Las pruebas del encubrimiento del obispo Juan Barros que el Papa calificó de “calumnias”

Ver también: La Iglesia recibe al Papa ocultando el fallo por abusos sexuales del ex obispo de Iquique

Por Pedro Ramírez y Mónica González

“Todo es calumnia”. Así calificó el Papa Jorge Bergoglio las acusaciones contra el obispo Juan Barros en el último día de su visita a Chile, el jueves 18de enero. El pontífice sorprendió por su dureza para descalificar a los denunciantes, pues apenas 24 horas antes había dicho, desde el altar en que ofició la eucaristía en las afueras de Temuco: “No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división”. En los hechos, Francisco “aniquiló” a los acusadores de Barros. Al calificarlas categóricamente como “calumnias”, dio por sentado que sus acusaciones son falsas y esgrimidas con dolo para perjudicar al acusado.

Esa dura descalificación es exactamente la que vivieron las mismas víctimas cuando denunciaron por primera vez en 2009 a Karadima y a su círculo íntimo de la Parroquia El Bosque, del que formó parte por muchos años el obispo Barros. Este último llegó a esa parroquia en 1972, cuando estaba en tercer año medio, y desde entonces Karadima fue su director espiritual, con quien estuvo estrechamente vinculado por más de 30 años. Se ordenó sacerdote en 1984, tras estudiar economía. Un año antes, en 1983, apadrinado por Karadima, se había convertido en secretario personal del cardenal Juan Francisco Fresno, rol que mantuvo hasta 1990.

Juan Carlos Cruz
Juan Carlos Cruz

Las acusaciones contra Barros no surgieron a raíz de su nombramiento como obispo de Osorno, pues fueron hechas mucho antes de que Francisco decidiera confiarle esa diócesis sureña en marzo de 2015. Tres años antes, en enero de 2012, CIPER publicó el primer testimonio que apuntó a Barros como encubridor de los abusos –sexuales y de poder– cometidos por su mentor Karadima. Su acusador fue el ex seminarista Juan Carlos Cruz (vea esa entrevista):

El obispo Cristian Contreras me pidió en 2006 que escribiera todo lo que me había pasado con Karadima (…). Con Cristián Contreras siempre hemos sido amigos, desde que yo era seminarista, él me ayudó y me apoyó cuando me salí de (la parroquia) El Bosque. Por eso tuvo la confianza de decirme ‘escríbete algo’. Pero yo nunca le había contado toda la historia de los abusos sexuales, porque me daba mucha vergüenza, aunque cuando lo hablaba lo dejaba entrever. Y creo que él entendía. Más tarde, cuando ya el escándalo era público, a raíz de cómo se estaba portando el cardenal Errázuriz frente a las acusaciones y de lo que ya se hablaba por distintos testigos, de las acciones de encubrimiento del obispo Andrés Arteaga, de que los obispos Juan Barros y Tomislav Koljatic le daban besos a Karadima y también veían como el cura les daba besos a otros, y no pasaba nada, llamé a Cristián Contreras”.

En la misma entrevista, Cruz indicó que decidió llevar su testimonio por escrito ante el entonces canciller del Arzobispado de Santiago, el sacerdote Hans Kast, para formalizar su denuncia contra Karadima y los obispos que lo habían encubierto:

Llego donde Hans, le paso mi pendrive, él lo pone en su computador y comienza a leer. Cuando llega al final, a la parte en la cual digo ‘Juan Barros y Andrés Arteaga y todos ellos vieron todo esto y no hicieron nada’. Me dice: ‘¿Tú crees que es necesario incluir esto? ¿No sería mejor sacarlo?’. ‘No -le dije- déjalo tal cual, por favor. Tal cual’. Y lo dejó. Terminamos y le digo: ‘¿Me puedes dar una copia, por favor?’.  ‘No, no te puedo dar ninguna copia’, me dice. Y me fui sin la copia. Pero antes, Hans me dijo: “Ven”. Y rezamos un Ave María ante el santísimo. Al despedirnos me dijo: ‘Cuando vengas de nuevo, tomémonos un café’”.

El ex seminarista también dijo que por esos días, cuando ya se conocían públicamente los abusos de Karadima, estaba recomponiendo su relación con algunos de los sacerdotes que formaron parte de la comunidad de El Bosque. Aquello, señaló en la entrevista, contrastaba con la actitud de los obispos que fueron parte del círculo íntimo del ex párroco: Andrés Arteaga, Horacio Valenzuela, Tomislav Koljatic y Juan Barros.

Andrés-Arteaga-3En contraste -y por eso me indigna- a la actitud asumida ahora y desde hace mucho tiempo por Juan Barros, Horacio Valenzuela, Tomislav y Arteaga. Incluso Felipe Bacarreza. Ellos saben que no pueden decir que no sabían. Ellos saben que no pueden quedarse calladitos cuando tienen los dedos, los pies y las pezuñas metidas en los abusos de Karadima y el sufrimiento de muchos”.

Barros, según la versión de Cruz, también fue cómplice del sacerdote Fernando Karadima en la violación del secreto de confesión. Eso ocurrió en 1987, cuando el denunciante aún no asumía públicamente su condición homosexual y, bajo la reserva del sacramento de la confesión, había compartido con Karadima su secreto. El entonces párroco del El Bosque utilizó esa información para exigirle obediencia, sometiéndolo a un permanente abuso de poder. Bajo esta presión, le impedía reunirse o socializar con seminaristas o sacerdotes que no fueran de su círculo de la Parroquia de El Bosque.

Por mantener en el seminario vínculos con personas ajenas al grupo de Karadima, el 25 de octubre de 1987 Cruz fue sometido a un ejercicio de “corrección fraterna”. Era una especie de juicio y humillación pública presidida por Karadima, con una docena de participantes de su círculo íntimo, entre los que estaba Juan Barros. En este episodio de grave abuso de poder, Cruz fue veladamente amenazado con hacer público su secreto de confesión. Así recordó ese día:

En el juicio estaba Karadima, delante de todos ellos diciendo ‘Juan Carlos, tú tienes tejado de vidrio por todo lo que tú sabes. Tú tienes amistades particulares, pero yo no te voy a decir nada ahora, quiero que hablen todos los que están aquí’. Y habló cada uno (…). Después que hablaron, yo dije ‘pido perdón’. Casi me arrodillé y era horrible: él al medio de todos, en semicírculo, y yo en una silla abajo. Un tribunal (…). Entonces, que él me dijera ‘acuérdate de lo que yo sé’, delante de todos… Se me venía el mundo encima. Ahí sí que yo me quería matar”.

Cruz cuenta que, finalmente, el ahora obispo Juan Barros se prestó para “triangular” el secreto de confesión:

Karadima me amenazaba constantemente que si seguía siendo amigo de toda esta gente él iba a hablar con el padre Juan de Castro, rector del seminario, para que me echara. Y al final cumplió su promesa e hizo que Juan Barros le mandara una carta contándole todo lo que yo había confesado. Se las ingenió para que Juan Barros, que era su lacayo y secretario del cardenal Fresno, triangulara el secreto de confesión y escribiese una carta acusándome de intentar seducir a jóvenes de El Bosque. Fue una maldad y una falta de escrúpulos enorme de parte de Karadima y Juan Barros”.

Uno de los testigos de ese abuso fue el sacerdote y capellán de la Fundación Las Rosas, Andrés Ariztía de Castro, quien corroboró lo narrado por Juan Carlos Cruz ante la justicia:

“Recuerdo haber estado presente en la situación que ha relatado Juan Carlos Cruz, una encerrona del año 1987, en que me llamó mucho la atención la falta de discreción de Karadima al referirse a este joven diciendo que ‘tenía tejado de vidrio’, la violencia del método y el grave abuso de la dirección espiritual. Recuerdo el impacto que ello me provocó, pero yo no abrí mi boca y nada comenté. En todo caso, éramos más de seis los sacerdotes que participamos de eso y estábamos en la Salita del Nuncio” (así la llamaron pues era la sala donde frecuentemente se reunía Karadima con el nuncio Angelo Sodano).

Lo que ocurrió en El Bosque fue confirmado en una entrevista con CIPER, por el obispo Cristian Contreras Villarroel, quien supo del episodio estando en el seminario:

Fernando Karadima
Fernando Karadima

“Juan Carlos tenía gran confianza en su director espiritual, don Vicente Ahumada, y también con el padre Juan de Castro. También conmigo. Recuerdo, según me señaló, lo doloroso que fue para él una amonestación pública en la parroquia El Bosque por su conducta de apertura hacia otros seminaristas y sacerdotes; se estimaba que no era apropiada para la imagen que él tenía que proyectar y que constituía una falta de lealtad al sacerdote Karadima. Juan Carlos tocaba guitarra, cantaba, era alegre, pero al parecer esas conductas no eran vistas como convenientes por la imagen que debía dar, según los paradigmas del sacerdote Karadima… Recuerdo que llegó muy afligido. Lo conversó conmigo y ciertamente antes con el padre Juan de Castro”.

El sacerdote Juan Debesa Castro, quien ingresó al seminario en 1978, fue víctima de un abuso similar al que vivió Cruz en El Bosque. Debesa relató a la jueza Jessica González (mayo de 2011) que en el seminario “el mundo se me abrió y el padre Karadima me llamó para decirme que eso no era bueno, que mis amigos estaban en El Bosque”. Al no aceptar sus órdenes, Debesa fue marginado: “Él me distanció, igual que los demás seminaristas como Horacio Valenzuela, Juan Barros, Andrés Ariztía y todos lo que llegaron después provenientes de El Bosque”.

El juicio al que fue sometido Juan Debesa contó con la anuencia de Juan Barros. Debesa no olvida la fecha, pues la experiencia lo marcó: “Fue el 12 de septiembre de 1981, un sábado en la noche”. Recuerda que estaban Karadima y los entonces seminaristas Andrés Arteaga y Juan Barros. “Se me reprochó mi conducta por reunirme con personas que ellos no aprobaban. Se me dijo que no cumplía con las expectativas de ese selecto grupo y que era distinto a los demás. Esta reunión fue atroz para mí y sé que Karadima después mandó una carta al Seminario diciendo que yo estaba loco. Debido a ello fui enviado al sicólogo”.

Después del juicio, recordó Debesa, Karadima ordenó que nadie de El Bosque le hablara: “Situación parecida le ocurrió, antes que a mí, al padre Rafael Vicuña Valdés, actual párroco de Llo-Lleo. Esta sanción moral que se me aplicó duró por muchos años en que se nos hacía sentir a los disidentes como que formábamos parte de un clero de segunda o tercera clase, y ellos, de primera categoría. Esta visión era propia de los sacerdotes formados en El Bosque y creó una separación en el clero”

Juan Barros nunca ha reconocido su participación en esos juicios abusivos cometidos por Karadima y niega la existencia de la carta que recibió el rector del seminario, Juan de Castro, en la que se violó el secreto de confesión de Juan Carlos Cruz.

OBISPOS QUE VIERON BESOS Y TOQUETEOS

Cuatro años antes de que el Papa Francisco pusiera a Barros a la cabeza de la diócesis de Osorno, en marzo de 2011, CIPER publicó un reportaje que reprodujo declaraciones de una de las víctimas de Karadima, James Hamilton, quien durante años fue abusado sexualmente por el ex párroco. En ellas, aunque no los acusa como encubridores, Hamilton mencionó al obispo de Osorno y al obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, como testigos de las conductas impropias de Karadima:

James Hamilton
James Hamilton

“(Cuando evitaba subir a su pieza y no cedía a sus presiones) recuerdo que en una oportunidad mandó a varios sacerdotes, entre ellos a monseñor Arteaga, monseñor Juan Barros y otros que ya no recuerdo. Eran seis sacerdotes que me hablaron en una de las salas de reuniones del templo. Se me indicó que mi fe flaqueaba y que el padre Karadima no estaba contento conmigo y que debía rezar más y comprometerme con la parroquia. La presión fue superior a mis fuerzas y cedí nuevamente”.

También en marzo de 2011, Hamilton concurrió al programa Tolerancia Cero de Chilevisión, donde dijo:

No se olviden de Tomislav Koljatic, Juan Barros, Horacio Valenzuela, Andrés Arteaga (…). Obispos que estuvieron presentes y con nosotros veían las mismas cosas, los besos, los toqueteos. No estaban metidos en la pieza (…), pero vieron las mismas cosas. Vieron cuando les daba besos a este, vieron cuando le corría la boca o le agarraba los genitales al otro”.

El rol que jugó Juan Barros como secretario del cardenal Juan Francisco Fresno a inicios de los años 80, puesto al que llegó apadrinado por Karadima, también fue develado en las acusaciones de encubrimiento que pesan en su contra.

