Sobreprecios y vínculos familiares en compras públicas a empresas creadas en pandemia

Corte de Apelaciones ratifica multa contra PwC por Caso La Polar

Mientras Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar, celebra su primer triunfo al salir de la cárcel rumbo a su hogar, los ejecutivos de PwC enfrentan su hora crítica. A la multa de la SVS por 8.000 UF (más de $180 millones), se acaba de sumar el castigo por 4.500 UF (sobre $101 millones) que le aplicó la SBIF, ambos por errores en la auditoría de La Polar y “falta de diligencia” en Inversiones SCG. Lo peor está por venir: sólo cuatro de las 12 empresas IPSA que la firma auditaba, la han confirmado para 2012. CIPER rastreó dos sanciones anteriores por errores similares que agravan el cuadro.

Son cuatro las firmas de auditoría externa con mayor presencia de mercado en Chile: Deloitte, con el 33% de participación e ingresos totales por $49.805.178.902; PwC (ex PricewaterhouseCoopers), con un 28% del mercado e ingresos por $42.815.065.000; Ernst & Young, con un 26% e ingresos por $38.971.505.597, y KPMG, con un 13% e ingresos por $19.173.575.557. Esos fueron los datos informados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para el período 2011, el mismo año en que estalló la bomba de La Polar y comenzó a repartir sus esquirlas al mercado. Pero el cuadro de honor está experimentando cambios radicales por estos días. Así pasó también en Estados Unidos a raíz del escándalo financiero de Enron.

Hasta 2002, cuando se destapó el millonario fraude de Enron, había una quinta auditora en las grandes ligas norteamericanas: Andersen. Tras ser parte activa de la crisis provocada por la empresa afincada en el sector energético, Andersen fue llevada a la justicia, se vio obligada a cerrar y sus sociedades alrededor del mundo se disolvieron. Por su rol de auditora externa en la millonaria falsificación de los activos de La Polar, PwC podría ser en Chile el equivalente a Andersen. Pese a que no ha sido hasta ahora llevada ante los tribunales, la sanción del mercado está siendo dura. Y puede ser aún más.

Precisamente por estos días se están llevando a cabo las juntas de accionistas de las principales empresas del país, momento en que se decide -entre otros puntos relevantes- mantener o cambiar a la auditora externa que avalará sus cuentas para el próximo periodo. Y es allí donde PwC se está jugando su futuro.

Hasta 2011, PwC era la auditora externa de 12 de las 40 empresas del Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), las que más transan en la bolsa. Sólo la superaba Ernst & Young, que auditaba a 13 de las grandes compañías. Deloitte estaba contratada por nueve y KPMG por seis. Pero luego del escándalo de La Polar, el escenario cambió para las auditoras. PwC es la gran perdedora. La mayoría de sus clientes la están dejando por su principal competencia: Deloitte.

Entre las empresas que PwC auditaba, la primera en dejarla cesante y contratar los servicios de Deloitte, fue el banco BCI, de la familia Yarur. La decisión se adoptó en su junta de accionistas del 19 de marzo. Once días más tarde, la siguió Salfacorp, empresa controlada por la Sociedad Río Rubens S.A., ligada a las familias Garcés y Salinas.

Por estos días se espera la decisión que adoptarán la papelera CMPC, del grupo Matte, y las empresas del grupo Angelini -Antarchile y Copec-, en sus respectivas juntas de accionistas. Pero ya se ha informado que propondrán cambiar a PwC por Deloitte como firma auditora de sus estados financieros de 2012. Si antes de conocerse los detalles de la estafa de La Polar esa decisión era despachada de manera casi rutinaria en las juntas, ahora las exigencias son mucho mayores.

El Comité de Directores de CMPC, por ejemplo, estudió las opciones de auditor externo desde noviembre de 2011. Sus ejecutivos ni siquiera evaluaron la posibilidad de mantener a PwC. De inmediato se abocaron al estudio de las ofertas de BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG y Deloitte. El directorio aprobó por unanimidad proponer a esta última como auditora externa en la junta de accionistas que tendrá lugar el 27 de abril.

Sólo cuatro de las empresas del IPSA han confirmado por ahora a la cuestionada auditora, la que enfrenta su peor momento. PwC fue sancionada por la SVS con una multa de 8.000 UF, por su negligencia al auditar los estados financieros de La Polar, y también por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con 4.500 UF (casi el monto máximo de 5.000 UF), por “falta de diligencia” en la elaboración de los informes que daban cuenta del funcionamiento de Inversiones SCG S.A., la sociedad emisora de tarjetas de crédito de La Polar. (Vea la resolución de la SBIF).

La primera en alinearse con PwC fue Multiexport Foods S.A., que preside Martín Borda Mingo. En el acta de la junta de accionistas del 28 de marzo se explica que los directores “acordaron proponer a esta junta como auditores externos para el ejercicio 2012 a la firma PricewaterhouseCoopers por ser su cotización sustancialmente menor a la otra”. PwC competía con Ernst & Young, su par líder entre las empresas IPSA. El menor costo del servicio elegido no fue casual. La estrategia que PwC está usando para evitar la fuga de clientes ha sido rebajar agresivamente sus precios. Así lo confirmó a CIPER un director de otra empresa IPSA.

Un socio de otra de las grandes auditoras de la plaza explica que últimamente se han encontrado con que los precios que propone PwC son absolutamente inferiores a los niveles históricos con los que la auditora competía antes del fraude de La Polar. La drástica rebaja es interpretada en el medio como una “estrategia desesperada” por conservar sus clientes. “Han presentado ofertas por la mitad de nuestro precio, lo que es algo inusitado”, asegura la misma fuente.

Otras empresas simplemente han optado por no llamar a PwC a ofertar. Tal cual lo hizo la CMPC. “No significa que desconfiemos del trabajo de PwC, pero pensamos que estarán muy enfocados en su defensa y no podrán concentrarse como corresponde en el trabajo que requiere una auditoría”, comentó un ejecutivo de una de las empresas que decidieron no llamar a PwC.

La segunda empresa en confirmar a PwC, fue Molymet, presidida por Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, que el 10 de abril ratificó a la firma propuesta por su directorio. En la misma fecha la junta de accionistas aprobó la contratación de un seguro de responsabilidad civil para sus directores con un tope de US$15 millones. Un día después, pese a la férrea oposición de la AFP Provida, la mayoría de los accionistas de CCU, empresa que preside Guillermo Luksic, aprobó continuar con la auditoría de PwC. Lo mismo ocurrió cuando Viña San Pedro, del mismo grupo, confirmó a PwC, con la oposición de las AFP Habitat, Cuprum y Provida.

Guillermo Luksic defendió públicamente a la auditora diciendo que al trabajar con PwC habían tenido una “muy buena experiencia”. Para algunos, esa defensa de Luksic tuvo su origen en Hugo Rivera, el abogado que defiende a la auditora en el juicio por los ilícitos en el fraude de La Polar. Rivera es también uno de los asesores del grupo Luksic en el Banco de Chile.

Luksic no ha sido el único de los mayores empresarios del país en entregarle su voto de confianza a PwC. Los directores de Cencosud, propiedad de Horst Paulmann, también decidieron proponer que PwC continúe como auditor externo en 2012. Al analizar las opciones, los directores evaluaron el impacto del caso La Polar, pero lo descartaron como un elemento clave para la decisión. El argumento fue escueto pero categórico: “Responden a situaciones específicas de esos trabajos y no a fallas generalizadas en el funcionamiento de las auditoras”. La cuarta y última empresa del IPSA que hasta ahora ha respaldado a PwC fue Aquachile, que preside Hugo Pucci. El 17 de abril, sus accionistas decidieron continuar con la auditora para el ejercicio 2012.

De las empresas que están fuera del IPSA, Gasco, del grupo CGE, cambió a PwC por Ernst & Young el 12 de abril y BancoEstado, que preside Segismundo Schulin-Zeuthen, propondrá el cambio de auditores el 30 de este mes. Los accionistas de la eléctrica CGE, controlada por las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, evaluaron las propuestas de auditoría externa de PwC, Ernst & Young y Deloitte. Esta última ofreció un equipo de trabajo a cargo de 10 profesionales directivos, Ersnt & Young ofreció uno a cargo de 11, y PwC ofreció un equipo a cargo de sólo 7 profesionales directivos. A diferencia de sus competidoras, PwC no informó su metodología de trabajo ni forma de comunicación con CGE. El directorio decidió proponer a Ernst & Young como auditora para 2012, “en consideración a que su elección permitiría alternar al prestador actual de los servicios”, lo que fue ratificado ayer por los accionistas.

De las empresas del IPSA auditadas por PwC, aún hay dos que no se pronuncian sobre un eventual cambio de firma: Lan, controlada por la familia Cueto, y Soquimich, empresa controlada por Julio Ponce Lerou.

La atención se centra en estos días en la decisión que adoptarán otras empresas importantes del mercado que eran auditadas por PwC y que aún no han informado sobre su elección de auditores para 2012. En la lista figuran: Watts, controlada por el empresario Fernando Larraín Peña, cuya junta de accionistas se realizará el 25 de este mes; la pesquera Camanchaca, ligada a la familia Fernández, que decidirá el 30, al igual que Norte Grande, también controlada por Ponce Lerou.

Si bien la salmonera Australis, que preside Rodrigo Arriagada Astrosa, no se ha pronunciado sobre sus próximos auditores, en su sitio web tiene disponible para sus accionistas una propuesta de auditoría de PwC para el ejercicio 2012. “Ustedes nos conocen bien y nosotros a ustedes. No hay sorpresas”, escribió Luis Enrique Álamos, el socio principal de PwC, en la carta donde ofrecen mantener sus servicios.

OTRAS SANCIONES SOBRE LA MESA

Pese a que en el mercado local son unas pocas auditoras las que compiten por los grandes clientes, ninguna de las otras firmas parece dispuesta a realizar un peritaje al trabajo de PwC en La Polar. Según fuentes que han seguido de cerca el desarrollo judicial del fraude, al momento de estallar el escándalo, la auditora KPMG se mostró abierta a la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva de la auditoría en cuestión. Sin embargo, la actitud cambió luego de recibir instrucciones de la filial internacional diciendo que no se involucraran por un aparente convenio entre las firmas globales de las big four.

A falta de una revisión profesional de la auditoría realizada por PwC a las cuentas y estados financieros de La Polar, no queda más que examinar cómo se ha comportado el mercado frente a esta área de fiscalización que hoy resulta clave para el trabajo de los directores de empresa. Según los datos que recogió CIPER, desde 2003 sólo dos auditoras externas -de las cuatro principales- han sido multadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por infringir las normas que las regulan: PwC y Ernst & Young. Ambas estuvieron a cargo de auditar en distintos períodos los estados financieros de La Polar.

Pero PwC registra otra sanción más.

El 29 de diciembre de 2010, la SVS multó a PwC con 350 UF por hacer un trabajo de auditoría “insuficiente” de los estados financieros de la Compañía de Seguros ACE S.A. La resolución del fiscalizador estableció que durante seis años PwC no detectó la “subvalorización de la reserva catastrófica de terremoto” de la aseguradora, confirmando que los estados financieros de la compañía representaban razonablemente en todos sus aspectos significativos su situación financiera.

Pese a que un cambio en los contratos de reaseguros de ACE de 2004 obligó a la compañía a proveer una mayor reserva catastrófica de terremoto, PwC no detectó esa obligación que alcanzaba US$1.650.000. El trabajo de auditoría fue tan insuficiente, que no sólo falló en detectarlo en 2004, sino que todos los años siguientes hasta el ejercicio de 2009, que fue examinado por la SVS. Según el dictamen del ente regulador, PwC no incluyó pruebas sustantivas en sus procedimientos de auditoría y de control interno: se limitó a calcular el detalle de la reserva catastrófica de terremoto en el ejercicio 2004 y el resto de los años sólo constató que no cambiaron los contratos de reaseguros y los parámetros de cálculo.

Al sancionar a la auditora, la Superintendencia estableció que PwC no cumplió las instrucciones de la Circular N°1.441 (que contiene normas mínimas de auditoría externa y del informe con la opinión del sistema de control interno para compañías de seguros y reaseguros), ya que se limitó a revisar las metodologías de cálculo y no validó la información usada en el cálculo. El error es similar a una de las infracciones que le adjudicó la SVS a la auditora por su trabajo en La Polar, donde el equipo a cargo del socio Alejandro Joignant se limitó a revisar los procesos de control, pero no validó la información que entregaba la multitienda.

En los descargos que la firma hizo a la SVS, PwC explica que dada la naturaleza del negocio de La Polar, decidió aplicar “enfoques de auditoría basados en sistemas y controles utilizados por la empresa como parte de su gestión y operación habitual” y no utilizar un enfoque “sustantivo”, donde se revisa de forma detallada “una porción significativa de los saldos que componen los estados financieros”.

Para evitar situaciones como éstas, el vicepresidente del Colegio de Contadores Auditores, Daniel Vásquez, propuso en una entrevista que concedió a CIPER que exista una segunda auditoría que fiscalice a la primera, que se sancione a la empresa que entregue información falsa a los auditores externos y que éstos últimos rindan cuenta directamente a la SVS y no a la empresa que los contrata (vea la entrevista).

Respecto de los errores cometidos en la auditoría de la aseguradora ACE, la SVS consideró que el procedimiento de PwC no examinó “con el máximo de diligencia si las operaciones realizadas por la aseguradora estaban razonablemente reflejadas en los estados financieros”. En los descargos presentados, la auditora reconoció la insuficiencia y lo atribuyó a “un error involuntario cometido en el origen respecto de las condiciones contractuales de reaseguros modificadas al año 2004 y que afectaron ese ejercicio y los siguientes”.

La auditoría de ACE estaba a cargo de los socios de PwC Juan Christian Roncagliolo Grunert, actualmente con un 7,693% de la propiedad de la firma, y Juan Carlos Pitta De Clemente, con un 0,961%. Pese a la sanción, la aseguradora decidió seguir trabajando con PwC como auditora externa y consideró que el error en la contabilidad era marginal. Sin embargo, cinco años antes, PwC había sido multada por otra infracción a la misma norma.

SEGUROS DE VIDA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Al analizar la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) del 30 de septiembre de 2004 de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A, la SVS detectó que la compañía había calculado la reserva de riesgo en curso para las pólizas de seguros de desgravamen suscritas por el Banco del Estado, con vigencia desde enero de 2003, “descontando los costos de intermediación y recaudación pagados”, lo que no está autorizado por la SVS desde 1981. La auditora de la compañía era PwC , la que no verificó que la reserva de riesgo en curso cumpliera con las instrucciones impartidas por la SVS. Según estimó el fiscalizador, el error implicó que la compañía hiciera una reserva menor para las pólizas de $2.518.348.967.

El 13 de octubre de 2005, cuando PwC debió rendir cuentas en el curso de la investigación, la auditora reconoció que no aplicó procedimientos detallados. En sus descargos añadió: “Nada les reveló que la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. no hubiese aplicado un criterio razonable para constituir las referidas reservas”. La norma de la SVS recalca que “las firmas auditoras no se deben limitar sólo a revisar la metodología del cálculo ya realizada por las entidades aseguradoras sino que, además, se requiere efectúen validaciones de la información utilizada en el cálculo”.

El 29 de diciembre de 2005, la SVS multó a PwC con 100 UF y estimó que la materialidad de esa reserva representaba un 0,15% del total de reservas de la compañía de seguros. Un dato anexo resulta interesante: el error de PwC se produjo cuando estaba en marcha el proceso de venta de Seguros de Vida La Construcción S.A., que fue adquirida el 30 de mayo de ese mismo año 2004 por BICECorp, dueño de BICE Vida.

Pese a que no ha sido sancionada por la SVS, Ernst & Young tampoco identificó las irregularidades y falsificaciones de los estados financieros de La Polar cuando auditó esa empresa en los años en que, aparentemente, comenzó a masificarse el fraude de las repactaciones unilaterales (2005 y 2006).

En 2004 y 2005 la auditoría hecha por Ernst & Young a La Polar fue firmada por Roberto Morales Chamorro, el profesional que no detectó las inconsistencias contables. Cuando la auditoría externa de la multitienda pasó a PwC, Morales siguió trabajando para La Polar, a través de su empresa People+, y se convirtió en mano derecha de la entonces gerente de Administración, María Isabel Farah, la única persona investigada por el fraude que continúa en prisión. La historía de Morales Chamarro fue registrada por CIPER en el reportaje “El auditor externo de La Polar que se convirtió en asesor clave de gerencia”.

A fines de marzo, dos altos ejecutivos de Ernst & Young declararon ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI como testigos del trabajo de auditoría que esa firma hizo para La Polar en un año clave en el diseño del modelo de la millonaria falsificación: el 2006. Tres años antes, esta auditora también fue sancionada por la SVS con una multa de 500 UF.

Al auditar los estados financieros de la Compañía de Seguros Generales Chubb de Chile S.A., la firma no identificó que ésta no había contabilizado operaciones de reaseguros por 15.812,78 UF relacionadas a la Prima Cedida Reaseguro Facultativo en caso de terremoto. La SVS estimó que, como consecuencia de esa omisión en la contabilidad, Chubb constituyó una menor reserva técnica por $257.158.000, mostrando en los estados financieros un patrimonio mayor por $218.584.000. Y estableció que esta situación reflejaba un problema de control interno de la empresa que no permitía asegurar que la información presentada fuera veraz e íntegra.

LOS QUE ENFRENTAN EL REMEZÓN

En Chile, PwC es una sociedad de responsabilidad limitada cuya propiedad está en manos de 26 profesionales. Son los denominados “socios internacionales” que han hecho carrera en la auditora y están liderados por un socio principal. Desde enero de este año esa responsabilidad cambió de mano y recayó en Luis Enrique Álamos Olivos.

La firma tiene 1.200 empleados y una estructura general basada en cuatro sociedades. Pero es sólo una de ellas, “PwC Consultores, Auditores y Compañía limitada”, quien emplea a esas 1.200 personas.

PwC tiene el 67% de “Asesorías profesionales DHS Limitada”. El 33% restante está dividido en 11 “socios locales”, que a medida que hacen carrera en la auditora pueden ser aceptados como socios internacionales. Una tercera sociedad, “PwC Capacitación y Desarrollo Profesional Limitada”, está en manos de tres “socios internacionales” de la auditora: Renzo Corona con un 40%, Anthony Dawes con un 40% y Leslie Hemery con un 20%. Pese a que no tiene ningún empleado, esta sociedad funciona como un organismo técnico de capacitación.

La cuarta empresa fue modificada el 14 de abril de 2010. Los mismos tres socios de PwC, Anthony Dawes, dueño de un 5,77% de la auditora; Renzo Corona, también con un 5,77% de la firma, y Leslie Hemery, con un 3,846%, modificaron los estatutos de la sociedad “Desarrollo Profesional Limitada”, cambiándole el nombre a “PricewaterhouseCoopers Desarrollo Profesional Limitada”. El 40 % del interés social de esa compañía pertenecía a Dawes, y el 60% restante estaba dividido en partes iguales entre Corona y Hemery.

El 30 de junio de 2010, PwC reconoció una deuda con esta empresa por $913.248.102. Las condiciones del préstamo fueron favorables para la auditora: el pago se estableció en un plazo de 15 años con un interés devengado del 3%. A fines de ese año, el 30 de diciembre, la deuda de PwC aumentó a $943.248.102. Lo llamativo es que esta sociedad “PricewaterhouseCoopers desarrollo profesional limitada”, que había sido constituida en febrero de 1989, fue vendida en enero de 2011 a PwC por un valor considerablemente inferior al monto que se le adeudaba: la auditora PwC adquirió el 99% de la sociedad, pagando $1.980.000. El socio Corona mantuvo el 1% del interés social, que equivale a $20.000.

No es la única empresa que le presta dinero a PwC. El 30 de junio de 2010, PwC firmó una escritura notarial reconociendo una deuda por $1.128.654.209 con la sociedad South American Real Estate Corporation Limited, “válidamente constituida y vigente según las leyes de Bahamas”, también con un interés del 3% y con un plazo de pago de 15 años. En noviembre del 2011, la deuda aumentó a $1.306.205.984. Una fuente cercana a la auditora, afirma que South American Real Estate Corporation Limited, es una inmobiliaria en proceso de disolución que compraba oficinas en Sudamérica para arrendárselas a las firmas locales de PwC.

Los dueños de la sociedad constituida en Las Bahamas, serían los mismos socios de PwC que pertenecían a la red latinoamericana de la firma. PwC también reconoce una deuda con la sociedad de Dawes, Corona y Hemery, “PricewaterhouseCoopers Capacitación y Desarrollo profesional limitada”, que al 30 de junio de 2010 alcanza a los $337.883.511.

Esa estructura y los profesionales que la lideran es la que hoy está enfrentando el peor momento de su historia, desde que la auditora Price Waterhouse comenzara sus operaciones en Chile hace más de 90 años. Ya en 1920 era una de las auditoras de los balances de las principales empresas del país, según los registros del Diario Oficial, aunque su proceso de modernización comenzó a gestarse en los años 80. Fue en 1987, cuando se vuelve una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital de $22.000.000 aportado por 12 socios naturales y por la sociedad civil extranjera Price Waterhouse & Co.

Empresa de la Universidad de Harvard es procesada por tala ilegal de bosque nativo en Chiloé

En diciembre de 2011 un grupo de pequeños propietarios agrícolas se acercó a la oficina de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) en Ancud para compartir una preocupación: una empresa había comprado terrenos colindantes a los suyos y estaba cortando bosque nativo para plantar eucaliptus. Javier Sanzana, uno de los ingenieros forestales de la AIFBN que trabaja en el programa de asistencia técnica a comunidades campesinas, decidió chequear en terreno en los predios ubicados en las localidades de Aguas Buenas, Choroihué y Belben, en la zona central de Ancud. Lo que vio no dejó lugar a dudas: “Estaban los restos de los árboles recién cortados”, recuerda. Sanzana constató también que en algunas zonas se había plantado eucaliptus a menos de un metro de cauces de agua y que los desechos del corte del bosque habían obstruido algunos de ellos.

Tras comparar con fotografías satelitales anteriores del terreno, se sistematizaron los datos y se elaboró un informe de Monitoreo Forestal que se entregó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en abril de 2012. “Se observaron amplios sectores plantados extensamente con eucaliptus, sustituyendo para ello bosque nativo, existiendo además otros sectores de praderas y matorrales arbustivos igualmente plantados sin respetar los sectores de protección de cursos de agua”, se explica en el texto (ver el documento).

Entre junio y noviembre de 2012, funcionarios de la CONAF inspeccionaron varios predios colindantes en la zona de Ancud y cursaron ocho infracciones. Siete de ellas fueron por incumplimiento de reforestación (se plantaron eucaliptus aunque el Plan de Manejo de Bosques aprobado por la CONAF obligaba a poner especies nativas). La octava fue por tala rasa ilegal de bosque nativo. Todos eran propiedad de la misma empresa: Agrícola Brinzal.

Según datos de la CONAF, aportados por Brinzal, ésta es propietaria de 22 predios en Chiloé, ocupando una superficie total de 2.216,7 hectáreas. La información extraída por los ingenieros de la AIFBN desde el Conservador de Bienes Raíces de Ancud -incluida en su ya citado informe de Monitoreo Forestal-, indica que Agrícola Brinzal tendría 24 predios en la zona, adquiridos desde 2010, sumando una superficie aproximada de 2.800 hectáreas.

CIPER solicitó a CONAF, por medio de la Ley de Transparencia, información sobre las infracciones cursadas a Brinzal y a otras empresas del mismo propietario. La Corporación respondió enviando copias de todas las actas de inspección que originaron infracciones (vea los documentos) y un cuadro explicativo que informa la etapa en que se encuentran esos procedimientos, si originaron una causa judicial y si se aplicaron sanciones (vea ese cuadro).

De acuerdo con el cuadro enviado por CONAF, las fiscalizaciones determinaron dos tipos de infracciones: al artículo N° 17 del Decreto Ley N° 701 (1974), por incumplir compromisos de reforestación con especies nativas en una superficie de 73,5 hectáreas, correspondiente a cinco predios colindantes entre sí. La otra infracción es al artículo N° 51 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, por “cortas ilegales de bosque nativo a tala rasa sobre una superficie de 76,84 hectáreas, con el objeto de sustituir dicho bosque nativo por plantación de Eucaliptus”. La información entregada por CONAF señala que estas infracciones dieron origen a dos causas (Rol 101330-3 y Rol 101329) en el Juzgado de Policía Local de Ancud.

Estos antecedentes también figuran en una carta remitida por CONAF a la Cámara de Diputados, fechada el 19 de junio de 2012, en respuesta a un requerimiento formulado por parlamentarios (ver la carta de CONAF a la Cámara).

CONAF propuso una multa para la empresa de $ 425,9 millones por la tala rasa ilegal y de 15 UTM por hectárea por el incumplimiento en la reforestación (equivalente a $ 44,1 millones). El total de las multas propuestas suma poco más de $ 470 millones.

