras de Bolsa mencionadas en las primeras páginas del anexo. La respuesta llegó 18 días después (ver respuesta). Allí, el director Administrativo de la Presidencia señala que lo publicado en el sitio web corresponde a “toda la información que disponemos referidas a dichas declaraciones”. Y agrega:

Finalmente, y en conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informamos a usted que además de lo señalado, diversos antecedentes vinculados con las referidas declaraciones pero no exigidos por la ley vigente, se encuentran en poder de la Contraloría General de la República, para su consulta.

Con la esperanza de encontrar los contratos faltantes y el detalle de qué inversiones fueron delegadas a las cuatro corredoras de Bolsa, CIPER solicitó el viernes de 13 de diciembre de 2013 a la CGR acceso a todos los documentos referidos a las declaraciones del Presidente Piñera, tanto a los formularios en sí como los anexos que haya entregado en 2010. Como los documentos son de carácter público, seis días después obtuvimos copia de las declaraciones completas del mandatario.

Así fue que CIPER accedió a los ocho contratos que no aparecen en las declaraciones de Sebastián Piñera publicadas por la Presidencia. En cada uno de los documentos se establecen las condiciones bajo las cuales operarán los fideicomisos ciegos. Todos señalan lo mismo: que la empresa mandante entrega a la respectiva corredora de Bolsa (el mandatario) un paquete de acciones de distintas sociedades anónimas abiertas individualizado en el anexo A del contrato para que realice inversiones de toda clase de instrumentos financieros, ya sea en Chile o en el extranjero, entregándole también las facultades para que venda libremente esas acciones a precio de mercado en cualquier minuto mientras esté vigente el contrato. También señalan que el mandante no será informado bajo ninguna circunstancia de las operaciones ni del estado de la cartera de inversiones encomendada. El problema es que esos contratos tampoco están completos: ninguno incluye el anexo A, donde se detalla cuántas acciones y de qué empresas se están entregando a las corredoras de Bolsa para su administración, y menos el anexo B, donde se establecen las comisiones que las empresas del presidente deberán pagar a las administradoras del fideicomiso.

En otras palabras, los documentos entregados por el Presidente Piñera no permiten siquiera saber cuáles eran las inversiones que tenía al momento de firmar el fideicomiso. Por lo tanto, sus declaraciones no respetan el espíritu de la ley, ya que resulta imposible conocer a través de ellas cuál es –o al menos era, antes de firmar los contratos– su patrimonio.

Al no incluir aquellas sociedades en las que participa a través de sus empresas, Piñera está actuando con la lógica de Laurence Golborne, quien no declaró una empresa en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, desatando una gran controversia que contribuyó a que tuviera que dejar su candidatura presidencial. “Respecto a mi declaración patrimonial quiero ser muy claro: todo mi patrimonio ha sido declarado de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.088. No existe omisión alguna. La sociedad Sunford es parte de mi estructura societaria y no debía ser declarado por ser parte de la sociedad matriz que refleja en su patrimonio esta sociedad”, dijo entonces Golborne. En el caso de Piñera, la cuantificación de su patrimonio al momento de firmar los fideicomisos no se encuentra reflejada en ninguna parte.

En los últimos cinco años CIPER ha revisado y contrastado con la realidad  las declaraciones de alcaldes, parlamentarios y ministros. Piñera no es el primero que omite las acciones compradas a través de una sociedad, lo cual ha sido cuestionado por diversos expertos en transparencia.

Por ejemplo, Chile Transparente –la rama chilena de Transparencia Internacional– estimó en su momento que la interpretación de la ley es clara: “Debe concluirse que todos los funcionarios obligados a prestar una declaración de patrimonio deben declarar no sólo las sociedades en que tengan participación como personas naturales, sino también aquellas en las que participen a través de otras sociedades. Esa es la única forma en que la declaración de patrimonio sea una herramienta adecuada para prevenir el conflicto de intereses y hacer posible la fiscalización de los órganos competentes y de la ciudadanía”.

El presidente Piñera podría argumentar que el fideicomiso ciego lo libera de detallar las participaciones cuya administración ha delegado, pero considerando que se trata de un contrato privado, voluntario y no sometido a las regulaciones de transparencia, es difícil encontrar un argumento legal que lo justifique.