Poco después de la nominación de Barros en Osorno, en febrero de 2015, Juan Carlos Cruz presentó por escrito una denuncia en su contra en la Nunciatura Apóstolica (vea esa publicación de CIPER). En ella relata que la primera acusación formal contra Karadima se hizo ante el cardenal Fresno entre 1980 y 1981, casi tres décadas antes que el ex párroco fuese investigado y sancionado. Esa denuncia fue entregada, por escrito, a su entonces secretario Juan Barros, pero según la versión de Cruz, no llegó a destino:

Juan Francisco Gómez Barroilhet testificó en el juicio contra Karadima que entregó una carta a Juan Barros en el año 1980-1981 que contenía acusaciones de abusos, para que el cardenal Fresno hiciese algo. Esa carta, dice Gómez, nunca llegó a manos del cardenal y testigos cuentan que Juan Barros la habría destruido. Cada vez que alguien trataba de hablar, Juan Barros, Tomislav Koljatic, Horacio Valenzuela y Andrés Arteaga, entre otros, nos amenazaban”.

Efectivamente, en los expedientes del juicio civil que se abrió contra Karadima por las acusaciones de abuso sexual y psicológico, está la declaración de Juan Francisco Gómez Barroilhet donde dejó constancia de la ruta que habría seguido esa carta dirigida al cardenal Fresno,cuyo secretario era Juan Barros.

Juan Barros
Juan Barros

En el escrito que entregó en la nunciatura, Cruz también recordó que Barros fue útil para Karadima como informante de todo lo que ocurría en el despacho de Fresno, lo que le permitió manipular nombramientos que favorecieron al grupo de El Bosque:

Yo veía y oía las órdenes que Karadima le daba (a Barros) para conseguir cosas del cardenal Fresno (…). Una seguidilla de nombramientos hechos por el cardenal Fresno y que eran manipulados desde El Bosque. Gracias a la información que Barros le proporcionaba, ya que tenía acceso a todo en la arquidiócesis y en general en la Iglesia en Chile, Karadima siempre contaba con la última información y andaba varios pasos adelante que los mismos obispos y para qué decir del clero. Lo sé, porque lo vi y lo oí. Nombramientos como el de Andrés Arteaga, de diácono en tránsito al sacerdocio a formador del seminario, o el de Rodrigo Polanco, de seminarista de último año a formador del propedéutico, entre otros. Para qué decir lo que ocurría a sacerdotes que estaban en la lista negra de Karadima. Yo lo oía hablar con Juan Barros y planear estrategias para acusarlos”.

En su entrevista a CIPER de enero de 2012, Cruz también explicó que Karadima se sirvió de los contactos que tenía la familia del ahora obispo de Osorno con la nunciatura:

Me acuerdo que Karadima decía ‘venga mi regalía’ y la pelea era por quién se sentaba a su lado. Al futuro obispo Tomislav Koljatic siempre le gustaba sentarse al lado del cura y ponerle la cabeza en el hombro. En ese momento el cura le decía “mi regalía máxima”. Juan Barros también se peleaba por sentarse a su lado. Lo estoy viendo recostado en el pecho de Karadima, tanto cuando estábamos sentados en la mesa o cuando estábamos en la pieza. A Horacio Valenzuela, que era un joven más de campo, no lo consideraba tanto. Y Juan Barros constantemente se andaba ofreciendo a Karadima. Y el cura lo usaba, porque tenía muy buenos contactos con la nunciatura, ya que su familia le hizo un gran regalo a la nunciatura. Siempre se dijo que si Barros llegó a ser obispo fue porque tiene pitutos en ese nivel. El propio Karadima decía que Barros no es un hombre muy inteligente”.

LA RESPUESTA DE LOS DENUNCIANTES

Frente a las últimas declaraciones del Papa Francisco que respaldaron a Juan Barros, tres víctimas de Karadima que acusan el silencio y encubrimiento que le prestó el obispo de Osorno, entre otros, emitieron una declaración. James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz indican en ese comunicado que una “calumnia” es “la imputación de un hecho falso”, lo que consideran inaceptable.

Papa Francisco
Papa Francisco

Nosotros y otros testigos hemos declarado la presencia del obispo Barros durante los abusos psicológicos y abusos sexuales cometidos por el sacerdote Karadima”, sostienen los denunciantes en su declaración. Y agregan: “En la causa, y gracias a múltiples testimonios, se sabe que los miembros de la comunidad de El Bosque estaban en conocimiento de los abusos del sacerdote Karadima”.

Como pruebas del encubrimiento de Barros a los abusos de Karadima, Cruz, Hamilton y Murillo citan al menos dos episodios. El primero es el ocultamiento de la ya mencionada carta enviada al cardenal Fresno:

Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Karadima, ya en los años 80, por sus abusos. El secretario personal del cardenal era el propio obispo Juan Barros. Él se ocupó de eliminar esta carta. Estas pruebas están en la causa y en el fallo de la ministra Jessica González”.

El segundo episodio de encubrimiento que se menciona en el comunicado es el viaje que hizo Juan Barros a Roma para desacreditar a las víctimas de Karadima:

El obispo Barros, después de haberse hecho pública la acusación contra Karadima, viajó al Vaticano, junto a los obispos Arteaga, Koljatic y Valenzuela, a reunirse con monseñor Ladaria Ferrer, entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para intentar blindar al sacerdote Karadima y desacreditarnos a nosotros a través de decenas de cartas de sacerdotes y obispos cercanos a él. Esta información hoy es pública”.

Finalmente, señalan: “El Papa ha desoído todos estos hechos y nos ha acusado de faltar a la verdad, de decir calumnias (…). Todo esto es grave y creemos que revela un rostro desconocido del pontífice y de gran parte de la jerarquía de la Iglesia (…). Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y doloroso, y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos en lugares como la Iglesia Católica (…). Es ofensivo para nosotros y para todos quienes han sufrido abuso, en particular abuso clerical”.

 

Contraloría confirma reducción artificial de las listas de espera del Hospital San José en 2013

Tras cuatro años de investigación la Contraloría General de la República confirmó que las listas de espera fueron reducidas de manera artificial en el Hospital San José, tal como lo reveló un reportaje de CIPER en 2013. El lunes 4 de diciembre, el contralor Jorge Bermúdez aprobó el sumario iniciado tras esa investigación periodística y propuso la “destitución” del ex director del Hospital San José, el médico Raúl Hernán Vásquez Cataldo, y de su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de la Clínica/Policlínico Maruri (vea la resolución del contralor).

Al centro asistencial de Maruri eran derivados pacientes del San José que figuraban en listas de espera, supuestamente para recibir atención especializada. Pero, como lo comprobó la Contraloría, eso no ocurría y eran borrados de las listas aunque sus patologías no habían sido resueltas. Al retardar la real solución de sus enfermedades, el subterfugio les provocó a miles de pacientes graves problemas de salud.

Hospital San José: así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera” se tituló el reportaje de CIPER, publicado en junio de 2013, que puso en marcha la investigación de la Contraloría (vea esa investigación periodística). Ya en marzo de 2014, después de su primera auditoría al sistema que operaba en Maruri, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía por una posible falsificación de instrumento público, debido a las sospechas de que se generaron y pagaron órdenes médicas destinadas a justificar prestaciones  que no se otorgaron.

La indagatoria de la Contraloría demostró que los pacientes en lista de espera No Auge eran derivados a Maruri, donde los examinaban médicos generales y no especialistas, vulnerando las normas que regulan el sistema. Este chequeo médico insuficiente era el subterfugio para eliminar a los pacientes de las listas de espera bajo la causal de “atención realizada”. Muchos de ellos, cuando se descubrieron las irregularidades, debieron ser reincorporados a las listas. Al respecto, la conclusión de la Contraloría en la reciente resolución firmada por Bermúdez es taxativa:

Un alto porcentaje de pacientes No Auge, inscritos en el Registro Nacional de Lista de Espera (RNLE), fueron eliminados de este repositorio por haber sido supuestamente atendidos en el citado centro médico (Maruri), no obstante encontrarse irresoluta su patología, debiendo ser reingresados en lista de espera, retardando de manera inexcusable la eventual solución a sus problemas médicos, con grave afectación de sus derechos”.

Doctor Rodrigo Gutiérrez
Doctor Rodrigo Gutiérrez

La investigación determinó también una serie de irregularidades administrativas, relacionadas con la contratación y los pagos al contingente médico que trabajó en Maruri. La documentación y testimonios recabados por la Contraloría indican que –con la venia de los doctores Vásquez y Gutiérrez– se pagaron honorarios médicos sin contar con comprobantes de egreso ni con documentos que acreditaran que esas prestaciones efectivamente se realizaron. Además, se pagaron como atenciones de especialistas, en circunstancias que se trataba de médicos generales. Datos entregados por el Hospital San José indican que en el primer semestre de 2012 a estos médicos generales se les pagó en promedio $4,8 millones mensuales por atenciones especializadas, el tope aceptado por Contraloría. Estos montos provocaron fuertes críticas entre los doctores del hospital.

Ninguno de los profesionales contratados en Maruri entregó un informe de sus actividades –como lo establecían sus contratos– y las planillas con las horas y días en que debían trabajar fueron tramitadas sin más respaldo que la firma del doctor Gutiérrez.

Aunque los médicos fueron contratados con el fin exclusivo de descongestionar la lista de espera No Auge, se verificó que se pagaron injustificadamente más de 11 mil atenciones a pacientes que no formaban parte de esa nómina. En la primera auditoría realizada por la Contraloría se estimó un total de $367,9 millones en gastos sin acreditación suficiente.

Inicialmente, por su posible responsabilidad en las irregularidades administrativas, fueron investigados el ex encargado de Honorarios del Hospital San José, José Ignacio Sanyour Núñez, y el ex subdirector de Gestión y Desarrollo del mismo centro asistencial, Alexander Pérez Méndez. Ambos fueron finalmente absueltos por el contralor Bermúdez.

En el caso de Alexander Pérez, la investigación acreditó que había advertido oportunamente al entonces director del hospital, Raúl Vásquez, las múltiples irregularidades:

Se encuentra acreditado el deficiente control jerárquico y falta de supervisión en el cumplimiento de normas y requisitos para el funcionamiento de la Clínica/Policlínico Maruri, por parte del inculpado señor Raúl Vásquez Cataldo, como también en el ingreso y posterior pago de emolumentos al personal médico que laboró a honorarios en el citado recinto, situación que incluso le habría sido advertida por el subdirector de Gestión y Desarrollo de la época, afectándose el normal servicio y atención de pacientes, la mayoría de los cuales debieron ser reincorporados al Registro Nacional de Lista de Espera”.

“COMPROMISOS PRESIDENCIALES”

Citando los descargos del doctor Rodrigo Gutiérrez, la reciente resolución de la Contraloría estableció que en agosto de 2011 la Clínica/Policlínico Maruri inició sus operaciones destinadas a descongestionar las listas de espera, en el marco de los compromisos presidenciales del gobierno de Sebastián Piñera. Para ese efecto, la unidad fue montada y encabezada por el doctor Gutiérrez, quien en su declaración dijo que apenas tuvo cuatro días para equiparla y contratar al personal, recurriendo a sus ex compañeros de universidad, a quienes ofreció contrato a honorarios. En noviembre de 2011, el gobierno anunció el fin de las listas de espera para pacientes AUGE. La noticia provocó controversia cuando se detectó que la mayor parte de los pacientes habían salido de la nómina por ajustes estadísticos y razones administrativas, y no por una atención médica (vea el reportaje de CIPER: “Los ajustes estadísticos que redujeron drásticamente la lista de espera AUGE”).

sanjose_portadaTras ese hito comunicacional, el gobierno se empeñó en la reducción de las listas de pacientes No Auge. En ese contexto entró en juego el centro asistencial de Maruri, como una pieza clave de la nueva meta trazada por el entonces ministro Jaime Mañalich. El 7 de julio de 2012, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la comuna de Conchalí –sector atendido por el Hospital San José– y junto a Mañalich anunció en terreno que las listas No Auge habían disminuido de 90 mil a 40 mil pacientes en espera. Allí se comprometió a terminar con esta lista en un año: el 29 de julio de 2013, “para la fiesta de San Pedro y San Pablo” (vea el video del gobierno sobre esa actividad).

El 10 de junio de 2013, un mes antes de la fecha comprometida por el mandatario, CIPER reveló lo que estaba ocurriendo en Maruri. En noviembre de ese mismo año la unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Salud despachó un memo reservado donde se reseñaron las irregularidades detectadas en Maruri, incluyendo los antecedentes expuestos por CIPER. El destinatario de ese memo era el ministro Mañalich, quien instruyó la apertura de un sumario administrativo. El sumario ordenado por Mañalich dio origen a una denuncia ante el Ministerio Público, la que fue presentada el 17 de febrero de 2014, según confirmó a CIPER el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. La denuncia, basada en los documentos y testimonios recogidos en el mismo Hospital San José, apuntaba a la posible existencia de los ilícitos de apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios.

