Roles de género y bajas pensiones para la mujer

Pensiones extremadamente bajas para las mujeres: ese es uno de los principales resultados de un sistema de pensiones en crisis. Hasta ahora, la explicación dominante entre los expertos se basa en la biología o en que “no ahorran lo suficiente”, en tanto las mujeres viven más que los hombres pero jubilan antes que ellos, tienen menores salarios y además enfrentaran mayores lagunas previsionales. Con esta explicación, técnica y sobre todo políticamente insuficiente, se transfiere la responsabilidad del problema desde el sistema mismo hacia cada mujer.

En momentos en que el ahorro de la mitad de las mujeres alcanza para autofinanciar pensiones de miserables $18.233 (versus  $80.933 de los hombres) según la Comisión Bravo, urge repensar las causas de esta situación. Efectivamente, parte del problema se debe a la lógica individualista del sistema, que condena a la mujer a tener menores pensiones que el hombre sólo por vivir más que él, incluso si ahorran lo mismo durante su vida laboral (lo que ya es difícil considerando la brecha salarial existente). En lo que respecta a la menor edad de jubilación, esta es una causa teóricamente atractiva pero de menor relevancia práctica, puesto que las mujeres en Chile jubilan a los 67 años según la OCDE, 7 años después que su edad legal de jubilación.

Así, más allá de estos aspectos paramétricos, a nuestro juicio buena parte del problema de las bajas pensiones para las mujeres proviene de una serie de desigualdades de género existentes en la sociedad chilena que determinan, a través de un conjunto de roles de género, lo que es ser mujer hoy en Chile. Es este proceso, eminentemente social, el que termina provocando que la mujer tenga un comportamiento en el mercado laboral muy distinto al del hombre. Y el asunto es que, cuando se tiene un sistema de pensiones casi exclusivamente contributivo, esto se traduce siempre en forma de menores pensiones.

ROLES DE GÉNERO Y PENSIONES

Por definición, para tener derecho a una pensión en un sistema contributivo, las personas deben haber aportado parte de sus ingresos laborales a un fondo diseñado exclusivamente para proveer pensiones, ya sea una cuenta individual (como en el sistema de AFP) o un fondo de reparto. Es decir, lo que valora este tipo de sistemas es el trabajo productivo realizado en el mercado, que no es otro que aquel donde un trabajador recibe un salario por desarrollar formalmente alguna tarea ajena a sus necesidades domésticas.

Pero la economía no funciona exclusivamente en base al trabajo productivo. Existe un conjunto de tareas que se realizan primordialmente fuera del mercado (con creciente tendencia hacia su mercantilización en la actualidad), en la esfera privada del hogar, como las labores de cuidado de niños y ancianos, la alimentación de la familia, entre otras. Este tipo de trabajos, esenciales para el funcionamiento de la economía, se denominan tareas de cuidado y reproductivas, en tanto hacen posible la existencia de la parte productiva, ya sea alimentando a los trabajadores, cuidándolos cuando se enferman o criando a quienes en el futuro desarrollarán esas tareas.

Sin embargo, pese a ser esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, un sistema de pensiones contributivo no valora el trabajo reproductivo precisamente porque este se realiza en su gran mayoría fuera del mercado. Y el problema es que en la sociedad chilena la distribución de las tareas productivas y reproductivas no está repartida aleatoriamente: son las mujeres las que primordialmente realizan las tareas del hogar que ni el mercado ni el sistema de pensiones hoy valoran, y por tanto son ellas las que recibirán bajas pensiones.

SER MUJER EN CHILE

¿La sociedad realmente les asigna a hombres y mujeres roles distintos o es una exageración feminista sin sustento empírico?

Hace algunas semanas, al cuestionar públicamente “¿cuándo le van a preguntar a un hombre con quién deja a sus hijos cuando se va de gira?, la cantante Anita Tijoux dio luces respecto al rol que nuestra sociedad le asigna a la mujer. Y la verdad es que basta encender la televisión para constatar que la mayor parte de la publicidad de productos para el mantenimiento del hogar, como por ejemplo detergentes o productos de aseo, entre otros, están dirigidos casi exclusivamente a mujeres.

Más allá de lo anecdótico, existe un cúmulo de evidencia e indicios legales que permiten inferir en qué medida esta distribución de roles existe, y por tanto determina tanto la participación como la trayectoria laboral de la mujer, y de este modo, su nivel de pensiones.

