Auditoría externa encargada por la UNAB cuestiona transferencias a Laureate

El jueves 12 de mayo, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se tomaron cuatro de los cinco edificios del plantel en Santiago. La ofensiva estudiantil revive las movilizaciones que en 2014 protagonizaron los estudiantes de Derecho de esa universidad, en las que instalaron como una de sus demandas más importantes que el grupo controlador de la UNAB –Laureate International Universities–, transparente las remesas de dinero que recibe desde la casa de estudios.

Las sospechas de que Laureate recibe en forma oculta las utilidades obtenidas en su negocio en el área de la educación en Chile –controla las universidades De las Américas, Viña del Mar y la UNAB– son antiguas y han sido insistentemente negadas por sus representantes en el país. Sin embargo, CIPER pudo confirmar que la propia UNAB encargó hace dos años una auditoría externa que concluye que no consta que los servicios por los que supuestamente la universidad paga a Laureate en el exterior, hayan sido efectivamente prestados o que éstos tengan algún beneficio para la institución.

Además, el estudio revela que la universidad paga un alto sobreprecio por el arriendo de sus sedes a sociedades relacionadas. Las conclusiones de dicha auditoría han permanecido ocultas hasta ahora.

unab-en-toma-2La toma masiva de edificios en la universidad con la mayor matrícula del país (46.979 estudiantes en 2015) es la primera que se realiza exclusivamente en contra del lucro en una institución privada. Los alumnos movilizados acusan que Laureate extrae recursos para sacarlos del país y que, con esa operación, se ve mermada la calidad educativa. Reclaman que parte de los dineros generados por sus matrículas y aranceles no son reinvertidos en la universidad, lo que redunda en menor inversión en infraestructura y menor contratación de profesores de planta en las facultades.

La inédita protesta de los estudiantes de la UNAB se produce justo cuando la discusión por la reforma al sistema de educación superior alcanza su peak, previo al ingreso del proyecto que el gobierno enviará al Congreso a inicios de junio, y justo cuando tres senadores de la Nueva Mayoría (Carlos Montes, Andrés Zaldívar y Fulvio Rossi) propusieron permitir el lucro en universidades que no reciban fondos públicos.

El rechazo del movimiento estudiantil y de la mayoría de los rectores de universidades tradicionales a la propuesta, antecedió a la salida de Francisco Martínez de la jefatura de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, pieza clave en el diseño del nuevo proyecto que buscará regular el sistema de educación superior. En el Mineduc aseguran que Martínez pasará a apoyar el trabajo legislativo de la reforma, pero los rumores de un quiebre por diferencias sobre cómo se abordará el lucro en la reforma se mantienen.

LA HUELLA DE 2011

La profunda reforma a la regulación en la educación superior es consecuencia directa del movimiento estudiantil de 2011, el que gatilló que las universidades privadas estuvieran bajo la lupa de diversas instituciones. La Universidad Andrés Bello, creada en 1988 y una de las privadas más antiguas, ha sido investigada por distintos organismos, los que han buscado esclarecer – hasta ahora sin éxito-  todas las rutas a través de las cuales su grupo controlador, Laureate, ha sacado sus ganancias, y también cuantificarlas.

Fue finalmente el escándalo de la compra y venta de acreditaciones que se hacía desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que hizo aterrizar el lucro en el Ministerio Público. Doce universidades se incluyeron en una segunda investigación judicial, entre ellas la UNAB. Sin embargo, en abril pasado el fiscal Carlos Gajardo dijo que aunque pudo establecer “la existencia de pagos importantes” de las universidades a sus controladores, la investigación no prosperará.

Pese a que una ley orgánica constitucional prohíbe el lucro en las universidades, no existe una norma que conceptualice el lucro ni una figura penal que lo sancione. Un vacío que deja al Ministerio Público atado de manos.

laureatelogoEl Ministerio de Educación también realizó una investigación a la UNAB. Si bien se ha nombrado a la Andrés Bello entre las casas de estudio cuyas finanzas están siendo analizadas, fuentes del Mineduc aseguraron que la pesquisa se refería exclusivamente a la calidad de su infraestructura. Y afirmaron que la indagación se sobreseyó en enero pasado, luego de que la universidad subsanara las falencias.

Quien sí revisó las cuentas la Andrés Bello fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución que no habría encontrado inconsistencias con el pago de impuestos. Pero fueron las dudas de los directivos de la propia universidad sobre su comportamiento tributario las que motivaron en 2014 que se decidiera hacer la auditoría externa que encontró CIPER. Un análisis financiero que aporta antecedentes inéditos respecto al mecanismo utilizado por el Grupo Laureate para extraer recursos de sus universidades.

Además de poner en duda que los servicios por los que el plantel paga a Laureate miles de millones se presten efectivamente, que su precio sea el indicado y que éstos sean útiles para el proyecto educacional, la auditoría pone la lupa en el sobreprecio que la universidad paga por el arriendo de sus sedes. El informe señala que podrían existir contingencias tributarias por parte de la institución que podrían derivar en cobros de impuestos adeudados.

LA AUDITORÍA SECRETA

A inicios de 2014 las autoridades de la Universidad Andrés Bello estaban preocupadas. Tanto el rector de la época, Pedro Uribe, como el pro-rector, Jorge Id, habían sido llamados a declarar por la Fiscalía en la investigación que buscó esclarecer si el plantel lucraba con los dineros destinados a la educación de los más de 40 mil estudiantes matriculados en esa institución. Sobre la mesa de los fiscales estaban los millonarios traspasos de dinero de ese plantel a su grupo controlador, Laureate, utilizando exenciones tributarias que otorga el Estado a los planteles de educación.

En paralelo, el centro de alumnos de la carrera de Derecho convocó a un paro de actividades de los alumnos de esa facultad, denunciando el colapso de la infraestructura por el aumento de la matrícula. Exigían además que se transparentaran los envíos de dinero a Laureate. Fue entonces que las autoridades de la UNAB encargaron una auditoría externa para evaluar el cumplimiento tributario de la institución. A esas alturas, el SII también indagaba a la universidad por los traspasos de dinero al grupo controlador.

Diagnóstico y evaluación de cumplimiento tributario 2010-2013” se titula el estudio realizado por Aptitude Consultores. El trabajo de auditoría tuvo a la vista documentos contables facilitados por el área administrativa del plantel. Se analizaron las remesas enviadas al exterior, los pagos por el arriendo de los edificios que utiliza la universidad, y cada una de las exenciones tributarias que benefician a la institución, para chequear que todo estuviera en regla.

Pero la conclusión de los auditores fue que existían millonarias transferencias que no estaban pagando los impuestos que correspondía. El diagnóstico tributario se explica porque Aptitude detectó que entre 2010 y 2013 la UNAB traspasó a Laureate $30 mil millones (US$43 millones según el valor de cambio actual) gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas al controlador: Network Products Agreement, Intellectual Property License, Operational Service Agreement (OSA) e Information Technology Service Agreement.

Además de esos $30 mil millones enviados por la UNAB a Laureate en el exterior, se detectaron otros $3.800 millones (US$5,5 millones) pagados a Laureate en Chile por el contrato OSA (revise aquí el detalle de las remesas de dinero pagadas por la UNAB a Laureate).

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Según se afirma en la auditoría de Aptitude, estos traspasos de dinero podrían estar acogidos a la exención tributaria que otorga el Estado a las universidades, ya que se trata de pagos por servicios que tendrían fines educacionales. Eso sí, para que la exención sea efectiva, los servicios deben prestarse y ser útiles. Y según el informe, este no es el caso:

En este contexto y producto de la revisión, principalmente a los contratos con empresas relacionadas, hemos detectado que existen desembolsos sobre los cuales no se dispone de evidencia documental, de la prestación efectiva de los servicios, ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para UNAB”.

Por ese motivo, los auditores consideraron que estos envíos de dinero al exterior debieron pasar a ser gastos rechazados, por lo que correspondía que se pagaran al SII los impuestos correspondientes más multas e intereses: “Advertimos la posibilidad de que, con estos fundamentos, el SII pudiera emitir una liquidación del adicional del 35% a la UNAB, como agente retenedor de este impuesto, considerando que los receptores de los pagos han incrementado su patrimonio y, por tanto, les han generado rentas”.

Otro gasto que debiera ser corregido ante el SII, según el informe de Aptitude, corresponde al sobreprecio por el arriendo de los edificios que utiliza la universidad y que son propiedad de una sociedad donde participa Laureate. Para llegar a esa conclusión, los auditores utilizaron la tasación de 20 edificios que ocupa la UNAB realizada por Transsa Tasaciones y Servicios Inmobiliarios, Colliers International y Ernst & Young.

Considerando esas tasaciones, se concluyó que la universidad paga anualmente un sobreprecio de UF 48.272, lo que equivale a $1.253 millones, según el valor de la UF hoy. En los cuatro años analizados (2010-2013), la institución habría pagado $4.338 millones en exceso por los edificios que ocupa (revise aquí la tabla de sobreprecios pagados por la UNAB).  

unabEl pago de sobreprecio en el arriendo de infraestructura y en los servicios prestados por sociedades relacionadas, es la fórmula más utilizada por las universidades privadas que lucran. De esta forma, disfrazan el retiro de utilidades. En el caso de la UNAB, el plantel le sub-arrienda 18 edificios a Inmobiliaria Educacional SpA (IESA), sociedad en la que mantiene un 48,9% de las acciones (según registros de diciembre de 2013). La Universidad de Las Américas tiene otro 20%, la Universidad de Viña del Mar un 0,9%, la Universidad de Las Américas de Ecuador otro 8,5% y el AIEP un 4,6% del total de acciones. El restante 17,1% está en manos de sociedades controladas por Laureate: Laureate Chile II, Campus Master y Laureate Desarrollos Educacionales.

Cuando en 2014 CIPER describió a IESA como el “brazo inmobiliario” de Laureate, el director ejecutivo del grupo educacional, Jesús Villate, acusó que era una imprecisión, pues “Inmobiliaria Educacional SpA no es propiedad de Laureate. De hecho, el 82,88% de su propiedad pertenece a las instituciones de educación superior. El 17,12% restante pertenece a entidades Laureate”. El informe de Aptitude revela que las sociedades Laureate tienen un poder mucho mayor que el que muestra su participación accionaria directa.

Mientras las universidades poseen acciones clase A, las sociedades de Laureate poseen acciones clase B. Los dueños de las primeras tienen derecho a nombrar a dos directores de IESA, mientras que los segundos pueden nombrar a tres de ellos, logrando de esta forma la mayoría en la toma de decisiones del directorio.

Otros aspectos analizados por la auditoría tienen que ver con servicios prestados por la universidad y que no pagaron el impuesto correspondiente. En particular, el informe enumera atenciones psicológicas prestadas por el plantel e ingresos percibidos por servicios prestados por los laboratorios clínicos de la UNAB.

La auditoría detalla facturas emitidas por la UNAB por informes realizados para distintas entidades, los que debieron haber pagado impuestos. Entre ellos aparecen pagos de Forestal Mininco, Fundación Minera Los Pelambres, Universidad de Chile y el Comité Innova Chile.

El estudio que analizó el comportamiento tributario de la UNAB entre 2010 y 2013 nunca se hizo público. Según indicaron a CIPER fuentes que conocieron de cerca ese proceso, los representantes de Laureate en la institución sólo se enteraron de que se había encargado este análisis cuando el trabajo ya había sido realizado. Al conocer las conclusiones del informe, esos mismos representantes de Laureate ordenaron mantenerlo bajo estricta confidencialidad.

Quien coordinó la auditoría fue Luis Castellani, uno de los dos socios propietarios de Aptitude (los otros son los hermanos Jaime y Mauricio Cisternas López). Castellani confirmó a CIPER la realización de la auditoría: “Efectivamente esa auditoría se realizó, pero nosotros estamos sujetos a un convenio de confidencialidad de nuestros clientes. Tendría que consultar al cliente para saber qué pasó con ese trabajo”.

CIPER intentó conocer qué había hecho la UNAB con los resultados de la auditoría, pero desde la Dirección de Comunicaciones de la universidad informaron que no se referirían al tema (N. de la R.: Cuadro días después de publicado este reportaje, el rector de la UNAB envió una carta con la posición de la universidad, la que pueden leer aquí).

VENTA DE SERVICIOS

La información detallada por la auditoría ayuda a completar un puzzle del que hasta ahora sólo se conocían algunas piezas. En una entrevista concedida a El Mercurio en junio de 2014, Jesús Villate, gerente general de Laureate en Chile, justificó los pagos realizados por la UNAB, los que consideró perfectamente legales:

Hay muchos servicios a los que las universidades tienen acceso como parte de la red y algunos son cursos de inglés o el soporte de software. Son servicios que si las universidades los contrataran independientemente, terminarían pagando muchísimo más. Nosotros tenemos los estudios que soportan eso y se los hemos facilitado a los fiscales y a todas las personas que los han requerido”, aseguró Villate.

unab-en-toma-3Sobre el pago de impuestos, recalcó la exención tributaria de la que gozan: “La ley es clara y tiene una excepción para los servicios académicos que se prestan desde empresas fuera de Chile, que claramente no hay que pagar impuestos”. La versión oficial de Laureate –refutada por el informe de Aptitude– es que se trata de servicios prestados, los que se venden a precios de mercado.

Un informe que Laureate envió en 2006 a la Securities and Exchange Commission (SEC, regulador de valores de Estados Unidos), explica el mecanismo que utiliza para extraer ganancias de sus universidades en Chile: “En México y Chile, las universidades con fines de lucro no están autorizadas legalmente. Con el fin de sacar eficientemente los fondos de las universidades en estos países, la empresa ha firmado acuerdos de gestión con la universidad. Bajo estos acuerdos, la sociedad de gestión se pagaría por la prestación de servicios a la universidad”.

Un reportaje de El Mostrador, que da cuenta del incremento de las remesas de dinero enviadas a Laureate por parte de las tres universidades que controla en Chile, reveló un contrato firmado por la Universidad de Las Américas y Laureate T BV (una de las sociedades utilizadas por el controlador para cobrar los pagos por los servicios), en el que se explicita que la UDLA deberá pagar anualmente por el uso de la marca Laureate. El precio acordado es de US$250 anual por alumno matriculado. Ese contrato también ofrece acceso a plataformas web y material que podría ayudar a los alumnos que deseen aprender inglés.

ESTUDIANTES PIDEN TRANSPARENCIA

Una de las principales demandas de los estudiantes que se tomaron cuatro de los cinco campus que la UNAB mantiene en Santiago, es la transparencia. Apelan a que se realice una auditoría independiente que determine cada peso que entra y sale de la institución.

El vocero del Consejo de Presidentes y presidente del Centro de Alumnos de Derecho, Fabián Ceballos, lo resume así: “Nosotros estamos pidiendo que se realice una auditoría independiente, donde los estudiantes podamos elegir a una empresa auditora, donde se aclare cómo funciona la compra de servicios, cómo opera el arriendo de los edificios. Queremos saber el detalle de cada peso que entra y sale de la universidad. También solicitamos el congelamiento de los aranceles, que se han disparado en los últimos años. Las inversiones de los últimos años no se condicen con las alzas de aranceles. El dinero no se ve”.

Las advertencias sobre la relación financiera entre el plantel y su grupo controlador no son nuevas. En el informe que dio cuenta de la acreditación de la UNAB en diciembre de 2013, se constata la alerta hecha por los pares evaluadores (académicos que evalúan a las instituciones) sobre la política de arriendos de la UNAB: “La estructura de propiedad de los inmuebles de la universidad, en que la Universidad Andrés Bello es parte de sociedades inmobiliarias, presenta el inconveniente que la disponibilidad de uso y mantención mayor de los inmuebles puede ser condicionada a factores ajenos al mejor interés institucional, lo que representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo”.

Esa advertencia fue compartida por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En el mismo informe hace notar: “Es evidente la necesidad de revisar estas políticas por parte de la dirección superior de la universidad. Además, se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.

SIN GRATUIDAD

Otro de los cuestionamientos de los estudiantes es que la universidad no haya ingresado al sistema de gratuidad instalado en Chile desde este año. Según el cálculo de los estudiantes, el 40% de los alumnos matriculados en el plantel cumple las características socioeconómicas para estudiar gratis.

José Rodríguez
José Rodríguez

Una de las condiciones impuestas por el Ministerio de Educación para incluir universidades en la gratuidad, es que estas no sean controladas por sociedades que persigan fines de lucro. Como la UNAB es propiedad del mayor grupo transnacional de educación con fines de lucro en el mundo, Laureate Education Inc. (el que a su vez es controlado por el fondo de inversión KKR, Kohlberg Kravis Roberts, el cuarto mayor administrador de capital privado del mundo), no cumple con las condiciones para acceder a la gratuidad.

Fabián Ceballos señaló a CIPER que los estudiantes hacen “un emplazamiento directo a las autoridades para que se refieran a por qué la universidad no accede a la gratuidad, y cuál es el proyecto paralelo de la universidad para paliar el no acceso a la gratuidad”.

En una entrevista con El Mostrador, el rector, José Rodríguez Pérez, respondió a los estudiantes: “Aquí la Universidad no es contraria a ninguna política que vaya en beneficio de sus estudiantes y creo que se han confundido hechos y conceptos. Primero que todo, por la naturaleza jurídica de su controlador, la universidad fue excluida por el gobierno de la política de gratuidad. Aquí no se nos dio la opción de entrar. El año pasado en más de una oportunidad planteé públicamente que esta discriminación a los estudiantes me parecía inaceptable”.

Pese a no tener gratuidad, el rector ha dicho que la UNAB elevó en un 41% las postulaciones efectivas en 2016, siendo la de mayor crecimiento de entre todas las que integran el sistema único de admisión.

 

N. de la R:

La versión original de este reportaje señalaba que Julio Bustamante, miembro de la Junta Directiva de la Unab, era al mismo tiempo director de Aptitude Consultores. Si bien aparece identificado de esa forma en ​varias publicaciones​​, Bustamante aseguró a CIPER que nunca fue director ni tuvo relación contractual, laboral o comercial con esa consultora​. Y afirmó que su único nexo con Aptitude Consultores fue haber compartido oficinas durante un lapso de tiempo.

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La red de sociedades que Jorge Rosenblut creó en las Islas Vírgenes Británicas

Instalado nuevamente en Miami desde mediados de 2015, Jorge Rosenblut era hasta ahora un mero espectador del escándalo que provocó la revelación mundial de los “Papeles de Panamá”, con los detalles de 220 mil sociedades en paraísos fiscales. Allí se radicó luego de que en la investigación de la Fiscalía apareciera como el hombre que articuló el financiamiento del Grupo Angelini y SQM para la campaña de Michelle Bachelet. Jamás imaginó que los coletazos de otra investigación sobre paraísos fiscales lo pondrían nuevamente bajo cuestionamiento.

Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes Británicas

Una investigación que hiciera el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril de 2013, cuya base de datos recién se hizo pública, reveló hoy que Jorge Rosenblut y dos connotados arquitectos chilenos, Raimundo Onetto e Ignacio Hernández, crearon diez sociedades offshore en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas en 2002.

Que solo hoy se conozcan los nombres de los chilenos que aparecían en las más de 130 mil sociedades que reveló el ICIJ en el llamado “Offshore Leaks”, parece extraño. Lo que ocurre, es que en esa investigación no trabajaron medios chilenos y los registros recién fueron publicados el 9 de mayo. El ICIJ los incluyó en la base de datos con las 220 mil sociedades que forman parte de los “Papeles de Panamá” (vea aquí la base de datos completa).

Lejos están los días en que el entonces presidente de Enersis era el puente privilegiado entre el mundo privado y La Moneda. A comienzos de 2015, cuando irrumpieron las primeras boletas por trabajos nunca realizados y pagadas por SQM a dirigentes políticos, su situación empezó a debilitarse. Y se fue a pique cuando surgieron las pruebas de su rol de articulador del financiamiento ilegal. El 30 de junio debió abandonar la presidencia de Enersis. Diez días después declaraba en la Fiscalía. Ya no había vuelta atrás.

Su viaje a Estados Unidos fue su último intento por poner un muro de contención a los requerimientos de los fiscales. En los meses siguientes, el que no hubiera querella del SII ni para los responsables de las empresas de Angelini ni contra él, lo fueron tranquilizando. Ahora de nuevo se instala la incertidumbre.

LA OTRA PARTIDA A EE.UU.

Entre 2002 y 2004, instalado en Estados Unidos, Jorge Rosenblut había logrado dejar atrás algunas derrotas y el abrupto episodio que le puso fin a su breve paso por el gobierno, donde hasta 1996 figuró como uno de los líderes tecnócratas más exitosos de la Concertación. Luego de una dura polémica con el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, Rosenblut dejó la subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se dedicó a afinar su sintonía con el mundo privado a través de su nueva empresa: Desarrollo de Proyectos Empresariales (DPE), desde donde asesoró a múltiples compañías.

Su cambio de status en el nuevo mundo lo logró en el año 2000, cuando fue nombrado presidente de Chilectra y de la telefónica Smartcom, entonces en manos de Endesa España. A partir de ese momento sus viajes a Estados Unidos y particularmente a Miami se hicieron cada vez más frecuentes.

Ignacio Hernández
Ignacio Hernández

En paralelo, en Chile, los arquitectos Ignacio Hernández y Raimundo Onetto también vivían tiempos de cambio. En 1985 ambos profesionales habían decidido unir sus talentos en distintas sociedades, pero fue en 1992 que el negocio inmobiliario y arquitectónico les comenzó a entregar dinero y reconocimiento. Fue el año en que ambos fundaron Archiplan (originalmente se llamó Arquitectura e Inversiones Architects & Planning Consultants).

Sus proyectos en el área turística fueron famosos. Desde la construcción del complejo que transformó el balneario Las Tacas, en Coquimbo, y que incluyó una pista de aterrizaje, cancha de golf, departamentos y un apart hotel; hasta la edificación del exclusivo condominio Cantagua, en Zapallar.

La crisis asiática que azotó al país desde 1996 mermó sus ganancias. Muy pronto los arquitectos se trasladaron a España. Allá levantaron complejos turísticos de lujo en distintos pueblos del borde costero sur, como Cádiz, Marbella y Málaga, hasta que en  2001 se instalaron en Miami. En esa ciudad ya estaba radicado el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Jorge Rosenblut.

Versiones de prensa coinciden en que fue Rosenblut quien incentivó a los arquitectos Hernández y Onetto a instalar una sucursal de las oficinas de Archiplan en Miami. Como sea, lo cierto es que a partir de ese momento los tres emprenderían la aventura inmobiliaria en esa ciudad, junto a otros dos socios: Patricio Kreutzberger (hijo de Don Francisco) y el cubano Pedro Martín.

En entrevista con el Diario Financiero, Martín detalló en 2008 el primer proyecto que realizaron: “En 2002 empezamos Terra Group e hicimos dos torres llamadas Metropolis. Nos fue muy bien, el único problema es que hubo dos huracanes en medio de la construcción”. El siguiente proyecto fue el “900 Biscayne”, en pleno centro de Miami, que incluyó una torre de 63 pisos y 516 departamentos. A este le siguió “Quantum on the Bace”, de 55 pisos, también en Miami.

Según contó Pedro Martín en la misma entrevista con el Diario Financiero, “desarrollamos negocios inmobiliarios por más de US$1.200 millones”. Puede que haya sido la magnitud de esas ganancias las que motivaron a Jorge Rosenblut y a los arquitectos Hernández y Onetto a asociarse nuevamente para emprender otra aventura, esta vez en las sociedades alojadas en paraísos fiscales. Si había un lugar seguro para guardar secretos financieros, ese era el registro de las Islas Vírgenes Británicas, el destino escogido por el grupo para crear sus sociedades offshore.

Fue ICIJ, el mismo consorcio periodístico que encabezó la investigación internacional de los “Papeles de Panamá”, difundida simultáneamente el 3 de abril por más de un centenar de medios en todo el mundo –incluido CIPER-, el que reveló los llamados “Offshore Leaks” en abril de 2013. Era la primera vez que un grupo de medios, encabezados también por ICIJ (investigación en la que no participó CIPER), revelaban una filtración de los secretos que esconden 130 mil sociedades alojadas en paraísos fiscales.

Y en esos archivos que ya no fueron secretos estaban las diez sociedades offshore que crearon en 2002 Rosenblut y los arquitectos Hernández y Onetto, a través del agente Commonwealth Trust Limited (CTL), que opera exclusivamente en las Islas Vírgenes Británicas (ver recuadro).

Raimundo Onetto (Fuente: altadevelopers.com)
Raimundo Onetto (Fuente: altadevelopers.com)

Dos fueron las primeras sociedades que el grupo registró el 25 de junio de 2002: A.I. Dadeland Corp, cuyos directores fueron Jorge Rosenblut e Ignacio Hernández, y RM International Corp., en la que a los dos directores anteriores se sumó Raimundo Onetto. Una tercera sociedad fue creada el 12 de diciembre de 2002 por los mismos tres directores: A.I. Bayshore Corp.

La última operación se hizo el 16 de diciembre de 2002 y ella incluyó la creación de otras siete sociedades: Bahía Mejillones International Corp., Bahía Zapallar International Corp., Bahía Buena International Corp., Bahía Maullín International Corp., Bahía Mansa International Corp., Bahía Inglesa International Corp. y Bahía Grande International Corp. En seis de ellas aparecen como directores Jorge Rosenblut, Ignacio Hernández y Raimundo Onetto. Solo en una de ellas -Bahía Mejillones- Onetto no figura como director (vea la nómina de las sociedades offshore de Rosenblut, Hernández y Onetto).

A diferencia de la filtración del bufete panameño Mossack Fonseca, que dio paso a los “Papeles de Panamá”, la filtración de los “Offshore Leaks” no contiene el cúmulo de correos, certificados y documentos que den cuenta de la ruta que tomaron cada una de esas sociedades y tampoco de los montos de dinero que en ellas se manejaron. Pero algo hay. Y lo que se sabe de las diez sociedades offshore de Rosemblut, Hernández y Onetto, es que dos años después de su creación, experimentaron una reestructuración.

En efecto, en 2004 los registros indican que, en siete de las diez sociedades, los directores fueron cambiados y en el lugar de los chilenos apareció una sociedad con residencia también en las Islas Vírgenes Británicas: Corporate Services Group Inc. En otras dos –Bahía Zapallar y Bahía Mejillones– Jorge Rosenblut se mantuvo como director, en la primera solo y en la segunda acompañado de Ignacio Hernández y Raimundo Onetto.

Otro dato importante que arrojan los registros que ahora encontró CIPER, es que de las diez sociedades creadas en 2002 en las Islas Vírgenes Británicas, sólo ocho permanecían activas hasta 2010. A.I. Dadeland Corp. y RM International Corp fueron desactivadas antes.

Como los archivos filtrados que incluyen los “Offshore Leaks” datan de 2010, es imposible saber qué pasó con esas sociedades después de esa fecha. Sin embargo, bajo el rótulo de Corporate Service Group, el misterioso director que reemplazó a los chilenos en siete de las diez sociedades que estos crearon en las Islas Vírgenes Británicas, CIPER descubrió algunas pistas.

La primera, es que una de esas sociedades –RM International Corp.- aparece en 2009 como accionista de otra sociedad offshore y bajo el control de Highlands Interinvest Inc., la que está hoy activa y alojada en el paraíso fiscal de Panamá. Ese mismo año 2009, Highlands registra bajo su propiedad varias sociedades que hasta ese momento tenían como director a Corporate. La mayoría de ellas tiene nombres relacionados con Chile (como Monte Aconcagua, Lago Puyehue International, Cerro El Plomo Holdings Inc., entre otros).

La segunda pista es que Bahía Maullín, una de esas siete sociedades en donde los directores chilenos fueron reemplazados por Corporate Services Group, en 2009 aparece un nuevo directorio y conformado por chilenos: Alejandro Ergas, Sergio Motles y Óscar Acevedo. El registro de la sociedad Bahía Maullín revela quien fue uno de sus accionistas: Quantum Inv. Inc. El nombre ha sido utilizado dos veces antes por el grupo de Rosenblut, Hernández y Onetto. La primera fue cuando el 10 de marzo de 2000 los arquitectos crearon otra sociedad en Chile: la Inmobiliaria Quantum. En 2004, los arquitectos decidieron modificar su razón social y Quantum pasó a llamarse “Archiplan, Desarrollos Inmobiliarios”. En 2002, Quantum fue utilizado para bautizar uno de los proyectos inmobiliarios que el grupo levantó en Miami.

AFRICA Y MEDIO ORIENTE

Las sociedades offshore de Jorge Rosenblut, Ignacio Hernández y Raimundo Onetto se desarrollaron al mismo ritmo que los éxitos en los negocios inmobiliarios del grupo, el que los llevó al Medio Oriente y el norte de África.  En 2010, los arquitectos se asociaron con la oficina sudafricana Northpoint para desarrollar un proyecto en los Emiratos Árabes: un resort que incluyó un club de yates, restoranes, villas y el Hotel Emirates Palace, catalogado por el New York Times como el hotel más caro jamás construido.

Hotel Emirates Palace (fuente: nytimes.com).
Hotel Emirates Palace (fuente: nytimes.com).

Rosenblut también había subido a otra cima: fue presidente de Endesa entre 2009 y 2015, año en que fue designado presidente de Enersis y nuevamente se avecindó en Chile. Para Hernández y Onetto los vientos cambiaron en 2009 por los efectos de la crisis subprime que remeció la cartera de Archiplan. Los arquitectos volvieron a poner sus ojos en Chile, pero no para regresar, al menos así lo afirmó Raimundo Onetto a revista Capital.

En marzo de 2011, Ignacio Hernández le contó a revista Qué Pasa  que para capear la crisis subprime pusieron en su radar a la industria minera que en esos años reportaba millonarias ganancias. Se contactaron con Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, y con la minera Doña Inés de Collahuasi, controlada por Anglo American Plc y Xstrata, para intervenir la arquitectura de sus instalaciones y cerraron millonarios contratos por más de US$150 millones en inversión.

En septiembre de 2015, fue el arquitecto Raimundo Onetto, quien reside hace 15 años en Miami, el que contó a revista Capital que Archiplan -que hoy tiene oficinas en Perú- contemplaba efectuar inversiones por más de US$100 millones en Estados Unidos.

Si Rosenblut y los arquitectos Hernández y Onetto pagaron los impuestos asociados a las diez sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, es un asunto que deberá dilucidar el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los nuevos antecedentes aumentan la presión sobre el SII para que profundice la investigación sobre el rol de Rosenblut en los aportes políticos ilegales del Grupo Angelini y Soquimich. Los montos involucrados y las rectificaciones hechas por esas dos empresas indican que es muy difícil que el SII pueda eludir una acción judicial que debiera involucrar a Rosenblut (ver reportaje de CIPER).

Es muy probable que esta vez nuevamente los caminos de Jorge Rosenblut y de los arquitectos Ignacio Hernández y Raimundo Onetto se vuelvan a cruzar. Ahora que el ex presidente de Enersis volvió a abandonar Chile para radicarse en Miami, está por verse cuál será su próxima incursión empresarial. Aunque si la investigación judicial del financiamiento ilegal a las campañas de Michelle Bachelet y Eduardo Frei (2009) llega a tribunales, deberá volver.

EL PRONTUARIO DEL AGENTE EN ISLAS VÍRGENES

En 2008 un escándalo internacional puso el foco sobre la agencia utilizada por Rosenblut y los dos arquitectos para formar sus sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Commonwealth Trust Limited (CTL), la que también había sido el intermediario de sociedades offshore que se utilizaron para robar US$230 millones del tesoro de Rusia.

Según la investigación desarrollada por el auditor de una empresa afectada por el fraude, Sergei Magnitsky, en el hurto estuvieron involucrados funcionarios judiciales, policías, banqueros y hasta la mafia rusa, las que utilizaron cuentas representadas por CLT en las Islas Vírgenes para cometer el fraude.

El asunto escaló cuando Magnitsky fue encarcelado, y luego de un año en prisión, murió en extrañas circunstancias. El sospechoso fallecimiento del audtor  provocó que el Congreso de Estados Unidos aprobara la llamada Ley Magnitsky, la que impedía que los funcionarios supuestamente involucrados en su muerte ingresaran a los Estados Unidos o utilizaran su sistema bancario. Esa misma decisión fue tomada por países como Inglaterra y provocó variadas reacciones en la Unión Europea, transformándose en un conflicto global. En respuesta, a fines de 2012, el gobierno ruso prohibió las adopciones de niños de su país por parte de parejas estadounidenses.

Una investigación del ICIJ determinó que CLT permitió la creación de, al menos, 23 cuentas offshore en Islas Vírgenes utilizadas por los involucrados en el millonario robo al tesoro ruso. La misma investigación del consorcio periodístico reveló otras estafas perpetradas utilizando sociedades representadas por CTL en Estados Unidos (vea aquí el reportaje del ICIJ).

Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini

El Grupo Angelini es bueno para encabezar rankings. Desde hace décadas forma parte del top ten de los grupos empresariales chilenos más ricos. La cuantía de sus inversiones en las industrias forestal, energética y pesquera lo mantienen anclado desde hace años como uno de los pesos pesados a la hora de sumar influencias.

De allí que no sea extraño que el holding de los Angelini esté a la cabeza de otro ranking: el de las grandes empresas que han financiado ilegalmente la política. Durante 2015 el holding debió rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) pagos emitidos por cinco de sus empresas: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (hasta junio de 2013, cuando la vendió al Grupo Security). Según publicó Revista Qué Pasa, solo Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca sumó otros $260 millones. Información recabada por CIPER agrega otros $370 millones rectificados por Siemel y $120 millones de Cruz del Sur. En total, más de $2.250 millones en aportes irregulares a la política.

Roberto Angelini
Roberto Angelini

Los pagos realizados por el Grupo Angelini siguieron la tónica de Soquimich: repartir a distintos sectores políticos. En los datos recopilados por CIPER aparecen aportes a a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Marco Enríquez Ominami; a dirigentes de la UDI, a una sociedad ligada a Renovación Nacional, a militantes DC, a un asesor de un senador PPD, y a una red de boleteros que utilizó boletas falsas para financiar el PRI.