Además, CONAF informó que ha denunciado a Agrícola Brinzal en las localidades de Fresia (Región de Los Lagos) y Lago Ranco (Región de Los Ríos) por incumplimiento de reforestación. La primera causa está en trámite y en la segunda, el tribunal condenó a la empresa a reforestar con ulmo el mismo terreno afectado (1,2 hectáreas). La Corporación también indicó que otra empresa del mismo propietario, Agrícola Duramen Limitada, fue denunciada por “corta no autorizada” en Purranque (Región de Los Lagos), juicio que culminó con una multa de $1,2 millones y la obligación de reforestar la superficie afectada (2 hectáreas).

Lo que nadie sabía, hasta ahora, es que estas empresas -Brinzal y Duramen- son controladas por una de las más prestigiosas universidades a nivel mundial: Harvard.

LA AGRÍCOLA CHILOTA

La sanción que derive del juicio contra Brinzal es clave para CONAF, porque hace más de una década que en Chiloé no se procesaba a una empresa dueña de grandes extensiones de terreno por la tala ilegal de bosque nativo. “A nosotros lo que nos interesa es que se foreste, nos interesa recuperar bosque. Pero lo que también nos interesa es que esto se haga bien y tiene que hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con que se haga una sustitución de bosque nativo, o se plante de mala forma, o no se respeten los planes de manejo que están presentados ante la Corporación”, explica Jorge Aichele, director de CONAF de Los Lagos.

El ingeniero Sanzana asegura que antes de Brinzal no se habían visto talas masivas por parte de empresas en Chiloé: “Antes han sido operadores o consultores más pequeños, pero esta es una empresa grande que compra predios, los planta masivamente y sustituye, en algunos casos, bosque nativo con plantaciones exóticas”. El presidente de la junta de vecinos de la localidad de Belben, Carlos Muñoz Grandón, dice que su comunidad está preocupada porque los eucaliptus se están plantando muy cerca de sus terrenos. “El impacto es grande, es enorme, desde las fumigaciones hasta cuando crezcan los eucaliptus, porque tendremos un tremendo problema con la distribución del agua. Eso va a afectar la producción de animales y leche, que es a lo que la gente aquí se dedica”, asegura Muñoz.

La AIFBN recibió denuncias de que Brinzal ofrecía comprar predios más caros si estaban “limpios de bosque”; es decir, listos para plantar especies más propicias para comercializar madera (como el eucaliptus, que crece más rápido que las especies nativas).  Jorge Aichele no tiene claro si los bosques fueron cortados por trabajadores de Brinzal o si esta empresa adquirió los terrenos ya talados. De todos modos, afirma que la responsabilidad en las infracciones detectadas es de Brinzal, ya que el propietario del terreno debe asegurar que se cumplan en todo momento los planes de manejo comprometidos con CONAF.

De acuerdo al monitoreo que hizo la AIFBN, en la zona de bosque nativo que fue talada había coigüe, canelo, tepú, ulmo y tepa. El director regional de CONAF, Jorge Aichele, descarta la posibilidad de que toda la madera obtenida de la tala del bosque nativo tuviese un valor comercial alto. Pero el daño ambiental sí es importante.

Las causas contra Agrícola Brinzal en Ancud están en manos del abogado de CONAF Francisco Urrutia Ganoa. En ellas, ya se tomaron las declaraciones de las partes y se rindieron las pruebas. CONAF presentó fotografías satelitales y llevó como testigos a sus fiscalizadores y a propietarios de predios de esa zona. La información proporcionada por la corporación indica que la causa por incumplimiento de reforestación ya se encuentra lista “para que el juez dicte sentencia”. Respecto del juicio por tala rasa ilegal, señaló que “el tribunal decretó inspección personal en los predios para la primera semana de marzo de 2013”.

PROPIEDAD DE HARVARD

Los registros del Diario Oficial indican que Agrícola Brinzal está controlada por la sociedad Phemus Corporation. Este es un fondo de inversión de la Universidad de Harvard que es administrado por Harvard Management Company (HMC). Esta última es la entidad encargada de rentabilizar el patrimonio de la universidad y para eso invierte a largo plazo en distintos rubros y lugares del mundo. Según se lee en la página web de HMC, su objetivo es “abrir las puertas de Harvard a alumnos que de otro modo no podrían estudiar aquí, así como ayudar a financiar descubrimientos significativos en la investigación científica”. En 2004 los fondos de Harvard desembarcaron en Chile creando sociedades agrícolas para invertir en el sector forestal.

Al momento de crear Agrícola Brinzal, el representante de Phemus Corporation en Chile era el abogado René Fuchslocher Raddatz, quien fue candidato a concejal en Puerto Montt por la UDI en 2008. En esa ciudad tiene hoy su estudio jurídico “Fuchslocher, Bogdanic & Asociados”. El abogado describe su experiencia profesional reciente como enfocada a “la adquisición de grandes superficies agrícolas, forestales y costeras con interés turístico o acuícola, la aplicación de herramientas legales tendientes a su saneamiento, y la gestión de planes de desarrollo productivo en ellas, todo bajo un prisma tributario”.

Fuchslocher dijo a CIPER que trabajó en la creación de las sociedades de Harvard junto al abogado Roberto Edwards Smith, quien representó a Harvard Private Capital Holdings Inc. Ambos abogados, en representación de los fondos de inversión de Harvard, crearon en diciembre de 2004 la sociedad Inversiones Tres Cumbres Limitada. Un mes más tarde, en enero de 2005, crearon Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A. A través de esas dos sociedades formaron, en febrero de 2005, Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Crecer Limitada y Agrícola Duramen Limitada con un capital de $1 millón cada una (ver registros del Diario Oficial). En noviembre del año pasado Agrícola Duramen absorbió, por fusión, a Agrícola Crecer (ver publicación en el Diario Oficial).

El abogado Fuchslocher aseguró que ya no tenía la representación legal de estas empresas. “Básicamente eran sociedades constituidas afuera (Phemus Corporation y Harvard Private Capital Holdings Inc.), y nos dieron a nosotros el mandato para iniciar actividades (en Chile). Pero, físicamente, hasta donde yo sé, esas no tuvieron ninguna operación comercial, aparte de haberse usado para constituir otras sociedades. La idea original de esto era que estas sociedades compraran predios agrícolas para forestar, pero no sé qué hayan hecho más allá con esto”, explica.

Fuchslocher confirma que las inversiones son de Harvard y agrega que el hombre que lleva los negocios forestales de esa universidad en Chile es Jorge Ross Amunátegui: “Él era el contacto directo que tenía este fondo en Chile, nosotros fuimos el estudio de abogados que nos encargamos de estructurarlos para efectos prácticos, pero nada más. Respecto a la operación, Jorge (Ross Amunategui) siempre se encargó de todo”.

La conexión de Jorge Ross con el rubro de las inversiones forestales data al menos de 1987. En octubre de ese año, Ross Amunátegui figuraba con la representación, administración y uso de razón social, de Inversiones y Comercio Contao Limitada, creada en Chile por la Simpson Timber Company, una compañía de productos forestales de Estados Unidos (ver extracto del Diario Oficial).

En marzo de 1988 la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) creó la sociedad Celulosa del Pacífico S.A. con la norteamericana Simpson Latin America Ltd. En los registros de constitución de esa sociedad no figura Jorge Ross. Sí aparece en agosto de 1989, cuando representó a Simpson Paper Company en la creación de Forestadora Simpson Chile Limitada (ver ese registro). A través de esta última sociedad, Ross Amunátegui participó en negocios con la CMPC.

Efectivamente, en octubre de 1989, Forestadora Simpson Chile Limitada y la CMPC crearon la sociedad Forestal Angol Limitada, con un capital de $1.400 millones. En febrero de 1998 la empresa Simpson vendió a Inversiones CMPC S.A. su participación en la propiedad de Forestal Angol (50% de la sociedad), la que tenía un capital de más de $14.122 millones. En abril de ese año la CMPC transformó  a Forestal Angol en una sociedad anónima cerrada de nombre Papeles Angol S.A. Ross representó a la norteamericana Simpson en sus negocios con la papelera al menos hasta noviembre de 1997, de acuerdo a los extractos publicados en el Diario Oficial (ver documentos).

De acuerdo a los registros del Diario Oficial, en 2005 Jorge Ross constituyó dos sociedades vinculadas al negocio forestal, pero a título propio y ya no en representación de terceros. El 29 de marzo de 2005, a través de la sociedad Inversiones Río Enco, junto a Patricia Moreno, a través de Inversiones Río Toltén, crearon Capital Forest Consultores Limitada, con el objeto de prestar “asesorías en materia forestal, inmobiliaria, económica, financiera y legal, tanto en Chile como en el extranjero”. Tres meses después, el 13 de junio de 2005, Ross y Moreno, a través de las mismas sociedades, crearon Llanoverde S.A. para “la prestación de toda clase de servicios destinados a la plantación, mantención y explotación forestal, de servicios agrícolas, inmobiliarios, agropecuarios, administrativos y contables, respecto de predios que administre” (ver extractos del Diario Oficial).

Los documentos oficiales de las sociedades que controlan Agrícola Brinzal muestran que desde 2009 están domiciliadas en la oficina de Jorge Ross, en Vitacura. CIPER fue hasta esa dirección a fines de enero pasado, donde informaron que Ross estaba de vacaciones y que a cargo de las empresas sólo había un contador. Este último explicó que la única persona que podía atender consultas era Ross, quien tampoco respondió los correos electrónicos que se le enviaron. El martes 5 de marzo CIPER contactó telefónicamente a Ross en su oficina, para que se refiriera a la relación de Brinzal con Harvard y manifestara la posición de la empresa respecto de las infracciones cursadas por CONAF. Él mismo nos respondió y pidió que lo llamáramos por la tarde de ese día. No volvió a contestar y aunque se le dejaron nuevos recados en una grabadora, no hubo respuesta.

BRINZAL RECIBE SUBSIDIO ESTATAL

En la escritura de constitución de Brinzal quedó registrado quiénes tenían la administración y el uso de la razón social de la empresa. En primer lugar, aparecía el neozelandés Andrew G. Wiltshire, quien comenzó su carrera en el Servicio Forestal de Nueva Zelanda a cargo de la planificación y el manejo de bosques. Desde 2001, Wiltshire trabaja en HMC, la corporación que administra e invierte los dineros de la Universidad de Harvard y que maneja un fondo de  US$ 30,7 billones según datos de septiembre de 2012 (ver el reporte anual de HMC). Wiltshire fue director del área de Recursos Naturales e Inversiones Forestales de HMC y hoy, según la información publicada en la web de HMC, está a cargo de los “activos alternativos” de la compañía. En la administración original de Brinzal también figuraba Jack R. Meyer, Michael S. Pradko y Sheila Mathews, todos relacionados con HMC. De hecho, Meyer fue presidente de esa corporación de Harvard.

De acuerdo a la información publicada en el Diario Oficial, en 2006 un chileno ingresó a la administración de Brinzal: el ingeniero forestal Álvaro Aguirre Simunovic. El encargado de comunicaciones de Harvard, Kevin Galvin, señaló que Aguirre no respondería las preguntas de CIPER. La base de datos de internet “One Source”, que permite localizar ejecutivos en Estados Unidos, indica que Aguirre dirige el portafolio de inversiones forestales de Phemus Corporation, pero Galvin no quiso confirmar esa información por razones de “privacidad”.

Justamente el mismo año en que Aguirre se sumó a la administración de Brinzal, la empresa acordó un aumento de capital desde $1 millón a $1.400 millones. Lo mismo hicieron y por idéntico monto Agrícola Crecer y Agrícola Duramen, las otras empresas controladas por Harvard, exactamente el mismo día (ver registros del Diario Oficial). El 30 de junio de 2011, se repactaron los estatutos de Agrícola Brinzal y se acordó un aumento de capital desde $1.401 millones a más de $2.322 millones. Es el último registro que aparece de Brinzal en el Diario Oficial, donde Álvaro Aguirre Simunovic seguía figurando en la administración, y las sociedades controladas por Harvard seguían apareciendo como dueñas de la agrícola (ver extracto del Diario Oficial).

Desde 2007, al menos, Agrícola Brinzal ha accedido, vía concurso público, a beneficios que entrega todos los años el Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, administrado por CONAF. Los interesados en adjudicarse este fondo deben presentar “una solicitud acompañada de un proyecto de Plan de Manejo, que deberá detallar la o las actividades a realizar y la superficie a intervenir”, según indica la ley que regula este beneficio. Brinzal recibió entre 2007 y 2010 alrededor de $114 millones por bonificaciones forestales (vea la base de datos de beneficiarios del Ministerio de Agricultura 2007-2009 y el resultado de las postulaciones al Fondo de Conservación,Recuperación y Manejo del Bosque Nativo 2010).

LAS RESPUESTAS DE HARVARD

La entidad que dirige los destinos de la Universidad de Harvard, y de la que depende HMC, es President and Fellows of Harvard College, la que en una declaración que abarca desde julio de 2010 a junio de 2011 -hecha para fines tributarios en Estados Unidos- informó que Harvard tiene la propiedad del 99,99% de Agrícola Brinzal y que su participación de ese período en los activos de la empresa correspondió a US$ 8.099.525, unos $ 3.820 millones. En esa declaración, Harvard indicó que su participación en los ingresos totales de Agrícola Brinzal de ese año fue de US$ 515.744, unos $ 243 millones (ver una copia de la declaración). Una declaración en términos similares hizo Phemus Corporation, el fondo de inversión de Harvard que constituyó sociedades en Chile (vea el documento).

En su declaración, la Universidad de Harvard reconoce tener al menos once sociedades en Chile: Inversiones Tres Cumbres Limitada, Agrícola e Inversiones Pampa Alegre S.A., Agrícola Brinzal Limitada, Agrícola Duramen Limitada, Agrícola Crecer Limitada (absorbida en 2012 por Duramen), Agrícola Fundo Bucalemu Limitada, Agrícola Rapel Limitada, Agrícola Retiro Limitada, Agrícola Ribera Limitada, Clag (Chile) SpA y Sociedad Explotadora Agrícola SpA.

CIPER contactó a Kevin Galvin, a cargo del departamento de comunicaciones de Harvard, para preguntar si estaban al tanto del proceso judicial que enfrenta Agrícola Brinzal y para confirmar si esa empresa sigue en manos de la universidad. La respuesta fue escueta: “HMC tiene una política de no comentar inversiones específicas o estrategias de inversión”. En todo caso, en el Diario Oficial no hay registro de que los fondos de inversión de Harvard se hayan desvinculado de Brinzal. Por lo demás, la declaración jurada tributaria de 2011 hecha por Harvard acredita que ese año, cuando se hicieron las primeras denuncias ante la AIFBN por los ilícitos detectados posteriormente por CONAF, la empresa era controlada por los fondos de inversión de la universidad.

Consultado por las políticas ambientales que guían las inversiones de Harvard, Galvin respondió citando la información publicada en el reporte anual de HMC: “Por la naturaleza de nuestra misión, estamos preocupados de tener una gestión responsable y sostenible. Nuestros gerentes y nosotros mismos nos guiamos por un alto estándar en áreas como la gestión responsable del medio ambiente, prácticas laborales y buenos gobiernos corporativos”. CIPER revisó ese reporte y en él no hay detalles que describan sus políticas ambientales ni las particularidades del “alto estándar” que menciona ese texto.

LOS BOSQUES INTERNACIONALES DE HARVARD: DENUNCIAS EN ARGENTINA

Harvard no solo ha invertido en los bosques de Chile. También ha intervenido en negocios forestales en Nueva Zelanda, Rumania, Brasil, Ecuador, Panamá, Letonia y Argentina, entre otros países, según la declaración jurada tributaria de 2011 realizada por Phemus Corporation.

Al igual que en Chile, en Argentina las autoridades que fiscalizan el sector forestal también denunciaron irregularidades en predios controlados por la universidad. Un reportaje del diario Tiempo Argentino, escrito por el periodista Fernando Pittaro y publicado el 9 de octubre de 2011, citó un informe técnico del 22 de septiembre de 2010, suscrito por la Administración de Parques Nacionales, que da cuenta de que Empresas Verdes Argentinas S.A. (Evasa) y Las Misiones S.A., ambas controladas por Harvard, incumplieron la Ley Nacional de Bosques.

El artículo de Pittaro afirma que en esas empresas han participado los chilenos Jorge Ross Amunátegui y Álvaro Aguirre Simunovic, los mismos que están relacionados con Agrícola Brinzal en Chile. CIPER constató que ambos han participado en Las Misiones S.A.: Ross como presidente y Aguirre como director. De acuerdo a lo publicado por el Boletín Oficial argentino, en julio de 2012 Aguirre renunció al directorio de Las Misiones S.A. y también al de Forestal del Río S.A., otra empresa que figura en ese registro oficial presidida por Ross.

CIPER solicitó a la Administración de Parques Nacionales de Argentina información sobre los incumplimientos de las empresas de Harvard en ese país. La respuesta de Lorena Paszko, en representación de la Delegación Regional NEA (Nordeste Argentino) de esa entidad, indica que “una parte de las forestaciones de la empresa EVASA se encuentran instaladas dentro de la Reserva Provincial Iberá y en una zona de interés para el establecimiento de un corredor biológico que comunique dicha reserva con el Parque Nacional Mburucuyá, ubicado al norte de la misma”.

Según explica la funcionaria, “el remplazo de las áreas de pastizales existentes entre ambas reservas interrumpe la conexión ambiental y atenta contra la conservación de especies de  flora y fauna amenazadas como lo son: los palmares de ‘yatay poñí’; una especie de ave típico de pastizales húmedos, como lo es ‘el yetapá de collar’, y el cérvido más grande de Sudamérica: ‘el ciervo de los pantanos’”.

Lorena Paszko envió a CIPER una copia del informe oficial que, según explicó, “da cuenta de los problemas ambientales detectados y las irregularidades que la empresa debería corregir para adecuarse a la legislación vigente en la Provincia de Corrientes” (vea el documento). Ese informe estableció que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida por la ley” y que, además, incumplió la reglamentación que exige “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”.

El reportaje publicado por Tiempo Argentino en 2011 dio cuenta de la fuerte presencia de Harvard en la zona de Corrientes, señalando que desde 2009 explota más de 84.260 hectáreas en los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.

 

Freirina: dos nuevos estudios cuestionan calidad de las aguas que beben los cerdos de Agrosuper

Vea la investigación de CIPER: “Detectan alto nivel de mercurio en agua destinada al consumo de los cerdos de Agrosuper en Freirina”

Apenas dos días después de haber recibido un informe de la PDI que indicó que el agua que consumen los cerdos en la planta de Agrosuper en Freirina tiene un alto nivel de mercurio, el fiscal Jorge Hernández Ángel solicitó nuevos análisis para ratificar o descartar la presencia de ese metal pesado en los bebederos de los animales. Efectivamente, el pasado 11 de septiembre el fiscal pidió a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Agricultura de Atacama que le hiciera llegar nuevos muestreos realizados al agua de bebida de los cerdos, análisis que fue encargado al laboratorio Dictuc, de la Universidad Católica. El fiscal, además, solicitó a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI que levantara nuevas muestras de agua en la planta, para contrastarlas con su primer informe.

El resultado del segundo análisis de la PDI fue entregado al fiscal Hernández el jueves 29 de noviembre. Cuatro días más tarde, el lunes 3 de diciembre, le llegaron los del Dictuc. El nuevo informe de la PDI no detectó mercurio en las muestras de agua, pero estableció que el recurso no es apto para el consumo de personas ni de animales, debido a que no cumple con la norma de agua potable (NCh 409/1) en otros parámetros: Hierro y Sulfatos. Asimismo, estimó que la empresa cambió la fuente de agua entre la primera toma de muestra, realizada en mayo, y la segunda, efectuada en octubre. En tanto, el informe del Dictuc, cuyas muestras fueron tomadas a fines de octubre, sí encontró mercurio en niveles superiores al límite que admite la norma, en concordancia con el primer estudio realizado por la PDI.

Las aguas que Agrosuper utiliza para dar de beber a sus cerdos provienen del río Huasco, por lo que el hallazgo de mercurio y otros elementos químicos en niveles superiores a los que admiten las normas (tanto para agua de riego como para agua potable), causó alarma en la población de Freirina. El río es uno de las fuentes de recarga del acuífero que abastece del recurso a los residentes de la zona y además riega cientos de hectáreas con hortalizas, parronales y olivos.

Los resultados de los nuevos análisis realizados por la PDI y el Dictuc le llegaron al fiscal Hernández en los mismos días en que las autoridades sanitarias levantaron la orden de cierre que pesaba sobre la planta y que originalmente exigía retirar todos los cerdos antes del 25 de noviembre. La normalización del funcionamiento de las instalaciones se anunció el pasado viernes 30 de noviembre y no tomó en cuenta la información sobre la calidad de las aguas que ya estaba en manos de la fiscalía y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Este último fue el que encargó el informe del Dictuc, análisis que está fechado el 14 de noviembre, dos semanas antes de que se decretara la normalización de la planta.

Este escenario provocó nuevas movilizaciones de los habitantes del valle del Huasco que se oponen a la continuidad de las actividades de Agrosuper. Las protestas se agudizaron después de que el consejo de ministros aceptara, el lunes 3 de diciembre, la instalación de la termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco, a pesar de que las autoridades técnicas regionales la habían rechazado.

LAS NUEVAS MUESTRAS

El 23 de mayo pasado se efectuó la primera toma de muestras realizada por la Bidema en la planta de Freirina, la que detectó en el agua que se da a los animales una concentración de mercurio de 0,0186 miligramos por litro, sobrepasando en 1.760% la norma para agua potable, que admite hasta 0,001 mg/L de este metal pesado. Ese análisis fue informado el 9 de septiembre al fiscal Hernández, quien investiga las responsabilidades por la crisis sanitaria que se vivió en Freirina en mayo de este año. Ese episodio fue originado por el colapso del sistema de tratamiento de los excrementos de los más de 480 mil cerdos que había a esa fecha en la planta, lo que motivó las protestas de residentes del sector por la pestilencia y la proliferación de moscas.

En particular, el fiscal investiga si hubo “propagación de agentes tóxicos para la salud de las personas”, tal como lo señaló en el primer reportaje de CIPER sobre el hallazgo de mercurio en el agua, publicado el jueves 29 de noviembre. Por lo mismo, el fiscal amplió su investigación para determinar si el mercurio detectado inicialmente por la Bidema puede generar riesgos para las personas. Esto, porque el análisis hecho por la PDI no permitió distinguir si el mercurio encontrado es inorgánico u orgánico. Determinar aquello es crucial para el fiscal, pues el mercurio inorgánico (metálico) prácticamente no es absorbido por quien lo consume y el riesgo que representa para la salud es muy bajo. En cambio, según los informes de la PDI, el mercurio orgánico se absorbe hasta en un 95%, se acumula en los tejidos y su consumo permanente puede provocar daños graves (es considerado un potencial carcinógeno).

Tras recibir el informe de la PDI en septiembre, el primer paso ordenado por el fiscal Hernández fue repetir la toma de muestras, lo que la Bidema realizó el 17 de octubre pasado. Ese día la perito Karla Muñoz Concha levantó diez muestras de líquidos, seis de ellas correspondientes a agua que beben los cerdos en distintos planteles ubicados en dos sectores de la planta: Maitencillo y Nicolasa.

El Informe Pericial Ambiental Nº 188/2012 (vea una copia del documento), firmado por Karla Muñoz y por el perito José Gárate, indica que en las seis muestras de agua de bebida para los animales no se detectó la presencia de mercurio. No obstante, en una de ellas se encontró Hierro y en otras tres se detectaron Sulfatos en niveles superiores a los permitidos, por lo que en sus conclusiones el informe indica que las aguas “no serían aptas para su consumo” y que el resultado del análisis “implica que el sistema de potabilización no está funcionando correctamente, por lo que la salud de personas y animales que consuman esta agua, se podría ver afectada directamente”.

En segundo término, el fiscal recibió los análisis que le envió la Seremi de Agricultura, hechos por el Dictuc. Estos, en concordancia con el primer informe de la PDI, sí detectaron mercurio en el agua que beben los cerdos en una concentración superior a la permitida. El Informe Nº 1062125 de la División de Ingeniería Hidraúlica y Ambiental del Dictuc (vea una copia), señala que se tomaron dos muestras el 30 de octubre pasado. Según establece el mismo documento, una muestra se levantó en el bebedero del corral 46 del Pabellón Nº 16 y en ella se encontraron 0,012 mg/L de mercurio, superando la norma en 1.100%. La segunda muestra se tomó en la Planta Potabilizadora Nicolasa y arrojó 0,008 mg/L, lo que excede la norma en 700 por ciento.
La seremi de Agricultura de Atacama, María Angélica Osorio, dijo a CIPER que los análisis fueron encargados al Dictuc a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en respuesta al requerimiento que formuló el fiscal Hernández:

-Tomó tiempo hacer la toma de las muestras porque hubo que licitarla.

-A partir de estos resultados, ¿no han determinado si van a seguir alguna acción, como realizar un monitoreo permanente de las aguas?

-No, porque yo llegué el lunes de Santiago y no he tenido tiempo de ver la respuesta que mandó (el SAG al fiscal) ni los análisis. Si efectivamente hay algo (anormal en los resultados), habría que empezar a seguir monitoreando.

-El análisis del Dictuc arrojó que hay valores por sobre la norma, de 0,012 mg/L y de 0,008 mg/L.