Urge realzar la importancia de construir un sistema de pensiones que valore tanto las labores productivas como las reproductivas a través del equilibrio de los pilares contributivo y no contributivo, y transformar nuestra sociedad machista.

En el ámbito cultural, nuestra sociedad expone tempranamente a sus miembros a esta diferenciación sexual de roles. Y esto no es una exageración. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo analizó cómo se aborda la paridad de género en los textos escolares chilenos de educación básica aprobados y distribuidos por el Ministerio de Educación en el año 2013. Las conclusiones son elocuentes: “…los personajes masculinos aparecen en roles vinculados al ejercicio del liderazgo, asumir riesgos, autosuficiencia, o ambición, mientras que los personajes femeninos muestran roles focalizados en elementos emocionales, de cuidado y protección, dentro de la esfera privada, y están excluidas de los campos político y científico.”

Y si crecemos asociando tareas específicas a determinados sexos, no es extraño que los terminemos plasmando en nuestra vida cotidiana. Esto se aprecia en la encuesta exploratoria del uso del tiempo en el Gran Santiago realizada por el INE en 2009, que muestra que el 76,1% de las mujeres manifestó haber realizado labores domésticas el día anterior y un 35,9% de ellas cuidó a personas en el hogar, mientras que para hombres dichas cifras apenas ascienden a 34,9% y 9,2%, respectivamente. La tendencia es inversa cuando se consulta respecto a la participación laboral remunerada, evidenciando esta división sexual de tareas.

Lamentablemente, hasta ahora la acción del Estado ha sido insuficiente en esta materia. Si bien existen ciertos esfuerzos valorables como la campaña del SERNAM “Regala igualdad” o el “Bono por hijo nacido vivo” en el ámbito de las pensiones, en general el Estado se ha mantenido ausente. De hecho, en ocasiones, incluso contribuye a mantener el escenario actual por medio de algunas de sus instituciones y leyes, promoviendo así esta división sexual de tareas, lo que es aún más preocupante.

En relación a la ausencia del Estado, destaca la falta de políticas públicas alineadas a la colectivización de las tareas de cuidado, por ejemplo, a través de la creación de centros especializados en cuidado de enfermos y adultos mayores, facilitando así el acceso de mujeres al mercado laboral. Además, aun cuando existen políticas públicas que fomentan la participación laboral femenina, poco se dice acerca del tipo de trabajo al que accede la mujer. Según CEPAL, las mujeres trabajan en sectores de baja productividad (o mejor dicho, baja remuneración), como el de servicios personales, donde se encuentran los trabajos de cuidado que se transan en el mercado. Así, es triste constatar que incluso cuando las mujeres entran al mercado laboral desarrollan principalmente tareas reproductivas –sólo que ahora mercantilizadas- que al ser mal remuneradas terminan, a su vez, generando pobres pensiones.

En el ámbito legal, el Código del Trabajo posee artículos que son una buena expresión de una ley que perjudica la inserción laboral de la mujer, y por tanto, su nivel de pensiones. Por ejemplo, el artículo 203 impone un costo extra a la contratación de mujeres al establecer que si una empresa tiene veinte o más trabajadoras, deberá implementar salas independientes del local de trabajo donde puedan alimentar a sus hijos y dejarlos mientras están trabajando. Y es que, a pesar de lo positivo de que la ley reconozca la importancia de la crianza y la necesidad de compatibilizarla con el trabajo, lo que implícitamente hace es establecerlas como tareas inherentes a la mujer y no al hombre, ya que en ningún caso obliga a las empresas a condiciones similares si tienen más de veinte trabajadores hombres. Situación similar ocurre con los artículos 199 y 199bis, en donde sólo la madre tiene el rol de cuidado en caso de hijos enfermos.

HACIA UN SISTEMA DE PENSIONES QUE NO DISCRIMINE A LA MUJER

Hasta aquí, aún no se aborda explícitamente algo que puede no resultar obvio: ¿Por qué debiesen recibir una pensión personas que no contribuyeron durante su vida para ello? Existen al menos dos posibles respuestas. La primera, que no se desarrollará exhaustivamente, se refiere a un enfoque de derechos, en donde toda persona sólo por ser ciudadano/a debiese tener derecho a una vejez digna al ser miembro pleno de la sociedad.

La segunda, que es la que se ha tratado más extensamente en esta columna, tiene que ver con el hecho de que las mujeres cuando no participan en el mercado laboral están realizando otro tipo de tareas que fueron determinadas socialmente producto de roles de género. Estas tareas de cuidado y reproducción, al ser desarrolladas fuera del mercado, hacen imposible para ellas apropiarse del producto de dicho trabajo como ingreso, perjudicando su futuro nivel de pensiones si se tiene un sistema exclusivamente contributivo.