A pesar de lo abultado de la cifra ($2.250 millones), que los ubica solo por debajo de SQM entre quienes más dinero irregular entregaron, hoy solo una de las empresas del holding enfrenta una querella del SII: Corpesca, la empresa pesquera del grupo que es investigada hace más de un año por delito tributario y eventual soborno, en el que están involucrados el desaforado senador Jaime Orpis (quien renunció a la UDI) y la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje de CIPER).

Recién a fines de 2015, el SII le solicitó a las otras empresas de los Angelini el detalle de su contabilidad para revisar los pagos irregulares, tal como publicó La Tercera. Pero por ahora, no hay acciones legales del SII aunque esos pagos sí están siendo investigados por el Ministerio Público. Tampoco ha sido posible conocer el detalle de los dineros rectificados por Copec y Arauco, las dos empresas que ostentan la mayor cantidad de correcciones tributarias del holding. En un procedimiento inédito, el SII no envió a la Fiscalía el listado con esos pagos rectificados, una información que el Ministerio Público sí ha recibido cuando ha requerido el detalle de otras empresas indagadas.

Información recabada por CIPER da cuenta del millonario aporte hecho por Copec, Arauco y Cruz del Sur a sociedades ligadas a la precampaña presidencial de Michelle Bachelet (más de $360 millones), una hebra de la indagatoria que vuelve a poner en el foco al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y a sus más cercanos colaboradores, como Harold Correa, quien también integra la G 90 del PPD. 

En una rectificación hasta ahora desconocida realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del Grupo Angelini- aparecen nuevos pagos a una sociedad donde participa el senador Alberto Espina (RN), y otra relacionada con la cónyuge del diputado Gabriel Silber (DC), Cristina Orellana. Estos nombres se suman a otros dirigentes políticos que aparecen como sospechosos de recibir las platas políticas de los Angelini: Felipe Harboe (PPD), varios dirigentes del PRI, miembros del grupo de boleteros organizado por “Titi” Valdivielso, la estrecha asesora de Pablo Longueira, y una sociedad perteneciente a Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, y cercano colaborador del ex presidente.

EL CAPITULO BACHELET

La primera rectificación realizada por dos empresas del Grupo Angelini -Copec y Celulosa Arauco- fue enviada por el SII a la Fiscalía sin el listado de los pagos corregidos. Es decir, en el expediente judicial de la investigación no aparecían los beneficiados con los aportes irregulares realizados por ambas firmas.

Fue el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien dejó en evidencia esa anomalía al declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura el 1 de septiembre de 2015: “Nosotros le entregamos al SII un listado resumen con el detalle de RUT de las empresas o personas cuyos gastos se rectificaron por cada año tributario, documento que no veo en la rectificación que usted me muestra”.

A pesar del “extravío” de ese listado, CIPER pudo reconstruir parte de los pagos rectificados por Copec y Arauco. Entre ambas empresas aparecen aportes para Asesorías y Negocios (AyN), la empresa creada por Giorgio Martelli para financiar la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, tarea que tuvo entre sus responsables al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. AyN recibió pagos irregulares de tres empresas de los Angelini: Copec, Arauco y Cruz del Sur, firma que hasta junio de 2013 fue propiedad del grupo.

Según información sistematizada por CIPER, Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios.

Según declaró Giorgio Martelli ante el Ministerio Público, fue el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, quien hizo el puente para que el Grupo Angelini entregara recursos: Rosenblut “me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Jorge Rosenblut
Jorge Rosenblut

Cuando declaró Jorge Rosenblut, aseguró que “en uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli telefónicamente”.

Rosenblut había realizado la misma gestión con Patricio Contesse, entonces gerente general de Soquimich, gracias a lo cual AyN recibió otros $245 millones desde la filial SQM Salar.

José Tomás Guzmán Dumas, el hombre que acordó con Rosenblut el aporte a la precampaña de Bachelet, fue la mano derecha de Anacleto Angelini, el fundador del grupo fallecido en 2007 (ver reportaje de CIPER “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”)

Desde 1991 Guzmán fue parte del directorio de Arauco, de donde se retiró a fines de diciembre de 2015. Meses más tarde también abandonó el directorio de Corpesca. El abogado de 86 años se mantiene en la vicepresidencia de Copec. Hasta ahora, la Fiscalía no ha podido confrontar la versión de Martelli ya que Guzmán retrasó su testimonio (presentó un informe médico que advertía de antecedentes de párkinson, diabetes y osteoporosis, lo que le imposibilitaría acudir a un interrogatorio), aunque luego asistió el 22 de septiembre de 2015, pero optó por guardar silencio.

Cuando en junio de 2013 el Grupo Angelini vendió Cruz del Sur al Security, solo un alto funcionario siguió trabajando en la compañía: Rodrigo Guzmán Leyton, quien era gerente de Administración y Finanzas de Cruz del Sur, cargo que mantuvo cuando esta cambió de dueño. En las dos declaraciones que prestó ante los fiscales (4 y 10 de septiembre de 2015) apuntó a José Tomás Guzmán como el único responsable de los pagos cuestionados:

“Nunca supe a qué correspondían estos pagos, más que una asesoría al directorio. En todas estas facturas la solicitud de pago y quien envía la factura para que se pague es don José Tomás Guzmán Dumas (…) Tal como consta en los documentos que se me exhiben, la factura Nº 105 de diciembre de 2011, dice en forma manuscrita un visto bueno de la presidencia, es decir José Tomás Guzmán y además una tarjeta del presidente José Tomás Guzmán. Esa era la forma que tenía él de mandar la factura, autorizar y solicitar el pago”.

El ejecutivo de Cruz del Sur autorizó a la Fiscalía a que accediera a dos cuentas de correo electrónico que utilizó mientras la compañía estuvo en poder de los Angelini (entre octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2013). No fue posible. Los detectives mandatados para esa diligencia informaron que el archivo que contenía esa información fue destruido en octubre de 2015 por orden de la unidad de servicios tecnológicos de Security. Esa diligencia deja en evidencia que la Fiscalía sigue indagando los pagos irregulares de las empresas de Angelini, a pesar de no existir ninguna querella del SII al respecto.

HAROLDS & JOHNS & BILLS QUESTIONED

La cadena de contactos que permitió que el Grupo Angelini financiara de forma ilegal la política no se detuvo en Asesorías y Negocios. Fue el controlador de esa sociedad, Giorgio Martelli, quien en su declaración del 4 de junio de 2015, abrió otra compuerta: “Quiero precisar respecto a mi relación con José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, que este me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes (José Tomás Guzmán y Álex Matute). Álex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

Fue así que se abrió la investigación judicial a Harolds & Johns Business and Law, constituida en febrero de 2007 por Harold Correa y Alex Matute Johns. Desde entonces, ambos se han dedicado a representar en Chile a empresas extranjeras en licitaciones de distintos organismos públicos.

El testimonio de Martelli fue corroborado ante la justicia por el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien entregó más antecedentes de los dineros que la empresa entregó y rectificó a Harolds & Johns: “Creo que fueron dos facturas, no recuerdo quien puso la ‘mosca’ en esas facturas, pero debe ser uno de los tres gerentes de la empresa, no recuerdo montos y las razones las tiene el gerente de finanzas”. El ejecutivo de Copec agregó: “Yo nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Aunque Vargas no lo recordaba, CIPER sí halló la información. Son dos facturas por $16 millones cada una emitidas por Harolds & Johns a Copec el 6 y 25 de marzo de 2013, cuando los pagos a Asesorías y Negocios habían cesado. Cruz del Sur fue más generosa, a través de cuatro facturas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012, le entregó $110 millones a Harolds & Johns. En total, entre Copec y Cruz del Sur el Grupo Angelini pagó $142 millones a la sociedad de Harold Correa y Álex Matute.

Las gestiones de Martelli ante José Tomás Guzmán se produjeron mientras se desarrollaba la precampaña de Bachelet. La contabilidad de AyN dio cuenta de que esa empresa de papel financió el trabajo político del grupo que allanó el camino para el regreso de la actual Presidenta desde Nueva York. Entre quienes recibieron pagos de esa sociedad se cuentan el ex director del SII, Michael Jorratt; la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, María Estela Ortíz; la prima de la mandataria, Alicia Galdames Jeria y otras personas que fueron pagadas por AyN durante la precampaña. Entre los beneficiados también figura el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Rodrigo Peñailillo
Rodrigo Peñailillo

Peñailillo recibió cuatro pagos de AyN entre enero y mayo de 2012 por un total de $16 millones. Cuando declaró ante los fiscales, Peñailillo afirmó que, con posterioridad a mayo de 2012, trabajó para Harolds & Johns (“creo que por más de un año”). En su declaración del 17 de junio de 2015 señaló que firmó un contrato con la empresa de Correa y Matute, pero no informó sobre los honorarios recibidos. En otra declaración, el 7 de agosto de 2015, descartó que elaborara informes para justificar los pagos: “Participaba en reuniones con Álex y Harold en este estudio que tiene varios años y obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa. En relación a mis funciones están mencionadas en el contrato de trabajo que traeré a la Fiscalía, a través de mi abogado”. El año pasado Álex Matute también reconoció el vínculo laboral indicando que fue una asesoría “muy bien valorada” por sus clientes.

El 27 de agosto de 2015 Harold Correa acudió a la Fiscalía como imputado y guardó silencio. Lo mismo hizo su socio, Álex Matute, quien fue citado el 25 de agosto de 2015. En paralelo, el Ministerio Público le ordenó a la PDI el 4 de agosto solicitar en la oficina de Harold & Johns en Santiago (José Miguel de la Barra), la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. No hubo resultados.

En noviembre de 2015, el abogado de Harolds & Johns, Marcelo Torres, le pidió a Alejandro Alzerreca (gerente general de Seguros Vida Security, empresa que en 2013 compró Cruz del Sur al Grupo Angelini) que autorizara el levantamiento de la confidencialidad. Una vez que ello ocurriera, sus representados declararían ante los fiscales y presentarían los trabajos que supuestamente justificaron el pago de $110 millones desde Cruz del Sur. Hasta hoy no hay novedades.

Contactados por CIPER, ni Harold Correa ni Álex Matute quisieron referirse a este tema. Fuentes de esa oficina señalaron que el abogado Marcelo Torres se juntó con un representante del Grupo Angelini, el que le habría manifestado la intención de reconocer que los trabajos que justificaron los pagos desde Cruz del Sur y Copec estaban respaldados por informes.

Desde julio de 2014, Álex Matute es fiscal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Después de abandonar el Ministerio de Educación a mediados del año pasado, Harold Correa solo aparece como director suplente de la Fundación por la Democracia (PPD).

PAGOS RELACIONADOS AL SENADOR HARBOE

Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich,mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.

Según el entorno del senador Harboe, la principal asesoría de Arrieta fue en materias relacionadas con la protección de datos personales, un proyecto de ley que tenia a cargo la esposa de Harboe, Katia Trusich, mientras era subsecretaria de Economía del actual gobierno (hasta enero de 2016). En esa función, Trusich también contrató a Arrieta como su asesor.

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Felipe Harboe

Cuando el 21 de agosto de 2015 Arrieta fue citado a la Fiscalía, optó por guardar silencio: “No cuento con autorización de mis clientes que sindican las facturas 102, emitida a Celulosa Arauco; y 100, emitida a Copec, que me releven de mi secreto profesional”. El abogado no accedió a levantar su secreto bancario, ni a entregar la contabilidad de su sociedad y tampoco accedió a la revisión de sus correos electrónicos.

El vínculo de Arrieta con el senador Harboe va más allá de las asesorías: durante la campaña senatorial de 2013 el entonces candidato PPD arrendó tres sedes en la Región del Bío Bío a Asesorías e Inversiones Arrieta por un total de casi $9 millones.

Una investigación de CIPER detectó otro vínculo del matrimonio Harboe-Trusich con el Grupo Angelini: la sociedad Bioambar Spa, una filial de la Pesquera Iquique-Guanaye, propiedad de los Angelini. Katia Trusich participa de Bioambar a través de Alpha Omega. Consultada por CIPER, la entonces subsecretaria de Economía aseguró que no participa en Bioambar de forma directa y que esa inversión la hizo en 2010 para apoyar una investigación en nutracéuticos. Trusich agregó: “A la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades” (ver reportaje de CIPER).

OTROS PAGOS SIN RESPALDO

Arauco también corrigió los $30 millones que en abril de 2012 pagó a Cristián Warner Comunicaciones, la empresa de quien fuera la mano derecha de Marco Enríquez Ominami, que hoy es investigado por la Fiscalía por otros pagos de SQM que no tienen respaldo. Lo mismo ocurre con la corrección que hizo Copec a los pagos a otra sociedad ya investigada por recibir platas políticas ilegales desde Penta: Asesorías e Inversiones La Manada, ligada a Pablo Zalaquett (UDI).

El contador general de Copec, Ricardo Vargas, mencionó en su declaración el 1 de septiembre pasado, que también se rectificaron algunos pagos a C2P la consultora del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi, quienes investigado por facturas emitidas a Aguas Andinas y SQM. Yaconi fue miembro del comité de financiamiento de la fallida candidatura presidencial de Frei en 2009.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)
Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Respecto de los pagos a Yaconi, Ricardo Vargas aseguró: “Hay una situación excepcional en los gastos rectificados, y se trata de dos o tres facturas que rectificamos, fue un contrato de estudio de carbón que hizo C2P, y en ese caso gente de la Gerencia de Estudio dijo que ese trabajo se hizo pero que se perdieron los informes”. Según La Tercera, los pagos de Copec a C2P alcanzaron los $50 millones.

En esa misma declaración el contador de Copec se refirió a otros pagos vía boletas falsas a personas del entorno de Pablo Longueira: Nicolás Guíñez Ramírez y Patricio Lazcano Silva. CIPER ya había informado de las boletas emitidas a Copec por estas personas (ver reportaje). En su declaración, Vargas también nombró a Cristóbal Aninat y Compañía Consultores, propiedad de quien fuera coordinador del comando presidencial de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Bachelet entre 2006 y 2010.

En el verano pasado La Tercera dio cuenta de otra rectificación de Copec ante el SII. Ella incluyó más de $150 millones pagados entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), sociedad de Renovación Nacional, según declaró su secretario general Mario Desbordes, y que también es indagada por recibir en el mismo periodo $137 millones rectificados por SQM. Desbordes aseguró al matutino que fue llamado a declarar por el SII y que haría llegar la documentación que respaldaría la prestación de servicios a esas dos empresas.

SIEMEL Y SU VÍNCULO CON ESPINA Y SILBER

Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton. La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones.

Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).

Alberto Espina
Alberto Espina

En la corrección tributaria presentada en abril, Siemel señaló no tener respaldo para justificar cuatro pagos por un total de $68,2 millones al estudio Zepeda & Compañía (entre noviembre de 2010 y agosto de 2013). Alberto Espina participó junto al abogado Carlos Zepeda en la creación de ese estudio jurídico que quedó registrado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993.

Al correr de los años los miembros del bufete cambiaron, pero el senador Espina se mantuvo allí hasta el 9 de julio de 2013, cuando en la Notaría de Iván Torrealba en Santiago estampó su salida del staff: vendió el 10% de sus derechos a Inversiones y Rentas Tongoy, propiedad de Zepeda. Las facturas del estudio que Siemel rectificó (todas por $18,7 millones) fueron emitidas el 3 de noviembre de 2010, el 10 de junio de 2011, el 3 de abril de 2012 y el 12 de marzo de 2013, cuatro meses antes de que el senador se retirara de ese bufete.

A fines de ese 2013 el senador Alberto Espina ingresó a otro estudio de abogados a través de su sociedad familiar Inversiones y Rentas El Peral (posee el 50% de sus acciones, su esposa María Elena Donoso Peña el 47% y cada uno de sus tres hijos un 1%). Según registro de la Notaría de Cosme Gomila, el 20 de diciembre de 2013 esta sociedad pagó $700 mil para adquirir el 10% de Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, bufete controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Este nuevo staff de abogados -donde participa Espina- aparece en la segunda rectificación presentada por Inversiones Siemel en septiembre pasado. Allí figura el pago de $18,7 millones sin registro contable a Cisternas & Compañía, realizado el 12 de mayo de 2014. El monto es el mismo que Siemel pagó cuatro veces entre 2010 y 2013 al estudio donde participaba Espina y el ya fallecido abogado Carlos Zepeda.

El equipo del parlamentario comentó a CIPER que el senador no podía contestar preguntas, pero aseguraron que no tiene ningún tipo de participación administrativa en Cisternas & Compañía. Una declaración jurada de intereses que Espina registró en la Notaría de Cosme Gomila el 28 de diciembre de 2013, le otorgó un mandato a Gonzalo Cisternas para que administre sus intereses en la sociedad. Un fideicomiso.

Consultado por CIPER, Gonzalo Cisternas descartó que el pago de Inversiones Siemel haya sido un aporte al senador Espina: “Se trata de un servicio profesional que efectivamente se encargó por empresas del Grupo Angelini, que efectivamente yo realicé, y que están bajo el amparo del secreto profesional. No sé por qué ellos rectificaron. Me imagino que pensaron que ese trabajo no cumplía con los requisitos legales para ser un gasto necesario para producir la renta”.

Desmenuzando las dos rectificaciones de Siemel se puede trazar otra línea de continuidad entre quienes aparecen recibiendo esos dineros. En la rectificación de abril destaca el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana, sociedad que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones. Según explicaron desde ese think tank, en ese tiempo era dirigido por Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC), quien utilizó una línea de financiamiento desde empresas. Desde enero de 2014, aseguraron, se cortó la llave de los dineros empresariales.

Si bien Democracia y Comunidad no aparece en la segunda rectificación de Siemel (septiembre), sí figura Asesorías y Servicios e Inversiones Vichuquén, la que recibió la misma cuota mensual que la firma de los Angelini le pagada a Democracia y Comunidad: $3 millones entre enero y octubre de 2014 (en total $30 millones). Los pagos a Vichuquén comenzaron justo cuando Democracia y Comunidad dejó de percibir aportes desde Inversiones Siemel. El único accionista de esta sociedad es el hermano de Cristina Orellana, Víctor Antonio Orellana Quezada, quien la constituyó poco antes de comenzar a recibir los pagos desde Siemel: el 19 de noviembre de 2013.

Contactada por CIPER, Cristina Orellana aseguró que ella no maneja información sobre las relaciones que su hermano, quien es empresario, tiene con las empresas. Descartó que se trate de platas políticas y solicitó que sean las empresas las que aclaren las rectificaciones tributarias que realizan.

No es la primera vez que Cristina Orellana aparece vinculada a pagos irregulares a la política. En diciembre de 2015, CIPER reveló que Inversiones Caburga, del Grupo Said, corrigió ante el SII un pago por $16,6 millones a Orellana en 2013. En esa ocasión, la actual directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señaló: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mí Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No le puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

El otro pago que se repite en las dos rectificaciones que hizo Siemel en 2015, es a Eugenio San Martín(DC), quien fue director del Sename y que el 17 de enero de 2014 recibió de la firma de los Angelini $6,6 millones. Ya en la primera rectificación de Siemel apareció otro pago a San Martín por otros $6,6 millones (3 de mayo de 2013).

LA CAJA DE PANDORA DE SIEMEL

La primera rectificación de Siemel incluyó a otras personas ligadas a la Democracia Cristiana. Es el caso de la abogada Carolina Tello Rojas, quien emitió una boleta por $7 millones el 1 de julio de 2011. Desde 2014, Tello asesora al diputado por Aysén, Iván Fuentes (independiente). Consultada por CIPER, declinó referirse a este asunto.

Gabriel Silber
Gabriel Silber

Otras fuentes consultadas aseguraron que ella formaba parte de una red de boleteros que creció en la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana al final del primer gobierno de Bachelet, cuando el Seremi era Antonio Saavedra Veas (DC), quien ha sido miembro del tribunal supremo de ese partido. Saavedra afirmó a CIPER que no tiene ninguna relación con esa red de boleteros.

Saavedra Veas aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asesor externo de la bancada DC al menos hasta el primer semestre de 2014 y también registra pagos por asesorías al diputado Gabriel Silber (DC)y al ahora ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio (DC). Saavedra fue uno de los asesores legislativos detectados por CIPER que cumplían un doble rol al asesorar bancadas de forma externa y, al mismo tiempo, prestar asesorías individuales a parlamentarios (a través de su Consultora Antonio Saavedra Veas EIRL), lo que está prohibido (ver reportaje). Antonio Saavedra es jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas del Registro Civil.

Asesoría Jurídica Dalmacia aparece también en la rectificación de mayo de Inversiones Siemel, con $6 millones pagados en agosto de 2013. El principal accionista de Dalmacia es el ex diputado Zarko Luksic (DC), quien aseguró a La Tercera que él sí realizó una asesoría jurídica a Siemel.

La rectificación de mayo de 2015 también corrigió pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien fuera encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI).

La primera rectificación de Siemel ante el SII arroja misterios. Uno de ellos es el rol que juegan en esta trama distintas empresas de León Hugo Correa Rueda, las que aparecen con $89 millones corregidos (Inmobiliaria Correa y Compañía, Inmobiliaria e Inversiones Correa y Farms Chile). Consultado por CIPER, el empresario inmobiliario señaló: “Ningún pago ha tenido un fin político. A mí no me gusta la política, nunca he pertenecido a un partido y nunca lo haré. Son informes que se remitieron por conceptos de tasación de nuestra inmobiliaria. Habría que preguntarle a la empresa Siemel por qué rectificó estos pagos” (revise el listado con ambas rectificaciones de Siemel).

LOS MILLONES QUE RECIBIÓ EL PRI

Los últimos dos pagos rectificados por Inversiones Siemel en mayo de 2015 corresponden a personas ligadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), fundado por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar luego de quebrar con la DC: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones en octubre de 2010, y Eduardo Salas Cerda, con otros $5,5 millones en noviembre del mismo año.

Pero el financiamiento ilegal que proporcionó el Grupo Angelini al PRI no solo provino de Inversiones Siemel. Así se desprende al desmenuzar el listado completo de las rectificaciones que hicieron ante el SII las empresas del grupo. Copec realizó cinco pagos entre 2012 y 2013 a Marcelo Peñaloza Villalobos,por un total de $27 millones. Otros $21,5 millones le giró Arauco al mismo Peñaloza en igual periodo. Además de las boletas falsas que Peñaloza emitió a Copec y Arauco, hubo otras dos para SQM, empresa que aportó más de $350 millones ilegales al PRI.

Marcelo Peñaloza está casado con la hija de Humberto de la Maza, quien fuera presidente del PRI hasta fines de 2015, y en su declaración judicial reconoció que las boletas por esos $48,5 millones eran falsas. El 17 de agosto de 2015, Peñaloza contó en la Fiscalía:

“Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

En la emisión de boletas falsas para financiar al PRI, Peñaloza involucró a parte de su familia. El 17 de agosto de 2015, su hermana Marcia Peñaloza Villalobos reconoció ante la Fiscalía la emisión de cinco boletas falsas que le solicitó su hermano: cuatro a SQM y una a Copec, esta última por $5,5 millones (noviembre de 2013).

Lo mismo ocurrió con la ingeniero comercial María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, quien reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza -entre 2012 y 2014- en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI.

Alejandra Bravo
Alejandra Bravo

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que motivó a los Angelini a financiar el PRI: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto  con las empresas. Después del fallecimiento de Zaldívar el partido se financió con la plata del Servel y no sé de donde más”.

A pesar de los datos acumulados, la Fiscalía solo formalizó a boleteros vinculados al PRI por las boletas falsas emitidas a Soquimich. Ninguna mención se hizo de los dineros irregulares que empresas del Grupo Angelini cancelaron. Luego de la formalización (2 de diciembre de 2015), Humberto de la Maza, acusado de ser el controlador de la red ilícita, debió cumplir arresto domiciliario nocturno. La ex intendenta de Atacama, Julieta Cruz, quedó con firma mensual y arraigo nacional; los hermanos Marcelo y Marcia Peñaloza con firma quincenal y arraigo nacional, mientras que las hermanas María Fernanda y Carola Correa Lasa solo con firma quincenal.

Si bien Humberto de la Maza fue reemplazado por Alejandra Bravo en la presidencia del PRI, otro de los boleteros, Eduardo Salas Cerda, continúa como secretario general y Gilda Schiaffino sigue siendo la tesorera del partido, a pesar de los testimonios judiciales que la apuntan como la persona que muchas veces acompañó a los boleteros a cobrar los vales vista de Copec, Arauco y SQM por sus boletas falsas.

Otro miembro de la red de boleteros que se utilizó en el PRI para financiarse ilegalmente, es Patricio Purcell, quien ya fue denunciado por el SII el 2 de abril de 2015, por los dineros irregulares que recibió de SQM. Según Qué Pasa, Purcell también tiene dineros rectificados por Arauco.

 

EL PODER DE LOS ANGELINI

El ranking de los grupos económicos chilenos que trimestralmente elabora la Universidad del Desarrollo, ubicó al Grupo Angelini en el tercer lugar entre quienes poseen mayor patrimonio, ingresos y activos, siendo superado solo por el Grupo Luksic y el Grupo Matte. Al 31 de diciembre de 2015, el grupo alcanzaba 20 mil millones de dólares en activos, según reportó AntarChile, el holding a través del cual controlan sus principales negocios.

A través de Empresas Copec el Grupo Angelini controla Arauco, Copec, Abastible, Terpel y la Minera Invierno. En el sector pesquero posee  Corpesca, Iquique-Guanaye y Orizon y participa también en la propiedad de Colbún y Metrogas, entre otros. A través de varias de estas compañías el grupo posee inversiones en Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá, México, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Nueva rectificación tributaria de SQM impacta en el círculo más cercano de Eduardo Frei

La investigación del financiamiento ilegal de la política vuelve a tocar al ex presidente Eduardo Frei y a la Democracia Cristiana. Al expediente que lleva la Fiscalía por la boletas falsas pagadas por Soquimich (SQM), se sumaron los antecedentes de una nueva rectificación de impuestos realizada por la minera que controla Julio Ponce Lerou. En esta rectificación, la compañía incluyó facturas pagadas a dos sociedades en las que tiene participación Francisco Frei Ruiz Tagle, hermano del ex mandatario DC, quien actualmente ejerce como miembro del directorio de TVN. El monto total cancelado a las sociedades de Francisco Frei y que fue rectificado por SQM se eleva a poco más de $58 millones.

Francisco Frei es el segundo miembro del directorio de Televisión Nacional que se ve involucrado en el financiamiento político ilegal. El primero fue el ex diputado Cristián Leay (UDI), uno de los más cercanos colaboradores del ex ministro Pablo Longueira (UDI), cuya formalización por cohecho y delitos tributarios se concretará el 1 de junio. Leay apareció en la investigación cuando su nuera, Trinidad Subercaseaux, declaró que hizo boletas para SQM sin efectuar trabajo alguno para la minera y que el dinero lo entregó a su suegro. La indagatoria a SQM acumula antecedentes sobre al menos ocho personas relacionadas con Leay o con el Centro de Estudios de la Nueva Minería, sociedad creada por el ex diputado, todos las cuales emitieron boletas que son investigadas. Estos documentos suman un monto de $98,5 millones (vea el reportaje de CIPER: “Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos”).

Francisco Frei Ruiz-Tagle
Francisco Frei Ruiz-Tagle

Tras la reciente renuncia del senador Jorge Pizarro a la presidencia de la DC -debido a los cuestionamientos que enfrenta por los pagos que recibieron sus hijos por supuestas “asesorías verbales”a SQM-, los nuevos antecedentes sobre la rectificación de la minera complican aún más a la Democracia Cristiana. Esto, porque no solo figuran los pagos a Francisco Frei, sino porque volvió a aparecer la contadora y ex militante de ese partido, Clara Bensan, quien colaboró en la administración de las finanzas de la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009.

Bensan fue la primera en mencionar la candidatura del ex presidente Frei ante los fiscales. Se abrió así una hebra que incorporó a la investigación otras cuatro declaraciones judiciales -de Giorgio Martelli, Salvador Said, Javier Said y Claudio Canales– que ampliaron los antecedentes sobre aportes irregulares a la campaña de Frei en 2009 (ver recuadro).

La rectificatoria de SQM, ingresada al Servicio de Impuestos Intermos (SII) el 12 de agosto de 2015  y que recién ahora se conoce, incluyó pagos a Publicidad Los Andes, sociedad de Bensan, por un total de $43 millones. Hasta ahora solo se conocían las facturas que Bensan había hecho con su empresa Asesorías en Gestión Integral (Agesin) para ocultar aportes políticos ilegales.

LAS SOCIEDADES DE FRANCISCO FREI

Francisco Frei ha sido secretario nacional de la directiva DC y goza de la total confianza de su hermano Eduardo, al punto que cuando éste último asumió la Presidencia de la República le encargó la administración de sus negocios. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Francisco Frei es propietario de Almadena, una conocida empresa de bodegaje. Fue consejero nacional de la DC hasta 2010 y se sumó al directorio de TVN en 2008 (en reemplazo de Edmundo Pérez Yoma), el que integrará hasta 2020.

En la rectificación tributaria hecha por SQM que ahora se conoce aparecen pagos a dos sociedades de Francisco Frei: Inversiones San Nicolás y Marítima de Exportaciones.

Inversiones San Nicolás fue constituida en 1987 por Francisco Frei y su esposa, Ana María Parada Quesada. El domicilio de la sociedad es el mismo que ocupan las oficinas de Almadena: Moneda 812, oficina 705. Almadena es presidida por Ana María Parada y su gerente general es Francisco Frei. La sociedad Inversiones San Nicolás facturó $12,7 millones que fueron rectificados por SQM.

Cristián Leay
Cristián Leay

Marítima de Exportación fue constituida en 1991. Inicialmente, sus socios fueron Francisco Frei y Rodolfo Mebus Mesa, pero ahora la sociedad es controlada por el matrimonio Frei-Parada a través de Inversiones San Nicolás. La rectificación de SQM incluye $45,2 millones que la minera pagó a Marítima de Exportación, sociedad que desde enero de este año cambió su razón social a Servicios de Envasado y Bodegaje.

Respecto de Publicidad Los Andes, la sociedad de la contadora Clara Bensan, figura con una factura que fue incluida en la rectificación de SQM. Es el documento Nº 000177, de fecha 3 de noviembre de 2009, por $43 millones. El servicio que supuestamente se había prestado a la minera era “campaña publicitaria productos agrícolas”. La sociedad figura en los registros del SII con término de giro en 2014.

Con la inclusión de Publicidad Los Andes en esta nueva rectificatoria, el total pagado a empresas de Clara Bensan por SQM durante la campaña presidencial de 2009 se eleva, hasta el momento, a $135 millones.

La última vez que Eduardo Frei se refirió a las investigaciones sobre eventuales aportes ilegales a su campaña fue el 31 de marzo pasado. Entonces dijo: “Si hay alguna investigación, que me lo digan (…). Yo estoy tranquilo (…). Siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia”.

OTRA SOCIEDAD LIGADA A LA DC

La rectificación ingresada por SQM ante el SII el 12 de agosto de 2015 incluyó otra sociedad vinculada al mundo demócrata cristiano. Se trata del Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac) la que aparece recibiendo $35 millones irregulares desde la minera.

Constituida el 8 de junio de 2011 por María Oriana Yalena Chávez Escobar (ex esposa del lobista DC Carlos Tudela) y por Magdalena Sofía Salazar Sánchez (hija del dirigente de la falange Miguel Salazar), tiene como objeto “la realización de todo tipo de estudios, asesorías y/o consultorías profesionales y/o comerciales de cualquier naturaleza, a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras y en cualquier campo profesional, comercial o industrial”. El capital inicial fue de $4 millones, pagado en partes iguales por las fundadoras.

A pesar de que el Diario Oficial no registra cambios en la propiedad de Celac, el padre de Magdalena Salazar, Miguel Salazar, indica en su bio en Radio Cooperativa (donde es columnista) que es el creador de esta sociedad. Salazar posee vínculos directos con Eduardo Frei, ya que se desempeñó como su jefe de gabinete durante los seis años en que este estuvo al mando de La Moneda.

En los últimos años Salazar ha ejercido como asesor del diputado Roberto León (DC), quien es indagado por la Fiscalía debido a que su hijo figura con $123,7 millones en honorarios rectificados por SQM. En mayo de 2015 La Tercera publicó que la indagatoria por las platas políticas había detectado pagos directos desde la empresa minera a Miguel Salazar. Entre noviembre de 2014 y enero de 2015 habría recibido $6,7 millones.

Una investigación de CIPER reveló que Celac es una de las principales empresas que reciben dineros por asesorar a los diputados. Entre 2012 y 2013 recibió de la bancada DC en el Congreso $130,7 millones (ver reportaje “Asesorías parlamentarias sin control: diputados gastan $6.000 millones en dos años”). La misma sociedad ha continuado recibiendo pagos del diputado León por asesorías. Según el registro público de la Cámara de Diputados en 2014 el parlamentario le pagó $26,1 millones.

LA HEBRA DE BENSAN COMPLICA A FREI

El 12 de febrero pasado el abogado de Clara Bensan, Pablo Araya, hizo llegar a la Fiscalía una serie de documentos que amplían el abanico de pagos irregulares recibidos por la contadora. Hasta ese momento, Bensan solo había reconocido aportes ilegales a la campaña de Frei desde SQM, Inversiones Caburga e Inversiones Newport a través de su empresa Agesin. Entre los archivos que ingresó a la carpeta investigativa el abogado Araya se encuentra la factura rectificada desde SQM por $43 millones a Publicidad Los Andes. Pero también hizo entrega de copias de los libros de compras, ventas, honorarios y diario de empresa de Agesin. Allí aparecieron varias sorpresas.

El mismo día que la empresa de Bensan emitió una factura falsa por $12 millones a Inversiones Caburga (del Grupo Said), el 9 de diciembre de 2009, aparece recibiendo otro pago por la misma cantidad desde Comercial Los Lagos, empresa de los hermanos Ramón, Jorge y Antonio Eblen Kadis. Esa misma empresa aparece pagando $8 millones a Inmobiliaria El Boldo, propiedad del contendor de Frei en las elecciones de 2009, Sebastián Piñera, como publicó en septiembre de 2015 El Mostrador.

