Universidad del Mar: Un ministro jugando al Sheriff

Ministro de Educación, Herald BeyerLuego del anuncio definitivo del cierre de la Universidad del Mar por parte del Ministerio de Educación, son varios los elementos que han salido a la luz pública. El primero y que resulta más fácil de digerir es el de las cabezas que deben rodar por esta debacle. ¿Por qué esta es la vía más sencilla de resolver, aparentemente, el problema? Porque tras ella se esconde la justiciera y popular tesis de los “villanos derrotados”. El problema sería, según esta visión, que un grupo de malhechores han logrado burlar al sistema y salirse con la suya. Por lo menos lo han logrado hasta ahora que han sido descubiertos. Para que la historia tenga un final feliz solo faltaría que el “sheriff”, en este caso el ministro de Educación, entregue a los culpables al escarnio público.

Esta visión fácil adolece de un gran problema: no se trata de individuos que burlaron el sistema, sino de un sistema (con individuos) que nos engañó a todos. Así lo confirma el ex rector de la Universidad del Mar en un entrevista reciente: “La ley es ambigua y todo el mundo entendió que las universidades privadas eran un emprendimiento…y la cultura validaba lo que ocurría” (El Mercurio, 3 de noviembre de 2012). Sobre todo interesa esto de “la cultura” de la validación de estas malas prácticas.  Lo que está detrás de esta afirmación es que no son únicamente las universidades que terminan siendo un “mal negocio” para sus dueños las que incurren en estas malas prácticas. Estamos hablando de un engaño a gran escala en el que habría que incluir también a universidades que aún son “buen negocio” y engañan a sus estudiantes “vendiéndose” como organizaciones sin fines de lucro, pero extrayendo cada céntimo que pueden.

“Mientras el movimiento estudiantil se ha hecho amplio y ciudadano y ha logrando modificar las preconcepciones culturales en el ámbito de la educación, nuestro Estado se ha quedado en la retaguardia del camino”.

No hace demasiado tiempo se rechazaba un informe en la Cámara de Diputados donde se mencionaban varias de estas instituciones y los mecanismos que empleaban: “Esta Comisión Investigadora ha podido determinar que la propiedad sobre las instituciones de educación privada, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha sido fuente de atracción de inversiones de grupos económicos, a tal punto, que hoy se transan en el mercado bursátil, lo que sin lugar a dudas configura la existencia de lucro”.

Entonces, si no se trata solo de buscar un par de responsables para usarlos como chivos expiatorios del verdadero problema (aunque sin lugar a duda los responsables de estos hechos deben pagar), la pregunta real es: ¿Quién se hace cargo?

Según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), presentado por Sergio Urzúa, alrededor del 42% de los titulados de establecimientos privados obtienen una rentabilidad negativa de sus estudios: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir el desarrollo social y económico, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Lo anterior, es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor. Además, se sigue aumentando los subsidios al sistema, sin que sus vicios tengan control. La Universidad del Mar recibió autonomía y fue acreditada (inclusive con algunas acusaciones de cohecho en el proceso). ¿Acaso no le cabe al Estado en esto una cuota importante de responsabilidad?

“No puedo dejar de imaginar lo diferente que hubiese sido la reacción de las autoridades con el caso de la Universidad del Mar, de no haber existido las movilizaciones del 2011 y el informe del lucro del 2012.”

Más allá de los resultados que arroje la investigación de la Universidad del Mar, nos tendremos que enfrentar al verdadero problema tras esta situación: el rol del Estado para evitar este tipo de engaños y su responsabilidad con los estudiantes que han sido víctimas de este sistema como garante de una educación de calidad para todos. Estamos empezando a ver grietas importantes en ese ya poco sólido ideario del Chile donde la ciudadanía debe confiar en que “las instituciones funcionan”. Solo para ilustrar una de esas otras grietas: ¿Sabía usted que por ley está prohibido a colegios que reciban fondos estatales seleccionar antes de sexto básico? Si no lo sabía no es extraño, 55% de los colegios particular subvencionados de nuestro país seleccionan, pero hace rato que hay, al igual como había con el lucro de las universidades, una “cultura” que ha cubierto estas prácticas en un velo de falsa legitimidad.