-Lo que pasa es que nosotros, como servicio, no tenemos presupuesto para monitoreo de forma permanente. Son súper caros. Lo conversamos con el SAG y sugerí que pudiéramos seguir haciendo monitoreo en puntos más arriba (del río Huasco), porque probablemente hay dos opciones: o es una fuente externa, de otra persona que esté más arriba del canal (de riego que abastece a la planta), o que haya sido algo localizado, como que hayan depositado mercurio ahí, casi como un atentado. Pero monitoreo permanente no vamos a tener. Probablemente veremos la posibilidad que yo le planteaba al SAG de gestionar otro monitoreo puntual, estacional, pues como ya están los de mayo de la PDI y los del SAG de octubre, podríamos tener otro para ver cómo evoluciona.

ESPECIALISTA: “RESULTADO PREOCUPANTE”

El ingeniero ambiental Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace, analizó los resultados de los muestreos realizados por la PDI y por el Dictuc, y señaló que los valores que estos estudios arrojan indican que las aguas no son aptas ni para el consumo de los animales ni para el riego:

– Los nuevos análisis efectuados por dos organismos independientes, el Dictuc y la PDI, demuestran que el agua está muy lejos de cumplir con las normas de consumo humano y animal y también de riego, debido a altas concentraciones de Hierro, Sulfatos, Cloruros y conductividad específica, en los sectores Maitencillo y Nicolasa. Son especialmente preocupantes las condiciones del agua en el sector Nicolasa, pues se encontró nuevamente exceso de mercurio, lo que ratifica la presencia de esta especie (en concordancia) con la muestra tomada en mayo.

En el área de Nicolasa, donde el segundo informe de la PDI tomó muestras en un canal y una planta de tratamiento de agua, Leiva dice que el recurso “también tiene excesos en especies químicas que sobrepasan la normativa para riego, lo que puede tener efectos adversos para muchos cultivos, debido a sus niveles de conductividad específica”.

El experto señala que urge saber si el mercurio detectado en mayo por la PDI y en octubre por el Dictuc es orgánico o inorgánico:

-Especial relevancia tienen los altos niveles de cloruros encontrados en la zona, puesto que su mezcla con alguna especie de mercurio en el agua podría crear compuestos altamente tóxicos en ciertas condiciones de pH, composición y características de ese mercurio. Lamentablemente, los análisis hasta ahora no permiten saber en qué condiciones se encuentra el mercurio.

Leiva estima que frente a estos resultados es imperioso que la autoridad sanitaria desarrolle análisis más exhaustivos: “Si las normas de riego y consumo humano y animal no se están respetando, ¿qué medidas se van a tomar sobre una planta que no cuenta con sistemas de potabilización del agua? La autoridad sanitaria y ambiental debe cerrar la planta y exigir que estos parámetros se cumplan antes de otorgar los permisos de reapertura”.

CIPER intentó obtener respuestas de la autoridad sanitaria regional respecto de si estos nuevos antecedentes sobre la calidad de las aguas ameritan revisar la autorización para que la planta siga operando. Sin embargo, en la Seremi de Salud se informó que las consultas debían dirigirse al Gobierno Regional (Gore). Ahí respondió las preguntas el seremi de Gobierno, Carlos Salinas, quien dijo que no conocía detalles del nuevo informe de la PDI y que no estaba al tanto del elaborado por el Dictuc:

“Cualquier cosa que haya que subsanar al respecto, obviamente el Gobierno va a tomar las medidas respectivas. Eso lo puedo garantizar, porque eso se ha estado haciendo. Lamentablemente, desconozco los informes y mañana (el viernes 7) me voy a reunir con la Seremi de Agricultura para aclarar estos informes”, dijo Salinas.

El seremi de Gobierno agregó que él puede garantizar que no se ha encontrado mercurio en la carne de los cerdos, pero dice que habrá que analizar el tratamiento que la empresa da al agua si efectivamente hay elementos que exceden las normas: “Yo me preocupé inicialmente del mercurio. Hay un informe del SAG donde se desarrollaron los monitoreos durante 2012 y la carne no muestra ninguna concentración que exceda los parámetros normales de mercurio”. Respecto de otros elementos medidos en los informes que están sobre los límites, Salinas sostuvo que lo que se debe analizar es “el tema de la potabilización del agua. Entonces voy a ver los informes primero y de ahí nos tendremos que pronunciar como gobierno”. Y remató:

– Si hay algo que contraviene a la norma se va a solucionar de alguna forma, se le va a exigir a la empresa. La señal que hemos dado nosotros siempre es: esta es la última oportunidad que tiene la empresa. Si no lo hace bien… lo que dice la ley no más.

ANÁLISIS DE AGROSUPER

En respuesta a las consultas formuladas por CIPER para el primer reportaje sobre el hallazgo de mercurio, Agrosuper reconoció que no tiene una planta potabilizadora en sus instalaciones de Freirina y que solo filtra y aplica cloro al agua que extrae del río Huasco para dársela a los cerdos. Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos, y Mauricio Arias, médico veterinario de la empresa, dijeron que con ese proceso la compañía estima que el recurso cumple con las norma de agua potable (NCh 409/1) y que así lo demuestran los análisis que encarga a un laboratorio externo.

El nuevo informe de la PDI establece que el proceso de cloración que se aplica en la planta de Agrosuper no cumple con la norma NCh 409/1, pues arroja Hierro y Sulfatos por sobre el límite permitido. Además, ya hay dos estudios (el primero de la PDI y el que se conoce ahora del Dictuc) que indican que también se ha registrado exceso de mercurio en el agua destinada a los cerdos. Estos no son los únicos indicadores de que el recurso tiene parámetros fuera de la norma. Los análisis que Agrosuper hace cada 15 días también arrojan valores que superan los límites.

La empresa entregó a CIPER los resultados del monitoreo que hace permanentemente a las aguas, a través del laboratorio externo SGS.  Los datos que facilitó corresponden a los análisis efectuados entre enero y septiembre de este año. En esos documentos quedó registrado que en distintos planteles, en los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre, se apreciaron valores superiores a la norma en las mediciones de elementos como Sulfatos, Trihalometano, Coliformes totales, Sólidos totales disueltos y Cloruros (vea la tabla con el detalle, por fecha, plantel y elemento excedido).

En esta ocasión, Agrosuper no respondió las consultas de CIPER. Según se informó en la empresa que lleva sus comunicaciones, Extend, el gerente de Asuntos Corporativos, Rafael Prieto, no pudo ser ubicado, porque estaba en reuniones donde analizaba las protestas en Freirina que se iniciaron en la madrugada de este jueves 6, donde resultó con lesiones graves el vocero del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Yahir Rojas. Los manifestantes acusan que Rojas (24 años) fue agredido por guardias de la empresa antes de entregarlo a Carabineros. El dirigente fue internado en la UTI del Hospital Provincial de Huasco con un TEC en evolución, donde se preparaba su traslado al Hospital de Coquimbo para una mejor evaluación de su condición neurológica. Un guardia de Agrosuper, Carlos Núñez Antilef (32), también fue internado con lesiones graves en su ojo izquierdo.

¿AGUAS SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS?

El informe entregado recientemente por la PDI al fiscal Hernández indica que la discrepancia entre su primer análisis de mayo (que sí detectó mercurio) y el segundo (que no encontró ese metal), puede deberse a que la empresa cambió la fuente de agua: “Esto se podría explicar debido a que durante la primera Inspección Ocular se informó que se utilizaba agua subterránea para administrar a los planteles para consumo animal; a diferencia de la segunda Inspección Ocular, en donde se observó que se utilizaba agua superficial para dicho uso”, dice el último informe de la Bidema.

En mayo, en la muestra identificada como P3, extraída del Plantel Nº 6, fue donde la PDI encontró mercurio. Por eso, en octubre la Bidema volvió a sacar agua de ese plantel, identificando esta nueva muestra como P8. La comparación entre los valores que arrojan ambas muestras es discordante no sólo para el mercurio, sino para otros elementos, por lo que se puede barajar como hipótesis un posible cambio de la fuente de agua (vea el cuadro comparativo entre los valores de la muestra P3 de mayo y la P8 de octubre)

Si, tal como lo informa la PDI al fiscal Hernández, en la primera toma de muestra realizada en mayo Agrosuper estaba utilizando aguas provenientes de napas subterráneas, se trataría de una acción ilegal, pues según los registros de la Dirección General de Aguas (DGA) la empresa no cuenta con derechos para extraer el recurso desde esa fuente.

Originalmente, al iniciar el proceso de calificación ambiental en 2005, la compañía informó que todos sus procesos se realizarían con aguas subterráneas, pero después cambió a aguas superficiales, sacadas del río Huasco. Agrosuper ha presentado, desde 2005, 17 solicitudes de derechos sobre aguas subterráneas en la zona de Freirina, pero en la DGA se informó a CIPER que ninguna ha sido aprobada.

CIPER intentó consultar al fiscal Hernández si las nuevas muestras analizadas por la PDI y el Dictuc podrían dar pie a otras diligencias y si investigará el posible abastecimiento de la planta con agua extraída de una fuente ilegal, pero en la Fiscalía de Atacama señalaron que por el momento no entregarán información:

“La investigación es bastante amplia y tiene varias diligencias ordenadas por la Fiscalía (…). La causa está vigente y no ha sido judicializada, no habiendo aún fecha para ello, por lo que por el momento no es posible comentar el resultado de diligencias, análisis o estudios, ordenados por la Fiscalía, dado que se encuentran en estudio por parte del fiscal de la causa”, fue la respuesta oficial.

 

Detectan alto nivel de mercurio en agua destinada al consumo de los cerdos de Agrosuper en Freirina

A las 15:30 del pasado 23 de mayo una pequeña caravana de vehículos policiales cruzó los portones de las dependencias de la empresa Agrosuper en el sector Bodeguillas, a la altura del kilómetro 18 de la ruta que une Vallenar con Freirina. La columna estaba compuesta por un vehículo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI, dos carros de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar y carabineros de Freirina. Casi cuatro horas más tarde, a las 19:23, los efectivos se retiraron. Llevaban cinco muestras de suelo y cuatro de líquidos extraídas de las instalaciones de Agrosuper, donde las heces de miles de cerdos se acumulaban, liberando los gases de la descomposición del excremento. La zona era un infierno nauseabundo e irrespirable. Y así quedó descrito en el Informe Policial Nº 586 de la Bidema, destinado a la Fiscalía Local de Freirina, que dio cuenta de las diligencias realizadas en esa jornada.

Dos oficiales de la Bidema, junto a un perito medioambiental de la PDI, ya habían intentado ingresar a las instalaciones de Agrosuper al mediodía de ese mismo miércoles 23 de mayo. El fiscal Jorge Hernández Ángel les había ordenado constatar el estado de la planta, el origen y las responsabilidades por los malos olores y por la legión de moscas que trastornaban a los habitantes de Freirina, una comuna agrícola ubicada al poniente de Vallenar, en la Región de Atacama.

El abogado de la empresa, Marcelo Castillo Sánchez, le impidió el paso a esa primera comitiva policial. Tal como lo señala el citado informe de la Bidema, Castillo alegó que tanto el inspector a cargo del grupo, Jaime Pérez Aguilera, como la subprefecto que le acompañaba, Nayadet Urra Mena, “con anterioridad habían desarrollado otras investigaciones relacionadas con la empresa Agrosuper, indicando que las conclusiones de esas indagatorias habían sido tendenciosas en contra de la compañía”. Castillo recusó la presencia del inspector Pérez y de la subprefecto Urra en el equipo investigador. Los policías debieron retirarse.

La negativa del abogado obligó al inspector Pérez a recurrir nuevamente al fiscal Hernández, quien con urgencia consiguió que el juez de garantía de Freirina, Daniel Herrera Marín, extendiera una “Orden de Entrada y Registro” vigente por 24 horas. Sólo así, con auxilio de la fuerza pública, la Bidema pudo quebrar la oposición de Agrosuper al ingreso de los peritos y constató que los excrementos de los cerdos habían colapsado uno de los estanques donde las aguas con heces (denominadas “purines”) debían ser tratadas, contaminando el suelo. Además, comprobaron que la empresa había regado alrededor de 80 hectáreas con aguas con excrementos, oscuras, espesas y pestilentes, porque vació los reactores (estanques donde este líquido debía ser tratado y purificado) a objeto de repararlos.
La orden extendida por el juez Herrera permitió a los efectivos de la Bidema constatar que en la planta operaban tractores y maquinaria pesada que pretendía cubrir con tierra las huellas del riego con aguas servidas y contener el derrame de purines. También facilitó que el perito medioambiental José Gárate Lagos tomara las ya mencionadas cinco muestras de suelo y cuatro muestras de líquido.

Tendrían que pasar tres meses para que una de las cuatro muestras de líquidos encendiera las alarmas en la Fiscalía de Freirina. El 8 de septiembre pasado, el inspector Pérez entregó al fiscal Hernández las 76 páginas de su Informe Nº 586, acompañado de dos gruesos tomos de anexos, donde figura también un informe reservado firmado por el perito Gárate. En ese extenso caudal de datos, gráficos, cuadros, fotografías, análisis y estudios, un antecedente resaltó ante los ojos del fiscal: la tercera muestra de líquidos, correspondiente a agua destinada a dar de beber a los cerdos en uno de los planteles de engorda, presenta una concentración de mercurio (metal pesado calificado como posible agente carcinógeno), que supera en 1.760% el límite permitido por la norma chilena (NCh 409/1 Of. 2005) para el agua potable.

CIPER revisó los documentos del proceso de calificación ambiental de este proyecto. La planta fue autorizada a utilizar, para todas sus operaciones, aguas superficiales extraídas del río Huasco, pero en el proceso de calificación nunca se explicitó qué tipo de tratamiento se daría al agua destinada al consumo animal. Eso, a pesar de que se ubica en una región minera donde el río podría ser impactado por residuos de esa actividad. Las autoridades no le exigieron instalar una planta de potabilización para dar de beber a los cerca de 500 mil cerdos que el predio llegó a albergar.

Representantes de Agrosuper reconocieron a CIPER que el agua no pasa por una planta de potabilización, pues señalaron que solo se filtra y se le aplica cloro, y que no se le realizan procedimientos para separar los metales (como el mercurio) que pudiese contener. No obstante, afirmaron que cada 15 días realizan un monitoreo en los estanques de acumulación -que encargan a un laboratorio privado- y que nunca han detectado valores que sobrepasen las normas en medición de metales.

LAS MUESTRAS P3 y P10

El alto nivel de mercurio detectado en el agua es un dato completamente nuevo en la investigación de la alerta sanitaria en Freirina. Hasta ahora las pesquisas se habían centrado en establecer las causas y responsabilidades por la pestilencia y la proliferación de moscas. En ese sentido, el informe de la Bidema establece que el origen de la crisis fue una falla en el proceso de aireación de los estanques de tratamiento de purines. Esto provocó la acumulación de excrementos que desbordaron los sistemas. Hasta ahí, los resultados de las pesquisas se movían dentro de parámetros esperables para el episodio que se investigaba.

Lo que no estaba en los cálculos de los investigadores, fueron los resultados que arrojó la tercera muestra de líquido tomada el 23 de mayo. La alta concentración de mercurio puede ser indicativa de un problema mucho más grave que el mal olor. Aunque el mismo informe policial establece que se requieren nuevos muestreos para sacar conclusiones definitivas, de comprobarse que ese metal está presente de manera anómala en el curso del río Huasco, podría ser un factor de riesgo para la salud de la población, ya sea porque consume directamente el agua o bien hortalizas y animales (como los cerdos de Agrosuper) expuestos a ese recurso.

La información sobre las muestras tomada por la PDI surge a pocos días de que se difundiera la decisión de las autoridades ambientales que aplazó la resolución que ordena el cierre de la planta, la que había puesto como plazo para evacuar todos los cerdos el pasado 25 de noviembre (*). La empresa tiene ahora hasta febrero para regularizar su situación. Los habitantes de la zona, agrupados en el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, siguen exigiendo la clausura de la planta.

– Nos parece preocupante que la empresa no haya tomado el resguardo para trabajar con esa agua. La autoridad ha pecado de incompetente. Tenemos evidencia que la Seremi de Salud de Atacama tenía conocimiento de esto y no quiso hacer ningún trabajo para ver qué alcance podía tener una contaminación por mercurio, tanto en la producción porcina como en las comunidades que se abastecen de este recurso hídrico –señala Yahir Rojas, vocero del movimiento.

Cuando el perito ambiental José Garate Lagos levantó las muestras de suelo y agua, el pueblo de Freirina ya llevaba más de una semana en pie de guerra. Sus habitantes habían bloqueado la carretera de acceso a la planta de Agrosuper y el humo de las barricadas se confundía con el hedor de los cerdos. La compañía resolvió que sus empleados abandonaran las instalaciones si las autoridades no garantizaban su seguridad. Cinco días llevaban sin atención los 483.907 cerdos que había a esa fecha en la planta -según cifras aportadas a CIPER por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- cuando el inspector Pérez, la subprefecto Urra y el perito Gárate, lograron ingresar a la planta.

Entre las 16:45 y las 18:13 del miércoles 23 de mayo, José Gárate Lagos tomó cinco muestras de sólidos (suelo) y cuatro de líquidos (agua con purines, purín crudo y agua de bebida para los cerdos) en nueve puntos del predio. La muestra identificada como P3 la obtuvo del agua potable destinada al consumo de los cerdos del “Plantel Destete-Venta Nº 6” (una de las instalaciones donde permanecen en engorda los ejemplares ya separados de sus madres a la espera de que cumplan 180 días para ser faenados). La muestra caratulada como P10 la tomó de un punto del suelo ubicado fuera del predio de Agrosuper, aparentemente sin intervención humana, que serviría como control para comparar con las otras muestras de terreno. En ambas (P3 y P10) se detectó una alta concentración de mercurio.

En la muestra P3, correspondiente a agua extraída desde el interior del Plantel Nº 6, el mercurio marcó 0,0186 miligramos por litro, en circunstancias que la norma chilena para agua potable (NCh 409/1 Of. 2005) establece como límite 0,001 mg/L. Esto significa que el nivel estaría sobrepasado en 1.760%. Otro elemento que superó los límites en esta muestra fue el sulfato, que registró 723,1 mg/L y cuyo nivel en la norma es tolerado hasta 500 mg/L. El sulfato superó en un 44% lo establecido en la norma. Una alta concentración de sulfato, explicó el perito Gárate en su informe, tiene efecto laxante y “puede causar diarrea crónica en cerdos recién destetados”.

El análisis del suelo levantado en la muestra P10, indicó que ahí el mercurio se encuentra en una concentración de 9 mg/Kg, por lo que el perito Gárate dedujo que este nivel se puede considerar como natural para la zona.

El mercurio es un metal pesado y, en su informe, Gárate señala que ha sido identificado como “posible carcinógeno para el ser humano”. En el mismo texto, se señala que en estado inorgánico (metálico) su absorción por parte de quien lo consume en alimentos o bebidas es baja (7% a 15% del total ingerido). Pero en estado orgánico, producido por microorganismos en un medio acuoso (metilmercurio), su absorción puede llegar a 95%. Por eso, tragar por accidente el mercurio metálico contenido en un termómetro no reviste mucho riesgo, pero sí puede ser grave consumir de manera permanente algún tipo de carne -como la de pescado, por ejemplo- que ha acumulado una alta dosis de metilmercurio.

Según los informes entregados a la fiscalía por Pérez y Gárate, las muestras líquidas fueron tomadas como “muestras puntuales”, conforme a las normas chilenas que regulan estos procedimientos (NCh 411/2 Of. 96 y NCh 411/10 Of. 2005). Esto significa que son “muestras discretas, tomadas de una masa de agua de forma aleatoria”. Por lo mismo, la Bidema advierte que “solo representan la calidad del agua en el momento y lugar desde donde fueron extraídas”. A partir de estas muestras, entonces, no se puede deducir que el alto nivel de mercurio en el agua bebestible sea permanente. Tampoco, por el método de análisis utilizado, se pudo establecer si este mercurio es orgánico o inorgánico.

Gárate y Pérez, en sus informes, recomendaron al fiscal realizar nuevas pruebas y análisis para certificar si la presencia de este metal pesado es una condición permanente del agua que beben los cerdos. También aconsejaron realizar otros peritajes -como analizar la carne de los cerdos- para establecer si el mercurio ha sido absorbido por los animales y, de ser así, en qué proporción, pues dependiendo de eso se podría configurar el riesgo de que ese metal pesado se haya traspasado, finalmente, a los consumidores de la carne.

ANÁLISIS DE RIESGO

El fiscal de Freirina, Jorge Hernández Ángel, indicó a CIPER que su investigación apunta a establecer si hubo “propagación de agentes tóxicos para la salud de las personas que viven acá. Ese es el delito que está en el Código Penal. Es una figura bastante amplia. Tenemos que comprobar cuál ha sido el impacto que ha tenido todo esto en la salud de las personas y los animales. Por ejemplo, ahora apareció esto del mercurio”.

Hernández confirmó que pidió a la Bidema que tomara las muestras que arrojaron que el mercurio “está fuera de la norma”, como dice él, en el agua proveniente del Plantel Nº 6. Y confirma que ya pidió tomar nuevas muestras a la misma brigada.

– Yo pedí otros informes, contramuestras posteriores, que se están realizando. Segundos informes hasta ahora no hay.

-¿Eso incluye muestras de carne de los cerdos?
-De agua bebestible.

-¿El objetivo es ver si los resultados que arrojó la primera muestra puntual se repiten?
-Exactamente. Pedimos que se tomaran de distintas fuentes, en distintos lados.

-¿En otros planteles?
-Sí, se van a tomar muestras de distintos depósitos de agua.

-¿Y esos resultados para cuándo estima que puedan estar?
-Estas muestras se demoran un poco. No tengo información de cuándo van a estar.

-¿Las muestras ya se tomaron?
-Tengo entendido que sí.

La orden impartida por el fiscal Hernández para realizar nuevos análisis y tomar más muestras, coincide con el curso de acción que recomiendan especialistas en toxicología y producción porcina.

La doctora Laura Börgel, directora del laboratorio de toxicología Servitox Ltda., señaló a CIPER que el informe de la PDI es un “estudio superficial” y que, como tal, debe considerarse apenas como el punto de partida para realizar nuevos muestreos y configurar un “análisis de riesgo”. Este último es un estudio mucho más complejo, con modelaciones matemáticas, que cuantificaría el riesgo a partir del volumen de agua que consumen los cerdos, el promedio de exposiciones al metal y la “dosis de efecto”, que corresponde a cuánto mercurio tiene acumulado el animal en músculo, cerebro y riñón. Recién entonces, dice la especialista, se podría cuantificar el riesgo de consumir esa carne de cerdo.

-Lo que hay que ver es qué tipo de mercurio se está midiendo (orgánico o inorgánico), cómo se mueve ese mercurio en el medio ambiente (la forma en que los cerdos entran en contacto con ese metal) y cuánto de ese mercurio llega finalmente al cerdo -dice la doctora Börgel.

Susana Muñoz, ingeniera agrónoma y académica del Departamento de Producción Agraria de la Universidad de Chile, especializada en nutrición de animales monogástricos (como los cerdos), coincide en que los valores arrojados por el análisis de la PDI constituyen una alerta y obligan a realizar nuevos muestreos.

-El mercurio es un metal pesado, como el plomo, y si se va acumulando en ciertos tejidos del animal, eventualmente podríamos comer un cerdo, como pasa a veces con los pescados, que puede tener concentraciones mucho más altas de lo que se encuentra en forma natural (…). El valor que yo manejo es que la absorción de mercurio por el tracto intestinal es muy baja. Si tú comes un gramo de mercurio, quedaría alrededor del 0,01%. Por eso, el riesgo es mínimo, a no ser que se trate de una cantidad enorme a la que estás expuesto.

Uno de los aspectos del informe de la PDI que destaca la profesora Muñoz es que en las muestras P2 y P8, correspondientes a agua con purines y a lodo con purines, no se detectó mercurio. Si los cerdos bebieron agua con una alta concentración de ese metal, debiese haber residuos en sus heces, pero en ellas no hay rastros de ese elemento.

-Si hay mercurio en el agua, pero no en los purines, ¿a dónde se fue ese mercurio que bebió el animal? No puedo decir que el 100% quedó acumulado en el cerdo mientras no tenga muestras del tejido donde supuestamente se acumuló. Deben tomarse muestras de carne, de hígado, que es lo que comemos -dice la académica.

ZONA MINERA

Inicialmente, el proyecto que presentó Agrosuper al proceso de evaluación ambiental consideraba que toda el agua que utilizaría en las faenas sería captada desde napas subterráneas. Por lo mismo, desde 2005 presentó a la Dirección General de Aguas (DGA) 17 solicitudes de derechos para operar pozos profundos en su predio de Freirina.

CIPER pidió, a través de la Ley de Transparencia, los documentos que indican en qué estado se encuentran esas 17 solicitudes, gestión que aún está curso. Asimismo, preguntó en las oficinas centrales de la DGA si estas solicitudes ya fueron resueltas y, revisado en el mesón de atención al público el catastro de derechos, se informó que hasta ahora no se han entregado derechos sobre aguas subterráneas a Agrosuper en la zona de Freirina. Solo se le ha concedido, según se informó en la DGA, un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales del río Huasco de 900 litros por segundo. También se gestionó a su favor el traslado de tres bocatomas para extraer agua del mismo río, debido a que compró los derechos que poseían otras personas.