En paralelo, los beneficios sociales de estas labores son innumerables. Un niño sano mental y físicamente, plenamente desarrollado; un trabajador descansado y bien alimentado; la creación y traspaso del capital social y cultural dentro de una comunidad, son algunos de los bienes públicos a los que contribuyen diariamente las mujeres con su trabajo y por el cual no reciben prácticamente ningún reconocimiento por parte de la sociedad. En la práctica, hay ahorro para el Estado, las empresas y además beneficios como una mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto, pero los costos son asumidos completamente en el ámbito privado, principalmente por mujeres, ya sea en términos de ingresos, tiempo libre o desarrollo personal.

Por tanto, dado que el mercado no valora estas tareas esenciales para la sociedad, debe ser el Estado quien lo haga, ya sea compartiendo las labores de cuidado con las familias a través de instituciones apropiadas para ello u otorgando ingresos a las personas sobre las que recaen estas tareas.

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, la discusión pública no ha abordado en profundidad el impacto de los roles de género en el mercado laboral y por consiguiente en las pensiones. De hecho, la única referencia a esta problemática en el informe final de la Comisión Bravo, la realizaron exclusivamente las mujeres de la comisión al momento de discutir la igualación de la edad de jubilación de hombres y mujeres. Para los expertos hombres este asunto parece invisible, sobre todo al constatar que su principal propuesta para mejorar la pensión de la mujer es aumentar su edad de jubilación, evidenciando la estrechez de análisis que hoy tienen las políticas públicas.

Las recomendaciones de política al incorporar la problemática de los roles de género al análisis son altamente específicas al tipo de sistema de pensiones, ya que, a pesar de que tanto los mecanismos de reparto como los de capitalización individual son contributivos, la importancia de la trayectoria laboral en la determinación de la pensión es distinta entre ellos. De hecho, un sistema de reparto (de beneficio definido), en principio castiga menos a la mujer por su particular comportamiento en el mercado laboral que uno de capitalización individual.

En momentos en que en Chile se discuten reformas profundas al sistema de AFP, es aún más necesario incorporar al debate público el impacto que tienen los roles de género. En particular, urge realzar la importancia de construir un sistema de pensiones que valore tanto las labores productivas como las reproductivas a través del equilibrio de los pilares contributivo y no contributivo, y transformar nuestra sociedad machista, con el objetivo de que ambas tareas sean compartidas equitativamente entre hombres y mujeres.

A propósito de la Comisión Bravo: El límite normativo de los expertos

El pasado lunes 14 de septiembre fue entregado el informe final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, después de un año y cuatro meses desde su constitución, y con más de siete meses de retraso respecto a la fecha planteada inicialmente. Su objetivo, según el Decreto 718 de 2014, era “estudiar el Sistema de Pensiones, realizar un diagnóstico acerca del actual funcionamiento de estos cuerpos normativos y elaborar propuestas destinadas a resolver las deficiencias que se identifiquen”. Así, la comisión terminó compuesta por 24 miembros, todos ellos expertos provenientes del mundo profesional y/o académico. [1]

Sin duda el aspecto más llamativo del informe es que no hubo consenso entre los miembros de la comisión sobre los cambios a realizar al sistema de pensiones. Se presentaron tres propuestas distintas y, en esencia, excluyentes entre sí. La propuesta A recoge una serie de 58 modificaciones al actual sistema de pensiones, manteniendo el esquema de capitalización individual con un pilar solidario fortalecido. La propuesta B se inclina por la creación de un sistema mixto que mezcla la capitalización individual, un componente de seguro social con financiamiento tripartito (trabajador, empleador y Estado) y amplía la actual Pensión Básica Solidaria. Finalmente, la propuesta C plantea la idea de volver a un sistema de reparto puro, donde los trabajadores activos financien a los pensionados en un esquema de solidaridad inter-generacional.