Imaginacción, la consultora de propiedad de Enrique Correa, también apareció en la contabilidad de Agesin. Los libros de la empresa de Clara Bensan registran tres pagos hechos por Imaginacción por un total de $20,8 millones entre julio y agosto de 2010. Imaginacción está siendo investigada por la Fiscalía por esos pagos y también por los $10 millones que le canceló a Claudio Canales, quien admitió que nunca le prestó servicios a la consultora de Correa, sino al PPD (Canales elaboró una página web para ese partido).

Enrique Correa
Enrique Correa

Según la declaración judicial que entregó el pasado 17 de febrero David Flores (PPD), Clara Bensan jugó un rol relevante en la mantención financiera de las campañas de la Concertación desde 2005 en adelante. Flores les relató a los fiscales que la contadora se hizo cargo del pago de radiotaxis utilizados por dos secretarias durante la fallida campaña presidencial de Frei, y que lo mismo ocurrió con Verónica Baeza, quien era la persona encargada de gestionar las ventas de arte durante la campaña. Flores agregó en su declaración que la contadora lo ayudó además a pagar servicios que se usaron durante la campaña de Carolina Tohá para presidir el PPD en 2010.

Clara Bensan, en su declaración del 17 de abril de 2015, fue la primera que mencionó la campaña de Eduardo Frei en 2009 a los fiscales. Les dijo que ese año trabajó en actividades electorales, que le rendía cuentas a Giorgio Martelli y que los recibos de los depósitos los entregaba a Francisca Contreras, representante de la candidatura de Frei ante el Servel. Bensan detalló cómo disfrazaban los aportes ilegales con boletas y facturas por trabajos ficticios.

La contadora, que en ese entonces era militante de la DC, admitió que la campaña de Frei no sólo recibió dinero de SQM por esta vía ilegal, también reconoció aportes de Inversiones Caburga e Inversiones Newport, ambas de la familia Said, cuyos negocios incluyen el Banco BBVA, Embotelladora Andina y Parque Arauco.

Salvador Said Somavía declaró como imputado el 11 de agosto y admitió que Inversiones Caburga hizo un aporte de $20 millones a la campaña de Eduardo Frei, pagos que luego rectificó ante el SII. Su primo, Javier Said Handal, había declarado en junio como representante de Inversiones Newport, y dijo que a solicitud de Inversiones Caburga decidieron entregar $12 millones a la campaña de Frei. Además, Newport pagó $8 millones al abogado Alfredo Ugarte, quien también integraba el comité de finanzas de Frei.

Un día después de publicado este reportaje, el diario La Tercera  sumó antecedentes. Una quinta empresa ligada a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009 también aparece con dineros rectificados por SQM en agosto pasado: Taxi Films, sociedad constituida el 17 de marzo de 2009 y propiedad de Macarena Teresa Charlone Herrera y Diego Arsuaga Marshall. Esa empresa ya operaba en nuestro país desde 1999, cuando Charlone fundó una agencia chilena de la productora de cine y televisión que originalmente se creó en Montevideo (Uruguay).

La vinculación de Taxi Films con la campaña de Frei queda clara al revisar las rendiciones de gastos de las campañas presidenciales de 2009 en el Servicio Electoral (Servel). Allí consta que esa productora se hizo cargo de la franja presidencial de Frei durante la segunda vuelta de esas elecciones, trabajo por el que recibió $146,3 millones. La empresa minera SQM rectificó ante el SII otros $58 millones pagados a Taxi Films.

Sumada esa cifra a las otras cuatro empresas que fueron rectificadas en agosto por SQM y que se relacionan con la campaña 2009 de Frei, la cifra total de dineros asociados a Frei Ruiz Tagle llega a $191 millones.

LOS PAGOS A SU YERNO: PEDRO YACONI

El geógrafo Giorgio Martelli -quien operó en el financiamiento de la campaña de Frei en 2009 y en la última precampaña de Michelle Bachelet- declaró que también participaban en el grupo recaudador el entonces presidente de Endesa, Jorge Rosenblut, y el abogado Pedro Yaconi. Tres sociedades en las que tiene participación Yaconi están siendo investigadas bajo sospecha de que canalizaron aportes de campaña para Frei.

Una es Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada (Rinvesa), la que en 2009 facturó $30 millones que ya fueron rectificados por SQM. La contabilidad de Rinvesa, entre 2009 y 2014, fue solicitada por la Fiscalía el 3 de febrero de este año, ocasión en que dos detectives de la PDI se apersonaron en las oficinas de Yaconi en Isidora Goyenechea. El abogado entregó la contabilidad completa de su empresa el 12 de febrero pasado.

La segunda sociedad de Yaconi investigada es Selectiva Consultores, y la tercera es C2P Consultores. Esta última ha sido administrada por Magdalena Frei, hija del ex mandatario y pareja de Pedro Yaconi.

La empresa Copec, del Grupo Angelini, hizo una rectificación tributaria en 2015 que incluyó pagos a C2P y que generó la sospecha de los fiscales. En su declaración, el contador de Empresas Copec, Ricardo Vargas, intentó explicar porque incluyeron a C2P en la corrección: “Hay una situación excepcional en los gastos rectificados de dos o tres facturas, fue un contrato de estudio de carbón que lo hizo C2P y en ese caso gente de la gerencia de estudios dijo que el trabajo se hizo, pero que los informes se perdieron”.

Las tres sociedades del abogado Pedro Yaconi también recibieron pagos de Aguas Andinas. Entre 2009 y 2014 la sanitaria les canceló $430 millones (dineros que no fueron rectificados). Uno de los directivos máximos de Aguas Andinas en 2009, Joaquín Villarino Herrera (actual presidente ejecutivo del Consejo Minero), declaró en estos días en otra investigación por el financiamiento ilegal de la política. Debió explicar por qué la sanitaria pagó servicios que nunca fueron prestados a dos ejecutivos de Chilevisión de la época: Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ambos admitieron no haber trabajado para Aguas Andinas y que la factura la hicieron a nombre de la sanitaria por orden del gerente general de Bancard, empresa de Sebastián Piñera. A esa fecha, Piñera aún era el controlador de Chilevisión. Esta vez Aguas Andinas sí rectificó esos pagos.

Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones

El gráfico que aparece en el informe de la auditora estadounidense Shearman & Sterling sobre Pablo Longueira (UDI) es revelador. La tarea que se le encargó al estudio fue medir la frecuencia y magnitud de los pagos irregulares de Soquimich (SQM) asociados al entorno de distintos dirigentes políticos, para evaluar el riesgo de que la minera haya cometido el delito de soborno. Basta una mirada para concluir que el gráfico dedicado a Longueira es el que muestra el mayor monto de pagos irregulares desde la empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou.

La auditoría que le encargó la propia minera a Shearman & Sterling concluye que entre 2009 y 2014, SQM entregó $730 millones a sociedades y personas relacionadas con el ex senador y ex ministro de Economía. Pero SQM no es la única empresa que ha aparecido en las indagatorias por las platas políticas ilícitas entregando dinero a cambio de boletas o facturas sin respaldo contable a personas asociadas al entono político y familiar de Longueira. Hasta ahora, testimonios recogidos por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos (SII) dan cuenta de al menos otras 13 empresas que pagaron dinero a personas que han reconocido no haber realizado ningún trabajo que los justifique y que las boletas eran solicitadas desde el entorno del dirigente gremialista.

sqmEn total, el cálculo hecho por CIPER es que durante todo ese período las fundaciones y personas naturales o jurídicas vinculadas a Longueira recibieron pagos bajo investigación de Impuestos Internos y del Ministerio Público por más de $900 millones.

CIPER recopiló los testimonios que se encuentran en esas investigaciones y revisó las rectificaciones de pago de impuestos que han realizado algunas empresas mencionadas. El resultado es que existe una línea continua de pagos irregulares, los que se mantuvieron mientras Longueira ejerció como senador, que continuaron cuando pasó a ser ministro del gobierno de Sebastián Piñera y que no se detuvieron cuando anunció que se retiraba de la política, al declinar su campaña presidencial a mediados de 2013. Los pagos que asocian a Longueira al financiamiento ilegal de la política están hoy diseminados en los tres expedientes abiertos en el Ministerio Público: Penta, SQM y Corpesca. Pero muy pronto debiera abrirse una carpeta especial y que debiera llevar el rótulo: investigación por el delito de cohecho.

LOS PAGOS A LONGUEIRA, EL SENADOR

Hasta el 18 de julio de 2011, Pablo Longueira ejerció como senador por Santiago Oriente. Según la información sistematizada por CIPER, desde 2009 y hasta esa fecha personas ligadas al líder gremialista recibieron al menos $200 millones desde empresas como SQM, Pesquera El Golfo y el Centro de Estudios Nueva Minería. El cálculo considera los registros disponibles, pero debiera crecer, ya que existen pagos cuya fecha se desconoce, como las donaciones de SQM a dos fundaciones de Longueira: $360 millones a la Fundación WEB y $75 millones a la Fundación Chile Justo, los que aparecen consignados en el estudio de Shearman & Sterling.

La primera boleta asociada a Longueira y cuyo monto fue rectificado por SQM, fue de Ana Carolina Palacios Silva y data de junio de 2009.Palacios recibió $45 millones de la minera, a través de ocho boletas emitidas entre junio de 2009 y septiembre de 2012 (cuando Longueira ya era ministro). Su testimonio fue clave para entender la operación que el entorno de Longueira realizaba para recaudar fondos. Ante el SII, Palacios declaró que es cuñada de Carmen Luz Titi Valdivielso, la principal colaboradora y asesora histórica de Longueira, a quien le entregó su talonario de boletas: “No presté los servicios que se señalan en esas boletas, no conozco a nadie de SQM, nunca he estado en el edificio de SQM y no tengo idea dónde queda”.

A través de Palacios, no solo se recibieron dineros desde SQM. Ocupando la misma fórmula, Ana Carolina recibió $7 millones de Cencosud y $8 millones del Banco BCI, entidad financiera que ya rectificó esa boleta ante Impuestos Internos.

longueira-campaniaOtro de los testimonios clave obtenidos en la indagatoria, es el del ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nicolás Guíñez, quien el 18 de diciembre de 2015 declaró en la Fiscalía que fue Titi Valdivielso quien recibió los dineros obtenidos gracias a la emisión de 12 boletas falsas: “Las boletas que emití por servicios que no presté a las empresas SQM, Copec, Senexco, Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio, Compañía de Inversiones Río Bueno, Pesquera El Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, las envié a la dirección electrónica de titivaldivielso@chilejusto.cl por instrucciones telefónicas del junior de la Fundación Chile Justo”.

Nicolás Guíñez ya había revelado el 3 de agosto de 2015, ante detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), que un compañero de universidad de la Finis Terrae lo reclutó como boletero al servicio de las fundaciones de Longueira. El compañero –dijo- se llama Fabián Quezada (afirmó no estar seguro de su apellido) y le solicitó “que yo le prestara boletas para emitir en nombre de un tercero, es decir a una empresa, agregando que la retribución económica en mi beneficio sería la devolución del impuesto a la renta”. Ante la policía afirmó que también dio dos boletas por $4,7 millones en total a Inversiones Afa.

Nicolás Guíñez integró a su hermano, Gustavo, a esta estructura de defraudación. Y cuando declaró ante los fiscales, Nicolás agregó que varios de sus compañeros que participaron en ese esquema han aparecido en la prensa relacionados con boletas irregulares, como Sebastián Prat, Juan Pablo Destuet y Gustavo Alessandri (los tres tienen boletas rectificadas por SQM).

La declaración de otro estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Ricardo Jorquera Gutiérrez, confirmó la existencia de una red articulada por Titi Valdivielso. Jorquera compareció ante el SII el 26 de marzo de 2015, y también reveló que fue un compañero de carrera de nombre Fabián el que le ofreció emitir boletas y quedarse con la devolución de impuestos. “No presté esos servicios que dice la boleta que me exhiben, la emití por internet usando mi clave del servicio y se enviaba a un correo de una persona conocida como Titi Valdivielso”, respondió cuando le mostraron la boleta que emitió a SQM el 25 de noviembre de 2009 por $6,6 millones.

Y agregó: “Son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de diez, pero ellos no han sido citados para venir al servicio”. Jorquera registra otra boleta a Metalpar por $6 millones el 25 de noviembre de 2009; y una tercera al Centro de Estudios Nueva Minería por $1,8 millón, el 11 de enero de 2010.

Nicolás Guíñez profundizó en el mecanismo utilizado para entregar los dineros de esas boletas a las fundaciones de Pablo Longueira: “En contacto con Fabián, me señaló que desde la Fundación Chile Justo se comunicarían con nosotros de forma telefónica (…) para coordinar la emisión de las boletas, es decir, monto, tercero o destinatario, glosa y fecha”. Un junior de la fundación lo acompañaba a los bancos a cobrar los cheques:

“El junior llevaba el maletín, como siempre, ya que cada vez que nos juntábamos a retirar el valor del cheque o del vale vista él llevaba y me entregaba el documento a cobrar, o lo tenía el banco y me daban la colilla. Y el junior siempre estaba a mi lado. El dinero nunca pasó por mis manos, él siempre tomó el dinero de la ventanilla y lo guardaba en el maletín”, declaró Nicolás Guíñez.

Los hermanos Guíñez fueron boleteros clave de Longueira entre 2009 y 2011, cuando éste era senador. Nicolás emitió 12 boletas falsas a ocho empresas entre el 15 de octubre de 2009 y el 19 de enero de 2011, las que suman $42,4 millones. Su hermano Gustavo registra seis boletas falsas entre el 29 de octubre de 2009 y el 25 de junio de 2010 a las empresas SQM, Pesquera El Golfo, Centro de Estudios Nueva Minería y a la Inmobiliaria Lomas de Quelén, por un total de $25,1 millones.

El 23 de diciembre de 2015 la fiscal Carmen Gloria Segura le envió un oficio al SII con los antecedentes relacionados a los pagos irregulares recibidos por los hermanos Guíñez. El 10 de febrero, la Fiscalía le solicitó a la Superintendencia de Bancos informar en qué bancos tiene cuentas Valdivielso y cuáles son sus productos financieros. También ha oficiado a distintos bancos pidiendo esa misma información.

Otro de los boleteros relacionados con Longueira, Patricio Lazcano –quien figura con dos boletas falsas a SQM, en junio y agosto de 2009, por $11 millones– declaró que en realidad él realizó trabajos para la Fundación Chile Justo, pero que en esa entidad le solicitaron emitir las boletas a SQM, empresa que pagó sus servicios. También registra pagos desde Copec ($15 millones).

Otra boletera clave de Pablo Longueira en este periodo es Solange Hermosilla Chandía, quien declaró que la boleta que emitió el 23 de noviembre de 2009 a Pesquera El Golfo es falsa: “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que llamaban Titi Valdivielso”.

Cecilia Morel, Sebastián Piñera, Cecilia Brinkmann y Pablo Longueira
Cecilia Morel, Sebastián Piñera, Cecilia Brinkmann y Pablo Longueira

El 25 de noviembre de 2009, Hermosilla entregó otra boleta, esta vez a SQM, por $5 millones. En su testimonio dijo que ese dinero lo transfirió a la cuenta de Carmen Gloria de Castro, mujer clave en la campaña senatorial de Longueira en 2005, a quien le encargó la instalación de las fundaciones que más tarde serían usadas como plataforma de su frustrada campaña presidencial: Chile Justo, Web y Chile Cultura. De Castro también ha sido una asesora clave en la carrera de otro militante de la UDI, Pablo Zalaquett. Ambos están formalizados por pagos irregulares desde distintas empresas.

En este mismo período, la indagatoria del Ministerio Público ha identificado a otros emisores de boletas a SQM, sin respaldo contable, asociadas al ex senador de la UDI: Rubén Carvacho (ahijado de Longueira) y su señora, Carolina Chamorro, con boletas por $5 millones cada uno en octubre y noviembre de 2010; Karin Grollmus, con $3 millones en agosto de 2009; el hijo de Longueira, José Tomás, con $4 millones también en agosto; María Paz Schuster, con $1 millón en septiembre de 2009 y Víctor Krefft Marín, con $4 millones, en octubre de 2009 (revise el listado de personas asociadas a Longueira que emitieron boletas irregulares durante su periodo como senador).

LOS PAGOS AL MINISTRO LONGUEIRA

Entre el 18 de julio de 2011  y el 29 de abril de 2013 Pablo Longueira ejerció como ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera. En ese período, su red de boleteros continuó recibiendo pagos de empresas, aunque los nombres cambiaron (revise los pagos recibidos por el entorno de Longueira en el periodo en que fue ministro). Los hermanos Guíñez ya no figuran, pero ahora aparece Loreto Undurraga Castelblanco, esposa del cuñado de Longueira (Francisco Brinkmann), quien registra tres boletas rectificadas por SQM entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, por $14 millones. A su vez, y tal como informó CIPER en abril de 2015, Undurraga registra pagos desde la Corporación de Asuntos Públicos (vinculada a la UDI) y el Centro de Estudios Nueva Minería (ver reportaje “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”).

En ese mismo periodo, Loreto Mora Domínguez, sobrina de Longueira en segundo grado, aparece con tres boletas rectificadas por la minera por $16 millones. Lo mismo ocurre con su hermano, Alfonso Mora Domínguez, quien recibió de SQM $12 millones por dos boletas emitidas en octubre de 2011 y agosto de 2012. Este último también recibió pagos que hoy son investigados desde el Centro de Estudios Nueva Minería y de la Asociación de Industriales Pesqueros.

El informe de Shearman & Sterling identifica a Carmen Gloria de Castro y a Cristián Leay Morán, socio histórico de Longueira y actual director de TVN, dentro de la red que habría beneficiado al ex senador UDI. La primera aparece recibiendo de SQM $5 millones en enero de 2012. Respecto a Leay, el mismo informe incluye a su nuera, Trinidad Subercaseaux, quien recibió $5 millones de SQM en septiembre de 2012.

Cristián Leay
Cristián Leay

En su declaración ante Impuestos Internos, Subercaseaux reveló que no prestó ningún servicio a SQM. Interrogada sobre quién le solicitó efectuar esa maniobra fraudulenta, señaló: “Lo más probable es que haya sido por parte de la familia de mi marido, que tiene afinidad con el partido UDI (…) El dinero si lo recibí mediante un vale vista y luego se lo entregué a mi suegro (Cristián Leay)”.

Otra persona cercana a Leay que figura con ocho boletas rectificadas por SQM, es María Alejandra Bórquez Cousiño, pareja y socia del director de TVN en Inversiones y Asesorías Maqui. Bórquez recibió $40 millones de la minera, entre noviembre de 2010 y abril de 2013. Según información recabada por CIPER, Bórqueztambién recibió pagos de dos empresas de Leay: el Centro de Estudios Nueva Minería e Inversiones Santa Mané.

Las boletas pagadas por SQM al ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda -y a dos de sus hijos, Antonia y Gustavo-, fueron rectificadas por la minera y también son parte de los dineros que el informe de Shearman & Sterling atribuye a Longueira. Alessandri Balmaceda ha sido director en las fundaciones del ex ministro de Economía y emitió dos boletas a SQM -abril de 2010 y julio de 2011- por $10 millones. Su hijo Gustavo hizo lo propio con cinco boletas por $23 millones, entre octubre de 2009 y febrero de 2012; y las boletas de Antonia son cuatro –entre enero de 2011 y noviembre de 2012- y suman $17 millones.

Alessandri Balmaceda (quien es socio comercial de Titi Valdivielso) dijo a CIPER en abril de 2015: “No hay aportes a la política. No fue así ni es así. Los ingresos recibidos tienen certificados de donaciones” (ver “Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira”). Sin embargo, los pagos recibidos por él y por sus hijos desde SQM sí fueron a través de boletas de honorarios que la minera rectificó. Puede que Alessandri se haya confundido, porque la Fundación Chile Justo, de la cual fue director, también registra donaciones desde SQM por $75 millones, dineros que fueron por otro carril. Otra fundación de Longueira, Fundación Web, recibió otros $350 millones vía donaciones de la minera, según estableció el informe de la auditora Shearman & Sterling.

El mismo informe, para cuya realización la firma estadounidense accedió a documentos internos de Soquimich, menciona otros receptores de dinero de la minera asociados con Longueira, pero cuyos vínculos con el ex senador no quedan claros. Gabriel Jiménez Celsi recibió $5 millones en diciembre de 2009 y Esteban Gal Oliva, emitió una boleta por $3,8 millones en junio de 2013. En este mismo grupo figura la ex periodista de la UDI, Lily Zúñiga, quien tiene dos boletas rectificadas por SQM por $3,1 millones cada una, en octubre y noviembre de 2012. Aunque ella ha reconocido su cercanía con Longueira, en su declaración judicial señaló que esas boletas se las habían solicitado en la UDI por petición de Jovino Novoa.

El 29 de abril de 2013, Pablo Longueira renunció a su cargo de ministro y fue proclamado precandidato presidencial de la UDI. Pero los pagos desde SQM no cesaron. Existen desembolsos rectificados por la minera a su red de boleteros en 2014 y también pagos directos a una empresa de Longueira: Asesorías e Inversiones LB, sociedad que constituyó junto a su esposa Cecilia Brinkmann el 16 de diciembre de 2013, que recibió $60 millones desde SQM durante 2015 (ver listado de pagos asociados a Longueira luego que declinara su candidatura presidencial).

MILLONES DESDE PENTA

El primer indicio de que Pablo Longueira estaba implicado en el financiamiento irregular de la política lo entregó Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta, quien señaló que durante 2013 se le habían entregado más de cien millones de pesos en efectivo para su campaña presidencial de ese año. Antes de contarlo a los fiscales, Bravo se lo recordó a uno de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, cuando éste lo visitó en su departamento luego de que fuera desvinculado de la empresa. Bravo grabó esa conversación, la que después se hizo pública.

En efectivo (dinero) fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones”, se escucha a Hugo Bravo decirle a Lavín en la grabación. En esa misma conversación, Bravo le recuerda a Lavín que esos dineros los cobró en efectivo y los sacó del Banco Penta. “Ningún otro banco me entrega $50 millones (en billetes) sin preguntar”, le puntualiza Bravo, quien luego le enumera los dineros del grupo que habían ido a manos de personeros de la UDI.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las posteriores declaraciones de Hugo Bravo y de los controladores de Penta a la Fiscalía proporcionaron más detalles de esas entregas de dinero. El 2 de octubre de 2014, Bravo relató cómo desde el holding se le entregaron $100 millones a Longueira en un maletín:

Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín y Délano lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara (el dinero) a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina. Para ello llamé por teléfono al gerente general del banco, Andrés Chelchenisky, indicándole que necesitaba en efectivo $50 millones de mi cuenta. Subió a una oficina una cajera y un guardia con el dinero y una máquina para contar billetes. Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Carlos Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina. A la semana se repitió la operación por $50 millones más. Finalmente, cuando Longueira ya se había bajado, creo que le entregaron al mismo contacto otros $35 millones, que eran para que Longueira viviera después que se bajara como candidato. El depósito no sé quién lo hizo, pero me lo contaron Délano y Lavín”.

El desarrollo de esa investigación permitió determinar que esos dineros provinieron de contratos forwards irregulares que Penta firmó con la empresa VSA, de Roberto Carrasco, el empresario y amigo de Laurence Golborne que abrió una nueva arista del caso al revelar cómo otras diez grandes empresas donaron plata a políticos por la vía ilegal.

En su declaración ante la Fiscalía, Carlos Eugenio Lavín confirmó los $100 millones en efectivo que el Grupo Penta le donó a Longueira: “Respecto de Pablo Longueira, sé que aprobamos para su campaña junto a Carlos Alberto (Délano) un aporte de 100 millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo. Por lo que me contó en agosto o septiembre de este año, Hugo Bravo habría hecho unos forwards para disponer de efectivo. Para eso hizo cuatro contratos entre Empresas Penta y una sociedad VSA”.

Cuando declaró el otro controlador de Penta, Carlos Alberto Délano (5 de enero de 2015), ratificó lo dicho por su socio: “Respecto de Pablo Longueira señalo que  no nos ha pedido ningún aporte, sino que nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se le aportó alrededor de 100 millones de pesos y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo”.

LAS REDES TRANSVERSALES DE LONGUEIRA

Aunque los millonarios pagos a su red de boleteros desde SQM son los que más complican a Pablo Longueira, en las distintas aristas de la investigación de la Fiscalía se han ido recogiendo nuevos antecedentes sobre aportes políticos asociados al ex senador desde otras empresas.

Recapitulando las empresas mencionadas más arriba, la red de boleteros vinculada al ex ministro incluye a Copec, del Grupo Angelini y el Banco BCI, de la familia Yarur. Ambas empresas rectificaron los pagos. No hay información respecto de si ocurrió lo mismo con el dinero que entregó vía boletas la empresa de Horst Paulmann, Cencosud. Tampoco se sabe si rectificó  Metalpar, la sigla de Metalúrgica Paredes, que se dedica a la fabricación e importación de buses para el transporte público.

Otra empresa que registra un pago vinculado a Longueira es Senexco, parte del grupo inmobiliario Sencorp, propiedad de Abraham Senerman Lamas, cuyos proyectos han dado forma a Sanhattan y dueño del 50% de Valle Nevado. Hasta fines de 2013, Senexco era manejada por su hijo, Ricardo Senerman Volochinsky. No hay información disponible sobre si rectificó en el SII esos pagos y canceló los impuestos y multas correspondientes.

Más desconocida es la Inmobiliaria Lomas de Quelén, vehículo de inversión de la familia Pérez Cruz,integrada por diez hermanos liderados por Andrés Pérez Cruz. Este grupo tiene una participación relevante en Gasco y un porcentaje menor en la CMPC.

Casi anónima es Inversiones Afa, propiedad de Álvaro Fischer Abeliuk, quien presidió la Fundación Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Desde 2014, Fischer es director de Copec (propuesto por AFP Provida), y es uno de los fundadores de Resiter, empresa que se dedica al negocio de la basura industrial.

También figura un pago de Inversiones Río Bueno, de propiedad de los ex presidentes de la Sofofa, Bruno Philippi y Andrés Concha (fallecido). Río Bueno ha participado en la empresa eléctrica Pilmaiquén, en el Grupo Security y en Puerto Ventanas con porcentajes menores.

Otra empresa que registra pagos asociados a Longueira, esta vez directos, es Aguas Andinas. La sanitaria comenzó a pagarle mensualmente $3 millones en abril de 2014 a Asesorías e Inversiones LB, la sociedad de Longueira y su esposa. Hasta enero de 2015 esos pagos continuaron, sumando $27 millones y no fueron rectificados por la sanitaria.

El entorno de Longueira también registra otros pagos investigados desde dos pesqueras: la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes) y Pesquera El Golfo, que perteneció al grupo Yaconi-Santa Cruz hasta que en 2011 se fusionó con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A., una de las empresas que se benefició con la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso mientras Longueira era el ministro del ramo.

Un caso aparte es Corpesca, la empresa del Grupo Angelini que protagoniza la tercera arista de la indagatoria por las platas políticas ilegales y que registra en 2012 dos pagos, por un total de $18 millones, al Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, rectificados por la pesquera. Esa sociedad fue constituida el 26 de enero de 2009 por uno de los colaboradores más cercanos al ex senador gremialista, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, en asociación con Darío Chacón. Cornejo asesoró a Longueira en el Ministerio de Economía entre julio de 2011 y mayo de 2012.

Arturo Lavín Aliaga, quien era representante legal del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos cuando Corpesca realizó esos dos pagos, declaró ante la Fiscalía el 21 de agosto de 2015 que el contacto con Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, se lo hizo Carlos Feres, asesor de Longueira durante la tramitación de la Ley de Pesca (recientemente fallecido y cuyo hijo, Carlos Feres Ducci, registra dos boletas rectificadas de SQM por $12 millones).

Lavín Aliaga declaró: “Conocí a Francisco Mujica a través de un amigo, Carlos Feres, con quien estaba tomándome un café frente al Ministerio de Economía”. Y agregó que en mayo de 2012 Feres le dijo: “Mujica se acordó de ti y me pidió que le prepares una propuesta”. Esa propuesta se tradujo en un estudio sobre los actores y sus mensajes en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, un trabajo con el que justificó parte de los $18 millones que recibió de Corpesca. Si bien hay una copia de dicho estudio en la carpeta del expediente Corpesca, recientemente Mujica declaró que no conocía a Arturo Lavín Aliaga.

Sobre estos pagos y otros antecedentes que figuran en el expediente Corpesca, Pablo Longueira debía declarar como “testigo” este 8 de marzo ante la fiscal Ximena Chong. No se sabe qué fue lo que motivó al ex senador a postergar una semana su cita con el Ministerio Público.

INVESTIGADO POR COHECHO

Al día siguiente que CIPER revelara el intercambio de correos electrónicos entre Pablo Longueira y el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el que incluyó el traspaso de información privilegiada sobre un proyecto de ley de royalty minero que en 2010 preparaba el gobierno de Sebastián Piñera, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien está a cargo de la investigación de los pagos ilícitos de SQM a políticos, confirmó lo publicado por CIPER. Gómez informó, además, que desde enero Pablo Longueira está siendo investigado por el posible delito de cohecho.

Fiscal Pablo Gómez
Fiscal Pablo Gómez

Y se entiende. Porque el contenido de los correos revelados por CIPER indica que Pablo Longueira no se limitó a mostrarle a Patricio Contesse lo que el gobierno preparaba para aumentar temporalmente el royalty a la minería y así recaudar dineros para la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Longueira le entregó a Contesse -casi un mes antes de que el proyecto ingresara al Congreso- la información clave de ese proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de Soquimich, y luego el entonces senador sirvió de trampolín para recibir la contrapropuesta que elaboraron en la propia minera (vea reportaje de CIPER: “Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse”).

Los adjuntos a esos correos que entregó CIPER a sus lectores, indican que la redacción que le envió de vuelta Contesse a Longueira, fue finalmente la que se impuso en la ley que se aprobó. Contesse logró modificar un artículo del borrador del proyecto sobre royalty minero, lo que le permitió a SQM acceder a la invariabilidad tributaria. Será ahora la justicia la que deberá determinar qué perdida representó esa modificación para el Estado (respecto del proyecto original) y quiénes le ayudaron a obtener ese beneficio tributario interviniendo en la redacción de la ley.

Una vez promulgada la ley, en 2011 fue en el mismo Ministerio de Economía, del cual era titular Pablo Longueira, que se firmaron los contratos que incluían las nuevas cláusulas con las filiales SQM Salar y SQM Nitratos.

Con la información entregada por el fiscal Pablo Gómez, ahora deberá reunirse en una sola y cuarta carpeta, la indagación de Pablo Longueira. En ella se acumularán todos los antecedentes que arroja la investigación de los pagos ilícitos efectuados y rectificados por Soquimich, y también los recogidos en esta investigación y que incluyen las boletas por pagos de trabajos no realizados de al menos 13 empresas a su extensa red de boleteros y fundaciones.

Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse

Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”, decía el correo electrónico que a la medianoche del 5 de agosto de 2010 el entonces gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, le envió a Pablo Longueira (UDI), quien en ese momento aún era senador. Al igual que en el resto de los emails que en enero pasado reveló Revista Qué Pasa y en los que luego ahondó The Clinic, el mensaje abordaba los cambios al impuesto a la minería que la administración de Sebastián Piñera se aprestaba a mandar al Congreso. Traía un documento adjunto en formato Word con el nombre “Royalty Minería I”. El contenido de ese archivo, hasta ahora desconocido, complica la ya difícil situación de Longueira por el financiamiento irregular de la política y especialmente por los millonarios pagos que éste recibió de SQM, pues abre directamente la puerta a un eventual delito de cohecho.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

El mensaje en cuestión llevaba como asunto “Texto cláusula extensión”. Patricio Contesse respondía a un correo que le había enviado Longueira con el borrador de un artículo del proyecto que en esos mismos días se elaboraba en el Ministerio de Minería, el que buscaba aumentar el impuesto minero (conocido popularmente como royalty) para que financiara parte de la reconstrucción del país, afectado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año. Ese borrador oficial era el que a Contesse le parecía una burla y, por lo tanto, le enviaba una contrapropuesta en un documento adjunto.

CIPER revisó los archivos intercambiados por Longueira y Contesse y pudo constatar cómo el texto que el ex gerente general de SQM le envió al entonces senador de la UDI es prácticamente igual al que el gobierno ingresó casi un mes después, el 31 de agosto de 2010, a la Cámara de Diputados como el artículo cuarto transitorio del proyecto de ley. El cambio contenido en ese email beneficiaba directamente a SQM.

Lo que hace ese artículo es permitirle a SQM (y a otras empresas mineras de capitales nacionales) acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado. En el proyecto de royalty minero de 2004, promovido por el gobierno de Ricardo Lagos, ya existía esa posibilidad. Sin embargo, en el archivo que Contesse adjuntó en su correo a Longueira, se queja de que las mineras nacionales no pudieron acceder al beneficio:

Las empresas chilenas pertinentes no suscribieron el Convenio a que se refiere el artículo 5° transitorio de la Ley actualmente vigente (N° 20.026) pues la autoridad de entonces no pretendía que esto ocurriera y las condiciones puestas lograban ese efecto en la práctica”.

El problema para SQM era que el nuevo borrador preparado por el gobierno en 2010 y del que se enteraron porque el mismo Pablo Longueira les envió una copia recibida desde el Ministerio de Minería, señalaba expresamente que el nuevo beneficio de invariabilidad tributaria solo contemplaba a las empresas chilenas que ya tenían un convenio de invariabilidad vigente.

Dicho de otro modo, la nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQMya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.026– y borrará con tal exclusión, todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias (royalty) de las empresas mineras chilenas con los de las empresas mineras extranjeras”, señala el email enviado por Contesse a Longueira.

Lo que no menciona Contesse es que a los inversionistas extranjeros se les garantizaba una ampliación de la invariabilidad, porque sus contratos ya la contemplaban originalmente y se necesitaba darles algo a cambio para que accedieran al alza de impuesto. Las compañías chilenas, en cambio, estaban adquiriendo un beneficio que antes no tenían.