Durante el proceso de calificación ambiental, en la “adenda 1”, que es el documento donde Agrosuper respondió diferentes consultas de entidades públicas que exigían mayores detalles del proyecto, la empresa informó que ya no usaría aguas subterráneas y que toda la operación de la planta se haría con aguas superficiales provenientes del río Huasco. Esta modificación fue ratificada en el proceso de “adenda 2” (página 66 y siguientes).

En esa segunda adenda, la empresa fue taxativa al señalar que “el proyecto no contempla actualmente la construcción y operación de una planta de potabilización de agua”. CIPER revisó todos los antecedentes del proyecto y no encontró algún documento que acredite que al interior del predio de Agrosuper se instaló una planta de potabilización para el agua que consumen los cerdos. Tampoco se especifica de qué otra manera será tratada el agua para que cumpla con la norma de potabilidad. En síntesis, la autoridad ambiental calificó favorablemente el proyecto sin estar informada cómo el agua superficial del río Huasco, que recibe el impacto de faenas mineras y de una planta de tratamiento de aguas servidas en Vallenar, se convertiría en agua potable para casi medio millón de cerdos.

El Anexo 9.13 de la “adenda 1”, titulado “Abastecimiento de agua superficial” describe el sistema de captación y distribución del recurso para los diferentes planteles. Ese documento lleva el logo de Gestión Ambiental Consultores, la empresa que asesoró a Agrosuper y que en esa época tenía como subgerenta de Administración y Finanzas a la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. En este anexo jamás se menciona un procedimiento de potabilización. Lo que señala es que las aguas del río serán recibidas en una planta de bombeo e impulsadas por tuberías hasta unas “plantas de tratamiento” y desde ahí almacenadas en estanques para su posterior distribución. El documento no detalla si en esas “plantas de tratamiento” se potabiliza el agua.

Lo anterior es relevante porque ya en la “adenda 1” Agrosuper había adjuntado el Anexo 9.15, titulado “Antecedentes de plantas de potabilización de aguas”, también redactado por Gestión Ambiental Consultores. En ese texto, Agrosuper afirmaba que el agua para los cerdos debía, necesariamente, ser potabilizada: “Las aguas que deben ser potabilizadas corresponden al 100% del consumo de la faenadora y, al menos, al consumo de agua de bebida de los animales en los planteles”. Y señalaba que el proceso de potabilización de agua superficial requería de varias fases: desripiado, cámara de arena, coagulación y floculación, decantación, filtración y desinfección. Además, indicaba que a veces es necesario aplicar un tratamiento secundario, de tipo aeróbico, para reducir materias orgánicas (como coliformes fecales). Y agregaba que, en algunos casos, se requiere un tratamiento terciario para eliminar nutrientes o metales (como el mercurio): osmosis inversa, electrodiálisis y desinfección mediante la “inyección de gas cloro”.

Antes de cruzar la zona de Freirina, el río Huasco atraviesa una extensa zona de actividades mineras y cruza suelos ricos en diversos metales. Por lo mismo, es razonable que el fiscal Hernández investigue cómo es potabilizada el agua que Agrosuper extrae de ese curso fluvial y si ese proceso incluye el tratamiento terciario para eliminar metales.

De hecho, el agua llega a la planta a través de canales abiertos en suelo desnudo y en el informe del perito Gárate Lagos se indica, como hipótesis, que es probable que “la presencia de mercurio en la muestra de agua P3 (…), puede deberse a que existe ese elemento de manera natural en el suelo, lo cual se evidencia en el punto de control de suelo (muestra P10, donde se detectaron 9 mg/kg de mercurio)”.

La doctora Börgel considera que “es probable que (el mercurio en) el agua venga de una minería artesanal que no respeta las normas ambientales. Puede haber un trapiche más arriba. Puede haber habido una amalgamación en el río”. Para la profesora Susana Muñoz la posibilidad de que las aguas del río contengan una alta dosis de mercurio antes de ingresar al predio de Agrosuper, plantea un punto más grave:

-Si (el mercurio) está en el agua, eso importa porque no son solo los cerdos los que la consumen, pues está también la población humana. Si detecto que el agua tiene esto, son más importantes los humanos que los intermediarios.

El río Huasco es una de las fuentes de recarga de los acuíferos desde donde se extrae agua para el consumo de los habitantes de Freirina y, además, riega cientos de hectáreas de hortalizas, parronales y olivos. El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y de la Asociación de Agricultores del Valle del Huasco, Wilhem von Mayerberger, descarta que las aguas del río y de riego estén contaminadas. Dice que el río es monitoreado permanentemente por una red de 32 estaciones financiada por Pascua Lama, la minera que opera en la cordillera en el nacimiento del curso fluvial, y cuya operación es validada por la DGA:

-Este es el río más monitoreado de Chile, por lo mediático de Pascua Lama -dice el dirigente gremial, quien explica que durante tres años, antes de que se iniciaran las operaciones de la minera, se midió la calidad de las aguas, para contar con una línea de base que permitiera establecer si las faenas de Pascua Lama impactan el recurso. Agrega que “se midieron partes donde el agua es de buena calidad y otras donde no es tan buena. Hay quebradas que pueden pasar por vetas de arsénico, pero se junta con otra agua de buena calidad y el conjunto, lo que mide la línea base, es que el agua total es de excelente calidad”.

Von Mayerberger reconoce que en el último tramo del río, desde Vallenar hacia Freirina y Huasco, donde se encuentra la planta de Agrosuper, el curso baja en calidad porque lo impacta una planta de tratamientos de aguas servidas de Aguas Chañar, la empresa sanitaria de la región. En esa zona, dice, los agricultores riegan con agua de vertiente. Esta es precisamente la parte del río que abastece a Agrosuper:

-Ellos ocupan agua de canal. Los canales pueden pasar por tierra agrícola donde les pueden echar matamalezas, químicos y orgánicos, perros muertos, etc. Ellos la potabilizan y le quitan todas esas cosas para dársela a los chanchitos. No tengo idea cómo funciona su sistema, pero sí la potabilizan. O sea… no sé si la potabilizan, pero le hacen un tratamiento.

¿CLORACIÓN O POTABILIZACIÓN?

Tres representantes de Agrosuper atendieron las consultas de CIPER sobre el informe de la PDI. El gerente de Asuntos Corporativos Rafael Prieto, el médico veterinario Mauricio Arias y el abogado Carlos Cortés, resaltaron que el análisis de la Bidema no es concluyente, que la fiscalía ha pedido tomar nuevas muestras para validar o descartar la anterior y que las mediciones de la calidad de agua que la empresa hace quincenalmente nunca han arrojado valores fuera de norma en relación a metales.

Arias afirma que al interior de la planta “efectivamente se hace un tratamiento y posterior cloración del agua”.

-¿Es eso igual a una potabilización?
-Podría hablarse de una potabilización, pero yo preferiría decir cloración.

-¿Hay algún certificado de la autoridad sanitaria que establezca que el tratamiento es de potabilización?
-Lo que nosotros aseguramos es que el agua que consumen los cerdos esté bajo los requerimientos de bacterias que presentan las aguas, que lo indica la norma 409 (sobre agua potable).

-¿Pero hay o no una planta de potabilización de agua?
-Hay una planta de tratamiento y cloración del agua en Freirina.

-¿No hay de potabilización?
-Yo no la llamaría de potabilización.

-¿En esta planta de tratamiento y de cloración, qué se le hace al agua?
– Se recepciona, llega a un tranque en el cual se hace un tratamiento de filtrado y posterior cloración.

-¿No se hace un proceso terciario donde se puedan separar los metales, por ejemplo, que es uno de los procedimientos que en las adendas Agrosuper establece que podría hacer?
-En el caso de esa planta, no.

-¿Pese a que es una zona minera, no se hace ningún tratamiento al agua relacionado con metales?
-No.

-¿Pero tiene alguna certificación de que la planta cumple los estándares para tratar el agua, de modo que sea seguro el consumo para los cerdos?
-Nos guiamos por la norma 409, que es lo que exige el Servicio de Salud, y en base a eso estamos funcionando.

El gerente Prieto agrega que Agrosuper ha contratado un laboratorio externo (SGS Chile Ltda.) que monitorea el agua de bebida para los cerdos cada 15 días, alternando los diferentes estanques de acumulación que hay en la planta para extraer muestras: “Se toman en los distintos puntos y después, con los análisis de laboratorio, se ve la composición, que tiene que regirse bajo esa ley (la norma 409). Informamos los resultados periódicamente”.

La empresa facilitó a CIPER los análisis de los muestreos hechos por SGS entre el 2 de enero y el 27 de septiembre de este año. En estos no se aprecian valores por sobre las normas para el mercurio. Pero en algunos meses sí superaron la norma los coliformes totales, trihalometano, sólidos disueltos totales, cloruros, ph y sulfatos. Estos últimos históricamente se encuentran en gran proporción en esa zona del río Huasco (vea los resultados de los muestreos hechos por SGS en mayo en los planteles Destete-Venta, antes y después de la toma de muestra hecha por la PDI).

El médico veterinario Arias dice que el análisis de SGS mide todos los parámetros que exige la norma 409: “Hacemos los monitoreos posterior al tratamiento del agua, a la filtración y cloración. Hoy, en el caso de los (planteles) Destete-Venta, específicamente, estamos muestreando las copas de almacenaje de agua cada 15 días”.

-¿Hubo en algún momento, en los meses cercanos a mayo, algunos parámetros por sobre la norma?
-¿En el caso de metales?

-En cualquier parámetro.
-En el caso de metales no hemos tenido ningún aumento de niveles sobre la norma. En algunos casos, hemos tenido ph sobre la norma y en sulfatos la zona históricamente es alta.

El abogado Arias pone en duda que el agua analizada por la PDI haya sido sacada de la que está destinada a la bebida de los cerdos y dice que ya planteó ese punto a la fiscalía: “La muestra de agua no fue de bebedero, fue (tomada) de un punto determinado donde se puede haber verificado cierta concentración de uno u otro metal, pero no era una muestra de agua respecto de la cual se estuviera dando de beber a los cerdos”.

-¿De dónde es, entonces?
-No sé exactamente de qué parte la sacaron.

-¿Entonces, cómo sabe que no es de los bebederos?
-Porque (el informe de la PDI) dice que no es de los bebederos.

-Pero el informe dice que era agua para bebida que estaba dentro del Plantel Destete-Venta.
-No lo tengo tan claro. Incluso cuando la fiscalía vio esto tampoco le quedó tan claro, por eso mandó a hacer otro informe.

A pesar de las dudas de Cortés, el informe elaborado por el perito Gárate es taxativo respecto de la ubicación y uso del agua correspondiente a la muestra P3: “Este punto de muestreo se encuentra ubicado al interior del Plantel Destete-Venta Nº 6 “Arenilla”, lugar desde el cual se levantó muestra de agua de bebida para los animales”. Incluso, fija las coordenadas exactas del punto: S 28º 33,120’ W 71º 1,140’.

TRAZABILIDAD

Tal como lo señalan los informes del inspector Pérez y del perito Gárate, es probable que la alta concentración de mercurio haya sido un hecho puntual, aislado y no permanente. Aún si fuese así, y mientras no se demuestre que la medición hecha por la PDI adolece de errores, el vocero de los residentes de Freirina que se oponen a la planta, Yahir Rojas, espera que la fiscalía y las autoridades operen bajo el supuesto de que hubo exposición de los cerdos del Plantel Nº 6 a ese metal pesado:

– Esperamos que la autoridad tome cartas en el asunto, que se hagan nuevos análisis, que se muestreen posibles efectos sobre la comunidad y sobre los productos que Agrosuper ha puesto en el mercado.

Un antecedente que se debe considerar es que ya antes se ha registrado al menos un episodio en que de manera extraordinaria y aislada, tal como pudo haber ocurrido ahora con el mercurio, se detectó una alta concentración de un elemento químico en un curso de agua superficial de la zona. Efectivamente, en agosto de 2009 un monitoreo efectuado por Agrosuper al agua proveniente de la Puntera Los Chorros indicó que el Hierro Total sobrepasó los valores permitidos por la norma, aunque siempre se había mantenido por debajo del límite y luego volvió a bajar.

Una forma de establecer de manera concreta si los cerdos absorbieron y acumularon mercurio, aunque la presencia de ese metal haya sido un episodio extraordinario, es rastrear el paradero de los ejemplares que estaban en el Plantel Nº 6 al 23 de mayo y, si aún queda alguno en el mercado o en frigoríficos, analizar sus tejidos.

El jefe (s) del Área de División de Protección Pecuaria del SAG, Héctor Galleguillos, señaló a CIPER que ese servicio cuenta con las herramientas para establecer la “trazabilidad” de los cerdos producidos en los planteles de Freirina y determinar así su destino final.

Galleguillos informa que el SAG cuenta con un programa de inspección ocular en las plantas faenadoras, donde veterinarios detectan y separan animales enfermos o dañados, además de revisar, de manera aleatoria, los ganglios de algunos ejemplares en busca de rastros de una eventual patología. Si alguno de los cerdos provenientes de Freirina hubiese presentado alguna condición anómala, probablemente lo habrían detectado ahí, indicó Galleguillos. Una alta acumulación de mercurio puede provocar en los cerdos varios síntomas evidentes: anorexia, arcadas, vómitos, fiebre, constipación, pérdida de peso, debilidad, flaccidez de la musculatura abdominal, cianosis y ceguera, entre otros. Pero una acumulación más baja, puede ser imperceptible. Por eso, según los expertos, se requiere analizar tejido muscular, riñones, hígado, tracto gastrointestinal, cerebro y nervios periféricos, para determinar cuánto ha absorbido el organismo del animal.

El SAG ha implementado un programa denominado “Control de Residuos”, donde se analizan muestras de carne de cerdos (y de otros animales destinados al consumo humano) seleccionadas según un programa anual. Ahí se detecta la presencia de antibióticos, sustancias esteroidales, residuos químicos y microbiológicos, contaminantes como metales pesados (entre los que se cuenta el mercurio), organoclorados y organofosforados, entre otros elementos. Pero este es un programa que sólo se usa para informar a los mercados externos acerca de los parámetros globales detectados en la producción nacional de carne (vea los resultados de 2011) y no es un monitoreo que permita prevenir o contener los alcances de un problema sanitario, como podría ser el que ha dejado al descubierto el informe de la PDI.

Agrosuper entregó a CIPER los resultados de las muestras tomadas a la carne de sus cerdos en el programa Control de Residuos entre enero y octubre de este año (vea el informe). En total se tomaron 1.114 muestras en sus tres plantas faenadoras: Lo Miranda (479 muestras), Rosario (500 muestras) y El Milagro (135 muestras). Sólo en 35 de esas 1.114 muestras se detectaron elementos como cobre, dioxinas, furanos y PCB’s (policlorobifenilos), aunque ninguno de ellos por sobre las normas.

De las 479 muestras tomadas en Lo Miranda, 14 contenían elementos de este tipo (2,7% del total). De las 500 levantadas en Rosario, 13 tenían estos elementos (2,8% del total). La planta El Milagro fue la que, proporcionalmente, tuvo más muestras positivas: con 8 casos sobre un total de 135 (5,9%). Esta última es, precisamente, donde se faenó la mayor parte de los animales de Freirina y todas sus muestras positivas (aunque siempre con valores bajo las normas) provenían de esa zona de la Región de Atacama.

Si se considera que los cerdos son enviados al matadero cuando cumplen 180 días, es probable que algunos ejemplares hayan pasado meses en Freirina después de haberse expuesto a beber agua con mercurio el 23 de mayo. El funcionario del SAG Héctor Galleguillos indicó que algunos cerdos, después de faenados, pasan hasta seis meses congelados en cámaras frigoríficas antes de su comercialización. De esta forma, eventualmente, el SAG aún podría ubicar ejemplares que se vieron expuestos al mercurio y analizar si absorbieron y acumularon este metal.

El médico veterinario de Agrosuper, Mauricio Arias, dice que “tanto a nivel nacional como internacional, nos exigen tener un sistema de trazabilidad de seguimiento de nuestros productos”, por lo que puede establecerse su destino final. Pero es difícil que aún se puedan encontrar ejemplares para analizar la carne. El gerente Rafael Prieto dice que “tenemos stock de exportaciones de cerca de un mes: llega la carne, se procesa y se va en estado congelado o fresco. Cuando va en estado fresco, se consume en ocho días. Cuando es congelado, tiene un período máximo, en general (para) los stocks que tenemos, que no son superiores a un mes o un mes y medio de inventario”.

Una línea de investigación que ahora podría seguir el fiscal Hernández, si su objetivo es determinar la “propagación de agentes tóxicos para la salud de las personas”, es solicitar al SAG que establezca si hay aún en el mercado o en frigoríficos algunos de los ejemplares que el 23 de mayo bebieron agua en el Plantel Nº 6 de Freirina. O, al menos, dónde se les comercializó.

(*) Al día siguiente de la publicación de esta investigación, la Seremi de Salud de Atacama levantó la prohibición de funcionamiento y la planta en Freirina volvió a operar sin restricciones (vea la información en una nota de radio Bío Bío).

CDF: Cómo se reparte el “botín” más preciado del fútbol

En la calle Roger de Flor, comuna de Las Condes,  un equipo de once ejecutivos administra una empresa que es conocida como “la gallina de los huevos de oro”.  En esas oficinas,  se cuece el negocio de una estación televisiva que tiene un valor superior a tres canales de la TV abierta juntos: Canal 13, Mega y Chilevisión. Es el Canal del Fútbol (CDF), que sólo para este año tiene proyectadas utilidades por más de US$52,5 millones, equivalentes a más de $26.400 millones. Un negocio que partió hace nueve años como una idea casi quijotesca del ingeniero y empresario Jorge Claro Mimica y que hoy sustenta en una férrea alianza con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dueña del 80% de la propiedad del CDF. Claro controla el 20% a través de Gestión de Televisión (GTV).

El CDF es un negocio soñado para cualquier inversionista: maneja una actividad monopólica. Todo el fútbol profesional está agrupado en la ANFP, dueña de los derechos exclusivos de transmisión del campeonato oficial. A su vez, la ANFP es dueña del canal que transmite en forma exclusiva el fútbol, con lo cual no hay competencia en el mercado. Ese es el corazón del negocio, que en términos económicos se denomina “Stand Alone”.

Hay mucho dinero en juego y eso lo saben muy bien los dirigentes de los 32 clubes controladores del negocio a través de la ANFP. En algunos casos, las suculentas sumas que se reparten representan un oxígeno vital para sobrevivir a la precariedad; para otros, es una fuente de ingresos desequilibrante que les permite mantener su posición de dominio en una actividad donde la mayoría de los clubes cierra el año con pérdidas.

Hoy, el “millonario botín” se reparte de forma diferenciada entre los clubes de Primera División. Los tres grandes, U. de Chile, Colo-Colo y UC, se llevan la tajada mayor de la torta: un 25% que sólo para este año tiene proyectados más de  $5.287 millones. Colo-Colo es el equipo que más utilidades recoge del CDF: este año proyecta recibir  más de $2.000 millones, esto es más del doble que un equipo de Primera División, y casi ocho veces más que un equipo de Segunda División.  U. de Chile proyecta recibir cerca de $1.840 millones y la UC unos $1.438 millones. Los equipos de Segunda división entran en otra ecuación menor.

El pozo es abundante, por eso todos están muy atentos a lo que viene: dentro de tres años, la ANFP tendrá la opción de comprar el 20% que está en manos de Jorge Claro y quedarse con el 100% de las utilidades millonarias. Otra opción intermedia que se baraja es sólo comprar un 10% y están también los que hablan de abrir un porcentaje del CDF a la Bolsa.

En nuestra investigación nos enfrentamos a un poderoso secretismo entre sus protagonistas. Un silencio pactado entre clubes que bien podría deberse a que nadie quiere ventilar los secretos de esta mina de oro. ¿O quizás existe algún temor de que asome algo que ha permanecido celosamente guardado?  Sólo una muestra: contactamos a 33 dirigentes y ejecutivos de clubes y ninguno accedió a dar entrevistas formales.

“Es desconcertante no saber nada, aunque la administración de Claro sea buena. ¡Si somos nosotros los dueños! Aunque nos entreguen los balances no tenemos capacidad de chequearlos”, remarca un gerente de un club que opera en la capital. Una frase que da cuenta del hermetismo con que se maneja este negocio.

COMPRAR O NO COMPRAR…

La última vez que se discutió la posible compra del 20% a Jorge Claro fue a fines de 2010. Por ese entonces,  presidía la ANFP Harold Mayne- Nicholls, un férreo defensor de la idea de quedarse con el 100% del negocio del CDF. En una sesión del Directorio (24 de septiembre de 2010) Mayne- Nicholls sostuvo que “para tomar estas determinaciones, tenemos que dejar de lado las emociones, las pasiones y todo lo que no sea racional, porque de otra manera vamos a matar la gallina de los huevos de oro”.
Primero,  le encargó a una comisión  que evaluara la operación. Participaron Jorge Segovia (actual segundo vicepresidente de la ANFP y presidente del CDF), Mariano Campos (Universidad de Concepción), Rodrigo Abumohor (O´Higgins) y Felipe Montt (Audax Italiano). En su informe, concluyeron que había que hacer el máximo esfuerzo por comprar, al menos un porcentaje, porque el negocio tenía proyecciones muy auspiciosas.

Los clubes pedían a la ANFP que se les entregara más antecedentes, pero en distintas instancias, Mayne-Nicholls se excusó en que el CDF no entregaba los datos a la ANFP. “Yo les pediría a todos ustedes, si los siguen invitando a almuerzos, que disfruten el almuerzo, pero que además le pidan a Jorge Claro: oye viejito,  necesito los números, porque la decisión la tomo yo”, apuntó en un Consejo de Presidentes.

Para reunir más antecedentes técnicos, la ANFP encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) un estudio de valorización del CDF, que arrojó un valor estimado en unos US$600 millones. Otro estudio de valorización, encargado por diez clubes a IM Trust, entregó un resultado muy similar: US$620 millones.

Para entonces, el canal que administraba Claro tenía 540 mil abonados Premium  y generaba utilidades por US$40 millones. Para entender la dimensión de las cifras es bueno comparar con lo que se pagó por dos de los canales privados en las últimas transacciones. En agosto de 2010, Time Warner compró Chilevisión —entonces el canal de TV abierta más rentable del país— en una operación valorizada en unos US$155 millones, es decir, casi cuatro veces menos que lo estimado para el CDF. El ejemplo de Canal 13 es aún más elocuente. Cuando Andrónico Luksic adquirió el 67% de la propiedad de la estación televisiva, pagó US$55 millones, una séptima parte de lo que costaba el CDF.

Según cercanos a la administración de Mayne-Nicholls, el proyecto de comprar el 20% contaba con un financiamiento bancario pre aprobado. En una sesión de directorio de la ANFP (10 de agosto de 2010), Mayne- Nicholls informó que “ya existen al efecto dos bancos que prestarían a la ANFP en conjunto la suma de US$110 millones, otros dos bancos que prestarían individualmente dicha suma,  uno de ellos del país, y otro banco que además agrega la suma de US$20 millones para la construcción de un complejo deportivo”.

En esa reunión, José Yuraszeck (U. de Chile), alertó sobre los montos involucrados en la operación: “Está bien que estemos todos crecidos y un poquito agrandados, pero US$120 millones, son US$120 millones en cualquier parte del mundo”.

El entonces presidente de la ANFP calculaba que en cinco o seis años podía pagar la inversión con las utilidades adicionales del CDF que absorbería con el 20% adquirido.

La gran pregunta era cómo se administraría el negocio al salir Jorge Claro. La idea, dicen, era buscar la administración de un tercero que ofreciera garantías a todos. Un punto nada menor considerando que prácticamente todos los actores del fútbol (más allá de simpatías o desavenencias con el empresario Jorge Claro) lo reconocen como un garante, una suerte de dique de contención que evita la intervención directa de los clubes sobre las millonarias ganancias. También se le considera  “un buen pagador” que nunca se retrasa en cumplir con sus obligaciones con  la ANFP. Los reportes del CDF llegan a la gerencia de los clubes. “En realidad todo se maneja a través de la ANFP y la información que tú tengas dependerá de tu relación con el oficialismo”, explica un dirigente de Primera División.

-Para qué vamos a matar completa a la vaca si el negocio ha resultado brillante y la administración de Claro es clave en eso -sentencia un director de un equipo de Primera División, que era partidario de dejar al ingeniero dentro del negocio.

“El CDF le regaló US$100 millones a Jorge Claro, quien en cinco años ganó esa cifra y en los próximos cinco va a ganar al menos otros US$100 millones más. Con lo que él ganaba todos los años, en seis años pagabas el crédito y al año siete te permitía disponer US$20 millones para repartir entre los 32 clubes”, dijo Mayne-Nicholls a La Tercera el 16 de junio de este año.

Pese a que Jorge Segovia (presidente de Unión Española) integró la comisión que recomendó comprar el porcentaje de Claro, la nueva administración de la ANFP liderada por Sergio Jadue (donde Segovia ocupó la segunda vicepresidencia), no apoyó la compra. Hoy, Jorge Segovia está viviendo en España  y viaja esporádicamente a Chile. CIPER se contactó con él, pero no accedió a dar entrevista, argumentando que pese a ser el presidente del directorio, no manejaba “la parte técnica, porque la administración la tiene Jorge Claro”.