El último paso en esta larga historia es la resolución recién firmada por el contralor Bermúdez. Ahora, los dos inculpados –los doctores Vásquez y Gutiérrez­– tendrán cinco días hábiles, desde su notificación, para interponer un recurso de reposición ante la misma Contraloría. En favor de ambos, el contralor consideró la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, la que “será ponderada en relación a las conductas atribuidas en este caso”.

Eduardo Engel: “Con las redes sociales el costo de las campañas cayó notablemente”

Entre las grandes novedades de esta última elección –la primera después del cambio al sistema binominal- no solo está la sorprendente votación obtenida por el Frente Amplio, José Antonio Kast y Evópoli. También lo fue la ausencia de gigantografías y de “palomas” que inundaban las calles. Hubo menos gasto. El origen de ese cambio en las reglas fue la comisión que asumió el desafío de enfrentar la creciente demanda de transparencia después del estallido en 2014 del escándalo por el financiamiento ilegal de la política. Al frente de ella estuvo Eduardo Engel (ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en Estadísticas de la Universidad de Stanford y doctor en Economía del MIT), quien ha marcado la agenda anticorrupción de los últimos años desde el centro de estudios Espacio Público.

El Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, propuso una batería de medidas que incluyó limitar el gasto electoral, prohibir las donaciones de empresas y transparentar las donaciones privadas. Después de la primera elección con la nueva normativa aprobada por el Congreso en funcionamiento, Engel hace su balance:

“Este es un paso muy importante en la dirección correcta, pero no es el momento de celebrar, hay que seguir trabajando para llenar los vacíos que recién están emergiendo, para complementar con medidas que no se aprobaron en su momento, como una franja de publicidad radial, especialmente para las elecciones más locales, donde se presenten más contenidos”.

Eduardo Engel dice que la ciudadanía valoró enormemente que las calles no estuvieran tapizadas de carteles y que hubiera mayor transparencia respecto del financiamiento de las campañas:

-Los privados que aportaron salieron en los diarios, se hicieron rankings; esa misma gente antes donaba diez veces más y no sabíamos quiénes eran. Ahora sabemos quiénes son y en buena hora que estén donando de cara a todo el país. Antes donaban de forma anónima, a través de la empresa y además con un subsidio de todos los chilenos porque lo descontaban de sus utilidades. Ahora donan directamente de su bolsillo, sabemos quiénes donan, los montos son más bajos y no hay subsidio. Incipientemente, uno ve elementos que sugieren campañas con más contenido.

EL EFECTO DE LAS REDES SOCIALES

-Termina la campaña electoral y en lo referido al financiamiento de ella, la comisión que usted presidió y propuso nuevas normas, quiso que tuviesen el efecto de emparejar la cancha, dejando en igualdad de condiciones a los desafiantes. ¿Cree que se cumplió ese objetivo?

En lo relacionado con el financiamiento de la política, lo que hizo la comisión que presidí tuvo dos objetivos principales: emparejar la cancha y transparentar cómo se financia la política. El segundo, evidentemente, se cumplió: antes no sabíamos quiénes hacían la inmensa mayoría de los aportes privados y además los hacían empresas. Hoy, las empresas ya no financian la política y todos los aportes privados significativos son públicos. Un cambio radical.

-También el transparentar el financiamiento es una forma de equilibrar la cancha, de evitar que alguien entre al juego con una ventaja indebida.

Son muchas las dimensiones en que se puede emparejar la cancha. Una de ellas es mitigar la ventaja de los candidatos incumbentes frente a los desafiantes, un aspecto enfatizado especialmente por analistas  de derecha. El 19 de noviembre el número de incumbentes elegido fue el más bajo desde 1990: la mitad de los diputados hoy en ejercicio deja la Cámara en 2018. Históricamente, solo el 40% no se repetía el plato, ahora fue el 50%. Claramente hubo más rotación. Otro objetivo, tanto o más importante, es que aquellos candidatos que tienen posiciones políticas cercanas a personas de alto patrimonio no cuenten con la enorme ventaja que tenían en el pasado y, por lo tanto, se puso límites mas estrictos al gasto y con un Servel con mayores capacidades de fiscalización. Esto vino acompañado de un segundo elemento que fue muy democratizador y que no se ha analizado lo suficiente: con las redes sociales el costo de las campañas cayó notablemente.

-¿Qué efecto concreto cree usted que tuvieron las redes sociales en esta elección?

Eduardo_Engel
Eduardo Engel

Mi conjetura, porque no tengo datos duros, aunque espero que alguien lo investigue, es que parte importante del éxito del Frente Amplio (FA) fue haber entendido mucho mejor que las otras coaliciones cómo usar las nuevas redes sociales para hacer una buena campaña. Hoy, con sumas bajas de dinero, a través de Facebook, puedes llegar de manera  muy focalizada a tus eventuales electores y con mensajes bien específicos para cada uno de ellos: uno para hombres de entre 20 y 25 años, otro para mujeres de entre 55 y 60, puedes distinguir por nivel socioeconómico, etc. Todo a costos muy bajos. El desafío ya no está en tener mucho dinero, sino en tener propuestas interesantes y ser creativo para comunicarlas usando las redes sociales. Y varias anécdotas –ojalá se hagan estudios– sugieren que el FA lo hizo mucho mejor que la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

-¿Cuáles son los datos o hechos, aunque sean anecdóticos, que observó durante la campaña que le hacen pensar de esa manera?

Expertos en el uso de nuevas tecnologías, en conversaciones personales, han hecho un análisis en linea con lo que acabo de afirmar. El FA tiene gente joven, inteligente, que entiende de esto. Cuando en Espacio Público promocionamos nuestra Lupa Electoral, averiguamos algo de esto y en Facebook por $100 mil llegas a 200 mil personas con un mensaje focalizado al público al que quieres llegar, puedes segmentar. Ese es el futuro de las campañas. La antiguas gigantografías no solo no informaban nada, porque eran solo la cara del candidato, sino que además eran costosas, ya que tenías que tener a alguien que las cuidara.

-En ese sentido, pareciera que esta campaña fue menos marketera. Estábamos acostumbrados a un nombre y un eslogan; y ahora, al parecer, junto con el despliegue en redes sociales, hubo más tarea territorial para presentarle ideas al elector. ¿Será que en este nuevo rayado de cancha, el FA hizo un mejor trabajo para llegar al elector con algún discurso y no solo un folleto?  

Exactamente. Aunque sea un mensaje en Facebook, ya no puede ser solo una cara. Se necesita una frase, una idea y después un link que te lleve a algo con más contenido. Hemos iniciado un cambio cultural que no será inmediato, va a tomar tiempo. Al prohibir las gigantografías y limitar los carteles en lugares públicos, sacaste un elemento muy importante en que la lógica de campaña se parecía mucho a la promoción de una pasta de dientes: tú llegas a la farmacia y compras aquella que más recuerdas por los avisos que has visto. Esa era la lógica que había, apuntando a que el elector recuerde el nombre del candidato o candidata. Un marketing que además escondía el partido y donde no había ni una idea. Hoy se invita a campañas más programáticas.  Ese era un objetivo que buscábamos con las propuestas que hicimos en la comisión.

-Esta modalidad con más discurso, más contenido, ¿favoreció a los candidatos menos conocidos? Porque la gente más o menos sabe lo que puede esperar de Sebastián Piñera, de Alejandro Guillier, de la UDI, PS o PPD, pero sabe mucho menos de partidos como Revolución Democrática o de candidatos independientes.

En el momento en que nos manifestamos a favor de limitar el gasto en campaña, el objetivo era crear una cancha más pareja para aquellos que tienen ideas nuevas. Si el desafiante va a decir lo mismo que ya dice el incumbente, no va a tener cómo posicionarse, porque al incumbente ya lo ubican. Pero si tienes ideas nuevas, el incumbente ya no puede inundar todo el espacio público con propaganda, te tiene que dejar un espacio que haga posible que las des a conocer. Y si tú tienes ideas nuevas en un ambiente en el que las puedes difundir a bajo costo, puedes salir adelante.

-Entonces, el emparejamiento no se da solo porque se limita el gasto y la propaganda callejera, sino por innovar en las herramientas de campaña, sacar mejor rendimiento a las redes.

Las nuevas tecnologías te llevan a un tipo de campaña más barata y con más contenido, lo que se está empezando a explorar y a notar. Creo que entre las coaliciones, el FA exploró mucho mejor, pero esto está abierto para que a futuro el resto también vaya aprendiendo.

-¿Significa esto que ahora se va a demandar un nuevo tipo de profesional para la campaña?

Los servicios de Google, de Facebook, etc., son el futuro de las campañas en Chile y en todo el mundo.

-¿También para las zonas rurales, más aisladas, las poblaciones más vulnerables, donde la penetración del mundo digital es menor?

26 10 2008ELECCIONES MUNICIPALES 2008 TEMATICAS ESTADIO NACIONALDéjame darte un número: siete millones de personas tienen cuenta de Facebook en Chile. No es todo Chile, es cierto, pero tampoco es solo ABC1 y C2. Una mitad de Chile tiene y ese número va creciendo a pasos agigantados. Entonces, efectivamente hay comunas muy rurales o muy pobres donde esto no es relevante, pero no estamos hablando de Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina. ¡Son siete millones! Claramente, al FA le fue muy bien en Maipú y lo que ocurrió en esa comuna es un elemento para pensar que esto no es un fenómeno de una pequeña elite.

-Estas nuevas vías para conectarse con los ciudadanos, ¿habrán generado que votara gente que no tenía historia electoral?

No hay datos para asegurar eso. Todo el mundo especula en Chile a partir de la anécdota. Puede ser, pero me gustaría ver datos para hacer una afirmación de ese tipo. Un dato duro y que no se ha aquilatado lo suficiente es que, por primera vez desde 1989, se detuvo la caída en la participación. Hubo una recuperación, aunque de niveles muy bajos. En la municipal de octubre de 2016, la participación fue bajísima, sólo 4,9 millones. Lo habitual es que en la presidencial que sigue a una municipal vote un 15% más, lo cual auguraba 5,7 millones. Sin embargo, el 19 de noviembre votaron 6,7 millones: una recuperación de un millón de votos. Es decir, hubo una recuperación importante en participación, la tendencia sistemática a la baja desde 1990 por primera vez se revirtió. Es una recuperación que probablemente refleje una combinación de varios factores, entre ellos el reemplazo del sistema binominal por uno mucho más competitivo. Antes, casi siempre se elegía un candidato de cada coalición, ahora hubo mucho más oferta, era menos obvio quién ganaba y, por lo tanto, el escenario era mucho más competitivo. Otro factor para la recuperación fue que al menos en Santiago, Valparaíso y Concepción, hubo transporte público gratuito: Metro, Merval y Biotren. Esa fue una de las propuestas que hicimos en la comisión y que no se aprobó, pero que ahora se está llevando a cabo de a poco: transporte público gratuito el día de elecciones.

-¿Habrán sorprendido las nuevas reglas a partidos que estaban desacostumbrados a la calle y a la discusión en las redes sociales? Para mucha gente que no vio las grandes movilizaciones electorales de los años 60, 70 y fines de los 80, fue una novedad ver voluntarios que no solo repartían papelitos, sino que conversaban, articulando un discurso.

He escuchado anécdotas que son alentadoras y me encantaría ver un trabajo sistemático documentándolo. Espero que profesionales de Ciencias Políticas estén haciendo un trabajo que lo formalice, más allá de la anécdota, para tener una medición de este fenómeno y, además, ver cómo campañas más propositivas se van ojalá reforzando y acentuando. Ya tuve algunos de estos relatos anecdóticos para la municipal anterior, gente que me decía: “Primera vez que se acerca un candidato a hablarme”. Historias interesantes e inspiradoras, pero se precisa un trabajo más sistemático para no dejarse llevar por cosas que uno quisiera que ocurran, pero no siempre suceden.

-¿Hasta qué punto la autopercepción que pueden tener ahora los desafiantes, de sentirse más competitivos, genera más interés del ciudadano? Porque al tiempo que se entusiasman los representantes del Frente Amplio, la derecha tiene que tratar de detenerlos. ¿No le parece que este es un cuadro electoral donde pareciera que vuelve a haber algo de fondo en juego?

La campaña se hace mucho más competitiva. Antes, en la elección parlamentaria, en casi todos los distritos tú sabías que uno de los candidatos electos iba a ser de la Concertación y el otro de la centroderecha. Acá hubo una campaña en que realmente hasta el último día no sabías quién salía electo, donde hubo senadores y diputados emblemáticos que perdieron, donde ganaron algunos que nadie esperaba. ¿Quién esperaba el senador que obtuvo en Valparaíso el FA y que era prácticamente desconocido hasta el día anterior? Hay gente nueva que emerge y otros que todo el mundo esperaba que siguieran y que no lo lograron.