La argumentación de Contesse finaliza proponiendo una alternativa que beneficie a SQM: La omisión indicada debe ser solucionada y ello puede ocurrir, por ejemplo, a través del reemplazo del posible Artículo Sexto Transitorio del mismo nuevo proyecto de ley. Este artículo, entonces, íntegramente reemplazado, podría leer como sigue”, plantea Contesse, pasando a presentar la redacción de un artículo de ley, el que luego quedó en la iniciativa legal como Artículo Cuarto Transitorio (revise aquí el artículo cuarto transitorio que quedó estampado en la ley).

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Patricio Contesse

La ley terminó beneficiando a SQM. En el artículo propuesto por el entonces gerente general de la minera, se elimina el requisito de que las empresas que opten a la invariabilidad tributaria deban tener un contrato vigente con el Estado, como había planeado el gobierno de Piñera. El texto enviado desde SQM a Longueira y el que luego el gobierno ingresó al Congreso son prácticamente iguales. Solo aparecen cambios menores, como el plazo que tendrían las empresas para presentar una solicitud en el Ministerio de Economía para acogerse al beneficio. La propuesta de Contesse –enviada a Longueira- establecía un plazo de 180 días corridos para hacerlo, mientras que el proyecto de ley consideró solo 60 días corridos. También se amplió un año el alza temporal del impuesto para financiar la reconstrucción.

El documento adjunto que recibió el ex senador entrega otro detalle sorprendente: no incluye sólo el artículo, sino que tiene el formato de una carta. Ésta va encabezada con “Estimado”, seguido de un espacio en blanco para incluir el nombre del destinatario, luego se lee la explicación de por qué hay que modificar el borrador del Ejecutivo, seguida por la nueva versión que iría en el proyecto de ley, y concluye con el nombre de Pablo Longueira a modo de firma. Es decir, desde SQM le enviaron al ex senador de la UDI la propuesta de artículo formateada para que él, sin hacerle modificaciones, la hiciera llegar al redactor de la iniciativa legal.

La firma del entonces senador fue el principal aporte de Patricio Contesse, pues todo el resto del documento lo había recibido poco antes desde la casilla del fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, para que se lo reenviara a Longueira.

SQM Salar y SQM Nitratos fueron las empresas de Soquimich que se acogieron al beneficio aprobado en 2010. Gracias a la intervención de Contesse con la ayuda de Longueira, esas dos compañías volvieron a un régimen plano de 5% entre 2013 y 2018, tal como las empresas extranjeras con contratos de inversión vigentes (en vez de aplicárseles el alza del impuesto a la minería que varía según el margen operacional, entre 5% y 14%). Además, SQM Salar y SQM Nitratos gozarán de invariabilidad tributaria hasta 2025.

En los estados financieros de Soquimich de 2011 se informa que la SQM Salar firmó el contrato de invariabilidad con el Ministerio de Economía el 26 de agosto de ese año, mientras que SQM Nitratos lo hizo el 22 de diciembre.  Pablo Longueira asumió en Economía el 18 de julio de 2011, por lo que ambos contratos se firmaron cuando él ya era ministro.

LA RUTA DE SQM AL CONGRESO

El proyecto de ley enviado al Congreso fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera y tres de sus ministros: Felipe Larraín, de Hacienda; Juan Andrés Fontaine, de Economía, y Laurence Golborne, de Minería. Pero es respecto a este último que existen huellas de su relación con Pablo Longueira en la tramitación del proyecto de ley de royalty minero. Un correo electrónico fechado el 5 de agosto de 2010, a las 16:29 horas, llegó a la casilla de Longueira. Fue enviado por Franco Devillaine, fiscal del Ministerio de Minería, y en el texto señala:

Estimado senador, junto con saludarle, y a expreso requerimiento del señor Ministro de Minería, adjunto y remito a usted archivo con texto del artículo quinto transitorio del Proyecto de Ley de Reconstrucción. El mismo se refiere a la posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas”. El entonces ministro Golborne recibió una copia de este email.

Pablo Longueira y Laurence Golborne
Pablo Longueira y Laurence Golborne

Pablo Longueira sólo tardó 11 minutos en reenviar el borrador que había recibido desde el gobierno al gerente general de la principal empresa interesada en el cambio legal. En SQM actuaron rápido. Durante lo que quedaba de la tarde, Matías Astaburuaga preparó la propuesta y alrededor de la medianoche Contesse se la mandó al senador UDI para corregir lo que él consideraba “una burla”.

Pasarían algunas semanas antes de que Patricio Contesse constatara que su versión del artículo había sido incluida en la normativa. El propio Longueira le envió el 1 de septiembre a las 16:21 horas el proyecto que había ingresado al Congreso, a lo que el gerente de SQM respondió: Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.

Entremedio, Contesse y Longueira intercambiaron otros correos relativos al royalty. Al gerente de SQM le preocupaba que el impuesto se estableciera sobre las utilidades de las mineras, y no sobre las ventas, una propuesta que sostenían algunos sectores de izquierda de la entonces Concertación. En ese contexto, Longueira le envió a Contesse una propuesta de acuerdo que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) le había hecho llegar en medio de la discusión legislativa. El detalle de esas comunicaciones fue publicado el 29 de enero por la revista Qué Pasa.

Hasta ahora Impuestos Internos  (SII) no se ha querellado en contra de Pablo Longueira por delitos tributarios pese a que en las distintas carpetas de la investigación por el financiamiento ilegal de la política se acumulan las boletas sin respaldo contable que lo vinculan. Los nuevos correos y sus documentos adjuntos cambian su situación. Dan cuenta de entrega de información privilegiada sobre un proyecto de ley en discusión a una empresa directamente afectada por este; y por haber servido de trampolín para que se materializara el cambio de la ley que la beneficiaba, en este caso a SQM.

El cohecho se constituye cuando una autoridad recibe o solicita un pago a cambio de realizar una actividad inherente a su cargo que beneficia a quien le está pagando. En el caso de Longueira, el delito podría configurase pues según el informe de Shearman & Sterling, la auditora estadounidense que analizó más de 3,5 millones de documentos de SQM y que sistematizó esa información por encargo de la propia compañía, Pablo Longueira es el dirigente político que más se benefició con los dineros de la minera que hoy están bajo investigación judicial.

En efecto,  entre 2009 y 2014 -y según ese mismo informe de la auditora-, SQM pagó $730 millones a más de 20 personas naturales y jurídicas vinculadas a Pablo Longueira. Las investigaciones de Impuestos Internos y del Ministerio Público han develado una verdadera red integrada por decenas de personas ligadas a Longueira que emitieron boletas falsas a SQM. La fórmula utilizada, según los mismos testigos que han declarado, estaba organizada por su principal asesora, Carmen Luz Valdivielso (conocida como “Titi”).

Los datos sistematizados por CIPER dan cuenta de que los “boleteros” asociados a Longueira no dejaron de recibir pagos de la minera cuando éste dejó el Senado, sino que se mantuvieron cuando fue nombrado ministro de Economía. Luego, cuando dejó el gobierno para asumir como precandidato presidencial y aún después, cuando Longueira dejó la carrera aquejado por una profunda depresión, siguió recibiendo pagos desde SQM, esta vez directamente a una sociedad que tiene con su esposa.

CIPER envió correos al abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinosa, quien también asumió la defensa del senador Fulvio Rossi (PS), investigado por los aportes ilegales de Corpesca y SQM. No obtuvimos respuesta.

Por ahora en el Ministerio Público están a la espera de la acción legal del SII respecto del ex senador de la UDI, para definir los pasos a seguir. Cuando el 11 de enero se presentó ante la Fiscalía Oriente para declarar como imputado por los pagos ilícitos que habría recibido de Penta, Pablo Longueira guardó silencio. Este 8 de marzo estaba citado en la investigación por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios asociados a Corpesca. Aunque solo estaba invitado a declarar como “testigo”, a solo horas de comparecer, Longueira postergó una semana la cita. Puede que haya entendido que aún como “testigo” su situación es muy delicada, porque el flanco que se le abrió y lo amenaza es su relación con Patricio Contesse y Soquimich.

*Actualizado el 18 de marzo de 2016

Los millonarios negocios con el Estado de las empresas que creó Cristián Riquelme

Cristián Gonzalo Riquelme Urra está en un lugar incómodo. Políticos de todos los sectores llevan meses pidiendo que sea removido de su cargo de director administrativo de la Presidencia de la República. Se ha puesto bajo la lupa su gestión y el patrimonio que ha declarado, pero hay otros aspectos de las finanzas de Riquelme que abren signos de interrogación y que tienen que ver con los negocios que inició luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, en el que también fue administrador de La Moneda. CIPER siguió la pista de dos empresas que formó durante ese periodo y se encontró con que ambas registran millonarios contratos con el Fisco entre 2013 y 2015. En total, acumulan pagos por $417 millones en 39 órdenes de compra, la gran mayoría por servicios prestados al sistema de salud pública durante este gobierno.

Aunque Riquelme ya no figura como socio en estas compañías, las dejó en manos de personas de su entorno. En Comercial A y R (que utiliza como nombre de fantasía Socoar), su cónyuge Ada Álvarez, trabajadora social, aparece con el 65% de las acciones, mientras que el otro 35% está en manos de David Arévalo Lucabech, quien fuera jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior gobierno de Bachelet, es decir, cuando Riquelme era su jefe directo. En el caso de Greentec, la segunda sociedad que figura con pagos desde el Estado, Riquelme intentó traspasar sus acciones a su esposa, pero la transacción era ilegal y debió ser anulada seis meses después. La participación terminó en manos del otro socio, Julio Campos Quintana, quien al igual que él es ingeniero civil industrial de la Universidad del Bio Bio.

Riquelme logró sobrevivir a la razzia que se produjo en mayo pasado, cuando tras la remoción de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, fueron despedidos gran parte de los integrantes de la llamada Generación de los años 90 del PPD (G-90), con la que se le identifica. Pero poco después caería en desgracia por el llamado Caso Caval. Su declive comenzó cuando se supo que en abril de 2015 recibió en La Moneda al ex operador de la UDI Juan Díaz, quien le solicitó que hiciera gestiones para que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, le pagara una deuda. Todo, en medio de la tormenta del caso Caval, lo que terminó de aislarlo políticamente.

cristian_riquelmedosHasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la Radio de la Universidad de Chile. Pero hasta ahora Riquelme ha contado con el único apoyo que importa para su puesto: el de Bachelet. El ingeniero no sólo ha estado a cargo de las cuentas de la Presidencia en sus dos gobierno, sino que durante la última campaña administró la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada para manejar el gasto electoral.

Este miércoles 10 de febrero Cristián Riquelme debió presentar una nueva versión de su declaración de patrimonio, luego de que un grupo de parlamentarios cuestionara que faltaba información en la versión publicada en la página web y el ministro del Interior, Jorge Burgos, le sugiriera a través de la prensa agregar los datos omitidos. La nueva declaración da cuenta de que acumula más de $570 millones en bienes raíces (ver documento). Registra además dos créditos hipotecarios, poco más de $800 mil en tres cuentas corrientes, fondos mutuos por $7,1 millones y un APV con $1,1 millones ahorrados. Como administrador de La Moneda tiene actualmente un sueldo bruto de $7,7 millones mensuales.

CAMILLAS, SILLAS DE RUEDAS Y CATRES CLÍNICOS

Comercial A y R, o Socoar, se presenta en su sitio web como una empresa proveedora de insumos y equipamientos médicos, lo que se confirma al revisar los contratos que registra con el sistema público. La sociedad fue constituida el 5 de julio de 2010 por Cristián Riquelme y su esposa, con un capital de $3 millones, cifra que completaron en partes iguales, por lo que cada uno se quedó con el 50% de las acciones. Ambos también quedaron a cargo de la administración y la representación legal de la firma. Y aunque al momento de la constitución su objeto fue amplio (representación de firmas nacionales o extranjeras y comercialización de bienes muebles e inmuebles), en la práctica se han dedicado a la venta de infraestructura médica. Según la información que entregaron en la Expo Hospital que se realizó en 2015, tienen la representación de la empresa radicada en Miami Advanced Instrumentations.

Riquelme permaneció como socio de A y R hasta varios meses después de haber vuelto a La Moneda, el 11 de marzo de 2014. El 30 de septiembre de ese año se produjo el primer cambio societario de la compañía desde su creación. Le vendió sus acciones a su padre, José Miguel Riquelme Sanhueza, por $1,5 millones. Más de un año después, el 13 de noviembre de 2015, la sociedad sufrió una nueva modificación. Esta vez el padre de Cristián Riquelme vendió su participación en la sociedad y traspasó el 15% a Ada Álvarez (su nuera, que quedó con el 65%) por $500 mil, y el restante 35% a David Arévalo Lucabech, por $1 millón. La escritura, alojada en la Notaría de Sergio Carmona, establece que a partir de esa fecha David Arévalo se transforma en el representante legal de la sociedad.

Arévalo es administrador público y al momento de asociarse con el negocio de los Riquelme solo se reencontraba con alguien con quien había compartido labores en La Moneda. El 22 de enero de 2007 ingresó como profesional a la Presidencia de la República, mientras Riquelme ejercía como su jefe en la misma repartición. Según el sitio de Transparencia Activa de La Moneda, desde 2008 fue jefe de Adquisiciones de la Presidencia. Se mantuvo en ese cargo hasta el  23 de septiembre de 2010. Así fue pavimentando su camino desde el aparato público como un experto en licitaciones.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, David Arévalo continuó especializándose en el sistema de compras del Estado. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013 trabajó en el Hospital Roberto del Río y en los registros de algunas licitaciones figura como analista de compras, el responsable del contacto con los proveedores. Con ese curriculum, y siendo hombre de su confianza desde el primer periodo de Bachelet en La Moneda, Arévalo se transformó en la persona perfecta para asumir la administración del negocio familiar de Riquelme, más aún cuando lo que ofrece Comercial A y R, o Socoar, es la venta de insumos para los servicios de salud del país. De la mano de su ex jefe, Arévalo dio el salto del mundo público al privado. El hecho cobra relevancia ya que el Hospital Roberto del Río aparece como el principal pagador de la otra sociedad ligada a Cristián Riquelme, Greentec.

logo_socoarConsultado por CIPER, Arévalo afirmó que no tiene ninguna relación con Greentec y que cuando trabajó en el Hospital Roberto del Río se encargaba de abastecimiento y evaluación de proveedores. Respecto a A y R, Arévalo sostuvo que “este es un negocio que en la actualidad no tiene nada que ver con él (Cristián Riquelme), ni con los rubros a los que él se dedica, por lo que no existe incompatibilidad. Nosotros tenemos red de clientes públicos y privados. Nos dedicamos a la importación y venta de insumos. La señora de Cristián Riquelme, Ada Álvarez, trabaja en la empresa igual que yo”.

Actualmente la dirección de Comercial A y R (Socoar) está en José Miguel de la Barra 536 oficina 601, que es propiedad de Harold Correa Angulo, Alex Matute Johns y Daniel Ulloa Iluffi, quienes lo adquirieron el 23 de agosto de 2010 por 1.000 UF. Según registros del Conservador de Bienes Raíces, el mismo trío también es dueño del vecino departamento 602, del mismo edificio. Esa oficina también figuró como domicilio de  Harold’s & Johns Business & Law Limitada, propiedad de Harold Correa (G-90, ex jefe de gabinete en el Ministerio de Educación) y Alex Matute, firma que se ha visto envuelta en la investigación por financiamiento político irregular: aparece recibiendo dineros rectificados de empresas del Grupo Angelini, a fines de 2012 realizó pagos al ex ministro Rodrigo Peñailillo y recibió un préstamo de Asesorías y Negocios, la sociedad de Giorgio Martelli que financió la precampaña de Bachelet. El tercer dueño de la oficina, Daniel Ulloa, al igual que Correa, es militante PPD y fue Director Nacional de Obras Portuarias durante el anterior gobierno de Bachelet.

Desde esa céntrica oficina A y R ha desarrollado sus negocios con distintas instituciones de salud del Estado. El 1 de octubre de 2014, un día después de que Cristián Riquelme le vendiera a su padre su participación en la empresa, vencía el plazo para presentar ofertas para la licitación de un “convenio marco”, que incluía mobiliario clínico. Estos convenios permiten ingresar a un catálogo de empresas, a las cuales las instituciones públicas pueden comprar sin necesidad de hacer licitaciones (revisar convenio marco que integró Comercial A y R).

A y R (Socoar)  logró ser incluida en ese convenio marco, lo que ha resultado un buen negocio. Durante 2015 obtuvo 27 contratos con organismos públicos por $188 millones. De éstos, 22 se los adjudicó gracias al convenio, por un total de $142 millones.

El primer beneficio lo obtuvo en enero de 2015,  cuando el Hospital Augusto Essmann Burgos, ubicado en la comuna de Puerto Natales, le transfirió $1,2 millones por 20 sillas de ruedas estándar. Hasta abril de 2015, la empresa continuó proveyendo de sillas de ruedas a organismos como el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Sence. Las sillas estándar no son caras ($59 mil cada unidad), por lo que las mayores transferencias de dinero no se ubicaron en este periodo.

Ya el 9 de junio de 2015 aparecen pagos mayores. Ese día el Hospital Claudio Vicuña firmó una orden de compra de $9,2 millones por cinco catres clínicos eléctricos. El 4 de noviembre del mismo año el Servicio de Salud de Iquique transfirió otros $8,3 millones por 40 veladores para pacientes. De ahí en adelante se incrementaron los pagos. El mismo 4 de noviembre el Hospital San José emitió dos órdenes de compra por un total de $88 millones por 20 catres clínicos.

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes pagó $11 millones el 23 de noviembre del año pasado por seis catres clínicos, mientras que el Hospital de Valdivia canceló otros $14,6 millones el 7 de diciembre por el arriendo durante un mes de siete monitores de signos vitales (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Comercial A y R).

UN NEGOCIO G-90

La sociedad Greentec Proyectos de Ingeniería y Mantención Industrial Limitada fue constituida el 18 de diciembre de 2010 por amigos cercanos que formaban parte de la llamada G-90, la generación de militantes PPD que adquirió poder en el aparato público de la mano de Rodrigo Peñailillo, su líder, cuando éste llegó al Ministerio del Interior en marzo de 2014. Antes se habían fogueado en cargos de asesores durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010).

En la constitución de Greentec participaron Cristián Riquelme, Flavio Candia Gallardo (jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de Interior durante la gestión de Peñailillo), y Julio Campos Quintana (quien estudió ingeniería en la Universidad del Bio Bio, a la que también asistieron Riquelme y Peñailillo). El domicilio legal se estableció en un departamento de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, que es el domicilio personal de Riquelme.

logogreentecLos pagos del Fisco a Greentec comenzaron el 15 de noviembre de 2013 –dos días antes de que la entonces candidata Michelle Bachelet ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales–, cuando Capredena le pagó $1,9 millones por la instalación de pisos laminados. Después de eso, el Hospital Roberto del Río sería el único cliente estatal de Greentec. Un buen cliente. En total, el hospital le ha pagado $228 millones, de los cuales $86 millones han tenido lugar durante la administración Bachelet.

El primer cambio societario de Greentec ocurrió el 24 de enero de 2013, cuando Flavio Candia vendió su participación (33%) a Rocío Millaray Manzanares Ferrada por $300 mil. Cambiaron el nombre a Asesorías e Inversiones Greentec Limitada y quedaron entonces como socios Cristián Riquelme, Julio Campos y Rocío Manzanares, la misma persona que asumió como fiadora y co deudora solidaria de Candia en la compra de un terreno en Peñalolén que éste concretó en 2014 junto a Riquelme (ver recuadro).

El mismo día que Michelle Bachelet volvió a la Presidencia, el 11 de marzo de 2014, Cristián Riquelme quiso retirarse de Greentec. Hizo un movimiento errático, ya que primero intentó vender su 34% de las acciones a su mujer, Ada Álvarez, por $300 mil. Sin embargo, la ley se lo impedía. El artículo 1.796 del Código Civil señala que “es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente”, por lo que tuvo que anular esa operación y seis meses después, el 24 de septiembre, transferir sus acciones a Julio Campos, el otro socio. De esta forma, Campos quedó con el 67% de las acciones y Rocío Manzanares con el restante 33%.

Durante ese periodo, entre que trató de venderle a su esposa y terminó vendiendo a Campos, Greentec prestó servicios por $39 millones al Estado.

Los contratos con el Hospital Roberto del Río comenzaron antes de que asumiera su cargo público. El primer pago fue también el más grande: el 21 de febrero de 2014, el recinto hospitalario canceló $139,4 millones por la reparación de los quirófanos 5, 6 y 7. La siguiente orden de compra se giró cuando Riquelme y compañía ya estaban instalados en La Moneda: el 30 de mayo de 2014 el mismo Hospital Roberto del Río pagó otros $24,9 millones por la instalación y reparación del sistema de climatización de pabellones quirúrgicos. A pesar de que en el papel Riquelme ya había salido de Greentec, la orden de compra está a su nombre y su domicilio particular continúa apareciendo como la residencia legal de la empresa (ver orden de compra).

JULIO ANDRES CAMPOS QUINTANA
Julio Campos, socio de Greentec.

El nombre de Cristián Riquelme aparece como contraparte del hospital en las órdenes de compra fechadas el 30 de mayo, 14 de julio, 13 de noviembre y 5 de diciembre de 2014, todas asignadas por trato directo. Su nombre figura además en otra orden emitida el 2 de febrero de 2015(ver orden de compra), aunque Julio Campos es quien firma el contrato. En esa ocasión sí hubo licitación, pero Greentec fue el único oferente. El domicilio legal asociado a Greentec nunca dejará de ser el departamento personal de Riquelme ubicado en Ñuñoa. Incluso otra orden de compra emitida el 15 de agosto de 2015ver orden de compra vuelve a instalar a Cristián Riquelme como destinatario.

En total, Greentec ha recibido $228 millones desde el Fisco, y de ese total la inmensa mayoría proviene del Hospital Roberto del Río. Antes de que Riquelme y compañía aterrizaran en La Moneda se produjeron dos pagos por un total de $141 millones. El resto se canceló cuando ya ocupaba su cargo en la administración bacheletista (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Greentec).

COMPAÑEROS Y VECINOS

Cristián Riquelme y el ex ministro Rodrigo Peñailillo se conocen desde que eran adolescentes. Fueron compañeros de estudios en el Liceo A-49 de Coronel y en la Universidad del Bio Bio, donde Riquelme cursó ingeniería civil industrial y Peñailillo ingeniería comercial. Ambos siguieron la misma ruta participando en la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, y luego del triunfo de éste en las urnas pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fichados por Francisco Vidal (PPD). Fue su ingreso al aparato público.

De esa historia de ascenso pasaron 15 años, hasta que ambos chocaron de frente con un escándalo político que terminó derribando al ex ministro del Interior. Luego, los fuertes cuestionamientos de la derecha y el oficialismo que apuntan a Riquelme por su rol en el caso Caval y por el manejo de platas políticas en medio de la campaña presidencial de 2013, terminaron de poner al administrador de La Moneda entre las cuerdas.

Riquelme administraba la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada en abril de 2013 especialmente para administrar las platas del comando presidencial. Según el Diario Oficial, fue inscrita por Jonny Heiss (actual coordinador de tecnología en el Ministerio de Educación, Mineduc), y José Luis Sepúlveda (administrador público, ex jefe de gabinete en la Secretaría General de Gobierno entre enero y abril de 2009, asesor del Mineduc en diversos periodos y actual director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Central).

El rol jugado por Riquelme como administrador de las platas de la Presidencia durante los dos periodos de Bachelet, además de su protagonismo en el manejo de las platas de su segunda campaña, han abierto la interrogante respecto a cuánta información reservada maneja. El recaudador de dineros para campañas del oficialismo, Giorgio Martelli (hoy formalizado por la Justicia) reconoció ante el Ministerio Público que Riquelme le solicitó un préstamo durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2013.

peñaililloEsa información fue revelada por El Mostrador el 10 de septiembre de 2015, dando cuenta de traspasos por $32,5 millones desde la cuenta corriente personal de Martelli a la de Riquelme entre marzo y agosto de 2013. Martelli reconoció ante los fiscales que se trató de platas políticas: “Mi relación con él (Riquelme) fue una relación exclusivamente de trabajo para la futura campaña, al final de la gestión activa de AyN (Asesorías y Negocios) nos reuníamos en su casa, en mi domicilio, cafés y en la oficina de Peñailillo, ubicada en (Francisco) Bilbao con Antonio Varas, en la Fundación Dialoga, y también en la casa de Peñailillo, ya que Cristián Riquelme vivía al lado de Peñailillo, en Ñuñoa. Nos reuníamos por temas políticos pero con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, estas reuniones fueron hasta fines de la campaña, es decir, hasta comienzos de 2014”, aseguró Martelli el 13 de noviembre pasado frente a la fiscal Carmen Gloria Segura.

Las reuniones en Ñuñoa a las que hace mención Martelli en su declaración judicial se realizaron en los departamentos que Riquelme y Peñailillo compraron en 2005 en Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, donde compartieron edificio hasta hace poco tiempo.

Según registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 21 de junio de 2005 en la Notaría de René Benavente Cash, Rodrigo Peñailillo le compró a la Inmobiliaria Simonetti el departamento 72, ubicado en el séptimo piso de un edificio de la comuna de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas. Además del inmueble, la compra incluyó una bodega y un estacionamiento. El monto del traspaso fue de $60,5 millones. Apenas 17 días después, el 8 de julio, su amigo Cristián Riquelme compró un departamento en el mismo edificio, un piso más arriba, el número 86, también acompañado por bodega y estacionamiento. Por la propiedad, Riquelme pagó UF 3.410 (equivalentes a $59,7 millones de la época). Ambos vivieron en el edificio casi 10 años.

En esos departamentos, según Martelli, se desarrollaron parte de las reuniones de la precampaña y campaña presidencial de Bachelet, las que habrían durado “hasta inicios de 2014”. Durante ese año, según aseguran en el edificio de José Domingo Cañas, Peñailillo entregó en arriendo su departamento, periodo que coincide con su llegada al Ministerio del Interior.

El caso de Cristián Riquelme es distinto. Hasta el día de hoy, según afirman en el edificio, el administrador de La Moneda reside en el departamento. Esa misma dirección aparece como domicilio legal de las dos sociedades que tuvieron contratos con el Estado: Asesorías e Inversiones Greentec Ltda. y Comercial A y R Ltda., cuyo nombre de fantasía es Socoar.

Ese departamento figura en la opaca declaración patrimonial que Riquelme actualizó esta semana en medio del coro público que brega por su salida del cargo.  Según esa declaración, el avalúo fiscal hoy alcanza a $68 millones, mientras que su valor comercial llegaría a $135 millones. A eso se deben sumar los $5 millones que según él cuestan en el mercado la bodega y el estacionamiento que están asociados a ese inmueble.

La casa que la declaración de Riquelme ubica en la ciudad de Lota corresponde a un inmueble que le compró en 2008 a su suegra, Ada Aravena Ruiz, por $18 millones, a pesar que hoy él sitúa su avalúo comercial tan solo en $14 millones.

Alexi Ríos, militante PPD y socio de Cristián Riquelme
Alexi Ríos, militante PPD y socio de Cristián Riquelme

Respecto del terreno que según su declaración compró en 2015 en Chillán (avaluado comercialmente en $25 millones), CIPER no encontró huellas en el índice virtual del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad. A esto hay que sumar un terreno en Peñalolén (ver recuadro), con lo cual el patrimonio inmobiliario de Riquelme suma –según sus propios cálculos– más de $570 millones.

De lo que este medio sí encontró indicios es de una sociedad comercial que hasta ahora no ha sido mencionada y que Riquelme omitió en su declaración patrimonial: En julio de 2012 constituyó la Sociedad de Marketing y Asesorías Los Ríos Limitada, junto a Alexi Ríos Díaz (militante PPD, cercano a la G 90 y asesor en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha).

El registro en el Diario Oficial consigna que el objeto de la firma es la “asesoría financiera, económica, política, administrativa y publicitaria de personas naturales y jurídicas; la realización de eventos culturales, deportivos, sociales y políticos; el desarrollo de colectas públicas; de campañas de recaudación de fondos; de actividades de promoción y marketing de marcas comerciales, de productos, de personalidades, de imágenes corporativas y afines; pudiendo administrar dichos fondos y destinarlos a la compra y/o arriendo de bienes y servicios que tengan por objeto la realización de cualesquiera de los objetos previamente enunciados”. Los Ríos Limitada también utiliza como domicilio legal el departamento de Riquelme en José Domingo Cañas.

Según el registro del Servicio de Impuestos Internos, Los Ríos registra actividad tributaria entre 2012 y 2013. Aunque está vigente, no ha registrado nuevos movimientos societarios. No hay registros públicos que indiquen que Riquelme haya dejado de participar en esa sociedad, sin embargo no la incluyó en su declaración de patrimonio.

OTRO NEGOCIO DE LOS G-90

El 18 de junio de 2014 Cristián Riquelme junto a Flavio Candia Gallardo constituyeron la sociedad Asesorías e Inversiones Nido de Águila SpA, la que tuvo como fin la adquisición y administración de un terreno que compraron en la comuna de Peñalolen el 30 de noviembre de 2012, según publicó The Clinic. Está ubicado en un sector pre cordillerano de la comuna, en un callejón que sirvió de inspiración para nombrar a la naciente sociedad: Nido de Águilas.

El terreno fue comprado a un precio de $375 millones, de los cuales los socios pagaron $87 millones en efectivo y el resto gracias a un crédito hipotecario entregado por el Banco Itaú, el que deberá ser pagado en un plazo de 120 meses. La escritura correspondiente señala que el ex ministro Rodrigo Peñailillo se constituyó como fiador y co deudor solidario de Riquelme, y que Rocío Manzanares Ferrada hizo lo propio con Candia. Según confidenciaron cercanos al ex ministro Peñailillo a The Clinic a mediados del año pasado, esta jugada inmobiliaria se trata de un proyecto personal de quienes forman, o formaban, parte de la G-90.

En la declaración patrimonial de Cristián Riquelme, este terreno se tasa comercialmente a un valor de $395 millones.

Los secretos de la “lista de Carrasco”: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI

Ver también: La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El testimonio de Roberto Carrasco fue contundente. El 4 de noviembre de 2015 el ingeniero comercial detalló los movimientos tributarios tramposos que protagonizó para recaudar dinero con el objeto de financiar la campaña presidencial de su amigo personal, Laurence Golborne. Según su relato, fue el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera quien hizo el contacto con diez empresas y su rol se limitó a emitir decenas de facturas falsas para recolectar la plata.

Esa declaración de noviembre resultó explosiva ya que incorporó a la indagatoria a empresas que no habían sido mencionadas entre las que utilizaron métodos ilegales para financiar la política. El listado de Carrasco fue el siguiente: Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el listado se incluyeron sociedades de inversión controladas por algunos de los grupos económicos más ricos del país, como el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

La revelación realizada por Roberto Carrasco, y las posteriores diligencias encargadas por el Ministerio Público, desafiaron el presagio murmurado por dirigentes políticos que aseguraba que no se investigarían más empresas luego de la crisis política generada por el financiamiento ilegal de Penta, Soquimich y Corpesca. Las rectificaciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por varias de las compañías incluidas en la lista de Carrasco, abrieron nuevas aristas en la investigación penal y volvieron a salpicar al sistema político. A esto se suma lo publicado el miércoles 10 de febrero por El Mercurio que indica que la Fiscalía Oriente pedirá al SII la totalidad de las rectificaciones hechas por las empresas que aparecen mencionadas en las 60 carpetas que acumula la indagatoria al Grupo Penta. Y ese es precisamente el expediente donde se ubica el testimonio de Roberto Carrasco.

Presidente Michelle Bachelet
Presidenta Michelle Bachelet

Todas las empresas mencionadas por Carrasco en su declaración ante la Fiscalía realizaron depósitos, a cambio de facturas falsas, a la empresa Asesorías VSA, la que se dedica a la asesoría tributaria y que es propiedad del ingeniero comercial. Pero la investigación que gatilló la declaración de Carrasco, reveló que no era solo Laurence Golborne el beneficiado con esos aportes.

El detalle de la rectificación realizada por el Banco BCI volvió a instalar la duda sobre dirigentes de la UDI como Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya. Fue el propio presidente del banco, Luis Enrique Yarur, quien declaró ante la Fiscalía que estos pagos se realizaron para apuntalar a candidatos que defenderían el libre mercado.

En el caso de Ripley los aportes aparecen más transversales. Destaca un pago rectificado a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El Mercurio reveló correos electrónicos internos de la multitienda donde se menciona al recaudador Giorgio Martelli como el gestor de estos aportes, los que totalizaron $50 millones. La rectificación de Ripley también incluyó aportes a empresas relacionadas con la fallida campaña presidencial de Andrés Velasco –líder de Ciudadanos, movimiento que apuesta a representar el centro liberal-, y otro pago a una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett.

Las dos sociedades del Grupo Said mencionadas por Carrasco (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, continuadora de Newport) también registran extensas rectificaciones, las que fueron reveladas por CIPER (Ver reportaje CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC“) en diciembre y que incluye a sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle (en 2009), además del lobista Enrique Correa y el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI), quien fue candidato a senador en 2009. En este reportaje se da cuenta de una nueva rectificación ingresada a Impuestos Internos por los Said Handal a través de sus sociedades Santa Virginia y Wilsim Corporation, quienes sumaron pagos por $389 millones a los $95 millones que ya habían rectificado en una primera instancia.

Lo que obstaculiza el avance de esta indagatoria es que no toda la información contable de las empresas incluidas en el listado de Roberto Carrasco está en manos de la Fiscalía. Esto porque, tal como informó CIPER (Ver reportaje CIPER “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política“) el SII informó a los fiscales el 7 de diciembre pasado que ni Watts ni CAP ni GT Advisors han presentado rectificaciones, mientras que no se han realizado auditorías ni se cuenta con la información respecto de las dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña involucradas: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-.