El club que lideró la opción de abstenerse de adquirir la parte de Claro fue Santiago Wanderers. “Nosotros estábamos por comprar si teníamos la plata y no endeudándonos, por ningún motivo. ¿Para qué correr peligro si ha sido una maravilla de generación de recursos, una maravilla de administración? Es poco serio especular cuando el CDF es lo que mantiene al fútbol”, explica un dirigente. Y agrega: “Se hablaba de comprar el 20% o el 10% y nosotros dijimos que compráramos el 0%”.

En ese momento, la ANFP habría tenido que pagar US$106 millones por la transacción. Hubo sucesivas y acaloradas discusiones en el seno del Consejo de Presidentes de la ANFP -algunos hablan de “batallas campales”-, los clubes votaron y ganó la opción de no comprar. Decisión que, en realidad, se fraguó afuera de la sede de la ANFP, en reuniones privadas y negociaciones paralelas lideradas por los clubes grandes. Una derrota para Mayne- Nicholls. La antesala de su caída.

CUÁNTO VALE EL CDF

La nueva opción de compra del CDF se abre en 2015. Y ya muchos miran hacia allá. La fórmula para fijar el precio está estipulada en el Pacto de Socios firmado el 10 de abril de 2003, en los orígenes del CDF.  Si la ANFP quisiera comprar a Jorge Claro, tendría que pagar el 20% de 10 veces el EBITDA (utilidades antes de impuestos) del año calendario anterior al que se ejerza la opción de compra. Hay un dato clave: Jorge Claro no puede negarse a vender, lo que en términos económicos se denomina un “call“.

Pero el CDF ya no es lo que era en 2010: sus proyecciones de crecimiento son exponenciales. Aunque hasta ahora los clubes no han encargado un estudio de valorización, todos coinciden en que ya no vale los US$600 millones de hace dos años, sino mucho más. Algunos aventuran que podría duplicarse su valor en estos cinco años.

El estudio hecho por PwC estimaba una tasa de crecimiento anual compuesto de un 8,7% a 2015.  Según estos cálculos, si la ANFP ejerciera la opción de compra en 2015, pagaría un 50% más de lo que habría pagado en 2010. En cifras, el 20% de Claro les costaría US$160,6 millones ($80.327 millones).

La explicación de cómo se llega a estos brillantes resultados es relativamente sencilla. El grueso de los ingresos que recibe el CDF es el pago que hacen los abonados a su servicio CDF Premium, que varía según el cable operador que se contrate. En el cable más barato la señal cuesta $5.990 y en VTR, que tiene la mayor participación de mercado, cuesta $6.290. Según las cifras que manejan los  cable operadores,  de ese monto, el CDF se llevaría un porcentaje cercano al 60% (descontando el IVA), es decir, unos $3.100 netos mensuales por cada abonado. Ese monto hay que multiplicarlo por los 635 mil abonados Premium que tiene el CDF hoy.

En su momento, Harold Mayne-Nicholls encargó dos asesorías a consultoras reconocidas, para analizar la proyección de este negocio. Uno de esos informes sostiene que el CDF se valorizaría exponencialmente si consiguiera crecer en el porcentaje de abonados Premium. “Existe un potencial de penetración de mercado en Chile, hoy sólo el 30% de abonados a señal básica están suscritos a señal Premium”, dice el reporte de 2010. La televisión de pago ha crecido sostenidamente en el país, en los últimos años. Según datos de la empresa Time Ibope, a junio de este año alcanzaba el 60,7% de los hogares, por lo tanto aún existe un espacio real de crecimiento.
Para quienes han seguido de cerca este negocio estrella, hay un dato muy ilustrativo. El CDF comenzó en 2006 con 171 mil suscriptores al servicio Premium, seis años más tarde estos abonados casi se cuadruplicaron. Una presentación que el CDF entrega a las agencias de publicidad muestra el perfil que el canal ha configurado de sus  abonados. Un 23% pertenece al sector socioeconómico ABC1, un 30%  al C2 y un 28% al C3 (ver presentación CDF).

En las oficinas del CDF están abocados a desmenuzar al detalle quiénes son los clientes que contratan el servicio Premium y dónde hay oportunidades de expansión.  Periódicamente encargan estudios de mercado a empresas especializadas,  poniendo especial acento en conocer el perfil y el comportamiento de consumo de los jóvenes fanáticos del fútbol, que según dicen ellos, son determinantes en  la contratación del servicio.

La publicidad es otro ingreso del CDF que se relaciona al número total de abonados. Los derechos comerciales sobre el campeonato nacional de este año, por ejemplo, se ofrecieron a los auspiciadores a $320 millones neto más IVA. Los derechos comerciales del programa En nombre del Fútbol, que conduce Pablo Flamm, se ofrecieron a un precio mensual de $4 millones neto más IVA, al igual que los de Show de Goles.

Suma y sigue. Otra llave de ingresos del CDF es la venta de los derechos exclusivos para transmitir por televisión los goles del campeonato. TVN pagó US$10 millones anuales (un 40% aproximado se paga en canje) por un contrato de dos años que vence en diciembre. Ese mes se abre una licitación con los canales de televisión abierta para un nuevo periodo, donde se manejan sumas importantes. Al interior de los canales ya se están barajando los números y las estrategias para evaluar el negocio. Personas ligadas a las negociaciones comentaron a CIPER que ya ha habido acercamientos informales, pero que el escenario está complicado porque las cifras “están por las nubes”. A la luz de los montos que pagó TVN, hay coincidencia en que esta inversión no se recupera comercialmente, pero sí tiene otras ventajas: levantar el rating de los noticieros el sábado y especialmente el domingo, y potenciar la marca en los eventos deportivos.

Todo lo anterior es lo que explica que el CDF valga más que tres canales de la TV abierta juntos: el negocio va definitivamente al alza. Si en 2008 tuvo utilidades por US$18,7 millones, al 2010 éstas se habían duplicado llegando a los US$40 millones y este año alcanzaron los US$52,5 millones.

 

LOS NÚMEROS AL DETALLE

Por esta época, los 32 clubes se encierran a trabajar en su presupuesto para el próximo año. De antemano la mayoría sabe que terminará con números rojos. Por eso esperan ansiosos el informe que les envía el CDF con las proyecciones de excedentes. Es su tabla de salvación. La estimación en general se cumple y, a veces, se queda corta. Un dirigente de Primera División contó a CIPER que a fines del año pasado, por ejemplo, recibieron un “bono” de $50 millones por utilidades que quedaron fuera del rango estimado.

Entrar a la “cocina” de los clubes para desmenuzar los montos de su financiamiento, no es tarea sencilla. Algunos exhiben ordenadas cuentas; otros, manejan números gruesos y aproximados. Lo que sí tienen claro es que a fin de mes reciben puntualmente el depósito correspondiente al aporte del CDF, vía ANFP. Una parte corresponde a los derechos de imagen de los equipos por la transmisión de los partidos en el campeonato. Ese es un monto fijo acordado en los inicios. La otra parte es un monto variable que corresponde a los excedentes o utilidades que el CDF genera. Hoy, el grueso de la plata que reciben los clubes proviene de la última partida. Y es el trofeo que despierta mayor interés.

Los montos fijos se negociaron en el origen del canal en 2003 y han ido en sostenido aumento, a medida que se ha renovado el contrato (ver recuadro). Esos dineros se reparten entre los 32 clubes de forma diferenciada, según registra el acta del Consejo de Presidentes del 15 de abril de 2003. Hasta 2010, incidía el número de partidos televisados y los puntos acumulados en la tabla, entre otros, siempre privilegiando el reparto para los equipos grandes.

Aunque los primeros cuatro años de funcionamiento del canal (2003-2007) estos derechos de imagen fueron el mayor ingreso que los clubes recibieron del CDF, el negocio dio un giro en 2007. Ese año los excedentes crecieron casi 60 veces, hasta alcanzar los US$10,6 millones. El entonces presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, decidió seguir repartiendo el dinero de los derechos de imagen bajo la fórmula pactada, pero no así respecto a las utilidades del CDF: éstas se distribuirían en partes iguales entre los 32 clubes. Su argumento fue que a través de la ANFP, todos los clubes participaban en igual proporción del 80% de la propiedad del CDF y, por lo tanto, debían tener igual participación de sus utilidades. Para Mayne-Nicholls, lo que estaba en juego era la posibilidad de crear una liga poderosa que generara verdadero espectáculo, como la liga española, por lo que no había que dejar caer a los chicos.

-Es cosa de mirar las ligas europeas, como la española y la alemana. El sentido del espectáculo está en no depender sólo de los grandes, sino en lograr fortalecer a los clubes regionales para que el interés del público se diversifique y así, más gente quiera ver fútbol -explica un dirigente partidario de la repartición igualitaria.

Para algunos, esa mirada busca otorgar al fútbol un “rol social” donde los jóvenes puedan integrarse a los clubes y encontrar un espacio de desarrollo. Eso implica no abandonar económicamente a los clubes pequeños. Otros, con una mirada predominantemente económica, ven el fútbol básicamente como una oportunidad de hacer negocios.

En los cuatro años de gestión de Mayne- Nicholls, se repartieron US$78,8 millones en utilidades del CDF, equivalente a $39.400 millones. Es decir, entre  2007 y 2010, un equipo como Colo-Colo recibió el mismo monto por concepto de utilidades del CDF que un equipo de Segunda División, como Copiapó: US$2,4 millones (ver tabla).

La idea de Mayne-Nicholls de repartir las platas en treinta y dos partes iguales, no cayó nada bien en la plana ejecutiva de los tres clubes grandes: Colo-Colo, U. de Chile y UC. Sus dirigentes querían un reparto diferenciado donde ellos obtuvieran más recursos que el resto. No descansaron hasta frenar lo que llamaban el “populismo” de Mayne-Nicholls, con quien intentaron negociar, pero éste se negó tajantemente a cambiar la fórmula de reparto.

El principal argumento que los tres clubes grandes esgrimieron para defender su postura fue que la mayoría de los abonados eran hinchas de sus clubes y, por lo tanto, contrataban el CDF principalmente para ver los partidos de sus equipos. Como contrapunto, un estudio encargado por la ANFP en marzo de 2010 (presidida aún por Mayne-Nicholls), muestra que la mitad de los hinchas estaba de acuerdo en que se repartiesen igualitariamente los excedentes del CDF. Entre quienes se identifican con la UC, U. de Chile y Colo-Colo, una mayoría también apoyaba esta idea.

EL APETITO POR LOS EXCEDENTES

A medida que aumentaron los excedentes del Canal del Fútbol la inyección de recursos frescos en los clubes más pequeños se hizo sentir. Un dirigente de Copiapó cuenta que su club tenía pérdidas cada año y necesitaba $300 millones para financiarse. En 2010, recibió más de $400 millones provenientes del CDF. Ese fue el último año en que la ANFP, que opera como la “caja pagadora” de las platas del CDF, hizo un reparto igualitario.

La primera ofensiva de los clubes grandes fue presentar una demanda ante el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, reclamando un trato diferenciado en el reparto (ver documento). En abril de 2010, y después de un año y medio de ásperas discusiones, asomaba la luz que podría destrabar la demanda de los clubes grandes.

Fue una semana decisiva y agitada. El domingo 11 de abril, en la víspera del Consejo de Presidentes,  se reunieron en la casa de Alberto Eguiguren (vicepresidente de Santiago Wanderers), los representantes de Colo-Colo, U. de Chile, Católica, Everton, Unión San Felipe, Ñublense, Unión Española y Santiago Wanderers, para amarrar la fórmula que terminara con el reparto igualitario de los excedentes. A las 4 am salió humo blanco. Pero ahora necesitaban conseguir los votos de segunda división, para aprobar el cambio.

Alberto Eguiguren expuso su fórmula en el Consejo Extraordinario: un 26% para los tres grandes, un 60% para los otros clubes de primera A y el 14% restante para los equipos de Primera B o Segunda División. Según consta en las actas del Consejo, a las que CIPER tuvo acceso, en un momento de la sesión Sergio Jadue (Unión La Calera) pidió un receso de cinco minutos para reunirse con los clubes de Primera B y poder plantear una contrapropuesta. En ese intertanto –cuentan a CIPER- integrantes de la directiva de Mayne-Nicholls se acercaron a los clubes de Segunda División para hacerles ver que estaban siendo perjudicados con el acuerdo propuesto por los más grandes.

Cuando se reanudó la sesión, estos clubes pusieron sobre la mesa su propuesta. El debate fue áspero. Miguel Bauzá, de Coquimbo Unido, dijo: “Entrar a discutir como lo están discutiendo y pasar una aplanadora, están súper equivocados, súper equivocados, porque no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia”.  J. Esteban Musalem, de Palestino, replicó: “No, los equipos de Primera A, no le podemos pasar la aplanadora a los de Primera B.  Aquí vamos a estar muchos años juntos, yo creo que debemos buscar un consenso, un acuerdo”. La propuesta de los chicos planteaba subir de un 14% a un 18% el reparto para la Segunda División, restando un punto porcentual a los clubes grandes y tres al resto de la Primera División.

Finalmente, la fórmula se votó el 15 de abril de 2010 en un Consejo de Presidentes extraordinario y así quedó establecida: los tres grandes se llevarían el 25% de las utilidades, los 15 equipos restantes de Primera División se repartirían el 57% y los 14 equipos de Segunda División deberían dividirse el 18% restante.

El nuevo acuerdo empezó a regir el 1 de enero de 2011 y es válido hasta el 31 de enero de 2015. Los clubes fijaron un quórum de 2/3 de los votos del Consejo de Presidentes para modificarlo, que es considerado “imposible de lograr”. Esa alianza para terminar con el reparto igualitario gestó también las nuevas lealtades que lograron derrocar a Mayne-Nicholls en las elecciones por la presidencia de la ANFP y sellaron, indirectamente, la partida de Marcelo Bielsa.

La fórmula que hoy está vigente implica que, por ejemplo, este año O’Higgins -en Primera División- recibe $701 millones provenientes de las utilidades del CDF, lo que sumado a los $102,2 millones que recibe del CDF por derechos de imagen, da un monto que representa el 38% de los ingresos totales del club. Excluyendo a los tres grandes, los otros 14 clubes en Primera División deben recibir el mismo monto de excedentes que O’ Higgins.

Pero un equipo como Curicó Unido, en cambio, que está en Segunda División o Primera B, sólo recibirá un tercio de lo que recibe O’ Higgins: $237 millones, al igual que sus 13 compañeros de división. Un dirigente explica lo que esta diferencia conlleva en la práctica: “Sí, hay desigualdad, porque hay equipos que parten con una ventaja antes del campeonato.  Si un equipo gana 10 veces más que el otro, evidentemente que puede comprar 10 jugadores más de un millón y el otro no”.

Everton conoce bien lo que significa la diferencia entre el reparto igualitario de Mayne-Nicholls y la fórmula actual que impulsaron los tres grandes para un club de Segunda División. En 2010 recibió cerca de $415 millones en total del CDF, pero este año recibirá un total de $270 millones aproximadamente. Everton fue uno de los equipos que votó a favor del reparto diferenciado apostando a que se mantendría en Primera División y podría obtener más recursos que algunos clubes. Pero bajó a Segunda División y hoy el CDF no representa más que el 22% de sus ingresos totales.

-Esta es la maldición para los que votaron para fijar el nuevo reparto de estas platas. Fueron ocho o 10 equipos que hicieron cabeza, entre ellos Santiago Morning, Everton, Ñublense y Wanderers. Bajó a Segunda División Everton, bajó Santiago Morning, bajó Ñublense. La Serena está en las mismas. Ellos están recibiendo hoy, o van a recibir, la cantidad que decidieron darle como migajas a la Segunda División. Yo les dije en su oportunidad: los equipos que bajan estadísticamente son todos de provincia, les va a llegar a ustedes la misma plata absurda que están destinando a la Segunda División. Hay gente de esos equipos que me dicen lo arrepentidos que están porque no pueden mantener una planilla con $18 millones al mes -cuenta un dirigente de provincia.

En 2010, cumpliendo con la ley de sociedades anónimas deportivas, los clubes informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los ingresos que recibieron por concepto del CDF. Las cifras no siempre coinciden con los montos oficiales que maneja la ANFP. En la Memoria 2011 de Santiago Wanderers, se explica que en 2010 el club obtuvo $500 millones  por concepto del CDF. Pero en su declaración a la SVS, el club registra haber recibido $392,5 millones por el canal.

CIPER pidió entrevistas formales con los representantes y directivos de los tres clubes grandes.  Sin excepción, todos se negaron a hablar.

EL SECRETO DE LOS COSTOS

Quienes conocen el negocio por dentro del Canal del Fútbol sostienen que la mayor “gracia” es que tiene una estructura de costos fijos muy  liviana, lo que permite generar grandes utilidades “limpias”. Las oficinas de Roger de Flor son propiedad de Claro y el CDF paga un arriendo por ellas. No hay cámaras ni móviles satelitales para transmitir los partidos. Esto, porque su principal “materia prima” son los partidos de fútbol, por los cuales el CDF paga un monto fijo por derechos de imagen. Todos los demás servicios de producción están externalizados.

El mayor impacto en los costos es el pago a ChileFilms, su principal proveedor, cuyo gerente general es Cristián Varela, vicepresidente de la ANFP y ex presidente de Colo-Colo. Las voces críticas sostienen que existe conflicto de interés en esta relación comercial y que podría contaminar. Otros afirman que no hay potencial conflicto porque no existe una empresa similar en Chile que pueda cumplir con los requerimientos técnicos para la transmisión de partidos en vivo. Un punto clave es la tecnología de punta que ofrece ChileFilms para la repetición de las jugadas, explican.

Los servicios que la productora le brinda al CDF no se licitan. Cristián Varela no aceptó dar una entrevista formal, pero respondió dos preguntas. “No hay contratos. Hoy día no hay contratos. Se da una relación de confianza, la que podría terminar en cualquier minuto”.

-¿Por qué no hay contratos?

– Porque ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos que la verdad es que es una relación de confianza entre los ejecutivos del CDF, que dependen de Jorge Claro, y gente nuestra que es la que da el servicio.

No obstante, otra persona ligada al CDF afirma que sí existe un contrato con la productora. Con todo, no fue posible obtener los montos involucrados en estos pagos y tampoco las condiciones en que se presta el servicio. CIPER consultó entre los dirigentes de los clubes y en el CDF, pero no hubo información oficial disponible.  Un dirigente reclama que la cláusula de administración no le permite a la ANFP fiscalizar el acuerdo con la productora: “Ellos se sientan y fijan tarifa, y es prerrogativa de Claro el negociar”.

Pedimos entrevista con Jorge Claro, el dueño del 20% en este negocio. Nos dijeron que está de viaje. Le escribimos un correo electrónico, que tampoco respondió.

Actualmente, el CDF transmite siete partidos en vivo, por cada fecha del Campeonato Nacional. Para grabar los otros partidos que se juegan semanalmente,  recurren a productoras más pequeñas, sobre todo en regiones. Los montos que se pagan son poco significativos. Los programas que están incluidos en la malla de programación del CDF, también son realizados por productoras externas, algunas relacionadas al mundo del fútbol. La que se encarga del programa Show de Goles, por ejemplo, es ChileCortos, propiedad de Alexander Kiblisky, tesorero general de la ANFP.

Con los cable operadores, negocian cada tres años, en promedio. Son Direct TV, VTR, Claro, Movistar, Telefónica del Sur, Gtd Manquehue, TuVesHD y TV Chile. Saber cuántos hogares con TV cable se abonan al CDF resulta clave para el negocio y la relación entre los operadores y el canal no ha estado exenta de problemas. En 2010, el CDF llegó a cortar su señal para los clientes de VTR por no llegar a acuerdo con la empresa sobre el número de abonados y los montos involucrados en la negociación.

La decisión del CDF da cuenta del poder negociador de Jorge Claro en este negocio monopólico. En esa oportunidad, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) pidió que indemnizaran a los clientes afectados por el corte, pero nada ocurrió. Fue tal el ruido mediático, que el asunto llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica.

Uno de los mayores riesgos del negocio tiene que ver con la masificación de los decodificadores piratas, que permiten que los telespectadores accedan a la señal sin pagar por el servicio. De hecho, desde junio de este año el CDF tuvo una baja en el número de abonados Premium de 44.946 hogares. Es por eso que la lucha contra la piratería ha sido el caballo de batalla de Jorge Claro y su equipo, ya que ésta puede arruinar las proyecciones de crecimiento del número de abonados. Los ejecutivos del CDF esperan recuperar los clientes que perdieron en los últimos tres meses ya que a mediados de octubre lograron identificar y “bajar” la señal pirata.

CLARO: AMO Y SEÑOR

“El amo, rey y señor de las platas del fútbol es Jorge Claro”, dice un dirigente de un club de Primera División. No es una afirmación sin fundamento. Porque lo particular de este negocio es que el dueño del 20% ejerce absoluta potestad sobre toda la administración de la empresa.

-Claro ve la parrilla programática, los gastos, las inversiones, todo lo hace Jorge Claro. Y  la injerencia que tiene el directorio está amarrada por las cláusulas de administración. La ANFP no tiene ningún control sobre la administración.

El directorio del canal -de siete miembros- se reúne una vez al mes. Jorge Claro puede nombrar a un director: él mismo. La ANFP nombra a dos: actualmente Ricardo Pini, presidente de Rangers, y Jorge Segovia, presidente de Unión Española. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica nombran cada uno a su representante: Hernán Levy (hoy subrogado por Alejandro Romero), Peter Hiller y Luis Felipe Gacitúa, respectivamente. El séptimo director es elegido por el Consejo de Presidentes. Actualmente es José Ramón Garmendia, de La Serena.

Cuando un club ingresa a Segunda División, Jorge Claro se encarga de darle la bienvenida. Además, se reúne dos veces al año con los representantes de los clubes para explicarles cómo va el negocio y qué proyección económica maneja. En la última reunión de este año, Claro les adelantó que estaba apuntando a un crecimiento que permitiera que un equipo de Primera División recibiera unos $300 millones más de lo que recibe actualmente, cuenta un asistente.

Cada quien mueve sus hilos, preparando el terreno para  2015, cuando se abra la nueva opción de comprar el 20% de Jorge Claro. Un año de definiciones, que coincide con las elecciones de la ANFP, donde los 32 clubes tienen en sus manos la opción de decidir.

 

Círculo Verde: la consultora que actuó como intermediaria de los dineros de La Polar para la sociedad de sus gerentes

Vea también:
“La Polar I: La red de sociedades y millonarias ganancias que devela cómo los gerentes participaron del fraude”.
“La Polar II: La historia inédita detrás de las ganancias de Morita y sus gerentes”.
-Vea la línea de tiempo interactiva que muestra cómo los ejecutivos de La Polar recaudaron $14.000 millones en 2009.

En noviembre de 2010, el entonces gerente de Productos Financieros de La Polar, Julián Moreno, firmó la propuesta que la multitienda envió al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en la que entregaba soluciones en el proceso de mediación colectiva por las repactaciones unilaterales a 349 clientes. Junto con ofrecer una indemnización a cada reclamante, consistente en un cupón para comprar en La Polar por $2.000 (dos mil pesos), Moreno aseguró que una empresa de auditores externos acreditaría ante el Sernac que las indemnizaciones se harían efectivas.

En febrero de 2011, cuatro meses antes de que se supiera que las repactaciones unilaterales afectaban en realidad a casi un millón de clientes y de que estallara el escándalo del fraude, el Sernac insistió en que una auditora externa debía certificar que las medidas propuestas por La Polar se hubiesen concretado. Dos meses más tarde, en abril de 2011, Julián Moreno envió al Sernac un informe de tres páginas hecho por la consultora Círculo Verde y firmado por su dueño, el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Omar Reyes Ríos (ver el informe de Círculo Verde).

Pero la consultora Círculo Verde no era precisamente una empresa externa e independiente de La Polar. Círculo Verde asesoraba en temas tributarios a la multitienda y sus filiales al menos desde 2000, un año después de que el fondo de inversiones Southern Cross, de Norberto Morita y Raúl Sotomayor, comprara La Polar (ver facturas de asesoría del año 2000). Aún así, no existe un contrato que establezca los términos del trabajo prestado por Círculo Verde a La Polar. Según declaró Omar Reyes en la investigación del Ministerio Público, esto se debe a que “se trata de una relación de confianza”.

“Nuestra vinculación comienza desde el inicio de La Polar. Incluso éramos asesores (…) cuando era de propiedad del grupo Paz”, declaró en enero de este año Omar Reyes, dueño de la consultora. Además, desde 2005 Círculo Verde manejó el rol privado de la multitienda, pagando los sueldos y bonos de sus principales ejecutivos. “Se trató de una petición expresa de Pablo Alcalde para evitar filtración de información al interior de la compañía relacionada con los sueldos de toda la línea ejecutiva hasta jefes de departamento”, explicó Reyes a la fiscalía.

La confianza de los accionistas mayoritarios con Círculo Verde se expandió hacia los gerentes de La Polar, ya que según pudo determinar CIPER, la empresa también prestó asesoría contable a las sociedades personales de los entonces gerentes corporativos de la multitienda, entre ellos María Isabel Farah y Julián Moreno, dos de los ejecutivos formalizados en la investigación judicial del fraude.