 

Asesores internacionales del INE firmarán tres contratos que suman cerca de US$ 180 mil

La semana pasada publicamos las respuestas a dos solicitudes de acceso a la información públicas hechas por CIPER al INE.  A partir los datos de los documentos recibidos, concluimos que el monto que se pagaría a los expertos internacionales que están evaluando los datos del Censo 2012 era mucho menor que el anunciado inicialmente por el gobierno. Sin embargo, desde Comunicaciones del INE nos explicaron que en realidad se trata de tres contratos, que en total completarán el monto presupuestado.

“El trabajo de los expertos extranjeros se dividirá en tres fases: una primera de recopilación de información que se extendió entre el 2 y el 13 de septiembre, con la primera visita de los expertos al país; una segunda de ejercicio de análisis que comenzó el pasado 7 de octubre y finalizará en noviembre; y la tercera fase de entrega de resultados que tendrá lugar durante fines de noviembre. Para cada etapa descrita, los expertos extranjeros firmaron y firmarán -en el caso de la tercera fase- un contrato. Así, la suma de los montos de estos tres contratos será cercana a los US$ 180 mil dólares ya anunciados”, dijo Natalia Cabrera, jefa de Prensa del INE.

Aunque pedimos una copia del segundo contrato, la solicitud fue derivada a la Oficina de Información Ciudadana, por lo que se regirá por los plazos establecidos por la Ley de Transparencia.

Además Cabrera explicó que pese a que el informe de los asesores extranjeros consigna que sólo se reunieron con Felipe Zamorano e Isabel Millán –los dos funcionarios de gobierno que integraron la comisión externa que recomendó hacer un nuevo censo abreviado–, en realidad también se reunieron con Magda Ruiz, de Celade. Respecto a los otros dos integrantes, David Bravo y Osvaldo Larrañaga, de la Universidad de Chile y el PNUD, respectivamente, la jefa de Prensa aseguró que se les invitó pero adujeron “problemas de agenda”.

 

Transparencia: La ruta para desentrañar los secretos de Punta Peuco

Entre marzo y abril de 2012, CIPER publicó una serie de reportajes sobre la cárcel de Punta Peuco (ver: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán, Los cachureos del Guatón Romo, El otro muro que divide a militares y carabineros y Las historias no contadas de familiares y presos). Durante el proceso de reporteo, CIPER hizo 25 solicitudes de acceso a información a Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia, las que corrieron distinta suerte. Muchas de ellas fueron rechazadas, por lo que recurrimos al Consejo para la Transparencia con la asesoría de la ONG ProAcceso.

La autoridad respondió afirmativamente a la solicitud de acceder a los documentos referentes a la aplicación de medidas disciplinarias dentro del penal. Sin embargo, los documentos fueron tachados de modo de que los presos sancionados no pudieran ser identificados, argumentando que darlos a conocer afectaba sus derechos. Así, se pudo acreditar que se aplicó una sanción por una pelea a puñetazos originada por “una solicitud para asistir a las canchas del penal” y que a un interno le descubrieron una conexión inalámbrica a internet en su celda. En ambos casos los infractores fueron castigados con 15 días sin visitas, pero no sabemos quiénes son (ver respuesta a la solicitud n° AK006W-0000360).

Cinco de las solicitudes realizadas por CIPER terminaron en amparos ante el Consejo para la Transparencia. Estas son:

Casos C1370-11 y C1411-11.

Se solicitó información sobre las salidas de Manuel Contreras y Pedro Espinoza mientras estuvieron presos en Punta Peuco, así como de las sanciones que tuvieron en ese periodo. Gendarmería notificó a Contreras y Espinoza de la petición y éstos se opusieron, por lo cual se negó la información.  Cuando el Consejo les preguntó por qué se oponían a la entrega de los datos, Contreras argumentó que temía ser tergiversado y luego lanzó una de sus elaboradas teorías:

Estima que la comunicación de estos antecedentes podría afectar la “defensa internacional de los derechos de Chile” y “la política exterior del país de manera grave”–artículo 22, letras c) y d) de la Ley de Transparencia–, toda vez que la solicitante habría declarado en su contra en el Caso Prats, en circunstancias que los autores del homicidio habrían sido agentes de la C.I.A. Por último, acompaña copia de un documento que pertenecería a la «Dirección de Operaciones de la C.I.A.-Chile», correspondiente al año 1986, que contiene una nómina de supuestos colaboradores de dicha institución.