No puedo dejar de imaginar lo diferente que hubiese sido la reacción de las autoridades con el caso de la Universidad del Mar, de no haber existido las movilizaciones del 2011 y el informe del lucro del 2012. En definitiva, lo que ha estado ocurriendo es que un movimiento estudiantil multitudinario, se ha hecho amplio y ciudadano, logrando modificar nuestro sentido común, nuestras preconcepciones culturales en el ámbito de la educación, pero nuestro Estado se ha quedado en la retaguardia del camino.

Ha llegado la hora de que las transformaciones en la conciencia de las personas se traduzcan en modificaciones de las estructuras que nos rigen. De otro modo, quienes terminarán pagando serán los de siempre, las familias que depositaron su confianza en las instituciones y terminaron encontrándose con el lucro a costa de sus sueños. En definitiva, le corresponde ahora al Estado hacerse responsable de su negligencia asegurando que los estudiantes y sus familias (en el caso de la Universidad del Mar y otros similares) no sean quienes paguen por esta situación.

El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran

“Esta Comisión Investigadora ha podido determinar que la propiedad sobre las instituciones de educación privada, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha sido fuente de atracción de inversiones de grupos económicos, a tal punto que hoy se transan en el mercado bursátil, lo que sin lugar a dudas configura la existencia de lucro”.

Así reza el informe reciente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Educación Superior. Así de tajante y clara es la situación: durante décadas en nuestro país se ha violado la ley sistemáticamente, persiguiendo lucro donde está prohibido, y el mecanismo mencionado en la cita es solo una de varias estrategias empleadas.

Frente a esto me parece que quedan abiertas tres preguntas muy importantes para entender este último round entre el gobierno y el movimiento estudiantil (que ahora cuenta con el apoyo del
Poder Legislativo): ¿Por qué no debería haber lucro? ¿Quién es el responsable de que la normativa vigente no se haya cumplido? Y ¿qué hacemos ahora?

El debate en torno al lucro en la educación ha tenido larga trayectoria y se ha abordado desde varias aristas. Como punto inicial bastará confirmar que en educación escolar un sistema como el nuestro, con establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro y financiamiento compartido, es único en el mundo. Su arista más grave es que genera un sistema profundamente segregado, con estudiantes de primera, segunda y enésima categoría amparados por una legislación absolutamente permisiva y con un deterioro progresivo de nuestro sistema público.

En educación superior tenemos más ejemplos similares en el mundo con los que compararnos. Esquemas de educación particular superior con fines de lucro no son extraños en el mundo. Sin embargo, lo que sí es extraño es el peso que tiene el sector privado y el financiamiento considerable que recibe desde el Estado.

La idea de los defensores del lucro es que, al igual que en el mercado de los zapatos o de cualquier otro bien, la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado. Pero, sin gran sorpresa se puede afirmar esto, la educación no es un zapato. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.

Es imposible regular los incentivos de tantas entidades diferentes buscando el beneficio personal y empleando cada recurso imaginable para maximizar lo que cobran y reducir los costos de lo que entregan. No es ninguna sorpresa que entre las 100 mejores universidades no haya ni una sola con fines de lucro. Lo sorprendente sería que existiera tal universidad. El proceso educacional integral tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, no se puede estandarizar como si fuera una zapatilla. La educación que va más allá de un mero adiestramiento, no es un bien de consumo.

Cuando se plantea la necesidad de un sistema de educación público y la incompatibilidad de este con el lucro es porque se entiende que las instituciones de formación cumplen un rol público. Rol que requiere de la consonancia entre los objetivos de la institución y de la sociedad. Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión. Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta: si el efecto nefasto del lucro está tan aceptado ¿por qué nada se ha hecho para resolver esta situación?