En las declaraciones de renta que éstos presentaron al SII entre 2006 y 2008, el correo electrónico que los ejecutivos dieron como contacto corresponde al de Zunilda Aguilar, socia de Omar Reyes en Círculo Verde. Además, la consultora llevaba la contabilidad de Inversiones Alpha, la sociedad de Pablo Alcalde y los seis gerentes corporativos, que los ejecutivos usaron para participar del plan de compensación de Morita y Sotomayor, y que les reportó más de $14.000 millones en 2009 (ver reportaje “La Polar II: La historia inédita detrás de las ganancias de Morita y sus gerentes”).

Otro dato resulta llamativo: dos sociedades de Omar Reyes, Círculo Verde Consultores Limitada y Círculo Verde Inversiones Limitada, aparecen en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como accionistas minoritarias de La Polar en junio de 2011, el mes que estalló el fraude.

SOCIO DEL SUBSECRETARIO DE HACIENDA

El fundador y socio principal de Círculo Verde es el ingeniero comercial y contador auditor Omar Reyes Ríos, quien en la década de los ’80 y durante ocho años fue fiscalizador de grandes empresas del SII. Entre los 60 trabajadores que Círculo Verde emplea, hay varios ex funcionarios del SII, según muestra la página web de la consultora. Una de ellas es Claudia Farías Retamal, quien fue fiscalizadora del SII entre 1996 y 1998, cargo que dejó para integrarse a Círculo Verde, donde estuvo por casi diez años como gerente tributaria. Su siguiente trabajo fue la gerencia tributaria de La Polar, uno de los antiguos clientes de Círculo Verde.

Omar Reyes fundó la consultora en abril de 1988 con $3 millones. Su objeto: prestar servicios de asesoría tributaria y contable a pequeñas y grandes empresas. Entre sus clientes están la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción; las clínicas Las Condes, Alemana y Tabancura; Aerolíneas Argentinas y la Universidad Andrés Bello, entre varios otros, según establece su sitio web.

En 1998, Reyes se asoció al actual subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, en la sociedad CDR Asesorías S.A. Dittborn participó a través de su sociedad Asesorías y Publicaciones Tiempo Nuevo Limitada (de la cual es dueño del 99%, según establece su declaración de intereses). CDR tenía como objeto prestar servicios tributarios, contable y financieros, al igual que Círculo Verde. En 2001 timbró su última boleta ante el SII, pero de acuerdo al Conservador de Comercio la sociedad permaneció vigente y sin cambio de socios, al menos hasta abril de 2011 (ver documento).

Un año después de constituir CDR, en abril de 1999, Círculo Verde ingresó al registro de auditores externos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

INTERMEDIARIO Y CONTADOR DE LOS GERENTES

En abril de 2007, Inversiones Alpha, la sociedad de los siete ex gerentes de La Polar, compró 414.052 acciones de la multitienda, para lo que necesitó más de mil millones de pesos. Pablo Alcalde, entonces gerente general, no participó de la operación. Según los ejecutivos, para financiar esa compra hicieron aportes personales desde sus propias sociedades y el saldo de poco más de $212 millones provino de un préstamo que les otorgó Círculo Verde. En la contabilidad de Inversiones Alpha, que estaba a cargo de Círculo Verde y era administrada por María Isabel Farah, quedó el registro de ese préstamo. En el informe pericial que Pablo Alcalde presentó a la SVS para negar el cargo de uso de información privilegiada, también aseguró que Inversiones Alpha pagó los $212 millones con un préstamo de Círculo Verde.

Sin embargo, CIPER constató que esa parte de la compra de acciones de la multitienda se financió con dinero de La Polar. Es decir, los fondos que Círculo Verde transfirió a Inversiones Alpha provenían directamente de la multitienda, monto que la consultora registró en su contabilidad como “Fondo a Rendir La Polar”.

Fue la entonces gerente de administración, María Isabel Farah, quien dio en abril de 2007 la instrucción a Círculo Verde de transferir el monto necesario para la compra de acciones a la cuenta de Inversiones Alpha en la Corredora Larraín Vial. Dos meses después, el dueño de Círculo Verde, Omar Reyes, le escribió a Farah para regularizar la partida.

En su correo no hizo mención de Inversiones Alpha ni de las sociedades de los gerentes; habló directamente de La Polar. “Tenemos un tema pendiente con La Polar, que es una cuenta por rendir, la cual tenemos que regularizar y nos gustaría analizar la forma de hacerlo pronto, para que ni uds. ni nosotros la mantengamos como pendiente. De acuerdo a los antecedentes recopilados existen saldos con La Polar que a continuación detallo: Depósito efectuado por La Polar por $214.000.000 con fecha 12 de abril 2007. Pago de Círculo Verde $212.667.488 con fecha 14 de abril 2007 a Larraín Vial (esto es por cuenta de un tercero, el cual se supone es mi deudor)”, dice el correo enviado por Reyes.

El supuesto deudor es Inversiones Alpha. Cuando la sociedad de los siete gerentes vendió acciones de la multitienda, pagó el préstamo a Círculo Verde, quien a su vez le devolvió el dinero a La Polar (ver documentos).

¿Por qué se oculta el hecho de que parte del dinero que recibieron los gerentes para comprar acciones lo prestó La Polar?

-Aunque el monto no es significativo para una empresa de ese tamaño, desde el punto de vista de buenos gobiernos corporativos debería declararse que La Polar traspasó el dinero por Círculo Verde. En el fondo, los ejecutivos habrían estado operando con plata de La Polar y en ese caso esto debería haber sido comunicado a todos los accionistas por igual -opina Rafael Rodríguez, presidente de Denarius, empresa experta en planes de compensación.

El testimonio de Omar Reyes ante la fiscalía, confirma su rol de intermediario en la transacción: “Nosotros recibimos una instrucción de La Polar para que transfiera $212 millones aproximadamente (…). Desconozco por qué La Polar realizó este traspaso de fondos (…) a través de nosotros. No realizamos ningún cuestionamiento, porque tampoco hay efectos tributarios directos en que hayamos participado en la operación (…). Por esta gestión no se cobran comisiones a La Polar ni a los ejecutivos”.

En abril de 2009, todos los gerentes corporativos recibieron un bono de La Polar a través de Círculo Verde. El valor de ese bono varió entre $21.496.283, monto que recibió el entonces gerente de Informática, Pablo Fuenzalida, y $53.612.840 que percibió Nicolás Ramírez, entonces gerente comercial, quien un año más tarde reemplazaría a Pablo Alcalde en la gerencia general. Unos meses después, la empresa de los gerentes, Inversiones Alpha, compraría acciones de La Polar por última vez.

Las relaciones entre Círculo Verde y los ex gerentes de La Polar se dañaron a fines de 2010, cuando María Isabel Farah le comunicó por correo electrónico a Omar Reyes que los gerentes ya no seguirían trabajando con él por “disconformidad con los servicios prestados”. Reyes le respondió a Farah advirtiéndole sobre posibles conflictos en el traspaso del manejo contable, ya que las dos personas que se harían cargo de la contabilidad de las sociedades de los gerentes, Claudia Farías y Marlene Tapia, eran ex funcionarias de Círculo Verde, que para entonces ya se habían integrado a trabajar en La Polar.

“La Polar es una sociedad anónima abierta en la cual ustedes son accionistas importantes. Al presentar un balance firmado por un empleado de La Polar, quizás puedan tener menos independencia o se pueda prestar a confusión de los costos de tales servicios, ya que podría asumirse que son subsidiados por La Polar en beneficio de los ejecutivos”, le advirtió Omar Ríos a María Isabel Farah en un correo electrónico.

La respuesta de esta última fue tajante: “El manejo de nuestras contabilidades de las empresas nuestras es una decisión que sólo nos compete a nosotros y no tenemos que pedirle autorización a nadie para definir dónde queremos tenerlas… En todo caso, cuando Jaime Ripoll llevaba nuestra contabilidad, nunca hubo problemas respecto de que era un funcionario de La Polar y firmaba nuestros balances”.

Farah terminó su misiva con un tono amenazante: “Debes tener presente tú también que nuestra relación con La Polar aún está vigente y estos mails sólo generan incomodidad y hacen difícil la relación comercial”.

El citado Jaime Ripoll fue gerente de contabilidad de La Polar y actualmente trabaja en Círculo Verde. La SVS lo multó con 300 UF ($6.767.844) por uso de información privilegiada al vender acciones de La Polar el 5 de enero de 2011, días antes de que los gerentes disolvieran su sociedad Inversiones Alpha y cuando faltaban pocos meses para que la debacle se tornara inevitable.

La Polar II: La historia inédita detrás de las ganancias de Morita y sus gerentes

-Vea la primera parte de este reportaje. “La Polar I: La red de sociedades y millonarias ganancias que devela cómo los gerentes participaron del fraude”.
-Vea la línea de tiempo interactiva que muestra cómo los ejecutivos de La Polar recaudaron $14.000 millones en 2009.

En octubre de 2006, cuando La Polar era la estrella en la Bolsa, Norberto Morita y Raúl Sotomayor (socios de Southern Cross, entonces accionista mayoritaria de la multitienda) dejaron formalmente de tener el control accionario de la compañía al vender el 20,07% de su propiedad. El dato clave es que, a pesar de ello, mantuvieron las riendas de La Polar durante tres años más desde la presidencia y vicepresidencia del directorio, respectivamente. De allí la importancia de investigar los traspasos de dineros y de acciones que se realizaron ese mes desde las sociedades controladas por Morita.

Siguiendo esa pista, CIPER descubrió que no fueron sólo seis millones de acciones de la propiedad de La Polar las que los siete gerentes adquirieron en octubre de 2006 (revise acá la primera parte de este reportaje). María Isabel Farah explicó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que para poder acceder a la compra de las casi seis millones de acciones a través de Inversiones Alpha, Morita y Sotomayor pusieron como condición que los gerentes, paralelamente, compraran otro paquete de acciones de La Polar, pero esta vez a través de sus sociedades individuales.

“El programa de incentivos exigía que el ejecutivo comprara además de forma directa otras 354.667 acciones de La Polar. No hacerlo significaba que no se tenía acceso al segundo programa”, aseguró Farah. Condicionados por Norberto Morita o no, lo cierto es que los siete gerentes terminaron comprando el 24,8% del paquete de acciones de la multitienda que Southern Cross vendió en 2006. Esa operación los convirtió automáticamente en dueños de casi el 5% de la propiedad de La Polar, que para entonces se valorizaba en US$895 millones.

Hubo otros directivos de La Polar que también aumentaron el monto de su propiedad. Los directores de la multitienda elegidos por Southern Cross, Baltazar Sánchez y Juan Enrique Riveros, compraron a través de sus sociedades, Asesorías Portofino y Jericó S.A. respectivamente, el 1,35% de las acciones que vendió el fondo de Morita.

Al final de todas las operaciones, la mayor parte de las acciones que vendió Southern Cross se las llevó el grupo Bemberg, para quienes Norberto Morita había trabajado años antes cuando administró la entonces quebrada cervecería argentina Quilmes (ver perfil de Morita). Así, el grupo Bemberg quedó como accionista mayoritario de La Polar con el 10,84% del capital accionario (aunque las AFP reunían entonces el control del 16,9% de la propiedad). Los siete gerentes juntaron en sus manos el control del 5% de la multitienda, mientras los directores Baltazar Sánchez y Juan Enrique Riveros registraron un 0,27% para sus sociedades. Morita y Sotomayor mantuvieron en su poder un mínimo número de acciones a través de su sociedad Inversiones Cauquén (creada el 9 de agosto de 2006): 761.812, equivalentes al 0,48% de La Polar. Pero, curiosamente, mantuvieron el control de la sociedad.

En ese contexto, todo indica que Morita y Sotomayor no sólo usaron el segundo plan de incentivos para retener a los gerentes, sino que a través de él financiaron la compra de parte de las acciones que el mismo fondo Southern Cross vendió. ¿Con qué objetivo se hicieron entonces estos movimientos? La justicia tendrá que determinar el punto clave. Lo cierto es que la venta del 20,07% de la propiedad de La Polar no significó que Morita y Sotomayor dejaran sus puestos en el directorio. El accionista principal, el grupo Bemberg; y accionistas institucionales, como las AFP, los confirmaron en la presidencia de la multitienda.

Otro documento encontrado por CIPER arroja luces sobre los objetivos con que se ejecutaron los movimientos de paquetes accionarios. El mismo día en que New World Stores Corporation (NWSC), una sociedad de las Islas Caimán filial de Southern Cross, financió la compra de las casi seis millones de acciones de la multitienda para los siete gerentes, los ejecutivos debieron firmar -individualmente- otro documento con nuevas obligaciones en la notaría de Raúl Undurraga Laso. Allí se estipula que en caso de que decidan dejar de trabajar en La Polar o sus filiales, deben vender el porcentaje de acciones que les corresponde de Inversiones Alpha (a través de las cuales eran dueños de La Polar) a Inversiones Alcibíades, una sociedad creada por los abogados de Barros & Errázuriz el 30 de mayo de 2006, cinco días después de constituir Inversiones Alpha.

Una segunda cláusula del contrato resulta interesante: si llegaba otro inversionista que comprara tal número de acciones que le permitiera designar a la mayoría de los miembros del directorio, y por tanto pasar a controlar La Polar, los siete gerentes debían vender sus acciones a Inversiones Alcibíades (ver documento).

En el documento que cada uno de los siete gerentes debió firmar hay al menos una notoria omisión: no se estipula una fórmula para determinar el precio en que los gerentes deberán vender sus acciones si deciden dejar La Polar. Un vacío que los amarró de manos y sin capacidad de negociar frente a Alcibíades. Los únicos que podrían explicar quién controlaba Alcibíades y quién ordenó incorporar esa cláusula son los abogados de Barros & Errázuriz, quienes constituyeron tanto Inversiones Alpha como Inversiones Alcibíades.

Fue así como Southern Cross dejó de ser el accionista mayoritario de La Polar. Hasta ese momento, habiendo invertido aproximadamente un total de US$50 millones, el dinero que las sucesivas ventas de acciones les reportaron alcanzó los US$200 millones. Pero la venta de su paquete accionario no significó para Norberto Morita y Raúl Sotomayor el fin de su relación con la multitienda.

EL NEGOCIO DE PENTA Y MORITA

Inversiones Alpha, la sociedad de los gerentes de La Polar, siguió incrementando su participación accionaria en la multitienda. Según los antecedentes recabados por CIPER, compró nuevos paquetes de acciones en dos ocasiones: en abril de 2007 y en noviembre de 2009, sumando 457.096 nuevas acciones. Por todas ellas los gerentes pagaron en total más de $1.100 millones. En ambos casos el precio fue inferior al valor al que se transaba la acción en la Bolsa, ya que hicieron uso de ofertas preferentes que decidió el directorio de La Polar. Para lo que CIPER no encontró explicación es por qué en ambas operaciones Pablo Alcalde fue el único de los gerentes que no participó.

La compra de acciones de 2007 formó parte de un aumento de capital que decidió el directorio de la multitienda por más de $33.000 millones, del cual destinó el 10% al plan de compensación. Para financiar parte de la compra de 414.052 acciones, para lo cual necesitaban más de $1.061 millones, los ejecutivos simularon un préstamo con Círculo Verde, una consultora que les daba servicios contables y de asesoría tributaria, relacionada con La Polar desde el año 2000 y liderada por un ex funcionario del SII: Omar Reyes Ríos. Pese a que los ex gerentes declararon que parte del dinero provino de Círculo Verde, CIPER constató que La Polar facilitó el préstamo y que Círculo Verde fue sólo un intermediario entre la multitienda y sus ejecutivos.

En 2009 los gerentes volvieron a comprar un nuevo paquete de acciones, aunque muy menor en relación a los dos anteriores: 43.044 acciones que les significaron pagar nuevamente más de $103 millones. Tampoco participó en esta compra Pablo Alcalde. Los registros de Inversiones Alpha establecen que esta compra la financiaron con sus propios recursos. CIPER no encontró otras fuentes de financiamiento.

Lo que sí está documentado es que en 2007 se efectuó un traspaso de la deuda por $9 mil millones contraída por los siete gerentes meses antes, en octubre de 2006, con NWSC, la filial de Southern Cross. El 26 de enero de 2007, esa sociedad ligada a Morita le vendió el préstamo de los siete gerentes a Penta INF, una sociedad anónima constituida un año antes de la transacción, el 19 de enero de 2006, y que pertenece a Inversiones Penta III Limitada, del grupo Penta, y a los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Quien firmó a nombre de NWSC la escritura que selló el negocio fue Cristián Barros Tocornal, socio del estudio jurídico Barros & Errázuriz (ver escritura).

Lo extraño del negocio es que Penta INF pagó sólo un poco más de $7.800 millones por una deuda de más de $9.000 millones. Es decir, NWSC recibió menos dinero del que habría obtenido si hubiese esperado el pago de la deuda hasta octubre de 2009, fecha en que ésta vencía. ¿Qué ganó NWSC vendiendo el crédito tres meses más tarde a un precio inferior?

Tras analizar el contrato que define los términos del negocio entre NWSC y Penta INF, una fuente del mercado opina que todo indica que se trató de una “venta de incendio”:

-Puede ser que la sociedad necesitara caja de forma urgente, por lo que estaba dispuesta a perder dinero con tal de ganar liquidez, o que por alguna razón no pudiera ser acreedora de los ejecutivos de La Polar.

El negocio fue muy conveniente para Penta INF: pagó por el préstamo un precio inferior al que los gerentes adeudaban y no corrió riesgos, ya que las seis millones de acciones de La Polar quedaron prendadas a su nombre para asegurar el pago. Según los ejecutivos, Penta INF tenía un mandato para vender las acciones en octubre de 2009 y pagar la deuda. Hubo también una ganancia adicional para Penta. De las 6 millones de acciones que mantuvo en prenda hasta 2009, Penta INF recibió gratuitamente más de 840 mil acciones de la multitienda “en arriendo”. Con ellas, Penta podía hacer “venta corta”, es decir, ofrecerlas en el mercado cuando el precio fuera conveniente y recuperarlas después para devolverlas a sus dueños, los siete gerentes. (ver documento)

EN EL CLUB DE POLO CON EL JEFE DEL SERNAC

En julio de 2009, Pablo Alcalde recibió un correo electrónico con una invitación de Carlos Saxton, uno de los principales ejecutivos de Mitsubishi. “Anoche estuve con mi amigo Pepe Roa y se me ocurrió invitarlo a almorzar al Polo-Golf, con sus árboles otoñales maravillosos… ¿quieres integrarte?”, le preguntó Saxton. Alcalde respondió que iría encantado. José Roa, entonces director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), no era un desconocido para Alcalde. Ese año ya había cerca de 300 reclamos en el Sernac presentados por clientes de La Polar que habían sido repactados sin su consentimiento. La multitienda tenía además juicios por presuntos cobros de intereses por sobre el máximo convencional en las compras a crédito.

Para Alcalde, el encuentro con José Roa en esos momentos no era un almuerzo más. Por esos mismos días de julio, Alcalde había felicitado a dos de sus gerentes, Julián Moreno y María Isabel Farah, por el trabajo que desarrollaron ambos para evitar “reclamos masivos de clientes” (ver correos entre Alcalde, Farah y Moreno). Consultado por CIPER, José Roa confirmó que se reunió con Alcalde, y explicó que se trató de una “reunión social donde no se trató el tema de La Polar”.

Sin que nada se filtrara hacia el exterior, ya a comienzos de ese año había sonado una voz de alerta en La Polar. “El problema con las renegociaciones está afectando en las tiendas producto de un aumento en reclamos de clientes que desconocen estas operaciones. Mi preocupación es que pueda derivar en temas legales que afecten la imagen de la empresa”, escribió la entonces gerente de administración, María Isabel Farah, a Pablo Alcalde, en marzo de 2009.

El entonces gerente general decidió reunirse con Julián Moreno, quien estaba a cargo de que se cumplieran las metas de repactaciones unilaterales. No se sabe qué resultó de esa reunión. Lo que sí se conoce es que al final de 2009, ya había 1.023.201 personas cuya deuda había sido repactada unilateralmente y las utilidades de La Polar seguían aumentando, esta vez en un 25% en comparación con 2008.

Hacia el exterior fueron otros ruidos los que surgieron desde La Polar, la exitosa multitienda del país en esos momentos. En junio de 2009, Norberto Morita y Raúl Sotomayor renunciaron al directorio tras proponer una fusión con su cadena Supermercados del Sur, la que luego fue rechazada por el directorio de La Polar.

Cuatro meses después, en octubre de 2009, Alcalde, Moreno, Farah y los otros cuatro gerentes accionistas de La Polar a través de Inversiones Alpha, vendieron las 6 millones de acciones adquiridas tres años antes, a través del préstamo que les entregó NWSC y que después quedó en manos de Penta INF. Las acciones las compraron a $2.050 cada una y cuando vendieron, su precio fue de $2.376. Algunas de las ventas de acciones se hicieron fuera de la Bolsa y en fines de semana. Descontando los gastos de la operación, los siete ex gerentes recaudaron $14.155.452.360.

Ese no fue el único ingreso que obtuvieron con esas operaciones. Como los resultados de La Polar seguían apareciendo en alza ante el mercado, los dividendos al interior de la empresa aumentaron progresivamente. Por este ítem los ejecutivos recibieron $802.392.000, los que debieron haber sido abonados a la deuda que mantenían con Penta por el préstamo de $9.000 millones.

Un mes después de que los gerentes liquidaran el mayor paquete de acciones de La Polar, que tenían en su poder a través de Inversiones Alpha, fue el turno de vender del grupo Bemberg. Los socios históricos de Morita vendieron su 10,84%, fijando un precio mínimo de $2.580 por acción.

También en noviembre de 2009, Pablo Alcalde renunció a la gerencia general de La Polar y pasó a ser presidente de su directorio. En ese rol, siguió recibiendo acciones de la multitienda como parte de su dieta.

LA POLAR NO TIENE “DUEÑO”

Al iniciarse 2010, La Polar fue nuevamente motivo de la atención del mercado, por ser la única empresa “sin dueño” tras la salida del fondo Southern Cross y del grupo Bemberg. Habiendo quedado las AFP como accionistas mayoritarias, con más de un 27% de la propiedad, el reemplazo de Norberto Morita y Raúl Sotomayor en el directorio movió a las aseguradoras de pensiones para colocar a cuatro de los suyos allí (ya tenían dos). El 28 de abril de 2010, la junta anual de accionistas se reunió en el Club de La Unión El Golf.

No hubo cuestionamientos ni petición de estudio de los resultados financieros de la multitienda o de su cartera de créditos. Tampoco encargos especiales para los dos representantes que las AFP agregaron al directorio, entre ellos René Cortazar, actual director de Canal 13. Sí hubo un consenso: Pablo Alcalde debía seguir a la cabeza para asegurar la continuación del exitoso “modelo corporativo” que anunciaba su consolidación con seis nuevas tiendas en Chile y la apertura en Colombia (ver nota de La Tercera de abril de 2010). Casi todos los presentes en el Club de La Unión desconocían los movimientos que tan sólo cuatro meses antes Alcalde y sus socios habían comenzado. Pablo Alcalde fue el ganador indiscutido de la jornada.

“Nos hemos acostumbrado a una gran disciplina. La administración se maneja de una manera muy independiente, con un directorio bien informado, porque las decisiones son absolutamente técnicas y debo decir que llevamos muchos años con una relación estupenda entre el directorio y la administración”, dijo Pablo Alcalde, entonces presidente de la multitienda, al diario La Tercera, el 20 de diciembre de 2009. Una semana después, el 28 de diciembre, Alcalde propuso a los otros seis gerentes socios de Inversiones Alpha, una disminución del 87% del capital social de la sociedad. El objetivo: repartir $9.424.681.000 (casi nueve mil millones y medio de pesos) entre los siete gerentes, quienes aprobaron la operación.

A través de su sociedad Asesorías Galicia, Alcalde era dueño del 23,26% de Alpha, por lo que le correspondieron $2.192.907.500. Farah, con su sociedad Asesorías Horus, era dueña del 12,79% y debió recibir $1.205.718.500. También a través de sus sociedades, Moreno, Ramírez, Meszaros, Fuenzalida y Grage tenían cada uno el 12,78%, por lo que les correspondieron $1.205.211.000 a cada uno. La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces fue hecha a requerimiento de Barros & Errázuriz (ver documento). Al examinar esta operación, un abogado tributario explica que esta figura busca evitar el pago de impuestos sobre las utilidades de Inversiones Alpha, ya que la distribución de capital no está afecta a impuestos.

Las ganancias obtenidas por los gerentes pueden graficarse en lo que Pablo Alcalde aportó en sus inversiones en fondos mutuos. Según una planilla detectada en la investigación de la fiscalía, en 2010 depositó $9.002 millones, a través de Asesorías Galicia, a título personal y de su mujer. El otro salto en sus depósitos se observa en 2006, el año de las grandes operaciones, cuando Alcalde aportó $4.097 millones a esos fondos, también a través de Asesorías Galicia. En el resto de los años, entre 2004 y 2011, su aporte anual a fondos mutuos sobrepasó los mil millones y medio de pesos.