VACÍOS EN LAS RENDICIONES DE GASTOS

-Durante el trabajo de la comisión que usted presidió un punto que se discutió fue que la fuerte limitación de los aportes privados podía terminar aumentando los aportes propios de los candidatos con alto patrimonio. ¿Se observó eso en la campaña?

Con la legislación antigua no había límites para el financiamiento de campaña en base al patrimonio del candidato. Con la legislación aprobada el 2016 este financiamiento no puede ser más del 20% del gasto total permitido. Donde hubo más críticas fue por los problemas que tuvieron algunos candidatos para obtener crédito, el que cancelan luego de la elección con el reembolso que obtienen del Estado por cada voto. Hubo quejas de las campañas de Guillier y de Goic, pero finalmente obtuvieron crédito. Es importante analizar lo que sucedió y sacar las lecciones pertinenes,  porque las campañas son periodos muy tensos, los candidatos están bajo mucha presión, y cuando algo no les funciona rápidamente buscan un culpable, y las reformas al financiamiento político pueden haber terminado siendo el chivo expiatorio. Lo que tenemos ahora son campañas con más financiamiento público y menos aporte privado y eso me parece bien. Por eso, las platas que obtienen los candidatos por cada voto aumentaron en un tercio (en UF), y un 25% adicional para las mujeres candidatas. Todo esto, a sabiendas de que el financiamiento privado iba a ser menor.

-¿En qué proporción ocurrió eso?, ¿cuánto pesaron realmente en esta campaña los aportes privados versus los públicos?

Las cifras que están disponibles en nuestra Lupa Electoral efectivamente sugieren -porque faltan los datos finales- que la importancia del financiamiento público es mayor que en el pasado, mientras que la del privado es menor. Y eso está bien, porque el financiamiento público es mucho más democrático al ser proporcional a los votos que obtienes. En cambio, el financiamiento privado premia a quienes tienen posiciones más cercanas a los que tienen alto patrimonio, entonces obviamente tiene un componente que no es representativo de las preferencias ciudadanas. Ese factor, que históricamente en Chile fomentaba una tremenda desigualdad, mantiene alguna presencia, pero es muchísimo menor que en elecciones anteriores.

También es bueno que ahora haya límites más estrictos a los aportes que puede hacer una persona determinada a una campaña, y además, se sabe quién está donando y eso ayuda a evitar la captura de la política. Si después un parlamentario apoya una legislación alejada de los intereses de quienes votaron por él o ella, puedes ver quién lo financió y llegar a las conclusiones que estimes.

-¿No se conoce algún estudio de causalidades con estas nuevas normas de límite y transparencia en otros países?

Hay un estudio reciente basado en una reforma que hubo en Brasil, que tiene la peculiaridad de que permite hacer la identificación causal de una manera clara: el cambio legal que se introdujo fue tal que hubo comunas muy parecidas donde algunas tuvieron un gasto máximo permitido mucho menor que otras, de modo que se pudo comparar las elecciones municipales en los dos tipos de comunas y determinar el impacto del límite al gasto. Esto es importante, porque el argumento que enarbolan típicamente en la derecha en Chile es que poner límite al gasto perjudica a los desafiantes. En el caso brasileño la evidencia es que no fue así, por el contrario, donde las limitaciones de gasto fueron más estrictas hubo más competencia y a los incumbentes les fue peor. Entre los autores de este trabajo hay líderes mundiales académicos en este tipo de estudios.

-También se dijo que la baja de los aportes privados podía ser un incentivo a los aportes ilegales. ¿Hay algo que haya observado en esta elección que permita concluir algo así?

Presidenta Bachelet, recibe informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Presidenta Bachelet y Eduardo Engel en la ceremonia de entrega del informe del Consejo Asesor.

Hacer eso hoy es mucho más riesgoso que antes de los cambios a la ley, porque antes los ilícitos en materia de financiamiento solo podían ser denunciados por los presidentes de partidos. Hoy, cualquier ciudadano puede hacerlo y el riesgo es mucho más alto. Sin embargo, subsiste una preocupación importante que con el tiempo se va a ir subsanando: no hay ningún indicio de que el Servel haya hecho estimaciones del gasto en campaña de una muestra de candidatos. Creo que en esta elección no es grave que no lo haya hecho, pero en el futuro, si queremos que este sistema funcione bien, es muy importante que el Servel tenga los recursos y las ganas de tener estimaciones independientes sobre cuánto fue el gasto electoral. Porque esa es la mejor forma de detectar cuando hay “maletín” de por medio. Si el Servel estima que una persona gastó 300 y rindió por 150, la pregunta obvia es por qué se produjo esa diferencia: o la explica o presumo “maletín”. Yo vengo mirando este problema desde hace años y siempre he insistido en que ese trabajo de cuantificar el gasto en campaña de los candidatos es clave. La ley le permite al Servel hacerlo, ojalá lo esté haciendo, pero no hay ningún indicio público de que lo haya hecho en esta elección.

-La ley se lo permite, ¿pero tiene el Servel la capacidad para hacerlo? ¿Puede hacer la fiscalización al punto que requiere el sistema como usted lo plantea? La experiencia indica que un guardián sin dientes no es un buen fiscalizador.

El Servel tiene las potestades legales. En cuanto a los recursos, cuando se vio el proyecto en el Congreso se dejaron algunas cosas como optativas, porque no había plata en ese momento. Es cosa de ponerlo en la discusión del presupuesto del año correspondiente y que la ciudadanía ponga presión y esos recursos pueden perfectamente estar. El Servel está en una transición con muchos desafíos nuevos, no puede hacer todo de una vez. Hay cosas en que claramente ha mejorado la gestión del Servel y lo hizo bien.

-¿Cuánta plata se movió en esta campaña, en comparación a las anteriores?

Hay un problema que dificulta responder esa pregunta. Tenemos en la Lupa Electoral las cifras que se conocen, pero hay un tema que el Servel debiera modificar: la ley dejó un vacío respecto a los aportes en especies que hacen los partidos a sus propios candidatos…

-Eso fue lo que distorsionó el cálculo del gasto real en la municipal pasada.   

Exacto. Los partidos rinden los gastos en especies solo después de la elección, de modo que conoceremos esas cifras de aquí a seis meses. Esto representa un riesgo para burlar los límites al gasto:  si un partido informa al Servel que en especies gastó 100 en cada candidato, pero en realidad gastó mil en uno que le importaba mucho y se excedió con ese candidato en el límite del gasto, eso el Servel no lo fiscaliza. Para evitar esto, el Servel debiera exigir que los partidos le informen durante la campaña del gasto en especies destinado a cada candidato.

-Es decir, que al momento de la compra del servicio de campaña, el partido informe cómo se distribuye entre sus candidatos.

Que se informe al Servel cómo se prorratea entre los distintos candidatos. De modo que el día de la elección sepamos todos esos gastos y, por lo tanto, tengamos la respuesta a tu pregunta sobre cuánto se gastó en esta campaña. En este momento tenemos una estimación que va a subestimar la cifra total, porque nos faltan todos los aportes en especies de los partidos.

-¿Cómo distorsionó esa carencia la suma de los gastos en la última elección municipal?

Hubo partidos en los cuales el gasto en especies, carteles, etc., fue grande. En cuanto a monto absoluto, el de la UDI fue el más grande: con $50 millones en aportes conocidos antes de la elección municipal versus más de $800 millones conocidos seis meses después. La diferencia fue casi igual de grande para el PPD. La forma en que nos dimos cuenta de esto fue cuando ingresaron los datos al Servel, y al analizarlos en Espacio Público, aparecían distintos partidos dando plata y la UDI cero. A la semana siguiente, nuevamente la UDI aparecía con cero pesos. La UDI no estaba pasándoles plata a sus candidatos y no entendíamos qué estaba pasando. Me topé con un dirigente de la UDI en algún foro y le pregunté. “Nosotros gastamos bien la plata del Estado y lo que hacemos es que compramos todos los carteles centralizadamente y después los distribuimos”, me respondió. Y bueno, el día de la elección municipal la UDI apareció gastando $50 millones y los otros partidos $300 millones, $400 millones, $500 millones.

-Como muchas otras cosas, esa sub-declaración de gasto electoral no es un ilícito, pero es un vacío que se debe corregir.

Exacto. Y es el tipo de vacíos que si no se corrige, los partidos lo van a utilizar más y más. Y, por lo tanto, se va ir perdiendo parte del espíritu con el que se legisló.

-Así y todo, tuvimos una elección más transparente.

Es evidente, y los ciudadanos lo pudieron ver, que fue una elección en que se gastó mucho menos y donde conocimos los nombres y montos de los principales financistas privados. Recordemos que en las elecciones anteriores lo que conocíamos era la parte que se gastaba legalmente, pero después supimos que había un montón de plata ilegal encima de esa. Ahora, claramente, se ve que se gastó mucho menos y tuvimos una cancha mucho más pareja. La mejor evidencia es que irrumpe un nuevo sector político y ni ellos mismos esperaban la votación que obtuvieron. Más allá de todo lo que pasó con las encuestas, lo del Frente Amplio es espectacular, pero lo de Evópoli también es interesante.

-Y la votación de José Antonio Kast…

Menciono el Frente Amplio y Evopoli porque son fenómenos que van más allá de un candidato presidencial.

Las pugnas y negociaciones para instalar en Chile el poder político evangélico

En los últimos diez años la llamada Catedral Evangélica, el emblemático templo de Alameda con Jotabeche, ha sido epicentro de soterradas disputas por el control de una de las vertientes más grandes e influyentes del mundo protestante chileno: la Iglesia Metodista Pentecostal. Una pugna que ha enfrentado a varios obispos y cuyo premio es el pastoreo del numeroso rebaño de fieles que frecuentan ese culto, cuyos diezmos y ofrendas podrían superar los $35 millones mensuales, según cálculos que hacen directivos de otras congregaciones.

Contar con la llave de esa caja de fondos no es el único objetivo de quienes han atizado estas disputas. En el último tiempo se puso en juego el logro de otra meta: acumular una importante cuota de poder político con la creación de una bancada parlamentaria que reproduzca en Chile lo que ya ocurre en Brasil y Colombia, donde la comunidad evangélica es uno los actores políticos más relevantes.

Eduardo Durán, líder de Coniev.
Obispo Eduardo Durán Castro, líder del Coniev.

La carrera por administrar los votos de los chilenos que se declaran evangélicos, unos 3,5 millones de personas que organizados y coordinados podrían decidir cualquier elección, ya está lanzada entre los principales líderes de esa corriente religiosa.

El deceso, en 2003, del influyente obispo Javier Vásquez –quien cultivó amistad con Augusto Pinochet e instauró el Te Deum evangélico cuando la Iglesia Católica enfrentaba al régimen militar– marcó la partida de los profundos quiebres en la Iglesia Metodista Pentecostal. Los obispos Bernardo Carter y Roberto López, así como el pastor Jorge Vásquez –hijo de Javier Vásquez–, son algunos de los que cosecharon derrotas en esta larga pugna por heredar el liderazgo espiritual y material de la poderosa congregación.

De estos enfrentamientos surgió la figura incombustible del obispo Eduardo Durán Castro, quien pavimentó su exitoso camino al liderazgo con varios episodios controversiales, los que incluyen la formación en secreto de una nueva congregación –que reclamó como patrimonio propio el templo de Jotabeche– y la caída del obispo Roberto López desde la jefatura de la iglesia, después de ser acusado de haber sido agente de la CNI, precisamente cuando estaba enfrascado en una ácida disputa con Durán.

La vacante que dejó López catapultó a Durán al principal sillón de su iglesia. En paralelo, la prosperidad económica comenzó a acompañarlo: según información publicada por La Tercera, en los últimos diez años adquirió 14 propiedades habitacionales, nueve estacionamientos y cuatro bodegas, las que suman una tasación fiscal de $986 millones. El mismo reportaje indica que es propietario de seis vehículos: dos camionetas, un furgón, una station wagon 4×4 de 2016 y dos autos Ford de colección, uno de 1928 y otro de 1929. Su hijo, Eduardo Durán Salinas, actual candidato a diputado y autor del discurso que vapuleó a la Presidenta Michelle Bachelet en el último Te Deum, acumula un patrimonio similar: cinco bienes raíces que suman una tasación fiscal de $815 millones.

Obispo Jorge Méndez, líder del Consejo Nacional
Obispo Jorge Méndez, líder del Consejo Nacional de Obispos.

Afianzado en el liderazgo de su iglesia y favorecido por la bonanza económica, el obispo Durán abrió otra puerta para fortalecer su posición: la del poder político. Desde la campaña presidencial de 2009, ha tejido una estrecha alianza con Sebastián Piñera. Un vínculo que se ha reforzado de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo mes. El obispo forma parte del Consejo Ciudadano que asesora al presidenciable, instancia que además integran otras cuatro figuras del mundo evangélico: el obispo Jorge Méndez (presidente del Consejo Nacional de Obispos y Pastores), Erika Muñoz (candidata a diputada de la UDI), Aldo Pinuer (alcalde de La Unión, independiente) y Daniel Agusto (alcalde de Calama, RN).