Al respecto, las sentencias del ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la comisión son esclarecedoras: “No es casualidad que ningún ministro de Educación –incluyo ambas coaliciones- haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia…Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio –algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”

“Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice”

La situación es clarísima. Tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda” frente a quienes violan sistemáticamente la ley. De hecho, hemos visto ya a la luz pública, a varios miembros del gobierno actual y de gobiernos anteriores involucrados en esta transgresión. Sin embargo, queda absolutamente patente que una superintendencia, como se ha planteado en el último proyecto presentado por el gobierno, sería completamente impotente frente a los subterfugios empleados. Ya lo han dicho el director del CEP y el Contralor General de la República. Lo fundamental es legislar de manera contundente para que quienes lucren en las universidades y quienes lo hagan con fondos públicos en el resto del sistema educacional, tengan penas suficientes para que no siga siendo un negocio. Las penas estipuladas en el proyecto actual con suerte llegan a ser simbólicas y no permiten evitar las estrategias contables para ocultar el lucro.

Por último, quedan los miles de estudiantes que acuden a estos cuestionados establecimientos. ¿Cómo se hace cargo el Estado de una responsabilidad que ha abandonado notoriamente? Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, más del 40% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir la promoción social y económica, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.

Por lo tanto, el primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.

“Los dueños las instituciones que han lucrado tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro”.

Por último, el Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice. Los dueños de estas instituciones tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro. Estos recursos deberían emplearse en reubicar a los estudiantes en instituciones que cumplan la ley o renovar las instituciones asegurando que los nuevos controladores efectivamente sean organizaciones sin fines de lucro. Incluso a quienes ya se han graduado de estos establecimientos se les debiese garantizar la oportunidad de continuar con sus estudios para recuperar sus rentabilidades negativas o indemnizarles por sus pérdidas.

La solución es difícil y requerirá de grandes esfuerzos por parte de todos. La irresponsabilidad de quienes diseñaron e implementaron este modelo ha traído un nivel tal de injusticia que hace necesario plantear transformaciones de fondo y un gran proyecto nacional para subsanar estas falencias. Existen ejemplos de casos similares en el mundo. Evidentemente la solución no vendrá de la noche a la mañana y, de hecho, tomará varios años. Recordemos que tomó 30 años instalarlo.

“Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión”

Esperamos que el informe de la comisión investigadora y la denuncia en fiscalía, frente a la cual ya se ha comprometido un fiscal especial, permitan avanzar en esta dirección y romper con aquellos que han sentenciado la imposibilidad de recuperar nuestro sistema educacional. Como lo afirmó el propio Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC: “¿por qué hoy no ha habido ningún recurso en tribunales, si es que hay alguna institución que esté faltando a la ley de manera tan evidente, como se dice en todas partes? Porque las Universidades son todas instituciones organizadas, sin fines de lucro y, por lo tanto, no existe una evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a aquella institución que está faltando a la ley, o que el ministerio tome iniciativa al respecto”. Bueno, la denuncia está. Es hora de actuar.

PSU: los intereses que mantienen viva a una prueba que discrimina

Al día siguiente de que miles de estudiantes de Chile rindieran la vilipendiada Prueba de Selección Universitaria (PSU), en un pequeño liceo municipal de Maipú, se lanzó un nuevo proyecto, www.turanking.cl. Una iniciativa proveniente de un grupo de personas que creen en un mecanismo distinto de selección para el ingreso a la educación superior: el ranking.

El ranking entrega una manera de reconocer las capacidades del estudiante para desempeñarse en su escuela, dada la realidad que le tocó enfrentar. A grandes rasgos, lo que se hace es comparar el promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) del alumno con la distribución de notas de la escuela para las últimas tres generaciones del establecimiento. De este modo, se subsana la posible arbitrariedad de las calificaciones de cada escuela. En definitiva, se evita que se “inflen” las notas.