INVERSIONES ALPHA LIQUIDA

Justo un año antes de que estallara el escándalo y meses después que los directores que representaban a las AFP en el directorio de la multitienda comenzaran a manifestarle a Alcalde su preocupación por las políticas de riesgo crediticio de La Polar, Inversiones Alpha vendió todas las acciones que tenía. Entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2010, la sociedad de los siete gerentes recaudó más de $1.100 millones al vender las 374.120 acciones de La Polar que mantenía. Un día antes de que los gerentes liquidaran todas sus acciones, el Sernac bajo el mando del nuevo director nacional, Juan Antonio Peribonio, envió un oficio a La Polar pidiendo explicaciones y soluciones por los casos de repactación sin consentimiento.

La situación al interior de la multitienda se volvió crítica. Juan Carlos Leiva, subgerente de riesgo crediticio de La Polar y subordinado de Julián Moreno, declaró a la fiscalía que a finales de ese año, María Isabel Farah los enfrentó en el pasillo. “Ella me dijo a mí y a Moreno: A ustedes huevones los van a meter presos. Tienen la cagada con la cartera”, señaló Leiva cuando recordó una de las reuniones que Farah tuvo con Moreno.

En el directorio también hubo una señal de alerta. El 22 de noviembre de 2010, Fernando Franke, entonces director de La Polar, planteó una duda clave tras encontrar inconsistencias en la información sobre el número de repactaciones por cliente que les daba Farah y Moreno. La primera había asegurado que los clientes eran renegociados sólo una vez, pero Moreno afirmó que las reprogramaciones de deuda podían ser múltiples, por lo que Franke pidió revisar el sistema de provisiones. Francisco Gana, director elegido por las AFP, enfatizó que se debía reforzar el área de riesgo crediticio.

Pese a todo, el 23 y 24 de diciembre de 2010 las AFP compraron bonos de deuda de La Polar. Al 31 de mayo de 2011, las AFP tenían el 24,9% de la propiedad de La Polar, con una inversión de alrededor de US$330 millones en acciones, equivalente al 0,21% del fondo de pensiones. No era su única participación en la multitienda. Las AFP también tenían el 67% de los bonos de deuda colocados por La Polar, por cerca de US$376 millones, lo que corresponde aproximadamente al 0,24% del total del fondo de pensiones (ver “Todas las señales del descalabro de La Polar que las AFP omitieron”).

En ese escenario, los gerentes se prepararon para cerrar su sociedad. El 28 de febrero de 2011, el Servicio de Impuestos Internos (SII) autorizó el término de giro de Inversiones Alpha. Con esa autorización, la sociedad que los entonces gerentes de La Polar usaron para comprar y vender acciones de la multitienda, se liquidó 43 días antes de que estallara el fraude (ver documento).

Inversiones Alpha desapareció del escenario sólo días después de que el primer campanazo de alerta roja sonara en el mercado. En enero de 2011, Nicolás Ramírez, gerente general de La Polar, renunció a su cargo para partir fuera del país. Una semana después, Pablo Alcalde disolvió su sociedad conyugal y declaró la separación total de sus bienes (ver “La carrera de los ex ejecutivos de La Polar para disimular su millonario patrimonio”).

En marzo de 2011, y sin que nada indicara la magnitud del remezón que se avecinaba, La Polar publicó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2010. Allí, por primera vez, la empresa reconoció problemas en su cartera de crédito y evaluó las deudas incobrables en US$300 millones: un nuevo engaño al mercado, ya que como se constató más tarde, el monto de esa “cartera mala” obligaba a provisionar adicionalmente más de US$800 millones.

El 4 de junio de 2011, sólo cinco días antes de que el fraude saliera a la luz pública, La Polar emitió bonos de corto plazo por $60 mil millones. Fue Pablo Alcalde, entonces presidente de la multitienda, quien firmó avalando los resultados financieros. Varias filiales del grupo Penta, Consorcio y una sociedad ligada a Larraín Vial compraron los bonos. Esta última, en su informe del 9 de junio seguía recomendando la compra de acciones y bonos de la empresa (ver “La Polar: Las sospechas que caen sobre las corredoras de bolsa”).

El 9 de junio de 2011 las primeras cifras sobre la verdadera cartera de crédito de La Polar remecieron al mercado y a la opinión pública. Entonces no se sabía que los clientes repactados sin consentimiento eran un millón de personas y tampoco que las pérdidas acumuladas de La Polar serían avaluadas en US$893 millones por la auditoría externa que haría Ernst & Young. Han transcurrido trece meses y desde entonces se han presentado más de 500 acciones judiciales. La última, fue una demanda civil contra Pablo Alcalde interpuesta el 5 de mayo por Consorcio, filiales del grupo Penta, Inversiones San José, Inmobiliaria Estrella del Sur e Inversiones Saint Thomas (quienes compraron bonos cinco días antes de que estallara el fraude), que busca una indemnización por perjuicios de $26.427 millones (ver demanda).

Ante la justicia, los tres gerentes aparecen hasta ahora como los principales responsables del fraude que ha marcado un hito en Chile por sus efectos en las AFP, las empresas auditoras y corredoras, y que también desplegó un manto de sospecha sobre la validez de las normas que rigen a los directorios de las empresas. El sistema se puso bajo la lupa. De allí la expectación ante los resultados que arrojara la investigación que lidera el fiscal José Morales.

Habrá que esperar. El Ministerio Público acaba de solicitar un nuevo plazo para finiquitar su investigación. Mientras, Pablo Alcalde y María Isabel Farah continúan bajo arresto, el que deben cumplir por orden del juez en sus respectivos domicilios en Santiago. Y Julián Moreno, al que le habían otorgado autorización para cumplir su detención en su fundo en Fresia, debió cambiar de planes y permanecer en la capital. Una nueva resolución judicial que dio señales de cómo viene la mano para un fraude en que aún se buscan autores intelectuales y cómplices.

Lea el lunes: “Círculo Verde: la consultora que actuó como intermediaria de los dineros de La Polar para la sociedad de sus gerentes”.

La Polar I: La red de sociedades y millonarias ganancias que devela cómo los gerentes participaron del fraude

Vea la carta del abogado Jorge Bofill, quien asumió la defensa de Pablo Alcalde.

Vea también:
Perfil de Norberto Morita
Multimedia: La red de Morita que controlaba La Polar

Pablo Alcalde (60 años) ingresó a La Polar en 1999 y fue su gerente general durante diez años. En noviembre de 2009 se convirtió en presidente del directorio y allí estaba el 9 de junio de 2011, cuando estalló el escándalo. En 2009 fue nombrado “ejecutivo de la década” por sus pares (directores y gerentes de empresas IPSA en una encuesta que hizo el diario La Tercera) y el vertiginoso ascenso de la multitienda que lideró fue incluso foco de un estudio en Harvard, escrito antes de que estallara el fraude, el que muestra a La Polar como un ejemplo de éxito en la administración de una empresa.

Los antecedentes que se manejan hasta ahora -incluyendo las resoluciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, hacen posible afirmar que Alcalde sabía sobre las repactaciones unilaterales al menos desde 2008. Lo mismo corre para María Isabel Farah, ex gerente de administración de La Polar, quien fue responsable de calcular las provisiones de la empresa y manejó además la filial encargada de la evaluación del riesgo crediticio de la compañía. En la misma situación está Julián Moreno, el ejecutivo que más años trabajó en la multitienda, ex gerente de productos financieros y encargado de fijar y supervisar el cumplimiento de las metas de las repactaciones unilaterales.

Durante al menos seis años estos tres ejecutivos de La Polar estuvieron entre los gerentes mejor pagados del mercado. Entre 2005 y 2010, según sus declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por concepto de sueldos y bonos, Pablo Alcalde ganó más de $2.000 millones, Julián Moreno percibió $1.375 millones y María Isabel Farah obtuvo $1.116 millones (Ver planilla de ingresos por renta neta). En 2009, cuando La Polar ya había renegociado unilateralmente la deuda de un millón de clientes, Pablo Alcalde recibió $594.639.228 por concepto de remuneraciones, descontadas las cotizaciones previsionales y de salud. Considerando que el entonces gerente general de La Polar recibía un bono anual de siete sueldos suplementarios por su desempeño, es posible inferir que ganó más de $31 millones mensuales y recibió un bono de casi $220 millones.

Ese mismo año, María Isabel Farah ganó, entre sueldos y bonos, poco más de $161 millones neto, mientras Julián Moreno recibió más de $227 millones neto. Los cuantiosos bonos eran un premio, aprobado por el directorio de La Polar, que los ejecutivos recibían por los excelentes resultados financieros de la multitienda, que hoy se sabe estaban adulterados.

Hasta ahí la información sobre sus remuneraciones que CIPER pudo reconstruir en base a múltiples informes oficiales y bases de datos. No obstante, el incremento real de su patrimonio da cuenta de ingresos mayores. De allí la dificultad para determinar en cuánto aumentaron su fortuna los tres ejecutivos investigados por el Ministerio Público por los delitos de lavado de dinero, entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada.

En el caso de Pablo Alcalde, una planilla de la Administradora de Fondos Larraín Vial, entidad que según el mismo Alcalde manejaba su patrimonio, muestra que él, su esposa y una de sus sociedades, hicieron aportes en fondos mutuos por más de $23.500 millones entre 2004 y 2011. Una fuente cercana a la investigación judicial plantea que es probable que la mayor parte de las ganancias de Alcalde esté fuera de Chile, en cuentas creadas en paraísos fiscales, lo que hace difícil investigarlas. Lo que sí está claro, es que los sueldos y bonos no fueron la única vía a través de la cual los ex gerentes de La Polar multiplicaron sus haberes.

Un complejo mecanismo de incentivos, a partir del cual se convirtieron en accionistas de la empresa para luego vender sus acciones cuando La Polar aumentaba su valor en el mercado, puede explicar parte de sus millonarios movimientos y dar luces sobre las motivaciones que los ejecutivos pudieron tener para participar del fraude.

Rehacer el enredado camino de compra y venta de acciones también muestra cómo los ex gerentes formaron parte de una red de sociedades detrás de la cual siempre es posible encontrar a los socios principales del fondo Southern Cross: Norberto Morita y Raúl Sotomayor, quienes pese a haber dirigido el directorio de La Polar hasta 2009, han aparecido hasta ahora como actores secundarios en la investigación del fraude.

EL PRIMER MILLÓN DE DÓLARES DE LOS GERENTES

Cuando en enero de 1999 Norberto Morita y Raúl Sotomayor comenzaron a reclutar a los ejecutivos que administrarían La Polar, no sólo les ofrecieron sueldos de mercado y millonarios bonos. Según explicó la ex gerente de administración María Isabel Farah a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Morita y Sotomayor, entonces dueños de la multitienda, les prometieron a los ejecutivos que trabajando con ellos podrían ganar un millón de dólares en tres años, aparte de sus remuneraciones. La idea, argumentó Farah, era captar y retener a los ejecutivos en una empresa que tenía una situación financiera compleja y debía rentabilizar una nueva inversión.

“Se estimaba que (el programa de incentivos) podía reportarle (al gerente) un ingreso estimado de un millón de dólares, aproximadamente en un horizonte de tres a cuatro años, que era el plazo que tenía el fondo para rentabilizar la inversión que estaba haciendo”, explicó Farah en la investigación que hizo la SVS.

Para hacerse de ese millón, el plan consistía en que los gerentes adquirieran un porcentaje de la sociedad matriz de La Polar: Inversiones Siglo XXI. Fue a través de esa sociedad que Southern Cross, el fondo de inversiones de Norberto Morita, compró la multitienda a la familia Paz en 1999. En ese momento, la empresa del retail estaba quebrada por lo que bastaron US$25 millones para tomar el control de la multitienda.

Aunque la empresa comenzaba a valorizarse, en este primer plan de incentivos para los ejecutivos se decidió que el precio que los gerentes pagarían por las acciones fuera el mismo que había pagado Morita. Parte de esas acciones comenzaron a ser vendidas tres años después, cuando la multitienda comenzó a transarse en la Bolsa.

La salida a la Bolsa y el plan de incentivos fueron cuidadosamente planificados. Según declararon los gerentes ante la SVS, el diseño estuvo a cargo de un prestigioso e influyente estudio de abogados: Barros & Errázuriz, principal asesor jurídico del argentino Morita y su fondo Southern Cross desde su entrada a Chile en 1998. Los socios de Barros & Errázuriz que participaron directamente en esta estructura fueron los abogados Carlos Ducci, Luis Letelier y Cristián Barros Tocornal, hermano del abogado Fernando Barros Tocornal, fundador del estudio, quien adquirió notoriedad pública al asumir la vocería de la defensa de Augusto Pinochet cuando éste fue detenido en Londres.

El primer paso fue crear sociedades a través de las cuales los entonces gerentes pudieran pagar la menor cantidad de impuestos por el dinero que ganarían. “Por recomendación de los abogados del fondo (Southern Cross), para disminuir la carga impositiva generé una sociedad. Esto lo hizo cada gerente para poder ingresar a la propiedad (de la matriz de La Polar)”, declaró María Isabel Farah a la SVS.

El primer ejecutivo en constituir su sociedad fue Pablo Alcalde. Un año después de firmar contrato como gerente general de La Polar, creó en marzo de 2000 la sociedad Asesorías Galicia. Un mes más tarde, María Isabel Farah, ex gerente de administración; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y Daniel Meszaros, ex gerente de negocios, constituyeron sus respectivas sociedades: Asesorías Horus, Asesorías Río Najerillas y Asesorías D y J. Poco después, durante el mismo 2000, Pablo Fuenzalida, ex gerente de informática, creó Asesorías Los Siete; y en marzo de 2001, Nicolás Ramírez, ex gerente comercial, constituyó Asesorías Universal. El último en constituir su sociedad fue Santiago Grage, ex gerente de finanzas, quien creó Asesorías Ravello en febrero de 2003, seis meses antes de que La Polar abriera a la Bolsa. (Ver “Mapa de los gerentes y sus sociedades invisibles”)

El segundo paso consistió en que los entonces gerentes se unieran, a través de sus respectivas sociedades, a Morita y Sotomayor en la propiedad de la sociedad matriz de la multitienda: Inversiones Siglo XXI. Un movimiento similar realizaron dos de los entonces directores de La Polar: Baltazar Sánchez, entonces alto ejecutivo del canal de TV Mega y hombre fuerte del grupo Claro, quien lo hizo a través de su sociedad Asesorías Portofino; y Juan Enrique Riveros, actual socio de Hernán Somerville, ex presidente de la Asociación de Bancos, a través de Jericó S.A. En agosto de 2003, el capital de Inversiones Siglo XXI superaba los $18.400 millones.

LA POLAR SE TRANSA EN LA BOLSA

El tercer paso fue abrir La Polar a la Bolsa. “Queremos invitarle a participar en la propiedad de esta exitosa empresa. Los excelentes resultados alcanzados avalan la seriedad de nuestro proyecto y nos motivan en nuestro compromiso por entregar cada día un servicio de mejor calidad”, escribió Morita en el folleto que Larraín Vial, otra de sus empresas asesoras, entregó en agosto de 2003 a inversionistas, unas semanas antes de que la multitienda entrara al mercado bursátil.

No exageraba en los resultados. Los ingresos totales netos de La Polar desde que Morita compró la multitienda hasta 2002, habían aumentado en un 131% en tres años; y las utilidades se habían disparado: crecieron 1001% en el mismo período. Lo que Norberto Morita no informó fue que La Polar ya había repactado sin consentimiento la deuda de 1.789 clientes.

Cuando la multitienda se abrió a la Bolsa en septiembre de 2003, su valor se quintuplicó: pasó de US$25 millones (precio de compra) a más de US$127 millones. Según los registros que María Isabel Farah aportó a la SVS, cada gerente poseía un 1% de la sociedad matriz de La Polar, por lo que tras descontar la inversión inicial, sus acciones se valorizaron acercándose al prometido millón: alrededor de US$885.287 cada uno, equivalentes en esa fecha a casi $600 millones. Para entonces, según se desprende de los documentos aportados por Farah, el gerente general Pablo Alcalde tenía el 5% de la sociedad matriz, por lo que sus acciones se valorizaron en más de US$4 millones.

Los pequeños y medianos inversionistas que compraron las acciones de La Polar tampoco tenían cómo saber que un año después serían más de 55 mil los clientes (5,2% del total) cuyas deudas habían sido repactadas sin su consentimiento y con el agravante de que no se harían provisiones por los incobrables.

En septiembre de 2003, las AFP Cuprum, Provida, Magíster, Santa María y Summa Bansander compraron acciones de la multitienda. A fines del año siguiente se habían sumado Habitat y Planvital.

De esa forma, como la multitienda mostraba cada vez mejores resultados, su acción siguió aumentando progresivamente de valor. También las recomendaciones de las corredoras para privilegiar su adquisición. Si en septiembre de 2003 la acción valía $520, ya en 2005 su precio se había triplicado y llegó a cotizarse en $1.670. Este aumento le reportó a los gerentes de la multitienda ganancias millonarias porque en ese período vendieron acciones de La Polar al menos tres veces.

Un correlato de esas ganancias podría ser el primer aporte a fondos mutuos de Pablo Alcalde que CIPER logró pesquisar: en 2004, a través de su sociedad Asesorías Galicia, depositó $1.519 millones en esos fondos.

Cuando Southern Cross vendía, los gerentes también lo hacían ya que participaban en la misma sociedad liderada por Morita y Sotomayor. Por ejemplo, entre noviembre de 2003 y enero de 2005, María Isabel Farah tuvo ingresos netos por $892.772.236 sólo por las ventas de acciones de La Polar. Es decir, en 14 meses Farah ganó por esa vía más de lo que obtuvo en cuatro años por concepto de remuneraciones. Al ser socios, tanto Farah como los otros seis ejecutivos estaban obligados a vender sus acciones cuando Southern Cross también vendía.

No hay certeza sobre cuánto ganaron los otros gerentes con este primer plan de incentivos, pero un dato resulta ilustrativo. En la sociedad matriz de La Polar el gerente con mayor participación era Pablo Alcalde, por lo que sólo considerando la última venta de ese período, en enero de 2005, al entonces gerente general le correspondió recibir un ingreso neto de más de $2.700 millones ($2.777.144.996). Ese valor supera lo que Alcalde ganó en sueldos y bonos durante seis años.

En el primer período tras la apertura a la Bolsa, Southern Cross no sólo dominaba las decisiones sobre cuándo la alta plana ejecutiva de La Polar debía vender sus acciones. También dictaminaba cuándo debían comprar. Esto quedó en evidencia cuando María Isabel Farah explicó a la SVS por qué en enero de 2005 recompró el 52% de las acciones que había vendido ese mismo mes. “Southern Cross necesitaba vender toda la inversión en La Polar por restricciones de plazo acordadas en el levantamiento del fondo de inversión inicial. No obstante, consideraban que La Polar aún debía rentabilizar (…) En teoría (La Polar) debía doblar su valor en tres años por el plan de apertura de tiendas. El fondo nos pide participar de la compra de acciones de La Polar que haría una nueva sociedad también vinculada al fondo, pero con dineros que se habían levantado de un segundo fondo extranjero”, detalló Farah.

Esa nueva sociedad era Inversiones Siglo XXI S.A. y Cia. en Comandita por Acciones, la que compró el 20,07% de La Polar. De acuerdo a los registros de la SVS, en dicha sociedad participaba Southern Cross, a través de New World Stores Corporation, además de los siete gerentes y los dos directores ya mencionados (Juan Enrique Riveros y Baltazar Sánchez), a través de sus respectivas sociedades. (Ver documento)

EL PLAN DETRÁS DE LAS REPACTACIONES

Las secretas repactaciones unilaterales de la deuda de clientes que compraban en las tiendas con la tarjeta La Polar, comenzaron en 2000 y aumentaron progresivamente cada año. Salvo en 2006, que fue un hito, ya que éstas se dispararon desde poco más de 199 mil clientes, a más de 376 mil clientes (35% del total de repactados hasta 2011) (Ver tabla de repactaciones). En consecuencia, los resultados financieros de la empresa también fueron en aumento: las utilidades de La Polar se incrementaron en un 37,9% respecto de 2005.

En 2006, el fondo de inversiones Southern Cross vendería su participación en la multitienda. Pero antes de enajenar esas acciones, Raúl Sotomayor, entonces vicepresidente del directorio, planteó la necesidad de crear un nuevo mecanismo que permitiera retener a los ejecutivos. Y proporcionó para ello un argumento potente: “Los ingresos percibidos a la fecha por los gerentes hacían probable que cada uno emprendiese negocios propios”, explicó María Isabel Farah a la SVS. Sería el segundo plan de incentivos para ejecutivos creado por Southern Cross.

En la reunión de directorio del 24 de mayo de 2006, el mismo Sotomayor fue quien propuso reactivar un plan de opción de compra de acciones de la compañía para los gerentes. El diseño había fracasado en 2004 tras ser rechazado por la SVS por existir el riesgo de que los ejecutivos sobrepasaran el 10% del aumento de capital en el que se enmarcaba el plan de compensación (ver oficio). Pero en mayo de 2006, la situación fue distinta. Los directores Juan Enrique Riveros y Baltazar Sánchez (ambos puestos por Southern Cross en el directorio), además de Fernando Franke (representante de accionistas minoritarios e institucionales, como fondos de inversión) y Jorge Andrés Ibáñez (elegido por las AFP), le pidieron a Sotomayor que preparara una presentación con los aspectos legales y tributarios del plan. Al parecer, el entonces vicepresidente de La Polar ya tenía todo resuelto.

“Sotomayor nos informó que la preocupación de los inversionistas institucionales, una vez que saliera Southern Cross, era la fuga de los principales ejecutivos. Southern Cross definió que de las acciones que iban a vender, constituirían un nuevo paquete de stock options. Este programa no lo conocimos en detalle”, declaró a la fiscalía, Jorge Andrés Ibáñez, miembro del directorio de La Polar entre 2004 y 2011.

El hecho es que el segundo programa de incentivos se puso en práctica en octubre de 2006 y duró hasta octubre de 2009. El mecanismo consistió en que los entonces gerentes compraron acciones a un precio subsidiado y las vendieron en el mercado tres años después a un precio mayor. En esos cuatro años, con Pablo Alcalde en la gerencia general y Norberto Morita en la presidencia del directorio, La Polar repactó unilateralmente la deuda del 77% del millón de clientes afectados y mostró al mercado resultados financieros falsos, auditados primero por Ernst & Young y luego por PricewaterhouseCoopers.

Para ejecutar ese segundo plan de opción de compra de acciones, o stock options, el primer paso consistió en que los entonces gerentes se asociaran en un vehículo de inversión que se dedicó exclusivamente a la compra y venta de acciones de La Polar: la sociedad Inversiones Alpha S.A. Esta sociedad fue constituida sólo un día después de la reunión de directores de la multitienda en que se le pidió a Sotomayor estudiar el plan de incentivos. El 25 de mayo, Carlos Ducci -socio de Barros & Errázuriz quien había actuado como secretario en la reunión de directores- creó junto a Luis Letelier, otro abogado del estudio, la sociedad anónima Inversiones Alpha con un capital de un millón de pesos dividido en mil acciones. Posteriormente, los mismos abogados cedieron las mil acciones de Alpha a Pablo Alcalde, entonces gerente general; y a María Isabel Farah, entonces gerente de administración de La Polar, en proporciones iguales.

Pablo Alcalde dijo a La Tercera, el 11 de diciembre de 2011, que Inversiones Alpha “era la sociedad que creó Southern Cross para retener a los gerentes”. En Alpha participaron los siete gerentes cuestionados. La sociedad fue administrada por María Isabel Farah y según ella misma lo explicitó en un documento de esos años, llegó a tener en 2007 un patrimonio de $16.954.594.342 (ver certificado).

-No es habitual en las empresas chilenas que los ejecutivos beneficiados con un programa de stock options operen juntos agrupados en una sociedad. Yo eso no lo había visto nunca. Lo normal es que la empresa tenga una relación directa con cada uno de los ejecutivos -afirma Rafael Rodríguez, presidente de Denarius y experto en este tipo de incentivos.

El siguiente paso para concretar el segundo plan de incentivos fue la aprobación del bono especial para los ejecutivos. El mismo que había sido propuesto al directorio por Raúl Sotomayor, de Southern Cross. Dos meses después de la constitución de Inversiones Alpha, el 26 de julio de 2006, los directores de La Polar aprobaron un bono especial para los seis principales gerentes de la multitienda, entre los que no figuró Pablo Alcalde, entonces gerente general.

Este bono -adicional a sus sueldos y a sus bonos anuales por desempeño-, se fijó en $150 millones para cada uno, a pagar en tres años: $30 millones en 2006, $45 millones en 2007 y $75 millones en 2008. En la memoria 2007 de La Polar se explica que el monto del incentivo “se indexará conforme la variación del valor de las acciones de la compañía en el mercado bursátil”. Es decir, a mayor precio de la acción, mayor es el monto que los ejecutivos recibirán. Según declaró María Isabel Farah, el bono buscaba subsidiar el precio de las acciones de La Polar que los gerentes comprarían a través de la sociedad recién creada: Inversiones Alpha. Al comenzar 2006, la acción de La Polar se transaba a un precio promedio de $1.390. Al finalizar el año había subido en un 98,4%, llegando a un promedio de $2.758.