Si los resultados de la jornada electoral del 19 de noviembre se dan tal como lo tiene previsto la cúpula que hoy domina el templo de Jotabeche, Piñera debiese timbrar su boleto de retorno a La Moneda y, al mismo tiempo, Durán Castro se asegurará un lugar de privilegio en la galería histórica del protestantismo chileno al ungirse como el líder espiritual que impulsó la primera bancada parlamentaria evangélica.

NEGOCIANDO CON PIÑERA

La Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 escaños. De ellos, 75 forman parte de la poderosa bancada evangélica. A este grupo se suman otros parlamentarios que han recibido financiamiento y apoyo de estas iglesias, por lo que son más de 190 diputados los que votan de acuerdo con las directrices del credo. Los negocios que prosperan por esta bullente actividad política (asesorías parlamentarias, propaganda, redes de TV y radio) multiplican el interés de los pastores. El apoyo evangélico, por ejemplo, fue fundamental para sacar a Dilma Rouseff del gobierno. En Colombia, las cosas evolucionaron de manera similar, al punto que el voto evangélico desequilibró a favor del “No” el plebiscito sobre los acuerdos de paz con la guerrilla.

Obispo Emiliano Soto, líder de la Mesa Ampliada
Obispo Emiliano Soto, líder de la Mesa Ampliada.

Mirando ejemplos tan fecundos como los de Brasil y Colombia, el camino de los evangélicos chilenos hacia la participación política confesional comenzó a abrirse en 2009. Ese año, la entonces principal organización de iglesias evangélicas, la Mesa Ampliada, se aprestaba a dar su apoyo al candidato presidencial Eduardo Frei en un acto que se desarrollaría en el Círculo Español. El obispo Jorge Méndez, líder de otra entidad que agrupa a los evangélicos, el Consejo Nacional, señaló a CIPER que entonces, junto al obispo Durán, decidieron formar un bloque para respaldar a Piñera:

-Tuvimos varias reuniones con Sebastián Piñera. Estuvimos en la parcela de Eduardo Durán, lo invitamos para conversar, y luego nos reunimos en la catedral.

En esas reuniones, indicó Méndez, le pidió a Piñera que integrara a su gobierno al hijo del obispo Durán, Eduardo Durán Salinas, quien había sido derrotado como candidato a diputado por Lota y Coronel en esas elecciones de 2009. Piñera acogió la petición y lo nombró gobernador de Ñuble. Ese gesto selló un vínculo de confianza que se ha robustecido con los años.

Ya instalado en La Moneda, Piñera aceptó como representantes protocolares de las iglesias evangélicas a Méndez y Durán, desplazando al obispo Emiliano Soto, líder de la Mesa Ampliada. Esta nominación generó mucho ruido al interior de la Iglesia Metodista Pentecostal, porque hasta ese momento esa corporación estaba encabezada por el obispo Roberto López y Durán solo era el jefe del templo de Jotabeche. Este choque por los rangos fue uno de los primeros síntomas públicos del quiebre definitivo que en 2011 separaría las aguas entre López y Durán.

Eduardo Durán Salinas (RN), candidato a diputado.
Eduardo Durán Salinas (RN), candidato a diputado.

En este escenario, el sector encabezado por Durán creó una nueva organización para agrupar iglesias: el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas (Coniev). De esta forma, hasta hoy existen tres grandes conglomerados que representan al mundo evangélico: la Mesa Ampliada (liderada por Emiliano Soto), el Consejo Nacional (Jorge Méndez) y el Coniev (Eduardo Durán).

La alianza entre el Consejo y el Coniev para apoyar al gobierno de Piñera, siguió dando frutos: la plataforma política Por un Chile para Cristo, el paraguas que cobija las 11 candidaturas parlamentarias de este sector de la iglesia evangélica que se presentan a la elección del próximo mes. Esta iniciativa, dirigida por los hermanos Alan y Eddy Roldán, además de Eduardo Durán Salinas, es la principal promotora de la bancada evangélica.

El obispo Jorge Méndez contó a CIPER que las primeras conversaciones para organizar candidaturas evangélicas se hicieron con el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. Pero la iniciativa cuajó mucho después, en 2015. Ese año, señaló Méndez, los líderes del Consejo y el Coniev se reunieron con Piñera para pedirle que en 2017 se presentara nuevamente en la carrera a La Moneda. Entonces, le manifestaron que había un grupo de “hermanos” dispuestos a postular al Congreso, para respaldar su opción presidencial.

En noviembre de 2015, los obispos Durán, Méndez y Hedito Espinoza, entre otras prominentes figuras del mundo evangélico, se reunieron en un almuerzo privado en el Hotel Fundador, en Santiago. Allí, los hermanos Roldán y Eduardo Durán Salinas, presentaron la iniciativa Por un Chile para Cristo. En esa cita explicaron que el nuevo distritaje que debutaría en las parlamentarias de 2017 abría opciones claras para conseguir escaños en la Cámara. También expusieron que una agresiva oposición a la agenda de proyectos valóricos que impulsaba el gobierno (aborto por tres causales, matrimonio igualitario e identidad de género) sería el eje de campaña ideal para alinear los votos de los feligreses.

Mario Desbordes.
Mario Desbordes, secretario general de RN.

Los obispos presentes no solo aceptaron la propuesta, sino que pidieron ampliar las proyecciones de candidaturas a nivel nacional, ya que hasta ese momento solo se consideraba la Región Metropolitana. Finalmente, se inscribieron 11 candidaturas agrupadas en Por un Chile para Cristo: cinco en cupos de RN, cuatro independientes, una de la UDI y una de Democracia Regional Patagónica (vea la nómina completa de los candidatos y sus distritos).

Los cupos que facilitó RN, señaló el obispo Méndez, fueron solicitados directamente a Sebastián Piñera en reuniones en las que él participó junto al obispo Durán. A comienzos de este año, dijo, el ex mandatario les respondió positivamente. Los detalles para definir los cupos en la plantilla, indicó el obispo, se discutieron con el presidente de RN, Cristián Monckeberg, y su secretario general, Mario Desbordes.

LA VERSIÓN DESPOLITIZADA

El vocero del Coniev, Cristián Nieto, militante de RN y ex candidato a diputado de ese partido por Cerro Navia y Quinta Normal, entregó a CIPER una versión distinta a la del obispo Méndez. Según dijo, la plataforma Por un Chile para Cristo no fue hecha para respaldar a Sebastián Piñera, sino para acoger a todos los evangélicos que tengan aspiración de llegar al parlamento y que sean representativos de sus congregaciones. “Está abierta a todos, de derecha a izquierda”, señaló Nieto.

Aunque entre las 11 candidaturas que impulsa la plataforma no hay postulantes de centroizquierda, Nieto dijo que están apoyando nombres de la Nueva Mayoría que se presentan a las elecciones de consejeros regionales, pero no los identificó.

Sobre la forma en que se consiguieron los cinco cupos de RN para presentar candidatos evangélicos, Nieto dijo que él conversó con representantes de diversos partidos –de derecha a centroizquierda– y que solo los de RN estuvieron dispuestos. La integración, indicó, no fue fruto de una negociación política sino de conversaciones que llevó él, personalmente, con Cristián Monckeberg y Mario Desbordes, debido a que mantiene con ellos una antigua amistad.

Cristián Nieto, vocero de Coniev.
Cristián Nieto, vocero del Coniev.

Una versión similar a la de Nieto es la que entrega el director ejecutivo de Por un Chile para Cristo, Alan Roldán. “Es una coincidencia que la mayoría (de los candidatos) sea de RN, porque nosotros nunca hemos hablado con ese partido”, asegura, y explica que cada candidato debía gestionar su cupo si era militante de alguna colectividad. “La diferencia es que RN le abrió las puertas al mundo evangélico. Podríamos buscar gente que está en la DC, en el PPD, pero jamás les van a dar los cupos”.

Roldán reconoce que la plataforma no integra a todos los candidatos del mundo evangélico, pero explica que esto se debe principalmente a los requisitos de entrada que impusieron: tener asegurado el financiamiento de la campaña y contar con la aprobación del obispo presidente de la iglesia a la cual pertenecen. Así, aclara, se aseguran de que todos los candidatos sean evangélicos “de cuna”.

El sueño cumplido, según el director ejecutivo, sería obtener entre tres y cinco candidatos electos, para continuar el trabajo como bancada evangélica. Luego, prepararse para las elecciones municipales de 2020 y en las próximas parlamentarias ampliar su presencia con candidatos al Senado, hasta alcanzar el objetivo final: presentar un candidato presidencial evangélico con reales posibilidades para el año 2038.

La apuesta no es descabellada. “Nosotros venimos copiando lo de Brasil”, afirma el obispo Jorge Méndez. Allí, el número de evangélicos en cargos políticos ha crecido vertiginosamente durante las últimas décadas: eligieron al alcalde de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande del país, votaron senadores, formaron una poderosa bancada de diputados y pusieron en la presidencia de esa cámara entre 2015 y 2016 a Eduardo Cunha, uno de los principales arquitectos del impeachment contra Dilma Rouseff.

Pero no es solo Brasil el ejemplo. Cristián Nieto dice que ha viajado por Colombia, México, Perú y Ecuador, recogiendo las experiencias de las comunidades evangélicas que se han lanzado al ámbito político.

Actualmente, en Chile hay al menos cuatro partidos evangélicos en formación: Unidad Cristiana Nacional (Temuco), Nuevo Tiempo (Antofagasta), Unidos en la Fe y Partido Cristiano Ciudadano (ambos en Santiago). Hay dos candidatos de la plataforma Por un Chile para Cristo que provienen de estas organizaciones: Freddy Araneda (Nuevo Tiempo) y Edgardo Sepúlveda (Unidad Cristiana Nacional), aunque ambos se inscribieron como independientes ya que sus colectividades aún no se legalizan.

Alan Roldán estima que este no es el momento de formar un partido, ya que primero se debe reeducar cívicamente a la comunidad: “Recién estamos convenciendo a nuestra gente de ir a votar”. Se apura en aclarar que las discusiones políticas deben ir separadas de lo que ocurre dentro de las iglesias. Sin embargo, reconoce que se ha reunido en la Catedral Evangélica con el obispo Durán -entre otros pastores- y los candidatos Eduardo Durán hijo y su propio hermano, Eddy Roldán, para discutir lo que será la “agenda evangélica” durante el próximo gobierno: “Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que el Sename se lo pasaran al mundo evangélico”.

KAST METE LA COLA

La campaña electoral basada en una cerrada oposición a la agenda valórica del gobierno tuvo su punto más álgido en el pasado Te Deum. En un hecho sin precedentes, ocupó el púlpito un diácono y no un obispo o pastor, como había ocurrido siempre. No era cualquier diácono, era Eduardo Durán Salinas, el hijo del obispo Durán. Desde la testera del templo de Jotabeche no solo encaró duramente a la Presidenta Bachelet por el aborto en tres causales y el proyecto de matrimonio igualitario, sino que lanzó un discurso con un claro tinte de campaña:

Los chilenos tendrán oportunidad de elegir a quienes nos conducirán durante los próximos cuatro años y hoy, como nunca, el pueblo cristiano se ha puesto de pie para decir basta de esos servidores que visitan nuestros templos y que luego promueven leyes que van en contra de todo lo que profesamos”.

Presidenta saliendo del último Te Deum evangélico
Presidenta Bachelet saliendo del último Te Deum evangélico

La protesta del gobierno por lo que se consideró un trato vejatorio para la Presidenta, fueron seguidas por una conferencia de prensa, presidida por el obispo Durán, en la que el Coniev anunció el enfriamiento de sus relaciones con La Moneda.

El quiebre puede seguir escalando. Para este domingo 29 de octubre está programada una gala en la Catedral Evangélica en conmemoración de los 500 años de la reforma protestante. Según explicó Cristián Nieto, la Presidenta está invitada, pero no ha habido respuesta de La Moneda. También se cursaron invitaciones a los candidatos presidenciales y no estaba claro si asistiría Piñera. De hacerlo, aunque esta vez no habrá homilías ni discursos desde el púlpito, el “aplausómetro” de la feligresía puede ungir definitivamente al ex mandatario como el abanderado de este sector evangélico. Aunque si también se presenta José Antonio Kast, es probable que los aplausos se repartan entre ambos.