¿Qué es lo que lleva a varios profesionales y voluntarios a realizar la titánica empresa de ingresar y calcular el ranking de miles de colegios sin un peso de retribución? Quizás la respuesta la haya dado una de las estudiantes que asistió al evento y resumió su experiencia de ingreso a la universidad con esta certera reflexión: “el talento está, lo que falta son oportunidades”.

Hace pocos días, cerca de 270 mil jóvenes rindieron una prueba que podría determinar el curso de sus vidas. En dos días se definió quienes no solo tendrán la posibilidad de sobrepasar los requerimientos para entrar a las distintas casas de estudio, sino también las barreras que impone el gobierno para la entrega de financiamiento. La presión sobre los evaluados es atmosférica. Sólo esto pareciera ser tremendamente injusto cuando se considera que el estudiante promedio habrá dado alrededor de 300 evaluaciones previas a la PSU y que ya ha sido reflejado su desempeño en su NEM.

“Son 12 mil los estudiantes de excelencia de la educación municipal que hoy no podrán cumplir sus sueños gracias a la PSU”

Pero las injusticias, como ya sabemos, no terminan allí. Si la PSU busca medir mérito, tiene un sesgo socioeconómico notorio y eso no hay quien lo pueda negar. Ni siquiera es necesario grandes estudios empíricos y econométricos para demostrar (aunque se han hecho y lo confirman). Quién puede negar el mérito de miles de jóvenes que se despiertan cuando no ha salido el sol, recorren distancias maratónicas en el frío matinal y, con el esfuerzo de sus padres y el propio, logran terminar sus estudios secundarios, muchas veces siendo los primeros de su familia, a pesar de todas la adversidad que trae hoy estudiar en nuestro famélico sistema de educación municipal. El mérito está allí; qué duda cabe.

Son 12 mil los estudiantes de excelencia de la educación municipal que no podrán cumplir sus sueños gracias a la PSU. Ni hablar de los liceos técnico profesionales que derechamente no ven la materia que se pregunta en esta evaluación nacional. Establecimientos que año a año han ido empeorando sus resultados en una prueba que, de modo absolutamente discriminatorio, se nutre solo de contenidos científico-humanistas.

A estas alturas probablemente pensarán que si bien en lo que mérito concierne efectivamente existe un sesgo, no se le puede pedir a una prueba que haga lo que todo un sistema de educación previo no pudo hacer. La PSU no medirá mérito, pero es sesgada al predecir el futuro desempeño del postulante en la educación superior. Pues cada día se está encontrando más evidencia que plantea lo contrario. Como demuestran los estudios de los académicos de la UC (Mónica Silva y Mladen Koljatic). El resultado es escalofriante. Bajísimo poder de predicción, pero, más importante un sesgo creciente en contra de los establecimientos municipales y los estudiantes provenientes de los quintiles más pobres.

Las experiencias y las investigaciones que defienden la validez del ranking como mecanismo de selección y que advierten del sesgo de la PSU son muchos y de fuentes muy variadas. No solo es un tema de justicia y equidad. El sistema actual es ineficiente pues no es capaz de recoger a los que más se beneficiarían del ingreso a la educación superior y que con mayor probabilidad terminarán sus estudios. Ciertas investigaciones demuestran que considerar el ranking al momento de seleccionar aumenta la tasa de titulación. Esto no sorprende cuando se considera que este instrumento mide, precisamente, su nivel de motivación y capacidad para comprometerse con sus estudios.