El tercer paso en la ejecución de este plan de compensación de Southern Cross a sus principales ejecutivos, consistió en financiar la adquisición de casi seis millones de acciones de La Polar. Para ello se necesitaban más de $12.000 millones. El 12 de octubre de 2006 se concretó la adquisición a través de Inversiones Alpha.

El 75% de la compra fue financiada a través de una complicada operación. Lo primero fue aumentar el capital de Inversiones Alpha de un millón de pesos a más de $9.000 millones. Esto se hizo emitiendo acciones que fueron compradas por una sociedad de las Islas Caimán: New World Stores Corporation (NWSC). El representante legal de la sociedad NWSC era Cristián Barros Tocornal, abogado de Barros & Errázuriz (ver documento que ordena la transacción con su firma). Consultado por la SVS, Raúl Sotomayor, entonces vicepresidente de La Polar, declaró que esta sociedad era una filial de Southern Cross.

Tras aportar los más de $9.000 millones, el mismo día NWSC traspasó las acciones de Inversiones Alpha a los siete gerentes de La Polar, quienes reconocieron una deuda con NWSC por el mismo monto, con un 5% de interés anual. Así, el 16 de octubre de 2006, los siete ejecutivos entraron a la propiedad de Inversiones Alpha (que hasta ese momento era sólo de Pablo Alcalde y María Isabel Farah), y al mismo tiempo se convirtieron en dueños de un nuevo paquete de seis millones de acciones de La Polar.

Quedaba un pequeño problema por resolver. Como parte del dinero de la compra ($9 mil millones) salió de la caja de Southern Cross, las acciones quedaron prendadas para asegurar el pago de la deuda que los ejecutivos debían pagar en tres años a NWSC. Es decir, los siete gerentes no pudieron disponer libremente de las acciones de la multitienda hasta tres años más tarde. Sólo en 2009 pudieron venderlas.

Respecto de los casi $3.000 millones que faltaban para financiar la compra total de esas acciones, CIPER no pudo encontrar una sola versión. Pablo Alcalde y María Isabel Farah afirman que entre las sociedades que cada uno de los gerentes tenía con anterioridad completaron la suma, la que fue entregada a Inversiones Alpha en calidad de préstamo. Dicho préstamo adquiere hoy una importancia clave, ya que es el principal argumento de Alcalde y Farah para sostener que no se beneficiaron económicamente al vender estas acciones en 2009. Y ello porque todo el dinero recaudado con la venta de las acciones sirvió -insisten- para pagar la deuda: los $9 mil millones más los $3.000 millones del préstamo que hicieron a través de sus propias sociedades. Es decir: no hubo negocio.

Los antecedentes reunidos dan cuenta de otro escenario. CIPER constató que el mismo día en que Southern Cross transfirió a través de NWSC los $9 mil millones, para que Alpha financiara la compra de casi seis millones de acciones de La Polar, Inversiones Siglo XXI Dos Limitada y Compañía en Comandita por Acciones traspasó, a través de Larraín Vial Corredores de Bolsa, $2.991.598.800 a Inversiones Alpha: justo el monto que se necesitaba para terminar de financiar la compra de acciones ($12 mil millones). (Ver el comprobante de Larraín Vial)

Inversiones Siglo XXI Dos Limitada y Compañía en Comandita por Acciones (la investigación de CIPER la identifica activa desde 2004), tiene como socio gestor a una sociedad controlada por el Fondo Southern Cross. En esa sociedad participaron: Norberto Morita; Raúl Sotomayor y su esposa, Gabriela Domeyko Matte; los siete ex gerentes a través de sus sociedades y dos de los entonces directores de La Polar, también a través de sus sociedades: Baltazar Sánchez, entonces aún ejecutivo de Mega y hombre clave del grupo Claro; y Juan Enrique Riveros, actual socio mayoritario de Mercantil Factoring, una empresa que da servicios financieros al convertir las cuentas por cobrar de sus clientes en dinero efectivo. (Ver Mapa de Sociedades)

Con estas dos formas de financiamiento, ambas relacionadas con Southern Cross, los siete ex gerentes compraron casi seis millones de acciones de La Polar en octubre de 2006. El precio que los ejecutivos pagaron por acción ($2.050,1) fue inferior al mínimo que alcanzó ese día en la Bolsa: $2.170. Los $2.050,1 que pagaron los ejecutivos por acción, es exactamente el mismo precio que Southern Cross le puso a las poco más de 41 millones de acciones que vendió en ese mismo mes de octubre de 2006, venta con la que concretó el traspaso del 20,07% de la propiedad de La Polar. Según dijeron, con esa venta enajenaban el último paquete de acciones en su poder.

Este reportaje fue actualizado el viernes 6 de julio de 2012.

Lea el jueves “La Polar II: La historia inédita detrás de las ganancias de Morita y sus gerentes”

Price Waterhouse: La auditora de La Polar enfrenta el castigo del mercado

Son cuatro las firmas de auditoría externa con mayor presencia de mercado en Chile: Deloitte, con el 33% de participación e ingresos totales por $49.805.178.902; PwC (ex PricewaterhouseCoopers), con un 28% del mercado e ingresos por $42.815.065.000; Ernst & Young, con un 26% e ingresos por $38.971.505.597, y KPMG, con un 13% e ingresos por $19.173.575.557. Esos fueron los datos informados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para el período 2011, el mismo año en que estalló la bomba de La Polar y comenzó a repartir sus esquirlas al mercado. Pero el cuadro de honor está experimentando cambios radicales por estos días. Así pasó también en Estados Unidos a raíz del escándalo financiero de Enron.

Hasta 2002, cuando se destapó el millonario fraude de Enron, había una quinta auditora en las grandes ligas norteamericanas: Andersen. Tras ser parte activa de la crisis provocada por la empresa afincada en el sector energético, Andersen fue llevada a la justicia, se vio obligada a cerrar y sus sociedades alrededor del mundo se disolvieron. Por su rol de auditora externa en la millonaria falsificación de los activos de La Polar, PwC podría ser en Chile el equivalente a Andersen. Pese a que no ha sido hasta ahora llevada ante los tribunales, la sanción del mercado está siendo dura. Y puede ser aún más.

Precisamente por estos días se están llevando a cabo las juntas de accionistas de las principales empresas del país, momento en que se decide -entre otros puntos relevantes- mantener o cambiar a la auditora externa que avalará sus cuentas para el próximo periodo. Y es allí donde PwC se está jugando su futuro.

Hasta 2011, PwC era la auditora externa de 12 de las 40 empresas del Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), las que más transan en la bolsa. Sólo la superaba Ernst & Young, que auditaba a 13 de las grandes compañías. Deloitte estaba contratada por nueve y KPMG por seis. Pero luego del escándalo de La Polar, el escenario cambió para las auditoras. PwC es la gran perdedora. La mayoría de sus clientes la están dejando por su principal competencia: Deloitte.

Entre las empresas que PwC auditaba, la primera en dejarla cesante y contratar los servicios de Deloitte, fue el banco BCI, de la familia Yarur. La decisión se adoptó en su junta de accionistas del 19 de marzo. Once días más tarde, la siguió Salfacorp, empresa controlada por la Sociedad Río Rubens S.A., ligada a las familias Garcés y Salinas.

Por estos días se espera la decisión que adoptarán la papelera CMPC, del grupo Matte, y las empresas del grupo Angelini -Antarchile y Copec-, en sus respectivas juntas de accionistas. Pero ya se ha informado que propondrán cambiar a PwC por Deloitte como firma auditora de sus estados financieros de 2012. Si antes de conocerse los detalles de la estafa de La Polar esa decisión era despachada de manera casi rutinaria en las juntas, ahora las exigencias son mucho mayores.

El Comité de Directores de CMPC, por ejemplo, estudió las opciones de auditor externo desde noviembre de 2011. Sus ejecutivos ni siquiera evaluaron la posibilidad de mantener a PwC. De inmediato se abocaron al estudio de las ofertas de BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG y Deloitte. El directorio aprobó por unanimidad proponer a esta última como auditora externa en la junta de accionistas que tendrá lugar el 27 de abril.

Sólo cuatro de las empresas del IPSA han confirmado por ahora a la cuestionada auditora, la que enfrenta su peor momento. PwC fue sancionada por la SVS con una multa de 8.000 UF, por su negligencia al auditar los estados financieros de La Polar, y también por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con 4.500 UF (casi el monto máximo de 5.000 UF), por “falta de diligencia” en la elaboración de los informes que daban cuenta del funcionamiento de Inversiones SCG S.A., la sociedad emisora de tarjetas de crédito de La Polar. (Vea la resolución de la SBIF).

La primera en alinearse con PwC fue Multiexport Foods S.A., que preside Martín Borda Mingo. En el acta de la junta de accionistas del 28 de marzo se explica que los directores “acordaron proponer a esta junta como auditores externos para el ejercicio 2012 a la firma PricewaterhouseCoopers por ser su cotización sustancialmente menor a la otra”. PwC competía con Ernst & Young, su par líder entre las empresas IPSA. El menor costo del servicio elegido no fue casual. La estrategia que PwC está usando para evitar la fuga de clientes ha sido rebajar agresivamente sus precios. Así lo confirmó a CIPER un director de otra empresa IPSA.

Un socio de otra de las grandes auditoras de la plaza explica que últimamente se han encontrado con que los precios que propone PwC son absolutamente inferiores a los niveles históricos con los que la auditora competía antes del fraude de La Polar. La drástica rebaja es interpretada en el medio como una “estrategia desesperada” por conservar sus clientes. “Han presentado ofertas por la mitad de nuestro precio, lo que es algo inusitado”, asegura la misma fuente.

Otras empresas simplemente han optado por no llamar a PwC a ofertar. Tal cual lo hizo la CMPC. “No significa que desconfiemos del trabajo de PwC, pero pensamos que estarán muy enfocados en su defensa y no podrán concentrarse como corresponde en el trabajo que requiere una auditoría”, comentó un ejecutivo de una de las empresas que decidieron no llamar a PwC.

La segunda empresa en confirmar a PwC, fue Molymet, presidida por Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, que el 10 de abril ratificó a la firma propuesta por su directorio. En la misma fecha la junta de accionistas aprobó la contratación de un seguro de responsabilidad civil para sus directores con un tope de US$15 millones. Un día después, pese a la férrea oposición de la AFP Provida, la mayoría de los accionistas de CCU, empresa que preside Guillermo Luksic, aprobó continuar con la auditoría de PwC. Lo mismo ocurrió cuando Viña San Pedro, del mismo grupo, confirmó a PwC, con la oposición de las AFP Habitat, Cuprum y Provida.

Guillermo Luksic defendió públicamente a la auditora diciendo que al trabajar con PwC habían tenido una “muy buena experiencia”. Para algunos, esa defensa de Luksic tuvo su origen en Hugo Rivera, el abogado que defiende a la auditora en el juicio por los ilícitos en el fraude de La Polar. Rivera es también uno de los asesores del grupo Luksic en el Banco de Chile.

Luksic no ha sido el único de los mayores empresarios del país en entregarle su voto de confianza a PwC. Los directores de Cencosud, propiedad de Horst Paulmann, también decidieron proponer que PwC continúe como auditor externo en 2012. Al analizar las opciones, los directores evaluaron el impacto del caso La Polar, pero lo descartaron como un elemento clave para la decisión. El argumento fue escueto pero categórico: “Responden a situaciones específicas de esos trabajos y no a fallas generalizadas en el funcionamiento de las auditoras”. La cuarta y última empresa del IPSA que hasta ahora ha respaldado a PwC fue Aquachile, que preside Hugo Pucci. El 17 de abril, sus accionistas decidieron continuar con la auditora para el ejercicio 2012.

De las empresas que están fuera del IPSA, Gasco, del grupo CGE, cambió a PwC por Ernst & Young el 12 de abril y BancoEstado, que preside Segismundo Schulin-Zeuthen, propondrá el cambio de auditores el 30 de este mes. Los accionistas de la eléctrica CGE, controlada por las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, evaluaron las propuestas de auditoría externa de PwC, Ernst & Young y Deloitte. Esta última ofreció un equipo de trabajo a cargo de 10 profesionales directivos, Ersnt & Young ofreció uno a cargo de 11, y PwC ofreció un equipo a cargo de sólo 7 profesionales directivos. A diferencia de sus competidoras, PwC no informó su metodología de trabajo ni forma de comunicación con CGE. El directorio decidió proponer a Ernst & Young como auditora para 2012, “en consideración a que su elección permitiría alternar al prestador actual de los servicios”, lo que fue ratificado ayer por los accionistas.

De las empresas del IPSA auditadas por PwC, aún hay dos que no se pronuncian sobre un eventual cambio de firma: Lan, controlada por la familia Cueto, y Soquimich, empresa controlada por Julio Ponce Lerou.

La atención se centra en estos días en la decisión que adoptarán otras empresas importantes del mercado que eran auditadas por PwC y que aún no han informado sobre su elección de auditores para 2012. En la lista figuran: Watts, controlada por el empresario Fernando Larraín Peña, cuya junta de accionistas se realizará el 25 de este mes; la pesquera Camanchaca, ligada a la familia Fernández, que decidirá el 30, al igual que Norte Grande, también controlada por Ponce Lerou.

Si bien la salmonera Australis, que preside Rodrigo Arriagada Astrosa, no se ha pronunciado sobre sus próximos auditores, en su sitio web tiene disponible para sus accionistas una propuesta de auditoría de PwC para el ejercicio 2012. “Ustedes nos conocen bien y nosotros a ustedes. No hay sorpresas”, escribió Luis Enrique Álamos, el socio principal de PwC, en la carta donde ofrecen mantener sus servicios.

OTRAS SANCIONES SOBRE LA MESA

Pese a que en el mercado local son unas pocas auditoras las que compiten por los grandes clientes, ninguna de las otras firmas parece dispuesta a realizar un peritaje al trabajo de PwC en La Polar. Según fuentes que han seguido de cerca el desarrollo judicial del fraude, al momento de estallar el escándalo, la auditora KPMG se mostró abierta a la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva de la auditoría en cuestión. Sin embargo, la actitud cambió luego de recibir instrucciones de la filial internacional diciendo que no se involucraran por un aparente convenio entre las firmas globales de las big four.

A falta de una revisión profesional de la auditoría realizada por PwC a las cuentas y estados financieros de La Polar, no queda más que examinar cómo se ha comportado el mercado frente a esta área de fiscalización que hoy resulta clave para el trabajo de los directores de empresa. Según los datos que recogió CIPER, desde 2003 sólo dos auditoras externas -de las cuatro principales- han sido multadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por infringir las normas que las regulan: PwC y Ernst & Young. Ambas estuvieron a cargo de auditar en distintos períodos los estados financieros de La Polar.

Pero PwC registra otra sanción más.

El 29 de diciembre de 2010, la SVS multó a PwC con 350 UF por hacer un trabajo de auditoría “insuficiente” de los estados financieros de la Compañía de Seguros ACE S.A. La resolución del fiscalizador estableció que durante seis años PwC no detectó la “subvalorización de la reserva catastrófica de terremoto” de la aseguradora, confirmando que los estados financieros de la compañía representaban razonablemente en todos sus aspectos significativos su situación financiera.

Pese a que un cambio en los contratos de reaseguros de ACE de 2004 obligó a la compañía a proveer una mayor reserva catastrófica de terremoto, PwC no detectó esa obligación que alcanzaba US$1.650.000. El trabajo de auditoría fue tan insuficiente, que no sólo falló en detectarlo en 2004, sino que todos los años siguientes hasta el ejercicio de 2009, que fue examinado por la SVS. Según el dictamen del ente regulador, PwC no incluyó pruebas sustantivas en sus procedimientos de auditoría y de control interno: se limitó a calcular el detalle de la reserva catastrófica de terremoto en el ejercicio 2004 y el resto de los años sólo constató que no cambiaron los contratos de reaseguros y los parámetros de cálculo.

Al sancionar a la auditora, la Superintendencia estableció que PwC no cumplió las instrucciones de la Circular N°1.441 (que contiene normas mínimas de auditoría externa y del informe con la opinión del sistema de control interno para compañías de seguros y reaseguros), ya que se limitó a revisar las metodologías de cálculo y no validó la información usada en el cálculo. El error es similar a una de las infracciones que le adjudicó la SVS a la auditora por su trabajo en La Polar, donde el equipo a cargo del socio Alejandro Joignant se limitó a revisar los procesos de control, pero no validó la información que entregaba la multitienda.

En los descargos que la firma hizo a la SVS, PwC explica que dada la naturaleza del negocio de La Polar, decidió aplicar “enfoques de auditoría basados en sistemas y controles utilizados por la empresa como parte de su gestión y operación habitual” y no utilizar un enfoque “sustantivo”, donde se revisa de forma detallada “una porción significativa de los saldos que componen los estados financieros”.

Para evitar situaciones como éstas, el vicepresidente del Colegio de Contadores Auditores, Daniel Vásquez, propuso en una entrevista que concedió a CIPER que exista una segunda auditoría que fiscalice a la primera, que se sancione a la empresa que entregue información falsa a los auditores externos y que éstos últimos rindan cuenta directamente a la SVS y no a la empresa que los contrata (vea la entrevista).

Respecto de los errores cometidos en la auditoría de la aseguradora ACE, la SVS consideró que el procedimiento de PwC no examinó “con el máximo de diligencia si las operaciones realizadas por la aseguradora estaban razonablemente reflejadas en los estados financieros”. En los descargos presentados, la auditora reconoció la insuficiencia y lo atribuyó a “un error involuntario cometido en el origen respecto de las condiciones contractuales de reaseguros modificadas al año 2004 y que afectaron ese ejercicio y los siguientes”.

La auditoría de ACE estaba a cargo de los socios de PwC Juan Christian Roncagliolo Grunert, actualmente con un 7,693% de la propiedad de la firma, y Juan Carlos Pitta De Clemente, con un 0,961%. Pese a la sanción, la aseguradora decidió seguir trabajando con PwC como auditora externa y consideró que el error en la contabilidad era marginal. Sin embargo, cinco años antes, PwC había sido multada por otra infracción a la misma norma.

SEGUROS DE VIDA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Al analizar la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) del 30 de septiembre de 2004 de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A, la SVS detectó que la compañía había calculado la reserva de riesgo en curso para las pólizas de seguros de desgravamen suscritas por el Banco del Estado, con vigencia desde enero de 2003, “descontando los costos de intermediación y recaudación pagados”, lo que no está autorizado por la SVS desde 1981. La auditora de la compañía era PwC , la que no verificó que la reserva de riesgo en curso cumpliera con las instrucciones impartidas por la SVS. Según estimó el fiscalizador, el error implicó que la compañía hiciera una reserva menor para las pólizas de $2.518.348.967.

El 13 de octubre de 2005, cuando PwC debió rendir cuentas en el curso de la investigación, la auditora reconoció que no aplicó procedimientos detallados. En sus descargos añadió: “Nada les reveló que la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. no hubiese aplicado un criterio razonable para constituir las referidas reservas”. La norma de la SVS recalca que “las firmas auditoras no se deben limitar sólo a revisar la metodología del cálculo ya realizada por las entidades aseguradoras sino que, además, se requiere efectúen validaciones de la información utilizada en el cálculo”.

El 29 de diciembre de 2005, la SVS multó a PwC con 100 UF y estimó que la materialidad de esa reserva representaba un 0,15% del total de reservas de la compañía de seguros. Un dato anexo resulta interesante: el error de PwC se produjo cuando estaba en marcha el proceso de venta de Seguros de Vida La Construcción S.A., que fue adquirida el 30 de mayo de ese mismo año 2004 por BICECorp, dueño de BICE Vida.

Pese a que no ha sido sancionada por la SVS, Ernst & Young tampoco identificó las irregularidades y falsificaciones de los estados financieros de La Polar cuando auditó esa empresa en los años en que, aparentemente, comenzó a masificarse el fraude de las repactaciones unilaterales (2005 y 2006).

En 2004 y 2005 la auditoría hecha por Ernst & Young a La Polar fue firmada por Roberto Morales Chamorro, el profesional que no detectó las inconsistencias contables. Cuando la auditoría externa de la multitienda pasó a PwC, Morales siguió trabajando para La Polar, a través de su empresa People+, y se convirtió en mano derecha de la entonces gerente de Administración, María Isabel Farah, la única persona investigada por el fraude que continúa en prisión. La historía de Morales Chamarro fue registrada por CIPER en el reportaje “El auditor externo de La Polar que se convirtió en asesor clave de gerencia”.

A fines de marzo, dos altos ejecutivos de Ernst & Young declararon ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI como testigos del trabajo de auditoría que esa firma hizo para La Polar en un año clave en el diseño del modelo de la millonaria falsificación: el 2006. Tres años antes, esta auditora también fue sancionada por la SVS con una multa de 500 UF.

Al auditar los estados financieros de la Compañía de Seguros Generales Chubb de Chile S.A., la firma no identificó que ésta no había contabilizado operaciones de reaseguros por 15.812,78 UF relacionadas a la Prima Cedida Reaseguro Facultativo en caso de terremoto. La SVS estimó que, como consecuencia de esa omisión en la contabilidad, Chubb constituyó una menor reserva técnica por $257.158.000, mostrando en los estados financieros un patrimonio mayor por $218.584.000. Y estableció que esta situación reflejaba un problema de control interno de la empresa que no permitía asegurar que la información presentada fuera veraz e íntegra.

LOS QUE ENFRENTAN EL REMEZÓN

En Chile, PwC es una sociedad de responsabilidad limitada cuya propiedad está en manos de 26 profesionales. Son los denominados “socios internacionales” que han hecho carrera en la auditora y están liderados por un socio principal. Desde enero de este año esa responsabilidad cambió de mano y recayó en Luis Enrique Álamos Olivos.

La firma tiene 1.200 empleados y una estructura general basada en cuatro sociedades. Pero es sólo una de ellas, “PwC Consultores, Auditores y Compañía limitada”, quien emplea a esas 1.200 personas.

PwC tiene el 67% de “Asesorías profesionales DHS Limitada”. El 33% restante está dividido en 11 “socios locales”, que a medida que hacen carrera en la auditora pueden ser aceptados como socios internacionales. Una tercera sociedad, “PwC Capacitación y Desarrollo Profesional Limitada”, está en manos de tres “socios internacionales” de la auditora: Renzo Corona con un 40%, Anthony Dawes con un 40% y Leslie Hemery con un 20%. Pese a que no tiene ningún empleado, esta sociedad funciona como un organismo técnico de capacitación.

La cuarta empresa fue modificada el 14 de abril de 2010. Los mismos tres socios de PwC, Anthony Dawes, dueño de un 5,77% de la auditora; Renzo Corona, también con un 5,77% de la firma, y Leslie Hemery, con un 3,846%, modificaron los estatutos de la sociedad “Desarrollo Profesional Limitada”, cambiándole el nombre a “PricewaterhouseCoopers Desarrollo Profesional Limitada”. El 40 % del interés social de esa compañía pertenecía a Dawes, y el 60% restante estaba dividido en partes iguales entre Corona y Hemery.

El 30 de junio de 2010, PwC reconoció una deuda con esta empresa por $913.248.102. Las condiciones del préstamo fueron favorables para la auditora: el pago se estableció en un plazo de 15 años con un interés devengado del 3%. A fines de ese año, el 30 de diciembre, la deuda de PwC aumentó a $943.248.102. Lo llamativo es que esta sociedad “PricewaterhouseCoopers desarrollo profesional limitada”, que había sido constituida en febrero de 1989, fue vendida en enero de 2011 a PwC por un valor considerablemente inferior al monto que se le adeudaba: la auditora PwC adquirió el 99% de la sociedad, pagando $1.980.000. El socio Corona mantuvo el 1% del interés social, que equivale a $20.000.

No es la única empresa que le presta dinero a PwC. El 30 de junio de 2010, PwC firmó una escritura notarial reconociendo una deuda por $1.128.654.209 con la sociedad South American Real Estate Corporation Limited, “válidamente constituida y vigente según las leyes de Bahamas”, también con un interés del 3% y con un plazo de pago de 15 años. En noviembre del 2011, la deuda aumentó a $1.306.205.984. Una fuente cercana a la auditora, afirma que South American Real Estate Corporation Limited, es una inmobiliaria en proceso de disolución que compraba oficinas en Sudamérica para arrendárselas a las firmas locales de PwC.

Los dueños de la sociedad constituida en Las Bahamas, serían los mismos socios de PwC que pertenecían a la red latinoamericana de la firma. PwC también reconoce una deuda con la sociedad de Dawes, Corona y Hemery, “PricewaterhouseCoopers Capacitación y Desarrollo profesional limitada”, que al 30 de junio de 2010 alcanza a los $337.883.511.

Esa estructura y los profesionales que la lideran es la que hoy está enfrentando el peor momento de su historia, desde que la auditora Price Waterhouse comenzara sus operaciones en Chile hace más de 90 años. Ya en 1920 era una de las auditoras de los balances de las principales empresas del país, según los registros del Diario Oficial, aunque su proceso de modernización comenzó a gestarse en los años 80. Fue en 1987, cuando se vuelve una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital de $22.000.000 aportado por 12 socios naturales y por la sociedad civil extranjera Price Waterhouse & Co.