El Consejo determinó que si bien la información sobre las salidas era pública, no lo eran las sanciones de los presos. Por eso, acogió parcialmente el amparo presentado por CIPER (ver resolución del Consejo para la Transparencia).

Caso C1413-11

CIPER pidió copia de las carpetas de tres ex presos de Punta Peuco que ya fallecieron: Osvaldo Pincetti, Osvaldo Romo y Héctor Vallejo. Gendarmería negó la información debido a que consideró que estando ellos muertos, de todos modos había que consultarle a un familiar directo si accedía a la petición, lo cual no pudo hacerse porque no entregamos datos para contactar directamente a dichos familiares.

En su respuesta, el Consejo hizo ver a Gendarmería que había retrasado innecesariamente todo el proceso, infringiendo los principios de facilitación y oportunidad, al alegar que la solicitud no identificaba claramente lo requerido pese a que evidentemente lo hacía.

Aunque la información solicitada incluía datos personales, el Consejo determinó que una persona fallecida no tiene los derechos que otorga le ley de Protección de Datos Personales, contradiciendo a Gendarmería.  Algo similar sucede con la información contenida en las fichas médicas de los ex reos, sin embargo, sólo pueden acceder a ésta los familiares directos o quienes por alguna razón particular puedan tener derecho, lo que según se estimó, no se daba en el caso de CIPER. Por ello el Consejo determinó que una parte de la información debía negarse y si bien decidió que debían entregarse los documentos, Gendarmería debía tachar cierta información, como la orientación sexual de los ex reos (ver resolución del Consejo para la Transparencia).

Caso 1415-11

Lo que hoy, a la luz de la polémica por el Penal Cordillera, parece ser información pública, no lo era en 2011 cuando requerimos información tan básica como la nómina de presos que habían estado recluidos en Punta Peuco desde su apertura en 1995. Gendarmería estimó que responder afectaba el cumplimiento de las funciones del organismo, así como los derechos de terceros, además del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que obliga a proteger los derechos de los presos. Luego, argumentó ante el Consejo que entregar la información vulneraría los derechos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales.

Respecto a este último, entre otras consideraciones el Consejo estimó que sólo opera el secreto en caso de penas ya cumplidas o prescritas, y en este caso la mayor parte de los reos está cumpliendo aún su condena, lo cual es público. Por lo tanto, se determinó que se debía entregar los nombres de aquellos presos que en ese momento cumplían su condena en Punta Peuco.

Además, el Consejo hizo ver que la Constitución establece que debe existir un registro público de presos, por lo tanto cualquier ciudadano debiera tener acceso a dicha información (ver resolución del Consejo para la Transparencia).

Caso 1377-11

La Subsecretaría de Justicia fue el objeto de una solicitud de acceso a la información que buscaba conocer la resolución mediante la cual se otorgó la libertad condicional a los ex presos de Punta Peuco Luis Fernando Romo Morales y Primitivo José Castro Campos. Ambos ex reclusos fueron consultados por la autoridad y se opusieron a la entrega de los documentos. Además, la subsecretaría estimó que se trataba de datos personales y sensibles.

Entre otras razones, CIPER argumentó ante el Consejo que conocer dicha información era de interés público pues permitiría analizar los fundamentos que tuvo la autoridad para entregar beneficios penitenciarios a los dos condenados por violaciones a los derechos humanos.

Al evaluar el caso, el Consejo estimó que las penas de Romo y Castro no estaban cumplidas, pues se encontraban en libertad condicional, por lo que los antecedentes de sus condenas aún eran de carácter público. Además, enfatizó que la resolución requerida es un acto administrativo y como tal es pública (ver resolución del Consejo para la Transparencia).