Entonces, si el diagnóstico es tan contundente, cómo explicar que sigamos teniendo un sistema como el que tenemos. La respuesta no es fácil y sin duda combina factores socioculturales, prejuicio altamente extendidos de que lo que refleja la PSU es el fiel reflejo de la realidad. Esto es, que los talentos no están homogéneamente distribuidos por la población. Un prejuicio tan establecido que incluso ha penetrado a los mismo estudiantes y profesores perjudicados. En esto hay que ser enfático. Si un profesor no cree que sus estudiantes podrán ingresar a la universidad, lo más probable es que esté en lo correcto. Es el reconocido fenómeno de la profecía autocumplida. Del mismo modo si un país y un gobierno (por mucho que en los bellos discursos se diga lo contrario) creen que la educación es un bien de consumo y hay sectores de la población que no pueden estudiar…la profecía lleva muchas décadas cumpliéndose.
Sin embargo, los prejuicios no lo explican todo. En prácticamente todos los colegios hay profesores de una excelencia profesional y humana destacable. Verdaderos misioneros de la esperanza que con un esfuerzo sobrehumano logran sacar adelante a sus estudiantes. Los sacan adelante, solo para enfrentarse al muro infranqueable de la PSU.

“Los cambios en el mecanismo de selección representan un peligro para los que están contentos con mantener las cosas tal como están”

Hay otra razón por la que la PSU sigue allí. No debemos ser ingenuos. Están quienes quieren que permanezca sin mayores cambios. Ya en el 2007, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica exigió que se realizara una evaluación, por parte de un organismo independiente, de esta evaluación nacional. El 2010, después de mucho insistir, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que se realizaría la evaluación. A pesar de esto, la licitación para encontrar el organismo a cargo de ningún modo satisface los requisitos mínimos exigibles. Las bases de ésta se hicieron bajo el asesoramiento de los mismos creadores de la PSU.

Tal como lo confirmó Jorge Manzi a CIPER, gran parte del contenido de estas bases de licitación surge de un documento hecho en 2007 por el Comité Técnico Asesor, en donde participa él y David Bravo, el otro autor de la PSU. No solo eso, Jorge Manzi incluso ha reconocido que los rectores de la Universidad de Chile y de Santiago, que integraban el grupo que evaluaría técnicamente las propuestas de la licitación, le pidieron al Comité Técnico (al que pertenece Manzi) su opinión sobre las ofertas que se presentaron. Finalmente, se adjudicó la licitación a Pearson Education. La principal razón para que esta empresa ganara la licitación fue su oferta económica: $176.153.458, casi la mitad que ofertó Australian Council for Educational Research Limited (ACER), una empresa sin fines de lucro.

Debido a la bases de la licitación, la oferta económica era sustituto a la propuesta técnica. Es decir, se optó por lo barato y no por lo mejor. El 26 de agosto pasado, la FEUC le manifestó sus dudas sobre la transparencia del proceso al Ministerio de Educación. Como manifiesta CIPER, Pearson ha estado involucrada en más de una decena de escándalos por mal evaluación de pruebas, errores en asignación de puntajes y desorganización en la aplicación de los exámenes que incluyen importantes atrasos en la entrega de resultados y errores de cálculo de puntajes. Las irregularidades en éstos suman y siguen, como lo publicó The Washington Post.

Muchas malas noticias. La verdad es que no pareciera haber una solución cercana. Si bien recientemente José Joaquín Ugarte, Jefe de Educación Superior del MINEDUC, anunció por la prensa la incorporación del ranking como criterio de selección para el próximo año, en aquel liceo de Maipú hay poca confianza. Los defensores del ranking me cuentan que ya llevan varios años escuchando que “el próximo año sí”, que el próximo año será el año en que llevaremos las palabras bonitas -como “justicia” y “equidad”- a la acción, pero nada pasa. Sin embargo, no todo es oscuro. Hay poca confianza, pero lo que hay de sobra es esperanza, voluntad y persistencia. Los cambios en el mecanismo de selección representan un peligro para los que están contentos con mantener las cosas tal como están. Está claro, no hay nada más peligroso que una persona con persistencia. Ojalá el próximo año en Chile haya suficientes “personas peligrosas” para que no se repita otro año la misma historia.