La incesante campaña que presenta la agenda valórica del gobierno como una obra del demonio y un paso hacia la degeneración de Chile, ha calado profundo en algunas congregaciones donde se ve a Kast como un candidato más firme que Piñera. Por lo mismo, la reunión que la semana pasado sostuvo Andrés Chadwick, jefe político de la campaña de Piñera, con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), fue fuertemente criticada en el mundo evangélico que respalda al ex presidente. Los dirigentes del Movilh declararon que en esa cita, y en referencia al proyecto de matrimonio igualitario, Chadwick habría dicho que un eventual gobierno de Piñera no se opondría a los proyectos de ley que ya se estén tramitando.

Al día siguiente, el viernes 20, Chadwick grabó un mensaje de audio dirigido a pastores evangélicos, tratando de bajar los decibeles a la controversia: “Creo necesario poder darles una explicación, porque hemos dado una larga batalla juntos por nuestros valores y principios y no queremos que malas interpretaciones la puedan debilitar”. El delicado equilibrio que debe hacer el comando de Piñera para buscar el voto duro de los evangélicos, sin que se le desordene su polo liberal (Evopoli y Amplitud), presenta fisuras a las que Kast pretende sacar partido:

“El voto del pueblo evangélico es crucial. Si queremos corregir el rumbo del país, reconstruir la integridad moral de nuestras instituciones, luchar con fuerza por el derecho a la vida y la promoción de la familia, es el momento en que el pueblo evangélico unido debe alzar su voz y manifestar su preferencia”, dijo Kast –en una declaración registrada por el diario Pulso–, justo en la víspera de la cita entre Chadwick y el Movilh. De hecho, el presidenciable conservador ya cuenta con el apoyo explícito del grupo evangélico Unidos por la Fe y de dos candidatos de Por un Chile para Cristo: Edgardo Sepúlveda y José Aburto.

Las eventuales manifestaciones que puedan surgir en la gala del domingo 29 en el templo de Jotabeche, son miradas con preocupación por otras congregaciones:

-Es una pena que una fecha tan simbólica para los evangélicos corra el riesgo de terminar instrumentalizada. Históricamente, las iglesias evangélicas han aceptado que los hermanos que tienen vocación política se presenten a elecciones, de izquierda o derecha. Pero esto es distinto, aquí se está nombrando candidatos y haciendo campaña desde dentro de las iglesias y el resultado son este tipo de manifestaciones. Se cruzó una línea -dijo a CIPER un pastor pentecostal que prefirió la reserva de su nombre para evitar roces con el sector de Durán.

Que se está haciendo política desde el interior de los templos, no es un decir. El pasado lunes 23 CIPER constató que en la catedral de Jotabeche se efectuó una reunión de coordinación entre directivos del Coniev y algunos candidatos de Por un Chile para Cristo.

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Reunión del 23 de octubre en la Catedral Evangélica

LA LARGA MARCHA DE DURÁN

Bajo un aspecto frágil, pero vital, con una voz acogedora y un trato cordial, el obispo Eduardo Durán Castro se abrió paso hasta la cúspide de la Iglesia Metodista Pentecostal y bajo su liderazgo se inició el camino que pretende convertir al mundo evangélico en un factor político determinante. Días antes del polémico Te Deum de septiembre pasado, se dirigía así a sus feligreses, preparando lo que venía:

No estamos en el parlamento donde se hacen las leyes, son los diputados y senadores los que aprueban los proyectos. Por eso, siempre he dicho que la voz de la iglesia en la legislación no se escucha. Vamos, exponemos, queda en las actas del Congreso, pero nada más. En el momento de votar, ahí hacen lo que quieren. Ahora bien, cuando tengamos nuestros hermanos de todo el país que sean diputados y senadores, va a cambiar la cosa, porque ahí se va escuchar la voz de la iglesia con poder de decisión”.

Antes de convertirse en piedra angular de su congregación y próspero propietario de bienes raíces, Eduardo Durán trabajaba en la Sociedad Bíblica. Integró el equipo de Relaciones Públicas de la Catedral Evangélica y a comienzos de los ‘90 asumió la dirección de las comunicaciones de la corporación Iglesia Metodista Pentecostal. En ese cargo conquistó la confianza del obispo Javier Vásquez, convirtiéndose en uno de sus asesores más cercanos. A la muerte de Vásquez oficiaba de hecho como secretario personal del obispo y de su mano había conocido todo el trajín, público y privado, del liderazgo religioso.

El deceso de Vásquez en 2003 dejó dos cargos vacantes: la presidencia de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal (que agrupaba a todas las iglesias de esa corporación a nivel nacional) y la jefatura local del templo de Jotabeche. A la cabeza de la corporación quedó el obispo Bernardo Carter, secundado por el obispo Roberto López. Durán heredó el cargo que Vásquez tenía en Jotabeche: fue designado pastor gobernante de ese templo, cargo al que también aspiraba Jorge Vásquez, hijo del obispo fallecido.

El equilibrio entre las nuevas autoridades resultó precario. En 2007, tras tres años de disputas, 92 de los 320 pastores de la iglesia se desligaron de Carter, acusando una administración autoritaria, y se reagruparon bajo la dirección del obispo López.

Conocedor del tramado que había tejido Vásquez en su largo gobierno al mando de la iglesia, Durán sabía que en 2001 el histórico obispo había creado una corporación de derecho público que coexistía con otra corporación de derecho privado que era propietaria de todos los inmuebles de la iglesia. Vásquez presidió ambas y, a su muerte, las dos quedaron acéfalas. Durán también sabía que Carter solo había heredado el timón de la corporación pública, por lo que la corporación privada estaba en receso y seguía descabezada. Con ese dato, Roberto López agrupó a los pastores disidentes bajo la corporación privada, organización que contaba con la propiedad de todos los templos, lo que generó una áspera negociación con Carter.

A pesar del rol crucial que jugó para fortalecer a López, Durán no encontró en el nuevo jefe la misma red de confianzas que había tejido con Vásquez. Una nueva disputa por el poder se estaba incubando. El papel clave que desempeñó en la formación del Coniev y el respaldo que brindó a la exitosa campaña de Piñera en 2009, elevó a Durán a representante protocolar del mundo evangélico ante La Moneda. La escalada le dio piso para enfrentar a López en 2011. En enero de ese año, Durán inscribió en el Ministerio de Justicia una nueva iglesia: Catedral Evangélica de Chile Jotabeche 40 Metodista Pentecostal, registrando como domicilio Alameda 3644, el inmueble que alberga la catedral (vea el registro publicado en el Diario Oficial).

Último Te Deum en la Catedral Evangélica
Último Te Deum en la Catedral Evangélica

La nueva entidad se mantuvo en reserva durante meses, hasta que la corporación presidida por el obispo López se enteró de su existencia y se desató la pugna por el control del simbólico templo (vea el comunicado de la corporación sobre ese quiebre). En medio de la disputa, en abril de 2011, la agencia EFE difundió documentos de la Armada que demostraban que López, ex suboficial de la marina, había sido agente de la CNI. La denuncia selló el destino del obispo López y allanó el camino de Durán a la cima de su iglesia.

Con el retorno de Michelle Bachelet en 2014, el obispo Emiliano Soto, jefe de la Mesa Ampliada, volvió a ocupar el rol de representante de las iglesias evangélicas ante las autoridades, desplazando al grupo de Durán. Al año siguiente, en silencio, los obispos Durán y Méndez le pidieron a Piñera que repostulara y lanzaron el plan para generar la bancada evangélica.

El discurso anti agenda valórica que se ha agitado desde 2016 para posicionar a los candidatos a la Cámara le abrió un nuevo frente de conflicto al grupo de Durán: una disputa subterránea con el obispo Soto y la Mesa Ampliada, la que irrumpió tras la controversia desatada por el último Te Deum.

El Coniev se formó, dice Cristián Nieto, porque los representantes evangélicos ante el gobierno –la Mesa Ampliada– eran “complacientes” y no expresaban con suficiente fuerza la necesidad de contar con una instancia de diálogo donde las iglesias evangélicas manifestaran su rechazo a los proyectos valóricos. Con ese discurso, el Coniev ha intentado crecer a costa de organizaciones que están bajo la influencia del obispo Emiliano Soto.

Con todo, el principal aliado de Durán, el obispo Jorge Méndez, reconoce que bajo el gobierno de Bachelet las cosas no han sido en blanco y negro, como lo presenta el Coniev de Durán y Por un Chile para Cristo.

-La Presidenta quería conocer la opinión de la iglesia evangélica y nos presentamos en el Congreso y ante el gobierno para dar esa opinión, algo que nunca se había dado. Ella creó el feriado de la iglesia evangélica, único en el mundo. Debimos haberla despedido como corresponde.

Aunque el vocero del Coniev, Cristián Nieto, ha dicho que el Te Deum no se organizó con un criterio político para atacar a Bachelet, el obispo Jorge Méndez entrega una versión distinta:

-A mí me pidieron que, por favor, cuando yo hiciera la predicación no me pusiera a darle gracias a la Presidenta. Pero yo las di, porque tenemos que reconocer lo bueno.

Consejo para la Transparencia rectifica falla en la declaración de intereses de sus miembros

Si usted quiere verificar si un miembro del Consejo para la Transparencia (CPLT) tiene un conflicto de interés en uno de los casos que debe zanjar, de nada le servirá abrir las últimas declaraciones de patrimonio e interés publicadas en la página web de esa entidad. No encontrará en ellas información que le aclare si los consejeros mantienen nexos económicos con alguna de las entidades públicas que deben fiscalizar o con particulares que demanden información de organismos estatales.

Hasta marzo pasado no era así: las declaraciones contenían un anexo que informaba si los consejeros prestaban servicios a entidades públicas, empresas reguladas u otros clientes relevantes, y si representaban intereses de terceros. A contar de abril ese anexo no se publica junto con la declaración vigente, lo que expertos en transparencia calificaron como “un retroceso” en los estándares que rigen al CPLT.

Los cuatro integrantes del consejo –nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo previo del Senado– deben velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia y, entre otras tareas, acogen o desestiman los reclamos de las personas a las que un organismo público les denegó el acceso a información. Como no tienen dedicación exclusiva y pueden desempeñar actividades profesionales en paralelo a su rol en el consejo, es necesario que los ciudadanos estén al tanto de los vínculos que mantienen con entidades estatales o con privados que puedan verse afectados en los casos que revisan. Solo así se puede controlar que se abstengan de participar en casos donde tengan un conflicto de interés.

Tempranamente, a pocos meses de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia que instaló el CPLT en 2009, los cuatro consejeros fundacionales –que ya dejaron de integrar el organismo– adoptaron un acuerdo que marcó un alto estándar en materia de transparencia: se autoimpusieron la obligación de presentar una declaración de intereses complementaria a aquella que por ley deben hacer todas las autoridades.

En esa declaración anexa y voluntaria, los consejeros deben informar los servicios que han prestado en los últimos dos años a entidades públicas, a empresas que participan en mercados regulados y a otros clientes considerados “relevantes”. Además, deben indicar sus vínculos de parentesco con directivos de entidades públicas y si integran sociedades que representen intereses de terceros o que actúen por mandato (vea el acuerdo del CPLT adoptado en 2009).

Desde abril último, al “pinchar” las declaraciones de intereses de los cuatro consejeros en ejercicio (José Luis Santa María, Vivianne Blanlot, Marcelo Drago y Jorge Jaraquemada), estos documentos se descargan desde el servidor que mantiene la Contraloría General de la República, donde se alojan todas las declaraciones de las autoridades de gobierno. El nuevo sistema comenzó a operar este año con la Ley 20.880 que amplió el contenido de las declaraciones de los funcionarios públicos, pero que siguen siendo menos detalladas y rigurosas que las adoptadas por el acuerdo del CPLT en 2009.

Fuente: CPLT
Consejeros en ejercicio: Vivianne Blanlot, Marcelo Drago, José Luis Santa María y Jorge Jaraquemada (Fuente: CPLT)

En las declaraciones genéricas que están en el sistema de la Contraloría solo se pueden ver las eventuales actividades profesionales y las sociedades comerciales en las que participan autoridades, pero no se puede saber qué clientes tienen, cuál es el rubro al que se dedican sus sociedades o con quiénes hacen negocios. En síntesis, son documentos que en la práctica –como lo han demostrado sucesivos reportajes de CIPER– resultan inútiles para detectar conflictos de interés (vea el reportaje “Declaración de patrimonio del diputado Farcas devela debilidades de nueva Ley de Probidad).

El actual presidente del CPLT, José Luis Santa María, informó por escrito a CIPER que el acuerdo de 2009 sigue vigente. Pero explicó que desde marzo pasado el consejo publica las declaraciones de intereses y patrimonio determinadas por la nueva Ley 20.880, las que son actualizadas en las secciones de “Transparencia Activa” y “Quienes Somos” de la web del CPLT. Efectivamente, en la sección de Transparencia Activa, al “pinchar” el apartado “declaración de intereses y patrimonio Ley 20.880”, solo aparecen las mismas que publica la Contraloría.