La situación judicial y tributaria de estas empresas podría complicarse, ya que existiendo evidencias en la indagatoria del Ministerio Público de pagos a políticos por fuera de la vía legal, y no habiendo rectificaciones ante el SII, estas compañías podrían estar adeudando impuestos más los intereses y multas correspondientes, los que sí fueron cancelados por otras empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

DEFENDER EL NEOLIBERALISMO

El 13 de enero pasado el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, declaró como imputado frente a los fiscales para aclarar los aportes realizados a diversos dirigentes políticos por esa institución financiera. Yarur justificó los pagos irregulares a sociedades relacionadas con Laurence Golborne indicando que el ex ministro de Sebastián Piñera le “pareció una buena carta política para defender el libre mercado”.

Laurence Golborne
Laurence Golborne

En total, el BCI aportó con $112,8 millones a la campaña de Golborne. Lo hizo mediante dos giros a la sociedad Asesorías VSA, de Roberto Carrasco, y otros seis a Vox Comunicación Estratégica, la misma empresa usada por Golborne para obtener apoyo económico desde Penta, grupo que le aportó $120 millones a través de seis pagos de $20 millones entre enero y junio de 2013. Por esas transacciones Impuestos Internos se querelló en contra de Laurence Golborne en octubre pasado, aunque esa acción legal no consideró los nuevos antecedentes surgidos en la indagatoria de la Fiscalía y que ligan a Golborne con pagos irregulares desde otras diez empresas.

Luis Enrique Yarur reconoció ante la Fiscalía que los aportes realizados a Golborne no tuvieron respaldo contable, ya que ningún trabajo que sirviera a la empresa para producir su renta fue aportado por el ex candidato de la UDI: “Hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Yarur afirmó también que fue el entonces candidato Golborne quien lo visitó “en un par de ocasiones” para solicitarle recursos, ofreciéndole la intermediación de VSA y Vox. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, resaltó el presidente del Banco BCI.

El banco de los Yarur presentó dos rectificaciones tributarias ante el SII. La primera, el 22 de junio de 2015, por pagos que totalizaron $237 millones y que incluyeron los años tributarios de 2010 a 2015; y una segunda, que ingresó al SII el 25 de junio. Esa segunda rectificación fue por $21,7 millones e incluyó pagos irregulares del año tributario 2009. En total, el banco reconoció haber transferido $259,5 millones a figuras jurídicas y personas naturales que no prestaron ningún servicio a la casa financiera.

La mayoría de los beneficiados con los traspasos de dinero del BCI están relacionados con la UDI. Destaca el ex alcalde y ex candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, con un sueldo de $700 mil que el banco le pagó, al menos entre enero de 2008 y diciembre de 2013. Esos dineros, $47,6 millones en total, fueron transferidos a las cuentas de dos sociedades utilizadas por Zalaquett en su campaña: Asesorías e Inversiones La Manada (la misma que aparece vinculada a rectificaciones realizadas por SQM y Copec) e Inversiones y Asesorías ZB. Aunque según Yarur en este caso los pagos corresponden a asesorías personales, de todos modos los rectificó ante el SII junto al resto de los aportes políticos.

Javier Macaya
Javier Macaya

Los pagos rectificados por el BCI también complican al diputado Javier Macaya (UDI), quien ha sido socio del estudio Ossa, Long & Macaya Abogados, el que el 15 de mayo de 2013 recibió $5 millones desde el BCI. Macaya no ha tenido un rol protagónico en el financiamiento irregular de la política a pesar de que ya acumula varios pagos cuestionados por empresas: SQM rectificó otros $5 millones girados a su cónyuge, Constanza Farías, en octubre de 2012, mientras que Inversiones Caburga, de la familia Said Somavía, rectificó otros $11 millones pagados en 2013 también a la esposa del diputado.

Sobre el pago del BCI al estudio de abogados Ossa, Long & Macaya, el diputado aseguró a CIPER que abandonó ese staff en 2010, por lo que no estaría involucrado en el pago recibido tres años después. Sin embargo, en la página web del estudio, Macaya aparece como socio y su apellido aún figura en el nombre de la firma. Sobre este punto, el legislador afirmó que se trata de un error y que solicitará a sus ex socios que modifiquen esa información. En el mismo staff figura como socio Felipe Alessandri, concejal UDI de la comuna de Santiago.

Según el Ministerio Público, Javier Macaya formaba parte de la estructura montada por Jovino Novoa para financiar campañas electorales de la UDI. Durante la formalización de Novoa, el fiscal Emiliano Arias leyó una serie de correos entre Novoa, Macaya y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños del Grupo Penta. “Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias”, le escribió Macaya al empresario en 2012, en un correo electrónico que incluyó un listado de candidatos a concejales y alcaldes de la UDI por la Región del Maule. Cabe recordar que Macaya es diputado por un distrito de esa misma región.

Quien también figura con un pago rectificado del BCI es Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer, Jorge Bussenius. $11 millones le pagó el BCI el 16 de abril de 2013, cuando recién partía la campaña parlamentaria de ese año. Bussenius aparece con un pago rectificado en la arista SQM, donde su sociedad Asesorías IMBC recibió $35 millones desde SQM Salar también en 2013.

Otros pagos ligados a la UDI incluidos en la rectificación del BCI son: $8,8 millones para Ana Carolina Palacios, cuñada de Carmen Luz Valdivielso, la asesora de mayor confianza de Pablo Longueira y quien aparece señalada por varios testigos como la persona que recaudaba aportes para el ex presidente de la UDI; $5,5 millones para Gustavo Alessandri, ex concejal del partido; $5,5 millones para Carmen Soza del Río, ex asesora de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera; $12,5 millones para el Centro de Investigaciones Sociales, controlado por la familia del analista Gonzalo Müller, esposo de la diputada María José Hoffmann; $5,5 millones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (quien renunció a la UDI hace pocos meses) el 16 de febrero de 2010; y $15 millones el 29 de abril de 2014 para Marne SpA, sociedad en la que participa el diputado de Evópoli, Felipe Kast, aunque este negó a La Tercera que se trate de pagos políticos (revise la rectificación completa del Banco BCI).

Luis Enrique Yarur
Luis Enrique Yarur

En su declaración judicial, el presidente del BCI separa en tres grupos los pagos rectificados. Primero identifica aportes que fueron a campañas de la UDI, en que no sabe quién solicitó el dinero, correspondiente a las boletas emitidas por Ximena Carbacho, Ana Palacios, Carmen Soza, Juan Masferrer, Jorge Brito, Gustavo Alessandri, Rodolfo Carter y al estudio jurídico Ossa, Long & Macaya. En un segundo grupo incluye los pagos para financiar la campaña de Golborne, a través de VSA y Vox, mientras que en una tercera categoría identifica empresas que, según dice, sí prestaron servicios al banco: Centro de Investigaciones Sociales, René Hormazábal y Marne SpA. Según el testimonio de Yarur, el criterio del BCI para rectificar pagos fue identificar a todas las sociedades o personas naturales que aparecieran vinculadas a financiamiento irregular de la política en la investigación del Ministerio Público o en los reportajes relativos al tema aparecidos en la prensa.

La declaración que el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, entregó a la Fiscalía el 13 de enero, deja claro por qué solo aparecen dirigentes políticos de derecha en los aportes a campañas de esa institución financiera: “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Y agregó: “En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”.

RIPLEY Y LA NUEVA VENTANA A LA CAMPAÑA DE BACHELET

La rectificación ingresada por la multitienda Ripley, a través de dos de sus sociedades controladoras, Ripley Corp y Comercial Eccsa, fue más acotada que la del Banco BCI. Se rectificaron pagos entre 2012 y 2014 por un total de $104 millones. Parte de ese monto son los $15 millones que Roberto Carrasco declaró haber facturado a la multitienda sin prestar ningún servicio y que fueron aportes para Laurence Golborne.

Entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se giraron tres pagos a Asesorías VSA, una de las empresas de Carrasco que participó en la triangulación de dineros irregulares para el ex candidato de la UDI. Antes, en mayo de 2013, Ripley ya había girado otros $5 millones a Vox Comunicaciones, la sociedad fundada por Golborne y que también sirvió de puente para financiar su apuesta electoral. En total, $20 millones giró Ripley en beneficio del ex ministro de Minería y Obras Públicas del gobierno de Piñera.

Pero la rectificación de Ripley ante Impuestos Internos contenía otros aportes sorpresa. La multitienda controlada por la familia Calderón rectificó también $50 millones pagados a Asesorías Credo, una sociedad que se vincula directamente con el comando presidencial que llevó de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda.

El documento oficial ingresado por la empresa al Departamento de Delitos Tributarios del SII el 27 de abril de 2015, detalla que los pagos se realizaron el 12 de diciembre de 2013 por $27,7 millones –tres días antes de la segunda vuelta que le otorgó a Bachelet más del 62% de los votos-,  y el 13 de enero de 2014 por $22,2 millones, un mes después de los comicios le dieron el triunfo a la actual Presidenta.

ripleyAsesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Diego Perry es hijo de Ximena Aldana, esposa de Juan Carvajal, el ex hombre fuerte de la Secretaría General de Comunicaciones de La Moneda durante el primer gobierno de Bachelet. Hoy es uno de los ejecutivos de Imaginacción, la empresa consultora y de lobby liderada por Enrique Correa. Por su parte, Aldana fue por 16 años secretaria del ex ministro Sergio Bitar, asesora de Andrés Velasco cuando este era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet y ha integrado la comisión política del PPD.

El Mercurio reveló un correo electrónico fechado el 9 de diciembre de 2013, entre el gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, Miguel Nuñez, y el gerente general corporativo, Lázaro Calderón, donde acuerdan pagarle a Asesorías Credo un informe de coyuntura política, económica y legislativa. El asunto de ese correo es “orden de compra a Giorgio Martelli”. Como ha quedado acreditado en la indagatoria del Ministerio Público, Martelli es uno de los principales recaudadores de dineros para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y está imputado por participar en la triangulación de dineros de SQM para financiar la campaña de Bachelet.

Giorgio Martelli ya fue interrogado por los fiscales sobre de los pagos irregulares que llegaron a la campaña de la Presidenta desde empresas del Grupo Angelini, pero no así sobre los pagos que otras empresas aportaron a esa misma campaña a través de las sociedades de uno de sus publicistas.

La rectificación ingresada por Ripley al SII se completa con $24 millones pagados a Ernesto Evans, ex yerno del senador Andrés Zaldivar (DC); $4,5 millones a Comunicaciones Paréntesis, sociedad constituida en 2003 por miembros del círculo político de Andrés Velasco, como Juan José Santa Cruz, Mariana Aylwin, Walter Oliva y el mismo Ernesto Evans. El Mercurio reveló un correo electrónico en que el actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman (quien integró el comando presidencial de Andrés Velasco), pregunta a uno de los gerentes de Ripley por los pagos a Comunicaciones Paréntesis. Finalmente, aparecen rectificados $3 millones pagados por Ripley a Reactor SpA, ya mencionada como vehículo del financiamiento irregular de la fracasada campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) (Revise aquí el listado completo de la rectificación de Ripley).

COMPAÑEROS DE DIRECTORIO

Daniel Mas Valdés
Daniel Mas Valdés

El detalle de la rectificación que hizo Inmobiliaria Ecomac Santiago ante Impuestos Internos provocó que funcionarios de la entidad fiscalizadora revisaran una donación de $50 millones a la Fundación María Educa, la que después fue aprobada por el SII. No ocurrió lo mismo con la duplicidad de ingresos que declaró esa empresa por ventas de inmuebles. Lo extraño es que en la información enviada por el SII al Ministerio Público no hay indicios de los pagos efectuados a VSA y que finalmente fueron a la campaña de Laurence Golborne. Según declaró Roberto Carrasco, la inmobiliaria donó $25 millones a través de dos facturas falsas pagadas el 9 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013.

La Inmobiliaria Ecomac es controlada por Daniel Mas Valdés (actual presidente de Inversiones Norte Sur, firma que controla junto a Aníbal Correa), empresario oriundo de la Región de Coquimbo, desde donde Ecomac creció como inmobiliaria de la mano de su padre, Daniel Mas Rocha. La empresa tiene proyectos millonarios en el norte del país, aunque en 2014 Mas Valdés declaró a El Mercurio que, debido al clima generado por las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, habían postergado proyectos por una suma cercana a los US$100 millones.

Laurence Golborne no era un desconocido para Daniel Mas Valdés, ya que ambos fueron miembros del directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas. Así quedó registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se establece que en 2009 Golborne se integró como director a la compañía presidida entonces por Daniel Mas Rocha y en cuyo directorio participaba su hijo, Daniel Mas Valdés. El ex candidato presidencial abandonó esa gestión el 10 de marzo de 2010, cuando ingresó al gabinete de Sebastián Piñera.

MÁS PLATA DE LOS SAID

En diciembre CIPER reveló las rectificaciones de impuestos ingresadas al SII por dos sociedades del Grupo Said: Inversiones Caburga (de los Said Somavía) y Newport (de los Said Handal). En total, sumaron casi $750 millones. No era lo único: porque en 2015 la rama familiar Said Handal había ingresado una nueva rectificación, esta vez correspondiente a pagos de otras dos sociedades bajo su control: Inversiones Santa Virginia (continuadora legal de Newport desde 2012) y Wilsim Corporation. En total, ambas rectificaron pagos por $389 millones, lo que eleva el total rectificado por los Said a más de mil millones entre 2009 y 2014.

A través de dos documentos ingresados el 15 de mayo y el 30 de junio de 2015 en Impuestos Internos, Santa Virginia reconoció nuevos pagos sin respaldo contable. Los nombres tras esos pagos rectificados llaman la atención: una de las personas que aparece en ese listado recibiendo la mayor cantidad de dinero es Francisco Said de Maria, hermano del patriarca del grupo, Juan Said de Maria, y tío de los seis hermanos Said Handal (Jaime, Sara, Ana, Javier, Gonzalo y Virginia) que hoy están a cargo de los negocios familiares. Francisco Said recibió $145 millones que no tendrían respaldo, según la rectificación hecha por Santa Virginia.

En su última declaración ante el SII, los Said Handal incluyeron los $20 millones que aportaron a la candidatura de Golborne el 31 de marzo de 2013, a través de Siglo Outsourcing, empresa de Roberto Carrasco y controladora de VSA. En esa declaración llaman también la atención otros pagos rectificados, cuyo receptor no se identifica y que se inscriben como “fondos por rendir”: $30 millones, el 12 de octubre de 2012; $10 millones, el 30 de enero de 2013; $20 millones, en abril de 2013; $30 millones, en mayo de 2013; $10 millones, el 27 de junio de 2013 y $17 millones, en diciembre de 2014 (ver detalle de las nuevas rectificaciones de Santa Virginia y Wilsim Corporation).

Santa Virginia es un fondo de inversión formado por los Said Handal en 1992, en cuya propiedad participan Wilsim Corporation (constituida en el paraíso fiscal de Panamá, antes representada por José Domingo Eluchans y actualmente por Felipe Larraín Tejeda, de Claro & Asociados) y Compañía de Leasing y Arriendo, formada por el matrimonio Said Handal.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con algún representante de esta rama familiar del Grupo Said, pero no fue posible. El Grupo Said participa en el Banco BBVA y Embotelladora Andina, además de estar presentes en el control de Parque Arauco, tener representación accionaria en Envases del Pacífico, en la Viña Principal y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

Nota de la Redacción: Este artículo fue actualizado el jueves 11 de febrero a las 17:20 horas.

La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El 4 de noviembre de 2015 a las 09:40 horas se inició la cuarta declaración judicial de Roberto Carrasco, ingeniero comercial, asesor tributario y gestor de proyectos inmobiliarios. Hasta ese día la participación de Carrasco en el fraude tributario asociado al Grupo Penta solo se remitía a cinco  de los contratos forwards que el grupo utilizó para pagar bonos a ejecutivos, financiar campañas electorales y retirar utilidades evadiendo el pago de tributos. Transcurridos nueve meses de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra, la situación había cambiado. Los fiscales habían accedido a la contabilidad de una de sus empresas –Asesorías VSA- la que escondía otros secretos. Consciente de que su marca en los forward hacía casi imposible evitar la prisión preventiva, ese día de noviembre Carrasco decidió colaborar. Fue así como se convirtió en la segunda “garganta profunda” del Caso Penta.

Carrasco inició su relato indicando que, a fines de 2012, cuando Laurence Golborne se preparaba para dejar su cargo de ministro de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, su amigo le pidió utilizar una de sus empresas para facturar ingresos con el fin de disfrazar aportes a su próxima campaña presidencial, la que se inició apenas abandonó el gabinete, el 5 de noviembre de 2012. “Yo accedí y le dije que bueno”, declaró Carrasco, quien pasó a enumerar las empresas que participaron de esa operación: Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, CAP, Watts, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.

En total, las diez empresas aportaron –según la versión de Carrasco- una suma cercana a los $160 millones a la campaña de Golborne, la que no alcanzó a llegar a las primarias presidenciales de su sector, en junio de 2013, luego de que se revelara que era el titular de una sociedad en un paraíso fiscal. Aún así, luego Golborne intentó llegar al Senado por Santiago, pero fue derrotado en las urnas.

Su decisión de ayudar al candidato de la UDI obedeció –dijo Carrasco- a la relación de amistad que los unía desde hacía más de 25 años: “Lo conocí cuando fui a vender mis servicios como Siglo a Chilgener y él era el gerente de administración y finanzas de esa empresa. Luego nos compramos un sitio vecino en el Santuario del Valle en La Dehesa. Y finalmente tuvimos a los hijos en el mismo colegio, el Mayflower”. La relación de amistad continuó profundizándose en medio de negocios inmobiliarios y viajes al extranjero: “Fuimos juntos al mundial de Sudáfrica”, confidenció a la Fiscalía. La complicidad entre ambos también dio pie para la solicitud de favores.

Servicio Impuestos Internos
Servicio Impuestos Internos

Esa declaración de Roberto Carrasco se convirtió así en la primera prueba que puso a las diez empresas que hicieron aportes a la campaña de Golborne en la lista de las compañías bajo sospecha de haber financiado la política de manera irregular. Las cinco primeras – Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia e Inmobiliaria Ecomac– presentaron rectificaciones ante el SII asumiendo que realizaron pagos que no contaban con respaldo contable, y que podrían ser aportes irregulares a campañas políticas. Con ese reconocimiento, y pagando los impuestos e intereses que se habían eludido, bastaría para dejarlas fuera de la investigación. Eso pensaron.

Pero no fue así. Porque la investigación ha continuado. A ello ha contribuido que de las cinco empresas restantes, el SII ha informado que tres de ellas no rectificaron: CAP, Watts y GT Advisors. Y de las otras dos –Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-, hasta el momento no hay información oficial del SII.

NOVEDADES EN LAS RECTIFICACIONES

Hace casi un año, el 12 de marzo de 2015, el SII realizó un llamado a las empresas para que acudieran a rectificar sus declaraciones de impuesto a la renta si es que detectaban pagos irregulares realizados entre 2009 y 2015. El  proceso incluía el pago de los impuestos adeudados más intereses y multas. Entre esos pagos sin respaldo contable se cuentan los aportes a la política, mediante el mecanismo de girar dinero a cambio de la presentación de boletas o facturas falsas.

El llamado se realizó en medio del conflicto político generado por los casos Penta y SQM, por lo que se entendió como un intento por darle una salida administrativa a los ilícitos tributarios cometidos por algunas empresas al financiar irregularmente a políticos. Se trató de un periodo acotado, ya que Impuestos Internos determinó como fecha límite para rectificar el 30 de junio del año pasado. Aunque el SII se ha negado a transparentar el listado de empresas que participaron del proceso, la investigación de la Fiscalía aporta datos nuevos sobre algunas de ellas.

El 16 de noviembre de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al SII solicitando las declaraciones rectificatorias de impuesto a la renta efectuadas por las empresas mencionadas por Roberto Carrasco en su declaración. Tres semanas después, el 7 de diciembre, el Departamento de Defensa Judicial del SII envió las rectificaciones presentadas por Banco BCI, Ripley, Inmobiliaria Ecomac e Inversiones Santa Virginia. La Fiscalía ya tenía la rectificación de Inversiones Caburga, pues formó parte de un paquete de antecedentes enviados por el SII a propósito del financiamiento de Soquimich a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el mismo oficio, Impuestos Internos informó que ni CAP ni Watts ni GT Advisors rectificaron, y que respecto de Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado “no se tienen antecedentes ni se han auditado por el año tributario 2015”.

Juan Hurtado
Juan Hurtado Vicuña

Entre las empresas que no registran rectificaciones, según la información proporcionada por Impuestos Internos, destacan las dos controladas por el Grupo Hurtado Vicuña: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En conjunto son las que más dinero aportaron a la campaña de Golborne: $50 millones a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Sus dueños constituyen un grupo empresarial con presencia en diversos sectores de la economía: participan en el grupo controlador de Entel, Consorcio Financiero y la Universidad Santo Tomás, además de poseer la minera Pucobre, y la Inmobiliaria El Almendral, entre otros numerosos negocios.

El grupo es encabezado por los seis hermanos Hurtado Vicuña: Juan, Pedro, José, Nicolás, María Mercedes y María Victoria (esposa del ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín). El líder del clan es Juan Hurtado Vicuña, quien el 10 de septiembre de 1984 constituyó Inversiones Longovilo junto a Ricardo Rivadeneira Monreal (uno de los fundadores de RN, fallecido en 2011). Esa sociedad de inversión fue creciendo y ya en junio de 2007 poseía un capital de $6.200 millones y en su control estaban todos los hermanos Hurtado Vicuña.

Inversiones Paso Nevado es la continuadora de Minera Quellón (creada en 1984 por José Hurtado Vicuña y Ricardo Rivadeneira), la que en 1990 adoptó su nombre actual y que desde ese mismo año incorporó a los hermanos Hurtado Vicuña a su propiedad. En 2014 su capital llegaba a $53.285 millones. Paso Nevado es una de las sociedades de la familia que posee acciones en Almendral S.A., a través de la cual controlan Entel en asociación con Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, y los grupos Izquierdo, Matte y Gianolli (ver toma de control de Entel).

El Grupo Hurtado Vicuña es uno de los más ricos del país. Según el ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo correspondiente al tercer trimestre de 2015, se ubica en la sexta posición entre los 33 grupos evaluados.

La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) es otra de las grandes empresas que figuran en el listado de Roberto Carrasco y que no rectificaron pagos frente al SII. Según el testimonio del ingeniero, el 14 de noviembre de 2013 la empresa siderúrgica realizó un giro por $5 millones a Asesorías VSA, la empresa utilizada por Carrasco para recolectar dinero para la aventura electoral de Laurence Golborne.

Aunque el control accionario de CAP lo tiene el empresario Juan Rasshmuss (empresario peruano radicado en Chile, tiene cerca del 40% de las acciones a través de diversas sociedades), el poder histórico en la empresa es ejercido por Roberto de Andraca, presidente de los directorios de CAP y de Invercap, la sociedad que posee el 31,32% de las acciones de la compañía. En diciembre de 2014 un artículo de El Mostrador relató las diferencias entre Rassmuss y De Andraca y cómo opera el poder de ambos al interior de la empresa.

Además de las sociedades de los Hurtado Vicuña y de CAP, la empresa alimenticia Watts también aportó a la campaña de Golborne, a través de VSA, la empresa de asesorías tributarias de Carrasco. Las marcas Loncoleche, Calo, Wasil, Yogu Yogu, aceites Belmont y Chef, Regimel y la Viña Santa Carolina son parte de Watts. La empresa es controlada por Fernando Larraín Peña, quien es supernumerario del Opus Dei y uno de los dueños de Larraín Vial. Otro de los controladores de ese fondo de inversiones, Leonidas Vial, también participa en el directorio de Watts.

foto wattsSegún lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne.

Respecto de la quinta sociedad involucrada en los aportes a Golborne que no registra rectificaciones, Roberto Carrasco declaró tener dudas. Pero de todas formas señaló a la Fiscalía que el 15 de noviembre de 2013, GT Advisors Asesorías e Inversiones pagó $2 millones a VSA. GT es la continuadora legal de “Guillermo Tagle y Compañía Limitada”. Tagle acaba de abandonar la presidencia de Icare y preside IM Trust, además de ser profesor en la Universidad Católica. Fue también uno de los más leales seguidores del sacerdote Fernando Karadima al punto de haber administrado por años los dineros de la Parroquia El Bosque.

Mientras la investigación de la Fiscalía sigue su curso, la incógnita que resta por resolver es qué hará Impuestos Internos con la contundente declaración de Roberto Carrasco y las diez empresas que, según ha quedado acreditado, también entregaron aportes ilegales a la campaña de Golborne. De hecho, ya el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, reconoció el fin político de las donaciones, asegurando que con ello buscaba aportar a quienes defenderían el modelo de libre mercado.

LA RUTA DE UN EXPERTO ASESOR TRIBUTARIO

La historia de Carrasco se había desarrollado sin tropiezos hasta fines de 2014, cuando comenzó a revelarse la trama de los delitos tributarios del Grupo Penta, una historia en la que él juega un rol protagónico. Pero hasta entonces, quien se inició como un modesto contador de la Caja Bancaria de Pensiones (que luego se transformaría en Banmédica, cuyo control está en manos del Grupo Penta y Eduardo Fernández León) solo había sabido de éxitos y ascensos. Un reportaje de la revista Qué Pasa relató como el ingeniero comercial a mediados de los ‘90, llegó a ser el contralor de Banmédica, holding en el que participan las clínicas Santa María, Dávila y Américo Vespucio, además de la Isapre Vida Tres, clínicas regionales, Help y que además tiene inversiones en Perú y Colombia.

En paralelo a su trabajo en Banmédica, Carrasco levantó su primera inversión particular: Siglo XXI, la que luego evolucionó efn Siglo Outsourcing, la firma que controla a VSA. Desde 2005 las oficinas de Siglo se ubicaron frente a las de Banmédica, en calle Hendaya, en Las Condes. Testimonios recogidos por Qué Pasa dan cuenta de cómo Carrasco se asoció con otros ejecutivos de Banmédica y Penta, como Carlos Kubick y Héctor Concha, para hacer negocios. Los mismos testimonios relatan que muchas veces personal contratado por la empresa de salud debía cumplir funciones para la sociedad de Roberto Carrasco.

Los negocios del amigo de Golborne no se limitan a la asesoría tributaria que realiza a través de Siglo y de VSA. El Diario Oficial da cuenta de varios de sus emprendimientos inmobiliarios. Casi nunca está solo en ellos, y ha sido socio del mismo Golborne, de Héctor Concha y del ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Roberto Carrasco es un hombre que se mueve cómodo en el mundo de la derecha. En 1997 constituyó Trycom, empresa de asesorías, junto al ex subsecretario Julio Dittborn (UDI), a la ex ministra Magdalena Matte (cónyuge del actual presidente de la UDI, Hernán Larraín), Isabel Margarita Lanas y Juan Illanes. Aunque a poco andar él se hizo con la propiedad de la firma. A la vez, ha sido asesor tributario de Joaquín Lavín, Pablo Wagner (imputado en la arista SQM), y del mismo Golborne.

foto banmedicaLa declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

Pese al cúmulo de pruebas que se han acumulado en el expediente relacionadas con los pagos ilegales de las diez empresas mencionadas por Roberto Carrasco, hasta ahora Impuestos Internos no se ha pronunciado.

La única querella que pesa sobre el amigo de Laurence Golborne fue presentada por Impuestos Internos el  2 de marzo de 2015. Carrasco fue incluido en una acción legal contra 27 personas ligadas al Grupo Penta que participaron en la firma de contratos forward irregulares (Ver reportaje CIPER “Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta“). Se lo acusa de firmar cinco forward: tres con Penta S.A., uno con Inversiones Penta III y uno con Inmobiliaria Duero, sociedad familiar de Carlos Alberto Délano. A ello se agrega un contrato de asesorías de VSA  con Penta, que también resultó ficticio: el holding pagaba dineros a VSA para que esta a su vez pagara bonos a sus ejecutivos, utilizando boletas falsas.

Si se sigue la ruta de sus declaraciones, es posible constatar que Roberto Carrasco no tuvo en el inicio disposición a colaborar. En su segunda declaración ante los fiscales, el 19 de febrero de 2015, Carrasco mintió. En esa ocasión señaló: “No existen otros contratos de forward, ni de asesorías ni facturas irregulares con otras empresas, solo lo que he indicado”.

Debieron pasar nueve meses para que el dueño de VSA reconociera la existencia de facturas falsas como vehículo para recolectar dinero para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Fuentes cercanas a la defensa de Carrasco y Golborne, asumida por el abogado Juan Pablo Kinast, afirmaron a CIPER que están abiertos a lograr un acuerdo que posibilite un juicio abreviado, pero para ello es necesario que Impuestos Internos presente una nueva querella.

Roberto Carrasco tiene un blog en internet donde comparte noticias relacionadas con su labor de toda la vida: la asesoría tributaria. De hecho, la principal noticia que aparecía destacada el jueves 4 de febrero de 2016, era la condena al futbolista Javier Mascherano por fraude fiscal. No hay ninguna referencia a la investigación judicial en la que Carrasco es un importante protagonista por delitos tributarios reiterados. Y se entiende: de no mediar la colaboración que el dueño de VSA decidió prestar el 4 de noviembre pasado ante los fiscales, cuando reveló las diez empresas que aportaron fondos a la campaña de Golborne, al momento de su formalización en tribunales no habría podido evitar la prisión preventiva.

EL MISTERIO DEL USO POLÍTICO DE LOS FORWARD

Explicado en simple, un contrato forward consiste en la compra venta de un activo (en este caso, dólares) apostando al valor que este tendrá en el futuro. Como se trata de una apuesta, se puede ganar o perder. Pero en los cinco forward por los que el SII se querelló contra Roberto Carrasco, esa apuesta no existía ni para su empresa (VSA) ni para Penta, el otro firmante del contrato: hacían trampa.

El procedimiento era simple: falseaban la fecha de firma del contrato a sabiendas de que habría pérdidas para Penta, lo que les permitía evadir el pago de impuestos. Al tener pérdidas debido a estos contratos simulados, Penta reducía su carga tributaria pues el monto “perdido” era declarado como “gasto”. En la querella del SII se dice que luego, “una parte del dinero fue depositado (por VSA) en la cuenta personal del entonces gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo ($305 millones), y otra en la cuenta personal de Carlos Alberto Délano ($37 millones), para finalmente utilizar parte de esos dineros para pagar bonos a ejecutivos del Grupo Penta, y realizar otros desembolsos cuyo destino actualmente se desconoce”.

Por ejemplo, el forward  firmado supuestamente el 2 de enero de 2013 entre Penta y VSA estipuló la compra de dólares por US$5,6 millones, apostando a un dólar a $496 al 23 de abril de 2013. Lo cierto es que el contrato se firmó cuando ya se sabía que el precio del dólar a esa fecha era de $479, por lo que Penta perdió y debió girar la diferencia a VSA: $108 millones. Penta perdía y VSA ganaba, ese era el trato. Esta fórmula se repitió en los otros cuatro forward ilícitos detectados por Impuestos Internos.

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Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

El propio Carrasco reconoció ante la Fiscalía que después de finiquitado el forward fraudulento cobraba una pequeña comisión junto con girar su supuesta “ganancia” a las cuentas personales de Hugo Bravo y Délano.

El destino final que le dieron los controladores del Grupo Penta a estos dineros, no está claro. Cuando finalmente decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio, instalaron la duda sobre qué hicieron con las platas de los forward con VSA. El primero en declarar fue Carlos Alberto Délano. El 5 de enero de 2015 detalló: “Platas que  se usaron para pagar bonos, otras para pagos políticos y otros fondos cuyo destino se desconoce”.

Al día siguiente, el otro controlador del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, aportó otras hebras sobre el posible destino final de esas platas: “A la cuenta de Hugo Bravo fueron a parar $305 millones. Lo que detectamos es que se transfirieron fondos desde esa cuenta a ejecutivos de Penta por $68 millones. Los ejecutivos eran Óscar Buzeta, Marcos Castro, Francisco Astorga, Dora Pérez. Faltan $230 millones. De ese dinero, Hugo Bravo dice que entregó $100 millones a candidaturas de Longueira (Pablo), pero esto no nos consta y aunque así fuera, siguen faltando $137 millones”.

Marcos Castro, el alto ejecutivo de Penta señalado por Carlos Eugenio Lavín como uno de los beneficiados con los forward, también se pronunció sobre el destino final de esos dineros: los contratos con VSA correspondían a “simulaciones de unas supuestas asesorías que tenían por objeto generar recursos para pagar distintos ítems sin registro contable, como por ejemplo, bonos de ejecutivos y para pagos de políticos que no quedaron registrados en ninguna parte” (declaró el 22 de enero de 2015).

Son esos $100 millones que Hugo Bravo afirmó haber entregado en efectivo a Pablo Longueira los que hoy hacen ruido no solo en la Fiscalía, sino también en el SII. Porque ante las nuevas revelaciones de $730 millones –pagos asociados a Longueira- y que fueron rectificados por Soquimich por no tener respaldo contable, todo indica que ambos aportes bajo sospecha debieran acumularse en una nueva arista. A ella debieran agregarse otros pagos a sociedades y personas ligadas al ex senador y presidente de la UDI provenientes de empresas como BCI, Entel y Metalpar que hoy aparecen repartidas en distintas investigaciones.

Universidad Autónoma: Las pruebas del lucro de la privada que ingresó a la gratuidad

Un oficio que ingresó al Ministerio de Educación el 28 de diciembre de 2015, firmado por Jaime Ribera Neumann, secretario general de la Universidad Autónoma, le permitió a esa universidad acceder al sistema de gratuidad que debutó en 2016, vía glosa presupuestaria. El escueto oficio informaba que el 19 de noviembre se había procedido al retiro de las dos sociedades con fines de lucro que integraban su asamblea de socios, la controladora del plantel: el Instituto de Ciencias Aplicadas S.A. y la Academia de Estudios Nacionales S.A., ambas propiedad de la familia Ribera Neumann, actual dueña de la Autónoma.

El oficio llegó al Mineduc al filo del límite. Y el apuro se entiende: si bien contaban con los cuatro años de acreditación mínima exigida (otorgada a fines de 2015 por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), había que subsanar como fuera el último obstáculo para acceder a los recursos estatales que llegarían con la gratuidad. Y uno de los requisitos era que entre los socios de la corporación no hubiera sociedades con fines comerciales.