En lo que sigue intentaremos argumentar que el carácter técnico de las propuestas y de los mismos miembros de la comisión (y en general de todas las comisiones técnicas) está indisolublemente unido a sus valores y visiones particulares del mundo y la sociedad. Así, el informe final de la comisión asesora pone de manifiesto que, frente a debates cruzados por elementos normativos, las comisiones de expertos no son suficientes para resolver todos los problemas. En este caso queda la puerta abierta para que sean las instituciones de la democracia, y no la tecnocracia, las que decidan sobre el futuro del sistema de pensiones.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y PROPUESTAS A, B, C

En la cuarta reunión ampliada de la comisión, realizada a finales de julio, se pidió a cada comisionado expresar su preferencia entre las tres propuestas. Doce miembros se inclinaron por la propuesta A, 11 por la propuesta B, y uno por la propuesta C. Así quedaron plasmadas las posiciones en el informe final. Y pese a que la propuesta A se impuso, se puede apreciar a todas luces un empate entre las posiciones que consideran necesario mantener/mejorar el sistema actual (propuesta A) y las que buscan, en mayor o menor medida, modificarlo “estructuralmente” (propuestas B y C). Así, la pregunta que surge es que, siendo esta una comisión de técnicos y expertos, ¿cómo es posible que las posiciones se dividan en partes iguales entre dos propuestas que son esencialmente diferentes?

La principal razón a nuestro entender es simplemente las preferencias políticas/normativas que sostiene cada uno de los expertos. Los expertos y técnicos –al igual que todas las personas– nunca son políticamente neutrales. Todas las posiciones, incluyendo las técnicas, están significativamente influenciadas por los propios valores o visiones de la sociedad. Y es precisamente esa una de las cosas que se reflejan en esta comisión, sobre la cual se pueden relacionar dos hechos, uno ex ante y otro ex post a su trabajo.

El primero de ellos es la misma composición de la comisión. Al momento de la creación de la comisión el mensaje presidencial planteó explícitamente que ésta no solo estaría compuesta por expertos de reconocido prestigio, sino también por personas de distintas sensibilidades políticas. Basta ver algunos nombres de los comisionados y sus trayectorias para corroborarlo: Martín Costábal fue ministro de Hacienda durante la dictadura militar y es ex gerente de AFP Habitat; Claudia Sanhueza fue miembro del último comando presidencial de Michelle Bachelet; Sergio Urzúa perteneció al famoso think thank de derecha Centro de Estudios Públicos (CEP) y ahora es miembro de CLAPES UC; Regina Clark participó en la elaboración del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, etc.

El segundo hecho es que, a diferencia de lo que sucedió en la anterior comisión de pensiones (2006), estas distintas posiciones se plasmaron esta vez en dos propuestas basadas en principios normativos totalmente distintos. La propuesta A busca perfeccionar el sistema de capitalización individual y fortalecer el pilar solidario, siendo concordante con las visiones liberales (más cercanas a la derecha política) en favor de políticas distributivas focalizadas. La propuesta B busca incorporar un componente de seguro social solidario, elemento relacionado a un enfoque de derechos sociales universales que ciertamente se acerca a las ideas de la izquierda política. Esto puede ser bien explicado no por el componente técnico de los miembros de la comisión, sino por el componente político/normativo en cada uno de ellos. pensiones-bravo-graf-1

Otra situación que pudo haber determinado la votación y que no necesariamente tiene que ver con las preferencias políticas, está relacionada con las disciplinas profesionales de los comisionados que apoyaron cada una de las propuestas. Mientras la propuesta B-C es apoyada por economistas, sociólogos, cientistas políticos, abogados y médicos salubristas, la propuesta A es defendida solo por economistas.

En momentos en que los economistas dominan la discusión pública en los más variados temas, la votación evidencia lo lejos que actualmente se encuentra la economía de las demás disciplinas. Así, pese a que algunos podrían considerar el hecho de que la mayoría de los economistas prefirieran la primera opción como un indicio de mayor fortaleza técnica de la propuesta A, nosotros preferimos interpretar esta situación como una falencia de la ciencia económica, la cual por sí sola es incapaz de entender la complejidad del fenómeno del envejecimiento en la sociedad actual y los impactos sociales y políticos asociados a la legitimidad del sistema por parte de la ciudadanía. De este modo, la diferencia de visiones estaría dada también por la composición profesional de ambos grupos y el comprobado sesgo conservador que poseen en promedio los economistas, en Chile y en el mundo. pensiones-bravo-graf-2

Un segundo elemento bastante llamativo es la composición de género en ambos grupos. Mientras la propuesta A fue apoyada casi en su totalidad por hombres (solo una mujer votó a favor de la propuesta A), en la propuesta B predominó el voto de las mujeres. ¿Qué es lo que motiva este comportamiento disímil entre un grupo y otro en base al género? Evidentemente esto puede deberse a muchos factores, incluyendo el hecho analizado anteriormente sobre las profesiones de los comisionados y comisionadas o el solo elemento normativo.