Pero extrañamente, las antiguas declaraciones complementarias pueden ser descargadas desde otro punto de la sección de Transparencia Activa: la dedicada a “Personal y remuneraciones”. Allí se encuentran bajo el críptico apartado “Otras autoridades”, pero solo están registradas hasta marzo de 2017. Como se trata de la información oficial entregada al público, los ciudadanos pueden interpretar que estas declaraciones voluntarias anexas, fruto del acuerdo de 2009, solo estuvieron vigentes hasta marzo.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, el tema es serio, porque las personas están accediendo a un documento que no les permite saber si los consejeros presentan un conflicto de interés: “El consejo es la entidad que marca el estándar en materia de transparencia en el país, por lo que no es bueno que esta información no sea de acceso simple. En los hechos, las declaraciones que encuentran los ciudadanos son de un estándar menor a lo que había acordado el propio consejo”. Esto, estimó Precht, es un retroceso.

Juan Pablo Olmedo, el primer presidente que tuvo el CPLT, señala que el acuerdo de 2009 fue “un acto fundacional, que elevó el estándar en aquello que la ley que regula las declaraciones no había zanjado. Si ahora se produce un retroceso, eso no solo afectaría la gestión del propio consejo, también marcaría de manera negativa toda la cultura de transparencia del país”.

El CONSEJO CORRIGE EL ERROR

La unidad de comunicaciones del CPLT informó a CIPER que, tras las consultas efectuadas para este artículo, los consejeros acordaron, en su sesión de este martes 29 de agosto, que se modificará la ubicación en que se encuentran publicadas las declaraciones complementarias en la página web, para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos.

Asimismo, acordaron que las declaraciones complementarias serán actualizadas cuando ocurran hechos relevantes (como nuevos contratos o prestaciones de servicios a clientes importantes) y no cada cuatro años, como se hacía hasta ahora.

A la consulta de por qué los consejeros no estaban obligados a actualizar sus declaraciones complementarias cuando se producían nuevos hechos relevantes, el presidente del CPLT, José Luis Santa María, respondió:

“Como se trata de una declaración voluntaria, no existe una norma legal o reglamentaria que regule su actualización. En el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en 2009 se contempló, por extensión y como buena práctica, actualizar la declaración acorde al plazo establecido en la normativa vigente en esa época (cada cuatro años), pero no se estableció la obligación de hacerlo ante hechos relevantes”.

Juan Pablo Olmedo, primer presidente del Consejo para la Transparencia.
Juan Pablo Olmedo, primer presidente del Consejo para la Transparencia.

Bajo el esquema que aún está vigente –actualizar la declaración cada cuatro años–, CIPER detectó que algunos consejeros habían establecido vínculos contractuales que no se han publicado, lo que impide ejercer control ciudadano sobre posibles conflictos de interés.

Por ejemplo, la declaración complementaria del consejero Marcelo Drago Aguirre está fechada en noviembre de 2014, por lo que no informa los contratos que posteriormente suscribió su empresa, Estrategia Pública Consultores, con entidades estatales.

Según los datos de la plataforma Mercado Público, entre 2015 y lo que va de 2017 la sociedad del abogado Marcelo  Drago ha firmado al menos cinco contratos con dos organismos públicos: tres de ellos con la Comisión Nacional de Energía (CNE), por un total de $142 millones (vea las órdenes de compra) y dos con el Sernac, por una suma global de $30,8 millones (vea esas órdenes de compra).

En su declaración complementaria, Drago también anota vínculos contractuales con el Banco Estado, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Televisión Nacional (TVN), el Ministerio Secretaria General de Gobierno y el Consejo Minero. En entrevista con CIPER, Marcelo Drago indicó que a todas estas entidades ha prestado o presta el servicio de “asesoría y monitoreo de temas legislativos relacionados con políticas públicas que afectan a esos organismos”.

Drago también señaló que cada vez que el consejo ha revisado un caso que involucra a una de las entidades para las que ha trabajado, se ha abstenido de participar. Eso incluye, dijo, a la CNE y al Sernac, aunque su relación con esos organismos se inició después de que firmó su declaración complementaria. Para corroborarlo, envió 11 documentos a CIPER con acuerdos del consejo en los que efectivamente quedó registrada su abstención: en tres de ellos estaba involucrado el Sernac, en otros tres el CNTV, en dos la CNE, en dos Banco Estado y en una la Fiscalía Nacional Económica. Además, hizo llegar el acta de la sesión del consejo desarrollada el pasado 5 de mayo, en la que se acordaron instruir sumarios contra diversas entidades públicas por eventuales incumplimientos de las normas de transparencia. En esa sesión, Drago se abstuvo porque figuraban el Sernac y el CNTV.

En uno de los documentos remitidos por Drago, que involucra al Sernac, también figura la abstención de la consejera Vivianne Blanlot (vea el documento). El caso aborda una solicitud de información dirigida al Sernac sobre documentos relacionados con la mediación de ese organismo por la colusión del papel higiénico. Vivianne Blanlot se abstuvo debido a que mantenía una relación contractual con la empresa involucrada: CMPC Tissue S.A. Ese vínculo con la empresa del Grupo Matte no está registrado en la declaración complementaria de intereses que Blanlot –quien presidió el consejo entre 2014 y 2016– firmó en agosto de 2015 y que continúa vigente.

En su declaración complementaria, la economista Vivianne Blanlot menciona vínculos contractuales para prestar asesorías con Suez Energy, Mediterráneo S.A., E-CL S.A., Traselec y Banco Interamericano de Desarrollo. En su declaración de intereses, consigna su participación en los directorios de Colbún, Antofagasta Minerals, Antofagasta Plc y Scotiabank.

En su declaración de intereses, el actual presidente del CPLT, el abogado José Luis Santa María, informó que presta servicios de asesoría legal a las empresas Mediciones Geolec, Estrella Petrolera de Chile, Viña Concha y Toro, Frigorífico Simunovic, Laboratorio LKM Chile y Fundación Luz. En tanto, el abogado y consejero Jorge Jaraquemada, actual director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, consignó que no presta servicios a entidades públicas ni a empresas privadas.

Vea aquí las declaraciones de intereses, que incluyen las declaraciones complementarias, de los cuatro consejeros actuales: José Luis Santa María, Vivianne Blanlot, Marcelo Drago y Jorge Jaraquemada

La nebulosa que rodea los $16.200 millones que recaudó Carabineros por control de armas

Vea también: Carabineros: Las múltiples irregularidades que obligan a depurar el alto mando

En los últimos diez años Carabineros ha recibido más de $16.200 millones por fiscalizar la tenencia de armas. Hasta hoy, no hay claridad sobre el destino que la policía le ha dado a esos recursos, pues CIPER comprobó que durante años los rindió solo con “certificados de buena inversión”, una fórmula que no detalla en qué se ocupan los fondos y que se utiliza exclusivamente para los “gastos reservados”. Lo preocupante es que entre 2012 y marzo de 2017 estos dineros fueron administrados por el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, quienes ahora están en prisión preventiva, imputados como cabecillas del mega fraude que afectó a Carabineros y que ya suma más de $25.500 millones. De hecho, en esa investigación la fiscalía ya detectó a dos oficiales y un civil que se apropiaron de dineros recaudados por fiscalizar armas y explosivos.

General (r) Flavio Echeverría
General (r) Flavio Echeverría

Los funcionarios que desviaron los fondos son el capitán Sergio Bracamonte Villalobo y el comandante Javier González Brito. Según la declaración prestada por Bracamonte –citada en un reportaje de The Clinic–, él se coludió con González Brito para girar cheques a nombre de Mario Figueroa, un proveedor de Carabineros que ya está formalizado. Por esta vía se desviaron casi $805 millones, según cifras difundidas también por The Clinic, desde las cuentas de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas, de la cual depende el Departamento OS-11, encargado de la fiscalización de las armas y explosivos.

Los más de $16.200 millones que Carabineros recibió entre 2006 y 2016 corresponden al 50% del total que cobra la policía uniformada por los trámites que deben hacer los tenedores, usuarios y comerciantes de armas, municiones y explosivos. La autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Control de Armas es la Dirección de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa. Para cumplir con su rol, la DGMN se apoya en 64 unidades de Carabineros repartidas por todo el país donde se deben realizar y pagar los trámites asociados a la tenencia y uso de armas. Estas unidades son conocidas como “Autoridades Fiscalizadoras” (vea la nómina de todas las AF).

En un país donde el temor a la delincuencia ha convertido a la seguridad privada en un negocio millonario, las ventas de armas se han multiplicado. A junio de este año, las inscritas y sometidas a control sumaban 811.432, lo que representa un aumento de casi 7.500 armas respecto del mismo periodo de 2016 (cuando había 804 mil), según datos de la DGMN.

Con ello, también se ha  incrementado la recaudación de los pagos que deben hacer los tenedores de armas por los permisos para inscribirlas, transportarlas o venderlas. En el bienio 2005-2006 las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros recaudaron solo $176 millones por estos trámites. Diez años después esa cifra se disparó a $5.096 millones, según los registros oficiales de 2016. Ese monto llega a la DGMN, la que por ley le reembolsa luego a Carabineros la mitad.

Inicialmente, estas inscripciones y permisos se podían hacer en unidades de las Fuerzas Armadas, pero desde 2009 –año en que la recaudación comenzó a registrar su mayor incremento­– los trámites solo se hacen en unidades especiales de Carabineros. La ley establece que el 50% de lo recaudado, debe volver a la policía uniformada para reinvertirse en las mismas unidades que actúan como Autoridades Fiscalizadoras. Pero, CIPER comprobó que Carabineros ha reinterpretado las normas y por años ha administrado esos recursos de manera centralizada y sin rendir el detalle de cómo los gasta.

El siguiente cuadro muestra cómo han evolucionado los ingresos de Carabineros por su labor de fiscalización de la Ley de Control de Armas:

TABLA
Fuente: Transparencia de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)

Hasta 2015, la DGMN debía supervisar el uso que Carabineros le daba a estos recursos. Durante años intentó que la policía le rindiera en detalle en qué ocupaba los dineros. Nunca lo consiguió. Y así se lo hizo saber a la Contraloría, lo que quedó plasmado en un dictamen de esta última, fechado en mayo de 2015 (vea ese dictamen).

Las consultas y solicitudes de acceso a información pública realizadas por particulares que también pretendían conocer en qué ha gastado Carabineros estos fondos, corrieron igual destino: nunca consiguieron una respuesta detallada.

La nebulosa que cubre el destino de estos recursos llegó a un punto crítico en marzo de este año, cuando quedó en evidencia que los cabecillas del mega fraude también habían administrado los dineros provenientes del control de armas. Peor aún, cuando poco después se supo que al menos dos oficiales que tenían a su cargo estos fondos –Bracamonte y González­–, se habían apropiado de ellos. De hecho, la Contraloría desarrolla en estos días una inspección a estas cuentas de la policía, en una visita que ya se ha extendido por varios meses.

QUEJA DE USUARIOS: NO SE VEN INVERSIONES

En un reportaje de El Mercurio del 19 de febrero pasado, la jefa del equipo investigativo del OS-11, la teniente Pablina Hirsch, admitió que hay deficiencias en la fiscalización de la Ley de Control de Armas y sostuvo que estas se originan por “falta de recursos”. Hirsch detalló la precariedad con que trabaja la Autoridad Fiscalizadora de Santiago:

“Solo tenemos una camioneta, quizá no debería decirle, pero sí. La cantidad de usuarios para la cantidad de personas que tenemos disponibles para fiscalización es muy baja. Es poco el recurso humano con el que se cuenta. Hay 36 personas, incluyendo lo administrativo. En el área de fiscalización, como tal, deben ser unas 10 personas para cubrir todo Santiago. Por eso ahora estamos solicitando recursos humanos, porque no se puede cumplir con todo”, dijo la funcionaria a El Mercurio.

Los dichos de Hirsch causaron sorpresa en las asociaciones de tiradores deportistas y usuarios de armas, debido a que la Autoridad Fiscalizadora de Santiago es la que recauda más dinero a nivel nacional. Según los registros de la DGMN, a la AF de Santiago ingresaron $1.559 millones en 2016, correspondientes al 30% de los pagos hechos en todo el país ($5.096 millones). Si la ley se cumpliera al pie de la letra, la Autoridad Fiscalizadora de la capital debió haber recibido $779,5 millones, correspondientes al 50% de lo que recaudó en 2016, para invertirlo precisamente en mejoras al servicio.

(Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)
(Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

El 21 de febrero, dos días después de la publicación del reportaje en el que el OS-11 se quejó de falta de recursos, El Mercurio difundió una carta del presidente de la Asociación de Armerías de Chile, Ennio Mangiola. En ella, el empresario denunció que este argumento de Carabineros es inaceptable, ya que durante años la policía ha recibido cuantiosos recursos provenientes de la DGMN que, por ley, deben ser invertidos únicamente en la mejora del servicio de fiscalización. Además de quejarse por el mal servicio que presta la Autoridad Fiscalizadora de Santiago, Mangiola también acusó falta de transparencia sobre el uso que Carabineros da a los dineros recaudados:

He solicitado a través de la Ley de Transparencia, en varias oportunidades, a Carabineros la rendición de gastos de esos dineros, pero las respuestas han sido lamentables, por decir lo menos. No es justificación la falta de recursos para achacarla a la mala función que cumple Carabineros en Santiago para el control de armas. Además de contar con unas instalaciones deficientes para la atención de público (…), Carabineros está incumpliendo la Ley de Control de Armas en la que se expresa que el 50% de los dineros generados en esa unidad deben ser invertidos y gastados en mejorar las condiciones de servicio”.

El jefe de la DGMN, general de Ejército Carlos Ricotti, señaló a CIPER que aunque ya no es responsabilidad de su organismo supervisar los gastos en que incurre Carabineros (en 2015 esa fiscalización pasó a la Contraloría), sí están permanentemente preocupados por el nivel del servicio que dan las AF. En sintonía con las quejas de Mangiola, el general Ricotti reconoció que hay fallas en la atención:

-Hay algunas insatisfacciones en cuanto a personal, demoras, etc. Estamos tratando de mejorar los instrumentos de medición y evaluación. Hemos puesto un sistema de georreferenciación para los vehículos fiscalizadores. En general, el servicio es normal, pero en la AF de Santiago tienen muchos clientes y poco personal, por lo que ha habido discrepancias.

La Contraloría también ha constatado que, a pesar de los significativos montos que se debiesen inyectar al sistema, en algunos trámites se producen demoras inexplicables y contrarias a lo que determina la ley. En el caso de los “padrones de armas”, la norma establece que deben ser entregados el mismo día en que son requeridos, pero en la AF de Santiago los usuarios debían volver dos días después para retirarlos. “No se advierte fundamento para que dicha gestión se difiera”, señala el dictamen de la Contraloría publicado el 15 de mayo de 2015.

En agosto de 2014 el director de la DGMN, el general Óscar Mezzano, ya había sido advertido sobre la mala gestión de las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros. En una carta, los presidentes de 11 agrupaciones de usuarios, deportistas, cazadores, coleccionistas y armeros, denunciaron, entre otras deficiencias “incumplimiento de horario de atención de público”; “no entrega de documentación que por ley debe ser inmediata” y “funcionarios que no se encuentran en su puesto (…) a pesar de ser funciones exclusivas (…) por encontrarse haciendo ‘servicios especiales’” (ver el reclamo a la DGMN, firmado por dirigentes de 11 organizaciones que agrupan a más de 300 mil personas).

$11.600 MILLONES EN MANOS DE ECHEVERRÍA

La dura carta escrita por Mangiola y publicada por El Mercurio hizo mucho ruido en los círculos de deportistas y usuarios de armas, donde se venían incubando las quejas por deficiencias en el servicio que presta Carabineros y dudas respecto del uso de los dineros.

Apenas 12 días después de la publicación de la carta de Mangiola, un nuevo antecedente aumentó la temperatura de la controversia y atizó las suspicacias: el 6 de marzo Carabineros reconoció que en su Dirección Nacional de Finanzas se había gestado el fraude que en ese momento involucraba el robo de $8 mil millones y que, transcurridos cuatro meses, ya suma $25.500 millones.

JAIME-PAZ-CECIPU
Coronel (r) Jaime Paz (Fuente: CECIPU)

La alarma se encendió entre los tenedores de armas cuando fueron formalizados como cabecillas del gran desfalco el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, los mismos que administraban los fondos provenientes de las Autoridades Fiscalizadoras.

CIPER tuvo acceso a dos documentos que figuran en los registros de la DGMN y que demuestran que los dineros recaudados por las AF pasaban por las manos de Echeverría y Paz. El primero es un oficio del 13 de mayo de 2013 firmado por el general Flavio Echeverría, en el que confirma que recibió desde la DGMN un cheque por $226 millones y que lo depositó en una cuenta corriente de la Dirección de Intendencia de Carabineros. El segundo es el “acuse de recibo” que certifica que efectivamente se hizo ese depósito, firmado por el coronel Paz, entonces jefe del Departamento I de Presupuestos y Finanzas (vea el oficio y el “acuse de recibo”).

Mientras Echeverría y Paz estuvieron a cargo de la recepción y administración de estos recursos, los fondos que recibieron por control de armas sumaron $11.600 millones. En ese lapso, Carabineros nunca rindió en detalle en qué gastó esos millones. Su destino se mantuvo en la nebulosa, a pesar de que la DGMN en distintas ocasiones pidió a la policía que informara cómo habían sido invertidos.

El más duro round entre la DGMN y Carabineros por la rendición del gasto tuvo lugar en 2014. El año anterior la Contraloría revisó las cuentas de la DGMN y emitió un informe en el que advirtió “falta de control” sobre el destino del 50% que reembolsaba a Carabineros. En marzo de 2014 el jefe de la DGMN, general Óscar Mezzano, informó al entonces general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y a su director de Finanzas, general Flavio Echeverría, que debido a las exigencias de la Contraloría debían remitir a la DGMN la cuenta de los fondos y su inversión (vea esos oficios).

Cuatro meses después, el entonces jefe de la Dirección de Seguridad Privada y Control de Armas, general Christian Fuenzalida López, envió la rendición del mes de junio. En ella, indicaba que ese mes Carabineros había recibido $182,3 millones correspondientes al 50% de lo recaudado. Y, haciendo caso omiso de la instrucción impartida por el general Mezzano, volvía a rendir los gastos de manera genérica, de forma que resultaba imposible establecer en qué se habían invertido realmente los fondos. Escuetamente, Fuenzalida informó a la DGMN que el dinero “se encuentra siendo invertido conforme a la normativa legal vigente, para el cumplimiento de las tareas propias de las AF a nivel nacional” (vea esta rendición).

Poco después, el 17 de noviembre, Carabineros volvió a desafiar la autoridad del jefe de la DGMN. Esta vez mediante una rendición firmada por el general Ricardo Solar Roberts, a esa fecha jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas. En su informe, el general Solar solo manifestó que los montos estaban siendo “invertidos conforme a la normativa legal vigente” (vea esta rendición).

La controversia escaló hasta quedar plasmada en documentos oficiales de la Contraloría. En 2013, el órgano fiscalizador inspeccionó las cuentas de la DGMN y en su informe final –agosto de 2014–  señaló una falta de vigilancia desde ésta última sobre la reinversión de los recursos de las AF. En sus descargos, la DGMN indicó que le solicitó al director de finanzas de Carabineros que informara sobre los recursos traspasados.

tirodeportivoLTUn año después, en su dictamen del 15 de mayo de 2015, la Contraloría volvió a cuestionar el punto, indicando que Carabineros ha rendido ante la DGMN con “un certificado de buena inversión, situación que ha sido observada (reprochada) y no enmendada a la fecha”.

El conflicto entre la DGMN y Carabineros fue zanjado en 2015: se determinaron nuevas normas para rendir los recursos transferidos por las recaudaciones de control de armas. Con esta reforma, Carabineros ya no debe rendir ante la DGMN, sino directamente a la Contraloría.

El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, de la cual depende la fiscalización de armas y explosivos, explicó a CIPER en qué consistió la reforma de 2015: “Se modificó la rendición de cuentas y se implementó un formato que detalla mensualmente lo recibido y los gastos realizados”.

CIPER tuvo acceso a la rendición de los recursos en agosto de 2016, bajo esta nueva modalidad. Y allí se constata que el detalle del gasto no es preciso. Según el documento, a esa fecha los ingresos eran $2 mil millones y los gastos $1.227 millones. La rendición, que muestra en qué se ocuparon esos dineros, solo consigna gastos genéricos, similares a cómo se rinden los gastos reservados: “alimentos y bebidas”, “arriendos”, “máquinas y equipos”, entre otros (vea esta rendición).

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN

Entre los trámites que se hacen en cada una de las 64 AF de Carabineros, se cuentan, por ejemplo: autorización para comprar un arma de fuego nueva (que tiene un costo de $26.450); inscripción de un arma por primera vez ($13.400); permiso para comprar cartuchos para armas de defensa personal ($13 por unidad, hasta 100 unidades) o para internar un arma al país ($40.300). Según un dirigente de una asociación de tiro deportivo, el costo de los trámites puede alcanzar el 40% del precio del arma: “Por lo bajo, un arma puede costar unos $300 mil, y para tener todo en regla se requieren otros $120 mil”.

Cada semana las Autoridades Fiscalizadoras le transfieren a la DGMN el 100% del dinero recaudado. Posteriormente la DGMN debe devolver a Carabineros el 50%. Es en este punto donde se produce una diferencia clave en la interpretación de la norma.

El artículo 26 de la Ley de Control de Armas es el que determina cómo y en qué se deben ocupar estos fondos: “(La DGMN) proporcionará, por intermedio de sus respectivas instituciones, a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras, el 50% de los derechos y multas recaudados por cada una de estas, para que cumplan las funciones que le encomienda esta ley”.

General Juan Irigoyen (Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)
General Juan Irigoyen (Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

La interpretación que hace la Contraloría de la ley es que el 50% de lo recaudado en cada AF de Carabineros debe ser reinvertido en esas unidades. Así queda de manifiesto en al menos dos documentos del órgano fiscalizador: el Informe Final Nº 206 de Auditoria a la DGMN, de agosto de 2014, y un dictamen del 15 de mayo de 2015, emitido en respuesta a una presentación del abogado Cristián Salas Hoernig, representante de la Federación Chilena de Tiro Práctico.

En lo que respecta a sus ingresos, la DGMN (…) debe transferir a las aludidas AF el 50% de los recursos recaudados (…) para financiar la compra de bienes y servicios de consumo e inversión real, necesarios para el cumplimiento integral de las funciones que la ley les encomienda”, señala el Informe Final N°206.

El dictamen de 2015, en tanto, indica: “(El artículo 26 de la Ley de Control de Armas) ordena que el 50% de estos (los fondos recaudados) deben ser proporcionados (…) a las autoridades de Carabineros de Chile que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras ‘para que cumplan las funciones que les encomienda esta ley’”.

La misma interpretación de la norma que hace la Contraloría, la comparten la DGMN, las agrupaciones de tiro deportivo y la asociación de armerías. De hecho, la DGMN le transfiere los recursos a la Dirección de Finanzas de Carabineros, notificando el detalle del 50% de lo recaudado por cada AF.

En cambio, la lectura que hace Carabineros es que puede administrar los recursos de manera centralizada. Esta interpretación permitió que, entre 2012 y comienzos de 2017, la Dirección de Finanzas de Carabineros –entonces encabezada por el ahora formalizado general Flavio Echeverría–, administrara y rindiera de manera genérica estos gastos, sin entregar el detalle por cada Autoridad Fiscalizadora. Esta fórmula laxa, a su vez, facilitó que los oficiales Bracamonte y González se apropiaran de los recursos, fingiendo pagos a proveedores.

LA RESPUESTA DE CARABINEROS

En entrevista con CIPER, Eric Carvajal, asesor jurídico de la Zona de Seguridad Privada, explicó la interpretación que Carabineros le da a la ley: “(Los recursos) no son un patrimonio que tenga que reinvertirse directamente en las AF (que los recaudaron). Lo que sí tiene que hacer Carabineros, particularmente el OS-11, es invertir esos dineros exclusivamente en las AF. Y eso es lo que se hace”.

Según la explicación del abogado Carvajal, esa modalidad permite que las AF que más recaudan (como la de Santiago), terminen “subsidiando” a aquellas que facturan menos y que deben fiscalizar territorios extensos, como la de Aysén (sumó apenas $6,7 millones en 2016).

arma foto1El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, explicó a CIPER que el dinero proveniente del 50% se gestiona de forma centralizada para financiar “las necesidades de cada una de las AF: consumos básicos, viáticos, arrendamiento de inmuebles en algunos casos y todos los recursos logísticos que necesiten”. Las inversiones se determinan, dijo, a través de “proyectos” que desarrolla el OS-11 y la decisión de financiarlos la adopta un comité de adquisiciones. Ese comité está integrado por Irigoyen, los jefes del OS-10 y OS-11, el jefe del Departamento de Contabilidad, un asesor jurídico y un jefe de proyectos. Todos ellos integrantes de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros.

CIPER le pidió al general Irigoyen los documentos que acrediten cuánto y en qué se gastó en cada una de las 64 AF en 2016, para comprobar si efectivamente el ciento por ciento de los recursos provenientes de la ley se aplican en las unidades fiscalizadoras, como lo establece la norma. La respuesta fue que eso debía ser solicitado a través de la Ley de Transparencia.