Fue así como la Autónoma se convirtió en una de las cinco privadas no tradicionales que ingresaron al sistema. Y su apuesta hasta ahora le ha rendido frutos: el 24 de diciembre La Tercera informó que 8.500 estudiantes de ese plantel podrían estudiar con pago directo del Estado, una cifra superior a la que suman las otras casas de estudios privadas no tradicionales que se incorporaron al sistema: las universidades Alberto Hurtado, Finis Terrae, Católica Silva Henríquez y Diego Portales.

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Teodoro Ribera Neumann

La familia Ribera Neumann puede mirar con optimismo lo que viene. Y ello, a pesar de que la Universidad Autónoma está entre las 12 universidades investigadas por el Ministerio Público por violar la prohibición de la ley que impide a sus controladores retirar utilidades. Sus dueños saben que esa indagatoria no terminará en sanción judicial: hasta hoy no existe un reglamento que norme qué es lucro y que establezca las sanciones para los que violan la ley. Aún cuando en el expediente que llevan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena están las pruebas de cómo sus controladores obtuvieron ganancias ilícitas a través de sus sociedades relacionadas, ello no le impidió acceder a la gratuidad.

La investigación judicial no ha concluido, y en ella han declarado 17 miembros de la familia Ribera Neumann que han ocupado cargos en la institución o que figuran recibiendo dinero de ella.

Un informe de la PDI estableció que entre 2008 y 2012 la Universidad Autónoma le pagó $7.174 millones a sociedades relacionadas a sus dueños, o bien directamente a personas de la familia Ribera Neumann. También se acreditó que a fines de 2013 la familia retiró utilidades desde dos sociedades creadas especialmente para arrendar inmuebles a la universidad: Autónoma El Llano S.A. e Inmobiliaria Autónoma S.A.

La modificación express que realizaron los dueños de la Autónoma a fines de 2015, al sacar de la instancia que controla el plantel las dos sociedades con fines de lucro, es el último eslabón de una cadena de sociedades relacionadas que le permitieron a la familia Ribera Neumann retirar utilidades de esa universidad durante más de 20 años. Una historia que se inició cuando en 1989 la familia creó –junto a otros profesionales de Temuco- la primera universidad privada en el sur de Chile.

Desde entonces, la Universidad Autónoma se ha ido transformando en una de los planteles con más estudiantes en el país: en 2015 su matrícula de pregrado llegó a 20.229 alumnos. Las cifras indican que los dineros públicos que captará la Autónoma a partir de 2016 se incrementarán. Hasta ahora, los fondos estatales representaban una parte mínima del total de ingresos operacionales del plantel: $421 millones entre 2005 y 2012 por Aporte Fiscal Indirecto (dinero que entregaba el Mineduc a los mejores puntajes PSU para que estudiaran en la institución que eligieran) y $7.200 millones entre 2005 y 2013, gracias a las diferentes becas que entrega el Estado.

Siendo una universidad que recluta un porcentaje importante de alumnos en sectores de bajos ingresos (el 96,3% de sus estudiantes proviene de colegios municipales y subvencionados), su mayor flujo externo provino del Crédito con Aval del Estado (CAE), sistema que opera gracias a la garantía que el Fisco ofrece a la banca privada. Entre 2007 y 2012 la Universidad Autónoma recibió $81 mil millones por sus alumnos acogidos al CAE.

Los dueños de la universidad -la familia Ribera Neumann- son un grupo experto en el manejo de la ley: el padre, Teodoro Ribera Beneit (quien falleció en noviembre de 2015) y sus seis hijos (Teodoro, Jaime, Pilar, Ana María, María Eugenia y Ximena Ribera Neumann) son abogados. El actual rector, Teodoro Ribera Neumann, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, fue diputado por dos periodos (1990-1998) por el distrito 51 (Freire y Nueva Imperial), luego pasó a ser ministro del Tribunal Constitucional y durante el gobierno de Sebastián Piñera ejerció como titular de Justicia, hasta que el escándalo de las acreditaciones fraudulentas lo obligó a abandonar el cargo debido a su relación con el que fuera presidente (s) de la CNA, Luis Eugenio Díaz, formalizado y a la espera de su condena por vender acreditaciones universitarias.

ARRIENDOS: LA RUTA DEL LUCRO

A fines de 2012 el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI obtener la información contable de la Universidad Autónoma entre 2005 y 2012, con énfasis en los contratos de arriendo contraídos por esa casa de estudios para sus sedes. En medio de la tormenta generada por las movilizaciones estudiantiles que cuestionaron el lucro en muchas universidades, se inició la investigación del Ministerio Público. El detonante fue el informe que entregó la Cámara de Diputados con antecedentes de 12 universidades bajo sospecha. Entre ellas figuraba la Universidad Autónoma.

Una de las fórmulas más utilizadas por los dueños de universidades privadas en Chile para evadir la ley y hacer negocios con la educación, es la creación de inmobiliarias. La Universidad Autónoma no es la excepción: durante años sus controladores utilizaron la misma fórmula para retirar utilidades.

u-autonoma-2Un informe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos de la PDI, fechado en octubre de 2014, analizó detalladamente la situación contable de la universidad, así como los pagos realizados a sociedades relacionadas y los contratos de arriendo con inmobiliarias de la familia Ribera Neumann. En sus conclusiones señaló la contradicción entre manejar una corporación sin fines de lucro –la Universidad Autónoma- y a la vez realizar negocios a través de ella:

“Respecto de las sociedades Inmobiliaria Autónoma S.A. e Inmobiliaria El Llano S.A., si bien se determinó que han arrendado inmuebles a la universidad para los fines u objetos sociales que esta persigue y que por este concepto han recibido rentas mensuales de arrendamiento, debe señalarse que constituyen un modelo de negocio que sigue un patrón similar en las universidades que son objeto de esta indagatoria, en que los socios activos de una corporación universitaria, sean personas naturales o jurídicas, o sus directivos, son a su vez dueños de empresas que prestan servicio a la misma de cualquier naturaleza o le arriendan inmuebles, lo que contrapone los intereses de los mismos, ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

El mismo informe de la PDI estableció que las inmobiliarias de los Ribera que arriendan inmuebles a la universidad “han obtenido beneficios/utilidades económicas de esta actividad, como es lo esperado, lo que ha permitido que a fines del año pasado (2013) las inmobiliarias Autónoma y El Llano S.A. hayan repartido utilidades entre sus socios que se componen por Inmobiliaria Gaudí, (ex Inmobiliaria Teodoro Ribera y Cia.), los hermanos Ribera Neumann y otros asociados que también son parte del grupo familiar”.

Solo a la inmobiliaria Autónoma El Llano, que le arrienda edificios a la universidad en la comuna de San Miguel, se le pagaron $2.100 millones entre 2011 y 2012. A la Inmobiliaria Autónoma, que le arrendó edificios en Temuco y que fue absorbida en 2014 por la universidad, se le pagaron entre 2009 y 2012, otros $2 mil millones.

NEGOCIOS EN SAN MIGUEL

En 2002 el Consejo Superior de Educación le otorgó la autonomía a la entonces Universidad Autónoma del Sur, paso indispensable para iniciar su expansión desde Temuco. Un año después, en enero de 2003, inauguró su sede en Talca y a los cinco meses, en mayo del mismo año, su primera sede en Santiago.

San Miguel fue la comuna elegida para su estreno en la capital. Y lo hizo en un inmueble ocupado por la agonizante Universidad de San Andrés – fue absorbida por la Autónoma-, ubicado en Ricardo Morales 3369, que en su inicio fue arrendado al municipio y luego formó parte de las operaciones inmobiliarias de la familia Ribera.

El 14 de octubre de 2003 se firmó un contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de San Miguel y la Universidad Autónoma, por un monto mensual de $10 millones (revisar contrato). Como representante de la casa de estudios firmó Teodoro Ribera Neumann, mientras que por el municipio lo hizo el entonces alcalde Eduardo Ramírez Cruz (UDI).

Al término del contrato, la Municipalidad de San Miguel realizó una licitación pública para vender el inmueble. En 2004 se lo adjudicó la Inmobiliaria Gaudi –propiedad de la familia Ribera-, luego de ofrecer $1.850 millones, pagados en dos tandas: $1.170 millones el 18 de junio de 2004 y más de $680 millones en enero de 2005 (revisar contrato). Pero el traspaso definitivo del edificio no fue simple.

La licitación fue impugnada y el proceso llegó a tribunales, los que ordenaron restituir el inmueble al municipio. No fue posible debido a las múltiples transacciones y transferencias que la Inmobiliaria Gaudi había realizado. Finalmente, en 2010, la municipalidad optó por aceptar los $300 millones en becas en la Autónoma que la Inmobiliaria Gaudí había ofrecido en 2004. “Son $50 millones por año, hasta que los recursos se agoten. Hasta el día de hoy tenemos alumnos becados en la Universidad Autónoma”, afirmó a CIPER el administrador de San Miguel, Julio Zúñiga (revisar contrato). CIPER recorrió notarías y revisó escrituras públicas para reconstruir la ruta seguida por los dueños de la Autónoma con el inmueble de San Miguel.

El 21 de septiembre de 2004, apenas Gaudí ganó la licitación del terreno, se lo traspasó a otra sociedad de la misma familia Ribera: Autónoma El Llano S.A., constituida ese mismo 21 de septiembre de 2004, en Temuco. Sus socios son Inmobiliaria Gaudí y Pilar Ribera Neumann. Fue creada con $2 mil millones de capital, casi la cifra exacta de la valoración de la propiedad que le traspasó Inmobiliaria Gaudí.

Poco después, el 11 de febrero de 2005, Autónoma El Llano firmó un contrato de compraventa con el Banco BBVA y le traspasó el inmueble de Ricardo Morales 3369 por $1.450 millones, monto que el banco pagó al contado. A este contrato tipo leaseback recurre una empresa cuando necesita dinero fresco, implica el traspaso de un inmueble a un banco para luego arrendárselo a través de pagos mensuales, los que en un plazo determinado le dan la opción al dueño original de recomprarlo. Es la misma figura utilizada por los dueños de la Universidad Mayor, la que generó la sospecha del Ministerio de Educación que abrió una investigación por posible lucro (ver reportaje de CIPER)

El objetivo de esta jugada financiera queda claro en el artículo 19 del contrato revisado por CIPER: saldar una deuda de Inmobiliaria Gaudí con el Banco BBVA. Allí se señala: “Teodoro Ribera Neumann confiere a BBVA mandato mercantil irrevocable y gratuito para que el producto de la compra venta celebrada con esta última (…) sea destinado al pago de las obligaciones que mantiene la Inmobiliaria Gaudí con BBVA, devolviendo la mandante el remanente si lo hubiera”.

El contrato entre Autónoma El Llano y el Banco BBVA estipuló pagos mensuales en cuotas que fluctuaron entre $13 y $15,4 millones durante 10 años (revisar resumen del contrato leaseback). No fue ese el precio de arriendo que le fijo la inmobiliaria de la familia Ribera Neumann a la universidad. El 20 de marzo de 2006, Autónoma El Llano le subarrendó el edificio en San Miguel a la Autónoma por $18,5 millones mensuales (pactado en UF, cuyo valor es de esa fecha), excepto marzo, mes en que el monto subió a $70 millones. Dos años después, el 20 de marzo de 2008, ese contrato se modificó y las rentas se elevaron: desde entonces la universidad debió pagarle $40,1 millones mensuales (UF de la fecha).

En síntesis, la familia Ribera le vendió el inmueble donde funciona el Campus San Miguel de la Universidad Autónoma al Banco BBVA en un leaseback, con el que pagó una deuda de su Inmobiliaria Gaudí con esa casa financiera, y luego hizo que la universidad –con el flujo proveniente de los aranceles pagados por los estudiantes- se hiciera cargo del pago de las cuotas mensuales. La recompra del inmueble la hizo efectiva Autónoma El Llano el 10 de agosto de 2015, cuando pagó la última cuota del leaseback por $18,7 millones. Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la propiedad del inmueble se mantiene en manos de la sociedad comercial de la familia Ribera.

No fue la única operación inmobiliaria en San Miguel. Autónoma El Llano firmó otro contrato de arriendo con la universidad, esta vez por el edificio donde funciona el centro deportivo y dental del plantel, en Subercaseaux 2801. El 4 de enero de 2010 se firmó el contrato por $20,6 millones mensuales, y una cuota excepcional en marzo de cada año por $61,8 millones. A pesar de que el contrato tenía una duración de 10 años, el 28 de diciembre de 2011 la inmobiliaria decidió venderle el inmueble a la universidad por $329 millones pagados al contado y $1.622 millones en deuda hipotecaria con el banco BBVA.

Sobre esa venta, el secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, afirmó ante la PDI en 2014: “En 2011, ante un cambio en el entorno social, se procedió a comprar una parte de estas propiedades a la inmobiliaria Autónoma El Llano, principalmente el futuro centro de salud y dental”.

Otro edificio del Campus San Miguel, ubicado en Subercaseaux 1404, fue arrendado por Autónoma El Llano a la universidad el 1 de enero de 2010 por $25,9 millones mensuales, más un pago extraordinario en marzo de cada año de $77 millones. También hay otras propiedades menores en arriendo, como un departamento en Las Condes (Flor de Azucenas 112), que según directivos del plantel es utilizado por las autoridades de Temuco cuando vienen a Santiago. Por ese inmueble la universidad paga $900 mil mensuales (valor actual de la UF).

LUCRO EN SEDES DE TEMUCO

El mismo mecanismo utilizado en San Miguel fue empleado en Temuco, donde está la sede matriz de la Universidad Autónoma. En marzo de 1990 las clases comenzaron en esa ciudad en un inmueble arrendado en calle Phillipi 651. Dos aulas prefabricadas sirvieron para impartir las dos primeras carreras que se le autorizaron al plantel: Derecho e Ingeniería Comercial.

Siete años después, ya funcionaban en su actual sede: Avenida Alemania 01090. La universidad ocupa toda una manzana entre la Avenida Alemania y la calle San Martín, un cotizado barrio céntrico de Temuco. Esos terrenos los compró la Inmobiliaria Teodoro Ribera (constituida el 28 de enero de 1983, transformada en 2003 en Inmobiliaria Gaudí) a diversas personas naturales entre 1993 y 1996. En 1997 se iniciaron las operaciones comerciales sobre parte de esos predios. El  7 de octubre de ese año se firmó un contrato entre la inmobiliaria y la Compañía de Seguros de Vida La Construcción –la entonces aseguradora de la Cámara Chilena de la Construcción-, la que se hizo de los inmuebles pagando $1.379 millones.

Al igual que la operación financiera de la que fue objeto el inmueble en San Miguel, se hizo un leaseback mediante el cual la Inmobiliaria Teodoro Ribera obtuvo recursos frescos a cambio de entregar momentáneamente la propiedad, pagando un arriendo mensual que le aseguró la posibilidad de recompra.

portada_uaEl mismo 7 de octubre de 1997 se firmó otro contrato, esta vez de arrendamiento entre la Inmobiliaria Teodoro Ribera y la Compañía de Seguros de Vida la Construcción, por $12,5 millones (unos $23 millones según el valor actual de la UF) y que debía durar 20 años (hasta octubre de 2017). El documento incluyó la autorización para que la inmobiliaria subarrendara la propiedad a la Universidad Autónoma.

En mayo de 2004, Bice Vida –del Banco Bice-, adquirió la aseguradora de la Cámara Chilena de La Construcción. En ese traspaso, Bice Vida valorizó los inmuebles de Temuco en $1.758 millones. Nueve años después, el 29 de septiembre de 2014, la familia Ribera decidió adelantar el fin del leaseback y recomprar las propiedades. La sociedad que efectuó la recompra fue Inmobiliaria Porvenir S.A., constituida el 31 de agosto de 2007 -con un capital de $500 millones- por Teodoro Ribera Beneit y su hija Pilar Ribera Neumann. La recompra de los edificios de la universidad en Temuco le costó a los Ribera $641 millones, los que fueron recuperados con creces solo seis meses después, el 25 de marzo de 2015, cuando estos mismos fueron vendidos a la Universidad Autónoma por un total de $4.100 millones. Cabe recordar que los pagos mensuales del leaseback corrieron por cuenta de la universidad y no de la inmobiliaria, por lo cual la inmobiliaria de la familia Ribera obtuvo una ganancia de $3.459 millones.

Seis meses después de haberle vendido parte de los inmuebles de Temuco a la universidad, en septiembre de 2015, la inmobiliaria se transformó en sociedad limitada. Entre sus socios figuraban cuatro de los seis hermanos Ribera Neumann, además del patriarca de la familia. Al momento del cambio la inmobiliaria había reducido su capital a $14,5 millones. Ya no figuraban los dineros pagados por la universidad por la compra de su sede en Temuco.

La investigación del Ministerio Público estableció además otros negocios en Temuco entre inmobiliarias de la familia Ribera y la Universidad Autónoma. A través de Inmobiliaria Autónoma, que hasta 2014 era controlada por los Ribera Neumann con un 80% y el 20% restante en manos de la universidad, le arrendó cuatro edificios a la Autónoma: en Porvenir 660, por $22,6 millones mensuales (valor UF de la época); Porvenir 649, donde funciona el gimnasio de la universidad y que entre 2006 y 2011 se arrendó en $1,3 millón mensual, pero luego el canon se elevó a $31 millones; y Porvenir 572 y 558, donde funciona el canal de TV que posee el plantel, y por el que entre 2009 y 2013 se cobró $3 millones mensuales.

Algunas propiedades de la universidad en Santiago también pasaron por el filtro de las inmobiliarias de la familia Ribera. En 2011, la Inmobiliaria Terranova Limitada adquirió dos inmuebles en calle Europa (1914 y 1936), aledaños al campus que la universidad inauguraría en 2015 en Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425). El valor de la compra fue de $384 millones. Meses después (11 de noviembre de 2011), Inmobiliaria Terranova le vendió las mismas propiedades a la Universidad Autónoma, pero el precio esta vez fue de $598 millones. Eso sí, el grueso de la propiedad que hoy constituye el Campus Providencia fue comprado directamente por la universidad a las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Argentinas por $7.239 millones, el 5 de enero de 2010.

CIPER revisó la propiedad de todos los inmuebles donde funciona actualmente la universidad y en todos los otros que no han sido mencionados en este reportaje en sus sedes en Santiago y Talca, las propiedades fueron compradas directamente por la universidad.

PAGOS ENTRE FAMILIARES

Son 17 las personas de la Universidad Autónoma que declararon como imputados a mediados de 2014 en la investigación de la Fiscalía Oriente por lucro en las universidades. Casi todos ellos debieron dar cuenta de los pagos recibidos desde la universidad a través de honorarios y remuneraciones. Entre 2008 y 2012, las pericias establecieron que por estas vías se pagaron $1.665 millones. En el mismo periodo, las sociedades relacionadas a la familia Ribera Neumann acumularon pagos de la Universidad Autónoma por $5.508 millones.

u-autonoma-3El secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, justificó así los pagos a sociedades relacionadas: “La universidad pudo solucionar sus problemas de crecimiento exitosamente, mediante una política de arriendos a valor de mercado”.  Y agregó: “En los años 2010 y 2011 la universidad encargó a terceros una tasación de las propiedades que arrendaba, con el objeto de validar los arriendos existentes desde una perspectiva de valores de mercado… se encargó a los bancos BBVA, Santander y a Colliers International realizar tasaciones a algunos de los bienes raíces más relevantes”.

María Loreto Concha Valderrama, esposa del rector de la universidad, Teodoro Ribera Neumann, registra pagos por $220 millones. En su declaración judicial los justificó así: “Durante los años 2008 a 2012 presté asesoría jurídica como abogada al secretario general de la Universidad Autónoma, Jaime Ribera, en Temuco”. María Loreto Concha afirmó que en diciembre de 2011 aumentó su ingreso mensual de $3,1 a $5 millones debido a una mayor carga laboral, y que en diciembre de 2008 le pagaron $7,3 millones adicionales por trabajos no contemplados en su contrato de asesorías.

Teodoro Ribera Neumann justificó así los $57 millones que recibió vía remuneraciones: “Asumí como rector cuando dejé el cargo de diputado en 1998, ejercí hasta junio de 2011, fecha en la que fui designado ministro (de Justicia)”. Su remuneración como rector –dijo- ascendía a $3 millones mensuales y afirmó que desde Inversiones Orgaña –de la que es socio junto a su señora-, no ha retirado utilidades ya que siempre la pensó como “un instrumento de ahorro”. Orgaña registra pagos del plantel por $67 millones en el mismo período.

Los pagos se extienden a casi todos los hijos del matrimonio Ribera Neumann (Ximena es la única que no figura recibiendo pagos), sus nietos y los cónyuges de estos. Un esquema realizado por la PDI da cuenta de traspasos de dinero a Manuel Concha Valderrama, hermano de la esposa del rector; Juan Pablo Laporte Ribera –hijo de Pilar Ribera-, y a su esposa Loreto Sepúlveda Monsalve; a su hermana Michelle Laporte Ribera (que los justificó indicando que entregaba “informes verbales” a su abuelo cuando este ejercía como rector); y a Gustavo Nicklander Ribera y a su hermana, Stefanie Niklander Ribera, hijos de María Eugenia Ribera, quienes además de recibir pagos mensuales durante un tiempo fueron beneficiados con becas de la universidad que financiaron sus estudios de post grado en Europa (revisar listado completo de pagos a personas y sociedades relacionadas entre 2008 y 2012).

INMOBILIARIAS CON SELLO CATALÁN

Que la sociedad matriz de las empresas de la familia Ribera lleve por nombre Catalunya no es casual: el patriarca de la familia, Teodoro Ribera Beneit, fue hijo de inmigrantes catalanes (de allí también el nombre de una de sus inmobiliarias, Gaudí, como el arquitecto español y máximo representante del modernismo catalán). Catalunya ocupa un rol central en la reingeniería que la familia ejecutó en sus empresas a partir de 2010, al momento de la expansión de su negocio en la educación y que coincide con su toma de control de la propiedad del Incacea, uno de los institutos profesionales de mayor matricula en el país y al que la ley no le impide lucrar.

El 7 de octubre de 2010 la familia Ribera creó tres sociedades: Catalunya, el Instituto de Ciencias Aplicadas y la Academia de Estudios Nacionales. El único miembro de la familia Ribera Neumann que no participó como persona natural en estas sociedades, fue el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera: lo hizo a través de Inversiones Orgaña, la que creó en 2000 junto a su señora, María Concha Valderrama. Dos meses más tarde, en diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann tomó el control mayoritario del Instituto Profesional Incacea a través de Catalunya. Un año después, a fines de 2011, las dos últimas sociedades ingresarían a la asamblea de socios que controla la Universidad Autónoma.

En esa reingeniería de sociedades que llevó a cabo la familia Ribera Neumann entre 2010 y 2011, hubo otras tres sociedades que tuvieron corta vida ya que finalmente fueron absorbidas por Catalunya: Inmobiliaria Terranova, Servicios Guissona y Constructora Barcelona.

DUEÑOS DEL INCACEA

La familia Ribera Neumann ingresó con un 32,5 % a la propiedad del Instituto Profesional Incacea, el 30 de enero de 2006, a través de la Universidad Autónoma, la que aportó $100 millones en efectivo y otros $116 millones en servicios computacionales y académicos, asesorías y publicidad. Junto a los Ribera, también se hizo socio del Incacea, Alexis Yáñez Alvarado, entonces lobista de la Concertación, a través de Inversiones y Asesorías Santa Sofía (ver reportaje de Ciper). Yáñez era socio de los Ribera desde 2003, a través de Servicios Universitarios S.A., sociedad que se constituyó para administrar la recién creada sede en Santiago de la Universidad Autónoma.

La investigación de la Fiscalía logró acreditar pagos desde la Autónoma a Inversiones y Asesorías Santa Sofía por $333 millones, en 2009 y 2011. Estos traspasos se justificaron por asesorías realizadas por Yáñez para analizar la posible expansión de la universidad a otras ciudades.

En diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann pasó a tener el control mayoritario del Incacea. Esta vez lo hizo a través de dos vías: Catalunya y la Universidad Autónoma. En esa fecha, Juan Carlos Oñate González, quien tenía el 58% de la propiedad del instituto, cedió el 51% a Catalunya y otro 7% a la Universidad Autónoma. Alexis Yáñez también se retiró y le traspasó su  7,5% a la universidad.

u-autonomaEl 11 de noviembre de 2011 la Universidad Autónoma y Catalunya aportaron $3.500 millones al Instituto Profesional Incacea. El monto incluía dinero en efectivo, capitalización de utilidades y bienes, los que se completarían en un plazo de cinco años. Finalmente, Catalunya no aportó todo lo que le correspondía por lo que su participación quedó reducida a 20% (tenía el 51%). Esa modificación del capital del instituto se hizo en junio de 2014 y dio paso a la salida de Catalunya –la sociedad matriz de los Ribera Neumann- de la estructura societaria del instituto profesional. Un cambio clave que se ejecutó justo en el momento en que los dueños de la Universidad Autónoma estaban declarando en la investigación del Ministerio Público por lucro ilícito.

Catalunya le cedió el 20,08% de su participación en Incacea a la Universidad Autónoma, quedando otra ínfima parte (0,4%) en otra sociedad comercial de los Ribera Neumann: Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., la que controla el canal de televisión de la Autónoma en Temuco.

El retiro de Catalunya del instituto profesional se produjo en medio del declive de la institución, la que ha ido bajando progresivamente su número de alumnos. Si en 2010 tenía 581 estudiantes, en 2015 exhibe apenas 49 matriculados. La página web del Incacea está inactiva y no hace mención de ningún proceso de matrículas. El número telefónico allí registrado no es contestado por nadie. Actualmente el instituto funciona en un edificio que inicialmente subarrendó la Autónoma a la Universidad Ucinf (Pedro de Valdivia 641, Providencia) y que luego arrendó directamente a sus dueños de entonces, la Congregación de Hermanas Teresianas. La declaración de Jaime Ribera Neumann del 14 de junio de 2014 ante la justicia establece que ese inmueble fue comprado por la universidad. Sin embargo, en los registros actuales del SII aparece como su dueña la Residencia Universitaria Femenina (ver registro)

La participación de la Universidad Autónoma en el Incacea no ha estado exenta de polémica. De hecho, la razón de la salida de Teodoro Ribera del Ministerio de Justicia a fines de 2012, está relacionada con el instituto: Ribera contrató al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, como asesor en Gendarmería, repartición de su dependencia, justo cuando la CNA estudiaba la acreditación de su instituto profesional.

No fue la única arista que involucró a los Ribera con el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA. Eugenio Arratia, uno de los pares evaluadores que jugó un rol decisivo en la acreditación de la Universidad Autónoma en 2007 y 2010, fue elegido por los Ribera Neumann como rector del Incacea; y en 2012 nombrado vicerrector de Calidad y Acreditación de la  Autónoma (ver reportaje de CIPER).

EL ÚLTIMO ESLABON DE LA RED DE SOCIEDADES RELACIONADAS

El Instituto de Ciencias Aplicadas y la Academia de Estudios Nacionales ingresaron a la propiedad de la Universidad Autónoma en noviembre de 2011, como parte de la reingeniería que la familia Ribera Neumann diseñó para expandir su negocio en la educación. Las dos sociedades comerciales se hicieron socios de la Autónoma al mismo tiempo que cinco hermanos Ribera Neumann (María Eugenia, Ana María, Pilar, Jaime y Teodoro) abandonaron la instancia controladora. Hasta el 18 de noviembre de 2011 también figuraban como socios de la universidad sus cónyuges (Gustavo Niklander Karlsguher, Juan Pablo Laporte Ribera, Katherina Waschkolup Sützl y María Loreto Concha Valderrama). Como personas naturales se mantuvieron Teodoro Ribera Beneít y su esposa (ver reportaje de CIPER).

Esas dos sociedad anónimas fueron creadas el 7 de octubre de 2010 y son idénticas tanto en sus objetivos (administración de planteles de educación superior e inversiones), capital ($1 millón) como en sus socios: Teodoro Ribera Beneit, su esposa Edith Neumann y cuatro de sus hijos: María Eugenia, Ana María, Pilar y Jaime. El quinto hijo, Teodoro Ribera Neumann, también es socio de ambas, pero a través de su empresa familiar, Inversiones Orgaña.

Universidad Mayor califica para gratuidad mientras es investigada por posible lucro

Según la Ley Corta que el Congreso aprobó este miércoles 23 para dar la partida a la gratuidad en la educación universitaria en 2016, la Universidad Mayor, cumple con los requisitos para ingresar al club de planteles que podrían recibir fondos públicos que financien los estudios de sus alumnos más vulnerables: es controlada por personas naturales y tiene más de cuatro años de acreditación.

Rubén Covarrubias
Rubén Covarrubias

Ello a pesar de que está en curso una investigación en el Ministerio de Educación (Mineduc) por posible lucro en ese establecimiento. La alarma la encendió la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en junio pasado, cuando envió un oficio al Mineduc ante la existencia de operaciones financieras sospechosas protagonizadas por la Universidad Mayor. En lo fundamental, se trata del rol que jugó el plantel como fiador y codeudor solidario de una serie de contratos leaseback firmados por sociedades relacionadas con instituciones financieras (ver oficio). Cabe recordar que por vacíos legales, el hecho de que una universidad lucre no es impedimento para que obtenga la acreditación.

La resolución de acreditación que dio origen a ese oficio puso sobre la mesa, por ejemplo, el hecho de que un 15,5% de la infraestructura que utiliza la universidad pertenece a empresas relacionadas a los socios del establecimiento Rubén Covarrubias Giordano y Erich Villaseñor Maldonado, entre ellas la Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A. También puso el foco en la disminución de las ganancias obtenidas por la universidad en los últimos años –en 2013 cayeron 70% en relación a 2011–, en contraposición al aumento de sus costos operacionales (entre los que se cuentan el arriendo de infraestructura a sociedades relacionadas). Todo esto, estimó la CNA, refleja “una menor disponibilidad de recursos frescos para la cobertura de gastos e inversión”. Y si bien señala que su estructura financiera le permite sustentar la viabilidad de su proyecto educacional, hace hincapié en que las inversiones futuras “requerirán necesariamente de la disponibilidad oportuna de fuentes de endeudamiento”.

A raíz del informe enviado por los comisionados, el Mineduc inició una investigación en contra del plantel por posible lucro. Así lo confirmaron a CIPER desde el interior de la cartera comandada por la ministra Adriana Delpiano, aunque no especificaron la fecha en que comenzaron las indagaciones. Dato relevante, pues según la información recogida por CIPER el oficio enviado al Mineduc el 8 de junio, habría permanecido archivado durante varias semanas, luego de que la funcionaria de la División de Educación Superior que lo recibió lo guardara en un cajón sin que la División Jurídica del ministerio se enterara de su existencia.

Cuando el equipo jurídico de la cartera conoció el informe de la CNA y ofició a la universidad, ésta inmediatamente envió las respuestas y aclaraciones a cada una de las alertas contenidas en el documento. La situación generó un manto de dudas al interior del ministerio. Se sospecha que mientras el documento estuvo guardado en el cajón fuera de la órbita de quienes deben fiscalizar, algún funcionario con contactos en la administración del plantel de educación superior lo filtró.

La revisión de CIPER de los movimientos societarios y financieros de la Universidad Mayor y de varias de las sociedades ligadas directa o indirectamente a sus fundadores, es concordante con las sospechas que se incubaron en la CNA y que ahora fueron acogidas por el Mineduc. Una de estas operaciones es el contrato –que CIPER revisó en el Archivo Judicial– por más de $42 millones mensuales (UF 1.650) que la universidad firmó en julio de 2010 con la sociedad relacionada Río Manso por una propiedad en Las Condes. En ese inmueble hasta hace poco funcionaron la rectoría, el conservatorio de música y las dependencias administrativas de la universidad.

Erich Villaseñor (Foto: umayor.cl)
Erich Villaseñor (Foto: umayor.cl)

Otra operación que llama la atención es el contrato que la universidad firmó en 2007 con una segunda sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, para el arriendo por 178 meses ($715 millones en 14,8 años) de un terreno de 100 hectáreas en la Región de la Araucanía. Ese acuerdo terminó con la universidad indemnizando a la agrícola por $40 millones por “término anticipado de contrato” (la escritura que dio término a este contrato también fue revisada por CIPER en el Archivo Judicial).

Estos movimientos se producen dentro de un complejo entramado de sociedades levantado desde la creación de la universidad en 1988. A las maniobras ya descritas, se suman continuas reingenierías en el esquema de sociedades; múltiples acrobacias financieras para afrontar deudas que las propias empresas del grupo mantienen con la universidad o con otras sociedades ligadas; y al menos seis suculentos contratos que la universidad mantiene con empresas agrícolas, de logística, transporte y construcción, entre otras, todas constituidas por sus socios fundadores o por familiares directos de éstos.

Su rector, Rubén Covarrubias, ha sido uno de los más reticentes a la fiscalización sobre los planteles privados, y uno de los que se ha mostrado más incómodo frente a la ola transformadora del sistema educativo. En una entrevista con La Tercera, el 19 de enero de 2014, manifestó que la CNA se había transformado “en un organismo fiscalizador más que acreditador y eso no es sano”.

PRIMEROS PASOS

La trayectoria de la Universidad Mayor, fundada el 10 de febrero de 1988 con un capital de $50 millones (ver escritura), está íntimamente ligada a los últimos años de la dictadura y tuvo como punto de partida el propio Ministerio de Educación. En esa cartera, Rubén Covarrubias Giordano –su fundador y actual rector– había ocupado el cargo de director de Educación Superior; allí también, Erich Villaseñor Maldonado –otro de los fundadores y actual vicerrector de Desarrollo–, se había desempeñado como un alto asesor. En la escritura de constitución de la Universidad Mayor aparece un tercer socio: el profesor Francisco Beltrán Herrera, fundador del Instituto Diego Portales, quien no tendría mayor participación en los otros múltiples emprendimientos que Covarrubias y Villaseñor realizaron con posterioridad a la creación de la universidad.