Sin embargo, hay un indicio que sugiere que esta composición de género tiene una base mucho más concreta: las comisionadas que apoyaron las propuestas B y C suscriben un comentario disponible al  final del informe[2] donde recalcan la desventajosa situación en que se encuentran las mujeres respecto a los hombres en cuanto al monto de las pensiones. Esto no sólo se debe a la discriminación por el hecho de vivir más tiempo, sino también a la fuerte segmentación de género presente en el mercado laboral chileno. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, a junio de 2015 la pensión promedio de vejez para las mujeres bajo la modalidad de retiro programado era sólo de $97.683, mientras que para los hombres era de $152.146.

Ante esta situación, es probable que la mayoría de las mujeres de la comisión, conociendo de primera fuente la peor cara del sistema de pensiones chileno y teniendo mayor sensibilidad por el tema, se haya inclinado por una transformación más profunda del mismo. De hecho, todas las mujeres que votaron por la propuesta B son chilenas, mientras que la única que votó por la propuesta A no lo es. A tal punto llega la desconexión de esta última comisionada (la destacada economista Olivia S. Mitchell) con esta situación, que hace algunos días atrás atribuyó algunas de las quejas acerca de la “ilegitimidad social” del sistema a la ignorancia de la población sobre cómo éste realmente funciona.

EL CORRECTO ROL DE LOS EXPERTOS

De este modo, si bien es cierto que la finalidad de la comisión era pronunciarse meramente sobre aspectos técnicos del sistema de pensiones para proponer eventuales reformas, lo que finalmente se obtuvo fueron tres propuestas distintas en esencia. Esto muestra que la misma tecnocracia tiene siempre y en todo lugar un componente filosófico, político, normativo. Cada una de las propuestas representa al mismo tiempo juicios positivos (técnicos) y normativos (visiones de mundo) sobre lo que un sistema de pensiones debería ser.

Así, distintos juicios sobre viabilidad técnica recaen en las propuestas A y B (consideradas factibles técnicamente), y la propuesta C (considerada infactible). Por tanto, dado que las propuestas A y B son técnicamente viables, la decisión final pasará precisamente por el elemento normativo que las diferencia. Los precursores de la propuesta A consideran que el individualismo es la manera para financiar la vejez, incorporando políticas distributivas focalizadas para los sectores de menores ingresos, mientras que los adherentes de la propuesta B consideran que la mejor forma es a través de un sistema de solidaridad intra e inter-generacional mezclado con el elemento individualista.

Pero en el aspecto normativo no hay expertos: es la propia ciudadanía haciendo valer su soberanía la que debería definir los principios que considera esenciales para un sistema de pensiones. En la definición de esos principios los expertos no tienen un sitial privilegiado. Ellos podrán luego realizar un aporte adicional al darle sustento técnico a las políticas públicas que se basen en lo expresado por la sociedad.

Sin duda la Comisión Bravo nos deja una importante lección: en la medida en que se continúen dejando decisiones normativas en manos de comisiones técnicas, seguiremos sujetos a las propias posiciones políticas de los comisionados (o de los que eligen a los comisionados) y a los sesgos de las distintas formaciones profesionales que las componen. Corresponde entonces a las instituciones de la democracia, con los mecanismos lo más democráticos y legítimos posibles, decidir el nuevo sistema de pensiones: si estará en lo esencial basado en el esfuerzo individual, o si más bien será uno que mezcle el esfuerzo individual con la solidaridad social.

 

[1] Los 24 miembros finales de la comisión fueron: David Bravo (presidente), Cecilia Albala, Orazio Attanasio, Nicholas Barr, Fabio Bertranou, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Martín Costabal, Carlos Díaz, Christian Larraín, Costas Meghir, Carmelo Mesa-Lago, Olivia S. Mitchell, Verónica Montecinos, Leokadia Oreziak, Joakim Palme, Ricardo Paredes, Marcela Rios, Claudia Robles, José Luis Ruiz, Claudia Sanhueza, Jorge Tarziján, Sergio Urzúa y Andras Utthoff. 

[2] Informe Final Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, Reserva referida a la propuesta 18 sobre “equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres”, pag 244 – 245. Suscrita por Marcela Ríos, Regina Clark, Verónica Montecinos, Leokadia Oreziak, Claudia Robles y Claudia Sanhueza.