Los resabios de ese pasado que vio nacer a la Universidad Mayor en los estertores de la dictadura marcaron la impronta del establecimiento. Actualmente, entre sus autoridades administrativas y académicas, figuran personalidades que ocuparon altos cargos en el gobierno del general Augusto Pinochet. Entre ellos, el ex ministro de Educación (1989-1990) y hoy vicerrector Académico y de Aseguramiento de la Calidad, René Salamé Martín (la Ley Orgánica Constitucional de Educación que fue derogada tras el movimiento de los “pingüinos” llevaba su firma); el ex ministro del Interior (1985- 1987) y de Relaciones Exteriores (1987-1988), Ricardo García Rodríguez; y los ex ministros de Agricultura y de Planificación, Jorge Prado Aránguiz y Sergio Melnick Israel, respectivamente.

Ese 10 de febrero de 1988, Covarrubias y Villaseñor –quien desde un inicio tomó la responsabilidad de elaborar el proyecto de factibilidad económica y financiera de esta nueva corporación de derecho privado sin fines de lucro– dieron vida al primero de muchos emprendimientos que más tarde cristalizarían en una extensa red de empresas con intereses en diversos negocios: desde el educacional, pasando por el agrícola, el de transportes y el de salud, hasta el inmobiliario. La mayoría de ellas, directa o indirectamente vinculadas con la Universidad Mayor.

Universidad_Mayor_wikipediaEn julio de 1994 y con un capital de $2 millones, nació la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada por Miguel Cuitiñoy en la que también participó Inversiones Río Viejo S.A., ligada a Erich Villaseñor Maldonado. De acuerdo a la escritura de constitución de La Pirámide, su directorio quedó integrado por Rubén Covarrubias Giordano, Erich Villaseñor y Miguel Cuitiño Maturana. La presencia de los fundadores de la Universidad Mayor en esa sociedad no era casual: con el tiempo La Pirámide se convertiría en uno de los principales contratistas del plantel de educación superior, encargada del traslado de sus alumnos y funcionarios desde y hacia sus establecimientos.

Dos años más tarde, en julio de 1996, irrumpió una nueva sociedad en la incipiente red de empresas de los controladores de la Universidad Mayor: Domus S.A. Creada con un capital de $2 millones por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, un nombre que se repite en las escrituras de constitución de varias de las empresas del “holding” ligado a los propietarios de la Mayor. Según su escritura de constitución, Domus contaba entre sus directores fundadores al hoy rector Rubén Covarrubias Giordano.

Fue a partir de Domus, dedicada al rubro de las comunicaciones y la publicidad, y de Inversiones Río Viejo, ligada al hoy vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, que en 2001 nació la empresa más importante de todas las que hasta la fecha han creado los controladores de la Universidad Mayor: Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A.

En la primera junta de accionistas de Río Manso, el 16 de abril de 2001, aparecen como directores Rubén Covarrubias, Erich Villaseñor, y quien hasta hace algunos años se desempeñara como secretario del directorio del plantel, José Armando Castro González.

Río Manso se transformó rápidamente en el vehículo de inversión de Covarrubias y Villaseñor y, con el tiempo, en propietaria de manera directa o indirecta de una larga lista de bienes raíces: edificios, departamentos, oficinas y estacionamientos en distintas comunas de Santiago. Estos inmuebles están avaluados en varios miles de millones. Algunos de ellos los vendió hace algunos meses y el resto actualmente son ocupados por la universidad.

Desde su creación, la propiedad de Río Manso ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones. La primera reingeniería tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando dos sociedades recién creadas tomaron su control: Inversiones Río Puelo S.A. e Inversiones Tronador S.A. Detrás de estas empresas aparecen como socios constituyentes Arturo Venegas Palacios y René España Godoy, los que también figuran como representantes de Agrícola Valle Morado, empresa creada paralelamente a Río Puelo e Inversiones Tronador y que arrienda inmuebles a la Universidad Mayor.

UNA PROLÍFICA DUPLA

A la creación de Río Manso, protagonista de los negocios más suculentos entre la Universidad Mayor y las sociedades relacionadas con sus dueños, le anteceden y le suceden una serie de otras sociedades con vínculos con el plantel, y en las que las huellas de Covarrubias y Villaseñor, juntos o por separado, también están presentes.

Casi cuatro años antes de la creación de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Río Manso, en octubre de 1997, Juan Amador Bettiz Mariño –representante de varias de las empresas creadas por Covarrubias y por Villaseñor–, junto a su esposa, Silvia Barreda Morales, constituyeron la sociedad Clínica Veterinaria Mayor S.A., dedicada a “crear, mantener y explotar clínicas y centros de atención veterinaria”, entre otras actividades.

Dos años después, en agosto de 1998, la Clínica Veterinaria Mayor y la sociedad Colegios Mayores S.A., constituida entre otros por Francisco Varela Noguera, actual miembro del directorio de la Universidad Mayor, crearon el Centro Médico y Odontológico Universitario S.A. Esta última sociedad, que en 2005 era representada por Rubén Covarrubias Giordano, tiene como actividad la “instalación mantenimiento y explotación comercial de establecimientos destinados a la actividad médica, odontológica, veterinaria, universitaria y educacional”.

Fue la Clínica Veterinaria Mayor, ahora en sociedad con el Centro Médico y Odontológico Universitario, la que en agosto de 1999 tomó el control de una nueva empresa: Veterinaria y Peluquería Alemana Limitada. Tras el ingreso de ambas sociedades a su propiedad, Covarrubias y Villaseñor quedaron como apoderados titulares para actuar en representación de ella.

colegio-mayor-tobalabaA fines de abril de 2005, el Centro Médico Odontológico se retiraría de la propiedad de Peluquería Alemana, cediendo sus derechos a las sociedades de inversión Río Puelo y Tronador, las mismas que ya para entonces controlaban Río Manso, el brazo de inversiones de los fundadores de la universidad. La Clínica Veterinaria Mayor quedó como la controladora de Peluquería Alemana, con el 99% de las acciones que en 2008 equivalían a $350 millones.

Fue en medio de ese ambiente de buenos resultados que los propietarios de la Universidad Mayor emprendieron nuevos negocios. En septiembre de 2005 Río Puelo y Tronador crearon Montesur Consultores S.A. –empresa que ha firmado contratos con distintas municipalidades de la Región Metropolitana para la prestación de servicios de capacitación, marketing y difusión, entre otros–, y dos nuevas inmobiliarias: Adaced Limitada (agosto de 2007) y Badajoz Limitada (junio de 2008).

Casi paralelamente a la creación de Badajoz, que quedó bajo el paraguas de las sociedades Río Puelo y Tronador, se constituyó Innova Learning Chile, dedicada a la creación de plataformas educativas y también a la inversión en bienes raíces. A partir de diciembre de 2013 la Universidad Mayor figura como socio y principal controlador de Innova Learning. Para entonces su capital inicial había aumentado de $6 millones a $4.600 millones.

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y SALUD

Además de las empresas creadas a través de Río Puelo y Tronador, los controladores de la Universidad Mayor crearon otras fundamentalmente vinculadas al ámbito educacional (aunque luego fueron absorbidas por la universidad) y que tienen origen en otras dos sociedades de inversión: La Matriz Limitada e Inversiones Río Viejo Limitada. La primera está ligada al rector Rubén Covarrubias y Villaseñor ingresaría a ella en 2007. En la segunda participa desde su inicio el mismo Villaseñor.

Una de las empresas fruto de esta asociación es Colegios Mayores S.A., constituida en 1994 y dedicada a la “explotación de establecimientos educacionales de nivel pre-básico, básico, medio y superior”. Los colegios particulares manejados por los dueños de la universidad (en Puente Alto y Peñalolén) son otro jugoso negocio: la cuota de incorporación en el recinto de Peñalolen, por ejemplo, asciende a $500 mil y la mensualidad a $233 mil, y cada uno tiene cuatro cursos por nivel, de pre kínder a cuarto medio.

logo-magnosColegios Mayores creó en junio de 2005 y en asociación con Cecum S.A. (sociedad ligada a la Universidad Mayor y constituida en diciembre de 2000 por Juan Amador Bettiz Mariño), el Centro de Formación Técnica Eurotec S.A. Sería Eurotec, en sociedad con Cecum la que en agosto de 2007 crearía con un capital de $100 millones el Centro de Formación Técnica (CFT) Magnos –controlado más tarde por la Universidad Mayor– y que imparte enseñanza en Santiago y Temuco en las áreas de salud, informática, agropecuaria, de administración y minera. A diciembre de 2012, el capital de Magnos superaba los $3.300 millones.

Además, Colegios Mayores participaría de la creación de dos nuevas sociedades: el Instituto Profesional Innova College, constituido en diciembre de 2010 en sociedad con Cecum y con un capital de $100 millones, y de la sociedad Gesta Mayor, incubadora de negocios que hoy pertenece en un 99% a la universidad. En la creación de Gesta Mayor, con $150 millones de capital inicial, Erich Villaseñor estuvo en ambas veredas: actuó como representante de Universidad Mayor y, al mismo tiempo, como representante de Colegios Mayores.

Otras cinco sociedades, en su mayoría creadas directamente por la Universidad Mayor completan el cuadro principal de empresas vinculadas al establecimiento: Empretec SpA (julio de 2009); Genoma Mayor SpA (agosto de 2010); el Hospital Clínico Universidad Mayor (2006 y en el que la universidad posee el 25% de las acciones); el Hospital Docente Universitario Mayor SpA (enero de 2011); y el Centro Fonoaudiológico Universidad Mayor SpA (julio de 2007).

UNA VENTANA AL LUCRO

La Universidad Mayor mantiene una curiosa estructura inmobiliaria que hace que varios de sus campus hoy estén en poder de los bancos. Ello gracias a una serie de leaseback firmados por sociedades relacionadas con la misma universidad que le permiten a sus dueños transferir recursos mediante intrincadas maniobras. CIPER confirmó estos vínculos en notarías, donde revisó las escrituras de estos contratos, y cruzó esos datos con la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y los estados financieros del plantel de educación superior.

Una operación de leaseback le permite a una sociedad obtener dineros frescos al traspasar la propiedad de un inmueble a un banco que se lo compra a cambio de un pago mensual y con la posibilidad de recomprarlo a futuro. Es una forma de obtener recursos a la que normalmente recurren empresas en apuros financieros, una alternativa onerosa que curiosamente los dueños de la Universidad Mayor han ocupado sin freno.

(Foto: umayor.cl)
(Foto: umayor.cl)

El 14 de julio de 2010 Inmobiliaria e Inversiones Río Manso firmó un contrato de leaseback con Metlife, mediante el cual le traspasó la propiedad de siete inmuebles que componían el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur, en Las Condes, donde funcionaron hasta julio de este año la rectoría, el conservatorio y todas las dependencias administrativas de la universidad. Pero fue una entrega con elástico. Si bien el nuevo propietario de esos inmuebles era Metlife, en el contrato se dejó establecido que solo se le entregaban esos inmuebles para que los arrendara a Río Manso por una suma de UF 1.063 mensuales ($27,2 millones actuales). A la propia universidad, la sociedad inmobiliaria le subarrendó esos inmuebles por UF 1.650 ($42,5 millones), es decir casi $15 millones (UF 600) por sobre lo que le pagaba al banco.

Con ese mismo recinto los controladores del plantel concretaron otro millonario negocio cinco años después. El 14 de julio de 2015 Río Manso firmó una compraventa con la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA –constituida por el abogado Max Correa Tagle–, por la totalidad de las propiedades que integraban el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur.

La transacción por las siete propiedades incluidas en el recinto alcanzó los $18.900 millones (UF 738.100). El mismo día que Río Manso vendió las propiedades a Nueva El Golf, las había recomprado a Metlife, proceso en que desembolsó $398,6 millones (UF 159.365) que se sumaron a las 60 cuotas del leaseback ya canceladas.

La casa de estudios ha sido fiadora y codeudora solidaria (tal como se menciona en el informe de la CNA donde se alerta sobre su estructura económica) en varios contratos que Río Manso mantiene con bancos y aseguradoras. Según consta en los estados financieros del plantel correspondientes a 2014, el 31 de diciembre de ese año fueron alzadas las fianzas que mantenía con sociedades relacionadas.

El actual Campus República de la Universidad, ubicado en Alameda 2240, que hasta hace poco funcionaba como sede del CFT Magnos, está desde febrero de 2012 bajo un contrato leaseback con Corpbanca. En el documento revisado por CIPER se establece que ese banco compró el recinto con el único objeto de arrendarlo a Río Manso, acuerdo que se mantendrá vigente hasta el 5 de febrero de 2024. En el recinto funciona ahora la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. El contrato entre Corpbanca y Río Manso detalla que se deberán pagar 139 rentas: 138 pagos mensuales por UF 520 y una última cuota –la que permite la opción de recompra del inmueble– de UF 43.400. En el mismo documento se establece que Río Manso mantiene abierta la opción de sub arrendar el recinto.

Los Estados Financieros 2012 y 2013 de la Universidad Mayor confirman que desde el 13 de febrero de 2013 existe un contrato de sub arriendo por el campus de Alameda 2240. Pero no se clarifica a cuánto asciende ese alquiler ni si es la universidad la que lo paga.

El Estadio Mayor –ubicado en Avenida Sánchez Fontecilla 13010, Peñalolén–, es mencionado en la página web de la universidad como uno de sus campus. Esa propiedad, cuyo avalúo fiscal asciende a $4.500 millones, que cuenta con más de 35.000 metros cuadrados, y que está equipado con dos gimnasios, una piscina semi olímpica, dos pistas atléticas, tres canchas de tenis, dos multicanchas, entre otras instalaciones, funciona como lugar de entrenamiento de los estudiantes de Educación Física del plantel.

Según los registros revisados por CIPER, la Inmobiliaria Río Manso, que es su dueña, ha suscrito varios contratos leaseback con bancos por la propiedad donde opera el estadio. El 8 de agosto de 2011 se produjo un doble traspaso del inmueble. El Banco BBVA, que lo había comprado vía leaseback el 24 de octubre de 2005 a Río Manso, se lo devolvió a la misma inmobiliaria a cambio de UF 76.250 ($135,8 millones de la época). El mismo día Río Manso lo entregó, también vía leaseback, a Corpbanca por UF 85.893 ($153 millones de entonces).

Pocos meses después la inmobiliaria realizó otra doble operación en un mismo día con la propiedad del estadio. Se lo recompró a Corpbanca en UF 78.456 ($139,8 millones), pero solo para volverlo a vender a ese mismo banco en UF 133.870 ($238,5 millones). Entre ambas operaciones hubo una diferencia de casi $100 millones. El nuevo contrato de arrendamiento con Corpbanca se fijó hasta 2024, y la Universidad Mayor, el CFT Magnos y la sociedad Colegios Mayores, aparecen como fiadores y co-deudores solidarios. En el documento se menciona que Río Manso podrá sub arrendar el recinto. No hay claridad si la Universidad Mayor le paga a Río Manso por la utilización que hace de esas instalaciones. Los colegios asociados a este grupo –ligados a la sociedad relacionada Colegios Mayores– también lo ocupan.

Parte de las oficinas ubicadas en Alonso de Córdova 5495, donde funciona la Dirección de Postgrado de la universidad, también aparecen bajo la propiedad de Río Manso, al igual que los 51 estacionamientos ocupados por el plantel en ese mismo inmueble. Se desconoce el monto que paga la universidad a Río Manso por ocupar estas instalaciones.

Inmobiliaria Río Manso también es propietaria de un campo ubicado en la Región de La Araucanía –avalúo fiscal de $355 millones–, el que opera como recinto deportivo para los alumnos que estudian en la sede de Temuco de la Universidad Mayor. No se conoce públicamente lo que paga la casa de estudios superiores por ocupar esas instalaciones. Río Manso también es dueña del recinto donde funciona el Colegio Mayor de Peñalolén, ubicado en Valle del Aconcagua 8031.

El registro público del Servicio de Impuestos Internos señala que la Facultad de Odontología de la casa de estudios superiores –ubicada en Alameda 2013, a pocos pasos de la Avenida Brasil–, hoy está en manos del Banco BBVA. El rastreo realizado por CIPER da cuenta de que en 1998 esas dependencias pertenecían a la Sociedad Centro Médico Odontológico Universitario, pero luego fueron adquiridas por la Universidad Mayor, la que ha firmado contratos leaseback con el BBVA. Otras propiedades en manos del plantel que también han firmado contratos con bancos son las ubicadas en la Avenida Portugal 351 –inmueble comprado a CEMA Chile (ver reportaje de CIPER)–; Manuel Montt 367; y Camino La Pirámide 3750.

REINGENIERÍAS SOSPECHOSAS

Varias de las sociedades creadas por Covarrubias y Villaseñor a través de inversiones Río Puelo y Tronador han sufrido modificaciones tanto o más complejas como aquellas que registran las sucesivas acrobacias financieras recién descritas.

Las reestructuraciones más profundas de las empresas del grupo se han producido en los últimos cinco años y su punto de partida coincide con el fuerte cuestionamiento al modelo administrativo y económico de las universidades privadas, proceso gatillado por las movilizaciones estudiantiles de 2011 y cuyo principal hito fue la debacle de la Universidad del Mar.

Ya desatada la crisis, el 28 octubre de 2011 tuvo lugar una junta extraordinaria de directorio de Río Manso. A ella concurrieron Erich Villaseñor, Mario Moraga Guerrero –quien se ha desempeñado como gerente general de la sociedad Colegios Mayores– y el abogado Gastón Gallegos Pincheira. Tanto Moraga como Gallegos han sido representantes de distintas sociedades ligadas a los fundadores de la Universidad Mayor.

En la reunión de octubre de 2011 los asistentes acordaron traspasar casi la totalidad del capital y de los bienes inmuebles que hasta la fecha estaban en manos de Clínica Veterinaria Mayor (hoy de propiedad de la universidad en un 99,6%) a dos nuevas sociedades especialmente creadas para esos efectos: Inmobiliaria Mayor S.A. y Agrícola Codegua S.A.

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Inmobiliaria Mayor quedó constituida con un capital de $311 millones y entre sus primeros directores figura el ex ministro de Salud del ex Presidente Ricardo Lagos, Pedro García Aspillaga (DC). También se le transfirió un enorme patrimonio consistente en 57 bienes raíces (entre ellos tres oficinas y un local), todos ubicados en Alonso de Córdova, donde opera la Dirección de Postgrado de la Universidad Mayor. A Agrícola Codegua, en tanto, se le transfirieron dos predios en la Sexta Región que totalizan cerca de 33 hectáreas.

Las dos nuevas sociedades quedaron bajo el control de Río Manso, la que no solo recibió un millonario patrimonio. También deudas. Al momento de la división, la Clínica Veterinaria Mayor contaba con pasivos por sobre los $1.000 millones. Todas las acreencias correspondían a cuentas por pagar a sociedades relacionadas al grupo: Colegios Mayores, Cecum y la Veterinaria y Peluquería Alemana, entre otras.

Casi un año después de esta primera reestructuración, en diciembre de 2012, los accionistas de Inmobiliaria Mayor, decidieron ponerle fin a esa sociedad, siendo absorbida por Río Manso.

Seis meses más tarde, en junio de 2013, un nuevo accionista ingresó a Río Manso: el Fondo de Inversión Privado Montesur, sociedad constituida en diciembre de 2012 por uno de los representantes de Tronador y Río Puelo, Mario Moraga Guerrero. Según el registro de la junta extraordinaria de accionistas que selló esta operación, Río Manso requería de un fuerte aumento de capital para afrontar el pago de una deuda de casi $2.500 millones al CFT Magnos. El ingreso del FIP Montesur significó un aumento de capital de Río Manso por una cantidad idéntica a la deuda. El domicilio de Montesur quedó fijado en Alameda 2240, la misma dirección donde funciona la sede República de la Universidad Mayor.

A fines de ese mismo año 2013, los socios de Río Manso, que ya contaba con un capital de $4.000 millones, volvieron a crear la misma sociedad –Inmobiliaria Mayor– que habían disuelto un año atrás. A esta “nueva” Inmobiliaria Mayor se le traspasaron el Estadio Mayor y 11 departamentos –todos en proceso de adquisición por parte de Río Manso vía leaseback–, ubicados en Alameda 2240 (el campus República). A dos semanas de concluido el traspaso de estos bienes a la resucitada Inmobiliaria Mayor, el FIP Montesur transfirió la totalidad de las acciones que tenía en esa inmobiliaria –más de $2.800 millones– a Río Manso.

Seis meses después, en mayo de 2014, Inmobiliaria Mayor cambió de nombre a Inmobiliaria Llanada Sur S.A., y en enero de este año terminó por desaparecer, absorbida nuevamente por Río Manso.

Llanada, la ex Inmobiliaria Mayor, no fue la única sociedad que desapareció por fusión con Río Manso en enero pasado. Lo mismo ocurrió con Río Puelo y Tronador, que por casi 15 años operaron como controladoras de Río Manso. Lo propio sucedió con las inmobiliarias Badajoz y Adaced.

RELACIONES PELIGROSAS

Los estados financieros de la Universidad Mayor correspondientes a 2014 registran una serie de operaciones con empresas relacionadas, entre las que destacan la Clínica Veterinaria Mayor, Genoma Mayor, Empretec, Gesta Mayor, Innova Learning y el CFT Magnos. Son las mismas sociedades que la universidad declara como “filiales y coligadas” en su página web (ver listado). Algunas de ellas tuvieron origen en sociedades no relacionadas directamente a la universidad, sino que a sus propietarios, pero actualmente la Universidad Mayor –salvo en el caso de Clínica Mayor, en la que tiene el 25% de las acciones– controla al menos el 90% de la propiedad de cada una de ellas.

Según los estados financieros de la universidad correspondientes a 2014, las transacciones entre el plantel de educación superior y empresas “directa o indirectamente” relacionadas a éste, sumaron más de $3.600 millones.

Pero el cúmulo de empresas que exhiben los mismos estados financieros, no agotan la lista de sociedades “directa o indirectamente” ligadas con el establecimiento de educación superior. Una serie de otras sociedades tienen actualmente millonarios contratos con la universidad y no aparecen entre las “filiales o coligadas” declaradas por el establecimiento. Sí aparecen, en cambio, en la nómina de los “principales contratos con terceros” que mantiene vigentes la universidad y que publica en su página web (ver listado). Y aquí se abre una nueva ventana para el lucro: de las 23 sociedades que allí aparecen, al menos seis de ellas tienen o han tenido relación directa con los socios fundadores de la universidad, Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, o con sus familiares directos.

Estas seis sociedades son: Río Manso, Agrícola Valle Morado, La Pirámide. Constructora V2, Vía Austral y Agrícola Teno.

Agrícola Valle Morado S.A. le arrienda bienes muebles e inmuebles a la universidad, fue creada en agosto de 2001 y según el registro de ese año consignado en el Diario Oficial su representantes eran dos hombres de confianza de los socios fundadores del plantel: Mario Moraga Guerrero y Gastón Gallegos Pincheira, ambos vinculados a las sociedades Río Puelo, Tronador y Río Manso. En un documento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) aparece también como miembro del directorio de esta empresa Francisco Villaseñor Maldonado, hermano del vicerrector de Desarrollo (ver aquí).

(Fuente: chilebuses.cl)
(Fuente: chilebuses.cl)

En 2005, la universidad suscribió un contrato con Valle Morado para el arriendo de 100 hectáreas en Vilcún (Región de la Araucanía), localidad donde actualmente funciona su Escuela de Medicina Veterinaria. El contrato estipulaba un plazo de arriendo por cuatro años y por UF 250 mensuales ($5 millones de la época). Cumplido el plazo de arriendo, en 2007 se firmó un segundo contrato por 178 meses. La extensión vino aparejada de una oferta: Valle Morado le ofreció a la universidad pagar por adelantado y de una vez el arriendo por los 178 meses a cambio de un descuento. El precio quedó fijado en UF 35.717 ($715 millones de la época).

Cuatro años después, sin embargo el panorama cambió. Las “partes” acordaron poner término anticipado el contrato, lo que significó que la Universidad Mayor tuviera que indemnizar “por perjuicios” a su sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, con UF 1.795 ($40 millones de la época).

Otra de las sociedades que aparecen en la lista de “principales contratos con terceros” de la universidad, es la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada en 2001 por Juan Amador Bettiz Mariño, con la concurrencia de Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, rector y vicerrector de Desarrollo de la Mayor. También figura Agrícola Teno Limitada, que le presta “servicios agrícolas” a la universidad y que fue constituida en diciembre de 2002 por Erich Villaseñor Maldonado y su hijo, Erich Villaseñor Sánchez.

La Constructora V2 Limitada es la encargada de las “mejoras, construcciones y  mantenciones de las sedes” de la universidad, según la información desplegada en la web de la casa de estudios. Y la sociedad Vía Austral SpA, aparece como responsable del “almacenamiento, transporte, retiro, envío y reingreso de cajas con documentos, de su clasificación y digitalización”. La primera fue creada en noviembre de 2009 por dos sociedades de los hijos de Villaseñor: Erich Villaseñor Sánchez Asesorías y Álvaro Andrés Villaseñor Sánchez Asesorías, ambas con domicilio en Alameda 2240 (campus República). La segunda, Vía Austral, fue creada en enero de 2012 por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, histórico socio de Covarrubias y Villaseñor en varios de sus emprendimientos.

CIPER intentó contactarse por teléfono y correo electrónico con el rector, Rubén Covarrubias, y con el vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, para consultarles si aún mantenían los vínculos con todas estas sociedades que aparecen en los registros del Diario Oficial, pero no fue posible. La última respuesta que dieron desde el despacho del rector fue que ambos no regresarían a la universidad hasta la próxima semana.

Línea de tiempo, principales transacciones y sociedades

 

Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC

La empresa que funciona como vehículo de inversiones de la familia Said Somavía, Inversiones Caburga, rectificó más de $663 millones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por pagos realizados a distintas personas y sociedades entre 2009 y 2014. El desglose de esa cifra, que CIPER da a conocer en este reportaje de forma íntegra, muestra que la inmensa mayoría de esos pagos irregulares se realizaron a figuras vinculadas al mundo político, incluidos candidatos que compitieron en las últimas dos carreras presidenciales. Una situación similar ocurre en el caso de Newport, la empresa que controla otra rama de la misma familia -los Said Handal- la que rectificó ante el SII $95 millones pagados en 2010 y 2011.

Los negocios del Grupo Said -que incluye a las dos ramas familiares, Said Somavia y Said Handal-, se concentran en el Banco BBVA y en la Embotelladora Andina, pero cada uno por su lado tiene otras inversiones. Mientras los Said Somavia forman parte del grupo controlador del Parque Arauco (junto a Orlando Saenz y la familia Eluchans Urenda), son accionistas principales de Envases del Pacífico y acaban de enajenar su participación en el mercado de la salud (Isapre Cruz Blanca) en un negocio que les reportará US$90 millones, los Said Handal han incursionado en las viñas -Principal- y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

A pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías -y también por personas que recibieron esos pagos- que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado ni un solo avance judicial. No obstante, CIPER pudo confirmar por distintas vías que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan requiriendo información de las operaciones contables de las empresas del Grupo Said.

Enrique Correa
Enrique Correa

Los pagos irregulares asumidos por el Grupo Said son llamativos. Por primera vez desde que estallara el escándalo de los aportes ilegales a la política, una empresa rectifica pagos al lobbista favorito del poder, Enrique Correa, el dueño de Imaginacción. A él se suman otros personajes que hasta hoy están en la primera línea de la dirigencia política nacional: empresas del ex Presidente Sebastián Piñera, al que las encuestas encumbran como probable candidato presidencial para 2017, y del senador Andrés Zaldívar (DC), uno de los hombres clave de la Falange en el Senado, quien ha participado de los principales acuerdos en torno a las reformas aprobadas durante este gobierno.

No son los únicos, otros diputados y senadores en ejercicio se cuentan entre los receptores de dineros sin respaldo de los Said. En el grupo también aparece un ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar, órgano que por estos días ocupa un lugar central luego de que frenara la gratuidad universitaria impulsada por La Moneda.

CIPER revisó en detalle las rectificaciones presentadas por Caburga y Newport ante Impuestos Internos, así como los testimonios de ejecutivos y controladores de estas sociedades que han sido llamados a declarar por el Ministerio Público y el SII.  También se contactó con quienes aparecen recibiendo estos pagos rectificados. Todos los antecedentes dan cuenta de que el Grupo Said fue uno de los vehículos utilizados por distintos sectores políticos para obtener financiamiento irregular (Revise aquí el listado de rectificaciones del Grupo Said).

LA CONTADORA QUE SE SINCERÓ

El Grupo Said apareció en el mapa de los fiscales que investigaban el financiamiento ilegal de la política el 17 de abril de este año. Ese día declaró ante el Ministerio Público la contadora Clara Bensan, unahistórica militante de la DC. La también controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin), aseguró que en 2009 el recaudador de la entonces Concertación, Giorgio Martelli, le solicitó emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Sobre los documentos falsos emitidos a Caburga por su empresa Agesin, Bensan declaró: “Para estas facturas Giorgio Martelli se comunicó conmigo por teléfono y solicitó la emisión de las facturas. Yo las extendí mediante mi secretaria y se las entregué pues era tiempo de campaña, pues las fechas de estas facturas son el 9 y el 31 de diciembre del año 2009 (…) Respecto a la glosa que indica asesoría contable a la empresa Inversiones Caburga S.A., señalo que no es real, nunca hubo ningún servicio que se prestara”.

pagos-caburga-newportCuatro días después de esa primera declaración frente a los fiscales, el 21 de abril, Clara Bensan ratificó sus dichos, esta vez ante el SII. Sin embargo, un informe del organismo tributario entregado a la Fiscalía precisó que Agesin emitió solo una factura a Caburga, la 152, ya que el segundo documento falso -por $12 millones- fue en realidad extendido a Newport, una empresa propiedad de la rama familiar de los Said Handal. La factura falsa emitida a Caburga fue también por $12 millones.

Esa información calza con la rectificación que Inversiones Caburga, de los Said Somavía, realizó ante Impuestos Internos. El registro, al que tuvo acceso CIPER, da cuenta de solo una boleta por $12 millones girados a Agesin durante el año comercial 2009, y que se registró en su contabilidad para el año tributario 2010. En ese mismo periodo se rectificaron otros $8 millones pagados directamente por Caburga a Clara Bensan. En total, serían $20 millones los que fueron a parar a la fallida campaña presidencial de Frei en 2009.

Pero la rectificación presentada por Inversiones Caburga ante el SII es mucho más amplia y comprende pagos a dirigentes de todos los sectores políticos, con acento en figuras y sociedades vinculadas a la DC, a RN y a la UDI. Sumados los seis años rectificados -2009 a 2014-, el monto final de pagos irregulares reconocidos por la empresa asciende a $663 millones.

En la carta que firmó Joaquín Erlbaun en representación de Inversiones Caburga y que acompaña la rectificación presentada ante el SII el 4 de mayo pasado, se informa que la empresa realizó una auditoría interna que detectó diferencias en su cumplimiento tributario. En el documento se añade que, “con el fin de evitar una controversia con el SII, y sin que esta rectificatoria implique reconocimiento alguno de otras posibles objeciones del SII o de una actuación dolosa por parte de la compañía”, se rectifican los gastos rechazados entre 2009 y 2014. La carta de Earlbaun iba acompañada por una planilla Excel en la que se incluyen todos los pagos rectificados por la compañía. El proceso significó que Caburga cancelara $402 millones por impuestos adeudados, más multas e intereses.

LIGAS PRESIDENCIALES

Según ha podido acreditar la investigación de la Fiscalía, durante el año electoral 2009, $140 millones fueron a parar a manos de personas o sociedades ligadas a los entonces candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

El 19 de junio declaró ante el Ministerio Público Rodrigo Muñoz Muñoz, gerente general de Inversiones Caburga, quien confirmó lo señalado anteriormente por Clara Bensan, en orden a que los $20 millones que se aportaron por fuera de la vía legal a la campaña de Frei no contaron con ningún trabajo que los justificaran. Sobre el punto, aclaró: “Estos (los $20 millones) fueron solicitados por un señor de nombre Pedro Yaconi para gastos de la campaña”. Según relató Muñoz, esos pagos fueron autorizados por Salvador Said Somavía, director ejecutivo de la compañía.

El abogado Pedro Yaconi, actual pareja de una de las hijas del ex presidente Frei (Magdalena), fue en 2009 miembro del comité de finanzas de la fallida campaña de Frei y aparece recibiendo pagos de Soquimich, Endesa y Aguas Andinas, empresas que son investigadas por financiar de manera irregular actividades políticas. En abril, SQM rectificó $30 millones cancelados a una de sus sociedades, pero al declarar como imputado ante el fiscal Emiliano Arias, Yaconi aseguró que eran pagos por un informe en derecho realizado por petición del abogado Nurieldín Hermosilla. A ello se suma la información que publicó en junio El Mostrador, en la que Yaconi aparece en la nómina de los gastos que el directorio de Endesa decidió rectificar por no haberse encontrado suficiente respaldo. En la contabilidad que Aguas Andinas entregó al SII y al Ministerio Público, Pedro Yaconi también aparece con millonarios pagos.

Salvador Said Somavía declaró ante la Fiscalía el pasado 11 de agosto, y reconoció los pagos irregulares de Inversiones Caburga a la campaña de Frei: “Recibí la llamada de Pedro Yaconi quien me dijo que estaba trabajando en la campaña de Eduardo Frei y si lo podía recibir (…) encontré interesante recibirlo para escucharlo, ya que le preocupaban temas vinculados a las campañas y temas país e impulsar una candidatura de Eduardo Frei. A los días llegó a mi oficina acompañado de otra persona cuyo nombre no recuerdo (…) y me pidió un aporte económico para la campaña. En esa reunión acordamos que yo lo iba a ayudar con $20 millones”, declaró el controlador de Caburga.

Su primo, Javier Said Handal, ya había declarado ante la Fiscalía el 26 de junio. Como representante legal de Inversiones Newport, dijo que “alguien” de Inversiones Caburga les solicitó un aporte para la campaña presidencial de Frei: “Como nos pidieron un monto de dinero importante y para ayudar a la campaña política de Frei, lo sometimos a la decisión del directorio y el directorio aprobó el aporte de $12 millones”, los que se pagaron a la empresa Agesin, de Clara Bensan.

Newport pagó otros $8 millones a Alfredo Ugarte, abogado que entonces participaba del mismo comité de finanzas de Frei, que integraba Yaconi. Consultado por CIPER, Ugarte declinó referirse al tema. En total, las dos empresas de inversiones de la familia Said, Caburga y Newport, entregaron $40 millones a la fallida campaña de Frei.

En 2009 los Said no solo entregaron fondos a personas y sociedades ligadas al candidato de la Concertación. Tanto las rectificaciones de Caburga como las de Newport registran millonarios pagos a empresas de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha que ganó esas elecciones presidenciales. Hasta el momento no se conocen diligencias de la Fiscalía o de Impuestos Internos que apunten a clarificar judicialmente los montos que facturaron las empresas de Piñera.

Laurence Golborne
Laurence Golborne

A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

En representación de Bancard, el abogado Bernardo Simian, del estudio Barros& Errázuriz, dijo a CIPER que la empresa no puede referirse a este tema debido a que existen investigaciones en curso a nivel judicial y administrativo (SII), y que la información se entregará si es que es requerida en esas instancias. Fuentes cercanas a la compañía de Piñera enfatizaron que, si los gastos fueron rectificados por las sociedades del Grupo Said, ello no significa necesariamente que los servicios por los que se pagó no se hayan prestado, pero tampoco entregaron ningún antecedente que permita concluir que sí hubo una prestación y no se trató de platas políticas.

Los pagos irregulares de Inversiones Caburga a campañas presidenciales se repitieron en 2013, aunque esta vez con otro destinatario. En la lista de rectificaciones realizadas por Caburga aparecen $20 millones pagados a Asesorías VSA Limitada, una firma ligada a Siglo Outsourcing, la que ideó una fórmula de evasión tributaria y firmó contratos forwards irregulares con Empresas Penta (ver reportaje de Qué Pasa). Según La Tercera, el dueño de VSA, Tomás Carrasco Burgos, reconoció ante el Ministerio Público que además emitió facturas falsas a diez compañías por un total de $160 millones, fondos que eran destinados a la campaña presidencial que Laurence Golborne levantó durante 2013.

Nuevamente, los Said Somavía aportaron a través de VSA un monto idéntico al de sus primos Said Handal. Sin embargo, a diferencia de Inversiones Caburga, los $20 millones desembolsados por Newport -ahora denominada Inversiones Santa Virgina- no fueron rectificados.

La empresa de Carrasco –VSA- se usó como pantalla para triangular dineros para Golborne. Tomás Carrasco declaró que esos dineros, luego de ser cobrados, fueron distribuidos a personas que trabajaron en esa campaña, quienes entregaban boletas por servicios que no habían prestado. Carrasco habría asegurado que el listado de las empresas a las que se debía facturar se lo facilitó el mismo Golborne. Las otras firmas que participaron de esta fórmula de financiamiento irregular serían: Ripley ($15 millones), CAP ($5 millones), Watt´s ($5 millones), Banco BCI ($10 millones), Inmobiliaria Ecomac ($12,5 millones). GT Advisors ($2 millones), Inversiones Paso Nevado ($25 millones) e Inversiones Longovilo ($25 millones), estas dos últimas ligadas al Grupo Hurtado Vicuña.

LA PRIMERA NEGACIÓN DE ENRIQUE CORREA

No es raro que Imaginacción, la empresa de lobby y de asesoría estratégica creada por Enrique Correa, aparezca en las contabilidades de grandes empresas que tanto el SII como la Fiscalía han revisado durante el transcurso de las investigaciones por aportes al margen de la ley a la política. Los clientes de la consultora son selectos y los empresarios pagan montos abultados por los servicios del ex ministro secretario general de Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin.

Lo que sí es raro es que una de las empresas reconozca como irregulares pagos girados al lobbista. Y eso es lo que hizo Inversiones Caburga. En la rectificación que presentó a Impuestos Internos incluyó un pago, a través de una boleta,  a Enrique Correa por $15 millones en 2013.

Correa ha jugado un rol central en la forma en que las empresas Penta y SQM han enfrentado la investigación del Ministerio Público. En el caso del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, formó parte de su comité de crisis a fines de 2014, cuando el escándalo de los aportes irregulares a la política solo se limitaba al Grupo Penta. En ese grupo operó junto a Valentina Giacaman, de Rumbo Cierto; Extend, de las hermanas Velasco; y Alfredo Moreno, actual presidente de Empresas Penta, según informó un reportaje de El Mostrador.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

En el inicio de la investigación a SQM también cumplió un rol importante, desplegando toda su capacidad de lobby político para frenar el avance de la indagatoria del Ministerio Público. Imaginacción venía trabajando hace años con la minera no metálica y Correa prestaba una asesoría personal a Julio Ponce Lerou, controlador de la misma, desde que este cayera en desgracia a partir del escándalo de las Cascadas. Imaginacción también se cuenta como asesor hace años de Aguas Andinas, la sanitaria que es investigada por aportes irregulares a Sebastián Piñera y a otras figuras políticas. Pero no sólo asesora a las empresas. Desde mayo de este año, cuando el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, debiera abandonar su cargo de jefe del gabinete por su vinculación con los pagos ilegales de SQM, Correa se convirtió en su asesor personal.

En los últimos meses, Enrique Correa ha intentado trazar una línea de defensa común de los involucrados en el escándalo de las platas políticas. Hace poco más de una semana concedió una entrevista a La Tercera donde aseguró que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción” y que se debe esperar y no sacar conclusiones apresuradas: “Hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial. En tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la fiscalía, los nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación. Tengo la impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más dramatismo”.

Sin dramatismo respondió también a CIPER, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Moisés Valenzuela: “Es de público conocimiento que tanto Enrique Correa como sus empresas asesoran y han asesorado al Grupo Said en su conjunto durante muchos años. Nuestra relación comercial con ellos es abundante y permanente. Y si ellos rectificaron, ellos deberán explicarlo. El punto es que nosotros les prestamos servicios y por ello recibimos un pago”. Lo que sí reconoció Valenzuela, es que “hoy en día la empresa Inversiones Caburga no es cliente nuestro”.

EL MINISTRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El listado de pagos rectificados por Inversiones Caburga incluye al abogado Cristián Letelier Aguilar, ex diputado de la UDI y actual ministro del Tribunal Constitucional (TC). La empresa informó al SII que los $5,5 millones que giró a la sociedad Cristián Letelier y Compañía Limitada en 2009, no tienen respaldo, por lo que se trataría de un pago irregular.

Durante ese año 2009, el actual ministro del TC compitió en un cupo de la UDI para llegar al Senado en representación de la Región de Atacama. A sus cercanos, Letelier ha asegurado que casi no hizo campaña y que el partido lo inscribió en la papeleta para acompañar a Baldo Prokurica (RN), pero que no existían intenciones reales de competir, por lo que no incurrió en mayores gastos.

Cristián Letelier
Cristián Letelier

Cristián Letelier ya se había cruzado en el camino de los fiscales que indagan los aportes irregulares a la política. En 2013, el actual ministro del TC le envió un mail a Carlos Alberto Délano (del Grupo Penta) pidiéndole recursos: “Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”.

Antes de asumir como miembro del Tribunal Constitucional, Letelier tomó la defensa de Paula Rojo, quien siendo secretaria del ex diputado Alberto Cardemil (RN), fue individualizada como la persona que daba las instrucciones a quienes emitieron boletas falsas al Grupo Penta que beneficiaron al ex diputado. Esa misma vinculación, hizo que el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitara al TC que Letelier se inhabilitara de la decisión que el organismo debió tomar cuando el abogado de Patricio Contesse (ex gerente general de SQM), Samuel Donoso, ingresó un escrito para evitar que la Fiscalía accediera a la contabilidad de la minera. En esa ocasión, Letelier no votó.

Pero el abogado Letelier sí votó el jueves 10 de diciembre, cuando el TC se pronunció a favor de dos de los tres capítulos del recurso presentado por diputados de RN y la UDI que buscaron declarar inconstitucional el mecanismo utilizado por el gobierno para implementar la gratuidad universitaria vía glosa presupuestaria.

Letelier fue durante décadas militante de la UDI y sólo abandonó el partido en 2013, cuando el gremialismo le quitó el cupo con el que pretendía su reelección como diputado por el distrito de Melipilla, el que había ocupado desde marzo de 2011 en reemplazo de Gonzalo Uriarte, quien a su vez había llenado el escaño senatorial que dejó vacante Evelyn Matthei, cuando asumió como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera. La UDI lo compensó al instalarlo en el TC en marzo de este año.

PAGOS A PARLAMENTARIOS

Entre los pagos rectificados por la sociedad de los Said Somavía aparecen varios vínculos, directos o indirectos, con parlamentarios DC, RN o UDI. Todos ellos se concentran en el año 2009, que corresponde al año tributario 2010. El senador y hoy pre-candidato presidencial Francisco Chahuán (RN), recibió $5 millones de los cuales Inversiones Caburga aseguró no tener respaldo contable. Ese pago se realizó a la sociedad Chahuán Abogados Asociados Limitada, en la que el senador tenía el 99% de los derechos y el abogado Roberto Núñez Videla el 1%. Ambos la disolvieron el 4 de septiembre pasado.

CIPER se comunicó con el senador Chahuán para conocer su versión. Esta fue su respuesta: “Soy socio pasivo de esa sociedad desde que soy parlamentario. Mi socio era quien la administraba y tomamos la decisión de cerrarla justamente a partir de este tema. Yo entiendo que hubo una prestación efectiva de mi socio Roberto Núñez a Inversiones Caburga. Descarto absolutamente que se trate se un aporte a mi campaña”.

Una prima hermana del senador Francisco Chahuán, recibió de Caburga $2,2 millones el mismo 2009. Este pago también fue rectificado ante el SII. Karen Chahuán Manzur trabajó como jefa de gabinete de Gustavo Hasbún (UDI) cuando el actual diputado era alcalde de la comuna de Estación Central.

Otro senador que recibió pagos de Inversiones Caburga a través de una sociedad es Andrés Zaldívar (DC). Su sociedad Asesorías San Martín Limitada recibió $5 millones de Caburga en 2009, antes de que regresara al Senado. Cuando el diario La Tercera le preguntó por estos pagos, el senador respondió que se trató de asesorías jurídico-legislativas: “Es lo mismo que Aguas Andinas, a la que también presté asesorías”. En el caso de la sanitaria, son más de $150 millones pagados a Zaldívar entre 2006 y 2010.

Son tres los pagos vinculados a diputados que fueron rectificados por Inversiones Caburga: $5,5 millones a Fuad Chahín (DC), $1,1 millón a Gonzalo Fuenzalida (RN) y $3 millones a Alejandro Fernández Jullian, quien fuera jefe de campaña del diputado José Manuel Edwards (RN) en 2009, y quien luego se convirtiera en su jefe de gabinete. El mismo 2009, la empresa giró $1,5 millón a Jessica Mualim (RN), candidata a diputada por Melipilla, quien no resultó electa. En 2013, Mualim volvió a intentar llegar a la Cámara y nuevamente fracasó. Ese año recibió otros $5,5 millones desde la empresa de los Said.

Andrés Zaldivar
Andrés Zaldivar

En 2013 también aparecen pagos rectificados a familiares de parlamentarios. Es el caso de la cónyuge del diputado Javier Macaya (UDI), Constanza Farías Prieto, quien ese año recibió $11 millones desde Caburga. Farías también formó parte de la denuncia que el SII presentó el pasado 2 de abril por haber recibido $5 millones sin respaldo desde SQM en octubre de 2012.

La señora del diputado Gabriel Silber (DC) también tiene un pago rectificado en 2013. Cristina Orellana Quezada hoy es la directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y hace dos años percibió $16,6 millones de la sociedad de los Said Somavía.  Contactada por CIPER, Cristina Orellana afirmó: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mi Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No te puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

La ex esposa de Pablo Zalaquett Said (UDI) –sobrino en segundo grado de José Said Saffie  y primo de José Said Handal- es la única persona de la nómina que aparece con pagos rectificados desde 2009 a 2014. Silvia Bustamante Gubbins es la madre de los cuatro hijos del ex alcalde de La Florida y Santiago, y en total recibió $72 millones desde la empresa de los Said Somavía. Silvia Bustamante, hija de un ex presidente del Perú (José Luis Bustamante), es periodista y diseñadora floral.  Consultada por CIPER, dijo que prefería no referirse al tema.

Otro pariente del ex alcalde que también aparece recibiendo pagos de Caburga es su primo Hernán Abogabir Said, quien en 2013 recibió $2,7 millones, los que también fueron rectificados. Ese año Zalaquett compitió por un cupo en el Senado y fue derrotado. Cuando era alcalde de La Florida, su primo Hernán Abogabir se desempeñó como director de la Corporación Municipal.

Los hermanos Walker Prieto cuentan con tres representantes en el Congreso: los senadores Ignacio y Patricio y el diputado Matías. Un cuarto hermano, Tomás Walker Prieto, es hoy uno de los controladores de Walker y Valdivia Servicios Legales Limitada, sociedad que recibió en 2009 $5 millones, los que fueron rectificados por Inversiones Caburga. Tomás Walker recibió dos llamados de CIPER y no entregó su versión.

Juan Carlos Jobet, quien se desempeñó como ministro de Trabajo y subsecretario de Vivienda en la administración de Sebastián Piñera, recibió de Inversiones Caburga $27,4 millones en 2013. Lo hizo a través de su sociedad Asesorías e Inversiones El Arrayán, pago que también se incluye en la nómina de rectificaciones. Sobre este dinero, Jobet aseguró a La Tercera: “Tengo una vinculación laboral de muchos años con el Grupo Said. El contrato al que se hace alusión se firmó, facturó y pagó cuando yo no era funcionario público, cuando estuve fuera del gobierno”. Jobet fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo hasta noviembre de 2012 y luego asumió en Trabajo en julio de 2013, año en que recibió el pago de Caburga.

El Centro de Investigaciones Sociales de Chile Limitada (CIS) recibió $5,5 millones de Inversiones Caburga en 2013, cancelación que fue rectificada. Esa sociedad fue fundada en 2004 por el analista político de la UDI, Gonzalo Müller (casado con la diputada María José Hoffmann, UDI), y por su padre, Gilberto Müller Corvalán (quien declaró a la Fiscalía desconocer el funcionamiento de la empresa). Gonzalo –panelista del programa de TVN Estado Nacional–, vendió su participación en la sociedad a su hermano Mauricio en 2010. Entre 2009 y 2013, el CIS registra facturas irregulares por $125 millones a SQM. Según el archivo del Servel, durante 2013 esa sociedad recibió $19 millones por haber prestado servicios a la campaña de la senadora gremialista Ena Von Baer. El gerente general de CIS, Esteban Gal Oliva, recibió otros $3,5 millones rectificados por SQM.

La rectificación de Inversiones Caburga es extensa, e incluye a otros personeros ligados a la UDI. Con $5 millones en 2010 aparece Juan Aguerreberry Tesler, dirigente gremialista de la zona poniente de Santiago que en la arista SQM figura con otros $50 millones irregulares. Otro nombre que se repite de la investigación a SQM es José Hormazábal López, esposo de Marisol Cavieres, la secretaria de la UDI que puso a varios miembros de su familia a emitir boletas falsas para la minera de Ponce Lerou. En Caburga rectificaron $5 millones pagados a su marido en 2010. En la misma situación están los $2 millones que recibiò de la empresa del Grupo Said, Juan Masferrer Vidal, ex secretario general de la Juventud UDI y candidato a CORE en el 2013 por Rancagua.

Daniela Tudela García (hija de Carlos Tudela, reconocido lobbista DC) recibió pagos por $7,7 millones en 2013 de Inversiones Caburga. Junto a su padre y su hermano Carlos (que registra otros $12 millones rectificados por SQM), es dueña de Servicios de Visión y Gestión Estratégica, empresa que recibió otros $3 millones de la minera y que fueron rectificados. Esa empresa familiar de los Tudela ha asesorado a los diputados de la Democracia Cristiana: Víctor Torres, Eduardo Cerda y Jorge Sabag.

Otros miembros del club de los rectificados son Santiago Ried Undurraga -fue el director de la revista que intentó hacer humor desde la derecha, Ají Verde-, quien recibió $5,5 millones también en 2013; el abogado y actual defensor de Alberto Cardemil, Eduardo Riquelme Portilla (RN), con $4,4 millones en 2009; el analista y ex asesor de Andrés Allamand, Gonzalo Cordero (UDI, quien es socio de Cristina Bitar y Felipe Edwards en Azerta), con un pago por $10 millones en 2009; y el abogado vinculado a RN, Carlos Castro Castro, con una boleta por $2,2 millones también en 2009. Con todos ellos CIPER se comunicó para conocer su versión sobre estos pagos rectificados. No se obtuvo respuesta.

En el listado de rectificaciones se incluyó también a quien fuera jefe de la campaña de Andrés Velasco en las pasadas primarias presidenciales: Cristóbal Aninat. Suempresa Aninat y Elacqua Consultores –en sociedad con Gregory Elacqua, ex académico UDP y asesor del Ministerio de Educación-, figura recibiendo $24 millones entre 2012 y 2013. Es uno de los tres casos que repiten pagos en años distintos. Contactado por CIPER, Aninat solo respondió: “La verdad es que no tengo ningún comentario que hacer al respecto”.

Una rectificación que llama la atención es el realizado a Costanera de Caburga SpA, que entre 2013 y 2014 suma $261,35 millones. Esa sociedad es controlada por la misma familia Said Somavía y se desconoce por qué decidieron corregir ese pago ante Impuestos Internos.

Hasta el cierre de esta edición CIPER intentó obtener una versión de la familia Said, pero no fue posible.

Marino privatizado: contraalmirante que descartó tsunami el 27/F ahora es experto en emergencias

En 2010 Roberto Macchiavello Marceli pasó a retiro. Su último año en la Armada lo vivió como comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, la que abarca las regiones del Maule, Bíobío, Araucanía y Los Ríos. En ese cargo se transformó en uno de los protagonistas de la trama judicial que involucra a autoridades civiles y militares que son investigadas por no haber alertado a la población del tsunami que siguió al violento terremoto de 8,8° que azotó la zona centro sur en la madrugada del 27 de febrero de 2010. La cifra de fallecidos por la tragedia se elevó a 156 personas, mientras que los desaparecidos suman 25.

Macchiavello es sindicado por bomberos, carabineros, autoridades políticas y un informe de la PDI –todos testimonios incorporados en la investigación judicial-, de ser quien descartó la ocurrencia de un tsunami en la costa de la Región del Bíobío, una de las más afectadas por el movimiento telúrico. La eventual responsabilidad del almirante (r) en ese trágico episodio continúa siendo investigada, pero ya no por el Ministerio Público, sino por la justicia naval. Su situación procesal, en todo caso, no será obstáculo para que a fines de este mes dicte una charla en calidad de experto en el seminario “La resiliencia organizacional ante emergencias y desastres” –que se desarrollará el 19 y 20 de noviembre-, encuentro organizado por ASIS International, organización gremial que agrupa a empresas y profesionales del área de la seguridad.

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Roberto Macchiavello (Fuente: http://www.armada.cl/)

La exposición del contraalmirante (r), quien se presenta como experto en materias de seguridad, se desarrollará a partir de las 9:00 del viernes 20 en el Hotel Intercontinental. Su presentación se denomina “La administración de las emergencias ante catástrofes en el mundo y el perfil de los profesionales responsables”. Esto, a pesar de que en su larga carrera en la Armada nunca se relacionó con la gestión ante desastres o catástrofes, porque se especializó en submarinos. Recién en 2012, ya retirado, dirigió un curso sobre la materia en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Al parecer, esta experiencia tardía resultó suficiente para animarlo a constituir dos sociedades comerciales dedicadas al tema de la seguridad ante desastres y a crear, además, un organismo gremial dedicado al tema.

El rol del marino durante la tragedia del terremoto tomó relevancia luego de que el entonces intendente de la Región del Bíobío, Jaime Tohá, descartó la ocurrencia de un tsunami a través de las ondas de Radio Bíobío a las 5:19 del 27 de febrero de 2010. En esa intervención Tohá dijo: “La Armada, el almirante Macchiavello, nos ha informado que no hay en un horizonte próximo ningún peligro de tsunami, para que la gente evite trasladarse en automóvil a lugares elevados, porque eso no es necesario en este momento”.

Esa declaración de Tohá motivó a muchas personas a volver a sus hogares y desestimar medidas de seguridad. Pocos minutos después una ola destructiva ingresó al centro de Talcahuano. Y a las 6:00 y 6:40 horas se produjeron otras dos entradas de mar que cobraron más vidas. En septiembre de 2011 el Tercer Juzgado Civil de Concepción condenó al Estado a pagar $10 millones a la familia de Luis Soto Repiso, un chofer de taxibuses de Chiguayante que luego de escuchar al intendente en la radio descartar el peligro, decidió ir a buscar a su familia a Talcahuano. Condujo su vehículo por la ruta Interportuaria –que bordea el mar-, pero nunca llegó a destino. Una ola gigantesca arrasó la autopista y su cuerpo recién pudo ser hallado el 19 de marzo de ese año.

La fiscal Solange Huerta, quien hasta ahora encabeza la investigación de la Fiscalía, no incluyó a Macchiavello en las rondas de formalizaciones que se han concretado a lo largo de estos años. Esto se explica porque la persecutora se declaró incompetente en esta arista debido a las funciones militares que ese día cumplieron Macchiavello y otros marinos, cuyos casos están siendo indagados por la justicia naval desde el 8 de abril de 2013.

En conversación con CIPER, Roberto Macchiavello señaló: “Ese es un proceso que está tan ventilado, tan arreglado… la verdad es que no estoy al tanto. No sé en qué está”. Agregó que hasta el minuto no le han podido probar ninguna acusación. “Lo que se escribió en 2010 tiene mucho de ciencia ficción”, remarcó, sosteniendo su inocencia respecto de eventuales responsabilidades en el descarte del tsunami que provocó que muchos habitantes de Talcahuano y otras localidades de la región retornaran a sus casas a pesar del peligro al que estaban expuestos.

Consultado por su expertise en materia de seguridad, la que podría justificar su participación en un seminario que recogerá las visiones de peritos en el tema, comentó que está acreditada por su larga trayectoria en la Armada.

-Hace mucho tiempo que estoy dedicado a los temas de gestión de emergencias, de hecho tengo un puesto en una organización internacional en esa materia. Desde que pasé a retiro (2010) me dediqué a estudiar los temas de seguridad y emergencias desde una perspectiva crítica de lo que estaba haciendo nuestro país para lo que son los tiempos actuales. Todos los días los periodistas sacan temas de emergencia, temas de security… nuestra sociedad está expuesta a temas de emergencia -remarcó a CIPER.

Según comentó ha disertado sobre estos temas en seminarios similares en Dubai, Estados Unidos y “países de Latinoamérica”.

Talcahuano, después del Tsunami
Talcahuano, después del Tsunami

El curriculum de Macchiavello en la Armada señala que es ingeniero en armas con mención en submarinos y que posee los grados académicos de Licenciado en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia Politécnica Naval y de Magíster en Administración y Economía de Empresas de la Universidad de Concepción, además de un diplomado en Transporte Marítimo de la Universidad Marítima de Chile y el título de Profesor Militar de Escuela, en la especialidad de submarinos.

Luego de retirarse de la Armada en 2010 pasó a formar parte de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), inicialmente como “investigador residente”. Recién en 2012 asumió como director del Programa de Gestión de Emergencias de la misma Anepe, cargo en el que se mantuvo hasta 2013, cuando decidió saltar al mundo de los negocios relacionados con esta área (vea el perfil de Macchiavello publicado por la Armada en su sitio web).

En la actualidad preside la Asociación Internacional para la Gestión de Emergencias de Chile (Aigelac), organismo gremial que agrupa a los privados que trabajan en asesorías sobre seguridad ante catástrofes. La entidad fue creada el 16 de octubre de 2014, un año después de que Macchiavello decidiera saltar al mundo privado, lo que justifica su presencia en el seminario de este 19 y 20 de noviembre.

EL ALMIRANTE PRIVATIZADO

El 12 de agosto de 2014 Roberto Macchiavello concurrió hasta la Notaría de Gonzalo Hurtado en Las Condes para constituir dos sociedades: Asistencia Logística Integral en Gestión de Emergencias (Alige) y Agencia de Emergencias y Riesgos (Agemer). Ambas comparten socios, objetivos y capital inicial: $15 millones.

Las sociedades fueron creadas con acciones en manos de: Inversiones Roma Limitada, propiedad de Macchiavello y su cónyuge, Carmen Cecilia Poblete Infante; Harry Klenner Ferrada, ex jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval; Remberto Valdés Hueche, abogado de Macchiavello en el proceso judicial por el 27/F; sus hijos Francisco, Pablo y Roberto, todos oficiales de marina, y su hija Carmen Macchiavello Poblete, médico cirujano.

El objeto de las sociedades es amplio: asesoría a organismos públicos o privados para la prevención, mitigación, planificación, acopio, instrucción, entrenamiento, respuesta, recuperación y reconstrucción ante situaciones de crisis y/o emergencias; la compra, venta, importación y exportación, comercialización, fabricación, reparación, transporte y arriendo de maquinarias, sistemas, equipos, repuestos e insumos utilizados en la gestión de riesgos y emergencias. También se establece que las sociedades podrán asumir la representación de firmas nacionales o extranjeras y participar de centros de formación técnica y otros organismos educacionales (revise aquí el detalle de la constitución de Alige y de Agemer).

Según la información alojada en página web de ambas empresas, se trata de un negocio que recién despega, el que no exhibe -al menos públicamente-, a grandes clientes, los que se reducen a: Train Chile, dedicada a la embarcación marítima y presidida por José Macchiavello, hermano del contraalmirante (r); algunas empresas socias de Alige y Agemer en el negocio de la seguridad ante emergencias; y Fisa, una de las principales organizadoras de ferias y congresos,  la única empresa que en el papel aparece desvinculada del radar de Macchiavello y su familia.

En el seminario que tendrá como uno de sus expositores a Roberto Macchiavello también participarán algunos nombres conocidos por la opinión pública, como el analista Guillermo Holzmann; el alcalde de Macul, Sergio Puyol, y Marilú Velasco, una de las dueñas de Extend, empresa que disputa el mercado de la comunicación corporativa. Uno de los expositores que más destaca es Ricardo Toro, actual director de la Onemi.

En el organismo público indicaron a CIPER que la participación de su director será ad honorem: “Valoramos toda acción tendiente a capacitar y promover una cultura preventiva que permita reducir el riesgo de desastres generado por las múltiples amenazas a las que estamos expuestos”, indicaron a través de una respuesta vía correo electrónico. Agregaron que ningún funcionario de la Onemi participará como oyente en el seminario, el que tiene un costo de inscripción de $100 mil.

TESTIMONIOS COMPROMETEDORES

La preparación del juicio oral del caso que comanda la fiscal Solange Huerta será retomada el 15 de diciembre, luego que el Tribunal Constitucional rechazara en septiembre pasado un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el abogado del ex oficial del SHOA, Mario Andina.

Durante la indagatoria Macchiavello ha declarado en dos ocasiones: el 16 de mayo de 2011 ante la Fiscalía y a fines de 2013 ante la justicia naval, la que actualmente tramita la arista que involucra al contraalmirante (r) y a otros marinos relacionados con la causa, según informó El Mercurio.

Jaime Tohá
Jaime Tohá

La investigación que afecta al ahora empresario de la seguridad apunta a establecer si efectivamente fue él quien le aseguró al ex intendente Tohá que no existía riesgo de tsunami. Los testimonios que han prestado ante la Fiscalía funcionarios de Carabineros (incluyendo al máximo jefe policial de la región), voluntarios de bomberos, autoridades políticas y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), apuntan a que Macchiavello fue la fuente de la información errónea que esa madrugada difundió el intendente.

Un informe de la PDI que fue entregado a la fiscal Solange Huerta, difundido por La Segunda, es taxativo: “La información que llegó a la población civil y que hizo, en muchos casos, volver a sus hogares después de haber estado en un lugar seguro, fue la emitida por el contraalmirante Macchiavello”.

Esa información coincide con dos investigaciones realizadas por CIPER, las que recogieron las declaraciones incluidas en el expediente judicial que acumula la Fiscalía (vea los reportajes Las pruebas que comprometen a Macchiavello, el almirante que no vio el tsunami y Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI).

El general de Carabineros Eliecer Solar Rojas ejercía entonces como Jefe de Zona del Biobío y se encontraba esa madrugada en el Centro de Comunicaciones (Cenco) de la policía uniformada en Concepción. El general Solar declaró ante la Fiscalía que el intendente Tohá llegó a ese centro de operaciones a las 4:10 y que le solicitó “comunicarse urgente con el contraalmirante Macchiavello”. Para ello fue necesario utilizar un radiopatrullas de la policía que se encontraba cerca de la Base Naval, ya que la comunicación por radio era la única que funcionaba a esas alturas de la tragedia.

Solar Rojas declaró: “Pasados unos minutos me comunican que el contraalmirante estaba en el vehículo policial a la escucha, por lo que le manifesté que el intendente se encuentra a la escucha y que deseaba saber si había o no alerta de tsunami; a lo que el contraalmirante Macchiavello señaló por la radio: ‘No hay alerta de tsunami’. Le solicité que reiterara la información e indicó nuevamente: ‘No hay alerta de tsunami’. Esa fue toda la comunicación que fue escuchada por los que nos encontrábamos en Cenco, por las radios de los móviles que se encontraban en la población y por los portátiles que se encontraban en frecuencia” (vea la declaración del general Solar).

Otro testimonio esclarecedor es el del carabinero Domingo Riquelme Railen, quien fue testigo de la primera comunicación entre Macchiavello y el general Solar Rojas. Según su relato, el contraalmirante  respondió a las consultas por la eventualidad de un tsunami con la siguiente frase: “Negativo, por cuanto el epicentro fue en tierra, por lo que no existe posibilidad de producirse un tsunami” (vea la declaración del carabinero Riquelme).

Esa comunicación se desarrolló a las 4:23 horas según información proporcionada por el propio Macchiavello en 2012 a la segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso 27 F. La exactitud del dato se debe a que la comunicación quedó registrada en la Central de Comunicaciones de Carabineros en Concepción. Eso sí, la versión del entonces jefe de la Segunda Zona Naval fue otra respecto de sus palabras: “Transmití que la Base Naval había sufrido severos daños, que no tenía comunicaciones, que no había recibido mensajes del SHOA y, por lo tanto, hasta ese momento no tenía alerta de tsunami”.

El voluntario de bomberos Juan Carlos Sarzosa Peña, declaró ante la Fiscalía el 9 de junio de 2010 y en la ocasión aseveró que junto a Pedro Luengo Ortíz, su vecino y compañero en la 5ª Compañía de Bomberos, se dirigieron a la Gobernación Marítima, ubicada afuera de la Base Naval de Talcahuano, por orden de Javier Etcheverry, quien oficiaba como 2° comandante de Bomberos, quien les indicó que ellos serían el enlace entre bomberos y la autoridad marítima.

El relato de Sarzosa asegura que cerca de las 4:20 -36 minutos después de ocurrido el terremoto-, llegaron a la Base Naval donde se encontraron con Macchiavello y otros cuatro efectivos de la Armada. Cuando ya estaban en el lugar, según declaró a la justicia, el entonces contraalmirante le facilitó un papel para que tomara nota de una información que acababa de llegarle.

“El mismo almirante leyó o dijo en voz alta una información para que nosotros escribiéramos y yo procedí a escribir unas coordenadas, después dijo ‘epicentro en tierra, no hay tsunami, pero vienen tres marejadas altas’, después de esto Macchiavello nos dijo ‘demos gracias a Dios que el epicentro fue en tierra y no en el mar, de ser así no lo estaríamos contando’, después nos dijo que transmitiéramos dicha información, esperando la confirmación del SHOA; esto ocurrió aproximadamente a las 4:40 horas”, aseguró Sarzosa en su testimonio.

El bombero agregó que esa información la difundieron como “la información oficial entregada por la Armada de Chile”.

Su testimonio es clave, ya que estos hechos han sido desmentidos por el contraalmirante (r), quien ha asegurado que el jamás dio la orden de hacer correr un dato errado. El 2° comandante de Bomberos, Javier Etcheverry, ratificó lo dicho por el voluntario, aunque sin precisar horas y salvaguardando su posición al indicar que él no dio la orden de difundir la información (vea las declaraciones de los bomberos Sarzosa y Etcheverry).

Las versiones de bomberos, carabineros, la PDI y el ex intendente Tohá coinciden. Según ellos, Macchiavello fue la fuente original de la información acerca de que no existía riesgo de tsunami. Por esta información errónea, aseguran los declarantes, voluntarios de bomberos y efectivos policiales no operaron conforme a una situación de riesgo. Esa misma razón esgrime el ex intendente Tohá como la justificación del llamado a la calma que difundió a las 5:19 horas por Radio Bíobío, el único medio que a esa hora llegaba a los receptores portátiles que funcionaban en medio de la oscuridad.

Macchiavello alega inocencia. Lo ha hecho durante todos estos años. En una carta publicada por El Mercurio del 1 de marzo de 2014 manifestó: “Me veo en la necesidad de insistir -como lo he hecho desde un comienzo- en que esa fatídica madrugada no tuve comunicación con el ex intendente del Biobío, que no participé en los procesos de decisión que se realizaron en la ciudad de Concepción y que nunca descarté la ocurrencia de un tsunami”.

En la misiva también hizo alusión a una politización de los sucesos investigados y a una “asfixia mediática”. Algo similar posteó en su cuenta de Facebook el pasado 27 de febrero, al cumplirse cinco años del terremoto, donde manifestó su decepción “hacia esos Políticos y a su brazo ejecutivo, los tribunales, que olvidando los principios que antes animaban esas nobles actividades, ahora sólo se dedican a administrar su efímero poder para manipular a la sociedad, con el único objeto de preservarse en el cargo y enriquecerse a costa del esfuerzo de otros”.